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Res. 01788-2004 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/02/2004
OutcomeResultado
The amparo was denied, as no violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment was proven.Se declaró sin lugar el recurso de amparo, al no comprobarse violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed an amparo filed by members of an environmental protection council against the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), and the Directorate of Geology and Mines. The plaintiffs claimed that the mining concession for sand and gravel extraction at the Loma Barrantes pit in Aguas Zarcas harmed the environment because the area was forested and contained water springs. After reviewing the administrative file and additional evidence requested from SENARA and the Technological Institute of Costa Rica, the Chamber concluded that the site did not qualify as a forest under the Forestry Law, there was no shallow water table, and the small springs were seasonal and low-flow. It held that the project could be carried out sustainably if the imposed technical conditions were met. However, it ordered the authorities to exercise strict control through quarterly inspections, define a mitigation ring and a protection zone for the springs, and send reports to the plaintiffs.La Sala Constitucional desestimó un amparo presentado por miembros de un consejo de protección ambiental contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y la Dirección de Geología y Minas. Los recurrentes alegaban que la concesión minera para extraer arena y lastre en el Tajo Loma Barrantes, en Aguas Zarcas, dañaba el ambiente porque el área era boscosa y contenía nacientes de agua. Tras examinar el expediente administrativo y pruebas adicionales solicitadas al SENARA y al Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Sala concluyó que el sitio no calificaba como bosque según la Ley Forestal, no existía un nivel freático superficial y los pequeños manantiales eran estacionales y de bajo caudal. Estimó que el proyecto podía realizarse de manera sostenible si se cumplían las condiciones técnicas impuestas. No obstante, ordenó a las autoridades un estricto control mediante inspecciones trimestrales, definir un anillo de mitigación y una zona de protección de los manantiales, y remitir informes a los recurrentes.
Key excerptExtracto clave
Despite the well-founded fear expressed by the appellants that the mineral exploitation (sand and gravel extraction) in the pit owned by Parcelas Rurales del Campo S.A., located in Aguas Zarcas, Canton de San Carlos, could cause serious damage to the environment, in view of the various technical opinions given in that regard, the Chamber inclines toward dismissing this appeal, considering the sworn statements given by the Minister of Environment and Energy and the Director of Geology and Mines, as well as by the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (with their attendant even criminal consequences), who, relying on administrative file number 2597, which has been examined, maintain that all procedural stages were completed in the process to hear the application for non-metallic mineral exploitation in the aforementioned pit, which implies that the environmental impact assessment was carried out and that it was concluded that, if certain previously defined technical conditions are met, the exploitation of that pit can be carried out in a sustainable relationship with nature. Specifically, the Chamber concludes from the evidentiary elements in the record that the area in which the concession in question was granted does not meet the characteristics of a forest, and therefore, in that regard, no imminent danger or current damage to the environment is foreseen from the project; likewise, no evidence of a shallow water table has been found in that area, and therefore the extraction of materials does not represent a harm in that sense. As a corollary to the foregoing, this appeal is dismissed, as the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is not confirmed, and considering that with the proper technical precautions the project in question can be developed, as previously indicated, in a sustainable relationship with nature.Pese al fundado temor que esgrimen los recurrentes de que la explotación mineral (extracción de arena y lastre) en el tajo propiedad de la sociedad Parcelas Rurales del Campo S.A. ubicado en Aguas Zarcas, Cantón de San Carlos, pueda acarrear un daño grave al medio ambiente, en vista de los diversos criterios técnicos esgrimidos al respecto, la Sala se inclina por desestimar este recurso considerando los informes bajo juramento rendidos por el Ministro del Ambiente y Energía y el Director de Geología y Minas, así como por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (con las consecuencias incluso penales que acarrea), quienes, apoyados en el expediente administrativo número 2597, que se ha tenido a la vista, sostienen que en el trámite para conocer de la solicitud para explotación mineral no metálicos en el tajo de cita se cumplieron todas las etapas procedimentales, lo que implica que se efectuó la evaluación del impacto ambiental que podría generar el proyecto y se concluyó que, cumpliéndose determinadas condiciones técnicas previamente definidas, la explotación de ese tajo puede llevarse a cabo en un vínculo sostenible con la naturaleza. En concreto, concluye la Sala con los elementos probatorios allegados a los autos, que el área en la cual se otorgó la concesión que nos ocupa no cumple con las características de bosque y, en consecuencia, en cuanto a ese aspecto no se vislumbra un peligro inminente o daño actual al medio ambiente con el proyecto; de igual forma, en esa área no se han encontrado evidencias de un nivel freático superficial y por lo tanto la extracción de materiales en la misma no representa un perjuicio en ese sentido. Como corolario de lo expuesto se desestima este recurso, por no constatarse la alegada lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se acusa y considerando que con los debidos recaudos técnicos el proyecto cuestionado puede desarrollarse, como se ha indicado previamente, en un vínculo sostenible con la naturaleza.
Pull quotesCitas destacadas
"El criterio sostenido por este Tribunal Constitucional es que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, implica la posibilidad para el ser humano de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero, a la vez implica el correlativo deber de protegerlo y preservarlo mediante el ejercicio racional y el disfrute útil de ese derecho."
"The criterion upheld by this Constitutional Court is that the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution, implies the possibility for human beings to use the environment for their own development, but, at the same time, it implies the correlative duty to protect and preserve it through rational exercise and useful enjoyment of that right."
Considerando III
"El criterio sostenido por este Tribunal Constitucional es que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, implica la posibilidad para el ser humano de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero, a la vez implica el correlativo deber de protegerlo y preservarlo mediante el ejercicio racional y el disfrute útil de ese derecho."
Considerando III
"Pese al fundado temor que esgrimen los recurrentes de que la explotación mineral (...) pueda acarrear un daño grave al medio ambiente, en vista de los diversos criterios técnicos esgrimidos al respecto, la Sala se inclina por desestimar este recurso considerando los informes bajo juramento rendidos por el Ministro del Ambiente y Energía y el Director de Geología y Minas, así como por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (...) quienes, apoyados en el expediente administrativo número 2597, que se ha tenido a la vista, sostienen que en el trámite para conocer de la solicitud para explotación mineral no metálicos en el tajo de cita se cumplieron todas las etapas procedimentales."
"Despite the well-founded fear expressed by the appellants that the mineral exploitation (...) could cause serious damage to the environment, in view of the various technical opinions given in that regard, the Chamber inclines toward dismissing this appeal, considering the sworn statements given by the Minister of Environment and Energy and the Director of Geology and Mines, as well as by the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (...) who, relying on administrative file number 2597, which has been examined, maintain that all procedural stages were completed in the process to hear the application for non-metallic mineral exploitation in the aforementioned pit."
Considerando IV
"Pese al fundado temor que esgrimen los recurrentes de que la explotación mineral (...) pueda acarrear un daño grave al medio ambiente, en vista de los diversos criterios técnicos esgrimidos al respecto, la Sala se inclina por desestimar este recurso considerando los informes bajo juramento rendidos por el Ministro del Ambiente y Energía y el Director de Geología y Minas, así como por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (...) quienes, apoyados en el expediente administrativo número 2597, que se ha tenido a la vista, sostienen que en el trámite para conocer de la solicitud para explotación mineral no metálicos en el tajo de cita se cumplieron todas las etapas procedimentales."
Considerando IV
"Se estima pertinente enfatizar en que las autoridades recurridas deberán, en el ejercicio de sus competencias, ejercer el debido control sobre la actividad que desarrolle el concesionario, a través de inspecciones que se realizarán en períodos no mayores a tres meses con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, así como de las disposiciones a las que quedó condicionada la concesión."
"It is deemed pertinent to emphasize that the respondent authorities must, in the exercise of their powers, exercise due control over the activity carried out by the concessionaire, through inspections to be conducted at intervals not exceeding three months in order to verify compliance with the legal and regulatory provisions governing the matter, as well as with the conditions to which the concession was subject."
Considerando V
"Se estima pertinente enfatizar en que las autoridades recurridas deberán, en el ejercicio de sus competencias, ejercer el debido control sobre la actividad que desarrolle el concesionario, a través de inspecciones que se realizarán en períodos no mayores a tres meses con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, así como de las disposiciones a las que quedó condicionada la concesión."
Considerando V
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Date of Resolution: February 20, 2004 at 08:59 Case File: 03-006761-0007-CO Type of Matter: Amparo Action Content of Interest:
Type of Content: Majority Vote Branch of Law: EARLIER TOPICS Topic: Right to a healthy and ecologically balanced environment Subtopics:
Non-existence of violation of the alleged right because it was not demonstrated that the operation of the indicated quarry affects any aquifer.
Topic: Ministry of Environment and Energy Subtopics:
Operation of quarry does not affect the environment.
Topic: Public Administration Subtopics:
Obligation to ensure that the work carried out in the authorized quarry has the minimum environmental impact.
Despite the well-founded fear expressed by the petitioners that the mineral exploitation (extraction of sand and ballast) in the quarry owned by the company Parcelas Rurales del Campo S.A., located in Aguas Zarcas, Canton of San Carlos, could cause serious damage to the environment, in view of the various technical criteria put forward in this regard, the Chamber is inclined to dismiss this action considering the sworn reports rendered by the Minister of Environment and Energy and the Director of Geology and Mines, as well as by the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (with the even criminal consequences that this entails), who, supported by administrative file number 2597, which has been examined, maintain that in the proceeding to hear the application for non-metallic mineral exploitation in the cited quarry, all procedural stages were completed, which implies that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) that the project could generate was carried out and it was concluded that, by fulfilling certain previously defined technical conditions, the exploitation of that quarry can be carried out in a sustainable relationship with nature.
The Chamber also resorted, for the correct resolution of this matter, to evidence for a better ruling that it requested both from the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) and from the Forestry Engineering School of the Costa Rica Institute of Technology, whose reports are congruent in their core with the "Diagnosis of the Hydrogeological Conditions of the Loma Barrantes Quarry and its Surroundings" issued by Geologist Jorge Bonilla Morales and with the Certificate issued by Eng. Javier Ramírez Azofeifa (Forest Regent), as it pertains to the existence of forests and springs (nacientes) of water for human consumption in the area where the mining concession in question was granted. Specifically, the Chamber concludes from the evidentiary elements brought to the record that the area in which the concession in question was granted does not meet the characteristics of a forest and, consequently, regarding that aspect, no imminent danger or current damage to the environment is foreseen from the project; likewise, no evidence of a shallow water table has been found in that area and therefore the extraction of materials therein does not represent a detriment in that sense.
On the other hand, although the hydrogeological study carried out identifies two small springs at the base of the hill, it describes them as having low flow and being seasonal in nature, whose recharge is generated in the patch of secondary forest that practically surrounds the entire base of the hill and which comes entirely from rainwater, hence their seasonal behavior. Consequently, the Chamber does not observe that the extraction of materials in the quarry within the concession area could represent an environmental danger; however, it is deemed pertinent to comply with the recommendations made by the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA), in that a protection zone for these springs must be defined.
As a corollary of the foregoing, this action is dismissed, because the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment that is claimed is not verified and considering that, with the proper technical precautions, the questioned project can be developed, as previously indicated, in a sustainable relationship with nature. In this context, it is deemed pertinent to emphasize that the respondent authorities must, in the exercise of their powers, exercise due control over the activity carried out by the concessionaire, through inspections to be carried out in periods of no more than three months in order to verify compliance with the legal and regulatory provisions governing the matter, as well as the provisions to which the concession was conditioned, among them the work methodology approved by the Directorate of Geology and Mines, copies of whose reports must be sent to the petitioners in their capacity as members of the Civil Society Council for Environmental Protection.
Likewise, the competent authority must define a mitigation area or ring with the purpose of ensuring that there is no, or that there is minimal, environmental impact that the area surrounding the area on which the concession was approved, which contains 4 ha 7710.84 m², may suffer, which may not be expanded or displaced to the detriment of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is further ordered that the recommendations made by SENARA (folios 102-103) be followed, particularly regarding the advisability of defining a protection zone for the springs referred to in the report and having systems for erosion control and surface water drainage.
... See more Res: 2004-01788 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight hours and fifty-nine minutes of February twenty, two thousand four.- Amparo action filed by Nombre106668 and Nombre120402, both members of the Civil Society Council for Environmental Protection of Ciudad Quesada, against the Minister of Environment and Energy, the National Environmental Technical Secretariat, and the Directorate of Geology and Mines.
Findings of Fact:
(f-273-275). It requests that the appeal be dismissed with respect to SETENA, considering that it has acted in accordance with the Law throughout the entire processing of the referenced case file and relying on the truthfulness of the information requested from the project proponent to obtain the environmental viability declaration.
Drafted by Justice Vargas Benavides; and,
Considering:
I.Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:
II.Purpose of the appeal. The appellants accuse the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Dirección de Geología y Minas of violating the right to a healthy and ecologically balanced environment by granting the mining concession for exploitation of a pit in favor of Parcelas Rurales del Campo, despite the fact that the technical reports issued by experts who carried out field studies were consistent and congruous in determining the presence of forest, that there were water springs for human consumption, and that the project was not environmentally viable.
III.Right to a healthy and ecologically balanced environment. The criteria upheld by this Constitutional Chamber is that the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution, implies the possibility for the human being to use the environment for their own development, but at the same time implies the correlative duty to protect and preserve it through the rational exercise and useful enjoyment of that right. The constitutional norm establishes the obligation for the State to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment, so it has the duty to halt continuous environmental degradation with measures aimed at mitigating the negative effects of economic and social development, as well as to ensure the existence of a sustainable link between the human being and nature, ensuring –among other things– that the use of natural resources does not exceed their capacity for replacement.
When referring to the State in this matter, reference is not made only to organs such as the Ministerio del Ambiente y Energía, but also to the Ministry of Health, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Instituto Costarricense de Electricidad, and the different municipalities regarding their respective territorial jurisdictions, among other State entities and organs; however, it is clear that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental was created by the legislator, as an organ of maximum deconcentration of the Ministerio del Ambiente y Energía, with the fundamental purpose of harmonizing environmental impact with production processes. To this end, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of October 4, 1996, literally states:
“ARTICLE 17.- Evaluación de impacto ambiental Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created in this law. Its prior approval, by this entity, will be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment.
IV.Specific case. Despite the well-founded fear argued by the appellants that the mineral exploitation (extraction of sand and ballast) in the pit owned by the company Parcelas Rurales del Campo S.A., located in Aguas Zarcas, Canton of San Carlos, may cause serious damage to the environment, in view of the various technical criteria raised in this regard, the Chamber is inclined to dismiss this appeal, considering the sworn statements provided by the Minister of Ambiente y Energía and the Director of Geología y Minas, as well as by the Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (with the even criminal consequences this entails), who, supported by administrative case file number 2597, which has been examined, maintain that in the process to consider the request for non-metallic mineral exploitation in the cited pit, all procedural stages were completed, which implies that the assessment of the environmental impact that the project could generate was carried out, and it was concluded that, subject to certain previously defined technical conditions, the exploitation of that pit can be carried out in a sustainable link with nature.
The Chamber also resorted, for the correct resolution of this matter, to evidence for a better resolution requested from both the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) and the Escuela de Ingeniería Forestal of the Instituto Tecnológico de Costa Rica, whose reports are consistent at their core with the “Diagnóstico de las Condiciones Hidrogeológicas del Tajo Loma Barrantes y sus alrededores” issued by Geologist Jorge Bonilla Morales and with the Certificate issued by Engineer Javier Ramírez Azofeifa (Regente Forestal), concerning the existence of forests and water springs for human consumption in the area where the mining concession in question was granted. Specifically, the Chamber concludes, with the evidentiary elements brought to the case file, that the area in which the concession at issue was granted does not meet the characteristics of forest and, consequently, with respect to that aspect, no imminent danger or current damage to the environment is foreseen from the project; likewise, no evidence of a superficial water table has been found in that area, and therefore the extraction of materials there does not represent a detriment in that sense.
On the other hand, although the hydrogeological study carried out identifies two small springs at the base of the hill, it describes them as low-flow and seasonal, whose recharge is generated in the secondary forest patch that practically surrounds the entire base of the hill and which originates entirely from rainwater, hence their seasonal behavior. Consequently, the Chamber also does not observe that the extraction of materials in the pit within the concessioned area may represent an environmental danger; however, it is deemed pertinent to comply with the recommendations made by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), regarding the point that the protection zone for those springs must be defined.
V.As a corollary to the foregoing, this appeal is dismissed, because the alleged injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment that is claimed is not verified, and considering that, with the due technical precautions, the questioned project can be developed, as previously indicated, in a sustainable link with nature. In this context, it is deemed pertinent to emphasize that the respondent authorities must, in the exercise of their competencies, exercise due control over the activity carried out by the concessionaire, through inspections to be carried out at intervals not exceeding three months to verify compliance with the legal and regulatory provisions governing the matter, as well as the provisions to which the concession was conditioned, including the work methodology approved by the Dirección de Geología y Minas, the reports of which must be sent in copy to the appellants in their capacity as members of the Consejo de la Sociedad Civil para la Protección del Medio Ambiente.
Likewise, the competent authority must define a mitigation area or ring with the purpose of ensuring no or minimal environmental impact may affect the zone surrounding the area on which the concession was approved, which contains 4 ha 7710.84 m², which may not be expanded or displaced to the detriment of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is also ordered that the recommendations made by SENARA (folios 102-103) be complied with, particularly regarding the advisability of defining a protection zone for the springs referred to in the report and having erosion control and surface water drainage systems.
Therefore:
The appeal is dismissed.
Luis Fernando Solano C.
Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. José Miguel Alfaro R.
Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.
Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 06:38:20.
Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas:
Inexistencia de violación del derecho alegado por no haberse demostrado que el funcionamiento del tajo indicado afecte manto acuífero alguno.
Tema: Ministerio de Ambiente y Energía Subtemas:
Funcionamiento de tajo no afecta medio ambiente.
Tema: Administración pública Subtemas:
Obligación de velar por que los trabajos realizados en el tajo autorizado tenga el mínimo de impacto ambiental.
Pese al fundado temor que esgrimen los recurrentes de que la explotación mineral (extracción de arena y lastre) en el tajo propiedad de la sociedad Parcelas Rurales del Campo S.A. ubicado en Aguas Zarcas, Cantón de San Carlos, pueda acarrear un daño grave al medio ambiente, en vista de los diversos criterios técnicos esgrimidos al respecto, la Sala se inclina por desestimar este recurso considerando los informes bajo juramento rendidos por el Ministro del Ambiente y Energía y el Director de Geología y Minas, así como por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (con las consecuencias incluso penales que acarrea), quienes, apoyados en el expediente administrativo número 2597, que se ha tenido a la vista, sostienen que en el trámite para conocer de la solicitud para explotación mineral no metálicos en el tajo de cita se cumplieron todas las etapas procedimentales, lo que implica que se efectuó la evaluación del impacto ambiental que podría generar el proyecto y se concluyó que, cumpliéndose determinadas condiciones técnicas previamente definidas, la explotación de ese tajo puede llevarse a cabo en un vínculo sostenible con la naturaleza.
Recurrió la Sala, además, para la correcta resolución de este asunto, a prueba para mejor resolver que solicitó tanto al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), como a la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuyos informes son congruentes en lo medular con el “Diagnóstico de las Condiciones Hidrogeológicas del Tajo Loma Barrantes y sus alrededores” emitido por el Geólogo Jorge Bonilla Morales y con el Certificado emitido por el Ing. Javier Ramírez Azofeifa (Regente Forestal), en lo que atañe a la existencia de bosques y nacientes de aguas para consumo humano en la zona en la que se otorgó la concesión minera que nos ocupa. En concreto, concluye la Sala con los elementos probatorios allegados a los autos, que el área en la cual se otorgó la concesión que nos ocupa no cumple con las características de bosque y, en consecuencia, en cuanto a ese aspecto no se vislumbra un peligro inminente o daño actual al medio ambiente con el proyecto; de igual forma, en esa área no se han encontrado evidencias de un nivel freático superficial y por lo tanto la extracción de materiales en la misma no representa un perjuicio en ese sentido.
Por otra parte, si bien el estudio hidrogeológico efectuado identifica dos pequeños manantiales en la base del cerro, los describe como de bajo caudal y de carácter estacional, cuya recarga se genera en el parche de bosque secundario que rodea prácticamente toda la base del cerro y que proviene en su totalidad de las aguas de lluvia, de ahí su comportamiento estacional. En consecuencia, tampoco observa la Sala que la extracción de materiales en el tajo dentro del área concesionada pueda representar un peligro ambiental; sin embargo, se estima pertinente acatar las recomendaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en punto a que se debe definir la zona de protección de esos manantiales.
Como corolario de lo expuesto se desestima este recurso, por no constatarse la alegada lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se acusa y considerando que con los debidos recaudos técnicos el proyecto cuestionado puede desarrollarse, como se ha indicado previamente, en un vínculo sostenible con la naturaleza. En ese contexto, se estima pertinente enfatizar en que las autoridades recurridas deberán, en el ejercicio de sus competencias, ejercer el debido control sobre la actividad que desarrolle el concesionario, a través de inspecciones que se realizarán en períodos no mayores a tres meses con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, así como de las disposiciones a las que quedó condicionada la concesión, entre ellas la metodología de trabajo aprobada por la Dirección de Geología y Minas, de cuyos informes deberá remitirse copia a los recurrentes en su condición de miembros del Consejo de la Sociedad Civil para la Protección del Medio Ambiente.
Asimismo, deberá la autoridad competente definir un área o anillo de mitigación con el propósito de que no haya o sea mínimo el impacto ambiental que pueda sufrir la zona que rodea el área sobre la cual se aprobó la concesión, que contiene 4 ha 7710,84 m², la cual no podrá ser ampliada ni desplazada en detrimento del derecho al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena además que se acaten las recomendaciones realizadas por el SENARA (folios 102-103), particularmente en cuanto a la conveniencia de definir una zona de protección de los manantiales a los que el informe se refiere y tener sistemas de control de la erosión y drenaje de las aguas superficiales.
... Ver más Res: 2004-01788 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del veinte de febrero del dos mil cuatro.- Recurso de amparo interpuesto por Nombre106668 y Nombre120402, ambos miembros del Consejo de la Sociedad Civil para la Protección del Medio Ambiente de Ciudad Quesada, contra el Ministro de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección de Geología y Minas.
Resultando:
Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,
Considerando:
I.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
II.Objeto del recurso. Los recurrentes acusan la violación al derecho a un ambiental sano y ecológicamente equilibrado por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección de Geología y Minas, por otorgar la concesión minera para explotación de un tajo a favor de Parcelas Rurales del Campo, pese a que los informes técnicos emitidos por peritos que realizaron estudios de campo fueron congruentes y consistentes al determinar que se estaba en presencia de bosque, que existía nacientes de agua para consumo humano y que el proyecto no era viable ambientalmente.
III.Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El criterio sostenido por este Tribunal Constitucional es que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, implica la posibilidad para el ser humano de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero, a la vez implica el correlativo deber de protegerlo y preservarlo mediante el ejercicio racional y el disfrute útil de ese derecho. La norma constitucional establece la obligación para el Estado de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que tiene el deber de detener la continua degradación ambiental con medidas tendientes a atenuar los efectos negativos del desarrollo económico y social, así como velar por la existencia de un vínculo sostenible entre el ser humano y la naturaleza, procurando –entre otras cosas- que el uso de los recursos naturales no sea superior a su capacidad de reposición.
Cuando se alude al Estado en esta materia no se hace referencia únicamente a órganos como el Ministerio del Ambiente y Energía, sino también al Ministerio de Salud, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Instituto Costarricense de Electricidad y a las diferentes municipalidades en lo que atañe a sus respectivas jurisdicciones territoriales, entre otros entes y órganos del Estado; sin embargo, es claro que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental fue creada por el legislador, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, con el propósito fundamental de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Para ello, la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1996 dice textualmente:
“ARTICULO 17.- Evaluación de impacto ambiental Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.
IV.Caso concreto. Pese al fundado temor que esgrimen los recurrentes de que la explotación mineral (extracción de arena y lastre) en el tajo propiedad de la sociedad Parcelas Rurales del Campo S.A. ubicado en Aguas Zarcas, Cantón de San Carlos, pueda acarrear un daño grave al medio ambiente, en vista de los diversos criterios técnicos esgrimidos al respecto, la Sala se inclina por desestimar este recurso considerando los informes bajo juramento rendidos por el Ministro del Ambiente y Energía y el Director de Geología y Minas, así como por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (con las consecuencias incluso penales que acarrea), quienes, apoyados en el expediente administrativo número 2597, que se ha tenido a la vista, sostienen que en el trámite para conocer de la solicitud para explotación mineral no metálicos en el tajo de cita se cumplieron todas las etapas procedimentales, lo que implica que se efectuó la evaluación del impacto ambiental que podría generar el proyecto y se concluyó que, cumpliéndose determinadas condiciones técnicas previamente definidas, la explotación de ese tajo puede llevarse a cabo en un vínculo sostenible con la naturaleza.
Recurrió la Sala, además, para la correcta resolución de este asunto, a prueba para mejor resolver que solicitó tanto al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), como a la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuyos informes son congruentes en lo medular con el “Diagnóstico de las Condiciones Hidrogeológicas del Tajo Loma Barrantes y sus alrededores” emitido por el Geólogo Jorge Bonilla Morales y con el Certificado emitido por el Ing. Javier Ramírez Azofeifa (Regente Forestal), en lo que atañe a la existencia de bosques y nacientes de aguas para consumo humano en la zona en la que se otorgó la concesión minera que nos ocupa. En concreto, concluye la Sala con los elementos probatorios allegados a los autos, que el área en la cual se otorgó la concesión que nos ocupa no cumple con las características de bosque y, en consecuencia, en cuanto a ese aspecto no se vislumbra un peligro inminente o daño actual al medio ambiente con el proyecto; de igual forma, en esa área no se han encontrado evidencias de un nivel freático superficial y por lo tanto la extracción de materiales en la misma no representa un perjuicio en ese sentido.
Por otra parte, si bien el estudio hidrogeológico efectuado identifica dos pequeños manantiales en la base del cerro, los describe como de bajo caudal y de carácter estacional, cuya recarga se genera en el parche de bosque secundario que rodea prácticamente toda la base del cerro y que proviene en su totalidad de las aguas de lluvia, de ahí su comportamiento estacional. En consecuencia, tampoco observa la Sala que la extracción de materiales en el tajo dentro del área concesionada pueda representar un peligro ambiental; sin embargo, se estima pertinente acatar las recomendaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en punto a que se debe definir la zona de protección de esos manantiales.
V.Como corolario de lo expuesto se desestima este recurso, por no constatarse la alegada lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se acusa y considerando que con los debidos recaudos técnicos el proyecto cuestionado puede desarrollarse, como se ha indicado previamente, en un vínculo sostenible con la naturaleza. En ese contexto, se estima pertinente enfatizar en que las autoridades recurridas deberán, en el ejercicio de sus competencias, ejercer el debido control sobre la actividad que desarrolle el concesionario, a través de inspecciones que se realizarán en períodos no mayores a tres meses con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, así como de las disposiciones a las que quedó condicionada la concesión, entre ellas la metodología de trabajo aprobada por la Dirección de Geología y Minas, de cuyos informes deberá remitirse copia a los recurrentes en su condición de miembros del Consejo de la Sociedad Civil para la Protección del Medio Ambiente.
Asimismo, deberá la autoridad competente definir un área o anillo de mitigación con el propósito de que no haya o sea mínimo el impacto ambiental que pueda sufrir la zona que rodea el área sobre la cual se aprobó la concesión, que contiene 4 ha 7710,84 m², la cual no podrá ser ampliada ni desplazada en detrimento del derecho al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena además que se acaten las recomendaciones realizadas por el SENARA (folios 102-103), particularmente en cuanto a la conveniencia de definir una zona de protección de los manantiales a los que el informe se refiere y tener sistemas de control de la erosión y drenaje de las aguas superficiales.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Luis Fernando Solano C.
Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. José Miguel Alfaro R.
Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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