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14/05/2010
OutcomeResultado
The decision approving the possessory information is confirmed, allowing the registration of land with forest regeneration outside a protected area.Se confirma la sentencia que aprobó la información posesoria, permitiendo la inscripción del terreno con regeneración forestal fuera de área protegida.
SummaryResumen
The Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José upholds the approval of a possessory information proceeding for an 8-hectare property in Nicoya, Guanacaste, containing pasture, scrubland, and a small area of secondary forest (0.8 ha, 9% of total). The Attorney General's Office appealed, arguing that forests are public domain assets (State Natural Heritage) and therefore inalienable and imprescriptible. The Tribunal rejects this argument, holding that Forestry Law 7575 removed forests outside protected wildlife areas from the public domain, allowing titling if the requirements of Article 7 of the Possessory Information Law are met: ten-year possession, protection of natural resources, and delimitation of the property. It is proven that the petitioners acquired possession from their father (with over 20 years of possession), that they have maintained a conservationist approach promoting natural regeneration, and that the property is properly delimited. The Tribunal cites its own case law (100-F-09 and 573-F-09) and Constitutional Court decision 4587-97, which upheld the constitutionality of the provision. The decision emphasizes that the existing forest cover is minimal and corresponds to regeneration in watercourse protection areas, not state-interest forest.El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José confirma la aprobación de una información posesoria sobre un terreno de 8 hectáreas en Nicoya, Guanacaste, que contiene pasto, charral y una pequeña área de bosque secundario (0.8 ha, 9% del total). La Procuraduría General de la República apeló argumentando que los bosques son bienes de dominio público (Patrimonio Natural del Estado) y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. El Tribunal rechaza este argumento, señalando que con la Ley Forestal 7575 se desafectaron los bosques fuera de áreas silvestres protegidas, permitiendo su titulación si se cumplen los requisitos del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias: posesión decenal, protección del recurso natural y delimitación del inmueble. Se acredita que los promoventes adquirieron la posesión de su padre (con más de 20 años), que han mantenido una actitud conservacionista propiciando la regeneración natural, y que el inmueble está debidamente delimitado. El Tribunal cita jurisprudencia propia (votos 100-F-09 y 573-F-09) y el voto constitucional 4587-97 que declaró la constitucionalidad de esa norma. La sentencia enfatiza que la cobertura boscosa existente es mínima y corresponde a regeneración en áreas de protección de cursos de agua, no a bosque de interés estatal.
Key excerptExtracto clave
The Tribunal does not share this criterion, considering that a declassification of said assets occurred with the entry into force of the current Forestry Law, which reformed Article 7 of the Possessory Information Law. Said norm, regarding properties with forests located outside of protected wildlife areas, states: "... Properties located outside those areas that have forests may only be titled if the petitioner proves to be the holder of legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and to have protected that natural resource, with the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clear firebreaks." The constitutionality of this norm and the interpretation given at some point by this Tribunal was submitted to constitutional review, which generated the issuance of Constitutional Court decision 4587-97, precisely cited by the appellant. In that decision, the Court declared the norm constitutional, maintaining its validity. Given this situation, the appropriate course in this case is to confirm the lower court's decision, since the petitioner has proven compliance with the requirements of that article, namely: ten-year possession, protection of natural resources, and delimitation of the property by fences or clear firebreaks. Disagreement based on Article 856 of the Civil Code, the property being suitable for acquisition by usucapion, and Article 7 of the Possessory Information Law, the Tribunal finds that the legitimate and suitable possession exercised over the property was indeed proven with the evidence presented, with ten years prior to the date these proceedings were initiated, and the land subject to these proceedings being suitable for registration in the name of the petitioners, since it is outside any protected wildlife area and they have exercised possessory acts of conservation of natural resources; therefore, these proceedings must be approved.El Tribunal no comparte ese criterio, al estimar se dio una desafectación de dichos bienes con la entrada en vigencia de la Ley Forestal vigente, la cual reformó el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Dicha norma, en lo referente a las propiedades con bosque, ubicadas fuera de las áreas silvestres protegidas, señala: "... Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios." La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y la delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios. Disconformidad fundada en el artículo 856 del Código Civil, siendo un fundo apto para adquirir por usucapión, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, estima el Tribunal que efectivamente fue acreditado con la prueba aportada, el ejercicio de la posesión legítima y apta sobre el fundo, con diez años de antelación a la fecha en la que se promovieron estas diligencias, y siendo el terreno objeto de las presentes diligencias, apto para inscribir a nombre de los promoventes, al encontrarse fuera de cualquier área silvestre protegida y haber ejercido actos posesorios de conservación de los recursos naturales, por lo que debe procederse aprobarse estas diligencias.
Pull quotesCitas destacadas
"El Tribunal no comparte ese criterio, al estimar se dio una desafectación de dichos bienes con la entrada en vigencia de la Ley Forestal vigente, la cual reformó el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias."
"The Tribunal does not share this criterion, considering that a declassification of said assets occurred with the entry into force of the current Forestry Law, which reformed Article 7 of the Possessory Information Law."
Considerando III
"El Tribunal no comparte ese criterio, al estimar se dio una desafectación de dichos bienes con la entrada en vigencia de la Ley Forestal vigente, la cual reformó el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias."
Considerando III
"Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios."
"Properties located outside those areas that have forests may only be titled if the petitioner proves to be the holder of legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and to have protected that natural resource, with the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clear firebreaks."
Considerando III, citando Art. 7 Ley de Informaciones Posesorias
"Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios."
Considerando III, citando Art. 7 Ley de Informaciones Posesorias
"No lleva razón la apelante en sus agravios de la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron al amparo, indicando de la protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio. Según estudio de suelo (90 y 91) la cobertura boscosa es de 0.8 hectáreas y corresponde al área de protección al curso de aguas y no corresponde a bosque de interés estatal."
"The appellant is not correct in her grievances about the survival of repealed law to regulate legal situations that arose under it, indicating the protection of the forest public domain right established by previous legislation against retroactive applications to her detriment. According to the soil study (pp. 90 and 91), the forest cover is 0.8 hectares and corresponds to the protection area of the watercourse and does not constitute state-interest forest."
Considerando V
"No lleva razón la apelante en sus agravios de la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron al amparo, indicando de la protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio. Según estudio de suelo (90 y 91) la cobertura boscosa es de 0.8 hectáreas y corresponde al área de protección al curso de aguas y no corresponde a bosque de interés estatal."
Considerando V
Full documentDocumento completo
VOTO Nº 0 435 -F-10 AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at sixteen hours and two minutes on the fourteenth of May of two thousand ten.- POSSESSORY INFORMATION proceeding initiated by [Nombre1], who is of legal age, single, merchant, resident of Mansión de Nicoya Guanacaste, identity card number CED1 - - , [Nombre1], who is of legal age, married once, merchant, resident of Mansión de Nicoya Guanacaste and with identity card number CED2 - - , [Nombre2], who is of legal age, married once, teacher, resident of San Ramón de Alajuela, [Dirección1], identity card number CED3 - - - , [Nombre3], who is of legal age, married once, homemaker, resident of San José, identity card number CED4 - - . Appearing as parties are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented in her capacity as deputy procurator by licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the case file, and the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO represented in his capacity as general manager with powers of general attorney-in-fact without limit of sum by licensed attorney Annie Alicia Saborío Mora, of legal age, divorced, business administrator, resident of San José, identity card CED5 - - . Acting as special judicial attorney for the promoting party is licensed attorney José Oliver Moreno Paniagua, of legal age, married, lawyer, resident of Nicoya, identity card CED6 - - .
WHEREAS:
1.- The title applicants file this proceeding so that the property they describe as follows may be registered in their name in the Public Property Registry: "A plot of pasture land and scrubland (charral), located in [Dirección2] Nicoya of the Province of Guanacaste, which according to the attached cadastral survey plan Nº G-UNO CERO TRES TRES OCHO CUATRO NUEVE - DOS MIL CINCO, dated the eleventh of November of two thousand five.- See plan at folio 1, has an area of [Dirección3], with boundaries: North: [Nombre4], South: with [Nombre1], [Nombre1], [Nombre3] and [Nombre2] all with the last name [Nombre1] (promoting party), East: with [Nombre4] and West: with [Nombre5] .- They affirm having possessed quietly, peacefully, continuously, and as owners for more than five years, adding the forty years of their previous transferors for a total of forty-five years. They also declare that the property has no liens, co-owners, or encumbrances; and that they do not intend with this proceeding to evade the consequences of a probate proceeding,” (folios 15 to 16, 168).- 2.- The Procuraduría General de la República, and the Instituto de Desarrollo Agrario, appeared in the proceeding in the terms visible at folios 41 to 44 for the former, and at folio 54 for the latter.- 3.- Licensed attorney Erika Amador Brenes, judge of the Agrarian Court of Santa Cruz, by judgment of eight hours and forty-six minutes on the ninth of February of two thousand ten, resolved: "THEREFORE: The possessory information proceeding is approved. With the encumbrances referred to in Article 17 of the Ley de Informaciones Posesorias and without prejudice to third parties with superior rights, the Registrar of the Property Registry is ordered to register, for the first time, and in equal shares in the name of the following: [Nombre1], who is of legal age, single, Merchant, resident of Mansión de Nicoya Guanacaste and with identity card number CED7 - - . [Nombre1], who is of legal age, married once, Merchant, resident of Mansión de Nicoya Guanacaste and with identity card number CED8 - - . [Nombre2], who is of legal age, married once, Homemaker, resident of San Ramón de Alajuela, [Dirección4] and with identity card number CED9 - - - .[Nombre3], who is of legal age, married once, Homemaker, resident of San José, [Dirección5], , and with identity card number CED10 - - , the property described in the plan registered in the Catastro Nacional under number Nº G-UNO CERO TRES TRES OCHO CUATRO NUEVE - DOS MIL CINCO, dated the eleventh of November of two thousand five, which is described as follows: A plot of pasture land and scrubland (charral), located in [Dirección6], Nicoya, of the Province of Guanacaste. It measures: EIGHT HECTARES SIX THOUSAND THIRTY-EIGHT SQUARE METERS WITH NINETY-THREE SQUARE DECIMETERS. It is bounded on the North: [Nombre4], South: with [Nombre1], [Nombre1], [Nombre3] and [Nombre2] all with the last name [Nombre1] (promoting party), East: with [Nombre4] and West: with [Nombre5] . The property that is the object of this proceeding is valued at five million colones. The area contiguous to the Río Chiquito and the Quebrada Darcia indicated by Article 33, subsection b), of the Ley Forestal Nº 7575 constitutes a protection area and the cutting or elimination of trees is prohibited, (Article 34 ibidem). The channel and the waters of that stream are public domain (Ley de Aguas, Article 1, subsection IV, and 3; subsection III).- Let the certification of this judgment serve to register the related property in the Property Registry, ([Dirección7]).- 4.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Deputy Procurator, filed an appeal against the first instance judgment, indicating the reasons for her disagreement, (folios 174 to 195).- 5. In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the ruling capable of causing its nullity is not noted.
Written by Judge Castro García, and;
WHEREAS:
I- The list of proven facts is shared as having good support in the case file, and of such nature the following is added: 9) The property that is the object of this proceeding is dedicated to the maintenance and conservation of forests, and the forest, water, and soil resources have been protected by the promoting parties (see testimonial statements at folios 129 and 148 of [Nombre4] and [Nombre4], both with the last name [Nombre4], [Nombre6] at folio 148, judicial inspection (reconocimiento judicial) at folio 123 to 126, land-use study (estudio de uso de suelos) folio 90). 11) The title applicants acquired the ten-year possession exercised by their father [Nombre7] ., by public deed granted before a notary public on the 16th day of January 2006, (public deed at folio 10, testimonial statements at folios 129 and 148 of [Nombre4] and [Nombre4], both with the last name [Nombre4], [Nombre6] at folio 148).
II- The appeal is filed by licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua in her capacity as Deputy Procurator (folio 174 to 195). She disagrees with the judgment of 08 hours 46 minutes on February 9, 2010, wherein the possessory information proceedings were approved (folio 168). She sets forth the following grievances: The judicial inspection shows the land, for the most part, is of a forest nature, and these, being located in national reserves, are encumbered by the public domain regime, Patrimonio Natural del Estado, since the Ley Forestal 4465 of 1969, Article 33, amended by Ley Forestal 7174 of 1990 (Articles 32 and 33) and of a public domain (demanial) character maintained by Ley 7575 (Articles 13 and 14). She argues that the law allows the titling of properties outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) if the adverse possession (usucapión) had been consolidated before becoming part of the Patrimonio Natural del Estado by law. She cites the Constitutional Chamber's vote (voto) 4587-97, and also argues that forest lands have an immediate encumbrance by law as public domain. She contends that the witnesses' statements do not demonstrate ten-year possession suitable for adverse possession by its owner. She proceeds to cite Constitutional Chamber votes with what she calls: 1) the survival of the repealed law to regulate legal situations that were born under its protection, indicating the protection of the forest public domain right established by prior legislation against retroactive applications to its detriment and binding jurisprudence of the Constitutional Chamber. 2) Impediment of private individuals from exercising possession with intent to own (ánimo de dueño) over public domain assets, mentioning that the inalienability of public domain property (bienes demaniales) makes their transfer and private possession impossible. 3) Impropriety of adverse possession and titling against public domain. 4) Principle of inalienability, indicating that those assets are removed from commerce. 5) Assets not susceptible to acquisition by possession. 6) Imprescriptibility. All these arguments revolve around arguing that since forests are public domain assets, they are not susceptible to possession by private individuals, nor acquired by adverse possession, and she requests the reversal to decree the disapproval of these proceedings, in accordance with Articles 13 and 14 of the Ley Forestal.
III- Regarding the issue of the possibility of private individuals registering assets covered by forests located on untitled lands, this Tribunal has ruled: "In relation to what was set forth by the state representation, linked to the state's forest patrimony, it is appropriate to make a brief reference on the subject. To that end, it is pertinent to cite vote (voto) Nº51 of 3:15 p.m. on May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which, insofar as it is relevant, states: 'IX.- The state's forest patrimony includes all the national territory (Articles 4, 32 to 42), which in turn can be subdivided into three areas: A) The one comprised by the forest regime (Articles l, 2, 7, 47 to 54, 66 to 81) B) Forest harvesting on privately owned lands (Articles 43 to 46, 60 to 65, 82 to 91); and C) the national reserves (Articles 32 and following)...... In general, these reserves have had limits for possessing them, as well as limits —in terms of area— for being registered through possessory information proceedings. .... XI.- In a diametrically opposed position to that of the national reserves is that of private property, referred to in the law as 'On the harvesting of forest resources on privately owned lands.' These lands, for reasons of social order, form part of the state's forest patrimony. This is so because private individuals —operating under any system (agricultural or livestock enterprise, for subdivision (parcelación) or colonization, whether nationals or foreigners)— if their work plans include forest exploitation or the elimination of the forest, in any form, must necessarily obtain express approval from the Dirección General Forestal, under the terms of the Ley Forestal and its regulations (Article 60). Therefore, the state's forest patrimony is applicable to all national assets where there are natural forest resources. To exploit their own timber resources, private individuals must prepare technical forest plans, and the directorate will grant them long-term concessions (Article 6l). The foregoing implies a voluntary submission to the forest regime. This is a legal presumption since it proves to be the only alternative for the private individual, who is prevented from cutting down trees, harvesting, or exploiting forest products within their own property if there is no prior authorization from the Dirección General Forestal (Articles 63 and 65)..... From the foregoing, it follows that the state's forest patrimony pertains to properties not subject to private property, not registered in the Public Property Registry, under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code, according to the reference made to what was indicated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. In contrast to this patrimony, there is also private property. Which, throughout the evolution of forest legislation, granted the opportunity to possessors of properties who had already consolidated their property right by adverse possession to title them. That possibility is given through compliance with the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias, and for this reason, it is expressly authorized to title lands located in protected wilderness areas, whatever their management category, to obtain a registrable title in the Public Registry, upon the title applicant proving possession of more than 10 years before the effective date of the law or decree creating such a wilderness area (Articles 1 and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias).' (vote 100-F-09 of the Agrarian Tribunal). And with respect to the public domain character of forests and the impossibility of titling them under the Ley de Informaciones Posesorias, this instance has declared: 'The Tribunal does not share that criterion, considering that a declassification (desafectación) of said assets occurred with the entry into force of the current Ley Forestal, which amended Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias. Said norm, in reference to properties with forests, located outside of protected wilderness areas, states: '... Properties located outside those areas and having forests may only be titled if the promoting party demonstrates being the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated (deslindado) and with fences or clean paths (cercas o carriles limpios).' The constitutionality of said norm and of the interpretation given at some time by this Tribunal was challenged on constitutional grounds, a proceeding that resulted in the issuance of Constitutional Chamber vote (voto) 4587-97, precisely cited by the appellant. In said vote, the Chamber declared the constitutionality of the norm, maintaining its validity. Given this situation, what is appropriate in this case is to confirm the lower court's decision, as the promoting party has proven compliance with the requirements established by that article, namely: ten-year possession, protection of the natural resource, and the delimitation of the property by fences or clean paths.' (Voto 573-F-09) IV- These proceedings are initiated with the purpose of registering in the Public Property Registry a property that is pasture land and scrubland (charral), located in [Dirección8], Nicoya canton of the province of Guanacaste, plotted in survey plan 5-1033849 with an area of 8 hectares 6,038 square meters and 93 square decimeters. Said property is not part of a protected wilderness area, as indicated in the certification issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación provided (folio 2). The soil study (estudio de suelos) in the case file mentions that proper land use has been exercised; the observations state that the property is in a state of regeneration of natural cover. And in recommendations, it is indicated: 'The areas of forest cover (cobertura boscosa) and/or early secondary growth (tacotales) must be managed as such and not have their use changed, for the effective recovery of the soils and protection, especially of water sources (fuentes de agua). Regarding the zone in use as scrubland (charrales) and/or abandoned pastures with steep relief, the forest restoration must be maintained through natural regeneration.' (folio 90 and 91). The Court conducted a judicial inspection (reconocimiento judicial) of the property, for which a record was drawn up noting (123 to 127 and 147) having observed scrubland (charral), with bullhorn acacia (cornizuelo) shrubs and other unknown species, the stream (quebrada) was dry, but its banks were well protected, and in other sectors, the existence of scrubland (charrales), laurel, and guanacaste trees was noted, the observed forest corresponds to secondary forest. During said proceeding, an observation was made by the a quo judge that the delimitation of the property was not clear, and the promoting party was ordered to correctly delimit [Dirección9], which would be verified in a judicial inspection for that purpose. At folio 147, said proceeding was held, and the indicated delimitation was verified, it having already been completed. The statements of witnesses [Nombre4] (folio 129), and [Nombre4] (folio 130) were also received, who were consistent in affirming they had known the land for more than a decade, recognizing that the owners have been the [Nombre1] family, whom they have seen possessing the property and working on it, they recognize the latter, who are family, as the owners who have dedicated the property to livestock and agriculture activities, and currently as scrub-invaded pasture (potrero encharralado), they testify to the existence of vegetation cover (cobertura vegetal) in the protection areas next to the stream (quebrada) that runs through the property, which was dry at the time of the judicial inspection, and the existence of forest species. And witness [Nombre6] (folio 148) testifies similarly, having known the property for 25 years, the donation of the land from the father to the promoting parties, that the property has fences, has been maintained, and having no knowledge of conflicts over the ownership of the property. From their statements, it follows that the property has been possessed for more than a decade by the family that now seeks to title it, whom the witnesses have observed on it, and their father is cited, who donated it to the promoting parties, thus crediting their possession of more than ten years. The foregoing coincides with what is indicated in public deed number 272 granted before a notary public on the 16th day of January 2006, wherein [Nombre1], [Nombre1], [Nombre3] and [Nombre2] acquired possession of the property exercised by their father [Nombre7], who reserved the lifetime tenure (usufructo), and each acquired the right of possession in the proportion of one-quarter of the bare ownership (nuda propiedad) each. Said lifetime tenant (usufructuario) died on the 19th day of June 2006, as recorded in the death certificate at folio 24. In the public donation instrument, the bare ownership of more than twenty years was transferred to the promoting parties (folio 10). Upon verifying this instance, the proof of the possessive chain and the ten-year period required to title through these proceedings has been proven, and therefore the grievance regarding the witnesses not being able to prove the ten-year possession suitable for adverse possession in the name of the promoting party is rejected. The appellant expresses grievances indicating that there is forest on the property, as shown by the judicial inspection and land-use study, and therefore it forms part of the state's natural patrimony, which this instance rejects, since from the cited land-use certification, the existence of sectors of the property where there is pasture, early secondary growth (tacotal), and scrubland (charral) is denoted, these zones constituting the majority of the property's area; area identified as C has a size of 0.8 hectares, constituting barely 9% of the total property. Similarly, it is extracted from that same study that the property is practically in natural regeneration in its entirety. This is confirmed by what was stated in the declarations given by the cited witnesses. From what was produced by those declarations, the judicial inspection, and the soil certification, it is proven that there is a conservationist attitude on the part of the promoting party in the exercise of possession, which rather leads to fostering the regeneration of the forest resource. In accordance with the foregoing, this instance does not share what was pointed out by the state representative, that the land, by containing forests, forms part of the Patrimonio Natural del Estado. With which this instance disagrees. This disagreement is founded on Article 856 of the Civil Code, the property being suitable for acquisition by adverse possession, and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the Tribunal considers that the exercise of legitimate and suitable possession over the property was indeed proven with the evidence provided, dating back ten years before the date on which these proceedings were initiated, and the land being the object of these proceedings, suitable for registration in the name of the promoting parties, as it is located outside any protected wilderness area and they have carried out possessory acts of conservation of natural resources, therefore these proceedings must be approved. Regarding the necessary period of possession, it is recorded in the case file that the public deed by which the title applicant acquired the property to be registered was executed on the sixteenth day of January of two thousand six, and the promoting party takes advantage of the ten-year possession exercised by their transferor, who donated to them the bare ownership exercised for the previous twenty years, to the four promoting parties, in equal shares. And for this, the same were provided as a public document, by taking advantage of the possession exercised by the transferors; the proceedings were initiated on the 23rd day of November 2006 (receipt stamp of the initial filing at folio 15 front).
V- The appellant is incorrect in her grievances regarding the survival of the repealed law to regulate the legal situations that were born under its protection, indicating the protection of the forest public domain right established by prior legislation against retroactive applications to its detriment. According to the soil study (90 and 91), the forest cover (cobertura boscosa) is 0.8 hectares and corresponds to the protection area for the watercourse and does not correspond to a forest of state interest.
VI- For the reasons argued and based on Articles 7 and 11, among others, of the Ley de Informaciones Posesorias and 6, 26, 54, and 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the appealed resolution should be confirmed.
THEREFORE:
The judgment is confirmed in what has been the subject of the appeal.
[Nombre8] ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA POSSESSORY INFORMATION PROMOTED BY: [Nombre1] [Nombre9] +
VOTO Nº 0 435 -F-10 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las die ciséis horas dos minuto s del catorce de mayo de l dos mil diez.- INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1] , quien es mayor, soltero, comerciante, vecino de Mansión de Nicoya Guanacaste, cédula de identidad número CED1 - - , [Nombre1] , quien es mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Mansión de Nicoya Guanacaste y con cédula de identidad número CED2 - - , [Nombre2] , quien es mayor, casada una vez, profesora, vecino de San Ramón de Alajuela, [Dirección1] , cédula de identidad número CED3 - - - , [Nombre3] , quien es mayor, casada una vez, Ama de casa, vecino de San José, cédula de identidad número CED4 - - . Intervienen como partes la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada en su condición de procuradora adjunta por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, y el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO representada en su condición de gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma por la licenciada Annie Alicia Saborío Mora, mayor, divorciado, administración de negocios, vecina de San José, cédula de identidad CED5 - - . Actúa como apoderado especial judicial de la parte promovente el licenciado José Oliver Moreno Paniagua, mayor, casado, abogado, vecino de Nicoya, cédula de identidad CED6 - - .
RESULTANDO:
1.- Los titulantes plantean el presente proceso a fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que describe así: "Terreno de repasto y charral, el cual se ubica en [Dirección2] Nicoya de la Provincia de Guanacaste, que según el plano catastrado adjunto Nº G-UNO CERO TRES TRES OCHO CUATRO NUEVE - DOS MIL CINCO, de fecha del once de Noviembre de dos mil cinco.- Ver plano a folio 1, posee una extensión de [Dirección3] , cuyos linderos son: Norte: [Nombre4] , Sur: con [Nombre1] , [Nombre1], [Nombre3] y [Nombre2] todos de apellidos [Nombre1] ( promovente), Este: con [Nombre4] y Oeste:con [Nombre5] .- Afirma haber poseído en forma quieta, pacífica, continua y a título de dueño por más de cinco años, sumando la de cuarenta años de sus anteriores trasmitentes para un total de cuarenta y cinco años. Declara a su vez el fundo no tiene gravámenes, condueños ni cargas reales; y que con este proceso no pretende evadir las consecuencias de un proceso sucesorio ” , (folios 15 a 16, 168 ).- 2.- La Procuraduría General de la República , y e l Instituto de Desarrollo Agrario, se apersonaron al proceso en los términos visibles de folio s 41 a 44 el primero, y a folios 54 el segundo.- 3.- La licenciad a Erika Amador Brenes , juez a del Juzgado Agrario de Santa Cruz mediante sentencia de las ocho horas y cuarenta y seis minutos de l nueve de febrero del dos mil diez , resolvió: “ POR TANTO: Se aprueba la información posesoria. Con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de informaciones Posesorias y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, y en partes iguales a nombre de los señores: [Nombre1] , quien es mayor, soltero, Comerciante, vecino de Mansión de Nicoya Guanacaste y con cédula de identidad número CED7 - - . [Nombre1] , quien es mayor, casado una vez, Comerciante, vecino de Mansión de Nicoya Guanacaste y con cédula de identidad número CED8 - - . [Nombre2] , quien es mayor, casada una vez, Ama de casa, vecino de San Ramón de Alajuela, [Dirección4] y con cédula de identidad número CED9 - - - .[Nombre3] , quien es mayor, casada una vez, Ama de casa, vecino de San José , [Dirección5] , , y con cédula de identidad número CED10 - - , la finca descrita en el plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número Nº G-UNO CERO TRES TRES OCHO CUATRO NUEVE - DOS MIL CINCO, de fecha del once de Noviembre de dos mil cinco, que se describe así: Terreno de repasto y una charral , sito en [Dirección6] , Nicoya, de la Provincia de Guanacaste. Mide: OCHO HECTAREAS SEIS MIL TREINTA Y OCHO METROS CON NOVENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS . Linda al Norte: [Nombre4] , Sur: con [Nombre1] , [Nombre1], [Nombre3] y [Nombre2] todos de apellidos [Nombre1] ( promovente) , Este: con [Nombre4] y Oeste:con [Nombre5] . El inmueble objeto de este proceso se estima en la suma de cinco millones de colones. El área contigua al Río Chiquito y a la Quebrada Darcia que señala el artículo 33, inciso b), de la Ley Forestal Nº 7575 constituye área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles , ( artículo 34 ibídem). El cause y las aguas de esa corriente son de dominio público ( Ley de Aguas, artículo 1, inciso IV, y 3; inciso III).- Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada , ([Dirección7] ).- 4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de Procuradora Adjunta, formuló recurso de apelación contra la sentencia de de primera instancia indicando las razones por las cuales manifiesta su inconformidad , (folios 174 a 195 ).- 5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.
Redacta la jueza Castro García, y;
CONSIDERANDO:
I- Se comparte el elenco de hechos probados por tener buen sustento en los autos, y de tal naturaleza se agrega: 9) La finca objeto de este proceso se dedica a mantenimiento, conservación de bosques y se ha protegido el recurso forestal, hídrico y suelo por parte de los promoventes (ver declaraciones testimoniales a folios 129 y 148 de [Nombre4] y [Nombre4] , ambos de apellido [Nombre4] , [Nombre6] a folio 148, reconocimiento judicial a folio 123 a 126, estudio de uso de suelos folio 90). 11) Los titulantes adquirieron la posesión decenal ejercida de quien fue su padre [Nombre7] ., mediante escritura pública otorgada ante notario público el día 16 de enero del 2006, (escritura pública a folio 10, declaraciones testimoniales a folios 129 y 148 de [Nombre4] y [Nombre4] , ambos de apellido [Nombre4] , [Nombre6] a folio 148).
II- La apelación es interpuesta por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua en su carácter de Procuradora Adjunta (folio 174 a 195). Se muestra disconforme con la sentencia de las 08 horas 46 minutos del 9 de febrero del año 2010, donde se aprobaron las diligencias de información posesoria (folio 168). Expone como agravios los siguientes: Consta en el reconocimiento judicial el terreno en su mayor parte, tiene naturaleza de bosque, los mismos por ubicarse en reservas nacionales están afectados a régimen de dominio público, Patrimonio Natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y de carácter demanial que mantiene la Ley 7575, (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si la usucapión se ha consolidado antes de ingresar por ley a Patrimonio Natural del Estado. Cita voto de la Sala Constitucional voto 4587-97, además esgrime los terrenos de bosques tienen una afectación inmediata por Ley a dominio público. Agravia, la declaración de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de su dueño. Procede a citar votos de la Sala Constitucional con lo que denomina: 1) la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron a su abrigo, indicando de la protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio y jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional. 2) Impedimento de los particulares de ejercer la posesión con ánimo de dueños sobre los bienes de dominio público, mencionando que la inalienabilidad de los bienes demaniales imposibilita su traspaso y posesión privada. 3) Improcedencia de la usucapión y titulación contra el dominio público. 4) Principio de la inalienabilidad, al indicar que esos bienes se sustraen del comercio de los hombres. 5) Bienes no susceptibles de adquirirse por posesión. 6) Imprescriptibilidad. Todos estos alegatos giran en torno a argumentar que al ser los bosques bienes de dominio público, los mismos no son susceptibles de ser poseídos por privados, ni adquiridos por usucapión y solicita la revocatoria para decretar la improbación de estas diligencias, conforme el articulo 13 y 14 de la Ley Forestal.
III- Respecto al tema de la posibilidad de los particulares de inscribir bienes cubiertos por bosques ubicados en terrenos no titulados, este Tribunal ha resuelto: " Relacionado con lo expuesto por la representación estatal, vinculada con el patrimonial forestal del estado, resulta oportuno hacer una breve referencia sobre el tema. Para ello, es oportuno citar el voto Nº51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual en lo que interesa indica: " IX.- El patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes)...... En general esas reservas han tenido límites para poseerlas, así como límites -en cuanto a la superficie- para ser inscritas por medio de informaciones posesorias. .... XI.- En una posición diametralmente opuesta a la de las reservas nacionales se encuentra la de la propiedad privada, denominada en la ley como "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada". Estas tierras, por intereses de orden social, forman parte del patrimonio forestal del Estado. Esto es así porque los privados -funcionando bajo cualquier sistema (empresa agrícola o ganadera, para parcelación o colonización, tratándose de nacionales o extranjeros)- si dentro de sus planes de trabajo está la explotación forestal o la eliminación del bosque, en cualquier forma, deberán necesariamente obtener aprobación expresa de la Dirección General Forestal, en los términos de la Ley Forestal y del reglamento a la misma (artículo 60). Por ello el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales. Para poder explotar sus propios recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales, y la dirección les otorgará concesiones a largo plazo (artículo 6l). Lo anterior implica un sometimiento voluntario al régimen forestal. Esta es una presunción legal pues resulta ser la única alternativa del privado quien se encuentra impedido para talar árboles, aprovechar o explotar los productos forestales, dentro de su mismo bien, si previamente no hay autorización de la Dirección General Forestal (artículo 63 y 65)..... De lo anterior se desprende, el patrimonio forestal del Estado, se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil, según la referencia que se hace sobre lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Frente a este patrimonio, se encuentra también la propiedad privada. La cual a lo largo de la evolución de la legislación forestal se concedió la oportunidad a poseedores de fundos, que ya habían consolidado su derecho de propiedad por usucapión a titularlos. Esa posibilidad se da a través del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, y por ello se autoriza de manera expresa a titular terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría de manejo a obtener título inscribible en el Registro Público, al comprobar el titulante de una posesión de más de 10 años antes de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se cree tal área silvestre (artículo 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias). ( voto 100-F-09 del Tribunal Agrario). Y con respecto al carácter demanial de los bosques y la imposibilidad de titularlos mediante la Ley de Informaciones Posesorias, esta instancia ha declarado: “El Tribunal no comparte ese criterio, al estimar se dio una desafectación de dichos bienes con la entrada en vigencia de la Ley Forestal vigente, la cual reformó el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Dicha norma, en lo referente a las propiedades con bosque, ubicadas fuera de las áreas silvestres protegidas, señala: "... Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios." La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y la delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios”. (Voto 573-F-09) IV- Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad un inmueble que es terreno de repasto y charral, sito en [Dirección8] , cantón Nicoya de la provincia de Guanacaste, graficado en el plano 5-1033849 con una cabida de 8 hectáreas 6.038 metros con 93 decímetros cuadrados. Dicho bien no es parte de área silvestre protegida, conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada (folio 2). El estudio de suelos constante en autos, menciona se ha ejercido el uso conforme del suelo; en las observaciones se expresa que el fundo se encuentra en estado de regeneración de la cobertura natural. Y en recomendaciones se indica : "Las áreas de cobertura boscosa y/o tacotales deben ser manejadas como tal y no modificar su uso, para la recuperación efectiva de los suelos y protección en especial de las fuentes de agua. Con respecto a la zona en uso de charrales y/o potreros abandonados con relieve escarpado, deberá mantenerse la restauración forestal por medio de la regeneración natural." ( folio 90 y 91). El Juzgado practicó un reconocimiento judicial del inmueble, del que se levantó un acta que consignó ( 123 a 127 y 147), haber observado charral, con arbusto de cornizuelo y otras especies desconocidas, la quebrada estaba seca, pero los bordes estaban bien protegidos y en otros sectores, se anotó la existencia de charrales, árboles de laurel y guanacaste, el bosque observado corrresponde a bosque secundario. En dicha diligencia, se hizo la observación por parte de la a quo, que la delimitación del fundo no era clara y se le previno delimitar correctamente el [Dirección9] , lo que sería verificado en reconocimiento judicial al efecto. A folio 147, se celebra el talo diligencia y se verifica la delimitación indicada, al estar ya realizada. También se recibió la declaración de los testigos [Nombre4] (folio 129), y [Nombre4] ( folio 130), quienes fueron contestes en afirmar conocer el terreno desde más de una década, reconocer que los dueños han sido la familia [Nombre1] , a quienes han visto poseyendo la propiedad y trabajando en ella, reconocen a éstos últimos que son familia, como los propietarios que han dedicado el fundo a actividades ganaderas y agricultura y actualmente en potrero encharralado, constarles la existencia de cobertura vegetal en las áreas de protección a las de la quebrada que discurre por el inmueble, que estaba seca al momento del reconocimiento judicial, y la existencia de especies forestales, y el testigo [Nombre6] (folio 148) depone en el mismo sentido, conocer la propiedad desde hacía 25 años, la donación del terreno del padre a los promoventes, tener el inmueble cercado, al que se le ha dado mantenimiento y no tener conocimiento de conflictos por la titularidad del inmueble. De sus declaraciones se desprende que el inmueble ha sido poseído desde hace más de una década por la familia que hoy pretende titular, a quienes han observado los testigos en el mismo, y se cita a su padre que lo donó a los promoventes, acreditando la posesión de más de los diez años éstos. Lo anterior coincide con lo indicado en la escritura pública número 272 otorgada ante notario público el día 16 de enero del 2006, donde [Nombre1] , [Nombre1] , [Nombre3] y [Nombre2] , adquieren la posesión del inmueble ejercida por su padre [Nombre7] , quien se reservó el usufructo, y cada uno adquiere el derecho de posesión en la proporción a un cuarto en la nuda propiedad cada uno. Dicho usufructurario murió el día 19 de junio del 2006, según consta en certificación de defunción a folio 24. En el instrumento público de donación, se traspasaba la nuda propiedad de más de veinte año a los promoventes (folio 10). Constatando esta instancia, se ha probado la acreditación de la cadena posesoria y el plazo decenal requerido para titular mediante estas diligencias, por lo que se rechaza el agravio referido a que los testigos no logran acreditar la posesión decenal apta para usucapir en cabeza del promovente. La apelante expresa agravios indicando que hay bosque en el inmueble, según se desprende del reconocimiento judicial, y estudio de uso de suelos, y por ello forma parte del patrimonio natural del Estado, lo cual rechaza esta instancia, ya que de la certificación de uso de suelos citada, se denota la existencia de sectores de la finca donde hay pasto, tacotal y charral, constituyendo estas zonas la mayoría del área de la finca, el área identificada C, tiene una medida de 0.8 hectáreas , constituyendo apenas el 9% de la totalidad de la finca. Igualmente se extrae de ese mismo estudio que la finca esta prácticamente en regeneración natural en su totalidad. Lo cual es confirmado por lo manifestado en las declaraciones rendidas por los testigos citados. De lo arrojado por esas declaraciones, el reconocimiento judicial y la certificación de suelos se comprueba que existe una actitud conservacionista por parte del promovente en el ejercicio de la posesión que lleva más bien a propiciar la regeneración del recurso forestal. De acuerdo a lo anterior, esta instancia, no comparte lo señalado por la representante estatal, que el terreno al estar conteniendo bosques, forma parte del Patrimonio Natural del Estado. Con lo cual esta disconforme esta instancia. Disconformidad fundada en el artículo 856 del Código Civil, siendo un fundo apto para adquirir por usucapión, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, estima el Tribunal que efectivamente fue acreditado con la prueba aportada, el ejercicio de la posesión legítima y apta sobre el fundo, con diez años de antelación a la fecha en la que se promovieron estas diligencias, y siendo el terreno objeto de las presentes diligencias, apto para inscribir a nombre de los promoventes, al encontrarse fuera de cualquier área silvestre protegida y haber ejercido actos posesorios de conservación de los recursos naturales, por lo que debe procederse aprobarse estas diligencias. Sobre el plazo necesario de posesión, consta en autos que la escritura pública mediante la cual adquiere el titulante el bien a inscribir, fue celebrada el día dieciséis de enero del dos mil seis, y se aprovecha por parte del promovente la posesión decenal ejercida por su transmitente, quien les donó la nuda propiedad ejercida por veinte años atrás, a los cuatro promoventes, por partes iguales. Y para ello se aportó mismos que habiendo dado de documento público, al aprovechar la posesión ejercida por los transmitentes; las diligencias fueron iniciadas el día 23 de noviembre del 2006 (sello de recibido de escrito inicial a folio 15 frente) V- No lleva razón la apelante en sus agravios de la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron al amparo, indicando de la protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio. Según estudio de suelo (90 y 91) la cobertura boscosa es de 0.8 hectáreas y corresponde al área de protección al curso de aguas y no corresponde a bosque de interés estatal.
VI- Por los motivos esgrimidos y con fundamento en los artículos 7 y 11, entre otros, de la Ley de Informaciones Posesorias y 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, deberá confirmarse la resolución recurrida.
POR TANTO:
Se confirma la sentencia en lo que ha sido objeto de apelación [Nombre8] ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA INFORMACION POSESORIA PROMOVIDO: [Nombre1] [Nombre9] +
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