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Res. 01788-2004 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/02/2004
OutcomeResultado
The amparo was denied, as no violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment was proven.Se declaró sin lugar el recurso de amparo, al no comprobarse violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed an amparo filed by members of an environmental protection council against the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), and the Directorate of Geology and Mines. The plaintiffs claimed that the mining concession for sand and gravel extraction at the Loma Barrantes pit in Aguas Zarcas harmed the environment because the area was forested and contained water springs. After reviewing the administrative file and additional evidence requested from SENARA and the Technological Institute of Costa Rica, the Chamber concluded that the site did not qualify as a forest under the Forestry Law, there was no shallow water table, and the small springs were seasonal and low-flow. It held that the project could be carried out sustainably if the imposed technical conditions were met. However, it ordered the authorities to exercise strict control through quarterly inspections, define a mitigation ring and a protection zone for the springs, and send reports to the plaintiffs.La Sala Constitucional desestimó un amparo presentado por miembros de un consejo de protección ambiental contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y la Dirección de Geología y Minas. Los recurrentes alegaban que la concesión minera para extraer arena y lastre en el Tajo Loma Barrantes, en Aguas Zarcas, dañaba el ambiente porque el área era boscosa y contenía nacientes de agua. Tras examinar el expediente administrativo y pruebas adicionales solicitadas al SENARA y al Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Sala concluyó que el sitio no calificaba como bosque según la Ley Forestal, no existía un nivel freático superficial y los pequeños manantiales eran estacionales y de bajo caudal. Estimó que el proyecto podía realizarse de manera sostenible si se cumplían las condiciones técnicas impuestas. No obstante, ordenó a las autoridades un estricto control mediante inspecciones trimestrales, definir un anillo de mitigación y una zona de protección de los manantiales, y remitir informes a los recurrentes.
Key excerptExtracto clave
Despite the well-founded fear expressed by the appellants that the mineral exploitation (sand and gravel extraction) in the pit owned by Parcelas Rurales del Campo S.A., located in Aguas Zarcas, Canton de San Carlos, could cause serious damage to the environment, in view of the various technical opinions given in that regard, the Chamber inclines toward dismissing this appeal, considering the sworn statements given by the Minister of Environment and Energy and the Director of Geology and Mines, as well as by the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (with their attendant even criminal consequences), who, relying on administrative file number 2597, which has been examined, maintain that all procedural stages were completed in the process to hear the application for non-metallic mineral exploitation in the aforementioned pit, which implies that the environmental impact assessment was carried out and that it was concluded that, if certain previously defined technical conditions are met, the exploitation of that pit can be carried out in a sustainable relationship with nature. Specifically, the Chamber concludes from the evidentiary elements in the record that the area in which the concession in question was granted does not meet the characteristics of a forest, and therefore, in that regard, no imminent danger or current damage to the environment is foreseen from the project; likewise, no evidence of a shallow water table has been found in that area, and therefore the extraction of materials does not represent a harm in that sense. As a corollary to the foregoing, this appeal is dismissed, as the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is not confirmed, and considering that with the proper technical precautions the project in question can be developed, as previously indicated, in a sustainable relationship with nature.Pese al fundado temor que esgrimen los recurrentes de que la explotación mineral (extracción de arena y lastre) en el tajo propiedad de la sociedad Parcelas Rurales del Campo S.A. ubicado en Aguas Zarcas, Cantón de San Carlos, pueda acarrear un daño grave al medio ambiente, en vista de los diversos criterios técnicos esgrimidos al respecto, la Sala se inclina por desestimar este recurso considerando los informes bajo juramento rendidos por el Ministro del Ambiente y Energía y el Director de Geología y Minas, así como por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (con las consecuencias incluso penales que acarrea), quienes, apoyados en el expediente administrativo número 2597, que se ha tenido a la vista, sostienen que en el trámite para conocer de la solicitud para explotación mineral no metálicos en el tajo de cita se cumplieron todas las etapas procedimentales, lo que implica que se efectuó la evaluación del impacto ambiental que podría generar el proyecto y se concluyó que, cumpliéndose determinadas condiciones técnicas previamente definidas, la explotación de ese tajo puede llevarse a cabo en un vínculo sostenible con la naturaleza. En concreto, concluye la Sala con los elementos probatorios allegados a los autos, que el área en la cual se otorgó la concesión que nos ocupa no cumple con las características de bosque y, en consecuencia, en cuanto a ese aspecto no se vislumbra un peligro inminente o daño actual al medio ambiente con el proyecto; de igual forma, en esa área no se han encontrado evidencias de un nivel freático superficial y por lo tanto la extracción de materiales en la misma no representa un perjuicio en ese sentido. Como corolario de lo expuesto se desestima este recurso, por no constatarse la alegada lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se acusa y considerando que con los debidos recaudos técnicos el proyecto cuestionado puede desarrollarse, como se ha indicado previamente, en un vínculo sostenible con la naturaleza.
Pull quotesCitas destacadas
"El criterio sostenido por este Tribunal Constitucional es que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, implica la posibilidad para el ser humano de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero, a la vez implica el correlativo deber de protegerlo y preservarlo mediante el ejercicio racional y el disfrute útil de ese derecho."
"The criterion upheld by this Constitutional Court is that the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution, implies the possibility for human beings to use the environment for their own development, but, at the same time, it implies the correlative duty to protect and preserve it through rational exercise and useful enjoyment of that right."
Considerando III
"El criterio sostenido por este Tribunal Constitucional es que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, implica la posibilidad para el ser humano de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero, a la vez implica el correlativo deber de protegerlo y preservarlo mediante el ejercicio racional y el disfrute útil de ese derecho."
Considerando III
"Pese al fundado temor que esgrimen los recurrentes de que la explotación mineral (...) pueda acarrear un daño grave al medio ambiente, en vista de los diversos criterios técnicos esgrimidos al respecto, la Sala se inclina por desestimar este recurso considerando los informes bajo juramento rendidos por el Ministro del Ambiente y Energía y el Director de Geología y Minas, así como por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (...) quienes, apoyados en el expediente administrativo número 2597, que se ha tenido a la vista, sostienen que en el trámite para conocer de la solicitud para explotación mineral no metálicos en el tajo de cita se cumplieron todas las etapas procedimentales."
"Despite the well-founded fear expressed by the appellants that the mineral exploitation (...) could cause serious damage to the environment, in view of the various technical opinions given in that regard, the Chamber inclines toward dismissing this appeal, considering the sworn statements given by the Minister of Environment and Energy and the Director of Geology and Mines, as well as by the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (...) who, relying on administrative file number 2597, which has been examined, maintain that all procedural stages were completed in the process to hear the application for non-metallic mineral exploitation in the aforementioned pit."
Considerando IV
"Pese al fundado temor que esgrimen los recurrentes de que la explotación mineral (...) pueda acarrear un daño grave al medio ambiente, en vista de los diversos criterios técnicos esgrimidos al respecto, la Sala se inclina por desestimar este recurso considerando los informes bajo juramento rendidos por el Ministro del Ambiente y Energía y el Director de Geología y Minas, así como por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (...) quienes, apoyados en el expediente administrativo número 2597, que se ha tenido a la vista, sostienen que en el trámite para conocer de la solicitud para explotación mineral no metálicos en el tajo de cita se cumplieron todas las etapas procedimentales."
Considerando IV
"Se estima pertinente enfatizar en que las autoridades recurridas deberán, en el ejercicio de sus competencias, ejercer el debido control sobre la actividad que desarrolle el concesionario, a través de inspecciones que se realizarán en períodos no mayores a tres meses con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, así como de las disposiciones a las que quedó condicionada la concesión."
"It is deemed pertinent to emphasize that the respondent authorities must, in the exercise of their powers, exercise due control over the activity carried out by the concessionaire, through inspections to be conducted at intervals not exceeding three months in order to verify compliance with the legal and regulatory provisions governing the matter, as well as with the conditions to which the concession was subject."
Considerando V
"Se estima pertinente enfatizar en que las autoridades recurridas deberán, en el ejercicio de sus competencias, ejercer el debido control sobre la actividad que desarrolle el concesionario, a través de inspecciones que se realizarán en períodos no mayores a tres meses con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, así como de las disposiciones a las que quedó condicionada la concesión."
Considerando V
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**Sala Constitucional** **Resolution No. 01788 - 2004** **Date of Resolution:** February 20, 2004 at 08:59 **Case File:** 03-006761-0007-CO **Drafted by:** Adrián Vargas Benavides **Type of Matter:** Amparo Action **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Content of Interest:** **Type of Content:** Majority Vote **Branch of Law:** EARLIER TOPICS **Topic:** Right to a healthy and ecologically balanced environment **Subtopics:** Non-existence of violation of the alleged right because it was not demonstrated that the operation of the indicated quarry affects any aquifer.
**Topic:** Ministry of Environment and Energy **Subtopics:** Operation of quarry does not affect the environment.
**Topic:** Public Administration **Subtopics:** Obligation to ensure that the work carried out in the authorized quarry has the minimum environmental impact.
Despite the well-founded fear expressed by the petitioners that the mineral exploitation (extraction of sand and ballast) in the quarry owned by the company Parcelas Rurales del Campo S.A., located in Aguas Zarcas, Canton of San Carlos, could cause serious damage to the environment, in view of the various technical criteria put forward in this regard, the Chamber is inclined to dismiss this action considering the sworn reports rendered by the Minister of Environment and Energy and the Director of Geology and Mines, as well as by the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (with the even criminal consequences that this entails), who, supported by administrative file number 2597, which has been examined, maintain that in the proceeding to hear the application for non-metallic mineral exploitation in the cited quarry, all procedural stages were completed, which implies that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) that the project could generate was carried out and it was concluded that, by fulfilling certain previously defined technical conditions, the exploitation of that quarry can be carried out in a sustainable relationship with nature. The Chamber also resorted, for the correct resolution of this matter, to evidence for a better ruling that it requested both from the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) and from the Forestry Engineering School of the Costa Rica Institute of Technology, whose reports are congruent in their core with the "Diagnosis of the Hydrogeological Conditions of the Loma Barrantes Quarry and its Surroundings" issued by Geologist Jorge Bonilla Morales and with the Certificate issued by Eng. Javier Ramírez Azofeifa (Forest Regent), as it pertains to the existence of forests and springs (nacientes) of water for human consumption in the area where the mining concession in question was granted. Specifically, the Chamber concludes from the evidentiary elements brought to the record that the area in which the concession in question was granted does not meet the characteristics of a forest and, consequently, regarding that aspect, no imminent danger or current damage to the environment is foreseen from the project; likewise, no evidence of a shallow water table has been found in that area and therefore the extraction of materials therein does not represent a detriment in that sense. On the other hand, although the hydrogeological study carried out identifies two small springs at the base of the hill, it describes them as having low flow and being seasonal in nature, whose recharge is generated in the patch of secondary forest that practically surrounds the entire base of the hill and which comes entirely from rainwater, hence their seasonal behavior. Consequently, the Chamber does not observe that the extraction of materials in the quarry within the concession area could represent an environmental danger; however, it is deemed pertinent to comply with the recommendations made by the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (SENARA), in that a protection zone for these springs must be defined.
As a corollary of the foregoing, this action is dismissed, because the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment that is claimed is not verified and considering that, with the proper technical precautions, the questioned project can be developed, as previously indicated, in a sustainable relationship with nature. In this context, it is deemed pertinent to emphasize that the respondent authorities must, in the exercise of their powers, exercise due control over the activity carried out by the concessionaire, through inspections to be carried out in periods of no more than three months in order to verify compliance with the legal and regulatory provisions governing the matter, as well as the provisions to which the concession was conditioned, among them the work methodology approved by the Directorate of Geology and Mines, copies of whose reports must be sent to the petitioners in their capacity as members of the Civil Society Council for Environmental Protection. Likewise, the competent authority must define a mitigation area or ring with the purpose of ensuring that there is no, or that there is minimal, environmental impact that the area surrounding the area on which the concession was approved, which contains 4 ha 7710.84 m², may suffer, which may not be expanded or displaced to the detriment of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is further ordered that the recommendations made by SENARA (folios 102-103) be followed, particularly regarding the advisability of defining a protection zone for the springs referred to in the report and having systems for erosion control and surface water drainage.
**... See more** **Text of the Resolution** **Exp: 03-006761-0007-CO** **Res: 2004-01788** **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at eight hours and fifty-nine minutes of February twenty, two thousand four.- Amparo action filed by Nombre106668 and Nombre120402, both members of the Civil Society Council for Environmental Protection of Ciudad Quesada, against the Minister of Environment and Energy, the National Environmental Technical Secretariat, and the Directorate of Geology and Mines.
**Findings of Fact:** 1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:12 a.m. on June 23, 2003 (folio 1), the petitioners file an amparo action against the National Environmental Technical Secretariat and the Directorate of Geology and Mines and state that they are members of the Civil Society Council for Environmental Protection, therefore claiming that the respondents approved the operation of a quarry on a property owned by Rodolfo Barrantes, on which there is a forested area and three springs of water for human consumption (in mining administrative file 2597). They indicate that this was done despite the fact that Eng. Fernández of SETENA, in his field report, noted – regarding the site in question – that the "area to be exploited is covered with forest, the project would cause a high negative visual environmental impact, there is in the area to be exploited a great diversity of flora and fauna species, within the area there are 3 permanent water springs used for human consumption and as watering holes for livestock, so the project would affect the aquifer recharge zones and water quality." They add that even the owner of the property himself presented a study issued by Forestry Engineer Ricardo Zúñiga, indicating that the site is a secondary forest. They argue that for this reason, SETENA denied the project in the first plenary session, because it was not technically viable, but the quarry owner appealed and presented another certification signed by Eng. Javier Ramírez indicating that the area is not a forest but rather a wooded pastureland, this in open contradiction with the reports of Eng. Fernández and Zúñiga. Thus, despite the indicated contradiction, SETENA accepted the environmental impact study and approved it, despite the existence of other technical reports indicating that there was forest on the land. In the case of the Directorate of Geology and Mines, they state that it sent forestry engineer Edgar Sandí to assess the site in question, who also determined that there was forest and that the project did not meet the technical environmental conditions for its approval; however, geologist Sofía Huapaya, an official of the Directorate of Geology and Mines, aware of the professional report of Eng. Edgar Sandí Chaves as well as the condition of the permanent and forest-type vegetative cover, recommended the exploitation of the quarry. They add that the Sub-Director of Geology and Mines, Lic. Marlene Salazar, issued a criterion in this regard without taking into account the warnings of Forestry Eng. Edgar Sandí, who in his field report did not endorse – under any circumstances – said exploitation, because the project was not technically viable. They maintain that there also exists the criterion of the agricultural engineer from the Ministry of Agriculture and Livestock, who, upon classifying the current land use, as well as its potential use, determined that the current use is secondary forest. Thus, in addition to the evident lack of coordination between SETENA and the Directorate General of Geology and Mines, which approved the quarry's operation separately, what they claim is that the exploitation of a quarry was authorized despite the technical reports issued by all the experts who carried out field studies being congruent and consistent in determining that they were in the presence of forest, that there were water springs for human consumption, and that the project was not viable. They affirm that the cited project implies a land-use change (cambio de uso del suelo) and the cutting of trees in a protection zone, such as aquifer recharge sites and springs within a radius of one hundred meters measured horizontally, in violation of articles 19, 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal). Furthermore, they adduce that at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992, the State of Costa Rica committed to the protection of natural ecosystems and habitats, to the recovery and restoration of degraded ecosystems and to promote the recovery of threatened species, to incorporate the review of the conservation and sustainable use of biological resources into the decision-making process, and to establish appropriate procedures requiring an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of proposed projects that may have significant negative effects on biological diversity, but such commitments have been violated in the present case, to the detriment of their right to a healthy and ecologically balanced environment. They request that the Chamber order the immediate closure of said exploitation, as well as punishment for the irresponsibility of the reported officials.
2.- Carlos Manuel Rodríguez Echandi and José Francisco Castro Muñoz, in their capacity as Minister of Environment and Energy and Director of Geology and Mines, respectively, report under oath that prior to addressing the merits of the matter, they must clarify that the application was submitted before the entry into force of Executive Decree No. 29300-MINAE (Regulation to the Mining Code), which is why the environmental impact study was subsequent to the granting of the concession, as provided for by the regulations in force at that time. They report that the application was submitted on January 26, 2000, by the company Parcelas Rurales del Campo S.A., represented by Rodolfo Barrantes Rodríguez; likewise, that by official letter DGM/TOP 76-2000 of March 9, 2000, the surveyor located the area and indicated that the map was correct, and by official letter DGM/RNM 90-2000 of January 27, 2000, the prior EIA was requested from SETENA. They add that by resolution 186-2000 SETENA of February 29, 2000, that Secretariat considered that the project was not environmentally viable, and in Resolution No. 500 of 12:50 p.m. on April 13, 2000, the Directorate of Geology and Mines rejected the submitted application, based on Resolution 186-2000 SETENA. On May 9, 2000, the representative of the company Parcelas Rurales del Campo filed a motion for reversal (recurso de revocatoria) against Resolution No. 500, alleging that a motion for reversal had been filed before SETENA against Resolution 186-2000, which is why, in official letter DGM/RNM 384-2000 of May 10, a criterion was requested from SETENA to resolve the motion for reversal. By official letter SG 777-00 of August 4, 2000, SETENA issued a criterion supporting Resolution No. 186-2000; on the other hand, in the unnumbered official letter of November 21, 2000, Eng. Francisco Fernández, an official of SETENA, recommended to Lic. Anabelle García that the processing of the application be continued, based on the fax received from the company's forest regent, Eng. Javier Ramírez Azofeifa, in which he certified that the area under study is not a forest. Subsequently, by official letter SG-1488-2000 of December 13, 2000, the Secretary of SETENA informed the then Vice-Minister that, based on the report of Eng. Francisco Fernández, an environmental impact assessment could be requested from the developer, which would be assessed by the Plenary Commission, and on July 10, 2001, the project designer's geologist, Dr. Jorge Laguna, reported that he had submitted the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental). They continue by indicating that by official letter SP-892-2001 of November 5, 2001, the Chief of the Pital Subregion of the Arenal Huetar Norte Conservation Area referred to Nombre120403 an analysis of the area, indicating that it does not correspond to a forest. Hence, by an unnumbered official letter from Eng. Francisco Fernández addressed to Licda. Anabelle García, legal advisor of SETENA, it was indicated that given the certification referred to by Eng. Javier Azofeifa, the area under study is not a forest, so he recommended that the processing of the application be continued and the FETER was attached so that the environmental impact assessment could be submitted. By official letter DGM/SD 014-2002 of January 14, 2002, the Sub-Director of Geology and Mines analyzed the file and concluded that it should be SETENA, the body that, through the evaluation of the Environmental Impact Assessment, determined whether or not there is a forest in the area and whether or not the exploitation of a quarry on the site is environmentally viable, indicating that in the meantime the processing of the file should be continued. It was thus, in accordance with the official letter cited above, that the Directorate's own procedures were continued until SETENA pronounced itself, and on April 3, 2000, by official letter DGM/DC 373-2000, geologist José Luis Sibaja reviewed the exploitation program and approved it, with the field inspection remaining pending. By official letter DGM/DC 1503-2000 of December 22, 2000, Sofía Huapaya approved the Exploitation Program in its entirety and by official letter DMG-DC 130-2002 of February 18, 2002, also issued the technical recommendations for granting the concession. They continue reporting that the administrative file contains official letter SM-1071-2000 of July 12, 2000, where the Municipality of San Carlos sent SETENA an official letter supporting the concession application; likewise, the municipal entity proceeded by official letter 1073 of July 14, 2000, addressed to the Directorate of Geology and Mines, supporting the project. The reporting authority indicates that given that the recommendation resolution sent by the Directorate to the Minister, and the resolution signed by the Minister granting the concession title is based on the viability that SETENA gave to the project, it is necessary to clarify what happened as recorded in the administrative file from the moment the representative of the applicant company filed the motion for reversal before SETENA. In this vein, it clarifies that by Resolution 208 of April 22, 2002, the motion for reversal filed against Resolution 500 issued by the Directorate of Geology and Mines was resolved, declared granted based on the fact that SETENA had granted environmental viability to the project after having required the Environmental Impact Assessment. This Assessment was approved by Resolution No. 401-2002-SETENA of June 13, 2002, and by official letter SG-1104-2002 of July 10, 2002, SETENA granted it environmental viability. On the other hand, they add, as indicated by the Regulation to the Mining Code, by official letter DGM/RNM 486-2001 of August 14, 2002, the file was referred to the MAG, and by official letter DESET 680-01 of September 14, 2001, the MAG indicated that the current land use is secondary forest, that they are not lands of agricultural vocation. They add that by official letter DGM/RNM 600-2001 of September 28, 2001, an inspection was requested from the Forestry Engineer of the Directorate of Geology and Mines, Edgar Sandí, based on what the MAG indicated, that is, that it is secondary forest, and on October 8, by official letter DGM/DC 1000-01, Mr. Sandí issued the inspection report indicating that adjacent to the quarry area there is forest; on the other hand, the corresponding edicts were published in La Gaceta of February 21 and 25, 2002, and there were no oppositions. It also states that given the environmental viability issued by SETENA, by official letter DGM/RNM 190-2002 of April 2, 2002, the granting recommendation was sent to the Minister, and by Resolution 228-2002 of MINAE of April 24, 2002, the concession was granted for a term of 25 years, without authorizing the use of explosives or crusher, and on May 20, 2002, the registration of the title with the Mining Registry was requested. They further report that "as of the date, the file is lagging in terms of compliance with the obligations of payment of surface rents, submission of work reports, municipal permit, demonstration of environmental guarantee, demarcation, obligations that, in accordance with article 67 of the Mining Code, will be subject to a preliminary warning." Finally, they consider that from the analysis of the file, no irregularity in the process by officials, either of the Minister's Office or the Directorate of Geology and Mines, is demonstrated, because the procedural stages were completed in accordance with the provisions of the legislation. They request that the filed action be dismissed and the file be archived.
3.- Eduardo Madrigal Castro, in his capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (folio 25), reports under oath that on January 26, 2000, an application for non-metallic mineral exploitation, specifically the extraction of sand and ballast in a quarry located on a property owned by the corporation (sic), located at Dirección9670, canton of San Carlos, Alajuela province, on the Hacienda La Josefina, was submitted to the D.G.M., to which No. 2597-R.N.M. was assigned. By note DGM-RNM-90-200 of February 1, 2000, the mining file was sent to SETENA for the review of the full Assessment and for what was resolved to be communicated to the National Mining Registry. On February 18, 2000, an inspection was carried out at the proposed site and the corresponding field inspection form was issued, from which it is evident that the requested area has a vegetation cover composed of forest, with which, according to article 19 of the Forestry Law: land-use change is not permitted; the area is covered with forest; the area in question presents a unique scenic beauty so that if the requested activity is carried out, the negative environmental impact will produce ...". Said site report determined that the project is not environmentally viable. He continues reporting that by Resolution 186-2000 SETENA at 10:05 a.m. on February 29, 2000, the plenary commission in session 009-2000 of February 29, in its article 15 agreed to communicate to the Directorate of DGM and the Mining Registry that the activity is not environmentally viable because it has a vegetation cover composed of forest. Said decision was communicated to the D.G.M on April 13, 2000, and on May 4, 2000, a note was received addressed to Lic. Ivan Vicente (sic), in his capacity as Vice Minister, from congressman Rigoberto Abarca Rojas, in which it was requested that the petition of Parcelas del Campo be taken into account for the approval of the Quarry, in addition indicating that said quarry is of vital importance for the development of the District of Aguas Zarcas and that the Hacienda La Josefina will donate land to be able to build the Shelter for the Elderly. Subsequently, on May 8, a note was issued by Lic. José Francisco Castro, Director of the Directorate of Geology and Mines, in which the Vice-Minister was informed that they were going to proceed to archive and release the area, since the company Parcelas del Campo S.A. had not carried out any action for the resolution to be revoked before SETENA. (folio 25); on May 10, 2000, by UEA-280-2000, Eng. Francisco Fernández of the Environmental Impact Assessment Process of SETENA addressed a note to Lic. Alexander Fernández, Secretary General SETENA, in which he proceeded to indicate the observations detected in said project, concluding that it is not environmentally viable (folio 27-28). By official letter SG-478-2000 - SETENA of May 11, the Secretary General replied to the Vice-Minister forwarding the inspection reports, additionally attaching the project rejection resolution. (folios 30-34), and on the following May 12, by note DVM-053-2000, a response was sent to Congressman Rigoberto Abarca regarding mining file 2597, called the TAJO Parcelas Rurales del Campo S.A. project (folio 35). On the other hand, on June 22, 2000, a report was received from the Municipality of San Carlos, which carried out an inspection of the proposed project site and from which it is concluded that they will give their support, provided it meets the established legal requirements (see folio 37-39.). By note of June 12, 2000, a report was forwarded by Eng. Francisco Fernández, addressed to the Legal Department of SETENA, in which he indicated within his conclusions that the interested party was requested to submit a certification signed by a forest regent duly registered with the College of Agricultural Engineers, certifying that the area in question qualifies or not as a forest (folio 47-49.) In this regard, a note was received from Eng. Ricardo Zúñiga Zamora, forest and environmental regent, in which he made a clear differentiation of what Primary and Secondary Forest is, concluding in the same report that given the current conditions of the cover, it was determined that the surface where the project for a quarry for the extraction of materials is intended to be carried out does NOT correspond to intervened primary forest nor to secondary forest (folios 51-52). On July 28, 2000, Memorandum DGC-RNM-586-2000 was received, so that they could resolve on file 2597 and thus they could resolve the motion for reversal filed against Resolution No. 500-2000 of the DGM. (Folio 063). On August 1st, a note was received from the Municipality of San Carlos, in which it indicated that it was in favor of the approval of the quarry (folio 067). On November 14, 2000, a note was received from Eng. Javier Ramírez Azofeifa, professional license No. 2299, in which he presented a sketch of the proposed site for the quarry and indicated that it is true that there is forest but that the proposed site does NOT meet the definition and conditions stipulated in Law 7575 of April 16, 1996 (folio 075). On November 21, 2000, Eng. Francisco Fernández recommended authorizing the continuation of the process by the interested party, for which he had to submit an EsIA that contemplated the points requested in the FETER, this because different criteria were issued from which it was concluded that the area proposed to develop the quarry project is NOT a forest. (folio 082.) On December 12, 2000, Memorandum DGM-RNM 974-2000 was received, in which the certification of the forest regents was sent so that SETENA could pronounce itself in order to resolve the motion for reversal filed by the project developer (folio 113), and on January 25, 2001, the Legal Department of SETENA in official letter AJ-O98-2001 SETENA asked Eng. Francisco Fernández to expand his criterion regarding the inspection of the quarry project, to process the motion for reversal filed by them (see folio 153). On March 23, 2001, the draft resolution was sent to the Plenary Commission to hear the motion for reversal with subsidiary appeal, filed by the company Parcelas Rurales del Campo S.A. (folios 155-158), and by official letter No. 722-2001 SP, a report carried out by all the agencies involved in this case was sent to the Office of the Ombudsman, in order to respond to the complaint filed on September 12, 2001 against the quarry project (folio 163). On October 24, 2001, the Subregion of the San Carlos Conservation Area indicated that it did NOT authorize the cutting of trees, "since where it was intended to install the QUARRY IS FOREST", said official letter was received at SETENA on October 26, 2001 (folio 171). On October 8, 2001, a complete report was issued by Eng. Edgar Sandí, Forestry Engineer and official of the Directorat~~ion~~e of Geology, in which he made a detailed report of all the biodiversity, flora and fauna of the project presented for the exploitation of materials, as well as a series of recommendations, also with the criterion that it is FOREST (folio 179). On November 16, 2001, a report was received from the Chief of the San Carlos Conservation Area, Mr. Oldemar Corrales, where he indicates that the proposed project is NOT feasible because it is a forest and in accordance with article 19 of the Forestry Law, land-use change is not permitted (folio 181-182). The respondent authority indicates that from folio 200 to 204 is the Complaint filed with the Public Prosecutor's Office, as well as the information provided by the O.I.J. and the corresponding reports, in addition, a note from the Department of Soils and Land Evaluation in which they state that it is not secondary forest (folio 206). He continues reporting that on March 12, 2002, Resolution No. 199-2002-SETENA was issued, in which a Motion for Reversal with Subsidiary Appeal was heard against Resolution No. 186-2000, by which the project had been rejected for not being environmentally viable. In said appealed resolution, it was decided to request Mr. Rodolfo Barrantes to submit a service contract of a Forestry Engineer accredited by SETENA, so that he could present a forest inventory, and another series of documents necessary to resolve. In addition to this, the review of the Environmental Impact Assessment submitted on August 16, 2001, was suspended (folios 223-226). On March 19, a motion for reversal was filed against the resolution that ordered the suspension of the review of the Environmental Impact Assessment (folio 227-230), and on February 1, 2002, a fax was received from the Pital Conservation Area, requesting a joint inspection with officials from SETENA and GEOLOGIA to review the project area (folio 234-236). On April 1, 2002, Licenciada Tatiana Cruz requested a technical criterion in order to resolve the motion for reversal against Resolution No. 199-2002 of March 12 (folio 241.) On February 18, 2002, Licda. Sofía Huapaya, of the Directorate of Geology and Mines, issued a memorandum DGM-DC 130-2002, where she recommended to the mining registry that said project be approved (Folio 242-243); likewise, on April 10, 2002, Eng. Sonia Espinoza, of SETENA, sent technical observations on the quarry project, stating her consent for its approval (Folio 246). By PREIA 174-01 of April 29, 2002, it was recommended to approve the environmental impact assessment. (folios 247-249), and by Resolution No. 379-2002- SETENA of May 12, the motion for reversal against Resolution 199-2002 SETENA was granted, by means of which it was resolved in favor of the appellant, revoking the resolution in question in all its aspects and indicating that they will proceed to continue with the evaluation process of the EsIA. (253-256). By Resolution No. 401-2002-SETENA of June 13, 2002, the Plenary Commission in its ordinary session No. 22-2002 of May 27, agreed to APPROVE THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT, but with the obligation to comply with a series of requirements, including the Sworn Declaration of Environmental Commitments, deposit of the guarantee amount, logbook, etc. etc. (folio 250-252). On July 1, 2002, the documents requested in the resolution approving the environmental impact assessment were received at SETENA, such as the sworn declaration and the deposit of the guarantee amount and the appointment of the environmental regent. (Folio 262); in addition, on July 10, 2002, ENVIRONMENTAL VIABILITY WAS GRANTED to the TAJO LOMAS DE BARRANTES project, by SG-1104-2002-SETENA, opening the environmental management phase (folio 274). Finally, the respondent indicates that on August 21, 2002, a note was received from the Auxiliary Prosecutor's Office of San Carlos requesting information about the Lomas de Barrantes Quarry and whether any inspection was carried out, as well as the parameters used for secondary forest zones. This note was responded to by official letter SG. 1536-2002.
(f-273-275). It requests that the appeal be dismissed with respect to SETENA, considering that it has acted in accordance with the Law throughout the entire processing of the referenced case file and relying on the truthfulness of the information requested from the project proponent to obtain the environmental viability declaration.
4.- At folio 82, Engineer Rodolfo Barrantes Rodríguez requests that the technical report “Diagnóstico de las Condiciones Hidrogeológicas del Tajo Loma Barrantes y sus alrededores” be incorporated as evidence for a better resolution, which was requested by the Dirección General de Geología y Minas, and which has now been submitted within mining case file number 2597, which is the subject of the filed appeal.
5.- The Acting General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) responds to the granted hearing, stating the following: that the mining concession is developed on pyroclastic materials, in a cone structure that develops a drainage system in all directions, and also develops sub-surface and underground flows in the same directions; that the recharge of these flows is local and is located in the same structure (pyroclastic cone); that at the base of the cone, as a response to the topographic change, water emerges forming some low-flow springs; that according to the SENARA National Well Database and spring records, no water sources are found to be concessioned by MINAE. It also recommends that the protection zone for the springs be defined, as established by the Ley Forestal, considering that they are low-flow springs that are fed by the recharge of local flows in the same structure, and that the interested party carry out a hydrogeological assessment in order to have additional information. It concludes that sub-surface flows are located in the pyroclastic cone, which are fed by the high rainfall in the area and emerge at the base of the cone, and that any project carried out must ensure local recharge near the springs (nacientes), as well as have erosion control and surface water drainage systems. (Folios 102-103) 6.- The appellant reiterates his request that this appeal be granted and that an administrative file be opened against the respondents. (Folios 105-106).
7.- By official communication Rectoría 449-03 of October 13, 2003, the Rector of the Instituto Tecnológico de Costa Rica responds to the hearing granted by the Instructor Justice, and attaches the expert report requested as evidence for a better resolution. (Folios 117 to 127) 8.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Justice Vargas Benavides; and,
Considering:
I.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:
II.- Purpose of the appeal. The appellants accuse the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Dirección de Geología y Minas of violating the right to a healthy and ecologically balanced environment by granting the mining concession for exploitation of a pit in favor of Parcelas Rurales del Campo, despite the fact that the technical reports issued by experts who carried out field studies were consistent and congruous in determining the presence of forest, that there were water springs for human consumption, and that the project was not environmentally viable.
III.- Right to a healthy and ecologically balanced environment. The criteria upheld by this Constitutional Chamber is that the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution, implies the possibility for the human being to use the environment for their own development, but at the same time implies the correlative duty to protect and preserve it through the rational exercise and useful enjoyment of that right. The constitutional norm establishes the obligation for the State to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment, so it has the duty to halt continuous environmental degradation with measures aimed at mitigating the negative effects of economic and social development, as well as to ensure the existence of a sustainable link between the human being and nature, ensuring –among other things– that the use of natural resources does not exceed their capacity for replacement. When referring to the State in this matter, reference is not made only to organs such as the Ministerio del Ambiente y Energía, but also to the Ministry of Health, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Instituto Costarricense de Electricidad, and the different municipalities regarding their respective territorial jurisdictions, among other State entities and organs; however, it is clear that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental was created by the legislator, as an organ of maximum deconcentration of the Ministerio del Ambiente y Energía, with the fundamental purpose of harmonizing environmental impact with production processes. To this end, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of October 4, 1996, literally states:
“ARTICLE 17.- Evaluación de impacto ambiental Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created in this law. Its prior approval, by this entity, will be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment.
IV.- Specific case. Despite the well-founded fear argued by the appellants that the mineral exploitation (extraction of sand and ballast) in the pit owned by the company Parcelas Rurales del Campo S.A., located in Aguas Zarcas, Canton of San Carlos, may cause serious damage to the environment, in view of the various technical criteria raised in this regard, the Chamber is inclined to dismiss this appeal, considering the sworn statements provided by the Minister of Ambiente y Energía and the Director of Geología y Minas, as well as by the Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (with the even criminal consequences this entails), who, supported by administrative case file number 2597, which has been examined, maintain that in the process to consider the request for non-metallic mineral exploitation in the cited pit, all procedural stages were completed, which implies that the assessment of the environmental impact that the project could generate was carried out, and it was concluded that, subject to certain previously defined technical conditions, the exploitation of that pit can be carried out in a sustainable link with nature. The Chamber also resorted, for the correct resolution of this matter, to evidence for a better resolution requested from both the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) and the Escuela de Ingeniería Forestal of the Instituto Tecnológico de Costa Rica, whose reports are consistent at their core with the “Diagnóstico de las Condiciones Hidrogeológicas del Tajo Loma Barrantes y sus alrededores” issued by Geologist Jorge Bonilla Morales and with the Certificate issued by Engineer Javier Ramírez Azofeifa (Regente Forestal), concerning the existence of forests and water springs for human consumption in the area where the mining concession in question was granted. Specifically, the Chamber concludes, with the evidentiary elements brought to the case file, that the area in which the concession at issue was granted does not meet the characteristics of forest and, consequently, with respect to that aspect, no imminent danger or current damage to the environment is foreseen from the project; likewise, no evidence of a superficial water table has been found in that area, and therefore the extraction of materials there does not represent a detriment in that sense. On the other hand, although the hydrogeological study carried out identifies two small springs at the base of the hill, it describes them as low-flow and seasonal, whose recharge is generated in the secondary forest patch that practically surrounds the entire base of the hill and which originates entirely from rainwater, hence their seasonal behavior. Consequently, the Chamber also does not observe that the extraction of materials in the pit within the concessioned area may represent an environmental danger; however, it is deemed pertinent to comply with the recommendations made by the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), regarding the point that the protection zone for those springs must be defined.
V.- As a corollary to the foregoing, this appeal is dismissed, because the alleged injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment that is claimed is not verified, and considering that, with the due technical precautions, the questioned project can be developed, as previously indicated, in a sustainable link with nature. In this context, it is deemed pertinent to emphasize that the respondent authorities must, in the exercise of their competencies, exercise due control over the activity carried out by the concessionaire, through inspections to be carried out at intervals not exceeding three months to verify compliance with the legal and regulatory provisions governing the matter, as well as the provisions to which the concession was conditioned, including the work methodology approved by the Dirección de Geología y Minas, the reports of which must be sent in copy to the appellants in their capacity as members of the Consejo de la Sociedad Civil para la Protección del Medio Ambiente. Likewise, the competent authority must define a mitigation area or ring with the purpose of ensuring no or minimal environmental impact may affect the zone surrounding the area on which the concession was approved, which contains 4 ha 7710.84 m², which may not be expanded or displaced to the detriment of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is also ordered that the recommendations made by SENARA (folios 102-103) be complied with, particularly regarding the advisability of defining a protection zone for the springs referred to in the report and having erosion control and surface water drainage systems.
Therefore:
The appeal is dismissed.
Luis Fernando Solano C.
Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. José Miguel Alfaro R.
Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas:
Inexistencia de violación del derecho alegado por no haberse demostrado que el funcionamiento del tajo indicado afecte manto acuífero alguno.
Tema: Ministerio de Ambiente y Energía Subtemas:
Funcionamiento de tajo no afecta medio ambiente.
Tema: Administración pública Subtemas:
Obligación de velar por que los trabajos realizados en el tajo autorizado tenga el mínimo de impacto ambiental.
Pese al fundado temor que esgrimen los recurrentes de que la explotación mineral (extracción de arena y lastre) en el tajo propiedad de la sociedad Parcelas Rurales del Campo S.A. ubicado en Aguas Zarcas, Cantón de San Carlos, pueda acarrear un daño grave al medio ambiente, en vista de los diversos criterios técnicos esgrimidos al respecto, la Sala se inclina por desestimar este recurso considerando los informes bajo juramento rendidos por el Ministro del Ambiente y Energía y el Director de Geología y Minas, así como por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (con las consecuencias incluso penales que acarrea), quienes, apoyados en el expediente administrativo número 2597, que se ha tenido a la vista, sostienen que en el trámite para conocer de la solicitud para explotación mineral no metálicos en el tajo de cita se cumplieron todas las etapas procedimentales, lo que implica que se efectuó la evaluación del impacto ambiental que podría generar el proyecto y se concluyó que, cumpliéndose determinadas condiciones técnicas previamente definidas, la explotación de ese tajo puede llevarse a cabo en un vínculo sostenible con la naturaleza. Recurrió la Sala, además, para la correcta resolución de este asunto, a prueba para mejor resolver que solicitó tanto al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), como a la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuyos informes son congruentes en lo medular con el “Diagnóstico de las Condiciones Hidrogeológicas del Tajo Loma Barrantes y sus alrededores” emitido por el Geólogo Jorge Bonilla Morales y con el Certificado emitido por el Ing. Javier Ramírez Azofeifa (Regente Forestal), en lo que atañe a la existencia de bosques y nacientes de aguas para consumo humano en la zona en la que se otorgó la concesión minera que nos ocupa. En concreto, concluye la Sala con los elementos probatorios allegados a los autos, que el área en la cual se otorgó la concesión que nos ocupa no cumple con las características de bosque y, en consecuencia, en cuanto a ese aspecto no se vislumbra un peligro inminente o daño actual al medio ambiente con el proyecto; de igual forma, en esa área no se han encontrado evidencias de un nivel freático superficial y por lo tanto la extracción de materiales en la misma no representa un perjuicio en ese sentido. Por otra parte, si bien el estudio hidrogeológico efectuado identifica dos pequeños manantiales en la base del cerro, los describe como de bajo caudal y de carácter estacional, cuya recarga se genera en el parche de bosque secundario que rodea prácticamente toda la base del cerro y que proviene en su totalidad de las aguas de lluvia, de ahí su comportamiento estacional. En consecuencia, tampoco observa la Sala que la extracción de materiales en el tajo dentro del área concesionada pueda representar un peligro ambiental; sin embargo, se estima pertinente acatar las recomendaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en punto a que se debe definir la zona de protección de esos manantiales.
Como corolario de lo expuesto se desestima este recurso, por no constatarse la alegada lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se acusa y considerando que con los debidos recaudos técnicos el proyecto cuestionado puede desarrollarse, como se ha indicado previamente, en un vínculo sostenible con la naturaleza. En ese contexto, se estima pertinente enfatizar en que las autoridades recurridas deberán, en el ejercicio de sus competencias, ejercer el debido control sobre la actividad que desarrolle el concesionario, a través de inspecciones que se realizarán en períodos no mayores a tres meses con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, así como de las disposiciones a las que quedó condicionada la concesión, entre ellas la metodología de trabajo aprobada por la Dirección de Geología y Minas, de cuyos informes deberá remitirse copia a los recurrentes en su condición de miembros del Consejo de la Sociedad Civil para la Protección del Medio Ambiente. Asimismo, deberá la autoridad competente definir un área o anillo de mitigación con el propósito de que no haya o sea mínimo el impacto ambiental que pueda sufrir la zona que rodea el área sobre la cual se aprobó la concesión, que contiene 4 ha 7710,84 m², la cual no podrá ser ampliada ni desplazada en detrimento del derecho al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena además que se acaten las recomendaciones realizadas por el SENARA (folios 102-103), particularmente en cuanto a la conveniencia de definir una zona de protección de los manantiales a los que el informe se refiere y tener sistemas de control de la erosión y drenaje de las aguas superficiales.
... Ver más Res: 2004-01788 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del veinte de febrero del dos mil cuatro.- Recurso de amparo interpuesto por Nombre106668 y Nombre120402, ambos miembros del Consejo de la Sociedad Civil para la Protección del Medio Ambiente de Ciudad Quesada, contra el Ministro de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección de Geología y Minas.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:12 horas del 23 de junio de 2003 (folio 1), los recurrentes interponen recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección de Geología y Minas y manifiestan que son miembros del Consejo de la Sociedad Civil para la Protección del Medio Ambiente, por lo que acusan que los recurridos aprobaron el funcionamiento de un tajo en una finca propiedad de Rodolfo Barrantes, en la que existe zona boscosa y tres nacientes de agua para consumo humano (en expediente administrativo minero 2597). Indican que se procedió así pese a que el Ing. Fernández de la SETENA, en su informe de campo señaló –respecto del sitio en cuestión- que la "zona a explotar está cubierta de bosque, el proyecto provocaría un alto impacto ambiental visual negativo, existe en la zona a explotar una gran diversidad de especies de flora y fauna, dentro del área existe 3 nacientes permanentes de agua usados para consumo humano y como abrevaderos para ganado, por lo que el proyecto afectaría las zonas de recarga acuífera y la calidad del agua". Añaden que incluso el mismo propietario de la finca presentó estudio emitido por el Ingeniero Forestal Ricardo Zúñiga, en que se indica que el sitio es un bosque secundario. Argumentan que en razón de lo anterior la SETENA denegó en la primera plenaria el proyecto, por no ser técnicamente viable, pero el propietario del tajo apeló y presentó otra certificación firmada por el Ing. Javier Ramírez indicando que el área no es bosque sino más bien un potrero arbolado, esto en abierta contradicción con los informes de los Ing. Fernández y Zúñiga. Fue así como a pesar de la contradicción señalada, la SETENA aceptó el estudio de impacto ambiental y lo aprobó, pese a existir de por medio otros informes técnicos en que se indicaba que existía bosque en el terreno. En el caso de la Dirección de Geología y Minas, manifiestan que envió al ingeniero forestal Edgar Sandí para que valorara el sitio en cuestión, quien también determinó que existía bosque y que el proyecto no reunía las condiciones técnicas ambientales para su aprobación; no obstante, la geóloga Sofía Huapaya, funcionaria de la Dirección de Geología y Minas, conocedora del informe profesional del Ing. Edgar Sandí Chaves así como de la condición de la cobertura vegetal permanente y de tipo forestal, recomendó la explotación del tajo. Agregan que la Subdirectora de Geología y Minas, Lic. Marlene Salazar, emitió criterio al respecto sin tomar en cuenta las advertencias del Ing. Forestal Edgar Sandí, quien en su informe de campo no avaló -bajo ninguna circunstancia- dicha explotación, por no ser técnicamente viable el proyecto. Sostienen que también existe el criterio del ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultora y Ganadería, que al clasificar el uso actual de los suelos, así como su uso potencial, determinó que el uso actual es de bosque secundario. Así las cosas, además de la evidente falta de coordinación de la SETENA y la Dirección General de Geología y Minas, que aprobaron el funcionamiento del tajo por separado, lo que acusan es que se haya autorizado la explotación de un tajo pese que los informes técnicos emitidos por todos los peritos que realizaron estudios de campo fueron congruentes y consistentes al determinar que se estaba en presencia de bosque, que existía nacientes de agua para consumo humano y que el proyecto no era viable. Afirman que el citado proyecto implica un cambio de uso de suelo y la corta de árboles en una zona de protección, como son los sitios de recarga acuífera y nacientes en un radio de cien metros medidos de forma horizontal, en violación de los artículos 19, 33 y 34 de la Ley Forestal. Además, aducen que en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992, el Estado de Costa Rica se comprometió a la protección de los ecosistemas y hábitat naturales, a la recuperación y restauración de los ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas, a incorporar el examen de la conservación y utilización sustentable de los recursos biológicos en el proceso de toma de decisiones, y a establecer procedimientos adecuados que exijan la evaluación de impacto ambiental de los proyectos propuestos que puedan tener efectos sensibles negativos en la diversidad biológica, pero tales compromisos han sido violentados en el presente caso, en detrimento de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicitan que la Sala ordene el cierre inmediato de dicha explotación, así como el castigo por la irresponsabilidad de los funcionarios denunciados.
2.- Informan bajo juramento Carlos Manuel Rodríguez Echandi y José Francisco Castro Muñoz, en su calidad de Ministro del Ambiente y Energía, y de Director de Geología y Minas, respectivamente, que de previo a referirse al fondo del asunto deben aclarar que la solicitud fue presentada antes de la vigencia del Decreto Ejecutivo N°29300-MINAE (Reglamento al Código de Minería), razón por la que el estudio de impacto ambiental es posterior al otorgamiento de la concesión, tal y como lo disponía la normativa vigente en ese momento. Informan que la solicitud fue presentada el 26 de enero de 2000 por la Sociedad Parcelas Rurales del Campo S.A., representada por Rodolfo Barrantes Rodríguez; asimismo, que mediante oficio DGM/TOP 76-2000 del 9 de marzo de 2000, el topógrafo ubicó el área e indicó que el plano era correcto, y por oficio DGM/RNM 90-2000 del 27 de enero de 2000 se solicitó a la SETENA el EIA previo. Agregan que por resolución 186-2000 SETENA de 29 de febrero de 2000, esa Secretaría consideró que el proyecto no era viable ambientalmente, y en resolución N° 500 de las 12:50 horas del 13 de abril de 2000 la Dirección de Geología y Minas rechazó la solicitud presentada, con fundamento en la Resolución 186-2000 SETENA. El 9 de mayo de 2000 el representante de la empresa Parcelas Rurales del Campo presentó recurso de revocatoria contra la resolución N° 500, alegando que se había presentado ante SETENA recurso de revocatoria contra la resolución 186-2000, motivo por el cual, en oficio DGM/RNM 384-2000 del 10 de mayo se solicitó a SETENA criterio para resolver el recurso de revocatoria. Mediante oficio SG 777-00 del 4 de agosto de 2000 SETENA emitió criterio apoyando la resolución N°186-2000; por otra parte, en el oficio sin número del 21 de noviembre de 2000, el Ing. Francisco Fernández, funcionario de la SETENA, recomendó la Lic. Anabelle García que se continuara con el trámite de la solicitud, con base en el fax recibido del regente forestal de la empresa, Ing. Javier Ramírez Azofeifa, en el que certificó que el área en estudio no es bosque. Posteriormente, mediante oficio SG-1488-2000 del 13 de diciembre de 2000, el Secretario de SETENA informó al entonces Viceministro, que con base en el informe del Ing. Francisco Fernández se podría pedir al desarrollador un estudio de impacto ambiental, lo cual sería valorado por la Comisión Plenaria, y el 10 de julio de 2001 el geólogo del proyectista, Dr. Jorge Laguna, informó que había presentado el Estudio de Impacto Ambiental. Continúan indicando que por oficio SP-892-2001 del 5 de noviembre de 2001, el Jefe de la Subregión Pital del Área de Conservación Arenal Huetar Norte remitió a Nombre120403 un análisis del área, indicando que no corresponde a bosque. De ahí que mediante oficio sin número del Ing. Francisco Fernández dirigido a la Licda. Anabelle García, asesora legal de la SETENA, se indicó que dada la certificación remitida por el Ing. Javier Azofeifa el área en estudio no es bosque, por lo que recomendó se continuara con el trámite de la solicitud y se adjuntó el FETER para que se presentara el estudio de impacto ambiental. Mediante oficio DGM/SD 014-2002 del 14 de enero de 2002, la Subdirectora de Geología y Minas analizó el expediente y concluyó que debía ser la SETENA el órgano que, mediante la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, determinara si en el área hay bosque o no y si es o no ambientalmente viable la explotación de un tajo en el sitio, indicando que mientras tanto se resolviera continuar con el trámite del expediente. Fue así como de conformidad con el oficio citado anteriormente, se continuó con los procedimientos propios de la Dirección hasta tanto la SETENA no se pronunciara, y el 3 de abril de 2000, mediante oficio DGM/DC 373-2000, el geólogo José Luis Sibaja revisó el programa de explotación y lo aprobó, quedando pendiente la inspección de campo. Mediante oficio DGM/DC 1503-2000 de 22 de diciembre de 2000, Sofía Huapaya aprobó en su totalidad el Programa de explotación y por oficio DMG-DC 130-2002 del 18 de febrero de 2002, así como emitió las recomendaciones técnicas de otorgamiento de la concesión. Continúan informando que consta en el expediente administrativo el oficio SM-1071-2000 del 12 de julio de 2000, donde la Municipalidad de San Carlos envió a SETENA un oficio apoyando la gestión de concesión; igualmente procedió el ente municipal por medio de oficio 1073 de 14 de julio de 2000 dirigido a la Dirección de Geología y Minas, apoyando el proyecto. Indica la autoridad informante que en vista de que la resolución de recomendación remitida por la Dirección al señor ministro, y la resolución suscrita por el señor Ministro otorgando el título de la concesión encuentra fundamento en la viabilidad que la SETENA le dio al proyecto, resulta necesario aclarar lo sucedido según consta en el expediente administrativo desde el momento en que el representante de la empresa solicitante gestionó el recurso de revocatoria ante la SETENA. En ese orden de ideas, aclara que por resolución 208 de 22 de abril de 2002 se resolvió el recurso de revocatoria presentado contra la resolución 500 emitida por la Dirección de Geología y Minas, declarándose con lugar con fundamento en que la SETENA le había otorgado la viabilidad ambiental al proyecto que le había requerido el Estudio de Impacto Ambiental. Este Estudio fue aprobado por resolución N°401-2002-SETENA de 13 de junio de 2002, y por oficio SG-1104-2002 DEL 10 DE julio 2002 la SETENA le otorgó la viabilidad ambiental. Por otra parte, añaden, tal como indica el Reglamento al Código de Minería, mediante oficio DGM/RNM 486-2001 del 14 de agosto de 2002 se remitió expediente al MAG, y mediante oficio DESET 680-01 del 14 de setiembre de 2001 el MAG indicó que el uso actual de la tierra es bosque secundario, no son tierras de vocación agrícola. Agregan que por oficio DGM/RNM 600-2001 del 28 de setiembre de 2001 se solicitó al Ingeniero Forestal de la Dirección de Geología y Minas, Edgar Sandí, una inspección con base en lo que indicó el MAG, sea que se trata de bosque secundario, y el 8 de octubre, mediante oficio DGM/DC 1000-01 el señor Sandí emitió el informe de la inspección indicando que aledaña al área del tajo hay bosque; por otra parte, se publicaron los edictos correspondientes en La Gaceta del 21 y 25 de febrero de 2002 y no hubo oposiciones. Manifiesta asimismo que dada la viabilidad ambiental emitida por la SETENA, mediante oficio DGM/RNM 190-2002 de 2 de abril de 2002 se envió la recomendación de otorgamiento para ante el Ministro y por resolución 228-2002 de MINAE del 24 de abril de 2002 se otorgó la concesión por un plazo de 25 años, sin autorizar el uso de explosivos ni quebrador, así como el 20 de mayo de 2002 se solicitó inscripción del título al Registro Minero. Informan ademá que “a la fecha el expediente se encuentra atrasado en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de pago de canon, presentación de informe de labores, patente municipal, demostrar la garantía ambiental, amojonamiento, obligaciones que de conformidad con el artículo67 del Código de Minería se estarán previniendo”. Finalmente, estiman que del análisis del expediente no se demuestra irregularidad en el trámite por parte de funcionarios ni del Despacho del Ministro ni de la Dirección de Geología y Minas, pues las etapas procedimentales se cumplieron conforme lo establecido en la legislación. Solicitan que se desestime el recurso planteado y se archive el expediente.
3.- Informa bajo juramento Eduardo Madrigal Castro, en su calidad de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 25), que el 26 de enero de 2000 se presentó ante la D.G.M. solicitud para explotación mineral no metálicos, propiamente extracción de arena y lastre en un tajo ubicado en propiedad de la sociedad (sic), sito en Dirección9670, cantón por San Carlos, provincia Alajuela, en la Hacienda La Josefina, a la que se asignó el N° 2597-R.N.M. Mediante nota DGM-RNM-90-200 del 1 de febrero de 2000 se envió a la SETENA el expediente minero para la revisión del Estudio pleno y lo resuelto fuera comunicado al Registro Nacional Minero. El 18 de febrero de 2000 se realizó inspección al sitio propuesto y se emitió el correspondiente formulario de inspección en el campo, del cual se desprende que el área solicitada cuenta con una cobertura vegetal compuesta de bosque, con lo cual, según el artículo 19 de la Ley Forestal: no se permite el cambio de uso de suelo; el área está cubierta de bosque; el área en cuestión presenta una belleza escénica única por lo que de darse la actividad solicitada el impacto ambiental negativo producirá ....”. Dicho informe del sitio determinó que el proyecto no es viable ambientalmente. Continúa informando que mediante resolución 186-2000 SETENA de las 10:05 horas del 29 de febrero de 2000, la comisión plenaria en sesión 009-2000 del 29 de febrero, en su artículo 15 acordó comunicar a la Dirección de DGM y al Registro Minero que la actividad no es viable ambientalmente debido a que cuenta con una cobertura vegetal compuesta por bosque. Se comunicó dicha solicitud a la D.G.M el 13 de abril de 2000 y el 4 de mayo de 2000 se recibió nota dirigida al Lic. Ivan Vicente (sic), en calidad de Vice Ministro, por parte del diputado Rigoberto Abarca Rojas, en la cual se solicitó se tomara en cuenta la petición de Parcelas del Campo para su aprobación del Tajo, además indicó que dicho tajo es de vital importancia para el desarrollo del Distrito de Aguas Zarcas y que la Hacienda La Josefina donará un terreno para poder construir el Albergue del Adulto Mayor. Posteriormente, el 8 de mayo se emitió una nota por parte del Lic José Francisco Castro, Director de la Dirección de Geología y Minas, en la que se comunicó al Vice-Ministro que se iba a proceder a archivar y a liberar el área, ya que la empresa Parcelas Del Campo S.A. no había realizado gestión alguna para que se revocara la resolución ante la SETENA. (folio 25); el 10 de mayo de 2000, mediante UEA-280-2000, el Ing Francisco Fernández del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de la SETENA dirigió nota al Lic Alexander Fernández, Secretario General SETENA, en la cual procedió a indicarle las observaciones detectadas en dicho proyecto, concluyendo que no es viable ambientalmente (folio 27-28). Por oficio SG-478-2000 - SETENA del 11 de mayo, el Secretario General le contestó al Vice-Ministro trasladándole los informes de la inspección, además le adjuntó la resolución de rechazo del proyecto. (f 30-34), y el 12 de mayo siguiente, mediante nota DVM-053-2000 se le envió respuesta al Diputado Rigoberto Abarca sobre el expediente minero 2597, denominado proyecto TAJO Parcelas Rurales del Campo S.A. (folio 35). Por otra parte, el 22 de junio del 2000 se recibió informe de la Municipalidad de San Carlos, la cual realizó una inspección al sitio propuesto del proyecto y de la que se concluye que le darán su apoyo, siempre que reúna los requisitos legales establecido (ver folio 37-39.). Mediante nota del 12 de junio del 2000 se remitió informe por parte del Ing Francisco Fernández, dirigido al Departamento Legal de la SETENA, en la cual indicó dentro de sus conclusiones que se solicitó al interesado la presentación de una certificación firmada por un regente forestal debidamente inscrito ante el Colegio de Ingenieros Agrónomos, en la cual se certificara que el área en cuestión califica o no como bosque (folio 47-49.) Al respecto, se recibió nota del Ing Ricardo Zúñiga Zamora, regente forestal y ambiental, en la cual hizo una clara diferenciación de lo que es Bosque Primario y Secundario, concluyendo en el mismo informe que dada las condiciones actuales de la cobertura se determinaba que la superficie donde se pretende llevar a cabo el proyecto de un tajo para la extracción de materiales NO corresponde a bosque primario intervenido ni tampoco a bosque secundario (F-51-52). El 28 de julio 2000 se recibió Memorando DGC-RNM-586-2000, para que se resolviera sobre el expediente 2597 y así poder ellos resolver el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución No 500-2000 de la DGM. (Folio 063). El 1° de agosto se recibió nota por parte de la Municipalidad de San Carlos, en la cual indicó que se encontraba anuente a la aprobación del tajo (folio 067). El 14 de noviembre 2000 se recibió nota por parte del Ing Javier Ramírez Azofeifa, colegiado No 2299, en la cual presentó un croquis del lugar propuesto para el tajo e indicó que es cierto que hay bosque pero que el lugar propuesto No cumple con la definición y condiciones estipuladas en al Ley 7575 del 16 de abril del 1996 (folio 075). El 21 de noviembre del 2000, el Ing. Francisco Fernández recomendó autorizar la continuación del trámite por parte del interesado, para lo cual debía presentar un EsIA que contemplara los puntos solicitados en el FETER, esto porque se emitieron diferentes criterios de los cuales se concluyó que NO es bosque el área propuesta para desarrollar el proyecto de tajo. (folio 082.) El 12 de diciembre del 2000 se recibió Memorando DGM-RNM 974-2000, en el cual se remitió la certificación de los regentes forestales a fin de que la SETENA se pronunciara para poder resolver el recurso de revocatoria presentado por el desarrollador del proyecto (folio 113), y el 25 de enero de 2001, el Departamento Legal de SETENA en oficio AJ-O98-2001 SETENA le pidió al Ing. Francisco Fernández que ampliara su criterio en cuanto a la inspección del proyecto del tajo, para dar trámite al recurso de revocatoria presentado por ellos (ver folio 153). El 23 de marzo 2001 se remitió a la Comisión Plenaria el borrador de la resolución para conocer el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por la empresa Parcelas Rurales del Campo S.A.(F-155-158), y mediante oficio No 722-2001 SP, se remitió informe efectuado por todas la dependencias involucradas en este caso a la Defensoría de los Habitantes, a fin de dar respuesta de la denuncia interpuesta en fecha 12 setiembre 2001 contra el proyecto tajo (folio 163). El 24 de octubre del 2001, la Subregional del Área de Conservación de San Carlos indicó que NO autorizaba la corta de árboles, “ya que donde se pretendía instalar el TAJO ES BOSQUE”, dicho oficio se recibió en SETENA el 26 octubre 2001 (folio 171). El 8 de octubre del 2001 se emitió informe completo por parte del Ing. Edgar Sandí, Ingeniero Forestal y funcionario de la Dirección de Geología, en el cual hizo un informe detallado de toda la biodiversidad, flora y fauna del proyecto presentado para la explotación de materiales, así como una serie de recomendaciones, también con el criterio de que es BOSQUE (folio 179). El 16 de noviembre del 2001 se recibió informe por parte del Jefe del Área de Conservación de San Carlos, señor Oldemar Corrales, donde indica que NO es factible el proyecto propuesto por ser un bosque y de conformidad con el artículo 19 de la Ley Forestal no esta permitido el cambio de uso del suelo (folio 181-182). Indica la autoridad recurrida que del folio 200 al 204 se encuentra la Denuncia presentada al Ministerio Público, así como la información suministrada por el O.I.J. y los informes correspondientes, además, nota del Departamento de Suelos y Evaluación de tierra en el cual manifiestan que no es bosque secundario (f 206). Continúa informando que el 12 de marzo del 2002 se emitió la resolución No199-2002-SETENA, en la cual se conoció Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra de la resolución No 186-2000, mediante la cual se había rechazado el proyecto por no ser viable ambientalmente, en dicha resolución recurrida se resolvió solicitar al señor Rodolfo Barrantes que presentara un contrato de servicios de un Ingeniero Forestal acreditado por la SETENA, con la finalidad de que presentara un inventario forestal, y otra serie de documentos necesarios para resolver. Además de ello se dejó en suspenso la revisión del Estudio de Impacto Ambiental presentado el 16 de agosto de 2001 (f 223-226). El 19 de marzo ingresó recurso de revocatoria contra la resolución que dictó la suspensión de la revisión del estudio de Impacto Ambiental (folio 227-230), y el 1 de febrero del año 2002 se recibió fax por parte del Área de Conservación de Pital, solicitando realizar una inspección conjunta con funcionarios de la SETENA y GEOLOGIA para revisar el área del proyecto (folio 234-236). El 01 de abril del 2002, la licenciada Tatiana Cruz solicitó criterio técnico con el fin de resolver recurso de revocatoria contra la resolución No 199-2002 del 12 de marzo (folio 241.) El 18 de febrero de 2002 la Licda. Sofía Huapaya, de la Dirección de Geología y Minas emitió un memorando DGM-DC 130-2002, donde recomendó al registro minero que se aprobara dicho proyecto (Folio 242-243); asimismo, el 10 de abril de 2002 la Ing. Sonia Espinoza, de la SETENA, remitió observaciones técnicas del proyecto del tajo, manifestando su anuencia para su aprobación (Folio 246). Mediante PREIA 174-0 1 del 29 de abril del 2002 se recomendó aprobar el estudio de impacto ambiental.(F 247-249), y mediante resolución No 379-2002- SETENA del 12 de mayo se acogió el recurso de revocatoria contra la resolución 199-2002 SETENA, por medio de la cual se resolvió a favor del recurrente, revocándose en todo sus extremos la resolución en cuestión e indicando que se procederá a continuar con el tramite de evaluación del EsIA.(253-256). Mediante resolución No 401-2002-SETENA del 13 de junio de 2002, la Comisión Plenaria en su sesión ordinaria No 22-2002 del 27 de mayo, acordó APROBAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, pero debiendo cumplir con una serie de requisitos, dentro de ellos la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, depósito de monto de garantía bitácora etc. etc.(folio 250-252). El 01 de julio del 2002 se recibieron en SETENA los documentos solicitados en la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental, como lo son la declaración jurada y el depósito del monto de garantía y el nombramiento del regente ambiental. (F -262); además, el 10 de julio del 2002 se le OTORGÓ LA VIABILIDAD AMBIENTAL al proyecto TAJO LOMAS DE BARRANTES, mediante SG- 1104-2002-SETENA, quedando abierta la etapa de gestión ambiental (folio 274). Finalmente, indica el recurrido que el 21 de agosto 2002 se recibió nota de la Fiscalía Auxiliar de San Carlos solicitando información sobre el Tajo Lomas de Barrantes y acerca de si se realizó alguna inspección, así como los parámetros utilizados para zonas de bosque secundario. A esta nota se dio respuesta por medio del oficio SG. 1536-2002. (f-273-275). Solicita se desestime el recurso en cuanto a SETENA, por considerar que se ha actuado conforme a la Ley durante toda la tramitación del expediente de referencia y al amparo de la veracidad de la información solicitada al proponente del proyecto para la obtención de la declaratoria de viabilidad ambiental.
4.- A folio 82 el Ing. Rodolfo Barrantes Rodríguez, solicita que se incorpore como prueba para mejor resolver el informe técnico de “Diagnóstico de las Condiciones Hidrogeológicas del Tajo Loma Barrantes y sus alrededores”, el cual fue solicitado por la Dirección General de Geología y Minas, el que al día de hoy ya se ha presentado dentro del expediente minero número 2597, que es objeto del recurso interpuesto.
5.- Contesta la audiencia conferida la Gerente General a.i. del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), indicando lo siguiente: que la concesión minera se desarrolla sobre materiales piroclastos, en una estructura de cono que desarrolla un sistema de drenaje en todas direcciones, como también desarrolla flujos sub-superficiales y subterráneos en las mismas direcciones; que la recarga de estos flujos es local y se ubica en la misma estructura (cono piroclástico); que en la base del cono y como respuesta del cambio topográfico aflora agua que forma algunos manantiales de bajo caudal; que según la Base Nacional de Pozos del SENARA y los registros manantiales, no se encuentran fuentes de agua concesionadas por el MINAE. Asimismo, recomienda que se defina la zona de protección de los manantiales, según lo establece la Ley Forestal, considerando que son nacientes de bajo caudal que obedecen a una recarga de flujos locales en la misma estructura, y que el interesado realice una valoración hidrogeológica, con el fin de contar con mayores elementos. Concluye que en el cono piroclástico se localizan flujos sub-superficiales que son alimentados por las altas precipitaciones de la zona y afloran en la base del cono, y que cualquier proyecto que se desarrolle debe asegurar la recarga local en las cercanías de las nacientes, como también tener sistemas de control de la erosión y drenaje de las aguas superficiales. (Folios 102-103) 6.- El recurrente reitera su solicitud de que se acoja este recurso y se abra un expediente administrativo para los recurridos. (Folios 105-106).
7.- Mediante oficio Rectoría 449-03 del 13 de octubre de 2003, el Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica contesta la audiencia conferida por el Magistrado Instructor, y adjunta informe pericial solicitado como prueba para mejor resolver. (Folios 117 a 127) 8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,
Considerando:
I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
II.- Objeto del recurso. Los recurrentes acusan la violación al derecho a un ambiental sano y ecológicamente equilibrado por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección de Geología y Minas, por otorgar la concesión minera para explotación de un tajo a favor de Parcelas Rurales del Campo, pese a que los informes técnicos emitidos por peritos que realizaron estudios de campo fueron congruentes y consistentes al determinar que se estaba en presencia de bosque, que existía nacientes de agua para consumo humano y que el proyecto no era viable ambientalmente.
III.- Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El criterio sostenido por este Tribunal Constitucional es que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, implica la posibilidad para el ser humano de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero, a la vez implica el correlativo deber de protegerlo y preservarlo mediante el ejercicio racional y el disfrute útil de ese derecho. La norma constitucional establece la obligación para el Estado de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que tiene el deber de detener la continua degradación ambiental con medidas tendientes a atenuar los efectos negativos del desarrollo económico y social, así como velar por la existencia de un vínculo sostenible entre el ser humano y la naturaleza, procurando –entre otras cosas- que el uso de los recursos naturales no sea superior a su capacidad de reposición. Cuando se alude al Estado en esta materia no se hace referencia únicamente a órganos como el Ministerio del Ambiente y Energía, sino también al Ministerio de Salud, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Instituto Costarricense de Electricidad y a las diferentes municipalidades en lo que atañe a sus respectivas jurisdicciones territoriales, entre otros entes y órganos del Estado; sin embargo, es claro que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental fue creada por el legislador, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, con el propósito fundamental de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Para ello, la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1996 dice textualmente:
“ARTICULO 17.- Evaluación de impacto ambiental Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.
IV.- Caso concreto. Pese al fundado temor que esgrimen los recurrentes de que la explotación mineral (extracción de arena y lastre) en el tajo propiedad de la sociedad Parcelas Rurales del Campo S.A. ubicado en Aguas Zarcas, Cantón de San Carlos, pueda acarrear un daño grave al medio ambiente, en vista de los diversos criterios técnicos esgrimidos al respecto, la Sala se inclina por desestimar este recurso considerando los informes bajo juramento rendidos por el Ministro del Ambiente y Energía y el Director de Geología y Minas, así como por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (con las consecuencias incluso penales que acarrea), quienes, apoyados en el expediente administrativo número 2597, que se ha tenido a la vista, sostienen que en el trámite para conocer de la solicitud para explotación mineral no metálicos en el tajo de cita se cumplieron todas las etapas procedimentales, lo que implica que se efectuó la evaluación del impacto ambiental que podría generar el proyecto y se concluyó que, cumpliéndose determinadas condiciones técnicas previamente definidas, la explotación de ese tajo puede llevarse a cabo en un vínculo sostenible con la naturaleza. Recurrió la Sala, además, para la correcta resolución de este asunto, a prueba para mejor resolver que solicitó tanto al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), como a la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuyos informes son congruentes en lo medular con el “Diagnóstico de las Condiciones Hidrogeológicas del Tajo Loma Barrantes y sus alrededores” emitido por el Geólogo Jorge Bonilla Morales y con el Certificado emitido por el Ing. Javier Ramírez Azofeifa (Regente Forestal), en lo que atañe a la existencia de bosques y nacientes de aguas para consumo humano en la zona en la que se otorgó la concesión minera que nos ocupa. En concreto, concluye la Sala con los elementos probatorios allegados a los autos, que el área en la cual se otorgó la concesión que nos ocupa no cumple con las características de bosque y, en consecuencia, en cuanto a ese aspecto no se vislumbra un peligro inminente o daño actual al medio ambiente con el proyecto; de igual forma, en esa área no se han encontrado evidencias de un nivel freático superficial y por lo tanto la extracción de materiales en la misma no representa un perjuicio en ese sentido. Por otra parte, si bien el estudio hidrogeológico efectuado identifica dos pequeños manantiales en la base del cerro, los describe como de bajo caudal y de carácter estacional, cuya recarga se genera en el parche de bosque secundario que rodea prácticamente toda la base del cerro y que proviene en su totalidad de las aguas de lluvia, de ahí su comportamiento estacional. En consecuencia, tampoco observa la Sala que la extracción de materiales en el tajo dentro del área concesionada pueda representar un peligro ambiental; sin embargo, se estima pertinente acatar las recomendaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en punto a que se debe definir la zona de protección de esos manantiales.
V.- Como corolario de lo expuesto se desestima este recurso, por no constatarse la alegada lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se acusa y considerando que con los debidos recaudos técnicos el proyecto cuestionado puede desarrollarse, como se ha indicado previamente, en un vínculo sostenible con la naturaleza. En ese contexto, se estima pertinente enfatizar en que las autoridades recurridas deberán, en el ejercicio de sus competencias, ejercer el debido control sobre la actividad que desarrolle el concesionario, a través de inspecciones que se realizarán en períodos no mayores a tres meses con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, así como de las disposiciones a las que quedó condicionada la concesión, entre ellas la metodología de trabajo aprobada por la Dirección de Geología y Minas, de cuyos informes deberá remitirse copia a los recurrentes en su condición de miembros del Consejo de la Sociedad Civil para la Protección del Medio Ambiente. Asimismo, deberá la autoridad competente definir un área o anillo de mitigación con el propósito de que no haya o sea mínimo el impacto ambiental que pueda sufrir la zona que rodea el área sobre la cual se aprobó la concesión, que contiene 4 ha 7710,84 m², la cual no podrá ser ampliada ni desplazada en detrimento del derecho al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena además que se acaten las recomendaciones realizadas por el SENARA (folios 102-103), particularmente en cuanto a la conveniencia de definir una zona de protección de los manantiales a los que el informe se refiere y tener sistemas de control de la erosión y drenaje de las aguas superficiales.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Luis Fernando Solano C.
Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. José Miguel Alfaro R.
Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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