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Res. 25673-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/08/2025
OutcomeResultado
Amparo granted for violation of the right to prompt and complete justice (Art. 41 CP), as formal communication of the complaint's outcome occurred over seven months later, during the amparo proceedings; no award of costs, damages, or losses by majority.Se declara con lugar el amparo por violación al derecho a una justicia pronta y cumplida (art. 41 CP), al constatarse que la comunicación formal del resultado de la denuncia ocurrió más de siete meses después, durante la tramitación del amparo; sin condenatoria en costas, daños y perjuicios por mayoría.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by neighbors adjacent to HC Recycle, who allege noise and environmental pollution (oil and paint spills) affecting their health and quality of life, as well as danger from truck traffic and an inadequate dividing wall. They filed a complaint with the Ministry of Health in November 2024 without receiving a definitive response. The Chamber finds that while the Ministry carried out inspections, technical reports, and sanitary orders, formal communication of the complaint's result to the petitioners only occurred on June 19, 2025, over seven months later, and only due to the amparo proceedings. This violates the fundamental right to a timely resolution (Article 41 of the Constitution). Since the situation was remedied during the proceedings, the amparo is granted under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, but without an award of costs, damages, or losses, by majority opinion. There are partial dissents on costs and damages.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por vecinos colindantes con la empresa HC Recycle, quienes alegan contaminación sónica y ambiental (vertidos de aceite y pintura) que afecta su salud y calidad de vida, así como peligro por tránsito de cabezales y un muro divisorio inadecuado. Los recurrentes denunciaron estos hechos ante el Ministerio de Salud en noviembre de 2024, sin obtener respuesta definitiva. La Sala constata que, aunque el Ministerio realizó inspecciones, informes técnicos y órdenes sanitarias, la comunicación formal del resultado de la denuncia a los amparados ocurrió hasta el 19 de junio de 2025, más de siete meses después, y solo con ocasión de la tramitación del amparo. Esto constituye una violación al derecho fundamental a una pronta resolución (artículo 41 constitucional). Dado que la situación fue corregida durante el proceso, se declara con lugar el recurso según el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, por criterio de mayoría. Se emiten votos salvados parciales sobre costas y daños.
Key excerptExtracto clave
In light of the above, the violation of the fundamental rights of the petitioners (Article 41 of the Constitution) is confirmed, since, although the record of proven facts shows that the respondents have addressed the complaint filed by the protected party, it is no less true that it was not until June 19 that the petitioner was formally notified of the result of his claim (i.e., the issuance of the sanitary order), and this occurred only on occasion of the processing of this amparo and after more than seven months had elapsed since the complaint was filed. Now, given that the situation that violated the fundamental rights of the petitioner was corrected during the processing of this matter, the appropriate course is to grant the amparo in accordance with the provisions of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.En virtud de lo expuesto, se constata la conculcación de los derechos fundamentales de la parte amparada (numeral 41 constitucional), pues, aun cuando de la relación de hechos probados se constata que los accionados han atendido la denuncia planteada por el tutelado, no menos cierto es que no fue sino hasta el 19 de junio que al petente se le comunicó formalmente el resultado de su gestión (sea, la emisión de la orden sanitaria) y ello no ocurrió sino con ocasión de la tramitación de este amparo y ya transcurridos más de siete meses desde que la denuncia fue planteada. Ahora bien, dado que la situación que conculcaba los derechos fundamentales de la amparada fue corregida durante la tramitación de este asunto, lo procedente es estimar el recurso de acuerdo con lo establecido en el ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Pull quotesCitas destacadas
"En virtud de lo expuesto, se constata la conculcación de los derechos fundamentales de la parte amparada (numeral 41 constitucional), pues, aun cuando de la relación de hechos probados se constata que los accionados han atendido la denuncia planteada por el tutelado, no menos cierto es que no fue sino hasta el 19 de junio que al petente se le comunicó formalmente el resultado de su gestión (sea, la emisión de la orden sanitaria) y ello no ocurrió sino con ocasión de la tramitación de este amparo y ya transcurridos más de siete meses desde que la denuncia fue planteada."
"In light of the above, the violation of the fundamental rights of the petitioners (Article 41 of the Constitution) is confirmed, since, although the record of proven facts shows that the respondents have addressed the complaint filed by the protected party, it is no less true that it was not until June 19 that the petitioner was formally notified of the result of his claim (i.e., the issuance of the sanitary order), and this occurred only on occasion of the processing of this amparo and after more than seven months had elapsed since the complaint was filed."
Considerando IV
"En virtud de lo expuesto, se constata la conculcación de los derechos fundamentales de la parte amparada (numeral 41 constitucional), pues, aun cuando de la relación de hechos probados se constata que los accionados han atendido la denuncia planteada por el tutelado, no menos cierto es que no fue sino hasta el 19 de junio que al petente se le comunicó formalmente el resultado de su gestión (sea, la emisión de la orden sanitaria) y ello no ocurrió sino con ocasión de la tramitación de este amparo y ya transcurridos más de siete meses desde que la denuncia fue planteada."
Considerando IV
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable."
Artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
Artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional
"Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada."
"While I agree with the rest of the Chamber in granting the amparo, I dissent from the majority opinion insofar as it exempts the respondent from paying the costs, damages and losses resulting from the harm caused to the fundamental rights of the protected party."
Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado
"Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada."
Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
"In environmental matters, it is my opinion that if the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and resolve lies with the administrative litigation courts. However, I do decide on the merits when other rights of the persons affected by the pollution source are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of August, two thousand twenty-five.
Amparo action processed in expediente number 25-007713-0007-CO, filed by Nombre46217, identity card CED36287, Nombre46218, identity card CED36288, Nombre46219, identity card CED36289, Nombre46220, identity card CED36290, Nombre46221, identity card CED36291, DANIELA IVETH MARTÍNEZ CAMPOS, identity card CED36292, EDWIN SANTIAGO MARTÍNEZ BADILLA, identity card CED36293, EDWIN SANTIAGO MARTÍNEZ MONGE, identity card CED36294, ELIZABETH DE JESÚS CAMPOS RODRÍGUEZ, identity card CED36286, , , Nombre46222, identity card CED36295, FRANCISCO JOSÉ MIRANDA MORA, identity card CED36296, JAZMÍN ROXANA MÉNDEZ CANALES, identity card CED36297, Nombre46223, identity card CED36298, LUIS GUILLERMO PEREIRA FERNÁNDEZ, Nombre46224, identity card CED36299, Nombre46225, identity card CED36300, Nombre46226, identity card CED36301, Nombre46227, identity card CED36302, Nombre46228, identity card CED36303, Nombre46229, identity card CED36304, Nombre46230, identity card CED36305, Nombre46231, identity card CED36306 AND Nombre46232, identity card CED36308, against the MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
Drafted by Magistrate Araya García; and,
Considerando:
Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment No. 2008002545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals, to the contentious-administrative jurisdiction. Precisely, in the sub lite case, a situation of exception arises, as it involves a complaint for alleged sonic and environmental pollution that allegedly has not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
The petitioners state that they are neighbors adjoining a property belonging to the company HC Recycle and also adjoin the Coris River. They mention that the company causes excessive noise. They add that tractor-trailers enter and exit that place at all hours, which endangers them. They criticize that the dividing wall between their properties and that of the company is made of prefabricated tile and is barely one and a half meters high. They add that the company also pollutes the Coris River, as they discard some type of oil there and they have seen that they place tanks of residual waste in the river. They mention that on November 27, 2024, they filed a complaint before the El Guarco-El Molino branch of the Ministerio de Salud. They explain that on December 3, 2024, an inspector from the respondent ministry appeared to corroborate what was denounced; however, they have not yet obtained a resolution from the ministry.
Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:
It is acknowledged that a spill of water-based paint occurred the week before the visit; it was indicated that a remediation plan (plan de remediación) was carried out for the spill of half a tanker; during the inspection, no discharge or evidence of waste dumped onto the ground or into the river was observed. It is necessary to request a report on the actions taken as part of the remediation and monitoring plan for the control of the water-based paint spill that occurred in the vicinity of the Purires River; regarding the noise, a measurement is required to determine the impact. (…) 8. Conclusion · The management of the company HC Recycle acknowledges that a water-based paint spill occurred in November 2024 in the vicinity of the Purrires River. · To address the grounds of the complaint regarding noise, a sound measurement (medición sónica) must be scheduled. 9. Recommendation · Issue an order as mentioned in section 4 of this report and section 6 with the legal basis. · Schedule a sound measurement (medición sónica) according to the impact schedule indicated by the complainant (Monday to Saturday from 8:00 p.m. to 10:00 p.m.).” (See documentary evidence).
Recommendations I. When a calibrated sound level meter (sonómetro) is available at the regional level, schedule a new inspection to address complaint # 137-2024 // HC Recycle; a sound measurement (medición sónica) must be carried out on Wednesday or Thursday as indicated by the complainant. II. Deem sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-DARSEG-OS-008-2025 fulfilled.” (See documentary evidence).
In the sub lite case, the appellants state that they are neighbors adjoining a property belonging to the company HC Recycle and also adjoin the Coris River. They mention that the company causes excessive noise. They add that truck cabs enter and leave that place at all hours, which endangers them. They reproach that the dividing wall between their properties and that of the company is made of prefabricated tile (baldosa prefabricado) and is barely one and a half meters high. They add that the company also pollutes the Coris River, as they discard some type of oil there and they have seen them placing residual waste tanks in the river. They mention that on November 27, 2024, they filed a complaint before the El Guarco-El Molino branch of the Ministry of Health. They state that on December 3, 2024, an inspector from the respondent ministry appeared to corroborate the complaint; however, they have not yet obtained a resolution from the ministry.
Regarding this, the Chamber has proven that, on November 2, 2024, the plaintiff Nombre46217 filed a complaint before the Rectorate Health Area of El Guarco for excessive noise at any time of day, bangs that generate vibrations in the house, noise from trucks and forklifts, as well as the existence of oil, paint, or some oil-based liquid waste in the river, all of the foregoing caused by the company HC Recycle.
Subsequently, through technical report (informe técnico) MS-DRRSCE-DARSEG-IT-042-2025 of January 30, 2025, the Regulation Team of the Health Area of El Guarco ruled: “4. Situation found: On December 2, 2024, a visit was made in coordination with the complainant to verify the grounds of the complaint; the site where the oil dumping was reported was visited, and at that time, the waste was not observed on the riverbanks. In relation to the noise complaint, it was indicated that the most frequent impact is from Monday to Saturday from 8:00 p.m. to 10:00 p.m. On December 5, 2024, the company HC Recycle was visited; I was attended by Mr. Eliseo Hernández Calderón, Mr. German Monge Mata, and Ms. Jazmín Alfaro Montero; the reason for the visit was explained; they indicated that they work 24 hours, that after 10:00 a.m. they work with machinery that does not generate noise. It is acknowledged that a spill of water-based paint occurred the week before the visit; it was indicated that a remediation plan (plan de remediación) was carried out for the spill of half a tanker; during the inspection, no discharge or evidence of waste dumped onto the ground or into the river was observed.
It is necessary to request a report on the actions taken as part of the remediation and monitoring plan for the control of the water-based paint spill that occurred in the vicinity of the Purires River; regarding the noise, a measurement is required to determine the impact. (…) 8. Conclusion · The management of the company HC Recycle acknowledges that a water-based paint spill occurred in November 2024 in the vicinity of the Purrires River. · To address the grounds of the complaint regarding noise, a sound measurement (medición sónica) must be scheduled. 9. Recommendation · Issue an order as mentioned in section 4 of this report and section 6 with the legal basis. · Schedule a sound measurement (medición sónica) according to the impact schedule indicated by the complainant (Monday to Saturday from 8:00 p.m. to 10:00 p.m.).” Thus, by sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-008-2025, notified to the representative of the company HC Recycle S. A. on February 10, 2025, and with an expiration date of February 24, 2025, the following was ordered: “1.
Present a report on the actions taken as part of the remediation and monitoring plan for the control of the water-based paint spill that occurred in the vicinity of the Purires River.” In addition to the above, it is accredited that on April 2, 2025, the Minister of Health was notified of the course of this amparo. Subsequent to that, by official communication (oficio) CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0129-2025 of April 3, 2025, the respondent Rectorate Health Area (Área Rectora) stated: “7. Conclusions a. In the inspection carried out at the company HC Recycle, several elements were detected that could generate noise, such as the entry and exit of the company's trucks and forklifts when reversing, and this can only be verified through a sound measurement (medición sónica). The complainant requests that sound measurements (mediciones sónicas) be carried out on Wednesdays or Thursdays, and also that the noise of employees, horns, and sound systems/radios of the trucks be taken into account.
It is important to consider that Decree No. 39428-S Reglamento para el control de la contaminación por ruido and Decree No. 32692- S. Procedimiento para la medición de ruido state: b. Regarding the tile wall that divides the company from the adjoining neighbors, a sector damaged by a vehicle from the company HC Recycle was observed, according to reports, and the company undertook to repair it, but its height and construction are not the responsibility of the Ministry of Health. c. Regarding wastewater, oil, or paints, no odors or spills of oils or paints directed towards the Purires River were detected. d. Finally, on February 24, 2025, the company's responsible person submitted a remediation and monitoring report for the water-based paint spill in the vicinity of the Purires River, complying with what was requested in sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-008-2025. 8.
Recommendations I. When a calibrated sound level meter (sonómetro) is available at the regional level, schedule a new inspection to address complaint # 137-2024 // HC Recycle; a sound measurement (medición sónica) must be carried out on Wednesday or Thursday as indicated by the complainant. II. Deem sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-DARSEG-OS-008-2025 fulfilled.” And, in official communication (oficio) CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0430-2025 of April 4, 2025, addressed to the company HC Recycle S. A., the Director of the Rectorate Health Area of El Guarco communicated: “I hereby inform you that Sanitary Order (Orden Sanitaria) No. MS-DRRSCE- DARSEG-OS-008-2025 is deemed fulfilled. This is according to technical report (informe técnico) No. MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0129- 2025 signed by the official Bach. José Adrián Quesada Campos, which indicates that what was requested in the administrative act was complied with, namely, presenting a report on the actions taken as part of the remediation and monitoring plan (plan de remediación y monitorio) for the control of the water-based paint spill that occurred in the vicinity of the Purires River.” Added to the above, by technical report (informe técnico) CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0245-2025 of June 4, 2025, the Rectorate Health Area (Área Rectora) stated: “7.
Conclusions a. In the inspection carried out at the company Hc Recycle, no elements that generate possible noise were detected; the complainant requests that sound measurements (mediciones sónicas) be carried out at night from 10:00 p.m. onwards and in the early morning starting at 3:30 a.m., on Monday mornings into Tuesday. b. Regarding wastewater, oil, or paints, no odors or spills of oils or paints directed towards the Purires River were detected. 8. Recommendations Reschedule complaint # 137-2024 // Hc Recycle, to carry out a sound measurement (medición sónica) at night from 10:00 p.m. onwards and in the early morning starting at 3:30 a.m., Monday mornings into Tuesday.” Furthermore, by official communication (oficio) CARTA- MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0258-2025 of June 16, 2025, the Rectorate Health Area of El Guarco concluded: “IV. Conclusions Recommendations For the measurement period carried out, the noise generated consisting of trucks starting, warming up engines, performing reversing maneuvers, the truck cab coupling the container, and leaving the premises of HC Recycle S.A., exceeded the maximum permissible limit of 40 dB for the "Mixed" type zone established in Table 1 of Article 5 of Decree No. 44486-S Reglamento para el Control del Ruido Ambiental, for the nighttime period running from 8:00 p.m. to 5:59 a.m. V. · In accordance with the results obtained in the sound measurement (medición sónica) and as established in Article 23 of Decree No. 44486-S, a corrective action plan (plan de acciones correctivas) with its respective schedule, responsible parties, and defined timelines must be submitted within a period of 20 business days. · Notify the interested parties of this technical report (informe técnico).” By sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-0057-2025, notified to the representative of the company HC Recycle S. A. on June 20, 2025, the following was ordered: “For the measurement period carried out, the noise generated consisting of trucks starting, warming up engines, performing reversing maneuvers, the truck cab coupling the container, and leaving the premises of HC Recycle S.A., exceeded the maximum permissible limit of 40 dB for the "Mixed" type zone established in Table 1 of Article 5 of Decree No. 44486-S Reglamento para el Control del Ruido Ambiental, for the nighttime period running from 8:00 p.m. to 5:59 a.m. The technical report (informe técnico) MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0258-2025 is attached.
Therefore, under the provisions of Articles No. 1-2-4-5-7-37-39-164-262-263-340-341-355 of the Ley General de Salud (Ley 5395), Articles No. 2-4-5-60-61-65 of the Ley Orgánica del Ambiente, Reglamento General para permiso sanitario de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud No. 43432- S, Decree No. 44486-S, Reglamento para el Control del Ruido Ambiental and Decree No. 32692- S. Procedimiento para la medición de ruido, you are ordered by mandatory compliance the following writ: Within the indicated period, you must proceed to: In accordance with the results obtained in the sound measurement (medición sónica) and as established in Article 23 of Decree No. 44486-S, a corrective action plan (plan de acciones correctivas) with its respective schedule, responsible parties, and defined timelines must be submitted within a period of 20 business days.” Finally, it is verified that in official communication (oficio) CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0699-2025 of June 18, 2025, addressed to the plaintiff, the Director of the Rectorate Health Area communicated: “Receive a cordial greeting.
In response to the complaint filed through Customer Service of the Directorate of the Rectorate Health Area of El Guarco on November 22, 2024, indicating that there is a problem mainly related to noise caused by trucks from the company HC Recycle, it warranted carrying out sound measurements (mediciones sónicas) to verify the complaint. On June 16, 2025, the official Bach. Adrián Quesada Campos carried out sound measurements (mediciones sónicas) and according to technical report (informe técnico) MS-DRRSCE-DARSEG-IT-258-2025, the results exceeded the permitted limit of 40 dB for the mixed-type zone during the nighttime hours, which is why corrective measures will be requested from the reported company. For further detail, technical report (informe técnico) MS-DRRSCE-DARSEG-IT-258-2025 is attached.” Said official communication was notified to the protected party on June 19, 2025.
By virtue of the foregoing, the violation of the fundamental rights of the protected party is verified (constitutional provision 41), since, even though it is verified from the list of proven facts that the respondents have addressed the complaint filed by the protected party, it is no less true that it was not until June 19 that the petitioner was formally informed of the result of their action (that is, the issuance of the sanitary order) and this only occurred on the occasion of the processing of this amparo and after more than seven months had elapsed since the complaint was filed.
Having said that, given that the situation that violated the fundamental rights of the protected party was corrected during the processing of this matter, the appropriate course is to grant the appeal in accordance with the provisions of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the granting must be without a special award of costs and damages, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same final paragraph states that the granting is ordered “solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.” It is emphasized that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court.
In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the compensation of the damages caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, as the case may be, International or Community Law, and, furthermore, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf.
Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any subject matter. In any case, the affected party in the sub lite case preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the above, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs and damages.
I have supported the thesis of this Court that, when a claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative forum, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on Article 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence.
Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo protection process, in all other cases, and for the reasons given by this Court (ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
In environmental matters, it is the undersigned's criterion that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the substance of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the appellants state that they are neighbors adjoining a property belonging to the company HC Recycle and also adjoin the Coris River. They mention that the company causes excessive noise. They add that truck cabs enter and leave that place at all hours, which endangers them. They reproach that the dividing wall between their properties and that of the company is made of prefabricated tile (baldosa prefabricado) and is barely one and a half meters high. They add that the company also pollutes the Coris River, as they discard some type of oil there and they have seen them placing residual waste tanks in the river. They mention that on November 27, 2024, they filed a complaint before the El Guarco-El Molino branch of the Ministry of Health, but a definitive solution has not been provided.
VIII.PARTIAL DISSENTING VOTE BY JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-IMPOSITION OF COSTS AND DAMAGES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs and damages derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:
“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.” On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:
“...any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the compensation of the damages caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence.” This latter norm establishes the general system that regulates the matter of compensation and payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the case and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…” In the majority's view, the aforementioned Article 51 regulates cases where the Chamber has proven the grievance; and, as a consequence, the need for an award of costs and damages arises. However, in the undersigned's judgment, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo – a scenario contemplated in the aforementioned Article 52 – by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the condemnation of the violator to the compensation of the damages caused and the payment of the costs of the appeal.
This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a deterrent, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction.
Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to examine the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it learned of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), in any of these scenarios, the imperative need always arises for an award of costs, damages, and losses (condenatoria en costas, daños y perjuicios) against the violator, the basis of which lies in the principles of protecting the rights of individuals and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.
Thus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not prevent the applicability of an award of costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of mandatory awards on those heads contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Furthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies exclusively in cases where the Chamber, even though it has not examined nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as the majority of the Chamber states, implies an "abnormal termination of the process." The legislator established and precisely defined the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the decision granting leave to proceed with the amparo; and 2) that there exists an administrative or judicial decision that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights.
Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.
In my view, this exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial decision that revokes, ceases, or suspends the challenged action, unless it is demonstrated in an indisputable and clear manner that in the specific case no compensable injury whatsoever was caused. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from paying those heads. As in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption that economic damages and losses arose for the protected party from the challenged actions—the concrete determination of which does not fall to this jurisdiction—the granting of this appeal must necessarily entail an award of costs, damages, and losses, and we so declare.
As an additional reason, it is worth noting that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather, of the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the system of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis conducted by this court concentrates on such verification; however, it does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said award (of damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not consider that this examination of pertinence may, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, as applicable) have constituted the adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable.
For reference, Articles 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from awards issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:
"ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo has jurisdiction over the execution of judgments handed down by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications." It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an in abstracto award on those heads, since such claims would not be applicable in those types of cases when the judgment handed down within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative court requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber.
In that order, in my opinion, pursuant to the mentioned Article 52 of the LJC, dispensation from that patrimonial award requires proof, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries—even potential ones—derived from or associated with the facts analyzed is motivatedly deemed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires a qualified and duly grounded application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a decision or a judicial judgment is handed down that revokes, ceases, or suspends the challenged action does not, per se, rule out that, prior to that cessation by the respondent entity's own cause or an outside cause, the accused indolence or reproached disturbance may have come to cause damages and losses. However, such a merits issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with what is regulated by the aforementioned mandate 52, are inherent to an in abstracto award that later forms the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction.
The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not fall to the protected person to claim or demonstrate damages, since what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts produced injuries to them is an extreme that, as a matter of principle and save exceptional cases, does not form part of the basis of analysis in this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a merits analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not enter into evaluating whether or not there is an infraction, with which, much less can it be defined whether, based on what was denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation.
In that way, the dispensation from an award referred to by that rule is of an exceptional, not a principled, nature. Therefore, in those scenarios, the rule imposes an in abstracto award, so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, would be put at risk, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Moreover, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person.
That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is reiterated, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation insofar as it was made to cease for the reasons alluded to in the rule under examination generated damages and losses is a topic that, save proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is repeated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere materialization of the de facto scenario regulated in the mentioned Article 52 of the LJC. Therefore, with the customary respect for the majority position, I deliver my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail the in abstracto award of costs, damages, and losses.
Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is underway, an administrative or judicial decision is issued that revokes, ceases, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable." My interpretation of that rule is as follows: That "decision" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.
Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: "Any decision granting the appeal shall award in abstracto the indemnification for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the in abstracto award thereof is appropriate. If this were not done, if such an award were not granted, in the event that they had occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an in abstracto award, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary court will so declare, since only to him corresponds to deem proven their real existence and magnitude. With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the dispositive part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.
The parties are warned that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012.
Por tanto:
The appeal is granted with no special award of costs, damages, and losses. Judge Castillo Víquez makes a note. Judge Salazar Alvarado makes a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. Notifíquese.
Name137 V.
Name152 C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-007713-0007-CO, interpuesto por Nombre46217 , cédula de identidad CED36287, Nombre46218 , cédula de identidad CED36288, Nombre46219 , cédula de identidad CED36289, Nombre46220 , cédula de identidad CED36290, Nombre46221 , cédula de identidad CED36291, DANIELA IVETH MARTÍNEZ CAMPOS, cédula de identidad CED36292, EDWIN SANTIAGO MARTÍNEZ BADILLA, cédula de identidad CED36293, EDWIN SANTIAGO MARTÍNEZ MONGE, cédula de identidad CED36294, ELIZABETH DE JESÚS CAMPOS RODRÍGUEZ, cédula de identidad CED36286, , , Nombre46222 , cédula de identidad CED36295, FRANCISCO JOSÉ MIRANDA MORA, cédula de identidad CED36296, JAZMÍN ROXANA MÉNDEZ CANALES, cédula de identidad CED36297, Nombre46223 , cédula de identidad CED36298, LUIS GUILLERMO PEREIRA FERNÁNDEZ, Nombre46224 , cédula de identidad CED36299, Nombre46225 , cédula de identidad CED36300, Nombre46226 , cédula de identidad CED36301, Nombre46227 , cédula de identidad CED36302, Nombre46228 , cédula de identidad CED36303, Nombre46229 , cédula de identidad CED36304, Nombre46230 , cédula de identidad CED36305, Nombre46231 , cédula de identidad CED36306 Y Nombre46232 , cédula de identidad CED36308, contra el MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008002545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por supuesta contaminación sónica y ambiental que presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.
La parte recurrente expone que son vecinos colindantes con una propiedad que le pertenece a la empresa HC Recycle y también colindan con el río Coris. Mencionan que la empresa que la empresa provoca un ruido excesivo. Añaden que de ese lugar entran y salen cabezales a todas horas lo que los pone en peligro. Reprochan que el muro divisorio entre sus propiedades y la de la empresa es de baldosa prefabricado y tiene apenas una altura de un metro y medio. Agregan que la empresa también contamina el rio Coris, pues desechan ahí algún tipo de aceita y han visto que colocan cisternas de desechos residuales en el rio. Mencionan que el 27 de noviembre de 2024 interpusieron una denuncia ante la sucursal de El Guarco-El Molino del Ministerio de Salud. Exponen que el 3 de diciembre de 2024 se apersonó una inspectora del ministerio recurrido para corroborar lo denunciado; empero, aún no han obtenido una resolución por parte del ministerio.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Se requiere solicitar informe de las acciones realizada como parte del plan de remediación y monitorio por el control del derrame de pintura de agua presentando en las cercanías del Río Purires, con relación al ruido se requiere medición para determinar la afectación. (…) 8. Conclusión · La administración de la empresa HC Recycle reconoce que se presentó un derrame de pintura de agua en el mes de noviembre del 2024 en las cercanías del río Purrires. · Para atender el motivo de denuncia por ruido se requiere programar medición sónica. 9. Recomendación · Girar orden conforme se menciona en el apartado 4 del presente informe y apartado 6 con el fundamento legal. · Programar medición sónica según horario de afectación indicado por el denunciante (lunes a sábado de 8:00pm a 10:00pm)”. (Ver prueba documental).
Recomendaciones I. Cuando se cuente con un sonómetro calibrado en el nivel regional, programar una nueva inspección para la atención de la denuncia # 137-2024 // HC Recycle; se debe realizar medición sónica miércoles o jueves como indicó el denunciante. II. Dar por cumplida la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSEG-OS-008-2025”. (Ver prueba documental).
En el sub lite, la parte recurrente expone que son vecinos colindantes con una propiedad que le pertenece a la empresa HC Recycle y también colindan con el río Coris. Mencionan que la empresa que la empresa provoca un ruido excesivo. Añaden que de ese lugar entran y salen cabezales a todas horas lo que los pone en peligro. Reprochan que el muro divisorio entre sus propiedades y la de la empresa es de baldosa prefabricado y tiene apenas una altura de un metro y medio. Agregan que la empresa también contamina el rio Coris, pues desechan ahí algún tipo de aceita y han visto que colocan cisternas de desechos residuales en el rio. Mencionan que el 27 de noviembre de 2024 interpusieron una denuncia ante la sucursal de Dirección5921 del Ministerio de Salud. Exponen que el 3 de diciembre de 2024 se apersonó una inspectora del ministerio recurrido para corroborar lo denunciado; empero, aún no han obtenido una resolución por parte del ministerio.
Al respecto, la Sala tiene por demostrado que, el 2 de noviembre de 2024, el accionante Nombre46217 planteó una denuncia ante el Área Rectora de Salud de El Guarco por por ruido excesivo a cualquier hora del día, golpes que generan vibraciones en la casa, ruidos de camiones y montacargas, así como la existencia de desechos aceite, pintura o algún líquido a base de aceite en el rio, todo lo anterior provocado por la empresa HC Recycle.
Posteriormente, mediante informe técnico MS-DRRSCE-DARSEG-IT-042-2025 del 30 de enero del 2025, el Equipo de Regulación del Área de Salud de El Guarco dictaminó: “4. Situación encontrada: El día 02 de diciembre del 2024 se realizó una visita en coordinación con el denunciante para verificar el motivo de la denuncia, se visitó el sitio donde se reportó vertido de aceite, en ese momento no se observó el residuo a orillas del río. En relación con la denuncia por ruido se indicó que la afectación más frecuente es de lunes a sábado de 8:00pm a 10:00pm. El día 5 de diciembre del 2024 se visitó la empresa HC Recycle me atendió el Sr. Eliseo Hernández Calderón, el Sr. German Monge Mata y la Sra. Jazmín Alfaro Montero, se explicó el motivo de la visita, se indicó que trabajan 24 horas que después de las 10:00am trabajan con maquinaria que no genera ruido. Se reconoce que la semana antes de la visita se presentó un derrame de pintura con agua, se indicó que se realizó plan de remediación por el derrame de media tanqueta; al realizar la inspección no se observó descarga o evidencia de residuos vertidos al suelo u río.
Se requiere solicitar informe de las acciones realizada como parte del plan de remediación y monitorio por el control del derrame de pintura de agua presentando en las cercanías del Río Purires, con relación al ruido se requiere medición para determinar la afectación. (…) 8. Conclusión · La administración de la empresa HC Recycle reconoce que se presentó un derrame de pintura de agua en el mes de noviembre del 2024 en las cercanías del río Purrires. · Para atender el motivo de denuncia por ruido se requiere programar medición sónica. 9. Recomendación · Girar orden conforme se menciona en el apartado 4 del presente informe y apartado 6 con el fundamento legal. · Programar medición sónica según horario de afectación indicado por el denunciante (lunes a sábado de 8:00pm a 10:00pm)”.
Así, por orden sanitaria nro. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-008-2025, notificada al representante de la empresa HC Recycle S. A, el 10 de febrero de 2025 y con fecha de vencimiento 24 de febrero de 2025, se ordenó: “1. Presentar informe de las acciones realizada como parte del plan de remediación y monitorio por el control del derrame de pintura de agua presentando en las cercanías del Río Purires”.
Aunado a lo anterior, se acredita que, el 2 de abril de 2025, la ministra de Salud fue notificada del curso de este amparo. Con posterioridad a ello, por oficio CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0129-2025 del 3 de abril de 2025, el área rectora accionada indicó: “7. Conclusiones a. En la inspección realizada en la empresa HC Recycle se detectaron varios elementos que podrían generar ruido como por ejemplo el ingreso y salida de los camiones de la empresa y montacarga al aplicar la reversa, y solamente mediante una medición sónica se podrá verificar. El señor denunciante solicita realizar mediciones sónicas los miércoles o jueves, además que se tome en cuenta el ruido de los empleados, bocinas y equipos de sonido/radios de los camiones. Importante tomar en cuenta que en el Decreto No. 39428-S Reglamento para el control de la contaminación por ruido y el Decreto No. 32692- S. Procedimiento para la medición de ruido, se indica: b. Con relación al muro de baldosa que divide la empresa con los vecinos colindantes, se observó un sector dañado por un vehículo de la empresa HC Recycle, según refieren y la empresa se comprometió a repararlo, pero su altura y construcción no es competencia del Ministerio de Salud. c. Con respecto a las aguas residuales-aceite o pinturas, no se detectaron olores ni derrames de aceites o pinturas dirigidas al río Purires. d. Por último, el responsable de la empresa entregó el 24 de febrero del 2025 un informe de remediación y monitoreo del derrame de pintura base de agua en las cercanías del río Purires, cumpliendo con lo solicitado en la orden sanitaria No. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-008-2025. 8.
Recomendaciones I. Cuando se cuente con un sonómetro calibrado en el nivel regional, programar una nueva inspección para la atención de la denuncia # 137-2024 // HC Recycle; se debe realizar medición sónica miércoles o jueves como indicó el denunciante. II. Dar por cumplida la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSEG-OS-008-2025”. Y, en oficio CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0430-2025 del 4 de abril de 2025, dirigido a la empresa HC Recycle S. A., la directora del Parea Rectora de Salud de El Guarco comunicó: “Me permito comunicarle que se da por cumplida la Orden Sanitaria N° MS-DRRSCE- DARSEG-OS-008-2025. Esto según el informe técnico N° MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0129- 2025 suscrito por el funcionario Bach. José Adrián Quesada Campos, en el que indica que se cumplió con lo solicitado en el acto administrativo, a saber, presentar un informe de las acciones realizadas como parte del plan de remediación y monitorio por el control del derrame de pintura de agua presentada en las cercanías del Río Purires”.
Sumado a lo anterior, mediante informe técnico CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0245-2025 del 4 de junio de 2025, el área rectora indicó: “7. Conclusiones a. En la inspección realizada en la empresa Hc Recycle no se detectó elementos que generan un posible ruido, el señor denunciante solicita realizar mediciones sónicas en la noche de 10: 00 p.m. en adelante y en la madrugada a partir de las 3.30 a.m., los lunes amanecer martes. b. Con respecto a las aguas residuales-aceite o pinturas no se detectó olores ni derrames de aceites o pinturas dirigidas al río Purires. 8. Recomendaciones Reprogramar la denuncia # 137-2024 // Hc Recycle, para realizar medición sónica en la noche de 10: 00 p.m. en adelante y en la madrugada a partir de las 3.30 a.m., lunes amanecer martes”.
Otrosí, por oficio CARTA- MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0258-2025 del 16 de junio de 2025, el Área Rectora de Salud de El Guarco concluyó: “IV. Conclusiones Recomendaciones Para el periodo de medición efectuado, el ruido generado consistentes de los camiones encendiéndose, calentando motores, realizando maniobras de reversa, el cabezal del camión enganchando el contenedor y saliendo de la empresa HC Recycle S.A., sobrepasó el límite máximo permisible de 40 dB para la zona de tipo "Mixto" establecido en la Tabla 1 del artículo 5 del Decreto N° 44486-S Reglamento para el Control del Ruido Ambiental, para el período nocturno que comprende de las 20:00 horas y las 5:59 horas. V. · De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición sónica y según lo establecido en el artículo 23 del decreto No. 44486-S, deben de presentar en un plazo de 20 días hábiles un plan de acciones correctivas con su respectivo cronograma, responsables y tiempos definidos. · Notificar a las partes interesadas el presente informe técnico”.
Por orden sanitaria nro. MS-DRRSCE-DARSEG-OS-0057-2025, notificada al representante de la empresa HC Recycle S. A. el 20 de junio de 2025, se ordenó: “Para el periodo de medición efectuado, el ruido generado consistentes de los camiones encendiéndose, calentando motores, realizando maniobras de reversa, el cabezal del camión enganchando el contenedor y saliendo de la empresa HC Recycle S.A., sobrepasó el límite máximo permisible de 40 dB para la zona de tipo "Mixto" establecido en la Tabla 1 del artículo 5 del Decreto N° 44486-S Reglamento para el Control del Ruido Ambiental, para el período nocturno que comprende de las 20:00 horas y las 5:59 horas. Se adjunta el informe técnico MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0258-2025. Por lo tanto, al amparo de lo dispuesto en los articulos N°1-2-4-5-7-37-39-164-262- 263-340-341-355 de la Ley General de Salud (Ley 5395), artículos N° 2-4-5-60-61- 65 de la Ley Orgánica del Ambiente, Reglamento General para permiso sanitario de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud N° 43432- S, Decreto N° 44486-S, Reglamento para el Control del Ruido Ambiental y Decreto N° 32692- S. Procedimiento para la medición de ruido, se le ordena por acatamiento obligatorio el siguiente escrito: En el plazo indicado debe proceder a: De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición sónica y según lo establecido en el artículo 23 del decreto No. 44486-S, deben de presentar en un plazo de 20 días hábiles un plan de acciones correctivas con su respectivo cronograma, responsables y tiempos definidos”.
Finalmente, se constata que, en oficio CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0699-2025 del 18 de junio de 2025, dirigido a la parte accionante, la directora del Área Rectora de Salud comunicó: “Reciba un cordial saludo. En atención a denuncia que se tramitó a través de Atención al Cliente de la Dirección del Área Rectora de Salud de El Guarco el 22 de noviembre de 2024 donde se indica que existe un problema relacionado principalmente con ruidos ocasionados por camiones de la empresa HC Recycle ameritó que se realizaran mediciones sónicas para comprobar lo denunciado. El día 16 de junio de 2025 el funcionario Bach. Adrián Quesada Campos llevó a cabo mediciones sónicas y según el informe técnico MS-DRRSCE-DARSEG-IT-258-2025 los resultados sobrepasaron el límite permitido de 40 dB para la zona de tipo mixto en horario nocturno por lo cual se solicitarán medidas correctivas a la empresa denunciada. Para mayor detalle se adjunta informe técnico MS-DRRSCE-DARSEG-IT-258-2025”. Tal oficio fue notificado a la parte tutelada el 19 de junio de 2025.
En virtud de lo expuesto, se constata la conculcación de los derechos fundamentales de la parte amparada (numeral 41 constitucional), pues, aun cuando de la relación de hechos probados se constata que los accionados han atendido la denuncia planteada por el tutelado, no menos cierto es que no fue sino hasta el 19 de junio que al petente se le comunicó formalmente el resultado de su gestión (sea, la emisión de la orden sanitaria) y ello no ocurrió sino con ocasión de la tramitación de este amparo y ya transcurridos más de siete meses desde que la denuncia fue planteada.
Ahora bien, dado que la situación que conculcaba los derechos fundamentales de la amparada fue corregida durante la tramitación de este asunto, lo procedente es estimar el recurso de acuerdo con lo establecido en el ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
V.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.
Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente indica que son vecinos colindantes con una propiedad que le pertenece a la empresa HC Recycle y también colindan con el río Coris. Mencionan que la empresa que la empresa provoca un ruido excesivo. Añaden que de ese lugar entran y salen cabezales a todas horas lo que los pone en peligro. Reprochan que el muro divisorio entre sus propiedades y la de la empresa es de baldosa prefabricado y tiene apenas una altura de un metro y medio. Agregan que la empresa también contamina el rio Coris, pues desechan ahí algún tipo de aceita y han visto que colocan cisternas de desechos residuales en el rio. Mencionan que el 27 de noviembre de 2024 interpusieron una denuncia ante la sucursal de El Guarco-El Molino del Ministerio de Salud, pero no se ha brindado una solución definitiva.
VIII.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.
Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.
A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.
Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.
Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.
Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.
Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa "resolución" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase "si fueren procedentes" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: "Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia".
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no. se diera tal condenatoria, en el caso de que si se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.
Nombre137 V.
Nombre152 C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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