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Res. 00025-2017 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 19/01/2017

Right of Way Along a Preexisting Forest RouteServidumbre de paso por ruta boscosa preexistente

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OutcomeResultado

AffirmedConfirmada

The Court denied the nullity motion and affirmed the right of way along the existing forest path, subject to avoiding environmental damage and paying the corresponding compensation.El Tribunal rechazó el incidente de nulidad y confirmó la constitución de una obligación de paso por el camino boscoso preexistente, condicionada a no dañar el entorno y al pago de la indemnización correspondiente.

SummaryResumen

The Agrarian Court affirmed the judgment establishing a right of way across Wilfama S.A.’s property for the benefit of landlocked property owned by Industrias Sueños de La Cruz Limitada. The selected route was an existing path that had been physically established and used for decades. Although the judgment granted a width of three meters, the route’s natural configuration may make it narrower in some sections. Passage is permitted on foot, on horseback, or by four-wheel-drive vehicle when weather and soil conditions allow, provided the surrounding environment is not damaged. The Court rejected the argument that using this route necessarily caused environmental harm or constituted a land-use change prohibited by the Forestry Law, because transit and certain other activities in privately owned forests are not absolutely forbidden and may instead be subject to technical and legal requirements. In comparing alternative routes, the Court considered safety, topography, existing infrastructure, and burdens on both properties rather than treating distance alone as decisive.El Tribunal Agrario confirmó la sentencia que constituyó una obligación de paso sobre la finca de Wilfama S.A. en beneficio del fundo enclavado de Industrias Sueños de La Cruz Limitada. La ruta seleccionada era un camino preexistente, ya materializado y utilizado durante décadas, con un ancho concedido de tres metros, aunque su configuración natural puede reducirlo en algunos tramos. El paso puede realizarse a pie, a caballo o mediante vehículos de doble tracción cuando las condiciones climáticas y del suelo lo permitan, sin dañar el entorno. El Tribunal rechazó que la ruta produjera necesariamente un daño ambiental o un cambio de uso del suelo prohibido por la Ley Forestal, pues el tránsito y otras actividades en bosques privados no están absolutamente vedados y pueden sujetarse a requisitos técnicos y legales. También consideró la seguridad, topografía, existencia material y perjuicio para los fundos, y no únicamente la longitud de las rutas alternativas.

Key excerptExtracto clave

The appealed judgment thoroughly analyzes the conditions of each route and weighs the best option; LENGTH is not, by itself, a decisive criterion, but rather one factor that must be compared with others such as safety along the route, current conditions, topography, minimizing harm to the servient estate, and benefiting the dominant estate (Articles 373 and 377 of the Civil Code). Therefore, the appellant cannot prevail in arguing that the shortest route must be recognized as the access route, because the other factors carry equal weight in the decision. For the reasons stated, pursuant to Articles 1 and 2 of the Agrarian Jurisdiction Law, Articles 395 and 398 of the Civil Code, and Articles 199 and 195 of the Code of Civil Procedure, applied supplementarily, the motion to nullify service of the order admitting the appeal from the first-instance judgment shall be denied, and the appealed judgment shall be affirmed as to the matters challenged. The motion to nullify service of the order admitting the appeal with suspensive effect from the first-instance judgment is denied. As to the matters appealed, the judgment is affirmed.En la sentencia apelada se analizan profundamente las condiciones de cada una de las rutas y se pondera la mejor opción, no siendo LA LONGITUD un criterio determinante por sí solo, sino uno más que deben confrontarse con otros como seguridad en el recorrido, condiciones actuales, topografía, el que cauce menores perjuicios al fundo sirviente y beneficie al dominante. (artículo 373 y 377 del Código Civil). Por ello, no es posible dar razón al recurrente, donde indica que la ruta más corta es la que debe reconocerse como salida, pues los demás factores pesan de igual forma en la decisión. Por los motivos expuestos, con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, numerales 395 y 398 del Código Civil, 199 y 195 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, se rechazará el incidente de nulidad de notificación de auto que admite la apelación de la sentencia de primera instancia y en lo apelado, deberá confirmarse la sentencia recurrida. Se rechaza el incidente de nulidad notificación del auto que admite en efecto suspensivo de la sentencia de primera instancia. En lo apelado, se confirma la sentencia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Lo que se prohíbe en forma absoluta es el cambio de uso de suelo, fuertemente sancionado por Ley."

    "What is absolutely prohibited is a change in land use, which is severely penalized by law."

    Considerando VI

  • "Lo que se prohíbe en forma absoluta es el cambio de uso de suelo, fuertemente sancionado por Ley."

    Considerando VI

  • "La ruta de menor distancia es la [Dirección14] , pero tiene el inconveniente citado de no existir, ubicarse en zona boscosa al inicio y tener una naciente en su recorrido."

    "The shortest route is [Dirección14], but it has the stated disadvantages of not existing, beginning in a forested area, and having a spring along its course."

    Considerando VI

  • "La ruta de menor distancia es la [Dirección14] , pero tiene el inconveniente citado de no existir, ubicarse en zona boscosa al inicio y tener una naciente en su recorrido."

    Considerando VI

  • "Si en algún tramo del camino se tiene un ancho menor de tres metros dada la naturaleza propia del camino y la topografía de esa zona particular, o bien por modificaciones de la naturaleza posteriores a la sentencia, resulta obvio que sería imposible forzar la senda a tener el ancho de tres metros, solamente porque la sentencia así lo dispuso."

    "If any section of the road is less than three meters wide because of the road’s nature, the topography of that particular area, or natural changes occurring after the judgment, it would plainly be impossible to force the path to be three meters wide merely because the judgment so ordered."

    Considerando VII

  • "Si en algún tramo del camino se tiene un ancho menor de tres metros dada la naturaleza propia del camino y la topografía de esa zona particular, o bien por modificaciones de la naturaleza posteriores a la sentencia, resulta obvio que sería imposible forzar la senda a tener el ancho de tres metros, solamente porque la sentencia así lo dispuso."

    Considerando VII

  • "Para este Tribunal, el hecho de que la prueba pericial manifiesta la peligrosidad de todas las rutas en diversas épocas del año y en el uso de vehículos de doble tracción en algunos tramos, y que la ruta uno este ya materializada, haya sido utilizada y sea ya conocida por quienes la requieren, conduce a que la seguridad sea mayor que una ruta no existente."

    "For this Court, the expert evidence showing that every route is dangerous at different times of the year and for four-wheel-drive vehicles in certain sections, together with the fact that route one already exists, has been used, and is known to those who need it, means that it is safer than a nonexistent route."

    Considerando VII

  • "Para este Tribunal, el hecho de que la prueba pericial manifiesta la peligrosidad de todas las rutas en diversas épocas del año y en el uso de vehículos de doble tracción en algunos tramos, y que la ruta uno este ya materializada, haya sido utilizada y sea ya conocida por quienes la requieren, conduce a que la seguridad sea mayor que una ruta no existente."

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

Procedural marks

*100002410387AG* *100002410387AG* CASE FILE:

PROCEEDING:

ORDINARY PLAINTIFF:

INDUSTRIAS SUEÑOS DE LA CRUZ LIMITADA DEFENDANTS:

BIENES RAICES BRISAS DEL NORTE LIMITADA ET AL.

DECISION N° 025-F-17 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At eight forty-eight a.m. on January nineteenth, two thousand seventeen.- ORDINARY PROCEEDING (PROCESO ORDINARIO) instituted by INDUSTRIAS SUEÑOS DE LA CRUZ LIMITADA, corporate identification number CED1 - - , represented by its manager, who holds the powers of a general attorney-in-fact without limitation as to amount (apoderado generalísimo sin limite de suma), [Nombre1] , of legal age, married, professor, resident of Barba de Heredia, identity card CED2 - - ; against WILFAMA SOCIEDAD ANÓNIMA., corporate identification number CED3 - - , represented by its president, who holds the powers of a general attorney-in-fact without limitation as to amount, [Nombre2] , of legal age, married, merchant, resident of La Garita de La Cruz, Guanacaste, identity card CED4 - - ; BIENES RAÍCES BRISAS DEL NORTE LIMITADA, corporate identification number CED5 - - , represented by [Nombre3] , married, farmer, resident of San [Nombre4] de Flores de Heredia, identity card CED6 - - ; and [Nombre5] , identification card CED7 , both of legal age; 3) [Nombre6] SAN SEBASTIÁN S.A., corporate identification number CED8 - - , represented by [Nombre7] , of legal age, married, businesswoman, identification card CED9 , resident of La Cruz, Guanacaste; 4) [Nombre8] also known as [Nombre8] , of legal age, single, cattle rancher, resident of Los Andes de La Garita, La Cruz, Guanacaste, identity card CED10 - - ; Attorney Juan Pablo Bello Carranza, identity card CED11 - - , Bar Association number seven thousand seven hundred seventy-one, appears as special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial) for plaintiff Industrias Sueños la Cruz; attorney Wilberth Sánchez Huertas, Bar Association number seven thousand eight hundred forty-seven, for [Nombre6] San Sebastián; attorney Rafael Arturo Montero Barrantes, identity card CED12 - - , Bar Association number seven thousand six hundred fifty-five, for Mr. [Nombre8] ; attorney Luis Ángel Salazar Ureña, Bar Association number eight thousand fifty-three, for WILFAMA; and attorney Xiomara Villegas Badilla, identity card CED13 - - , Bar Association number sixteen thousand nine hundred sixty-seven, for Bienes Raíces Brisas del Norte. Proceeding heard before the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia.- FINDINGS OF FACT (RESULTANDO):

  1. 1The plaintiff filed this ordinary action, valued at thirty thousand dollars, requesting that the judgment declare the following: "1) That this action be granted in all respects.2) That the property recorded in the Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de Guanacaste, Sistema de Folio Real under registration number 58778-000 has been owned by Industrias Sueños de La Cruz S.A. since March 23, 2006;3) That the property recorded in the Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de Guanacaste, Sistema de Folio Real under registration number 30280-000 has belonged to defendant WILFAMA S.A. since September 25, 1986, and corresponds to cadastral survey plan (plano catastrado) G-13-372-73.3) That the aforementioned properties, number 58778-000 in the Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de Guanacaste, Sistema de Folio Real under the registration number Said properties adjoin one another, and the plaintiff’s property is landlocked, access having been obtained for many years by means of a road and/or easement (servidumbre) crossing [Dirección1] ;4) From the time the plaintiff acquired property 58778-000 until approximately June 2009, relations between the property owners were normal, cordial, and friendly, with no problems or impediments affecting access by the plaintiff’s officers and employees through WILFAMA’s property;5) In late July 2009, Industrias’s officers found the entrance gate to the road and/or easement closed with a chain and padlock, and upon returning they encountered [Nombre2] and his son [Nombre4], who were angry and upset because a cadastral survey plan depicted an easement and/or road running through WILFAMA’s property, with a width of five meters. On that occasion, they agreed that the attorneys for both parties would resolve the dispute;6) In May 2010, when [Nombre9] arrived accompanied by officers of the Comando Norte, [Nombre2] reluctantly allowed entry because members of the Fuerza Pública were present and stated that the easement would remain closed after that visit;7) In view of this worsening situation, the plaintiff filed proceedings for the taking of evidence in advance (prueba anticipada), described as ‘mixed,’ against [Nombre2] , case file 10-000109-387AG of this Court. In those proceedings, that gentleman stated that the property belonged neither to him nor to his wife, but to WILFAMA, a fact that had not been known;8) A hearing for the taking of evidence was scheduled in those proceedings, and because [Nombre2]’s statements were made at the last minute, when the parties arrived at the site the proceedings were against him personally, although the property belonged to WILFAMA, of which he was president and legal representative;9) Therefore, the evidence was not taken, except for the ‘visual inspection’ (inspección ocular), to which all parties agreed, and which established that [Nombre2] had closed off the space occupied by the entrance gate to the road and/or easement with posts and five strands of wire;10) WILFAMA must be ordered to remove fully and completely any obstruction, barrier, fence, wall, or other physical or material object that prevents, obstructs, or hinders the free passage of persons, animals, or vehicles along the road and/or easement crossing its property;11) It is clear that the attitude and conduct of WILFAMA’s representatives are malicious and abusive, without any valid or acceptable justification for their arbitrary and unlawful actions;12) WILFAMA must be formally ordered (aperciba) to refrain from provocative, threatening, intimidating, and harassing conduct toward persons who, for any reason, need to use the road and/or easement laid out across WILFAMA’s property;13) WILFAMA must be ordered to pay costs (costas) (fs. 21 to 23 and 57). It is clarified that only those matters maintained by the plaintiff as prayers for relief (petitorias) in its brief dated October 12, 2010 (f.57) have been set out, because the plaintiff originally included even more facts and legal arguments in the section it labeled as prayers for relief. Given the technically deficient manner in which they were presented, the plaintiff was ordered to clarify them and exclude matters that were not legally prayers for relief. Despite that order, it did not exclude a large number of factual allegations, namely points 1 to 9, or point 11, which is a legal argument. Thus, technically, the only matters that should be deemed prayers for relief are: part of point 3 (insofar as it seeks a declaration that the plaintiff’s property is landlocked), and points 10, 11, 12, and 13 (underlined portions). The remaining items are factual allegations or legal conclusions of the plaintiff. In the same brief, it added and amended its prayers for relief as follows, while continuing to make the error of including factual allegations among its claims:14) The plaintiff obtained a certification from the Municipalidad de La Cruz stating that the access route marked on plan G-1160209-2007, which leads from La Garita to Los Andes de La Cruz and is known as ‘Oro Verde,’ is a public road;15) That access route is the same one that residents of the area and other persons have frequently and continuously used for many years to travel from La Garita to Los Andes;16) [Nombre2] , without cause, hardened (sic) his position and made it clear that no one would cross his property to reach the plaintiff’s property, and at that time it was believed that he and his wife were the owners.17) [Nombre10] that it be deemed clarified that the nature of the access route, which according to municipal records is a public road, is such, and the plaintiff therefore requests that the Court so declare (severed prayer for relief) (fs. 57 and 58). Once again, because of the confusion and additions made by the plaintiff, it was ordered to clarify its claims (f.110), and prayer for relief 17 was ordered severed because it does not fall within the jurisdiction of the agrarian courts. In a brief dated March 1, 2011, the plaintiff clarified that the route in dispute is a road and must be understood as such for purposes of this proceeding, and that it has always been regarded as an easement because it has been used for years, although it is not recorded in the Registro Público (fs.118, 128).", (amendment of the complaint at folios 84 to 86).-
  2. 2The action was originally brought by Sueños de la Cruz S.A., corporate identification number CED14, represented by Mr. [Nombre11] , but in May 2011 Industrias Sueños de La Cruz Limitada entered an appearance and stated that it had merged with the original plaintiff, with the former surviving, and requested that the name of the party to be regarded as plaintiff thereafter be corrected (fs.157, 168, 193, 225, 232).
  3. 3WILFAMA S.A. answered the action brought against it out of time and raised the defense of failure to join necessary defendants (litis consorcio pasiva necesaria).- (folios 73 to 81 and 83).-
  4. 4By ruling dated March 18, 2011, the plaintiff was ordered to join as necessary defendants the owners of the properties adjoining the property it alleges is landlocked, because during the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted for precautionary purposes, the original defendant asserted that other routes might exist for access to the plaintiff’s property. The plaintiff was ordered to bring suit against those whom it had identified as adjoining owners: [Nombre12] , [Nombre13] and [Nombre14] (fs. 128, 129). The plaintiff subsequently clarified that its adjoining owners were: to the north, Bienes Raíces Brisas del Norte Ltda.; to the south and east, WILFAMA; and to the west, [Nombre6] San Sebastián S.A. It was therefore deemed corrected that joinder had to be effected against the current adjoining owners (fs.136 and 137).
  5. 5The plaintiff joined BRISAS and [Nombre6] as defendants (fs. 147 to 150,156 to 159, 166, 167, 168, 181 to 184, 228 to 230, 232 to 234, 243). The specific relief sought against them was stated as follows: 1) Since no access road to a public road is known, an inspection should be conducted to determine an exit from property [Dirección2] in Guanacaste (belonging to BRISAS), and subsidiarily across property [Dirección3] (belonging to Ganadera), both in Guanacaste, that would not also require access across other third-party properties. 2) A right-of-way easement (servidumbre de paso) should be recorded across the aforementioned properties, subsidiarily across Ganadera’s property, in accordance with that inspection (fs. 233 and 243).
  6. 6[Nombre6] San Sebastián answered the complaint in opposition and raised the defenses of lack of standing (falta de legitimación), lack of legal entitlement (falta de derecho), lack of a current interest (falta de interés actual), and the generic plea sine actione agit (f.275). Brisas del Norte Limitada likewise answered the action in opposition without raising any defenses. (folios 290 to 292).-

7- By ruling issued at two sixteen p.m. on August thirty-first, two thousand twelve, the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, ordered the plaintiff to join [Nombre8] and [Nombre15] as defendants. (fs.325 and 340)

  1. 8The plaintiff company joined [Nombre8] and [Nombre15] as defendants, requesting that the judgment declare: "a right-of-way easement shall be established in favor of the dominant estate (fundo) owned by my client, which, we assume, would run northward, first across the property owned by Bienes Raíces del Norte and subsequently across the property purportedly owned by Mr. [Nombre16] (f.333 to 366). Against Mr. [Nombre15] I request: "a right-of-way easement shall be established in favor of the dominant estate owned by my client, which, we assume, would run northward, first across the property owned by Bienes Raíces del Norte and subsequently across the property purportedly owned by Mr. [Nombre15] (folio 373)..-
  2. 9The defendant [Nombre8] denied the claim filed against him and raised the defenses of lack of standing (falta de legitimación), lack of right (falta de derecho), lack of present interest (falta de interés actual), and the generic plea sine actione agit (folios 393 to 396). Likewise, the defendant [Nombre15] answered and raised the defenses of lack of right, lack of standing, lack of present interest, and the generic plea sine actione agit (f.399), but the plaintiff withdrew the action against him, which was granted on veinte de junio del 2013 (f.466).
  3. 10Judge Ruth Alpízar Rodríguez, of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Liberia, by judgment Nº 139- S-2015, issued at quince horas del uno de junio del año dos mil quince, ruled: “POR TANTO: A) CLAIM BY INDUSTRIAS SUEÑOS DE LA CRUZ LIMITADA AGAINST BIENES RAÍCES BRISAS DEL NORTE LIMITADA, [Nombre6] SAN SEBASTIÁN S.A., AND [Nombre8]: The defenses of LACK OF ACTIVE AND PASSIVE STANDING AND LACK OF PRESENT INTEREST are denied, and the defense of LACK OF RIGHT is partially granted, all encompassed within what was incorrectly asserted as the SINE ACTIONE AGIT formula, as raised by [Nombre6] and [Nombre8]. The claim against those co-defendants is DISMISSED in its entirety, with no special award of costs. B) CLAIM BY INDUSTRIAS SUEÑOS DE LA CRUZ LIMITADA AGAINST WILFAMA S.A.: The claim is PARTIALLY GRANTED, as set forth below, with all relief not expressly granted being deemed denied and any relief not granted in the precise form requested in the claim being deemed modified (it is clarified that no ruling is issued regarding items identified in the claim as prayers for relief 1, 2, part of 3—concerning the boundaries of the properties—4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, and 14 to 16, because this is unnecessary, as they are not technically prayers for relief but rather allegations contained in the claim and legal arguments of the plaintiff):1) Because the Guanacaste property number cincuenta y ocho mil setecientos setenta y ocho-cero cero cero is a landlocked parcel (fundo enclavado), a right-of-way obligation (obligación de paso) is granted in favor of that property and over the Guanacaste property treinta mil doscientos ochenta-cero cero cero. Accordingly, Wilfama S.A., as the registered owner of the servient estate (fundo sirviente), shall refrain from obstructing passage along the route granted and, for that purpose, shall allow access through the entrance gate by removing the wires or any other obstacles preventing such access. It is granted a period of UN DÍA after this judgment becomes final to do so, with notice that, should it fail to do so, the prevailing party is authorized to remove them at the expense of Wilfama S.A. The route granted as a right-of-way obligation is the route referred to in the record as “[Dirección4],” with the changes to its course made by Wilfama in dos mil once, and is described as follows: length: novecientos dos metros de largo; width: tres metros; direction (bearings): It runs from southwest to northeast and then northward, following a winding horizontal and vertical course, beginning at a five-meter-wide makeshift gate facing the gravel public road running from La Garita to Cárdenas de Nicaragua, Los Andes and San Fernando, and continuing to the southern boundary of the plaintiff’s property, where there is a makeshift gate and Quebrada Carmen runs through it; purpose: travel on foot, on horseback or by similar means, or by four-wheel-drive vehicle, provided that weather and soil conditions permit and the surroundings along the route are not damaged; servient estate: CED15, registered to Wilfama S.A.; dominant estate (fundo dominante): CED16, registered to Industrias Sueños de La Cruz Limitada; valuation: because the record contains no information with which to assess this encumbrance, its value shall be established during the judgment-enforcement stage.2) The plaintiff shall compensate Wilfama S.A. for the value of the land required for the granted passage and for any other harm resulting therefrom, which shall be determined in the judgment-enforcement proceedings.3) This matter is resolved between those parties with no special award of costs. Once this judgment becomes final, and because passage is definitively granted along route one as a right-of-way encumbrance, the interim measure (medida cautelar) imposed by ruling 22-A-2011 del 7 de marzo de 2011 shall cease to have effect,” (folios 598, front and reverse).-
  4. 11Mr. [Nombre2], representative of Wilfama S.A., filed an appeal expressly stating the grounds on which he relied to challenge the trial court’s position (folios 599 to 601).-
  5. 12The statutory requirements were observed in the conduct of the proceedings, and there are no errors or omissions capable of rendering the judgment null and void.-

Drafted by Judge Castro García; and,

CONSIDERANDO.

I- Motion to nullify service (incidente de nulidad de notificación) of the order entered at 10:10 minutos del 17 de junio del 2015, filed by Bienes Raíces Brisas del Norte S.A. That party filed the motion before this appellate court (expediente digital/escritos/fecha 9 de octubre del 2015), asserting that the referenced order had not been duly served at the facsimile number it had designated and appearing before this appellate court to submit arguments rebutting the grounds for challenging the trial judgment stated in the appeal under consideration here. Upon review of the proceedings, it is determined that, although it is confirmed that the order admitting the appeal before this Chamber with suspensive effect (efecto suspensivo) was served through another means (service list at folio 603), that circumstance does not warrant a declaration of procedural nullity (nulidad procesal), because it did not leave any party without a defense or infringe the right of defense.

This follows from the supplementary application to this matter of sections 199, 194 and 196 of the Code of Civil Procedure. The incorrectly served order is the one admitting, with suspensive effect, the appeal against the trial-court judgment filed by [Nombre2] before this Court. Agrarian proceedings do not contain a procedural stage at which the parties must be afforded a hearing on their arguments opposing appeals filed against a trial-court judgment, although they remain free to submit any arguments they deem necessary to protect their interests (articles 501 and 502 of the Labor Code). Therefore, service of that order at another facsimile number caused no lack of defense, and the motion to nullify service must be denied.

II- Proven Facts. The proven facts stated in the appealed judgment are affirmed because they are supported by evidence in the record.

III- Facts Not Proven. The findings regarding facts not proven in the appealed decision are adopted because no evidence establishing a different factual reality was entered into the record.

IV- Grounds for Appeal. Wilfama S.A., through its special litigation attorney-in-fact (apoderado especial judicial), filed an appeal (folio 599 Tomo II) against trial-court judgment N. 139-S-2015 de las quince horas del 1 de junio del 2015 (folio 575 Tomo II). It states the following grounds for its disagreement:

  • 1)The proceedings were brought by Sueños de La Cruz S.A. to obtain access to a public road for property registration number [Placa1], which is landlocked. It was determined that two properties could provide such access: property registration number [Placa2], owned by the appellant, and property registration number [Placa3], owned by [Nombre6] San Sebastián S.A. It contends that greater weight should be given to the expert evidence (prueba pericial), which gives the adjudicator an opportunity to form a comprehensive opinion and rule in accordance with law. It disagrees with the decision in the judgment, which should be based on a logical analysis of all the evidence. It states that the expert report identifies four possible routes providing access from the plaintiff company’s property: route number one crosses the appellant’s property and passes through virgin forest; route number two crosses the [Nombre6] property owned by [Nombre6] San Sebastián S.A. and passes through pastureland without affecting forested areas. The routes proposed by the court-appointed expert correspond to [Dirección5]. One passes through the property of the appellant, Wilfama S.A., and number four is located on the property of [Nombre6] San Sebastián S.A.
  • 2)It contends that the judgment chose to grant access in a manner that affects the forest resource, which it had devoted to protecting the forest, wildlife, and vegetation. That forest contains springs (manantiales) that flow downward through the area and would be affected by the decision granting [Dirección6]. It argues that adjudicators have a duty to protect the environment. The judgment states that several watercourses (dry in febrero del 2011) and a stream cross [Dirección7]. It was stated that, in 2011, the passage was narrow, with a maximum width of three meters, narrowing to one meter at some points and allowing passage only on horseback. It argues that the conditions observed during the first inspection in the summer of 2011, when the water resource was absent, differed from those observed during the second inspection. Mud was observed in that area, and the horses became stuck in the swamp. This demonstrates the forested and virgin condition of the route, a circumstance to which the appealed judgment gave no weight. It believes that even the slightest possibility of harming these resources should have led to the rejection of that route as a possible means of access. In this regard, it disputes the appealed decision’s statement that the appellant itself had widened the road, which did in fact occur and was done to remove timber under the corresponding permits. However, because of the forest’s current natural conditions, it is now completely virgin again.
  • 3)It argues that the judgment is contradictory because it rules that route one could not be wider than five meters and, in some sections, only two meters. The adjudicator who issued the ruling was aware of the difficulties involved in using the road for vehicular travel without damaging the environment, yet ultimately granted a three-meter-wide prospective right of way (derecho de paso), after previously reasoning that it could not be widened beyond two meters.
  • 4)Another contradiction lies in the conclusion that recognizing the right to that route would not harm the environment, even though the judgment stated: “the plaintiff shall compensate the co-defendant [Nombre17] for the value of the land required for the granted passage and for any other harm resulting therefrom.” It states that those harms plainly refer to the environment because, given the nature of the relief sought in these proceedings, only the appellant and the environment could be harmed.
  • 5)It maintains that the expert assessment shows that route number two is the most suitable because the judgment stated that it had no slopes or geographical features preventing passage once the infrastructure and course required to establish it were in place, and that the route could be traveled by people, animals, and four-wheel-drive vehicles.
  • 6)It characterizes the judgment as deficient because it failed to analyze the type of vehicle that could use the passage, as the term four-wheel drive is very broad and could include four-wheel-drive vehicles that would cause additional harm to the forest beyond that already caused by the passage. It considers [Dirección8] the appropriate route because of its geographical conditions and shorter length. It adds that routes three and four would also be appropriate if the aim is to protect the environment, as adjudicators are legally required to do. It requests that the ruling be reversed and that access from the plaintiff’s property be granted through [Dirección9], which is suitable for the same purpose and would not harm the environment that it has responsibly protected.

V- The appellant company’s objection centers on its disagreement with the route selected in the judgment as appropriate to provide the plaintiff’s property, registration [Placa4] of Guanacaste, with adequate access to a public road. It argues that use of the route identified as [Dirección10] will harm the natural forest environment and its elements and that, for this reason, the granting of that access road should have been denied. In its appeal, it states that, consistent with the expert evidence, passage should have been granted via [Dirección8], which is the shortest route, or alternatively via routes three or four, in order to protect the environment. It generally contends that the judgment departs from the body of evidence and contains contradictions. It cites two such contradictions: a) with respect to the width granted along [Dirección10], since the judgment stated that in some sections it was no more than one meter wide, yet granted a width of three meters; b) it grants [Dirección7] as an outlet because it does not harm the environment, yet requires compensation to the plaintiff for any loss or damage that it may entail, with the harm logically referring to the environment, although this was not expressly stated.

It faults the judgment for omitting to specify what type of four-wheel-drive vehicle is authorized for use on the granted road, given that modes of transportation capable of causing additional damage could be used.

VI- It is argued that the declaration of the right of way (derecho de paso) along the so-called [Dirección7] causes environmental damage (daño ambiental) to the elements present in that specific ecosystem, by recognizing a road through a forest described as “virgin.” The pleading under appeal further states that granting another of the routes set forth in the expert report would better serve environmental interests, as it would cause no environmental damage whatsoever. Having analyzed that grievance and the ruling, this Court does not agree with the argument. It should be noted that our legal system contains no definition of environmental damage; nevertheless, based on Article 50 of the Constitution and its closest statutory development, namely the Ley Orgánica del Ambiente, Article 2 establishes that environmental damage constitutes: “an offense of a social nature, because it affects the foundations of society’s existence; economic, because it threatens the materials and resources essential to productive activities; cultural, insofar as it endangers communities’ way of life; and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations.” For the protection of the environment, a body of environmental-protection rules (bloque normativo tutelar del medio ambiente) has been enacted, comprising national and international provisions governing human activities that may cause ecosystem imbalances (desequilibrios ecosistémicos) intended to be avoided, reduced, or mitigated.

That is, activities that alter the environmental baseline (línea base del ambiente). Based on the concepts of environmental damage developed in legal scholarship or case law, it may be understood as human acts or omissions that cause deterioration or pollution of the surrounding environment. Such damage affects people both individually and collectively as a society. Article 59 of the Ley Orgánica del Ambiente defines environmental pollution (contaminación del ambiente) as: “any alteration or modification of the environment that may harm human health, threaten natural resources, or affect the Nation’s environment in general. The discharge and emission of pollutants shall mandatorily comply with the technical regulations issued. The State shall adopt the measures necessary to prevent or correct environmental pollution.” For its part, because the matter under appeal concerns the existence of forest, Article 1 of Ley Forestal number 7575 defines the State’s role as: “ensuring the conservation, protection, and administration of natural forests and the production, harvesting, industrialization, and promotion of the country’s forest resources intended for that purpose, in accordance with the principle of proper and sustainable use of renewable natural resources.

It shall also ensure job creation and improvement of the rural population’s standard of living through its effective incorporation into forestry activities (actividades silviculturales) ….” For its part, as one of the core principles of Environmental Law (Derecho Ambiental) for protecting the natural environment and its elements, the precautionary principle (principio precautorio) applies to all human activity. The Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia explained the matter in judgment N°1923-2004: “XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle, also known as the principle of prudent avoidance. This principle is embodied in the United Nations Conference on Environment and Development, or Rio Declaration, which states literally: ‘Principle 15.- In order to protect the environment, States shall widely apply the precautionary approach according to their capabilities.

Where there is a danger of serious and irreversible damage, lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.’ Within the domestic legal system, Article 11 of the Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998) adopts the following principles as interpretive parameters (parámetros hermenéuticos): ‘1.- Preventive approach: It is recognized that anticipating, preventing, and addressing the causes of biodiversity loss or threats to it is vitally important. 2.- Precautionary approach or in dubio pro natura: When there is a danger or threat of serious or imminent harm to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protective measures.’ In Voto No. 1250-99 of this Chamber, issued at 11:24 on 19 de febrero de 1999 (reiterated in Votos Nos. 9773-00 at 9:44 on 3 de noviembre del 2000, 1711-01 at 16:32 on 27 de febrero del 2001, and 6322-03 at 14:14 on 3 de julio del 2003), this Court held as follows: ‘(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources.

Consequently, the guiding principle of prevention is founded on the need to take and implement all precautionary measures to avoid or contain possible harm to the environment or human health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted, including postponement of the activity concerned. This is because, in environmental matters, ex post facto enforcement is ineffective, since once socially harmful biological consequences have already occurred, punishment may have moral significance but will scarcely compensate for the damage caused to the environment.’ Subsequently, in Voto No. 3480-03 at 14:02 on 2 de mayo del 2003, this Court stated: ‘Properly understood, the precautionary principle refers to adopting measures not because the facts giving rise to a risk are unknown, but because there is no certainty that such facts will in fact cause harmful effects to the environment.’” The foregoing concepts are relevant in light of the appellant’s appeal, in which it claims that granting route one to the plaintiff company results in damage to the forest resource and associated ecosystem existing on its property, where a forest under conservation is present.

Having analyzed the evidence in the record, this Court does not agree with that argument or with the assertion that the decision was made without regard to the evidence submitted in the proceedings. First, it should be noted that the road recognized as the access route leading to the public road has been used for several decades and has existed at least since the year 1975, as stated in the judgment under appeal. It is not a new route that must be opened through a forest, since it already exists and was formerly used by those who owned the property that now belongs to the plaintiff in order to access their land. The appellant raises no objections regarding the judgment’s assessment of the testimonial evidence and therefore accepts the conclusions drawn from each of the testimonies described in the judgment under appeal. This Court agrees with those conclusions following a comprehensive review of those statements.

The witnesses consistently testified that the road identified as [Dirección7] in the expert evidence and the judgment under appeal is the road that has always remained in use and has existed for several decades. Witness [Nombre18], known as [Nombre19] (folio 115 and folio 464), stated, insofar as relevant, in both of his statements that for many years the road was used by landowners without any problem. He stated that he had owned, for 20 or 25 years in the past, the land comprising the property now owned by the plaintiff, and that he knew no problem had arisen regarding the use of that access route until the year 2009. For his part, [Nombre20] (folio 467) stated that he has known the property and the road for 40 years; his father, [Nombre13], had owned the plaintiff’s property, known as “[Nombre21],” and the property he now identifies as belonging to [Nombre2] was used as the access route from the public road, following the existing road.

He stated that his father sold it to [Nombre19] when the witness was 14 years old. Witness [Nombre22] testified that he had worked for [Nombre2] in 1990 and stated that the existing access could be used by neighbors without any impediment. He referred to [Nombre23] and [Nombre13], both surnamed [Nombre13], who were the previous owners of the landlocked property (fundo enclavado). All these witnesses testified consistently that the road already existing as an access route to the plaintiff’s property is the same one that the previous owners had always used to access the property now belonging to the plaintiff company. [Nombre24] testified to the same effect (folio 470), stating that this has always been the access route to the properties farther inside and that [Nombre25] granted permission to pass. These statements clearly establish that route one has existed for several decades as access from the property registered under [Placa4] of Guanacaste to the public road and has been used by its current and previous owners.

The judicial inspections (reconocimientos judiciales) of 23 de julio del 2011 (folio 48 a 49), 11 de febrero del 2011 (folio 104 a 109), and 8 de abril del 2013 (folio 425 y 426) record that this path exists and is surrounded by forest vegetation along its course, as detailed in the various records so stating. This may also be seen in the sketch at folio 548, entitled Plano Cobertura Boscosa sobre Rutas (folio 548), and in the description at folio 555, which states that the route passes through a forest area and consists of: “a road used for transit, work, and recreation (rural tourism), with average widths of 3 to 4 meters along its first 890 meters and an average width of two meters along the final 15 meters of the route. The entire surface is earth. (turned into mud because of the rainy season..., with a winding horizontal and vertical alignment due to the topography in some sections....” Given its longstanding existence and use as an access route, the objection that granting this route causes environmental damage cannot be accepted, because it is not a new element in that environment that would harm the forest vegetation, wildlife, or water resources.

This point is confirmed by the fact that [Nombre17] S.A. itself, which opposes recognition of [Dirección7] on the ground that it causes environmental damage, widened this route and partially modified it in order to remove timber from its land, all, as it stated, with the respective permits from the Ministerio de Ambiente y Energía to remove certain trees from its forested land. Those actions altered the original conditions of [Dirección11], since that record states (folio 425): “... During this section, it can be seen that the road has indeed been widened and modified as necessary to create a logging track (trocha), which the defendant states is used to remove timber; the defendant likewise states that it holds the corresponding permits, granted by [Nombre26], for that width of the road and that its intention is to allow natural regeneration along that section....” Accordingly, the environmental damage alleged in the appeal does not exist on that ground, since this route had already existed for many years.

As may be seen, the forest resource may be harvested by society, and this is permitted through legal regulation and oversight by means of the issuance of the respective permits by the competent entities designated by law. In our legal system, such use of forest resources is governed by Ley Forestal N. 7575 and its regulations.

It is appropriate to cite national environmental legal scholarship concerning the legal framework of forestry legislation, which sets forth the limits and restrictions on the right of ownership of properties with forest cover (cobertura boscosa). In this regard, given the private nature of the registered properties, they fall under the regime of private forest ownership (propiedad forestal privada), as a form of ownership subject to multiple limitations in the public environmental interest, restricting the powers of the owners of those properties. (Cabrera M. Jorge. Manual de Legislación Ambiental Costarricense. 2002. pag 159). That author states: “Ley Forestal No 7575... establishes in Article 1, as an essential and priority function of the State, the duty to ensure the conservation, protection, and management of natural forests, and the production, harvesting, industrialization, and promotion of the country’s forest resources intended for that purpose, in accordance with the principle of the appropriate and sustainable use of renewable natural resources.

It shall also ensure the creation of employment and improvement of the standard of living of the rural population through their effective incorporation into forestry activities.” (Op.cit. pág. 153). In this specific case, as reasoned in the judgment under appeal, the closure by the representatives of the defendant company of the existing road ([Dirección12]) used by the plaintiff to enter her property did not occur because of any abuse in its use or damage to the natural resources surrounding that access. Rather, it arose from the displeasure of the representatives of the Wilfma S.A. property upon learning that a survey plan had been prepared depicting an easement (servidumbre) five meters wide in favor of the plaintiff’s property. This was admitted in the confession evidence, in the response to the tenth question, which was contrary to their interests and reads: “Was it in the year two thousand ten that you closed the passage and denied its use to the plaintiff, leaving that property without access to a public road?” To which the response was: “Yes, I closed it because when they surveyed her property, they indicated on her plan that it was five meters wide, both at the entrance and the (sic) exit.” (folio 462).

It is therefore not apparent that the continued use of an already-existing road, which had for years provided access to the property currently owned by the plaintiff, causes any present or past environmental damage. Such use is not inconsistent with environmental protection, provided that it consists of appropriate passage in absolute respect for the right granted, without abuse in the exercise of the authority and conditions of passage conferred. This route is not granted because it was used in the past, since, pursuant to ordinal 379 of the Código Civil, acquisitive prescription (prescripción positiva) does not apply to discontinuous easements such as the one under consideration. Rather, various factors were weighed in granting it, principally safety. For that purpose, important elements from the topographical expert report (dictámen pericial topográfico) and the observations of the adjudicators were considered.

The plaintiff must pay the defendant the compensation ordered for this road area, to be determined during the judgment-enforcement stage (etapa de ejecución de sentencia). It is logical that all necessary works must comply with the applicable regulatory environmental laws. In this particular case, the corresponding permits must be requested if required by law. This is what the representatives of Wilfama S.A did at the appropriate time, when they were required to seek permits to remove trees from their land, widen the track, and even temporarily alter a stream channel, as described in the record at folio 425 cited, in order to use the extracted timber, all with the respective permits from the Ministerio de Ambiente y Energía. In the view of this Chamber, given the preexisting conditions demonstrating the safety of the route and the many years of use of that road within an area with forest cover, no damage is caused.

It has not been shown that damage has occurred or that a foreseeable risk exists solely because of that circumstance. Indeed, the existence of roads within forested areas is among the activities permitted by artículo 19 of Ley Forestal N. 7575 for the sustainable use of the resource. That provision states that residential houses, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges, and facilities intended for recreation, ecotourism, and other analogous improvements may be constructed on privately owned land and properties where forests are located. That same provision establishes the need to satisfy statutory technical requirements before the competent entity for the development of those and other activities in forests located on privately owned properties of a forest nature. What is absolutely prohibited is land-use change (cambio de uso de suelo), which is severely punished by law. As to the contention that other routes would not cause any environmental damage, the appellant is incorrect, because route two (which does not exist), proposed by the appellant defendant, is described in the expert report (folio 556) as beginning in a forested area, crossing the channel of a spring (ojo de agua), and commencing a steep, progressive ascent from that point.

Moreover, [Dirección13] (which do not exist) would require the performance of works from the starting point and present significant safety problems for the safe passage of people and animals. It should be noted that, regarding the third and fourth routes, the expert description identifies matters relating to the necessary demarcation and formal construction because no infrastructure currently exists, while also noting that access would be difficult during rainy periods due to the steep slopes and materials present in the area (mud). The judgment under appeal thoroughly analyzes the conditions of each route and weighs the best option, with LENGTH not being a determinative criterion in itself, but merely one factor to be considered against others, such as safety along the route, current conditions, topography, causing the least harm to the servient estate (fundo sirviente), and benefiting the dominant estate (fundo dominante).

(artículo 373 y 377 del Código Civil). Accordingly, the appellant’s argument that the shortest route must be recognized as the means of access cannot be accepted, because the other factors carry equal weight in the decision. The shortest route is [Dirección14], but it has the cited disadvantage of not existing, being located in a forested area at its beginning, and having a spring (naciente) along its course. The expert evidence further states that, on some sections of the route, there is an imminent danger to vehicular traffic due to slopes greater than or equal to 30%, (folio 557). The parties made no observations concerning the expert report when the trial court disclosed it to them, thereby accepting its contents regarding the conditions described for each of the routes considered therein, (resolución a folio 561). For the foregoing reasons, the appellant’s grounds of appeal concerning the alleged generation of environmental damage through recognition of the right-of-way obligation (obligación de paso) over the route identified as [Dirección7], on the terms recognized in the judgment under appeal, are rejected.

Nor does it appear that the conclusions of that decision were reached without proper grounds and explanation as to the factual and legal reasons, or without adherence to the evidentiary-assessment rules (reglas de sistema de valoración probatoria) established in artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria.

VII- On the other hand, the judgment is challenged on the ground that there is a contradiction regarding the width of the route recognized as providing access to a public road for the plaintiff’s property, because a width of three meters was authorized although there are sections that do not exceed two meters, as the court below (a quo) noted was observed during the judicial inspections (reconocimientos judiciales) and recorded in the judgments. That argument is rejected; the judgment must be interpreted in accordance with the actual conditions under which it is to be enforced and have effect. In the twentieth recital (considerando vigésimo), when route one is described, the following is stated regarding the width of that road: “The [Dirección15] one, due to the conditions through which it runs, cannot be widened beyond two meters. Therefore, even if the modified route of [Dirección16] were used, it could not be more than five meters wide, and in some sections it would be barely two meters wide (without gravel).” In the twenty-second recital (considerando vigésimo segundo), when analyzing the width to be granted, the court stated, based on Article 398 of the Civil Code, that a minimum of two meters and a maximum of six meters are permitted.

It reasoned that route one has sections that are difficult to traverse and would not allow a width greater than three meters, and that its owner acknowledged that, when passage was permitted, it was three meters wide. This was in addition to the widening carried out for the removal of trees harvested under the respective permits. The judgment subsequently continues explaining in this regard that, because this road is located on forested land, passage may be made on foot or horseback and, if weather conditions permit and the road is made passable without harming the surroundings or the environment, four-wheel-drive vehicles may be used; the width to be granted shall be three meters. That was the width granted for the route in the operative portion (parte dispositiva). It should be noted that the conditions of the route granted are those actually existing on the land, which is located on properties with irregular and winding topography and slopes of varying degrees (on both properties: the dominant estate (fundo dominante) and the servient estate (fundo sirviente)); accordingly, the three-meter width is the width that was granted in view of the findings from the judicial inspections and the expert report (pericia), which also describes it as having that width.

The judgment is therefore not contradictory in granting that width. If any section of the road is less than three meters wide because of the inherent nature of the road and the topography of that particular area, or because of natural changes occurring after the judgment, it would obviously be impossible to force the path to have a width of three meters merely because the judgment so ordered. Moreover, that is a matter pertaining to the actual enforcement of the judgment and resolution of the dispute. This Court finds no contradiction, nor does it find one regarding the type of four-wheel-drive vehicle that may be used by the plaintiff, since it has already been stated that such a vehicle may be used when weather conditions permit, provided that the road is passable and its use does not cause harm to the surroundings or the environment. Turning to another matter, regarding the safety of the various routes, the assessment made in the judgment concerning this characteristic, identified as “Passability and Hazardousness,” stated that all of them run over ungraveled ground and are passable on foot or horseback.

The judgment clarifies, based on the expert evidence (prueba pericial), that they could be traveled by four-wheel-drive vehicles, but this depends on weather and ground conditions, although vehicle travel entails danger. This applies to all routes. The court below found that, of all the routes, the most dangerous was route number two; the least dangerous was route number one; route four would rank second; and route three would rank third in terms of being less dangerous. Having analyzed the expert evidence, this Chamber confirms that route number one would indeed be the least dangerous because it has already been laid out and physically established. All of them present hazardous conditions along their courses depending on weather conditions. The expert evidence likewise describes all four options analyzed as passable throughout the year for persons, animals, or four-wheel-drive vehicles, although travel by the latter means is extremely difficult during the rainy season; there are also sharp curves, road widths of less than four meters, steep slopes, and mud.

For this Court, the fact that the expert evidence establishes the hazardousness of all routes at various times of the year and for the use of four-wheel-drive vehicles along certain sections, together with the fact that route one has already been physically established, has been used, and is already familiar to those who require it, means that it provides greater safety than a nonexistent route requiring works ancillary to the road surface, such as culverts and drainage ditches, which make it very difficult to foresee the final conditions that would result if a route other than [Dirección17] were selected. The judgment’s decision regarding safety is based on the technical expert evidence contained in the record. This ground of appeal is rejected.

VIII- Another contradiction alleged by the appellant is that [Dirección10] was granted and the judgment found that this would not cause environmental damage, yet it awarded damages, which must be understood as environmental damages even though the judgment does not say so. This Court disagrees with that assertion because, as explained, granting passage along the modified [Dirección7] continues the use of a road that has existed for several decades, thereby demonstrating its safety; furthermore, the judgment’s order to pay compensation for the land, including payment to the appellant, is intended to compensate for the right to use that portion of her property to enter the plaintiff’s own property due to its landlocked status (condición de enclave). It is consistent with the ruling that the resulting losses and damages (daños y perjuicios) must also be paid. Such losses and damages may be of various kinds and would have to be proven at the judgment-enforcement stage (etapa de ejecución de sentencia), if they can be established.

IX- For the reasons stated, pursuant to Articles 1 and 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria, sections 395 and 398 of the Civil Code, and sections 199 and 195 of the Code of Civil Procedure, applied supplementarily, the motion to annul (incidente de nulidad) service of the order admitting the appeal from the trial-court judgment shall be denied, and as to the matters appealed, the challenged judgment shall be affirmed.

POR TANTO

The motion to annul service of the order admitting the appeal from the trial-court judgment with suspensive effect is denied. As to the matters appealed, the judgment is affirmed.

[Nombre27] - DECIDING JUDGE [Nombre28] - JUDGE DECIDING JUDGE [Nombre29] - DECIDING JUDGE

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VOTO N° 025-F-17 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las ocho horas y cuarenta y ocho minutos del diecinueve de enero de dos mil diecisiete.- PROCESO ORDINARIO establecido por INDUSTRIAS SUEÑOS DE LA CRUZ LIMITADA, cédula jurídica CED1 - - , representada por gerente con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma [Nombre1] , mayor, casado, profesor, vecino de Barba de Heredia, cédula de identidad CED2 - - ; contra WILFAMA SOCIEDAD ANÓNIMA., cédula jurídica CED3 - - , representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma [Nombre2] , mayor, casado, comerciante, vecino de La Garita de La Cruz, Guanacaste, cédula de identidad CED4 - - ; BIENES RAÍCES BRISAS DEL NORTE LIMITADA, cédula jurídica CED5 - - , representada por [Nombre3] , casado, agricultor, vecino de San [Nombre4] de Flores de Heredia, cédula de identidad CED6 - - ; y [Nombre5] , cédula CED7 , ambos mayores; 3) [Nombre6] SAN SEBASTIÁN S.A., cédula jurídica CED8 - - , representada por [Nombre7] , mayor, casada, empresaria, cédula CED9 , vecina de La Cruz, Guanacaste; 4) [Nombre8] conocido como [Nombre8] , mayor, soltero, ganadero, vecino de Los Andes de La Garita, La Cruz, Guanacaste, cédula de identidad CED10 - - ; Actúa como apoderado especial judicial de la actora Industrias Sueños la Cruz, el licenciado Juan Pablo Bello Carranza, cédula de identidad CED11 - - , colegiado siete mil setecientos setenta y uno; de [Nombre6] San Sebastián, el letrado Wilberth Sánchez Huertas, colegiado siete mil ochocientos cuarenta y siete, del señor [Nombre8] , el letrado Rafael Arturo Montero Barrantes, cédula de identidad CED12 - - , colegiado siete mil seiscientos cincuenta y cinco; de la sociedad WILFAMA, el licenciado, Luis Ángel Salazar Ureña, colegiado ocho mil cincuenta y tres; de Bienes Raíces Brisas del Norte, la licenciada Xiomara Villegas Badilla, cédula de identidad CED13 - - , colegiada dieciséis mil novecientos sesenta y siete. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia.-

RESULTANDO:

  1. 1La parte actora interpone la presente demanda ordinaria estimada en la suma de treinta y mil de dólares, solicitando que se declare en sentencia lo siguiente:"1) Que se acoja la presente demanda en todos sus extremos.2) Que la finca inscrita en el Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de Guanacaste, Sistema de Folio Real bajo la Matrícula número 58778-000 es propiedad de Industrias Sueños de La Cruz S.A. desde el 23 de marzo de 2006;3) Que la finca inscrita en el Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de Guanacaste, Sistema de Folio Real bajo la Matrícula 30280-000 le pertenece a la sociedad demandada WILFAMA S.A. desde el 25 de setiembre de 1986, y le corresponde el plano Catastrado G-13-372-73.3) Que las fincas antes citadas, la número 58778-000 en el Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de Guanacaste, Sistema de Folio Real bajo la Matrícula Dichas fincas son colindantes entre sí y la de la actora está enclavada, haciéndose el ingreso por muchos años por un camino y/o servidumbre que atraviesa la [Dirección1] ;4) Desde que la actora adquirió la finca 58778-000, hasta aproximadamente el mes de junio del 2009, las relaciones entre los dueños de las fincas fueron normales, cordiales y amistosas, sin problemas ni inconvenientes para el ingreso de los personeros y colaboradores de la actora por la finca de WILFAMA;5) A fines de julio del 2009, los personeros de Industrias encontraron cerrado, con cadena y candado, el portón de entrada del camino y/o servidumbre, y a su regreso se encontraron con [Nombre2] y su hijo [Nombre4], quienes estaban molestos y disgustados porque en un plano catastrado se dibujaba una servidumbre y/o camino por medio de la finca de WILFAMA, con un ancho de cinco metros. En esa ocasión convinieron que serían los abogados de ambas partes los que dilucidarían el diferendo;6) En mayo del 2010, que llegó [Nombre9] , acompañado por oficiales del Comando Norte, [Nombre2] permitió el ingreso a regañadientes, porque iban miembros de la Fuerza Pública, y manifestó la servidumbre permanecería cerrada luego de esa visita;7) Ante esa situación, que se agravaba, la actora presentó proceso de prueba anticipada "mixtas" contra [Nombre2] , expediente 10-000109-387AG de este Juzgado. En ese proceso, dicho señor comunicó que la finca no era suya ni de su esposa, sino de la sociedad WILFAMA, lo cual se ignoraba;8) En esas diligencias se señaló para recibir prueba y como las manifestaciones de [Nombre2] fueron a última hora, cuando se llegó al lugar las diligencias eran contra él en lo personal, siendo la finca de WILFAMA, de quien tal era su presidente y representante legal;9) Por eso las pruebas no se recibieron, a excepción de la "inspección ocular", en la cual todas las partes estuvieron de acuerdo, y con ello se constató el cierre, hecho por [Nombre2], del espacio que ocupaba el portón de entrada del camino y/o servidumbre, con postes y cinco hilos de alambre;10) Se debe obligar a la sociedad WILFAMA a eliminar de un modo total y completo cualquier obstáculo, valla, cerca, muro y otro objeto físico o material que impida, obstaculice o dificulte el libre tránsito de personas, animales o vehículos por el camino y/o servidumbre que atraviesa su finca;11) Es claro que la actitud y conducta de los representantes de WILFAMA es maliciosa y abusiva, sin justificación válida ni aceptable para sustentar su proceder arbitrario e ilegítimo;12) Se aperciba a WILFAMA evite incurrir en conductas provocativas, amenazantes, intimatorias y molestas hacia las personas que por cualquier motivo necesiten hacer uso del camino y/o servidumbre trazada sobre la finca de la sociedad WILFAMA;13) Se condene en costas a WILFAMA (fs. 21 a 23 y 57). Se aclara se han desglosado únicamente lo que como petitorias mantuvo la parte actora en su memorial de 12 de octubre de 2010 (f.57), dado que originalmente incluía aún más hechos y consideraciones jurídicas en el aparte que tituló petitorias, por lo que se le previno, dada la forma poco técnica de desglosarlas, que las aclarase y excluyese lo que legalmente no lo eran. Pese a lo prevenido, no excluyó gran cantidad de hechos, como lo son los puntos señalados 1 a 9 y la 11 que es una consideración jurídica, por lo que técnicamente como petitorias deben tenerse únicamente: parcialmente la 3 (en cuanto a que se declare la finca de la actora está enclavada), la 10, 11, 12 y 13 (puntos subrayados). Los restantes ítems son hechos o bien conclusiones jurídicas de la parte actora. En ese mismo memorial adicionó y modificó como petitorias lo que sigue, pero siempre incurriendo en el error de incluir hechos dentro de las pretensiones:14) La actora obtuvo una constancia de la Municipalidad de La Cruz, en la que se consigna que el acceso demarcado en el plano G-1160209-2007, ruta que conduce de La Garita a Los Andes de La Cruz, conocida como "Oro Verde", es calle pública;15) Dicho acceso es el mismo que por muchos años, vecinos de la zona y otras personas han utilizado de un modo frecuente y permanente para trasladarse de La Garita a Los Andes;16) [Nombre2] , sin motivo, endureció (sic) su posición e hizo ver que por su finca no pasaba nadie hacia la de la actora, y en ese momento se creía que los dueños eran tal y su esposa.17) [Nombre10] se tuviese por aclarado que la naturaleza del acceso, que según los registros municipales, es camino público y así pide sea declarado por el Despacho (petitoria desacumulada) (fs. 57 y 58). Nuevamente, dada las confusiones y adiciones realizadas por la actora, se le previene aclarar sus pretensiones (f.110) y se le ordenó desacumular la petitoria 17, por no ser competencia de los tribunales agrarios. En memorial de 1 de marzo de 2011, la actora aclara que la naturaleza de la ruta en litigio es camino y así debe entenderse para el proceso, y se ha tenido siempre como una servidumbre, por usarse por años, pero no está inscrita en el Registro Público (fs.118, 128).", (ampliación de la demanda a folios 84 al 86).-
  2. 2La demanda fue planteada originalmente por Sueños de la Cruz S.A., cédula jurídica CED14, representada por el señor [Nombre11] , pero en mayo del 2011, se apersona Industrias Sueños de La Cruz Limitada, e indican que tal se fusionó con la actora original, prevaleciendo aquella, para que se rectificase en adelante el nombre de quien debía tenerse como parte actora (fs.157, 168, 193, 225, 232).
  3. 3La sociedad WILFAMA S.A,, contesto la demanda incoada en su contra de forma extemporánea, e interpuso la excepción de litis consorcio pasiva necesaria.- (folios 73 a 81 y 83).-
  4. 4En resolución del 18 de marzo del 2011 se ordenó a la actora integrar la litis consorcio pasiva necesaria contra los colindantes de la finca que alega está enclavada, dado que durante el reconocimiento judicial para cautelar, el demandado original reclamó que podían existir otras rutas para ingresar a la finca de la actora. Se le previno demandase a quienes ella citó como colindantes: [Nombre12] , [Nombre13] y [Nombre14] (fs. 128, 129). Posteriormente la parte actora aclaró que sus colindantes eran: norte: Bienes Raíces Brisas del Norte Ltda.; sur y este: WILFAMA y oeste: [Nombre6] San Sebastián S.A., por lo que se tuvo por corregido era contra los actuales colindantes debía integrar la litis (fs.136 y 137).
  5. 5La actora integró la litis consorcio contra BRISAS, [Nombre6] (fs. 147 a 150,156 a 159, 166, 167, 168, 181 a 184, 228 a 230, 232 a 234, 243). Como pretensiones concretas contra tales se indicó: 1) Dado que no se conoce camino alguno de acceso a calle pública, se realice inspección para determinar una salida de la finca [Dirección2] de Guanacaste (de BRISAS) y subsidiariamente sobre la finca [Dirección3] (de Ganadera), ambas de Guanacaste, que no requiera también de acceso por otras terceras fincas. 2) Se inscriba servidumbre de paso por las fincas referidas, subsidiariamente sobre la de Ganadera, de conformidad con esa inspección (fs. 233 y 243).
  6. 6La sociedad [Nombre6] San Sebastián, contestó negativamente la demanda e interpuso las excepciones de falta de legitimación, falta de derecho, falta de interés actual y la frase genérica sine actione agit (f.275). Asimismo la sociedad Brisas del Norte Limitada, contestó negativamente la acción planteada sin interponer excepciones. (folios 290 a 292).-

7- El Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, en resolución de las catorce horas y dieciséis minutos del treinta y uno de agosto del dos mil doce, ordenó a la parte actora integrar la litis consorcio contra [Nombre8] y [Nombre15] . (fs.325 y 340)

  1. 8La sociedad actora, integró la litis consorcio contra [Nombre8] y [Nombre15] , solicitando que en sentencia se declare: " se establezca una servidumbre de paso a favor del fundo propiedad de mi representada, la cual discurriría, suponemos que en el sentido norte, primero por la finca propiedad de Bienes Raíces del Norte y posteriormente a través de la finca supuestamente propiedad del señor [Nombre16] (f.333 a 366). Contra el señor [Nombre15] solicito: " se establezca una servidumbre de paso a favor del fundo propiedad de mi representada, la cual discurriría, suponemos que en el sentido norte, primero por la finca propiedad de Bienes Raíces del Norte y posteriormente a través de la finca supuestamente propiedad del señor [Nombre15] (folio 373)..-
  2. 9El demandado [Nombre8] , contestó negativamente la demanda interpuesta en su contra e interpuso las excepciones de falta de legitimación, falta de derecho, falta de interés actual y la frase genérica sine actione agit (folio 393 a 396). Asimismo el demando [Nombre15] contestó e interpuso excepciones de falta de derecho, falta de legitimación, falta de interés actual y la frase genérica sine actione agit (f.399), pero la pero la actora desistió en su contra, lo cual se acogió el veinte de junio del 2013 (f.466).
  3. 10La jueza Ruth Alpízar Rodríguez, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, mediante la sentencia Nº 139- S-2015, de las quince horas del uno de junio del año dos mil quince, resolvió: “POR TANTO: A) DEMANDA DE INDUSTRIAS SUEÑOS DE LA CRUZ LIMITADA CONTRA BIENES RAÍCES BRISAS DEL NORTE LIMITADA, [Nombre6] SAN SEBASTIÁN S.A. Y [Nombre8] : Se rechazan las excepciones de FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA Y FALTA DE INTERÉS ACTUAL, y se acoge parcialmente la de FALTA DE DERECHO, todas comprendidas dentro de lo que incorrectamente se plantea como fórmula SINE ACTIONE AGIT, planteadas por [Nombre6] y [Nombre8] . Se declara SIN LUGAR la demanda en todos sus extremos contra dichos codemandados, sin especial condenatoria en costas. B) DEMANDA DE INDUSTRIAS SUEÑOS DE LA CRUZ LIMITADA CONTRA WILFAMA S.A.: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda, en la forma que se dirá, entendiéndose denegado lo que expresamente no se conceda y por modificado lo que no se conceda en la forma expresa pedida en la demanda (se aclara que con respecto a lo indicado en la demanda como petitorias 1, 2, parcialmente la 3 -en cuanto las colindancias de los terrenos-, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 a 16 no se realiza pronunciamiento por innecesario, por no se técnicamente petitorias, sino hechos propios de la demanda y consideraciones jurídicas de la parte actora):1) Por ser fundo enclavado la finca de Guanacaste número cincuenta y ocho mil setecientos setenta y ocho-cero cero cero se concede obligación de paso a favor de dicho terreno y en contra de la finca de Guanacaste treinta mil doscientos ochenta-cero cero cero. Por ende, deberá Wilfama S.A., como propietaria registral del fundo sirviente abstenerse de impedir el paso por la ruta que se concede, para lo cual deberá permitir el acceso por el portillo de entrada, eliminando los alambres u otros obstáculos que impidan hacerlo. Para ello se le concede el plazo de UN DÍA a partir de la firmeza de esta sentencia, con apercibimiento de que en caso de no hacerlo, queda autorizada la parte vencedora para hacerlo, con costos a cargo de Wilfama S.A. La ruta que se concede como obligación de paso es la denominada en autos "[Dirección4] ", con las modificaciones de trayecto que Wilfama hizo en el dos mil once, la cual se describe así: largo: novecientos dos metros de largo; ancho: tres metros; dirección (rumbos): Va de suroeste hacia el noreste y luego hacia el norte, con trazo horizontal y vertical sinuoso, iniciando en una puerta falsa de cinco metros de ancho frente a la calle pública de lastre que va de La Garita a Cárdenas de Nicaragua, Los Andes y San Fernando, hasta llegar a la colindancia sur de la finca de la actora, en la cual existe una puerta falsa y pasa la Quebrada Carmen; fin: paso a pie, a caballo o similares o con vehículo de doble tracción siempre que las condiciones climáticas y de suelo lo permitan y no se dañe el entorno del trayecto; fundo sirviente: CED15 , a nombre de Wilfama S.A.; fundo dominante : CED16 a nombre de Industrias Sueños de La Cruz Limitada; estimación: por no constar en autos datos para estimar este gravamen, se fijará en la etapa de ejecución de sentencia.2) Deberá la parte actora indemnizar a Wilfama S.A. el valor del terreno necesario por el cual transcurre el paso concedido y todo otro perjuicio que tal conlleve, lo cual se fijará en el proceso de ejecución de sentencia.3) Se resuelve este asunto respecto de dichas partes sin especial condenatoria en costas. Una vez firme esta sentencia y por concederse el paso en forma definitiva a través de la ruta uno, como gravamen de obligación de paso, queda sin efecto la medida cautelar impuesta en resolución 22-A-2011 del 7 de marzo de 2011.", (folios 598 frente y vuelto).-
  4. 11El señor [Nombre2] , representante de la sociedad Wilfama S.A., interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyo para refutar la tesis del juzgado de instancia, (folios 599 a 601).-
  5. 12En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se observa la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-

Redacta la jueza Castro García; y,

CONSIDERANDO.

I- Incidente de nulidad de notificación del auto de las 10:10 minutos del 17 de junio del 2015 incoado por Bienes Raíces Brisas del Norte S.A. La parte citada interpone la incidencia ante esta instancia (expediente digital/escritos/fecha 9 de octubre del 2015) señalando que el auto referido no le fue debidamente notificado al medio de facsímil que fijó y se apersonaba ante esta instancia a presentar los alegatos que refutan los agravios contra el fallo de instancia expresados en el recurso de apelación que se conoce por esta sede. Analizado lo actuado, se determina que si bien se corrobora que ese auto que admite en efecto suspensivo ante esta Cámara se notifica a otro medio (listado de notificaciones a folio 603), tal situación no conlleva al dictado de una nulidad procesal, al no haberse causado a ninguna de las partes indefensión o transgresión al derecho de defensa. Lo anterior en aplicación del numeral 199, 194 y 196 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente a esta materia.

El auto erróneamente notificado es el que admite la apelación en el efecto suspensivo contra la sentencia de primera instancia emitida, que fue interpuesto por [Nombre2] ante este Tribunal. No existe una etapa procesal en el proceso agrario en el que deba darse audiencia de los alegatos que las partes exponen contra los recursos que se presentan contra la sentencia de primera instancia, aún y cuando se encuentran en la libertad de aportar los argumentos que estimen necesarios a sus intereses.( artículos 501 y 502 del Código de Trabajo). Por lo que la notificación de ese auto en otro medio de facsímil no causa indefensión alguna y debe ser rechazado el incidente de nulidad de notificación reclamado.

II- Hechos Probados. Se avalan los hechos probados de la sentencia apelada, por estas sustentados en elementos probatorios que constan en autos.

III- Hechos no probados. Se comparten los hechos no probados de la resolución recurrida por no haberse aportado prueba a los autos que reflejen otra realidad fáctica.

IV- Agravios. La sociedad Wilfama S.A. mediante su apoderado especial judicial, interpone recurso de apelación (folio 599 Tomo II) contra la sentencia de primera instancia N. 139-S-2015 de las quince horas del 1 de junio del 2015 (folio 575 Tomo II). Como motivos de disconformidad expone los siguientes: 1) el proceso se interpone por Sueños de La Cruz S.A. con la finalidad de que se concediera salida a calle pública a la finca matrícula [Placa1] que esta en condición de enclave. Se logra determinar que existen dos terrenos que pueden brindar esa salida, el inmueble matrícula [Placa2] de su propiedad y la de [Nombre6] San Sebastián S.A. matrícula [Placa3]. Expone, debe de considerarse con mayor importancia la prueba pericial que se brinda a la persona juzgadora la oportunidad de contar con un criterio amplio y resolver conforme a derecho. No comparte la decisión vertida en la sentencia que debe sustentarse en un análisis lógico de toda la prueba.

Señala, del dictamen pericial se concluye la existencia de cuatro rutas posibles como salida a la finca de la sociedad actora: La numerada uno, pasa por la finca de su representada que atraviesa un bosque virgen, la número dos que transcurre en la finca [Nombre6] propiedad de [Nombre6] San Sebastián S.A., y cruza por un potrero, sin que afecte las zonas boscosas. Las propuestas por el perito judicial, corresponden a la [Dirección5] . Pasa por la finca de la apelante Wilfama S.A. y la número cuatro, ubicada por la finca de [Nombre6] San Sebastián S.A. 2). Expone, se decanta la sentencia por otorgar salida afectando el recurso boscoso que ha destinado a la protección del bosque, la fauna y vegetación. En tal bosque existen manantiales que pasan por esa área en forma descendiente, que se afectan con lo resuelto al otorgar la [Dirección6] . Aduce, es deber de la persona juzgadora velar por la protección del medio ambiente.

En la sentencia se cita que por la [Dirección7] pasan varios cauces (secos en febrero del 2011) y una quebrada. Se citó, que el paso en el 2011 era angosto de máximo tres metros y se reduce a un metro en algunos puntos, posibilitando el paso solamente a caballo. Alega, las condiciones vistas en la primera inspección en el verano del 2011, donde el recurso hídrico no estaba es diverso al observado en la segunda inspección. Se visualizó barro en esa zona y los caballos quedaron varados en el zuampo. Ello denota la condición boscosa y virgen de la ruta. Situación a la que no se le brindó importancia en el fallo apelado. Estima, la más mínima posibilidad de dañar los recursos debieron conducir al rechazo de esa ruta como posible salida. Refuta al respecto, en la pieza apelada se señaló que fue el mismo apelante quien había ampliado el camino, como efectivamente sucedió y era para sacar madera con los respectivos permisos. Pero por las condiciones naturales actuales del bosque se encuentra totalmente virgen otra vez.

  • 3)Estima, se entra en contradicción en la sentencia cuando resuelve que al utilizarse la ruta uno no podría tener un ancho mayor a los cinco metros y en algunos sectores apenas de dos metros. Es la juzgadora que resolvió quien conoció de las dificultades del camino para poderlo utilizar para transitar en vehículo sin dañar el medio ambiente, pero termina otorgando tres metros de ancho al eventual derecho de paso, cuando anteriormente razona que no es posible ampliar a más de dos metros.
  • 4)Otra contradicción es el haberse considerado que al reconocerse el derecho a esa ruta no daña el ambiente, cuando se señalo en el fallo: " deberá la parte actora indemnizar a la codemandada [Nombre17] el valor del terreno necesario por el cual transcurre el paso concedido y todo otro perjuicio que tal conlleve." Indica, es evidente que esos perjuicios se refieren al ambiente, pues por la naturaleza de lo solicitado en este proceso, además del apelante, solo el ambiente se vería perjudicado.
  • 5)Estima, de la pericia rendida se deduce que la ruta más conveniente en la número dos, pues en el fallo se indicó sobre la misma, no tenía pendientes, accidentes geográficos que imposibiliten el paso con la infraestructura y el trazado para materializarla, amén que el trayecto puede ser recorrido con personas, animales y vehículos de doble tracción.
  • 6)Califica de omisa la sentencia en cuanto al análisis del tipo de vehículo que podría utilizar el paso, pues la palabra doble tracción es muy amplia y podrían incluirse vehículos de doble tracción que produciría daños al bosque del que ya se causaría por el paso. Considera que la [Dirección8] es la conveniente por sus condiciones geográficas y ser más corta. Incluso, acota, la tres y cuatro si se pretende proteger el medio ambiente; como es la obligación legal de las personas juzgadoras. Pide sea revocado lo fallado y se conceda la salida a la finca de la actora por la [Dirección9] , aptas para el mismo fin, sin perjuicio al ambiente que ha cuidado en forma responsable.

V- La inconformidad de la sociedad apelante se centra en su desacuerdo respecto a la ruta elegida en sentencia como conveniente para dar salida suficiente a calle pública a la finca de la actora matrícula [Placa4] de Guanacaste. Al esgrimir que el uso de la ruta identificada como [Dirección10] , perjudicará el entorno natural boscoso, sus elementos y que por esa razón debió haberse rechazado el otorgar ese camino de acceso. Señala en su recurso, acorde con lo arrojado en la prueba pericial, debió haberse concedido el paso por la [Dirección8] que es la más corta, o bien tres o cuatro para tutelar el medio ambiente. Invoca en forma general, la sentencia se aparta del acervo probatorio, y entra en contradicciones. De las cuales cita dos: a) en cuanto al ancho concedido en la [Dirección10] , pues señaló que en sectores no tenía más de un metro y concedió tres metros de ancho. b) Concede la [Dirección7] como salida por no dañar el ambiente, pero obliga a indemnizar a la actora de todo daño y perjuicio que conlleve; siendo lógicamente una referencia al ambiente el perjuicio, aunque no se indicó en forma expresa. Achaca de omisa la sentencia al no aclarar que tipo de vehículo de doble tracción que se autoriza a utilizar en ese camino concedido, siendo que sería posible la utilización de medios de este transporte que produzca daños adicionales.

VI- Se combate que con la declaratoria del derecho de paso por la denominada [Dirección7] se produce un daño ambiental a los elementos existentes en ese ecosistema específico, al reconocerse un camino en medio de un bosque que denomina "virgen". Señalándose además en la pieza que apela, resulta más conveniente a los intereses ambientales otorgar otra de las rutas expuestas en el peritaje, al no causarse con ello daño ambiental alguno. Del análisis de ese agravio y lo resuelto, no se comparte el argumento. Cabe acotarse que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una definición de daño ambiental, no obstante a partir del artículo 50 constitucional y su más cercano desarrollo legal, sea la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo dos establece que el daño ambiental constituye: "un delito de carácter social, al afectarse las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras".

En protección del ambiente se ha decretado el bloque normativo tutelar del medio ambiente, alimentado por normas nacionales e internacionales, las cuales rigen las actuaciones humanas que pueden provocar los desequilibrios ecosistémicos que pretenden ser evitados, disminuidos o mitigados. Es decir, que alteren la línea base del ambiente. De los conceptos que se han expuesto del término daño ambiental a nivel doctrinal o jurisprudencial, podría entenderse como los actos u omisiones del ser humano que causan deterioro o contaminación del medio ambiente que le rodea. Mismo que le afecta en forma individual y colectiva como sociedad. La Ley Orgánica del Ambiente prescribe en el artículo 59 que contaminación del ambiente se entiende como: " toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación.

La descarga y la emisión de contaminantes, se ajustará, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental”. Por su parte, dado que lo que se apela es tema de existencia de bosque, la Ley Forestal número 7575 determina en su artículo primero como función estatal: “velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velará por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales …”. Por su parte, como uno de los principios medulares del Derecho Ambiental para la tutela del entorno natural y sus elementos, el principio precautorio resulta aplicable a toda actividad humana.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia N°1923-2004, explicó al respecto: "XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”.

En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”.

Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Los conceptos anteriormente citados cobran relevancia dada la apelación del recurrente, cuando invoca que el haber concedido la ruta uno a la sociedad actora conduce a la producción de un daño al recurso forestal y ecosistema asociado existente en su finca al existir bosque en conservación. Analizada la prueba en autos, no comparte este Tribunal su argumento ni que la decisión hubiera sido tomada alejada de la prueba aportada al proceso. En primer lugar nótese que el camino reconocido como ruta de acceso de salida a calle pública, ha sido el utilizado desde hacer varias décadas y ha existido al menos desde el año 1975.

Tal y como se afirmó en la sentencia recurrida. No es una ruta nueva que deba abrirse dentro de un bosque, pues existe y ha sido utilizada por quienes han sido los dueños de las finca que actualmente pertenece a la actora, para poder ingresar a su terreno antiguamente. No existen reproches por la apelante sobre la valoración que se hace en la sentencia sobre la prueba testimonial, por lo que se conforma el recurrente con las conclusiones de cada uno de los testimonios expuestos en el fallo apelado. Tales son compartidos por esta Sede, luego de la revisión integral de esas declaraciones. Los testigos declararon en forma coincidente en que el camino identificado como la [Dirección7] en la prueba pericial y en la sentencia apelada, es el que siempre se mantuvo en uso y ha existido desde hace varias décadas. El testigo [Nombre18] conocido como [Nombre19] (folio 115 y folio 464) manifestó en lo que interesa en sus dos declaraciones, por muchos años el camino se utilizó por finqueros sin problema alguno.

Señaló, haber sido dueño por 20 o 25 años en tiempos pasados del terreno de la finca actualmente de la actora y saber nunca medió problema por el uso de esa ruta de acceso hasta el año 2009. Por su parte, [Nombre20] (folio 467), describió que conoce el fundo y el camino desde hace 40 años, su padre [Nombre13] había sido dueño del fundo de la actora que se le conoce como "[Nombre21]" y como ruta de acceso desde calle pública se utilizaba la finca que actualmente identifica como de [Nombre2] por el camino existente. Señaló vendió su papá a [Nombre19] , cuando tenía el testigo 14 años de edad. El testigo [Nombre22] , depuso haber trabajado para [Nombre2] en 1990 y afirmó el acceso que existe podía ser utilizado por los vecinos sin impedimento alguno. Haciendo alusión a [Nombre23] y [Nombre13], ambos de apellido [Nombre13] que eran los dueños anterior del fundo enclavado. Todos estos testigos rinden declaración de forma coincidente esa vía que ya existe como ruta de acceso a la finca de la actora, es la que siempre los anteriores dueños habían utilizado, como ruta de acceso a la finca que pertenece actualmente a la sociedad accionante.

En igual sentido declara [Nombre24] (folio 470), cuando manifiesta esa es la ruta de ingreso de siempre a las fincas que quedan adentro, que [Nombre25] daba permiso de paso. Con tales deposiciones es posible concluir con claridad la ruta uno ha existido como vía de acceso a calle pública de la finca matrícula [Placa4] de Guanacaste por su actual dueña y los anteriores hace ya varias décadas. En los reconocimientos judiciales del 23 de julio del 2011 (folio 48 a 49), 11 de febrero del 2011 (folio 104 a 109) y 8 de abril del 2013 (folio 425 y 426) se deja constancia que esa senda existe y esta rodeada por vegetación boscosa en su recorrido, según se detalla en las diversas actas que así lo refieren. Ello se observa también en el croquis de folio 548 denominado Plano Cobertura Boscosa sobre Rutas (folio 548) y la descripción de folio 555 que indica que la ruta transita en zona de bosque y corresponde a: " un camino de uso de transito, trabajo y recreación ( turismo rural) con anchos promedio de 3 a 4 metros en sus primero 890 metros y los últimos 15 metros del recorrido a un camino de dos metros en promedio.

La totalidad de la superficie de tierra. (convertido en barro debido a la temporada lluviosa.. , de trazo horizontal y vertical sinuoso, debido a su topografía en algunos sectores....". Dada su existencia y uso desde el pasado como ruta de acceso, no resulta de recibo el reproche de que otorgar esta ruta causa un daño al ambiente, pues no es un elemento nuevo en ese entorno que perjudicara la vegetación boscosa, la fauna o el recurso hídrico. Tal punto se confirma en el hecho que la misma [Nombre17] S.A. que se opone al reconocimiento de la [Dirección7] por producir daños ambientales, procedió a ampliar esta ruta y modificarla en parte, para poder extraer madera de su terreno, todo, según lo afirmó, con los respectivos permisos del Ministerio de Ambiente y Energía para extraer algunos árboles de su terreno boscoso. Tales hechos cambiaron las condiciones originales de la [Dirección11] , pues en esa acta se consignó ( folio 425) :" ...

Se aprecia durante este trayecto que efectivamente se ha ampliado y modificado el camino lo necesario para la realización de una trocha, la cual indica la parte demandada es utilizada para sacar madera, igualmente manifiesta dicha accionada que cuenta con los permisos correspondientes , que otorga [Nombre26] para dicha anchura del camino y que su intención es la regeneración natural en dicho trayecto... ". Es así, que los daños al ambiente invocados en la apelación no existen por esa causa. Pues es la ruta existente muchos años antes. Como se observa, el recurso forestal es susceptible de ser aprovechado por la sociedad y ello se permite mediante la regulación y control legal a través de la expedición de los respectivos permisos por los entes competentes definidos por Ley. En nuestro sistema legal, esa actividad del recurso boscoso es regido mediante la Ley Forestal N. 7575 y su reglamento.

Cabe citar la doctrina nacional ambiental nacional respecto al marco jurídico de legislación forestal, que expone los límites y limitaciones al derecho de propiedad de fundos con cobertura boscosa. Se indica al respecto, dado el carácter privado de las fincas inscritas, se entra en el régimen de propiedad forestal privada, como forma de propiedad sujeta a múltiples límites de interés público ambiental, restringiéndose la facultades de las personas dueñas de esos inmuebles. (Cabrera M. Jorge. Manual de Legislación Ambiental Costarricense. 2002. pag 159). Se señala por ese autor : " La Ley Forestal No 7575.. establece en su artículo 1 como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales, y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recurso naturales renovables.

Además velará por por la generación de empleo, y el incremento del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales. " (Op.cit. pág. 153). En este caso concreto, tal y como se razona en el fallo apelado, el cierre del camino ([Dirección12] ) existente por parte de los personeros de la sociedad demandada a la actora para el ingreso a su finca, no ocurre por razones de abuso en el uso de tal o daños a los recursos naturales existentes en el entorno de ese acceso. Sino por disgusto de los apoderados de la finca de Wilfma S.A. por haberse enterado de la confección de un plano que dibujaba una servidumbre a favor de la finca de la actora con un ancho de cinco metros. Así fue aceptado en la prueba confesional en la respuesta a la pregunta décima, que fue contraria a sus intereses, que reza: " Que en el año dos mil diez es cuando usted cierra el paso y le impide el mismo a la parte actora, dejando ese fundo incomunicado a calle pública?: a la que respondió: "Si yo lo cerré, porque cuando midieron su finca pusieron en su plano, que tenía cinco metros de ancho, tanto en la entrada como el ( sic) salida."( folio 462).

Por lo que no se vislumbra que la continuación en el uso de un camino ya existente y destinado desde años antes a dar acceso a la finca actualmente propiedad de la actora, sea causa generadora de un daño ambiental actual o anterior. Ese uso no riñe con la protección del ambiente, siempre y cuando sea el de transitar de forma adecuada y en respeto absoluto del derecho conferido, sin poder abusarse en el ejercicio de la facultad y condiciones de paso concedido. No se otorga esa ruta, por haberse ejercido un uso de la misma en el pasado, pues acorde con el ordinal 379 del Código Civil, en servidumbres discontinuas como la que es objeto de estudio, no opera la prescripción positiva. Sino que medió la ponderación de diversos elementos en su concesión, y principalmente el de seguridad. Para ello se consideraron elementos de importancia del dictámen pericial topográfico y lo observado por las personas juzgadoras.

Por esa zona de camino se deberá pagar la indemnización ordenada la actora a favor de la demandada, a ser definida en la etapa de ejecución de sentencia. Resulta lógico que todas las obras que sean necesarias realizar, deben ajustarse a las normas legales ambientales regulatorias aplicables. Debiendo en el caso particular, ser solicitados los permisos correspondientes, si así lo exige la Ley. Tal y como en su oportunidad lo hicieron los apoderados de Wilfama S.A, cuando debieron pedir permisos para extraer árboles de su terreno, ampliar la trocha y aún modificar temporalmente un cauce de quebrada, según se describe en el acta del folio 425 citada para lograr aprovechar la madera extraída, todo con los respectivos permisos del Ministerio de Ambiente y Energía. Para esta Cámara, bajo las condiciones de la preexistencia que demuestran la seguridad de la ruta y uso por muchos años de ese camino dentro de una zona con cobertura forestal, no se causa daño alguno.

Pues no se ha demostrado se haya ocasionado o existe riesgo previsible solo por esa circunstancia. De hecho, la existencia de caminos dentro de zonas cubiertas por bosques, constituyen una de las actividades permitidas por el artículo 19 de la Ley Forestal N. 7575 en aras del uso sostenible del recurso. Tal norma cita, se permite construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. Esa misma norma señala la necesidad de llenar requisitos legales técnicos ante el ente competente para el desarrollo de esas y otras actividades en bosques ubicados en fincas de particulares de naturaleza forestal. Lo que se prohíbe en forma absoluta es el cambio de uso de suelo, fuertemente sancionado por Ley. Respecto a que otras rutas no producirían daño ambiental alguno, no lleva razón pues la ruta dos (no existente) que es la propuesta por la parte demandada apelante, es descrita en el informe pericial (folio 556) como que iniciaría en zona boscosa y pasaría por un cauce de ojo de agua e inicia a partir de ese punto un ascenso fuerte progresivo.

Por otra parte, la [Dirección13] (inexistentes ) requerirían la ejecución de obras, desde el punto de partida y tienen problemas de seguridad importantes para el tránsito seguro de personas y animales. Nótese que sobre la tercera y cuarta ruta, se presentan en la descripción pericial aspectos referidos a la necesaria demarcación y construcción formal, al no existir infraestructura actual pero que presentaría dificultades de acceso en épocas lluviosas dadas las características de sus fuertes pendientes y materiales presentes en la zona (lodos). En la sentencia apelada se analizan profundamente las condiciones de cada una de las rutas y se pondera la mejor opción, no siendo LA LONGITUD un criterio determinante por sí solo, sino uno más que deben confrontarse con otros como seguridad en el recorrido, condiciones actuales, topografía, el que cauce menores perjuicios al fundo sirviente y beneficie al dominante.

(artículo 373 y 377 del Código Civil). Por ello, no es posible dar razón al recurrente, donde indica que la ruta más corta es la que debe reconocerse como salida, pues los demás factores pesan de igual forma en la decisión. La ruta de menor distancia es la [Dirección14] , pero tiene el inconveniente citado de no existir, ubicarse en zona boscosa al inicio y tener una naciente en su recorrido. Además de señalarse en la prueba pericial que en algunos tramos de la ruta se presenta peligro inminente para el tránsito de vehículos debido a pendientes mayores o iguales al 30%, (folio 557). A la pericia rendida no se le hicieron observaciones por las partes cuando el juzgado de instancia la puso en conocimiento, conformándose con su contenido en cuanto a las condiciones descritas de cada una de las rutas que allí se consideraron, (resolución a folio 561). Por lo anteriormente expuesto, se rechazan los agravios de la recurrente en cuanto el tema de la generación de daño ambiental con el reconocimiento de la obligación de paso por la denominada [Dirección7] en los términos reconocidos en la sentencia apelada.

Tampoco se denota que las conclusiones de esa decisión hayan surgido sin estar debidamente fundado y explicado en cuanto a las razones de hecho y derecho y en apego a las reglas de sistema de valoración probatoria del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria.

VII- Por otra parte, se recurre el fallo citando que hay contradicción en cuanto al ancho de la ruta reconocida como salida a calle pública a la finca de la actora, pues se autorizó un ancho de tres metros y existen tramos que no superan los dos metros, según lo señaló la a quo se observó en los reconocimientos judiciales y se consignó en los fallos. Se rechaza ese argumento, el fallo debe ser interpretado conforme la realidad en la cual se ha de ejecutar y surtir efectos. En el considerando vigésimo, cuando se describe la ruta uno se indica respecto al ancho de ese camino que: " la [Dirección15] uno por las condiciones por las que transcurre, no puede ensancharse más de dos metros.. Por ende , aún cuando se utilizace el trayecto modificado de la [Dirección16] , no podría tener un ancho mayor a los cinco metros, y en algunos sectores apenas de dos metros (sin lastre)." En el considerando vigésimo segundo al analizar el ancho a otorgar, señaló con fundamento en el artículo 398 del Código Civil que se permite un mínimo de dos metros y máximo de seis.

Razonando que la ruta uno tiene sectores de difícil tránsito que no permitirían más de tres metros de ancho y que su titular aceptó que cuando permitió el paso lo era de tres metros. Aunado a la ampliación que hizo para la extracción de los árboles que aprovechó con los permisos respectivos. Más adelante sigue explicando la sentencia al respecto, se toma en consideración que al ubicarse ese camino por un terreno boscoso, el paso puede hacerse a pie y a caballo y en caso de permitirse por condiciones climatológicas y se habilite el camino sin dañar el entorno ni el ambiente, puede utilizarse vehículos de doble tracción , el ancho a conceder será de tres metros. Ese ancho fue el otorgado en la parte dispositiva en la ruta. Cabe señalar, que las condiciones de la ruta concedida son las que existen en la materialidad del terreno, que se ubica en fincas de topografía irregular y sinuosa con pendientes variables de diverso grado (en ambas fincas: dominante y sirviente), por lo que el ancho de tres metros es el que se ha concedido visto lo analizado en los reconocimientos judiciales o lo visto en la pericia que la describe de ese ancho también.

Por lo que no resulta contradictorio el fallo, cuando se concede ese ancho. Si en algún tramo del camino se tiene un ancho menor de tres metros dada la naturaleza propia del camino y la topografía de esa zona particular, o bien por modificaciones de la naturaleza posteriores a la sentencia, resulta obvio que sería imposible forzar la senda a tener el ancho de tres metros, solamente porque la sentencia así lo dispuso. Además ello es un tema propio de la ejecución del fallo en la realidad y la solución del conflicto. No encuentra contradicción esta Sede, como tampoco respecto al tipo de vehículo de doble tracción que se pueda utilizar por la parte actora, pues ya se señaló que es aquel que por condiciones climatológicas permita, si el camino esta habilitado, sin que genere daños al entorno o el ambiente. En otro orden, sobre la seguridad de las diversas rutas, de la ponderación realizada en el fallo sobre esta particularidad denominada " Transitabilidad y Peligrosidad" se señaló que todas transcurren por el suelo sin lastre, y transitables a pie o a caballo.

Aclarándose por la prueba pericial, indica la sentencia, que podrían ser recorridas en vehículos de doble tracción, pero eso depende de las condiciones climáticas y del suelo, aunque existe peligro para que los vehículos transiten. Eso en todas las rutas. La a quo estimó que de todas las rutas, la más peligrosa era la numero dos, la menos peligrosa la numerada uno, la cuatro sería la de segundo lugar y la tercera ocuparía el tercer lugar en menos peligrosidad. Analizada la prueba pericial por esta Cámara, se verifica que efectivamente la menos peligrosa sería la ruta número uno, por estar ya trazada y materializada. Todas tienen condiciones de peligro en su recorrido acorde con las condiciones climatológicas, al igual que describe que son las cuatro opciones analizadas transitables todo el año para personas, animales o vehículos de doble tracción pero con dificultad extrema éste ultimo medio en época lluviosa, además de haber curvas estrechas y anchos de caminos de menos de cuatro metros, bien sean pendientes de gran inclinación y presencia de lodos.

Para este Tribunal, el hecho de que la prueba pericial manifiesta la peligrosidad de todas las rutas en diversas épocas del año y en el uso de vehículos de doble tracción en algunos tramos, y que la ruta uno este ya materializada, haya sido utilizada y sea ya conocida por quienes la requieren, conduce a que la seguridad sea mayor que una ruta no existente, que requiere obras complementarias a la superficie de calle como alcantarrillas y caños, que hacen muy difícil preveer las condiciones finales en que quedaría si se optara por alguna diversa al [Dirección17] . La decisión de la sentencia en cuanto a la seguridad esta fundada en la prueba técnica pericial que consta en autos. Se rechaza el agravio.

VIII- Otra de las contradicciones apuntadas por el recurrente es que se otorgara la [Dirección10] , se estime en el fallo con ello no se causa daños al ambiente, pero se conceden perjuicios que deben ser entendidos como los perjuicios de naturaleza ambiental, aunque la sentencia no lo diga. No se esta de acuerdo en esta Sede con esa afirmación, pues como se expuso, al otorgarse el paso por la [Dirección7] modificada se da una continuación del uso de un camino con varias décadas de existencia que prueba su seguridad y la orden de la sentencia de pagar la indemnización del terreno que incluye ese pago a la recurrente, es por concepto de cancelación del derecho al uso de esa parte de su finca para ingresar a la suya, dada la condición de enclave. Resulta consecuente con lo resuelto que sean cancelados además los daños y perjuicios que eso conlleva. Mismos que pueden ser de diversa naturaleza y que deberían ser probados en la etapa de ejecución de sentencia, si se llegaran a demostrar.

IX- Por los motivos expuestos, con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, numerales 395 y 398 del Código Civil, 199 y 195 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, se rechazará el incidente de nulidad de notificación de auto que admite la apelación de la sentencia de primera instancia y en lo apelado, deberá confirmarse la sentencia recurrida.

POR TANTO

Se rechaza el incidente de nulidad notificación del auto que admite en efecto suspensivo de la sentencia de primera instancia. En lo apelado, se confirma la sentencia.

[Nombre27] - JUEZ/A DECISOR/A [Nombre28] - JUEZ/A DECISOR/A [Nombre29] - JUEZ/A DECISOR/A

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7554 Organic Environmental Law
      • Ley 7575 Forestry Law

      Este documento cita

      • Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente
      • Ley 7575 Ley Forestal

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