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Res. 09966-2010 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 09/06/2010

Constitutionality of Articles 100 and 126 of the Wildlife Conservation LawConstitucionalidad de los artículos 100 y 126 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The unconstitutionality action against Articles 100 and 126 of the Wildlife Conservation Law is dismissed, upholding their constitutional validity.Se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 126 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, confirmando su validez constitucional.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber rejects an unconstitutionality action filed by the National Agriculture and Agroindustry Chamber against Articles 100 and 130 (currently 126) of the Wildlife Conservation Law. The plaintiff argued that Article 100 violates the principles of equality, reasonableness, and legality by penalizing the discharge of polluted water without explicitly excepting those with discharge permits, and that its prison penalty is disproportionate. Regarding Article 126, it alleged that joint and several liability for legal entities and economic interest groups violates the presumption of innocence and the principles of proportionality and reasonableness by presuming guilt without a causal link. The Chamber finds that Article 100 respects the principle of legality, clearly describes the prohibited conduct and leaves the criminal judge to assess the existence of permits as a justification that excludes wrongfulness, without requiring the norm to expressly list exceptions. It does not violate equality either, since the differentiation between those who have or lack a permit operates at the judicial application stage. On proportionality, the Chamber recalls that the determination of criminal offenses is the exclusive competence of the legislature. As for Article 126, the Chamber holds that it regulates objective civil liability based on risk, not criminal liability, so the presumption of innocence does not apply. Its extension to economic interest groups aims to prevent corporate fraud and make the 'polluter pays' principle effective, without impeding due process or the right to defense. The action is dismissed.La Sala Constitucional rechaza una acción de inconstitucionalidad presentada por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria contra los artículos 100 y 130 (actual 126) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. El accionante alegaba que el artículo 100 viola los principios de igualdad, razonabilidad y tipicidad al penalizar el vertido de aguas contaminantes sin hacer excepciones explícitas para quienes tienen permisos de vertido, y que su pena de prisión es desproporcionada. Respecto al artículo 126, argumentaba que la responsabilidad solidaria para personas jurídicas y grupos de interés económico viola la presunción de inocencia y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, al presumir culpabilidad sin nexo causal. La Sala determina que el artículo 100 respeta el principio de tipicidad, describe claramente la conducta prohibida y deja al juez penal valorar la existencia de permisos como causa de justificación que excluye la antijuridicidad, no siendo necesario que la norma los excluya expresamente. Tampoco vulnera la igualdad, pues la diferenciación entre quienes tienen o no permiso opera en la fase de aplicación judicial. Sobre la proporcionalidad, la Sala recuerda que la determinación de tipos penales es competencia exclusiva del legislador. En cuanto al artículo 126, la Sala sostiene que regula responsabilidad civil objetiva por riesgo, no penal, por lo que no aplica el principio de inocencia, y su extensión a los grupos de interés económico busca evitar fraudes corporativos y hacer efectivo el principio 'quien contamina paga', sin impedir el derecho de defensa. Se declara sin lugar la acción.

Key excerptExtracto clave

First, the Chamber concludes that the challenged norm does not violate the principle of legality, according to which both the prohibited conducts and their sanctions must be described precisely and clearly in a legal norm. All elements of the criminal offense are clearly defined: the active subject, the action or verb (…) and the sanction to be applied (…). The fact that the norm does not expressly state that those who have obtained a permit to discharge polluting substances, where applicable according to the relevant regulations, will not be sanctioned, does not make it unconstitutional, since it is precisely the task of the criminal judge to determine in each specific case whether or not a permit to discharge polluting substances into a given body of water, granted by the competent authorities, exists. If it does, the action would be typical but not unlawful, meaning the offense provided for in the norm under review would not be committed. (…) the norm in question provides for another type of liability, derived from Article 1048 of the Civil Code, provisions that by extension apply to environmental damage (…). The plaintiff’s main argument is that the norm violates the presumption of innocence; however, that principle is not infringed because the challenged provision does not refer to criminal liability. Based on the Principle of Reality and the Piercing of the Corporate Veil, legislation regulating the joint and several civil liability of those legal entities that participate in the activity causing environmental damage, as well as of the natural and legal persons that are part of the same economic interest group as the legal entity related to the harmful event, is admissible.En primer término, la Sala concluye que la norma impugnada no es violatoria del principio de tipicidad, según el cual, tanto las conductas como las sanciones que se atribuyen deben estar descritas en una norma, en forma precisa y clara. Todos los elementos integrantes del tipo penal, están claramente definidos: el sujeto activo, la acción o verbo (…) y la sanción a aplicar (…). El hecho de que la norma no establezca expresamente que no serán sancionados quienes han obtenido un permiso de vertido de sustancias contaminantes, en los casos en que ello procede según la normativa aplicable, no la torna inconstitucional, pues es precisamente la labor del juez penal determinar en cada caso concreto si existe o no el permiso de vertido de sustancias contaminantes en determinado cuerpo de agua, conferido por las autoridades competentes, en cuyo caso la acción sería típica, pero no antijurídica, de manera que no se configuraría el delito previsto en la norma de estudio. (…) la norma que se cuestiona contempla otro tipo de responsabilidad, derivada del artículo 1048 del Código Civil, disposiciones que por extensión se aplican al daño ambiental (…). El principal argumento del accionante es que la norma viola el principio de inocencia; sin embargo, tal principio no resulta infringido pues la disposición cuestionada no se refiere a la responsabilidad penal. Con fundamento en el Principio de la Realidad y el Levantamiento de Velo Corporativo, resulta procedente la legislación que regula la responsabilidad civil solidaria de aquellas personas jurídicas que participan en la actividad que genera el daño ambiental, así como de las personas físicas y jurídicas que participan de un mismo grupo de interés económico con esa persona jurídica relacionada con el hecho dañino.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El hecho de que la norma no establezca expresamente que no serán sancionados quienes han obtenido un permiso de vertido de sustancias contaminantes, en los casos en que ello procede según la normativa aplicable, no la torna inconstitucional, pues es precisamente la labor del juez penal determinar en cada caso concreto si existe o no el permiso de vertido de sustancias contaminantes en determinado cuerpo de agua, conferido por las autoridades competentes, en cuyo caso la acción sería típica, pero no antijurídica, de manera que no se configuraría el delito previsto en la norma de estudio."

    "The fact that the norm does not expressly state that those who have obtained a permit to discharge polluting substances, in cases where this is applicable under the relevant regulations, will not be sanctioned, does not make it unconstitutional, since it is precisely the task of the criminal judge to determine in each specific case whether or not a permit to discharge polluting substances into a given body of water, granted by the competent authorities, exists. If it does, the action would be typical but not unlawful, meaning the offense provided for in the norm under review would not be committed."

    Considerando IV

  • "El hecho de que la norma no establezca expresamente que no serán sancionados quienes han obtenido un permiso de vertido de sustancias contaminantes, en los casos en que ello procede según la normativa aplicable, no la torna inconstitucional, pues es precisamente la labor del juez penal determinar en cada caso concreto si existe o no el permiso de vertido de sustancias contaminantes en determinado cuerpo de agua, conferido por las autoridades competentes, en cuyo caso la acción sería típica, pero no antijurídica, de manera que no se configuraría el delito previsto en la norma de estudio."

    Considerando IV

  • "La norma que se cuestiona contempla otro tipo de responsabilidad, derivada del artículo 1048 del Código Civil, disposiciones que por extensión se aplican al daño ambiental. (...) El principal argumento del accionante es que la norma viola el principio de inocencia; sin embargo, tal principio no resulta infringido pues la disposición cuestionada no se refiere a la responsabilidad penal."

    "The norm in question provides for another type of liability, derived from Article 1048 of the Civil Code, provisions that by extension apply to environmental damage. (...) The plaintiff’s main argument is that the norm violates the presumption of innocence; however, that principle is not infringed because the challenged provision does not refer to criminal liability."

    Considerando V.A

  • "La norma que se cuestiona contempla otro tipo de responsabilidad, derivada del artículo 1048 del Código Civil, disposiciones que por extensión se aplican al daño ambiental. (...) El principal argumento del accionante es que la norma viola el principio de inocencia; sin embargo, tal principio no resulta infringido pues la disposición cuestionada no se refiere a la responsabilidad penal."

    Considerando V.A

  • "Con fundamento en el Principio de la Realidad y el Levantamiento de Velo Corporativo, resulta procedente la legislación que regula la responsabilidad civil solidaria de aquellas personas jurídicas que participan en la actividad que genera el daño ambiental, así como de las personas físicas y jurídicas que participan de un mismo grupo de interés económico con esa persona jurídica relacionada con el hecho dañino."

    "Based on the Principle of Reality and the Piercing of the Corporate Veil, legislation regulating the joint and several civil liability of those legal entities that participate in the activity causing environmental damage, as well as of the natural and legal persons that are part of the same economic interest group as the legal entity related to the harmful event, is admissible."

    Considerando V.B

  • "Con fundamento en el Principio de la Realidad y el Levantamiento de Velo Corporativo, resulta procedente la legislación que regula la responsabilidad civil solidaria de aquellas personas jurídicas que participan en la actividad que genera el daño ambiental, así como de las personas físicas y jurídicas que participan de un mismo grupo de interés económico con esa persona jurídica relacionada con el hecho dañino."

    Considerando V.B

  • "La determinación de los tipos penales (conductas estimadas nocivas para la sociedad) y su sanción respectiva es un asunto de política criminal reservado en exclusiva a los legisladores."

    "The determination of criminal offenses (conduct deemed harmful to society) and their respective punishment is a matter of criminal policy reserved exclusively to the legislature."

    Considerando IV

  • "La determinación de los tipos penales (conductas estimadas nocivas para la sociedad) y su sanción respectiva es un asunto de política criminal reservado en exclusiva a los legisladores."

    Considerando IV

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Procedural marks

hmendez hmendez 2 0 2010-09-13T14:17:00Z 2010-09-13T14:17:00Z 2 7730 42517 Poder Judicial 354 100 50147 12.00 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *090103480007CO* Case file: 09-010348-0007-CO Decision No. 2010-09966 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and thirty-eight minutes on the ninth day of June, two thousand ten.

Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) brought by Alvaro Saénz Saborío, of legal age, married once, Civil Engineer, resident of San Rafael de Escazú, holder of identity card number 1-500-072, in his capacity as President with the powers of an unlimited general attorney-in-fact (apoderado Generalísimo sin límite de suma) of the Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, legal entity identification number 3-002-051316; against Articles 100 and 130 (currently 126) of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, No. 7317, as amended.

Findings:

  1. 1In a brief received by the Office of the Clerk of the Chamber at nine hours and fifty-eight minutes on the tenth day of July, two thousand nine, the petitioner requests that Articles 100 and 130 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, No. 7317, as amended by Ley No. 8689 of December 2008, be declared unconstitutional. He argues that those articles violate the principles of equality, proportionality, reasonableness, statutory definition of offenses (tipicidad), and innocence. The provisions are challenged on the ground that Article 100 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre violates the principle of equality because it makes no distinction of any kind, placing all persons in the same category without taking into account that some are in different circumstances because they hold permits or authorizations issued by the competent authorities to discharge wastewater (verter aguas residuales).He further considers that the challenged provision violates the reasonableness of equality because it does not treat differently those who are in a different factual situation because they hold permits to discharge wastewater, instead placing them on an equal footing with all other persons who do not hold such authorizations. In his view, the provision is neither necessary nor suitable for achieving the intended purpose; rather, the measure most burdensome to individuals’ legal sphere was chosen, even though that purpose could be achieved through Article 132 of the Ley de Conservación de la Vida, which contains virtually the same text as the challenged provision, except that it does not prescribe imprisonment as punishment and addresses waste and water treatment systems (sistemas de tratamiento de desechos y aguas). He also states that Article 100 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre infringes the principle of statutory definition of offenses because, by providing no exception for economic actors who have previously obtained authorization to discharge pollutants (vertido de sustancias contaminantes), it creates a conflict between the statutorily defined conduct and the criminal-law blameworthiness of the act, and between the statutory definition of the offense and culpability (culpabilidad).Thus, persons who have obtained a permit to discharge polluted water (permiso de vertido de aguas contaminantes) would act under the subjective belief that their conduct is not punishable because it is protected by the rules authorizing that conduct, although, given the wording of the provision, the conduct would fall within the statutory definition of the offense. He asserts that many regulatory provisions permit polluted water to be discharged into receiving bodies (cuerpos receptores), provided, of course, that certain permissible limits or parameters are observed, including the Ley Orgánica del Ambiente; Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N.33601-MINAE-S del 9 de agosto del 2006; and El Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, Decreto Ejecutivo 34431-MINAE-S de 9 de agosto del 2006, among others. Because of improper legislative drafting, the provision lacks the proper normative formulation required for every criminal offense (tipo penal), as derived from Article 39 of the Constitution.He cites judgment 2006-9170, in which the Chamber referred to two types of pollutant discharges (vertidos contaminantes): one permitted and one prohibited. That distinction is not observed in the challenged provision, which defines as an offense the mere act of “dumping” water, waste, or pollutants, without taking into account that some of those allegedly unlawful acts might be authorized by prior, specific regulations. Regarding the unconstitutionality of Article 130 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, the petitioner first argues that the provision violates the presumption of innocence enshrined in Article 39 of the Constitución Política because, although strict liability (responsabilidad objetiva) exists and is applied in branches of law other than criminal law, there must always be some attributability of the act and some property-related legal and criminal blameworthiness arising from a causal link between the subjectively responsible actor and the objectively responsible entity or person.The challenged provision establishes strict liability without a causal link between the actor and the natural or legal person who might have no connection whatsoever to the damage, particularly where it states that joint and several liability (responsabilidad solidaria) extends—without providing further justification—to “the natural or legal persons belonging to the same economic interest group (grupo de interés económico) as the offender.” The burden of proof (carga de la prueba) is reversed because the law presumes concurrent culpability on the part of the natural or legal person to whom joint and several liability is attributed, thereby violating the principle of innocence. Regarding the principles of proportionality and reasonableness, he argues that Article 130 establishes a legal consequence that might lack any causal basis if natural or legal persons are required to be jointly and severally liable even though they have no connection whatsoever to the damage that occurred.If they succeed in proving their innocence and lack of responsibility, whether intentional or negligent (dolosa o culposa), with respect to the unlawful act committed by the offending actor, they should be exempted from the duty to pay damages (daños y perjuicios), as occurs in other cases of strict liability. Article 130 penalizes everyone equally, constituting an unreasonable and disproportionate provision that establishes joint and several liability in violation of the principle of innocence and the requirement that culpability be proven.
  2. 2To establish his standing (legitimación) to bring this action of unconstitutionality, he states that this is an association that protects the corporate or collective interests of the agricultural, farming and agro-industrial sectors.
  3. 3By decision issued at seven hours and thirty minutes on the thirteenth day of October, two thousand nine, the action was admitted for processing and the Procuraduría General de la República was granted a hearing.
  4. 4The Procuraduría General de la República submits its report and states that the Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria lacks standing to bring this action of unconstitutionality because the challenged articles do not directly affect the sphere of activity of the entity or its members. This is because the challenged provisions seek to impose criminal and civil liability on persons who pollute national waters and are not intended to infringe the rights or interests of the members of the petitioning corporation. The only effect that the challenged articles might have on the corporation’s members would be indirect, resulting from a breach of the prohibition established by law against dumping pollutants into springs (manantiales), rivers, streams, and so forth. Accordingly, the Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria lacks standing to bring this action of unconstitutionality, and the action is therefore inadmissible.Notwithstanding the foregoing, with respect to the challenges raised against Article 100 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, the legal system contains a series of circumstances under which the law authorizes the discharge of pollutants into national waters. The fact that the cited article does not expressly state that no offense is committed when a person acts under one of the permissive provisions contained in the legal system governing the discharge of waste does not constitute a defect in the definition of the criminal offense or produce the effects claimed by the petitioner. The principle of statutory definition of offenses requires criminal provisions to describe fully the prohibited conduct, and Article 100 does so clearly, precisely, and completely, leaving no doubt that “dumping pollutants into national waters” is the conduct prohibited by the criminal offense. The permissive provisions contained in the legal system governing the discharge of waste into national waters constitute grounds of justification (causales de justificación) with respect to the conduct prohibited under Article 100, and grounds of justification are not part of the definition of the criminal offense. Requiring a criminal provision to expressly exempt every possible ground of justification lies beyond the scope of the principle of statutory definition of offenses.

Moreover, there is no violation of the principle of equality (principio de igualdad), because the article does not expressly exempt the situation of those who have permits to discharge pollutants. Permissive provisions (preceptos permisivos), even where the criminal offense defined in Article 100 does not expressly so provide, will always have the effect of negating the classification of the conduct as an offense (tipicidad), thereby excluding unlawfulness and placing those covered by the permissive provision in a position different from that of those who engaged in the defined conduct without authorization. Nor is it contrary to the principles of proportionality and reasonableness (principios de proporcionalidad y razonabilidad) or suitability (idoneidad), because the conduct classified as a criminal offense under Article 100 is the conduct prohibited under Article 132. The mere prohibition of the conduct set forth in Article 132 would be wholly insufficient to protect the legally protected interest (bien jurídico protegido) under Article 100, first because it does not constitute a criminal offense and, second, because it imposes no penalty on the offender.

Under the environmental “polluter pays” principle (principio ambiental “quien contamina paga”), the cost of pollution must be borne by the person who benefits from it, whether by taking the necessary measures to prevent or reduce it or by remedying its effects once it has occurred. The principle has two functions, one precautionary and one corrective, as stipulated in the Ley Orgánica del Ambiente and the case law of the Tribunal Constitucional. This principle is based on the conceptualization of environmental damage (daño ambiental) as harm to collective patrimony (patrimonio colectivo), represented by basic natural systems, and as an offense of a social nature because it affects the foundations of society’s existence; economic because it threatens the materials and resources essential to productive activities; cultural insofar as it endangers communities’ way of life; and ethical because it threatens the existence of present and future generations.

In practice, there are substantial difficulties in identifying and holding accountable the person responsible for damage caused to the environment and in securing effective payment of the corresponding liability for environmental pollution. There is a tendency toward complexity in the structures through which economic activities are organized, deliberately imposed in some cases for the specific purpose of evading potential liabilities arising from activities that pose risks to the environment; such structures hinder the identification of the party truly responsible for environmental damage and the imposition of payment upon that party. The traditional civil-liability system (sistema de responsabilidad civil), based on the criterion of subjective attribution (imputación subjetiva), is limited; accordingly, the international trend is to establish an expanded civil-liability system and to recognize circumstances involving strict liability (responsabilidad objetiva), thereby ensuring the polluter-pays principle.

Article 130 (126) of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre reflects the expansion of the circumstances giving rise to civil liability for environmental damage, and the amendment introduces joint and several liability (responsabilidad solidaria) for the natural or legal persons belonging to the same economic-interest group (grupo de interés económico) as the offending legal person. The challenged provision is a statutory provision intended to implement the aforementioned principle. The opening portion of Article 130 (126) states that legal persons that “have participated in the commission of the unlawful acts covered by this Law” shall be jointly and severally liable; this means that the prescribed liability would be based on the demonstrated involvement of the legal person in the acts causing the environmental damage and the corresponding losses. That participation by legal persons, established as a prerequisite for liability, links them to the environmental damage; they are therefore neither unrelated to environmental damage nor is the causal nexus (nexo de causalidad) between the causal agent—which would be the legal person itself—and the damage dispensed with.

The final portion of the cited article refers to the joint and several liability of natural or legal persons belonging to the same economic-interest group as the offending legal person; it therefore presupposes that the participation of the legal person forming part of the economic-interest group in the commission of the unlawful acts that caused the environmental damage has been demonstrated. The basis for joint and several liability lies in the nexus between the economic-interest group and the offending legal person, as is appropriate in matters of joint and several liability. Membership in an economic-interest group presupposes that the legal persons comprising it maintain significant financial, administrative, or property relationships with one another. In light of the foregoing, it cannot be asserted that the economic-interest group is unrelated to the damage caused, given the link between that group and the legal person that participated in the unlawful acts causing the environmental damage and the losses for which compensation is sought.

Based on the foregoing, the Procuraduría finds no grounds for concluding that the challenged provision could be contrary to the presumption of innocence (principio de inocencia). As regards the principles of proportionality and reasonableness, none of the circumstances giving rise to liability under the challenged article imposes civil liability on a party unrelated to the claimed damage: the first case concerns the legal person that participated in the commission of the acts causing the environmental damage, and the second concerns the economic-interest group. The extension of joint and several liability to legal persons that have participated in the commission of the unlawful acts and to natural and legal persons belonging to the same economic-interest group as the offending company, as provided in Article 130 (126), is proportionate to the objective pursued. To guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment, it is necessary to ensure the effectiveness of the environmental “polluter pays” principle, and the joint and several liability governed by the challenged article is consistent with the objective of holding the party truly responsible for the damage accountable and requiring it to pay the corresponding compensation.

For economic activities posing the greatest environmental risks, single-purpose legal persons with limited capital are frequently used to protect the assets of the true owners and beneficiaries of the activity. It is important to establish mechanisms such as the one challenged here, which make it possible to pursue and hold accountable both the legal person under whose name the activity is conducted and the economic-interest group to which it belongs, in order to eliminate the economic incentives for pollution while applying the requirements of retributive ethics. Accordingly, Articles 100 and 130 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre are not contrary to the constitutional principles cited by the petitioner.

  1. 5The notices referred to in the second paragraph of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in issues 206, 207 and 208 of the Boletín Judicial on October 23, 26 and 27, 2009, respectively (folio 103).
  2. 6The statutory requirements have been complied with in the proceedings.

Justice Pacheco Salazar authors the opinion; and,

Whereas:

I.Admissibility of the action. The constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) brought is admissible because it is directed against provisions of general application and because the Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, whose members are producers, business owners, and entities in the agricultural, agroindustrial, and forestry sectors, has standing (legitimación) to defend its members’ interests before this Court. Those members could potentially be affected by the challenged provisions by virtue of the activities they conduct, a situation contemplated in the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In this regard, it should be noted that the Sala has clarified that, through the expression “interests concerning the community as a whole,” the legislature intended to refer to the standing held by a corporate entity when, acting through its representatives, it defends the rights and interests of the persons comprising its membership base, provided that the challenge concerns rules or provisions affecting the core rights or interests constituting the organization’s reason for existence and unifying factor—judgment 2006-9170, issued at sixteen hours and thirty-six minutes on June twenty-eighth, two thousand six.

II.Subject matter of the action. The petitioner challenges Articles 100 and 130 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre. Article 4 of Ley 8689, dated December 4, 2008, renumbered the Law, and Article 130 cited by the petitioner is now Article 126. The provisions state:

Article 100.- “Any person who discharges sewage, wastewater, sludge, waste, or any polluting substance into springs, rivers, ravines, permanent or non-permanent streams, lakes, lagoons, marshes, natural or artificial reservoirs, estuaries, peatlands, swamps, wetlands, or fresh, brackish, or salt waters, within their channels or their respective protected areas (áreas de protección), shall be punished by imprisonment for one (1) to three (3) years, provided that the conduct does not constitute a more serious criminal offense.” Article 126.- “Regardless of any personal, civil, or criminal liability that may attach to shareholders, officers, or representatives, legal persons that have participated in the commission of the unlawful acts covered by this Law shall be jointly and severally liable for the damages and losses caused to wildlife and the environment in general and shall provide full reparation.

Likewise, natural or legal persons belonging to the same economic-interest group as the offending legal person shall be jointly and severally liable.” The petitioner challenges Article 100 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre on the ground that, in its view, it infringes the principles of equality, reasonableness, proportionality, and offense specificity (tipicidad). The petitioner challenges Article 130 (currently Article 126) on the ground that it violates the principles of proportionality, reasonableness, and innocence because it establishes strict liability without a causal nexus between the agent and the natural or legal person, which could be unrelated to the damage, particularly insofar as it extends joint and several liability. The petitioner considers that the causally unsupported attribution of joint and several liability violates the presumption of innocence and the requirement that culpability be proven, which is also applicable in cases of strict liability.

III. Challenges to the constitutionality of Article 100 of the Ley de Vida Silvestre

A. On the principle of equality and non-discrimination. This Chamber has previously recognized that it is entirely possible for two persons or categories of persons to differ in some essential characteristic or condition that, by its nature, makes different treatment understandable and justifiable. For the alleged distinguishing factor between the two situations to permit such a distinction, it must not only be real, but must also have legal significance of such a nature or magnitude as to make the different treatment reasonable and justifiable (in this regard, judgments numbers 337-91, 1432-91, 1732-91, 4451-94 and 5061-94). Where several persons are in the same circumstances and nevertheless receive different treatment without any acceptable justification, the differentiation is deemed unreasonable and discriminatory because it is not supported by objective factors. On this point, in judgment number 337-91 of catorce horas y cincuenta y seis minutos del ocho de febrero de mil novecientos noventa y uno, the Chamber stated, insofar as relevant:

“The principle of equality enshrined in Article 33 of the Constitution seeks, in part, to ensure that the same measure or treatment is afforded to those who are in identical or reasonably similar circumstances. Not every difference is valid grounds for establishing different treatment, because, in keeping with the reasonableness that must govern every act, only relevant differences constitute legitimate grounds for establishing different treatment.” Accordingly, to qualify for equal treatment, the situations must be identical, reasonably alike, or simply similar. Furthermore, for differentiation to be constitutionally permissible, it must be reasonable, meaning that it must be necessary, suitable, and proportionate.

B. On the principle of reasonableness and proportionality. In judgment number 4205-96, at 14:33 hours on 20 de agosto de 1996, this Court stated in this regard:

“...However, although fundamental rights may be subject to certain restrictions, such restrictions are legitimate only when necessary to give effect to democratic and constitutional values. Therefore, in addition to being ‘necessary,’ ‘useful,’ ‘reasonable,’ or ‘appropriate,’ a restriction must be supported by a compelling social need. In this connection, a distinction must be drawn between the internal sphere, which concerns the inherent or essential content of the right—defined as that portion of its content without which the right itself loses its distinctive character, or that which makes it recognizable as a right of a particular kind—such that restrictions or limitations that make its exercise impracticable, hinder it beyond what is reasonable, or deprive it of the necessary protection are impermissible; and the external sphere, in which the actions of public authorities and third parties become relevant.

Likewise, the legitimacy of restrictions on fundamental rights is governed by a series of principles previously identified by this Court—judgment number 3550-92—including, for example: 1.- they must be intended to satisfy a compelling public interest; 2.- to achieve that public interest, the option that restricts the protected right to the least extent must be selected from among the available alternatives; 3.- the restriction must be proportionate to the interest justifying it and strictly tailored to achieving that objective; 4.- the restriction must be socially imperative and, therefore, exceptional.” An act restricting rights is reasonable when it satisfies three conditions: it is necessary, suitable, and proportionate. The necessity of a measure refers directly to the existence of a factual basis requiring the protection of some collective good or set of collective goods. Suitability, in turn, entails an assessment of whether the type of restriction to be adopted fulfills the purpose of addressing the identified need.

Proportionality requires a comparison between the objective pursued by the act and the type of restriction imposed or sought to be imposed, so that the limitation is not markedly more burdensome than the benefit it is intended to secure for the community. It must also be noted that these requirements must conform not only to the specific provisions or precepts of the Constitution, but also to its underlying sense of justice.

C. On the principle of specificity in criminal law (principio de tipicidad penal). The principle of specificity in criminal law is conceived as a constitutional principle forming part of due process (debido proceso), which in turn derives from the principle of legality in criminal law (principio de legalidad penal) and is closely related to legal certainty (seguridad jurídica), insofar as it guarantees that persons may not be criminally prosecuted for conduct that was not previously defined as an offense clearly and precisely by a provision having the force of law. In this regard, this Court has stated:

“Article 39 of the Political Constitution embodies the principle of statutory reservation (principio de reserva de ley), under which all acts by public authorities that impose burdens upon citizens must be established by a formal statute. This principle takes on particular importance in criminal matters because, as regards offenses and penalties, legislation is the sole source by which they may be created. In this field, the content of the Latin maxim ‘nullum crimen, nulla paena, sine praevia lege’ is generally accepted.

II.-- By using the term ‘offense’ in the aforementioned Article 39, the framers of the Constitution referred to conduct that satisfies the statutory definition of an offense (acción típica), is unlawful and culpable, and for which a penalty has been prescribed as a consequence. Among those characteristics required for conduct to constitute an offense, the present analysis concerns statutory specificity (tipicidad) and its function as a safeguard for citizens. For conduct to constitute an offense, it is not enough that it be unlawful—contrary to law—it must also be statutorily defined, meaning that it must be fully described in a legal provision. This follows from indispensable requirements of legal certainty because, since punitive law entails the greatest degree of interference with citizens’ important legally protected interests (bienes jurídicos), citizens must be protected against the State by ensuring that they can know fully which acts they must refrain from committing under penalty of criminal liability.

This accounts for the requirement of a preexisting law, but that requirement is insufficient without statutory specificity. For example, a law providing that ‘any act contrary to public morals shall constitute an offense’ would afford citizens no safeguard, even if enacted beforehand, because in such a case it would be the judge’s criteria that gave the conduct its actual contours in determining whether it constituted an offense. By contrast, if the criminal act is formulated as a statutory offense (tipo) and that definition is also closed-ended, the person to whom the provision is addressed can readily ascertain its content. For example, ordinary homicide is fully described in Article 111 of the Criminal Code: ‘Any person who has caused the death of another shall be punished by imprisonment for eight to fifteen years.’ The safeguarding function of criminal law requires statutory definitions of offenses (tipos penales) to be drafted as clearly as possible, so that both their content and their limits can be derived from the text as precisely as possible.

In voto 1876-90 de las dieciséis horas de hoy, this Chamber already stated that, for citizens to know whether their acts constitute an offense, the principle of legality requires criminal provisions to be structured precisely and clearly. Precision is required because, if statutory definitions of offenses are formulated in excessively broad, ambiguous, or general terms, the task of determining which acts are punishable is transferred—as already noted—to the judge when deciding whether particular conduct is subsumed under a provision, due to the expansive reach of the statutory description. Clarity is required so that citizens can understand the law and thus conform their conduct to the requirements of criminal law.

III.-- Statutory definitions of offenses must essentially be structured as conditional propositions consisting of a premise (a description of the conduct) and a consequence (a penalty). The former must necessarily indicate, at a minimum, who the perpetrator (sujeto activo) is, since special offenses (delitos propios) require the perpetrator to possess certain characteristics (status as a national, public employee, etc.), and what act constitutes the violation (active verb). Without these two basic elements—there are other ancillary elements that may or may not be present in the statutory description of the act—it can be said that no statutory offense exists.

IV.-- From all the foregoing, it may be concluded that the legislature has an obligation, so that statutory specificity may serve as a genuine safeguard for citizens, as befits a democratic state governed by the rule of law (Estado democrático de derecho), to employ legislative techniques that properly define as offenses the conduct it seeks to punish. This is because the principle of statutory reservation—which, as already noted, is established in Article 39 of the Constitution—is fully effective only where judicial activity is successfully bound by statute, and it is clear that this, in turn, is wholly related to the degree of specificity and clarity achieved by the legislature. The necessary use of language and its limitations mean that the same degree of precision cannot be achieved in every case; this does not, however, mean that a description presents constitutional problems in relation to statutory specificity. The boundary between generality and specificity required by the principle of legality must be determined in each individual case.

V.-- Problems of legislative drafting sometimes compel the legislature not only to use terms that are not entirely precise (‘public tranquility’ in Article 271 of the Criminal Code) or that have an expansive reach (‘devices or deceptions’ in Article 216 of the Criminal Code), but also to relate one provision to others, an issue already addressed by the Chamber in the aforementioned voto 1876-90. Both practices may render a provision obscure and make it difficult to understand, in some cases creating conflicts with the requirements inherent in statutory specificity as a safeguard, although not necessarily with the Constitution.” (Sentencia 1990-01877 de las dieciséis horas dos minutos del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa).

In light of what has been stated in this recital (considerando), the petitioner’s arguments will be analyzed.

IV.Analysis of Article 100 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre. A declaration of unconstitutionality is sought with respect to Article 100 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, which punishes with a “term of imprisonment of uno (1) to tres (3) years, provided that a more serious offense is not established,” anyone who “discharges sewage, wastewater, sludge, waste, or any polluting substance into springs, rivers, creeks, permanent or non-permanent streams, lakes, lagoons, marshes, and natural or artificial reservoirs, estuaries, peatlands, swamps, wetlands, fresh, brackish, or salt waters, their channels, or their respective protected areas (áreas de protección).” First, the Chamber concludes that the challenged provision does not violate the principle of specificity (principio de tipicidad), under which both the conduct attributed and the applicable penalties must be described precisely and clearly in a legal provision.

All the constituent elements of the criminal offense (tipo penal) are clearly defined: the perpetrator (sujeto activo), the act or verb (discharging sewage, wastewater, sludge, waste, or any polluting substance into springs, rivers, creeks, permanent or non-permanent streams, lakes, lagoons, marshes, and natural or artificial reservoirs, estuaries, peatlands, swamps, wetlands, fresh, brackish, or salt waters, their channels, or their respective protected areas), and the applicable penalty (imprisonment for one to three years, provided that a more serious offense is not established). The fact that the provision does not expressly state that persons who have obtained a permit to discharge polluting substances will not be punished, in cases where such a permit is available under the applicable regulations, does not render it unconstitutional, because it is precisely the role of the criminal judge to determine in each specific case whether a permit to discharge polluting substances into a particular body of water has been issued by the competent authorities.

In that event, the conduct would satisfy the statutory elements of the offense (típica) but would not be unlawful (antijurídica), and therefore the offense established in the provision under review would not be committed.

Article 100 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre also does not violate the principle of equality (principio de igualdad), because although persons who have obtained permits to discharge polluting substances into receiving bodies (cuerpos receptores) are clearly not in the same legal position as persons who lack such administrative authorization, the fact that the provision states a general rule when identifying the perpetrator of the offense does not in any way violate the principle of equality. Thus, the unequal treatment does not have the scope alleged by the petitioner, because, as already discussed, when the law is applied, it is the Criminal Judge who must assess, in the specific case, the particular circumstances of the person to whom the conduct is attributed in order to determine whether criminal liability exists.

Regarding the alleged violation of the principles of reasonableness and proportionality (principio de razonabilidad y proporcionalidad), the petitioner’s arguments are the same as those used to support the alleged violation of the principle of equality. Specifically, the petitioner contends that the provision violates equality-based reasonableness because it does not treat differently persons whose factual circumstances differ because they possess permits or authorizations to discharge wastewater, thereby placing them on an equal footing with all other persons who lack such authorizations. Accordingly, this claim must be rejected for the same reasons already stated in rejecting the alleged violation of the principle of equality. Regarding the alleged lack of necessity and suitability of the provision, which establishes imprisonment—the most burdensome measure affecting a person’s legal sphere—even though the objective sought can already be fully achieved through section 132 (currently section 128 by virtue of the amendment introduced by ley 8689 de 4 de diciembre del 2008) of the same law, it should be noted that this Court has repeatedly held that defining criminal offenses—conduct deemed harmful to society—and their corresponding penalties is a matter of criminal policy (política criminal) reserved exclusively to the legislature.

Article 39 of the Constitución Política itself assigns the legislature exclusive authority to establish criminal policy, that is, to determine which conduct is criminalized and the quantum of punishment, by providing that the creation of offenses and penalties is reserved to statute. Consequently, this Chamber may review only whether such policy is enacted in harmony with the constitutional framework. Whether the criminal policy is particularly good or bad is a matter that, as stated, falls outside the powers constitutionally assigned to this Court. Therefore, if the legislature determined that the conduct described in Article 100 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre should be punished by imprisonment because of the importance of the legally protected interest (bien jurídico protegido), it acted in the exercise of its constitutionally conferred powers. The petitioner’s arguments on this point must therefore also be rejected.

V. Regarding the constitutional challenges to Article 126 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre

A. Regarding the presumption of innocence (principio de inocencia). In decisions 500-90 at 17:00 hours on 15 de mayo de 1990 and 2063-91 at 10:05 hours on 11 de octubre del 2001, this Chamber maintained that, in light of Article 39 of the Constitución Política and its requirement that culpability be established in order to impose criminal liability on a particular person, strict liability (responsabilidad objetiva) is prohibited in our criminal procedure system. Strict liability arises from the unfolding of a causal chain that produces a result falling within the definition of a criminal offense, but in which no relationship of culpability exists with the person who caused it. Constitutionally and legally, it is not possible to accept the theory of strict liability, which is applicable in other fields but excluded in criminal matters, because in criminal matters a relationship of culpability between the act committed and the result of the conduct must necessarily be established before that result may be attributed to the perpetrator; if the person cannot be personally blamed for the conduct, that person may not be criminally punished.

Under strict liability, the perpetrator of an act may be punished even though the conduct cannot be personally imputed to that person; in such a case, the decisive factor is the objective cause of the harmful result, without requiring a relationship of culpability between that result and the person’s conduct. Regarding the presumption of innocence, judgment number 01739-92 stated as follows:

“Like the foregoing principles, this principle derives from Article 39 of the Constitution, insofar as that article requires culpability to be established. No person may be considered or treated as guilty unless and until a final conclusive judgment has been entered against that person in regular and lawful proceedings, declaring the person guilty after that presumption has been rebutted or overcome.

Moreover, by virtue of the accused’s state of innocence (estado de inocencia), it is not the accused who must prove an absence of culpability, but rather the prosecuting authorities, with related consequences such as the prohibition, during the proceedings, against coercing the accused and, all the more so, subjecting the accused to torture or cruel or degrading treatment—expressly prohibited by Article 40 of the Constitution—as well as the requirement that the accused’s liberty may be restricted only as a precautionary and exceptional measure to safeguard the purposes of the proceedings, that is, to prevent the accused from evading justice or seriously obstructing the determination of the facts, or to prevent such acts from recurring in certain serious cases—such as abuse of dependent persons—but never by invoking the seriousness of the offenses or of the evidence against the accused, precisely because the accused’s state of innocence absolutely prohibits treating the accused, either directly or presumptively, as guilty (…)” Thus, the presumption of innocence means that the court’s conviction regarding the defendant’s guilt must overcome any reasonable doubt, such that any existing doubt requires a ruling in the defendant’s favor.

The challenged provision contemplates another type of liability, derived from Article 1048 of the Civil Code, whose provisions apply by extension to environmental damage, as enshrined in the Organic Law of the Environment and Articles 98 and 101 of the Biodiversity Law. This Court has previously stated, for example in Judgment No. 2000-1669 at 14:51 on February 18, 2000, that liability for environmental damage has been treated differently, taking into account the particular characteristics of the subject matter involved. To ensure, in some manner, compensation for damage caused to the environment, the State has enacted a series of provisions governing environmental liability, while remaining mindful of the necessary balance between environmental protection and the development of private activities. Environmental Law has adopted a different approach to liability, evolving from a fault-based liability system to one based on risk, which provides broader coverage because such liability arises even in the absence of fault by the violator if the activity performed is deemed hazardous and the violator assumes that risk, with potentially harmful consequences for the environment.

This is a new concept of liability in which the objective standard prevails over the subjective standard, since whether or not a person acted with fault is irrelevant to its imposition; it is sufficient that the damage was actually caused for the resulting liability to arise immediately. On many occasions, neither the responsible party nor the legal provision violated can be identified, since in most cases the damage results from an omission; nevertheless, it unquestionably causes harm, which must necessarily be compensated. It is within this context that Article 101 of the Organic Law of the Environment and the provision now being challenged—Article 126 of the Wildlife Conservation Law—must be understood. The latter establishes a liability regime for legal entities that participated in committing the unlawful acts covered by that Law, specifying that they shall be jointly and severally liable for the loss and damage caused to wildlife and the environment, with the resulting obligation to provide full reparation.

It also provides for the joint and several liability of natural or legal persons belonging to the same economic interest group as the offending legal entity. The petitioner’s principal argument is that the provision violates the presumption of innocence; however, that principle is not infringed because the challenged provision does not concern criminal liability. It expressly states this by providing that legal entities that participated in committing unlawful acts covered by the Wildlife Conservation Law shall be jointly and severally liable for the loss and damage caused to wildlife and the environment in general, “regardless of any personal, civil, or criminal liability that may attach to the partners, officers, or representatives”; accordingly, the petitioner’s allegations are also unfounded in this respect. Extending this type of liability to natural or legal persons belonging to the same economic interest group likewise does not violate the presumption of innocence, since it concerns the possibility that companies associated with the offending legal entity may be held liable for the environmental damage caused.

B. Regarding the economic interest group.- The purpose of Article 126 with respect to the joint and several liability of the economic interest group for the loss and damage caused to wildlife and the environment in general by the offending legal entity is attributable to the recent trend toward the integration of companies at the national and international levels, which has led to the emergence of many new and diverse forms of business organization in the conduct of their commercial activities. In environmental law, as in other branches of Law, this situation has frequently required certain legal institutions to be reconsidered and new legal constructs to emerge in order to regulate novel situations; in other cases, it has also required existing legal concepts to be adapted to the advancement and development of relationships, primarily social and economic. Both legal scholarship and case law have increasingly recognized the importance of the economic-unit construct as a means of preventing fraud by these companies to the detriment of third-party rights, including the right to environmental protection.

At present, it is less important which legal entity formally appears to have caused environmental damage or which legal entity is the violator than it is to determine the existence of a common economic interest uniting the companies and embodied in an economic fund with sufficient capacity to respond jointly and severally to claims arising from the civil and/or environmental damage caused. An economic interest group is characterized by the shared interests of several companies that, from a formal standpoint, appear to be separate corporations. Spanish legal scholarship defines a group of companies as “…the set of apparently autonomous companies that are nevertheless subject to a single economic management” (Champaud (1962), p. 195 and A. Plá Rodríguez (1981), p.187, cited by Edurne Terradillos Ormaetxea: Los grupos de Empresas ante la Jurisprudencia Social Española, Tirant lo Blanch, Colección Laboral, Valencia, España, 2000, p. 17).

In this matter, the principle of the primacy of reality (principio de la primacía de la realidad) prevails, and proof of the existence of an economic community—a group of legal entities operating jointly—is sufficient for all of them to be held liable for civil and/or environmental damage. In these situations, it is necessary to look beyond formal corporate appearances to ascertain the reality and avoid rendering joint and several liability for the damage caused ineffective. This follows from the application of the “polluter pays” principle (principio, “quien contamina paga”), which governs environmental matters. The Political Constitution provides that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee means to secure and protect the right against any risk or need; to defend means to bar, prohibit, and prevent any activity that threatens the right; and to preserve means to take action aimed at safeguarding the right in advance against possible dangers so that it may endure for future generations.

The Chamber recognizes the possibility of imposing civil sanctions upon persons subject to national and international law who, although not materially part of the guarantor, act covertly through natural or legal persons operating under their control. On the basis of the Legal Principle of Piercing the Corporate Veil (Principio Jurídico del Levantamiento del Velo Corporativo) and the doctrinal constructs of the Corporate Economic Group (Grupo Económico Empresarial) and Financial Holding Company (Holding Financiero), it is now possible to hold liable in judicial proceedings those legal entities and natural persons that conceal the reality of their business dealings behind other persons directly or indirectly associated with them. This mechanism accords with the doctrine of abuse of legal personality (abuso de la personalidad jurídica), which consists of abusing the immunity from liability granted by law to partners or hidden owners of corporate assets in order to commit lawful or unlawful acts through the company they control.

Such a shield or impunity materializes when the legal person is intentionally used to evade economic and criminal liability through fraud and concealment of reality. Under these circumstances, piercing the corporate veil (levantamiento del velo social) arises when the corporate structure is used to exploit the advantages or privileges of limited liability through fraud, concealment, and bad faith.

On the basis of the Principle of Reality (Principio de la Realidad) and Piercing the Corporate Veil (Levantamiento de Velo Corporativo), legislation governing the joint and several civil liability of legal entities participating in the activity that causes environmental damage, as well as of the natural and legal persons belonging to the same economic interest group as the legal entity associated with the harmful act, is appropriate.

The purpose of legal provisions governing liability is to guarantee restitution or monetary compensation when a measurable adverse impact is caused to an asset or interest. Under this approach, if damage is caused to an ecosystem, the recognized loss is equivalent to the cost of the measures necessary to restore the ecosystem to its prior condition or, failing that, to the cost of measures necessary to prevent the ecosystem from deteriorating further.

C. Regarding the principles of reasonableness and proportionality.

The petitioner argues that Article 126 violates the principles of reasonableness and proportionality because it establishes a general rule without providing an opportunity for the legal or natural persons required to respond jointly and severally to demonstrate their complete innocence and lack of intentional or negligent responsibility for the unlawful act committed by the offending party. These arguments are unpersuasive for the reasons stated in rejecting the alleged violation of the presumption of innocence and because it must be understood that, before joint and several liability may be imposed for the loss and damage caused to wildlife and the environment in general, all requirements of due process must be satisfied, allowing the legal entities to which such liability is attributed to exercise their right of defense.

VI. Conclusion. In view of all the foregoing and the precedents cited, this action must be dismissed.-

Therefore:

The action is dismissed.- Ana Virginia Calzada M.

President Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.

SL/oc.- CASE FILE N° 09-010348-0007-CO Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

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Acción de inconstitucionalidad promovida por Alvaro Saénz Saborío, mayor, casado una vez, Ingeniero Civil, vecino de San Rafael de Escazú, portador de la cédula de identidad número 1-500-072, en su condición de Presidente con facultades de apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, cédula de persona jurídica 3-002-051316; contra Artículos 100 y 130 (126 actualmente) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. No. 7317 y sus reformas.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las nueve horas cincuenta y ocho minutos del diez de julio de dos mil nueve, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de Artículos 100 y 130 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. No. 7317 y sus reformas a partir de la Ley No. 8689 de diciembre del 2008. Alega que dichos artículos infringen los principios de igualdad, proporcionalidad, razonabilidad, tipicidad e inocencia. Las normas se impugnan en cuanto se considera que el artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, viola el principio de igualdad, porque la norma no efectúa ningún tipo de diferenciación, colocando a todas las personas en un mismo supuesto, sin contemplar que algunos estén en situaciones distintas al contar con permisos o autorizaciones extendidos por las autoridades pertinentes, para verter aguas residuales. Considera además que la norma impugnada violenta la razonabilidad de igualdad, pues no trata de manera desigual a quienes están en un diverso supuesto fáctico, por contar con permisos para verter aguas residuales, colocándolos en situación de igualdad respecto al resto de personas que no cuentan con tales habilitaciones.A su juicio, la norma no es necesaria ni idónea para el fin que se pretende satisfacer, sino que se optó por la medida más gravosa para la esfera jurídica de las personas, a pesar de que dicho fin se puede lograr a partir del artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida, que establece prácticamente el mismo texto que la disposición cuestionada, con la diferencia de que no establece la pena privativa de libertad como castigo y contempla el tema de los sistemas de tratamiento de desechos y aguas. Señala además que el artículo 100 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre lesiona el principio de tipicidad, pues al no prever ningún tipo de excepción para el caso de aquellos agentes económicos que obtienen previamente una autorización de vertido de sustancias contaminantes, genera una colisión entre la conducta típica y el reproche jurídico penal de la acción, entre la tipicidad y la culpabilidad.Así, las personas que han obtenido un permiso de vertido de aguas contaminantes, actuarían bajo la creencia interna de que su acción no es penada, pues se encuentran amparados a la normativa que autoriza la conducta, dada la redacción de la norma, la conducta sería típica. Afirma que hay muchas disposiciones normativas que permiten verter aguas contaminantes en los cuerpos receptores, respetando, claro está, ciertos límites o parámetros permisibles, entre las cuales están la Ley Orgánica del Ambiente, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N.33601-MINAE-S del 9 de agosto del 2006, El Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, Decreto Ejecutivo 34431-MINAE-S de 9 de agosto del 2006, entre otros. Por una indebida técnica legislativa, la norma carece de la correcta formulación normativa que se exige para todo tipo penal, derivada del artículo 39 Constitucional.Cita la sentencia 2006-9170, en la que la Sala hizo referencia a dos tipos de vertidos contaminantes: permitido y uno prohibido, distinción que no se respeta en la norma cuestionada, estableciéndose como conducta típica el simple acto de "arrojar" aguas, desechos o sustancias contaminantes, sin tomar en cuenta que algunos de esos actos supuestamente ilícitos podrían estar autorizados por una normativa previa y específica. Sobre la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, en primer término alega el accionante que la norma viola la presunción de inocencia consagrada en el artículo 39 de la Constitución Política, pues si bien existe la figura de la responsabilidad objetiva, aplicada en otras ramas del derecho diferentes a la penal, en ella siempre subsiste una atribuibilidad del hecho y un reproche jurídico-penal de índole patrimonial, derivado de un nexo causal entre el agente responsable subjetivamente y el ente o sujeto responsable objetivamente.La norma impugnada establece una responsabilidad objetiva sin nexo causal entre el agente y la persona física o jurídica que bien podría ser ajena al daño, en especial cuando señala que la responsabilidad solidaria se extiende -sin establecer mayor justificación- a "las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico con la persona infractora". La carga de la prueba se invierte, puesto que la ley presume una culpabilidad concurrente de la persona física o jurídica a quien se le atribuye la responsabilidad solidaria, lo cual viola el principio de inocencia. En cuanto a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, alega que el artículo 130 establece un efecto jurídico que bien podría ser incausado, en caso de que las personas físicas o jurídicas deban responder solidariamente, aunque sean totalmente ajenas al daño ocurrido. Si logran demostrar su inocencia y falta de responsabilidad (dolosa o culposa) con respecto al acto antijurídico desarrollado por el agente infractor, debería eximírsele del deber de pagar daños y perjuicios, como sucede en otros casos de responsabilidad objetiva.El artículo 130 sanciona a todos por igual, constituyendo una norma irrazonable y desproporcionada que establece una responsabilidad solidaria violatoria del principio de inocencia y la necesaria demostración de culpabilidad
  2. 2A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que se trata de una asociación que tutela intereses corporativos o colectivos de los sectores agrícolas, agropecuario y agroindustrial.
  3. 3Por resolución de las siete horas y treinta minutos del trece de octubre de dos mil nueve, se le dio curso a la acción, se confiere audiencia a la Procuraduría General de la República.
  4. 4La Procuraduría General de la República rinde su informe y señala que la Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria no se encuentra legitimada para interponer la presente acción de inconstitucionalidad por cuanto los artículos cuestionados no poseen la característica de afectar directamente la esfera de acción del ente y de sus integrantes; debido a que las normas cuestionadas lo que persiguen es responsabilizar penal y civilmente a las personas que contaminen las aguas nacionales, normas que no tienen por objeto lesionar derechos ni intereses de los miembros de la corporación accionante. El único efecto que podría derivarse de los artículos impugnados para los miembros de la corporación sería indirecto, producto de incumplimiento de la prohibición prevista por el ordenamiento de arrojar agentes contaminantes en manantiales, ríos, quebradas, etc. De esta forma, con lo anterior la Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria no tiene legitimación para interponer la presente acción de inconstitucionalidad, por lo que resulta inadmisible.A pesar de lo anterior, en cuanto a los cuestionamientos planteados en contra del artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en el ordenamiento jurídico existen una serie de supuestos bajo los cuales la ley autoriza el vertido de agentes contaminantes a aguas nacionales y que el citado numeral no defina expresamente que no se incurrirá en el ilícito cuando se está bajo uno de los preceptos permisivos contenidos en el ordenamiento jurídico para el vertido de residuos, no constituye un defecto de tipo penal, ni provoca los efectos que señala el accionante. El principio de tipicidad lo que exige es que las normas penales describan plenamente la materia de prohibición y el numeral 100 lo hace en forma clara, precisa y completa, sin dejar a dudas que "arrojar agentes contaminantes a las aguas nacionales" es la conducta prohibida por el tipo penal. Los preceptos permisivos contenidos en el ordenamiento jurídico para el vertido de residuos en aguas nacionales constituyen causales de justificación respecto a la materia de prohibición establecido en el artículo 100 y las causas de justificación no son parte del tipo penal, exigir al tipo penal que excepcione expresamente todas las posibles causas de justificación está fuera de los alcances del principio de tipicidad.

Por otra parte, no existe quebranto al principio de igualdad porque el artículo no excepciona en forma explícita el supuesto de quienes cuentan con permiso para verter agentes contaminantes. Los preceptos permisivos aunque no lo disponga expresamente el tipo penal descrito en el numeral 100, siempre van a tener el efecto de neutralizar la tipicidad de la conducta, lo que descarta el ilícito y coloca a quienes se encuentre bajo el supuesto permisivo, en una posición distinta a la de quienes incurrieron en la conducta tipificada y no contaban autorización. Tampoco resulta contrario al principio de proporcionalidad y razonabilidad ni de idoneidad, por cuanto la conducta tipificada como delito por el artículo 100, es la que está prohibida en el 132. La sola prohibición de la conducta efectuada en el numeral 132 resultaría absolutamente insuficiente para tutelar el bien jurídico protegido por el artículo 100, primero porque no constituye delito y segundo, porque no contempla ninguna pena para el infractor.

De conformidad al principio ambiental "quien contamina paga" el costo de la contaminación debe ser asumida por quien se beneficia de ella, ya sea tomando las medidas necesarias para impedirla o reducirla, o reparando sus efectos una vez ocurrida. El principio tiene dos funciones: una precautoria y una correctiva, lo cual se encuentra estipulado en la Ley Orgánica del Ambiente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La base de este principio está en la conceptualización del daño ambiental como la afectación a un patrimonio colectivo, el que suponen los sistemas naturales básicos, como un delito de carácter social pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia de las generaciones presente y futuras.

En la práctica existen grandes dificultades para individualizar y responsabilizar al causante del daño ocasionado al ambiente y para lograr el pago efectivo de la correspondiente responsabilidad por la contaminación ambiental. Existe una tendencia a la complejidad de las estructuras en que están organizadas las actividades económicas, impuestas de forma premeditada en algunos casos, con el propósito específico de burlar eventuales responsabilidades derivadas de la ejecución de actividades riesgosas para el ambiente, estructuras que estorban para identificar al verdadero responsable del daño ambiental y hacerlo pagar por ello. El sistema tradicional de responsabilidad civil basado en el criterio de imputación subjetiva resulta limitado, por lo que la tendencia internacional es crear un sistema de responsabilidad civil amplificado, así como el reconocimiento de supuestos de responsabilidad objetiva lo que permite garantizar el principio quien contamina paga.

El artículo 130 (126) de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre refleja la ampliación de los supuestos de responsabilidad civil por daño ambiental y allí con la reforma efectuada se introduce la solidaridad de las personas físicas o jurídicas que integran el mismo grupo de interés económico con la persona jurídica infractora. La norma cuestionada es una disposición legal que persigue la aplicación del principio ya citado. En el artículo 130 (126) en su parte inicial expresa que, serán solidariamente responsables las personas jurídicas que "hayan participado en la comisión de los actos ilícitos comprendidos en esta Ley; lo que implica que la responsabilidad prevista estaría fundada en la intervención demostrada de la persona jurídica en los hechos causantes del daño ambiental y los correspondientes perjuicios. Esa participación de las personas jurídicas que se establece como presupuesto de responsabilidad, las vincula con el daño ambiental por lo que no son ajenas a un daño ambiental ni tampoco se prescinde del nexo causalidad entre el agente provocador (que sería la misma persona jurídica) y el daño.

En la parte final del citado artículo se refiere a la solidaridad de las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico con la persona jurídica infractora, por lo que se presupone que ha demostrado la participación de la persona jurídica que es parte del grupo de interés económico, en la comisión de los actos ilícitos generadores del daño ambiental. El fundamento de la responsabilidad solidaria se encuentra en el nexo existente entre el grupo de interés económico y la persona jurídica infractora, como corresponde cuando se trata de solidaridad. La pertenencia a un grupo de interés económico presupone que las personas jurídicas que lo integran, mantienen relaciones financieras, administrativas o patrimoniales significativas entre sí. De lo anterior, no podría afirmarse que el grupo de interés económico es ajeno al daño ocasionado, en razón del vínculo existente entre éste y la persona jurídica participante de los hechos ilícitos generados del daño ambiental y los perjuicios sobre los que se pretende la reparación.

De acuerdo con lo expuesto, la Procuraduría no encuentra razones para considerar que la norma cuestionada podría ser contraria al principio de inocencia. Con respecto al principio de proporcionalidad y razonabilidad, ninguno de los supuestos de responsabilidad previstos por el artículo cuestionado prevé responsabilidad civil para un sujeto ajeno al daño reclamado, en el primer caso se trata de la persona jurídica que participó de la comisión de los hechos causante del daño ambiental y en segundo, del grupo de interés económico. La extensión de la responsabilidad solidaria a las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de los actos ilícitos y a las personas físicas y jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico con la empresa jurídica infractora, prevista por el numerla 130 (126) es una disposición que es proporcional al objetivo buscado. Para garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es necesario asegurar la efectividad del principio ambiental "quien contamina paga" y la responsabilidad solidaria regulada en el artículo cuestionado se ajusta al objetivo de responsabilizar al verdadero causante del daño y obligarlo a indemnizar lo correspondiente.

Para el desarrollo de las actividades económicas más riesgosas para el ambiente, frecuentemente se utilizan personas jurídicas unitarias con un capital limitado, que protegen el patrimonio económico de los verdaderos dueños y beneficiarios de la actividad, es importante establecer mecanismos como el previsto en el aquí cuestionado que permiten perseguir y responsabilizar tanto a la persona jurídica bajo cuyo nombre se desarrolla la actividad, como al grupo de interés económico al que pertenecen, con el fin de eliminar las motivaciones económicas de la contaminación, aplicando a la par los imperativos de ética retributiva. De esta forma los artículos 100 y 130 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre no son contrarios a los principios constitucionales indicados por el accionante.

  1. 5Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 206, 207 y 208 del Boletín Judicial, de los días 23, 26 y 27 todos del mes de octubre de 2009 (folio 103).
  2. 6En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,

Considerando:

I.Sobre la admisibilidad de la acción. La acción de inconstitucionalidad planteada resulta admisible, en virtud de dirigirse contra disposiciones de carácter general, y porque la Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, cuyos miembros son productores, empresarios y entes de los sectores agropecuario, agroindustrial y forestal, está legitimada para defender en esta sede los intereses de sus miembros, quienes eventualmente podrían ser afectados por las normas cuestionadas en virtud de las actividades que desarrollan, situación contemplada en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Al respecto, es oportuno señalar que la Sala ha precisado que a través de la expresión "intereses que atañen a la colectividad en su conjunto", el legislador quiso referirse a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes, en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación -sentencia 2006-9170 de las dieciséis horas treinta y seis minutos del veintiocho de junio del dos mil seis-.

II.Objeto de la acción. El accionante cuestiona los artículos 100 y 130 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. El artículo 4 de la Ley 8689, de 4 de diciembre de 2008 corrió la numeración de la ley, y el numeral 130 que cita el accionante es ahora el artículo 126. Las normas señalan:

Artículo 100.- “Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que no se configure un delito de mayor gravedad, quien arroje aguas servidas, aguas negras, lodos, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, lagunas, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de protección” Artículo 126.- “Independientemente de la responsabilidad personal, civil o penal, que pueda caber sobre los socios, personeros o representantes, las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de los actos ilícitos comprendidos en esta Ley, serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y el ambiente en general, y deberán repararlos en forma integral.

Igualmente, serán solidariamente responsables las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico con la persona jurídica infractora.” El accionante impugna el artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, porque a su juicio infringe los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad y tipicidad. Cuestiona el numeral 130 (actual artículo 126) por lesionar los principios de proporcionalidad, razonabilidad e inocencia, ya que establece una responsabilidad objetiva sin nexo causal entre el agente y la persona física o jurídica, que podría ser ajena al daño, especialmente en cuanto extiende la responsabilidad solidaria. Considera que la atribuibilidad incausada de una responsabilidad solidaria viola el principio de inocencia y la necesaria demostración de culpabilidad, la cual, resulta también atendible en el caso de responsabilidad objetiva.

III. Sobre los reproches de inconstitucionalidad al artículo 100 de la Ley de Vida Silvestre

A. Sobre el principio de igualdad y no discriminación. Esta Sala ha reconocido en anteriores oportunidades que es perfectamente posible que dos sujetos o categorías de sujetos difieran en alguna característica o condición esencial que, por su naturaleza, haga comprensible y justificable una diferencia de tratamiento. Para que el elemento diferencial argüido entre ambas situaciones haga posible una distinción semejante, no sólo debe ser real, sino que también debe tener una trascendencia jurídica de tal naturaleza o magnitud que haga razonable y justificable el trato diverso (en este sentido los votos números 337-91, 1432-91, 1732-91, 4451-94 y 5061-94). Si se dan situaciones en que varios sujetos se encuentran en las mismas condiciones, y a pesar de ello reciben un tratamiento diverso sin que medie ninguna justificación atendible, se considera que existe una diferenciación irrazonable y discriminatoria por no estar apoyada en elementos objetivos. Sobre este punto, en sentencia número 337-91 de las catorce horas y cincuenta y seis minutos del ocho de febrero de mil novecientos noventa y uno, la Sala indicó en lo conducente:

“El principio de igualdad contenido en el artículo 33 constitucional, pretende en parte, que una misma medida o un mismo trato se dé a quienes se encontraren en situaciones idénticas o razonablemente similares, no siendo válida cualquier diferencia para establecer un trato distinto, pues en respeto de la razonabilidad que debe regir todo acto, sólo aquellas diferencias relevantes serían causa legítima para establecer un trato diferente” Según lo anterior, para aspirar al trato igual, las situaciones deben ser o idénticas o razonablemente parecidas o simplemente similares. Además, la diferenciación para que proceda constitucionalmente, debe ser razonable, entendiendo por esto que debe ser necesaria, idónea y proporcional.

B. Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Este Tribunal en la sentencia número 4205-96, de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, señaló al respecto:

"…Sin embargo, no obstante que los derechos fundamentales pueden estar sujetos a determinadas restricciones, éstas resultan legítimas únicamente cuando son necesarias para hacer posible la vigencia de los valores democráticos y constitucionales, por lo que además de «necesaria», «útil», «razonable» u «oportuna», la restricción debe implicar la existencia de una necesidad social imperiosa que la sustente. En este orden de ideas, debe distinguirse entre el ámbito interno, que se refiere al contenido propio o esencial del derecho -que ha sido definido como aquella parte del contenido sin el cual el derecho mismo pierde su peculiaridad, o lo que hace que sea reconocible como derecho perteneciente a determinado tipo-, de manera que no caben las restricciones o límites que hagan impracticable su ejercicio, lo dificulten más allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección; y el ámbito externo, en el cual cobra relevancia la actuación de las autoridades públicas y de terceros.

Asimismo, la legitimidad de las restricciones a los derechos fundamentales está ordenada a una serie de principios que este Tribunal ha señalado con anterioridad -sentencia número 3550-92-, así por ejemplo: 1.- deben estar llamadas a satisfacer un interés público imperativo; 2.- para alcanzar ese interés público, debe escogerse entre varias opciones aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido; 3.- la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrictamente al logro de ese objetivo; 4.- la restricción debe ser imperiosa socialmente, y por ende excepcional.” Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: es necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada.

La proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. Asimismo, debe señalarse que dichos contenidos deben ajustarse, no sólo a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también a su sentido de justicia.

C. Sobre el principio de tipicidad penal. El principio de tipicidad penal, se conceptúa como un principio de naturaleza constitucional, integrante del debido proceso, derivado a su vez del principio de legalidad penal e íntimamente relacionado con la seguridad jurídica, por cuanto, garantiza a las personas que no podrán ser perseguidas penalmente por una acción que no haya sido previamente definida como delito en forma clara y precisa, por una norma de rango legal. Al respecto, ha señalado este Tribunal:

“El artículo 39 de la Constitución Política recepta el principio de reserva del ley mediante el cual todos los actos gravosos para los ciudadanos, provenientes de autoridades públicas, deben estar acordados en una ley formal. Dicho principio adquiere marcada importancia en materia penal, pues tratándose de delitos y penas, la ley es la única fuente creadora. En esta materia es de común aceptación el contenido del aforismo latino "nullum crimen, nulla paena, sine praevia lege".

II.-- Al hacer referencia el constituyente en el citado artículo 39 al término "delito", se está refiriendo a una acción típica, antijurídica y culpable, a la que se le ha señalado como consecuencia una pena. De esos predicados de la acción para que sea constitutiva de delito, interesa ahora la tipicidad y su función de garantía ciudadana. Para que una conducta sea constitutiva de delito no es suficiente que sea antijurídica -contraria a derecho-, es necesario que esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una norma, esto obedece a exigencia insuprimibles de seguridad jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor intervención en bienes jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos frente al Estado, es necesario que puedan tener cabal conocimiento de cuáles son las acciones que debe abstenerse de cometer, so pena de incurrir en responsabilidad criminal, para ello la exigencia de ley previa, pero esta exigencia no resulta suficiente sin la tipicidad, pues una ley que dijera por ejemplo, "será constitutiva de delito cualquier acción contraria a las buenas costumbres", ninguna garantía representa para la ciudadanía, aunque sea previa, en este caso será el criterio del juez el que venga a dar los verdaderos contornos a la conducta para estimarla o no constitutiva de delito, en cambio si el hecho delictivo se acuña en un tipo y además este es cerrado, el destinatario de la norma podrá fácilmente imponerse de su contenido, así, por ejemplo, el homicidio simple se encuentra cabalmente descrito en el artículo 111 del Código Penal: "Quien haya dado muerte a una persona, será penado con prisión de ocho a quince años".

La función de garantía de la ley penal exige que los tipos sean redactados con la mayor claridad posible, para que tanto su contenido como sus límites puedan deducirse del texto lo más exactamente posible. Ya en voto 1876-90 de las dieciséis horas de hoy, de esta Sala se indicó que el principio de legalidad exige, para que la ciudadanía pueda tener conocimiento sobre si sus acciones constituyen o no delito, que las normas penales estén estructuradas con precisión y claridad. La precisión obedece a que si los tipos penales se formulan con términos muy amplios, ambiguos o generales, se traslada, según ya se indicó, al Juez, al momento de establecer la subsunción de una conducta a una norma, la tarea de determinar cuáles acciones son punibles, ello por el gran poder de absorción de la descripción legal, y la claridad a la necesaria compresión que los ciudadanos deben tener de la ley, para que así adecuen su comportamiento a las pretensiones de la ley penal.

III.-- Los tipos penales deben estar estructurados básicamente como una proposición condicional, que consta de un presupuesto (descripción de la conducta) y una consecuencia (pena), en la primera debe necesariamente indicarse, al menos, quién es el sujeto activo, pues en los delitos propios reúne determinadas condiciones (carácter de nacional, de empleado público, etc) y cuál es la acción constitutiva de la infracción (verbo activo), sin estos dos elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o no estar presentes en el descripción típica del hecho) puede asegurarse que no existe tipo penal.

IV.-- De todo lo anterior puede concluirse en la existencia de una obligación legislativa, a efecto de que la tipicidad se constituya en verdadera garantía ciudadana, propia de un Estado democrático de derecho, de utilizar técnicas legislativas que permitan tipificar correctamente las conductas que pretende reprimir como delito, pues la eficacia absoluta del principio de reserva, que como ya se indicó se encuentra establecido en el artículo 39 de la Constitución, sólo se da en los casos en que se logra vincular la actividad del juez a la ley, y es claro que ello se encuentra a su vez enteramente relacionado con el mayor o menor grado de concreción y claridad que logre el legislador. La necesaria utilización del idioma y sus restricciones obliga a que en algunos casos no pueda lograrse el mismo nivel de precisión, no por ello puede estimarse que la descripción presente problemas constitucionales en relación con la tipicidad, el establecer el límite de generalización o concreción que exige el principio de legalidad, debe hacerse en cada caso particular.

V.-- Problemas de técnica legislativa hacen que en algunas oportunidades el legislador se vea obligado además de utilizar términos no del todo preciso (tranquilidad pública en el artículo 271 del Código Penal), o con gran capacidad de absorción (artificios o engaños en el artículo 216 del Código Penal), a relacionar la norma con otras, tema este que ya fue tratado por la Sala en el voto 1876-90 antes citado. Ambas prácticas pueden conllevar oscuridad a la norma y dificultar su compresión, causando en algunos casos roces con las exigencias que conlleva la tipicidad como garantía, aunque no necesariamente con la Constitución.” (Sentencia 1990-01877 de las dieciséis horas dos minutos del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa).

Con lo indicado en este considerando, se analizarán los argumentos del accionante.

IV.Análisis del artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Se solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que sanciona con “pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que no se configure un delito de mayor gravedad” a quien “arroje aguas servidas, aguas negras, lodos, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, lagunas, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de protección”. En primer término, la Sala concluye que la norma impugnada no es violatoria del principio de tipicidad, según el cual, tanto las conductas como las sanciones que se atribuyen deben estar descritas en una norma, en forma precisa y clara.

Todos los elementos integrantes del tipo penal, están claramente definidos: el sujeto activo, la acción o verbo (arrojar aguas servidas, aguas negras, lodos, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, lagunas, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de protección) y la sanción a aplicar (pena de prisión de uno a tres años, siempre que no se configure un delito de mayor gravedad). El hecho de que la norma no establezca expresamente que no serán sancionados quienes han obtenido un permiso de vertido de sustancias contaminantes, en los casos en que ello procede según la normativa aplicable, no la torna inconstitucional, pues es precisamente la labor del juez penal determinar en cada caso concreto si existe o no el permiso de vertido de sustancias contaminantes en determinado cuerpo de agua, conferido por las autoridades competentes, en cuyo caso la acción sería típica, pero no antijurídica, de manera que no se configuraría el delito previsto en la norma de estudio.

El artículo 100 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre tampoco infringe el principio de igualdad, ya que aunque evidentemente quienes hayan obtenido permisos para el vertido de sustancias contaminantes en cuerpos receptores no se encuentran en la misma situación jurídica que quienes no tengan esa autorización administrativa, el hecho de que la norma establezca un postulado general, cuando enuncia el sujeto activo del delito, no lesiona en forma alguna el principio de igualdad. Así, la desigualdad no tiene los alcances que el accionante señala, pues como ya se analizó, en el momento de la aplicación de la ley será el Juez Penal quien debe valorar en el caso concreto, las condiciones particulares de la persona a la que se le atribuye la conducta, a fin de determinar si existe o no responsabilidad penal.

En cuanto a la alegada infracción del principio de razonabilidad y proporcionalidad, los argumentos del accionante son los mismos que utiliza para fundamentar la supuesta infracción al principio de igualdad, ya que refiere que la norma viola la razonabilidad de igualdad, pues no trata de manera desigual a personas que están en un diverso supuesto fáctico, por contar con permisos o autorizaciones para verter aguas residuales, colocándolos en posición de igualdad respecto al resto de personas que no cuentan con tales habilitaciones, de manera que este alegato debe ser refutado con base en las mismas razones ya expuestas para rechazar la supuesta infracción al principio de igualdad. En cuanto a la falta de necesidad e idoneidad de la norma, que establece la pena de prisión, que es la medida más gravosa para la esfera jurídica de las personas, pese a que ya el cometido que se pretende satisfacer perfectamente se puede lograr a partir del numeral 132 (actual numeral 128 en virtud de la reforma operada por la ley 8689 de 4 de diciembre del 2008) de la misma ley, es preciso señalar que este Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que la determinación de los tipos penales (conductas estimadas nocivas para la sociedad) y su sanción respectiva es un asunto de política criminal reservado en exclusiva a los legisladores.

La propia Constitución Política en su artículo 39 le asigna al legislador la competencia exclusiva para dictar la política criminal, es decir determinar qué conductas se penalizan y con qué quantum de pena, cuando señala que la creación de los delitos y las penas, está reservado a la ley, de modo que esta Sala lo que puede controlar, es únicamente que se dicte en armonía con el marco constitucional. Si la política criminal es particularmente buena o mala, es un tema que escapa -como se dijo-, de las competencias constitucionalmente asignadas a este Tribunal. De manera que si el legislador estimó que las conductas que se describen en el artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre deben ser sancionadas con pena de prisión, en virtud de la relevancia del bien jurídico protegido, ha actuado en ejercicio de las atribuciones constitucionalmente atribuidas, de manera que en cuanto a este extremo también deben rechazarse los argumentos del accionante.

V. Sobre los reproches de inconstitucionalidad al artículo 126 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre

A. Sobre el principio de inocencia. En resoluciones 500-90 de las 17:00 horas del 15 de mayo de 1990 y 2063-91 de las 10:05 horas del 11 de octubre del 2001, esta Sala mantuvo la tesis de que en razón de lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política, en cuanto a la necesaria demostración de culpabilidad a efecto de atribuir responsabilidad penal a una determinada persona, en nuestro sistema procesal penal se encuentra proscrita la responsabilidad objetiva, aquella que deviene del desarrollo de un ciclo causal que produce un resultado subsumible en un tipo penal, pero en el que no existe relación de culpabilidad con el sujeto que le dio origen. No resulta posible constitucional y legalmente hablando, aceptar la teoría de la responsabilidad objetiva, que sí resulta de aplicación en otras materias, pero que se encuentra excluida de aplicación en lo penal, pues en ésta debe demostrarse necesariamente una relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción, para que le sea atribuido al sujeto activo; si al sujeto no se le puede reprochar su actuación, no podrá sancionársele penalmente.

Con base en la responsabilidad objetiva, al autor de un hecho se le puede imponer una pena, aunque su comportamiento no le pueda ser reprochado personalmente; en este caso lo decisivo es la causa objetiva del resultado dañoso, sin exigir que entre éste y la acción del sujeto exista relación de culpabilidad. La sentencia número 01739-92, en relación con el principio de inocencia señaló lo siguiente:

“Al igual que los anteriores, se deriva del artículo 39 de la Constitución, en cuanto éste requiere la necesaria demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal después de haberse destruido o superado aquella presunción.

Además en virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien debe probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación, con efectos complementarios como la imposibilidad, durante el proceso, de coaccionario y, con mayor razón aun, de someterlo a torturas o tratamientos crueles o degradantes -expresamente proscritos por el artículo 40 de la Constitución-, así como el de que su libertad sólo puede restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar los fines del proceso, valga decir, para prevenir que eluda la acción de la justicia o obstaculice gravemente la comprobación de los hechos, o para evitar que éstos se repitan en ciertos casos graves -como en los abusos sobre personas dependientes-; pero nunca invocando la gravedad de los delitos o de las pruebas que existan en su contra, precisamente porque su estado de inocencia veda de modo absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable (…)” Así, el principio de inocencia implica que la convicción del tribunal respecto de la culpabilidad del imputado debe superar cualquier duda razonable, de manera que cualquier duda que exista obliga a fallar en su favor.

La norma que se cuestiona contempla otro tipo de responsabilidad, derivada del artículo 1048 del Código Civil, disposiciones que por extensión se aplican al daño ambiental, tal y como se consagra en la Ley Orgánica del Ambiente, artículos 98 y 101 de la Ley de Biodiversidad. Este Tribunal ha señalado ya en anteriores ocasiones, por ejemplo en la sentencia Nº 2000-1669 de las 14:51 horas del 18 de febrero del 2000, que al tema de la responsabilidad por daño ambiental, se le ha dado un trato diferente, tomando en consideración las características propias de la materia de que se trata. El Estado, para asegurarse de alguna manera el resarcimiento por los daños ocasionados al ambiente, ha creado una serie de normas en las que se regula lo referente a la responsabilidad ambiental, sin perder de vista, eso sí, el necesario equilibrio que ha de existir entre la protección del ambiente y el desarrollo de las actividades de los particulares.

En el Derecho Ambiental se ha dado un planteamiento distinto a la responsabilidad, de tal suerte que se ha evolucionado de un sistema de responsabilidad por culpa a uno de responsabilidad por riesgo, lo que significa una mayor cobertura, pues dicha responsabilidad surgiría aún cuando no medie culpa del transgresor, si la actividad desempeñada se estima riesgosa y, asume ese riesgo, con una posible consecuencia dañosa para el ambiente. Se trata de un nuevo concepto de responsabilidad, donde lo que priva es el criterio objetivo sobre el subjetivo, puesto que para su surgimiento, es irrelevante si se actuó o no con culpa; basta con que el daño haya sido efectivamente ocasionado, para que de inmediato surja la consecuente responsabilidad. En muchas ocasiones no es posible determinar, ni al culpable, ni la norma legal infringida, pues en la mayoría de los casos el daño es producto de una omisión, pero ciertamente perjudica, lo que necesariamente debe ser objeto de indemnización.

Es en ese contexto que debe entenderse el contenido del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y el de la norma que ahora se cuestiona, el numeral 126 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que establece un régimen de responsabilidad para las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de los actos ilícitos comprendidos en esa Ley, indicando que serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y al ambiente, con la consecuente obligación de repararlos en forma integral, contemplando además la responsabilidad solidaria de las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico con la persona jurídica infractora. El principal argumento del accionante es que la norma viola el principio de inocencia; sin embargo, tal principio no resulta infringido pues la disposición cuestionada no se refiere a la responsabilidad penal.

Así expresamente lo indica al señalar que la responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y al ambiente en general le cabe a las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de actos ilícitos comprendidos en la Ley de Conservación de Vida Silvestre “independientemente de la responsabilidad personal, civil o penal que pueda caber sobre los socios, personeros o representantes”, de manera que en cuanto a este extremo tampoco lleva razón el accionante en sus alegatos. El hecho de que se extienda este tipo de responsabilidad a las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico tampoco lesiona el principio de inocencia, pues se trata igualmente de la posibilidad de que empresas relacionadas con la persona jurídica infractora, respondan por los daños ambientales causados.

B. Acerca del grupo de interés económico.- La finalidad del artículo 126 con respecto a la responsabilidad solidaria del grupo de interés económico por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y al ambiente en general por parte de la persona jurídica infractora se debe a la reciente tendencia integracionista de las sociedades a nivel nacional e internacional que ha dado lugar a la aparición de nuevas y muy diversas formas de organización de las empresas en el desarrollo de su giro comercial. En el derecho ambiental, al igual que en las otras ramas del Derecho, esta situación ha exigido en muchas ocasiones, el replanteamiento de algunos institutos jurídicos, el surgimiento de nuevas figuras, para poder regular las situaciones novedosas; y, también en otros casos, la adaptación de los conceptos jurídicos existentes al avance y desarrollo de las relaciones, principalmente sociales y económicas.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido dando relevancia a la figura de la unidad económica como una forma de evitar fraudes por parte de estas empresas en perjuicio de derechos de terceros, incluido el derecho a la la protección el medio ambiente. Actualmente no tiene tanta importancia cuál persona jurídica aparece formalmente como causante de un daño ambiental o cuál persona jurídica es la infractora, sino la determinación de un interés económico común que une a las empresas y que se concreta en la existencia de un fondo económico con capacidad suficiente para atender en forma solidaria los reclamos formulados por los daños civiles y/o ambientales causados. El grupo de interés económico se caracteriza por los intereses en común de varias empresas que, desde el punto de vista formal, aparecen como sociedades distintas. La doctrina española define al grupo de empresas como “…el conjunto de empresas aparentemente autónomas pero sometidas a una dirección económica única” (Champaud (1962), p. 195 y A. Plá Rodríguez (1981), p.187, citados por Edurne Terradillos Ormaetxea: Los grupos de Empresas ante la Jurisprudencia Social Española, Tirant lo Blanch, Colección Laboral, Valencia, España, 2000, p. 17).

En este tema, lo que priva es el principio de la primacía de la realidad y es suficiente con que se pruebe la existencia de una comunidad económica, un grupo de personas jurídicas que operen conjuntamente, para que pueda responsabilizarse, a todos, por los daños civiles y /o ambientales. En estas situaciones, debe irse más allá de las apariencias societarias formales, para llegar a la realidad y no hacer nugatoria la responsabilidad solidaria que se tiene por el daño causado. Lo anterior es así, en aplicación del principio, "quien contamina paga", que informa la materia ambiental. La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho. Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones.

La Sala admite la posibilidad de sancionar civilmente a aquellos sujetos de derecho nacional e internacional que materialmente no forman parte del sujeto garante y que actúan ocultamente utilizando personas físicas o jurídicas que operan bajo su mando; es con fundamento en el Principio Jurídico del Levantamiento del Velo Corporativo y con las figuras doctrinarias del Grupo Económico Empresarial y Holding Financiero, que ahora es posible responsabilizar en sede judicial a aquellas personas jurídicas y físicas que ocultan la realidad de los negocios bajo otras personas relacionadas directa o indirectamente con ellas. Esta modalidad se acomoda en la tesis del abuso de la personalidad jurídica, que consiste en el abuso de la inmunidad de responsabilidad que la ley otorga a socios o propietarios ocultos del patrimonio social, para cometer actos lícitos o ilícitos por medio de la sociedad que controlan; escudo o impunidad que se materializa cuando la persona es utilizada en forma dolosa para lograr una irresponsabilidad económica y penal, mediante el fraude y el ocultamiento de la realidad.

Bajo estos elementos, el levantamiento del velo social surge con la utilización del régimen social para aprovechar las ventajas o privilegios de la limitación de su responsabilidad, bajo modalidades de fraude, ocultamiento y mala fe.

Con fundamento en el Principio de la Realidad y el Levantamiento de Velo Corporativo, resulta procedente la legislación que regula la responsabilidad civil solidaria de aquellas personas jurídicas que participan en la actividad que genera el daño ambiental, así como de las personas físicas y jurídicas que participan de un mismo grupo de interés económico con esa persona jurídica relacionada con el hecho dañino.

El propósito de las normas jurídicas sobre responsabilidad es el de garantizar una restitución o compensación monetaria en el caso de un impacto negativo mensurable en un bien o en un interés. Con este enfoque si se causan daños a un ecosistema, los perjuicios reconocidos equivalen al costo de las medidas necesarias para restablecer el ecosistema y dejarlo en su estado anterior, o en su defecto, al costo de las medidas para evitar que el ecosistema se deteriore aun más.

C. Sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

El accionante señala que el artículo 126 viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad, porque establece un postulado genérico, sin prever que las personas jurídicas o físicas que deben responder solidariamente puedan demostrar su absoluta inocencia y falta de responsabilidad -dolosa o culposa- con respecto al acto antijurídico desarrollado por el agente infractor. Los argumentos no son de recibo, por las razones que se indicaron para desestimar la alegada infracción al principio de inocencia, y porque debe partirse de que de previo a establecer la responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios causados a la vida silvestre y al ambiente en general, debe cumplirse con todas las exigencias del debido proceso, permitiendo que las personas jurídicas a las que se les atribuya esta responsabilidad ejerzan su derecho de defensa.

VI.Conclusión. En virtud de todo lo expuesto, y de los precedentes citados, lo que se impone es declarar sin lugar la presente acción.-

Por tanto:

Se declara sin lugar la acción.- Ana Virginia Calzada M.

Presidenta Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.

SL/oc.-

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