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Res. 00045-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 30/01/2025
OutcomeResultado
The Appeals Court denied the appeals by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office, upholding the criminal acquittal and the dismissal of the civil damages action.El Tribunal de Apelación declaró sin lugar los recursos de apelación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, confirmando la sentencia absolutoria penal y el rechazo de la acción civil resarcitoria.
SummaryResumen
The Cartago Criminal Appeals Court upheld the acquittal of two defendants charged with usurpation and violation of the National Archaeological Heritage Law to the detriment of the Térraba indigenous territory. The trial court acquitted because the clandestine nature of the disturbance of possession was not proven; the female defendant had lived there for 50 years, and the operator merely followed orders. Regarding the archaeological damage, it was concluded that an insurmountable mistake of fact existed, as it was not proven that they knew of the Crun Di monument before the archaeological survey conducted two days after the events. The appeals court validated the lower court's reasoning, emphasizing the absence of intent and the inability to prove the objective and subjective elements of the crimes. It also confirmed the dismissal of the civil claim for lack of causal link based on the alleged criminal offense.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmó la absolución de dos personas acusadas de usurpación e infracción a la Ley sobre patrimonio nacional arqueológico en perjuicio del territorio indígena de Térraba. La sentencia de juicio absolvió porque no se probó la clandestinidad en la perturbación de la posesión; la imputada residía allí por 50 años, y el operario solo seguía órdenes. Respecto al daño arqueológico, se concluyó que existió un error de tipo invencible, pues no se demostró que conocieran la existencia del monumento Crun Di antes del peritaje arqueológico realizado dos días después de los hechos. El tribunal de apelación validó el razonamiento del a quo, destacando la ausencia de dolo y la imposibilidad de acreditar los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales. También confirmó el rechazo de la acción civil resarcitoria por falta de nexo causal basado en el ilícito penal alegado.
Key excerptExtracto clave
Regarding this first crime, the trial ruling concluded that it was not possible to prove with certainty the authorship of a crime of usurpation by [Name 001] or [Name 002]. […] the prosecution's evidence contradicted that charge, because witness [Name 004] testified that he had known [Name 001] since approximately 2005, because she lived within the five hectares that also contain the archaeological site, therefore, there would have been no disturbance to [Name 003], much less a clandestine one, since regardless of the legality of the possession she exercises there, it was known by neighboring people that she maintained her residence at that point. In that regard, the private prosecution and the accusation allege (in summary) that [Name 001] and [Name 002] were possible perpetrators of having caused damage to the Crun Di archaeological monument, with the earth removal carried out on July 27, 2020, at 2:00 p.m., through the use of a tractor driven by him, hired by her, because they did not have permits for this from the National Archaeological Commission. […] the ruling held as proven facts that both the female defendant and the male defendant, on that day and at that time, brought a tractor onto the land in question and moved earth about 30 or 40 centimeters, thereby uncovering stones and remains of archaeological value; the female defendant was giving instructions and the male defendant was operating the machinery, a conclusion reached based on the analysis of the credibility and consistency of the prosecution's testimonial evidence […] However, the lower court analyzed that this last determination was reached only two days after the events charged, that is, on July 29, 2020, after said expert report, meaning it was not public knowledge but was only discovered through the earth movement that was charged. This chamber has made a detailed review of the body of evidence and verifies the appropriateness of the acquittal decision on this second crime. The first thing to keep in mind is that Article 23 of the National Archaeological Heritage Law that was charged describes the following: "Whoever by any means damages or destroys an archaeological monument shall be punished with a mandatory prison sentence of two to five years," that is, the criminal offense imposes liability (a) on whoever (any person), (b) damages or destroys, (c) an archaeological monument, (d) intentionally, since negligent crimes are numerus clausus, that is, only those selected by law and expressly regulated in the Penal Code and/or special laws have that form of commission, and regarding the specific issue of damage to archaeological heritage, there is no provision for failure to exercise due care. Consequently, for that offense to be constituted, the perpetrator must know that they are damaging or destroying "something," that "that something" is an archaeological monument, and have the will to proceed in that manner.Sobre esta primera delincuencia, el pronunciamiento de juicio concluyó que no era posible acreditar, con certeza, la autoría de un delito de usurpación a por parte de [Nombre 001] ni [Nombre 002]. […] la prueba de cargo contradijo esa imputación, pues el testigo [Nombre 004] declaró que conocía a [Nombre 001] desde el 2005, aproximadamente, porque ella vivía dentro de las cinco hectáreas en las que también está la parte de interés arqueológico, por lo cual, no se habría dado una perturbación a [Nombre 003] y mucho menos una clandestina, ya que, con independencia de la legalidad de la posesión que ella ejerce ahí, era conocido por las personas aledañas que mantenía su residencia en dicho punto. Al respecto, la querella y la acusación señalan (en síntesis) a [Nombre 001] y a [Nombre 002] como posibles responsables de haber provocado daños al monumento arqueológico Crun Di, con la remoción de tierras hecha ese 27 de julio de 2020, a las 14:00 horas, tras el uso del tractor conducido por él, a contratación de ella, pues no contaban con permisos para ello por parte de la Comisión Arqueológica Nacional. […] la sentencia tuvo, como hechos probados, que tanto la encartada como el sindicado, ese día y a esa hora, ingresaron un tractor al terreno de interés y movieron tierras en aproximadamente 30 o 40 centímetros, por lo que descubrieron piedras y vestigios de valor arqueológico; la primera, daba instrucciones y, el segundo, operaba la maquinaria y a esa conclusión llegó de acuerdo con el análisis de la credibilidad y consistencia de la prueba testimonial de cargo […] Sin embargo, analizó el a quo, a esta última determinación se llegó hasta dos días después de los hechos acusados, es decir, el 29 de julio de 2020, luego de dicho dictamen, lo que quiere decir que no era de conocimiento público, sino que se localizó por el movimiento de tierras imputado. Esta cámara ha hecho una revisión pormenorizada del elenco probatorio y verifica la procedencia de la decisión absolutoria sobre esta segunda delincuencia. Lo primero que debe tenerse presente es que el artículo 23 de la Ley sobre patrimonio nacional arqueológico que se acusó, describe lo siguiente: “Al que por cualquier medio dañe o destruya un monumento arqueológico se le impondrá prisión inconmutable de dos a cinco años”, es decir, el tipo penal traslada responsabilidad (a) a quien (cualquier persona), (b) dañe o destruya, (c) un monumento arqueológico, (d) de forma dolosa, pues los delitos culposos son números clausus, es decir, solo tienen dicha forma de comisión aquellos seleccionados por la legislación y regulados expresamente en el Código Penal y/o leyes especiales como tales, sin que, respecto al tema específico del daño al patrimonio arqueológico haya previsión por falta al deber de cuidado. Consecuentemente, para que se configure aquel ilícito, el sujeto activo debe conocer que está dañando o destruyendo “algo”, que “ese algo” es un monumento arqueológico y tener la voluntad de proceder así.
Pull quotesCitas destacadas
"la prueba de cargo contradijo esa imputación, pues el testigo [Nombre 004] declaró que conocía a [Nombre 001] desde el 2005, aproximadamente, porque ella vivía dentro de las cinco hectáreas en las que también está la parte de interés arqueológico, por lo cual, no se habría dado una perturbación a [Nombre 003] y mucho menos una clandestina"
"the prosecution's evidence contradicted that charge, because witness [Name 004] testified that he had known [Name 001] since approximately 2005, because she lived within the five hectares that also contain the archaeological site, therefore, there would have been no disturbance to [Name 003], much less a clandestine one"
Considerando III.1.1
"la prueba de cargo contradijo esa imputación, pues el testigo [Nombre 004] declaró que conocía a [Nombre 001] desde el 2005, aproximadamente, porque ella vivía dentro de las cinco hectáreas en las que también está la parte de interés arqueológico, por lo cual, no se habría dado una perturbación a [Nombre 003] y mucho menos una clandestina"
Considerando III.1.1
"para que se configure aquel ilícito, el sujeto activo debe conocer que está dañando o destruyendo “algo”, que “ese algo” es un monumento arqueológico y tener la voluntad de proceder así"
"for that offense to be constituted, the perpetrator must know that they are damaging or destroying "something," that "that something" is an archaeological monument and have the will to proceed in that manner"
Considerando III.1.2
"para que se configure aquel ilícito, el sujeto activo debe conocer que está dañando o destruyendo “algo”, que “ese algo” es un monumento arqueológico y tener la voluntad de proceder así"
Considerando III.1.2
"se concluye que no se denota ninguno de los yerros invocados por las partes recurrentes, pues el presente órgano arriba a idénticas conclusiones tras ponderar la prueba"
"it is concluded that none of the errors invoked by the appealing parties are evident, since this body reaches identical conclusions after weighing the evidence"
Considerando III.1.1
"se concluye que no se denota ninguno de los yerros invocados por las partes recurrentes, pues el presente órgano arriba a idénticas conclusiones tras ponderar la prueba"
Considerando III.1.1
Full documentDocumento completo
Court of Appeal of Criminal Sentences of Cartago Date of Resolution: January 30, 2025, at 08:35 Case File: 20-000457-0634-PE Type of Matter: Appeal International Regulations: American Convention on Human Rights, Pact of San José International Regulations Ruling with protected data, in accordance with current regulations 1 Case File: 20-000457-0634-PE Against: [Name 001] and Others Offense: Usurpation (Usurpación) and Others Injured Party: Natural Resources and another Res: 2025-0045 Court of Appeal of Criminal Sentences of Cartago, First Section. At eight thirty-five hours on January thirtieth, two thousand twenty-five.
Appeals filed in case 20-000457-0634-PE against [Name 001], [...] and [Name 002], [...]; for the offenses of usurpation (usurpación) and violation of the Law on National Archaeological Heritage (Ley sobre patrimonio nacional arqueológico) to the detriment of [Name 003] and the Indigenous Territory of Térraba, respectively. Judges Laura Chinchilla Rojas and Susana Wittmann Stengel, as well as Judge Christian Fernández Mora, participate in the decision of the appeal. Appearing at this venue were Ms. Sandy Pérez Ugalde, Auxiliary Prosecutor for Indigenous Affairs, Buenos Aires office; Ms. Viviana Brenes Delgado, Criminal Prosecutor for the State (Procuradora Penal); and Mr. Juan Vásquez Calderón, private defense counsel for the accused [Name 001].
WHEREAS (RESULTANDO):
I.That, by means of written judgment number 411-2024, issued at 16:23 hours on August 7, 2024, the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, San Isidro de El General, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing and Articles 39 and 41 of the Political Constitution, Article 8(2) and 9 of the American Convention on Human Rights, Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 14(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights, Articles 1, 6, 9, 16, 142, 184, 265 to 270, 360 to 366 of the Code of Criminal Procedure, Articles 1, 30, 34, 40, 70, 75, 76, 77, 225 of the Penal Code, Executive Decree 5904-G, Law 6172, Articles 21, 23, 24 of the Law on National Archaeological Heritage (Ley sobre Patrimonio Nacional Arquelógico [sic]) 6703, [Name 001] and [Name 002] are ACQUITTED of all penalty and responsibility for the offense of USURPATION (USURPACIÓN), to the detriment of [Name 003], and for the offense of VIOLATION OF THE LAW ON NATIONAL ARCHAEOLOGICAL HERITAGE (INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE PATRIMONIO NACIONAL ARQUEOLÓGICO), ARTICLES 21, 23 AND 24, to the detriment of the INDIGENOUS TERRITORY OF TÉRRABA.
The Civil Action for Damages (Acción Civil Resarcitoria) brought against them by the representation of the Procuraduría General de la República is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). The definitive return of the yellow Caterpillar model D56 bulldozer (tractor de oruga), without license plates, serial number MHK04384 with identification number CATOOD5ARKG01024, to Mr. [Name 002] is ordered. This judgment is issued without special order as to costs; the expenses of the process are borne by the State. Sonia Huezo Herrera. Trial Judge."
II.That, against the preceding ruling, the Prosecution and the Procuraduría General de la República, the latter in its dual capacity as civil claimant (actora civil) and complainant (querellante), filed an appeal.
III.That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the court addressed the issues raised in the challenging briefs.
Drafted by Judge Chinchilla Rojas and; CONSIDERING (CONSIDERANDO):
I.Admissibility. Ms. Sandy Pérez Ugalde, Auxiliary Prosecutor for Indigenous Affairs, Buenos Aires office, and Ms. Viviana Brenes Delgado, Criminal Prosecutor for the State (procuradora penal), filed an appeal against the judgment rendered in this case, a decision that is challengeable by said parties given that the former is the public official designated to carry forward the charges and the latter assumed the representation of the State for offenses related to collective and diffuse interests, having exercised, in a timely and proper manner, the complaint (querella) and the civil action for damages (acción civil resarcitoria) (subjective taxativity). The judgment is also susceptible to being heard in this forum because it was rendered after an oral and public hearing (objective taxativity). The challenges are contained in reasoned writings, filed before the instance body and within the legal deadline, as they were submitted to the Virtual Desk (Escritorio Virtual) on September 3 and 4, 2024, in strict order.
Given that the judgment was issued on August 7, 2024, and its full reading took place on August 14, 2024, the legal deadline of 15 business days did not expire until September 5, 2024, itself (taking into account that the Mother's Day holiday was a non-business day, as were the weekends) and, therefore, they must be admitted, without further formalities being necessary, since otherwise, the mandate established in Article 8.2.h of the American Convention on Human Rights and the ruling of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica, judgment of July 2, 2004, would be breached. It is necessary to indicate that, in this case, a particularity occurred, which is that, on the second business day after the full reading of the judgment, the private defense counsel for [Name 001] filed a request for clarification (aclaración) before the trial court; however, it was not resolved until September 12, 2024, that is, six business days after the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República had already filed their appeals.
In said resolution, it is read: "Regarding what was highlighted in the previous excerpt, the defense attorney is correct; due to an involuntary error, it was recorded that indigenous people had the right to resort to de facto means to recover ancestral territories, when the correct statement was that indigenous people have the right to resort to the corresponding legal means to recover ancestral territories, just as international regulations have established, which have made it clear that it is the States that must undertake the necessary actions to guarantee that indigenous peoples can exercise that right to the spiritual and cultural bond with ancestral territories and to territorial recovery, but de facto means to claim their rights over said territories will never be legitimate; in this way, the resolution is clarified and supplemented, without modifying the substance of what has already been resolved." Article 147 of the Code of Criminal Procedure relating to requests for supplementation (adición) and clarification (aclaración), in its last paragraph, provides: "the request shall interrupt the term for filing the appeal." If this phrase is given a literal interpretation, parties who file such a petition would be prejudiced in their right to appeal, because in procedural and prescription matters, the term "interrupt" means to start the computation from zero, and this would entail that, with the filing of the request for supplementation and clarification, the 15-day period for appeal would begin to run again, and if the lower court (a quo) did not rule before that time elapsed, the party would lose the opportunity to appeal, an aspect that makes no sense whatsoever.
This issue has a historical background already addressed by national jurisprudence, which is that, before the reform introduced to the Code of Criminal Procedure by Law No. 9021 of January 3, 2012, the aforementioned Article 147 stated that, in cases of filing a petition for supplementation and clarification, the period for appeal was suspended (not interrupted) until the issuance of its resolution, that is, it did not continue to run until the ruling of the responsible judicial authority was complete, which is reasonable on the understanding that the challenge must occur once all the arguments of the judging person have been reviewed. It would be illogical for an appeal to be filed and, when the supplementation and clarification is resolved, another one be filed expanding upon the former with the considerations that the parties could make regarding the second, which is complementary. In this regard, the Court of Appeal of Criminal Sentences of the Second Judicial Circuit of San José, in its vote number 1539-2015, at 08:20 hours on November 19, 2015, referred to its own precedent from what was formerly the Court of Criminal Cassation: "If the rule were interpreted literally, one would then have, that with the mere presentation of the petition for supplementation or clarification, the period for challenging the previous resolution would have to begin to run, which is a contradiction because the latter is not yet complete or integrated with the complementary resolution that, although it may reject the petition, may clarify or supplement it in non-essential aspects, as occurred in this matter where, despite maintaining the order of costs for a certain amount, it was decided how said amount should be divided.
In other words, if we adhere to the literalness of the rule, we would generate a legal absurdity whereby the period for challenge begins to run for the parties, erasing the previous one, without yet having knowledge of what the Court will resolve regarding their petition. Evidently, that reform, apart from being irrelevant for the purposes for which that law was issued (to correct deficiencies omitted when issuing the Law creating the Criminal Sentence Appeal) was unnecessary and was issued in the opposite sense to how the generalized procedural doctrine, in Comparative Law, indicates the institute should be regulated" and, therefore, based on superior interpretative principles (constitutional and conventional), among which are legal hermeneutics, the historical principle, and, above all, the right to appeal, the argument put forward is shared, and it is understood that, as of September 13, 2024, the 15 days would have begun to run again.
However, despite the fact that the summons was made on September 18, 2024 (four business days after the clarification), neither of the appellants claimed or took advantage of that additional time to pronounce on it. Even so, this chamber considers that no substantial modification occurred in what was resolved and that this specific point was encompassed by the parties' challenges. No grievance was caused to the technical defenses either, because the one that promoted the aforementioned resolution did refer to it in its response and the other one did not even respond to the appeals. Thus, as there is no violation of fundamental rights, we proceed to the resolution on the merits.
II.Procedural Summary. (A) Solely for purposes of clarity, the judgment resolved, in its first considering, an objection of lack of standing (excepción de falta de acción) that was presented by the technical defense of [Name 001] —from the preliminary hearing and at the start of the debate— under the argument that, since usurpation (usurpación) is a public offense subject to private instigation (delito de acción pública a instancia privada), it should have been pursued by the Indigenous Development Association that holds the administration of the indigenous territories and not by a private individual such as the complainant [Name 004]. The judgment declared it without merit, as it considered that, since it involves collective interests, both [Name 004] (complainant) and [Name 003] (who had recovered the lands of interest) are legitimate indigenous persons. This point was not challenged, but this chamber has reviewed it ex officio, as part of the comprehensive examination, and reaches the same conclusion as the lower court (a quo).
On the understanding that said objection pertains to the civil claim, and not the criminal one, one must abide by the close linkage of both issues, since the latter was invoked by the Procuraduría General de la República as the potential cause of the damage claimed. From this perspective, the facts that constitute the civil action for damages (acción civil resarcitoria) describe an ideal concurrence between an offense of usurpation (usurpación) and a violation of the law on national archaeological heritage, whereby two legally protected interests would have been harmed by a single action in the criminal legal sense: property, but also one of a collective nature such as national archaeological heritage; hence, with respect to this latter (which is inseparable from the former), it was feasible for any person (natural or legal) —including, of course, the representation of the State— to appear in this process, because although it concurs with a public offense subject to private instigation, the other is a public offense.
Additionally, one must consider that the land in which the facts are circumscribed is not claimed under private ownership but as part of the Térraba indigenous community, and to that extent, there is also a diffuse interest that legitimated the civil claimant (actora civil). This has even been recognized by the Inter-American Court of Human Rights in its judgment of June 27, 2012, in the case of Kichwa Indigenous People of Sarayaku Vs. Ecuador; in its words: "The Court considers that the right to cultural identity is a fundamental right of a collective nature of indigenous communities, which must be respected in a multicultural, pluralistic, and democratic society," and Costa Rica has been a party to the Inter-American Human Rights System since 1978, when the American Convention on Human Rights entered into force, meaning these are supra-constitutional rights that support it. (B) Now, nothing was invoked regarding the statute of limitations (prescripción) in the challenging briefs; however, as it is a matter handled by a single judge at the trial level (under Article 96 bis of the Organic Law of the Judicial Branch), involving penalties of five years' imprisonment or less that greatly shorten the limitation period, this chamber proceeded to review this point ex officio to determine that the criminal action has not precluded over time.
Both the male accused and the female accused were formally charged with the offense of usurpation (usurpación) which, according to Article 225 of the Penal Code, is punishable by imprisonment from six months to four years; and with a violation of Article 23 of the Archaeological Heritage Law, which provides for a penalty of two to five years' imprisonment. According to the rules of Articles 31 to 34 of the Code of Criminal Procedure, the validity of the criminal action would expire in a time equal to the maximum penalty, without the limitation period being less than three years or greater than ten. In this particular case, the maximum limits provided in each of the indicated criminal types do not violate such bounds, so the first would, in principle, prescribe at four years, and the second at five. However, once the interrupting and/or suspensive acts have begun, those periods are reduced by half, that is, to two years and two and a half years, respectively, since, even though the acts are accused as a single action (ideal concurrence), the statute of limitations is computed separately according to the provisions of Article 32, second paragraph, of the procedural code.
The accusatory act of perturbation of the continuous offense of usurpation (usurpación) (beginning and end) dates back to July 27, 2020. The investigative statements of the two accused persons were given on May 12, 2022 (by the prosecutorial accusation) and January 24, 2023 (by the complaint). Note that, from the beginning of the computation of the extinction period until that interrupting act, the referred period had not elapsed, nor did it elapse between that act and the subsequent ones, because there were two schedules for a preliminary hearing in the interim, with such character (see Article 33(c) of the Code of Criminal Procedure) according to resolutions of February 10, 2023, and May 26, 2023. There were also two schedules for debate, with the same effect mentioned (Article 33(d) of the Code of Criminal Procedure), by resolutions of January 10, 2024, and June 6, 2024. The acquittal judgment was given on August 7, 2024 (Article 33(f) of the Code of Criminal Procedure).
Each of those acts, as stated, had an interrupting consequence, which means that the reduced period must begin to run again on each occasion, and as observed, between the date of the facts and each of them, those periods were not completed, therefore the criminal action is current.
III.Appeal filed by the Public Prosecutor's Office. Ms. Sandy Pérez Ugalde, Auxiliary Prosecutor for Indigenous Affairs, Buenos Aires office, filed an appeal. As the sole ground, she alleges a lack of intellective reasoning, in that, in her opinion, the judgment did not carry out an adequate analysis of the evidence received at trial. She considers that the trial court made a very general statement of the body of evidence, without delving into and analyzing the testimonies received in the adversarial proceedings. She points out that it made a transcription of the statement of the accused, of the witnesses for the prosecution ([Name 004], [Name 005], [Name 006], [Name 003], [Name 007]), and of the witness for the defense ([Name 008]) and copies, in the challenging brief, a broad textual excerpt from the judgment to indicate that the court should have taken into account each of the aspects developed at trial and why it did not accept the prosecutorial thesis, but above all, it did not pronounce on the consistency of the prosecution declarations, which were, from her perspective, clear, precise, spontaneous, and congruent with the complaints, so she misses a pronouncement on their reliability.
She criticizes that the acquittal was based solely on the statement of the accused [Name 002] and, therefore, in her words, "is manifestly dissatisfied" and requests its nullity and a remand so that the evidence may be re-evaluated. Appeal filed by the complainant and civil claimant (Procuraduría General de la República). For her part, Ms. Viviana Brenes Delgado, Criminal Prosecutor for the State (procuradora penal), also presented a challenge brief against the aforementioned acquittal judgment. As the sole ground, she invokes a lack of intellective reasoning, a violation of the rules of sound rational criticism (derivation and logic), due to an erroneous assessment of the evidence. To do this, she copied the statement of facts from the complaint (querella), as well as parts of the appealed judgment, to claim that the fact that the complaint began with an alleged usurpation (usurpación) does not suppress the second offense of violation of the Law on National Archaeological Heritage.
She exemplifies with a hypothetical case in which a robbery is reported and, upon arriving, the authorities find a lifeless body and that they dismiss the latter just because the initial alert was a theft. She points out that witness [Name 005], a Public Force officer, despite having been offered as a prosecution witness, behaved in a hostile manner, so the court errs in classifying him as impartial; even so, she indicates, he did say he observed hollow stones. She points out that it is not true that police report number 0087464-2 at 09:20 hours did not record that it was an indigenous cemetery and transcribes a literal quote containing said reference. In her understanding, from the morning of the very day of the events, the accused and the accused party had knowledge of this and, even so, continued with the use of the machinery. She also transcribes a fragment of police report number 0087479-20 at 14:30 hours in which it was indicated that the complainant warned that it was an indigenous cemetery.
She affirms that the court's conclusion that nobody knew of its existence until two days later when the archaeological inspection took place finds no basis in that evidence. From her perspective, witness [Name 008] was complacent when he stated that he did not know of any indigenous cemetery, that he had heard talk that there was one, but not precisely where, and she claims that the court gave him more credibility than the rest, despite the fact that the perimeter of the archaeological sites are registered with the National Museum, as pointed out by the report issued by archaeologist [Name 006]. To that extent, she also considers there is an error in declaring the civil action for damages (acción civil resarcitoria) without merit for lack of causal nexus, when the damage was part of the proven facts. Finally, she requests that her challenge be declared with merit, that the judgment be annulled, and that a new trial be ordered before the same court, but composed of a different judicial authority.
Response from the technical defense of [Name 001]. The private defense of the accused [Name 001] responded to the arguments of the appeals and considers that the judgment is in accordance with the law, as its drafting allows one to recreate the reasoning of the sentencing body and the assessment it made of the entire body of evidence. She draws attention to the fact that the accusation was limited to the event at 14:30 hours and did not extend the charges to what occurred that same day in the morning. Despite this, she considers that the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República attempted to intertwine the two events. She affirms that the prosecutorial appeal repeats large parts of the judgment, but it is not clearly deduced what it is that is being contested. Meanwhile, regarding the appeal filed by the State Prosecutor (procuradora), she affirms that it expresses criteria different from those of the judgment, but does not specify the errors it supposedly finds.
She requests that it be taken into account that the complainant himself, in a supplemental report of the criminal complaint made two years later, indicated that it was not until the day of the events that they learned that the site was an archaeological monument, an aspect that was assessed by the trial court for the proper acquittal of her client. She requests, therefore, that the judgment be confirmed in all its parts. The technical defense of [Name 002] did not respond. Both appeals are declared without merit. As they are closely related, the challenges are resolved jointly, and given that they questioned the reasoning of the judgment and the evidentiary assessment, this chamber has conducted a comprehensive examination of the summary case file to conclude that it does not present flaws that would invalidate it. Let us see: (A) Regarding Form. In order to frame the control that this chamber has exercised over the evidentiary assessment expressed in the challenged judgment, that is, to determine if coherence existed and to establish that no element of value was omitted as suggested by the appellants, it is important to note that, although in its second considering, the ruling under analysis had as its only proven fact that: "It was not possible to accredit the illicit act charged by the Public Prosecutor's Office and the representative of the complaint, nor the facts described in the civil action," as a logical unit it is, throughout its entire resolution, the responsible judge undertook the task of describing the points that were not contested, giving the reasons why this was so, and developing the demonstrated aspects with reference to the body of evidence she had at her disposal for it, which was the one admitted in the preliminary hearing as has been verified: all the documentary and material evidence offered by the Prosecution and the Procuraduría General de la República was accepted; only the prosecution testimony of [Name 013] was rejected for being superabundant, and regarding that requested by the technical defenses, files 20-000038-1555 AG, and 21-000009-1555-AG, both from the Agrarian Court of Buenos Aires, a certification from the Municipality of Buenos Aires on folio 2013, and the statement of [Name 014] (who, for health reasons, did not testify) were accepted.
It is worth saying that, during the trial (according to its minutes), the deposition of [Name 008] was permitted. Those were the elements reproduced and incorporated into the adversarial proceedings, as well as those analyzed by the judgment, so no grievance was produced in that sense. On the other hand, regarding the prosecutorial complaint about what she described as excessive use of literal quotes, it is considered that the ruling of the trial court did, in effect, transcribe some parts of the testimonial statements and excerpts from the documents in the case file, but it did so to illustrate its intellective analysis which, it should be noted, is inferred to be in compliance with the rules of sound rational criticism and normative, procedural, and substantive requirements, as will be elaborated upon below. (B) Regarding the Merits. Now, to determine if the judgment incurred in deficiencies of reasoning and evidentiary analysis as claimed by the Public Prosecutor's Office and the complainant and civil claimant, this chamber will divide its review by theme, offense, and accused persons. 1.
Criminal Aspects. 1.1. Offense of Usurpation (Usurpación). Regarding this first offense, the trial ruling concluded that it was not possible to prove, with certainty, the authorship of an offense of usurpation (usurpación) on the part of [Name 001] or [Name 002]. They were accused (both accused parties) of committing it on July 27, 2020, at 14:00 hours in [...] when, in summary, they carried out clandestine earthworks (movimientos de tierra) with a tractor (under instructions from the accused and the accused individual as operator) on land that, according to the formal charges, belonged to [Name 003] since March 19, 2018, the date on which he had recovered it as part of the Indigenous Territory of Térraba. For the lower court (a quo), the prosecution evidence contradicted that charge, as witness [Name 004] declared that he had known [Name 001] since approximately 2005 because she lived within the five hectares in which the part of archaeological interest is also located, therefore, there would not have been a disturbance to [Name 003], much less a clandestine one, since, regardless of the legality of the possession she exercises there, it was known to the surrounding people that she maintained her residence at that point.
He even added that witness [Name 003] stated that he recovered the territory in 2018 and that he knew [Name 001] as the owner of a restaurant at the Paso Real crossing, about two kilometers from the scene of the events, on the same strip of land, just as prosecution witness [Name 007] testified, who affirmed that the accused had that 20-hectare property from La Escuadra to Paso Real, which includes the monument part, and, in its reasoning, this ruled out that the accused made the entry in a forced or hidden manner, because the accusing entities' own evidence admitted that she had maintained possession for a long time before. The lower court (a quo) added that the defense witness also corroborated the previously analyzed point, having clarified that the accused had lived her entire life at that site and that the Indigenous Development Association has not filed any complaint for usurpation (usurpación) against her, because they also show no interest in it, given that she has been there for 50 years, and that, rather, it was the complainants who, under the title of recoverers, invaded the area in 2018, without having the authority to dispose of the property.
Thus, in the judgment, it was derived that: a. By the time the complainant [Name 004] claimed to have recovered the place in question, the injured party was already in prior possession, therefore, the objective elements of the criminal type in Article 225(3) of the Penal Code are not configured, as her tenure has not been interrupted; and b. To exercise the right to recover ancestral territories, indigenous persons must resort to legal mechanisms, and their mere word does not annul or render non-existent the right of possession that other persons may have previously exercised, for which purpose it cited Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena): "In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, the ITCO shall relocate them to other similar lands, if they so desire; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it shall expropriate and indemnify them according to the procedures established in the Expropriations Law." Thus, the judge concluded that it is an issue to be resolved in another type of process, not in a criminal one.
Regarding [Name 002], she developed that, although he was there on the day of the events, at that time, it was in his capacity as a heavy machinery operator, hired by the accused, just as he declared in his defense and as corroborated by witness [Name 005], the Public Force officer who attended the report, who affirmed that the persons present at the place had so warned, an aspect that, she added, was not contradicted at trial. To that extent, the offense of usurpation (usurpación) could not be attributed to him with intentionality either. As can be appreciated, the trial judge was able to capture her intellective reasoning in such a way that the reasons for issuing an acquittal judgment for the offense of usurpation (usurpación) in favor of both accused parties are clearly understood and based on the rules of sound rational criticism, and she did so by analyzing, in a correlated and comprehensive manner, the entirety of the evidence, both documentary and testimonial, reproduced in the adversarial proceedings.
See that the lower court is correct when it assures that, in its seventh fact, the accusatory pleading charged both persons with clandestinely disturbing the possession exercised by the Térraba people in the territory already circumscribed above and on the date and times also noted, this by means of the entry of a tractor, taking advantage of the fact that the victim [Name 003] was not on the property and, in identical terms, the complaint and civil action for damages described it in point seven. That is to say, of the three clauses that make up the criminal offense of Article 225 of the Penal Code, the two accusing bodies framed what was denounced in the first: "Article 225.—Usurpation. A prison term of six months to four years shall be imposed:
POR TANTO:
As to form, the appeals filed by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office as complainant and civil plaintiff are admitted, and, on the merits, both are declared without merit, so the challenged judgment is maintained intact. NOTIFY.
LAURA PATRICIA CHINCHILLA ROJAS - DECIDING JUDGE SUSANA WITTMANN STENGEL - DECIDING JUDGE CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - DECIDING JUDGE Judicial Circuit of Cartago Telephones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355.
Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:12:20.
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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente 1 Contra: [Nombre 001] y Otros Delito: Usurpación y Otros Persona ofendida: Los Recursos Naturales y otro Res: 2025-0045 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera. A las ocho horas con treinta y cinco minutos del treinta de enero del dos mil veinticinco.
Recursos de Apelación interpuestos en la causa 20-000457-0634-PE seguida contra [Nombre 001], [...] y [Nombre 002], [...]; por los delitos de usurpación e infracción a la Ley sobre patrimonio nacional arqueológico en daño de [Nombre 003] y el territorio indígena de Térraba, respectivamente. Intervienen en la decisión del recurso las juezas Laura Chinchilla Rojas y Susana Wittmann Stengel, así como el juez Christian Fernández Mora. Se apersonaron, en esta sede, la licenciada Sandy Pérez Ugalde, Fiscala Auxiliar de Asuntos Indígenas, sede Buenos Aires; la licenciada Viviana Brenes Delgado, procuradora penal y el licenciado Juan Vásquez Calderón, defensor particular de la imputada [Nombre 001].
RESULTANDO:
I.Que, mediante sentencia escrita número 411-2024, de las 16:23 horas del siete de agosto de 2024, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, San Isidro de El General, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 inciso 2) y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14 inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 6, 9, 16, 142, 184, 265 a 270, 360 a 366 del Código Procesal Penal, 1, 30, 34, 40, 70, 75, 76, 77, 225 del Código Penal, Decreto Ejecutivo 5904-G, Ley 6172, 21, 23, 24 de la Ley sobre Patrimonio Nacional Arquelógico [sic] 6703, SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001] y [Nombre 002] por el delito de USURPACIÓN, en perjuicio de [Nombre 003], y del delito de INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE PATRIMONIO NACIONAL ARQUEOLÓGICO, ARTÍCULOS 21, 23 Y 24, en perjuicio del TERRITORIO INDÍGENA DE TÉRRABA.
Se declara SIN LUGAR la Acción Civil Resarcitoria incoada en su contra por la representación de la Procuraduría General de la República. Se ordena la entrega definitiva del tractor de oruga marca Carterpillar modelo D56 color amarillo, sin placas de circulación, número de serie MHK04384 con número de identificación CATOOD5ARKG01024, al señor [Nombre 002]. Se dicta esta sentencia sin especial condenatoria en costas, son los gastos del proceso a cargo del Estado. Sonia Huezo Herrera. Jueza de Juicio”.
II.Que, contra el anterior pronunciamiento, la fiscalía y la Procuraduría General de la República, esta última en su doble condición de actora civil y querellante, interpusieron recurso de apelación.
III.Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en los libelos impugnatorios.
Redacta la jueza Chinchilla Rojas y;
CONSIDERANDO:
I.Admisibilidad. Las licenciadas Sandy Pérez Ugalde, Fiscala Auxiliar de Asuntos Indígenas, sede Buenos Aires y Viviana Brenes Delgado, procuradora penal, plantearon recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, decisión que es impugnable por dichas partes dado que, la primera, es la funcionaria pública designada para llevar adelante el traslado de cargos y, la segunda, asumió la representación del Estado por delitos que tienen que ver con intereses colectivos y difusos, habiendo ejercido, en tiempo y forma, la querella y la acción civil resarcitoria (taxatividad subjetiva). También la sentencia es susceptible de ser conocida en esta vía por haberse producido tras un debate oral y público (taxatividad objetiva). Las impugnaciones constan en escritos motivados, aportados ante el órgano de instancia y dentro del plazo legal pues se incorporaron al Escritorio Virtual el tres y cuatro de septiembre de 2024, estricto orden.
Dado que la misma se emitió el siete de agosto de 2024 y su lectura integral se verificó el 14 de agosto de 2024, el plazo legal de 15 días hábiles no vencía sino hasta el propio cinco de septiembre de 2024 (tomando en cuenta que el feriado por el día de la madre fue día inhábil tanto como los fines de semana) y, por ello, deben admitirse, sin que sean necesarias ulteriores formalidades pues, de lo contrario, se incumpliría el mandato establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, sentencia del dos de julio de 2004. Es necesario indicar que, en la especie, ocurrió una particularidad y es que, al segundo día hábil de la lectura integral de la sentencia, el defensor particular de [Nombre 001] presentó una solicitud de aclaración al tribunal de juicio; sin embargo, la misma fue resuelta hasta el 12 de septiembre de 2024, es decir, seis días hábiles después de que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República ya habían presentado sus apelaciones.
En dicha resolución se lee: “Sobre lo resaltado del extracto anterior, lleva razón el abogado defensor, por error involuntario se consignó que las personas indígenas tenían derecho a acudir a las vías de hecho para recuperar los territorios ascentrales [sic], cuando lo correcto era, las personas indígenas tienen derecho a acudir a las vías legales correspondientes para recuperar los territorios ancestrales, tal cual lo ha dispuesto la normativa internacional, la cual ha dejado claro que son los Estados quienes deben emprender las acciones necesarias para garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer ese derecho al vínculo espiritual y cultural con los territorios ancestrales y a la recuperación territorial, pero nunca serán legítimas las vías de hecho para reivindicar sus derechos sobre dichos territorios, de este modo se aclara y adiciona la resolución, sin que se modifique el fondo de lo ya resuelto”.
El artículo 147 del Código Procesal Penal relativo a las solicitudes de adición y aclaración, en su último párrafo, dispone: “la solicitud interrumpirá el término para interponer el recurso”. Si a esa frase se le da una interpretación literal resultarían perjudicadas, en su derecho de recurrir, las partes que planteen una gestión de esa índole, pues en materia procesal y de prescripción el término “interrumpir” significa volver a computar de cero y ello conllevaría a que, con la presentación de la solicitud de adición y aclaración, volverían a contabilizarse los 15 días de plazo para apelar y que si el a quo no resolviera antes de ese tiempo, la parte perdería la oportunidad recursiva, aspecto que carece de total sentido. Tal cuestión tiene un trasfondo histórico ya abordado por la jurisprudencial nacional y es que, antes de la reforma introducida al Código Procesal Penal por ley número 9021 del tres de enero de 2012, el artículo 147 supra indicado refería que, en casos de interposición de una petición de adición y aclaración, el plazo para apelar se suspendía (no se interrumpía) hasta el dictado de su resolución, es decir, no seguía corriendo sino hasta que estuviera completo el pronunciamiento de la autoridad judicial a cargo, lo cual es razonable en el entendido de que la impugnación debe darse una vez que se revisen la totalidad de argumentos de la persona juzgadora.
Carecería de lógica que se presente una apelación y, cuando se resuelva la adición y aclaración, se plantee otra ampliando aquella con las consideraciones que las partes pudieran hacer de la segunda que resulta complementaria. Al respecto, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en su voto número 1539-2015, de las 08:20 horas del 19 de noviembre de 2015, remitió a un antecedente propio de lo que fuere el otrora Tribunal de Casación Penal: “Si la norma se interpretara literalmente se tendría, entonces, que con la sola presentación de la gestión de adición o aclaración, tendría que empezar a correr el plazo de impugnación de la resolución anterior, lo que es un contrasentido porque ésta aún no está completa o integrada con la resolución complementaria que, aunque puede rechazar la gestión, puede aclararla o adicionarla en aspectos no esenciales, como ocurriera en este asunto en que, a pesar de mantenerse la condena en costas por un cierto monto, se dispuso cómo debía dividirse dicho monto.
En otras palabras, si nos atenemos a la literalidad de la norma, generaríamos un absurdo jurídico de que a las partes les empiece a correr el plazo de impugnación, borrando lo anterior, sin tener conocimiento aún de lo que el Tribunal va a resolver respecto a su gestión. Evidentemente, esa reforma, aparte de inatinente para los fines por los que se emitió esa ley (corregir deficiencias omitidas al dictar la Ley de creación del Recurso de Apelación de Sentencia Penal) resultaba innecesaria y se emitió en sentido contrario a como la doctrina procesal generalizada, en Derecho comparado, señala que debe regularse el instituto” y, por ello, partiendo de principios interpretativos superiores (constitucionales y convencionales) dentro de los cuales se encuentra el de hermenéutica jurídica, el histórico y, sobre todo, el derecho al recurso, se comparte el criterio esgrimido y se entiende que, a partir del 13 de septiembre de 2024, hubiesen vuelto a correr los 15 días.
No obstante, a pesar de que el emplazamiento se hizo el 18 de septiembre de 2024 (cuatro días hábiles después de la aclaración), ninguna de las apelantes reclamó o echó mano de ese tiempo adicional para pronunciarse sobre ella. Aun así, valora esta cámara que no se produjo ninguna modificación sustancial en lo resuelto y que ese punto en concreto quedó comprendido por las impugnaciones de las partes. Tampoco se les ocasionó un agravio a las defensas técnicas, porque la que promovió la citada resolución sí aludió a ella en su contestación y, la otra, ni siquiera dio respuesta a los recursos. Así las cosas, al no existir vulneración a derechos fundamentales, se continúa con la resolución por el fondo.
II.Recuento procesal. (A) Solo para efectos de claridad, la sentencia resolvió, en su primer considerando, una excepción de falta de acción que fue presentada por la defensa técnica de [Nombre 001] —desde la audiencia preliminar y al inicio del debate—bajo el argumento de que, al ser la usurpación un delito de acción pública a instancia privada, debió ser promovida por la Asociación de Desarrollo Indígena que ostenta la administración de los territorios indígenas y no por un particular como lo es el denunciante [Nombre 004]. La sentencia la declaró sin lugar, pues estimó que, al tratarse de intereses colectivos, tanto [Nombre 004] (denunciante) como [Nombre 003] (quien había recuperado las tierras de interés), son personas indígenas legitimadas. Este extremo no fue impugnado, pero esta cámara lo ha revisado de oficio, como parte del examen integral, y llega a la misma conclusión que el a quo.
En el entendido de que dicha excepción lo es respecto del reclamo civil, más no lo penal, debe estarse a la estrecha vinculación de ambas cuestiones, pues lo segundo fue lo invocado por la Procuraduría General de la República como posible causa del daño que demanda. Desde tal perspectiva, los hechos que componen la acción civil resarcitoria describen un concurso ideal entre un delito de usurpación y una infracción a la ley sobre patrimonio nacional arqueológico, con lo cual, se habría lesionado, con una sola acción en sentido jurídico penal, dos bienes jurídicos tutelados: la propiedad, pero además, uno de naturaleza colectiva como lo es el patrimonio nacional arqueológico; de ahí que, respecto de este último (que es inescindible al primero), era viable que cualquier persona (física o jurídica) —incluyendo, por supuesto, la representación del Estado— se apersonara a este proceso, pues aunque concurre con un delito de acción pública a instancia privada, el otro es de acción pública.
Adicionalmente, hay que ver que el terreno en el cual se circunscriben los hechos no se reclama a título particular, sino como parte de la comunidad indígena Térraba y, en ese tanto, también hay un interés difuso que legitimó a la actora civil. Así, incluso, lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 27 de junio de 2012 en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador; en sus palabras: “La Corte considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática” y Costa Rica es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde 1978, cuando entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, que se trata de derechos supraconstitucionales que lo avalan. (B) Ahora bien, no se invocó nada respecto de la prescripción en los libelos impugnatorios; no obstante, al tratarse de un asunto de tramitación unipersonal en sede de juicio (por el artículo 96 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial), en que están de por medio penas de cinco años de prisión o menos que acortan por mucho la prescripción, esta cámara procedió a realizar una revisión de oficio de ese extremo para determinar que la acción penal no ha precluido en el tiempo.
Tanto al imputado como a la sindicada, se les trasladó acusación formal por el delito de usurpación que, según el artículo 225 del Código Penal, se sanciona con prisión de seis meses a cuatro años; y, de una infracción al artículo 23 de Ley de patrimonio arqueológico número que prevé una pena de dos a cinco años de prisión. Según las reglas de los numerales 31 a 34 del Código Procesal Penal, la vigencia de la acción penal fenecería en un tiempo igual al máximo de la pena, sin que el plazo de prescripción pueda ser menor de tres años o mayor a diez. En el particular, los extremos máximos previstos en cada uno de los tipos penales indicados no violentan tales límites, por lo que, el primero prescribiría, en principio, a los cuatro años y, el segundo, a los cinco. Sin embargo, iniciados los actos interruptores y/o suspensivos, esos lapsos se reducen a la mitad, es decir a dos años y dos años y medio, respectivamente, ya que, aunque los hechos sed acusen como una sola acción (concurso ideal) la prescripción se computa separadamente al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo del código de rito.
El acusado acto perturbatorio del delito continuo de usurpación (inicio y fin) se remonta al 27 de julio de 2020. Las declaraciones indagatorias de las dos personas acusadas se dieron el 12 de mayo de 2022 (por la acusación fiscal) y el 24 de enero de 2023 (por la querella). Nótese que, desde el inicio del cómputo del plazo de extintivo hasta ese acto interruptor, no había transcurrido el plazo referido y tampoco se dio entre ese y los siguientes, pues existieron dos señalamientos a audiencia preliminar en el ínterin, con tal carácter (ver artículo 33 inciso c) del Código Procesal Penal) según resoluciones del 10 de febrero de 2023 y del 26 de mayo de 2023. También se dieron dos señalamientos a debate, con el mismo efecto dicho (artículo 33 inciso d) del Código Procesal Penal), por resoluciones del 10 de enero de 2024 y del 06 de junio de 2024. La sentencia absolutoria se dio el 07 de agosto de 2024 (artículo 33inciso f) del Código Procesal Penal).
Cada uno de esos actos, como se dijo, tuvo una consecuencia interruptora, que origina que el plazo reducido deba volver a contarse en cada ocasión y, como se observa, entre la fecha de los hechos y cada una de ellas, no se completaron aquellos, por lo que la acción penal está vigente.
III.Recurso de apelación incoado por el Ministerio Público. La licenciada Sandy Pérez Ugalde, Fiscala Auxiliar de Asuntos Indígenas, sede Buenos Aires, interpuso recurso de apelación. Como único motivo, alega la carencia de fundamentación intelectiva, en tanto, a su criterio, la sentencia no efectuó un adecuado análisis de la prueba recibida en debate. Estima que el tribunal de juicio hizo una enunciación muy general del elenco, sin profundizar y analizar los testimonios recibidos en el contradictorio. Señala que hizo una transcripción de la declaración del imputado, de los testigos de cargo ([Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 003], [Nombre 007]) y del testigo de descargo ([Nombre 008]) y copia, en el libelo impugnatorio, un amplio extracto textual de la sentencia para indicar que el tribunal debió tomar en cuenta cada uno de los aspectos desarrollados en debate y por qué no acogió la tesis fiscal, pero sobre todo, no se pronunció sobre la consistencia de las declaraciones de cargo que fue, desde su óptica, clara, precisa, espontánea y congruente con las denuncias, por lo que extraña un pronunciamiento sobre su fiabilidad.
Fustiga que la absolutoria se basó solo en el dicho del acusado [Nombre 002] y, por eso, en sus palabras, “se encuentra manifiestamente inconforme” y pide su nulidad y el renvío para que la prueba sea nuevamente valorada. Recurso de apelación incoado por el la parte querellante y actora civil (Procuraduría General de la República). Por su parte, la licenciada Viviana Brenes Delgado, procuradora penal, también presentó un escrito de impugnación en contra de la sentencia absolutoria ya referida. Como único motivo, invoca una falta de fundamentación intelectiva, violación a las reglas de la sana crítica racional (derivación y lógica), por una errada valoración de las probanzas. Para ello, copió la relación de hechos de la querella, así como partes de la sentencia recurrida para reclamar que, el hecho de que la denuncia empezara por una supuesta usurpación, no suprime la segunda delincuencia de infracción a la Ley de patrimonio nacional arqueológico.
Ejemplifica con un caso hipotético en el cual se denuncie un robo y, al llegar, las autoridades encuentren un cuerpo sin vida y que desestimen esto último solo porque la alerta inicial fue una sustracción. Señala que el testigo [Nombre 005], oficial de Fuerza Pública, pese a haber sido ofrecido como prueba de cargo, se comportó de manera hostil, por lo que yerra el tribunal al calificarlo como imparcial; aun así, señala, sí dijo que observó piedras de hueca. Apunta a que no es cierto que el informe policial número 0087464-2 de las 09:20 horas no consignara que se trataba de un cementerio indígena y traslada una cita textual que contiene dicha referencia. A su entender, desde la mañana, el propio día de los hechos, el imputado y la encartada tenían conocimiento de ello y, aun así, continuaron con el empleo de la maquinaria. También transcribe un fragmento del informe policial número 0087479-20 de las 14:30 horas en donde se indicó que el denunciante advirtió que se trataba de un cementerio indígena.
Afirma que la conclusión del tribunal de que nadie sabía de su existencia sino hasta dos días después en que se dio la inspección arqueológica, no encuentra asidero en esas probanzas. Desde su óptica, el testigo [Nombre 008] se mostró complaciente cuando manifestó que no conocía ningún cementerio indígena, que se escuchaba decir que lo había, pero no con precisión en dónde y reclama que el tribunal le dio más credibilidad que al resto, pese a que el perímetro de los sitios arqueológicos están inscritos en el Museo Nacional como lo apunta el informe rendido por el arqueólogo [Nombre 006]. En ese tanto, también existe, a su entender, una equivocación al declarar sin lugar la acción civil resarcitoria por falta de nexo causal, cuando el daño fue parte de los hechos probados. Finalmente, solicita se declare con lugar su impugnación, se anule la sentencia y se disponga un nuevo juicio ante el mismo tribunal, pero integrado por una autoridad judicial diferente.
Contestación de la defensa técnica de [Nombre 001]. La defensa particular de la imputada [Nombre 001] respondió a los argumentos de las impugnaciones y estima que la sentencia está apegada a derecho, pues su redacción permite recrear el razonamiento del órgano sentenciador y la valoración que hizo de todo el elenco probatorio. Llama la atención sobre el hecho de que la acusación se circunscribió al hecho de las 14:30 horas y no amplió la imputación a lo ocurrido, ese mismo día, pero en la mañana. Pese a eso, considera que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República intentaron entrelazar los dos eventos. Afirma que el recurso fiscal repite grandes partes de la sentencia, pero no se desprende con claridad qué es lo que controvierte. Por su parte, el incoado por la procuradora del Estado, afirma, externa criterios distintos de los de la sentencia, pero no concreta sobre los errores que supuestamente encuentra.
Solicita se tome en cuenta que, el propio denunciante, en una ampliación de la noticia criminal que hizo dos años después, indicó que hasta el día de los hechos se enteraron de que el sitio era un monumento arqueológico, aspecto que fue valorado por el tribunal de juicio para la correcta absolutoria de su representada. Solicita, pues, se confirme la sentencia en todos sus extremos. La defensa técnica de [Nombre 002] no contestó. Se declaran sin lugar ambos recursos. Por estar estrechamente relacionadas, se resuelven de forma conjunta las impugnaciones y, dado que cuestionaron la fundamentación de la sentencia y la valoración probatoria, esta cámara ha hecho un examen integral de la sumaria para concluir que la misma no presenta vicios que la invaliden. Veamos: (A) En cuanto a la forma. A fin de enmarcar el control que ha hecho esta cámara de la valoración probatoria vertida en la sentencia impugnada, es decir, para determinar si existió coherencia y establecer que no se haya omitido ningún elemento de valor como lo sugirieron las partes apelantes, es importante señalar que, si bien, en su segundo considerando, el pronunciamiento bajo análisis, tuvo como único hecho probado que: “No se logró acreditar el hecho ilícito acusado por el Ministerio Público y el representante de la querella, ni los hechos descritos en la acción civil”, como unidad lógica que es, a lo largo de todo su resolución, la juzgadora a cargo se dio a la tarea de describir los puntos que no encontraron controversia, dar las razones por las cuales fue así e ir desarrollando los aspectos demostrados con alusión al elenco probatorio que tuvo al alcance para ello, el cual fue el admitido en la audiencia preliminar según se ha verificado: se aceptó toda la prueba documental y material ofrecidas por la fiscalía y la Procuraduría General de la República, solo se rechazó la declaración de cargo de [Nombre 013] por superabundante y, en cuanto a la requerida por las defensas técnicas, se aceptaron los expedientes 20-000038-1555 AG, el 21-000009-1555-AG, ambos, del Juzgado Agrario de Buenos Aires, una constancia de la Municipalidad de Buenos Aires a folio 2013 y la declaración de [Nombre 014] (quien, por razones de salud no declaró).
Valga decir que, en el curso del debate (según sus actas), se permitió la deposición de [Nombre 008]. Esos resultaron los elementos reproducidos e incorporados al contradictorio, así como los analizados por la sentencia, de modo que no se produjo ningún agravio en ese sentido. Por otro lado, en cuanto al reclamo fiscal sobre lo que calificó como uso excesivo de citas textuales, se tiene que el pronunciamiento del tribunal de juicio, en efecto, transcribió algunas partes de las declaraciones testimoniales y extractos de los documentos en autos, pero lo hizo para ilustrar su análisis intelectivo que, dicho sea de paso, se colige en respeto de las reglas dela sana crítica racional y exigencias normativas, procesales y sustantivas como se profundizará a continuación. (B) En cuanto al fondo. Ahora bien, para determinar si la sentencia incurrió en falencias de fundamentación y análisis probatorio como lo reclamaron el Ministerio Público y la parte querellante y actora civil, esta cámara dividirá su revisión por temas, delincuencias y personas acusadas. 1.
Aspectos penales. 1.1. Delito de usurpación. Sobre esta primera delincuencia, el pronunciamiento de juicio concluyó que no era posible acreditar, con certeza, la autoría de un delito de usurpación a por parte de [Nombre 001] ni [Nombre 002]. Este les fue acusado (a ambas personas sindicadas) como cometido el 27 de julio de 2020 a las 14:00 horas en [...] cuando, en resumen, realizaron movimientos clandestinos de tierra con un tractor (por instrucciones de la imputada y el sindicado como operario) en un terreno que, de acuerdo con las imputaciones formales, pertenecía a [Nombre 003] desde el 19 de marzo de 2018, fecha en que lo habrá recuperado como parte del territorio indígena de Térraba. Para el a quo la prueba de cargo contradijo esa imputación, pues el testigo [Nombre 004] declaró que conocía a [Nombre 001] desde el 2005, aproximadamente, porque ella vivía dentro de las cinco hectáreas en las que también está la parte de interés arqueológico, por lo cual, no se habría dado una perturbación a [Nombre 003] y mucho menos una clandestina, ya que, con independencia de la legalidad de la posesión que ella ejerce ahí, era conocido por las personas aledañas que mantenía su residencia en dicho punto.
Incluso, agregó que el testigo [Nombre 003] aseguró que recuperó el territorio en 2018 y que a [Nombre 001] la conocía como dueña de un restaurante en el cruce de Paso Real, a unos dos kilómetros del lugar de los hechos, en la misma franja de tierra, al igual que lo depuso la testigo de cargo [Nombre 007], quien afirmó que la sindicada tiene esa propiedad de 20 hectáreas desde la Escuadra a Paso Real, que incluye la parte del monumento y, en su razonamiento, eso descartó que la imputada haya hecho el ingreso de manera forzada u oculta, debido a que la propia prueba de los entes acusadores admitió que aquella mantenía una posesión desde mucho tiempo atrás. Agregó el a quo, que el testigo de descargo también secundó lo analizado de previo, al haber aclarado que la endilgada ha vivido toda su vida en ese sitio y que la Asociación de Desarrollo Indígena no ha presentado ninguna denuncia por usurpación en su contra, porque tampoco muestran interés en ello, ya que tiene 50 años de estar ahí y que, más bien, fueron los denunciantes quienes, a título de recuperadores, invadieron la zona en 2018, sin que tengan potestad para disponer del inmueble.
Así, en la sentencia, se derivó que: a. Para el momento en que el denunciante [Nombre 004] dijo haber recuperado el lugar de marras, ya la ofendida estaba en posesión previa, por lo cual, no se configuran los elementos objetivos del tipo penal del artículo 225, inciso 3) del Código Penal, pues su tenencia no se ha visto interrumpida y; b. Para ejercer el derecho de recuperar territorios ancestrales, las personas indígenas deben acudir a mecanismos legales y, su solo dicho, no anula o convierte en inexistente el derecho de posesión que otras personas hayan realizado de previo, para lo cual citó el artículo 5 de la Ley Indígena: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones”.
Así, pues, concluyó la jueza que es un tema que ha de dilucidarse en otro tipo de proceso, más no en uno penal. Respecto de [Nombre 002], desarrolló que, si bien estaba ahí el día de los hechos, a esa hora, lo fue en su condición de operario de maquinaria pesada, contratado por la endilgada, tal como lo declaró en su descargo y lo secundó el testigo [Nombre 005], oficial de Fuerza Pública que atendió el reporte, quien afirmó que así lo habían advertido las personas presentes en el lugar, aspecto que, agregó, no fue controvertido en el debate. En ese tanto, no se le pudo trasladar el delito de usurpación a título doloso tampoco. Como se logra apreciar, la jueza de juicio logró plasmar su razonamiento intelectivo de un modo tal que se comprenden con claridad y desde las reglas de la sana crítica racional los motivos por los cuales emitió una sentencia absolutoria por el delito de usurpación en favor del sindicado y la endilgada y lo hizo analizando, de manera correlacionada e integral, la totalidad de la prueba, tanto documental como testimonial reproducida en el contradictorio.
Véase que el a quo lleva razón cuando asegura que, en su séptimo hecho, la pieza acusatoria les señaló, a ambas personas, de perturbar clandestinamente la posesión ejercida por el pueblo Térraba en el territorio ya circunscrito líneas arriba y en la fecha y horas también apuntadas, esto mediante el ingreso de un tractor, aprovechando de que el ofendido [Nombre 003] no se encontraba en la propiedad y, en idénticos términos, lo describió la querella y acción civil resarcitoria en el punto siete. Quiere decir que, de los tres incisos que componen el tipo penal del artículo 225 del Código Penal, los dos órganos acusadores encuadraron lo denunciado en el primero: “Artículo 225.-Usurpación. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años:
POR TANTO:
Por la forma, se admiten los recursos de apelación incoados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República como querellante y actora civil y, por el fondo, se declaran ambos sin lugar, por lo que se mantiene incólume la sentencia impugnada. NOTIFÍQUESE.
LAURA PATRICIA CHINCHILLA ROJAS - JUEZ/A DECISOR/A SUSANA WITTMANN STENGEL - JUEZ/A DECISOR/A CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [email protected]
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