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Res. 02111-2019 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/02/2019
OutcomeResultado
The Chamber partially granted the amparo against the CNE, CONAI, and the Municipality of Buenos Aires, ordering them to resolve the petition within 15 days and coordinate urgent measures to safeguard the indigenous population of Ujarrás. It was denied against the Ministry of the Presidency and legislative fractions, as well as the claim to involve traditional ethnic authorities instead of integral development associations.La Sala declaró parcialmente con lugar el amparo contra la CNE, CONAI y la Municipalidad de Buenos Aires, ordenándoles resolver la gestión en 15 días y coordinar medidas urgentes para salvaguardar a la población indígena de Ujarrás. Se rechazó contra el Ministerio de la Presidencia y las fracciones legislativas, así como la pretensión de involucrar autoridades étnicas tradicionales en lugar de las asociaciones de desarrollo integral.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by a Cabécar indigenous person on behalf of indigenous settlements in the Ujarrás territory (Buenos Aires, Puntarenas) against several authorities. The petitioner claimed that the CNE, CONAI, the Ministry of the Presidency, the Municipality of Buenos Aires, and legislative fractions had not responded to a petition submitted in June 2018 regarding risks from natural disasters, damage from Hurricane Nate, and failure to relocate families from uninhabitable areas. The Chamber found that the Ministry responded in a timely manner, but that the CNE, CONAI, and the Municipality could not prove they had answered the petition or adequately addressed the reported risks. It partially granted the amparo: it ordered those three institutions to resolve the petition within 15 days and, if urgent measures are required, to coordinate with competent entities to safeguard the physical integrity of the indigenous population. The request to involve traditional ethnic authorities rather than integral development associations was rejected based on the Chamber’s settled case law, which endorses the ADIs as representative bodies of indigenous communities.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por un indígena Cabécar en favor de los asentamientos indígenas del territorio Ujarrás (Buenos Aires, Puntarenas) contra varias autoridades. El recurrente alegó que la CNE, CONAI, el Ministerio de la Presidencia, la Municipalidad de Buenos Aires y jefaturas legislativas no respondieron una gestión presentada en junio de 2018 sobre riesgos por desastres naturales, daños de la tormenta Nate y falta de reubicación de familias en zonas inhabitables. La Sala comprobó que el Ministerio sí respondió oportunamente, pero que la CNE, CONAI y la Municipalidad no acreditaron haber contestado la gestión ni haber atendido adecuadamente los riesgos denunciados. Declaró parcialmente con lugar el amparo: ordenó a esas tres instituciones que en 15 días resuelvan la gestión y, de requerirse medidas urgentes, coordinen con las entidades competentes para salvaguardar la integridad de la población indígena. Respecto a la pretensión de que se involucrara a autoridades étnicas tradicionales en vez de las asociaciones de desarrollo integral, la Sala la rechazó con base en su jurisprudencia consolidada, que avala a las ADI como órganos representativos de las comunidades indígenas.
Key excerptExtracto clave
Regarding this matter, the appeal is partially granted only against the CNE, CONAI, and the Municipal Council of Buenos Aires, since the record does not show that they answered the petition filed. In this regard, from the content of the document signed by the petitioner, it is observed that the request is related to the failure to address problems caused by geographical conditions which, as alleged, endanger the community, as well as problems caused by Hurricane Nate regarding the state of bridges, flood-prone areas, and the relocation of families who returned to uninhabitable houses. (...) Furthermore, although the CNE and CONAI did submit their report, they omitted the issue of the lack of response to the petition. (...) as a common point, in addition to the lack of response, these authorities did not specify the current state of the reported problems, so the omission has constitutional relevance regarding the adequate protection of the fundamental rights of the community’s inhabitants, since alleged situations that endanger the life and physical integrity of the inhabitants of the Ujarrás indigenous territory were claimed.Sobre el particular, se acoge parcialmente el recurso únicamente en contra de la CNE, la CONAI y el Concejo Municipal de Buenos Aires, toda vez que no consta en el que expediente que hayan contestado la gestión planteada. En ese sentido, del contenido del documento suscrito por el recurrente, se observa que lo requerido está relacionado con la falta de atención a los problemas ocasionados por condiciones geográficas que, según se acusa, ponen en peligro a la comunidad, así como a problemas generados por la tormenta Nate sobre el estado de los puentes, zonas propensas a inundación y la reubicación de familias que regresaron a casas inhabitables. (...) Asimismo, aun cuando la CNE y la CONAI sí rindieron el informe, omitieron el tema de la falta de respuesta a la gestión. (...) como punto común, además de la falta de respuesta, tales autoridades no precisaron el estado actual de los problemas denunciados, por lo que la omisión tiene relevancia constitucional en lo relativo a la adecuada tutela a los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad, pues se acusaron supuestas situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad física de los habitantes del territorio indígena Ujarrás.
Pull quotesCitas destacadas
"En el sub lite, el recurrente, quien dice ser indígena Cabécar, reclama que la CNE, los Jefes de Fracción de los partidos Liberación Nacional, Restauración Nacional e Integración Nacional, el CONAI, el Ministerio de la Presidencia y la Municipalidad de Buenos Aires no le han brindado respuesta a la gestión que planteó en junio de 2018 relacionada con peligros a que están sometidos los indígenas del territorio de Ujarrás por las condiciones del terreno..."
"In the case at hand, the petitioner, who claims to be Cabécar indigenous, complains that the CNE, the fraction leaders of the National Liberation, National Restoration, and National Integration parties, CONAI, the Ministry of the Presidency, and the Municipality of Buenos Aires have not provided a response to the petition he filed in June 2018 regarding the dangers to which the indigenous people of the Ujarrás territory are subjected due to terrain conditions..."
Considerando VI
"En el sub lite, el recurrente, quien dice ser indígena Cabécar, reclama que la CNE, los Jefes de Fracción de los partidos Liberación Nacional, Restauración Nacional e Integración Nacional, el CONAI, el Ministerio de la Presidencia y la Municipalidad de Buenos Aires no le han brindado respuesta a la gestión que planteó en junio de 2018 relacionada con peligros a que están sometidos los indígenas del territorio de Ujarrás por las condiciones del terreno..."
Considerando VI
"...se acoge parcialmente el recurso únicamente en contra de la CNE, la CONAI y el Concejo Municipal de Buenos Aires, toda vez que no consta en el que expediente que hayan contestado la gestión planteada."
"...the appeal is partially granted only against the CNE, CONAI, and the Municipal Council of Buenos Aires, since the record does not show that they answered the petition filed."
Considerando VI
"...se acoge parcialmente el recurso únicamente en contra de la CNE, la CONAI y el Concejo Municipal de Buenos Aires, toda vez que no consta en el que expediente que hayan contestado la gestión planteada."
Considerando VI
"...la omisión tiene relevancia constitucional en lo relativo a la adecuada tutela a los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad, pues se acusaron supuestas situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad física de los habitantes del territorio indígena Ujarrás."
"...the omission has constitutional relevance regarding the adequate protection of the fundamental rights of the community's inhabitants, since alleged situations that endanger the life and physical integrity of the inhabitants of the Ujarrás indigenous territory were claimed."
Considerando VI
"...la omisión tiene relevancia constitucional en lo relativo a la adecuada tutela a los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad, pues se acusaron supuestas situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad física de los habitantes del territorio indígena Ujarrás."
Considerando VI
"Finalmente, resulta improcedente que se ordene a las autoridades recurridas involucrar en la solución del problema a las instancias propias del derecho indígena no visibles por aspectos oficiales. En ese sentido, aun cuando el recurrente considera que reconocer como únicos interlocutores a las asociaciones de desarrollo integral es contrario a sus derechos, estos órganos representativos de las comunidades indígenas han sido avaladas por este Tribunal..."
"Finally, it is inappropriate to order the respondent authorities to involve in the solution of the problem the instances proper to indigenous law not visible for official reasons. In that sense, even though the petitioner considers that recognizing the integral development associations as the sole interlocutors is contrary to their rights, these representative bodies of indigenous communities have been endorsed by this Court..."
Considerando VI
"Finalmente, resulta improcedente que se ordene a las autoridades recurridas involucrar en la solución del problema a las instancias propias del derecho indígena no visibles por aspectos oficiales. En ese sentido, aun cuando el recurrente considera que reconocer como únicos interlocutores a las asociaciones de desarrollo integral es contrario a sus derechos, estos órganos representativos de las comunidades indígenas han sido avaladas por este Tribunal..."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: February 8, 2019 at 09:15 Type of matter: Amparo appeal Constitutional control: Upholding judgment Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
ENVIRONMENTAL STUDIES.
ALLEGES THAT NO RESPONSE IS PROVIDED REGARDING THE DANGERS DUE TO THE CONDITIONS OF THE LANDS OF THE UJARRÁS INDIGENOUS PEOPLE. IT IS ORDERED THAT, IF AN URGENT MEASURE IS REQUIRED TO SAFEGUARD THE POPULATION, COORDINATION BE MADE WITH THE COMPETENT INSTITUTIONS.
Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Content of Interest:
Strategic Topics: Human Rights, Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights, Political Constitution, Vulnerable Groups, Indigenous Peoples Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
ENVIRONMENTAL DAMAGE.
002111-19. ENVIRONMENT. ENVIRONMENTAL DAMAGE. ALLEGES THAT NO RESPONSE IS PROVIDED REGARDING THE DANGERS DUE TO THE CONDITIONS OF THE LANDS OF THE UJARRÁS INDIGENOUS PEOPLE. IT IS ORDERED THAT, IF AN URGENT MEASURE IS REQUIRED TO SAFEGUARD THE POPULATION, COORDINATION BE MADE WITH THE COMPETENT INSTITUTIONS.
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Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
CONSTRUCTION.
002111-19. ENVIRONMENT. CONSTRUCTION. ALLEGES THAT NO RESPONSE IS PROVIDED REGARDING THE DANGERS DUE TO THE CONDITIONS OF THE LANDS OF THE UJARRÁS INDIGENOUS PEOPLE. IT IS ORDERED THAT, IF AN URGENT MEASURE IS REQUIRED TO SAFEGUARD THE POPULATION, COORDINATION BE MADE WITH THE COMPETENT INSTITUTIONS.
Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MINORITIES Subtopics:
INDIGENOUS.
002111-19. MINORITIES. INDIGENOUS. ALLEGES THAT NO RESPONSE IS PROVIDED REGARDING THE DANGERS DUE TO THE CONDITIONS OF THE LANDS OF THE UJARRÁS INDIGENOUS PEOPLE. IT IS ORDERED THAT, IF AN URGENT MEASURE IS REQUIRED TO SAFEGUARD THE POPULATION, COORDINATION BE MADE WITH THE COMPETENT INSTITUTIONS.
Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: PROMPT RESOLUTION Subtopics:
ADMINISTRATIVE DELAY.
002111-19. PROMPT RESOLUTION. ADMINISTRATIVE DELAY. ALLEGES THAT NO RESPONSE IS PROVIDED REGARDING THE DANGERS DUE TO THE CONDITIONS OF THE LANDS OF THE UJARRÁS INDIGENOUS PEOPLE. IT IS ORDERED THAT, IF AN URGENT MEASURE IS REQUIRED TO SAFEGUARD THE POPULATION, COORDINATION BE MADE WITH THE COMPETENT INSTITUTIONS.
Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics:
COMPLAINT.
002111-19. EXECUTIVE BRANCH. COMPLAINT. ALLEGES THAT NO RESPONSE IS PROVIDED REGARDING THE DANGERS DUE TO THE CONDITIONS OF THE LANDS OF THE UJARRÁS INDIGENOUS PEOPLE. IT IS ORDERED THAT, IF AN URGENT MEASURE IS REQUIRED TO SAFEGUARD THE POPULATION, COORDINATION BE MADE WITH THE COMPETENT INSTITUTIONS.
Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: PETITION Subtopics:
LACK OF RESPONSE.
002111-19. PETITION. LACK OF RESPONSE. ALLEGES THAT NO RESPONSE IS PROVIDED REGARDING THE DANGERS DUE TO THE CONDITIONS OF THE LANDS OF THE UJARRÁS INDIGENOUS PEOPLE. IT IS ORDERED THAT, IF AN URGENT MEASURE IS REQUIRED TO SAFEGUARD THE POPULATION, COORDINATION BE MADE WITH THE COMPETENT INSTITUTIONS.
Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
ENVIRONMENTAL STUDIES.
002111-19. ALLEGES THAT NO RESPONSE IS PROVIDED REGARDING THE DANGERS DUE TO THE CONDITIONS OF THE LANDS OF THE UJARRÁS INDIGENOUS PEOPLE. IT IS ORDERED THAT, IF AN URGENT MEASURE IS REQUIRED TO SAFEGUARD THE POPULATION, COORDINATION BE MADE WITH THE COMPETENT INSTITUTIONS.
*180161080007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen on February eight, two thousand nineteen.
An amparo appeal filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of the INDIGENOUS SETTLEMENTS WITHIN THE UJARRÁS TERRITORY, against the LEGISLATIVE ASSEMBLY, the NATIONAL COMMISSION FOR INDIGENOUS AFFAIRS (COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, CONAI), the NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE (COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CNE), the MINISTRY OF THE PRESIDENCY, and the MUNICIPALITY OF BUENOS AIRES.
Considering:
Ana Gabriel Aponte of the Vice-Ministry of the Presidency states that she has coordinated with the indigenous community of Boruca, through Cristian, an official of this ministry and a resident of this indigenous community, and progress has been made in identifying problems in the indigenous communities most affected by tropical storm NATE: the lack of cellular communication, lack of bridges, roads, food, among other needs. We know in advance that all coordination is being carried out for the appropriate attention to the indigenous communities of the canton of Buenos Aires, and the Vice-Ministry will ensure and cooperate so that the necessary assistance can be delivered to these communities. The representative of MAG requests the local authorities to survey all agricultural needs, for the institution's attention to the most affected areas of the canton of Buenos Aires. The indigenous communities are among those that have suffered great losses in agriculture; for this reason, instructions are given to the director of MAG in the area to coordinate with INDER the attention through productive ideas, especially with plantain seeds, among others, to be distributed in the most affected communities in the area.
The representative of MEP indicates that infrastructure damage, school meals, access, among other causes that would be determined with a field assessment, are reported. There are 150 centers with minor damage, 90 centers with infrastructure damage that is critical. The indigenous communities are among the priorities for assessment; the situation of the Rey Curre High School is preliminarily known. The exploratory visit and the work strategy will be carried out by an education team next week in the canton. It is guaranteed that scholarships will not be affected, and alternative measures will be sought so that the school year is not affected and students can attend classes as far as possible, mainly in the case of Rey Curre, thus ensuring the end of the school year without major disruption. The mayor stresses the importance of being able to resolve access to the indigenous communities of the canton that were seriously affected, among which are the communities of Mollejones and Cartago, both in indigenous territory.
The deputy, Laura Garro (PAC), and the deputy Javier Jiménez, both deputies of the area, agreed that the catastrophe is very large and the needs are multiple, that support for the local committees is a priority for the assessment and magnitude of the disaster in the affected communities, whether indigenous or not. The lack of budget will be an inconvenience that the country is going through, now with great concern, since there are not enough resources to address tropical storm NATE. However, both deputies call for unifying efforts in congress and approving the necessary projects in order to alleviate the needs of the affected people. The solution would be two-pronged: an extraordinary budget or through an international loan with the IDB; this would be approved as quickly as possible to somewhat alleviate the needs of the families, the area deputies indicate. The meeting with representatives of the current government administration is concluded at 12:30 p.m., in the session hall of the Municipality of Buenos Aires, Puntarenas.
At 1:00 p.m., we proceed to meet with CONAI officials, promoters with directive members of the institution, and the Inter-institutional Commission for Emergency Response in Indigenous Communities. We requested that the municipality lend us the municipal council session hall to proceed with the meeting. We heard the requests of the community representatives, and we agreed to tour the territories in the afternoon and the following day."
Drafted by Judge Rueda Leal; and,
Considering:
I.Preliminary matter. Given that the Coordinator of the Municipal Emergency Committee of the Canton of Buenos Aires, the Vice Mayor of Buenos Aires, and the President of the Municipal Council of Buenos Aires did not render the ordered report, in accordance with Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the facts are taken as true with respect to these officials, and we proceed to analyze the merits of the appeal with the elements contained in the case file. II.- Prior clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the reasonably established deadlines to resolve the requests raised by the administered parties in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution.
Precisely, in the specific case, an exception is raised since it involves a petition by indigenous persons related to possible risks to life and physical integrity. Considering the foregoing, this Chamber will assess the possible delays in addressing the submitted request. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. III.- Object of the appeal. The petitioner, who claims to be Cabécar indigenous, complains that the CNE, the Heads of the Groups of the Partido Liberación Nacional, Partido Restauración Nacional, and Partido Integración Nacional, CONAI, the Ministry of the Presidency, and the Municipality of Buenos Aires have not provided a response to the petition he filed in June 2018 related to dangers to which the indigenous people of the territory of Ujarrás are subjected due to terrain conditions, as well as the need to repair the damage caused by tropical storm Nate (repair of bridges, dredging of areas most prone to flooding, and relocation of families who returned to uninhabitable houses).
He points out that the above problem has not been resolved by the respondent authorities. He requests that in addressing what has been denounced, the authorities be ordered to involve the proper instances of indigenous law not visible due to official aspects, since they consider that the rights of the communities are violated by recognizing associations as the sole interlocutors. IV.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: The petitioner and other persons signed a petition titled "Intervention before the CNE and government authorities for attention to disaster risks on indigenous settlements within the territory of Ujarrás" and addressed to the Executive Directorate of the CNE, the Minister of the Presidency, CONAI, the Heads of the Parliamentary Groups of the Legislative Assembly, and the Municipal Council of Buenos Aires.
In that document, they stated: "(...) we come to intervene requesting your prompt attention given the vulnerability to which we have been exposed, conditions of severe insecurity for our families and people in general (...). (...) PETITION 1. Have the government authorities establish the interdisciplinary team with the necessary actions and mechanisms for the prompt attention of the case presented. 2. Have the intervened authorities assess the costs and attention risks, all within the commitments assumed by the State through the ratification of ILO Convention 169 in its (sic) Art. 4 inc. 1, 2, and 3. 3. Given that more (sic) than a dozen homes were swept away by the last floods (crecientes) of the Ceibo River and during the emergency of Tropical Storm Nate, and that for lack of attention to the relocation of these families, they continue (sic) in their risk sites; assess the technical and budgetary conditions for their location to safer (sic) areas until the community relocation matter is resolved. 4.
Have the AyA entity intervened as an interested party since the supply sources of the main aqueduct of the city of Buenos Aires are captured from sources within this territory. 5. Incorporate the Traditional Ethnic Authorities (Autoridades Etnicas) for the development of an Environmental Protection and Disaster Prevention plan directed towards these affected territories (...)". (Evidence provided by the petitioner). The petitioner's petition was received on June 8, 2018, at the CNE, on June 14, 2018, at CONAI and the Ministry of the Presidency, and on June 15, 2018, at the Secretariat of the Municipal Council. (Evidence provided by the petitioner). The Minister of the Presidency, through official communication No. DM-542-2018 of June 29, 2018, addressed to the petitioner, stated: "Receive a cordial greeting. By this means, I respond to your note regarding the effects of Hurricane Nate. Regarding the requests you express in your note, allow me to make the following considerations: The response to the impacts of Tropical Storm Nate is established in the General Emergency Plan for the situation caused by tropical storm Nate, emergency decree No. 40677.
This plan establishes the institutional structure for responding to this type of disaster. These plans are regulated by Law No. 8488, which establishes the competence for directing actions by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE). When constructing the plan, the critical situation in which the affected inhabitants find themselves and the indigenous regulations in force in the country are taken into consideration, so that the implementation of the measures contained in the plan will be carried out in accordance with the stipulations of ILO Convention 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Regarding the possible relocations of the population, these will be determined with the participation of the communities involved and by taking the necessary consultation procedures and the necessary considerations to not affect their cultural integrity.
The participation of all affected community organizations is of vital importance when planning response strategies to these phenomena. In that sense, we invite you to participate in the discussion forums created for that purpose." (Evidence provided by the Ministry of the Presidency). On June 29, 2018, the Ministry of the Presidency sent the petitioner official communication No. DM-542-2018 by email. (Evidence provided by the Minister of the Presidency). V.- Unproven facts. The following facts of relevance for the resolution of this matter are not deemed duly demonstrated: That the CNE, CONAI, or the Municipal Council of Buenos Aires have responded to the petition signed by the petitioner. VI.- Regarding the specific case. In the sub lite, the petitioner, who claims to be Cabécar indigenous, complains that the CNE, the Heads of the Groups of the Partido Liberación Nacional, Partido Restauración Nacional, and Partido Integración Nacional, CONAI, the Ministry of the Presidency, and the Municipality of Buenos Aires have not provided a response to the petition he filed in June 2018 related to dangers to which the indigenous people of the territory of Ujarrás are subjected due to terrain conditions, as well as the need to repair the damage caused by tropical storm Nate (repair of bridges, dredging of areas most prone to flooding, and relocation of families who returned to uninhabitable houses).
He points out that the above problem has not been resolved by the respondent authorities. He requests that in addressing what has been denounced, the authorities be ordered to involve the proper instances of indigenous law not visible due to official aspects, since they consider that the rights of the communities are violated by recognizing associations as the sole interlocutors. From the study of the case records, it has been proven that the petitioner and other persons signed a petition titled "Intervention before the CNE and government authorities for attention to disaster risks on indigenous settlements within the territory of Ujarrás" and addressed to the Executive Directorate of the CNE, the Minister of the Presidency, CONAI, the Heads of the Parliamentary Groups of the Legislative Assembly, and the Municipal Council of Buenos Aires; in that document, they requested: "1. Have the government authorities establish the interdisciplinary team with the necessary actions and mechanisms for the prompt attention of the case presented. 2.
Have the intervened authorities assess the costs and attention risks, all within the commitments assumed by the State through the ratification of ILO Convention 169 in its (sic) Art. 4 inc. 1, 2, and 3. 3. Given that more (sic) than a dozen homes were swept away by the last floods (crecientes) of the Ceibo River and during the emergency of Tropical Storm Nate, and that for lack of attention to the relocation of these families, they continue (sic) in their risk sites; assess the technical and budgetary conditions for their location to safer (sic) areas until the community relocation matter is resolved. 4. Have the AyA entity intervened as an interested party since the supply sources of the main aqueduct of the city of Buenos Aires are captured from sources within this territory. 5. Incorporate the Traditional Ethnic Authorities (Autoridades Etnicas) for the development of an Environmental Protection and Disaster Prevention plan directed towards these affected territories (...)".
This petition was received on June 8, 2018, at the CNE, on June 14, 2018, at CONAI and the Ministry of the Presidency, and on June 15, 2018, at the Secretariat of the Municipal Council. Likewise, the Minister of the Presidency, through official communication No. DM-542-2018 of June 29, 2018, sent to the petitioner on this same day, stated: "By this means, I respond to your note regarding the effects of Hurricane Nate. Regarding the requests you express in your note, allow me to make the following considerations: The response to the impacts of Tropical Storm Nate is established in the General Emergency Plan for the situation caused by tropical storm Nate, emergency decree No. 40677. This plan establishes the institutional structure for responding to this type of disaster. These plans are regulated by Law No. 8488, which establishes the competence for directing actions by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE).
When constructing the plan, the critical situation in which the affected inhabitants find themselves and the indigenous regulations in force in the country are taken into consideration, so that the implementation of the measures contained in the plan will be carried out in accordance with the stipulations of ILO Convention 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Regarding the possible relocations of the population, these will be determined with the participation of the communities involved and by taking the necessary consultation procedures and the necessary considerations to not affect their cultural integrity. The participation of all affected community organizations is of vital importance when planning response strategies to these phenomena. In that sense, we invite you to participate in the discussion forums created for that purpose." On this matter, the appeal is partially granted only against the CNE, CONAI, and the Municipal Council of Buenos Aires, given that the case file does not show that they have responded to the petition raised.
In that sense, from the content of the document signed by the petitioner, it is observed that what was requested is related to the lack of attention to problems caused by geographical conditions that, as alleged, endanger the community, as well as to problems generated by tropical storm Nate regarding the condition of bridges, flood-prone areas, and the relocation of families who returned to uninhabitable houses. In this regard, the said council did not render the requested report, so it did not refute the lack of attention alleged by the petitioner. Precisely, the nature of the problems raised involves the Municipality of Buenos Aires (both by its nature as a local government and as part of the Local Emergency Commission); therefore, the lack of response and failure to forward the petition to the mayor's office is reprehensible. Likewise, even though the CNE and CONAI did render the report, they omitted the issue of the lack of response to the petition.
On one hand, the first institution limited itself to referring to general aspects related to the emergency contracting modality and various interventions in both rivers and roads. On the other hand, the second entity forwarded tour reports from 2017 in which it was even acknowledged that tropical storm Nate had caused problems with bridges, roads, and homes declared uninhabitable.
In that regard, as a common point, in addition to the lack of a response, those authorities did not specify the current status of the problems denounced, such that the omission has constitutional relevance concerning the adequate protection of the fundamental rights of the inhabitants of the community, since alleged situations were accused that put at risk the life and physical integrity of the inhabitants of the Ujarrás indigenous territory.
As for the Ministry of the Presidency, according to the report rendered under oath and the evidence on record, it is observed that the response was sent to him long before the filing of this appeal, and therefore this point is declared without merit.
Furthermore, the petitioner’s action, regarding the alleged omission of a response by the leadership of the legislative factions, is merely hortatory in nature. In that sense, no specific petition is evident in the document related to matters within the competence of the Legislative Assembly, and in any case, it is at the discretion of the factions whether to give any political support to the situation set forth by the petitioner. For the foregoing reasons, regardless of whether the action was correctly received in those offices or not, the appeal must be dismissed against them.
Finally, it is improper to order the respondent authorities to involve, in solving the problem, those instances specific to indigenous law that are not visible through official channels. In that sense, even though the petitioner considers that recognizing only the comprehensive development associations (asociaciones de desarrollo integral) as sole interlocutors is contrary to his rights, these representative bodies of indigenous communities have been endorsed by this Court; likewise, the regulations governing them have also been reviewed within this jurisdiction without finding any defect of unconstitutionality that could declare their existence improper. Indeed, from the arguments set forth in the filing brief, no novel argument emerges implying any change in the jurisprudence of the Chamber. Regarding the sub judice, the Chamber, in judgment No. 2009-13994 of 11:39 a.m. on August 28, 2009, held: “V.- On the merits.
It must be borne in mind, first of all, that the associations formed by the inhabitants of indigenous territories have a special regime, originating in international law, specifically in ILO Convention No. 169, and manifested in several provisions of statutory and regulatory rank in Costa Rican domestic law. Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries contains the following provisions, relevant to the decision in the present amparo: “Article 2 1. Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, co-ordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to guarantee respect for their integrity. 2. Such action shall include measures for: (a) ensuring that members of these peoples benefit on an equal footing from the rights and opportunities which national laws and regulations grant to other members of the population; (b) promoting the full realisation of the social, economic and cultural rights of these peoples with respect for their social and cultural identity, their customs and traditions and their institutions; (c) assisting the members of the peoples concerned to eliminate socio-economic gaps that may exist between indigenous and other members of the national community, in a manner compatible with their aspirations and ways of life.
(...)” “Article 6 1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: (...) (b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them; (c) establish means for the full development of these peoples' own institutions and initiatives, and in appropriate cases provide the resources necessary for this purpose. (...)” “Article 7: 1. The peoples concerned shall have the right to decide their own priorities for the process of development as it affects their lives, beliefs, institutions and spiritual well-being and the lands they occupy or otherwise use, and to exercise control, to the extent possible, over their own economic, social and cultural development.
In addition, they shall participate in the formulation, implementation and evaluation of plans and programmes for national and regional development which may affect them directly. (....)” “Article 8: 1. In applying national laws and regulations to the peoples concerned, due regard shall be had to their customs or customary laws. 2. These peoples shall have the right to retain their own customs and institutions, where these are not incompatible with fundamental rights defined by the national legal system and with internationally recognised human rights. Procedures shall be established, whenever necessary, to resolve conflicts which may arise in the application of this principle. 3. The application of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent members of these peoples from exercising the rights granted to all citizens and from assuming the corresponding duties.” For its part, the Indigenous Law (Ley Indígena) No. 6172 regulates the matter as follows: “Article 2.- Indigenous communities have full legal capacity to acquire rights and contract obligations of all kinds.
They are not state entities. The reserves mentioned in Article One of this law are hereby declared the property of the indigenous communities. The Office of the Attorney General of the Republic shall register these reserves in the Public Registry in the name of the respective indigenous communities. The reserves shall be registered free of all encumbrances. Transfers from the State to the indigenous communities shall be free of charge, shall not pay registration fees, and shall be exempt from all other types of tax burdens in accordance with the terms established in the CONAI Law.” “Article 3.- Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or properties comprised within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons.
Any transfer or negotiation of lands or improvements thereon in indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null and void, with the legal consequences of the case. The lands and their improvements and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all kinds of national or municipal taxes, present or future.” “Article 4.- The reserves shall be governed by the indigenous people in their traditional community structures or by the laws of the Republic that govern them, under the coordination and guidance of CONAI. The population of each reserve constitutes a single community administered by a directive council representing the entire population; auxiliary committees shall depend on the main council if the geographic extent warrants it.” And Article 3 of Decreto Ejecutivo No. 848-G of April 26, 1978, states: “For the exercise of the rights and fulfillment of the obligations referred to in Article 2 of the Indigenous Law, the Indigenous Communities shall adopt the form of organization provided for in Law No. 3859 on the National Directorate for Community Development Associations and its Regulations.” Due to the regulatory referral to the associative form mentioned, the Law on Community Development (Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad) No. 3859 and the purposes attributed to comprehensive development associations (asociaciones de desarrollo integral) must also be considered: “Article 14.- The constitution and operation of Associations for Community Development is hereby declared to be in the public interest, as a means of encouraging populations to organize themselves to fight alongside State bodies for the economic and social development of the country.” “Article 16.- To constitute Comprehensive Development Associations, it shall be necessary for at least one hundred persons, and no more than one thousand five hundred, over fifteen years of age, interested in promoting, through joint and organized effort, the economic development and the social and cultural progress of a determined area of the country, to assemble.
The jurisdictional area of a Development Association shall correspond to that territory which constitutes a natural foundation for community grouping. In exceptional cases, the Directorate may authorize the existence of Development associations composed of a number lower or higher than that indicated above. Under no circumstances may Associations be created with a number of persons less than twenty-five.” VI.- In judgment No. 2002-2623 of 2:41 p.m. on March 13, 2002, the Chamber dismissed the notion that the nexus established between community development associations and indigenous communities was unconstitutional, based on the reasoning transcribed below: “…the State has the obligation to guarantee the right of indigenous peoples to organize and participate in the decision-making that concerns them, as well as to constitute representative bodies and participate in the election of the persons who will occupy those positions.
Article 6 of the cited Convention established the obligation of States to establish the means through which the peoples concerned can freely participate and to consult indigenous groups – through their representative institutions – whenever the issuance of legislative or administrative measures that may affect them is discussed, which does not entail, as stated in the action, an obligation to form part of those groups; rather, it is a free decision that involves taking part in the direction of the community. The Convention expressly provides that the adoption of a specific organization does not prevent members of said peoples from 'exercising the rights granted to all citizens of the country and from assuming the corresponding duties.' (...) “…the refusal of an indigenous person to join an association of this type carries no other consequences than that of diminishing his participation in the adoption of indigenous decisions relating to the administration of the indigenous reserve, over which a property right with collective traits, characteristic of their culture, is exercised.
The exercise of rights – participation in the control of the collective property of the reserve – and obligations – subjection to control over the public funds allocated to them – that the Regulation conditions upon joining this type of organization, are those that originate from the Indigenous Law, which provided for the free transfer of lands that belonged to the ITCO – public domain assets – to the indigenous reserves, and the Chamber does not find that the communal purpose of the land established by the Indigenous Law – and not by the Regulation – and the limitations established therein on this type of community property – prohibition of transfer of ownership or lease – is disproportionate or unreasonable, as it is viable for the State – when adjudicating ownership of the assets in the name of the indigenous communities free of charge – to impose certain conditions for said communities to exercise their rights over those lands; this to the extent that it involves the legitimate exercise of a power of the State in its capacity as transferor of ownership.
The situation would be different if the existence of private property over these lands were alleged, in which case the exercise of the attributes of ownership could not be conditioned upon joining a Community Development Association.” (...) “On the other hand, from a simple reading of the provisions of the Indigenous Law that have been transcribed, it is evident that it is the Law – not the regulation – that establishes community property and organization. The second paragraph of numeral 2 regulates that community property by stating: '...The reserves mentioned in Article One of this law are hereby declared the property of the indigenous communities...'. Regarding the organization, the same normative body establishes that '...the reserves shall be governed by the indigenous people in their traditional community structures or by the Laws of the Republic that govern them, under the coordination and guidance of CONAI' (emphasis not in original).
However, it is the Law on Community Development (No. 3859) that regulates the Community Development Associations, and Article 3 of the Regulation to the Indigenous Law being challenged has merely specified the type of organization that responds to the bases established by the legislator in the Indigenous Law that serves as its framework, which also conforms to Convention 169 of the International Labour Organization, insofar as it materializes the State's obligation to ensure that indigenous communities adopt a legal organization consistent with their traditions, allowing them to exercise the rights and obligations that the law recognizes in them. It should not be overlooked that Community Development Associations – more than any other legal figure – are the ones that most closely resemble the communal nature of traditional indigenous organization; additionally, this type of legal structure allows this sector of the population to enjoy special benefits (Article 19 of Law 3859) that they would not enjoy with another type of legal structuring – for example, receiving services, donations, subsidies, and annual transfers of money, from both the State and its institutions –, which entails, of course, the ordinary oversight of those public resources.” (emphasis added) It can be inferred, then, from the cited provisions and resolution that, although membership in the comprehensive development associations (asociaciones de desarrollo integral) corresponding to indigenous territories is not mandatory, the fact of being part of that legal entity is essential for participating in decisions related to the community.
In that same line of thought, Chamber resolution No. 2004-02074 of 10:54 a.m. on February 27, 2004, was reasoned: “The nexus between this type of association and indigenous peoples is not entirely spontaneous but has gradually emerged as an imperfect solution to the problem of the legal representation of their interests. The Indigenous Law hints at a response of this nature without directly creating the link between the associations and the communities: its Article 2 establishes the basic legal capacity of indigenous communities, clarifies that they are not state entities, and declares the reserves determined by that same law to be their property. Article 4 of the Law indicates that the reserves shall be governed by the indigenous people in their traditional community structures or by those of the laws of the Republic that govern them, under the coordination and guidance of the National Commission for Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), and that the population of each reserve constitutes a single community, administered by a directive council representing the entire population.
It is the Regulation to this Law, Decreto Ejecutivo No. 8487-G of April 26, 1978, that in its Articles 3 and 5 explicitly alludes to community development associations as the organization to be adopted to fully comply with Articles 2 and 4 of the Law. In the same vein, Decreto Ejecutivo No. 13568-C-G of April 30, 1982, on the 'Legal Representation of Indigenous Communities by Development Associations and as Local Government,' determined that these associations have the legal representation of indigenous communities and act as their local government (Article 1).” And in judgment No. 2007-16213 of 11:52 a.m. on November 9, 2007, the Comprehensive Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Integral) were qualified as those responsible for representing indigenous communities judicially and extrajudicially, as the 'representative institutions' of the inhabitants of the reserves. They constitute the sole form of representation that allows the inhabitants of indigenous reserves to exercise fundamental individual or collective rights.” Further abounding, regarding the comprehensive development associations (asociaciones de desarrollo integral) as bodies tasked with representing indigenous communities, this Court, through judgment No. 2010-18714 of 10:10 a.m. on November 12, 2010, resolved an unconstitutionality action, in which regulations were challenged that, in the plaintiff's view, obligated indigenous persons to form part of development associations and prevented indigenous communities from freely and democratically electing the members who represent them on the National Commission for Indigenous Affairs (CONAI); likewise, the plaintiff considered the figure of development associations, as the organization representing indigenous communities before CONAI, contrary to the Constitution.
In this regard, that ruling resolved: “IV.- On the merits. This Court has already ruled on Article 3 of the Regulation to the Indigenous Law in the following terms: “ (...) VIII.- ON THE MERITS OF THE MATTER: Having determined the essential elements of the right of association and the legal regime of indigenous peoples, it is appropriate to elucidate whether the obligation contained in Article 3 of the Regulation to the Indigenous Law is contrary to the Constitution. This Chamber, in vote No. 5486-95, transcribed in relevant part, indicated in Considerando V that the right of association has two aspects: a positive one, which refers to the freedom to found and participate in associations and to adhere to them, and a negative one, which implies the prohibition of obligating a person to be a member of a specific private group, as well as to remain in it. The appellant claims his right's negative aspect has been violated, insofar as he considers that the provision of numeral 3 of Decreto Ejecutivo No. 848-G of April 26, 1978, obligates him to belong to a Community Development Association as a necessary condition for the exercise of rights and obligations; however, this Chamber considers that the appellant's argument is unfounded, as will be stated below.
This Chamber is clear that, as the plaintiff points out, the Regulation establishes that for the exercise of the rights and obligations established in the Indigenous Law (Article 2) – basically rights and duties related to the administration of the reserve – the indigenous communities shall adopt the organization of a Community Development Association, to which, however, it does not obligate them to belong. Indeed, the fact of being part of an indigenous community does not automatically obligate one to belong to the Community Development Association; the bylaws of these associations regulate the modalities of affiliation and disaffiliation, information that is recorded in the corresponding Registry and can be consulted by the person who wishes to join or disaffiliate, which in no way prevents them, in the exercise of their fundamental rights, from joining another organization of their interest or exercising, in general, the rights recognized to all citizens of the country.
The Regulation to the Law of Community Development Associations reinforces the foregoing by expressly stating that 'no one may be forced to form part of an association or not to form part of it, and therefore, clauses in the bylaws establishing limitations on the freedom to associate or withdraw from the organization are absolutely null and void...' (Art. 22). As correctly noted by the Office of the Attorney General in its report, the refusal of an indigenous person to join an association of this type carries no other consequences than that of diminishing their participation in the adoption of indigenous decisions relating to the administration of the indigenous reserve, over which a property right with collective traits, characteristic of their culture, is exercised. The exercise of rights – participation in the control of the collective property of the reserve – and obligations – subjection to control over the public funds allocated to them – that the Regulation conditions upon joining this type of organization are those that originate from the Indigenous Law, which provided for the free transfer of lands that belonged to the ITCO – public domain assets – to the indigenous reserves, and the Chamber does not find that the communal purpose of the land established by the Indigenous Law – and not by the Regulation – and the limitations established therein on this type of community property – prohibition of transfer of ownership or lease – is disproportionate or unreasonable, as it is viable for the State – when adjudicating ownership of the assets in the name of the indigenous communities free of charge – to impose certain conditions for said communities to exercise their rights over those lands; this to the extent that it involves the legitimate exercise of a power of the State in its capacity as transferor of ownership.
The situation would be different if the existence of private property over these lands were alleged, in which case the exercise of the attributes of ownership could not be conditioned upon joining a Community Development Association. IX.- On the other hand, from a simple reading of the provisions of the Indigenous Law that have been transcribed, it is evident that it is the Law – not the regulation – that establishes community property and organization. The second paragraph of numeral 2 regulates that community property by stating: “...The reserves mentioned in Article One of this law are hereby declared the property of the indigenous communities...”. Regarding the organization, the same normative body establishes that “...the reserves shall be governed by the indigenous people in their traditional community structures or by the Laws of the Republic that govern them, under the coordination and guidance of CONAI” (emphasis not in original).
However, it is the Law on Community Development (No. 3859) that regulates the Community Development Associations, and Article 3 of the Regulation to the Indigenous Law being challenged has merely specified the type of organization that responds to the bases established by the legislator in the Indigenous Law that serves as its framework, which also conforms to Convention 169 of the International Labour Organization, insofar as it materializes the State's obligation to ensure that indigenous communities adopt a legal organization consistent with their traditions, allowing them to exercise the rights and obligations that the law recognizes in them. It should not be overlooked that Community Development Associations – more than any other legal figure – are the ones that most closely resemble the communal nature of traditional indigenous organization; additionally, this type of legal structure allows this sector of the population to enjoy special benefits (Article 19 of Law 3859) that they would not enjoy with another type of legal structuring – for example, receiving services, donations, subsidies, and annual transfers of money, from both the State and its institutions –, which entails, of course, the ordinary oversight of those public resources.” (Judgment number 2002-02623 of two forty-one p.m. on March thirteenth, two thousand two).
In the same vein, judgment number 2009-013994, of eleven thirty-nine a.m. on August twenty-eighth, two thousand nine. V.- From the transcribed judgments and the normative analysis carried out, the Chamber in its jurisprudence has considered that the fact that the comprehensive development associations (asociaciones de desarrollo integral) are responsible for representing indigenous communities judicially and extrajudicially, as representative institutions of the inhabitants of the reserves, is not contrary to the Constitution. Likewise, the challenged norms also do not prevent indigenous persons from forming part of any other legal organization of their interest. Finally, it should be clarified that it is the Bylaws of each of the comprehensive development associations that establish the internal process in each association for designating its representative before CONAI, and not the norms challenged by the plaintiff.
VI.- Conclusion. In short, Articles 3, 4, 5, 6, 7, and 15 of the Regulation to the Indigenous Law and the Decreto Ejecutivo regarding the Legal Representation of Indigenous Communities by Development Associations and as Local Government are not contrary to the Constitution. (...).” VII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore: The appeal is partially granted, solely against the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE), the National Commission for Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI), and the Municipality of Buenos Aires. Consequently, Eduardo Mora Castro and Agustín Jackson López, in their respective capacities as Head of the Legal Advisory Unit of the CNE and President of CONAI, or whomever holds their positions, as well as the persons occupying the positions of Executive Director of the CNE, and Mayor and President of the Council, both of the Municipality of Buenos Aires, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competences, so that within a maximum period of 15 DAYS, counted from the notification of this judgment, the action raised by the petitioner in June 2018 is analyzed and resolved, which must be communicated to him within that same period.
Likewise, if any urgent measure is required to safeguard the population of the Ujarrás indigenous territory, they must carry out the corresponding coordination with the competent institutions to guarantee their physical integrity. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on whomever receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely penalized. The National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, the National Commission for Indigenous Affairs, and the Municipality of Buenos Aires are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding.
In all other respects, the appeal is dismissed. Notify Eduardo Mora Castro and Agustín Jackson López, in their respective capacities as Head of the Legal Advisory Unit of the CNE and President of CONAI, or whomever holds their positions, as well as the persons occupying the positions of Executive Director of the CNE, and Mayor and President of the Council, both of the Municipality of Buenos Aires, personally.
Fernando Castillo V. Presidente a.i Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.
*QRKFX00WVWY61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial.
Prohibited its reproduction and/or distribution for profit.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 05:38:20.
Control constitucional: Sentencia estimatoria Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
ESTUDIOS AMBIENTALES.
ACUSA QUE NO LE BRINDA RESPUESTA SOBRE LOS PELIGROS POR LAS CONDICIONES DE LOS TERRENOS DE LOS INDIGENAS DE UJARRAS. SE ORDENA QUE, DE REQUERIRSE UNA MEDIDA URGENTE, PARA SALVAGUARDAR LA POBLACION, SE COORDINE CON LAS INSITTUCIONES COMPETENTES.
Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales,Constitución Política,Grupos Vulnerables,Pueblos Indígenas Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
DAÑO AMBIENTAL.
002111-19. AMBIENTE. DAÑO AMBIENTAL. ACUSA QUE NO LE BRINDA RESPUESTA SOBRE LOS PELIGROS POR LAS CONDICIONES DE LOS TERRENOS DE LOS INDIGENAS DE UJARRAS. SE ORDENA QUE, DE REQUERIRSE UNA MEDIDA URGENTE, PASA SALVAGUARDAR LA POBLACION, SE COORDINE CON LAS INSITTUCIONES COMPETENTES.
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CONSTRUCCION.
002111-19. AMBIENTE. CONSTRUCCION. ACUSA QUE NO LE BRINDA RESPUESTA SOBRE LOS PELIGROS POR LAS CONDICIONES DE LOS TERRENOS DE LOS INDIGENAS DE UJARRAS. SE ORDENA QUE, DE REQUERIRSE UNA MEDIDA URGENTE, PASA SALVAGUARDAR LA POBLACION, SE COORDINE CON LAS INSITTUCIONES COMPETENTES.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MINORÍAS Subtemas:
INDIGENAS.
002111-19. MINORIAS. INDIGENAS. ACUSA QUE NO LE BRINDA RESPUESTA SOBRE LOS PELIGROS POR LAS CONDICIONES DE LOS TERRENOS DE LOS INDIGENAS DE UJARRAS. SE ORDENA QUE, DE REQUERIRSE UNA MEDIDA URGENTE, PASA SALVAGUARDAR LA POBLACION, SE COORDINE CON LAS INSITTUCIONES COMPETENTES.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PRONTA RESOLUCIÓN Subtemas:
MORA ADMINISTRATIVA..
002111-19. PRONTA RESOLUCION. MORA ADMINISTRATIVA. ACUSA QUE NO LE BRINDA RESPUESTA SOBRE LOS PELIGROS POR LAS CONDICIONES DE LOS TERRENOS DE LOS INDIGENAS DE UJARRAS. SE ORDENA QUE, DE REQUERIRSE UNA MEDIDA URGENTE, PASA SALVAGUARDAR LA POBLACION, SE COORDINE CON LAS INSITTUCIONES COMPETENTES.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
QUEJA.
002111-19. PODER EJECUTIVO. QUEJA. ACUSA QUE NO LE BRINDA RESPUESTA SOBRE LOS PELIGROS POR LAS CONDICIONES DE LOS TERRENOS DE LOS INDIGENAS DE UJARRAS. SE ORDENA QUE, DE REQUERIRSE UNA MEDIDA URGENTE, PASA SALVAGUARDAR LA POBLACION, SE COORDINE CON LAS INSITTUCIONES COMPETENTES.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PETICIÓN Subtemas:
FALTA DE RESPUESTA.
002111-19. PETICION. FALTA DE RESPUESTA. ACUSA QUE NO LE BRINDA RESPUESTA SOBRE LOS PELIGROS POR LAS CONDICIONES DE LOS TERRENOS DE LOS INDIGENAS DE UJARRAS. SE ORDENA QUE, DE REQUERIRSE UNA MEDIDA URGENTE, PASA SALVAGUARDAR LA POBLACION, SE COORDINE CON LAS INSITTUCIONES COMPETENTES.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
ESTUDIOS AMBIENTALES.
002111-19. ACUSA QUE NO LE BRINDA RESPUESTA SOBRE LOS PELIGROS POR LAS CONDICIONES DE LOS TERRENOS DE LOS INDÍGENAS DE UJARRAS. SE ORDENA QUE, DE REQUERIRSE UNA MEDIDA URGENTE, PASA SALVAGUARDAR LA POBLACIÓN, SE COORDINE CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES.
*180161080007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de los ASENTAMIENTOS INDÍGENAS DENTRO DEL TERRITORIO UJARRÁS, contra la ASAMBLEA LEGISLATIVA, la COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI), la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE), el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA y la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.Cuestión preliminar. Visto que el Coordinador del Comité Municipal de Emergencias del Cantón de Buenos Aires, el Vicealcalde de Buenos Aires y el Presidente del Concejo Municipal de Buenos Aires no rindieron el informe ordenado, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por ciertos los hechos en cuanto a dichos funcionarios y se procede a analizar el fondo del recurso con los elementos que constan en el expediente. II.- Aclaración previa . Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia Nº 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41, de la Constitución Política.
Precisamente, en el caso concreto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión de personas indígenas que se relaciona con posibles riesgos a la vida e integridad física. Atendiendo a lo expuesto, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la atención de la solicitud presentada. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. III.- Objeto del recurso. El recurrente, quien dice ser indígena Cabécar, reclama que la CNE, los Jefes de Fracción de los partidos Liberación Nacional, Restauración Nacional e Integración Nacional, el CONAI, el Ministerio de la Presidencia y la Municipalidad de Buenos Aires no le han brindado respuesta a la gestión que planteó en junio de 2018 relacionada con peligros a que están sometidos los indígenas del territorio de Ujarrás por las condiciones del terreno, así como con la necesidad de arreglar los daños provocados por la tormenta Nate (arreglo de puentes, dragado de las zonas más propensas a inundarse y reubicación de familias que regresaron a casas que son inhabitables).
Señala que la problemática anterior no ha sido resuelta por las autoridades recurridas. Solicita que en la atención de lo denunciado se ordene a las autoridades involucrar a las instancias propias del derecho indígena no visibles por aspectos oficiales, ya que consideran que se vulneran los derechos de las comunidades al reconocer como únicos interlocutores a las asociaciones. IV.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: El recurrente y otras personas firmaron una gestión titulada “ Se interviene ante la CNE y autoridades gubernamentales para la atención de riesgos por desastres sobre los asentamientos indígenas dentro del territorio de Ujarrás” y dirigida a la Dirección Ejecutiva del CNE, el Ministro de la Presidencia, la CONAI, los Jefes de Fracciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa y el Concejo Municipal de Buenos Aires.
En ese documento indicaron: “(…) venimos a intervenir solicitando de su atención pronta dada la vulnerabilidad en que hemos quedado expuestos condiciones de severa inseguridad para nuestras familias y pueblo en general (…). (…) PETITORIA 1. Instaure las autoridades gubernamentales el equipo interdisciplinario con las acciones y mecanismos necesarios para la pronta atención del caso expuesto. 2. Proceda las autoridades intervenidas a valorar los costos y riesgos atencionales todo dentro de los compromisos asumidos por el Estado mediante la ratificación del Convenio 169 de la OIT en sus (sic) Art. 4 inc. 1, 2 y 3. 3. En virtud de que mas (sic) de una docena de viviendas fueron arrasadas por las últimas crecientes (sic) del río Ceibo y durante la emergencia de la Tormenta Nate y que a falta de atención para las reubicaciones de estas familias, éstas continuan (sic) en sus sitios de riesgos; valórense las condiciones técnicas y presupuestarias para su ubicación hacia zonas mas (sic) seguras hasta tanto se resuelva el asunto reubicatorio de la comunidad. 4.
Intervéngase a la entidad AyA como parte interesada toda vez que las fuentes de abastecimiento del acueducto principal de la ciudad de Buenos Aires es captada de fuentes dentro de este territorio. 5. Incorpórese a las Autoridades Etnicas (sic) Tradicionales para la elaboración de un plan de Protección Ambiental y de Prevención de Desastres dirigidas hacia estos territorios afectados (…)”. (Prueba aportada por el recurrente). La gestión del recurrente fue recibida el 8 de junio de 2018 en la CNE, el 14 de junio de 2018 en la CONAI y en el Ministerio de la Presidencia, y el 15 de junio de 2018 en la Secretaría del Concejo Municipal. (Prueba aportada por el recurrente). El Ministro de la Presidencia, mediante oficio n. º DM-542-2018 de 29 de junio de 2018 dirigido al recurrente, señaló: “Reciba un cordial saludo. Por este medio doy respuesta a su nota con relación a los efectos del Huracán Nate.
Sobre las peticiones que expresa en su nota me permito hacer las siguientes consideraciones: La atención a los impactos de la Tormenta Tropical Nate se encuentran establecidos en el Plan General de la Emergencia ante la situación provocada por la tormenta Nate, decreto de emergencia N. 40677. Este plan establece la estructura institucional de atención a este tipo de desastre. Estos planes están regulados por la Ley N° 8488 que establece la competencia de conducción de las acciones por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Al momento de construir el plan, se toma en consideración la situación crítica en que se encuentran los habitantes afectados y la normativa indígena vigente en el país, de manera que la implementación de las medidas contenidas en el plan se realizará atendiendo lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Con respecto a las posibles reubicaciones de la población, éstas se determinarán con la participación de las comunidades involucradas y tomando los procedimientos de consulta necesarios y las consideraciones necesarias para no afectar su integridad cultural. La participación de todas las organizaciones comunitarias afectadas es de vital importancia a la hora de planificar las estrategias de respuesta a estos fenómenos. En ese sentido lo invitamos a participar en los espacios de discusión creados a tal efecto”. (Prueba aportada por el Ministerio de la Presidencia). El 29 de junio de 2018, el Ministerio de la Presidencia envió al recurrente por correo electrónico el oficio n. º DM-542-2018. (Prueba aportada por el Ministro de la Presidencia). V.- Hechos no probados. No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia para la resolución de este asunto: Que la CNE, la CONAI ni el Concejo Municipal de Buenos Aires hayan contestado la gestión firmada por el recurrente.
VI.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente, quien dice ser indígena Cabécar, reclama que la CNE, los Jefes de Fracción de los partidos Liberación Nacional, Restauración Nacional e Integración Nacional, el CONAI, el Ministerio de la Presidencia y la Municipalidad de Buenos Aires no le han brindado respuesta a la gestión que planteó en junio de 2018 relacionada con peligros a que están sometidos los indígenas del territorio de Ujarrás por las condiciones del terreno, así como con la necesidad de arreglar los daños provocados por la tormenta Nate (arreglo de puentes, dragado de las zonas más propensas a inundarse y reubicación de familias que regresaron a casas que son inhabitables). Señala que la problemática anterior no ha sido resuelta por las autoridades recurridas. Solicita que en la atención de lo denunciado se ordene a las autoridades involucrar a las instancias propias del derecho indígena no visibles por aspectos oficiales, ya que consideran que se vulneran los derechos de las comunidades al reconocer como únicos interlocutores a las asociaciones.
Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que el recurrente y otras personas firmaron una gestión titulada “Se interviene ante la CNE y autoridades gubernamentales para la atención de riesgos por desastres sobre los asentamientos indígenas dentro del territorio de Ujarrás” y dirigida a la Dirección Ejecutiva del CNE, el Ministro de la Presidencia, la CONAI, los Jefes de Fracciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa y el Concejo Municipal de Buenos Aires; en ese documento solicitaron: “1. Instaure las autoridades gubernamentales el equipo interdisciplinario con las acciones y mecanismos necesarios para la pronta atención del caso expuesto. 2. Proceda las autoridades intervenidas a valorar los costos y riesgos atencionales todo dentro de los compromisos asumidos por el Estado mediante la ratificación del Convenio 169 de la OIT en sus (sic) Art. 4 inc. 1, 2 y 3. 3. En virtud de que mas (sic) de una docena de viviendas fueron arrasadas por las últimas crecientes (sic) del río Ceibo y durante la emergencia de la Tormenta Nate y que a falta de atención para las reubicaciones de estas familias, éstas continuan (sic) en sus sitios de riesgos; valórense las condiciones técnicas y presupuestarias para su ubicación hacia zonas mas (sic) seguras hasta tanto se resuelva el asunto reubicatorio de la comunidad. 4.
Intervéngase a la entidad AyA como parte interesada toda vez que las fuentes de abastecimiento del acueducto principal de la ciudad de Buenos Aires es captada de fuentes dentro de este territorio. 5. Incorpórese a las Autoridades Etnicas (sic) Tradicionales para la elaboración de un plan de Protección Ambiental y de Prevención de Desastres dirigidas hacia estos territorios afectados (…)”. Esta gestión fue recibida el 8 de junio de 2018 en la CNE, el 14 de junio de 2018 en la CONAI y en el Ministerio de la Presidencia, y el 15 de junio de 2018 en la Secretaría del Concejo Municipal. Asimismo, el Ministro de la Presidencia, mediante oficio n. º DM-542-2018 de 29 de junio de 2018 enviado al recurrente este mismo día, señaló: “Por este medio doy respuesta a su nota con relación a los efectos del Huracán Nate. Sobre las peticiones que expresa en su nota me permito hacer las siguientes consideraciones: La atención a los impactos de la Tormenta Tropical Nate se encuentran establecidos en el Plan General de la Emergencia ante la situación provocada por la tormenta Nate, decreto de emergencia N. 40677.
Este plan establece la estructura institucional de atención a este tipo de desastre. Estos planes están regulados por la Ley N° 8488 que establece la competencia de conducción de las acciones por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Al momento de construir el plan, se toma en consideración la situación crítica en que se encuentran los habitantes afectados y la normativa indígena vigente en el país, de manera que la implementación de las medidas contenidas en el plan se realizará atendiendo lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Con respecto a las posibles reubicaciones de la población, éstas se determinarán con la participación de las comunidades involucradas y tomando los procedimientos de consulta necesarios y las consideraciones necesarias para no afectar su integridad cultural.
La participación de todas las organizaciones comunitarias afectadas es de vital importancia a la hora de planificar las estrategias de respuesta a estos fenómenos. En ese sentido lo invitamos a participar en los espacios de discusión creados a tal efecto”. Sobre el particular, se acoge parcialmente el recurso únicamente en contra de la CNE, la CONAI y el Concejo Municipal de Buenos Aires, toda vez que no consta en el que expediente que hayan contestado la gestión planteada. En ese sentido, del contenido del documento suscrito por el recurrente, se observa que lo requerido está relacionado con la falta de atención a los problemas ocasionados por condiciones geográficas que, según se acusa, ponen en peligro a la comunidad, así como a problemas generados por la tormenta Nate sobre el estado de los puentes, zonas propensas a inundación y la reubicación de familias que regresaron a casas inhabitables.
Al respecto, el concejo de marras no rindió el informe solicitado, por lo que no refutó la falta de atención acusada por el recurrente. Precisamente, la naturaleza de los problemas planteados involucra a la Municipalidad de Buenos Aires (tanto por su naturaleza de gobierno local como por formar parte de la Comisión Local de Emergencia), por lo tanto resulta reprochable la falta de respuesta y de remisión de la gestión a la alcaldía. Asimismo, aun cuando la CNE y la CONAI sí rindieron el informe, omitieron el tema de la falta de respuesta a la gestión. Por un lado, la primera institución se limitó a hacer referencia a aspectos generales relacionados con la modalidad de contratación por emergencias y varias intervenciones tanto en ríos como en caminos. De otra parte, el segundo ente remitió informes de giras de 2017 en los que incluso se reconoció que la tormenta Nate había causado problemas con puentes, caminos y viviendas declaradas inhabitables.
En ese sentido, como punto común, además de la falta de respuesta, tales autoridades no precisaron el estado actual de los problemas denunciados, por lo que la omisión tiene relevancia constitucional en lo relativo a la adecuada tutela a los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad, pues se acusaron supuestas situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad física de los habitantes del territorio indígena Ujarrás. En cuanto al Ministerio de la Presidencia, de acuerdo con el informe rendido bajo juramento y la prueba que consta en autos, se observa que la respuesta le fue remitida mucho antes de la interposición de este recurso, por lo que se declara sin lugar este extremo. Además, la gestión del recurrente, en cuanto a la acusada omisión de respuesta por parte de las jefaturas de las fracciones legislativas, tiene carácter de simple exhortación. En ese sentido, no se desprende del documento alguna petición concreta que se relacione con la materia que le compete a la Asamblea Legislativa y, en todo caso, queda a criterio de las fracciones darle algún respaldo político a la situación expuesta por el recurrente.
Por lo anterior, con independencia de si se recibió o no la gestión de forma correcta en tales despachos, el recurso debe desestimarse en su contra. Finalmente, resulta improcedente que se ordene a las autoridades recurridas involucrar en la solución del problema a las instancias propias del derecho indígena no visibles por aspectos oficiales. En ese sentido, aun cuando el recurrente considera que reconocer como únicos interlocutores a las asociaciones de desarrollo integral es contrario a sus derechos, estos órganos representativos de las comunidades indígenas han sido avaladas por este Tribunal; asimismo, también se ha revisado en esta jurisdicción la normativa que las regula sin que se haya encontrado algún vicio de inconstitucionalidad que pueda declarar improcedente su existencia. Incluso, de los argumentos expuestos en el escrito de interposición no se desprende algún argumento novedoso que implique algún cambio en la jurisprudencia de la Sala.
Atinente al sub judice, la Sala, en sentencia Nº 2009-13994 de las 11:39 horas de 28 de agosto de 2009, dispuso: “ V.- Sobre el fondo. Debe tenerse presente, primero que nada, que las asociaciones conformadas por los habitantes de los territorios indígenas, tienen un régimen especial, que nace desde el derecho internacional, en específico del Convenio #169 de la OIT, y se manifiesta en varias disposiciones de rango legal y reglamentario del derecho interno costarricense. El Convenio #169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, contiene las siguientes disposiciones, de interés para la decisión del presente amparo: “Artículo 2° 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2.
Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades de la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. (…)” “Artículo 6 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: (…) b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernen; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
(…)” “Artículo 7: 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. (....)” “Artículo 8: 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.” Por su parte, la Ley Indígena #6172 regula la materia como sigue: “Artículo 2°.- Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley. La Procuraduría General de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de las respectivas comunidades indígenas. Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del Estado a las comunidades indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro y estarán exentos de todo otro tipo de carga impositiva conforme a los términos establecidos en la Ley de CONAI.” “Artículo 3°- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan.
Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros.” “Artículo 4°.- Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI. La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad administrada por un Consejo directivo representante de toda la población; del consejo principal dependerán comités auxiliares si la extensión geográfico lo amerita.” Y el artículo 3º del Decreto Ejecutivo #848-G de 26 de abril de 1978 señala: “Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 2 de la Ley Indígena, las Comunidades Indígenas adoptarán la forma de organización prevista en la Ley número 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento.” Debido a la remisión reglamentaria a la forma asociativa que se mencionó, debe tenerse en cuenta también la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad #3859 y los fines que se atribuyen a las asociaciones de desarrollo integral: “Artículo 14.- Declárese de interés público la constitución y funcionamiento de Asociaciones para el Desarrollo de las Comunidades, como un medio de estimular a las poblaciones a organizarse para luchar a la par de los organismos del Estado por el desarrollo económico y social del país.” “Artículo 16.- Para constituir las Asociaciones de Desarrollo Integral será necesario que se reúnan por lo menos cien personas, y no más de mil quinientas, mayores de quince años, interesados en promover, mediante el esfuerzo conjunto y organizado, el desarrollo económico y el progreso social y cultural de un área determinada del país.
El área jurisdiccional de una Asociación de Desarrollo, corresponderá a aquel territorio que constituye un fundamento natural de agrupación comunitaria. En casos excepcionales, la Dirección podrá autorizar la existencia de asociaciones de Desarrollo integradas por un número inferior o superior al indicado anteriormente. En ningún caso se podrán crear Asociaciones con un número de personas inferior a veinticinco.” VI.- En la sentencia #2002-2623 de las 14:41 horas del 13 de marzo del 2002 la Sala descartó que fuera inconstitucional el nexo establecido entre las asociaciones de desarrollo comunal y las comunidades indígenas, a partir de la argumentación que se transcribe de seguido: “…el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de los pueblos indígenas de organizarse y participar en la toma de decisiones que les conciernen, así como de constituir órganos de representación y participar en la elección de las personas que ocuparán esos cargos.
En el artículo 6° del citado Convenio se estableció la obligación de los Estados de establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente y de consultar a los grupos indígenas –por medio de sus instituciones representativas- cada vez que se discuta la emisión de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos, lo que no supone como se señala en la acción una obligación de formar parte de esas agrupaciones, antes bien, es una decisión libre que involucra tomar parte en el rumbo de la comunidad. De manera expresa el Convenio dispone que la adopción de una determinada organización no impide a los miembros de dichos pueblos "ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes". (…) “…la negativa del indígena de incorporarse en una asociación de este tipo, no le acarrea más consecuencias que la de disminuir su participación en la adopción de las decisiones indígenas relativas a la administración de la reserva indígena, sobre la cual se ejerce una propiedad con rasgos colectivos, característico de su cultura.
El ejercicio de derechos – participación en el control de la propiedad colectiva de la reserva- y obligaciones – sometimiento al control sobre los fondos públicos que se les destinen- que el Reglamento condiciona a la integración de este tipo de organización, son aquellos que provienen de la Ley Indígena, que dispuso la transmisión gratuita de tierras que pertenecieron al ITCO –bienes demaniales- a la reservas indígenas y la Sala no encuentra que el destino comunal de la tierra establecido por la Ley Indígena – no por el Reglamento- y las limitaciones que allí se establecen a este tipo de propiedad comunitaria – prohibición de transmisión del dominio o arriendo - sea desproporcionado o irrazonable, en tanto resulta viable que el Estado –al adjudicar la titularidad de los bienes a nombre de las comunidades indígenas de manera gratuita- pueda imponer ciertas condiciones para que dichas comunidades ejerzan sus derechos sobre esas tierras; ello en la medida que se trata del ejercicio legítimo de una potestad del Estado en su condición de transmitente del dominio.
Diversa sería la situación si se planteara la existencia de propiedad privada sobre estos terrenos, en cuyo caso no podría condicionarse el ejercicio de los atributos del dominio, a la integración de una Asociación de Desarrollo Comunal.” (…) “Por otra parte, de la simple lectura de las disposiciones de la Ley Indígena que se han transcrito, se extrae que es la Ley –no el reglamento- la que establece la propiedad y organización comunitarias. El párrafo segundo del numeral 2° regula esa propiedad comunitaria al indicar: "...Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley..". En cuanto a la organización el mismo cuerpo normativo establece que "...las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las Leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría del CONAI"(el destacado no es del original).
Ahora bien, es la Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad ( N° 3859), la que regula las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y el artículo 3° del Reglamento a la Ley Indígena que se impugna, no ha hecho más que concretar el tipo de organización que responde a las bases establecidas por el legislador en la Ley Indígena que le sirve de marco, lo que además, se ajusta al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en tanto materializa la obligación del Estado de velar porque las comunidades indígenas adopten una organización jurídica acorde a sus tradiciones, que les permita el ejercicio de los derechos y obligaciones que la ley les reconoce. No debe perderse de vista que las Asociaciones de Desarrollo Comunal –más que ninguna otra figura jurídica- es la que más se asemeja a naturaleza comunitaria de la organización tradicional indígena; adicionalmente, este tipo de estructura jurídica le permite disfrutar a este sector de la población de especiales beneficios (artículo 19 de la Ley 3859) de los que no disfrutarían con otro tipo de estructuración jurídica –verbigracia recibir servicios, donaciones, subvenciones, y transferencias anuales de dinero, tanto del Estado como de sus instituciones-, lo que conlleva, desde luego, el control ordinario de esos recursos públicos.” (el énfasis es agregado) Puede derivarse, entonces, de las disposiciones y resolución citadas que, aunque la pertenencia a las asociaciones de desarrollo integral correspondientes a territorios indígenas no es obligatoria, el hecho de formar parte de esa persona moral es trascendental a efectos de participar en las decisiones relacionadas con la comunidad.
En esa misma línea de pensamiento se motivó la resolución de la Sala #2004-02074 de las 10:54 horas del 27 de febrero del 2004: “El nexo entre este tipo de asociación y los pueblos indígenas no es enteramente espontáneo, sino que se ha decantado paulatinamente como una solución imperfecta para el problema de la representación jurídica de sus intereses. La Ley Indígena insinúa una respuesta de este carácter sin crear directamente el lazo entre las asociaciones y las comunidades: su artículo 2° establece la capacidad jurídica de base de las comunidades indígenas, aclara que no son entidades estatales y declara propiedad suya las reservas que esa misma ley determina. En el artículo 4° de la Ley se indica que las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o las de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y que la población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administrada por un Consejo directivo representante de toda la población.
Es el Reglamento a esta Ley, Decreto Ejecutivo número 8487-G del 26 de abril de 1978, el que en sus artículos 3° y 5° alude explícitamente a las asociaciones de desarrollo de la comunidad como la organización que se adoptará para dar pleno cumplimiento a los artículos 2° y 4° de la Ley. En la misma orientación, el Decreto Ejecutivo número 13568-C-G del 30 de abril de 1982 sobre “Representación Legal de las Comunidades Indígenas por las Asociaciones Desarrollo y como Gobierno Local” determinó que esas asociaciones tienen la representación legal de las comunidades indígenas y actúan como su gobierno local (artículo 1°).” Y en la sentencia #2007-16213 de las 11:52 horas del 9 de noviembre de 2007 se calificó a las Asociaciones de Desarrollo Integral como las encargadas de representar judicial y extrajudicialmente a las comunidades indígenas, como “instituciones representativas” de los habitantes de las reservas.
Constituyen la única forma de representación que permite a los habitantes de las reservas indígenas ejercer derechos fundamentales individuales o colectivos. ” A mayor abundamiento, en cuanto a las asociaciones de desarrollo integral como órganos encargados de representar a las comunidades indígenas, este Tribunal, mediante sentencia Nº 2010-18714 de las 10:10 horas de 12 de noviembre de 2010, resolvió una acción de inconstitucionalidad, en la que se cuestionaba normativa que, según criterio del accionante, obligaba a los indígenas a formar parte de asociaciones de desarrollo e impedía a las comunidades indígenas elegir libremente y democráticamente a los miembros que los representen en la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas; asimismo, el accionante consideraba contrario al Derecho de la Constitución la figura de las asociaciones de desarrollo, como aquella organización que representaba a las comunidades indígenas ante la CONAI.
Al respecto, tal pronunciamiento resolvió: “IV.- Sobre el fondo. Este Tribunal ya se ha pronunciado sobre el artículo 3 del Reglamento a la Ley Indígena en los siguientes términos: “ (…) VIII.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Una vez determinados los elementos esenciales del derecho de asociación y el régimen jurídico de los pueblos indígenas, corresponde dilucidar si la obligación contenida en el artículo 3° del Reglamento a la Ley Indígena es contraria al Derecho de la Constitución. Esta Sala en el voto N° 5486-95, transcrito en lo de interés, señaló en el considerando V que el derecho de asociación, tiene dos vertientes: la positiva que se refiere a la libertad de fundar y participar en asociaciones y de adherirse a ellas y, la negativa, que implica la prohibición de obligar a una persona a ser miembro de una determinada agrupación de naturaleza privada, así como de permanecer en ella. El recurrente alega vulnerada la vertiente negativa de su derecho, en tanto considera que la disposición del numeral 3 del Decreto Ejecutivo N° 848-G de 26 de abril de 1978 le obliga a pertenecer a una Asociación de Desarrollo Comunal como condición necesaria para el ejercicio de derechos y obligaciones; sin embargo, esta Sala estima que no lleva razón el recurrente en su argumentación, tal y como se expresará a continuación.
Esta Sala tiene claro que tal y como lo señala el accionante, el Reglamento establece que para el ejercicio de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley Indígena (artículo 2) -básicamente derechos y deberes relacionados con la administración de la reserva – las comunidades indígenas adoptarán la organización de una Asociación de Desarrollo Comunal, a la que, sin embargo, no los obliga a pertenecer. En efecto, el hecho de formar parte de una comunidad indígena no obliga automáticamente a pertenecer a la Asociación de Desarrollo Comunal; los estatutos de estas asociaciones regulan las modalidades de afiliación y desafiliación, información que consta en el correspondiente Registro y puede ser consultado por la persona que desee ingresar o desafiliarse, lo que de manera alguna le impide, en el ejercicio de sus derechos fundamentales, integrarse a otra organización de su interés o ejercer, en general, los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país.
El Reglamento a la Ley de las Asociaciones de Desarrollo Comunal refuerza lo expuesto al señalar de manera expresa que “a nadie se puede obligar a formar parte de una asociación o a no formar parte de ella y por tanto, son absolutamente nulas las cláusulas del estatuto en que se establezcan limitaciones a la libertad de asociarse o retirarse de la organización...” (art. 22). Como con acierto lo señala la Procuraduría General de la República en su informe, la negativa del indígena de incorporarse en una asociación de este tipo, no le acarrea más consecuencias que la de disminuir su participación en la adopción de las decisiones indígenas relativas a la administración de la reserva indígena, sobre la cual se ejerce una propiedad con rasgos colectivos, característico de su cultura. El ejercicio de derechos – participación en el control de la propiedad colectiva de la reserva- y obligaciones – sometimiento al control sobre los fondos públicos que se les destinen- que el Reglamento condiciona a la integración de este tipo de organización, son aquellos que provienen de la Ley Indígena, que dispuso la transmisión gratuita de tierras que pertenecieron al ITCO –bienes demaniales- a la reservas indígenas y la Sala no encuentra que el destino comunal de la tierra establecido por la Ley Indígena – no por el Reglamento- y las limitaciones que allí se establecen a este tipo de propiedad comunitaria – prohibición de transmisión del dominio o arriendo - sea desproporcionado o irrazonable, en tanto resulta viable que el Estado – al adjudicar la titularidad de los bienes a nombre de las comunidades indígenas de manera gratuita- pueda imponer ciertas condiciones para que dichas comunidades ejerzan sus derechos sobre esas tierras; ello en la medida que se trata del ejercicio legítimo de una potestad del Estado en su condición de transmitente del dominio.
Diversa sería la situación si se planteara la existencia de propiedad privada sobre estos terrenos, en cuyo caso no podría condicionarse el ejercicio de los atributos del dominio, a la integración de una Asociación de Desarrollo Comunal. IX.- Por otra parte, de la simple lectura de las disposiciones de la Ley Indígena que se han transcrito, se extrae que es la Ley –no el reglamento- es la que establece la propiedad y organización comunitarias. El párrafo segundo del numeral 2° regula esa propiedad comunitaria al indicar: “...Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley..”. En cuanto a la organización el mismo cuerpo normativo establece que “...las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las Leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría del CONAI” (el destacado no es del original).
Ahora bien, es la Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad ( N° 3859), la que regula las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y el artículo 3° del Reglamento a la Ley Indígena que se impugna, no ha hecho más que concretar el tipo de organización que responde a las bases establecidas por el legislador en la Ley Indígena que le sirve de marco, lo que además, se ajusta al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en tanto materializa la obligación del Estado de velar porque las comunidades indígenas adopten una organización jurídica acorde a sus tradiciones, que les permita el ejercicio de los derechos y obligaciones que la ley les reconoce. No debe perderse de vista que las Asociaciones de Desarrollo Comunal –más que ninguna otra figura jurídica- es la que más se asemeja a naturaleza comunitaria de la organización tradicional indígena; adicionalmente, este tipo de estructura jurídica le permite disfrutar a este sector de la población de especiales beneficios (artículo 19 de la Ley 3859) de los que no disfrutarían con otro tipo de estructuración jurídica –verbigracia recibir servicios, donaciones, subvenciones, y transferencias anuales de dinero, tanto del Estado como de sus instituciones-, lo que conlleva, desde luego, el control ordinario de esos recursos públicos”.
(Sentencia número 2002-02623 de las catorce horas cuarenta y un minutos del trece de marzo de dos mil dos). En el mismo sentido, sentencia número 2009-013994, de las once horas y treinta y nueve minutos del veintiocho de agosto del dos mil nueve. V.- De las sentencias trascritas y del análisis normativo realizado, la Sala en su jurisprudencia ha considerado que el hecho de que sean las asociaciones de desarrollo integral las encargadas de representar judicial y extrajudicialmente a las comunidades indígenas, como instituciones representativas de los habitantes de las reservas, no es contrario al Derecho de la Constitución. Asimismo, las normas impugnadas tampoco impiden a los indígenas formar parte de cualquier otra organización jurídica de su interés. Finalmente, cabe aclarar que son los Estatutos de cada una de las asociaciones de desarrollo integral los que establecen el proceso interno en cada asociación para designar a su representante ante la CONAI y no las normas impugnadas por el accionante.
VI.- Conclusión. En definitiva, los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 15 del Reglamento a la Ley Indígena y el Decreto Ejecutivo relativo a la Representación Legal de Comunidades Indígenas por Asociaciones de Desarrollo y como Gobierno Local, no son contrarios al Derecho de la Constitución. (…).” VII.-Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), y la Municipalidad de Buenos Aires. En consecuencia, se ordena a Eduardo Mora Castro y Agustín Jackson López, por su orden Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la CNE y Presidente de la CONAI, o a quienes ejerzan sus cargos, así como a las personas que ocupen los puestos de Director Ejecutivo de la CNE, y de Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Buenos Aires, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en el plazo máximo de 15 DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se analice y resuelva la gestión planteada por el recurrente en junio de 2018, lo cual le deberá ser comunicado en ese mismo plazo.
Asimismo, de requerirse alguna medida urgente para salvaguardar a la población del territorio indígena Ujarrás, deberán realizar las coordinaciones correspondientes con las instituciones competentes a efectos de que garantice su integridad física. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y a la Municipalidad de Buenos Aires al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese a Eduardo Mora Castro y Agustín Jackson López, por su orden Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la CNE y Presidente de la CONAI, o a quienes ejerzan sus cargos, así como a las personas que ocupen los puestos de Director Ejecutivo de la CNE, y de Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Buenos Aires, en forma personal.
Fernando Castillo V. Presidente a.i Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.
*QRKFX00WVWY61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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