← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 05512-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/04/2011
OutcomeResultado
The Chamber ordered SETENA and the Ministry of Environment to decide and give notice within two months of the pending challenges to Resolution 950-2009-SETENA, but denied the amparo as to the Ministry of Public Works and Transport, Autopistas del Sol, and the National Concessions Council.La Sala ordenó a SETENA y al Ministerio de Ambiente resolver y notificar en dos meses los recursos pendientes contra la resolución 950-2009-SETENA, pero desestimó el amparo respecto del MOPT, Autopistas del Sol y el Consejo Nacional de Concesiones.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted an amparo concerning environmental and safety risks attributed to the San José–Caldera highway. It found no specific conduct by the Ministry of Public Works and Transport, the National Concessions Council, or Autopistas del Sol that violated the asserted fundamental rights. It did find, however, that SETENA and the Ministry of Environment had taken approximately two years without deciding the concessionaire’s motions for reconsideration and appeal against Resolution 950-2009-SETENA. That administrative resolution had identified omissions in environmental-regency reports and requested information needed to establish the project’s actual condition. The Chamber held that this delay violated the right to prompt and effective administrative justice. It also impaired the precautionary principle and the right to a healthy and ecologically balanced environment because the actual environmental effects in the area remained unresolved. The Chamber ordered the authorities to decide and give notice of both challenges within two months and held the State liable for costs and resulting damages.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo relacionado con los riesgos ambientales y de seguridad atribuidos a la carretera San José–Caldera. Aunque no tuvo por demostradas actuaciones concretas del MOPT, el Consejo Nacional de Concesiones o Autopistas del Sol que lesionaran los derechos invocados, comprobó que SETENA y el Ministerio de Ambiente habían tardado aproximadamente dos años en resolver los recursos de revocatoria y apelación interpuestos por la concesionaria contra la resolución 950-2009-SETENA. Esa resolución había señalado omisiones en los informes de regencia ambiental y requerido información para conocer la situación real del proyecto. La Sala consideró que la demora infringió el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida y, además, afectó el principio precautorio y el derecho a un ambiente sano, pues mantenía sin definir la afectación ambiental de la zona. Ordenó resolver y notificar ambos recursos dentro de dos meses y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
VI.—Specific case. From the reports rendered under oath and the evidence submitted in the proceeding, it has been established that, through Resolution No. 950-2009-SETENA at 8:10 a.m. on April 22, 2009, the National Environmental Technical Secretariat requested that Autopistas del Sol: “(...) reformulate environmental-regency report No. 02-2009 filed with SETENA on March 3, 2009, because it does not meet the minimum substantive requirements insofar as it does not describe the actual state of the project’s development. ...Submit environmental-regency reports at least once a month, complying with the substantive and formal requirements established by this Secretariat (...).” Nevertheless, on May 5, 2009, Autopistas del Sol S.A. filed a motion for reconsideration and an appeal against that resolution. According to the reports rendered under oath by the respondent authorities, those challenges have still not been decided. In view of that situation, the Chamber considers that the authorities of the National Environmental Technical Secretariat and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications violated the fundamental right to prompt and effective justice because, as of the date this amparo is examined, the respondents have not issued a final decision on the motions for reconsideration and appeal filed by Autopistas del Sol S.A., despite the TWO YEARS that have elapsed. This is aggravated by the fact that the failure to decide them impairs the precautionary principle and the right to a healthy and balanced environment, since the actual impact on the area has yet to be determined. VII.—Conclusion. Accordingly, on the basis of the foregoing, this action must be granted as against the National Environmental Technical Secretariat and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications because they have not decided the motions for reconsideration and appeal filed by Autopistas del Sol S.A. against Resolution No. 950-2009-SETENA at 8:10 a.m. on April 22, 2009, which identified a series of omissions by the company directly affecting the environment. As to the Ministry of Public Works and Transport, Autopistas del Sol S.A., and the National Concessions Council, no specific actions on their part were found to have violated the fundamental rights invoked; the action must therefore be denied as to them.VI.- Caso concreto. De los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento y de las pruebas aportadas al proceso, ha quedado demostrado que por resolución número 950-2009-SETENA de las ocho horas diez minutos del veintidós de abril de dos mil nueve, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicitó a la Empresa Autopistas del Sol: “(…) reformular el informe regencial N° 02-2009 presentado en SETENA el 03 de marzo del 2009, debido a que no se cumple con los requisitos mínimos de fondo, en lo concerniente a que no describe la situación real del desarrollo del proyecto. ...Remitir informes regenciales con la periocidad mínimo de uno al mes, cumpliendo con los requisitos de fondo y forma dados por esta Secretaría (…)”. Sin embargo, el cinco de mayo de dos mil nueve, la Empresa Autopistas del Sol S.A. presentó recurso de revocatoria y apelación en contra de dicha resolución. Según se desprende de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, los recursos todavía no han sido resueltos. Tomando en cuenta esa situación, considera la Sala que las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones han vulnerado el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida, toda vez que a la fecha en que se estudia este amparo, los recurridos no han resuelto definitivamente los recursos de revocatoria y apelación presentados por la empresa Autopistas del Sol S.A., ello a pesar de los DOS AÑOS que han transcurrido, con el agravante de que la falta de resolución de éstos lesiona el principio precautorio y el derecho a un ambiente sano y equilibrado, toda vez que a la fecha no se ha definido la situación de afectación real de la zona. VII.- Conclusión. Así las cosas, en mérito de lo dicho, procede la declaratoria de con lugar de este recurso respecto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, pues no se han resuelto los recursos de revocatoria y apelación presentados por la empresa Autopistas del Sol S.A., contra la resolución número 950-2009-SETENA de las ocho horas diez minutos del veintidós de abril de dos mil nueve, en la cual se establecieron una serie de omisiones por parte de la empresa y que inciden directamente con el ambiente. Respecto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la empresa Autopistas del Sol S.A. y el Consejo Nacional de Concesiones, no se constataron actuaciones concretas de su parte que hubieren lesionado los derechos fundamentales invocados, por lo que en cuanto a ellos, el presente recurso deberá ser desestimado.
Pull quotesCitas destacadas
"El derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos."
"The right to prompt and effective justice under Article 41 of the Constitution is not limited, in Administrative Law, to the judicial sphere—that is, proceedings before the Contentious-Administrative Jurisdiction created by Article 49 of the Constitution—but also extends with full force to the administrative or governmental stage preceding judicial review, namely, administrative proceedings."
Considerando IV
"El derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos."
Considerando IV
"Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable."
"These governing principles of administrative proceedings impose on public bodies the mandatory duty to conduct them within a reasonable time and without undue delay—that is, without serious and unjustified postponements that could frustrate, extinguish, or gravely impair the substantive legal interests asserted by individuals through the passage of excessive and unreasonable time."
Considerando IV
"Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable."
Considerando IV
"Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política."
"When a public body or agency exceeds these time limits, it violates the right to prompt and effective administrative justice established in Article 41 of the Constitution."
Considerando V
"Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política."
Considerando V
"Se declara parcialmente con lugar el recurso respecto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, por menoscabo al derecho al ambiente."
"The action is partially granted as against the National Environmental Technical Secretariat and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications for infringement of the right to the environment."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso respecto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, por menoscabo al derecho al ambiente."
Por tanto
Full documentDocumento completo
*100072860007CO* Decision No. 2011005512 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve twenty-seven p.m. on April twenty-nine, two thousand eleven.
Amparo proceeding filed by CARLOS LUIS BARADÍN MORA, identity card number one-eight hundred eighty-seven hundred sixteen, against EMPRESA AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA, the Technical Secretary of the Consejo Nacional de Concesiones, and the Vice Minister of Public Works, both of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes.- Background:
They emphasize that the concessionaire company’s responsibility is to work toward minimizing and reducing those risks and to respond immediately to any contingencies that arise. They further state that, because matters beyond the boundaries of the project’s right-of-way (derecho de vía) fall outside the scope of the concession agreement, it is evident that the concessionaire is not responsible for addressing stability problems originating beyond those boundaries, which were expropriated by the Concession-Granting Administration and transferred to the concessionaire for construction of the project. They state that the concessionaire is expressly prohibited from entering private property. They note that, regarding material detachments (desprendimientos de material), there were no landslides on the highway, as the appellant mistakenly claims, because a landslide or avalanche is a large mass of snow that collapses violently and thunderously from the mountains, or a large mass of material that breaks loose on a slope and rushes down it; none of those circumstances have occurred in this particular case.
They further state that the technical slope studies (estudios técnicos de taludes) remain subject to monitoring and, when necessary, are conducted in greater detail at specific locations, depending on expert supervision and recommendations. They add that this monitoring is part of the environmental management (gestión ambiental) and road maintenance performed by the concessionaire as part of its obligations in carrying out the project, and therefore it is ongoing and entails immediate action. They contend that rockfall (caída de bloques) is entirely different from landslides or mass movements (movimientos en masa). In this case, the concessionaire has strengthened the highway monitoring system, as it has teams of inspectors who continuously patrol the sectors identified for monitoring at appropriate intervals. Permanent surveillance cameras have also been installed, and early-warning systems (illuminated message boards) and traffic-control devices are available (plastic New Jersey barriers with colors and materials that make them visible from safe distances, illuminated signs, among others).
These will reinforce preventive measures in the event of any rockfall within the identified sectors, since that situation could not occur along the project’s entire route. They argue that the existing controls and ongoing analyses are used to continually assess the need to implement engineering measures in specific sectors, as has been done in various sectors of the project, where work has included bolt anchoring, welded-wire mesh, shotcrete, slope stitching, geomembranes to mitigate sheet erosion (erosión laminar), anchored mesh, construction of berms, installation of drainage ditches to manage runoff (escorrentía), grade-control structures, among other measures. They state that travel on the road is currently safe; users must follow all preventive recommendations issued along the route, and alternative routes are available for those who wish to use them. Nevertheless, the public may benefit, as needed, from the socioeconomic advantages and reduced emissions resulting from the shorter route, among other benefits, with the assurance that the project has implemented appropriate control and mitigation measures not only during its construction phase, but also in the sectors already in use and in the operational phase, so as not to adversely affect health or the environment or cause environmental damage. They request that this amparo appeal (recurso de amparo) be denied.
Justice Araya Garcia drafts the opinion; and,
Considering:
I.Subject matter of the proceeding. The petitioner alleges that the decision of veintidós de abril de dos mil nueve, issued by the National Environmental Technical Secretariat, contains a series of environmental violations, including severe impacts on flora and fauna ecosystems and the breaching of natural seals of several aquifers, among others. He further alleges that national route “San José-Caldera” has landslide problems involving ninety-degree slopes and lacks lighting.
II.Proven facts. The following facts relevant to deciding this amparo proceeding are deemed proven, either because they have been substantiated or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:
a. The National Environmental Technical Secretariat granted environmental viability to Autopistas del Sol through decision number 2077-2006-SETENA (undisputed fact); b. Through decision number 950-2009-SETENA at 08:10 hours on 22 de abril de 2009, the National Environmental Technical Secretariat requested that Autopistas del Sol: “(…) reformulate environmental manager’s report N° 02-2009 submitted to SETENA on 03 de marzo del 2009, because it does not meet the minimum substantive requirements insofar as it does not describe the actual status of the project’s development. ...Submit environmental manager’s reports at a minimum frequency of one per month, complying with the substantive and formal requirements established by this Secretariat (…)” (see folios 37 to 60 of the file); c. On 05 de mayo de 2009, Autopistas del Sol filed motions for reconsideration and appeal against decision 950-2009-SETENA at 08:10 hours on 22 de abril de 2009 (see folios 63 to 84 of the file); d. At session number 13-2010 of 10 de junio de 2010 of the National Concessions Council, a resolution was adopted to close the section between kilometers 37+000 and 48+000 of the San José-Caldera Highway (as stated under oath by the respondent authority at folio 86 of the file).
III.On the right to health and to a healthy environment. This Chamber has repeatedly stated that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73 and 89 of the Constitution), as well as recognized through international law. This is supplemented by the provisions of article 11 of the “Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights.” A harmonious interpretation of these provisions gives rise to the precautionary principle, under which the State must take all necessary measures—within the scope permitted by law—to prevent irreversible environmental damage. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle, or principle of prudent avoidance. This principle is embodied in the United Nations Conference on Environment and Development, or Rio Declaration, which literally states: “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities.
Where there is a danger of serious and irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” In domestic law, the Biodiversity Law (No. 7788 of 30 de abril de 1998), in article 11, establishes the following principles as interpretive parameters: “1.- Preventive criterion: It is recognized that anticipating, preventing, and addressing the causes of biodiversity loss or threats thereto are of vital importance. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is a danger or threat of serious or imminent damage to elements of biodiversity and the knowledge associated therewith, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protective measures.” In judgment number 1999-1250 of this Court, issued at once twenty-four in the morning on diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve (reiterated in judgments number 2000-9773 at 9:44 hours on 3 de noviembre del 2000, 2001-1711 at 16:32 hours on 27 de febrero del 2001, and 2003-6322 at 14:14 hours on 3 de julio del 2003), this Court held as follows: “(...) Prevention seeks to anticipate adverse effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources.
Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and implement all precautionary measures to prevent or contain possible adverse effects on the environment or human health. Thus, where there is a risk of serious or irreversible harm—or doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted, including postponement of the activity concerned. This is because, in environmental matters, ex post facto enforcement is ineffective, since once socially harmful biological consequences have occurred, punishment may have moral significance but will hardly compensate for the environmental damage caused.” Subsequently, in judgment number 2003-3480 at two minutes past two in the afternoon on dos de mayo de dos mil tres, this Court stated that “Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not when the facts giving rise to a risk are unknown, but when there is a lack of certainty as to whether such facts will actually produce harmful effects on the environment.”
IV.- Right to prompt and effective administrative proceedings (procedimiento administrativo pronto y cumplido). In exercising their powers, jurisdiction, or authority, public administrations must consider and resolve, at the prior administrative or governmental level, through a proceeding, numerous applications submitted by administered persons or users of public services in order to obtain a final administrative act (acto administrativo final), whose substantive content may express intent, judgment, or knowledge. That administrative act concluding an administrative proceeding may grant or recognize subjective rights (derechos subjetivos) or legitimate interests (intereses legítimos)—substantive legal situations (situaciones jurídicas sustanciales)—(favorable acts (actos favorables)), or may extinguish or deny them or impose obligations (burdensome or expropriatory acts (actos de gravamen o ablatorios)).
It is logical and reasonable that administrative justice cannot be immediate, since the public administration and its bodies require a reasonable period in which to process the respective application properly and issue the most appropriate administrative decision, consistent with the actual truth of the facts constituting the grounds for the final act. This means that a physiologically necessary period (vacatio or distantia temporis) must elapse between the initial request submitted by the administered person and the final decision thereon, as required to observe that person’s fundamental rights (due process (debido proceso), defense, bilateral hearing, or adversarial proceedings (contradictorio)) and to ensure the best possible satisfaction of the public interests. It must not be overlooked that an administrative proceeding is defined as a series of acts—by the administrative body directing and deciding the proceeding and by the applicant—linked sequentially and teleologically, which require time to be carried out.
Consequently, the processing of applications submitted by administered persons requires the time necessary to guarantee respect for their fundamental rights and proper consideration of the factual and legal elements, the private interest, the interests of third parties, and the public interests involved. However, the foregoing does not legally authorize public administrations to extend indefinitely their consideration and resolution of matters entrusted to them by administered persons, since, in such a case, the proceedings are prolonged abnormally for reasons attributable exclusively to those administrations, and administered persons have no duty or obligation to tolerate such improper delays. The right to prompt and effective justice under Article 41 of the Political Constitution is not limited, in Administrative Law, to the judicial sphere, that is, to proceedings heard by the Contentious-Administrative Jurisdiction created under Article 49 of that same supreme body of law; rather, it also applies and extends with full force to the administrative or governmental channel preceding judicial review, that is, to administrative proceedings.
Thus, it is a constitutional imperative that administrative proceedings likewise be prompt, timely, and effective, in furtherance of such paramount constitutional values as legal security and certainty, to which all administered persons are rightfully entitled. Precisely for that reason, administrative proceedings are governed by a series of deeply rooted constitutional principles, such as promptness and timeliness (Article 41 of the Political Constitution), better known as expedition or speed (Articles 225, paragraph 1°, and 269, paragraph 1°, of the General Law of Public Administration), effectiveness and efficiency (Articles 140, subsection 8, of the Political Constitution, and 4°, 225, paragraph 1°, and 269, paragraph 1°, of the General Law of Public Administration), and procedural simplicity and economy (Article 269, paragraph 1°, ibidem). These governing principles of administrative proceedings impose upon public entities the mandatory obligation to process them within a reasonable time and without undue delay, that is, without serious and unjustified delays, so as to prevent the frustration, potential extinguishment, or serious impairment of the substantive legal situations invoked by administered persons due to the passage of an excessive and unreasonable period.
The substantive and positional privilege of public administrations known as declaratory self-enforcement (autotutela declarativa), which ultimately constitutes a heavy burden for administered persons, must not be reversed and exploited by those administrations to cause an unlawful injury to an administered person through the unnecessary prolongation of administrative proceedings.
V.- Nature of administrative proceedings and reasonable time limits. With respect to administrative proceedings, a distinction must be drawn between proceedings of a constitutive nature (procedimientos de naturaleza constitutiva) and challenge proceedings (procedimientos de impugnación). The principal purpose of the former is the issuance of a final administrative act resolving the request submitted by the applicant or interested party—favorably or unfavorably—while the latter are designed to consider a challenge brought against the final act issued in the constitutive proceeding—the appellate stage (fase recursiva). Examples of constitutive proceedings include the ordinary and summary proceedings regulated by the General Law of Public Administration or any other special proceeding based on the subject matter, regulated by a specific law and capable of falling within the exceptions set forth in section 367, paragraph 2°, of the General Law of Public Administration and in Executive Decrees numbers 8979–P of 28 de agosto and 9469–P of 18 de diciembre, both of 1978.
Challenge proceedings include ordinary remedies (motions for reconsideration (revocatoria), appeals (apelación), and motions for reversal (reposición)) and extraordinary remedies (review (revisión)). For both circumstances, and with respect to common administrative proceedings—ordinary, summary, and appellate proceedings—the General Law of Public Administration establishes periods within which the respective public entity must decide either the initial petition or application or the remedy filed in a timely manner. Indeed, Article 261, paragraph 1°, of the General Law of Public Administration provides that ordinary administrative proceedings must be concluded by a final act within two months after their commencement; for summary proceedings, Article 325 ibidem provides a period of one month—from their commencement—for completion. Regarding the appellate stage or challenge proceeding, section 261, paragraph 2°, establishes a period of one month. When a public body or entity exceeds these periods, it violates the right to prompt and effective administrative justice established in Article 41 of the Political Constitution.
VI.Specific case. The reports submitted under oath and the evidence entered into the proceeding demonstrate that, by decision number 950-2009-SETENA, issued at ocho horas diez minutos del veintidós de abril de dos mil nueve, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental requested Empresa Autopistas del Sol to: “(…) revise oversight report (informe regencial) N° 02-2009 submitted to SETENA on 03 de marzo del 2009, because it does not meet the minimum substantive requirements, insofar as it fails to describe the actual status of the project’s development. ...Submit oversight reports at least once a month, complying with the substantive and formal requirements established by this Secretaría (…)”. However, on cinco de mayo de dos mil nueve, Empresa Autopistas del Sol S.A. filed a motion for reconsideration and an appeal against that decision. As is apparent from the reports submitted under oath by the respondent authorities, the remedies have not yet been decided.
In view of that situation, the Chamber finds that the authorities of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones have violated the fundamental right to prompt and effective justice, because, as of the date on which this amparo proceeding (amparo) is being considered, the respondents have not issued a final decision on the motion for reconsideration and appeal filed by Empresa Autopistas del Sol S.A., despite the TWO YEARS that have elapsed, with the aggravating circumstance that the failure to decide them violates the precautionary principle (principio precautorio) and the right to a healthy and ecologically balanced environment, since the actual extent to which the area has been affected has not yet been determined.
VII.Conclusion. Accordingly, in view of the foregoing, this action must be granted with respect to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, because no decision has been issued on the motion for reconsideration and appeal filed by Empresa Autopistas del Sol S.A. against decision number 950-2009-SETENA, issued at ocho horas diez minutos del veintidós de abril de dos mil nueve, which identified a series of omissions by the company that directly affect the environment. With respect to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Empresa Autopistas del Sol S.A., and the Consejo Nacional de Concesiones, no specific actions on their part were found to have violated the fundamental rights invoked; accordingly, as to them, this action must be dismissed.
Por tanto:
The action is partially granted with respect to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, due to infringement of the right to the environment. Uriel Juárez Baltodano and Teófilo de la Torre Argüello, or whoever holds in their stead the offices of Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, are ordered to issue a final decision on the motion for reconsideration and appeal filed by Empresa Autopistas del Sol S.A. against decision number 950-2009-SETENA, issued at ocho horas diez minutos del veintidós de abril de dos mil nueve, and to provide the corresponding notice, all within a period of TWO MONTHS from notice of this judgment. The respondents are warned that failure to comply with this order will constitute the offense of disobedience and that, pursuant to Article 71 of the Law governing this jurisdiction, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that must be complied with or enforced and fails to comply with or enforce it shall be sentenced to imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be quantified during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction. The action is dismissed with respect to the other respondents. This decision shall be personally served upon Uriel Juárez Baltodano and Teófilo de la Torre Argüello, or whoever holds in their stead the offices of Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.
Gilbert Armijo S.
Acting President Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Ricardo Guerrero P.
Jorge Araya G.
Enrique Ulate C.
*100072860007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y veintisiete minutos del veintinueve de abril del dos mil once.
Recurso de amparo interpuesto por CARLOS LUIS BARADÍN MORA, cédula de identidad número uno- ochocientos ochenta- setecientos dieciséis, contra la EMPRESA AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES Y VICEMINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, AMBOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.-
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya Garcia; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Alega el recurrente que la resolución del veintidós de abril de dos mil nueve, emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental presenta una serie de violaciones ambientales, como impactos severos a ecosistemas de flora, fauna, ruptura de sellos naturales de varios acuíferos, entre otros. Asimismo, acusa que la ruta nacional “San José-Caldera, presenta problemas de deslizamientos de terreno con inclinación de noventa grados y no cuenta con iluminación.
II.Hechos probados. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por demostrados los siguientes, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ello según lo prevenido en el auto inicial:
a. Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental le otorgó la viabilidad ambiental a Autopistas del Sol mediante resolución número 2077-2006-SETENA (hecho no controvertido); b. Que por resolución número 950-2009-SETENA de las 08:10 horas del 22 de abril de 2009, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicitó a la Empresa Autopistas del Sol: “(…) reformular el informe regencial N° 02-2009 presentado en SETENA el 03 de marzo del 2009, debido a que no se cumple con los requisitos mínimos de fondo, en lo concerniente a que no describe la situación real del desarrollo del proyecto. ...Remitir informes regenciales con la periocidad mínimo de uno al mes, cumpliendo con los requisitos de fondo y forma dados por esta Secretaría (…)” (ver a folios 37 a 60 del expediente); c. Que el 05 de mayo de 2009, la Empresa Autopistas del Sol presentó recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución 950-2009-SETENA de las 08:10 horas del 22 de abril de 2009 (ver a folios 63 a 84 del expediente); d. Que en sesión número 13-2010 del 10 de junio de 2010 del Consejo Nacional de Concesiones, se tomó el acuerdo de cerrar el trayecto comprendido entre los kilómetros 37+000 y 48+000 de la Carretera San José-Caldera (según indica bajo juramento la autoridad recurrida visible a folio 86 del expediente).
III.Sobre el derecho a la salud y a un ambiente sano. En reiteradas ocasiones esta Sala ha manifestado que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna) así como a través de la normativa internacional. Se complementa por lo establecido en el numeral 11 del "Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Interpretando armónicamente las normas, se puede derivar el principio precautorio, según el cual, el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica: “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.
Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En la sentencia de este Tribunal número 1999-1250 de las once horas veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve (reiterado en las sentencias número 2000-9773 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 2001-1711 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 2003-6322 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003), este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos.
Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en la sentencia número 2003-3480 de las catorce horas dos minutos del dos de mayo de dos mil tres, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”.
IV.Derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. Las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades, competencias o atribuciones deben conocer y resolver en la sede administrativa o gubernativa previa, a través de un procedimiento, múltiples solicitudes de los administrados o usuarios de los servicios públicos a efecto de obtener un acto administrativo final, cuyo contenido psíquico puede ser volitivo, de juicio o de conocimiento. Ese acto administrativo conclusivo de un procedimiento administrativo puede otorgar o reconocer derechos subjetivos o intereses legítimos —situaciones jurídicas sustanciales— (actos favorables) o bien suprimirlos, denegarlos o imponer obligaciones (actos de gravamen o ablatorios). Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa inmediata, puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final.
Lo anterior significa, que entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su resolución final debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario (vacatio o distantia temporis), impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de aquel (debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o contradictorio) y la mejor satisfacción posible de los intereses públicos. No debe perderse de perspectiva que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos —del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante— concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados.
Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas. El derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos. De modo y manera que es un imperativo constitucional que los procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los administrados.
Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran informados por una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable.
El privilegio sustancial y posicional de las administraciones públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada carga para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión antijurídica al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos.
V.Naturaleza de los procedimientos administrativos y plazos razonables. En materia de procedimientos administrativos, es menester distinguir entre el de naturaleza constitutiva y el de impugnación. El primero tiene como principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva el pedimento formulado por el gestionante o parte interesada —en un sentido favorable o desfavorable—, y el segundo está diseñado para conocer de la impugnación presentada contra el acto final que fue dictado en el procedimiento constitutivo —fase recursiva—. El procedimiento constitutivo puede ser, a modo de ejemplo, los procedimientos ordinario y sumario normados en la Ley General de la Administración Pública o cualquier otro especial por razón de la materia regulado en una ley específica y que sea posible encuadrarlo dentro de las excepciones contenidas en el numeral 367, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública y en los Decretos Ejecutivos números 8979–P del 28 de agosto y 9469–P del 18 de diciembre, ambos de 1978.
El procedimiento de impugnación comprende los recursos ordinarios (revocatoria, apelación y reposición) y los extraordinarios (revisión). Para sendos supuestos, y en lo que se refiere a los procedimientos administrativos comunes —ordinario, sumario y recursos—, la Ley General de la Administración Pública establece plazos dentro de los cuales la respectiva entidad pública debe resolver ya sea la petición o solicitud inicial o el recurso oportunamente interpuesto. En efecto, el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación; para la hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 ibidem, dispone un plazo de un mes —a partir de su inicio— para su conclusión. En lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2°, fija un plazo de un mes.
Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política.
VI.Caso concreto. De los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento y de las pruebas aportadas al proceso, ha quedado demostrado que por resolución número 950-2009-SETENA de las ocho horas diez minutos del veintidós de abril de dos mil nueve, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicitó a la Empresa Autopistas del Sol: “(…) reformular el informe regencial N° 02-2009 presentado en SETENA el 03 de marzo del 2009, debido a que no se cumple con los requisitos mínimos de fondo, en lo concerniente a que no describe la situación real del desarrollo del proyecto. ...Remitir informes regenciales con la periocidad mínimo de uno al mes, cumpliendo con los requisitos de fondo y forma dados por esta Secretaría (…)”. Sin embargo, el cinco de mayo de dos mil nueve, la Empresa Autopistas del Sol S.A. presentó recurso de revocatoria y apelación en contra de dicha resolución. Según se desprende de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, los recursos todavía no han sido resueltos.
Tomando en cuenta esa situación, considera la Sala que las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones han vulnerado el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida, toda vez que a la fecha en que se estudia este amparo, los recurridos no han resuelto definitivamente los recursos de revocatoria y apelación presentados por la empresa Autopistas del Sol S.A., ello a pesar de los DOS AÑOS que han transcurrido, con el agravante de que la falta de resolución de éstos lesiona el principio precautorio y el derecho a un ambiente sano y equilibrado, toda vez que a la fecha no se ha definido la situación de afectación real de la zona.
VII.Conclusión. Así las cosas, en mérito de lo dicho, procede la declaratoria de con lugar de este recurso respecto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, pues no se han resuelto los recursos de revocatoria y apelación presentados por la empresa Autopistas del Sol S.A., contra la resolución número 950-2009-SETENA de las ocho horas diez minutos del veintidós de abril de dos mil nueve, en la cual se establecieron una serie de omisiones por parte de la empresa y que inciden directamente con el ambiente. Respecto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la empresa Autopistas del Sol S.A. y el Consejo Nacional de Concesiones, no se constataron actuaciones concretas de su parte que hubieren lesionado los derechos fundamentales invocados, por lo que en cuanto a ellos, el presente recurso deberá ser desestimado.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso respecto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, por menoscabo al derecho al ambiente. Se ordena a Uriel Juárez Baltodano y Teófilo de la Torre Argüello, o a quien en sus lugares ejerzan el cargo de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, resolver de manera definitiva los recursos de revocatoria y apelación interpuestos por la empresa Autopistas del Sol S.A. contra la resolución número 950-2009-SETENA de las ocho horas diez minutos del veintidós de abril de dos mil nueve, y notificar lo correspondiente, todo dentro del plazo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a los recurridos, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso administrativa. Se declara sin lugar el recurso respecto a los demás recurridos. Notifíquese esta resolución a Uriel Juárez Baltodano y Teófilo de la Torre Argüello, o a quien en sus lugares ejerzan el cargo de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en forma personal.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Ricardo Guerrero P.
Jorge Araya G.
Enrique Ulate C.
Document not found. Documento no encontrado.