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Res. 06027-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/02/2025

Challenge to the Environmental Assessment RegulationImpugnación del reglamento de evaluación ambiental

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OutcomeResultado

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The majority rejected the challenge to the contested provisions of Executive Decree No. 43898, while Justice Cruz’s dissent found that several provisions unconstitutionally reduced environmental protection and that the public consultation was inadequate.La mayoría rechazó la acción contra los artículos impugnados del Decreto Ejecutivo n.º 43898, mientras el voto particular del magistrado Cruz consideró que varias disposiciones reducían inconstitucionalmente la protección ambiental y que la consulta pública había sido insuficiente.

SummaryResumen

By majority vote, the Constitutional Chamber rejected the constitutional challenge against numerous provisions of Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the Environmental Assessment, Control and Monitoring Regulation. The claimants argued that the new framework reduced SETENA’s preventive controls, raised thresholds for environmental impact assessment, facilitated activities in environmentally fragile areas, allowed certain forest extraction within protected wildlife areas, and weakened public participation, contrary to constitutional Article 50 and the precautionary, preventive, pro natura, scientific-objectivity, and non-regression principles. In dissent, Justice Fernando Cruz concluded that several amendments lacked technical support and lowered the previously achieved level of environmental protection. He also considered the public consultation conducted through a website inadequate and supported standing to protect diffuse environmental interests and municipal autonomy. Those conclusions form part of the dissenting opinion and do not alter the majority’s rejection of the action.La Sala Constitucional, por mayoría, rechazó la acción promovida contra numerosos artículos del Decreto Ejecutivo n.º 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. Los accionantes sostenían que el nuevo régimen reducía controles preventivos de SETENA, elevaba umbrales para exigir evaluación de impacto ambiental, facilitaba actuaciones en áreas ambientalmente frágiles, permitía determinados aprovechamientos forestales dentro de áreas silvestres protegidas y debilitaba la participación ciudadana, en violación del artículo 50 constitucional y de los principios precautorio, preventivo, pro natura, de objetivación y de no regresión. El voto particular del magistrado Fernando Cruz consideró, por el contrario, que varias modificaciones carecían de respaldo técnico y disminuían el nivel de protección previamente alcanzado. También estimó insuficiente la consulta pública realizada mediante una página web y defendió la legitimación para tutelar intereses ambientales difusos y la autonomía municipal. Estas conclusiones corresponden al voto disidente y no alteran el rechazo acordado por la mayoría.

Key excerptExtracto clave

Under the constitutional principles of protection of the right to the environment; the preventive principle (when there is certainty of possible environmental harm, the harmful activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements); the precautionary principle (when there is a threat of serious and irreversible harm, lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone cost-effective measures to prevent environmental degradation); the in dubio pro natura principle (in cases of doubt or uncertainty, disputes must be resolved and rules interpreted in favor of environmental protection and conservation); the principle of objectification of environmental protection (or the principle of adherence to science and technology, under which technical studies must support decision-making in this field, both regarding individual acts and general provisions—whether statutory or regulatory—thereby requiring adherence to science and technology and constraining administrative discretion); the principle of environmental progressivity and non-regression (the State’s obligation to increase protection and refrain from adopting measures, policies, or legal rules that worsen the level of protection attained); the principle of rational resource use; and the pro natura principle (always resolving and interpreting in favor of the environment), the identified provisions of the Environmental Assessment, Control and Monitoring Regulation, which amended the prior regime and reduced environmental protection, are unconstitutional. The position expressed in this dissent reflects serious concern over the deterioration of environmental protection and the disregard of fundamental environmental principles whose violation does not require extensive argument by the claimant. Furthermore, in addition to all the foregoing, I consider that the right to public participation has been violated. Standing should also be recognized in this case to defend municipal autonomy. The challenged regulation clearly does not fully satisfy the criteria for being considered properly consulted. The consultation was conducted through a website to which not everyone has access, and those who could access it did not know that the consultation was posted there because it received insufficient publicity. Nor does it appear that the municipalities directly involved in applying and complying with these rules were consulted. Thus, the consultation took place through a Ministry of Commerce website that was not adequately publicized to the public, that few people access, and that is not widely known. International standards require dissemination through means that reach all citizens and allow them to submit objections easily.Conforme a los principios constitucionales de: tutela del derecho al ambiente; el principio preventivo (cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos); el principio precautorio (cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente); el principio pro in dubio natura (en caso de duda o incerteza las controversias deben resolverse y las normas deben interpretarse a favor de la protección y conservación del ambiente); el principio de objetivación de la tutela ambiental (o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, según el cual se impone acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia); el principio de progresividad y no regresión en materia ambiental (la obligación del Estado de ir aumentado la protección y de no adoptar medidas, políticas o normas jurídicas que empeoren la situación de protección alcanzada); el principio de uso racional de los recursos; el principio pro natura (resolver e interpretar siempre a favor del ambiente); resultan inconstitucionales las normas apuntadas del Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental que modificaron el régimen anterior, desmejorando el nivel de protección al ambiente. La visión que expreso en este voto particular, expresa una seria preocupación por el deterioro de la tutela ambiental, ignorando principios tan importantes de la tutela ambiental y cuya violación no requiere una argumentación abundante del accionante. Luego, en adición a todo lo anterior, considero que se ha violentado el derecho de participación ciudadana. Además, procede admitir la legitimación en este caso para la defensa de la autonomía municipal. Claramente el reglamento impugnado no cumple a cabalidad con los criterios para considerarse como debidamente consultado. Nótese que se consultó por medio de una página web a la cual no toda la población tiene acceso y la población que podría accederla, no conocía que estaba en consulta en esa página, porque no tuvo la debida publicidad. Tampoco parece que fue consultado con las municipalidades a las que involucra directamente en el uso y cumplimiento de esta normativa. Así la consulta realizada fue por medio de una página web del Ministerio de Comercio, que no tuvo la debida difusión a toda la ciudadanía, que pocas personas tienen acceso a una web de este tipo y que es desconocida. La normativa internacional establece que la difusión se debe dar por medios que lleguen a toda la ciudadanía y que puedan presentar sus objeciones de modo fácil.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En materia ambiental, dada su fragilidad, se requiere la certeza y no la potencialidad."

    "In environmental matters, given their fragility, certainty—not potentiality—is required."

    Voto particular sobre el artículo 15

  • "En materia ambiental, dada su fragilidad, se requiere la certeza y no la potencialidad."

    Voto particular sobre el artículo 15

  • "Toda esta liberalización no tiene sustento técnico, es una muestra que evidencia que el interés privado se impone a un interés colectivo tan relevante como el ambiente, la tutela de la casa común."

    "This entire liberalization lacks technical support and shows that private interests are being placed above a collective interest as important as the environment—the protection of our common home."

    Voto particular sobre el artículo 39

  • "Toda esta liberalización no tiene sustento técnico, es una muestra que evidencia que el interés privado se impone a un interés colectivo tan relevante como el ambiente, la tutela de la casa común."

    Voto particular sobre el artículo 39

  • "La norma establece un instrumento que permite evadir los controles ambientales en función de los intereses de la colectividad."

    "The provision establishes a mechanism that allows environmental controls adopted in the collective interest to be circumvented."

    Voto particular sobre el artículo 47

  • "La norma establece un instrumento que permite evadir los controles ambientales en función de los intereses de la colectividad."

    Voto particular sobre el artículo 47

  • "Se habla mucho de democracia, de participación, pero cuando se requiere su cabal cumplimiento, ni la administración ni el control judicial, la convierten en vivencia efectiva de la cultura democrática."

    "Much is said about democracy and participation, but when their full observance is required, neither the administration nor judicial oversight makes them an effective part of democratic culture."

    Voto particular

  • "Se habla mucho de democracia, de participación, pero cuando se requiere su cabal cumplimiento, ni la administración ni el control judicial, la convierten en vivencia efectiva de la cultura democrática."

    Voto particular

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

*CO* Decision No. 2025006027 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen hours zero minutes on the twenty-sixth day of February, two thousand twenty-five.

Action for a declaration of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) filed by [Name 001], identification number [Value 001], Costa Rican, resident of the canton of Belén de Heredia, widowed, retired journalist, and [Name 002], identification number [Value 002], divorced, attorney, bar membership number [Value 003], expert commissioner of the Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES), and of the Comisión de Derecho Ambiental CMDA of the Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, challenging Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Regulations on Environmental Assessment, Control, and Monitoring, published on April 19, 2023, in Supplement No.65 of La Gaceta No. 67. Participating in these proceedings are Iván Vinicio Vincenti Rojas, of legal age, divorced, attorney, identification number 106950983, in his capacity as Attorney General of the Republic; Francisco Ernesto Gamboa Soto, in his capacity as Minister of Economy, Industry and Commerce; Luis Esteban Amador Jiménez, in his capacity as Minister of Public Works and Transportation; Víctor Julio Carvajal Porras, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock; Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy; and Mary Denisse Munive Angermüller, in her dual capacity as Vice President of the Republic and Minister of Health. Ulises Gerardo Alvarez Acosta, in his capacity as Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, is also recognized as a supporting party for the respondent (coadyuvante pasivo).

Findings of Fact:

  1. 1The petitioners bring this action for a declaration of unconstitutionality in the following terms:

“Challenged Provision. Pursuant to Article 73.a of the Law on Constitutional Jurisdiction, this action challenges the SETENA Regulation 43898 MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC, published on April 19, 2023, in Supplement No.65 of La Gaceta No. 67; the full text of that provision is attached.

The SETENA Regulation 43898 is unconstitutional in its Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98, because it violates the provisions and principles indicated below.

Facts Supporting Standing Under Article 75 The following constitute facts supporting standing under Article 75 of the Law on Constitutional Jurisdiction:

1. In an email dated April 24, 2023, sent that same day to [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], and [email protected], the unconstitutionality of the challenged provision was asserted. The inquiry was answered by an email sent from [email protected] on May 10, 2023, with official letter number SETENA-SG-0404-2023. The documents are attached.

2. Given the nature of the matter, there is no individual injury, because the regulation containing the challenged provision is binding collectively upon the country’s inhabitants.

3. The petitioners belong to the Kañík collective (Forest in the Bribrí language), a grassroots collective composed of members of society who defend collective and diffuse interests (intereses colectivos y difusos) in environmental matters. In addition to being human-rights defenders in environmental matters, pursuant to the international and constitutional provisions and case law cited in the Action, they bring this action and have legal capacity (capacidad jurídica) to proceed in this matter to defend human rights in environmental matters.

Grounds 1-The SETENA Regulation 43898 amends Regulation 31849. Some articles were changed and others were added.

2-The challenged provision, Regulation 43898, omits the preventive controls established in prior regulations and thereby violates the principle of non-regression (principio de no regresividad); it creates the possibility of irreversible environmental harm and, consequently, diminishes quality of life. In this case, Articles 50 and 51 of the Political Constitution are violated. Article 3 does so because it excludes activities that required environmental approval (viabilidad ambiental) under the prior regulation and lowers the maximum thresholds for classification as having low, medium, or high impact.

3-Regulation 43898 was not duly subjected to consultation during its drafting; it was made available only through a website to which not all members of the public have access, and those who could access it did not know that the consultation was being conducted on that site because it was not adequately publicized. It is therefore false that a public consultation was held. The municipalities directly involved in the use and enforcement of these regulations were not consulted. Articles 3, 7 (item 6), and 51 (which corresponds to Article 48 in the prior decree). Article 1 of the General Public Administration Law, Article 17 of the Organic Environmental Law, and the principle of statutory reservation (Principio de Reserva de Ley) are violated. Regulation 43898 fails to consider that approximately 50% of the country’s cantons lack regulatory plans (planes reguladores), and only 6 have information concerning their environmentally fragile areas (áreas de fragilidad ambiental).

Popular Consultation: it violates the requirement of popular consultation because no adequate consultation was conducted regarding the amendment of the prior regulation. Note that the consultation was conducted through a Ministry of Commerce website that was not adequately publicized to the entire citizenry, to which few people have access, and which is not widely known. International rules establish that notice must be disseminated through media capable of reaching the entire citizenry and allowing them to submit objections easily.

4-The content of Regulation 43898 entails widespread deregulation. Articles 3, 32 (which in some cases eliminates the obligation to undergo an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA)), 39, 47, and 9. The principle of non-regression is violated. The regressions may consequently cause irreversible environmental harm or harm that is difficult to remedy. Article 50 of the Political Constitution and the American Convention on Human Rights. In addition to the foregoing, Article 3, subsection 8, promotes the expansion of dangerous, polluting, and environmentally destructive agricultural activities, such as aggressive pineapple cultivation.

5-Regulation 43898 completely avoids the responsibility that SETENA had under the prior regulation regarding road matters; under Regulation 31849, Article 9, item 12, SETENA’s responsibility to require, when warranted, a road-traffic study approved by MOPT is stated. It violates the principle of deregulation (Principio de Desregulación). Violation of the principle of non-regression.

6-Article 3 of Regulation 43898 reduces the thresholds applicable to construction areas. Under the prior regulations, Regulation 31849, the ceiling is 500 square meters; under the one before that it was 300, and under these regulations, Regulation 43898, it is 1.000. Below that limit, developers are not required to undergo environmental impact assessments. It reduces environmental impact assessments to a minimum, focusing solely on control and monitoring while disregarding prevention. It violates the principle of deregulation and the principle of non-regression. Precautionary Principle or Prudent Avoidance (Principio Precautorio o Evitación Prudente): the challenged provision nullifies the preventive approach and action that SETENA must take in order to “adopt everything necessary—within the scope permitted by law—to prevent irreversible damage to the environment” (Judgment 14180-10 of the Constitutional Chamber), because, without technical or scientific support, it permits changes to or deregulation of environmental rules previously established in the prior provision (Regulation 31849), even though such changes may harm the environment.

Principle of Estoppel (Principio de Actos Propios): through its own action, the challenged provision has eliminated the measures it had issued that conferred individual rights (derechos subjetivos) upon private persons and the environment, because it amends environmental benefits previously granted to Natura. Principle of Non-Retroactivity and Inviolability of Prior Acts (Principio de Irretroactividad e Intangibilidad de los Actos Propios): the challenged provision annulled ex officio (de oficio) the prior favorable rule established in Regulation 31849, which established benefits more favorable to the Environment and constitutes a declaration of environmental, social, and economic rights benefiting the governed party (administrado); such action could occur only as a qualified exception to the “doctrine of the non-revocability of an authority’s own acts that are favorable to the governed party, or the principle of the inviolability of an authority’s own acts, which this specialized Chamber has accorded constitutional status because it derives from Article 34 of the Political Constitution.” Constitutional Chamber Judgments 2186-94, 899-95.

7-Article 47 of Regulation 43898 establishes the institutional obligation to recognize as a single project the combination of projects smaller than one thousand meters that do not require an environmental impact assessment if they are built on the same property, thereby encouraging the UNLAWFUL FRAGMENTATION or SUBDIVISION (FRACCIONAMIENTO) of megaprojects into mini-projects in order to evade the studies, controls, and regulations that could apply to a larger project, deceiving the Administration and human populations and attempting to deceive Natura by changing the assessment instrument” (subdivision through circumvention (fraccionamiento por elusión)). Deregulation. Violation of the principle of non-regression, UNLAWFUL FRAGMENTATION, the Principle Governing Human Conduct under Article 4.d of the Organic Environmental Law, and the Principle of Securing the Greatest Welfare for All Inhabitants of the Country under Article 50 of the Political Constitution; the environmental impact assessment as an integrated whole under Article 94 of the Biodiversity Law; UNCITRAL case law in Aven v. Costa Rica (Aven v Costa Rica, 2018).

8-Article 39 of Regulation 43898 introduces the right to cut 30 cubic meters of trees and remove 10 fallen trees from protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), without requiring the procedure established in Regulation 31849. It violates the principle of deregulation. The principle of non-regression is violated, and it contradicts Decreto 25700-MINAE, which declares a total ban on the harvesting of endangered trees, Article 50 of the Political Constitution, the IUCN Red List, and the CITES List.

9-In Articles 17 and 90, Regulation 43898 warns of offenses that the Public Administration might commit, shifting the burden for the commission of offenses onto public officials and benefiting developers; it violates the constitutional principles of good faith and intimidates public officials through what could be termed psychological workplace harassment. By contrast, Articles 87 and 88 reduce the penalties imposed on developers. These provisions shift the burdens by imposing criminal penalties on public officials while relieving private developers. The principles of non-regression and deregulation are violated, causing an imbalance of interests.

10-Regulation 43898 excessively favors the private sector over the public sector or the community. It is a manual for reducing procedures before the Secretaría Técnica Ambiental that completely disregards prevention and environmental protection in order to favor developers, even though Article 21 of the Convention on Human Rights states that the collective interest must prevail over the individual interest, as does Article 46 of the Political Constitution. Note that Environmental Rules must favor the weaker party; in this case, the weaker parties are Mother Earth and its inhabitants, while the stronger parties are developers, who possess all the financial resources needed to exploit the Environment for profit while generating environmental, social, and economic liabilities.

11-Regulation 43898, in Articles 98 and 13 (especially point 2), allows developers of low-impact projects (between 54% and 65 % of all projects processed by SETENA) to build in environmentally fragile areas (áreas ambientalmente frágiles). It violates the Escazú Agreement (ECLAC, 2018), Article 50 of the Political Constitution, and the American Convention on Human Rights. Deregulation (desregulación). It violates the principle of non-regression (Principio de no regresividad). In Dubio Pro Natura principle (Principio Indubio Pro-Natura), Article 50 of the Political Constitution. Deregulation, violation of the principle of non-regression. Precautionary Principle or Prudent Avoidance (Principio Precautorio o Evitación Prudente): the challenged provision nullifies the preventive stance and action that SETENA must take to “adopt everything necessary—within the scope permitted by law—to prevent irreversible damage to the environment” (Judgment 14180-10, Constitutional Chamber), because, without technical or scientific support, it allows previously established environmental regulations under the former provision (Regulation 31849) to be changed or deregulated in ways that may harm the environment.

Principle of One’s Own Acts (Principio de Actos Propios): through its own action, the challenged provision has repealed the acts it issued that conferred subjective rights (derechos subjetivos) on private parties and the environment, because it reforms the environmental benefits previously granted to Nature. Principle of Non-Retroactivity and Inalterability of One’s Own Acts (Principio de Irretroactividad e Intangibilidad de los Actos Propios): the challenged provision revoked ex officio (de oficio) the more favorable former provision established in Regulation 31849, which granted more favorable benefits to the Environment and constitutes a declaration of rights benefiting the governed party (administrado)—environmental, social, and economic rights. Such action could occur only as a qualified exception to the “doctrine of the irrevocability of one’s own acts that are favorable to the governed party, or the principle of the inalterability of one’s own acts, which this specialized Chamber has accorded constitutional rank because it derives from Article 34 of the Political Constitution.” Constitutional Chamber Judgments 2186-94, 899-95.

Principle of Sustainable Development (Principio de Desarrollo Sostenible): the challenged provision is detrimental to human beings and nature itself by disrupting the regulatory and natural balance that must exist between human populations and the environment or nature. In Dubio Pro Natura: the challenged provision is entirely contrary to the pro-natura principle because it allows economic development for the benefit of a third party within environmentally fragile areas without a prior technical study or, even if such a study exists, given that Nature serves Human Beings by providing resources essential to subsistence and creating an appropriate balance to sustain life on the planet. Principle of Environmental Protection (Principio de Protección al Medio Ambiente): this principle is violated by changing development zones within environmentally fragile areas solely to benefit the applicant’s or developer’s economic interests, without considering the Environment and the ecosystem services (servicios ecosistémicos) it provides to humans, since this principle applies “when there is a danger of serious or irreversible harm to the environment.” Judgment 17155-09, Constitutional Chamber.

In this regard, the challenged provision casts aside all precautionary measures intended to prevent any harm whatsoever to the environment or to persons. Principle of Environmental Risk Prevention (Principio de Prevención del Riesgo Ambiental): the challenged provision allows, or fails to prevent, possible environmental damage or impacts that could prove irreversible to environmentally fragile areas, endangered species, water sources, soil, air, and human beings.

12-Regulation 43898, in Article 15, allows the developer to begin processing permits before other institutions before the SETENA permit process has concluded. It violates the Deregulation Principle (Principio de Desregulación). In Judgment N° 008201 of April 12, 2023, the constitutional judges partially upheld an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad), thereby annulling a specific phrase contained in the fourth paragraph of Article 15 of the Citizen Protection from Excessive Administrative Requirements and Procedures Act, Ley 8220—“health, environmental, and matters”—as amended by Law N° 10.072 of November 18, 2021: “For the granting of licenses, permits, authorizations, or any other procedure required by the governed party, including health, environmental, and municipal authorizations, the entities or bodies of the Administration may grant temporary approvals subject to compliance with subsequent requirements within a period of up to six months, in those cases defined by each one, and the governed party must satisfy the outstanding requirements.” 13-Regulation 43898, in Article 35, terminates SETENA’s oversight once the developer obtains environmental viability (viabilidad ambiental), leaving responsibility to third parties.

This violates the principles of Deregulation; the principle of non-regression; the principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado), Article 50 of the Political Constitution; the Principle of Environmental Protection (Principio de Protección del Ambiente); and the Principle of Prevention of Environmental Harm (Principio de Prevención del Daño Ambiental), Article 4.c of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente).

14-Regulation 43898 entirely omits the provisions of Article 35 of Regulation 31849, which requires environmental impact studies (estudios de impacto ambiental, EsIAS) to be sent to other authorities involved in construction permits. It violates the principles of Deregulation, Non-Regression, and Non-Retroactivity of Environmental Regulations (Irretroactividad de las normas ambientales).

15-Regulation 43898, in Article 41, provides that various “users” may exploit forest resources in protected wildlife areas (áreas silvestres protegidas). It violates the principles of non-regression; the right to a healthy and ecologically balanced environment under Article 50 of the Political Constitution; Deregulation; In Dubio Pro Natura; and Ley Forestal 7575.

16-Regulation 43898 dispenses with the developer’s obligation to give notice of and publicize, in a newspaper with nationwide circulation, the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) being submitted to SETENA. This is contrary to Article 41 of former Regulation 31849, which imposed that obligation; the new provision reduces it to publication for such purposes on the SETENA website. This violates the principles of Deregulation and regression (regresividad), the right to information (derecho a la Información), the principle of non-regression, the principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment under Article 50 of the Political Constitution, and the In Dubio Pro Natura principle.

17-Regulation 43898 does not contain Form D-6, mentioned in Articles 24, 25, and 26, because Annex 7, in which Form D-6 must appear pursuant to Article 24, was not included. Nor does Annex 9 appear with Form D-4, which is mentioned in Articles 36, 37, 38, 39, 41, and 42. It violates the principles of non-regression, the right to a healthy and ecologically balanced environment under Article 50 of the Political Constitution, Deregulation, and In Dubio Pro Natura.

18-Regulation 43898, pursuant to Article 87, reduced the regulatory burden and treats failure to respond to requests for information made by SETENA as a minor offense (falta leve). This violates the principles of non-regression, the right to a healthy and ecologically balanced environment under Article 50 of the Political Constitution, Deregulation, and In Dubio Pro Natura.

19-The constitutional and legal framework does not authorize SETENA to delegate, either wholly or partially, its own functions. Nevertheless, it provides that projects, works, or activities exempted from the requirement to undergo the Environmental Viability process (proceso de la Viabilidad Ambiental) before SETENA need only complete the procedures required by other institutions and comply with the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales) (e.g., Article 32.c). This violates the Principle of Statutory Reservation (Principio de Reserva de Ley) and the Principle of Non-Regression (Principio de No Regresión). SETENA lacks legal authority to issue orders to municipalities through a regulation, because they are autonomous entities by constitutional and statutory mandate (under the Municipal Code (Código Municipal)). Article 3 transfers to municipalities responsibility for all matters concerning the issuance of permits for works having a very low environmental impact that do not require environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) by SETENA. This obligation belongs exclusively to SETENA and was legally assigned to it by Articles 83 and 84 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 3 of the Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Plenaria de la SETENA number 43212-MINAE.

Specific citation of violated provisions or principles The challenged provision violates the following Principles:

Principle of Legality (Principio de Legalidad), enshrined in Article 11 of the Constitution, because the challenged regulation contravenes the Ley Forestal, the Ley Orgánica del Ambiente, and the Ley de Biodiversidad, as noted above.

Principle of Hierarchy of Laws (Principio de Jerarquía de las Normas), Articles 1, 2, and 8 of Ley 63 Código Civil, Article 6 of the Ley General de la Administración Pública, and the Political Constitution, because the challenged regulation contravenes the Ley Forestal, the Ley Orgánica del Ambiente, and the Ley de Biodiversidad, as noted above.

Precautionary Principle or Prudent Avoidance: the challenged provision nullifies the preventive stance and action that SETENA must take to “adopt everything necessary—within the scope permitted by law—to prevent irreversible damage to the environment” (Judgment 14180-10, Constitutional Chamber), because, without technical or scientific support, it allows the environmental responsibilities of developers who may harm the environment to be reduced.

Principle of One’s Own Acts: through the challenged provision, the SETENA Administration has, by its own action, repealed the acts it previously issued—former Regulation number 31849—that conferred subjective rights on private parties, because it reforms or eliminates the former rules by amending the challenged Regulation.

Principle of Non-Retroactivity and Inalterability of One’s Own Acts: the SETENA Administration annulled the favorable administrative act (acto administrativo favorable) established in Regulation number 31849, which expressly established stricter environmental regulations and constitutes a declaration of rights for the governed party—environmental, social, and economic rights. Such action could occur only as a qualified exception to the “doctrine of the irrevocability of one’s own acts that are favorable to the governed party, or the principle of the inalterability of one’s own acts, which this specialized Chamber has accorded constitutional rank because it derives from Article 34 of the Political Constitution.” Constitutional Chamber Judgments 2186-94, 899-95.

Public Consultation (Consulta Popular): it violates the requirement for public consultation because there was no proper, accessible consultation regarding the amendment of Regulation 31849 through the challenged regulation.

Principle of Sustainable Development: the challenged provision is detrimental to human beings and nature itself by disrupting the regulatory and natural balance that must exist between human populations and the environment or nature.

In Dubio Pro Natura: the challenged provision is entirely contrary to the pro-natura principle because it dismantles former regulations that provided greater protection to the Environment, without a prior technical study known to the public and environmental consultants, given that Nature serves Human Beings by providing resources essential to subsistence and creating an appropriate balance to sustain life on the planet.

Principle of Environmental Protection (Principio de Protección al Medio Ambiente): this principle is violated by lowering environmental regulations, benefiting only the developers’ economic interests without considering the environment and lacking “technical and scientific studies with the participation of environmental consultants and the public, since this shall apply whenever there is a risk of serious or irreversible environmental harm.” Judgment 17155-09, Sala Constitucional. In this regard, the challenged provision casts aside all precautionary measures intended to prevent any harm whatsoever to the environment or to persons.

Principle of Environmental Risk Prevention (Principio de Prevención del Riesgo Ambiental): the challenged provision allows, or fails to prevent, possible environmental harm or adverse effects that could prove irreversible by eliminating regulations that were previously in force.

Principle of Adherence to Science and Technology (Principio de Vinculación a la Ciencia y la Técnica): the cited provision amended regulation 31849, which contained technically and scientifically based rules and had been submitted for approval by several institutions, although the amendment lacked a technical and scientific study supporting it.

Principle of Citizen Participation (Principio de participación ciudadana), based on Principle 1 of the Rio Declaration, Principle 10 of the Rio Declaration, Principle 2 of the Statement of Forest Principles (1992), Article 23, paragraph 1(a), of the American Convention on Human Rights, Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 3(c) of the Convention to Combat Desertification, Article 8(j) of the Convention on Biological Diversity, Article 6 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 31 of that same law, which protects the environment through consultations with SETENA’s external environmental consultants and the public, since the public was not given full access to consultation on the amendment; instead, consultation was conducted through a MEIC webpage that is neither generally accessible nor known to the public or consultants, and the proposal was not emailed to environmental consultants or municipalities.

Principle of Social Justice (Principio de Justicia Social): the cited provision fails to satisfy the fundamental requirements of equity, proportionality, and reasonableness that must govern public rules and acts because, by weakening the requirements of the previous provision, and because the environment is a common good of society, it deprives everyone else of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.

IUCN Red List (Lista Roja de la UICN): the challenged provision failed to anticipate that it could cause disturbance or pose a risk to endangered migratory and native species (UICN, 2022) (A total of 60 endangered species in Costa Rica https://www.iucnredlist.org/es/search?landRegions=CR&searchType=species).

CITES List of Endangered Species, Costa Rica (Lista de especies en Peligro de Extinción de CITES, Costa Rica): the challenged provision failed to anticipate that it could cause disturbance to individual specimens and the habitats of species included on the CITES list (CITES, 2017).

Framework Principles on Human Rights and the Environment, UN (Principios Marco sobre los Derechos Humanos y Medio Ambiente, ONU) (ONU, 2018), which safeguard the public’s rights to participation, access to information, and protection of environmental defenders.

Escazú Agreement (Convenio de Escazú) (CEPAL, 2018), incorporated into the inter-American body of case law by the Corte Interamericana de Derechos Humanos through the judgment in Baraona Bray vs Chile of 24 de noviembre de 2022 (Baraona Bray vs Chile, 2022)1, pursuant to the principle of progressive realization of human rights (principio de progresividad de los derechos humanos), which safeguards the public’s rights to participation, access to information, and protection of environmental defenders.

Aarhus Convention of the United Nations Economic Commission for Europe (Convenio de Aarhus de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) (ONU, Convenio de Aarhus, 1998), pursuant to the principle of progressive realization of human rights, which safeguards the public’s rights to participation, access to information, and protection of environmental defenders.

Claims asserted Principal claims 1. That a hearing be permitted with the technical specialists whom we will present at it; authorization is requested for the participation of 5 technical specialists.

2. That Reglamento SETENA 43898 MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC, published on 19 de abril de 2023 in Alcance No.65 of Gaceta No. 67, be declared unconstitutional, with the resulting effects on the aforementioned articles (articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, 98), and in its entirety, because it deregulates the previous provision and strips it of the environmental safeguards already cited.

3. Regarding the proceeding, given that this human-rights issue in environmental matters is a specialized subject, it is requested that the Procurador assigned to this expediente be a Procurador from the environmental division who can comprehensively address the constitutional challenge on the basis of environmental, human-rights, and constitutional principles, for the benefit of constitutionality.”

  1. 2By a decision issued at 10:44 on 3 de noviembre de 2023, the Presidencia de la Sala admitted this constitutional challenge for consideration and granted a hearing to the Procuraduría General de la República, the Ministerio de Ambiente y Energía, the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the Ministerio de Salud, the Ministerio de Agricultura y Ganadería, and the Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
  2. 3Iván Vinicio Vincenti Rojas, of legal age, divorced, attorney, resident of Concepción de Tres Ríos, identity card 106950983, Attorney General of the Republic, responded to the hearing granted to the Procuraduría General de la República in the following terms: I. The challenged regulations and the allegations of unconstitutionality. The petitioners state that they challenge Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of the Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulations (Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental) (Decreto Ejecutivo no. 43898 de 21 de diciembre de 2022). Although they cite specific articles, they challenge the entire Regulations because they consider them to constitute widespread deregulation and, ultimately, request that the entire instrument be declared unconstitutional because, in their view, it deregulates the prior instrument and “omits the preventive controls established in previous regulations and thereby violates the principle of ‘non-regression’; it creates the possibility of irreversible environmental damage and, consequently, lowers the quality of life.” They further contend that the Regulations were not properly submitted for consultation, since they were published only on a website to which not all members of the public have access.They then state, very briefly, for each challenged article, which principles they consider to have been violated, but without specifying why they believe such a violation has occurred or the grounds on which they consider the article unconstitutional. After listing each article, they state that the principles they consider violated are legality, hierarchy of norms, precaution or prudent avoidance, the doctrine of one’s own acts (actos propios), non-retroactivity and the inviolability of one’s own acts, public consultation, sustainable development, in dubio pro natura, environmental protection, prevention of environmental risk, adherence to science and technology, citizen participation, social justice, and the IUCN Red List. They also consider the UN Framework Principles on Human Rights and the Environment, the Escazú Agreement, and the Aarhus Convention to have been violated. II. Standing (legitimación).On numerous occasions, the Constitutional Chamber has recognized the possibility of filing an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) directly, without having to establish the existence of a prior case, when seeking to defend the right to a healthy and ecologically balanced environment (votos nos. 6322-2003, 16937-2011, 18360-2017, 17397-2019, 22735-2020, among others). For that reason, the Procuraduría considers that, because the petitioners seek to defend diffuse interests (intereses difusos), they have standing to file this action of unconstitutionality pursuant to Article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (no. 7135 de 11 de octubre de 1989). III. On the merits of the action. 1. On the action’s insufficient argumentation. Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (no. 7135 de 11 de octubre de 1989) provides that a pleading filing an action of unconstitutionality must set forth its grounds clearly and precisely, specifically citing the provisions or principles alleged to have been infringed.Based on that article and in accordance with what the Constitutional Chamber has termed the burden of argumentation (carga de la argumentación), it has been held that “for an infringement of the Political Constitution to be deemed established and for the challenged provision or act to be declared unconstitutional, with its consequent annulment and removal from the legal system, the party bringing an action of unconstitutionality bears the burden of demonstrating how that provision infringes Constitutional Law and must also state why the claim should be upheld.” (Voto no. 6202-2021 de las 10 horas 5 minutos de 24 de marzo de 2021. To the same effect, see votos nos. 184-1995 de las 16 horas 30 minutos de 10 de enero de 1995, 3249-2021 de las 9 horas 30 minutos de 17 de febrero de 2021 y 19041-2021 de las 9 horas 20 minutos de 25 de agosto de 2021). On that basis, it has been stated that “it is not the role of this Court to review provisions on its own initiative to determine where unconstitutional defects may exist; that task falls to the petitioner.” (Voto no. 6202-2021, cited above).In this action of unconstitutionality, the Procuraduría finds that, with respect to most of the articles, no adequate argumentative effort has been made to demonstrate how the challenged provisions violate the Political Constitution, since the petition merely states what each provision says and which principle or provision is considered to have been infringed. Because it is not the Chamber’s role to cure that deficiency in argumentation, neither is it the Procuraduría’s role to supply the argumentation missing from the filing. Accordingly, we shall next address the petitioners’ statements concerning the Regulations as a whole and each challenged article, with the caveat that our analysis cannot extend beyond what has been presented on each point. 2. On the allegations concerning the Regulations as a whole. The petitioners state that the challenged Regulations introduce widespread deregulation and omit preventive controls contained in the General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) (Decreto Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004), which were repealed, thereby violating the principle of non-regression (principio de no regresión).In environmental matters, the principle of non-regression imposes upon the State a duty not to adopt measures or policies, or enact legal provisions, that diminish the level of environmental safeguards or protection attained up to that point without sufficient technical justification. In other words, application of that principle does not entail absolute irreversibility or make it impossible to amend the environmental regulations in force. In the view of the Constitutional Chamber, “all States experience domestic circumstances of an economic, political, or social nature, or caused by nature, that negatively affect the achievements attained up to that point and compel them to reconsider and lower the new level of protection. In such cases, Constitutional Law and the principles under examination require that the reduction in levels of protection be justified in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality.” (Voto no. 17397-2019 de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019).Thus, if that principle permits the level of protection to be reduced in certain respects when appropriate technical justifications exist, it is clear that the principle does not make it impossible to amend the environmental regulations in force in any manner whatsoever. In other words, that principle does not mean that the State may not amend a provision to change the manner or procedure by which certain environmental oversight functions are performed. Accordingly, the argument that Decreto Ejecutivo no. 43898 is unconstitutional for violating the principle of non-regression solely because it repealed Decreto 31849 and established regulations different from those contained therein cannot be accepted. Application of the principle of non-regression would require determining whether the new regulations modified the previous framework by lowering the level of protection without reasonable technical justification.In other words, it is not enough to argue that the Decreto modified the existing framework, introduces widespread deregulation, and eliminated environmental controls contained in the previous instrument. It is necessary to specify which controls were omitted, how that omission constitutes a reduction in the level of environmental safeguards, and whether there is a technical basis for it. It is also alleged that the Regulations favor the private sector over the public sector or the community at large, but there is no explanation of how, or through which provisions, this alleged preferential treatment occurs. The petitioners’ other argument directed against the Regulations as a whole is that they were not properly submitted for consultation before being issued. However, they do not indicate how the public consultation should have been conducted. The Procuraduría is aware that differing positions have existed regarding the admissibility of arguments concerning citizen participation in actions of unconstitutionality.Nevertheless, even if such arguments are deemed admissible on this occasion because a violation of the principle of participation in environmental matters is alleged, we consider that application of that principle does not presuppose the existence of specific, predetermined mechanisms whose omission would render the instrument unconstitutional. In other words, application of the principle of citizen participation in environmental matters would empower the Constitutional Chamber to determine whether mechanisms for public notice and participation were included in the process of drafting and issuing the challenged instrument, but there is no constitutional determination as to which specific mechanisms must be used. In that regard, the Chamber has stated that “our Political Constitution neither sets forth nor identifies mechanisms for the participation of governed persons in the adoption of fundamental administrative decisions; that is, it does not address that issue.The subconstitutional legal system, essentially statutory law, will determine those sectors and subject matters in which greater participation must occur.” (Voto no. 1163- 2017 de las 9 horas 40 minutos de 27 de enero de 2017, reiterated in voto no. 11263- 2023 de 14 horas 3 minutos de 12 de mayo de 2023). Consequently, the information provided by the institutions granted a hearing regarding this action of unconstitutionality will make it possible to determine and assess whether citizen participation was permitted in drafting the instrument. 3. On each of the challenged articles. It is alleged that Article 3 is unconstitutional because it excludes from environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) activities that required environmental viability (viabilidad ambiental) under the previous regulations and because it lowers the maximum thresholds used to classify impacts as low, medium, or high.Article 3 contains eight subsections, but the filing does not specify which activities previously required environmental viability and are now excluded from the assessment. It is alleged that subsection 8) favors the expansion of agricultural activities that are dangerous, polluting, and destructive to the environment, such as aggressive pineapple cultivation, but it does not state why such preferential treatment occurs. What is specified is that Article 3 changes the construction-area thresholds according to which projects must undergo environmental impact assessment, since it is stated that the threshold under one prior set of regulations was 500 square meters, under another prior set it was 300, and under these regulations it is 1000 square meters. On that point, reference is made to the report submitted by the Procuraduría regarding action of unconstitutionality no. 23-22240-0007-CO, in which we stated that Article 4 bis and Anexo 2 of Decreto 31849 provided that construction projects of less than 500 m2 were excluded from environmental assessment and, therefore, the constitutionality of Article 3, subsections 2) and 3), depends on confirming the existence of the technical basis that led the Executive Branch to determine that works smaller than 1000 square meters need not be submitted to SETENA for consideration.If no technical basis exists, those provisions would be contrary to the principles of non-regression in environmental matters, reasonableness and proportionality, and the objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), and consequently to Article 50 of the Political Constitution.

This, in turn, would result in a violation of the preventive principle (principio preventivo), since the environmental impacts of activities potentially harmful to the environment would not be assessed and mitigated. Article 7 is challenged in connection with the general claim that the Regulations were not subject to public consultation. More specifically, together with Articles 3 and 51, it is asserted that consultation was not conducted with the Municipalities directly involved in compliance with the regulations, but no explanation is provided as to how that potential lack of consultation violates the Political Constitution. In any event, the petitioners would lack standing to claim a potential violation of municipal autonomy, if that is indeed their position. Regarding Article 9, it is merely asserted that some activities are permitted to bypass the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), thereby violating the principle of non-regression (principio de no regresión); in fact, however, that provision makes no distinction among activities but instead concerns the final environmental rating (calificación ambiental final).

It is asserted that Article 13, together with Article 98, allows developers of projects with a low environmental impact to build in environmentally fragile areas (áreas ambientalmente frágiles), but no explanation is provided as to how this violates the Political Constitution. In this regard, it should be borne in mind that the previous Decree did not prohibit project development in such areas; rather, like the present Decree, it established certain limitations and factors that had to be considered in the environmental impact assessment. Article 15 is challenged because it allows a developer to begin processing authorizations before other institutions even though environmental viability (viabilidad ambiental) has not been granted, and this is alleged to violate the principle of deregulation (principio de desregulación). Apart from the fact that it is unclear what is meant by the principle of deregulation, it should be noted that this article expressly provides that potential environmental viability (viabilidad ambiental potencial) authorizes the interested party to initiate or continue proceedings before other entities and that “the commencement of activities or the granting of a concession, as defined in these Regulations, may occur only upon the granting of Environmental Viability (License) (VLA), which would be obtained only after completion of the respective phase of the Environmental Impact Assessment process”; that is, final authorization of the activity, work, or project remains contingent upon environmental viability ultimately being granted.

Article 17, together with Article 90, is challenged because the petitioners believe that it reverses the burden concerning the commission of offenses against administrators, benefiting developers, violating the constitutional principles of good faith, and intimidating public officials through what could be called psychological workplace harassment. The provisions of those articles reflect current regulations governing the liability of the public administration and officials in the exercise of their powers, and it is therefore unclear how those provisions violate the Political Constitution. As for Articles 24, 25, and 26, the sole argument is that the Regulations did not include Annex 7, which contains the D6 form mentioned therein. Nevertheless, Volume III of Decreto 43898 was published in Supplement no. 65 C to La Gaceta no. 67 of April 19, 2023, and includes Annex 7, entitled “D6-Urban Quadrant Submission Form.” Regarding Article 32, it is asserted that some activities are allowed to bypass the environmental impact assessment and that this violates the principle of non-regression.

That article concerns form D1-C, but no indication is given as to how its provisions violate the Constitution or the principle of non-regression. Regarding Article 35, it is asserted that SETENA relinquishes oversight once the developer obtains environmental viability, leaving responsibility to third parties. However, no explanation is provided as to how that provision violates the Political Constitution, since it does not state how such subsequent oversight should be conducted or why the arrangements established therein are insufficient. The petitioners challenge Articles 36, 37, 38, 39, 41, and 42 because they claim that Annex 9, containing the D-4 form mentioned therein, was not included. In response, it should be noted that Volume III of Decreto 43898 was published in Supplement no. 65 C to La Gaceta no. 67 of April 19, 2023, and includes Annex 9, entitled “D4-Forestry Submission Form.” In addition, Article 39 is challenged on the ground that it introduces a right to cut 30 cubic meters of trees and remove 10 fallen trees from protected wildlife areas (Áreas Silvestres Protegidas), without continuing to require the procedure established in Decreto 31849.

In this regard, they reiterate what was stated in the report concerning constitutional challenge no. 23-22240-0007-CO: under Article 28 of the Ley Forestal, Article 90 of its Regulations (Decreto Ejecutivo no. 25721 of October 17, 1996), the Regulations governing permit procedures and oversight of timber harvesting (aprovechamiento maderable) on agricultural-use land without forest and in special situations in Costa Rica, Official Adoption of the “Information System for Oversight of Forest Harvesting (SICAF)” (Decreto Ejecutivo no. 38863 November 11, 2014), and the provisions of Decreto 31849, no environmental impact assessment is required for timber harvesting in forest plantations, agroforestry systems, individually planted trees, or trees on agricultural-use land without forest. Such an assessment was, however, expressly required for applications to harvest timber on privately owned agricultural-use land without forest located within protected wildlife areas (forest reserves, protected zones, and wildlife refuges) that had not been expropriated, pursuant to Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente and the environmental land-use plan (plan de ordenamiento ambiental) (Decreto Ejecutivo no. 29393 of May 15, 2001), as well as for trees located within the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), protection areas, or forest areas, or when prohibited species were involved (Article 7, subsections k), l), and m), of Decreto 38863).

Article 39 exempts from environmental impact assessment the removal of standing trees with a commercial volume of less than 30 cubic meters and harvesting applications involving fewer than 10 fallen trees per property within protected wildlife areas. Apart from failing to distinguish whether this applies to privately owned properties located within protected wildlife areas, it does not provide for an environmental impact assessment, contrary to Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente and the aforementioned provisions requiring such an assessment on private land included within protected wildlife areas. Article 41 is also challenged on the ground that it allows different users to exploit forest resources in protected wildlife areas; however, that provision refers to SINAC’s ability to review all D4-Forestry documents that have received environmental viability. Article 47 is challenged because, in the petitioners’ view, it “establishes an institutional obligation to recognize as a single project the combination of projects smaller than one thousand meters that do not require an environmental impact assessment if they are built on the same property, thereby encouraging the unlawful fragmentation or subdivision (fraccionamiento) of megaprojects into mini-projects in order to evade the studies, oversight, and regulations that might apply to a larger project.” Although no further explanation is provided, it may be noted that subsection

  • 1)of that article refers to the consolidation of administrative case files, which presupposes that the projects are under review by SETENA, while subsection
  • 2)refers to two projects for which environmental viability has been granted. In both scenarios, it is also provided that if either or both approved activities are not consistent with or complementary to the proposed project, they must also undergo a modification process as part of the same proceeding. Subsection
  • 3)states that when the project area changes in size as a result of the consolidation, this must be documented in the consolidation instrument by identifying the new area and, in all cases, setting forth the new environmental commitments undertaken, with those arising from the more stringent environmental assessment instrument taking precedence. Finally, regarding Articles 87 and 88, the petitioners assert that these provisions reduce penalties for developers, reverse the applicable burdens by imposing criminal penalties on public officials, and relieve private developers of responsibility. They believe that this violates the principles of non-regression and deregulation, creating an imbalance of interests. Article 87 establishes which violations are minor, serious, and extremely serious and prescribes the corresponding penalties, while Article 88 provides for the possibility of ordering precautionary measures (medidas cautelares) in the event of noncompliance with environmental commitments. Those provisions do not establish penalties for public officials; no explanation is given as to why they are believed to relieve developers of responsibility, nor is there any specification of which penalties are being reduced. It is therefore impossible to discern how those provisions violate the Political Constitution. IV. Conclusions. Based on all the foregoing, in its capacity as advisory body to the Constitutional Chamber, the Procuraduría General de la República considers that: 1. In the application instituting the constitutional challenge, most of the articles are not accompanied by adequate argument demonstrating how the challenged provisions violate the Political Constitution; instead, the application merely quotes the provision and identifies the principles or regulations allegedly violated. It is not the Chamber’s role to remedy that lack of argument, nor is it the Procuraduría’s role to supply the argument omitted from the application. 2. The principle of non-regression does not mean that the State may not amend a provision to change the manner or procedure by which certain environmental oversight functions are performed. Accordingly, the argument that Decreto Ejecutivo no. 43898 is unconstitutional merely because it repealed Decreto 31849 and established regulations different from those contained therein is untenable. 3. Application of the principle of citizen participation in environmental matters (principio de participación ciudadana en asuntos ambientales) would authorize the Constitutional Chamber to determine whether publicity and participation mechanisms were incorporated into the process of drafting and issuing the challenged provision. The information provided by the institutions afforded a hearing in this constitutional challenge will make it possible to determine and assess whether citizen participation was permitted in drafting the provision. 4. Regarding Article 3°, subsections 2), 3), and 6), and Article 39, the opinion issued in constitutional challenge 23-22240-0007-CO is reiterated: their constitutionality depends on proof of the existence of the technical basis that led the Executive Branch to determine that the excluded activities, works, or projects do not require prior environmental viability. If the reports and administrative case files submitted by the other institutions afforded a hearing in this action do not establish the existence of those technical justifications, the challenge must be sustained with respect to those specific articles because they violate the principles of progressivity and non-regression, reasonableness and proportionality, and the principle requiring the objective grounding of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), and consequently Article 50 of the Political Constitution.

And because this would, in turn, result in a violation of the preventive principle (principio preventivo), since the environmental impacts (impactos ambientales) of activities potentially harmful to the environment would not be assessed and mitigated. 5. With regard to the remaining articles, no sufficient and clear arguments are presented to permit an adequate substantive analysis (análisis de fondo) to determine whether or not they are unconstitutional. Therefore (Por tanto), the petitioners’ claim seeking to have them declared unconstitutional cannot be granted.

  1. 4Francisco Ernesto Gamboa Soto, minister of the Ministerio de Economía, Industria y Comercio, appeared to respond to the hearing granted, in the following terms: regarding the proposed regulation entitled ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, CONTROL, AND MONITORING REGULATIONS (REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL), it is reported that said regulation completed the required procedure in the Digital Prior Review System (Sistema Digital de Control Previo), known by the acronym SICOPRE, which included: a) The proposed regulation was submitted to SICOPRE for Regulatory Review (Control Regulatorio) on 08 de noviembre de 2022. b) The Public Consultation Notice (Aviso de Consulta Pública) issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), dated 07 de noviembre de 2022 and published on the SETENA website, is recorded therein. c) Pursuant to the Public Consultation Notice, the regulation was posted for Public Consultation in SICOPRE for a period of 10 days, from 8 de noviembre to 21 de noviembre del año 2022, thereby demonstrating that the regulations complied with the legal requirement for public consultation, which is governed by Article 361 of the Ley General de la Administración Pública and by the regulatory-improvement principles (principios de mejora regulatoria) of transparency and publicity set forth in Article 3 of Decreto Ejecutivo 37045-MP. d) The consultation notice specifies the mechanism for receiving comments within the Prior Review System (Sistema de Control Previo), a platform that provides interested parties with an easy-to-use means of submitting their comments.Comments in the Public Consultation were received from the Cámara Costarricense de la Construcción, the Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), the Cámara de Agricultura, the Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), and user Sergio Laprade Coto. e) In the regulation’s cost-benefit form, concerning Section I, PRIOR REGULATORY-IMPROVEMENT REVIEW (CONTROL PREVIO DE MEJORA REGULATORIA), under VI.- PUBLIC PARTICIPATION (PARTICIPACIÓN CIUDADANA), question No. 20 states: “20- Were the interested parties or groups consulted in preparing the regulation? Circulation of the draft among interested groups or individuals and receipt of comments. Interinstitutional consultation. Formation of a working group / Technical committee for the joint preparation of the preliminary draft.” f) On 28 de noviembre de 2022, the Dirección de Mejora Regulatorio issued Negative Technical Report (Informe Técnico Negativo) N° DMR-DAR-INF-0161-2022, which contained 12 comments on the proposed regulation that required correction, none of which indicated noncompliance with the public-consultation phase.On that same date, the cited report was notified to MINAE through SICOPRE for its information. g) On 02 de diciembre de 2022, the proposed regulation was submitted a second time for regulatory review. That submission included a series of official response letters from SETENA to the institutions that participated in the Public Consultation. h) This new submission also includes ACUERDO DE COMISION PLENARIA ACP-070-2022-SETENA. i) On 16 de diciembre de 2022, the Dirección de Mejora Regulatoria issued its second Positive Technical Report (Informe Técnico Positivo), N° DMR-DAR-INF172-2022. That report was notified to MINAE through SICOPRE on that same date. The actions taken by the Ministerio de Economía, Industria y Comercio through the Dirección de Mejora Regulatoria may be ascertained through the link https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/2452. I request that this constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) be dismissed and that Decreto Ejecutivo 43898 -MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC remain in force.
  2. 5The minister of Obras Públicas y Transportes, Luis Esteban Amador Jiménez, responded to the hearing granted to him in the following terms: the petitioners’ position contrasts with that of the State, which is inspired by the Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos, No. 8220, together with the regulatory-improvement process that has been promoted, under which procedures, formalities, and requirements must be simplified in pursuit of greater speed, effectiveness, and efficiency in administrative activity. That ministry’s participation focuses on the perspective of procedural simplification (simplificación de trámites) and regulatory improvement; as to environmental matters, it defers to the responses of the competent bodies. Regarding the elimination of the requirement to forward environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) for construction permits to other institutions, consistent with the objective of improving procedures, if the user states that such a study exists and is already on file with another public agency, the user should not be required to submit it again.He considers that publishing a procedure on the SETENA website ensures widespread awareness of it, since the website is fully accessible. Regarding the classification of a failure to respond to SETENA’s requests as a minor offense (falta leve), he states that it is in the developer’s interest to obtain environmental feasibility (viabilidad ambiental), and failure to respond to the secretariat’s requests operates to the developer’s own detriment, because it could result in failure to obtain such feasibility.
  3. 6Víctor Julio Carvajal Porras, in his capacity as minister of Agricultura y Ganadería, stated that, as part of its institutional mission, MAG seeks to promote dignified livelihoods for rural families of small- and medium-scale producers in rural territories by fostering the development of technical and business-management capabilities within production systems and agricultural organizations that promote the competitiveness, equity, and social, economic, and environmental sustainability of agricultural activity. He emphasizes that, although the cross-cutting nature (transversalidad) of environmental rules establishes that responsibility for environmental matters is shared among the functions of the entire Costa Rican State and its various public institutions, as part of constitutional principles, rules of international law, statutes and regulations, environmental principles, and so forth, the Decree to which this constitutional challenge refers provides for the direct participation of the entity he represents only in Articles 3 and 7.Those articles concern the participation of the Ministerio de Agricultura y Ganadería and its decentralized bodies (órganos desconcentrados) through the application of their own regulations, which have their own legal basis and serve as the foundation for those bodies’ substantive and operational activities. Therefore, regardless of whether they are included or cited in the articles sought to be declared unconstitutional, the entity he represents has a duty to continue applying them. Furthermore, under the principle of environmental non-regression (principio de no regresión ambiental), which establishes that environmental regulations and case law should not be revised if doing so would entail retreating from previously achieved levels of protection, the application of Articles 3 and 7 of the challenged Regulations—which, as stated, are the only articles in which the entity he represents participates—does not violate this principle, because they merely apply regulations established to govern activities that, by statutory mandate, fall within the authority of MAG or its bodies by reason of their powers.Regarding the precautionary principle (principio precautorio), non-retroactivity (irretroactividad), the principle that an authority is bound by its own acts (intangibilidad de los actos propios), regulation of human conduct (regulación de la conducta humana), pursuit of the greatest well-being (procuración del mayor bienestar), deregulation (desregulación), statutory reservation (reserva de ley), and in dubio pro natura, the issuance of the challenged Regulations does not violate the aforementioned principles, since each respectively refers to the following: -The precautionary principle provides that when environmental risks resulting from regulatory inaction are uncertain to some extent but must nevertheless be addressed, regulatory inaction is unjustified; this translates into adopting protective measures before complete scientific proof of a risk is available. -The non-retroactivity of the law is a safeguard for administered parties (administrados), insofar as a rule may not be given retroactive effect—the application of new rules to legal acts or events that occurred in the past or before the law—to the detriment of vested rights (derechos adquiridos) or settled legal situations (situaciones jurídicas consolidadas).A contrario sensu, if the rule benefits the person, it may be given retroactive effect. -The principle that an authority is bound by its own acts establishes that the Administration may not revoke acts declaring rights (actos declarativos de derechos), except in exceptional cases and through legally established procedures. -The regulation of human conduct is fundamental to public service and refers to the conduct to be followed in a particular situation or in relation to other rules of the legal system. -The pursuit of the greatest well-being is a further manifestation of the Social Rule-of-Law State (Estado Social de Derecho) in its function of securing the greatest well-being of its inhabitants. -Deregulation, or minimum regulation (regulación mínima), dictates that an act of the Administration shall be deemed authorized if the actor, purpose, and grounds or content are regulated (Article 11 LGAP). -The in dubio pro natura principle indicates that when there is a danger or threat of serious or imminent harm to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty must not be used as a reason to postpone the adoption of effective protective measures.In light of the foregoing definitions, it is not true that any of the aforementioned guiding principles are being violated, since the Regulations were issued to make the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) more effective and to direct it toward projects that actually require the implementation of environmental measures in addition to those already prescribed in order to prevent or offset impacts, and, accordingly, to subject such projects to greater oversight and more efficient monitoring. Because the challenged Regulations were formulated and their implementation promoted by the Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), through the Secretaría Técnica Ambiental, and because the participation of the entity he represents, as previously explained, concerns the application of the Laws and Regulations governing its ordinary activities, the interpretation of and technical response to the claims made by the petitioner fall to MINAE and SETENA.The participation of the entity he represents is limited to its own actions, such as issuing Veterinary Operating Certificates (Certificados Veterinarios de Operación) and Phytosanitary Export Certificates (Certificados Fitosanitarios de Exportación), as well as applying the Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería to certify the status of small- and medium-scale agricultural producer (pequeño y mediano productor agropecuario, PYMPA); regardless of the ruling in this constitutional challenge, these activities must continue to be carried out as part of its ordinary and operational functions. In view of the foregoing, he considers it inappropriate for MAG to address technical matters that are not directly applicable to it and for whose direct application, whether by MAG itself or through its affiliated bodies (Órganos adscritos), the law and other legal rules confer no direct authority upon it.On those matters, it therefore adopts the technical positions set forth by the Ministerio de Ambiente y Energía in its response to this constitutional challenge. He requests that the challenge be dismissed, particularly because most of the arguments have already been examined by the Sala Constitucional itself, which indicated that these matters belong in ordinary proceedings (vía ordinaria), rather than constitutional proceedings.
  4. 7Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy, submits the requested report in the following terms: FIRST: 1. Regarding the powers of SETENA: They are governed by Articles 17, 83, and 86 of the Ley Orgánica del Ambiente, which provide: “Article 17.- Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created by this law. Prior approval by this body shall be an indispensable requirement for commencing the activities, works, or projects. Laws and regulations shall specify which activities, works, or projects require an environmental impact assessment. Article 83.- Creation of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. The Secretaría Técnica Nacional Ambiental is hereby created as a body with maximum administrative autonomy within the Ministerio del Ambiente y Energía, whose fundamental purpose shall include harmonizing environmental impact with productive processes.Article 86.- Efficiency. The Secretaría Técnica Nacional Ambiental shall meet the needs of efficiency and effectiveness in analyzing environmental impact assessments, in accordance with specific, viable, and functional standards for environmental conservation aimed at sustainable development.” Likewise, Article 7 of the Ley de Biodiversidad defines Environmental Impact Assessment as: “(…) a scientific and technical procedure that makes it possible to identify and predict the effects that a specific action or project will have on the environment, quantifying and weighing them to guide decision-making. It includes the specific effects, their overall assessment, the alternatives offering the greatest environmental benefit, a program to control and minimize negative effects, a monitoring program, a restoration program, and an environmental compliance guarantee (…)”. Consistent with the aforementioned Law, the Secretariat’s principal function is the Environmental Assessment process (Evaluación Ambiental) within a regulatory framework intended to ensure the country’s economic development while observing and complying with the principles of environmental balance and thereby achieving the sustainable development mandated by Article 50 of the Constitución Política.It is therefore understood that SETENA helps foster development in the country in conjunction with environmental balance. Accordingly, a detailed technical and legal study is conducted of the project, work, or activity submitted to the Secretariat BEFORE its construction or operation, hence the predictive nature of the Environmental License (Licencia Ambiental), and the purpose is to enable the imposition of any prevention, mitigation, or compensation measures necessary to avoid causing irreparable harm to the environment. Environmental Viability (License) (Viabilidad (Licencia) Ambiental) is an intermediate act that establishes whether or not a project is environmentally viable and ensures compliance with the environmental measures necessary for the country’s sustainable development. Once the requirement of obtaining viability has been met, the developer may apply to the competent institutions for the corresponding final permits needed to carry out the activity, work, or project.Environmental Impact Assessment (EIA) (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) is therefore the scientific and technical administrative procedure that makes it possible to identify and predict the effects that an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to guide decision-making and achieve a condition of acceptable balance between a development or activity and the environmental burden it represents; this results in an administrative act that initially approves the entire procedure for assessing the environmental impacts generated by a specific activity. The entire procedure required for environmental viability to be granted must have been completed and complied with before any project, work, or activity begins, and this reflects its intermediate nature. The procedures and processes following the granting of the Environmental Viability License fall within the jurisdiction of other institutions created for that purpose, and therefore any situations arising from those permits must be analyzed and handled before those institutions.In this regard, the Tribunal Contencioso has ruled on several occasions that Environmental Viability is an interlocutory act without independent effects. For example, it recently addressed the issue in Decision No. 22-2020-I of February 28, 2020, which specifically mentions and cites Decision No. 17-2012-IV, which in turn cites Decision No. 39-2009, establishing that: “(…) Environmental viability forms part of an entire administrative authorization procedure, in which the act under review constitutes a prerequisite for the final act, whether a construction license in the case of works or a license, permit, or concession in the case of an activity; and it is precisely for this reason that the relevant section in both precedents maintains that, as such, the act is neither final nor independently effective, (…)”; “(…) it is worth transcribing verbatim the relevant portion of Considerando VI of Decision 39-2009-VI, which states in this regard: ‘Viewed in this manner, it is an act that concludes the analysis at the environmental stage and must be taken into account in the final decision for purposes of understanding that variable, but it does not constrain the authorizing act with respect to the various aspects of its content.Indeed, this Tribunal considers that the authority issuing the authorization could impose conditions in addition to those provided for in the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), provided that they are reasonable, justified, and proportionate. Its instrumental nature in relation to the principal proceeding that ultimately permits the activity or work to be carried out precludes its being considered a final act or, ultimately, an interlocutory act with independent effect (unless the final act denies authorization, in which case judicial challenge is entirely permissible). This, together with its inability to produce effects in material reality, makes it impossible to regard it as a definitive final decision subject to judicial challenge. The fact that the act results from a procedure involving analyses, consultations, reports, etc., does not render it directly reviewable by the courts, because, ultimately, it is a formal logical structure necessary to determine the environmental viability of the proposal, which has meaning only for purposes of issuing authorization in another proceeding.Moreover, SETENA’s technical specialization does not transform this non-final or interlocutory nature, j (sic) since it is not a criterion that independently allows an act to be regarded as appealable (…)’”. In accordance with the foregoing, SETENA must operate efficiently, as established by the Ley Orgánica del Ambiente, and it is pursuant to that mandate that it has worked over recent years to optimize its operations and ensure that its actions are genuinely efficient in the Assessment, Control, and Monitoring of projects that, because of their potential environmental impact, require additional environmental measures that must be supervised by SETENA. 2. Regarding the cross-cutting nature of environmental standards: Jurisdiction over environmental matters is shared among all functions of the Costa Rican State and its various public institutions, as part of constitutional principles, rules of international law, statutes and regulations, environmental principles, among others.This reflects an evolving regulatory framework that has strengthened the State’s environmental oversight, both through the Public Administration and through the courts, each operating under a regulatory framework that enables it to exercise the legal powers conferred upon it and to safeguard and defend the right to a healthy and balanced environment. Consistent with the foregoing, the legal framework governing the country’s development processes and environmental protection may therefore be understood to include regulations specific to other authorities, such as the Municipalities, the Ministerio de Salud, the Ministerio de Agricultura, and the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, among others. Those regulations establish guidelines and obligations constituting baseline environmental measures that must be complied with and observed by every regulated party (administrado) wishing to commence any type of development in the country, depending, of course, on the type of activity, work, or project to be carried out.This accounts for the cross-cutting nature of environmental matters at the State level, because SETENA is not the only entity that must have standards ensuring compliance with environmental principles and observance of environmental protection; other institutions have also had to adapt by applying rules that strengthen this function of sustainable development and environmental protection. This does not mean that those other institutions conduct Environmental Impact Assessments, but rather that their regulations and the obligations they impose on regulated parties are sufficient for monitoring certain projects, such as those with low environmental impact. The foregoing explanation is intended to make clear that, beyond SETENA’s own rules governing Environmental Impact Assessment, other institutions possess legal tools for baseline environmental oversight, aimed at environmental protection in connection with development, which are mandatory; moreover, those tools form part of the regulatory framework of authorities responsible for issuing final permits.This was recognized by the Tribunal Constitucional in Voto No. 17792-2019, in which, citing judgment number 2017-5994, issued at 11:00 hours on April 26, 2017, it indicated that it was inclined to uphold the constitutionality of the provisions concerning projects with very low environmental impact and clearly set forth its position, as shown by the following excerpts: “VI. […] In the opinion of this Chamber, the following distinction must be made regarding the excluded activities: on the one hand, those identified in subsection 1), and, on the other, those excluded under the remaining subsections. This is because the petitioners’ arguments are directed particularly at challenging subsection 1). The following clarification is necessary in light of the statements made by the Procuraduría General de la República in its report. That subsection must be understood in conjunction with the first paragraph of that article; that is, it concerns operational activities with very low environmental impact that, according to the rule, do not require processing an Environmental Impact Assessment (EIA) before SETENA but that shall nevertheless be subject to other environmental controls—as the rule itself indicates—such as those established by the Municipalities, the Ministerio de Salud, the Ministerio de Agricultura y Ganadería, the Ministerio de Obras públicas y Transportes, the Ministerio de Ambiente y Energía, and other entities with legal authority, as well as those established in the Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 of September 14, 2004, published in La Gaceta 217 of November 5, 2004, or under any voluntary mechanism for improving environmental performance. Thus, the rule itself establishes that, although they do not require an EIA, this does not mean that they are exempt from environmental oversight.

It should be noted that the petitioners confuse the definition: it is not that the mere fact that activities are in operation makes them activities of very low environmental impact; rather, the subsection does not refer to every type of activity in operation, but only to those activities in operation defined as having very low environmental impact. Accordingly, with respect to the claim that Article 4 bis of the challenged Regulations is unconstitutional, the action must be dismissed as to subsection 1 of that provision.” 3. On the environmental non-regression principle (Principio de No regresión Ambiental): This principle establishes that environmental laws and case law should not be revised if doing so entails a retreat from the levels of protection previously attained. Although it is fully recognized by this Honorable Chamber, it has also been made clear that it is not to be understood in absolute terms, as the Chamber itself acknowledged, for example, in ruling No. 13367-2012 of December 21, 2012, which states: “(...) it cannot be understood in absolute terms.

A reduction in a particular level of protection is possible if there is technical and scientific support guaranteeing that it does not result in a material loss of environmental protection, provided that the standards of proportionality and reasonableness established by this Chamber in its case law are satisfied. The first matter to be determined, however, is whether a particular regulatory amendment reduces the level of protection. In this regard, it must be borne in mind that not every amendment to environmental regulations that formally appears to reduce the level of protection must be deemed to violate the principle of non-regression in environmental matters. (...) This principle does not entail absolute irreversibility, because all States experience domestic circumstances of an economic, political, or social nature, or caused by nature, that adversely affect the achievements made up to that point and require the new level of protection to be reconsidered downward.

In such cases, the right to the Constitution and the principles under examination require the reduction in protection levels to be justified in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality. Ruling 5994-2017 of April 26, 2017, also states: “(...) (...) Before examining each of the petitioners’ arguments, it is necessary to recall the importance of Environmental Impact Studies (Estudios de Impacto Ambiental) and to determine, for the specific case under review, the scope of the principle of non-regression in environmental matters, in order to conclude that not every amendment to environmental regulations—as the petitioners appear to suggest—must be deemed to violate that principle. Based on recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article Fifty of the Political Constitution and Principle Fifteen of the Rio Declaration, United Nations Conference on Environment and Development, as this Chamber has examined in prior case law (see decision number 2014-004243), recognition has likewise been given to the so-called ‘precautionary principle in environmental matters’ (principio precautorio en materia ambiental), or ‘in dubio pro natura principle’ (principio in dubio pro natura), compliance with which requires all actions by the public administration concerning environmentally sensitive matters to be carried out with the appropriate care to avoid risks and damage that would be impossible or difficult to remedy.

It follows that the administration must have negative certainty that the environment will not be affected under any circumstances; consequently, where there is doubt as to whether a risk may materialize, the administration is obligated not to authorize or undertake actions, or immediately to cease the administrative activity causing the danger. In other words, if it lacks scientific certainty regarding the harmlessness of the activity, the administration must refrain from carrying out activities with a negative environmental impact; in the face of scientific uncertainty regarding whether the actions are harmless or beneficial, the administration is barred from granting authorizations or carrying out its own acts that give rise to environmental risk. In this regard, the performance of Environmental Impact Studies constitutes a principle that must be duly observed and applied, to such an extent that, gradually and progressively—as is appropriate in the field of human rights—the legislation itself and this Chamber’s own case law have defined the importance and necessity of having such assessments duly conducted before certain types of works are undertaken.

Now, as to the principle of progressive realization (principio de progresividad), which the petitioners invoke throughout their arguments (...) It may therefore be concluded that not every amendment to environmental regulations necessarily entails diminished protection of the right to the environment. Such a conclusion must be substantiated. Likewise, not every amendment that is insufficiently broad must be construed as an unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión). What is desirable does not render unconstitutional a provision that falls short of it. Indeed, all legal rules can be improved, but their proximity to or distance from a standard of perfection or desirability does not make them unconstitutional (...).” As a corollary to the foregoing, SETENA, through official letter SETENA-SG-1123- 2023 signed by the Secretary General of SETANA, states: “(...)Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC was created to fulfill the duty of efficiency mandated by the Ley de Biodiversidad, given that these new regulations seek to adapt environmental impact assessment processes (Evaluación de Impacto Ambiental) legally and technically to present-day circumstances, which have undergone significant evolutionary changes both nationally and internationally, with new policies and technologies requiring environmental variables, oversight, and monitoring to be adapted to those changes.

At the same time as ensuring that the assessment is properly applied, they also seek to take into account the State’s obligation to streamline procedures for regulated parties without legally depriving the country’s natural capital of protection (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos No. 8220 and its amendments). Along these lines, with respect to the so-called low-environmental-impact projects or Environmental Registrations (Registros Ambientales), it was determined that, because SETENA does not provide any additional value in terms of environmental measures, technical studies, or environmental oversight and monitoring instruments, but instead applies the baseline measures or regulations imposed by other institutions and authorities, registration with SETENA was not necessary for compliance with those regulations. This is because, as already explained, given the type of projects, their low environmental significance, and the fact that environmental measures are already regulated, only the environmental measures established in other rules apply to them, while SETENA adds no further value because it does not require any additional measure with which they must comply and therefore cannot take any action of additional value in the event of noncompliance (for example, enforcement of the environmental bond (garantía ambiental), because these projects do not provide an environmental bond).

This Constitutional Court, in the aforementioned decision number 2017-5994, issued at 11:00 hours on April 26, 2017, stated: (...) ‘The determination of the cases in which an environmental assessment is or is not required is a matter governed by statutes and regulations, under the general criterion that the human activities that must undergo environmental assessment are those that alter the environment to a sufficiently significant degree to make such an assessment necessary. It is for the ordinary courts to examine the technical and scientific basis relied upon by the challenged decree in making those amendments. Accordingly, with respect to the claim that Anexo 2 of the challenged Regulations is unconstitutional, the action must be dismissed.’ (italics added) Those low-impact projects are required to comply with the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales) and with the applicable rule, depending on the type of project, which is overseen by another entity; in the event of noncompliance, the Environmental Prosecutors’ Offices, the Contentious-Administrative Court, the Environmental Administrative Tribunal, or the Ministry of Health serve as oversight bodies that may order a penalty or measure against the regulated party that failed to comply.

Those applicable rules are sufficient for their environmental control and oversight; accordingly, these matters were considered when the new Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulations (Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental) were issued, and efforts were focused efficiently and effectively on those activities, works, or projects that, because of their characteristics and greater environmental impact, do require application of the environmental impact assessment and therefore environmental monitoring by SETENA, the adoption of additional environmental measures, and oversight by the Secretariat of compliance with those measures. This decision was based not only on technical and scientific analyses but also on actual practice and experience, and developments over the years have shown that registering these projects with SETENA generates no additional added value.

Along these lines, it was determined that the environmental impact assessment must focus more closely on those projects for which the combination of the environmental-fragility conditions (condiciones de fragilidad ambiental) of the areas where development is proposed and the scale of the project requires the establishment of additional environmental measures and necessary environmental commitments, together with effective monitoring thereof to mitigate significant negative environmental impacts, by placing greater emphasis on environmental oversight and monitoring, field inspections, and review of the duties of the environmental officers (responsables ambientales). This is intended to direct institutional efforts toward overseeing projects with greater impacts, because low-environmental-impact projects, it bears repeating, are covered by the regulations and powers of other administrative and judicial authorities.

Consistent with the foregoing, this demonstrates that there is no violation of the environmental non-regression principle because other rules that govern and have a bearing on those projects do exist, as do both administrative and judicial authorities to which recourse may be had in the event of noncompliance with those rules. It is therefore concluded that there is no loss of environmental protection insofar as the existing rules imposed by other institutions on those low-impact projects have been and must continue to be applied, and consequently the standard established by this Chamber, as cited above, is met: environmental non-regression cannot be understood in absolute terms. The Regulations under review are clear in their recitals when they state: “IX.

That, from a technical standpoint, these new environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) regulations take into account the evolution and transformation of environmental impact assessment processes identified worldwide and nationally, where new environmental variables must be considered within EIA processes, moving toward policies based on compliance with the Sustainable Development Goals and using newly available technology; establishing technical and legal requirements inherent and specific to EIA processes; defining institutional powers; and aligning them with the time at which EIA is applied to formalize an activity, work, or project in Costa Rica, thereby providing legal certainty and reducing review periods in full compliance with the Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220 del 4 de marzo del 2002 and its amendments.

X. That the Environmental Impact Assessment should focus more on the fragility conditions of the areas where projects are intended to be developed than on the scale of the projects, establishing environmental measures to mitigate significant adverse impacts, through a model that places greater emphasis on environmental monitoring with field verification and assigns greater responsibility to the environmental officers who prepare the EIA processes.” 4. Regarding the precautionary principle (principio precautorio), non-retroactivity (irretroactividad), the principle that an authority may not repudiate its own acts (intangibilidad de los actos propios), regulation of human conduct (regulación de la conducta humana), pursuit of the greatest well-being (procuración del mayor bienestar), deregulation (desregulación), statutory reservation (reserva de ley), and the in dubio pro natura principle: The precautionary principle provides that when the environmental risks arising from regulatory inaction are uncertain to some extent but must nevertheless be addressed, regulatory inaction is unjustified, which translates into the adoption of protective measures before complete scientific proof of a risk is available.

The non-retroactivity of the law is a guarantee in favor of regulated persons, insofar as a provision may not be given retroactive effect—the application of new provisions to legal acts or events occurring in the past or before the law—to the detriment of vested rights or settled legal situations. Conversely, if the provision benefits the person, it may be given retroactive effect. The principle that an authority may not repudiate its own acts establishes that the Administration may not revoke acts declaring rights, except in exceptional cases and through legally established procedures. The regulation of human conduct is fundamental to public service and refers to the conduct to be followed in a particular situation or in relation to other rules of the legal system. The pursuit of the greatest well-being is another specific manifestation of the Social State under the Rule of Law in its function of seeking the greatest well-being of its inhabitants.

Deregulation, or minimal regulation (regulación mínima), dictates that an act of the Administration shall be deemed authorized if the subject, purpose, and grounds or content are regulated (artículo 11 LGAP). The in dubio pro natura principle indicates that, where there is a danger or threat of serious or imminent harm to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protective measures. With respect to the foregoing definitions, it is not true that any of the aforementioned guiding principles are being violated, insofar as the Reglamento was issued so that the Environmental Impact Assessment would be more effective and directed toward projects that actually require environmental measures additional to those already regulated in order to prevent or offset impacts and, accordingly, so that such projects would be subject to greater oversight and more efficient monitoring.

The technical and legal reasons why this is so with respect to each claim asserted are explained below. SECOND. Merits: Article 136 of the Ley General de la Administración Pública Nº 6227 authorizes the Administration to state the grounds for its acts through an express or unequivocal reference to the reasons supporting the regulated person’s petition or to prior opinions that actually determined the adoption of the act. Likewise, Article 302, subsection 1), of the same body of law establishes that technical opinions of any kind required by the Administration shall be entrusted to public bodies with expertise in the relevant field. Therefore, to address the present application, a report was requested from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (hereinafter SETENA) of this Ministry. In response, official letter SETENA-SG-1123-2023 de fecha 20 de noviembre, signed by the Secretary General of SETENA, sets forth the arguments raised in the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) against Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, entitled Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, which states: 1.

Regarding the allegation that Article 3 of Decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC violates the principle of non-regression (principio de no regresividad): The applicants’ position is incorrect because Category C activities, works, and projects were not, as such, subject to an environmental impact assessment; they did not obtain an Environmental Viability License (Licencia Viabilidad Ambiental), but rather a REGISTRATION, subject merely to administrative, rather than technical, requirements. Furthermore: a) Low-impact Category C projects were not subject to an Environmental Impact Assessment in order to obtain Environmental Viability (Viabilidad Ambiental); they merely obtained registration with SETENA, as regulated by Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), N° 41815-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, del 25 de junio del 2019; b) Decreto Nº 43898 maintains the thresholds for Category C activities, works, and projects (actividades, obras y proyectos, AOP): construction of less than 1000m2 and earthworks (movimiento de tierra) of up to 999 m3, exactly as DE 31849 was amended by Decreto N° 37803-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC concerning the Reglamento de Evaluación Ambiental; these were not subject to an EIA and obtained only an environmental registration (registro ambiental); c) DE 43898 did not raise the thresholds and is not deregulating various classifications.

Previously, they were already not subject to an EIA, but only to registration; d) Nor is the threshold changed for AOP exceeding 1000m2, which are indeed AOP that must undergo EIA and environmental monitoring (Seguimiento Ambiental); e) Likewise, in the current Decreto SETENA retains the provision of the prior Decreto, 31849-MINAE, under which Category C projects with a threshold exceeding 500m2 but below 1000m2 that are located in an environmentally fragile area (área ambientalmente frágil) as defined in Article 98 of this Reglamento must undergo an Environmental Impact Assessment in order to seek an Environmental Viability License approved by the Comisión Plenaria de la SETENA; f) Responsibilities concerning EIA are not being assigned to other entities. Rather, certain activities are exempted from EIA while remaining subject to environmental controls by other institutions, always within their legal powers; g) It does not lower the maximum thresholds for classifying activities as low, medium, or high impact, as may be seen in Article 7 of Decreto Ejecutivo Nº 43898.

Moreover, it must be considered that the Contraloría General de la República, in its report N° 04-PFA “Fiscalización sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del 2000”, concluded: “(…) that entity is not operating efficiently and effectively in its management of preliminary environmental assessment, monitoring, and follow-up processes because it is diverting its resources to the assessment of numerous projects having little environmental impact...” “...the excessive workload overwhelms SETENA’s response capacity because, by addressing activities of little environmental significance, it diverts financial, human, and technical resources that could be used more effectively for activities and projects to be developed that pose a greater risk to the environment (…)”. In other words, the oversight body itself calls upon SETENA to prioritize environmental impact assessment for those AOP that pose a greater risk to the environment and not divert its resources to AOP having little environmental impact and governed by their own regulatory framework, compliance with which does not require the involvement of this Secretariat.

Based on this report, the Executive Branch began an analytical process to screen the number of projects submitted to SETENA in order to prioritize those that did pose a greater risk to the environment. This prioritization of EIA processes was even upheld by the Sala Constitucional itself in expediente 01-002886-0007-CO, which stated as follows in Voto N° 01220-2002: “This is not to say that the Executive Branch may not, through regulations and on the basis of precise technical studies, determine that a particular activity or project does not require environmental impact studies; however, this requires that such a determination be duly reasoned and justified.” For this reason, since the implementation of Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, and now with the implementation of Decreto Ejecutivo N° 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, SETENA has specified which projects must undergo an EIA process and which do not.

This is consistent with the Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, Article 17 of which provides as follows: “(…) Environmental impact assessment: Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials shall require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created by this law. Prior approval by that body shall be an indispensable requirement for commencing the activities, works, or projects. Laws and regulations shall specify which activities, works, or projects require an environmental impact assessment (...)”. The very law that creates the environmental impact assessment thus makes clear that laws and regulations shall specify which activities, works, or projects must undergo the EIA process. Therefore, Article 3, as such, of Decreto N° 43898 is not unconstitutional, because that provision is a mechanism established by law for determining what must be processed by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Regarding the exclusion of AOP from EIA under Article 3, subsection 4, of D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, it should be clarified that, since 2008, the Comisión Plenaria de SETENA has established, through agreements and decisions (Resoluciones No. 583- 2008, 2376-2016, 1909-2017, 1462-2018), the activities having a very low environmental impact that need not undergo EIA. Through Anexo 2, Decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC formalizes by decree those activities that had already been determined by administrative decision not to require EIA because they have a very low environmental impact and, moreover, are already extensively regulated and controlled under rules administered by other institutions which, although they do not perform EIA, are required to conduct environmental controls within the scope of their powers. It was therefore concluded that there was no impairment of the environmental right to a healthy and ecologically balanced environment that this Court was required to remedy, and the constitutional challenge filed was accordingly dismissed. 2. Regarding the allegation that Decreto No.

43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC was not duly subjected to consultation when it was drafted: The petitioners’ position is incorrect. It should be noted that, in preparing the new Regulations (D.E. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), SETENA reviewed and analyzed the previous proposed RECSA decree and the Environmental Impact Assessment Regulations, which were considered by the Mixed Technical Advisory Commission on Environmental Impact Assessment, created by Article 121 of Decreto Ejecutivo No. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, dated May 24, 2004, and by the National Mixed Technical Advisory Commission of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), Decreto No. 40505-MINAE, dated July 28, 2017. Furthermore, beginning in 2018, the National Environmental Technical Secretariat initiated a strengthening and transformation process based on 3 lines of action: Process Reengineering, Digital Transformation, and Regulatory Modernization.

As part of the technical and legal foundation for the reform, work began in 2019 in collaboration with PROCOMER, within the framework of the Single Investment Window (VUI) project, through Kaizen events. These workshops included broad participation by experts, both within SETENA and among external stakeholders, including environmental consultants and consulting firms from both the private and institutional sectors. They conducted a thorough analysis of the decrees governing environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), the technical studies that constitute the EIA baseline, and the environmental assessment instruments, for the purpose of simplifying procedures and improving legal certainty for regulated parties, as well as improving the technical content of the studies in order to achieve a balance between activities, works, or projects (actividades, obras o proyectos, AOP) and the environment.

This reform completed the entire official public-consultation process through the Prior Control System (SICOPRE) of the Ministry of Economy, Industry and Commerce (MEIC), pursuant to Article 361 of the General Public Administration Law No. 6227, the Law for the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures No. 8220, and related regulations. Information on that process may be consulted in that system using form number 2452. More than 20 entities participated in the public-consultation process, and approximately 172 comments were received. SETENA conducted a technical and legal analysis of them and accepted 34%, partially accepted 15%, and did not accept 51% of the submitted comments. 3. That Regulations 43898 fail to take into account that approximately 50% of the country’s cantons lack regulatory plans (planes reguladores) and only 6 have information regarding their environmentally fragile areas (áreas de fragilidad ambiental): Regarding this matter, the Secretariat must indicate that Strategic Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Estratégica) is indeed considered by the institution; however, this matter falls outside the scope of Decreto 43898, because the regulations governing the incorporation of the environmental variable (variable ambiental) into regulatory plans are set forth in Decreto No. 32967, which remains in force.

It must also be clarified that each municipality is responsible for having regulatory plans that incorporate the environmental variable. As for the allegation that Decreto 43898 fails to take into account that 50% of the country’s cantons lack regulatory plans and only 6 have information regarding their environmental fragility, that assertion is incorrect, because environmental constraints (condicionantes ambientales), such as public-domain waterways, wetlands, forest cover (cobertura boscosa), and natural hazards, among others, can be checked geospatially, making it possible to view and identify special geo-environmental features and conditions at the specific site where the project is intended to be developed, as well as in its environmental surroundings, and also to verify vulnerability-related factors. Official geospatial viewers and layers from the country’s various public entities may be used, including the Water Directorate, the Directorate of Geology and Mines, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, municipalities that have such resources, and many others.

These may be consulted both by the general public and by the country’s other public entities. It is therefore important to make clear that the geospatial information and data used by SETENA to perform its geospatial review of AOP case files (expedientes) come from all these public sources and platforms, without causing any detriment to Developers with respect to projects submitted to the different institutions to obtain permits. On the contrary, the use of these public resources—consisting of official layers, viewers, and data—strengthens the planning process for the issuance of permits by the various institutions involved in permit-issuance processes. It is also important to consider that Decreto Ejecutivo No. 37773-JP-H-MINAE-MICITT concerns Costa Rica’s official repository of geospatial layers and data, whose platform is known as the National Registry’s SNIT Viewer. Article 3°, Point E, states that one of the platform’s specific objectives is “to provide access, whether free of charge or for a fee, to the public territorial information contained in the system for all citizens and for public entities and bodies, whether or not they supply territorial information to the system, thereby promoting the democratization of the use of territorial information at all levels of society”; Therefore, the petitioner’s allegation that, in the absence of an approved regulatory plan, the environmental constraints affecting the country’s various cantons are unknown is unfounded because, as explained in the preceding paragraphs, official, current, available, unrestricted, and free information exists for decision-making by all institutions and by the country as a whole.

This information is used by the municipalities to prepare regulatory plans and to obtain the Environmental Variable in accordance with Decreto No. 32967. Furthermore, Article 98 of Decreto 43898 retains Environmentally Fragile Areas (Áreas Ambientalmente Frágiles), which, by their nature, are divided into two main groups: a) areas for which the State has established a special use regime (a defined legal and technical framework); b) geographic areas presenting technical and environmental limitations on their use. Finally, SETENA DOES NOT transfer the obligation to process EIA procedures to other institutions, because the provision states that the activities, works, or projects with very low potential environmental impact listed in that article are not required to process an Environmental Impact Assessment before SETENA. They are, however, subject to the environmental controls established by the municipalities, the Ministry of Health (MINSA), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), the State Phytosanitary Service (SFE), the National Animal Health Service (SENASA), the Ministry of Public Works and Transportation (MOPT), the Ministry of Environment and Energy (MINAE), and other entities with legal authority, as well as to the provisions of the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales), Decreto Ejecutivo N° 32079 dated September 14, 2004, or any voluntary mechanism for improving environmental performance.

Thus, the provision states that although some AOP do not require an EIA, the State, through other entities, remains obligated to conduct the corresponding environmental controls in accordance with their respective powers; moreover, these obligations are not new. The Constitutional Chamber itself has already so held, establishing that our country’s municipalities play an important role in protecting the environment and health. Specifically, it has held as follows: “(…) The State—as a whole—is obligated to take the measures necessary to protect the environment in order to prevent levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of regulated parties. For purposes of this task, a public institution includes both the Central Administration—Ministries such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health—which, because of the subject matter, have extensive participation and responsibility with respect to environmental conservation and preservation and which generally act through their specialized divisions, such as the General Directorate of Wildlife, the Forestry Directorate, and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA)—and decentralized institutions such as the National Institute of Housing and Urban Development, SENARA, the Costa Rican Tourism Institute, and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewerage.

Likewise, municipalities bear significant responsibility in this task within their territorial jurisdiction (…)”. (Resolution No. 17552- 2007 at 12 hours 22 minutes on November 30, 2007, reiterated, among others, in Resolution No. 16167-2013 at 9 hours 5 minutes in December 2013). Regarding the specific role of municipalities in the environmental oversight of their territory: “(…) The role of municipalities in environmental matters. Consistent with the foregoing, municipalities, as an integral part of the State as a whole, bear a substantial degree of responsibility for environmental matters within the scope of their powers and obligations, whether through the direct approval of permits or licenses requiring prior compliance with requirements demonstrating proper environmental management before other public authorities, or through regular inspections and the referral of risk situations to authorities with greater powers of intervention.

It has already been established that local governments are subject to an obligation of coordination and prevention in environmental matters within their territorial jurisdiction; it follows that municipalities are indeed important participants in the task of protecting the environment (...)”. (Constitutional Chamber, Voto No. 18471-2008 at 18 hours 29 minutes on December 11, 2008). 4. Regarding the allegation that the content of Decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC entails widespread deregulation: As to Article 3, the response has already been addressed in connection with the first allegation submitted. What these Regulations exclude are low-environmental-impact activities, works, and projects that did not require an EIA under the previous provision; what they submitted was a Registration (Registro), involving merely administrative rather than technical requirements, and they did not obtain Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) granted by the Plenary Commission.

As to the exclusion of AOP from Environmental Impact Assessment (EIA) under Article 3 of D.E. No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, it must be clarified that, since 2008, the SETENA Plenary Commission, through agreements and resolutions (Resolutions No. 583-2008, 2376-2016, 1909-2017, 1462-2018), has identified activities with very low environmental impact that are not required to undergo an EIA. And what Decreto No. does is 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, through its Anexo 2, is intended to regularize by decree those activities that had already been determined by administrative decision not to require submission to an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), because they are activities with a very low environmental impact and are also already extensively regulated and controlled under regulations by other institutions that, although they are not responsible for conducting the EIA, are required to carry out environmental controls as part of their authority.

Additionally, it is not true that decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC eliminates, in some cases, the obligation to undergo environmental impact studies, since Article 7 of that decree establishes that works, activities, and projects (actividades, obras o proyectos, AOP) are subject to the submission of an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) or to the EIA pursuant to specific laws or international agreements signed by the country. 5. The current regulations favor the expansion of dangerous, polluting, and environmentally destructive agricultural activities, such as intensive pineapple cultivation: It is stated that the foregoing is incorrect for the following reason: agricultural activities are not excluded from the EIA; they form part of the list of activities that must undergo the EIA (Anexo 1, decree 43898), as under the previous regulations (Decreto 31849-MINAE).

Agricultural activities that are not required to undergo the EIA are those for which activity has previously been conducted on the property, based on the predictive nature of the EIA. Existing or operating activities may obtain an environmental permit by submitting an Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental, EDA) to SETENA, in accordance with current decree N° 42837-MINAE. Regarding the petitioners’ assertion that the referenced Article 3 lowers the thresholds for construction areas, and that under the previous regulations, No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the ceiling was 500 square meters, whereas under these regulations, No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, it is 1.000: below that limit, developers do not have to undergo environmental impact studies. That assertion is incorrect for the following reasons: • Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC maintains the thresholds for category C AOP involving construction of less than 1000 m2, exactly as DE 31849 was amended by decree N° 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC concerning the Environmental Assessment Regulations; such AOP were not subject to an Environmental Impact Assessment and obtained only an environmental registration. • D.E.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC did not raise the thresholds and is not deregulating various classifications.

Previously, they were already not subject to an EIA, but only to registration. • Nor is the threshold changed for AOP of more than 1000 m2, which are AOP that must undergo the EIA and environmental monitoring (Seguimiento Ambiental). • Likewise, in the current decree SETENA maintains the provisions of the previous decree, D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, under which category C projects with a threshold greater than 500 m2 and less than 1000m2 that are located in an environmentally fragile area (área ambientalmente frágil), as defined in Article 98 of these regulations, are required to undergo an Environmental Impact Assessment in order to obtain an Environmental Viability License (Licencia de Viabilidad Ambiental) approved by the Plenary Commission. 6. Article 9 of the regulations eliminates, in some cases, the obligation to undergo environmental impact studies, thereby violating the principle of non-regression (principio de no regresividad): This is not true, because this article establishes the final environmental rating through Environmental Impact Significance (Significancia de Impacto Ambiental, SIA) in order to determine the Environmental Impact Assessment Instrument (Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental), which may be a Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA), an Environmental Management Forecast Plan (Pronóstico Plan de Gestión Ambiental, PPGA), or an Environmental Impact Study.

This does not differ from the manner in which it was done under the previous executive decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, as established in its Article 19. The petitioners state that Article 32 of these EIA regulations eliminates, in some cases, the obligation to undergo EIA (environmental impact studies), thereby violating the principle of non-regression. However, Article 32 refers to low-impact activities that do require Environmental Viability (Viabilidad Ambiental, VLA) when they are activities included in Anexo 1 and are located in the environmentally fragile areas defined in Article 98. It should be noted here that, although there are low-impact AOP that in principle do not require an EIA, SETENA has determined that there are exceptions to the rule in order to regulate those AOP that, because they are located in fragile areas, do require an EIA process; this includes all AOP greater than 500 m2.

It further provides that those not requiring the EIA shall be subject to compliance with all environmental regulations in force in the country, and the Municipalities shall be responsible for requiring them to comply with the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales), Executive Decree No. 32079 of 14 de setiembre de 2004. 7. Regarding the assertion that Article 39 of these EIA regulations eliminates, in some cases, the obligation to undergo EIA (environmental impact studies), thereby violating the principle of non-regression: The first point that must be clarified concerning this article is that SETENA does not grant forest harvesting permits (permisos de aprovechamiento forestal); this falls under the exclusive authority of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), which must continue to observe the applicable regulations when approving forest harvesting permits submitted for processing by members of the public.

The Environmental Viability (License) requirement for this type of timber harvesting (aprovechamiento maderable) provides as follows in Article 36: “The Forestry D4 (D4 Forestal) is hereby created for the assessment of environmental impacts, for which purpose the D4 form indicated in Anexo 9 of these regulations must be completed. This form provides for the assessment of environmental impacts generated by timber-harvesting forestry activities in forests within Protected Wildlife Areas (Áreas Silvestres Protegidas), when there is no express prohibition against them.” As may be seen, the article does not allow harvesting contrary to existing forestry regulations, since it makes clear that the proceeding is possible only when there is no express prohibition against it. It is therefore evident that there is no intent to deregulate the existing rules and that decrees such as 25700-MINAE remain in force and binding upon entities and users generally.

Furthermore, regarding certain activities that do not require an EIA, such as harvesting 10 fallen trees, it must be clarified that this decision is consistent with the provisions of Executive Decree No. 40477- MINAE, Regulations for the Harvesting and Extraction of Timber from Naturally Fallen Trees in Private Forests (Regulaciones para el aprovechamiento y extracción de madera de árboles caídos naturalmente en bosques privados), Article 1 of which provides as follows: “The purpose of this Decree is to establish the regulations for harvesting and extracting sawn timber from naturally fallen trees in forests on privately owned land duly recorded in the Property Registry or belonging to lawful possessors accredited in accordance with Article 89 of the regulations to the Ley Forestal. The regional and subregional offices of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), in its capacity as the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado, AFE), shall be responsible for evaluating and processing applications to harvest and extract fallen timber in privately owned forests.” Furthermore, Articles 4, 5, and 6 establish the requirements for this activity, which do not include an environmental viability requirement. In addition, Article 8 provides as follows: “Article 8. Provisions for harvesting fallen timber in forests.

  • 1)The AFE official shall verify in the field the fallen condition of the tree covered by the application in order to determine whether it fell due to natural causes; determine its diameter, length, and species; and determine whether it is located in a primary or secondary forest.
  • 2)If primary roads established in prior Management Plans (Planes de Manejo) exist and continue to be duly maintained, they must appear on the base map together with the georeferenced fallen trees. The foregoing information shall be presented on a base map at an appropriate scale, conforming to the boundaries of the cadastral survey.
  • 3)Under the precautionary principle (principio precautorio), any log or trunk of a fallen tree that is clearly being used as a den or shelter by wild birds or mammals may not be counted as part of the material to be extracted and must remain in that same condition.
  • 4)Storage yards for sawn timber may not be established within the forest or in protection areas, on slopes, or near springs (nacientes), river channels, or permanent streams.
  • 5)Under no circumstances shall sawing be permitted in stream or river channels.
  • 6)The opening of new roads or tracks within the forest is prohibited, as is the removal of successional vegetation that has become established on abandoned routes.
  • 7)Fallen timber within the protection areas defined by Article 33 of Ley Forestal N° 7575 may not be extracted unless, based on a technical opinion issued by the AFE upon the recommendation of the Forestry Supervisor (Regente Forestal), its extraction is ordered to prevent hazardous situations that could endanger human life. Trees whose length causes part of the trunk to fall within protection areas or across a river channel are excepted, in which case the location of the base of the tree shall be considered.
  • 8)Timber extraction shall take place only during dry periods or periods of very low rainfall, without altering the existing conditions of internal and external tracks and roads and while causing the least possible impact on the forest.
  • 9)Any damage caused to roads shall be repaired by the owner conducting the harvesting.” It may be concluded from the cited Article 39 that there is no deregulation or regression, because specific regulations already govern this activity; the State, through SINAC, is the entity with authority over this matter. SETENA has, in fact, introduced the Environmental Viability (License) requirement for harvesting more than 10 fallen trees, which is not included as a requirement in Executive Decree No. 40477-MINAE, even though that regulation addresses the technical aspects to be considered for this specific activity. 8. Article 47 of these EIA regulations eliminates, in some cases, the obligation to undergo environmental impact studies, thereby violating the principle of non-regression: The foregoing is incorrect. What this article proposes is the consolidation of environmental viability approvals in order to prevent the fragmentation (fraccionamiento) of projects and thereby comply with Article 94 of Ley de Biodiversidad N° 7788. The implementation of decree N° 43898 does not change this express regulation under Ley de Biodiversidad N° 7788, since the rule clearly provides that projects may not be fragmented in order to avoid the EIA process. Accordingly, if SETENA detects from the outset, during the processing of a new project, that possible fragmentation exists, it has a duty to sanction the project and order that the assessment be conducted comprehensively; no procedure for avoiding compliance with Ley de Biodiversidad N° 7788 is apparent in decree N° 43898. 9.

Regarding the claim that regulation No.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC completely evades the responsibility that SETENA had under the previous regulation concerning road matters (regulation 31849, Article 9, item 12): The assertion that SETENA evades responsibilities is incorrect, for the following reasons: • The traffic impact study (estudio de impacto vial) is prepared by an engineer who is a member of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), and who serves as the analyst and designer of the project’s Traffic Impact Study. Decreto N° 41727-MOPT officially adopts the Guide for Preparing a Functional Impact and Road Safety Study. • The Traffic Impact Study must be approved by the MOPT Traffic Engineering Directorate. • Ley 8220 establishes, in Article 3—Respect for Jurisdiction, and Article 2—Single Submission of Documents. • Approval of a traffic impact study and determination of when it must be submitted fall within MOPT’s jurisdiction, while the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) falls within SETENA’s jurisdiction.

SETENA assesses all project components, including physical, biological, and social aspects, as well as the potential road impacts that certain types of projects may generate; for these, preventive, mitigation, or compensation environmental control measures are established as environmental commitments and incorporated into Environmental Management Plans (Planes de Gestión Ambiental, PGA), through which the institution exercises environmental control, monitoring, and oversight. Therefore, regulation N°43898 does not evade any type of jurisdiction with respect to the EIA and all its components, in accordance with the functions assigned under Ley Orgánica del Ambiente N° 7554; rather, it organizes the submission of permits according to the various stages of the administrative procedures for formalizing activities, works, and projects, and according to the respective jurisdictions and functions under Ley 8220, without leaving the environment unprotected and in compliance with Article 50 of the Constitution.

It includes analysis of the road component as part of the EIA, rather than as a permit issued by and falling within the jurisdiction of another institution. SETENA is also empowered to request any studies and documents it deems relevant for determining the project’s environmental feasibility (viabilidad ambiental). SETENA itself must determine which studies and documents are required, although it must logically be noted that the decisions it adopts must be reasoned and reasonable and are subject to judicial review; the foregoing is based on the following: PGR Opinion 319-2009: “In this regard, Article 84 of Ley Orgánica del Ambiente grants SETENA broad and numerous powers, which are as follows: a) to analyze and rule on environmental impact assessments; b) to recommend the actions necessary to minimize environmental impact, as well as those technically appropriate for environmental restoration; c) to receive and investigate complaints submitted to it concerning environmental degradation or damage; d) to conduct the corresponding field inspections before issuing its decisions; e) to approve and submit activity reports to the Minister of Environment and Energy, in the Minister’s capacity as Executive Secretary of the Council; f) to prepare guides for environmental impact assessment activities, works, and projects, and to arrange for their availability and dissemination; g) to recommend to the Council, through the Minister of Environment and Energy, environmental policies and bills originating from sectors of governmental activity; h) to establish the amounts of guarantees for compliance with environmental obligations, which interested parties must deposit, with the appropriate frequency and in the amounts specified in the agreements; i) to perform monitoring duties and ensure enforcement of its decisions; j) to establish trusts, as stipulated in subsection d) of Article 93 of this Law; and k) any other functions necessary to fulfill its purposes.” Furthermore, any construction project fronting a national route that includes vehicle parking spaces must obtain authorization from the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Based on the foregoing, to obtain such approval or authorization for the project’s vehicular access to National Routes, one of the essential requirements that the developer must submit is the project’s traffic analysis, which must include current and projected road conditions in the area surrounding the development, but approval of such matters does not fall within SETENA’s jurisdiction. It is important to emphasize that preparation of a traffic and road-safety impact study is not exclusively intended to justify vehicular access to a particular route. The parameters and scope of this Guide apply to determining the impact on vehicular traffic caused by the construction of any project that attracts vehicles or pedestrians. Once that impact has been clearly established, mitigation measures may be adopted to improve traffic conditions and the safety of public-road users. 10. Regarding the claim that Article 3 of regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC reduces the thresholds for construction areas: That assertion is incorrect for the following reasons: Decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC maintains the thresholds for category C activities, works, and projects (actividades, obras y proyectos, AOP), involving construction of less than 1000m2, exactly as DE 31849 was amended by Decreto N°37803-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC with respect to the Reglamento de Evaluación Ambiental.

Such projects were not subject to an EIA and merely obtained an environmental registration (registro ambiental); D.E.43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC did not raise the thresholds and does not deregulate several classifications. Previously, they were already not subject to an EIA and required only registration. Nor does it change the threshold for AOP exceeding 1000m2, which, as AOP, are required to undergo an EIA and environmental monitoring (Seguimiento Ambiental). Likewise, in the regulation currently in force, SETENA retains the provision of the previous decree, D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, under which category C projects exceeding 500m2 but measuring less than 1000m2 and located in an environmentally fragile area (área ambientalmente frágil), as defined in Article 98 of this regulation, are required to undergo an Environmental Impact Assessment to qualify for an Environmental Feasibility License (Licencia de Viabilidad Ambiental) approved by the Plenary Commission.

The petitioners state that the regulation currently in force reduces EIAs to a minimum by focusing solely on control and monitoring aspects and neglecting prevention; this position is entirely mistaken for the following reasons: the baseline studies (estudios de línea base) for the EIA already provided for in the previous rule remain in place, including soil studies (Geotechnics), Hydrology, Geology, Hydrogeology, Natural Hazards, Archaeology, Biology, Socioeconomic studies, land-use-capability studies, and consideration of anthropogenic risk (riesgo antrópico). Form D1 is also retained, along with the environmental impact assessment instruments (instrumentos de evaluación de impacto ambiental), namely the Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), the Environmental Management Forecast Plan (Pronóstico Plan de Gestión Ambiental, PPGA), and the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA).

Contrary to the petitioners’ assertion, Decreto No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC strengthens the EIA baseline with respect to the technical and legal content of baseline studies and EIA instruments. It also requires all environmental assessment forms and instruments to include environmental control measures, environmental monitoring and follow-up indicators, and definitions of their frequency, methodology, measurement or application point, and indicator type, so that all activities, works, and projects are subject to SETENA’s monitoring and oversight. 11. Regarding the claim that Articles 17 and 90 of regulation 43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC concern offenses that the Public Administration might commit, reversing the burden concerning the commission of offenses against public officials, benefiting developers, violating the constitutional principles of good faith, and intimidating public officials through what might be called psychological workplace harassment: The provisions of Articles 17 and 90 of Decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC do not refer to the commission of offenses, but rather to the administrative and disciplinary liability (responsabilidad administrativa y disciplinaria) that a public official could incur for failure to perform the official’s legal duties when reviewing procedures submitted for assessment.

They merely refer to compliance with other legally binding rules applicable to the case, such as Article 10 of Ley 8220 de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos and Article 190 of Ley General de la Administración Pública No. 6227. No burden of proof is reversed against public officials, nor does this violate the principle of good faith or seek to intimidate officials, since the exercise of disciplinary authority (potestad disciplinaria) or the imposition of administrative liability is inherent to the State and is governed by statutory provisions, subject to the constitutional guarantees of due process. 12. Regarding the claim that regulation No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC contains a contradiction in Articles 87 and 88, which reduce penalties for developers: Far from seeking to deregulate the applicable rules, the challenged articles seek to establish, within the penalties and conduct defined in Articles 99 and 101 of Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 and under the principles of proportionality and reasonableness, a classification of acts or omissions that provides the Administration with parameters for exercising its sanctioning authority (potestad sancionatoria) consistently in similar cases.

This is based on the understanding that not all conduct may be judged under the same penalty, since some acts are indeed more serious than others and have different consequences; some constitute administrative violations, while others may potentially affect the environment, and there must therefore be a proportional distinction among the possible penalties. In this case, the penalties established according to the type of act or omission are fully consistent with Article 99 of Ley Orgánica del Ambiente. Regarding Article 88, it is important to note that its antecedent is Article 105 of Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, de 24 de mayo de 2004: “Article 105.—Authority to order the closure of activities, works, or projects. SETENA or other environmental authorities may order the closure of activities, works, or projects when they fail to comply with Ley Orgánica del Ambiente, the regulations and rules issued on environmental matters, related legislation, and assumed environmental commitments.

As provided by Ley Orgánica del Ambiente, natural or legal persons shall, in such cases, permit unrestricted access to their properties for the purpose of carrying out the closure. When necessary, the environmental authorities shall request assistance from and be accompanied by the corresponding police or judicial authority. Only in extreme or exceptional cases, when the environmental authority is denied unrestricted entry, shall it apply to the competent judicial authority for a search warrant. If circumstances permit, and subject to prior approval by the SETENA Plenary Commission, once the natural or legal person remedies the irregularities committed or complies with the requirements of the administrative decision served upon that person, the environmental authority that carried out the closure, or its delegate, may lift the closure order.” As can be verified, far from seeking to give developers an advantage, as the petitioner attempts to portray it, the regulation instead establishes the Administration’s authority to impose a precautionary suspension measure (medida cautelar de paralización) in response to noncompliance with environmental commitments, in order to secure the necessary corrective measures or ultimately suspend the projects, if appropriate. 13.

That Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in Articles 98 and 13 (especially item 2), allows developers of low-impact projects (between 54% and 65 % of all projects processed by SETENA) to build in environmentally fragile areas (áreas ambientalmente frágiles): The foregoing assertion is incorrect. Neither Article 13 nor Article 98 allows developers of projects with low environmental impact to build in environmentally fragile areas. Article 13 establishes the procedure by which the respective department verifies the information contained in files submitted to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process, both during the environmental assessment stage and during the environmental monitoring and control stage. It is important to note that this review uses approximately 50 layers to cover or verify the 15 Environmentally Fragile Areas identified in Article 98 of Decree No. 43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, in addition to verifying issues involving vulnerability or the incidence of projects within the same geographical area.

This practice has been carried out by SETENA for many years, and these provisions reinforce its application in order to generate alerts during the assessment process regarding matters that warrant special attention. The layers used include publicly accessible layers available through the official portals of SNIT (IGN), SINIGIRH (Dirección de Agua), and SIRI (del registro inmobiliario). As for Article 98, which defines environmentally fragile areas, it retains what was already established in the previous rule under Decree 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC. Its purpose is to ensure that, during the EIA process, a series of environmental and legal variables pertaining to a geographical area are considered in advance, thereby facilitating a better-informed decision regarding the area in which a project, work, or activity will be carried out. In addition, SETENA gives special attention to these areas in order to verify environmental commitments by planning project monitoring and closure inspections during the enforcement stage. 14.

Regarding the claim that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in Article 15, allows developers to begin processing permits before other institutions prior to completion of the SETENA permitting process, thereby violating the deregulation principle (principio de desregulación): The foregoing assertion is incorrect. The regulation retains what was already established in the previous rule under Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC: Potential Environmental Viability (Viabilidad Ambiental Potencial). This allows proceedings before other public and private entities to be initiated or continued, as was permitted under the repealed decree, but it does not mean that an Environmental Viability License (Licencia de Viabilidad Ambiental) is granted in advance. It creates no vested right, since at the end of the process the application may be approved or denied. Such potential viability merely allows a developer, for example, to begin the process of obtaining a loan from a banking institution.

For entities that issue final permits for the construction or operational stage, however, potential viability is insufficient, because they must wait for the institution to rule on whether environmental viability (viabilidad ambiental) will be granted, if this is a requirement of their procedures under Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 15. That Regulation No.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in Article 35 of the challenged regulation, allows SETENA to cease overseeing a project under review once the developer obtains environmental viability, leaving responsibility in the hands of third parties: The petitioners’ assertion is incorrect, since SETENA is the entity responsible for overseeing the work of environmental officers (responsables ambientales), who must be registered in the SETENA Registry and must ensure compliance with the environmental commitments assumed by the developer of an activity, work, or project.

They are required to officially report the results of monitoring and control to SETENA and the environmental authority, in accordance with this regulation and all other applicable rules. Likewise, the current EIA regulation provides, in Article 51, for Environmental Compliance Inspections (Inspecciones Ambientales de Cumplimiento) and, in Article 54, for technical closure inspections (inspecciones de cierre técnico). These are performed by the SETENA Inspection Unit whenever it considers them appropriate, to verify compliance with environmental measures as part of enforcement proceedings, in addition to other environmental monitoring instruments (instrumentos de seguimiento ambiental), such as the environmental logbook (bitácora ambiental) and environmental oversight reports (informes de regencia ambiental). SETENA also addresses environmental complaints filed by the public. These processes are described in Regulation 43898, which makes the institution’s role in enforcement proceedings entirely clear.

For this purpose, interinstitutional coordination is absolutely necessary to obtain the required technical opinions from the entities competent in different fields, such as SINAC in forestry matters, Dirección de Geología y Minas in mining matters, or Dirección de Aguas with respect to water use, for example. 16. Regarding the allegation that the obligation to forward the EsIAs (Environmental Impact Studies [Estudios de Impacto Ambiental]) to other authorities involved in construction permitting has been eliminated entirely: It must first be noted that SETENA will publish on its website the list of Environmental Impact Studies, in compliance with Article 23 of D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Therefore, what is established in this decision is consistent with Article 35 of Decreto 31849, which was superseded by D.E. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC and stated as follows: “Article 35.—Copy of the EsIA to other authorities.

In cases in which an EsIA is submitted, SETENA shall forward a copy thereof and the relevant documentation to the Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación when the activities, works, or projects affect wildlife, protected areas, forest resources, or water resources, and, when it deems necessary, to the municipality or municipalities of the canton or cantons in which it is located, or to another competent authority, so that they may issue an opinion on the matter.” Accordingly, SETENA decided to maintain public disclosure of Environmental Impact Studies (EsIA), for which purpose it included this action in Article 23 of D.E. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. This does not mean, however, that other new projects processed under another assessment instrument, including other types of environmental assessment forms, will not be known or publicly accessible to other authorities involved in construction permitting and to the public at large.

At present, all projects submitted for Environmental Impact Assessment through an administrative file (expediente administrativo) are processed entirely digitally. The institution has a Digital Platform that also includes a component providing public access to any user. Thus, at any time, any citizen, regardless of place of residence, has direct and unrestricted digital access to review any activity, work, or project processed under Decree No. 43898 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC that has a file with SETENA. This complies with Article 23 of Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, which provides that the information contained in an environmental impact assessment file shall be public and available for consultation by any person or organization. In conclusion, Article 23 of D.E. 43898 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC guarantees that, for the projects with the greatest impact and for which an Environmental Impact Study must be processed, institutions involved in construction-permit procedures and citizens have a dedicated site where they can obtain information and, if necessary, access the Digital Platform to view the complete file.

This is without prejudice to the public’s access to view any file processed by the institution and to submit inquiries, objections, or use any other public-participation mechanisms (herramientas de participación ciudadana) afforded to them by the applicable rules. Therefore, the provisions of D.E. 43898-MINAEMOPT-MAG-MEIC do not diminish the protections provided by Article 35 of the repealed rule, Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, for the reasons stated in the preceding paragraphs. 17. That Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in Article 41, provides that different “users” may exploit forest resources within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas): Regarding this allegation, it has already been made clear that all files processed under Decreto Ejecutivo N° 43898 are entirely digital and available for review by any user; therefore, the assertion that there would be no public knowledge of the AOP processed by the institution is without merit.

It must also be borne in mind that, in 2004, when Decree 31849 entered into force, print media were the most effective means of communication, since no digital media existed for informing the public about the environmental impact studies being processed. At present, however, given the broad reach of digital media and the decline of print media, which have lost nationwide coverage, it was determined that digitally publishing this information through SETENA’s official website would reach a larger share of the population, enabling the public to obtain information and participate in environmental impact assessment processes. This applies not only to projects required to process an Environmental Impact Study, since information from all files processed under Decree 43898 is available to the public, thereby promoting greater transparency in the proceedings. 18. Regarding the claim that Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC does not contain Form D6, mentioned in Articles 24, 25, and 26, because Anexo 7, in which Article 24 states that Form D-6 must appear, was not included: The allegation that Form D6 does not appear in Anexo 7 is incorrect.

That form, as well as the environmental-measures table and its environmental-monitoring indicators, the required contents of geotechnical studies (estudios de Geotécnico), archaeological studies (estudio arqueológico), and hydrogeological studies (estudio hidrogeológico), and the visual guide for submitting the site design, can be viewed in the cited annex in Alcance N° 65 C a la Gaceta 67, dated miércoles 19 de abril del 2023. It can also be found in Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). 19. That Regulation No.

43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, nor does Anexo 9 contain the D-4 form mentioned in Articles 36, 37, 38, 39, 41, and 42: Regarding this claim that the D4 form does not appear in Anexo 9, it is incorrect; that form may be viewed in the aforementioned annex, in Supplement N° 65 C to G of La Gaceta 67, of miércoles 19 de abril del 2023. It may also be found in the National System of Current Legislation (Sistema Nacional de Legislación Vigente, SINALEVI). 19. With respect to the claim that Article 87 of Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC decriminalized an omission and treats failure to respond to a request for information from SETENA as a minor offense (falta leve): Regarding this claim, Regulation No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, within the constitutional and legal framework, does not authorize SETENA to delegate, either wholly or partially, its own functions. However, it provides that projects, works, or activities that are no longer required to undergo the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) process before SETENA need only complete the procedures required by other institutions and comply with the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales), and that SETENA does not have the authority to issue orders to municipalities through a regulation.

In this regard, it is first important to note that this was already provided for in Article 4 of decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC. Finally, the assertion that SETENA transfers the obligation to process environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) proceedings to other institutions is untrue, because the provision states that activities, works, or projects with very low potential environmental impact need not process an Environmental Impact Assessment before SETENA; nevertheless, they remain subject to all environmental regulations in force in the country, and the Municipalities shall be responsible for requiring them to comply with the Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004. Thus, the provision states that although certain activities, works, or projects (actividades, obras o proyectos, AOP) do not require an EIA, the State, through other entities, remains obligated to conduct the corresponding environmental controls within the scope of their authority—obligations that, moreover, are not new.

With respect to the specific role of the Municipalities in environmental oversight within their territory, it is important to establish the following: “The role of municipalities in environmental matters. In accordance with the foregoing, municipalities, as an integral part of the whole that is the State, bear, within the scope of their powers and obligations, a significant degree of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements demonstrating proper environmental management before other public authorities is required, or through regular inspections and the referral of risk situations to the authorities with greater powers to intervene. It has already been established that local governments are subject to the obligation of coordination and prevention in environmental matters within the scope of their territorial jurisdiction, from which it follows that municipalities are indeed important actors in the task of environmental protection.

(…)”. (Constitutional Chamber (Sala Constitucional), Voto No. 18471-2008 de las 18 horas 29 minutos del 11 de diciembre del 2008). THIRD. Conclusion: There is no violation of the precautionary principle (principio precautorio), the principle of non-retroactivity (irretroactividad), the principle that an authority’s own acts may not be disregarded (intangibilidad de los actos propios), the regulation of human conduct, the pursuit of the greatest well-being, deregulation, the principle of statutory reservation (reserva de ley), or in dubio pro natura, insofar as the Regulation was issued to make the Environmental Impact Assessment more effective and to direct it toward projects that actually require environmental measures in addition to those already prescribed to prevent or offset impacts, thereby providing them with greater oversight and more efficient monitoring; the technical and legal reasons why this is so in relation to each claim asserted are explained below.

The technical conditions on which regulations are based, as this Honorable Chamber has already held, are not a constitutional matter. No impairment is evident of the environmental right to a healthy and ecologically balanced environment that this Court must remedy. Low-impact Category C projects were not subject to an Environmental Impact Assessment to obtain Environmental Viability; they merely obtained registration with SETENA, as prescribed by the Amendment to the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (EIA) (Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), No. 41815-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, del 25 de junio del 2019. Regulation N° 43898 maintains the thresholds for Category C AOP: construction of less than 1000m2 and earthworks (movimiento de tierra) of up to 999 m3, exactly as DE 31849 was amended by decreto N° 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, amending the Environmental Assessment Regulation (Reglamento de Evaluación Ambiental); such AOP were not subject to an EIA and merely obtained environmental registration (registro ambiental).

Decreto Ejecutivo N° 43898 did not raise the thresholds and is not deregulating various classifications. Previously, they were already not subject to an EIA, but only to registration. The threshold for AOP exceeding 1000m2, which are AOP required to undergo an EIA and Environmental Monitoring (Seguimiento Ambiental), is not changed. In the current Decree, SETENA retains what was established in the prior decree, 31849-MINAE, for Category C projects with an area greater than 500m2 and less than 1000m2 that are located in an environmentally fragile area (área ambientalmente frágil), as defined in Article 98 of this Regulation; such projects are required to undergo an Environmental Impact Assessment to apply for an Environmental Viability License (Licencia de Viabilidad Ambiental) approved by the Plenary Commission (Comisión Plenaria). Responsibilities for Environmental Impact Assessment are not being assigned to other entities; rather, certain activities are exempted from Registration with SETENA, while environmental controls by other institutions are maintained, always within the scope of their statutory powers.

  1. 8Mary Denisse Munive Angermüller, Vice President of the Republic and Minister of Health, entered an appearance for the purpose of responding to the hearing granted. She states that SETENA’s primary function is the environmental assessment process (proceso de evaluación ambiental), which is conducted within a regulatory framework intended to safeguard the country’s development, observing and complying with the principles of environmental balance and ensuring the country’s sustainable development (desarrollo sostenible), as established by Article 50 of the Political Constitution (see Articles 17, 83, and 86 of the Organic Law of the Environment). Thus, environmental viability (viabilidad ambiental) is an administrative procedure (scientific and technical) whose purpose is to predict the effects that an activity, work, or project will have on the environment in order to identify possible impacts, thereby facilitating the decision-making process so as to establish an acceptable balance between the development of the activity, work, or project and the environmental burden it represents.It must be borne in mind that the environmental viability granted by SETENA is not a final act, but rather an intermediate process or prerequisite to the final act, as stated in Resolution No. 22-2020-I of 28 de febrero del 2020, issued by the Administrative Litigation Court, which cites Resolution No. 17-2012-IV and Resolution 39-2009, indicating that: “(…) Environmental viability forms part of an entire administrative authorization procedure, in which the act under review constitutes a prerequisite to the final act…” On this matter, the Constitutional Chamber, in judgment No. 17792-2019, stated as follows: “VI. […] In the opinion of this Chamber, the following distinction must be made with respect to the excluded activities: on the one hand, those specified in subsection 1), and, on the other, those excluded under the remaining subsections. This is because the petitioners’ arguments are directed specifically at challenging subsection 1).The following clarification is necessary in view of the statements made by the Office of the Attorney General of the Republic in its report. That subsection must be understood in accordance with the first paragraph of that article; that is, it concerns operating activities with a very low environmental impact that, under the provision, do not require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) to be processed before SETENA, but that will nevertheless be subject to other environmental controls—as the provision itself indicates—such as those established by the Municipalities, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of Public Works and Transportation, the Ministry of Environment and Energy, and other bodies vested with legal authority, as well as those established in the Code of Good Environmental Practices, Decreto Ejecutivo N° 32079 of 14 de setiembre del 2004, published in La Gaceta 217 of 5 de noviembre del 2004, or in any voluntary mechanism for improving environmental performance.Thus, the provision itself establishes that, although they do not require an EIA, this does not mean that they are exempt from environmental oversight. Note that the petitioners confuse the definition: it is not that being operating activities makes them activities with a very low environmental impact; rather, the subsection does not refer to every type of operating activity, but only to those operating activities defined as having a very low environmental impact. Accordingly, as regards the claim that Article 4 bis of the challenged Regulations is unconstitutional, the action must be dismissed with respect to subsection 1) of that provision.” In summary, the articles of Decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC to which the appellant refers clearly define the parameters that must be applied to determine which activities, works, or projects are required to undergo the Environmental Assessment procedure before SETENA.Accordingly, the activities not required to undergo that procedure are all those that are already operating and have a very low environmental impact but that are nevertheless subject to other environmental controls established by the Municipalities, Ministry of Health, Ministry of Public Works and Transportation, Ministry of Agriculture and Livestock, and Ministry of Environment and Energy. Therefore, although they do not require an EIA, this does not mean that they are exempt from environmental oversight. It is thus concluded that the appellant’s argument is without merit, since the cited articles are not contrary to Article 50 of the Political Constitution, the Convention on Human Rights, or the population’s right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. Regarding the principle of non-regression (principio de no regresividad), she indicates that Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC was created in order to comply with the duty of efficiency mandated by the Biodiversity Law.It therefore seeks to adapt the Environmental Impact Assessment processes, both legally and technically, to current circumstances, which have undergone significant developments nationally and internationally, with new policies and technologies requiring environmental variables, oversight, and monitoring to be adapted to those changes. At the same time as ensuring the proper application of the Assessment, it also takes into consideration the State’s obligation to facilitate procedures for regulated parties without depriving the country’s natural capital of legal protection (Law on the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures N° 8220 and its amendments). On this matter, the Constitutional Chamber, in judgment N° 13367-2012 of 21 de diciembre del 2012, establishes that: “(…) it cannot be understood in absolute terms. A reduction in a particular level of protection is possible if there is technical and scientific support guaranteeing that no significant loss of environmental protection will occur, provided that the standards of proportionality and reasonableness defined by this Chamber in its case law are satisfied.The first matter to be determined, however, is whether a particular regulatory amendment reduces the level of protection. In this regard, it must be borne in mind that not every amendment to environmental regulations that formally appears to reduce the level of protection should be deemed to violate the principle of non-regression in environmental matters. (…) This principle does not entail absolute irreversibility, because all States experience national circumstances of an economic, political, or social nature, or caused by natural events, that negatively affect the achievements attained up to that point and require the new level of protection to be reconsidered and lowered. In such cases, constitutional law and the principles under examination require that the reduction in the levels of protection be justified in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality.” Likewise, judgment 5994-2017 of 26 de abril del 2017 states: “(…) Before examining each of the petitioners’ arguments, it is necessary to recall the importance of Environmental Impact Studies (Estudios de Impacto Ambiental) and, for the specific case under review, to determine the scope of the principle of non-regression in environmental matters, so as to conclude that not every amendment to environmental regulations—as the petitioners appear to suggest—must be deemed to violate that principle.Starting from recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article fifty of the Political Constitution and Principle fifteen of the Rio Declaration, United Nations Conference on Environment and Development, as this Chamber has examined in prior case law (see Resolution number 2014-004243), recognition has likewise been given to the so-called ‘precautionary principle in environmental matters’ (principio precautorio en materia ambiental), or ‘in dubio pro natura principle’ (principio in dubio pro natura), observance of which requires all actions by the public administration concerning environmentally sensitive matters to be undertaken with the appropriate care to prevent risks and damage that would be impossible or difficult to remedy. It follows that the administration must possess negative certainty that the environment will not be affected under any circumstances; accordingly, where there is doubt as to whether a risk may materialize, the administration is obligated not to authorize or undertake actions, or immediately to cease the administrative activity causing the danger.In other words, if it lacks scientific certainty regarding the harmlessness of the activity, the administration must refrain from undertaking activities with a negative environmental impact; where there is scientific uncertainty regarding whether the actions are harmless or beneficial, the administration is precluded from granting authorizations or carrying out its own acts that create situations of environmental risk. In this regard, the preparation of Environmental Impact Studies constitutes a principle that must be duly observed and applied, to such an extent that, gradually and progressively—as befits the field of human rights—the legislation itself and this Chamber’s own case law have defined the importance and necessity of having such assessments duly completed before certain types of works are undertaken. Now, as regards the principle of progressivity (principio de progresividad) invoked by the petitioners throughout their arguments (…)” It can therefore be concluded that not every amendment to environmental regulations necessarily entails a reduction in the protection of the right to the environment.Such a conclusion must be substantiated. Likewise, not every amendment that is insufficiently broad should be interpreted as unconstitutional by omission (inconstitucionalidad por omisión). The fact that a particular outcome is desirable does not render unconstitutional a provision that falls short of it. Indeed, all legal rules are capable of improvement, but whether they approach or depart from an ideal or desirable standard does not make them unconstitutional. She therefore considers the appellant’s argument to be without merit, since the challenged articles of Decreto N° 43898-MINAE-S-MIOPT-MAG-MEIC do not entail a reduction in the level of protection, because so-called low-environmental-impact projects are subject to the basic guidelines imposed by other institutions (Ministry of Health, Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Public Works and Transportation, and Ministry of Environment and Energy).Consequently, the procedures conducted before SETENA do not provide added value in terms of environmental measures and environmental oversight and monitoring instruments. It must therefore be made clear that environmental measures for this type of project are already regulated and SETENA would not request any additional measure, which could create an overlap of functions among institutions that would ultimately result in legal uncertainty (inseguridad jurídica) for regulated parties and the population in general. Regarding the failure to conduct consultation, she states that, according to the information contained in SETENA’s files, this reform completed the entire official public-consultation process through the Prior Review System (Sistema de Control Previo, SICOPRE) of the Ministry of Economy, Industry and Commerce (MEIC), pursuant to Article 361 of the General Law of Public Administration N° 6227, the Law on the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures N° 8220, and related regulations.That process may be consulted in the system using form number N° 2452. More than 20 entities participated in the public-consultation process, and approximately 172 comments were received. SETENA conducted a technical and legal analysis of those comments and accepted 34%, partially accepted 15%, and did not accept 51% of the comments submitted.

It should be noted that the petitioner, Mr. [Nombre 002], submitted the respective inquiries concerning decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, to which SETENA responded by means of official letter SETENA-SG-0404-2023 dated 9 de mayo del 2023. Regarding the lack of regulatory plans (planes reguladores) in many cantons, it should be borne in mind that strategic environmental assessment (Evaluación Ambiental Estratégica) is governed by Decreto N° 32967, which remains in force. Furthermore, the Municipalities are responsible for having regulatory plans that incorporate the environmental variable (variable ambiental). With respect to the claim that no account was taken of the fact that 50% of the country’s cantons lack regulatory plans and only 6 are aware of their environmental fragility, it should be stated that the petitioner is incorrect, because environmental constraints (condicionantes ambientales), such as publicly owned watercourses, wetlands, forest cover (coberturas boscosas), natural hazards, among others, can be verified through geospatial viewers that make it possible to identify special geo-environmental features and conditions at the specific site where the project is intended to be developed, as well as its environmental surroundings and aspects of vulnerability.

The official geospatial viewers and data layers of the country’s various public entities, such as Dirección de Aguas, Dirección de Geología y Minas, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, Municipalidades (those that have them), and many others, may be consulted both by the general public and by the country’s other public entities and are public platforms. Regarding the weakening of environmental impact assessments (EIA) (evaluaciones de impacto ambiental, EIA), the petitioner is incorrect because decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC retains the baseline studies for EIA already provided for in the prior regulation: soil studies (Geotechnics), Hydrology, Geology, Hydrogeology, Natural Hazards, Archaeology, Biology, Socioeconomic studies, land-use-capability studies, and consideration of anthropogenic risk. In addition, the D1 form and the environmental impact assessment instruments (Sworn Declaration of Environmental Commitments, the Environmental Management Forecast Plan (PPGA), and the Environmental Impact Study (EsIA)) are retained, strengthening the EIA baseline in terms of the technical and legal content of the baseline studies and EIA instruments, and requiring all environmental assessment forms and instruments to include environmental-control measures, with 8 environmental follow-up and monitoring indicators specifying their frequency, methodology, measurement or application point, and type of indicator, so that all activities, works, and projects are subject to SETENA’s follow-up and oversight.

SETENA’s sanctioning authority (potestad sancionatoria) and the sanctions it may impose are legally established in Articles 99 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente. The petitioner is incorrect because, far from seeking to deregulate the applicable rules, the challenged articles adhere to Articles 99 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente by establishing a classification of conduct or omissions that gives SETENA a benchmark for exercising its sanctioning authority under consistent conditions in similar cases, thereby complying with the principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the In dubio Pro-Natura principle. At present, all projects submitted for Environmental Impact Assessment processing through an administrative file are handled 100 % digitally. For this purpose, the institution has a Digital Platform that also includes a component providing public access to any user; consequently, at any time, any citizen, regardless of where that person resides, has direct and unrestricted digital access to consult any activity, work, or project processed under Decreto No. 43898 MINAE-S-MOPT-MAGMEIC for which SETENA has a file.

This complies with Article 23 of the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, which states that the information contained in the environmental impact assessment file shall be public and available for consultation by any person or organization. This means that the project developer is not currently required to send an EsIA to other permit-related authorities, because any person or institution may consult the files being reviewed by SETENA. The petitioner requests that the action be dismissed, given the demonstrated need to harmonize the existing regulations in this area, as Costa Rica has accumulated a delay of several years during which it has not been possible to timely register products of phytosanitary interest that were previously assessed by an authority applying the same phytosanitary, health, and environmental standards as ours, or even by authorities that may be stricter than our own.

The current average time in Costa Rica for registering new molecules is more than 10 years, whereas in highly developed countries such as the Estados Unidos de América and the members of the Unión Europea, where highly exhaustive and comprehensive assessments are conducted concerning the safety of molecules for health and the environment, the average time for registering new molecules is 3 years. If the country’s current situation persists, farmers will not only continue to be deprived of the more than 50 new innovative molecules currently available on the global market, whether patent-protected or already off-patent, but the gap will also continue to widen, with the resulting loss of commercial, social, and environmental competitiveness relative to the rest of the world. It is therefore concluded that the petitioner is incorrect, because the challenged Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 and 98 of Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC are not contrary to Article 50 of the Constitución Política, the Convención de los Derechos Humanos, or the population’s right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.

Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MIOPT-MAG-MEIC was enacted to comply with the duty of efficiency mandated by the Ley de Biodiversidad and therefore seeks to adapt Environmental Impact Assessment processes, legally and technically, to current conditions, which have undergone significant developments both nationally and internationally, including new policies and technologies that require environmental variables, oversight, and follow-up to be adapted to those changes. The cited articles are pertinent to the application, when necessary, of the pro natura precautionary principle and the environmental measures applicable to such projects; those measures are already regulated, and SETENA would not request any additional measure, which could otherwise create an overlap of functions among institutions that would ultimately result in legal uncertainty for the regulated party and the general population.

As to the required formality of its publication, according to the information contained in SETENA’s files, this amendment underwent the entire official public-consultation process through the Prior Review System (SICOPRE) of the Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), pursuant to Article 361 of the Ley General de la Administración Pública N° 6227, the Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220, and related regulations. That process may be consulted in said system using form number N° 2452. More than 20 entities participated in the public-consultation process, and approximately 172 comments were received. SETENA conducted a technical and legal analysis of them and accepted 34%, partially accepted 15%, and did not accept 51% of the comments submitted. 13 It should be recalled that strategic environmental assessment is governed by Decreto N° 32967, which remains in force.

Furthermore, the Municipalities are responsible for having regulatory plans that incorporate the environmental variable. Far from seeking to deregulate the applicable rules, the challenged articles adhere to Articles 99 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente by establishing a classification of conduct or omissions that gives SETENA a benchmark for exercising its sanctioning authority under consistent conditions in similar cases, thereby complying with the principle of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the in dubio pro natura principle.

  1. 9The notices referred to in the second paragraph of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in issues 209, 210, and 211 of the Boletín Judicial dated November 10, 13, and 14, 2023, respectively.
  2. 10Ulises Gerardo Alvarez Acosta, Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, entered an appearance on 28 de noviembre del 2023 and requests that he be admitted as an intervenor (coadyuvante). To that end, he states that SETENA is an entity with maximum administrative deconcentration (desconcentración máxima) and technical independence from MINAE, pursuant to Article 83 of the Ley Orgánica del Ambiente. The principal function of this Secretariat is the environmental assessment (Evaluación Ambiental) process within a regulatory framework, aimed at ensuring that the country’s economic development observes and complies with the principles of environmental balance and thereby fulfills the sustainable development mandate imposed by the Constitución Política in numeral 50. Accordingly, a detailed technical and legal study is conducted of the project, work, or activity proposed before the Secretariat, prior to its construction or operation; hence the predictive nature of the Environmental License (Licencia Ambiental), whose purpose is to enable the imposition of all preventive, mitigation, or compensatory measures necessary to avoid causing irreparable harm to the environment.Environmental Viability (License) (Viabilidad [Licencia] Ambiental) is an intermediate act establishing whether or not a project is environmentally viable and ensuring compliance with the environmental measures necessary for the country’s sustainable development. The environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) is the scientific and technical administrative procedure that makes it possible to identify and predict the effects that an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them in order to guide decision-making and achieve an acceptable state of balance between a development or activity and the environmental burden it represents; this results in an administrative act that initially approves the entire procedure for assessing the environmental impacts generated by a specific activity. The Sala Constitucional has held on several occasions that Environmental Viability is an interlocutory procedural act (acto de trámite) with no independent effects (see resolution No. 22-2020-I of 28 de febrero del 2020, which specifically mentions and cites resolution No. 17- 2012-IV, which in turn cites resolution No. 39-2009).The institution’s representative states that it is important to recall that authority over environmental matters is shared among the functions of the entire Costa Rican State and its various public institutions, as part of constitutional principles, rules of international law, statutes and regulations, environmental principles, etc. It bears emphasizing that, beyond SETENA’s own rules governing the environmental impact assessment, other institutions possess legal instruments for baseline environmental control, aimed at environmental protection in the context of development, compliance with which is mandatory; moreover, those instruments fall within the regulatory framework of bodies that are responsible for granting final permits. This was recognized by this Tribunal Constitucional in decision No. 17792-2019, in which, citing judgment number 2017-5994, issued at 11:00 on 26 de abril de 2017, it stated that it was inclined to uphold the constitutionality of the provisions governing projects with very low environmental impact, as clearly expressed in the cited judgment.Regarding the violation of the principle of environmental non-regression (principio de no regresión ambiental), which the petitioners claim was infringed, that principle provides that environmental legislation and case law should not be revised when doing so would entail backsliding from previously attained levels of protection. Although this principle is also expressly recognized by the Sala, it has been clear that it likewise should not be understood in absolute terms, as the Sala itself acknowledged, for example, in decision No. 13367- 2012 of 21 de diciembre del año 2012. In that regard, the first issue to be determined is whether a particular regulatory amendment lowers the level of protection. Along these lines, it must be borne in mind that not every amendment to environmental regulations that formally appears to reduce the level of protection should be regarded as violating the principle of non-regression in environmental matters.(…) This principle does not entail absolute irreversibility, because all States experience domestic circumstances of an economic, political, or social nature, or caused by natural events, that negatively affect the achievements attained up to that point and require the new level of protection to be reconsidered and lowered. In such cases, constitutional law and the principles under examination require that the reduction in protection levels be justified in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality. (see, to that effect, decision 5994-2017 of 26 de abril del 2017). Consistent with the foregoing, Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-SMIOPT-MAGMEIC was enacted for the purpose of fulfilling the efficiency obligation mandated by the Ley de Biodiversidad, because these new regulations seek to adapt environmental impact assessment processes, legally and technically, to current circumstances.Along these lines, with respect to so-called low-environmental-impact projects or Environmental Registrations (Registros Ambientales), it was determined that, because SETENA provides no additional value in terms of environmental measures, technical studies, or environmental control and monitoring instruments, and instead only the baseline measures or regulations imposed by other institutions and bodies apply, registration with SETENA was deemed unnecessary for compliance with those regulations. This is because, owing to their low environmental significance and because the environmental measures are already prescribed by regulation, only the environmental measures established in other rules apply to them. The Sala Constitucional, in resolution number 2017-5994, issued at 11:00 on 26 de abril de 2017, stated: (…) “The determination of the cases in which an environmental assessment is or is not required is a matter governed by statutes and regulations, under the general criterion that the human activities that must undergo environmental assessment are those that alter the environment to a degree significant enough to make such an assessment necessary.” Those low-impact projects are required to comply with the Código de Buenas Prácticas Ambientales and with the rule applicable to them according to the type of project overseen by another entity.In cases of noncompliance, the Fiscalías Ambientales, the Tribunal Contencioso Administrativo, the Tribunal Ambiental Administrativo, or the Ministerio de Salud serve as oversight bodies that may order a sanction or measure against the regulated party (administrado) that failed to comply; and the rules applicable to those parties are sufficient for their environmental control and oversight. For that reason, these considerations were evaluated when the new Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental was issued, and efforts were efficiently and effectively focused on the activities, works, or projects that, because of their characteristics and greater environmental impact, do require an environmental impact assessment and, therefore, environmental monitoring by SETENA, the adoption of additional environmental measures, and oversight by the Secretariat of compliance with those measures.Along these lines, it was determined that the environmental impact assessment must focus more closely on those projects for which the combination of the environmental-fragility conditions of the areas where development is intended and the project’s scale calls for the establishment of additional environmental measures and necessary environmental commitments, as well as effective monitoring of those measures, to mitigate significant adverse environmental impacts. This is achieved by emphasizing environmental oversight and monitoring, field inspections, and review of the duties of environmental officers (responsables ambientales), so as to direct institutional efforts toward overseeing higher-impact projects, because low-environmental-impact projects, he reiterates, are covered by the regulations and authority of other administrative and judicial bodies. Thus, it is demonstrated that there is no violation of the principle of environmental non-regression because other rules do in fact apply to and govern those projects, and there are both administrative and judicial bodies to which recourse may be had in the event of noncompliance with those rules.Precautionary principles (Principios precautorio), non-retroactivity, the binding nature of one’s own acts, regulation of human conduct, pursuit of the greatest well-being, deregulation, statutory reservation, and in dubio pro natura. The Reglamento was issued so that the environmental impact assessment would be more effective and would govern projects that in fact require implementation of environmental measures in addition to those already prescribed to prevent or offset impacts, and, accordingly, so that those projects would be subject to greater controls and more effective monitoring. As their first point, the petitioners allege that Article 3 of decreto 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC violates the principle of non-regression and creates the possibility of irreversible environmental damage, consequently diminishing quality of life, because, according to them, it excludes activities that required Environmental Viability under the previous Reglamento and lowers the maximum thresholds for classification as low, medium, or high impact.They likewise state that SETENA lacks legal authority to issue orders to municipalities through a regulation because municipalities are autonomous entities under constitutional and statutory law (in the Código Municipal). With respect to the petitioners’ assertions, the following is stated: 1. Low-impact category C projects did not undergo an environmental impact assessment to obtain Environmental Viability. They merely obtained a registration with SETENA, in accordance with the Reforma al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), N° 41815-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, of 25 de junio del 2019. 2. decreto Nº 43898 retains the thresholds for category C activities, works, or projects (actividades, obras o proyectos, AOP): construction of less than 1000m2 and earthworks (movimiento de tierra) of up to 999 m3, exactly as DE- 31849 was amended by decreto N° 37803-MINAE-S-MOPTMAGMEIC with respect to the Reglamento de Evaluación Ambiental; these did not undergo an EIA but merely obtained an environmental registration. 3.DE 43898 did not raise the thresholds and is not deregulating several classifications. Previously, they were already not subject to an EIA, but only to a registration. 4. Nor does it change the threshold for AOP exceeding 1000m2, which, if they are AOP, must undergo EIA and Environmental Monitoring (Seguimiento Ambiental). 5. Likewise, in the current decreto, SETENA retains the provision of the previous decreto, 31849-MINAE, under which category C projects with an upper threshold of 500m2 and less than 1000m2 that are located in an environmentally fragile area (área ambientalmente frágil), as defined in Article 98 of this Reglamento, must undergo an environmental impact assessment in order to qualify for an Environmental Viability License (Licencia de Viabilidad Ambiental) approved by the Comisión Plenaria de la SETENA. 6. Responsibility for EIA matters is not being assigned to other entities; rather, some activities are being exempted from EIA while remaining subject to environmental controls by other institutions, always within their legal authority. 7.

It does not lower the maximum thresholds for classifying activities as having low, medium, or high impact, as may be seen in Decreto Ejecutivo Nº 43898, in its article. On the other hand, it must be considered that the Office of the Comptroller General of the Republic, in its study N° 04-PFA “Oversight of the 2000 Environmental Impact Assessment,” concluded that SETENA “...is not being efficient and effective in its management of the preliminary environmental assessment, monitoring, and follow-up processes, because it is diverting its resources to the assessment of many projects with little environmental impact....” Based on this report, the Executive Branch initiated an analytical process to filter the number of projects submitted to SETENA, in order to prioritize those that did represent a greater risk to the environment. This prioritization of environmental impact assessment processes (procesos de EIA) was ratified by the Constitutional Chamber itself in ruling N° 01220-2002: “This does not mean that the Executive Branch may not determine, by regulation and on the basis of precise technical studies, that a particular activity or project does not require environmental impact studies, but this presupposes that such a determination is duly reasoned and justified....” The law that created environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) makes clear that laws and regulations shall specify which activities, works, or projects must undergo the EIA process.

Por tanto, article 3 of Decreto N° 43898 is not unconstitutional, because this provision is a mechanism provided for by law to determine what must be processed by the National Environmental Technical Secretariat. Additionally, the Constitutional Chamber, in resolution n° 05994–2017, of 26 de abril de 2017, analyzed the authority of the Executive Branch to determine which activities, works, or projects (actividades, obras o proyectos, AOP) are required to undergo an Environmental Impact Assessment and dismissed the constitutional challenge filed for that purpose. Regarding the exclusion of AOP from the Environmental Impact Assessment (EIA), pursuant to subsection 4 of article 3 of D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, it must be clarified that, as early as 2008, the SETENA Plenary Commission, through agreements and resolutions (Resoluciones No. 583-2008, 2376- 2016, 1909-2017, 1462-2018), had established which activities had a very low environmental impact and therefore did not need to undergo EIA.

Through Anexo 2, decree No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC formalizes by decree the activities that had already been defined by administrative resolution as not requiring EIA because they have a very low environmental impact and, moreover, are already extensively regulated and supervised under regulations by other institutions which, although they do not perform EIA, are obligated to conduct environmental oversight as part of their powers. As their second point, the petitioners state that Decreto No. 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC was not properly submitted for consultation during its drafting. In this regard, the Secretary of SETENA states that more than 20 entities participated in the public consultation process. Approximately 172 comments were received, which SETENA analyzed from a technical and legal standpoint; 34% were accepted, 15% were partially accepted, and 51% of the submitted comments were not accepted.

Third, the petitioners indicate that regulation 43898 fails to consider that approximately 50% of the country’s cantons lack land-use plans (planes reguladores), and only 6 have information concerning their environmentally fragile areas (áreas de fragilidad ambiental). Regarding this allegation, the SETENA representative states that it is incorrect. Official geospatial viewers and layers from the country’s various public entities may be used, including the Water Directorate, the Geology and Mines Directorate, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, and municipalities that have them. The geospatial information and data used by SETENA to conduct its geospatial verification of AOP case files (expedientes de AOP) come from all these public sources and platforms. Therefore, the petitioners’ allegation that the environmental constraints affecting the country’s different cantons are unknown in the absence of an Approved Land-Use Plan is incorrect because, as already explained, official, current, available, freely accessible information exists to support decision-making by all institutions and the country as a whole.

This information is used by the municipalities to prepare Land-Use Plans and to obtain the Environmental Variable (Variable Ambiental), in accordance with Decreto No. 32967. Furthermore, article 98 of decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC retains the Environmentally Fragile Areas (Áreas Ambientalmente Frágiles), which, by their nature, are divided into two principal groups: a) areas for which the State has established a special use regime (defined legal and technical framework); and b) geographic areas that present technical and environmental limitations on their use. Finally, the representative states that SETENA does not transfer the obligation to process EIA proceedings to other institutions, because the provision indicates that the activities, works, or projects with very low potential environmental impact specified in that article are not required to process an Environmental Impact Assessment before SETENA.

They will, however, be subject to the environmental controls established by, among other institutions, the municipalities, the Ministry of Health (MINSA), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), etc. As a fourth allegation, it is asserted that decree No. 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC entails widespread deregulation. Articles 3, 9, 32, 39, and 47 eliminate, in certain cases, the obligation to undergo EIA (environmental impact studies), thereby violating the principle of non-regression (principio de no regresividad). Such regression could consequently cause irreversible environmental damage or damage that is difficult to remedy. Through Anexo 2, decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC formalizes by decree the activities that had already been defined by administrative resolution as not requiring EIA because they have a very low environmental impact and are also extensively regulated and supervised by other institutions that are obligated to conduct environmental oversight as part of their powers.

The petitioners indicate that the current regulation favors the expansion of dangerous, polluting, and environmentally destructive agricultural activities, such as aggressive pineapple cultivation. That assertion, however, is incorrect. Agricultural activities are not excluded from EIA and are included on the list of activities required to undergo it (Anexo 1, decree 43898), as was also provided by the previous regulation (Decreto 31849-MINAE). Agricultural activities that are not required to undergo EIA are those conducted on land where prior activity has taken place, on the basis that EIA is predictive. Existing activities or those already in operation may obtain an environmental permit (permiso ambiental) by submitting an Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental, EDA) to SETENA, in accordance with current decree No. 42837-MINAE. Regarding the petitioners’ assertion that the cited article 3 reduces the thresholds for construction areas and that, under the previous regulation, No. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the ceiling was 500 square meters, whereas under this regulation, No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, it is 1.000, that assertion is incorrect for the following reasons: • Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC maintains the thresholds for category C AOP involving construction of less than 1000 m2, as amended in DE no. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC by decree no. 37803- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC to the Reglamento de Evaluación Ambiental; these were not subject to an Environmental Impact Assessment and merely obtained an environmental registration (registro ambiental). • D.E.

No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC did not raise the thresholds and is not deregulating various classifications. Previously, these were already not subject to EIA; only registration was required. • Nor does it change the threshold for AOP exceeding 1000 m2, which are AOP required to undergo EIA and Environmental Follow-up (Seguimiento Ambiental). • Likewise, SETENA retains in the current decree what was established in the previous decree, DE n°. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC: category C projects with a threshold greater than 500 m2 and less than 1000m2 that are located in an environmentally fragile area, as defined in article 98 of this regulation, are required to undergo an Environmental Impact Assessment in order to obtain an Environmental Feasibility License (Licencia de Viabilidad Ambiental, VLA) approved by the Plenary Commission. The petitioners indicate that article 9 of this regulation eliminates, in certain cases, the obligation to undergo environmental impact studies, thereby violating the principle of non-regression.

The SETENA representative states that this is not true. That article establishes the final environmental rating through Environmental Impact Significance (Significancia de Impacto Ambiental, SIA) in order to specify the Environmental Impact Assessment Instrument (Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental), which may consist of a Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA), an Environmental Management Plan Forecast (Pronóstico Plan de Gestión Ambiental, PPGA), or an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA). This does not differ from the procedure under the previous executive decree 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, article 19. The petitioners indicate that article 32 of this EIA regulation eliminates, in certain circumstances, the obligation to undergo EIA (environmental impact studies), thereby violating the principle of non-regression.

Article 32 refers to low-impact activities that do require VLA when they are activities listed in Anexo 1 and are located in the environmentally fragile areas defined in article 98. It should be noted here that, although there are low-impact AOP that in principle do not require EIA, SETENA has determined that exceptions to the rule exist in order to regulate AOP that, because they are located in fragile areas, do require an EIA process; this includes all AOP greater than 500 m2. It also specifies that those not requiring EIA will nevertheless be subject to all environmental regulations in force in the country, and the municipalities will be responsible for requiring their compliance with the Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004. The petitioners indicate that article 39 of this EIA regulation eliminates, in certain cases, the obligation to undergo EIA for the felling of 30 cubic meters of trees and the extraction of other protected wild species, without the proceeding established in regulation 31849 still being required.

This would violate the principle of non-regression. Regarding this article, the first point requiring clarification is that SETENA does not issue forest harvesting permits (permisos de aprovechamiento forestal). This is the exclusive jurisdiction of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), which must continue to observe the applicable regulations when approving forest harvesting permits submitted by members of the public. The article does not permit harvesting that contravenes existing forestry regulations, since it makes clear that the proceeding is permissible only when there is no express prohibition against it. It is evident that there is no intent to deregulate the existing rules and that decrees such as 25700-MINAE remain in force and binding upon entities and users generally.

Furthermore, regarding certain activities that do not require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), such as the harvesting (aprovechamiento) of 10 fallen trees, it must be clarified that this decision is consistent with the provisions of Decreto Ejecutivo No. 40477-MINAE, Regulaciones para el aprovechamiento y extracción de madera de árboles caídos naturalmente en bosques privados, Article 1. Articles 4, 5, and 6 establish the requirements for this activity, which do not include environmental feasibility (viabilidad ambiental). It may be concluded from the text of Article 39 that it is not true that deregulation or regression exists, because specific regulations governing this activity already exist. It is important to inform the Chamber that, since 2004, under decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which was the specific regulation governing Environmental Impact Assessment, timber harvesting from agroforestry systems, forest plantations, and harvesting on land used for agricultural and livestock purposes has been exempt from the requirement to obtain environmental feasibility.

The petitioners state that Article 47 of these EIA regulations eliminates the obligation to undergo environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) in certain cases, thereby violating the principle of non-regression (principio de no regresividad). Article 47 establishes the institutional obligation to recognize as a single project the combination of projects smaller than one thousand meters that do not require an EIA if they are built on the same property, thereby encouraging the unlawful fragmentation or subdivision (fraccionamiento) of megaprojects into mini-projects in order to evade the studies, controls, and regulations that might apply to a larger project. The foregoing is incorrect. What this article proposes is the consolidation of environmental feasibility approvals in order to prevent the subdivision of projects and thus comply with Article 94 of Ley de Biodiversidad N° 7788.

Furthermore, in such cases, for purposes of environmental control, monitoring, and oversight, the most stringent instrument prevails, and the projects remain subject to compliance with all environmental regulations and to processing the respective permits for the changes made before the competent institutions, such as the corresponding municipality, for example. Implementation of decreto N° 43898 does not change this express regulation under Ley de Biodiversidad N° 7788, because the rule is clear that projects may not be subdivided to avoid the EIA process. Accordingly, if SETENA detects from the outset, during the processing of a new project, that possible subdivision exists, it has a duty to sanction the project and order that the assessment be conducted comprehensively; nothing in decreto N° 43898 establishes a procedure for noncompliance with the requirements of Ley de Biodiversidad N° 7788.

The petitioners state that reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC entirely evades the responsibility that SETENA had under the previous regulations regarding road matters (reglamento 31849, Article 9, item 12). The foregoing is incorrect. Reglamento N°43898 does not evade any jurisdiction concerning the EIA for all of its components, in accordance with the functions assigned under Ley Orgánica del Ambiente N° 7554. What it does is organize the submission of permits according to the stages of the application processes for formalizing activities, works, and projects, as well as the corresponding powers and functions, pursuant to Ley n° 8220, without leaving the environment unprotected and in compliance with Article 50 of the Constitution, by providing for analysis of the road component as part of the EIA rather than as part of a permit issued by and falling within the jurisdiction of another institution.

SETENA is empowered to request any studies and documents it deems relevant for determining the project’s environmental feasibility. These must be determined by the entity itself, although it should logically be noted that the decisions it adopts must be reasoned and reasonable and are subject to judicial review (control jurisdiccional); the foregoing is based on Dictamen 319-2009 de la PGR. Furthermore, every construction project fronting a national route that has vehicle parking spaces must have authorization from Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) (Article 19 of Ley N° 5060, “Ley General de Caminos Públicos”). Therefore, reglamento N°43898 does not evade any jurisdiction concerning the EIA for all of its components, in accordance with the functions assigned under Ley Orgánica del Ambiente N° 7554; what it does is organize the submission of permits according to the stages of the application processes for formalizing activities, works, and projects, as well as the corresponding powers and functions, pursuant to Ley 8220, without leaving the environment unprotected and in compliance with Article 50 of the Constitution, by providing for analysis of the road component as part of the EIA rather than as part of a permit issued by and falling within the jurisdiction of another institution.

SETENA is likewise empowered to request any studies and documents it deems relevant for determining the project’s environmental feasibility. These must be determined by the entity itself, although it should logically be noted that the decisions it adopts must be reasoned and reasonable and are subject to judicial review; the foregoing is based on the following: Dictamen 319-2009 de la PGR. Furthermore, every construction project fronting a national route that has vehicle parking spaces must have authorization from Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Based on the foregoing, in order to obtain that approval or authorization for vehicular access to the National Routes for the project to be developed, one of the essential requirements that the developer must submit is the project’s traffic analysis, which must include current and projected road conditions in the area surrounding the development, but which SETENA does not have jurisdiction to approve.

It is important to emphasize that preparation of a traffic-impact and road-safety study is not exclusively intended to justify vehicular access to a particular route. The parameters and scope of this Guide apply to determining the impact on vehicular traffic caused by the construction of any project that attracts vehicles or pedestrians. Once that impact has been clearly established, mitigation measures (medidas de mitigación) may be adopted to improve traffic conditions and the safety of users of public roads. The petitioners state that Article 3 of reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC reduces the thresholds for construction areas. Under the previous regulations, No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the ceiling was 500 square meters, while under these regulations, No. 43898-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, it is 1.000 m2. Below that limit, developers do not have to undergo EIAs (environmental impact studies).

It minimizes EIAs, focusing solely on control and monitoring aspects and leaving aside the preventive component. The challenged provision nullifies the preventive action that SETENA must take to “order everything necessary—within the scope permitted by law—to prevent irreversible damage to the environment” (judgment N° 14180-10 Sala Constitucional), because, without technical or scientific support, it allows changes to previously established environmental regulations or their deregulation under Reglamento 31849, even though such changes may harm the environment. The foregoing assertion is incorrect for the following reasons: Decreto No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC maintains the thresholds for category C activities, works, and projects (actividades, obras y proyectos, AOP), consisting of construction smaller than 1000m2, exactly as D.E. 31849 was amended by decreto N° 37803-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, amending Reglamento de Evaluación Ambiental; such activities were not subject to an EIA and merely obtained an environmental registration (registro ambiental).

D.E.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC did not raise the thresholds and is not deregulating several classifications. Previously, they were already not subject to an EIA and required only registration. Nor is the threshold changed for AOP larger than 1000m2, which, if they are AOP, are required to undergo an EIA and Environmental Monitoring (Seguimiento Ambiental). Likewise, in the current decree SETENA retains the provisions of the previous decree, D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, under which category C projects with a threshold greater than 500m2 and less than 1000m2 that are located in an environmentally fragile area (área ambientalmente frágil), as defined in Article 98 of these regulations, are required to undergo an Environmental Impact Assessment in order to qualify for an Environmental Feasibility License (Licencia de Viabilidad Ambiental) approved by the Plenary Commission (Comisión Plenaria).

The petitioners state that the current regulations minimize EIAs, focusing solely on control and monitoring aspects and leaving aside the preventive component, a completely erroneous position for the following reasons: Contrary to the petitioners’ assertions, decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC strengthens the EIA baseline (línea base) with respect to the technical and legal content of baseline studies and EIA instruments, and establishes that all environmental assessment forms and instruments must include environmental control measures (medidas de control ambiental), environmental follow-up and monitoring indicators, and definitions of their frequency, methodology, measurement or application point, and indicator type, so that all activities, works, and projects are subject to SETENA’s monitoring and oversight. The petitioners allege that Articles 17 and 90 of Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, concerning offenses that the Public Administration might commit, reverse the burden regarding the commission of offenses against administrators, thereby benefiting developers; violating the constitutional principles of good faith and intimidating public officials through what could be called psychological workplace harassment.

The foregoing assertion is incorrect for the following reasons: The provisions concerning Articles 17 and 90 of decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC do not refer to the commission of criminal offenses, but rather to the administrative and disciplinary liability (responsabilidad administrativa y disciplinaria) that a public official could incur for failing to perform their legal duties when reviewing applications submitted for their assessment. The provision refers to compliance with other legally ranked regulations applicable to the case, such as Article 10 of Ley 8220 de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos and Article 190 of Ley General de la Administración Pública No. 6227. No burden of proof is reversed against administrators, nor does this violate the principle of good faith or seek to intimidate officials, because the exercise of disciplinary authority or the imposition of administrative liability is inherent to the State and is governed by legally ranked provisions in accordance with the constitutional guarantees of due process.

The petitioners state that Articles 87 and 88 of reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC are contradictory because they reduce the penalties imposed on developers. They reverse the burdens by imposing criminal penalties on public officials while relieving private developers. The Principles of Non-Regression and Deregulation are violated, causing an imbalance of interests. They state that under Article 87 of reglamento 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, the conduct was decriminalized and is considered a violation. Far from seeking to deregulate the applicable rules, the challenged articles seek to ensure that, among the penalties and conduct defined in Articles 99 and 101 of Ley Orgánica del Ambiente No.

7554, and, under the principles of proportionality and reasonableness, there must be a classification of acts or omissions to provide a benchmark so that the Administration may exercise its sanctioning authority under consistent conditions in similar cases, with the understanding that not every act may be adjudicated with the same sanction, since some are indeed more serious than others and have different consequences; therefore, there must be a proportional distinction among the possible sanctions. In this case, the sanctions established according to the type of act or omission are fully aligned with Article 99 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente). Regarding Article 88, it is important to note that its precedent is Article 105 of the General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, dated May 24, 2004.

As can be seen, far from seeking to give developers an advantage, as the petitioner attempts to suggest, it instead establishes the Administration’s ability to impose the precautionary measure (medida cautelar) of suspension in response to noncompliance with environmental commitments, in order to secure the necessary corrective measures or ultimately suspend the projects, if appropriate. The foregoing derives from the preventive principle or in dubio pro natura principle in environmental matters, as defined in Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad). It is important to note that both the Procuraduría General de la República and the Constitutional Court have repeatedly affirmed the Administration’s authority to establish precautionary measures, particularly in environmental matters.” (Sala Constitucional, judgment No. 6237-2005 at 14:39 on May 31, 2005). The petitioners state that Regulations No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, in Articles 98 and 13 thereof (especially item 2), allow developers of low-impact projects (between 54% and 65 % of all projects processed by SETENA) to build in environmentally fragile areas.

The challenged provision allegedly eliminates all precautionary measures intended to prevent any harm to the environment or to persons. Furthermore, it allegedly does not prevent potential environmental harm or impacts that could be irreversible in environmentally fragile areas, to endangered species, water sources, soil, air, and human beings. The foregoing assertion is incorrect. Neither Article 13 nor Article 98 allows developers of projects with a low environmental impact to build in environmentally fragile areas; rather, Article 13 establishes the procedure for the relevant department to verify information in the case files submitted to the environmental impact assessment process (proceso de evaluación de impacto ambiental, EIA), both during the environmental assessment stage and during the environmental monitoring and oversight stage. The petitioners state that Regulations No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, in Article 15 thereof, allow a developer to begin processing permits before other institutions prior to completion of the permit process before SETENA, thereby violating the deregulation principle.

In decision N° 008201 of April 12, 2023, Sala Constitucional partially granted an action of unconstitutionality and annulled the phrase “health, environmental, and matters,” contained in the fourth paragraph of Article 15 of the Law Protecting Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures, Law 8220 (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Ley 8220), as amended by Law N° 10.072 of November 18, 2021. The foregoing assertion is incorrect. What was already established in Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC remains in effect. Potential Environmental Viability (Viabilidad Ambiental Potencial) permits proceedings to be initiated or continued before other public or private entities, as occurred under the repealed decree. This does not mean that an Environmental Viability License (Licencia de Viabilidad Ambiental) is granted in advance, nor does it create any vested right, since the license may be approved or denied at the end of the process.

Such potential viability merely enables a developer, for example, to begin the procedures for obtaining a loan from a banking institution; however, for entities that issue final permits for the construction or operational stage, potential viability is insufficient, since they must wait for the institution to rule on the granting of environmental viability (viabilidad ambiental), if this is a requirement in their procedures under Decreto No. 43898-MINAE-S-MOPTMAGMEIC. The petitioners state that Article 35 of the challenged Regulations No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC allows SETENA to cease overseeing a project under review once the developer obtains environmental viability, leaving responsibility in the hands of third parties. Regulations 43898 entirely dispense with the obligation to forward the Environmental Impact Studies (Estudios de Impacto Ambiental, EsIAS) to other authorities involved in construction permits (Regulations No. 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC contained this requirement in Article 35).

The petitioners’ assertion is incorrect, because SETENA is the entity responsible for supervising the work of environmental officers (responsables ambientales), who must be registered in the SETENA Registry and must ensure compliance with the environmental commitments undertaken by the developer of an activity, work, or project. They are required to officially report to SETENA and the environmental authority the results of monitoring and oversight, in accordance with these Regulations and all other applicable rules. Likewise, Article 51 of the current EIA Regulations provides for Environmental Compliance Inspections (Inspecciones Ambientales de Cumplimiento), and Article 54 provides for technical closure inspections (inspecciones de cierre técnico). These are performed by SETENA’s Inspection Unit whenever it considers them appropriate, in order to verify compliance with environmental measures as part of oversight processes, in addition to other environmental monitoring instruments, such as the environmental logbook (bitácora ambiental) and environmental-supervision reports (informes de regencia ambiental).

This also includes responding to environmental complaints filed by members of the public. These processes are described in Regulations 43898, which makes the institution’s role in oversight processes entirely clear. For this purpose, interinstitutional coordination is absolutely necessary in order to obtain the required technical opinions from entities competent in different fields, such as SINAC in forestry matters, the Dirección de Geología y Minas in mining matters, or the Dirección de Aguas with respect to water use, for example. Regarding the allegation that the obligation to forward the EsIAS to other authorities involved in construction permits has been entirely eliminated, it must first be noted that SETENA will publish a list of Environmental Impact Studies on its website, in compliance with Article 23 of D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Accordingly, the provisions of this decision are consistent with Article 35 of Decreto 31849, which was superseded by D.E. 43898-MINAE-MOPT-MAGMEIC.

In conclusion, Article 23 of D.E. 43898 MINAE-SMOPT-MAG-MEIC ensures that, for projects with the greatest impacts and for which an Environmental Impact Study must be processed, institutions involved in construction-permit procedures and members of the public have a dedicated site where they can obtain information and, if necessary, access the Digital Platform to view the entire case file. This is without prejudice to the public’s access to view any case file processed by the institution and to submit inquiries, objections, or use any other public-participation mechanisms afforded to them by the applicable rules. The petitioners state that Article 41 of Regulations No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC provides that various “users” may exploit forest resources in protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). The Regulations allegedly dispense with the developer’s obligation to provide notice and publish information in a newspaper of national circulation concerning the environmental impact studies submitted to SETENA for review.

The current Article 41 reduces that obligation to publication on SETENA’s website for those purposes. Regarding this allegation, it has already been made clear that all case files processed under Decreto Ejecutivo N° 43898 are 100% digital and are available for consultation by any user; accordingly, the assertion that the activities, works, or projects (actividades, obras o proyectos, AOP) processed by the institution would not be publicly known is unfounded. The petitioners state that Regulations No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC do not contain Form D-6, referenced in Articles 24, 25, and 26, because Annex 7, in which Article 24 states that Form D-6 is to appear, was not included. It is stated that this allegation concerning Form D6 is incorrect. That form, as well as the environmental-measures table forms and their environmental-monitoring indicators, the required contents of geotechnical studies, archaeological studies, and hydrogeological studies, and the visual guide for submission of the site design, may be viewed in the referenced annex in Supplement N° 65 C to La Gaceta 67, dated Wednesday, April 19, 2023.

It may also be found in the Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). Form D6 is available for use on SETENA’s digital platform, which may be accessed through a link. The petitioners state that Annex 9, containing Form D-4 referenced in Articles 36, 37, 38, 39, 41, and 42, likewise does not appear in Regulations No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC. This allegation is also incorrect. That form may be viewed in the referenced annex in Supplement n° 65 C to La Gaceta 67, dated Wednesday, April 19, 2023. It may also be found in the Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). Form D4 is available for use on SETENA’s digital platform. The petitioners state that Article 87 of Regulations No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC declassified an omission and treats failure to respond to requests for information from SETENA as a minor offense (falta leve). The constitutional and statutory framework does not authorize SETENA to delegate, either wholly or partially, its own functions.

Nevertheless, the Regulations provide that projects, works, or activities for which the requirement to undergo the Environmental Viability process before SETENA has been eliminated need only complete the procedures required before other institutions and comply with the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales), and that SETENA lacks authority to issue orders to municipalities through regulations. In this regard, it is first important to note that this was already provided for in Article 4 of Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Finally, the assertion that SETENA transfers to other institutions the obligation to process EIA proceedings is untrue, because the provision states that activities, works, or projects with a very low potential environmental impact are not required to process an Environmental Impact Assessment before SETENA. They will, however, remain subject to all environmental regulations in force in the country, and the municipalities will be responsible for requiring them to comply with the Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 dated September 14, 2004.

Lastly, considering the allegations set forth in this constitutional challenge, this is the same issue already analyzed by the Constitutional Chamber regarding environmental impact assessment proceedings (procesos de Evaluación de Impacto Ambiental), in which it has been established that there is no unconstitutionality, since determining which activities, works, or projects require environmental viability or an environmental license (Viabilidad Licencia Ambiental) does not fall within its purview.

  1. 11By a decision issued at 14:17 hours on January 12, 2024, Ulises Gerardo Álvarez Acosta, identity card 0107900742, in his capacity as secretary general of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), was admitted as a passive supporting party (coadyuvante pasivo) to this action, and the matter was assigned to the reporting justice (magistrada instructora).
  2. 12The hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is dispensed with, pursuant to the authority granted to the Chamber by numeral 9 thereof, because this decision is deemed sufficiently grounded in evident principles and rules, as well as in the case law of this Court.
  3. 13The statutory requirements have been observed in the proceedings.

Justice Hess Herrera drafts the opinion; and,

Whereas:

I. REQUIREMENTS AND FORMALITIES OF AN ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

This Chamber has repeatedly held that an action of unconstitutionality is a proceeding subject to certain formalities that must necessarily be fulfilled before this Court may validly rule on the merits of the matter. Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional governs standing (legitimación) to bring actions of unconstitutionality and provides for different circumstances. The first paragraph requires the existence of a pending matter, whether before a court—including habeas corpus or amparo proceedings—or before an administrative authority—in proceedings to exhaust administrative remedies (agotamiento de la vía administrativa)—in which the unconstitutionality of the challenged provision is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest alleged to have been infringed in the principal proceeding. The second and third paragraphs govern direct actions (acción directa)—for which no underlying proceeding (asunto base) is required—in the following circumstances: a) when, because of the nature of the matter, there is no individual and direct injury; b) when the matter concerns the defense of diffuse interests (intereses difusos) or interests affecting the community as a whole; and c) when the action is brought by the procurador general de la República, the contralor general de la República, the fiscal general de la República, or the defensor de los Habitantes.

Likewise, in judgment no. 04190-95 issued at 11:33 hours on July 28, 1995, this Court specified that an action of unconstitutionality is:

“(…) a proceeding of an incidental nature, rather than a direct or popular action, meaning that a matter pending resolution—either before the courts of justice or in proceedings to exhaust administrative remedies—must exist before recourse may be had to the constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional), and the action must constitute a reasonable means of protecting the right deemed to have been infringed in the principal proceeding, such that the Constitutional Court’s ruling has a positive or negative effect on that pending proceeding because it addresses the constitutionality of the provisions that must be applied in that matter; access to this avenue is permitted directly only by way of exception—the circumstances provided for in the second and third paragraphs of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional …”.

Finally, other formalities must be fulfilled: the filing must be authenticated and contain an explicit, duly substantiated identification of the challenged provisions, specifically citing the components of the constitutional corpus (bloque de constitucionalidad) alleged to have been infringed (Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). In addition, the conditions establishing standing must be substantiated (powers of attorney and certifications), the Colegio de Abogados stamp fee must be paid, and a verbatim certified copy of the filing in which the unconstitutionality of the challenged provisions was invoked in the underlying proceeding must be submitted (Article 79 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).

II. THE REQUIRED SUBSTANTIATION OF A FILING BRINGING AN ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY

As stated above, an action of unconstitutionality is a proceeding subject to certain formalities; if they are not satisfied, the Chamber cannot hear the intended challenge. One such requirement is the necessary substantiation of the filing bringing the action of unconstitutionality. Article 3 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that: “The Political Constitution shall be deemed infringed when such infringement results from comparing the text of the challenged provision or act, its effects, or its interpretation or application by public authorities with constitutional rules and principles.” For this Court to find that an infringement has occurred and declare the challenged provision or act unconstitutional, with its consequent annulment and removal from the legal system, the party bringing an action of unconstitutionality bears the burden of demonstrating how that provision infringes the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) and must also explain why the claim should be upheld.

This is referred to by this Chamber as the burden of argumentation (carga de la argumentación); that is, “a provision that is facially (sic) contrary to the Constitution shifts the burden of argumentation to those who maintain that no conflict actually exists between that provision and the Political Constitution; the opposite occurs when an action is brought against a provision that, upon initial examination, does not appear contrary to the Constitution, in which case the claimant must put forward arguments establishing its unconstitutionality” (see judgment no. 0184-95 issued at 16:30 hours on January 10, 1995). In a subsequent judgment, regarding the failure to set forth arguments of unconstitutionality in actions of unconstitutionality, this Chamber stated as follows:

“The action of unconstitutionality is brought on the grounds that the challenged Executive Decree is harmful and impairs and infringes the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, the right to health, and the international commitments undertaken through the Kyoto Protocol. Despite the opportunity afforded to the claimants, the statement by the Procuraduría General de la República is confirmed: there is no specific analysis of the provisions of the challenged Executive Decree alleged to be unconstitutional. Instead, the filing merely raises general and abstract objections to the Regulation in its entirety and, moreover, to all activities carried out by sugar mills and estates, asserting that they adversely affect the quality of life and health of neighboring residents, without specifying which constitutional arguments should be considered against each provision or group of provisions of the challenged Regulation. […] The first paragraph of Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the obligation to authenticate filings bringing actions of unconstitutionality, since it is considered necessary that arguments be advanced by a legal professional; this does not preclude this Court from undertaking a serious examination of the technical and scientific substance of a given subject, in view of the diversity and universality of the rules comprising the legal system.

Unlike proceedings for the protection of constitutional rights (procesos de garantías)—that is, habeas corpus and amparo proceedings—which may be brought directly by any interested person before the constitutional jurisdiction in defense of fundamental rights, generally against acts or omissions that cause injury within that person’s individual sphere (although this is not always the case, as in environmental matters), in proceedings for the defense of the Political Constitution (such as an action of unconstitutionality), the legislature entrusted the authenticating attorney with a task subject to an even more demanding standard—one that may be described as more elaborate and exhaustive—which, by reason of the attorney’s professional role, must be reflected in the initial pleading (libelo de interposición) to demonstrate to the Court that a lower-ranking provision infringes a constitutional provision, thereby undermining the principle of constitutional supremacy enshrined in Article 10 of the Political Constitution.

The substantive and formal drafting of a Law, as well as that of other secondary provisions, necessarily entails an extremely costly process for the State in which organized civil society has participated in many ways, whether in favor or in opposition; the procedures for their drafting, approval, and promulgation must not be examined lightly. In this regard, this Chamber must acknowledge that the scope for this Court to remedy manifest omissions by legal professionals who authenticate filings before this constitutional jurisdiction is limited, lest the impartiality and analysis owed to each action of unconstitutionality be compromised.” (judgment no. 2012-05285 issued at 15:03 hours on April 25, 2012).

Accordingly, the cited Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional requires that the filing bringing the action set forth “its grounds clearly and precisely.” In judgment no. 2013-016944 issued at 14:30 hours on December 18, 2013, this Chamber expressly referred to the requirement that the initiating filing be duly substantiated—as an essential condition for admissibility of the action under the aforementioned provision—in the following terms:

“II.- INADMISSIBILITY FOR LACK OF SUBSTANTIATION. Pursuant to Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a filing bringing an action of unconstitutionality must set forth the grounds clearly and precisely, specifically citing the provisions or principles alleged to have been infringed. This requirement is not a mere formality but an essential condition for admissibility because, under the pro-judgment principle (principio pro sentencia)—developed by this Chamber on other occasions—admissibility requirements must be interpreted in favor of the action. Moreover, Constitutional Law is a preferential matter of public policy, and there is a public interest in safeguarding its supremacy and effectiveness; accordingly, obstacles to the admission of an action and a decision on its merits must be interpreted and applied restrictively. Consequently, all procedural rules must be interpreted and applied in such a way as to secure the issuance of a judgment; this not only facilitates the administration of justice but also prevents the imposition of obstacles to obtaining it (see, to the same effect, judgments numbers 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08 and 2887-08).

Accordingly, a failure to substantiate the action prevents the issuance of a properly reasoned judgment consistent with the relief sought. It is likewise improper for this Chamber to rule on the merits of provisions challenged in an action when the claimant does not substantiate the reasons for challenging them, since doing so would entail conducting abstract constitutional review as an academic exercise, which is incompatible with the purpose of a proceeding of this nature.” Finally, in vote no. 2020-000319 issued at 12:15 hours on January 8, 2020, this Court reiterated that:

“(…) given the formal requirements established by law for constitutional review proceedings (procesos de control de constitucionalidad), the burden of argumentation in processing an action of unconstitutionality rests with the claimant, who must explain unequivocally the contradiction between a subconstitutional provision (normativa infraconstitucional) and the constitutional corpus, as well as the standing upon which the claimant relies.”

III. ON THE GROUNDS FOR THE PRESENT ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY

In the matter sub judice, a reading of the filing initiating the action leads to the conclusion that the petitioner initially raises a series of general claims concerning Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulations), alleging that the challenged regulations violate: a) the principle of non-regression, because Decreto N° 31849-MINAE was repealed, resulting in widespread deregulation and the elimination of environmental controls contained in the former regulation; b) public consultation, because the regulations were allegedly not properly submitted for consultation before their issuance, as consultation took place solely through the Ministry of Commerce’s website; and c) the petitioner alleges preferential treatment of the private sector over the public or the community, because the regulations constitute a manual for reducing administrative procedures to the detriment of nature.

In this regard, the Chamber agrees with the position of the Procuraduría General de la República that no adequate argumentative effort was made to demonstrate how the challenged provisions violate the Political Constitution, because, with respect to those arguments: a) regarding the principle of non-regression due to the repeal of regulations, it is not enough merely to allege that a regulation was repealed and that new regulations exist. Likewise, the petitioner does not specify which controls were omitted, how this constitutes a reduction in environmental protection, or whether there is technical support for it; b) regarding the principle of citizen participation, this principle safeguards the inclusion of publicity and participation mechanisms during the process of drafting and issuing a regulation, but there is no constitutional determination as to which specific mechanisms must be used and, in that regard, the petitioner does not indicate how the consultation should have been conducted or why the method used was insufficient; and c) regarding the alleged preferential treatment of the private sector, the petitioner does not explain how or through which provisions such preferential treatment occurs.

Accordingly, this Court considers that the PGR is correct in stating that these allegations lack adequate grounds and, instead, are made in general terms without relating the content of the provisions in any way to the specific harm alleged, which prevents this Chamber from ruling on them.

Furthermore, continuing with its review of the petition initiating the action, the petitioner alleges that Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC are unconstitutional, because the petitioner considers them contrary to the principles of non-regression, statutory reservation (reserva de ley), public consultation, deregulation, precaution, pro natura, respect for one’s own acts (actos propios), the inviolability of one’s own acts (intangibilidad de los actos propios), good faith, the Acuerdo de Escazú, and environmental protection, for the following reasons:

Article 3 excludes activities that required environmental viability (viabilidad ambiental) under the former regulation and lowers the maximum thresholds used to classify them as having a low, medium, or high impact. It also eliminates, in certain cases, the obligation to prepare an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), and subsection 8) favors the expansion of dangerous, polluting, and environmentally destructive agricultural activities, such as aggressive pineapple cultivation. Likewise, the petitioner asserts that it reduces the construction-area thresholds at which projects must undergo environmental impact assessment, without any technical or scientific support permitting the alteration or deregulation of environmental requirements previously established in the former regulation. On this specific point, the Chamber disagrees with the Procuraduría General de la República’s substantive analysis of this provision and its reference to the report that body submitted in an action of unconstitutionality against these same Regulations (expediente No. 23-022240-0007-CO), to the effect that it must be determined whether the modification of the circumstances in which an EIA is not required has technical support.

This tacitly concedes that the action is properly substantiated as to that provision, a conclusion the Chamber does not share. As with other specific challenged provisions, the action merely describes a regulatory change (in section 6 of the allegations), together with a brief recitation of the principles allegedly violated; this argument is not materially different from those already found not to satisfy the requirements imposed by Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. It is also alleged that the Regulations were not adequately submitted for consultation, because this was done through the Ministry of Commerce’s website and was not properly publicized. The petitioner adds that the municipalities were not consulted either, even though responsibility for all matters concerning the issuance of permits for projects with a very low environmental impact that do not require environmental impact assessments by SETENA is transferred to them.

It should be noted that the challenged article contains 8 subsections, but the petitioner does not specify which activities previously required environmental viability and are now excluded, and, with respect to subsection 8), does not explain what preferential treatment is allegedly afforded. Furthermore, the petitioner does not indicate how the consultation should have been conducted or why the failure to consult the municipalities violates the Political Constitution. In any event, on this last point, the standing asserted by the petitioners—based on diffuse interests (intereses difusos), because they are acting in defense of the right to a healthy environment—is different from the standing required to claim a potential violation of municipal autonomy. The latter, for example, was recognized in judgment No. 2022013101 at 12:31 hours on 8 de junio de 2021, in the following terms:

“II.- On the petitioner’s standing. In the matter sub lite, the petitioner mayor states that the challenged provisions affect the municipal budget and the autonomy of local governments, thereby affecting users of municipal services and community interests in general. In this regard, the record shows that the mayor submitted the resolution adopted by the Concejo de Alajuela at session nro. 28-2019 of 9 de julio de 2019, Article 1, Chapter IX, authorizing her to challenge the provisions of law nro. 9635 in defense of municipal autonomy. Consequently, the Chamber finds that the petitioner satisfies the standing requirements for bringing this action of unconstitutionality.” Articles 7 and 51 are allegedly unconstitutional because the Regulations were not adequately submitted for consultation, as the consultation was conducted through the Ministry of Commerce’s website and was not properly publicized.

The petitioner adds that the municipalities were not consulted either, even though responsibility for all matters concerning the issuance of permits for projects with a very low environmental impact that do not require environmental impact assessments by SETENA is transferred to them. As to these provisions, the petitioner does not explain how the consultation should have been conducted. Nor does the petitioner indicate why the failure to consult the municipalities violates the Political Constitution. In any event, the standing asserted by the petitioner—based on diffuse interests, because the petitioner is acting in defense of the right to a healthy environment—precludes a claim of a potential violation of municipal autonomy.

It must also be taken into consideration that the participation framework used in adopting the challenged regulation falls outside the scope of the Chamber’s jurisdiction, as established in various rulings since 2019, in the following terms, taken from judgment No. 2021-21934 at 9:50 hours on 1º de octubre de 2021:

Article 9 allegedly eliminates, in certain cases, the obligation to prepare an EIA, and item 12 states that SETENA will require—if circumstances warrant—an approved traffic study (estudio de vialidad) from MOPT. However, this claim must be rejected for inadequate reasoning, because the allegations are inconsistent with the content of the provision.

The petitioner alleges that Articles 13 and 98 allow developers of projects with a low environmental impact to build in environmentally fragile areas. This is allegedly because, without technical or scientific support, they permit changes to, or deregulation of, environmental requirements previously established in the former regulation (Reglamento 31849), even though such changes may harm the environment. Like the preceding claim, this claim must be rejected for inadequate reasoning, because the allegations are inconsistent with the content of the provisions. Moreover, with respect to these provisions, the Acuerdo de Escazú is not even a standard for constitutional review, because it has not been ratified by the State of Costa Rica.

Regarding Article 15, the petitioner states that it allows a developer to begin processing permits with other institutions before the SETENA permitting process has concluded. However, this claim must be rejected for inadequate reasoning, because the allegations are inconsistent with the content of the provision.

Regarding Articles 17 and 90, the petitioner claims that they warn of offenses that the Public Administration could commit, shifting the burden for the commission of offenses onto public administrators, benefiting developers, and intimidating public officials. However, this claim must be rejected for inadequate reasoning, because the allegations are inconsistent with the content of the provisions. Likewise, the standing asserted by the petitioner bears no relationship whatsoever to the principle of good faith or to the regulations governing public officials in the performance of their duties.

Regarding Articles 24, 25, and 26, the petitioner states that Anexo 7, which is to contain the D-6 form mentioned in those articles, was not included in the Regulations. Like the preceding claim, this claim must be rejected for inadequate reasoning, because the allegations are inconsistent with the content of the provisions. In any event, according to the PGR, the documentation at issue was published in Alcance N°65 C, La Gaceta no. 67 of 19 de abril de 2023, as part of Tomo III of Decreto 43898, in which Anexo 7 appears under the title “D-6 Urban Quadrant Submission Form.” The petitioner states that Article 32 eliminates, in certain cases, the obligation to undergo environmental impact assessment. Notwithstanding the foregoing, the allegations are inconsistent with the content of the provision, because it refers to the D1-C form, but the petitioner fails to indicate how its contents violate the Constitution. In other words, the grounds are once again insufficient.

The petitioner states that Article 35 ends SETENA’s oversight once the developer obtains environmental viability, leaving responsibility to third parties. Nevertheless, the petitioner fails to explain how such subsequent oversight should be conducted or why the provisions in question are insufficient. Like the preceding claim, this claim must be rejected for inadequate reasoning, because the allegations are inconsistent with the content of the provision.

The petitioner asserts that Articles 36, 37, 38, and 42 are unconstitutional because Anexo 9, which is to contain the D-4 form mentioned in those articles, was not included in the Regulations. Like the preceding claim, this claim must be rejected for insufficient reasoning, insofar as the allegations are inconsistent with the content of the provisions. Additionally, according to the PGR, the documentation at issue was published in Alcance N°65 C of La Gaceta no. 67 of 19 de abril de 2023, Tomo III of Decreto 43898, Anexo 9, under the title “D4-Forestry Submission Form.” In the petitioner’s view, Article 39 violates the principles of non-regression, deregulation, and pro natura for the following reasons:

“Regulation 43898, in Article 39 thereof, introduces the right to cut 30 cubic meters of trees and remove 10 fallen trees from protected wilderness areas, without the procedure established in regulation 31849 now being required. It violates the Principle of Deregulation. It violates the Principle of Non-Regression and contradicts the provisions of Decreto 25700-MINAE, which declares a total ban on the harvesting of endangered trees, and Article 50 of the Political Constitution, as well as the IUCN Red List and the CITES List.” Although the Office of the Attorney General states that it is necessary to demonstrate the technical reasons why those works or projects do not require evaluation by SETENA and that the challenged provision lacks such support, the fact remains that the grounds underlying the claims of unconstitutionality are excessively terse, and therefore they are subject to the same ground for inadmissibility as the other provisions that have been examined.

It alleges that Article 41 is unconstitutional because Annex 9, which must contain the D-4 form mentioned in that article, was not included in the regulation. It further contends that different “users” are allowed to exploit forest resources in protected wilderness areas. This claim, like the preceding one, must be rejected for lack of reasoning, since the allegations are inconsistent with the content of the provision. Furthermore, according to the information provided by the Office of the Attorney General of the Republic (PGR), the documentation at issue was published in Supplement N°65 C, La Gaceta no. 67 of 19 de abril de 2023, Volume III of Decree 43898, Annex 9, entitled “Formulario de Presentación del D4-Forestal.” With respect to Article 47, it states that the article establishes an institutional obligation to recognize as a single project the combination of projects smaller than one thousand meters that do not require an EIA if they are built on the same property, thereby encouraging the unlawful fragmentation or subdivision of megaprojects into smaller projects in order to evade the studies, controls, and regulations that might apply to a larger project (subdivision by circumvention). Nevertheless, such assertions cannot be inferred from a reading of the provision, and because no further explanation is provided, the allegations are inconsistent with the content of the provision.

Lastly, it states that Articles 87 and 88 reduce the penalties imposed on developers. Those articles reverse the burdens by imposing criminal penalties on public officials and relieving private developers of liability. Article 87 decriminalized, and classifies as a minor offense, the failure to respond to requests for information made by SETENA. A reading of those provisions shows that they do not establish penalties for public officials; on the contrary, they define the types of violations and the corresponding penalties, as well as the issuance of precautionary measures in the event of noncompliance with environmental commitments. Moreover, the petitioner does not explain why developers are deemed to be relieved of liability or specify which penalties are being reduced. Accordingly, the claim must be rejected for inadequate reasoning, since the allegations bear no relationship to the content of the provision.

In summary, those allegations lack adequate substantiation regarding the substantive challenges, as required by the aforementioned Section 78 of the Law on Constitutional Jurisdiction. Beyond a brief reference to the infringement of various constitutional rights and principles, the fact remains that the petitioner fails to set out their specific normative basis or to analyze and develop the particular content and scope of the provisions and principles allegedly infringed, so as to relate and contrast them, individually and with proper reasoning, to the challenged regulations. Ultimately, there is no precise, sufficient, and properly particularized argument concerning the grievances and grounds for the alleged infringement of Constitutional Law. Consequently, the general claims concerning Executive Decree N° 43898, as well as those against Articles 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, and 98 of Regulation No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, must be dismissed.

IV. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The petitioner is hereby advised that, if any paper document was submitted, as well as any objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced through new technologies, they must be retrieved from the court within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any materials not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

By majority vote, the constitutional challenge is dismissed on admissibility grounds. Justice Cruz Castro dissents and declares Articles 3, 9, 13, 15, 39, 47, and 98 of the Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulation unconstitutional for violating the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle. He likewise dissents with respect to the claim of violation of the right to citizen participation and standing in defense of municipal autonomy. Let notice be given.

Fernando Castillo V.

Chief Justice Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H. Ana María Picado B.

Res. Nº 2025-006027 Dissenting Opinion of Justice Cruz Castro.- Regressive provisions in the Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulation. Provisions were adopted that disregard the basic principles of constitutional environmental law.

Unlike the majority, I consider that this action should be granted, particularly with respect to Articles 3, 9, 13, 15, 39, 47, and 98 of the Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulation, for violation of the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle. This also applies to the claim of violation of the right to citizen participation and standing in defense of municipal autonomy. I set out my reasons below.

The majority considered that the action was not properly substantiated and that the arguments were presented in general terms, without relating the content of the provisions in any way to the specific grievance. However, I believe that in a matter as sensitive as environmental protection, the arguments presented concerning widespread deregulation and the omission of preventive controls contained in the former regulation are sufficient for this Chamber to examine the merits of each challenged provision.

The regressive nature of a regulation gives rise to a presumption of unconstitutionality. The State must bear the burden of proof in arguing in favor of its reasonableness, suitability, necessity, and/or proportionality. This is also supported by General Comments 13, 14, 15, and 17 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. “The State must demonstrate that the regressive measures are duly justified by reference to the totality of the rights set forth in the Covenant in the context of the full use of the maximum resources available to the State Party.” (General Comment 15, paragraph 19). It should be noted that the Constitutional Chamber, in decision number 2016-00415, provided the following definition of the principle of non-regression:

“The principle stands as a substantive guarantee of rights—in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment—by virtue of which the State is required not to adopt measures or policies, or approve legal provisions, that worsen, without reasonable and proportionate justification, the status of rights achieved up to that point. This principle does not entail absolute irreversibility, since all States experience domestic situations of an economic, political, or social nature, or caused by natural events, that negatively affect the achievements attained up to that point and require the new level of protection to be reconsidered downward. In such cases, Constitutional Law and the principles under examination require that any reduction in the levels of protection be justified in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality.” The argument that Executive Decree no. 43898 is unconstitutional for violating the principle of non-regression merely because it repealed Decree 31849 and established regulations different from those contained therein is tenable.

Under the principle of non-regression, the Chamber would be required to analyze whether the new regulations that modified the previous regime did in fact reduce the level of protection without reasonable technical justification. I consider that arguing that the Decree modified the existing regime, entails widespread deregulation, and eliminated environmental controls that were included in the former provision constitutes acceptable and relevant reasoning sufficient for this action to be deemed properly substantiated. The majority’s position adopts a formalistic view, failing to consider that environmental matters involve limitations of such importance that the supporting grounds need not be set out in such detail.

The Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulation contains several manifestly regressive provisions. The regulation itself and its content clearly demonstrate the regression. The following provisions illustrate this:

-Article 3:

“Article 3.- Activities, works, or projects that, by their nature, do not require an Environmental Impact Assessment before SETENA. The activities, works, or projects with very low potential environmental impact identified in this article shall not be required to undergo an Environmental Impact Assessment before SETENA. Nevertheless, they shall be subject to the environmental controls established by the Municipalities; the Ministry of Health (MINSA); the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG); the State Phytosanitary Service (SFE); the National Animal Health Service (SENASA); the Ministry of Public Works and Transportation (MOPT); the Ministry of Environment and Energy (MINAE); and other entities with legal authority, as well as the provisions of the Code of Good Environmental Practices, Executive Decree N° 32079 of 14 de setiembre de 2004, or any voluntary mechanism for improving environmental performance: (…)” Indeed, this provision excludes activities that required environmental viability under the previous regulation and lowers the maximum thresholds for classifying them as having a low, medium, or high impact.

Likewise, in some cases it eliminates the obligation to prepare an EIA and, in subsection 8), favors the expansion of dangerous, polluting, and environmentally destructive agricultural activities, such as intensive pineapple cultivation. Pineapple cultivation requires a series of requirements and controls, given the high vulnerability of the soils and regions where it is grown. Similarly, the thresholds for construction areas above which projects are required to undergo environmental impact assessment are raised; this is done without any technical or scientific basis supporting the change to previously established environmental regulations or deregulations contained in the former provision. Such regressive changes require technical studies justifying them. Technical criteria are indispensable in matters as delicate and vulnerable as environmental protection.

As the petitioners point out, this provision raises the thresholds for construction areas. Under the previous regulation, 31849, the ceiling is 500 square meters; in the one before that it was 300, and under this regulation, 43898, it is 1.000. Below that limit, developers are not required to undergo an EIA. As the PGR states in its report, because there is no technical basis whatsoever, these provisions would be contrary to the principle of non-regression in environmental matters, the principles of reasonableness and proportionality, and the principle that environmental protection must be grounded in objective criteria and, consequently, to Article 50 of the Political Constitution. This would, in turn, constitute a violation of the preventive principle, because the environmental impacts of activities potentially affecting the environment would not be assessed and mitigated.

All of which violates the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle.

-Article 9:

“Article 9.- Final environmental rating. The application of the environmental impact significance (SIA) assessment instruments allows the preliminary classification category established for the activity, work, or project through the D1 to be modified, subject to technical justification, or confirmed, thereby obtaining a final environmental rating for decision-making purposes. The environmental impact significance (SIA) shall determine the Environmental Impact Assessment Instrument to be used in D1 forms with EIA instruments.” Indeed, this provision redefines environmental significance by allowing it to be defined by an instrument. This is a matter relevant to safeguarding the substantive content of the right to a healthy and ecologically balanced environment, in terms of the principles of full reparation, the polluter-pays principle, and non-regression; environmental impact significance cannot be made dependent on the definition provided by an instrument. The weakening of environmental protection, without technical criteria, is evident, and therefore the arguments raised by the petitioner need not be more extensive. The regression is evident, as is the lack of technical criteria.

All of which violates the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle.

-Articles 13 and 98:

“Article 13.- Technical verification of the case file. The technical verification of the case file to be carried out by the respective department shall follow these steps:

1. Verification of the information submitted in the environmental assessment document regarding environmental impact significance, for which purpose it shall be authorized to conduct an Environmental Inspection of the site in accordance with the procedure established by SETENA to determine the cases in which the inspection must be conducted.

2. Review of the geographic area in which the activity, work, or project will be located, with respect to whether it is located in an environmentally fragile area, and within the context of its surrounding territorial area and any available land-use planning.

3. Verification of the final rating regarding the environmental impact significance (SIA) of the activity, work, or project.” Article 98.- Environmentally Fragile Areas (AAF). Their purpose is to consider, a priori, a series of environmental and legal variables pertaining to a geographic area, in order to facilitate a more informed decision regarding the area in which a project, work, or activity will be undertaken.

By their nature, the AAF are divided into two main groups: a) areas for which the State has established a special use regime (a defined legal and technical framework); b) geographic areas presenting technical and environmental limitations on their use.

The assessment of whether the project area is located within an AAF must be performed by the developer during the initial phases of the project. The fact that the project area forms part of an AAF does not necessarily constitute a prohibition or impediment to the development of the project, work, or activity, unless current legislation so provides. In such a case, knowledge of that circumstance must lead to the identification of the technical and environmental limitations and promote the design of the project, work, or activity in such a manner that those technical limitations can be overcome and, in this way, low-impact projects typically developed in the AAF are not affected.

During the Environmental Impact Assessment process, SETENA shall be required to verify, using the available digital tools, the status of the AP with respect to the defined AAF and to take the result of that analysis into account within the system’s decision-making process. In the event of uncertainty, it may conduct a site inspection to determine the nature of the land.

For the purposes of this Executive Decree, the following shall be deemed environmentally fragile areas: (…)” Indeed, these provisions allow developers of low-impact projects (between 54% and 65 % of all projects processed through SETENA) to build in environmentally fragile areas. Such permissibility requires a technical basis to ensure that the development of projects in these areas will not result in a negative environmental impact.

All of which violates the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle.

-Article 15, “Article 15.- Potential Environmental Viability. Once the requirements specified in Article 11 of these regulations have been submitted, the developer or consultant may request Potential Environmental Viability (VAP) from SETENA, which shall be granted within a maximum period of 7 calendar days. Obtaining it would authorize the developer of the activity, work, or project to initiate or continue permit procedures before other public or private entities.

The foregoing is subject to the understanding that the commencement of activities or the granting of a concession, as defined in these Regulations, could occur only upon the granting of Environmental Viability (License) (VLA), which would be obtained only after completion of the corresponding phase of the Environmental Impact Assessment process.” Indeed, this provision allows the developer to begin processing permits with other institutions before the permit process at SETENA has concluded. Such authorization is counterproductive, because the other public or private institutions should require certainty regarding environmental viability rather than “potential” viability. This category is questionable from the standpoint of environmental protection. In environmental matters, given the environment’s fragility, certainty rather than potentiality is required.

All of which violates the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle.

-Article 39, “Article 39.- Activities with a very low environmental impact. Applications for the extraction of standing trees with a commercial volume of less than 30 cubic meters, and applications for the extraction and use of fewer than 10 fallen trees per property within Protected Wilderness Areas, are activities that will potentially generate localized environmental impacts of low intensity and limited duration; therefore, these applications are classified as activities with a very low environmental impact and, consequently, these activities shall not be required to process the Forestry D4.” Indeed, this provision allows the cutting of trees totaling 30 cubic meters and the removal of 10 fallen trees from protected wilderness areas without requiring the procedure established under regulation 31849. As the PGR states in its report, this provision, in addition to creating an exception from environmental impact assessment for tree extraction and applications for extraction and use in forests within Protected Wilderness Areas, does not distinguish whether the cases involve private properties located within protected wilderness areas and does not provide for environmental impact assessment, contrary to Article 37 of the Organic Law of the Environment and the provisions requiring such assessment on private lands included within protected wilderness areas.

This entire liberalization lacks technical support and demonstrates that private interests are being placed above a collective interest as important as the environment and the protection of our common home.

These changes violate the right to the environment and the principles of progressivity and non-regression, objectification, and the pro natura principle.

-Article 47 “Article 47.- Consolidation of environmental viability approvals. The developer may request that SETENA consolidate several projects for which environmental viability has been granted, subject to the following conditions:

1. When the same developer has one or more projects operating on the same property or on adjoining properties, and the projects are similar or complementary in type and activity, the developer may consolidate the administrative case files to ensure compliance with the environmental commitments undertaken, so that the project is not fragmented. If one or both of the approved activities do not coincide with or complement the project to be undertaken, it must also undergo a modification process as part of the same proceeding.

2. When two adjoining projects that obtained environmental viability wish to consolidate in order to create a joint project that is the same as or different from the project authorized through the environmental viability approvals originally granted, they may request the consolidation of the case files. If one or both of the approved activities do not coincide with or complement the project undertaken or to be undertaken, it must also undergo a modification process as part of the same proceeding.

3. When the size of the project area changes as a result of the consolidation, this must be stated in the consolidation document, indicating the new area and, in all cases, establishing the new environmental commitments undertaken, with those corresponding to the more stringent environmental assessment instrument prevailing.

Once the complete information has been submitted, SETENA shall have a maximum period of 21 calendar days to issue the corresponding decision.

The Environmental Impact Assessment procedure shall be conducted through the digital platform or other means established by SETENA.” Indeed, that provision allows projects smaller than one thousand meters that do not require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) to be combined and recognized as a single project if they are built on the same property, thereby encouraging the subdivision (fraccionamiento) of megaprojects into smaller projects and thus enabling the avoidance of the studies, controls, and regulations that might apply to a larger project. The provision establishes a mechanism that allows environmental controls intended to protect the interests of the community to be circumvented.

These changes violate the right to a healthy environment (derecho al ambiente) and the principles of progressivity and non-regression (principios de progresividad y no regresión), objective assessment (objetivación), and pro natura.

Under the constitutional principles of protection of the right to a healthy environment (tutela del derecho al ambiente); the preventive principle (principio preventivo) (when there is certainty that environmental damage may occur, the harmful activity must be prohibited, limited, or made subject to compliance with certain requirements); the precautionary principle (principio precautorio) (when there is a threat of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty must not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation); the pro in dubio natura principle (principio pro in dubio natura) (in cases of doubt or uncertainty, disputes must be resolved and provisions must be interpreted in favor of protecting and conserving the environment); the principle of objective environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) (also known as the principle of adherence to science and technology, under which decisions in this field must be supported by technical studies, both with respect to individual acts and provisions of general application—whether statutory or regulatory—from which the requirement of “adherence to science and technology” arises, thereby limiting the Administration’s discretion in this field); the principle of progressivity and non-regression in environmental matters (principio de progresividad y no regresión en materia ambiental) (the State’s obligation to progressively increase protection and refrain from adopting measures, policies, or legal provisions that worsen the level of protection already achieved); the principle of rational use of resources (principio de uso racional de los recursos); and the pro natura principle (principio pro natura) (always resolving and interpreting matters in favor of the environment), the cited provisions of the Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulations (Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental), which modified the previous system and reduced the level of environmental protection, are unconstitutional.

The position I express in this dissenting opinion (voto particular) reflects serious concern regarding the deterioration of environmental protection, as principles so essential to that protection are being disregarded, and their violation does not require extensive argument by the petitioner.

Furthermore, in addition to all the foregoing, I consider that the right to citizen participation (derecho de participación ciudadana) has been violated. Standing (legitimación) should also be recognized in this case for the defense of municipal autonomy (autonomía municipal). The challenged regulations clearly do not fully satisfy the criteria required for them to be considered duly submitted for public consultation. It should be noted that the consultation was conducted through a website to which not everyone has access, and those who might have been able to access it were unaware that the consultation was being conducted on that site because it was not adequately publicized. Nor does it appear that the municipalities directly involved in the application of and compliance with these regulations were consulted. The consultation was thus conducted through a Ministry of Commerce website that was not adequately publicized to the general public, that few people can access, and that is not widely known. International law provides that information must be disseminated through means that reach the entire public and allow people to submit their objections easily.

In this field, the Administration generally shows no commitment to citizen participation; it merely creates procedures that cannot properly be characterized as citizen participation. Even this Court does not appear to regard citizen participation as essential, because, by majority vote, it weakened the requirement of effective citizen oversight (control ciudadano efectivo) in projects of environmental interest. Much is said about democracy and participation, but when full compliance is required, neither the Administration nor judicial oversight makes them an effective lived expression of democratic culture.

Fernando Cruz C.

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*CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas cero minutos del veintiseis de febrero de dos mil veinticinco.

Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], cédula [Valor 001], costarricense, vecina del cantón de Belén de Heredia, viuda, periodista pensionada, y [Nombre 002], cédula [Valor 002], divorciado, abogado, carné [Valor 003], especialista comisionado de Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES), y de la Comisión de Derecho Ambiental CMDA de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, contra los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, publicado el 19 de abril de 2023 en Alcance No.65 de La Gaceta No. 67. Intervienen en este proceso, Iván Vinicio Vincenti Rojas, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad 106950983, en su condición de procurador general de la República, Francisco Ernesto Gamboa Soto, en su condición de ministro de Economía, Industria y Comercio, Luis Esteban Amador Jiménez en su condición de ministro de Obras Públicas y Transportes, Víctor Julio Carvajal Porras, en su condición de ministro de Agricultura y Ganadería, Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía, Mary Denisse Munive Angermüller, en su doble condición de vicepresidenta de la República y ministra de Salud. Asimismo, se tiene como coadyuvante pasivo a Ulises Gerardo Alvarez Acosta, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Resultando:

  1. 1Los accionantes formulan la presente acción de inconstitucionalidad en los siguientes términos:

“Norma Accionada De acuerdo con el artículo 73.a de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se acciona, la norma Reglamento SETENA 43898 MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC, publicado el 19 de abril de 2023 en Alcance No.65 de Gaceta No. 67, se anexa dicha norma completa.

Inconstitucionalidad de la norma reglamento de SETENA 43898, en sus artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, 98 resulta inconstitucional, violatorio de las normas y Principios que se indican.

Hechos justificantes del artículo 75 Como hechos justificantes del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional:

1. En nota de correo electrónico de fecha 24 de abril de 2023, enviada mismo día por correo electrónico a las cuentas de correo [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], se alegó la inconstitucionalidad de la norma accionada. La consulta fue contestada por correo electrónico enviado desde la cuenta [email protected], el día 10 de mayo de 2023 con el oficio número SETENA-SG-0404-2023. Se adjuntan documentos.

2. Por la naturaleza del asunto no existe una lesión individual, ya que el reglamento que contiene la norma impugnada es de acatamiento colectivo para los habitantes del país.

3. Los accionantes forman parte del colectivo Kañík (Bosque en lengua Bribrí) que es colectivo popular integrado por personas de la sociedad que defienden los intereses colectivos y difusos en materia ambiental. Además de ser defensores de derechos humanos en materia ambiental, de acuerdo con las normas y jurisprudencia convencional y constitucional citadas en la Acción, accionan la presente demanda y tienen la capacidad jurídica para accionar en esta materia para defender derechos humanos en materia ambiental.

Fundamentos 1-El reglamento de SETENA 43898 es una reforma del reglamento 31849. Algunos artículos fueron cambiados y, otros incorporados.

2-La norma accionada, el reglamento 43898 omite los controles preventivos que estaban establecidos en normativas anteriores y con ello violenta el principio de “no regresividad”; abre la posibilidad de que se presenten daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora la calidad de vida. Y, en este caso, se violan los artículos 50, 51 de la Constitución Política. Artículo 3, porque excluye actividades que en el reglamento anterior requerían de viabilidad ambiental y baja los topes máximos para clasificar de bajo, medio o alto impacto.

3-El reglamento 43898 en su creación no fue debidamente consultado, nada más, por medio de una página web a la cual no toda la población tiene acceso y la población que puede accesarla no conocía que estaba en consulta en esa página, porque no tuvo la debida publicidad, por lo que es falso que se haya consultado públicamente. No fue consultado con las municipalidades a las que involucra directamente en el uso y cumplimiento de esta normativa. Artículos 3, 7 (en su punto 6), 51 (en el decreto anterior, este artículo corresponde con el 48). Se violenta art 1 de la Ley de Administración Pública, la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 17, el Principio de Reserva de Ley. El reglamento 43898 no toma en cuenta que aproximadamente el 50% de los cantones del país adolecen de planes reguladores y solo 6 tienen conocimiento de las áreas de su fragilidad ambiental. Consulta Popular, violenta la consulta popular ya que no existió consulta adecuada para reformar el reglamento anterior. Nótese que la consulta realizada fue por medio de una página web del Ministerio de Comercio, que no tuvo la debida difusión a toda la ciudadanía, que pocas personas tienen acceso a una web de este tipo y que es desconocida. La normativa internacional establece que la difusión se debe dar por medios que lleguen a toda la ciudadanía y que puedan presentar sus objeciones de modo fácil.

4-El contenido del reglamento 43898 presenta una desregulación generalizada. Artículos 3, 32 (elimina en algunos casos la obligación de pasar por EIA) 39, 47, 9. Se violenta el Principio de no regresividad. Las regresiones pueden llegar a sufrir, como consecuencia, daños ambientales irreversibles o de difícil reparación. Artículo 50 de la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 3, además de lo señalado presenta, en su inciso 8, favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña.

5-En el reglamento 43898 se evade totalmente la responsabilidad que SETENA tenía en el reglamento anterior sobre el tema vial, según reglamento 31849, en el artículo 9, punto 12 se menciona la responsabilidad del SETENA de exigir, si así se amerita, un estudio de vialidad aprobada por el MOPT. Violenta el Principio de Desregulación. Violación del Principio de no regresividad.

6-El reglamento 43898 en su artículo 3 reduce los umbrales de las áreas constructivas. En la normativa anterior, la 31849, el techo es de 500 mts cuadrados, en la anterior era de 300 y en esta normativa, la 43898, es de 1.000. Por debajo de ese límite, los desarrolladores no tienen que pasar por los EIA. Reduce al mínimo las EIA, centrándose solamente en los aspectos de control y seguimiento y dejando a un lado la parte preventiva. Violenta el Principio de Desregulación, violación del Principio de no regresividad. Principio Precautorio o Evitación Prudente, la norma accionada anula la actitud, la acción preventiva que debe tener la SETENA para “disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente” (Sentencia 14180-10 Sala Constitucional), porque sin un sustento técnico o científico permite el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales previamente establecidas en la norma anterior (Reglamento 31849) pero que pueden dañar el ambiente.

Principio de Actos Propios, la norma accionada ha suprimido por su propia acción los actos que ha emitido, que confieran derechos subjetivos a los particulares y al ambiente, ya que viene a reformar los beneficios ambientales previamente otorgados a Natura. Principio de Irretroactividad e Intangibilidad de los Actos Propios, La norma impugnada vino a anular de oficio la norma anterior favorable establecida en el Reglamento 31849 que establecía beneficios más favorables para el Ambiente que es una declaración de derechos que benefician al administrado, derechos ambientales, sociales y económicos, tal acción únicamente se podría dar como una excepción calificada a la “doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política.” Sentencia de Sala Constitucional 2186-94, 899-95.

7-El reglamento 43898 en su artículo 47 establece la obligatoriedad institucional de reconocer como un único proyecto la unión de proyectos de tamaño inferior a mil metros que no requieren de EIA si son construidos en una misma propiedad, propiciando la FRAGMENTACIÓN o FRACCIONAMIENTO ILÍCITOS de megaproyectos en mini proyectos con el fin de evadir los estudios, los controles y regulaciones que podría tener un proyecto mayor, engañando a la Administración, a las poblaciones humanas y tratando de engañar a la Natura, variando el instrumento de evaluación” (fraccionamiento por elusión). Desregulación. Violación del Principio de No regresividad, FRAGMENTACIÓN ILÍCITA, Principio de Regulación de la Conducta Humana del artículo 4.d de Ley Orgánica del Ambiente, y el Principio de procuración del mayor bienestar a todos los habitantes del país Constitución Política en su artículo 50, un todo de la EIA artículo 94 Ley de Biodiversidad, Jurisprudencia de la CNUDMI Caso Aven vs Costa Rica (Aven vs Costa Rica, 2018).

8-El reglamento 43898 en su artículo 39 introduce el derecho de cortar árboles de 30 mts cúbicos y extraer 10 árboles caídos de las áreas silvestres protegidas, sin que se requiera ya el trámite establecido en la normativa 31849. Violenta el Principio de Desregulación. Se violenta el Principio de no regresión y contradice lo estipulado en el Decreto 25700-MINAE que declara la veda total en el aprovechamiento de árboles en peligro de extinción, y la Constitución Política en su artículo 50, así como la Lista Roja de la UICN y Lista CITES.

9-El reglamento 43898 advierte, en los artículos 17 y 90, sobre delitos que pudiera cometer la Administración Pública, revirtiendo la carga de comisión de delitos en contra de los administradores, beneficiando a los desarrolladores; violentando los principios constitucionales de la buena fe y atemorizando al funcionario público, con lo que podría llamarse acoso psicológico laboral. En contradicción figuran los artículos 87 y 88 donde se reducen las sanciones para los desarrolladores. En estos se revierten las cargas imponiendo sanciones penales a funcionarios públicos y descargando al privado desarrollador. Se violenta los Principios de No Regresión, Desregulación, causando un desequilibrio de intereses.

10-El reglamento 43898 sobre favorece al sector privado, por encima del público o la colectividad. Es un manual de reducción de trámites ante la Secretaría Técnica Ambiental que obvia por completo el aspecto preventivo y de protección ambiental, para favorecer a los desarrolladores, siendo que el artículo 21 de la Convención de Derechos Humanos señala la necesidad de que prive el interés colectivo sobre el individual y también lo dice la Constitución Política en su artículo 46, nótese que las Normas Ambientales deben favorecer a la parte más débil, en este caso la parte más débil es la Madre Tierra, los habitantes de esta y la parte fuerte es los desarrolladores que cuentan con todos los recursos económicos para aprovecharse del Ambiente lucrando de esta y generando un pasivo ambiental, social y económico.

11-El reglamento 43898 en sus artículos 98 y 13 (en especial el punto 2) permite a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto (entre el 54% y el 65 % del total de proyectos que pasan por la SETENA) construir en áreas ambientalmente frágiles. Se viola el Acuerdo De Escazú (CEPAL, 2018), el artículo 50 de la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. Desregulación. Violenta el Principio de no regresividad. Principio Indubio Pro-Natura, artículo 50 de la Constitución Política. Desregulación, violación del Principio de no regresividad. Principio Precautorio o Evitación Prudente, la norma accionada anula la actitud, la acción preventiva que debe tener la SETENA para “disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente” (Sentencia 14180-10 Sala Constitucional), porque sin un sustento técnico o científico permite el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales previamente establecidas en la norma anterior (Reglamento 31849) pero que pueden dañar el ambiente.

Principio de Actos Propios, la norma accionada ha suprimido por su propia acción los actos que ha emitido, que confieran derechos subjetivos a los particulares y al ambiente, ya que viene a reformar los beneficios ambientales previamente otorgados a Natura. Principio de Irretroactividad e Intangibilidad de los Actos Propios, La norma impugnada vino a anular de oficio la norma anterior favorable establecida en el Reglamento 31849 que establecía beneficios más favorables para el Ambiente que es una declaración de derechos que benefician al administrado, derechos ambientales, sociales y económicos, tal acción únicamente se podría dar como una excepción calificada a la “doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política.” Sentencia de Sala Constitucional 2186-94, 899-95.

Principio de Desarrollo Sostenible, la norma accionada desfavorece al ser humano y a la misma naturaleza al romper el balance normativo y natural que debe existir en las poblaciones humanas y el medio ambiente o la naturaleza. Indubio Pro-Natura, la norma recurrida es completamente contraria al principio pro-natura al permitir el desarrollo económico en beneficio de un tercero dentro de zonas ambientalmente frágiles sin que exista un estudio técnico previo o, aunque este exista, siendo que la Natura está al servicio de los Humanos y proveyendo recursos esenciales para la subsistencia y creando un adecuado balance para sustentar la vida en el planeta. Principio de Protección al Medio Ambiente, este principio se violenta al hacer cambio de zonas de desarrollo dentro de zonas ambientalmente frágiles beneficiando únicamente la economía del solicitante o desarrollador sin considerar el Medio Ambiente y los servicios ecosistémicos que este brinda a los humanos, pues este aplicará cuando haya peligro de daño grave o irreversible en el ambiente.” Sentencia 17155-09 Sala Constitucional.

En tal sentido, la norma impugnada tira por el suelo todas las medidas precautorias para evitar cual cualquier daño ambiental o a las personas. Principio de Prevención del Riesgo Ambiental, la norma accionada permite o no previene posibles daños o afectaciones del ambiente que podrían resultar irreversibles a las zonas ambientalmente frágiles, a especies en peligro de extinción, a las fuentes de agua, al suelo, al aire y a los seres humanos.

12-El reglamento 43898 en su artículo 15 permite al desarrollador empezar tramitación de permisos en otras instituciones antes de que acabe el proceso de permisos en SETENA. Violenta el Principio de Desregulación. Jurisprudencia en sentencia N° 008201 del 12 de abril de 2023 los jueces constitucionales declararon parcialmente con lugar una acción de inconstitucionalidad, de modo que anularon una frase concreta contenida en el párrafo cuarto del artículo 15 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Ley 8220 "la materia de salud, ambiente y", reformada por la ley N° 10.072 del 18 de noviembre de 2021: “Para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otro trámite requerido por el administrado, incluyendo la materia de salud, ambiente y autorizaciones municipales, las entidades u órganos de la Administración podrán conceder aprobaciones temporales sujetas al cumplimiento de requisitos posteriores en un plazo hasta de seis meses, en los casos que cada una lo defina, debiendo el administrado cumplir con lo pendiente.” 13-El reglamento 43898 en su artículo 35, abandona el control de SETENA una vez que el desarrollador obtiene la viabilidad ambiental, dejando la responsabilidad en terceros.

Violentando los principios de Desregulación. Principio de no regresividad, Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado Artículo 50 de la Constitución Política, violentando el Principio de Protección del Ambiente, Principio de Prevención del Daño Ambiental artículo 4.c de la Ley Orgánica del Ambiente.

14-El reglamento 43898 prescinde completamente de lo que contiene el reglamento 31849 en su artículo 35, donde se obliga al envío de los EsIAS a otras autoridades relacionadas con los permisos constructivos. Violenta el Principio de Desregulación y de No Regresión y de Irretroactividad de las normas ambientales.

15-El reglamento 43898, en su artículo 41, se impone que distintos “usuarios” pudieran aprovechar los recursos forestales de las áreas silvestres protegidas. Violenta los principios de Principio de no regresividad, Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución Política en su artículo 50, Desregulación, Principio de no regresividad. Principio Indubio Pro-Natura y Ley Forestal 7575.

16-El Reglamento plantea el 43898 prescinde de la obligación del desarrollador de comunicar, dar publicidad en periódico de circulación nacional sobre los estudios de impacto ambiental que está sometiendo ante la SETENA, contrario al reglamento anterior 31849 en su artículo 41 que lo obligaba, la nueva norma lo reduce a una publicación en la página web del SETENA para esos fines. Violentando los Principios de Desregulación. Principio de regresividad, Violenta el derecho a la Información, Principio de no regresividad, Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución Política en su artículo 50, Desregulación, Principio de no regresividad. Principio Indubio Pro-Natura.

17-El reglamento 43898 no contiene el formulario D-6 mencionado en los artículos 24, 25, 26 porque el anexo 7 donde este formulario D-6 debe aparecer, según lo señala el artículo 24, no fue incluido. Tampoco aparece el anexo 9 con el formulario D-4 que se menciona en los artículos 36, 37, 38, 39, 41, 42. Violenta los Principios de no regresividad, Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución Política en su artículo 50, Desregulación, Principio de no regresividad. Principio Indubio Pro-Natura 18-Que el reglamento 43898, según su artículo 87, se desgravó y se considera falta leve no responder al requerimiento de información solicitados por la SETENA. Violentando los Principios de no regresividad, Principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución Política en su artículo 50, Desregulación, Principio de no regresividad. Principio Indubio Pro-Natura.

19-Que el marco de constitucionalidad y de legalidad no autoriza a la SETENA a delegar total ni parcialmente las funciones que le son propias; sin embargo, dispone que los proyectos, obras o actividades a los que les elimina el requisito del proceso de la Viabilidad Ambiental ante SETENA; les basta con el trámite que deberán cumplir en otras instituciones y acatar lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas Ambientales (Ej.: Artículo 32.c), ya que violenta el Principio de Reserva de Ley y violenta el Principio de No Regresión, la SETENA no tiene la potestad legal de dar órdenes a las municipalidades a través de un reglamento, pues son entes autónomos por disposición constitucional y legal (en el Código Municipal), el artículo 3 traslada a los municipios la responsabilidad sobre todo lo concerniente a la extensión de permisos de obras de muy bajo impacto ambiental que no requieren evaluaciones de impacto ambiental por parte de la Setena. Esta obligación es exclusiva para SETENA y le ha sido otorgada legalmente por los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 3 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Plenaria de la SETENA número 43212-MINAE.

Cita concreta de normas o principios infringidos La norma accionada violenta los Principios de:

Principio de Legalidad consagrado en artículo 11 constitucional, ya que el reglamento recurrido se insubordina a la Ley Forestal, a la Ley Orgánica del Ambiente, a la Ley de Biodiversidad, como está supra anotado.

Principio de Jerarquía de las Normas, artículos 1, 2, 8 de Ley 63 Código Civil, artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, la Constitución Política, ya que el reglamento recurrido se insubordina a la Ley Forestal, a la Ley Orgánica del Ambiente, a la Ley de Biodiversidad, como está supra anotado.

Principio Precautorio o Evitación Prudente, la norma accionada anula la actitud, la acción preventiva que debe tener la SETENA para “disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente” (Sentencia 14180-10 Sala Constitucional), porque sin un sustento técnico o científico permite desgravar las responsabilidades ambientales de los desarrolladores, que pueden dañar el ambiente.

Principio de Actos Propios, la Administración SETENA mediante la norma accionada ha suprimido por su propia acción los actos que haya emitido, Reglamento anterior número 31849, que confieran derechos subjetivos a los particulares, ya que viene a reformar o eliminar la normativa anterior mediante la reforma del Reglamento recurrido.

Principio de Irretroactividad e Intangibilidad de los Actos Propios, La Administración SETENA vino a anular el acto administrativo favorables establecido en el Reglamento número 31849 en que establecía taxativamente regulaciones ambientales más estrictas, que es una declaración de derechos para el administrado, derechos ambientales, sociales y económicos, tal acción únicamente se podría dar como una excepción calificada a la “doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política.” Sentencia de Sala Constitucional 2186-94, 899-95.

Consulta Popular, violenta la consulta popular ya que no existió una debida, accesible consulta para reformar el reglamento 31849, mediante reglamento impugnado.

Principio de Desarrollo Sostenible, la norma accionada desfavorece al ser humano y a la misma naturaleza al romper el balance normativo y natural que debe existir en las poblaciones humanas y el medio ambiente o la naturaleza.

Indubio Pro-Natura, la norma recurrida es completamente contraria al principio pro-natura al derribar regulaciones anteriores que protegían en mayor forma el Ambiente, sin que exista un estudio técnico previo y conocido por la población y consultores ambientales, siendo que la Natura está al servicio de los Humanos y proveyendo recursos esenciales para la subsistencia y creando un adecuado balance para sustentar la vida en el planeta.

Principio de Protección al Medio Ambiente, este principio se violenta al bajar las regulaciones ambientales, beneficiando únicamente la economía de los desarrolladores sin considerar el Medio Ambiente, siendo carente de “estudios técnicos y científicos con participación d ellos consultores ambientales y la población, pues este aplicará cuando haya peligro de daño grave o irreversible en el ambiente.” Sentencia 17155-09 Sala Constitucional. En tal sentido, la norma impugnada tira por el suelo todas las medidas precautorias para evitar cual cualquier daño ambiental o a las personas.

Principio de Prevención del Riesgo Ambiental, la norma accionada permite o no previene posibles daños o afectaciones del ambiente que podrían resultar irreversibles, por derribar regulaciones que estaban en vigencia anteriormente.

Principio de Vinculación a la Ciencia y la Técnica, la norma citada vino a reformar el reglamento 31849 que contenía normas de base técnica y científica, sometido a la aprobación de varias instituciones, sin tener la reforma un estudio técnico científico que lo sustentara.

Principio de participación ciudadana, basada en: el Principio 1 de la Declaración de Río, el Principio 10 de la Declaración de Río, el principio 2 de la Declaración sobre Bosques (1992), el artículo 23, numeral 1, inciso a), de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 3, inciso c), de la Convención de Lucha contra la Desertificación, el artículo 8, inciso j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente y 31 de misma norma en que protege el ambiente mediante consultas a los consultores ambientales externos de la SETENA y a la ciudadanía, ya que no se tuvo una apertura total a la ciudadanía para consultar la reforma sino una consulta en una página del MEIC que no es de acceso ni conocimiento general de la ciudadanía, ni de los consultores, tampoco se le envió la propuesta por correo a los consultores ambientales un municipalidades.

Principio de Justicia Social, la citada norma incumple con las exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad que debe imperar en las normas y actos públicos, que, al degradar en requisitos de la norma anterior, al ser el Medio Ambiente un bien común de la sociedad, se le está arrebatando el derecho al resto de disponer de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Lista Roja de la UICN, la norma accionada no previó que se pueda dar una alteración o riesgo en especies migratorias y nativas en peligro de extinción (UICN, 2022) (En total 60 especies en peligro en Costa Rica https://www.iucnredlist.org/es/search?landRegions=CR&searchType=species).

Lista de especies en Peligro de Extinción de CITES, Costa Rica, la norma accionada no previó que se pueda dar una alteración en los individuos y su hábitat de especies incluidas en la lista de CITES (CITES, 2017).

Principios Marco sobre los Derechos Humanos y Medio Ambiente, ONU (ONU, 2018), que tutela los derechos de la ciudadanía a la participación, acceso a la información y protección a los defensores del ambiente.

Convenio de Escazú (CEPAL, 2018), introducida al bloque jurisprudencial interamericano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la sentencia Baraona Bray vs Chile del 24 de noviembre de 2022 (Baraona Bray vs Chile, 2022)1 , en aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos, que tutela los derechos de la ciudadanía a la participación, acceso a la información y protección a los defensores del ambiente.

Convenio de Aarhus de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, (ONU, Convenio de Aarhus, 1998), en aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos, que tutela los derechos de la ciudadanía a la participación, acceso a la información y protección a los defensores del ambiente.

Pretensiones que se formulan Principales 1. Se permita realizar la vista con especialistas técnicos que aportaremos a la misma, se solicita se permita la participación de 5 especialistas técnicos.

2. Se declare que el Reglamento SETENA 43898 MINAE-S-MOPT-MAC-MEIC, publicado el 19 de abril de 2023 en Alcance No.65 de Gaceta No. 67 es inconstitucional con sus efectos consecuentes en los artículos mencionados (artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90, 98) y en su totalidad al desregular la norma anterior y dejarla sin defensas ambientales ya citadas.

3. Sobre el proceso, siendo que este tema de derechos humanos en materia ambiental es materia especial, se solicita que el Procurador que atienda este expediente sea un procurador del área ambiental que pueda exponer con principios ambientales, humanos y constitucionales sobre la demanda de inconstitucionalidad de manera íntegra, esto en beneficio de la constitucionalidad.”

  1. 2Por resolución de las 10:44 horas del 3 de noviembre de 2023, la Presidencia de la Sala dio curso a la presente acción de inconstitucionalidad, y confirió audiencia a la Procuraduría General de la República al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
  2. 3Iván Vinicio Vincenti Rojas, mayor, divorciado, abogado, vecino de Concepción de Tres Ríos, cédula de identidad 106950983, procurador general de la República, atendió la audiencia otorgada a la Procuraduría General de la República, en los siguientes términos: I. La normativa impugnada y los alegatos de inconstitucionalidad. Los accionantes indican que impugnan los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Decreto Ejecutivo no. 43898 de 21 de diciembre de 2022). Pese a que citan artículos específicos, cuestionan todo el Reglamento porque consideran que constituye una desregulación generalizada y, al final, solicitan que se declare inconstitucional toda la norma porque, a su juicio, desregula la norma anterior y “omite los controles preventivos que estaban establecidos en normativas anteriores y con ello violenta el principio de «no regresividad»; abre la posibilidad de que se presenten daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora la calidad de vida.” Además, sostienen que el Reglamento no fue debidamente consultado, pues solo se hizo una publicación por medio de una página web a la cual no toda la población tiene acceso.Luego, para cada artículo cuestionado, señalan, de manera muy escueta, cuáles principios se estiman violentados, pero sin precisar cuáles son las razones por las consideran que se presenta esa violación ni los motivos por los que se estima su inconstitucionalidad. Después de enlistar cada artículo, indican que los principios que se estiman violentados son el de legalidad, jerarquía de las normas, precautorio o evitación prudente, actos propios, irretroactividad e intangibilidad de los actos propios, consulta popular, desarrollo sostenible, in dubio pro natura, protección al medio ambiente, prevención del riesgo ambiental, vinculación a la ciencia y a la técnica, participación ciudadana, justicia social y lista roja de la UICN. Además, estiman violentados los Principios Marco sobre los Derechos Humanos y Medio Ambiente de la ONU, Convenio de Escazú y Convenio de Aarhus. II. Legitimación. En reiteradas ocasiones la Sala Constitucional ha reconocido la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad directamente, sin necesidad de acreditar la existencia de un asunto previo, cuando se pretenda de la defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (votos nos. 6322-2003, 16937-2011, 18360-2017, 17397-2019, 22735-2020, entre otros).Por esa razón, la Procuraduría estima que, al perseguirse la defensa de intereses difusos, los accionantes se encuentran legitimados para presentar esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (no. 7135 de 11 de octubre de 1989). III. Sobre el fondo de la acción. 1. Sobre la insuficiente argumentación de la acción. El artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (no. 7135 de 11 de octubre de 1989) dispone que en el escrito de interposición de una acción de inconstitucionalidad deben exponerse sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. A partir de lo dispuesto en ese artículo y conforme con lo denominado por la Sala Constitucional como carga de la argumentación, se ha señalado que “para que se tenga por configurada una infracción a la Constitución Política y se pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma o acto impugnado, con la consecuente anulación y expulsión del ordenamiento jurídico, quien promueva una acción de inconstitucionalidad tiene la carga de demostrar cómo esa disposición infringe el Derecho de la Constitución y, además, debe indicar por qué debe estimarse la demanda.” (Voto no. 6202-2021 de las 10 horas 5 minutos de 24 de marzo de 2021.En igual sentido, véanse los votos nos. 184-1995 de las 16 horas 30 minutos de 10 de enero de 1995, 3249-2021 de las 9 horas 30 minutos de 17 de febrero de 2021 y 19041-2021 de las 9 horas 20 minutos de 25 de agosto de 2021). Con base en lo anterior, se ha señalado que “no le corresponde a este Tribunal revisar de oficio las normas para determinar donde pueden existir inconstitucionalidades; esa tarea le corresponde al accionante.” (Voto no. 6202-2021 ya citado). En la presente acción de inconstitucionalidad la Procuraduría encuentra que en la mayoría de los artículos no hay un debido esfuerzo argumentativo para demostrar cómo las normas impugnadas violentan la Constitución Política, pues únicamente se indica qué es lo que señala la norma y cuál principio o norma se estima transgredido. En vista de que no le corresponde a la Sala sustituir esa carencia argumentativa, tampoco le corresponde a la Procuraduría, llevar a cabo la labor argumentativa faltante en el escrito de interposición.De tal modo, de seguido nos referiremos a lo indicado por los accionantes en cuanto a todo el Reglamento y sobre cada artículo cuestionado, bajo la advertencia de que no podremos analizar más allá de lo que en cada punto se haya expuesto. 2. Sobre los alegatos referidos a todo el Reglamento. Los accionantes señalan que el reglamento impugnado presenta una desregulación generalizada y omite controles preventivos que contenía el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004) que fue derogado, y, por ello, se violenta el principio de no regresión. El principio de no regresión en materia ambiental impone al Estado el deber de no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que disminuyan el nivel de tutela o protección del ambiente alcanzado hasta entonces, si no se cuenta con fundamento técnico suficiente para ello.Es decir, la aplicación de ese principio no supone una irreversibilidad absoluta o una imposibilidad de modificar las normas ambientales vigentes. En criterio de la Sala Constitucional, “todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección.” (Voto no. 17397-2019 de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019). Entonces, si con base en ese principio es posible disminuir el nivel de protección en determinados aspectos si se cuenta con justificaciones técnicas apropiadas, resulta claro que ese principio no se traduce en la imposibilidad de modificar, de cualquier modo, la normativa ambiental vigente.En otras palabras, ese principio no supone que el Estado no pueda modificar una norma para cambiar la forma o el procedimiento bajo el cual se llevan a cabo ciertas funciones de control ambiental. De tal modo, no es atendible el argumento de que el Decreto Ejecutivo no. 43898 es inconstitucional por violentar el principio de no regresión, por el solo hecho de haber derogado el Decreto 31849 y haber establecido regulaciones distintas a las de aquél. En aplicación del principio de no regresión, habría que determinar si la nueva normativa modificó el régimen anterior, disminuyendo el nivel de protección, sin contar con una justificación técnica razonable. Es decir, no basta con argumentar que el Decreto modificó el régimen vigente, que presenta una desregulación generalizada y que eliminó controles ambientales que sí contenía la norma anterior. Debe precisarse cuáles son esos controles que fueron omitidos, cómo ello constituye una disminución en el nivel de tutela ambiental y si existe o no fundamento técnico al efecto.También, se indica que el reglamento favorece al sector privado, por encima del público o la colectividad, pero no se explica cómo y a través de cuales disposiciones se da ese supuesto favorecimiento. El otro argumento de los accionantes dirigido a la totalidad del Reglamento es que éste no fue consultado correctamente antes de su emisión. Sin embargo, no se indica cómo debió haberse consultado públicamente. La Procuraduría conoce que han existido diferentes posturas en cuanto a la admisibilidad de los alegatos referidos a la participación ciudadana en acciones de inconstitucionalidad, pero, aún en el caso de que en esta ocasión se estime que sí son procedentes ese tipo de alegatos, por reclamarse la violación del principio de participación en asuntos ambientales, estimamos que la aplicación de ese principio no supone que existan mecanismos específicos y predeterminados cuya desatención implique la inconstitucionalidad de la norma.Es decir, la aplicación del principio de participación ciudadana en asuntos ambientales facultaría a la Sala Constitucional a que determine si, en el proceso de elaboración y emisión de la norma impugnada se contemplaron mecanismos de publicidad y participación, pero no existe una determinación constitucional de cuáles son esos mecanismos específicos que deben utilizarse. En ese sentido, esa Sala ha señalado que “nuestra Constitución Política, no enuncia ni señala los mecanismos de participación de los administrados en la adopción de las decisiones administrativas fundamentales, esto es, no se ocupa de tal extremo. El ordenamiento infraconstitucional, esencialmente, legal será el que vaya determinando aquellos sectores y materias donde debe haber una mayor participación.” (Voto no. 1163- 2017 de las 9 horas 40 minutos de 27 de enero de 2017, reiterado en el voto no. 11263- 2023 de 14 horas 3 minutos de 12 de mayo de 2023).En consecuencia, será con la información que brinden las instituciones a las que se les ha dado audiencia sobre esta acción de inconstitucionalidad, que se pueda determinar y valorar si se permitió o no la participación ciudadana en la elaboración de la norma. 3. Sobre cada uno de los artículos cuestionados. Se indica que el artículo 3° es inconstitucional porque excluye de la evaluación de impacto ambiental actividades que según el reglamento anterior sí requerían viabilidad ambiental y porque baja los topes máximos para clasificar de bajo, medio o alto impacto. El artículo 3 tiene ocho incisos, pero en el escrito de interposición de la acción se echa de menos una especificación de cuáles son esas actividades que antes sí requerían viabilidad ambiental y ahora están siendo excluidas de la evaluación. Se indica que el inciso 8) favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña, pero no se indica porqué se da ese favorecimiento.Lo que sí se especifica es que el artículo 3 reduce los umbrales de las áreas constructivas según los cuales los proyectos requieren someterse a evaluación de impacto ambiental, pues se indica que en la normativa anterior el techo era de 500 metros cuadrados, en la anterior era de 300 y, en esta normativa es de 1000 metros cuadrados. Sobre ese punto, se remite al informe rendido por la Procuraduría sobre la acción de inconstitucionalidad no. 23-22240-0007-CO, en cuanto señalamos que el artículo 4 bis y el anexo 2 del Decreto 31849 disponían que quedaban excluidas de evaluación ambiental las construcciones de menos de 500 m2, y, por tanto, la constitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 3 incisos 2) y 3) depende de que se constante la existencia del sustento técnico que llevó al Poder Ejecutivo a determinar que las obras menores a 1000 metros cuadrados no deben someterse a conocimiento de SETENA.De no existir ninguna fundamentación técnica, esas disposiciones serían contrarias al principio de no regresión en materia ambiental, razonabilidad y proporcionalidad y objetivación de la tutela ambiental, y, en consecuencia, el artículo 50 de la Constitución Política. Ello se traduciría, a su vez, en una violación del principio preventivo, pues se estarían dejando de evaluar y mitigar los impactos ambientales de actividades potencialmente impactantes al ambiente. El artículo 7 se impugna en relación con el alegato general de que el Reglamento no fue consultado públicamente. Y, específicamente, junto con el artículo 3 y 51, se señala que no fue consultado con las Municipalidades a las que involucra directamente el cumplimiento de la normativa, pero no se explica cómo esa eventual falta de consulta violenta la Constitución Política. Y, en todo caso, los accionantes no estarían legitimados para reclamar una eventual violación a la autonomía municipal, si es que así lo consideran.Sobre el artículo 9 se dice, únicamente, que se permite que algunas actividades no pasen por la evaluación de impacto ambiental y eso violenta el principio de no regresión, pero realmente esa norma no hace ninguna diferenciación entre actividades, sino que está referida a la calificación ambiental final. Se dice que el artículo 13, junto con el 98, permite que los desarrolladores de proyectos de bajo impacto ambiental puedan construir en áreas ambientalmente frágiles, pero no se da una explicación de cómo eso violenta la Constitución Política. Al respecto, tómese en cuenta que el Decreto anterior no prohibía el desarrollo de proyectos en ese tipo de áreas, sino que, al igual que éste, establecía ciertas limitantes y factores que debían ser tomados en cuenta en la evaluación de impacto ambiental. Se cuestiona que el artículo 15 permite al desarrollador empezar a tramitar autorizaciones en otras instituciones pese a que no se haya otorgado la viabilidad ambiental y que ello violenta el principio de desregulación.Además de que no se entiende qué es el principio de desregulación, debe señalarse que ese artículo dispone expresamente que la viabilidad ambiental potencial faculta al interesado a iniciar o continuar gestiones de trámites ante otras entidades y que “el inicio de actividades o concesión tal y como se define en este Reglamento, podrían darse únicamente con el otorgamiento de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), la cual se obtendría hasta que se finalice con la respectiva fase del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, es decir, que la autorización final de la actividad, obra o proyecto queda sujeta a que finalmente se otorgue la viabilidad ambiental. Se impugna el artículo 17, junto con el 90, porque los accionantes estiman que se revierte la carga de comisión de delitos en contra de los administradores, beneficiando a los desarrolladores, violentando los principios constitucionales de la buena fe y atemorizando al funcionario público, con lo que podría llamarse acoso psicológico laboral.Lo que disponen esos artículos responden a regulaciones vigentes sobre la responsabilidad de la administración pública y los funcionarios en el ejercicio de sus competencias, por lo que no se encuentra cómo esas disposiciones violentan la Constitución Política. En cuanto a los artículos 24, 25 y 26, el único alegato es que el reglamento no incluyó el anexo 7 que contiene el formulario D6 que se menciona en ellos. No obstante, en el Alcance no. 65 C a La Gaceta no. 67 de 19 de abril de 2023 se publicó el Tomo III del Decreto 43898, en el cual consta el anexo 7, denominado “Formulario de Presentación del D6-Cuadrante Urbano.” Sobre el artículo 32 se dice que se permite que algunas actividades no pasen por la evaluación de impacto ambiental y eso violenta el principio de no regresión. Ese artículo se refiere al formulario D1-C, pero no se indica cómo lo ahí dispuesto violenta la Constitución y el principio de no regresión.Sobre el artículo 35 se indica que se abandona el control de SETENA una vez que el desarrollador obtiene la viabilidad ambiental, dejando la responsabilidad en terceros. Pero no se explica cómo lo señalado en esa norma violenta la Constitución Política, pues no se dice cómo debería hacerse ese control posterior o porqué lo allí dispuesto no es suficiente. Los accionantes impugnan los artículos 36, 37, 38, 39, 41 y 42 porque señalan que no se incluyó el anexo 9 que contiene el formulario D-4 que ahí se menciona. Ante ello, debe indicarse que en el Alcance no. 65 C a La Gaceta no. 67 de 19 de abril de 2023 se publicó el Tomo III del Decreto 43898, en el cual consta el anexo 9, denominado “Formulario de Presentación del D4-Forestal.” Además, sobre el artículo 39 se cuestiona que introduce el derecho de cortar árboles de 30 metros cúbicos y extraer 10 árboles caídos de las áreas silvestres protegidas, sin que se requiera ya el trámite establecido en el Decreto 31849.Al respecto, reiteran lo dicho en el informe sobre la acción de inconstitucionalidad no. 23-22240-0007-CO, en cuanto a que conforme con los artículos 28 de la Ley Forestal, 90 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo no. 25721 de 17 de octubre de 1996) y el Reglamento para trámite de permisos y control del aprovechamiento maderable en terrenos de uso agropecuario, sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica, Oficialización de "Sistema de Información para el control del aprovechamiento forestal (SICAF) (Decreto Ejecutivo no. 38863 11 de noviembre de 2014), y lo señalado en el Decreto 31849, no se exige evaluación de impacto ambiental para el aprovechamiento maderable en plantaciones forestales, sistemas agroforestales, árboles plantados individualmente y árboles en terrenos de uso agropecuarios sin bosque, pero sí se exigía expresamente para aquellos casos en los que se tratara de solicitudes de aprovechamiento maderable en terrenos privados de uso agropecuario y sin bosque que estén dentro de las Áreas Silvestres Protegidas (reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre) que no hubiesen sido expropiados, según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y el plan de ordenamiento ambiental (Decreto Ejecutivo no. 29393 de 15 de mayo de 2001) y para el caso de árboles en Patrimonio Natural del Estado, en áreas de protección, en áreas de bosque o se trate de especies vedadas (artículo 7 incisos k), l) y m) del Decreto 38863).El artículo 39 exceptúa de la evaluación de impacto ambiental la extracción de árboles en pie con un volumen comercial menor que 30 metros cúbicos y las solicitudes de extracción de aprovechamiento en bosque de menos de 10 árboles caídos por propiedad, dentro de las Áreas Silvestres Protegidas. Además de que no se diferencia si se trata de los supuestos de propiedades privadas que se encuentran dentro de áreas silvestres protegidas, no contempla la evaluación de impacto ambiental, en contraposición con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y las normas antes citadas en cuanto a la exigencia de esa evaluación en terrenos privados incluidos en áreas silvestres protegidas. También se cuestiona que el artículo 41 permite que distintos usuarios puedan aprovechar los recursos forestales de las áreas silvestres protegidas, sin embargo, esa disposición hace referencia a la posibilidad de que el SINAC pueda consultar todos los documentos D4-Forestal que tengan viabilidad ambiental.El artículo 47 se cuestiona porque, a juicio de los accionantes, “establece la obligatoriedad institucional de reconocer como un único proyecto la unión de proyectos de tamaño inferior a mil metros que no requieren de evaluación de impacto ambiental si son construidos en una misma propiedad, propiciando la fragmentación o fraccionamiento ilícitos de megaproyectos en mini proyectos con el fin de evadir los estudios, los controles y regulaciones que podría tener un proyecto mayor.” Pese a que no se da más explicación al respecto, puede notarse que en el inciso1) de ese artículo se hace referencia a la unificación de expedientes administrativos, lo cual supone que se trata de proyectos en revisión ante la SETENA; y el inciso2) se refiere a dos proyectos con viabilidades ambientales otorgadas. Además, en ambos supuestos se establece que en caso de que una o ambas de las actividades aprobadas no sean coincidentes o complementarias con el proyecto que desea realizarse, deberá someterse además en el mismo acto a un proceso de modificación y, en el inciso3) se señala que cuando el área del proyecto varíe en tamaño debido a la unificación, deberá así constatarse dentro del documento de unificación indicando la nueva área y estableciendo en todos los casos los compromisos ambientales nuevos adquiridos, prevaleciendo los de mayor instrumento de evaluación ambiental. Finalmente, sobre los artículos 87 y 88 señalan que reducen las sanciones para los desarrolladores, se revierten las cargas imponiendo sanciones penales a funcionarios públicos y descargando al privado desarrollador. Con ello, estiman que se violentan los principios de no regresión y desregulación, causando un desequilibrio de intereses. El artículo 87 establece cuáles son las infracciones leves, graves y gravísimas y las correspondientes sanciones, y el 88 establece la posibilidad de dictar medidas cautelares en caso de incumplimiento de los compromisos ambientales. Esas normas no establecen sanciones para funcionarios públicos, no se explica por qué se estima que se descarga de responsabilidad al desarrollador, ni se detalla cuáles sanciones se están reduciendo. De tal modo, no es posible apreciar cómo esas disposiciones violentan la Constitución Política. IV. Conclusiones. Con fundamento en todo lo expuesto, en la condición de órgano asesor de la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República considera que: 1. En el escrito de interposición de la acción, en la mayoría de los artículos no hay un debido esfuerzo argumentativo para demostrar cómo las normas impugnadas violentan la Constitución Política, pues únicamente se cita lo que señala la norma y los principios o normativa que se estiman violentados. No le corresponde a la Sala sustituir esa carencia argumentativa y tampoco le corresponde a la Procuraduría llevar a cabo labor argumentativa faltante en el escrito de interposición. 2. El principio de no regresión no supone que el Estado no pueda modificar una norma para cambiar la forma o el procedimiento bajo el cual se llevan a cabo ciertas funciones de control ambiental. Por ello, no es atendible el argumento de que el Decreto Ejecutivo no. 43898 es inconstitucional por el solo hecho de haber derogado el Decreto 31849 y haber establecido regulaciones distintas a las de aquél. 3. La aplicación del principio de participación ciudadana en asuntos ambientales facultaría a la Sala Constitucional a que determine si, en el proceso de elaboración y emisión de la norma impugnada se contemplaron mecanismos de publicidad y participación. Será con la información que brinden las instituciones a las que se les ha dado audiencia sobre esta acción de inconstitucionalidad, que se pueda determinar y valorar si se permitió o no la participación ciudadana en la elaboración de la norma. 4. En cuanto al artículo 3° incisos 2),3) y 6) y al artículo 39, se reitera el criterio rendido en la acción de inconstitucionalidad 23-22240-0007-CO en cuanto a que su constitucionalidad depende de que se acredite la existencia del sustento técnico que llevó al Poder Ejecutivo a determinar que, las actividades, obras o proyectos excluidos, no requieren obtener una viabilidad ambiental previa. Si de los informes y expedientes administrativos que remitan las demás instituciones a las que se les ha conferido audiencia sobre esta acción, no se acredita la existencia de esas justificaciones técnicas, debe declararse con lugar la acción en cuanto a esos artículos específicos, por violentarse los principios de progresividad y no regresión, razonabilidad y proporcionalidad y objetivación de la tutela ambiental, y, en consecuencia, el artículo 50 de la Constitución Política. Y porque ello se traduciría, a su vez, en una violación del principio preventivo, pues se estarían dejando de evaluar y mitigar los impactos ambientales de actividades potencialmente impactantes al ambiente. 5. Sobre el resto de artículos no se exponen argumentos suficientes y claros que permitan hacer un adecuado análisis de fondo para determinar si son inconstitucionales o no. Por tanto, no es posible acoger la pretensión de los accionantes de declararlos inconstitucionales.
  3. 4Francisco Ernesto Gamboa Soto, ministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se apersona a contestar la audiencia conferida, en los siguientes términos: sobre la propuesta de regulación denominada: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, se informa que dicho reglamento cumplió con su trámite en el Sistema Digital de Control Previo por sus siglas SICOPRE, el cual incluyó: a) La propuesta de regulación ingresó al Sicopre a Control Regulatorio el día 08 de noviembre de 2022. b) Allí consta el Aviso de Consulta Pública de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con fecha 07 de noviembre de 2022, publicado en el sitio web de la SETENA. c) Conforme al aviso de Consulta Pública, la regulación estuvo colgada en Consulta Pública en el SICOPRE por un plazo de 10 días, del día 8 de noviembre al día 21 de noviembre del año 2022. con lo cual se comprueba que la normativa cumplió con el mandato legal de consulta pública, el cual está regulado en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública y en los principios de mejora regulatoria de transparencia y publicidad regulados en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 37045-MP. d) En el aviso de consulta se indica el mecanismo para recibir observaciones dentro del Sistema de Control Previo, plataforma que constituye una vía de fácil uso para que los interesados presenten sus observaciones.De la consulta Pública se recibieron observaciones de la Cámara Costarricense de la Construcción, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), de la Cámara de Agricultura, del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y del usuario Sergio Laprade Coto. e) En el formulario costo-beneficio de la regulación, referido a la Sección I, CONTROL PREVIO DE MEJORA REGULATORIA, en el apartado VI.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA, pregunta No. 20 se indica: “20- ¿Se consultó a las partes o grupos interesados para la elaboración de la regulación? Circulación del borrador a grupos o personas interesadas y recepción de comentarios. Consulta interinstitucional. Formación de grupo de trabajo / Comité técnico para la elaboración conjunta del anteproyecto.” f) El día 28 de noviembre de 2022, la Dirección de Mejora Regulatorio emite el Informe Técnico Negativo N° DMR-DAR-INF-0161-2022, el cual contenía 12 observaciones a la propuesta de regulación para ser corregidas, dentro de la cual no se evidencia incumplimiento en cuanto a la fase de consulta pública.En esa misma fecha se notifica el citado informe al MINAE por medio del SICOPRE para su conocimiento. g) En fecha 02 de diciembre de 2022, vuelve a ingresar la propuesta de regulación por segunda vez para revisión regulatoria. Con dicho ingreso se adjuntan una serie de oficios de respuesta de parte de la Setena a las instituciones que participaron en la Consulta Pública. h) Dentro de este nuevo ingreso consta además el ACUERDO DE COMISION PLENARIA ACP-070-2022-SETENA. i) En fecha 16 de diciembre de 2022, se emite el segundo Informe Técnico Positivo por parte de la Dirección de Mejora Regulatoria N° DMR-DAR-INF172-2022. Dicho informe es notificado al MINAE por medio del SICOPRE en esa misma fecha. Por medio del enlace https://tramitescr.meic.go.cr/formulario/2452 enlace se puede dilucidar las actuaciones que tuvo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio a través de la Dirección de Mejora Regulatoria. Solicito declarar sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad, y se mantenga vigente el Decreto Ejecutivo 43898 -MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC.
  4. 5El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Esteban Amador Jiménez, contestó la audiencia que se le brindó, en los términos que siguen: la visión de los accionantes contrasta con la del Estado, inspirada en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos, No. 8220, aunada al proceso de mejora regulatoria que se ha venido impulsando, según el cual se deben simplificar los procedimientos, trámites y requisitos buscando mayor celeridad, eficacia y eficiencia de la actividad administrativa. La participación de ese ministerio se centra en la perspectiva de simplificación de trámites y mejora regulatoria; sobre los aspectos de índole ambiental se remiten a lo que contesten los órganos competentes. En cuanto a que se suprime la remisión de los estudios de impacto ambiental de los permisos de construcción a otras instituciones, dentro de la idea de mejoramiento de los trámites, si el usuario indica que tal estudio existe y ya consta en otra instancia pública, no debe exigírsele volverlo a presentar.Estima que la publicidad de un trámite en la página de SETENA garantiza su conocimiento amplio, pues la página es plenamente accesible. En lo que se refiere a categoriza como falta leve no contestar los requerimientos de SETENA, señala que al desarrollador le interesa obtener la viabilidad ambiental y omitir contestar requerimientos de la secretaría va en su propio perjuicio, ya que podría implicar no obtener dicha viabilidad.
  5. 6Víctor Julio Carvajal Porras, en su condición de ministro de Agricultura y Ganadería, manifestó que como misión institucional el MAG busca impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias, que promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria. Destaca que si bien es cierto la transversalidad en las normas ambientales establece que, en materia ambiental, está compartida dentro de las funciones de todo el Estado costarricense y sus diversas instituciones públicas, esto como parte de los principios constitucionales, normas del derecho internacional, leyes y reglamentos, principios de corte ambiental, etcétera, el Decreto al que se refiere la presente acción de inconstitucionalidad, solo refiere la participación directa de mi representado en los artículos 3 y 7, mismos que refieren la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus órganos desconcentrados, mediante la aplicación de reglamentos propios, que tienen su propio fundamento y son en los que se basan estos, para el desarrollo de su actividad sustancia y operativa, por lo tanto independientemente de que se encuentren incluidos o citados en los artículos que se pretenden declarar inconstitucionales, es deber de su representado, continuar su aplicación.Además, el principio de no regresión ambiental, en el que se establece que la normativa y la jurisprudencia ambiental, no deberían ser revisadas si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, la aplicación de los artículos 3 y 7 del Reglamento accionado, que como se citó, son en los únicos en los que tiene participación su representado, no transgreden este principio toda vez que lo que se hace es aplicar reglamentos establecidos para regular la realización de actividades que por mandato de Ley, son competencia del MAG o de sus Órganos en razón de sus competencias. Respecto al principios precautorio, de irretroactividad, intangibilidad de los actos propios, regulación de la conducta humana, procuración del mayor bienestar, desregulación, reserva de ley e in dubio pro natura con la emisión del Reglamento en pugna no se están violentando los principios mencionados ya que cada uno de ellos refiere, respectivamente, a: -El principio precautorio estipula que cuando los riesgos ambientales que se corren por inacción regulatoria son en cierta manera inciertos, pero deben atenderse, la inacción regulatoria es injustificada, lo que se traduce en adopción de medidas protectoras antes de contar con una prueba científica completa de un riesgo. -La irretroactividad de la ley es una garantía a favor de los administrados, en el tanto que a una norma no se le puede dar efecto retroactivo (aplicación de nuevas normas a actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley) en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas.A contrario sensu, si la norma favorece a la persona, sí se le puede dar efecto retroactivo. -La intangibilidad de los actos propios establece que la Administración no puede revocar los actos declarativos de derechos, salvo en los casos de excepción y por los procedimientos legalmente establecidos. -La regulación de la conducta humana es fundamental del servicio público y hace referencia a la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas del ordenamiento jurídico. -Al hablar de procuración del mayor bienestar se trata de una concreción más del Estado Social de Derecho en su función de procurar el mayor bienestar de sus habitantes. -La desregulación o regulación mínima dicta que un acto de la Administración se considerará autorizado si están regulados el sujeto, el fin y el motivo o contenido (artículo 11 LGAP). -El principio in dubio pro natura indica que cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.Con respecto a las definiciones anteriores, no es cierto que se esté violentando alguno de los elementos rectores supra mencionados, en el tanto el Reglamento se emitió con el fin de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea más eficaz y vaya dirigida a los proyectos que en efecto requieren de la implementación de medidas ambientales adicionales a las ya normadas para prevenir o compensar impactos, y en esa línea, que se les brinden mayores controles y un seguimiento más eficiente. Debido a que la formulación e impulso de la implementación del Reglamento accionado, fue presentado e impulsado por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), por medio de la Secretaría Técnica Ambiental y que la participación de su representado, como se explicó con anterioridad, se refiera a aplicación de las Leyes y Reglamentos propios de su actividad ordinaria, la interpretación y respuesta técnica de las pretensiones formuladas por el accionante, corresponden al MINAE y SETENA, siendo la participación de su representada, limitada a actuaciones propias como son el otorgamiento de Certificados Veterinarios de Operación, Certificados Fitosanitarios de Exportación, así como la aplicación del Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para Certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario (PYMPA), mismos que independientemente de lo que se resuelva en la presenta acción de inconstitucionalidad, deberán continuar siendo aplicados, dentro de la función ordinaria y operativa.Con lo anterior, considera improcedente que el MAG se refiera a aspectos técnicos que no son de aplicación directa y que la Ley y otras normas jurídicas no le dan competencia directa para su aplicación en forma directa o por medio de sus Órganos adscritos, por lo que en estos aspectos se adhiere a los criterios técnicos esgrimidos por el Ministerio de Ambiente y Energía en su respuesta a la presenta acción de inconstitucionalidad. Solicita declarar sin lugar la acción planteada, máxime que la mayoría de los alegatos ya han sido analizados por la misma Sala Constitucional, indicando que estos hechos corresponden a la vía ordinaria y no a la constitucional
  6. 7Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, rinde el informe solicitado, en los siguientes términos: PRIMERO: 1. Sobre las competencias de SETENA: Se encuentran normadas en los artículos 17, 83 y 86 de la Ley Orgánica del Ambiente, los cuales señalan: “Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. Artículo 83.- Creación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos.Artículo 86.- Eficiencia. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberá responder a las necesidades de eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, de conformidad con las normas específicas, viables y funcionales para la conservación del ambiente orientada hacia el desarrollo sostenible”. Asimismo, el ordinal 7 de la Ley de Biodiversidad define la Evaluación de Impacto Ambiental: “(…) un procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental (…)”.En línea con la Ley supra citada la función principal de la Secretaría es el proceso de Evaluación Ambiental dentro de un marco normativo dirigido a velar por el desarrollo económico del país que observe y cumpla con los principios de equilibrio ambiental y con ello cumplir con el desarrollo sostenible que impone la Constitución Política en el numeral 50. Se entiende entonces que la SETENA coadyuva a propiciar el desarrollo en el país de la mano con el equilibrio ambiental. Así las cosas, se realiza un estudio técnico y jurídico detallado del proyecto, obra o actividad propuesto ante la Secretaría, ANTES de su construcción u operación, de ahí el carácter predictivo de la Licencia Ambiental, y el fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de prevención, mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un menoscabo de imposible reparación al ambiente. La Viabilidad (Licencia) Ambiental es un acto intermedio, que establece que un proyecto es o no viable ambientalmente, y que vela porque se cumpla con las medidas ambientales necesarias para el desarrollo sostenible del país.Una vez cumplido el requisito de la obtención de la viabilidad el desarrollador puede dirigirse a las instituciones competentes a solicitar los permisos finales correspondientes para poder realizar la actividad, obra o proyecto. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es por tanto el procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones y la condición de equilibrio aceptable, entre un desarrollo o actividad y la carga ambiental que el mismo representa, el cual deviene en un acto administrativo que aprueba de forma inicial todo el procedimiento de evaluación de los impactos ambientales que genera una actividad específica. Todo el procedimiento que la viabilidad ambiental requiere para ser otorgada, haberse completado y cumplido antes de iniciar cualquier proyecto, obra o actividad y esto refleja su naturaleza intermedia.Los trámites y procesos consecuentes al otorgamiento de la Viabilidad Licencia Ambiental son jurisdicción de otras instituciones creadas al efecto, y por ello, aquellas situaciones que devengan de esos permisos deben ser analizadas y gestionadas ante ellas. Al respecto se ha referido el mismo Tribunal Contencioso en varias ocasiones estableciendo que la Viabilidad Ambiental es un acto de trámite sin efectos propios, así por ejemplo recientemente se refirió al tema en la resolución No. 22-2020-I del 28 de febrero del 2020, en la que se menciona y cita concretamente la resolución No. 17-2012-IV, en la que a su vez se cita la resolución No. 39-2009 se establece que: “(…) La viabilidad ambiental forma parte de todo un procedimiento administrativo autorizatorio, en el cual el acto bajo estudio se configura como un prerrequisito del acto final, ya sea la licencia de construcción en el caso de obras o de la licencia, permiso, concesión en el caso de una actividad; y es justamente a razón de ello que dicha sección en ambos antecedentes, deciden mantener que como tal el acto no es ni final, ni de efectos propios, (…)”, “(…) vale la pena transcribir literalmente y corresponde a parte del considerando VI de la resolución 39-2009-VI que al respecto afirma: “Así visto, se trata de un acto que culmina el análisis en sede ambiental, que debe ser tomado en cuenta en la decisión final, para efectos de la comprensión de esa variable, pero que no lo limita el acto autorizatorio en las aristas de su contenido.Incluso, considera este Tribunal, la autoridad que emite la autorización podría imponer condiciones adicionales a las previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, siempre que fueren razonables, justificadas y proporcionadas. Ese carácter instrumental respecto del proceso principal que permite, como efecto final, el ejercicio de la actividad u obra, suprime la posibilidad de que sea considerado un acto final o bien, en último caso, uno de trámite con efecto propio (salvo que el acto final fuese denegatorio, caso en el cual, es plenamente factible su impugnación judicial). Ello aunado a la imposibilidad de que surta efectos en la realidad material, hacen que sea imposible considerarle como una resolución final definitiva e impugnable en sede judicial. El hecho de que ese acto sea el resultado de un procedimiento en el cual se han dado análisis, consultas, informes, etc., no lleva a tenerle como de posible recurribilidad jurisdiccional directa, pues, a fin de cuentas, se trata de una estructura lógica formal, necesaria para llegar a determinar la viabilidad de la propuesta en términos ambientales, que solo tiene sentido para efectos de emitir la autorización en otro procedimiento.Por otro lado, la especialidad técnica de la SETENA no transmuta esta naturaleza no definitiva o de trámite, j (sic) pues no es un criterio que de manera autónoma permita tener un acto como prealable (…)”. De conformidad con lo anterior, la SETENA debe de realizarse con eficiencia, así como lo establece la Ley Orgánica del Ambiente y es en relación con dicha orden que viene trabajando a lo largo de los últimos años en optimizar su funcionamiento y buscar que sus actuaciones sean realmente eficientes en la Evaluación, Control y Seguimiento de aquellos proyectos que por su posible impacto ambiental requieren de medidas ambientales adicionales que deben ser fiscalizadas por la SETENA. 2. Sobre la transversalidad de las normas ambientales: La competencia en materia ambiental está compartida dentro de las funciones de todo el Estado costarricense y sus diversas instituciones públicas, esto como parte de los principios constitucionales, normas del derecho internacional, leyes y reglamentos, principios de corte ambiental, entre otros.Lo anterior, responde a una evolución normativa que ha venido en desarrollo, y que ha fortalecido el control ambiental del Estado tanto de la Administración Pública como de las instancias judiciales, cada una con un marco normativo que le permite ejercer las competencias legales otorgadas y la tutela y defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado. En línea con lo anterior, se puede entender entonces que dentro del marco jurídico que vela por los procesos de desarrollo del país y protección ambiental se incluye normativa propia de otras instancias, como por ejemplo las Municipalidades, el Ministerio de Salud el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes entre otras, en la que se establecen lineamientos y obligaciones que corresponden a medidas ambientales base que debe de cumplir y observar todo aquel administrado que desee iniciar algún tipo de desarrollo en el país, claramente dependiendo del tipo de actividad, obra o proyecto a realizar.De aquí la transversalidad del tema ambiental a nivel Estatal, porque no es solamente la SETENA la que debe contar con normas que aseguren el cumplimiento de los principios ambientales y la observancia de la protección del ambiente, sino que otras instituciones han tenido que adaptarse aplicando normas que fortalecen esa función de desarrollo sostenible y protección ambiental; y lo anterior no significa que esas demás instituciones realicen la Evaluación de Impacto Ambiental, sino que su normativa y las obligaciones que le imponen al administrado son suficientes para el seguimiento de ciertos proyectos, como los de bajo impacto ambiental. Con la explicación supra expuesta lo que se pretende es que se entienda que más allá de las normas propias de la SETENA que regulan la Evaluación de Impacto Ambiental hay otras instituciones que cuentan con las herramientas jurídicas para el control ambiental base, dirigidas a la protección ambiental de cara al desarrollo y que son de acatamiento obligatorio; sin omitir que además están dentro del marco normativo de instancias que sí se encargan de brindar permisos finales.Esto fue reconocido por el Tribunal Constitucional mediante el voto No. 17792-2019, en el cual indicó, citando la sentencia número 2017-5994, de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017, que se inclinaba por avalar la constitucionalidad de lo establecido con respecto a proyectos de muy bajo impacto ambiental y dejó claramente plasmada su posición, según se aprecia de los siguientes extractos: “VI. […] En criterio de esta Sala se debe hacer la siguiente distinción, respecto de las actividades excluidas, por un lado, las indicadas en el inciso1) y, por otro lado, las excluidas en el resto de incisos. Ello por cuanto los argumentos de los accionantes se dirigen particularmente a la impugnación del inciso 1). Encontrándose necesario realizar la siguiente aclaración, debido a lo indicado por la Procuraduría General de la República en su informe. Dicho inciso debe entenderse en concordancia con lo establecido en el párrafo primero de dicho artículo, es decir, se trata de actividades en operación de muy bajo impacto ambiental, que ciertamente no requieren –según la norma- tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pero que, sin embargo, estarán sujetas a otros controles ambientales – como la misma norma indica- tales como los establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía y otras con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre del 2004, publicado en La Gaceta 217 del 5 de noviembre del 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental. Así que la misma norma es la que establece que, aunque no requieran de un EIA ello no significa que queden excluidas de control ambiental. Nótese que los accionantes confunden la definición, no es que por el hecho de ser actividades en operación ello las haga de muy bajo impacto ambiental, sino que, el inciso no se refiere a cualquier tipo de actividad en operación, sino únicamente a aquellas actividades en operación definidas como de muy bajo impacto ambiental. Así entonces, en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo 4 bis del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción en cuanto al inciso 1 de tal norma”. 3. Sobre el Principio de No regresión Ambiental: Este principio establece que la normativa y jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implica un retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, y que es por demás reconocido por esta honorable Sala, se ha tenido claro que tampoco implica que sea entendido en términos absolutos, y la misma Sala lo ha reconocido así por ejemplo en el voto No. 13367-2012 del 21 de diciembre del año 2012 que establece: “(…) no puede entenderse en términos absolutos. La disminución de un determinado nivel de tutela es posible si hay sustento técnico y científico que garantice que no se produce una desprotección relevante del ambiente, y siempre y cuando se satisfagan los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que esta Sala ha definido en su jurisprudencia. Ahora bien, lo primero que hay que determinar es si una determinada modificación normativa disminuye el nivel de tutela. En este sentido, hay que tener presente que no toda modificación de la normativa ambiental que formalmente se presente como una disminución del nivel de tutela debe tenerse como violatoria del principio de no regresión en materia ambiental. (…) Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. También el voto 5994-2017 del 26 de abril del 2017 señala: “(…) (…) Antes de examinar cada uno de los argumentos de los accionantes, resulta necesario recordar la relevancia de los Estudios de Impacto Ambiental, y determinar, para este caso concreto de análisis, los alcances del principio de no regresión en materia ambiental, a efectos de concluir que no toda modificación de la normativa ambiental –como parece lo insinúan los accionantes- debe tenerse como violatoria de tal principio. Partiendo del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo cincuenta de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, tal como lo ha examinado esta Sala en jurisprudencia anterior (véase la resolución número 2014-004243), se ha reconocido igualmente el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños de imposible o difícil reparación. De lo anterior resulta que la administración debe contar con una certeza de carácter negativo de que no se afectará el ambiente bajo ningún supuesto, de donde resulta que, ante la duda del acaecimiento de un riesgo, la administración tiene la obligación de no autorizar o efectuar actuaciones, o cesar de inmediato, la actividad administrativa que causa el peligro. En otras palabras, si carece de certeza científica sobre la inocuidad de la actividad, la administración debe abstenerse de realizar actividades con impacto ambiental negativo; ante la incertidumbre científica sobre la inocuidad o bondad de las actuaciones, la administración está impedida para otorgar autorizaciones o realizar actos propios que originen situaciones de riesgo ambiental. En este sentido, la realización de Estudios de Impacto Ambiental se erige en un principio que debe ser debidamente observado y aplicado, al punto que de manera paulatina y progresiva como corresponde en el ámbito de los derechos humanos- la misma legislación y la propia jurisprudencia de esta Sala, ha perfilado la importancia y necesidad de contar con este tipo de evaluaciones debidamente realizadas de manera previa a la realización de determinado tipo de obras. Ahora bien, en cuanto al principio de progresividad, que es alegado por los accionantes, en todas sus argumentaciones (…) De ahí que se pueda concluir que, no cualquier modificación de la normativa ambiental implica necesariamente una disminución de protección del derecho al ambiente. Ello debe sustentarse. De igual forma, no toda modificación, que no sea lo suficientemente amplia, debe interpretarse como una inconstitucionalidad por omisión. Lo deseable no torna en inconstitucional a la norma que no se acerque a ello. En efecto, todas las normas jurídicas son perfectibles, pero el que se acerquen o alejen de un criterio de perfecto o deseable no las hace inconstitucionales (…)”. Colorario a lo anterior la SETENA mediante el oficio SETENA-SG-1123- 2023 suscrito por el Secretario General de la SETANA indica: “(...)el Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC fue creado con el fin de cumplir con la obligación de eficiencia que ordena la Ley de Biodiversidad, dado que esta nueva normativa busca adaptar jurídica y técnicamente los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental a la realidad actual, que tanto a nivel nacional como internacional ha tenido cambios evolutivos importantes, con nuevas políticas y tecnologías que obligan a adaptar las variables ambientales y la fiscalización y el seguimiento a dichos cambios; buscando que a la vez que aplique la Evaluación de forma correcta además se tome en consideración la obligación Estatal de facilitar los trámites para el administrado sin desproteger jurídicamente el capital natural del país (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos No. 8220 y sus reformas). En esta línea es que para los llamados proyectos de bajo impacto ambiental o Registros Ambientales es que se determinó que, en vista de que por parte de la SETENA no se genera un valor adicional en cuanto a medidas ambientales, estudios técnicos, ni instrumentos de control y seguimiento ambiental si no que se aplican las medidas base o normativas que otras instituciones e instancias imponen, es que se determinó que para el cumplimento de dicha normativa no era necesario registrarlos en la SETENA. Esto por cuanto, como ya se explicó por el tipo de proyectos, por su baja significancia ambiental y porque las medidas ambientales ya están normadas, solamente se les aplican las medidas ambientales dispuestas en otras normas, mientras que la SETENA no agrega valor adicional porque no solicita ninguna medida adicional a las que se deban adherir y por tanto tampoco puede generar algún acto de valor adicional ante un incumplimiento (por ejemplo, la ejecución de la garantía ambiental porque estos proyectos no aportan garantía ambiental). Este Tribunal Constitucional en la resolución supra citada, número 2017-5994, de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017, indicó: (…) “La determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, bajo el criterio general de que las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria. Correspondiéndole a la vía ordinaria, examinar el sustento técnico y científico que el decreto impugnado utilizó para proceder con dichas modificaciones. Así entonces, en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del anexo 2 del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción.” (el destaque en letra cursiva no pertenece al original) A esos proyectos de bajo impacto se les solicita cumplir con el Código de Buenas Prácticas Ambientales y con la norma que les sea aplicable, según el tipo de proyecto, que fiscaliza algún otro ente y en caso de incumplimientos están las Fiscalías Ambientales, el Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Ambiental Administrativo o el Ministerio de Salud como entes fiscalizadores que pueden ordenar alguna sanción o medida al administrado que incumplió. Y esas normas que les aplican son suficientes para su control y fiscalización ambiental; es por ello que para la emisión del nuevo Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental se valoraron estos aspectos, y enfocó sus esfuerzos de manera eficiente y eficaz, en relación a las actividades, obras o proyectos que por sus características, y mayor impacto ambiental sí requieren la aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental y por lo tanto de un seguimiento ambiental por parte de la SETENA y la toma de medidas ambientales adicionales y de la fiscalización del cumplimiento de las mismas desde la Secretaría. Esta decisión se tomó basándose no solamente en análisis técnicos y científicos sino en la propia práctica y experiencia, y la evolución a través de los años ha demostrado que no se genera un valor agregado adicional al registrar estos proyectos en la SETENA. En esta línea es que se determinó que es necesario que la Evaluación de Impacto Ambiental se enfoque más en aquellos proyectos donde la combinación de las condiciones de fragilidad ambiental de las áreas en donde que desee desarrollar y según su magnitud se establezcan las medidas ambientales adicionales y compromisos ambientales necesarios y se asegure un seguimiento eficiente de las mismas para mitigar impactos ambientales negativos significativos, a través de un mayor peso en la parte de fiscalización y seguimiento ambiental, inspecciones de campo y revisión de responsabilidades de los responsables ambientales, esto con el fin de encaminar los esfuerzos institucionales en fiscalizar los proyectos de mayor impacto, ya que los de bajo impacto ambiental, si insiste, están cubiertos por la normativa y competencias de otras instancias administrativas y judiciales. En línea con lo anterior se demuestra que no existe violación al principio de no regresión ambiental porque en efecto hay otras normas que le aplican a esos proyectos que sí tienen injerencia, así como las instancias tanto administrativas como judiciales a las cuales acudir en caso de incumplimiento de esas normas. Con lo cual se concluye que no hay desprotección ambiental en el tanto se han venido aplicando y se deben aplicar las normas existentes para esos proyectos de bajo impacto que imponen otras instituciones y por ende se cumple con lo que esta Sala, tal como se citó supra, ha indicado al explicar que la regresión ambiental no puede entenderse en términos absolutos. Es claro el Reglamento en análisis su parte considerativa al indicar: “IX. Que desde el punto de vista técnico esta nueva normativa de EIA, considera la evolución y trasformación en cuanto a los procesos de evaluación de impacto ambiental que se han determinado a nivel mundial y del país, donde existen nuevas variables ambientales a contemplar dentro de los procesos de EIA, hacia políticas basadas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y con nueva tecnología disponible, estableciéndose requisitos de carácter técnico y legal, propios y específicos de los procesos de EIA, delimitando las competencias institucionales, y concordantes al momento en que se aplica la EIA para la formalización de una actividad, obra o proyecto en Costa Rica, generando seguridad jurídica y disminución de plazos de revisión en total apego a la Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220 del 4 de marzo del 2002 y sus reformas. X. Que es necesario que la Evaluación de Impacto Ambiental se enfoque más en las condiciones de fragilidad de las áreas donde se pretendan desarrollar los proyectos, que, en la magnitud de los proyectos, estableciendo las medidas ambientales que mitiguen los impactos negativos significativos, con un modelo que brinde mayor peso al seguimiento ambiental con verificación de campo y una mayor responsabilidad a los responsables ambientales que elaboran los procesos de EIA”. 4. Sobre el Principio precautorio, de irretroactividad, intangibilidad de los actos propios, regulación de la conducta humana, procuración del mayor bienestar, desregulación, reserva de ley e in dubio pro natura: El principio precautorio estipula que cuando los riesgos ambientales que se corren por inacción regulatoria son en cierta manera inciertos, pero deben atenderse, la inacción regulatoria es injustificada, lo que se traduce en adopción de medidas protectoras antes de contar con una prueba científica completa de un riesgo. La irretroactividad de la ley es una garantía a favor de los administrados, en el tanto que a una norma no se le puede dar efecto retroactivo (aplicación de nuevas normas a actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley) en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. A contrario sensu, si la norma favorece a la persona, sí se le puede dar efecto retroactivo. La intangibilidad de los actos propios establece que la Administración no puede revocar los actos declarativos de derechos, salvo en los casos de excepción y por los procedimientos legalmente establecidos. La regulación de la conducta humana es fundamental del servicio público y hace referencia a la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas del ordenamiento jurídico. Al hablar de procuración del mayor bienestar se trata de una concreción más del Estado Social de Derecho en su función de procurar el mayor bienestar de sus habitantes. La desregulación o regulación mínima dicta que un acto de la Administración se considerará autorizado si están regulados el sujeto, el fin y el motivo o contenido (artículo 11 LGAP). El principio in dubio pro natura indica que cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. Con respecto a las definiciones anteriores, no es cierto que se esté violentando alguno de los elementos rectores supra mencionados, en el tanto el Reglamento se emitió con el fin de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea más eficaz y vaya dirigida a los proyectos que en efecto requieren de la implementación de medidas ambientales adicionales a las ya normadas para prevenir o compensar impactos, y en esa línea, que se les brinden mayores controles y un seguimiento más eficiente, de seguido se procede a explicar técnica y jurídicamente porqué esto es así de cara a cada alegato interpuesto. SEGUNDO. Sobre el fondo: El artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227, faculta a la Administración a motivar sus actos a través de la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado o bien a dictámenes previos que hayan determinado realmente la adopción del acto. De igual forma, el artículo 302 inciso1) del mismo cuerpo normativo, establece que los dictámenes técnicos de cualquier tipo de la Administración serán encargados a los órganos públicos expertos en el ramo de que se trate, por lo que, con la finalidad de atender la presente gestión, se solicitó informe a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (adelante SETENA) de este Ministerio. Ante tal situación, mediante oficio SETENA-SG-1123-2023 de fecha 20 de noviembre, suscrito por el Secretario General de la SETENA, se establecen los argumentos esgrimidos de la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC denominado Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, el cual indica: 1. Con relación a que el artículo 3 del decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC violenta el principio de no regresividad: La posición de los accionantes es incorrecta debido a que las actividades, obras y proyectos categoría C, no contemplaban como tal una evaluación de impacto ambiental, no se obtenía una Licencia Viabilidad Ambiental, era un REGISTRO, con requisito meramente administrativos y no técnico. Asimismo que: a) Los proyectos categoría C de bajo impacto no se sometían a una Evaluación de Impacto Ambiental para obtener una Viabilidad Ambiental, solamente obtenían un registro ante SETENA, así estaba normado mediante el Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), N° 41815-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, del 25 de junio del 2019; b) El decreto Nº 43898, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000m2 y el de hasta 999 m3 de movimiento de tierra, tal cual se reformó el DE 31849 mediante el decreto N° 37803-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una EIA, solo obtenían un registro ambiental; c) El DE 43898 no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente de un registro ; d) Tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000m2, que si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental; e) Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el 31849-MINAE, que para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria de la SETENA; f) No se está dando responsabilidades en materia de EIA a otras entidades, lo que se hace es exonerar de EIA algunas actividades pero que estas mantengan controles ambientales por otras instituciones, siempre dentro de sus potestades legales; g) No baja los topes máximos para clasificar las actividades en bajo, medio o alto impacto, tal como se puede observar en el Decreto Ejecutivo Nº 43898, en su artículo 7. Por otra parte, debe considerarse que la Contraloría General de la República en su estudio N° 04-PFA “Fiscalización sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del 2000”, concluye: “(…) esa entidad no está siendo eficiente y efectiva en la gestión que realiza en los procesos de evaluación ambiental preliminar, monitoreo y seguimiento, por cuanto está distrayendo sus recursos en la valoración de muchos proyectos con escaso impacto ambiental...” “...la excesiva carga de trabajo satura la capacidad de respuesta de la SETENA, pues, al estar atendiendo actividades poco relevantes para el ambiente, distrae recursos económicos, humanos y técnicos, que podrían estar utilizando con mayor provecho en actividades y proyectos a desarrollar que representen mayor riesgo para el ambiente (…)”. Es decir, el mismo ente contralor llama a la SETENA a priorizar la evaluación de impacto ambiental en aquellas actividades, obras o proyectos (AOP) que representan un mayor riesgo para el ambiente y no distraer sus recursos en AOP con escaso impacto ambiental y que tienen su propia normativa regulatoria, que para su cumplimento no es necesaria la intervención de esta secretaría. Partiendo de este informe, el Poder Ejecutivo inició un proceso de análisis con el fin de filtrar la cantidad de proyectos que ingresaban a la SETENA, con el fin de priorizar aquellos que sí representaban un riesgo mayor al ambiente. Este proceso de priorización de los procesos de EIA, incluso fue ratificada por la misma Sala Constitucional, bajo expediente 01-002886-0007-CO, donde se ha indicado lo siguiente mediante el Voto N° 01220-2002, “No se quiere decir con ello, que no pueda el Poder Ejecutivo, vía reglamentaria, determinar con fundamento en estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto no requiera los estudios de impacto ambiental, pero ello supone que tal definición esté debidamente motivada y justificada”. Por tal motivo ya desde la implementación del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, y ahora con la implementación del Decreto Ejecutivo N° 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la SETENA indicó cuáles proyectos requerían tramitar un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y aquellos que no lo requerían. Esto es consecuente con lo que estable la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, la cual indica en su artículo 17 lo siguiente: “(…) Evaluación de impacto ambiental Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental (...)”. Véase que desde la propia ley que crea la evaluación de impacto ambiental, se deja claro que serán las leyes y los reglamentos las que indiquen cuales actividades, obras o proyectos deben requerir del proceso de EIA, por tanto, el artículo 3 como tal del Decreto N° 43898 no es inconstitucional, por ser esta norma un mecanismo previsto en la ley para determinar que debe ser tramitado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En cuanto a la exclusión de AOP de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según el inciso 4 del artículo 3 del D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, se debe aclarar que ya desde el año 2008, la Comisión Plenaria de SETENA, mediante acuerdos y resoluciones (Resoluciones No. 583- 2008, 2376-2016, 1909-2017, 1462-2018) ha establecido las actividades de muy bajo impacto ambiental, que no requieren someterse a la EIA. Y lo que hace el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mediante su Anexo 2, es regularizar vía decreto las actividades que vía resolución administrativa ya se habían definido que no requerían someterse a la EIA, por ser actividades de muy bajo impacto ambiental y además que ya vía normativa están ampliamente reguladas y controladas por otras instituciones que si bien no tienen la función de realizar la EIA si poseen la obligación de realizar los controles ambientales como parte de sus competencias. Concluyendo así que no se aprecia menoscabo del derecho ambiental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que este Tribunal deba corregir y por ello la acción de inconstitucionalidad planteada fue declarada sin lugar. 2. Con respecto a que el Decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, no fue debidamente consultado en su creación: La posición de los accionantes es incorrecta, cabe señalar que para la elaboración del nuevo Reglamento (D.E. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC) la SETENA realizó una revisión y análisis de las anteriores propuestas de decreto RECSA y del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, las cuales fueron de conocimiento en la Comisión Técnica Asesora Mixta de Evaluación de Impacto Ambiental, creada por el artículo 121 del Decreto Ejecutivo No. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, del 24 de mayo de 2004, y en la Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), decreto No. 40505-MINAE, de fecha 28 de julio del 2017. Además, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a partir del año 2018, inició un proceso de fortalecimiento y transformación, a partir de 3 ejes de acción, siendo los mismos; la Reingeniería de procesos, la Transformación digital y la Modernización de la normativa Como parte del sustento técnico y jurídico de la reforma, se trabajó desde el año 2019, de la mano de PROCOMER, en el marco del proyecto Ventanilla Única de Inversión (VUI), en los eventos Kaizen. Estos talleres contaron con una amplia participación de expertos, tanto a nivel interno de la SETENA, como de actores externos, entre consultores ambientales y empresas consultoras, tanto del ámbito privado como institucional, donde se realizó un análisis exhaustivo de los decretos que regulan la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de los estudios técnicos que son la línea base de la EIA y de los instrumentos de evaluación ambiental con el propósito de simplificar trámites y mejorar la seguridad jurídica del administrado, así como también el contenido técnico de los estudios para procurar un equilibrio entre las AOP y el ambiente. Esta reforma cumplió con todo el proceso oficial de consulta pública a través del Sistema de Control Previo (SICOPRE), del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), según el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227, la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos No. 8220 y normativa concordante, proceso sobre el cual puede consultar en dicho sistema, mediante el formulario número 2452. Más de 20 entidades participaron en el proceso de consulta pública, se recibieron aproximadamente 172 observaciones, de las cuales SETENA hizo el análisis técnico y legal, y acogió el 34%, un 15% parcialmente y un 51% no se acogió de las observaciones presentadas. 3. Que el reglamento 43898 no toma en cuenta que aproximadamente el 50% de los cantones del país adolecen de planes reguladores y solo 6 tienen conocimiento de las áreas de su fragilidad ambiental: Sobre este asunto, la Secretaría debe indicar que el tema de Evaluación Ambiental Estratégica si es considerada por la institución, sin embargo, este tema no es parte de los alcances del Decreto 43898, dado que la normativa que regula la integración de la variable ambiental en los planes reguladores viene siendo normado en el Decreto No. 32967, el cual se encuentra vigente. Además, debe aclararse que la responsabilidad de contar con planes reguladores y con la variable ambiental incorporada es una responsabilidad de cada municipio. Con respecto al alegato que el decreto 43898, no toma en cuenta que el 50% de los cantones de país adolece de Planes reguladores y solo 6 tienen conocimiento de su fragilidad ambiental, lo indicado no es correcto, porque las condicionantes ambientales como por ejemplo cauces de dominio público, humedales, coberturas boscosas, amenazas naturales, entre otros, se puede realizar una verificación geoespacial se pueden visualizar e identificar elementos y condiciones geo-ambientales especiales del sitio específico donde se pretende desarrollar el proyecto, así como también de su entorno ambiental, y además de verificar también aspectos de vulnerabilidad. El uso de los visores oficiales geoespaciales y de las capas de las distintas entidades públicas del país, tales como: Dirección de Aguas, Dirección de Geología y Minas, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, Municipalidades (las que cuenten con los mismos) y de muchas otras, que pueden ser consultadas tanto por la ciudadanía en general como por las demás entidades públicas del país; por lo tanto, es importante dejar en claro que la información y datos geoespaciales utilizados por la SETENA para llevar a cabo su proceso de verificación geoespacial de los expedientes de AOP, provienen de todas éstas fuentes y plataformas de índole pública, sin que esto genere un detrimento para los Desarrolladores respecto los proyectos presentados ante las diferentes instituciones para la obtención de permisos, contrario, ya que la utilización de éstos insumos de índole pública correspondiente a capas, visores y datos oficiales que vienen a reforzar el proceso de planificación para generación de permisos de las diferentes instituciones involucradas en los procesos de generación de permisos. Además, es importante considerar que el Decreto Ejecutivo No. 37773-JP-H-MINAE-MICITT, correspondiente al repositorio oficial de capas y datos geoespaciales para Costa Rica cuya plataforma se denomina como el Visor del SNIT del Registro Nacional, la cual, en su Artículo 3°, Punto E, dice que uno de los objetivos específicos de dicha plataforma es “dar acceso, sea gratuito u oneroso, a la información territorial pública contenida en el sistema a todos los ciudadanos así como a los entes y órganos públicos, sean estos proveedores o no de información territorial para el sistema, fomentando con ello la democratización en el uso de la información del territorio a todos los niveles de la sociedad”; Por lo tanto, el alegato planteado por el recurrente, no lleva razón en cuanto que si no hay un Plan Regulador Aprobado no se tenga conocimiento de la condicionantes ambientales para los diferentes cantones de país, por que como ya se detalló en los párrafos anteriores, se cuenta con información oficial, actualizada, disponible, libre y gratuita, para la toma de decisiones de todas las instituciones y del país, y que la misma es utilizada por la Municipalidades para la elaboración de los Planes Reguladores, y para la obtención de la Variable Ambiental de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 32967. Por otra parte, el decreto 43898, en su artículo 98, mantiene las Áreas Ambientalmente Frágiles, y por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales: a) aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen especial de uso (marco jurídico y técnico definido); b) los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para su uso. Finalmente, SETENA NO transfiere la obligación de tramitar los procesos de EIA a otras instituciones, por cuanto lo que se indica la norma es que las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, indicados en este artículo, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán sujetas a los controles ambientales establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y otras entidades con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre de 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental. Así que lo que indica la norma es que a pesar de que no requieren EIA algunas AOP, si el Estado por medio de otros entes tendrá la obligación de realizar según sus competencias los controles ambientales correspondientes, obligaciones además que no son nuevas. Esto ya la misma Sala Constitucional lo ha indicado, al establecer que las municipalidades de nuestro país cumplen un papel importante en la protección del ambiente y la salud, específicamente se ha establecido lo siguiente: “ (…) Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-, así como también las instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial (…)”. (Resolución No. 17552- 2007 de 12 horas 22 minutos de 30 de noviembre de 2007, reiterada, entre otras, en resolución No. 16167-2013 de 9 horas 5 minutos de diciembre de 2013). Con respecto al papel específico de las Municipalidades en el control ambiental de su territorio “ (…) El papel de las municipalidades en materia ambiental. De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta dosis de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente (...)”. (Sala Constitucional, Voto No. 18471-2008 de las 18 horas 29 minutos del 11 de diciembre del 2008). 4. Con respecto a que el contenido del decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC presenta una desregulación generalizada: En cuanto al artículo 3, ya se tiene por abordada la respuesta en el primer alegato presentado, este reglamento lo que excluye son las actividades, obras y proyectos de bajo impacto ambiental, y que no contemplaban una EIA, de acuerdo con la norma anterior, lo que presentaban era un Registro, con requisito meramente administrativos y no técnicos, no obtenían una Viabilidad Ambiental otorgada por la Comisión Plenaria. En cuanto a la exclusión de AOP de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según el artículo 3 del D.E. No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, se debe aclarar que ya desde el año 2008, la Comisión Plenaria de SETENA, mediante acuerdos y resoluciones (Resoluciones No. 583-2008, 2376-2016, 1909-2017, 1462-2018) ha establecido las actividades de muy bajo impacto ambiental, que no requieren someterse a la EIA. Y lo que hace el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mediante su Anexo 2, es regularizar vía decreto las actividades que vía resolución administrativa ya se habían definido que no requerían someterse a la EIA, por ser actividades de muy bajo impacto ambiental y además que ya vía normativa están ampliamente reguladas y controladas por otras instituciones que si bien no tienen la función de realizar la EIA si poseen la obligación de realizar los controles ambientales como parte de sus competencias. Adicionalmente, no cierto que se eliminan en algunos casos la obligación de pasar por estudios de impacto ambiental, el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, ya que en el artículo 7 del decreto mencionado, establece que las AOP, sujetos a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) o de la EIA, según leyes específicas, o bien, a convenios internacionales suscritos por el país. 5. Que el reglamento vigente, favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña: Se señala que lo anterior no es correcto por lo siguiente, no se excluyen las actividades agrícolas de la EIA, las cuales forman parte de la lista de actividades que requieren someterse a la EIA (Anexo 1, decreto 43898), al igual que el reglamento anterior (Decreto 31849-MINAE). Las actividades agrícolas que no requieren someterse a la EIA, son las que han realizado actividad previa sobre el predio, basados en que la EIA es predictiva. Para las actividades existentes o que se encuentren en operación, podrán obtener un permiso ambiental mediante la presentación a SETENA de un Estudio de Diagnóstico Ambiental, ( EDA) de acuerdo con lo establecido en el decreto vigente N° 42837-MINAE. En cuanto lo indicado por los accionantes que el artículo 3 referido reduce los umbrales de las áreas constructivas, y que, en la normativa anterior, la No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el techo era de 500 metros cuadrados y, en esta normativa, la No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, es de 1.000. Por debajo de ese límite, los desarrolladores no tienen que pasar por los estudios de impacto ambiental, la anterior afirmación no es correcta por lo siguiente: • El decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000 m2, tal cual se reformó el DE 31849 mediante el decreto N° 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una Evaluación de Impacto Ambiental, solo obtenían un registro ambiental. • El D.E.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente de un registro. • Tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000 m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental. • Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500 m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria. 6. Que el artículo 9 del reglamento, elimina en algunos casos la obligación de pasar por estudios de impacto ambiental lo que violenta el principio de no regresividad: No es cierto, por cuanto este artículo lo que establece es la calificación ambiental final a través de la Significancia de impacto Ambiental (SIA) para precisar el Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual puede ser una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA), un Pronóstico Plan de Gestión Ambiental (PPGA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto no varía con respecto a cómo se hacía mediante el decreto ejecutivo anterior 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, y que estaba establecido en su artículo 19. Los accionantes indican que el artículo 32 del presente reglamento de EIA, eliminan en algunos casos la obligación de pasar por EIA (estudios de impacto ambiental) lo que violenta el principio de no regresividad. Sin embargo, el artículo 32 lo que hace referencia es a aquellas actividades de bajo impacto que, si requieren de VLA, cuando sean actividades que se encuentren contempladas en el Anexo 1 y que se ubiquen en las áreas ambientalmente frágiles definidas en el artículo 98. Acá debe indicarse que la SETENA a pesar de que existen AOP de bajo impacto que en principio no requieren de EIA, ha determinado que existen excepciones a la regla, con el fin de regular aquellas AOP que por encontrase en área frágiles si requieren un proceso de EIA, siendo que acá entrarían todas las AOP mayores a 500 m2 y señalando además que aquellas que no requieran la EIA estarán sujetas a cumplir con todas las regulaciones ambientales vigentes en el país, y serán las Municipalidades las encargadas de solicitarles que cumplan con el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004. 7. Con respecto a que el artículo 39 del presente reglamento de EIA, elimina en algunos casos la obligación de pasar por EIA (estudios de impacto ambiental) lo que violenta el principio de no regresividad: Sobre este artículo lo primero que se debe aclarar es que la SETENA no otorga los permisos de aprovechamiento forestal, esta es una competencia exclusiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quien debe continuar observando la normativa en esta materia para aprobar los permisos de aprovechamiento forestal que se presenten como trámite por parte de la ciudadanía. El requisito de Viabilidad (Licencia) Ambiental para este tipo de aprovechamiento maderables, indica en su artículo 36 lo siguiente: “Se crea el D4 Forestal para la valoración de los impactos ambientales, para lo cual deberá completarse el formulario D4 indicado en el Anexo 9 del presente reglamento. Este formulario contempla la valoración de impactos ambientales generados por la actividad forestal de aprovechamiento maderable en bosques dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, cuando no exista una prohibición expresa para ello”. Como se observa, el artículo no abre la posibilidad a aprovechamientos contrarios a la normativa existente en materia forestal, por cuanto deja claro que el trámite es posible siempre y cuando no exista una prohibición expresa para ello, por lo que es evidente que no se está pretendiendo desregularizar la normativa existente y que decretos como el 25700-MINAE continúan vigentes y siendo de acatamiento por parte de las entidades y de los usuarios en general. Además, sobre algunas actividades que no requieren EIA, como lo son el caso del aprovechamiento de 10 árboles caídos, se debe aclarar que esta decisión es consecuente con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 40477- MINAE, Regulaciones para el aprovechamiento y extracción de madera de árboles caídos naturalmente en bosques privados, el cual en su artículo 1 establece lo siguiente: “El presente Decreto tiene por objetivo establecer las regulaciones para el aprovechamiento y extracción de madera aserrada de árboles caídos naturalmente en bosques en propiedad privada y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad o de poseedores legalmente acreditados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del reglamento a la Ley Forestal. Corresponde a las oficinas regionales y subregionales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en su condición de Administración Forestal del Estado (AFE) evaluar y tramitar las solicitudes de aprovechamiento y extracción de madera caída en bosques propiedad privada”. Por otra parte, mediante sus artículos 4, 5 y 6, establece los requisitos para esta actividad, donde no está el requerimiento de viabilidad ambiental. Además, en el artículo 8 se indica lo siguiente: “Artículo 8. Disposiciones para el aprovechamiento de madera caída en bosque.1) El funcionario de la AFE deberá constatar en campo la condición de árbol caído que se solicita para determinar si el mismo se cayó por causas naturales, determinar el diámetro, largo y especie del mismo, y si el mismo se encuentra en bosque primario o secundario.2) De existir caminos primarios establecidos en Planes de Manejo anteriores y que aún persisten con su debido mantenimiento, deberán aparecer en el mapa base, junto a los árboles caídos georreferenciados. La información anterior, se presentará en un mapa base a escala adecuada, conforme al contorno del plano de catastro.3) Bajo el principio precautorio, toda troza o fuste de árbol caído, que de forma evidente esté siendo utilizado como madriguera o refugio por aves o mamífero silvestres no podrá ser contabilizado dentro del material, a extraer y deberá permanecer en esa misma condición.4) No se podrán establecer patios de apilado de la madera aserrada dentro del bosque ni en áreas de protección, pendientes, nacientes, cauces de ríos y quebradas permanentes.5) Bajo ninguna circunstancia se permitirá el aserrío en cauce de quebradas y ríos.6) Queda prohibido la apertura de nuevos caminos o trochas dentro del bosque, así corno la remoción de la vegetación sucesional que se haya instaurado en las vías abandonadas.7) La madera caída dentro de las áreas de protección definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575, no podrá ser extraída salvo que por criterio técnico emitido por la AFE ante recomendación del Regente Forestal, se defina su extracción para evitar situaciones de riesgo que puedan ocasionar perjuicio a la vida humana. Se exceptúan los árboles que por su longitud parte del fuste cae en áreas de protección o sobre el cauce de un río, para lo cual se considerará la ubicación de la base del árbol.8) La extracción de madera deberá realizarse únicamente en períodos secos o de muy baja precipitación, sin alterar las condiciones actuales de las trochas y caminos internos y externos causando el menor impacto posible al bosque.9) Cualquier daño ocasionado a los caminos deberá ser reparado por el propietario que realice el aprovechamiento”. Del citado artículo 39, se concluye que no es cierto que exista desregularización ni regresión, porque ya existe normativa específica que regula esta actividad, siendo el Estado a través del SINAC el ente competente es esta materia y donde la SETENA más bien ha introducido el requisito de Viabilidad (Licencia) Ambiental para aprovechamiento de más de 10 árboles caídos que no se contempla como un requisito en el Decreto Ejecutivo No. 40477-MINAE, esto a pesar de que se existen contemplados en dicha norma los aspectos técnicos a considerar para esta actividad específica. 8. Que el artículo 47 del presente reglamento de EIA, eliminan en algunos casos la obligación de pasar por estudios de impacto ambiental lo que violenta el principio de no regresividad: Lo anterior es incorrecto, este artículo lo que plantea es la unificación de viabilidades ambientales, con el objetivo evitar el fraccionamiento de proyectos, y así cumplir con lo indicado en el artículo 94 de Ley de Biodiversidad N° 7788. Con la implementación del decreto N° 43898 no cambia esta regularización expresa de la Ley de Biodiversidad N° 7788, por cuanto es clara la norma que los proyectos no pueden ser fraccionados para evitar el proceso de EIA, por lo que desde un inicio si la SETENA detecta que como parte de la tramitación de un proyecto nuevo existe un posible fraccionamiento tiene el deber de sancionar el proyecto y ordenar que la evaluación se realice de forma integral, no observando dentro del decreto N° 43898 que exista un procedimiento para no cumplir lo que indica la ley de Biodiversidad N° 7788. 9. Con respecto a que el reglamento No.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC evade totalmente la responsabilidad que SETENA tenía en el reglamento anterior sobre el tema vial (reglamento 31849, artículo 9, punto 12): Lo anterior es incorrecto que SETENA evade responsabilidades, por lo siguiente: • El estudio de impacto vial lo elabora un ingeniero incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), y es el analista y diseñador del Estudio de Impacto Vial del proyecto. El decreto N° 41727-MOPT, Oficializa la Guía para la elaboración de un estudio de impacto funcional y seguridad vial. • El Estudio de Impacto Vial, debe ser aprobado por la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT. • Le ley 8220, establece en su Artículo 3º-Respeto de competencias, y en su artículo 2º-Presentación única de documentos. • La aprobación y cuando se debe presentar un estudio de impacto vial son competencia del MOPT, y la Evaluación de Impacto Ambiental es competencia de SETENA, la cual evalúa todos los componentes de los proyectos, desde los aspectos físicos, biológicos y sociales, incluyendo los posibles impactos viales que pueda generar cierto tipo de proyectos, para los cuales se establecen las medidas de control ambiental, preventivas, de mitigación o de compensación, y se establecen como compromisos ambientales, que se integran en los Planes de Gestión Ambiental (PGA), donde la institución brinda el control, seguimiento y fiscalización ambiental. Por lo tanto, el reglamento N°43898, no evade ningún tipo de competencia con respeto a la EIA para todos los componentes de la misma, de acuerdo con las funciones asignadas en la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, lo que hace es ordenar la presentación de permisos de acuerdo a los momentos de los procesos de trámites para la formalización de actividades, obras y proyectos, y las competencias y funciones, de acuerdo con la Ley 8220, sin desproteger el ambiente y cumpliendo con lo establecido en el artículo 50 constitucional, contemplando el análisis del componente vial como parte de la EIA, no de un permiso que otorga y le corresponde a otra institución. Asimismo, la SETENA se encuentra facultada para solicitar los estudios y documentos que estime pertinentes para determinar la viabilidad ambiental del proyecto. La determinación de los mismos debe ser establecida por la propia entidad, aunque lógicamente debe advertirse que las decisiones que adopte deben ser motivadas, razonables y se encuentran sujetas al control jurisdiccional, , y lo anterior se fundamenta en lo siguiente: Dictamen 319-2009 de la PGR “En ese sentido, el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente establece amplias y numerosas atribuciones a SETENA, las cuales son las siguientes: a) analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas; b) recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo; c) atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental; d) realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos; e) aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo; f)elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación; g) recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente y Energía, las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad gubernamental; h) fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales, los cuales deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de los tratos; i) realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones; j)establecer fideicomisos, según lo estipulado en el inciso d) del artículo 93 de esta ley, k) cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines”. Además, todo proyecto constructivo con frente a una ruta nacional, que tenga espacios de estacionamiento vehicular, debe contar con una autorización por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Por lo antes descrito, para poder obtener ese visto bueno o autorización del acceso vehicular a Rutas Nacionales del proyecto a desarrollar, uno de los requisitos indispensables que debe presentar el desarrollador es el análisis vial del proyecto, el cual debe incluir las condiciones viales, actuales y proyectadas, en el entorno del desarrollo, pero que no son de competencia de la SETENA aprobar. Es importante destacar que la elaboración de un estudio de impacto vial y de seguridad vial, no es exclusiva para justificar un acceso vehicular a determinada ruta. Los parámetros y alcances de la presente Guía son aplicables para determinar el impacto en el tránsito vehicular provocado por la construcción de cualquier proyecto que genere atracción de vehículos o peatones. Teniendo claro dicho impacto, se podrán establecer medidas de mitigación para mejorar la vialidad y la seguridad de los usuarios de las vías públicas. 10. Que en el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el artículo 3 referido reduce los umbrales de las áreas constructivas: La anterior afirmación no es correcta por lo siguiente: El decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000m2, tal cual lo reformó el DE 31849 mediante el decreto N°37803-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una EIA, solo obtenían un registro ambiental, el D.E.43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente de un registro, tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental y Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria. Los accionantes indican que el reglamento vigente reduce al mínimo los EIA, centrándose solamente en los aspectos de control y seguimiento y dejando a un lado la parte preventiva, una posición talmente errónea, por lo siguiente: se mantienen los estudios de línea base para la EIA, ya contemplados en la norma anterior, estudios de suelos (Geotecnia), estudio de Hidrología, Geología, Hidrogeología, Amenazas Naturales, Arqueología, Biología, Socioeconómicos, estudios de capacidad de uso de la tierra y se contempla el riesgo antrópico. Además, se mantiene el formulario D1, los instrumentos de evaluación de impacto ambiental que son la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, el Pronóstico Plan de Gestión Ambiental (PPGA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). El decreto No. 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, todo lo contrario a lo indicado por los accionantes, fortalece la línea base de la EIA, en cuanto al contenido técnico y legal los estudios de línea base y los instrumentos de EIA, y estableciendo, para todos los formularios e instrumentos de evaluación ambiental, que se cuente con medidas de control ambiental, con indicadores de seguimiento y monitoreo ambiental, definiendo su frecuencia, la metodología, punto de medición o aplicación y el tipo de indicador, para que todas las actividades, obras y proyectos estén sujetas al seguimiento y fiscalización de la SETENA. 11. Con relación a que el reglamento 43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC en los artículos 17 y 90, sobre delitos que pudiera cometer la Administración Pública, revirtiendo la carga de comisión de delitos en contra de los administradores, beneficiando a los desarrolladores violentando los principios constitucionales de la buena fe y atemorizando al funcionario público, con lo que podría llamarse acoso psicológico laboral: Lo indicado en relación a los articulo 17 y 90 del decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, no se refiere a la comisión de delitos, si no a la Responsabilidad administrativa y disciplinaría en la que podría incurrir un funcionario público por el incumplimiento de sus deberes legales en la revisión de los trámites sometidos a su valoración, y lo único que hace es una alusión al cumplimiento de otras normativas aplicables al caso y de rango legal tal como el artículo 10 de la Ley 8220 de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, y 190 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227. No se revierte ninguna carga de la prueba en contra de los administradores, ni es una violación al principio de buena fe, o pretende atemorizar a los funcionarios, ya que el uso de la potestad disciplinaria o de responsabilidad administrativa es inherente al Estado, y está regulado en la normativa de rango legal, según las garantías constitucionales del debido proceso. 12. Con respecto a que en el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en contradicción figuran los artículos 87 y 88 donde se reducen las sanciones para los desarrolladores: Los artículos impugnados lejos de procurar desregularizar la normativa, pretende que dentro de las sanciones y conductas tipificadas en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, y bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad exista una clasificación de conductas u omisiones para contar con un parámetro para que la administración ejerza la potestad sancionatoria en condiciones coincidentes para casos similares, en el entendido que no toda conducta puede ser juzgada con la misma sanción, ya que algunas efectivamente son más gravosas que otras y con consecuencias diversas, algunas corresponden a incumplimientos administrativos y otras a posibles afectaciones al ambiente, de manera que debe existir una distinción proporcional en relación a las posibles sanciones. En este caso las sanciones establecidas según el tipo de acción u omisión están totalmente alineadas con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. En relación al artículo 88, es importante indicar que tiene su antecedente en el artículo 105 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, de 24 de mayo de 2004: “Artículo 105.- De la potestad para ordenar la clausura de las actividades, obras o proyectos. La SETENA u otras autoridades ambientales, podrán ordenar la clausura de las actividades, obras o proyectos, cuando no cumplan con la Ley Orgánica del Ambiente, los reglamentos y normativas que sobre materia ambiental se hayan emitido, la legislación conexa y los compromisos ambientales adquiridos. Tal como lo dispone la Ley Orgánica del Ambiente, las personas físicas o jurídicas en estos casos, permitirán el libre acceso a sus inmuebles para proceder a la clausura. En caso de ser necesario, las autoridades ambientales solicitarán la colaboración y se harán acompañar por la autoridad policial o judicial respectiva. Sólo en casos extremos o excepcionales, cuando no se le permita el libre ingreso a la autoridad ambiental, ésta gestionará la orden de allanamiento a la autoridad judicial competente. Si el caso lo permite y previo acuerdo de la Comisión Plenaria de la SETENA, en el momento que la persona física o jurídica subsane las anomalías cometidas o bien cumpla con lo requerido en la resolución administrativa que se le notifique, la autoridad ambiental que procedió a la clausura, o a quien ésta delegue, podría proceder al levantamiento de la orden”. Conforme se constata, lejos de procurar darle una ventaja a los desarrolladores como intenta hacer ver el accionante, al contrario, establece las posibilidades de la administración de imponer una medida Cautelar de paralización, en relación al incumplimiento de los compromisos ambientales a efetos de procurar las medidas correctivas necesarias o paralizar los proyectos finalmente si es lo que corresponde. 13. Que el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en sus artículos 98 y 13 (en especial el punto 2) permite a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto (entre el 54% y el 65 % del total de proyectos que pasan por la SETENA) construir en áreas ambientalmente frágiles: La anterior afirmación no es correcta, ni el articulo 13 ni el 98, permiten a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto ambiental construir en áreas ambientalmente frágiles; lo que establece el artículo 13 es el procedimiento de verificación de la información de los expedientes que se someten al proceso de EIA, por el departamento respectivo, tanto para la etapa de evaluación ambiental como para la etapa de seguimiento y control ambiental. Es importante apuntar que para dicha revisión se utilizan alrededor de aproximadamente 50 capas para cubrir o verificar las 15 Áreas Ambientalmente Frágiles indicadas en el artículo 98 del decreto No. 43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, además de verificar también aspectos de vulnerabilidad o incidencia de proyectos en un mismo espacio geográfico. Practica que se viene realizando desde hace muchos años en la SETENA y que con este articulado se viene a reforzar dicha aplicación, esto con la finalidad de generar alertas dentro del proceso de evaluación a aspectos que ameritan especial atención. Entre las capas que se utilizan son de acceso público desde los portales oficiales del SNIT (IGN), SINIGIRH (Dirección de Agua) y SIRI (del registro inmobiliario). En cuanto al artículo 98, que define las áreas ambientalmente frágiles, mantiene lo ya establecido en la norma anterior en el decreto 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, el objetivo de este es para que, durante el proceso de la EIA, se consideren a priori, una serie de variables ambientales y jurídicas de un espacio geográfico, a fin de facilitar una decisión más acertada sobre el área en el que se desarrollará un proyecto, obra o actividad. Además, que SETENA brinda una atención especial en estas áreas para verificar los compromisos ambientales mediante la planificación de inspecciones de seguimiento y cierre de los proyectos, en la etapa de fiscalización. 14. Con relación a que el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en su artículo 15 permite al desarrollador empezar la tramitación de permisos en otras instituciones antes de que acabe el proceso de permisos en SETENA, lo cual lesiona el principio de desregulación: La anterior afirmación no es correcta, se mantiene lo ya establecido en la norma anterior en el decreto 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la Viabilidad Ambiental Potencial, lo que permite es poder iniciar o continuar gestiones de trámites ante otras entidades tanto públicas como privadas, tal como sucedía con el decreto derogado, pero no significa que con ello se otorgue una Licencia de Viabilidad Ambiental anticipada, esta no crea ningún derecho adquirido, siendo que la misma al final del proceso puede ser aprobada o denegada. Dicha viabilidad potencial lo que facilita es que un desarrollador pueda por ejemplo iniciar trámites para obtener un préstamo ante alguna entidad bancaria, pero para las entidades que emiten sus permisos finales para la etapa constructiva u operativa, no basta la viabilidad potencial, por cuanto deben esperar a que la institución se pronuncie en cuanto al otorgamiento de la viabilidad ambiental, si es que esta es un requisito dentro de sus trámites en aplicación de lo que establece el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 15. Que el reglamento No.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en el artículo 35 del reglamento impugnado, permite que SETENA deje de controlar el proyecto en trámite, una vez que el desarrollador obtiene la viabilidad ambiental, dejando la responsabilidad en manos de terceros: Lo que indican los accionantes no es correcto, ya que la SETENA es el ente que fiscaliza el trabajo de los responsables ambientales, los cuales deben estar inscrito en el Registro de la SETENA, y deben velar por cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por un desarrollador de una actividad, obra o proyecto, los cuales tienen la obligación de informar oficialmente a la SETENA y a la autoridad ambiental los resultados del seguimiento y control conforme a lo establecido en este reglamento y demás normativa aplicable. Asimismo, el reglamento vigente de EIA, en su Artículo 51, contempla las inspecciones Ambientales de Cumplimiento y en su artículo 54, las inspecciones de cierre técnico, las cuales son realizadas por la Unidad de Inspecciones de SETENA cuando esta lo considere oportuno, para la comprobación de cumplimiento de las medidas ambientales, como parte de los procesos de fiscalización, además de los otros instrumento de seguimiento ambiental como lo son la bitácora ambiental y de los informes de regencia ambiental. Además de atender las denuncias ambientales que son presentadas por la ciudadanía. Estos procesos son descritos dentro del reglamento 43898, para lo cual se tiene la absoluta claridad del rol de la institución en los procesos de fiscalización, para lo cual si es de absoluta necesidad realizar las coordinaciones interinstitucionales para obtener los criterios técnicos requeridos desde los entes competentes en diferentes ramas, como es el caso de SINAC en materia forestal, de la Dirección de Geología y Minas en temas mineros o de la dirección de Aguas en lo que se refiere al aprovechamiento de agua, por ejemplo. 16. Sobre el alegato que se prescinde completamente de la obligación de remitir los EsIAS (Estudios de Impacto Ambiental) a otras autoridades relacionadas con los permisos constructivos: Lo primero que debe indicarse es que la SETENA en su página web publicará el listado de los Estudios de Impacto Ambiental, en cumplimiento del artículo 23 del D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Es, por lo tanto, lo establecido en esta decisión es consecuente con el artículo 35 del Decreto 31849, y que fue sustituido por el D.E. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC, el cual indicaba lo siguiente: “Artículo 35.-Copia del EsIA a otras autoridades. En aquellos casos en que se presente un EsIA, la SETENA deberá remitir copia del mismo y documentación pertinente, al Área de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, cuando se trate de actividades, obras o proyectos que afecten la vida silvestre, áreas protegidas, recursos forestales y recursos hídricos, y cuando lo considere necesario a la municipalidad o municipalidades del cantón o cantones donde este se localiza u otra autoridad competente, con el fin de que se pronuncien al respecto”. Es así, como la SETENA tomó la decisión de mantener la publicidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), para lo cual incluyó esta acción en el artículo 23 del D.E. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, sin embargo, esto no quiere decir que los demás proyectos nuevos que se tramiten bajo otro instrumento de evaluación, inclusive con otro tipo de formularios de evaluación ambiental, no sean de conocimiento y acceso público para otras autoridades relacionadas con los permisos constructivos y de la ciudadanía en general, esto por cuanto en la actualidad todos los proyectos que se someten al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un expediente administrativo, son trámites 100 % digitales, para lo cual la institución cuenta con una Plataforma Digital, la cual además tiene un componente que da acceso público a cualquier usuario, por lo que en cualquier momento un ciudadano sin importar donde resida, tiene acceso directo y libre para consultar digitalmente cualquier actividad, obra o proyecto tramitado bajo el Decreto No. 43898 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y que cuente con expediente en SETENA, cumpliendo así con lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, que indica que la información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter pública y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización. En conclusión, lo que hace el artículo 23 del D.E. 43898 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, es garantizar que los proyectos más impactantes y donde se deba tramitar un Estudio de impacto Ambiental, las instituciones relacionadas con los trámites para permisos de construcción, y los ciudadanos tengan un sitio diferenciado para que poder informarse y que de requerirlo así, ingresen a la Plataforma Digital para poder visualizar el expediente de forma íntegra, sin menoscabo a que la propia ciudadanía tenga el acceso para poder visualizar cualquier expediente que se tramite en la institución y dentro del cual puedan proceder a gestionar sus consultas, oposiciones o demás herramientas de participación ciudadana que la normativa les confiere. Por lo tanto, lo establecido en el D.E. 43898-MINAEMOPT-MAG-MEIC, no va en desmejora de lo contemplado en la norma derogada en su artículo 35 del Decreto 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, de acuerdo a los argumentos indicados en los párrafos anteriores. 17. Que el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en el artículo 41, dispone que distintos "usuarios" puedan aprovechar los recursos forestales de las áreas silvestres protegidas: Sobre este alegato ya se ha dejado claro que todos los expedientes tramitados bajo el decreto ejecutivo N° 43898 son 100% digitales y están a disposición para ser consultados por cualquier usuario, por lo que no es de recibo el indicar que no habría conocimiento sobre las AOP que se tramitan en la institución. Además, hay que tener en cuenta que en el año 2004 cuando entró en vigencia el decreto 31849 el medio más eficaz eran los medios de circulación escrita, siendo que no existían medio digitales para informar a la población sobre los estudios de impacto ambiental que se tramitaban, pero en la actualidad y con una amplia cobertura de los medios digitales y una disminución de los medios de información escrita y que han perdido cobertura a nivel nacional, se decidió que publicar digitalmente esta información a través del sitio oficial de la SETENA en la web, tenía un mayor alcance en la población, logrando que la ciudadanía pueda informarse y participar en los procesos de evaluación de impacto ambiental, y esto no solo de los proyectos que deben tramitar un Estudio de Impacto Ambiental, sino que la información de todos los expediente tramitados mediante el decreto 43898 están al alcance de la ciudadanía, lo que promueve una mayor trasparencia de los procesos. 18. En relación a que el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, no contiene el formulario D6 mencionado en los artículos 24, 25, 26 porque el anexo 7 donde este formulario D-6 debe aparecer, según lo señala el artículo 24, no fue incluido: Sobre este alegato, de que el formulario D6, no aparece el formulario en el anexo 7, es incorrecto, dicho formulario, así como los del cuadro de medias ambientales con sus indicadores para seguimiento ambiental, el contenido que deben poseer los estudios de Geotécnico, estudio arqueológico, estudio hidrogeológico, así como la guía visual para la presentación del diseño de sitio, se puede visualizar en el anexo mencionado, en el alcance N° 65 C a la Gaceta 67, del miércoles 19 de abril del 2023. Además, se puede ubicar en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). 19. Que el reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, tampoco aparece el anexo 9 con el formulario D-4 que se menciona en los artículos 36, 37, 38, 39, 41, 42: Sobre este alegato, de que el formulario D4, no aparece el formulario en el anexo 9, es incorrecto, dicho formulario, se puede visualizar en el anexo mencionado, en el alcance N° 65 C a la Gaceta 67, del miércoles 19 de abril del 2023. Además, se puede ubicar en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). 19. Con respecto a que el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC en el artículo 87, desgravó una omisión y considera falta leve no responder al requerimiento de información solicitados por la SETENA: Sobre este alegato, de que el Reglamento No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en el marco de constitucionalidad y de legalidad no autoriza a la SETENA a delegar total, ni parcialmente, las funciones que le son propias. Sin embargo, dispone que los proyectos, obras o actividades a los que les elimina el requisito del proceso de la Viabilidad Ambiental ante SETENA, les basta con el trámite que deberán cumplir en otras instituciones y acatar lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, y que la SETENA no tiene la potestad de delegar de dar órdenes a las municipalidades a través de un reglamento. Sobre esto, primeramente, es importante indicar que esto ya lo contemplaba el decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en su artículo 4. Finalmente, en cuanto a que la SETENA transfiera la obligación de tramitar los procesos de EIA a otras instituciones no es cierto, por cuanto lo que se indica la norma es que las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental, sin embargo, estarán sujetas a cumplir con todas las regulaciones ambientales vigentes en el país, y serán las Municipalidades las encargadas de solicitarles que cumplan con el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004. Así que lo que indica la norma es que a pesar de que no requieren EIA algunas AOP, el Estado por medio de otros entes tendrá la obligación de realizar según sus competencias los controles ambientales correspondientes, obligaciones además que no son nuevas. Con respecto al papel específico de las Municipalidades en el control ambiental de su territorio es importante establecer lo siguiente: “El papel de las municipalidades en materia ambiental. De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta dosis de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección ambiente. (…)”. (Sala Constitucional, Voto No. 18471-2008 de las 18 horas 29 minutos del 11 de diciembre del 2008). TERCERO. Conclusión: Que no existe violación al principio precautorio, de irretroactividad, intangibilidad de los actos propios, regulación de la conducta humana, procuración del mayor bienestar, desregulación, reserva de ley e in dubio pro natura, en el tanto el Reglamento se emitió con el fin de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea más eficaz y vaya dirigida a los proyectos que en efecto requieren de la implementación de medidas ambientales adicionales a las ya normadas para prevenir o compensar impactos, y en esa línea, que se les brinden mayores controles y un seguimiento más eficiente, de seguido se procede a explicar técnica y jurídicamente porqué esto es así de cara a cada alegato interpuesto. Que las condiciones técnicas sobre las cuales se emiten los reglamentos, tal como ya ha indicado esta honorable Sala, no son asunto de constitucionalidad. Que no se aprecia menoscabo del derecho ambiental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que este Tribunal deba corregir. Que los proyectos categoría C de bajo impacto no se sometían a una Evaluación de Impacto Ambiental para obtener una Viabilidad Ambiental, solamente obtenían un registro ante SETENA, así estaba normado mediante el Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), No. 41815-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, del 25 de junio del 2019. Que el Reglamento N° 43898 mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000m2 y el de hasta 999 m3 de movimiento de tierra, tal cual se reformó el DE 31849 mediante el decreto N° 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una EIA, solo obtenían un registro ambiental. Que el Decreto Ejecutivo N° 43898 no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente de un registro. Que no se cambia el umbral de las AOP de más 1000m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental. Que la SETENA mantiene en el Decreto vigente, lo establecido en el anterior lo establecido en el decreto anterior, el 31849-MINAE para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria. Que no se están dando responsabilidades en materia de Evaluación de Impacto Ambiental a otras entidades, lo que se hace es exonerar del Registro a algunas actividades ante la SETENA, pero se mantienen los controles ambientales por otras instituciones, siempre dentro de sus potestades legales.
  7. 8Mary Denisse Munive Angermüller, vicepresidenta de la República y ministra de Salud se apersonó con el objeto de contestar la audiencia conferida. Señala que la función principal de la SETENA es el proceso de evaluación ambiental, el cual se desarrolla dentro de un marco normativo cuyo objetivo es velar por el desarrollo del país, observando y cumpliendo con los principios de equilibrio ambiental y garantizando el desarrollo sostenible del país, el cual fue establecido por la Constitución Política en su artículo 50, (Ver artículos 17,83 y 86 de la Ley Orgánica del Ambiente). De esta manera la viabilidad ambiental es un procedimiento administrativo (científico-técnico) cuyo objetivo es predecir cuáles efectos tendrá una actividad, obra o proyecto sobre el medio ambiente con el fin de determinar los posibles impactos, facilitando el proceso de toma de decisiones con el fin de establecer un equilibrio aceptable entre el desarrollo de la actividad, obra o proyecto y la carga ambiental que el mismo representa.Se debe tener presente que la viabilidad ambiental que otorga la SETENA no es un acto final, sino que se trata de un proceso intermedio o prerrequisito del acto final, tal y como lo señala la resolución No. 22-2020-I del 28 de febrero del 2020, del Tribunal Contencioso Administrativo, en la que se cita la resolución No. 17-2012-IV y la resolución 39-2009, la cual indica que: “(…) La viabilidad ambiental forma parte de todo un procedimiento administrativo autorizatorio, en el cual el acto bajo estudio se configura como un prerrequisito del acto final…” Sobre este tema la Sala Constitucional mediante el voto No. 17792-2019 señaló lo siguiente: “VI. […] En criterio de esta Sala se debe hacer la siguiente distinción, respecto de las actividades excluidas, por un lado, las indicadas en el inciso 1) y, por otro lado, las excluidas en el resto de los incisos. Ello por cuanto los argumentos de los accionantes se dirigen particularmente a la impugnación del inciso 1).Encontrándose necesario realizar la siguiente aclaración, debido a lo indicado por la Procuraduría General de la República en su informe. Dicho inciso debe entenderse en concordancia con lo establecido en el párrafo primero de dicho artículo, es decir, se trata de actividades en operación de muy bajo impacto ambiental, que ciertamente no requieren –según la norma- tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pero que, sin embargo, estarán sujetas a otros controles ambientales –como la misma norma indica- tales como los establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía y otras con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre del 2004, publicado en La Gaceta 217 del 5 de noviembre del 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental.Así que la misma norma es la que establece que, aunque no requieran de un EIA ello no significa que queden excluidas de control ambiental. Nótese que los accionantes confunden la definición, no es que por el hecho de ser actividades en operación ello las haga de muy bajo impacto ambiental, sino que, el inciso no se refiere a cualquier tipo de actividad en operación, sino únicamente a aquellas actividades en operación definidas como de muy bajo impacto ambiental. Así entonces, en cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo 4 bis del Reglamento impugnado, se debe declarar sin lugar la acción en cuanto al inciso 1 de tal norma.” En resumen se tiene que los artículos del Decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, a los cuales hace referencia el recurrente, definen claramente los parámetros que se deben aplicar para determinar cuáles actividades, obras o proyectos requieren realizar el trámite de Evaluación Ambiental ante la SETENA, de manera tal que las actividades que no deben realizar ese trámite son todas aquellas que se encuentran en operación y que son de muy bajo impacto ambiental, pero que, sin embargo, están sujetas a otros controles ambientales, establecidos por las Municipalidades, Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Energía, por lo que aunque no requieren de un EIA no quiere decir que se encuentren excluidas del control ambiental.De esta manera se concluye que no lleva razón el recurrente ya que los artículos señalados no son contrarios a lo indicado en el artículo 50 de la Constitución Política, a la Convención de los Derechos Humanos y al derecho de que tiene la población de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sobre el principio de no regresividad indica que el Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC fue creado con el fin de cumplir con la obligación de eficiencia que ordena la Ley de Biodiversidad, por lo que busca adaptar jurídica y técnicamente los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental a la realidad actual, que tanto a nivel nacional como internacional ha tenido cambios evolutivos importantes, con nuevas políticas y tecnologías que obligan a adaptar las variables ambientales y la fiscalización y el seguimiento a dichos cambios; buscando que a la vez que aplique la Evaluación de forma correcta además se tome en consideración la obligación Estatal de facilitar los trámites para el administrado sin desproteger jurídicamente el capital natural del país (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220 y sus reformas).Sobre este tema la Sala Constitucional mediante el voto N° 13367-2012 del 21 de diciembre del 2012 establece que; “(…) no puede entenderse en términos absolutos. La disminución de un determinado nivel de tutela es posible si hay sustento técnico y científico que garantice que no se produce una desprotección relevante del ambiente, y siempre y cuando se satisfagan los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que esta Sala ha definido en su jurisprudencia. Ahora bien, lo primero que hay que determinar es si una determinada modificación normativa disminuye el nivel de tutela. En este sentido, hay que tener presente que no toda modificación de la normativa ambiental que formalmente se presente como una disminución del nivel de tutela debe tenerse como violatoria del principio de no regresión en materia ambiental. (…) Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección.” Asimismo, el voto 5994-2017 del 26 de abril del 2017 señala: “(…) Antes de examinar cada uno de los argumentos de los accionantes, resulta necesario recordar la relevancia de los Estudios de Impacto Ambiental, y determinar, para este caso concreto de análisis, los alcances del principio de no regresión en materia ambiental, a efectos de concluir que no toda modificación de la normativa ambiental –como parece lo insinúan los accionantes- debe tenerse como violatoria de tal principio. Partiendo del reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, receptado en el artículo cincuenta de la Constitución Política y el principio número quince de la Declaración de Río, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, tal como lo ha examinado esta Sala en jurisprudencia anterior (véase la resolución número 2014-004243), se ha reconocido igualmente el denominado «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños de imposible o difícil reparación.De lo anterior resulta que la administración debe contar con una certeza de carácter negativo de que no se afectará el ambiente bajo ningún supuesto, de donde resulta que, ante la duda del acaecimiento de un riesgo, la administración tiene la obligación de no autorizar o efectuar actuaciones, o cesar de inmediato, la actividad administrativa que causa el peligro. En otras palabras, si carece de certeza científica sobre la inocuidad de la actividad, la administración debe abstenerse de realizar actividades con impacto ambiental negativo; ante la incertidumbre científica sobre la inocuidad o bondad de las actuaciones, la administración está impedida para otorgar autorizaciones o realizar actos propios que originen situaciones de riesgo ambiental. En este sentido, la realización de Estudios de Impacto Ambiental se erige en un principio que debe ser debidamente observado y aplicado, al punto que de manera paulatina y progresiva como corresponde en el ámbito de los derechos humanos- la misma legislación y la propia jurisprudencia de esta Sala, ha perfilado la importancia y necesidad de contar con este tipo de evaluaciones debidamente realizadas de manera previa a la realización de determinado tipo de obras.Ahora bien, en cuanto al principio de progresividad, que es alegado por los accionantes, en todas sus argumentaciones (…)” De ahí que se pueda concluir que, no cualquier modificación de la normativa ambiental implica necesariamente una disminución de protección del derecho al ambiente. Ello debe sustentarse. De igual forma, no toda modificación, que no sea lo suficientemente amplia, debe interpretarse como una inconstitucionalidad por omisión. Lo deseable no torna en inconstitucional a la norma que no se acerque a ello. En efecto, todas las normas jurídicas son perfectibles, pero el que se acerquen o alejen de un criterio de perfecto o deseable no las hace inconstitucionales. Por lo tanto estima que no lleva razón el recurrente, ya que los artículos impugnados del decreto N° 43898-MINAE-S-MIOPT-MAG-MEIC no implican una disminución del nivel de tutela, por cuanto los llamados proyectos de bajo impacto ambiental se encuentran sujetos a los lineamientos básicos impuestos por otras instituciones (Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Ambiente y Energía), de manera tal que los trámites que se realizan en SETENA no generan un valor agregado en cuanto a las medidas ambientales y los instrumentos de control y seguimiento ambiental.Por lo tanto, se debe tener claro que las medidas ambientales para ese tipo de proyectos ya están normadas y la SETENA no solicitaría ninguna medida adicional, generando un posible traslape de funciones entre instituciones que al final culminaría con un problema de inseguridad jurídica para el administrado y para la población en general. Sobre la omisión de consulta, expresa que conforme a la información que se tienen en los archivos de la SETENA, esta reforma cumplió con todo el proceso oficial de consulta pública a través del Sistema de Control Previo (SICOPRE), del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), según el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227, la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220 y normativa concordante, proceso sobre el cual puede consultar en dicho sistema, mediante el formulario número N° 2452.Mas de 20 entidades participaron en el proceso de consulta pública, se recibieron aproximadamente 172 observaciones, de las cuales SETENA hizo el análisis técnico y legal, y acogió el 34%, un 15% parcialmente y un 51% no se acogió de las observaciones presentadas. Se debe indicar que el recurrente, Señor [Nombre 002], realizó las consultas respectivas con relación al decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, a las cuales SETENA les dio respuesta mediante el oficio SETENA-SG-0404-2023 del día 9 de mayo del 2023. Respecto a la falta de planes reguladores en muchos cantones, se debe tener presente que el tema de Evaluación Ambiental Estratégica es normado en el Decreto N° 32967, el cual se encuentra vigente. Además, es responsabilidad de las Municipalidades contar con planes reguladores y con la variable ambiental incorporada. Con respecto al alegato de que no se tomó en cuentan que el 50% de los cantones de país adolece de Planes reguladores y solo 6 tienen conocimiento de su fragilidad ambiental, se debe indicar que no lleva razón el recurrente, porque las condicionantes ambientales como por ejemplo cauces de dominio público, humedales, coberturas boscosas, amenazas naturales, entre otros, se pueden verificar mediante visores geoespaciales que permiten identificar elementos y condiciones geo-ambientales especiales del sitio específico donde se pretende desarrollar el proyecto, así como también de su entorno ambiental y aspectos de vulnerabilidad.El uso de los visores oficiales geoespaciales y de las capas de las distintas entidades públicas del país, tales como: Dirección de Aguas, Dirección de Geología y Minas, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, Municipalidades (las que cuenten con los mismos) y de muchas otras, pueden ser consultadas tanto por la ciudadanía en general como por las demás entidades públicas del país y son plataformas de índole pública. En relación con el debilitamiento de los EIA, no lleva razón el recurrente por cuanto el decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC mantiene los estudios de línea base para la EIA, ya contemplados en la norma anterior, estudios de suelos (Geotecnia), estudio de Hidrología, Geología, Hidrogeología, Amenazas Naturales, Arqueología, Biología, Socioeconómicos, estudios de capacidad de uso de la tierra y se contempla el riesgo antrópico. Además, se mantiene el formulario D1 y los instrumentos de evaluación de impacto ambiental (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, el Pronóstico Plan de Gestión Ambiental (PPGA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)), fortaleciendo la línea base de la EIA, en cuanto al contenido técnico y legal los estudios de línea base y los instrumentos de EIA, y estableciendo, para todos los formularios e instrumentos de evaluación ambiental, que se cuente con medidas de control ambiental, con indicadores de 8 seguimiento y monitoreo ambiental, definiendo su frecuencia, la metodología, punto de medición o aplicación y el tipo de indicador, para que todas las actividades, obras y proyectos estén sujetas al seguimiento y fiscalización de la SETENA.La potestad sancionatoria y la sanciones que puede establecer la SETENA, están legalmente establecidas en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. No lleva razón el recurrente por cuanto los artículos impugnados lejos de procurar desregularizar la normativa, se apegan a lo establecido en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, estableciendo una clasificación de conductas u omisiones que le permiten a SETENA contar con un parámetro para ejercer la potestad sancionatoria en condiciones coincidentes para casos similares, cumpliendo de esta manera con el principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el principio In dubio Pro-Natura. En la actualidad todos los proyectos que se someten al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un expediente administrativo, son trámites 100 % digitales, para lo cual la institución cuenta con una Plataforma Digital, la cual además tiene un componente que da acceso público a cualquier usuario, por lo que en cualquier momento un ciudadano sin importar donde resida, tiene acceso directo y libre para consultar digitalmente cualquier actividad, obra o proyecto tramitado bajo el Decreto No. 43898 MINAE-S-MOPT-MAGMEIC y que cuente con expediente en SETENA, cumpliendo así con lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, que indica que la información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter pública y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización.Esta condición implica que actualmente no es necesario que el desarrollador del proyecto remita un EsIA a otras autoridades relacionadas con los permisos, por cuanto cualquier persona o institución puede consultar los expedientes que está analizando SETENA. Pide declarar sin lugar la acción, al evidenciarse la necesidad de homologar la normativa existente en esta materia, siendo que Costa Rica acarrea un retroceso de varios años, en los que no ha sido posible registrar oportunamente productos de interés fitosanitario que ya fueron evaluados previamente por una autoridad que cumple con los mismos estándares fitosanitarios, sanitarios y ambientales que los nuestros o inclusive pueden ser autoridades más estrictas que la nuestra, estando el promedio actual en Costa Rica para registrar las nuevas moléculas de más de 10 años, mientras que, en países altamente desarrollados como son los Estados Unidos de América y los integrantes de la Unión Europea, donde se hacen evaluaciones muy exhaustivas e integrales en cuanto a la seguridad de las moléculas para la salud y el ambiente, el lapso promedio para registrar las nuevas moléculas es de 3 años, de mantenerse la situación actual en el país, no sólo se seguirá privando a los agricultores de las más de 50 nuevas moléculas innovadoras, sean estas protegidas o por patentes o ya post patentes, existentes hoy día en el mercado mundial, sino que además el rezago será cada vez más grande, con su consecuente pérdida en competitividad comercial, social y ambiental respecto al resto del mundo.De esta manera se concluye que no lleva razón el recurrente ya que los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, recurridos no son contrarios a lo indicado en el artículo 50 de la Constitución Política, a la Convención de los Derechos Humanos y al derecho de que tiene la población de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siendo que en el Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MIOPT-MAG-MEIC fue creado con el fin de cumplir con la obligación de eficiencia que ordena la Ley de Biodiversidad, por lo que busca adaptar jurídica y técnicamente los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental a la realidad actual, que tanto a nivel nacional como internacional ha tenido cambios evolutivos importantes, con nuevas políticas y tecnologías que obligan a adaptar las variables ambientales y la fiscalización y el seguimiento a dichos cambios, siendo pertinentes los artículos de cita en la aplicación del principio precautorio pro natura de ser necesario y las medidas ambientales para ese tipo de proyectos, mismos que están normadas y la SETENA no solicitaría ninguna medida adicional, generando un posible traslape de funciones entre instituciones que al final culminaría con un problema de inseguridad jurídica para el administrado y para la población en general.Contando con la formalidad requerida su publicación conforme a la información que se tienen en los archivos de la SETENA, esta reforma cumplió con todo el proceso oficial de consulta pública a través del Sistema de Control Previo (SICOPRE), del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), según el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227, la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220 y normativa concordante, proceso sobre el cual puede consultar en dicho sistema, mediante el formulario número N° 2452. Mas de 20 entidades participaron en el proceso de consulta pública, se recibieron aproximadamente 172 observaciones, de las cuales SETENA hizo el análisis técnico y legal, y acogió el 34%, un 15% parcialmente y un 51% no se acogió de las observaciones presentadas. 13 Recordando que la evaluación ambiental estratégica es normada en el Decreto N° 32967, el cual se encuentra vigente.Además, es responsabilidad de las Municipalidades contar con planes reguladores y con la variable ambiental incorporada. Siendo que los artículos impugnados lejos de procurar desregularizar la normativa se apegan a lo establecido en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, estableciendo una clasificación de conductas u omisiones que le permiten a SETENA contar con un parámetro para ejercer la potestad sancionatoria en condiciones coincidentes para casos similares, cumpliendo de esta manera con el principio de derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el principio in dubio pro natura.
  8. 9Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del ordinal 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en las ediciones números 209, 210 y 211 del Boletín Judicial de los días 10, 13 y 14 de noviembre de 2023, respectivamente.
  9. 10Ulises Gerardo Alvarez Acosta, secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se apersonó el 28 de noviembre del 2023 y solicita se le tenga como coadyuvante. Al efecto manifiesta que SETENA es un ente con desconcentración máxima e independencia técnica del MINAE, según artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente. La función principal de esta Secretaría es el proceso de Evaluación Ambiental dentro de un marco normativo, dirigido a velar por el desarrollo económico del país que observe y cumpla con los principios de equilibrio ambiental y con ello cumplir con el desarrollo sostenible que impone la Constitución Política en el numeral 50. Así las cosas, se realiza un estudio técnico y jurídico detallado del proyecto, obra o actividad propuesto ante la Secretaría, antes de su construcción u operación, de ahí el carácter predictivo de la Licencia Ambiental, y el fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de prevención, mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un menoscabo de imposible reparación al ambiente.La Viabilidad (Licencia) Ambiental es un acto intermedio, que establece que un proyecto es o no viable ambientalmente, y que vela porque se cumpla con las medidas ambientales necesarias para el desarrollo sostenible del país. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones y la condición de equilibrio aceptable, entre un desarrollo o actividad y la carga ambiental que el mismo representa, el cual deviene en un acto administrativo que aprueba de forma inicial todo el procedimiento de evaluación de los impactos ambientales que genera una actividad específica. La Sala Constitucional ha establecido en varias ocasiones que la Viabilidad Ambiental es un acto de trámite sin efectos propios (ver la resolución No. 22-2020-I del 28 de febrero del 2020, en la que se menciona y cita concretamente la resolución No. 17- 2012-IV, en la que a su vez se cita la resolución No. 39-2009).Señala el representante de la institución que es importante recordar que la competencia en materia ambiental está compartida dentro de las funciones de todo el Estado costarricense y sus diversas instituciones públicas, como parte de los principios constitucionales, normas del derecho internacional, leyes y reglamentos, principios de corte ambiental, etc. Conviene recalcar que más allá de las normas propias de la SETENA que regulan la Evaluación de Impacto Ambiental, hay otras instituciones que cuentan con las herramientas jurídicas para el control ambiental base, dirigidas a la protección ambiental de cara al desarrollo y que son de acatamiento obligatorio; sin omitir que, además, están dentro del marco normativo de instancias que sí se encargan de brindar permisos finales. Esto fue reconocido por este Tribunal Constitucional mediante el voto No. 17792-2019, en el cual indicó, citando la sentencia número 2017-5994, de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017, que se inclinaba por avalar la constitucionalidad de lo regulado con respecto a proyectos de muy bajo impacto ambiental lo cual dejó claramente plasmado en la sentencia referida.En relación con la violación al principio de no regresión ambiental señalado por los accionantes como lesionado, este establece que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implica un retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, y que es por demás reconocido por la Sala, se ha tenido claro que tampoco implica que sea entendido en términos absolutos, lo que la misma Sala lo reconoció, por ejemplo, en el voto No. 13367- 2012 del 21 de diciembre del año 2012. En ese sentido, lo primero que hay que determinar es si una determinada modificación normativa disminuye el nivel de tutela. En esta línea, hay que tener presente que no toda modificación de la normativa ambiental que formalmente se presente como una disminución del nivel de tutela debe tenerse como violatoria del principio de no regresión en materia ambiental. (…) Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. (ver en ese sentido el voto 5994-2017 del 26 de abril del 2017). En concordancia con lo anterior, el Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-SMIOPT-MAGMEIC fue creado con el fin de cumplir con la obligación de eficiencia que ordena la Ley de Biodiversidad, dado que esta nueva normativa busca adaptar jurídica y técnicamente los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental a la realidad actual. En esta línea es que para los llamados proyectos de bajo impacto ambiental o Registros Ambientales se determinó que, en vista de que por parte de la SETENA no se genera un valor adicional en cuanto a medidas ambientales, estudios técnicos, ni instrumentos de control y seguimiento ambiental, si no que se aplican las medidas base o normativas que otras instituciones e instancias imponen, se consideró que para el cumplimento de dicha normativa no era necesario registrarlos en la SETENA.Esto debido a que, su por su baja significancia ambiental y porque las medidas ambientales ya están normadas, solamente se les aplican las medidas ambientales dispuestas en otras normas. La Sala Constitucional, en la resolución número 2017-5994, de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017, indicó: (…) “La determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, bajo el criterio general de que las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria”. A esos proyectos de bajo impacto se les solicita cumplir con el Código de Buenas Prácticas Ambientales y con la norma que les sea aplicable, según el tipo de proyecto que fiscaliza algún otro ente. Para el caso de incumplimientos están las Fiscalías Ambientales, el Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Ambiental Administrativo o el Ministerio de Salud como entes fiscalizadores que pueden ordenar alguna sanción o medida al administrado que incumplió; y esas normas que les aplican son suficientes para su control y fiscalización ambiental.Es por ello que para la emisión del nuevo Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental se valoraron estos aspectos, y se enfocaron los esfuerzos de manera eficiente y eficaz, en relación a las actividades, obras o proyectos que por sus características, y mayor impacto ambiental sí requieren la aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental y, por lo tanto, de un seguimiento ambiental por parte de la SETENA y la toma de medidas ambientales adicionales y de la fiscalización del cumplimiento de las mismas desde la Secretaría. En esta línea se determinó que es necesario que la Evaluación de Impacto Ambiental se enfoque más en aquellos proyectos donde la combinación de las condiciones de fragilidad ambiental de las áreas en donde que desee desarrollar y según su magnitud se establezcan las medidas ambientales adicionales y compromisos ambientales necesarios y se asegure un seguimiento eficiente de las mismas para mitigar impactos ambientales negativos significativos.Esto se logra dando énfasis a la fiscalización y seguimiento ambiental, inspecciones de campo y revisión de responsabilidades de los responsables ambientales, con el fin de encaminar los esfuerzos institucionales en fiscalizar los proyectos de mayor impacto, ya que los de bajo impacto ambiental, si insiste, están cubiertos por la normativa y competencias de otras instancias administrativas y judiciales. Así, se demuestra que no existe violación al principio de no regresión ambiental porque, en efecto, hay otras normas que le aplican a esos proyectos que sí tienen injerencia, así como las instancias tanto administrativas como judiciales a las cuales acudir en caso de incumplimiento de esas normas Principios precautorio, de irretroactividad, intangibilidad de los actos propios, regulación de la conducta humana, procuración del mayor bienestar, desregulación, reserva de ley e in dubio pro natura.El Reglamento se emitió con el fin de que la Evaluación de Impacto Ambiental sea más eficaz y regule los proyectos que en efecto requieren de la implementación de medidas ambientales adicionales a las ya normadas para prevenir o compensar impactos, y en esa línea, que se les brinden mayores controles y un seguimiento más eficiente. Los accionantes como primer punto, alegan que el artículo 3 del decreto 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC violenta el principio de no regresividad y que ello abre la posibilidad de que se presenten daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora la calidad de vida, porque según indican, se excluyen actividades que en el reglamento anterior requerían de viabilidad ambiental y baja los topes máximos para clasificar de bajo, medio o alto impacto. Así mismo indica que la SETENA no tiene la potestad legal de dar órdenes a las municipalidades a través de un reglamento, pues son entes autónomos por disposición constitucional y legal (en el Código Municipal).Con respecto a lo indicado por los accionantes, se indica lo siguiente: 1. Los proyectos categoría C de bajo impacto no se sometían a una Evaluación de Impacto Ambiental para obtener una Viabilidad Ambiental. Solamente obtenían un registro ante SETENA, de conformidad con lo dispuesto en la Reforma al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), N° 41815-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, del 25 de junio del 2019. 2. El decreto Nº 43898, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000m2 y el de hasta 999 m3 de movimiento de tierra, tal cual reformó el DE- 31849 mediante el decreto N° 37803-MINAE-S-MOPTMAGMEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una EIA, sino que solo obtenían un registro ambiental. 3. El DE 43898 no elevó los umbrales y no está desregularizando varias clasificaciones. Previamente, ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente de un registro. 4.Tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental. 5. Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el 31849-MINAE, que para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento. Estas si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria de la SETENA. 6. No se está dando responsabilidades en materia de EIA a otras entidades; lo que se hace es exonerar de EIA algunas actividades pero que estas mantengan controles ambientales por otras instituciones, siempre dentro de sus potestades legales. 7. No baja los topes máximos para clasificar las actividades en bajo, medio o alto impacto, tal como se puede observar en el Decreto Ejecutivo Nº 43898, en su artículo Por otra parte, debe considerarse que la Contraloría General de la República en su estudio N° 04-PFA “Fiscalización sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del 2000”, concluyó que SETENA “...no está siendo eficiente y efectiva en la gestión que realiza en los procesos de evaluación ambiental preliminar, monitoreo y seguimiento, por cuanto está distrayendo sus recursos en la valoración de muchos proyectos con escaso impacto ambiental...”.Partiendo de este informe, el Poder Ejecutivo inició un proceso de análisis con el fin de filtrar la cantidad de proyectos que ingresaban a la SETENA, a fin de priorizar aquellos que sí representaban un riesgo mayor al ambiente. Este proceso de priorización de los procesos de EIA, fue ratificada por la misma Sala Constitucional en el voto N° 01220-2002: “No se quiere decir con ello, que no pueda el Poder Ejecutivo, vía reglamentaria, determinar con fundamento en estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto no requiera los estudios de impacto ambiental, pero ello supone que tal definición esté debidamente motivada y justificada…”. La ley que crea la evaluación de impacto ambiental deja claro que serán las leyes y los reglamentos las que indiquen cuales actividades, obras o proyectos deben requerir del proceso de EIA. Por tanto, el artículo 3 del Decreto N° 43898 no es inconstitucional, por ser esta norma un mecanismo previsto en la ley para determinar que debe ser tramitado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.Adicionalmente, la Sala Constitucional, en la resolución n° 05994–2017, del 26 de abril de 2017, analizó la potestad del Poder Ejecutivo para determinar qué actividades, obras o proyectos (AOP) requieren tramitar una Evaluación de Impacto Ambiental y declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta al efecto. En cuanto a la exclusión de AOP de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según el inciso 4 del artículo 3 del D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, se debe aclarar que ya desde el año 2008, la Comisión Plenaria de SETENA, mediante acuerdos y resoluciones (Resoluciones No. 583-2008, 2376- 2016, 1909-2017, 1462-2018) ha establecido las actividades de muy bajo impacto ambiental, que no requieren someterse a la EIA. Lo que hace el decreto No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mediante su Anexo 2, es regularizar vía decreto las actividades que vía resolución administrativa ya se habían definido que no requerían someterse a la EIA, por ser actividades de muy bajo impacto ambiental y, además, que ya vía normativa están ampliamente reguladas y controladas por otras instituciones que si bien no tienen la función de realizar la EIA si poseen la obligación de realizar los controles ambientales como parte de sus competencias.Los accionantes como segundo punto manifiestan que el Decreto No. 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, en su creación, no fue debidamente consultado. Al efecto, manifiesta el Secretario de la SETENA, que más de 20 entidades participaron en el proceso de consulta pública. Se recibieron aproximadamente 172 observaciones, de las cuales SETENA hizo el análisis técnico y legal, y acogió el 34%, un 15% parcialmente y un 51% no se acogió de las observaciones presentadas. En tercer lugar, los accionantes indican que el reglamento 43898 no toma en cuenta que aproximadamente el 50% de los cantones del país adolecen de planes reguladores y solo 6 tienen conocimiento de las áreas de su fragilidad ambiental. En relación con este alegato, el representante de SETENA afirma que no es correcto. Existe la posibilidad de utilizar visores oficiales geoespaciales y de las capas de las distintas entidades públicas del país, tales como: Dirección de Aguas, Dirección de Geología y Minas, MINAE, SINAC, CNE, SENARA, Municipalidades (las que cuenten con los mismos).La información y datos geoespaciales utilizados por la SETENA para llevar a cabo su proceso de verificación geoespacial de los expedientes de AOP, provienen de todas estas fuentes y plataformas de índole pública, Por lo tanto, el alegato planteado por los accionantes en cuanto que si no hay un Plan Regulador Aprobado no se tiene conocimiento de la condicionantes ambientales para los diferentes cantones de país, no es correcto porque, como ya se detalló, se cuenta con información oficial, actualizada, disponible, libre y gratuita, para la toma de decisiones de todas las instituciones y del país. Esta información es utilizada por las Municipalidades para la elaboración de los Planes Reguladores, y para la obtención de la Variable Ambiental de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 32967. Por otra parte, el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en su artículo 98, mantiene las Áreas Ambientalmente Frágiles, y por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales: a) aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen especial de uso (marco jurídico y técnico definido); b) los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para su uso.Finalmente, afirma que SETENA no transfiere la obligación de tramitar los procesos de EIA a otras instituciones, por cuanto lo que indica la norma es que las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, indicados en este artículo, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán sujetas a los controles ambientales establecidos, entre otras instituciones, por las Municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), etc . Como un cuarto alegato, se indica que el contenido del decreto No. 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC presenta una desregulación generalizada. Los artículos 3, 9, 32, 39 y 47 eliminan en algunos casos la obligación de pasar por EIA (estudios de impacto ambiental) lo que violenta el principio de no regresividad. Las regresiones pueden llegar a producir, como consecuencia, daños ambientales irreversibles o de difícil reparación.Lo que hace el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mediante su Anexo 2, es regularizar vía decreto las actividades que vía resolución administrativa ya se habían definido que no requerían someterse a la EIA, por ser actividades de muy bajo impacto ambiental y que, además, están ampliamente reguladas y controladas por otras instituciones que tienen la obligación de realizar los controles ambientales como parte de sus competencias Los accionantes indican que el reglamento vigente, favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña. Sin embargo, está afirmación no es correcta. Las actividades agrícolas no están excluidas de la EIA y forman parte de la lista de actividades que requieren someterse a esta (Anexo 1, decreto 43898), al igual que lo disponía el reglamento anterior (Decreto 31849-MINAE).Las actividades agrícolas que no requieren someterse a la EIA, son las que han realizado actividad previa sobre el predio, basados en que la EIA es predictiva. Para las actividades existentes o que se encuentren en operación, podrán obtener un permiso ambiental mediante la presentación a SETENA de un Estudio de Diagnóstico Ambiental, (EDA) de acuerdo con lo establecido en el decreto vigente No. 42837-MINAE. En cuanto lo indicado por los accionantes que el artículo 3 referido reduce los umbrales de las áreas constructivas, y que, en la normativa anterior, la No. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el techo era de 500 metros cuadrados y, en esta normativa, la No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, es de 1.000, tal afirmación no es correcta por lo siguiente: • El decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000 m2, tal cual reformó el DE no. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC mediante el decreto no. 37803- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una Evaluación de Impacto Ambiental, solo obtenían un registro ambiental. • El D.E.No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones. Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente se exigía un registro. • Tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000 m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental. • Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el DE n°. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC: los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500 m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil, definida en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria. Los accionantes indican que el artículo 9 del presente reglamento, elimina en algunos casos la obligación de pasar por estudios de impacto ambiental lo que violenta el principio de no regresividad.El representante de SETENA indica que esto no es cierto. Este artículo lo que establece es la calificación ambiental final a través de la Significancia de Impacto Ambiental (SIA) para precisar el Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual puede ser una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA), un Pronóstico Plan de Gestión Ambiental (PPGA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto no varía con respecto a cómo se hacía mediante el decreto ejecutivo anterior 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, artículo 19. Los accionantes indican que el artículo 32 del presente reglamento de EIA, eliminan algunos supuestos la obligación de pasar por EIA (estudios de impacto ambiental) lo que violenta el principio de no regresividad. El artículo 32 lo que hace referencia es a aquellas actividades de bajo impacto que, si requieren de VLA, cuando sean actividades que se encuentren contempladas en el Anexo 1 y que se ubiquen en las áreas ambientalmente frágiles definidas en el artículo 98.Acá debe indicarse que la SETENA a pesar de que existen AOP de bajo impacto que en principio no requieren de EIA, ha determinado que existen excepciones a la regla, con el fin de regular aquellas AOP que por encontrase en área frágiles si requieren un proceso de EIA, siendo que acá entrarían todas las AOP mayores a 500 m2 y señalando además que aquellas que no requieran la EIA estarán sujetas a cumplir con todas las regulaciones ambientales vigentes en el país, y serán las Municipalidades las encargadas de solicitarles que cumplan con el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004. Los accionantes indican que el artículo 39 del presente reglamento de EIA, elimina en algunos casos la obligación de pasar por EIA la corta de árboles de 30 metros cúbicos y la extracción de otros de las silvestres protegidas, sin que se requiera ya el trámite establecido en el reglamento 31849.Esto violentaría el principio de no regresividad. Sobre este artículo lo primero que se debe aclarar es que la SETENA no otorga los permisos de aprovechamiento forestal. Esta es una competencia exclusiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que debe continuar observando la normativa en esta materia para aprobar los permisos de aprovechamiento forestal que se presenten como trámite por parte de la ciudadanía. El artículo no abre la posibilidad a aprovechamientos contrarios a la normativa existente en materia forestal, por cuanto deja claro que el trámite es posible siempre y cuando no exista una prohibición expresa para ello. Es evidente que no se está pretendiendo desregularizar la normativa existente y que decretos como el 25700-MINAE continúan vigentes y siendo de acatamiento por parte de las entidades y de los usuarios en general. Además, sobre algunas actividades que no requieren EIA, como lo son el caso del aprovechamiento de 10 árboles caídos, se debe aclarar que esta decisión es consecuente con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 40477-MINAE, Regulaciones para el aprovechamiento y extracción de madera de árboles caídos naturalmente en bosques privados, artículo 1.Los artículos 4, 5 y 6, establecen los requisitos para esta actividad, entre los que no está la viabilidad ambiental. Del texto del artículo 39 se puede concluir, que no es cierto que exista desregularización ni regresión, porque ya existe normativa específica que regula esta actividad. Es importante indicarle a la Sala que desde el año 2004 mediante el decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que era la norma específica en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el aprovechamiento maderable de sistemas agroforestales, plantaciones forestales y aprovechamientos en terrenos de uso agropecuario se encuentran exentas de tramitar la viabilidad ambiental Los accionantes indican que el artículo 47 del presente reglamento de EIA, eliminan la obligación de pasar por estudios de impacto ambiental para algunos supuestos, lo que violenta el principio de no regresividad. El artículo 47 establece la obligatoriedad institucional de reconocer como un único proyecto la unión de proyectos de tamaño inferior a mil metros que no requieren de EIA si son construidos en una misma propiedad, propiciando la fragmentación o fraccionamiento ilícitos de megaproyectos en mini proyectos, con el fin de evadir los estudios, los controles y regulaciones que podría tener un proyecto mayor.Lo anterior es incorrecto. Este artículo lo que plantea es la unificación de viabilidades ambientales, con el objetivo evitar el fraccionamiento de proyectos, y así cumplir con lo indicado en el artículo 94 de Ley de Biodiversidad N° 7788. Además, para estos casos, el control, seguimiento y fiscalización ambiental, prevalece el instrumento de mayor rigurosidad, y quedan sujetos al cumplimiento de toda la normativa ambiental y la tramitación de los respectivos permisos de los cambios realizados ante las instituciones competentes, como lo sería el respectivo municipio, por ejemplo. Con la implementación del decreto N° 43898, no cambia esta regularización expresa de la Ley de Biodiversidad N° 7788, por cuanto la norma es clara sobre que los proyectos no pueden ser fraccionados para evitar el proceso de EIA. En ese sentido, si desde un inicio SETENA detecta que como parte de la tramitación de un proyecto nuevo, existe un posible fraccionamiento, tiene el deber de sancionar el proyecto y ordenar que la evaluación se realice de forma integral, no observando dentro del decreto N° 43898 que exista un procedimiento para no cumplir lo que indica la ley de Biodiversidad N° 7788.Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC evade totalmente la responsabilidad que SETENA tenía en el reglamento anterior sobre el tema vial (reglamento 31849, artículo 9, punto 12). Lo anterior es incorrecto. El reglamento N°43898, no evade ningún tipo de competencia con respeto a la EIA para todos los componentes de la misma, de acuerdo con las funciones asignadas en la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554. Lo que hace es ordenar la presentación de permisos de acuerdo con los momentos de los procesos de trámites para la formalización de actividades, obras y proyectos, y las competencias y funciones, según la Ley n° 8220, sin desproteger el ambiente y cumpliendo con lo establecido en el artículo 50 constitucional, contemplando el análisis del componente vial como parte de la EIA, no de un permiso que otorga y le corresponde a otra institución. SETENA se encuentra facultada para solicitar los estudios y documentos que estime pertinentes para determinar la viabilidad ambiental del proyecto.La determinación de estos debe ser establecida por la propia entidad, aunque lógicamente debe advertirse que las decisiones que adopte deben ser motivadas, razonables y se encuentran sujetas al control jurisdiccional, y lo anterior se fundamenta en el Dictamen 319-2009 de la PGR. Además, todo proyecto constructivo con frente a una ruta nacional, que tenga espacios de estacionamiento vehicular, debe contar con una autorización por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) (artículo 19 de la Ley N° 5060, "Ley General de Caminos Públicos). Por lo tanto, el reglamento N°43898, no evade ningún tipo de competencia con respeto a la EIA para todos los componentes de la misma, de acuerdo con las funciones asignadas en la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, lo que hace es ordenar la presentación de permisos de acuerdo a los momentos de los procesos de trámites para la formalización de actividades, obras y proyectos, y las competencias y funciones, de acuerdo con la Ley 8220, sin desproteger el ambiente y cumpliendo con lo establecido en el artículo 50 constitucional, contemplando el análisis del componente vial como parte de la EIA, no de un permiso que otorga y le corresponde a otra institución.Asimismo, la SETENA se encuentra facultada para solicitar los estudios y documentos que estime pertinentes para determinar la viabilidad ambiental del proyecto. La determinación de los mismos debe ser establecida por la propia entidad, aunque lógicamente debe advertirse que las decisiones que adopte deben ser motivadas, razonables y se encuentran sujetas al control jurisdiccional, y lo anterior se fundamenta en lo siguiente: Dictamen 319-2009 de la PGR Además, todo proyecto constructivo con frente a una ruta nacional, que tenga espacios de estacionamiento vehicular, debe contar con una autorización por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Por lo antes descrito, para poder obtener ese visto bueno o autorización del acceso vehicular a Rutas Nacionales del proyecto a desarrollar, uno de los requisitos indispensables que debe presentar el desarrollador es el análisis vial del proyecto, el cual debe incluir las condiciones viales, actuales y proyectadas, en el entorno del desarrollo, pero que no son de competencia de la SETENA aprobar.Es importante destacar que la elaboración de un estudio de impacto vial y de seguridad vial, no es exclusiva para justificar un acceso vehicular a determinada ruta. Los parámetros y alcances de la presente Guía son aplicables para determinar el impacto en el tránsito vehicular provocado por la construcción de cualquier proyecto que genere atracción de vehículos o peatones. Teniendo claro dicho impacto, se podrán establecer medidas de mitigación para mejorar la vialidad y la seguridad de los usuarios de las vías públicas. Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, que el artículo 3 referido reduce los umbrales de las áreas constructivas. En la normativa anterior, la No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el techo era de 500 metros cuadrados y, en esta normativa, la No. 43898-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, es de 1.000 m2. Por debajo de ese límite, los desarrolladores no tienen que pasar por los EIA (estudios de impacto ambiental).Reduce al mínimo los EIA, centrándose solamente en los aspectos de control y seguimiento y dejando a un lado la parte preventiva. La norma cuestionada anula la acción preventiva que debe tener la SETENA para "disponer todo lo que sea necesario - dentro del ámbito permitido por la ley - a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente" (sentencia N° 14180-10 Sala Constitucional), porque sin sustento técnico o científico permite el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales, previamente establecidas en el Reglamento 31849, pero que pueden dañar el ambiente. La anterior afirmación no es correcta por lo siguiente: El decreto No. 43898- MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, mantiene los umbrales para las AOP categoría C, de construcción de menores a 1000m2, tal cual lo reformó el DE 31849 mediante el decreto N° 37803-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, al Reglamento de Evaluación Ambiental, los cuales no se sometían a una EIA, solo obtenían un registro ambiental, el D.E.43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC no elevó los umbrales, no está desregularizando varias clasificaciones.Anteriormente ellas ya no eran objeto de una EIA, solamente requerían un registro. Tampoco se cambia el umbral de las AOP de más 1000m2 que, si son AOP, que requieren someterse a la EIA, y de Seguimiento Ambiental. Asimismo, SETENA mantiene en el decreto vigente, lo establecido en el decreto anterior, el D.E. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que para los proyectos categoría C, con un umbral superior de 500m2 y menor a 1000m2, y que se ubiquen en área ambientalmente frágil definidas en el artículo 98 de este reglamento, si requieren someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental para optar por una Licencia de Viabilidad Ambiental aprobada por la Comisión Plenaria. Los accionantes indican que el reglamento vigente reduce al mínimo los EIA, centrándose solamente en los aspectos de control y seguimiento y dejando a un lado la parte preventiva, una posición talmente errónea, por lo siguiente: El decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, todo lo contrario a lo indicado por los accionantes, fortalece la línea base de la EIA, en cuanto al contenido técnico y legal los estudios de línea base y los instrumentos de EIA, y estableciendo, para todos los formularios e instrumentos de evaluación ambiental, que se cuente con medidas de control ambiental, con indicadores de seguimiento y monitoreo ambiental, definiendo su frecuencia, la metodología, punto de medición o aplicación y el tipo de indicador, para que todas las actividades, obras y proyectos estén sujetas al seguimiento y fiscalización de la SETENA Los accionantes alegan que el Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC en los artículos 17 y 90, sobre delitos que pudiera cometer la Administración Pública, revirtiendo la carga de comisión de delitos en contra de los administradores, beneficiando a los desarrolladores; violentando los principios constitucionales de la buena fe y atemorizando al funcionario público, con lo que podría llamarse acoso psicológico laboral.La anterior afirmación no es correcta por lo siguiente: Lo indicado en relación a los artículos 17 y 90 del decreto 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, no se refiere a la comisión de delitos, si no a la Responsabilidad administrativa y disciplinaría en la que podría incurrir un funcionario público por el incumplimiento de sus deberes legales en la revisión de los trámites sometidos a su valoración. La disposición hace una alusión al cumplimiento de otras normativas aplicables al caso y de rango legal tales como los artículos 10 de la Ley 8220 de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, y 190 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227. No se revierte ninguna carga de la prueba en contra de los administradores, ni es una violación al principio de buena fe ni pretende atemorizar a los funcionarios, ya que el uso de la potestad disciplinaria o de responsabilidad administrativa es inherente al Estado, y está regulado en la normativa de rango legal, según las garantías constitucionales del debido proceso.Los accionantes indican que, en el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en contradicción figuran los artículos 87 y 88 donde se reducen las sanciones para los desarrolladores. En estos se revierten las cargas imponiendo sanciones penales a funcionarios públicos y descargando al privado desarrollador. Se violenta los Principios de No Regresión, Desregulación, causando un desequilibrio de intereses. Que el reglamento 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, según su artículo 87, se desgravó y se considera falta Los artículos impugnados, lejos de procurar desregularizar la normativa, pretenden que dentro de las sanciones y conductas tipificadas en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, y bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad exista una clasificación de conductas u omisiones para contar con un parámetro de manera que la Administración pueda ejercer la potestad sancionatoria en condiciones coincidentes para casos similares, en el entendido que no toda conducta puede ser juzgada con la misma sanción, ya que algunas efectivamente son más gravosas que otras y con consecuencias diversas, de manera que debe existir una distinción proporcional en relación a las posibles sanciones.En este caso las sanciones establecidas según el tipo de acción u omisión están totalmente alineadas con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. En relación con el artículo 88, es importante indicar que tiene su antecedente en el artículo 105 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, de 24 de mayo de 2004. Conforme se constata, lejos de procurar darle una ventaja a los desarrolladores como intenta hacer ver el accionante, por el contrario, establece las posibilidades de la administración de imponer una medida cautelar de paralización, en relación al incumplimiento de los compromisos ambientales a efectos de procurar las medidas correctivas necesarias o paralizar los proyectos finalmente si es lo que corresponde. Lo anterior se deriva del principio preventivo o indubio Pro- Natura, en materia ambiental que indica, según lo define el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.Es importante indicar que tanto la Procuraduría General de la República, como el Tribunal constitucional han reiterado la potestad administrativa de establecer medidas cautelares, sobre todo tratándose de materia ambiental. ” (Sala Constitucional, sentencia No. 6237-2005 de las 14 horas 39 minutos del 31 de mayo de 2005). Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en sus artículos 98 y 13 (en especial el punto 2) permite a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto (entre el 54% y el 65 % del total de proyectos que pasan por la SETENA) construir en áreas ambientalmente frágiles. La norma impugnada descarta todas las medidas precautorias para evitar cual cualquier daño ambiental o a las personas. Además, no previene posibles daños o afectaciones del ambiente que podrían resultar irreversibles a las zonas ambientalmente frágiles, a especies en peligro de extinción, a las fuentes de agua, al suelo, al aire y a los seres humanos.La anterior afirmación no es correcta. Ni el artículo 13 ni el 98, permiten a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto ambiental construir en áreas ambientalmente frágiles; lo que establece el artículo 13 es el procedimiento de verificación de la información de los expedientes que se someten al proceso de EIA, por el departamento respectivo, tanto para la etapa de evaluación ambiental como para la etapa de seguimiento y control ambiental Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en su artículo 15 permite al desarrollador empezar la tramitación de permisos en otras instituciones antes de que acabe el proceso de permisos en SETENA, lo cual lesiona el principio de desregulación. En el voto N° 008201 del 12 de abril de 2023, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar una acción de inconstitucionalidad, y anuló la frase "la materia de salud, ambiente y", contenida en el párrafo cuarto del artículo 15 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Ley 8220 reformada por la ley N° 10.072 del 18 de noviembre de 2021.La anterior afirmación no es correcta. Se mantiene lo ya establecido en el decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. La Viabilidad Ambiental Potencial, lo que permite es poder iniciar o continuar gestiones de trámites ante otras entidades tanto públicas como privadas, tal como sucedía con el decreto derogado. Esto no significa que con ello se otorgue una Licencia de Viabilidad Ambiental anticipada, ni crea ningún derecho adquirido, siendo que la misma, al final del proceso puede ser aprobada o denegada. Dicha viabilidad potencial lo que facilita es que un desarrollador pueda por ejemplo iniciar trámites para obtener un préstamo ante alguna entidad bancaria, pero para las entidades que emiten sus permisos finales para la etapa constructiva u operativa, no basta la viabilidad potencial, por cuanto deben esperar a que la institución se pronuncie en cuanto al otorgamiento de la viabilidad ambiental, si es que esta es un requisito dentro de sus trámites en aplicación de lo que establece el decreto No. 43898-MINAE-S-MOPTMAGMEIC.Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en el artículo 35 del reglamento impugnado, permite que SETENA deje de controlar el proyecto en trámite, una vez que el desarrollador obtiene la viabilidad ambiental, dejando la responsabilidad en manos de terceros. El reglamento 43898 prescinde completamente de la obligación de remitir los EsIAS (Estudios de Impacto Ambiental) a otras autoridades relacionadas con los permisos constructivos (el reglamento No. 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC lo contenía en su artículo 35). Lo que indican los accionantes no es correcto, ya que la SETENA es el ente que fiscaliza el trabajo de los responsables ambientales, los cuales deben estar inscrito en el Registro de la SETENA, y deben velar por cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por un desarrollador de una actividad, obra o proyecto, los cuales tienen la obligación de informar oficialmente a la SETENA y a la autoridad ambiental los resultados del seguimiento y control conforme a lo establecido en este reglamento y demás normativa aplicable.Asimismo, el reglamento vigente de EIA, en su artículo 51, contempla las inspecciones Ambientales de Cumplimiento y en su artículo 54, las inspecciones de cierre técnico, las cuales son realizadas por la Unidad de Inspecciones de SETENA cuando esta lo considere oportuno, para la comprobación de cumplimiento de las medidas ambientales, como parte de los procesos de fiscalización, además de los otros instrumento de seguimiento ambiental como lo son la bitácora ambiental y de los informes de regencia ambiental. Además de atender las denuncias ambientales que son presentadas por la ciudadanía. Estos procesos son descritos dentro del reglamento 43898, para lo cual se tiene la absoluta claridad del rol de la institución en los procesos de fiscalización, para lo cual si es de absoluta necesidad realizar las coordinaciones interinstitucionales para obtener los criterios técnicos requeridos desde los entes competentes en diferentes ramas, como es el caso de SINAC en materia forestal, de la Dirección de Geología y Minas en temas mineros o de la dirección de Aguas en lo que se refiere al aprovechamiento de agua, por ejemplo.Sobre el alegato que se prescinde completamente de la obligación de remitir los EsIAS (Estudios de Impacto Ambiental) a otras autoridades relacionadas con los permisos constructivos, lo primero que debe indicarse es que la SETENA en su página web publicará el listado de los Estudios de Impacto Ambiental, en cumplimiento del artículo 23 del D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Es, por lo tanto, lo establecido en esta decisión es consecuente con el artículo 35 del Decreto 31849, y que fue sustituido por el D.E. 43898-MINAE-MOPT-MAGMEIC. En conclusión, lo que hace el artículo 23 del D.E. 43898 MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, es garantizar que los proyectos más impactantes y donde se deba tramitar un Estudio de impacto Ambiental, las instituciones relacionadas con los trámites para permisos de construcción, y los ciudadanos tengan un sitio diferenciado para que poder informarse y que de requerirlo así, ingresen a la Plataforma Digital para poder visualizar el expediente de forma íntegra, sin menoscabo a que la propia ciudadanía tenga el acceso para poder visualizar cualquier expediente que se tramite en la institución y dentro del cual puedan proceder a gestionar sus consultas, oposiciones o demás herramientas de participación ciudadana que la normativa les confiere.Los accionantes indican que el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, en el artículo 41, dispone que distintos "usuarios" puedan aprovechar los recursos forestales de las áreas silvestres protegidas. El Reglamento prescinde de la obligación del desarrollador de comunicar, dar publicidad en periódico de circulación nacional sobre los estudios de impacto ambiental que está sometiendo a conocimiento ante SETENA. El artículo 41 actual reduce la obligación a una publicación en la página web del SETENA para esos fines Sobre este alegato ya se ha dejado claro que todos los expedientes tramitados bajo el decreto ejecutivo N° 43898 son 100% digitales y están a disposición para ser consultados por cualquier usuario, por lo que no es de recibo el indicar que no habría conocimiento sobre las AOP que se tramitan en la institución. Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, no contiene el formulario D-6 mencionado en los artículos 24, 25, 26 porque el anexo 7 donde este formulario D-6 debe aparecer, según lo señala el artículo 24, no fue incluido.Señala que este alegato sobre el formulario D6, es incorrecto. Dicho formulario, así como los del cuadro de medias ambientales con sus indicadores para seguimiento ambiental, el contenido que deben poseer los estudios de Geotécnico, estudio arqueológico, estudio hidrogeológico, así como la guía visual para la presentación del diseño de sitio, se pueden visualizar en el anexo mencionado, en el alcance N° 65 C a la Gaceta 67, del miércoles 19 de abril del 2023. Además, se puede ubicar en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). Dicho formulario D6, está disponible para su utilización en la plataforma digital de SETENA, al cual se puede acceder por un link. Los accionantes indican que, en el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, tampoco aparece el anexo 9 con el formulario D-4 que se menciona en los artículos 36, 37, 38, 39, 41, 42. Este alegato también es incorrecto. Dicho formulario, se puede visualizar en el anexo mencionado, en el alcance n° 65 C a la Gaceta 67, del miércoles 19 de abril del 2023.Además, se puede ubicar en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI). Dicho formulario D4, está disponible para su utilización en la plataforma digital de SETENA. Los accionantes indican que, el reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC en el artículo 87, desgravó una omisión y considera falta leve no responder al requerimiento de información solicitados por la SETENA El marco de constitucionalidad y de legalidad no autoriza a la SETENA a delegar total, ni parcialmente, las funciones que le son propias. Sin embargo, dispone que los proyectos, obras o actividades a los que les elimina el requisito del proceso de la Viabilidad Ambiental ante SETENA, les basta con el trámite que deberán cumplir en otras instituciones y acatar lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, y que la SETENA no tiene la potestad de delegar de dar órdenes a las municipalidades a través de un reglamento.Sobre esto, primeramente, es importante indicar que esto ya lo contemplaba el decreto 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en su artículo 4. Finalmente, en cuanto a que la SETENA transfiera la obligación de tramitar los procesos de EIA a otras instituciones no es cierto, por cuanto lo que se indica la norma es que las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán sujetas a cumplir con todas las regulaciones ambientales vigentes en el país, y serán las Municipalidades las encargadas de solicitarles que cumplan con el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004. Por último, observando los alegatos indicados en esta acción de inconstitucionalidad, se trata del mismo tema ya analizado por la Sala constitucional en cuanto a los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, donde se ha establecido que no hay inconstitucionalidad ya que la determinación de qué actividades, obras o proyectos requieren de Viabilidad Licencia Ambiental no le compete.
  10. 11Por resolución de las 14:17 horas del 12 de enero de 2024 se tuvo como coadyuvante pasivo de esta acción a Ulises Gerardo Álvarez Acosta, cédula de identidad 0107900742 en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y se turnó el asunto a la magistrada instructora.
  11. 12Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.
  12. 13En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I. DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que necesariamente deben cumplirse para que este Tribunal pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo del asunto. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula la legitimación para interponer acciones de inconstitucionalidad y prevé situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía-, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base-, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; y c) cuando la acción sea promovida por el procurador general de la República, el contralor general de la República, el fiscal general de la República y el defensor de los Habitantes.

Asimismo, en sentencia nro. 04190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, este Tribunal precisó que la acción de inconstitucionalidad es:

“(…) un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional …”.

Finalmente, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

II. SOBRE LA NECESARIA FUNDAMENTACIÓN DEL ESCRITO EN EL QUE SE FORMULE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Según se indicó, la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan a la Sala conocer de la impugnación que se pretende. Uno de esos requisitos corresponde a la necesaria fundamentación del escrito en el que se formule la acción de inconstitucionalidad. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 3, dispone que “Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales”. Ahora bien, para que este Tribunal tenga por configurada la infracción y pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma o acto impugnado, con la consecuente anulación y expulsión del ordenamiento jurídico, quien promueva una acción de inconstitucionalidad tiene la carga de demostrar cómo esa disposición infringe el Derecho de la Constitución y, además, debe indicar por qué debe estimarse la demanda.

Esto es denominado por esta Sala como la carga de la argumentación, es decir, que “una norma que facialmente (sic) sea contraria a la Constitución, vuelca la carga de la argumentación a quienes sostengan que en realidad no hay conflicto entre esa norma y la Constitución Política; lo contrario sucede si se acciona contra una norma que en primer examen no parece contraria a la Constitución, en cuya hipótesis es el accionante el que debe avanzar con los argumentos que convenzan acerca de la inconstitucionalidad” (véase la sentencia nro. 0184-95 de las 16:30 horas del 10 de enero de 1995). En una sentencia posterior, esta Sala expuso, en cuanto a la falta de exposición de los argumentos de inconstitucionalidad en materia de acciones de inconstitucionalidad, lo siguiente:

“La acción de inconstitucionalidad se interpone con el argumento de que el Decreto Ejecutivo impugnado es nocivo, lesiona e infringe los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y a los compromisos internacionales suscritos con el Protocolo de Kyoto. Pese a la oportunidad otorgada a los accionantes, se confirma lo que indica la Procuraduría General de la República, de que no existe un análisis concreto de las disposiciones del Decreto Ejecutivo impugnado que se consideran inconstitucionales, sino que el mismo se limita a establecer discrepancias de forma genérica y en abstracto contra la totalidad del Reglamento, más aún contra toda actividad que desempeñan los ingenios Azucareros y Haciendas, pues sostienen que causan inconvenientes en la calidad de vida y en la salud de los habitantes circunvecinos, sin concretar qué argumentos de constitucionalidad se deben tomar en cuenta en contra de cada una de las disposiciones o grupos del normas del Reglamento impugnado. […] El párrafo primero del artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece la obligación de autenticar los escritos de interposición de acciones de inconstitucionalidad, toda vez que se estima necesario que existan argumentos esgrimidos por un profesional en Derecho, que no descarta este Tribunal responda a un serio estudio del fondo técnico y científico de una determinada materia, dada la diversidad y universalidad de las normas del ordenamiento jurídico.

A diferencia de los procesos de garantías, es decir, los recursos de hábeas corpus y de amparo, que los puede interponer directamente cualquier interesado ante la jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos fundamentales, generalmente contra actos u omisiones que le lesionan en su esfera particular (aunque no siempre como en los casos ambientales), en los procesos de defensa de la Constitución Política (como la acción de inconstitucionalidad), el legislador confió al abogado autenticante una labor cuya exigencia es aún mayor, si se quiere más elaborada y exhaustiva que debe plasmar en el libelo de interposición en razón de su oficio profesional, para demostrar al Tribunal la lesión a la norma constitucional por parte de una norma de menor rango, socavando el principio de supremacía constitucional contenida en el artículo 10 de la Constitución Política. Precisamente la elaboración material y formal de la Ley, así como de las demás disposiciones secundarias, suponen un proceso sumamente costoso para el Estado, en la que de muchas maneras para su elaboración ha participado la sociedad civil organizada a favor o en contra, y cuyos procedimientos de formación, aprobación y promulgación no debe analizarse a la ligera.

En este sentido, debe reconocer esta Sala que existe un reducido espacio para este Tribunal para socorrer las ausencias manifiestas de los profesionales en derecho que autentican los escritos en esta jurisdicción constitucional, sin exponer la imparcialidad y análisis que se debe a cada una de las acciones de inconstitucionalidad.” (sentencia nro. 2012-05285 de 15:03 horas de 25 de abril de 2012).

El citado artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige, en tal sentido, que en el escrito en que se interponga la acción se expongan “sus fundamentos en forma clara y precisa”. En sentencia nro. 2013-016944 de las 14:30 horas del 18 de diciembre de 2013, esta Sala hizo expresa referencia a la exigencia de debida fundamentación del escrito de interposición –como requisito esencial de admisibilidad de la acción, a tenor de lo dispuesto el mencionado ordinal- en los siguientes términos:

“II.- INADMISIBILIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. De conformidad con el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el escrito en que se interponga la acción de inconstitucionalidad, se deberán exponer los fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente. Así las cosas, todas las normas procesales deben ser interpretadas y aplicadas de manera tal que se obtenga el dictado de la sentencia, lo anterior, no solo facilita la administración de la justicia, sino que además, evita que se impongan obstáculos para no alcanzarla (ver en igual sentido, las sentencias números 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08 y 2887-08).

En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido. Asimismo, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie por el fondo de normas cuestionadas en una acción, cuando el que acciona no fundamenta las razones por las cuales impugna, toda vez, que ello implicaría efectuar un control constitucional en abstracto a manera de ejercicio académico, lo que no es compatible con la finalidad de un proceso de esta naturaleza.” Finalmente, en el voto nro. 2020-000319 de las 12:15 horas del 8 de enero de 2020, este Tribunal reiteró que:

“(…) dado el formalismo dispuesto legalmente para los procesos de control de constitucionalidad. la carga argumentativa en el trámite de una acción de inconstitucionalidad recae en el accionante, quien debe explicar, sin ambages, la contradicción existente entre una normativa infraconstitucional y el bloque de constitucionalidad, así como la legitimación que le asiste”.

III. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

En el sub judice, de la lectura del escrito de interposición, se concluye que el accionante formula inicialmente una serie de reclamos genéricos sobre el Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental), en los cuales señala que la normativa impugnada lesiona: a) El principio de no regresión por haberse derogado el decreto 31849, que presenta desregularización generalizada y que elimina controles ambientales que sí tenía la norma anterior; b) la consulta popular, pues acusa que la normativa no fue consultada correctamente antes de su emisión, ya que únicamente se realizó por medio de la página web del Ministerio de Comercio; y c) señala que hay un favorecimiento al sector privado por encima del público o la colectividad, por tratarse de un manual de reducción de trámites en perjuicio de la naturaleza.

Al respecto, coincide la Sala con el criterio de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que no hay un debido esfuerzo argumentativo para demostrar cómo las normas impugnadas violentan la Constitución Política, pues respecto a tales argumentos se tiene que: a) Respecto al principio de no regresión por derogación de normativa, no basta con alegar que se derogó norma y que hay nuevas regulaciones. De igual forma, el accionante no precisa cuáles fueron los controles omitidos, cómo esto constituye una disminución de la tutela ambiental y si existe o no sustento técnico; b) respecto al principio de participación ciudadana, este tutela si durante el proceso de elaboración y emisión de la norma, se contemplaron mecanismos de publicidad y participación, mas no existe una determinación constitucional de cuáles son los mecanismos específicos que deben utilizarse y, en ese sentido, el accionante no indica cómo debió haberse consultado o por qué el medio utilizado fue insuficiente y; c) respecto al supuesto favorecimiento del sector privado, el accionante no explica cómo y a través de cuáles disposiciones se da el supuesto favorecimiento.

En ese sentido, estima este Tribunal que lleva razón la PGR al señalar que no existe una debida motivación de tales alegatos y, por el contrario, se realizan de manera genérica sin relacionar de manera alguna el contenido de las normas con el agravio en concreto, circunstancia que impide a esta Sala pronunciarse sobre estos.

Por otra parte, continuando con la lectura del libelo de interposición, el accionante aduce la inconstitucionalidad de los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, pues considera que son contrarios a los principios de no regresividad, reserva de ley, consulta popular, desregulación, precautorio, pro natura, actos propios, intangibilidad de los actos propios, buena fe, el Acuerdo de Escazú y la protección al medio ambiente, por los siguientes motivos:

El artículo 3 excluye actividades que en el reglamento anterior requerían de viabilidad ambiental y baja los topes máximos para clasificarlas como de bajo, medio o alto impacto. Asimismo, que elimina en algunos casos la obligación de elaborar un EIA y que, en el inciso 8), se favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña. De igual forma, señala que se reducen los umbrales de las áreas constructivas según los cuales los proyectos requieren someterse a evaluación de impacto ambiental; lo anterior, sin un sustento técnico o científico que permita el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales previamente establecidas en la norma anterior. En este punto concreto, disiente la Sala de que la Procuraduría General de la República analice por el fondo este numeral y de la remisión al informe que ese órgano rindió en una acción de inconstitucionalidad contra este mismo Reglamento (expediente No. 23-022240-0007-CO), en el sentido de que debe verificarse si la modificación de los supuestos en que no se requiere EIA consta de sustento técnico.

Con ello, tácitamente se admite que sobre esa disposición la acción está debidamente fundamentada, conclusión que no se comparte. Al igual como sucede con otras disposiciones concretas impugnadas, la acción se constriñe a exponer un cambio en la regulación (en el apartado 6 de los alegatos) con un sucinto recuento de principios que se aduce trasgredidos, argumentación que no marca diferencia alguna relevante respecto de aquellas que ya se han calificado que no reúnen los requisitos demandados por el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. También se afirma que el Reglamento no se consultó de manera adecuada, pues esto se realizó por medio de la página web del Ministerio de Comercio y no tuvo una debida difusión. Agrega que, tampoco se consultó a las municipalidades, pese a que les traslada la responsabilidad sobre todo lo concerniente a la extensión de permisos de obras de muy bajo impacto ambiental que no requieren evaluaciones de impacto ambiental por parte de la Setena.

Nótese que el artículo cuestionado tiene 8 incisos, pero el accionante no especifica cuáles son las actividades que antes requerían vialidad y ahora son excluidas y respecto al inciso 8) no explica cuál es el favorecimiento que se da. Por otra parte, tampoco indica cómo debió haberse consultado, ni por qué la falta de consulta a las municipalidades lesiona la Constitución Política. En todo caso, sobre este último punto, la legitimación que invocan los accionantes -por intereses difusos al actuar en defensa del derecho a un medio ambiente sano- es distinta de la necesaria para poder reclamar una eventual lesión a la autonomía municipal. Esta última, por ejemplo, se reconoció en la sentencia No. 2022013101 de las 12:31 horas del 8 de junio de 2021, en los siguientes términos:

“II.- Sobre la legitimación de la accionante. En el sub lite, la alcaldesa accionante indica que las normas impugnadas inciden en el presupuesto municipal y en la autonomía de las corporaciones locales, con lo que se afecta a los usuarios de los servicios municipales y a los intereses comunales en general. Al respecto, consta que la alcaldesa aportó el acuerdo adoptado por el Concejo de Alajuela en la sesión nro. 28-2019 del 9 de julio de 2019 artículo 1 capítulo IX, mediante el cual se le autorizó para que impugnara las disposiciones de la ley nro. 9635, en defensa de la autonomía municipal. En consecuencia, la Sala estima que la accionante cumple los requisitos de legitimación para interponer esta acción de inconstitucionalidad.” Que los artículos 7 y 51 resultan inconstitucionales, pues el reglamento no se consultó de manera adecuada, al haberse efectuado tal consulta por medio de la página web del Ministerio de Comercio y no tuvo una debida difusión.

Agrega que tampoco se consultó a las municipalidades, pese a que les traslada la responsabilidad sobre todo lo concerniente a la extensión de permisos de obras de muy bajo impacto ambiental que no requieren evaluaciones de impacto ambiental por parte de la SETENA. Sobre este numeral, no se detalla cómo debió haberse consultado. Tampoco indica por qué la falta de consulta a las municipalidades lesiona la Constitución Política. En todo caso, la legitimación que invoca el accionante -por intereses difusos al actuar en defensa del derecho a un medio ambiente sano- le impide reclamar una eventual lesión a la autonomía municipal.

Asimismo, debe tenerse en consideración que el esquema de participación en la adopción de la norma cuestionada es ajeno al ámbito de competencia de la Sala, según se ha establecido en distintos pronunciamientos, desde 2019, en los términos que siguen, extraídos de la sentencia No. 2021-21934 de las 9:50 horas del 1º de octubre de 2021:

Que el artículo 9 elimina en algunos casos la obligación de elaborar un EIA y que el punto 12 indica que SETENA exigirá -se así lo amerita- un estudio de vialidad aprobada por el MOPT. Sin embargo, este reclamo debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma.

Acusa que los artículos 13 y 98 permiten a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto ambiental construir en áreas ambientalmente frágiles. Lo anterior, porque sin un sustento técnico o científico permite el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales previamente establecidas en la norma anterior (Reglamento 31849), pero que pueden dañar el ambiente. Este reclamo, al igual que el anterior, debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma. Por lo demás, respecto a estos numerales, el Acuerdo de Escazú ni siquiera es parámetro de constitucionalidad, al no estar ratificado por el Estado de Costa Rica.

Sobre el artículo 15 refiere que permite al desarrollador empezar la tramitación de permisos en otras instituciones antes de que acabe el proceso de permisos en SETENA. Sin embargo, este reclamo debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma.

Respecto a los artículos 17 y 90 afirma que advierten sobre delitos que pudiera cometer la Administración Pública, revirtiendo la carga de comisión de delitos en contra de los administradores, beneficiando a los desarrolladores y atemorizando al funcionario público. Sin embargo, este reclamo debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma. Igualmente, la legitimación que invoca el accionante no tiene relación alguna con el principio de la buena fe y las regulaciones a las cuales se debe someter el funcionariado público en el ejercicio de sus labores.

Sobre los artículos 24, 25 y 26 indica que el anexo 7 que debe contener el formulario D-6 que se menciona en esos artículos no fue incluido en el reglamento. Este reclamo, al igual que el anterior, debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma. En todo caso, según informa la PGR la documentación que se reclama fue publicada en el Alcance N°65 C, La Gaceta no. 67 del 19 de abril de 2023, como parte del Tomo III del Decreto 43898, en el cual, consta como anexo 7 el denominado “Formulario de Presentación del D-6 Cuadrante Urbano”.

Señala que el artículo 32 elimina en algunos casos la obligación de pasar por evaluación de impacto ambiental. Pese a lo anterior, los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma, pues la norma hace referencia al formulario D1-C, sin embargo, el accionante omite indicar cómo lo ahí dispuesto violenta la Constitución. Es decir, nuevamente se está ante una fundamentación insuficiente.

Indica que el artículo 35 abandona el control de SETENA una vez que el desarrollador obtiene la viabilidad ambiental, dejando la responsabilidad en terceros. No obstante, omite explicar cómo debe hacerse ese control posterior o por qué lo ahí dispuesto resulta insuficiente. Este reclamo, al igual que el anterior, debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma.

Afirma que los artículos 36, 37, 38 y 42 son inconstitucionales porque el anexo 9 que debe contener el formulario D-4 que se menciona en esos artículos no fue incluido en el reglamento. Este reclamo, al igual que el anterior, debe rechazarse por insuficiente motivación, en el tanto los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma. Adicionalmente, según informa la PGR la documentación que se reclama fue publicada en el Alcance N°65 C de La Gaceta no. 67 del 19 de abril de 2023, Tomo III del Decreto 43898, anexo 9 denominado “Formulario de Presentación del D4-Forestal”.

En criterio del accionante, el artículo 39 lesiona los principios de no regresión, desregulación y pro natura por las siguientes razones:

“El reglamento 43898 en su artículo 39 introduce el derecho de cortar árboles de 30 mts cúbicos y extraer 10 árboles caídos de las áreas silvestres protegidas, sin que se requiera ya el trámite establecido en la normativa 31849. Violenta el Principio de Desregulación. Se violenta el Principio de no regresión y contradice lo estipulado en el Decreto 25700-MINAE que declara la veda total en el aprovechamiento de árboles en peligro de extinción, y la Constitución Política en su artículo 50, así como la Lista Roja de la UICN y Lista CITES.” Aunque la Procuraduría General señala que es necesario que se demuestren las razones técnicas por las que esas obras o proyectos no requieren ser evaluados por la SETENA y que la disposición impugnada carece de tal respaldo, lo cierto es que la fundamentación de los motivos de inconstitucionalidad son excesivamente lacónicos, con lo que los alcanza el mismo motivo de inadmisibilidad de las demás disposiciones que se han estudiado.

Alega que el artículo 41 es inconstitucional ya que el anexo 9 que debe contener el formulario D-4 que se menciona en ese artículo no fue incluido en el reglamento. Asimismo, aduce que se impone que distintos “usuarios” pudieran aprovechar los recursos forestales de las áreas silvestres protegidas. Este reclamo, al igual que el anterior, debe rechazarse por carecer de motivación, ya que los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma. A mayor abundamiento, según informa la PGR la documentación que se reclama fue publicada en el Alcance N°65 C, La Gaceta no. 67 del 19 de abril de 2023, Tomo III del Decreto 43898, anexo 9 denominado “Formulario de Presentación del D4-Forestal”.

Respecto al artículo 47 señala que establece la obligatoriedad institucional de reconocer como un único proyecto la unión de proyectos de tamaño inferior a mil metros que no requieren de EIA si son construidos en una misma propiedad, propiciando la fragmentación o fraccionamiento ilícitos de megaproyectos en miniproyectos, con el fin de evadir los estudios, los controles y regulaciones que podría tener un proyecto mayor (fraccionamiento por elusión). No obstante, de la lectura de la norma no se extraen tales afirmaciones y al no dar mayor explicación, los alegatos no son congruentes con el contenido de la norma.

Por último, señala que los artículos 87 y 88 reducen las sanciones para los desarrolladores. En estos se revierten las cargas imponiendo sanciones penales a funcionarios públicos y descargando al particular desarrollador. El artículo 87 desgravó y se considera falta leve no responder al requerimiento de información solicitados por la SETENA. De la lectura de dichos numerales se extrae que no establecen sanciones para funcionarios públicos, sino que, por el contrario, disponen los tipos de infracciones y sus sanciones, así como el dictado de medidas cautelares ante el incumplimiento de compromisos ambientales. Aunado a lo anterior, el accionante no explica por qué se estima que se descarga de responsabilidad al desarrollador ni se detallan cuáles sanciones se están reduciendo. En ese sentido, el reclamo debe rechazarse por indebida motivación, pues los alegatos no guardan relación con el contenido de la norma.

A manera de resumen, tales alegatos carecen de una adecuada fundamentación respecto a los reproches de fondo, tal y como lo exige el mencionado ordinal 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Más allá de una sucinta alusión a la infracción de distintos derechos y principios constitucionales, lo cierto es que el accionante omite exponer su concreto sustento normativo, así como analizar y desarrollar el contenido específico de las presuntas normas y principios infringidos y de sus alcances, a efectos de relacionarlos y contraponerlos, de forma individualizada y debidamente razonada, con la normativa impugnada. En definitiva, no existe una argumentación precisa, suficiente y debidamente circunstanciada sobre los agravios y fundamentos de la aducida infracción al Derecho de la Constitución. En consecuencia, los reclamos genéricos sobre el decreto ejecutivo N° 43898, así como contra los artículos 3, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 51, 87, 88, 90 y 98 del Reglamento No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, deben desestimarse.

IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Por mayoría, se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad por razones de admisibilidad. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara inconstitucionales los artículos 3, 9, 13, 15, 39, 47 y 98 del Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, por violación del derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura. Salva igualmente el voto en cuanto al alegato de violación al derecho de participación ciudadana y a la legitimación en defensa de la autonomía municipal. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H. Ana María Picado B.

Res. Nº 2025-006027 Voto salvado del Magistrado Cruz Castro.- Normas regresivas en el Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. Se aprobaron normas que ignoran los principios básicos del derecho ambiental constitucional.

A diferencia del criterio de mayoría, considero que esta acción debe declararse con lugar. Particularmente en cuanto los artículos 3, 9, 13, 15, 39, 47 y 98 del Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, por violación del derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura. Además, en cuanto al alegato de violación al derecho de participación ciudadana y a la legitimación en defensa de la autonomía municipal. Lo anterior, conforme lo expreso a continuación.

La mayoría consideró que la acción no estaba debidamente fundamentada y que los argumentos se realizaron de manera genérica sin relacionar de manera alguna el contenido de las normas con el agravio en concreto. Sin embargo, estimo que en esta materia tan delicada, como lo es la ambiental, los argumentos presentados referidos a una desregulación generalizada y omisión de controles preventivos que contenía el reglamento anterior, son suficientes para que esta Sala pueda examinar el fondo de cada una de las normas impugnadas.

La regresividad de una normativa supone la presunción de inconstitucionalidad. Debiendo el Estado tener la carga de la prueba para argumentar a favor de la razonabilidad, idoneidad, necesidad y/o proporcionalidad. Lo anterior encuentra además asidero en las observaciones generales 13, 14, 15 y 17 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “El Estado deberá demostrar que las medidas regresivas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que dispone el Estado parte.” (Observación 15, párrafo 19). Nótese que la Sala Constitucional, en el voto número 2016-00415, ha dado la siguiente definición sobre el principio de no regresividad:

“El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección.” El argumento que afirma que el Decreto Ejecutivo no. 43898 es inconstitucional por violentar el principio de no regresión, por el solo hecho de haber derogado el Decreto 31849 y haber establecido regulaciones distintas a las de aquél, es atendible.

En aplicación del principio de no regresión, correspondería a la Sala analizar si en efecto la nueva normativa que modificó el régimen anterior, disminuyó el nivel de protección, sin contar con una justificación técnica razonable. Considero que basta con argumentar que el Decreto modificó el régimen vigente, que presenta una desregulación generalizada y que eliminó controles ambientales que sí contenía la norma anterior, constituye una motivación aceptable y relevante para que se tenga como debidamente fundamentada esta acción. El criterio de la mayoría asume una visión formalista, sin examinar que en materia ambiental existen limitaciones tan importantes, que no es necesario que la fundamentación del argumento, tenga que ser tan detallada.

El Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental contiene varias normas palmariamente regresivas. La propia norma y su contenido evidencia, claramente, la regresión. Así se observan las siguientes normas:

-Artículo 3:

“Artículo 3.- Actividades, obras o proyectos que por su naturaleza no requieren Evaluación de Impacto Ambiental ante la SETENA. Las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, indicados en este artículo, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán sujetas a los controles ambientales establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y otras entidades con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre de 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental: (…)” En efecto, dicha norma excluye actividades que en el reglamento anterior requerían de viabilidad ambiental y baja los topes máximos para clasificarlas como de bajo, medio o alto impacto.

Asimismo, elimina en algunos casos la obligación de elaborar un EIA y que, en el inciso 8), se favorece la expansión de actividades agrícolas peligrosas, contaminantes y destructivas para el ambiente, como el cultivo agresivo de la piña. El cultivo de la piña requiere una serie de requisitos y controles, dada la alta vulnerabilidad de los suelos y regiones en la que se cultiva. De igual forma, se reducen los umbrales de las áreas constructivas según los cuales los proyectos requieren someterse a evaluación de impacto ambiental; lo anterior, sin un sustento técnico o científico que permita el cambio de regulaciones o desregulaciones ambientales previamente establecidas en la norma anterior. Esas variaciones regresivas, requieren estudios técnicos que justifiquen tal variación. El criterio técnico es indispensable en materia tan delicadas y vulnerables como la tutela ambiental.

Se observa, tal como lo indican los accionantes, que esta norma reduce los umbrales de las áreas constructivas. En la normativa anterior, la 31849, el techo es de 500 mts cuadrados, en la anterior era de 300 y en esta normativa, la 43898, es de 1.000. Por debajo de ese límite, los desarrolladores no tienen que pasar por los EIA. Tal como lo indica la PGR en su informe, por no existir ninguna fundamentación técnica, esas disposiciones serían contrarias al principio de no regresión en materia ambiental, razonabilidad y proporcionalidad y objetivación de la tutela ambiental, y, en consecuencia, el artículo 50 de la Constitución Política. Ello se traduciría, a su vez, en una violación del principio preventivo, pues se estarían dejando de evaluar y mitigar los impactos ambientales de actividades potencialmente impactantes al ambiente.

Todo lo cual viola el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

-Artículo 9:

“Artículo 9.- Calificación ambiental final. La aplicación de los instrumentos de valoración de significancia de impacto ambiental (SIA) permite, que se modifique, previa justificación técnica, o se confirme la categoría preliminar de clasificación que se estableció para la actividad, obra o proyecto por medio del D1, obteniéndose de esta manera una calificación ambiental final para la toma de decisiones. La significancia de impacto ambiental (SIA), será la que defina el Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental a utilizar en los D1 con instrumentos de EIA.” En efecto, dicha norma hace una redefinición de la significancia ambiental permitiendo que sea definida por un instrumento. Se trata de un tema relevante para el resguardo del contenido sustancial del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en la variable de los principios de reparación integral, quien contamina paga y no regresión, sobre el cual, la significancia de impacto ambiental no se puede hacer depender de la definición de un instrumento. El debilitamiento de la tutela ambiental, sin criterio técnico, es evidente, por eso no requiere que los argumentos que plantea el accionante, sean más amplios. La regresión es evidente y la falta de criterio técnico, también.

Todo lo cual viola el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

-Artículo 13 y 98:

“Artículo 13.- Verificación técnica del expediente. La verificación técnica del expediente que debe llevar a cabo el departamento respectivo seguirá los siguientes pasos:

1. Verificación de la información presentada en el documento de evaluación ambiental, sobre la significancia de impacto ambiental, para lo cual se estará facultado a realizar una Inspección Ambiental al sitio según el procedimiento que defina SETENA para determinar en cuales casos se deberá realizar la inspección.

2. Revisión del espacio geográfico en que se localizará la actividad, obra o proyecto, respecto a su localización en un área ambientalmente frágil o no, y en el contexto de su entorno del espacio territorial y de la planificación de uso del suelo de que se disponga.

3. Verificación de la calificación final sobre la significancia del impacto ambiental (SIA) de la actividad, obra o proyecto.” Artículo 98.- Áreas Ambientalmente frágiles (AAF). Tienen por objetivo considerar, a priori, una serie de variables ambientales y jurídicas de un espacio geográfico, a fin de facilitar una decisión más acertada sobre el área en el que se desarrollará un proyecto, obra o actividad.

Las AAF, por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales: a) aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen especial de uso (marco jurídico y técnico definido); b) los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para su uso.

La evaluación de si el área del proyecto se localiza dentro de un AAF deberá ser realizada por el desarrollador desde las fases iniciales del proyecto. El hecho de que el área de proyecto forma parte de un AAF no constituye necesariamente la prohibición o impedimento para el desarrollo del proyecto, obra o actividad, salvo que la legislación vigente así lo establezca. En este caso, el conocimiento de esa situación debe hacer que se identifiquen las limitantes técnicas ambientales y se promueva un diseño del proyecto, obra o actividad de forma tal que puedan superar dichas limitantes técnicas y de esta manera, no afectar proyectos de bajo impacto que típicamente se desarrollan en las AAF.

La SETENA, durante el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental tendrá la obligación de verificar mediante las herramientas digitales disponibles, la situación del AP respecto a las AAF definidas y tomar en cuenta el resultado de ese análisis dentro del proceso de toma de decisiones que involucra el sistema. En caso de incertidumbre podrá realizar una inspección al sitio para determinar la naturaleza del terreno.

Para efectos del presente Decreto Ejecutivo, se tendrán como áreas ambientalmente frágiles las siguientes: (…)” En efecto, estas normas permiten a los desarrolladores de proyectos de bajo impacto (entre el 54% y el 65 % del total de proyectos que pasan por la SETENA) construir en áreas ambientalmente frágiles. Tal permisibilidad requiere de fundamento técnico para asegurarse que el desarrollo de proyectos en estas áreas no redundará en un impacto ambiental negativo.

Todo lo cual viola el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

-Artículo 15, “Artículo 15.- Viabilidad Ambiental Potencial. Una vez presentados los requisitos indicados en el artículo 11 del presente reglamento, el desarrollador o consultor podrá solicitar a la SETENA la Viabilidad Ambiental Potencial (VAP), la cual se otorgará en un plazo máximo de 7 días naturales. La obtención de la misma habilitaría al desarrollador de la actividad, obra o proyecto para iniciar o continuar gestiones de trámites ante otras entidades tanto públicas como privadas.

Lo anterior en el entendido de que, el inicio de actividades o concesión tal y como se define en este Reglamento, podrían darse únicamente con el otorgamiento de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), la cual se obtendría hasta que se finalice con la respectiva fase del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.” En efecto, dicha norma permite al desarrollador empezar la tramitación de permisos en otras instituciones antes de que acabe el proceso de permisos en SETENA. Autorización que resulta contraproducente, pues el resto de instituciones públicas o privadas deberían requerir de certeza sobre la viabilidad ambiental y no una viabilidad “potencial”. Categoría discutible desde el punto de vista de protección al ambiente. En materia ambiental, dada su fragilidad, se requiere la certeza y no la potencialidad.

Todo lo cual viola el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

-Artículo 39, “Artículo 39.- Actividades de muy bajo impacto ambiental. Las solicitudes de extracción de árboles en pie con un volumen comercial menor que 30 metros cúbicos, y las solicitudes de extracción de aprovechamiento en bosque de menos de 10 árboles caídos por propiedad, dentro de las Áreas Silvestres Protegidas son actividades que potencialmente generarán impactos ambientales puntuales, de baja intensidad y permanencia en el tiempo, por lo que estas solicitudes son tipificadas como actividades de muy bajo impacto ambiental, por lo tanto, estas actividades no deberán gestionar el D4 Forestal.” En efecto, dicha norma permite la corta de árboles de 30 mts cúbicos y la extracción de 10 árboles caídos de las áreas silvestres protegidas, sin que se requiera ya el trámite establecido en la normativa 31849. Tal como lo indica la PGR en su informe, esta norma, además de la excepción que hace para la evaluación de impacto ambiental en la extracción de árboles y las solicitudes de extracción de aprovechamiento en bosque dentro de las Áreas Silvestres Protegidas; no diferencia si se trata de los supuestos de propiedades privadas que se encuentran dentro de áreas silvestres protegidas, no contempla la evaluación de impacto ambiental, en contraposición con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y las normas en cuanto a la exigencia de esa evaluación en terrenos privados incluidos en áreas silvestres protegidas. Toda esta liberalización no tiene sustento técnico, es una muestra que evidencia que el interés privado se impone a un interés colectivo tan relevante como el ambiente, la tutela de la casa común.

Estas variaciones conculcan el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

-Artículo 47 “Artículo 47.- De la unificación de viabilidades ambientales. El desarrollador podrá solicitar a la SETENA la unificación de varios proyectos con viabilidad ambiental otorgada, bajo las siguientes condiciones:

1. Cuando un mismo desarrollador tenga uno o varios proyectos que operan en una misma propiedad o en propiedades colindantes y que los proyectos sean similares o complementarios en tipo y actividad, podrá unificar los expedientes administrativos para garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos de forma que no se dé una fragmentación del proyecto. En caso de que una o ambas de las actividades aprobadas no sean coincidentes o complementarias con el proyecto que desea realizarse, deberá someterse además en el mismo acto a un proceso de modificación.

2. Cuando dos proyectos colindantes que obtuvieron viabilidad ambiental desean unificarse para crear un proyecto en conjunto igual o diferente al otorgado mediante las viabilidades ambientales otorgadas originalmente, podrán solicitar la unificación de expedientes. En caso de que una o ambas de las actividades aprobadas no sean coincidentes o complementarias con el proyecto realizado o por ejecutarse, deberá someterse además en el mismo acto a un proceso de modificación.

3. Cuando el área del proyecto varíe en tamaño debido a la unificación, deberá así constatarse dentro del documento de unificación indicando la nueva área y estableciendo en todos los casos los compromisos ambientales nuevos adquiridos, prevaleciendo los de mayor instrumento de evaluación ambiental.

Presentada la información completa, la SETENA dispondrá de un plazo máximo de 21 días naturales para emitir la resolución respectiva.

El trámite de Evaluación de Impacto Ambiental se realizará por medio de la plataforma digital o el medio que SETENA establezca.” En efecto, dicha norma permite reconocer como un único proyecto la unión de proyectos de tamaño inferior a mil metros que no requieren de EIA si son construidos en una misma propiedad, propiciando fraccionamientos de megaproyectos en mini proyectos y con ello evadir los estudios, los controles y regulaciones que podría tener un proyecto mayor. La norma establece un instrumento que permite evadir los controles ambientales en función de los intereses de la colectividad.

Estas variaciones conculcan el derecho al ambiente y los principios de progresividad y no regresión, de objetivación, principio pro natura.

Conforme a los principios constitucionales de: tutela del derecho al ambiente; el principio preventivo (cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos); el principio precautorio (cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente); el principio pro in dubio natura (en caso de duda o incerteza las controversias deben resolverse y las normas deben interpretarse a favor de la protección y conservación del ambiente); el principio de objetivación de la tutela ambiental (o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, según el cual se impone acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia); el principio de progresividad y no regresión en materia ambiental (la obligación del Estado de ir aumentado la protección y de no adoptar medidas, políticas o normas jurídicas que empeoren la situación de protección alcanzada); el principio de uso racional de los recursos; el principio pro natura (resolver e interpretar siempre a favor del ambiente); resultan inconstitucionales las normas apuntadas del Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental que modificaron el régimen anterior, desmejorando el nivel de protección al ambiente.

La visión que expreso en este voto particular, expresa una seria preocupación por el deterioro de la tutela ambiental, ignorando principios tan importantes de la tutela ambiental y cuya violación no requiere una argumentación abundante del accionante.

Luego, en adición a todo lo anterior, considero que se ha violentado el derecho de participación ciudadana. Además, procede admitir la legitimación en este caso para la defensa de la autonomía municipal. Claramente el reglamento impugnado no cumple a cabalidad con los criterios para considerarse como debidamente consultado. Nótese que se consultó por medio de una página web a la cual no toda la población tiene acceso y la población que podría accederla, no conocía que estaba en consulta en esa página, porque no tuvo la debida publicidad. Tampoco parece que fue consultado con las municipalidades a las que involucra directamente en el uso y cumplimiento de esta normativa. Así la consulta realizada fue por medio de una página web del Ministerio de Comercio, que no tuvo la debida difusión a toda la ciudadanía, que pocas personas tienen acceso a una web de este tipo y que es desconocida. La normativa internacional establece que la difusión se debe dar por medios que lleguen a toda la ciudadanía y que puedan presentar sus objeciones de modo fácil.

En esta materia, la Administración en general, no evidencia un compromiso con la participación ciudadana, sólo se crean unos procedimientos que no pueden catalogarse como participación ciudadana. Ni siquiera este tribunal le parece trascendental la participación ciudadana, porque por voto de mayoría, se debilitó la exigencia del control ciudadano efectivo en proyectos de interés ambiental. Se habla mucho de democracia, de participación, pero cuando se requiere su cabal cumplimiento, ni la administración ni el control judicial, la convierten en vivencia efectiva de la cultura democrática.

Fernando Cruz C.

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