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Res. 00748-2017 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 22/06/2017
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*130034431027CA* Res: 000-748-F-S1-2017 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cinco minutos del veintidos de junio de dos mil diecisiete.
Proceso de conocimiento declarado de puro derecho establecido por la MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DE HEREDIA, representada por su alcalde, Jorge Isaac Herrera Paniagua, sociólogo; contra el ESTADO, representado por el procurador Bernardo Lara Flores. Figura además, como apoderado especial judicial de la parte actora, Fabián Volio Echeverría.
RESULTANDO:
Redacta la magistrada Rojas Morales
CONSIDERANDO
I.La Municipalidad de San Rafael de Heredia (en adelante la Municipalidad o el Gobierno Local) demandó al Estado, por estimar contraria a derecho la resolución dictada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, no. 185-2012 de las 15 horas del 18 de mayo de 2012. Según consta en autos, en la Sesión Ordinaria 65-2011 del 21 de febrero de 2011, el Concejo Municipal de esa localidad adoptó el acuerdo 9, mediante el cual (en lo de interés): Primero, clasificó o diferenció los visados municipales en catastrales y constructivos. Segundo, definió como catastral aquel otorgado por el Gobierno Local, cuando el plano que se pretende catastrar cumple con los requisitos para su inscripción, pudiéndose exigir al efecto únicamente: a) solicitud de visado, b) original y copia de la minuta de rechazo del Catastro Nacional, c) originales de los nuevos planos, con los errores debidamente corregidos, d) planos de la finca madre o planos a modificar, e) croquis, en caso de fraccionamiento y, f) estar al día en el pago del impuesto de bienes inmuebles y con la respectiva declaración.
Tercero, estableció que el control constructivo lo debe realizar la Municipalidad al otorgar licencias, permisos o visados para construcción, momento cuando puede verificar el cumplimiento de las reglas estipuladas al efecto. Cuarto, delimitó como requisitos para ejercer dicho control: a) demostrar la prestación de los servicios básicos, b) acreditar el respeto al derecho de vía, c) efectuar obras de infraestructura frente a la propiedad, d) aportar estudios de viabilidad ambiental, hidráulicos e hidrológicos (en las zonas indicadas en el acuerdo),
II.La recurrente formula dos agravios, no obstante, de su análisis y contenido, estima esta Cámara que ambas censuras giran en torno a la misma disconformidad, de manera que, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, serán analizadas de forma conjunta. En términos generales, acusa, indebida interpretación de los cánones 32 y 32 de la LPU, con la consecuente falta de aplicación de los artículos 1 de la referida Ley, 81 y 82 del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional (en lo sucesivo Reglamento a la LCN), aunado a la violación de los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y al derecho de propiedad privada. Aduce, para la mayoría del Tribunal los numerales 32 y 33 de la LPU regulan un único tipo de visado municipal, el cual debe satisfacerse en todo trámite de fraccionamiento (sea una simple segregación o para urbanización). No obstante, reprocha, del contenido y redacción de esas normas no es posible arribar a dicha conclusión.
Apunta, el ordenamiento jurídico no establece solo un tipo de visado municipal, además, para su obtención no es procedente exigir iguales requisitos tratándose de la segregación de un lote a la construcción de una obra. Señala, las normas deben interpretarse en función a su finalidad, mediante un criterio evolutivo y, tomando en consideración la realidad social a la cual se aplican. En ese sentido trascribe el voto salvado del fallo impugnado, así como, la sentencia de la Sala Constitucional 3581-2003 (no indica de cuál fecha). En el caso en estudio, endilga, la mayoría de los Juzgadores incurren en una interpretación restrictiva, estática, literal y retrógrada del mandato 33 de la LPU, al estimar que “todo fraccionamiento” está sujeto a visado y a cumplir los requisitos exigidos para una construcción, sin que dicho precepto establezca tal situación. En su criterio, el acuerdo 9 del Concejo Municipal, interpreta las normas aplicables en materia de planificación urbana, acorde con la realidad actual, las exigencias de eficiencia en la Administración Pública (ordinal 9 de la Constitución Política) y de simplicidad de trámites (Ley 8220).
El Concejo, advierte, en dicho acuerdo solo delimitó los requisitos, establecidos por ley (LPU y Reglamento a la LCN), para segregar un lote frente a una vía pública y para la posterior construcción de una vivienda. Por lo tanto, asevera, contrario al parecer de la mayoría de los Jueces, el acuerdo en cuestión sí tiene sustento jurídico. Aclara, al tenor del cardinal 1° de la LPU el fraccionamiento y la urbanización son conceptos distintos. Asimismo, expresa, el precepto 81 del referido Reglamento regula los dos tipos de visados que otorgan las Municipalidades y los requisitos exigidos en cada caso (el inciso “a” relativo a los requerimientos para el fraccionamiento y el inciso “b” para la urbanización o fraccionamiento con fines urbanísticos). Requisitos, manifiesta, regulados en los cánones 33 de la LPU, 32 de su Reglamento y, 79 del Reglamento a la LCN. Afirma, el hecho de que las normas citadas contemplen y reconozcan la diferenciación de requisitos, según el tipo de fraccionamiento, implica que la interpretación jurídica realizada por el Concejo Municipal, en el acuerdo 9 de la sesión 65-2011, deviene conforme a derecho.
Sostiene, trasladar el cumplimiento de los requisitos exigidos para una construcción a aquellos casos donde solo se fraccione un lote, como pretenden los Juzgadores, deviene irrazonable, desproporcional y violatorio del derecho a la propiedad privada. Dice, no es en el momento de una segregación simple cuando el ordenamiento exige verificar la viabilidad ambiental, los sistemas de desfogue, la infiltración de aguas, el ancho de la vía o la presentación de estudios hidrológicos, sino al otorgar visados de construcción (tal y como consigna el acuerdo municipal impugnado). Insiste, la sentencia recurrida establece limitaciones a la propiedad privada, no creadas por Ley, al negar la existencia de dos tipos de visados municipales, para cuyo otorgamiento se exigen requisitos distintos. Detalla, en el caso del visado para un fraccionamiento simple los requerimientos se establecen en el mandato 36 y para urbanizaciones en el ordinal 38, ambos de la LPU.
El fraccionamiento, agrega, no implica que el propietario vaya a construir, menos aún, un permiso para hacerlo. Por los motivos expuestos, concluye, resulta desproporcional e ilegal anular el acuerdo del Concejo Municipal en disputa y con éste, los visados otorgados al amparo de ese acto.
III.Contrario a los argumentos de la recurrente, estimó por mayoría el Tribunal: “(…) Del análisis de los ordinales 32 y 33 de la Ley de Planificación Urbana, se colige que dichos preceptos regulan un único tipo de visado municipal, a saber, el que debe obtenerse en todo trámite de fraccionamiento urbano, ya sea simple segregación o fraccionamiento para urbanización (con las excepciones indicadas supra), y en el cual se concreta el ejercicio de policía urbanística que ha sido conferido a los entes locales como derivación del poder-deber de verificar que el uso del suelo, sea congruente con los instrumentos de planificación y diversa normativa relativa al ordenamiento urbano en general (…)”. Para la mayoría de los Juzgadores, las regulaciones mencionadas en cuanto al visado municipal, no permiten sostener la tipología que estableció la Municipalidad accionante en el acuerdo 9 de la Sesión Ordinaria 65-2011 (entre catastrales y constructivos), de manera que puedan fijarse condiciones, requisitos o trámites diversos para cada uno de ellos.
Menos aún, señalaron, prescindir en el denominado visado catastral, de una serie de exigencias que tienen por objeto verificar que el uso del suelo sea congruente con los instrumentos de planificación y con el cumplimiento de las normas urbanísticas (llámese: planes reguladores, limitaciones administrativas, aspectos ambientales, cabida mínima, accesos por vía pública, servidumbres, etc). Consideraron los Jueces por mayoría que, en el ordenamiento jurídico urbanístico no existe una norma habilitante que sustente el trato diferenciado dado por el Gobierno Local a la figura del visado, para los trámites eminentemente catastrales y para los constructivos. Razonó la mayoría del Tribunal, la Municipalidad a través del visado, en ejercicio del control urbano que le ha sido asignado, expresa la conformidad de la solicitud de fraccionamiento con el ordenamiento jurídico, con la idea de que las nuevas parcelas o unidades inmobiliarias se ajusten a los diseños y planificación constructiva que rigen para determinado espacio territorial.
La inscripción de un fraccionamiento, señalaron dichos Juzgadores, solo tiene sentido en un ámbito integral de planificación urbana, por lo tanto, esa nueva unidad al momento de ser transformada debe ajustarse a las reglas que desde su creación rigen su uso y disposición. Indicaron la mayoría de los Jueces: “(…) la finalidad del visado tantas veces mencionado no puede limitarse a consistir en una permisibilidad para que el particular logre la inscripción de un plano en la oficina de Catastro Nacional, o bien, que concrete la construcción de un inmueble, siendo que su finalidad es el control del régimen de uso y disposición del suelo urbano a normas que regulan la materia urbanística (ordenación y planificación del territorio), las que pretenden tutelar intereses públicos asociados al medio ambiente, salud, seguridad, orden público y en general, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas (…).”.
Así las cosas, sostuvieron, resulta imprudente reservar exclusivamente para la fase constructiva la verificación de aspectos relativos a cabida, derechos de vía, existencia de servicios básicos, limitaciones por proximidad a zonas de protección, entre otros.
La cuestión central que se debate radica en determinar los alcances de los cánones 32 y 33 de la LPU, en conjunto con los numerales 1°, 36 y 38 de ese cuerpo normativo, 79, 81 y 82 del Reglamento a la LCN. Para la casacionista, de tales normas no es posible interpretar, contrario al criterio de la mayoría del Tribunal, sobre la existencia de un único tipo de visado municipal, cuyo otorgamiento dependa del cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto en el ordenamiento jurídico aplicable a la materia. En su parecer, las disposiciones de cita regulan dos categorías de visados: los catastrales y los constructivos, cada uno con requerimientos distintos para su obtención (atendiendo a la finalidad para la cual se solicitan). A fin de resolver el punto en discordia, deviene necesario atender al contenido de los preceptos invocados, así como, a su finalidad. En lo de interés establecen las normas de cita.
En cuanto a la LPU: Artículo 1º.- “Para los fines de esta ley se entenderá que: (…) Fraccionamiento, es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes inmuebles. Urbanización, es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios (…)”. Artículo 32.- “El Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, al puntualizar las condiciones municipales para permitir fraccionamientos, urbanizaciones o ambas operaciones, entre otros requisitos, incluirá los correspondientes al acceso a vía pública, a notificación y amanzanamiento y a la cesión de áreas para uso público; establecerá, asimismo, previa consulta a los organismos competentes, normas mínimas sobre construcción de calles y aceras pavimentos, cañerías, drenajes pluviales y sanitarios, y electrificación y alumbrado público (…)”.
Artículo 33.- “Para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados en distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, será indispensable haber visado antes, en la oficina municipal autorizada, el plano que indique la situación y cabida de las porciones resultantes y que, además, el notario o funcionario público autorizante, dé fe en el acto de extensión u otorgamiento del documento respectivo, de que la división coincide con la que exprese dicho plano (…)”. Artículo 36.- “Se negará la visación municipal de los planos relativos a fraccionamientos de áreas sujetas a control, por cualquiera de las siguientes razones:
V.En mérito de lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de la promovente, conforme al precepto 150 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de la parte actora.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Cchavesv 2
*130034431027CA* Res: 000-748-F-S1-2017 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cinco minutos del veintidos de junio de dos mil diecisiete.
Proceso de conocimiento declarado de puro derecho establecido por la MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DE HEREDIA, representada por su alcalde, Jorge Isaac Herrera Paniagua, sociólogo; contra el ESTADO, representado por el procurador Bernardo Lara Flores. Figura además, como apoderado especial judicial de la parte actora, Fabián Volio Echeverría.
RESULTANDO:
Redacta la magistrada Rojas Morales
CONSIDERANDO
I.La Municipalidad de San Rafael de Heredia (en adelante la Municipalidad o el Gobierno Local) demandó al Estado, por estimar contraria a derecho la resolución dictada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, no. 185-2012 de las 15 horas del 18 de mayo de 2012. Según consta en autos, en la Sesión Ordinaria 65-2011 del 21 de febrero de 2011, el Concejo Municipal de esa localidad adoptó el acuerdo 9, mediante el cual (en lo de interés): Primero, clasificó o diferenció los visados municipales en catastrales y constructivos. Segundo, definió como catastral aquel otorgado por el Gobierno Local, cuando el plano que se pretende catastrar cumple con los requisitos para su inscripción, pudiéndose exigir al efecto únicamente: a) solicitud de visado, b) original y copia de la minuta de rechazo del Catastro Nacional, c) originales de los nuevos planos, con los errores debidamente corregidos, d) planos de la finca madre o planos a modificar, e) croquis, en caso de fraccionamiento y, f) estar al día en el pago del impuesto de bienes inmuebles y con la respectiva declaración.
Tercero, estableció que el control constructivo lo debe realizar la Municipalidad al otorgar licencias, permisos o visados para construcción, momento cuando puede verificar el cumplimiento de las reglas estipuladas al efecto. Cuarto, delimitó como requisitos para ejercer dicho control: a) demostrar la prestación de los servicios básicos, b) acreditar el respeto al derecho de vía, c) efectuar obras de infraestructura frente a la propiedad, d) aportar estudios de viabilidad ambiental, hidráulicos e hidrológicos (en las zonas indicadas en el acuerdo),
II.La recurrente formula dos agravios, no obstante, de su análisis y contenido, estima esta Cámara que ambas censuras giran en torno a la misma disconformidad, de manera que, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, serán analizadas de forma conjunta. En términos generales, acusa, indebida interpretación de los cánones 32 y 32 de la LPU, con la consecuente falta de aplicación de los artículos 1 de la referida Ley, 81 y 82 del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional (en lo sucesivo Reglamento a la LCN), aunado a la violación de los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y al derecho de propiedad privada. Aduce, para la mayoría del Tribunal los numerales 32 y 33 de la LPU regulan un único tipo de visado municipal, el cual debe satisfacerse en todo trámite de fraccionamiento (sea una simple segregación o para urbanización). No obstante, reprocha, del contenido y redacción de esas normas no es posible arribar a dicha conclusión.
Apunta, el ordenamiento jurídico no establece solo un tipo de visado municipal, además, para su obtención no es procedente exigir iguales requisitos tratándose de la segregación de un lote a la construcción de una obra. Señala, las normas deben interpretarse en función a su finalidad, mediante un criterio evolutivo y, tomando en consideración la realidad social a la cual se aplican. En ese sentido trascribe el voto salvado del fallo impugnado, así como, la sentencia de la Sala Constitucional 3581-2003 (no indica de cuál fecha). En el caso en estudio, endilga, la mayoría de los Juzgadores incurren en una interpretación restrictiva, estática, literal y retrógrada del mandato 33 de la LPU, al estimar que “todo fraccionamiento” está sujeto a visado y a cumplir los requisitos exigidos para una construcción, sin que dicho precepto establezca tal situación. En su criterio, el acuerdo 9 del Concejo Municipal, interpreta las normas aplicables en materia de planificación urbana, acorde con la realidad actual, las exigencias de eficiencia en la Administración Pública (ordinal 9 de la Constitución Política) y de simplicidad de trámites (Ley 8220).
El Concejo, advierte, en dicho acuerdo solo delimitó los requisitos, establecidos por ley (LPU y Reglamento a la LCN), para segregar un lote frente a una vía pública y para la posterior construcción de una vivienda. Por lo tanto, asevera, contrario al parecer de la mayoría de los Jueces, el acuerdo en cuestión sí tiene sustento jurídico. Aclara, al tenor del cardinal 1° de la LPU el fraccionamiento y la urbanización son conceptos distintos. Asimismo, expresa, el precepto 81 del referido Reglamento regula los dos tipos de visados que otorgan las Municipalidades y los requisitos exigidos en cada caso (el inciso “a” relativo a los requerimientos para el fraccionamiento y el inciso “b” para la urbanización o fraccionamiento con fines urbanísticos). Requisitos, manifiesta, regulados en los cánones 33 de la LPU, 32 de su Reglamento y, 79 del Reglamento a la LCN. Afirma, el hecho de que las normas citadas contemplen y reconozcan la diferenciación de requisitos, según el tipo de fraccionamiento, implica que la interpretación jurídica realizada por el Concejo Municipal, en el acuerdo 9 de la sesión 65-2011, deviene conforme a derecho.
Sostiene, trasladar el cumplimiento de los requisitos exigidos para una construcción a aquellos casos donde solo se fraccione un lote, como pretenden los Juzgadores, deviene irrazonable, desproporcional y violatorio del derecho a la propiedad privada. Dice, no es en el momento de una segregación simple cuando el ordenamiento exige verificar la viabilidad ambiental, los sistemas de desfogue, la infiltración de aguas, el ancho de la vía o la presentación de estudios hidrológicos, sino al otorgar visados de construcción (tal y como consigna el acuerdo municipal impugnado). Insiste, la sentencia recurrida establece limitaciones a la propiedad privada, no creadas por Ley, al negar la existencia de dos tipos de visados municipales, para cuyo otorgamiento se exigen requisitos distintos. Detalla, en el caso del visado para un fraccionamiento simple los requerimientos se establecen en el mandato 36 y para urbanizaciones en el ordinal 38, ambos de la LPU.
El fraccionamiento, agrega, no implica que el propietario vaya a construir, menos aún, un permiso para hacerlo. Por los motivos expuestos, concluye, resulta desproporcional e ilegal anular el acuerdo del Concejo Municipal en disputa y con éste, los visados otorgados al amparo de ese acto.
III.Contrario a los argumentos de la recurrente, estimó por mayoría el Tribunal: “(…) Del análisis de los ordinales 32 y 33 de la Ley de Planificación Urbana, se colige que dichos preceptos regulan un único tipo de visado municipal, a saber, el que debe obtenerse en todo trámite de fraccionamiento urbano, ya sea simple segregación o fraccionamiento para urbanización (con las excepciones indicadas supra), y en el cual se concreta el ejercicio de policía urbanística que ha sido conferido a los entes locales como derivación del poder-deber de verificar que el uso del suelo, sea congruente con los instrumentos de planificación y diversa normativa relativa al ordenamiento urbano en general (…)”. Para la mayoría de los Juzgadores, las regulaciones mencionadas en cuanto al visado municipal, no permiten sostener la tipología que estableció la Municipalidad accionante en el acuerdo 9 de la Sesión Ordinaria 65-2011 (entre catastrales y constructivos), de manera que puedan fijarse condiciones, requisitos o trámites diversos para cada uno de ellos.
Menos aún, señalaron, prescindir en el denominado visado catastral, de una serie de exigencias que tienen por objeto verificar que el uso del suelo sea congruente con los instrumentos de planificación y con el cumplimiento de las normas urbanísticas (llámese: planes reguladores, limitaciones administrativas, aspectos ambientales, cabida mínima, accesos por vía pública, servidumbres, etc). Consideraron los Jueces por mayoría que, en el ordenamiento jurídico urbanístico no existe una norma habilitante que sustente el trato diferenciado dado por el Gobierno Local a la figura del visado, para los trámites eminentemente catastrales y para los constructivos. Razonó la mayoría del Tribunal, la Municipalidad a través del visado, en ejercicio del control urbano que le ha sido asignado, expresa la conformidad de la solicitud de fraccionamiento con el ordenamiento jurídico, con la idea de que las nuevas parcelas o unidades inmobiliarias se ajusten a los diseños y planificación constructiva que rigen para determinado espacio territorial.
La inscripción de un fraccionamiento, señalaron dichos Juzgadores, solo tiene sentido en un ámbito integral de planificación urbana, por lo tanto, esa nueva unidad al momento de ser transformada debe ajustarse a las reglas que desde su creación rigen su uso y disposición. Indicaron la mayoría de los Jueces: “(…) la finalidad del visado tantas veces mencionado no puede limitarse a consistir en una permisibilidad para que el particular logre la inscripción de un plano en la oficina de Catastro Nacional, o bien, que concrete la construcción de un inmueble, siendo que su finalidad es el control del régimen de uso y disposición del suelo urbano a normas que regulan la materia urbanística (ordenación y planificación del territorio), las que pretenden tutelar intereses públicos asociados al medio ambiente, salud, seguridad, orden público y en general, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas (…).”.
Así las cosas, sostuvieron, resulta imprudente reservar exclusivamente para la fase constructiva la verificación de aspectos relativos a cabida, derechos de vía, existencia de servicios básicos, limitaciones por proximidad a zonas de protección, entre otros.
La cuestión central que se debate radica en determinar los alcances de los cánones 32 y 33 de la LPU, en conjunto con los numerales 1°, 36 y 38 de ese cuerpo normativo, 79, 81 y 82 del Reglamento a la LCN. Para la casacionista, de tales normas no es posible interpretar, contrario al criterio de la mayoría del Tribunal, sobre la existencia de un único tipo de visado municipal, cuyo otorgamiento dependa del cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto en el ordenamiento jurídico aplicable a la materia. En su parecer, las disposiciones de cita regulan dos categorías de visados: los catastrales y los constructivos, cada uno con requerimientos distintos para su obtención (atendiendo a la finalidad para la cual se solicitan). A fin de resolver el punto en discordia, deviene necesario atender al contenido de los preceptos invocados, así como, a su finalidad. En lo de interés establecen las normas de cita.
En cuanto a la LPU: Artículo 1º.- “Para los fines de esta ley se entenderá que: (…) Fraccionamiento, es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes inmuebles. Urbanización, es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios (…)”. Artículo 32.- “El Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, al puntualizar las condiciones municipales para permitir fraccionamientos, urbanizaciones o ambas operaciones, entre otros requisitos, incluirá los correspondientes al acceso a vía pública, a notificación y amanzanamiento y a la cesión de áreas para uso público; establecerá, asimismo, previa consulta a los organismos competentes, normas mínimas sobre construcción de calles y aceras pavimentos, cañerías, drenajes pluviales y sanitarios, y electrificación y alumbrado público (…)”.
Artículo 33.- “Para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados en distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, será indispensable haber visado antes, en la oficina municipal autorizada, el plano que indique la situación y cabida de las porciones resultantes y que, además, el notario o funcionario público autorizante, dé fe en el acto de extensión u otorgamiento del documento respectivo, de que la división coincide con la que exprese dicho plano (…)”. Artículo 36.- “Se negará la visación municipal de los planos relativos a fraccionamientos de áreas sujetas a control, por cualquiera de las siguientes razones:
V.En mérito de lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de la promovente, conforme al precepto 150 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de la parte actora.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Cchavesv 2
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