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Res. 23012-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/07/2025
OutcomeResultado
The non-compliance petition is granted due to failure to comply with judgment 2024003959; the order to supplement the PNE certification with the 2021 wetland characterization and incorporate it into the Coastal Regulatory Plan is reiterated, under warning of administrative proceedings.Se declara procedente la gestión de incumplimiento por inobservancia de lo ordenado en sentencia 2024003959; se reitera la orden de complementar la certificación PNE con la caracterización de humedales de 2021 e incorporarla al Plan Regulador Costero, bajo apercibimiento de procedimiento administrativo.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber rules on a non-compliance petition filed by active coadjuvants regarding judgment No. 2024003959, which ordered SINAC to supplement the State Natural Heritage certification in the Talamanca Maritime-Terrestrial Zone with the 2021 wetland characterization, and ordered INVU and the Municipality of Talamanca to incorporate that update into the Coastal Regulatory Plan. The Chamber finds that SINAC's technical report failed to comply, instead questioning and replacing the ordered input, and that the other authorities did not coordinate its implementation. It declares the non-compliance petition well-founded, reaffirms the precautionary principle and the duty to protect wetlands under the Ramsar Convention and Article 50 of the Constitution. It reiterates the order to the respondent authorities to comply exactly as stated in the original judgment, under warning of opening administrative proceedings.La Sala Constitucional resuelve una gestión de incumplimiento presentada por los coadyuvantes activos respecto de la sentencia No. 2024003959, que ordenó a SINAC complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre de Talamanca con la caracterización de humedales de 2021, y al INVU y la Municipalidad de Talamanca incorporar esa actualización al Plan Regulador Costero. La Sala constata que el informe técnico presentado por SINAC no acató el mandato, sino que cuestionó y sustituyó el insumo ordenado, y que las demás autoridades no coordinaron su implementación. Declara procedente la gestión de incumplimiento, reafirma la vigencia del principio precautorio y la obligación de protección de humedales según la Convención Ramsar y el artículo 50 constitucional. Reitera la orden a las autoridades recurridas de cumplir en los términos exactos del fallo original, bajo apercibimiento de abrir procedimiento administrativo.
Key excerptExtracto clave
However, from the analysis of the reports rendered and the documentary evidence provided, it is found that compliance with the order has been ineffective. Indeed, technical report SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024, although presented as compliance with the judicial order, does not limit itself to incorporating the 2021 wetland characterization—as clearly required by the judgment—but rather substitutes it with an alternative analysis, questioning its technical validity and proposing a different methodology. Such action exceeds the constitutional mandate issued by this Chamber, which did not empower the administration to reinterpret or substantially modify the technical input defined as mandatory in the ruling. This omission is particularly serious in the context of environmental law. The lack of an updated, clearly and consensually scientifically supported certification means that wetlands—especially vulnerable and valuable ecosystems—could be ignored in territorial planning and development processes. The persistence of a 2017 State Natural Heritage certification, about which inconsistencies have been repeatedly noted, without having been corrected or officially replaced in accordance with the constitutional mandate, constitutes a plausible threat to the environment.Sin embargo, del análisis de los informes rendidos y la prueba documental aportada, se constata que el cumplimiento de lo ordenado ha sido ineficaz. En efecto, el informe técnico SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024, si bien fue presentado como cumplimiento a la orden judicial, no se limita a incorporar la caracterización de humedales del año 2021 —como claramente lo exigía la sentencia— sino que la sustituye por un análisis alternativo, cuestionando su validez técnica y proponiendo una metodología distinta. Tal actuación excede el mandato constitucional emitido por esta Sala, que no facultaba a la administración a reinterpretar ni a modificar sustancialmente el insumo técnico definido como obligatorio en el fallo. Esta omisión reviste particular gravedad en el contexto del derecho ambiental. La inexistencia de una certificación actualizada, con respaldo científico claro y consensuado, implica que los humedales —ecosistemas especialmente vulnerables y valiosos— podrían estar siendo ignorados en los procesos de planificación y desarrollo territorial. La persistencia de una certificación PNE del año 2017, respecto de la cual se han advertido reiteradamente inconsistencias, sin que haya sido corregida ni oficialmente reemplazada conforme al mandato constitucional, constituye una amenaza plausible al ambiente.
Pull quotesCitas destacadas
"el informe técnico SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024, si bien fue presentado como cumplimiento a la orden judicial, no se limita a incorporar la caracterización de humedales del año 2021 —como claramente lo exigía la sentencia— sino que la sustituye por un análisis alternativo, cuestionando su validez técnica y proponiendo una metodología distinta."
"technical report SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024, although presented as compliance with the judicial order, does not limit itself to incorporating the 2021 wetland characterization—as clearly required by the judgment—but rather substitutes it with an alternative analysis, questioning its technical validity and proposing a different methodology."
Considerando III
"el informe técnico SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024, si bien fue presentado como cumplimiento a la orden judicial, no se limita a incorporar la caracterización de humedales del año 2021 —como claramente lo exigía la sentencia— sino que la sustituye por un análisis alternativo, cuestionando su validez técnica y proponiendo una metodología distinta."
Considerando III
"la omisión técnica y administrativa no solo contradice el mandato específico contenido en la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional, sino que representa una violación de las obligaciones ambientales del Estado, al poner en riesgo la integridad de los humedales del cantón de Talamanca, su biodiversidad, los servicios ecosistémicos que proveen y los derechos colectivos de las comunidades indígenas y locales."
"the technical and administrative omission not only contradicts the specific mandate contained in the judgment issued by this Constitutional Court, but also represents a violation of the State's environmental obligations, by putting at risk the integrity of the wetlands of the canton of Talamanca, their biodiversity, the ecosystem services they provide, and the collective rights of indigenous and local communities."
Considerando III
"la omisión técnica y administrativa no solo contradice el mandato específico contenido en la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional, sino que representa una violación de las obligaciones ambientales del Estado, al poner en riesgo la integridad de los humedales del cantón de Talamanca, su biodiversidad, los servicios ecosistémicos que proveen y los derechos colectivos de las comunidades indígenas y locales."
Considerando III
"las alegaciones formuladas por el INVU y la Municipalidad de Talamanca, relativas a la existencia de una investigación penal en curso sobre presuntas irregularidades en el desarrollo del Plan Regulador Costero, si bien constituyen una circunstancia a considerar, no suspenden ni invalidan el cumplimiento del fallo constitucional firme."
"the allegations made by INVU and the Municipality of Talamanca regarding the existence of an ongoing criminal investigation into alleged irregularities in the development of the Coastal Regulatory Plan, while a circumstance to consider, do not suspend or invalidate compliance with the final constitutional judgment."
Considerando III
"las alegaciones formuladas por el INVU y la Municipalidad de Talamanca, relativas a la existencia de una investigación penal en curso sobre presuntas irregularidades en el desarrollo del Plan Regulador Costero, si bien constituyen una circunstancia a considerar, no suspenden ni invalidan el cumplimiento del fallo constitucional firme."
Considerando III
"Esta Sala ha desarrollado ampliamente en ocasiones anteriores el principio de coordinación interinstitucional, el cual consiste en uno de los principios rectores de la organización administrativa, ya que se trata de la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado."
"This Chamber has extensively developed on previous occasions the principle of interinstitutional coordination, which is one of the guiding principles of administrative organization, as it involves the coordination that must exist among all public entities and bodies when exercising their competencies and providing the services assigned to them by the legal system."
Considerando III
"Esta Sala ha desarrollado ampliamente en ocasiones anteriores el principio de coordinación interinstitucional, el cual consiste en uno de los principios rectores de la organización administrativa, ya que se trata de la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado."
Considerando III
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Type of Matter: Amparo action CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty on the twenty-third of July two thousand twenty-five.
Subsequent proceeding filed by JONATHAN ACUÑA SOTO, identity card CED01, ROCÍO ALFARO MOLINA, identity card CED02, PRISCILLA VINDAS SALAZAR, identity card CED03, SOFÍA ALEJANDRA GUILLÉN PÉREZ, identity card CED04, ANTONIO ORTEGA GUTIÉRREZ, identity card CED05 and ARIEL ROBLES BARRANTES, identity card CED06, regarding judgment No. CED07 of 09:30 hours on February 16, 2024.
Whereas:
Once the request from the Municipality of Talamanca is received by this Department, it will proceed with the corresponding actions at the plan level, that is, the required zoning adjustment. Once that process is completed, the consultation with SETENA must be processed so that this institution can determine whether, based on the changes proposed by the modification, a readjustment plan for the environmental viability (viabilidad ambiental) is necessary or not. In addition to the above, another aspect that the Chamber ordered to be corrected in other rulings was the issue of the public hearing (audiencia pública), which has been annulled on two occasions by this constitutional court, the first time through resolution No. 2023-031756 of December 7, 2023, by which the Municipality of Talamanca was ordered to conduct a new public hearing with consultation of the Indigenous Territory of Kéköldi within a maximum period of three months.
The Chamber emphasized that, pursuant to ILO Convention 169, the Keköldi community had the right to prior, free, and informed consultation as it is part of the unit with the coastline being regulated; the second time was through ruling No. 2024035187 of November 26, 2024, because it was considered that the procedures and principles of indigenous consultation were not respected, and therefore a genuine consultative process with the Keköldi people was ordered, pursuant to ILO Convention 169 and the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples (Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas). This occurred in response to claims from indigenous and environmental organizations who denounced that the consultation was not carried out in accordance with the required cultural and legal standards, alleging that not all indigenous inhabitants were involved and that the formal consultation mechanism established by Executive Decree 40932-MP-MJP was not followed.
Given this situation, a series of institutions, including the Ministry of Justice and Peace, MIVAH, and MIDEPLAN, are working together to issue a directive or protocol providing technical guidance and guidelines for indigenous consultation processes in municipalities. This will be based on all relevant regulations and international conventions that serve as the normative framework for its proper enactment and can be applied to the public hearing for this coastal regulatory plan (plan regulador costero). Currently, we at INVU are awaiting it. Attached is minute No. 06-2025, issued by the Ministry of National Planning and Economic Policy on February 24, 2025, which resulted from an in-person inter-institutional meeting also held jointly with officials from the Municipality of Talamanca, where this and other issues related to the Talamanca Regulatory Plan were discussed. (See Annex 3) 2) Regarding the investigation being conducted by the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency, and Anti-Corruption (Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción) and the repercussions this could have on the Talamanca Regulatory Plan.
By official letter DU-390-12-2024, sent on December 13, 2024, this INVU Department of Urbanism brought to the attention of the Constitutional Chamber the case being processed in the Deputy Prosecutor's Office for Probity, Transparency, and Anti-Corruption of the Public Ministry, under file number 23-000025-0611-PE (23-000250-1218-PE, which is consolidated with the main case). This was due to alleged irregularities by officials from the Municipality of Talamanca, the National System of Conservation Areas (SINAC), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), the Costa Rican Tourism Institute (ICT), as well as private individuals belonging to the Local Council of the La Amistad-Caribe Conservation Area (ACLAC) and the Local Council of Conservation Areas (COLAC) in the processing of the Coastal Regulatory Plan in the Talamanca Zone.
As a result of the above, a series of documentation was seized at the INVU Department of Urbanism, which was documented under seizure records number 0241850, 0241848, 0241847, 0207206, and 0207203, appearing at folios 1528 to 1535 of the file (documentation that was attached to official letter DU-390-12-2024) (See Annex 4). Due to the above, it was considered timely to inform the Constitutional Chamber of what had occurred, considering that whatever the Prosecutor's Office resolves regarding this investigation could significantly impact the content of the Talamanca Coastal Regulatory Plan. In this way, what might be implemented or modified today could prove fruitless or counterproductive in the future should irregularities be confirmed in the respective investigation. This is the reason for the inquiry made to this Constitutional Body in official letter DU-390-12-2024, regarding whether it was pertinent to continue with what was ordered by resolution No. 2024003059 at 9:30 a.m. on February 16, 2024, or if, on the contrary, it would be best to suspend its application until the investigation is resolved. Currently, the Chamber has not issued a ruling on the matter, so we take advantage of this hearing to respectfully reiterate our inquiry. (...)”.
Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,
Considering:
In ruling No. 2024003959 at 9:30 a.m. on February 16, 2024, the following was ordered: “... The appeal is declared with merit. It is ordered: i) to Maylin Mora Arias, in her capacity as acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of the National System of Conservation Areas, or whoever holds that position in her stead, to conclude, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this ruling, the procedure to complement the certification of State Natural Heritage in the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the Canton of Talamanca with the 'Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca' of June 2021; ii) to Delio Antonio Robles Loaiza, in his capacity as acting head of the Department of Urbanism, and to Daniel Brenes Arroyo, in charge of the Unit of Technical and Operative Criteria for Territorial Planning, both of the National Institute of Housing and Urbanism, as well as to Rugeli Morales Rodríguez, mayor, and to Yahaira Mora Blanco, president of the Council, both of the Municipality of Talamanca, to arrange what is necessary to incorporate the aforementioned update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca.
The respondent authorities are warned that according to the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State, the National Institute of Housing and Urbanism, and the Municipality of Talamanca are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment procedure of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado issues a dissenting opinion and dismisses the appeal, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct are in accordance or not, in substance, with the provisions of the legal system at the statutory level, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify.-”.
In the sub lite case, the active co-adjuvants filed a management of non-compliance regarding what was ordered in ruling No. 2024003959 at 9:30 a.m. on February 16, 2024, stating the following: “... III. That, through report SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024 dated May 17, 2024, the respondent party informs this Chamber without a valid1 and non-existent methodology for the preparation of said report, as shown below: '4. METHODOLOGY 4.1. Formation of working groups, documentary theoretical review * Analysis and evaluation of what was instructed in Resolution No. 2024-003959 of File No. 23-014549-0007-CO at nine hours and thirty minutes on February sixteen, two thousand twenty-four, of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, regarding compliance with what was instructed. * Formation of working groups, Ad hoc commission, and Technical commission. * Determination of personnel profiles for field work, logistical needs, and legal framework to be used.
Formation of a field work team with officials from different conservation areas with experience in wetland management, their identification, and classification. * Establishment of a work plan with a schedule (annex 25) to comply with the period indicated by the Constitutional Chamber.' IV. Added to the above, taking into account the null methodology for preparing said report, without any valid explanation based on science and technique, the report SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024 REDUCES THE WETLAND AREA2 from 165 ha 1230.72 m2 IDENTIFIED AND CLASSIFIED BY OFFICIAL LETTER SINAC-ACCOT-of-698-2021 'Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca' TO ONLY 73 HA 4333 M2, as it now asserts in the report presented to this Chamber. That is, there was a decrease of approximately 45% of the previously certified wetland areas.
V. Although the report SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024 attempts to attack the methodology3 (valid4 compared to that of the report provided to this Chamber in this matter) and the total coverage of wetlands with arguments of form, nevertheless, none of them have technical or scientific criteria that manage to discredit said areas. This situation clearly violates the Precautionary Principle enshrined in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development of June 1992; furthermore, it violates the Principles of progressivity and non-regression of environmental protection5, as well as the direct violation of the mandatory application criteria of environmental law established in Article 11 of the Biodiversity Law, Law number 7788.”
III.In accordance with the evidentiary elements in the record, this Chamber concludes that the management of non-compliance filed against the respondent authorities is procedurally appropriate, having verified the non-observance of what was ordered in ruling No. 2024003959 at 9:30 a.m. on February 16, 2024.
Through the resolution noted ut supra, this Chamber expressly ordered: i) Ms. Maylin Mora Arias, in her capacity as acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of SINAC, to complement, within three months, the certification of State Natural Heritage (PNE) in the Maritime Terrestrial Zone of the canton of Talamanca, based on the 'Characterization and delimitation of wetlands' of June 2021; and ii) the authorities of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) and the Municipality of Talamanca, to arrange what was necessary to incorporate said update into the Coastal Regulatory Plan.
However, from the analysis of the reports rendered and the documentary evidence provided, it is verified that compliance with what was ordered has been ineffective. Indeed, the technical report SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024, although presented as compliance with the judicial order, does not limit itself to incorporating the wetland characterization from 2021—as the ruling clearly demanded—but rather replaces it with an alternative analysis, questioning its technical validity and proposing a different methodology. Such action exceeds the constitutional mandate issued by this Chamber, which did not empower the administration to reinterpret or substantially modify the technical input defined as mandatory in the ruling.
This omission is particularly serious in the context of environmental law. The lack of an updated certification, with clear and consensual scientific backing, implies that wetlands—particularly vulnerable and valuable ecosystems—could be ignored in territorial planning and development processes. The persistence of a PNE certification from 2017, regarding which inconsistencies have been repeatedly warned about, without having been corrected or officially replaced in accordance with the constitutional mandate, constitutes a plausible threat to the environment. This situation entails a reasonable level of scientific uncertainty as to whether unidentified wetland areas currently exist, lacking effective protection or subject to uses incompatible with their ecological nature.
It must be remembered that wetlands are essential ecosystems for human survival, recognized internationally for their high biological productivity, their function as water reservoirs, and as habitats for a diversity of animal and plant species. Given their fragility, these ecosystems are particularly vulnerable to adverse phenomena such as climate change, drainage, vegetation clearing, droughts, and other anthropic impacts. By virtue of their ecological, social, and economic importance, wetlands enjoy special protection under international law, particularly through the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention), in force in Costa Rica since 1991 through Law No. 7224. The country currently has twelve officially recognized Ramsar sites.
At the domestic level, according to Article 50 of the Political Constitution and the jurisprudence of this Constitutional Chamber, it has been established that the protection of wetlands constitutes an imperative necessity for the health of the environment and the very life of the people. Said protection must be exercised regardless of whether or not the wetland has been declared a Ramsar site, being a specific obligation of the National System of Conservation Areas (SINAC).
Nevertheless, in practice, institutional action has evidenced a pattern contrary to said constitutional and conventional mandate. The issuance of Directive No. 09-2023 from the Ministry of Environment and Energy, which expressly discredited the technical study called 'Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca'—conducted in June 2021—has implied a significant setback in the environmental protection of the Costa Rican Caribbean coastline. Said directive classified the study as unofficial and disapplied it without having updated and valid technical studies to replace it (see in this sense ruling No. 2025-002281 at XXX hours on July 16, 2025).
This conduct, in addition to leaving highly sensitive ecosystems devoid of protection, contradicts fundamental principles of environmental law, such as the precautionary principle, the principle of legal reserve, and the obligation to conserve the State's Natural Heritage. The approval of instruments such as the Regulatory Plan in the area, without the backing of rigorous scientific studies, constitutes not only a risky action from its inception, but a real and current threat to coastal ecosystems, ecological balance, and the fundamental rights of the communities.
To date, the National System of Conservation Areas (SINAC) has not fully complied with the certification of State Natural Heritage in the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca, having failed to complement, validate, or officially adopt the wetland characterization and delimitation study conducted in June 2021. This non-compliance—which persists despite the passage of time—creates a situation of structural lack of protection for environmentally sensitive and legally protected areas, openly violating the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, pursuant to Article 50 of the Political Constitution and the international commitments of the Costa Rican State in environmental matters.
For this reason, a serious non-observance of the institutional duties established by this Constitutional Chamber in ruling No. 2024003959 at 9:30 a.m. on February 16, 2024, is verified, which remains unexecuted in a full and effective manner, to the detriment of the public interest and the environmental heritage of the State.
From the approach of constitutional environmental law, this Chamber reaffirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution, implies concrete duties for the public administration regarding the prevention of environmental damage. Within this framework, the precautionary principle, with broad international recognition (Rio Declaration, Principle 15) and with direct application in the Costa Rican legal system, dictates that, in the face of threats of serious or irreversible damage, the lack of scientific certainty should not be used as an excuse to postpone environmental protection measures.
In the present case, the technical and administrative omission not only contradicts the specific mandate contained in the ruling handed down by this Constitutional Court, but also represents a violation of the State's environmental obligations, by endangering the integrity of the wetlands of the canton of Talamanca, their biodiversity, the ecosystem services they provide, and the collective rights of the indigenous and local communities that inhabit and depend on that territory. Added to the above, this duty of the State—and of all its public institutions—not to harm the environment, as well as to actively protect it, restore it, and prevent its deterioration, requires real and verifiable results, a point reiterated also by the Inter-American Court of Human Rights, establishing that the right to a healthy environment is an autonomous right, protected by Article 11 of the Protocol of San Salvador and developed in its Advisory Opinion OC-23/17, where it is stressed that States have the obligation to prevent, regulate, and repair environmental damages that put life, health, integrity, or human dignity at risk, even when there is no immediate physical harm, but there is an impact on the ecological and functional integrity of ecosystems.
Similarly, note that the non-compliance by the authorities of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) was reiterated in ruling No. 10951-2024 at 9:20 a.m. on April 26, 2024. Although said resolution emphasized the mandate established by this Court in ruling No. 2024003959 at 9:30 a.m. on February 16, 2024, which is the case before us, it also conducted an analysis that is important to bring up by virtue of the connection it bears to this file. Precisely, this ruling confirms that the respondent harms constitutional Article 50, the obligations contracted by the Costa Rican State regarding the protection of wetlands in the RAMSAR Convention, and the developments regarding the precautionary principle, not only because the procedure to complement the State Natural Heritage certification in the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the document called 'Characterization and delimitation of wetlands in the maritime terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca' of June 13, 2021, has not been executed; but also because there is no updated technical criteria in relation to the 2017 PNE certification, even though inconsistencies were repeatedly warned about regarding it.
This scientific uncertainty implies—as the Chamber points out in the ruling cited supra—that wetlands could exist without protection or on which activities are being carried out without taking their nature into consideration, which harms the aforementioned precautionary principle and represents a plausible threat to the environment, with the possibility of generating serious or irreversible damages.
By virtue of this, the order of this resolution not only reiterates what was ordered in the ruling whose non-compliance is being studied here, but, additionally, instructs that a certification be issued delimiting all of the State Natural Heritage strips in the Maritime Terrestrial Zone of the canton of Talamanca with due technical support, in order to update the provisions in certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017. Now, given that the respondent reported under oath in that file that the heritage certification SINAC ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, is the only document with official status and that studies were missing within the draft document called 'Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca' dated June 13, 2021, thereby leaving it without effect, this does not exempt the respondent from its duty to issue an updated certification that covers and delimits all of the State Natural Heritage strips in the Maritime Terrestrial Zone of the canton of Talamanca.
Furthermore, the arguments made by INVU and the Municipality of Talamanca regarding the existence of an ongoing criminal investigation into alleged irregularities in the development of the Coastal Regulatory Plan, although they constitute a circumstance to be considered, do not suspend or invalidate compliance with the final constitutional ruling. The lack of clear administrative guidelines for carrying out indigenous consultation processes is also not admissible as an excuse, as this does not exempt the authorities from guaranteeing, by all available means, respect for the rights of indigenous peoples, pursuant to ILO Convention 169 and the General Consultation Mechanism.
Also, regarding what was stated by these two respondent authorities to the effect that, before taking the corresponding steps to arrange what is necessary to incorporate the update into the Coastal Regulatory Plan, they must wait for the SINAC authorities to complement the State Natural Heritage (PNE) certification in the Maritime Terrestrial Zone of Talamanca, these arguments are not admissible. This Chamber has extensively developed on previous occasions the principle of inter-institutional coordination, which consists of one of the guiding principles of administrative organization, as it deals with the coordination that must exist among all public entities and bodies when exercising their competences and providing the services that the legal system has assigned to them.
Said coordination is achieved through the establishment of fluid and permanent levels or channels of information between public entities, all of which can be achieved through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies. In the case before us, it is evident that the three respondent authorities have been negligent in the exercise of the mandate given by this Chamber in resolution No. 2024003959 at 9:30 a.m. on February 16, 2024. This implies a lack of coordination in the exercise of their functions that entails deficiencies in the provision of their services and, as a result, non-compliance with what was ordered of them.
In sum, the respondent authorities have not demonstrated that they have complied with what was ordered by this Chamber in an effective, suitable, and timely manner. The duty of active environmental guardianship, especially in fragile areas such as coastal wetlands, demands immediate, concrete, and coordinated actions by all involved authorities. Inaction, institutional lack of coordination, and deviation from the constitutional mandate evidence a situation of material disobedience.
Consequently, we proceed to reiterate to Maylin Mora Arias, in her capacity as acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of the National System of Conservation Areas, to Delio Antonio Robles Loaiza, in his capacity as acting head of the Department of Urbanism, and to Daniel Brenes Arroyo, in charge of the Unit of Technical and Operative Criteria for Territorial Planning, both of the National Institute of Housing and Urbanism, as well as to Rugeli Morales Rodríguez, mayor, and to Yahaira Mora Blanco, president of the Council, both of the Municipality of Talamanca, or to whoever holds those positions in their stead, that they proceed to comply with what was ordered in ruling No. 2024003959 at 9:30 a.m. on February 16, 2024, under the conditions set forth therein, under the warning that the initiation of an administrative proceeding will be ordered if they do not do so.
The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling.
Otherwise, any material not removed within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
Maylin Mora Arias, in her capacity as acting regional director of the Área de Conservación La Amistad Caribe of the Sistema Nacional del Áreas de Conservación, Delio Antonio Robles Loaiza, in his capacity as acting head of the Departamento de Urbanismo, and Daniel Brenes Arroyo, in charge of the Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, both of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, as well as Rugeli Morales Rodríguez, mayor, and Yahaira Mora Blanco, council president, both of the Municipalidad de Talamanca, or whomever holds those positions in their stead, are hereby reminded to proceed with fulfillment of what was ordered in judgment No. 2024003959 of 09:30 hours on February 16, 2024, under the conditions set forth therein. It is warned that failure to do so may result in the initiation of administrative proceedings (procedimiento administrativo) against them. Notifíquese. - Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitres de julio de dos mil veinticinco .
Gestión posterior planteada por JONATHAN ACUÑA SOTO, cédula de identidad CED01, ROCÍO ALFARO MOLINA, cédula de identidad CED02, PRISCILLA VINDAS SALAZAR, cédula de identidad CED03, SOFÍA ALEJANDRA GUILLÉN PÉREZ, cédula de identidad CED04, ANTONIO ORTEGA GUTIÉRREZ, cédula de identidad CED05 y ARIEL ROBLES BARRANTES, cédula de identidad CED06, respecto a la sentencia No. CED07 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
En la sentencia No. 2024003959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, se dispuso lo siguiente: “... Se declara con lugar el recurso. Se ordena: i) a Maylin Mora Arias, en su condición de directora regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, concluir, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021; ii) a Delio Antonio Robles Loaiza, en su condición de jefe a. i. del Departamento de Urbanismo, y a Daniel Brenes Arroyo, encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como a Rugeli Morales Rodríguez, alcalde, y a Yahaira Mora Blanco, presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca.
Se advierte a las autoridades recurridas que según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.-”.
En el sub lite, los coadyuvantes activos plantearon una gestión de incumplimiento respecto a lo ordenado en la sentencia No. 2024003959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, manifestando lo siguiente: “… III. Que, mediante informe SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024 con fecha del 17 de mayo del 2024, informa a esta Sala la parte recurrida sin una metodología1 válida e inexistente para la elaboración de dicho informe, como se muestra a continuación: “4. METODOLOGÍA 4.1. Conformación de grupos de trabajo revisión teórica documental * Análisis y evaluación de lo instruido en la Resolución Nº2024-003959 del Expediente Nº23-014549-0007-CO de las nueve horas y treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, referente al cumplimiento de lo instruido. * Conformación de los grupos de trabajo, comisión Ad doc. y Comisión técnica. * Determinación de perfiles de funcionarios para trabajo de campo, necesidades logísticas y marco legal a emplear.
Conformación equipo de trabajo de campo con funcionarios de diferentes áreas de conservación con experiencia en manejo de humedales, su identificación y clasificación. * Establecimiento de plan de trabajo con un cronograma (anexo 25) para cumplir con el periodo indicado por la Sala Constitucional.” IV. Aunado a lo anterior, tomando en cuenta la nula metodología para realizar dicho informe, sin explicación válida alguna que se ampare en la ciencia y la técnica, el informe SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024, DISMINUYE EL ÁREA DE HUMEDALES2 DE 165 ha 1230,72 m2 IDENTIFICADOS Y CLASIFICADOS MEDIANTE OFICIO SINAC-ACCOT-of-698-2021 “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” A SOLAMENTE 73 HA 4333 M2, como lo asegura ahora en el informe presentado a esta Sala. Es decir, hubo una disminución de aproximadamente el 45% de las áreas de humedal previamente certificadas.
V. Si bien el informe SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024 intenta atacar la metodología3 (válida4 en comparación a la del informe aportado a esta Sala en el presente asunto) y cabida total de humedales con argumentos de forma, sin embargo, ninguno de ellos tiene criterios técnicos o científicos que logren desacreditar dichas áreas. Esta situación a todas luces violenta el Principio Precautorio consagrado en el principio 15 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de junio de 1992, además, violenta los Principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental5, así como la violación directa de los criterios de aplicación obligatoria del derecho ambiental establecidos en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, Ley número 7788.”
III.De conformidad con los elementos probatorios que obran en autos, esta Sala concluye que resulta procedente la gestión de incumplimiento planteada contra las autoridades recurridas, al haberse verificado la inobservancia de lo ordenado en la sentencia No. 2024003959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024.
Mediante resolución señalada ut supra, esta Sala ordenó expresamente: i) a la señora Maylin Mora Arias, en su condición de directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC, complementar en un plazo de tres meses la certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca, con base en la “Caracterización y delimitación de humedales” de junio de 2021; y ii) a las autoridades del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y de la Municipalidad de Talamanca, disponer lo necesario para incorporar dicha actualización en el Plan Regulador Costero.
Sin embargo, del análisis de los informes rendidos y la prueba documental aportada, se constata que el cumplimiento de lo ordenado ha sido ineficaz. En efecto, el informe técnico SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024, si bien fue presentado como cumplimiento a la orden judicial, no se limita a incorporar la caracterización de humedales del año 2021 —como claramente lo exigía la sentencia— sino que la sustituye por un análisis alternativo, cuestionando su validez técnica y proponiendo una metodología distinta. Tal actuación excede el mandato constitucional emitido por esta Sala, que no facultaba a la administración a reinterpretar ni a modificar sustancialmente el insumo técnico definido como obligatorio en el fallo.
Esta omisión reviste particular gravedad en el contexto del derecho ambiental. La inexistencia de una certificación actualizada, con respaldo científico claro y consensuado, implica que los humedales —ecosistemas especialmente vulnerables y valiosos— podrían estar siendo ignorados en los procesos de planificación y desarrollo territorial. La persistencia de una certificación PNE del año 2017, respecto de la cual se han advertido reiteradamente inconsistencias, sin que haya sido corregida ni oficialmente reemplazada conforme al mandato constitucional, constituye una amenaza plausible al ambiente. Esta situación conlleva un nivel razonable de incerteza científica, en cuanto a si actualmente existen zonas de humedales no identificadas, sin protección efectiva o sometidas a usos incompatibles con su naturaleza ecológica.
Se debe recordar que los humedales son ecosistemas esenciales para la supervivencia humana, reconocidos internacionalmente por su alta productividad biológica, su función como reservorios de agua y como hábitats de una diversidad de especies animales y vegetales. Dada su fragilidad, estos ecosistemas son particularmente vulnerables ante fenómenos adversos como el cambio climático, drenajes, tala de vegetación, sequías y otros impactos antrópicos. En virtud de su importancia ecológica, social y económica, los humedales gozan de protección especial en el derecho internacional, particularmente mediante la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención Ramsar), vigente en Costa Rica desde 1991 mediante la Ley No. 7224. El país cuenta actualmente con doce sitios Ramsar oficialmente reconocidos.
A nivel interno, conforme al artículo 50 de la Constitución Política y a la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, se ha establecido que la protección de los humedales constituye una necesidad imperiosa para la salud del ambiente y la vida misma de las personas. Dicha protección debe ser ejercida con independencia de si el humedal ha sido declarado o no sitio Ramsar, siendo una obligación concreta del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
No obstante, en los hechos, el accionar institucional ha evidenciado un patrón contrario a dicho mandato constitucional y convencional. La emisión de la Directriz N.° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía, la cual desacreditó expresamente el estudio técnico denominado “Caracterización y Delimitación de los Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” —realizado en junio de 2021— ha implicado un retroceso significativo en la protección ambiental del litoral caribeño costarricense. Dicha directriz calificaba el estudio como no oficial y lo desaplicó sin contar con estudios técnicos actualizados y válidos que lo sustituyan (ver en ese sentido el voto No. 2025-002281 de las XXX horas del 16 de julio de 2025) Este proceder, además de dejar desprovistos de protección ecosistemas altamente sensibles, contradice principios fundamentales del derecho ambiental, tales como el principio precautorio, el principio de reserva de ley, y la obligación de conservación del Patrimonio Natural del Estado. La aprobación de instrumentos como el Plan Regulador en la zona, sin el respaldo de estudios científicos rigurosos, constituye no solo una actuación riesgosa desde su origen, sino una amenaza real y actual para los ecosistemas litorales, el equilibrio ecológico y los derechos fundamentales de las comunidades.
A la fecha, el Sistema Nacional del Áreas de Conservación (SINAC) no ha cumplido cabalmente con la certificación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo-Terrestre del Cantón de Talamanca, al no haber complementado, validado ni oficializado el estudio de caracterización y delimitación de humedales realizado en junio de 2021. Este incumplimiento —que persiste pese al transcurso del tiempo— genera una situación de desprotección estructural de zonas ambientalmente sensibles y jurídicamente tuteladas, vulnerando abiertamente el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme al artículo 50 de la Constitución Política y a los compromisos internacionales del Estado costarricense en materia ambiental.
En razón de lo anterior, se constata una inobservancia grave de los deberes institucionales establecidos por esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2024003959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, la cual continúa sin ejecutarse de manera íntegra y efectiva, en perjuicio del interés público y del patrimonio ambiental del Estado.
Desde el enfoque del derecho ambiental constitucional, esta Sala reafirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política implica deberes concretos para la administración pública en cuanto a la prevención de daños ambientales. En este marco, el principio precautorio de amplio reconocimiento internacional (Declaración de Río, Principio 15) y con aplicación directa en el ordenamiento jurídico costarricense, impone que, ante amenazas de daños graves o irreversibles, la falta de certeza científica no debe utilizarse como excusa para postergar medidas de protección ambiental.
En el presente caso, la omisión técnica y administrativa no solo contradice el mandato específico contenido en la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional, sino que representa una violación de las obligaciones ambientales del Estado, al poner en riesgo la integridad de los humedales del cantón de Talamanca, su biodiversidad, los servicios ecosistémicos que proveen y los derechos colectivos de las comunidades indígenas y locales que habitan y dependen de dicho territorio. Añadido a lo anterior, este deber del Estado -y de todas sus instituciones públicas- de no dañar el ambiente, así como de protegerlo activamente, restaurarlo y prevenir su deterioro, requiere resultados reales y verificables, lo cual ha sido reiterado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo, protegido por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y desarrollado en su Opinión Consultiva OC-23/17, donde se subraya que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y reparar afectaciones ambientales que pongan en riesgo la vida, la salud, la integridad o la dignidad humana, incluso cuando no haya daño físico inmediato, pero sí una afectación a la integridad ecológica y funcional de los ecosistemas.
De la misma forma, nótese que el incumplimiento de las autoridades del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), fue reiterado en el voto No. 10951-2024 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2024. Inclusive, si bien dicha resolución enfatizó el mandato establecido por este Tribunal en la sentencia No. 2024003959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, que es el caso que nos ocupa, también realizó un análisis que es importante traer a colación en virtud de la conexidad que guarda con el presente expediente. Precisamente, esta sentencia constata que la accionada lesiona el artículo 50 constitucional, las obligaciones contraídas por el Estado costarricense sobre la protección de los humedales en la Convención RAMSAR y lo desarrollado al respecto del principio precautorio, no solamente porque no se ha ejecutado el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con el documento denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” del 13 de junio de 2021; sino también porque no existe un criterio técnico actualizado en relación con la certificación de PNE de 2017, aún cuando se advirtieron inconsistencias con respecto a la misma en múltiples ocasiones.
Esta incerteza científica implica -como lo señala la Sala en el voto citado supra- que podrían existir humedales sin protección o sobre los que se estén llevando a cabo actividades sin tomar en consideración su naturaleza, lo que lesiona el ya mencionado principio precautorio y representa una amenaza plausible al ambiente, con la posibilidad de generar daños graves o irreversibles.
En virtud de ello, la orden de esta resolución no solamente reitera lo dispuesto en la sentencia cuyo incumplimiento aquí se estudia, sino que, adicionalmente, instruye a que se emita una certificación que delimite la totalidad de las franjas de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca con el debido sustento técnico, para así actualizar lo dispuesto en la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017. Ahora bien, en vista de que la accionada informó bajo fe de juramento en dicho expediente que la certificación de patrimonio SINAC ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 del 30 de junio del 2017 es el único documento con carácter oficial y que faltaban estudios por realizar dentro del documento borrador denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” de fecha 13 de junio del 2021, dejándolo sin efecto, esto no exime a la recurrida en cuanto a su deber de expedir una certificación actualizada que abarque y delimite la totalidad de las franjas de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca.
Por otra parte, las alegaciones formuladas por el INVU y la Municipalidad de Talamanca, relativas a la existencia de una investigación penal en curso sobre presuntas irregularidades en el desarrollo del Plan Regulador Costero, si bien constituyen una circunstancia a considerar, no suspenden ni invalidan el cumplimiento del fallo constitucional firme. Tampoco resulta admisible como excusa la falta de lineamientos administrativos claros para llevar a cabo procesos de consulta indígena, pues ello no exime a las autoridades de garantizar, por todos los medios disponibles el respeto a los derechos de los pueblos originarios, conforme al Convenio 169 de la OIT y al Mecanismo General de Consulta.
También, en cuanto a lo dicho por estas dos autoridades recurridas al respecto de que, previo a realizar las diligencias correspondientes de disponer lo necesario para incorporar la actualización en el Plan Regulador Costero deben aguardar a que las autoridades del SINAC complementen la certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) en la Zona Marítimo Terrestre de Talamanca, estos alegatos no son de recibo. Esta Sala ha desarrollado ampliamente en ocasiones anteriores el principio de coordinación interinstitucional, el cual consiste en uno de los principios rectores de la organización administrativa, ya que se trata de la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado.
Dicha coordinación se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación. En el caso que nos ocupa, queda en evidencia que las tres autoridades recurridas han sido omisas en el ejercicio del mandato dado por esta Sala en la resolución No. 2024003959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024. Esto implica una falta de coordinación en el ejercicio de sus funciones que acarrea carencias en la prestación de sus servicios y, como resultado, el incumplimiento de lo que les fue ordenado.
En síntesis, las autoridades recurridas no han demostrado haber cumplido con lo ordenado por esta Sala de forma efectiva, idónea y oportuna. El deber de tutela activa del ambiente, en especial en zonas frágiles como los humedales costeros, exige acciones inmediatas, concretas y coordinadas por parte de todas las autoridades involucradas. La inacción, la descoordinación institucional y el desvío del mandato constitucional evidencian una situación de desobediencia material.
En consecuencia, se procede reiterar a Maylin Mora Arias, en su condición de directora regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, a Delio Antonio Robles Loaiza, en su condición de jefe a. i. del Departamento de Urbanismo, y a Daniel Brenes Arroyo, encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como a Rugeli Morales Rodríguez, alcalde, y a Yahaira Mora Blanco, presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que procedan al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia No. 2024003959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, en las condiciones ahí consignadas, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo si no lo hicieren.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se le reitera a Maylin Mora Arias, en su condición de directora regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, a Delio Antonio Robles Loaiza, en su condición de jefe a. i. del Departamento de Urbanismo, y a Daniel Brenes Arroyo, encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como a Rugeli Morales Rodríguez, alcalde, y a Yahaira Mora Blanco, presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que procedan al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia No. 2024003959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, en las condiciones ahí consignadas. Se advierte que en caso no hacerlo se podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo en su contra. Notifíquese. - Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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