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Res. 16369-2010 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 2010

State omission in Lagarto River floodingOmisión estatal en inundaciones del río Lagarto

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted due to violation of the right to a healthy environment and prompt response, ordering authorities to resolve the Lagarto River flooding and imposing costs, damages, and losses.Se declara con lugar el amparo por violación al derecho a un ambiente sano y de pronta respuesta, ordenando a las autoridades resolver las inundaciones del río Lagarto y condenando al pago de costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber examines an amparo filed by a resident of Bambel 3, Golfito, against the Municipality of Golfito and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE). The petitioner alleges violation of the right to a healthy environment and timely response due to recurrent flooding since 2007 caused by the overflow of the Lagarto River. The Chamber reiterates the constitutional principles of effectiveness, efficiency, simplicity, and swiftness (Articles 140.8, 139.4, and 191 of the Political Constitution, and Articles 4, 225, and 269 of the General Law of Public Administration), emphasizing their special relevance when linked to fundamental rights such as the environment. On the merits, it finds the CNE's inaction since 2005 and the municipality's insufficient actions, rejecting both entities' excuses. The amparo is granted, ordering authorities to adopt necessary measures to definitively resolve the problem, and the State and the Municipality are ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo presentado por un vecino de Bambel 3, Golfito, contra la Municipalidad de Golfito y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). El recurrente alega violación de sus derechos a un ambiente sano y de pronta respuesta, debido a inundaciones recurrentes desde 2007 causadas por el desbordamiento del río Lagarto. La Sala reitera los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos 140.8, 139.4 y 191 de la Constitución Política, y 4°, 225 y 269 de la Ley General de la Administración Pública), destacando su especial relevancia cuando se vinculan con derechos fundamentales como el ambiente. En el fondo, comprueba la inacción de la CNE desde 2005 y las actuaciones insuficientes del municipio, rechazando las excusas de ambos. Declara con lugar el recurso, ordenando a las autoridades adoptar las medidas necesarias para resolver definitivamente el problema, y condena al Estado y a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

Evidently, the inaction of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response and the insufficient, inefficient, and ineffective actions of the Municipality of Golfito have allowed the Lagarto River to overflow and cause flooding in the community of Bambel No. 3, which constitutes a violation of the fundamental right to a healthy environment, in addition to a violation of the right to receive efficient public services. Likewise, regarding the Municipality of Golfito, a violation of the right to a prompt response, since the request submitted since July 2010 had not been resolved by the date of filing of this appeal. In conclusion, given that it is proven that since 2005 a national emergency was declared in the canton of Golfito due to flooding and landslides; given that recently representatives of the Municipality of Golfito confirmed that the Lagarto River bed is over-sedimented, which combined with heavy rainfall causes the overflow of the river and adjacent channels; given that the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response admits to having taken no action and the Municipal Mayor does not prove that his actions have been efficient in solving the problem at hand, this appeal is granted with the consequences detailed in the operative part of this resolution.Evidentemente la inacción de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y las actuaciones insuficientes, ineficientes e ineficaces de la Municipalidad de Golfito han permitido que el cauce del río Lagarto se desborde y ocasione inundaciones en la comunidad de Bambel n°3, lo cual constituye una violación al derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, además de una violación al derecho de recibir una prestación eficiente de servicios públicos. De igual forma, en el caso de la Municipalidad de Golfito en una violación al derecho de pronta respuesta, por cuanto, la gestión presentada desde julio del 2010 no había sido resuelta a la fecha de presentación de este recurso. En conclusión, dado que se comprueba que desde el año 2005 se declaró emergencia nacional en el cantón de Golfito por las inundaciones y deslizamientos; dado que recientemente los personeros de la Municipalidad de Golfito comprobaron que el cauce del río Lagarto se encuentra sobresedimentado, lo que aunado a las fuertes lluvias, produce el desbordamiento del río y de los canales aledaños al cauce; dado que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias admite no haber realizado actuación alguna y que el Alcalde Municipal no prueba que sus actuaciones hayan sido eficientes en la solución del problema en cuestión, corresponde la declaratoria con lugar de este recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta resolución.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Todo lo cual cobra mayor importancia cuando la prestación de los servicios públicos está asociada a la protección de otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud o el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    "All of which becomes more important when the provision of public services is associated with the protection of other fundamental rights, such as the right to health or the right to a healthy and ecologically balanced environment."

    Considerando III

  • "Todo lo cual cobra mayor importancia cuando la prestación de los servicios públicos está asociada a la protección de otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud o el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    Considerando III

  • "Evidentemente la inacción de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y las actuaciones insuficientes, ineficientes e ineficaces de la Municipalidad de Golfito han permitido que el cauce del río Lagarto se desborde y ocasione inundaciones en la comunidad de Bambel n°3, lo cual constituye una violación al derecho fundamental a gozar de un ambiente sano."

    "Evidently, the inaction of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response and the insufficient, inefficient, and ineffective actions of the Municipality of Golfito have allowed the Lagarto River to overflow and cause flooding in the community of Bambel No. 3, which constitutes a violation of the fundamental right to a healthy environment."

    Considerando IV

  • "Evidentemente la inacción de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y las actuaciones insuficientes, ineficientes e ineficaces de la Municipalidad de Golfito han permitido que el cauce del río Lagarto se desborde y ocasione inundaciones en la comunidad de Bambel n°3, lo cual constituye una violación al derecho fundamental a gozar de un ambiente sano."

    Considerando IV

  • "…cuando la ley obliga a la Comisión a actuar, no sólo frente a emergencias, sino en la prevención del riesgo; además, la obligación para actuar nació desde el año 2005 sin que se demuestre absolutamente ninguna actuación al respecto."

    "…when the law requires the Commission to act, not only in emergencies, but in risk prevention; furthermore, the obligation to act arose in 2005 without any action whatsoever being demonstrated."

    Considerando IV

  • "…cuando la ley obliga a la Comisión a actuar, no sólo frente a emergencias, sino en la prevención del riesgo; además, la obligación para actuar nació desde el año 2005 sin que se demuestre absolutamente ninguna actuación al respecto."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

I.- Purpose of the amparo action.- The petitioner, a resident of the community of Bambel 3 rio claro Golfito, considers his fundamental rights (right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, and right to a prompt response) violated because since 2007 there has been a flooding problem in said community resulting from the diversion of the Lagarto River channel, and the respondents have not provided a solution.

III.- On the constitutional principles of effectiveness (eficacia), efficiency (eficiencia), simplicity (simplicidad), and speed (celeridad) of administrative organization and function.- This Chamber has repeatedly held that the organic part of our Political Constitution contains or enunciates certain guiding principles of administrative function and organization, which as such must orient, direct, and condition all Public Administrations in their daily work. Among such principles, effectiveness (eficacia), efficiency (eficiencia), simplicity (simplicidad), and speed (celeridad) stand out (Article 140, subsection 8, insofar as it imposes on the Executive Branch the duty to "Monitor the proper functioning of administrative services and dependencies"; Article 139, subsection 4, to the extent that it incorporates the concept of "proper conduct of the Government"; and Article 191, by including the principle of "efficiency of the administration" – all from the Political Constitution). These constitutional principles have been developed by infra-constitutional regulations, thus, the General Law of Public Administration includes them in Articles 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, and mandates that they must orient and nourish all administrative organization and function. Effectiveness (eficacia) as a principle assumes that administrative organization and function must be designed and conceived to guarantee the achievement of the objectives, purposes, and goals proposed and assigned by the legal system itself, with which it must be linked to planning and to evaluation or accountability (Article 11, paragraph 2, of the Political Constitution). Efficiency (eficiencia) implies obtaining the best results with the greatest cost savings or the rational use of human, material, technological, and financial resources. Simplicity (simplicidad) demands that administrative structures and their competencies be easy to comprehend and understand, without convoluted procedures that delay the satisfaction of the public interests at stake. For its part, speed (celeridad) obligates public administrations to fulfill their objectives and purposes of satisfying public interests, through the various mechanisms, in the most expeditious, rapid, and accurate manner possible to avoid undue delays. This set of principles imposes permanent demands, responsibilities, and duties on all public entities that they cannot decline temporarily or singularly (see in this regard, among others, judgment 2005-05600 of 4:34 p.m. on May 10, 2005). All of which takes on greater importance when the provision of public services is associated with the protection of other fundamental rights, such as the right to health or the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.

IV.- On the merits.- Taking into account what was established in the preceding recital (considerando), from the reports rendered by the representatives of the respondent authorities – which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – and the evidence provided for the resolution of this matter, it is proven that it is true that the Lagarto River and the adjacent channels overflow, at least since 2005, the date on which the Executive Branch issued emergency decrees No. 32657 of September 27, 2005, and No. 32720-MP-MOPT of October 25, 2005, where the canton of Golfito is included as part of the national emergency declaration. Likewise, it is proven that the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias has not carried out any intervention, and that the Municipalidad de Golfito has only channeled the riverbed and built dikes (diques) with the same material from the riverbed. Without it being proven that the municipal actions have indeed been sufficient and necessary to solve the problem, especially when the Mayor in his report indicates that it is the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias that is responsible for mitigating actions that cause emergency situations. For their part, the officials of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias excuse their inactivity by indicating that for the Commission to execute the works protected by the aforementioned emergency decree, the Municipalidad must fulfill its role as Executing Unit (which implies the presentation of an investment plan according to Article 8 of the regulation of executing units published in Gazette number 172 of Thursday, September 3, 2009) and that from 2005 to date it never submitted the request and the investment plan; a justification that is totally inadmissible for this Chamber, not only because the alleged municipal obligation to present the investment plan arises as a product of a regulation that was issued only in 2009 (thus, the Commission's justification for not acting during the years 2005, 2006, 2007, and 2008 would be unfounded) but because the executive decree obligates them to be the "entity in charge of planning, direction, control, and coordination of the protection, rescue, response, rehabilitation, and reconstruction programs and activities for the zones declared in a state of emergency" and not simply to delegate the responsibility to the Municipalidad as an executing unit. Furthermore, note the ineptness of what was reported, when it is indicated that in an inspection carried out in August 2010 "…it will be necessary to wait for the current rainy season to pass to evaluate the resistance of the constructed embankments (apilamientos), in order to subsequently define if a major intervention is necessary, as well as the possibility that the CNE participates in it…" when the law obligates the Commission to act, not only in the face of emergencies, but also in risk prevention; moreover, the obligation to act arose in 2005 without absolutely any action in this regard being demonstrated. Clearly, the inaction of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias and the insufficient, inefficient, and ineffective actions of the Municipalidad de Golfito have allowed the Lagarto River channel to overflow and cause flooding in the community of Bambel No. 3, which constitutes a violation of the fundamental right to enjoy a healthy environment, in addition to a violation of the right to receive an efficient provision of public services. Likewise, in the case of the Municipalidad de Golfito, a violation of the right to a prompt response, since the request (gestión) filed since July 2010 had not been resolved on the date this amparo action (recurso) was filed. In conclusion, given that it is proven that since 2005 a national emergency was declared in the canton of Golfito due to flooding and landslides; given that recently the officials of the Municipalidad de Golfito verified that the Lagarto River channel is oversedimented, which, coupled with the heavy rains, causes the overflow of the river and the channels adjacent to the riverbed; given that the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias admits not having carried out any action and that the Municipal Mayor does not prove that his actions have been efficient in solving the problem in question, it is appropriate to declare this amparo action (recurso) with merit (con lugar), with the consequences detailed in the operative part of this resolution.

**In conclusion,** given that it is verified that a national emergency was declared in the canton of Golfito in 2005 due to floods and landslides; given that recently, officials of the Municipality of Golfito verified that the channel of the Lagarto River is over-sedimented (sobresedimentado), which, combined with heavy rains, causes the river and the adjacent canals to overflow; given that the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias admits to having taken no action whatsoever, and the Municipal Mayor fails to prove that his actions have been efficient in solving the problem in question, the declaration with merit of this recurso is appropriate, with the consequences detailed in the operative part of this resolution.”

“I.- Objeto del recurso.- El recurrente, vecino de la comunidad de Bambel 3 rio claro Golfito, considera violados sus derechos fundamentales (derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y derecho de pronta respuesta) por cuanto desde el año 2007 se presenta el problema de inundaciones en dicha comunidad producto del desvío del cauce del río Lagarto, y los recurridos no le han dado solución.

III.- Sobre los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas.- Esta Sala ha resuelto de forma reiterada que en la parte orgánica de nuestra Constitución Política se recogen o enuncian algunos principios rectores de la función y organización administrativas, que como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las Administraciones Públicas en su cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículo 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de "Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas", el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de "buena marcha del Gobierno" y el 191 al recoger el principio de "eficiencia de la administración" -todos de la Constitución Política-). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir toda organización y función administrativa. La eficacia como principio supone que la organización y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular (véase en este sentido, entre otras, la sentencia 2005-05600 de las 16:34 horas del 10 de mayo del 2005). Todo lo cual cobra mayor importancia cuando la prestación de los servicios públicos está asociada a la protección de otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud o el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

IV.- Sobre el fondo.- Tomando en cuenta lo establecido en el considerando anterior, de los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto se comprueba que es cierto que el rio Lagarto y los canales aledaños se desbordan, al menos desde el año 2005, fecha en la cual el Poder Ejecutivo dicta los decretos de emergencia n°32657 del 27 de setiembre del 2005 y n°32720-MP-MOPT el 25 de octubre del 2005, donde se incluye el cantón de Golfito como parte de la declaratoria de emergencia nacional. Asimismo, se comprueba que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias no ha llevado ninguna intervención, y que la Municipalidad de Golfito lo único que ha hecho es la canalización del cauce y conformación de diques con el mismo material del cauce. Sin que se pruebe que efectivamente las actuaciones municipales han sido suficientes y necesarias para la solución del problema, máxime cuando el Alcalde en su informe indica que es a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias a quien le corresponde mitigar las acciones que provoquen situaciones de emergencias. Por su parte, los personeros de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias se excusan de su inactividad indicando que para que la Comisión pueda ejecutar las obras que amparan el decreto de emergencia mencionado, la Municipalidad debe cumplir su rol de Unidad Ejecutora (que implica la presentación de un plan de inversión según el artículo 8 del reglamento de unidades ejecutoras publicado en la gaceta número 172 del jueves 3 de setiembre del 2009) y que desde el año 2005 a la fecha nunca presentó la solicitud y el plan de inversión; justificación que resulta totalmente inadmisible para esta Sala, no sólo porque la supuesta obligación municipal de presentar el plan de inversión nace como producto de un reglamento que es dictado hasta el año 2009 (entonces se quedaría sin sustento la justificación de la Comisión para no actuar durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008) sino porque el decreto ejecutivo les obligan a ser el “encargado del planeamiento, dirección, control y coordinación de los programas y actividades de protección, salvamento, atención, rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en estado de emergencia” y no simplemente a delegar la responsabilidad en la Municipalidad como unidad ejecutora. Nótese por demás lo desatinado de lo informado, cuando se indica que en inspección realizada en agosto del 2010 “…será necesario esperar el transcurso de la actual estación lluviosa para evaluar la resistencia de los apilamientos construidos, a fin de definir posteriormente si es necesaria una intervención mayor, así como la posibilidad de que la CNE participe en ella…” cuando la ley obliga a la Comisión a actuar, no sólo frente a emergencias, sino en la prevención del riesgo; además, la obligación para actuar nació desde el año 2005 sin que se demuestre absolutamente ninguna actuación al respecto. Evidentemente la inacción de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y las actuaciones insuficientes, ineficientes e ineficaces de la Municipalidad de Golfito han permitido que el cauce del rio Lagarto se desborde y ocasione inundaciones en la comunidad de Bambel n°3, lo cual constituye una violación al derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, además de una violación al derecho de recibir una prestación eficiente de servicios públicos. De igual forma, en el caso de la Municipalidad de Golfito en una violación al derecho de pronta respuesta, por cuanto, la gestión presentada desde julio del 2010 no había sido resuelta a la fecha de presentación de este recurso. En conclusión, dado que se comprueba que desde el año 2005 se declaró emergencia nacional en el cantón de Golfito por las inundaciones y deslizamientos; dado que recientemente los personeros de la Municipalidad de Golfito comprobaron que el cauce del rio Lagarto se encuentra sobresedimentado, lo que aunado a las fuertes lluvias, produce el desbordamiento del rio y de los canales aledaños al cauce; dado que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias admite no haber realizado actuación alguna y que el Alcalde Municipal no prueba que sus actuaciones hayan sido eficientes en la solución del problema en cuestión, corresponde la declaratoria con lugar de este recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta resolución.”

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 140 inciso 8
    • Constitución Política Art. 139 inciso 4
    • Constitución Política Art. 191
    • Constitución Política Art. 11
    • Ley General de la Administración Pública Art. 4
    • Ley General de la Administración Pública Art. 225
    • Ley General de la Administración Pública Art. 269
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 44

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