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Res. 14840-2009 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/09/2009
OutcomeResultado
The Chamber ordered AyA to stop drilling until site-specific technical studies establish with absolute certainty that it will not harm groundwater, while denying the amparo against SENARA, MINAET, and SETENA.La Sala ordenó al AyA detener la perforación hasta que estudios técnicos específicos acrediten con certeza absoluta su inocuidad para las aguas subterráneas, y rechazó el amparo contra SENARA, MINAET y SETENA.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted the amparo against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for drilling an exploratory well without a prior site-specific technical study establishing that the work would not harm groundwater. The drilling point was within the protective perimeter established by Article 8 of the Water Law, near a home and two septic tanks. Although AyA submitted general estimates concerning the thickness of the unsaturated zone and bacterial biodegradation, those estimates did not specifically assess the coordinates, nearby contamination sources, or the particular risks at the site. This deficiency violated the precautionary or in dubio pro natura principle and the right to a healthy environment under Article 50 of the Constitution. The Chamber ordered drilling suspended until studies could provide absolute certainty regarding its harmlessness, held AyA liable for costs and resulting damages, and denied the amparo as to SENARA, the Ministry of Environment’s Water Department, and SETENA because they had committed no actionable act or omission.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por perforar un pozo exploratorio sin un estudio técnico específico previo que acreditara la inocuidad de la obra para las aguas subterráneas. El punto de perforación se encontraba dentro del perímetro previsto por el artículo 8 de la Ley de Aguas, cerca de una vivienda y de dos tanques sépticos. Aunque el AyA aportó estimaciones generales sobre el espesor de la zona no saturada y la biodegradación de bacterias, estas no evaluaban concretamente las coordenadas, las fuentes de contaminación próximas ni los riesgos particulares del sitio. Esa insuficiencia infringió el principio precautorio o in dubio pro natura y vulneró el derecho a un ambiente sano del artículo 50 constitucional. La Sala ordenó suspender la perforación hasta contar con estudios que produzcan certeza absoluta sobre su inocuidad, condenó al AyA al pago de costas, daños y perjuicios y rechazó el amparo respecto del SENARA, MINAET y SETENA.
Key excerptExtracto clave
VI.- Regarding the specific case. The evidence in the record shows that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is drilling an exploratory well located approximately at coordinates 217.220 north and 527.780 east, and that the drilling point is 12 meters from a dwelling and approximately 72 meters from one septic tank and 10.81 meters from another septic tank. This confirms that the well is being drilled within the protective area referred to in Article 8 of the Water Law, whose first paragraph provides: “The works addressed in the preceding article for bringing water to the surface may not be carried out at a distance of less than forty meters from buildings belonging to others, a railway, or a road, nor less than one hundred meters from another well, spring, river, canal, irrigation ditch, or public watering place, without the corresponding license from the Ministry of Environment and Energy.” The Water Department of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications states that when this provision prohibits drilling wells within 40 meters of a building belonging to another person, a railway, or a road without the “corresponding license,” it means that drilling may be authorized within that area if supported by technical criteria following a study of the drilling’s feasibility. In the case under review, however, there is no evidence that, before drilling began, a technical study was conducted to determine the technical feasibility or risks of drilling a well at that specific site, given the proximity of a dwelling and two septic tanks. Therefore: The petition is declared PARTIALLY GRANTED against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Ricardo Sancho Chavarría, or whoever holds the office of Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, is ordered not to conduct drilling work at the location identified in this amparo unless technical studies exist that make it possible to reach a state of absolute certainty regarding the harmlessness to groundwater of the proposed activity, taking into account the presence of dwellings and septic tanks within the perimeter established by Article 8 of the Water Law.VI.- Sobre el caso concreto. De la prueba que consta en los autos se desprende que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está ejecutando la perforación de un pozo exploratorio ubicado, aproximadamente, en las coordenadas 217.220 norte y 527.780 este, y el punto de perforación se ubica a 12 metros de distancia de una casa de habitación y, aproximadamente, a 72 metros de un tanque séptico y a 10.81 metros de otro tanque séptico. Con lo que se corrobora que el referido pozo se está perforando dentro del área de protección a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Aguas, que establece, en su párrafo primero, que: “Las labores de que trata el artículo anterior para alumbramientos, no podrán ejecutarse a menor distancia de cuarenta metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera, ni a menos de cien de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero público, sin la licencia correspondiente del Ministerio del Ambiente y Energía”. Por su parte, el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones señala que cuando en tal normativa se establece la prohibición de perforar pozos a menos de 40 metros de un edificio ajeno, de un ferrocarril o carretera, sin la “licencia correspondiente”, lo que significa es la posibilidad que pueda autorizarse la perforación dentro de dicha área, si existe un criterio técnico que así lo justifique, previo estudio sobre la viabilidad de la perforación. Sin embargo, en el caso en estudio no consta que, de previo a iniciar la referida perforación, se haya realizado un estudio técnico para determinar la viabilidad técnica o riesgos para perforar un pozo, en ese lugar en específico, ante la cercanía de una casa de habitación y de 2 tanques sépticos. Por tanto: Se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se ordena a Ricardo Sancho Chavarría, o a quien ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que no se realicen obras de perforación en el lugar indicado en este amparo, salvo que existan estudios técnicos que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre los aguas subterráneas, tomando en consideración la presencia de casas de habitación y tanques sépticos dentro del perímetro establecido por el artículo 8 de la Ley de Aguas.
Pull quotesCitas destacadas
"En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación."
"In essence, environmentally sound groundwater management requires protecting the resource before it is contaminated or degraded."
Considerando V
"En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación."
Considerando V
"La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas."
"The definition of protection perimeters must be combined with mapping the natural vulnerability or susceptibility of water-supply aquifers to human-caused contaminant loads, according to their hydrogeological and geochemical characteristics, through the preparation of maps."
Considerando V
"La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas."
Considerando V
"En cuyo caso, la falta del referido estudio, implica una infracción al principio precautorio o de indubio pro natura, en vulneración del artículo 50 de la Constitución Política."
"Accordingly, the absence of that study constitutes a breach of the precautionary or in dubio pro natura principle, in violation of Article 50 of the Constitution."
Considerando VI
"En cuyo caso, la falta del referido estudio, implica una infracción al principio precautorio o de indubio pro natura, en vulneración del artículo 50 de la Constitución Política."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
*090108080007CO* *090108080007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and fifty minutes on September eighteen, two thousand nine.
Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under expediente number 09-010808-0007-CO, filed by ANA MERCEDES CHAVES AGUILAR, identity card number 9-095-851, against EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO, EL DEPARTAMENTO DE AGUAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, AND LA SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Findings of Fact (Resultando):
Article 8 of the Ley de Aguas; therefore, a contamination-risk study should have been submitted addressing the identification of actual sources of contamination within a 40-meter radius, capture and protection zones, a vulnerability analysis using the GOD method, contaminant transport, and contamination-risk analysis in order to drill at a shorter distance. This was not done, thereby placing this vital resource at risk. She considers the right enshrined in Article 50 of the Constitución Política to have been violated.
Opinion drafted by Justice Armijo Sancho; and,
Considering:
The petitioner alleges that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is drilling a well less than 10 meters from a property equipped with a septic tank system and lacks a drilling permit issued by the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, thereby violating Article 8 of the Ley de Aguas, which establishes a water-resource protection zone by providing that water abstraction works (obras de alumbramiento de aguas) may not be carried out within 40 meters of buildings belonging to others, a railroad, or a road, or within 100 meters of another abstraction point or source, river, canal, irrigation ditch, or public watering place, without the corresponding license from the Ministerio del Ambiente y Energía. She adds that no technical study exists ruling out a risk of contamination of groundwater in the area. She therefore considers that Article 50 of the Constitución Política has been violated.
The following facts relevant to the decision in this matter are deemed duly established, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:
1. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is drilling an exploratory well located approximately at coordinates 217.220 north and 527.780 east, and the drilling point is located 12 meters from a dwelling and approximately 72 meters from one septic tank and 10.81 meters from another septic tank (see reports at folios 15, 18, and 26); 2. Before drilling began, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados did not notify the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamientos, or the Secretaría Técnica Nacional Ambiental thereof (see reports at folios 15 and 19).
The following facts relevant to the resolution of this amparo proceeding (recurso de amparo) are not deemed established:
Sole Fact.- That, before beginning the aforementioned drilling, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados conducted a technical study to determine the technical feasibility or risks of drilling a well at that specific location, given the proximity of a dwelling and 2 septic tanks (the record).
In judgment number 2004-1923, issued at 14:55 hours on 25 de febrero del 2004, this Chamber examined in depth the protection of groundwater and its relationship to the safeguarding of fundamental rights. In that regard, it stated as follows:
“(…) The issue of groundwater is closely linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human-rights instruments. Article 50 of our Constitución Política proclaims the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance of flora and fauna habitats (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Likewise, access to drinking water safeguards the rights to life—‘without water, life is impossible,’ states the Water Charter adopted by the Council of Europe in Strasbourg on 6 de mayo de 1968—and to personal health, as water is indispensable for nourishment, drinking, and hygiene (Article 21 of the Constitución Política); it is also, of course, associated with the socioeconomic development and growth of peoples so as to ensure every individual a dignified level of well-being and quality of life (Article 33 of the Constitución Política and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights).
The scarcity, lack of access to or availability of, and contamination of this precious liquid impoverish peoples and severely constrain social development. Consequently, protecting and utilizing groundwater reservoirs is a strategic obligation for preserving human life and health and, of course, for the proper development of any people. In the year 1995, it was estimated that 1000 million inhabitants lacked access to drinking water, and it is estimated that by the year 2025 nearly 5.500 million people will face water scarcity, while between 5 and 10 million people die annually from the use of untreated water. In another vein, the duty to preserve for future generations conditions of existence at least equal to those inherited has now been recognized (sustainable development (desarrollo sostenible)); accordingly, present needs must be met without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972).
In essence, from both economic and ecological perspectives, water is a precious resource because it is indispensable for every human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and constituent element in maintaining natural ecosystems—non-polluting or environmentally compatible water use.” In addition, the particular difficulties posed by groundwater contamination were emphasized:
“(…) Unlike surface-water contamination, which is usually evident and visible, thereby allowing environmental measures to be taken to mitigate or eliminate it, groundwater contamination, by its very nature, often goes unnoticed and becomes apparent only after it has reached significant proportions. Because of the slow circulation of water, the soil’s absorption capacity, and other factors, aquifers (mantos acuíferos) may take a long time to reveal contamination. In addition, the large volume of water they contain means that widespread contamination may take a prolonged period to manifest itself, while localized contamination may not be detected until it flows into an extraction site. Certainly, this type of water has some resistance to contamination; however, once contamination occurs, its restoration may be extraordinarily slow and, on occasion, irreversible because of the high cost of the means required to accomplish it. (…)
Given the characteristics of contamination affecting aquifers intended for public supply and the difficulty of restoring them, measures to prevent contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in specified areas or by ordering safety measures for certain potentially polluting activities. Unfortunately, our legal and administrative framework (legislation, regulations, and decrees) lacks precise, clear, and comprehensive rules for the protection of aquifers, recharge zones (zonas de recarga), and groundwater catchment areas (áreas de captación).” Accordingly, judgment number 2004-1923 emphasized the necessary application of the precautionary principle (principio precautorio) in this type of situation:
“XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle, also known as the principle of prudent avoidance (evitación prudente). This principle is embodied in the United Nations Conference on Environment and Development, or Rio Declaration, which states verbatim: ‘Principle 15.- In order to protect the environment, States shall broadly apply the precautionary approach according to their capabilities. Where there is a danger of serious and irreversible damage, lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.’ Within the domestic legal system, the Ley de Biodiversidad (No. 7788 of 30 de abril de 1998), in Article 11, establishes the following principles as interpretive parameters: ‘1.- Preventive approach: It is recognized that anticipating, preventing, and addressing the causes of biodiversity loss or threats thereto is of vital importance. 2.- Precautionary approach, or in dubio pro natura (indubio pro natura): Where there is a danger or threat of serious or imminent harm to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protective measures.’ In this Chamber’s Vote No. 1250-99, issued at 11:24 hours on 19 de febrero de 1999 (reiterated in Votes Nos. 9773-00, issued at 9:44 hours on 3 de noviembre del 2000; 1711-01, issued at 16:32 hours on 27 de febrero del 2001; and 6322-03, issued at 14:14 hours on 3 de julio del 2003), this Court held as follows: ‘(...) Prevention seeks to anticipate adverse effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources.
Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and implement every precautionary measure necessary to avoid or contain potential harm to the environment or human health. Thus, where there is a risk of serious or irreversible harm—or doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted, including, where appropriate, postponement of the activity concerned. This is because, in environmental matters, after-the-fact enforcement is ineffective, since once socially harmful biological consequences have occurred, punishment may carry moral significance but will scarcely compensate for the environmental harm caused.’ Subsequently, in Vote No. 3480-03, issued at 14:02 hours on 2 de mayo del 2003, this Court stated that ‘Properly understood, the precautionary principle concerns adopting measures not because the facts giving rise to risk are unknown, but because there is no certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment.’ In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle, or in dubio pro natura, means that where no studies or reports have been prepared in accordance with the unequivocal and precisely applicable rules of science and technology that would permit absolute certainty to be reached regarding the harmlessness of the activity proposed for the environment, or where such studies or reports contradict one another, the entities and bodies of the centralized and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or application for modification, suspend those already underway until the uncertainty has been resolved, and, in parallel, adopt all measures aimed at protecting and preserving those waters in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment.
In essence, safe environmental management of groundwater requires protecting the resource before it becomes contaminated or degraded.” In that regard, one of the means identified in judgment number 2004-1923 to reduce contamination risks is the establishment of protection perimeters (perímetros de protección) around aquifers. This method included protection of the boundaries of catchment areas. This includes wells:
“a) Protection perimeters for aquifers (mantos acuíferos): One of the most innovative instruments for protecting water resources is the definition of protection perimeters (perímetros de protección) to conserve the resource and its surroundings. This administrative intervention measure seeks to preserve the quality and quantity not only of the water contained therein, but also of its container, that is, the geological formation known as an aquifer (acuífero). (…)
Obviously, the foregoing must be supplemented by protection around water abstraction areas (áreas de captación) (wells—WPP: well protection perimeters (perímetros de protección de los pozos)—springs, spring sources (nacientes), etc.), through the definition of a surrounding zone in which certain human activities are prohibited or restricted and land use is regulated or controlled. Determination of the perimeter depends on the well’s capture or contributing zone (ZOC), and its extent depends on the characteristics and properties of the abstraction area and the recharge land, since the standards cannot be the same for permeable or fractured land as for land with impermeable formations. The definition of perimeters must be coordinated with the mapping of the natural vulnerability or susceptibility of water-supply aquifers to anthropogenic pollution loads, based on their hydrogeological and geochemical characteristics in the face of anthropogenic contamination problems, which is accomplished by preparing maps. Both measures—protection perimeters and vulnerability mapping—are suitable for enabling the timely relocation of a particular type of activity or the water-supply source or, as a last resort, the introduction of technical methods and instruments for the treatment and disposal of pollutants.”
VI.The specific case. The evidence in the record shows that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is drilling an exploratory well located approximately at coordinates 217.220 north and 527.780 east, and that the drilling point is located 12 meters from a dwelling and approximately 72 meters from one septic tank and 10.81 meters from another septic tank. This confirms that the well in question is being drilled within the protection area referred to in article 8 of the Ley de Aguas, the first paragraph of which provides: “The works addressed in the preceding article for groundwater development (alumbramientos) may not be carried out within forty meters of buildings belonging to others, a railway, or a road, or within one hundred meters of another groundwater development, source, river, canal, irrigation ditch, or public watering place, without the corresponding license from the Ministerio del Ambiente y Energía.” For its part, the Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones states that when those provisions prohibit drilling wells within 40 meters of a building belonging to another person, a railway, or a road without the “corresponding license,” this means that drilling within that area may be authorized if there is a technical opinion supporting it, following a study of the feasibility of drilling.
However, in the case under consideration, there is no evidence that, before the drilling began, a technical study was conducted to determine the technical feasibility or risks of drilling a well at that specific location, given its proximity to a dwelling and 2 septic tanks. In its report, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados refers to estimates made in 1994 by an official from its Departamento de Recursos Hídricos, to the effect that, for the Valle Central, a layer of tuffaceous or laharic material at least 14 meters thick in the unsaturated zone would be sufficient for bacteria to biodegrade before reaching the water table (saturated zone). It further states that, in this case, the unsaturated zone is 35 meters thick, which means that it is 250% greater than the thickness established as sufficient for bacteria to biodegrade, and therefore there would be no risk of bacteria reaching the saturated zone.
Nevertheless, a reading of the report shows that it merely refers to the general characteristics of the area where the drilling is taking place; neither that report nor the evidence submitted in the record indicates that, before drilling began, a site-specific technical study was conducted to determine with certainty the technical feasibility or risks of drilling a well at the coordinates indicated above, specifically taking into consideration the proximity of a dwelling and 2 septic tanks. Accordingly, the absence of that study entails a violation of the precautionary principle (principio precautorio), or in dubio pro natura principle, in breach of article 50 of the Constitución Política. For that reason, this amparo proceeding (amparo) must be granted with respect to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In the specific case of MINAET, SENARA, and SETENA, it is apparent that they have not engaged in any act or omission that could warrant granting relief against them.
Therefore (Por tanto):
The action is declared partially GRANTED against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ricardo Sancho Chavarría, or whoever holds the office of Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, is ordered to ensure that no drilling works are carried out at the location identified in this amparo proceeding unless technical studies exist that make it possible to reach a state of absolute certainty regarding the harmlessness to groundwater of the activity sought to be undertaken, taking into consideration the presence of dwellings and septic tanks within the perimeter established by article 8 of the Ley de Aguas. Ricardo Sancho Chavarría, or whoever holds the office of Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, is warned that failure to comply with this order will constitute the offense of disobedience and that, pursuant to article 71 of the Ley de esta jurisdicción, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years or fined twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the legal costs and compensation for the damages and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction. As to the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the amparo proceeding is denied. This decision shall be served personally upon Ricardo Sancho Chavarría, or whoever holds the office of Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Let it be communicated.- Ana Virginia Calzada M.
Presiding Justice Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G.
Roxana Salazar C. Jorge Araya G.
GARMIJO/fcp.- Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
*090108080007CO* *090108080007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y cincuenta minutos del dieciocho de septiembre del dos mil nueve.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 09-010808-0007-CO, interpuesto por ANA MERCEDES CHAVES AGUILAR, cédula de identidad número 9-095-851, contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO, EL DEPARTAMENTO DE AGUAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES Y LA SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Resultando:
Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,
Considerando:
La recurrente acusa que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está ejecutando la perforación de un pozo a menos de 10 metros de distancia de un inmueble que cuenta un sistema de tanque séptico, y no se cuenta con permiso de perforación otorgado por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con lo que se infringe el artículo 8 de la Ley de Aguas, que establece una zona de protección del recurso hídrico, al disponer que no podrán ejecutarse obras de alumbramiento de aguas a una distancia menor de 40 metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera, ni a menos de 100 metros de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero público, sin la licencia correspondiente del Ministerio del Ambiente y Energía. Añade que no existe un estudio técnico que descarte un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas existentes en la zona. Por lo que estima que se ha infringido el artículo 50 de la Constitución Política.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ello según lo prevenido en el auto inicial:
1. el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está ejecutando la perforación de un pozo 527.780 este, y el punto de perforación se ubica a 12 metros de distancia de un casa de habitación y, aproximadamente, a 72 metros de un tanque séptico y a 10.81 metros de otro tanque séptico (ver informes a folios 15, 18 y 26); 2. de previo a iniciar la perforación, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no informó, sobre ello, al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ni al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamientos, ni a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (ver informes a folios 15 y 19).
No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para la resolución de este amparo:
Unico.- Que de previo a iniciar la mencionada perforación, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados haya realizado un estudio técnico para determinar la viabilidad técnica o riesgos de perforar un pozo, en ese lugar en específico, ante la cercanía de una casa de habitación y de 2 tanques sépticos (los autos).
En sentencia número 2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero del 2004, esta Sala estudió con profundidad lo referente a la protección de las aguas subterráneas y su relación con la tutela de derechos fundamentales. Se señaló, al efecto, lo siguiente:
“(…) El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972).
En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente.” Además, se destacó las particulares dificultades que plantea la contaminación de las aguas subterráneas:
“(…) A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. (…)
Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas." Por ello, en la sentencia número 2004-1923, se enfatizó en la necesaria aplicación del principio precautorio en esta clase de hipótesis:
"XV.-PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”.
En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”.
Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación.” En cuyo caso, uno de los medios que se señaló en la sentencia número 2004-1923, para reducir los riesgos de contaminación, es el establecimiento de perímetros de protección de los mantos acuíferos. Método, dentro del cual, se incluyó la protección de los contornos de las áreas de captación. Lo que incluye a los pozos:
" a) Perímetros de protección de los mantos acuíferos: Uno de los instrumentos más novedosos en la protección de los recursos hídricos es la definición de perímetros de protección para la conservación del recurso y de su entorno. Esta medida de intervención administrativa busca preservar la calidad y cantidad del agua contenida pero también de su continente, esto es, de la formación geológica denominada acuífero. (…)
Obviamente, a lo anterior debe añadirse la protección alrededor de las áreas de captación (pozos -PPP: perímetros de protección de los pozos-, manantiales, nacientes, etc.-), mediante la definición de una zona alrededor en la que se prohíban o limiten determinadas actividades humanas regulándose o controlándose el uso del suelo. La determinación del perímetro depende de la zona de captura o de carga del pozo (ZOC) y su extensión depende de las características y propiedades del área de captación y del terreno de recarga, puesto que, las normas no pueden ser iguales para el caso de terrenos permeables o fisurados que para los que tengan formaciones impermeables. La definición de perímetros debe conjugarse con la cartografía de vulnerabilidad o susceptibilidad natural de los mantos acuíferos de abastecimiento a las cargas de contaminación antrópica, en función de sus características hidrogeológicas y geoquímicas, ante problemas de contaminación antropogénica, lo que se logra mediante el levantado de mapas. Sendas medidas, perímetros de protección y la cartografía de vulnerabilidad son idóneas para poder reubicar a tiempo un determinado tipo de actividad, la fuente de abastecimiento o, en último término, introducir métodos e instrumentos técnicos para el tratamiento y disposición de los agentes contaminantes.”
VI.Sobre el caso concreto. De la prueba que consta en los autos se desprende que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está ejecutando la perforación de un pozo exploratorio ubicado, aproximadamente, en las coordenadas 217.220 norte y 527.780 este, y el punto de perforación se ubica a 12 metros de distancia de una casa de habitación y, aproximadamente, a 72 metros de un tanque séptico y a 10.81 metros de otro tanque séptico. Con lo que se corrobora que el referido pozo se está perforando dentro del área de protección a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Aguas, que establece, en su párrafo primero, que: “Las labores de que trata el artículo anterior para alumbramientos, no podrán ejecutarse a menor distancia de cuarenta metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera, ni a menos de cien de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero público, sin la licencia correspondiente del Ministerio del Ambiente y Energía”.
Por su parte, el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones señala que cuando en tal normativa se establece la prohibición de perforar pozos a menos de 40 metros de un edificio ajeno, de un ferrocarril o carretera, sin la “licencia correspondiente”, lo que significa es la posibilidad que pueda autorizarse la perforación dentro de dicha área, si existe un criterio técnico que así lo justifique, previo estudio sobre la viabilidad de la perforación. Sin embargo, en el caso en estudio no consta que, de previo a iniciar la referida perforación, se haya realizado un estudio técnico para determinar la viabilidad técnica o riesgos para perforar un pozo, en ese lugar en específico, ante la cercanía de una casa de habitación y de 2 tanques sépticos. En su informe, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados remite a estimaciones realizadas por un funcionario de su Departamento de Recursos Hídricos, en el año 1994, en el sentido que con un espesor de material tobáceo o lahárico de al menos 14 metros en la zona no saturada, para el Valle Central, sería suficiente para que las bacterias se biodegradaran antes de llegar a intersectar el nivel freátioco (zona saturada).
A lo que se añadiría que, en el presente caso, el espesor de la zona no saturada es de 35 metros, lo que implica que es 250% mayor a la establecida para que se biodegradaran las bacterias, por lo que no existiría riesgo que las bacterias llegaran a la zona saturada. No obstante ello, de la lectura del informe se desprende que lo que se hace es una referencia a las características generales de la zona en que se está realizando la perforación, pero ni del mencionado informe, ni de la prueba aportada a los autos, se desprende que de previo a iniciar la perforación se haya realizado un estudio técnico específico, para determinar de forma certera la viabilidad técnica o riesgos para perforar un pozo, en las coordenadas previamente indicadas, y tomando en consideración -en concreto- la cercanía de una casa de habitación y de 2 tanques sépticos. En cuyo caso, la falta del referido estudio, implica una infracción al principio precautorio o de indubio pro natura, en vulneración del artículo 50 de la Constitución Política.
Motivo, por el cual, procede acoger el presente amparo, con respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En el caso específico, del MINAET, el SENARA y la SETENA, se desprende que de su parte no han incurrido en una actuación u omisión que pueda motivar la estimatoria en su contra.
Por tanto:
Se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se ordena a Ricardo Sancho Chavarría, o a quien ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que no se realicen obras de perforación en el lugar indicado en este amparo, salvo que existan estudios técnicos que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre los aguas subterráneas, tomando en consideración la presencia de casas de habitación y tanques sépticos dentro del perímetro establecido por el artículo 8 de la Ley de Aguas. Se le advierte a Ricardo Sancho Chavarría, o a quien ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se declara sin lugar el amparo. Notifíquese la presente resolución a Ricardo Sancho Chavarría, o a quien ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en forma personal. Comuníquese.- Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G.
Roxana Salazar C. Jorge Araya G.
GARMIJO/fcp.- 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
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