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Res. 15248-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/05/2025

Logging Outside Keköldi Indigenous Territory Did Not Violate RightsTala fuera del territorio indígena Keköldi no vulneró derechos

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied the amparo because the logging was not proven to have occurred within the Keköldi Indigenous Territory, while reminding the Vice Ministry of Peace and MINAE of their duty to monitor it under the preventive and precautionary principles.La Sala rechazó el amparo porque no se probó que la tala ocurriera dentro del territorio indígena Keköldi, aunque recordó al Viceministerio de Paz y al MINAE su deber de darle seguimiento conforme a los principios preventivo y precautorio.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denied an amparo filed on behalf of the Keköldi Indigenous People against MINAE, SINAC, and other institutions over logging allegedly conducted within their territory. Relying on inspections, coordinates, and INDER’s technical records, the majority found that the trees covered by certificate of origin CO SAF RN 151-2280-2023 were outside the Indigenous Territory’s official boundaries. It stated that INDER and CONAI are responsible for officially determining whether property lies within an indigenous reserve, whereas the National Geographic Institute may provide cartographic opinions but cannot certify indigenous boundaries. Because the alleged territorial intrusion was not proven, the Chamber found no violation of collective, territorial, or environmental rights. It nevertheless directed the Vice Ministry of Peace and MINAE to heed their duty to monitor logging associated with the certificate under the preventive and precautionary principles. Justice Salazar agreed with the denial but reasoned that review of the administrative actions belonged in the contentious-administrative jurisdiction rather than constitutional amparo proceedings.La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo promovido en favor del pueblo indígena Keköldi contra el MINAE, el SINAC y otras instituciones por una corta de árboles presuntamente realizada dentro de su territorio. La mayoría tuvo por acreditado, con base en inspecciones, coordenadas y registros técnicos del INDER, que los árboles amparados por el certificado de origen CO SAF RN 151-2280-2023 estaban fuera de los límites oficiales del territorio indígena. Indicó que la determinación oficial de si un inmueble se encuentra dentro o fuera de una reserva indígena corresponde al INDER y a la CONAI, mientras que el IGN únicamente puede aportar criterios cartográficos y no certificaciones territoriales. Al no demostrarse la invasión denunciada, la Sala descartó la vulneración de derechos colectivos, territoriales o ambientales. No obstante, ordenó al Viceministerio de Paz y al MINAE tomar nota de su deber de dar seguimiento a la tala conforme a los principios preventivo y precautorio. El magistrado Salazar concurrió con razones diferentes sobre la competencia contencioso-administrativa.

Key excerptExtracto clave

Accordingly, the technical opinion issued by INDER is based on powers assigned to it under the legal system and therefore constitutes the valid and authorized reference for determining the territorial location of properties in relation to indigenous reserves. Consequently, the official determination of whether a property lies inside or outside an indigenous reserve must be understood to belong exclusively to INDER and CONAI. In this matter, because a duly substantiated technical inspection established that the area in question lies outside the boundaries of the Keköldi Indigenous Territory, there is no violation of protected collective or territorial rights and no basis for questioning the result of that territorial assessment. According to the reports rendered under oath and the evidence contained in the electronic case file, the cutting of trees authorized under certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023 occurred outside the boundaries of the Keköldi Indigenous Territory. In other words, it was not proven that the logging occurred within that Indigenous Territory; therefore, this Chamber does not find that any fundamental right was violated or that the Keköldi Indigenous Territory was infringed. V.- Finally, in view of the ruling herein, the Vice Ministry of Peace—in its capacity as coordinator of the Interinstitutional Technical Roundtable—and the Ministry of Environment and Energy shall take note of their duty to monitor the logging in the aforementioned area in connection with case file AC-AC03-COSAF-00122-2023—certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023—in accordance with the preventive and precautionary principles discussed in this judgment.Así las cosas, el criterio técnico emitido por el INDER se basa en competencias que le son propias, conforme al ordenamiento jurídico, de modo que constituye el referente válido y autorizado para determinar la ubicación territorial de inmuebles respecto de reservas indígenas. En consecuencia, debe entenderse que la determinación oficial sobre si un inmueble se encuentra dentro o fuera de una reserva indígena corresponde únicamente al INDER y la CONAI y que, en el presente asunto, al haberse acreditado mediante inspección técnica debidamente fundamentada que el área en cuestión se ubica fuera de los límites del territorio indígena Keköldi, no existe violación alguna a derechos colectivos o territoriales protegidos, ni fundamento para cuestionar el resultado de dicha evaluación territorial. Ahora bien, según se desprende de los informes rendidos bajo juramento y del acervo probatorio que consta en el expediente electrónico, la corta de árboles autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023, fue realizada fuera de los límites del territorio indígena Keköldi. Es decir, no se acreditó que la tala de árboles se diera dentro de dicho territorio indígena, por lo que esta Sala no considera que se haya violentado derecho fundamental alguno, por lo que no se constata una vulneración del territorio indígena Keköldi. V.- Finalmente, en atención a lo aquí resuelto, tomen nota el Viceministerio de Paz -en su condición de coordinador de la Mesa Técnica Interinstitucional- y el Ministerio de Ambiente y Energía de su deber de darle seguimiento a la tala de árboles en la zona supra señalada, en relación con el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 -certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023- de conformidad con los principios preventivo y precautorio, ya desarrollados en este pronunciamiento.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota el Viceministerio de Paz y el Ministerio de Ambiente y Energía de lo dispuesto en el considerando V, de esta sentencia."

    "The petition is denied. The Vice Ministry of Peace and the Ministry of Environment and Energy shall take note of the provisions of section V of this judgment."

    Por tanto

  • "Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota el Viceministerio de Paz y el Ministerio de Ambiente y Energía de lo dispuesto en el considerando V, de esta sentencia."

    Por tanto

  • "Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad."

    "In environmental matters, this makes it necessary to distinguish constitutional review from legality review."

    Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado

  • "Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad."

    Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado

  • "Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales."

    "The contrary would transform amparo into an ordinary full-merits proceeding, distorting and frustrating the purposes for which it was designed and causing it to lose its character as an instrument for the effective protection of fundamental rights."

    Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado

  • "Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales."

    Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado

  • "Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo."

    "Consequently, I consider that when a public entity or body has intervened in various ways or issued administrative acts concerning an environmental matter, its review and oversight belong to the contentious-administrative jurisdiction."

    Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado

  • "Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo."

    Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review Decision No. 2025015248 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty-five a.m. on 23 de mayo de dos mil veinticinco.

Amparo proceeding being processed under case file No.24-004886-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, on behalf of the KEKÖLDI Indigenous People against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY and the RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE AND OTHERS.

Findings of Fact:

  1. 1By a brief added to the Chamber’s digital case file at 16:22 on 22 de febrero de 2025, the petitioner filed an amparo proceeding (recurso de amparo) against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY and the RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE. The petitioner states that the proceeding is brought on behalf of the members of the Keköldi Indigenous People, who learned that tree felling had begun in November and December 2023 on properties adjoining their territory and that it subsequently expanded and encroached upon the boundaries of their territory, even approaching one of their streams. The petitioner states that the Keköldi Indigenous People requested assistance from the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Keköldi (ADITIK), which determined that the Indigenous territory had indeed been encroached upon and that the neighbors carrying out the felling had a document called a “forestry supervision form” (formulario de regencia forestal) issued by the Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, although it is not actually known whether it is a felling permit (permiso de corta) or merely an application.The petitioner adds that Forestry Supervision Form No.0007783 records authorization for the harvesting of forest resources (aprovechamiento del recurso forestal) from the properties with property registration numbers N° PRN01 and Nº PRN02 and registered survey plans N° L-13392-1991 and L-975726-1991, located in the province of Limón, canton of Talamanca, district of Cahuita; title to these properties is registered in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre07, all surnamed (Nombre08). It states that the total to be felled at the site is 174 trees of 11 different species, and that the inventory bears a SINAC stamp signed on 12 de noviembre de 2023. The petitioner indicates that on 16 de enero de 2024, ADITIK requested CONAI’s assistance in stopping the forest-harvesting permit before MINAE and in obtaining certification of the territorial boundaries of the Keköldi Indigenous People. The petitioner adds that the Deputy Minister of Peace, Erika Madriz Chinchilla, who coordinates the Mesa Técnica Interinstitucional, forwarded ADITIK’s request to the MINAE Minister by means of written communication No. SVMP-MT-007-2024.The petitioner further states that a report was issued concerning the field visit to the disputed area and that official communication No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 confirmed that the Keköldi Indigenous territory had been encroached upon through tree felling. The petitioner alleges that the purported permit was granted for 6 months, which means that the harvesting of forest resources has not yet concluded and that the felling continues to affect the Keköldi Indigenous People and the environment. In view of the foregoing, the petitioner comes before the Chamber seeking protection of the protected party’s fundamental rights and requests that the proceeding be granted.
  2. 2By a Presidency decision issued at 12:26 on 20 de marzo de 2024, the proceeding was admitted for consideration.
  3. 3David Chavarría Morales, Acting Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), reports as follows: “(…) with respect to the facts alleged by the petitioner, the matter was referred to the Área de Conservación la Amistad Caribe, which prepared report number SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 dated 20 de marzo del año en curso, technical report number SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 dated 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, and supplemental report number SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 dated veintidós de marzo del presente año, documents stating the following (…) on 17 de noviembre del año dos mil veintitrés, specifically at the Oficina Subregional Limón–Talamanca, an application was received in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre08 for a Certificate of Origin (certificado de Origen) under the Agroforestry System through Forest Regeneration category (Sistema Agroforestal por Regeneración Forestal), for the harvesting of 174 trees; accordingly, case file number AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 was assigned to it, and it was processed and authorized because it met the applicable technical and regulatory requirements.At the request of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), an inspection was conducted on 21 de diciembre del año dos mil veintitrés together with Nombre05, a member of that Association, in response to alleged illegal felling in the KEKÖLDI Indigenous territory. As a result of that inspection, report SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 was prepared, concluding that there was no evidence of any unlawful act and recommending follow-up on the agreement reached with ADITIK concerning its boundaries. The aforementioned report shows that the visit was conducted at coordinates Dirección03 CED01 Dirección02, where substantial tree felling was observed, authorized under certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023. The report further states that the official layers showing the territorial boundaries were reviewed using Geographic Information Systems (Sistemas de Información Geográfica, SIG) through the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), and they indicate that the felling took place outside the boundaries, as shown in the following image (…).In addition to the foregoing, after reviewing the Registro Nacional’s SIRI system, it is apparent that the parcel outlined in turquoise in the following image (the aforementioned Certificate of Origin SAF-RN 151-2280-2023) is located outside the boundaries of the Keköldi territory. In view of all the foregoing, it is not true that the tree felling took place on land within the Territorio Indígena Bribri–Keköldi or that it expanded into and encroached upon the boundaries of that territory (…)”. He requests that the proceeding be denied.

4. Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy (MINAE), reports as follows: “(…) Regarding the petitioner’s allegation, this Office submits its report in the following terms: This Ministry is the entity responsible for safeguarding the country’s natural resources and contributing to improvements in the inhabitants’ quality of life by promoting the management, conservation, and sustainable development of environmental and natural elements, assets, services, and resources whose administration is assigned to this Ministry by law or international agreement. It is also important to note that Article 50 of our Constitution establishes that the State must seek the greatest welfare for all inhabitants of the country by guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment, with due respect for the right to protection of human health deriving from the right to life; consequently, the primary objective of environmental use and protection is to achieve development and evolution favorable to human beings in harmony with the environment, in which environmental quality and economic resources are fundamental parameters for individuals.

Accordingly, Article 22 of Ley de Biodiversidad N°7788 created the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC), whose legal nature is that of a deconcentrated body with instrumental legal personality attached to MINAE and whose fundamental purpose is to integrate authority over forestry, wildlife, and protected wilderness areas in order to establish policies and plan and implement processes intended to achieve sustainability in the management of our country’s natural resources (…). For that reason, and in view of the specialized nature of the subject matter, coordination was undertaken with the Área de Conservación La Amistad Caribe Subregión Limón-Talamanca through official communication DAJ-MINAE-0354-2024, and report SINAC-ACLAC-SLT-087-2024, dated 20 de marzo de 2024, stated: ‘On 21 de diciembre del año 2023, a joint inspection was conducted with Nombre05 of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK) in response to a complaint concerning apparent illegal felling in the Territorio Indígena Keköldi; official communication SINAC-ACLACDASP-RNVSGM-190-2023 concluded: “At the time of the visit, no potential unlawful act was identified; therefore, it is recommended that follow-up be conducted on the agreement reached with ADITK concerning its boundaries in order to resolve the matter.” Thus, on 17 de noviembre de 2023, an application for a Certificate of Origin (CO) under the Agroforestry System (SAF) through Forest Regeneration category was indeed submitted to and received by the Oficina Subregional Limón–Talamanca in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre07; it was assigned case file number AC-AC03-COSAF-00122-2023, covering a total of 174 trees of 12 species and a volume of 293.46 cubic meters.

Pursuant to the foregoing, this case file was assigned by agreement at a meeting. It is important to state that Certificates of Origin are forestry applications submitted by a forestry supervisor (Regente forestal), who is an engineer, to the Administración Forestal del Estado (AFE) for technical review and approval; therefore, THEY ARE NOT PERMITS GRANTED BY AFE. Under Ley Forestal N°7575 and Article 28 thereof, “Exception from the felling-permit requirement: forest plantations, including Agroforestry Systems and individually planted trees and their products, shall not require permits for felling, transportation, processing, or export.” In this situation, the identification, marking, and location of the trees fall within the authority of the forestry supervisor, who exercises PUBLIC AUTHORITY (FE PÚBLICA). The Administración Forestal del Estado (AFE) is the governing body responsible for providing the devices used to transport timber originating from the different types of permits, except in the case of forest plantations, for which the forestry supervisor issues the corresponding transportation documents for timber originating from the plantations.

Accordingly, in this particular case, as part of the Oficina Subregional’s monitoring and oversight of the different types of forestry permits, it issued the first transportation documents and tags on 24 de noviembre del 2023. The permit application under the Certificate of Origin (CO) category for an Agroforestry System (SAF) met all the requirements established by the regulations in force; therefore, its administrative processing and receipt continued, and administrative case file number N° AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 was assigned to it in the names of the (Nombre08) siblings. Accordingly, through official communication SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024, the official layers showing the boundaries of the Keköldi Indigenous territory (territorio indígena, TI) were verified using geographic information systems (SIG) through the Sistema Nacional De Información Territorial (SNIT), demonstrating that the points recorded in the field for trees that had been felled and/or marked under Certificate of Origin # COSAF RN 151-2280-2023 are located outside the boundaries of the TI (…).

Likewise, the Registro Nacional’s SIRI system shows that the parcel outlined in turquoise (corresponding to CO SAF RN 151-2280-2023) is located outside the boundaries of the TI Keköldi, which are represented by the dashed yellow line (…)’”. He requests that the proceeding be denied.

  1. 5Esteban Jamienson Hidalgo, head of the Talamanca Territorial Development Office of the Instituto de Desarrollo Rural, reports as follows: “(…) on Friday, January 19 of the current year, a request for the appropriate assistance and coordination regarding the matters set forth in request letter CONAI 16 was received by internal mail from the Executive Presidency of INDER (letter attached). Following coordination with the President of the ADI, Ms. Nombre06, Ms. Nombre03, the ADI’s auditor, was designated to guide me during the inspection of the site so that it could be determined whether the deforestation was taking place inside or outside the Keköldi Indigenous Territory. This inspection was conducted on January 23. Official letter INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 describes the equipment used to carry out the fieldwork. It further states that 7 points were recorded using the specified equipment and that, when plotted in the Real Property Registry Information System (Sistema de Información de Registro Inmobiliario, SIRI) of the Registro Nacional, all the points can be seen to lie outside the Keköldi Indigenous Territory, notwithstanding the equipment manufacturer’s stated margin of error.At Ms. Nombre06’s request, the points recorded during the inspection conducted jointly with Ms. Nombre03 were sent to Ms. Nombre06 via WhatsApp on January 24, 2024. The statement made in the amparo proceeding (Recurso de Amparo), specifically where it states: ‘…through official letter No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, it was established that the Keköldi Indigenous Territory had been invaded through logging,’ is incorrect. The aforementioned official letter is attached so that the statements made by the undersigned therein may be verified. Lastly, it is important to note that the inspection was conducted in the area that was being deforested as of Tuesday, January 23 (it is unknown whether the area was subsequently expanded), and the coordinates were collected using equipment that, according to the manufacturer, has a margin of error of ±3,7 meters (…)”.
  2. 6By a ruling issued at 11:22 on September 04, 2024, additional parties were joined, and reports were requested from the president of the board of directors of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) and the Vice Minister of Peace.
  3. 7Rubilia Aurora Stuart Leiva, President of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, reports as follows: “(…) in the specific case of what was indicated by ADITIK, the permit or form was issued by the Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica; it must be noted that such certificates of origin (certificados de origen) do not apply to Indigenous Territory. First, these certificates are not sufficient in themselves to authorize the felling of trees (tala de árboles) in Territories, since logging (tala) is regulated by specific environmental laws, such as Ley Indígena 6172, which is protected under ILO Convention 169. Although institutions such as MINAE and SINAC are responsible for granting permits, Indigenous peoples are governed by a Special Law under which only Indigenous persons may use their natural resources, both those located within their territory and those located within the boundaries of the ancestral Territory previously occupied by them.This is in full observance of their autonomy and their rights over natural resources; therefore, the permits issued or certificates of origin are illegal and do not provide legal authorization for the felling of trees. Second, a forestry regent (regente forestal) may not facilitate permits or forms for the felling of trees in Indigenous Territory through certificates of origin issued by the CFIA either. It should be noted that these form part of a technical and administrative process intended to ensure that the extraction of forest products complies with the law and, in this specific case, with Ley Indígena 6172, ILO Convention 169, and Indigenous customary law (derecho propio indígena) concerning their territories. Finally, it should be stated that, when referring to the boundaries of Indigenous Territories, although they are demarcated by decrees 7267, 16568, 29956 and 25296, it must be recalled that this is merely a titling action by the State, since Indigenous Territories are ancestral and predate the State.Accordingly, ancestral lands must also be respected; their boundaries are historical and cultural and are recognized by the Indigenous communities themselves. These include natural boundaries that may be defined by rivers, mountains, valleys, or coastlines and that have traditionally served as natural borders within which Indigenous peoples have developed their ways of life, culture, and resource management. Ancestral Territory is inherent in the self-determination (autodeterminación) of Indigenous peoples, under which they have the right to manage and administer their territory, including the use of natural resources, agricultural practices, hunting, and fishing, in accordance with their customs and internal laws (…).

REGARDING THE STATE’S STRICT LIABILITY (RESPONSABILIDAD OBJETIVA) IN CONNECTION WITH THE GRANTING OF LOGGING PERMITS: The strict liability of the State and its institutions means that it may be held liable for harm it causes to third parties without the need to prove negligence or intent, because, in exercising its functions, it may cause harm merely by carrying out activities that pose risks to individuals’ rights. This is based primarily on Article 190 of the Constitución Política, under which such liability extends to all acts of the Public Administration that may cause harm. In the case of Indigenous Territories, the State’s strict liability centers on its obligation to protect, respect, and guarantee the territorial and environmental rights of Indigenous peoples. Article 6 of Ley Indígena 6172 is clear with respect to the felling of trees within the boundaries or interior of Indigenous Territories by NON-Indigenous persons: State institutions have the duty and obligation to respect that prohibition, and any failure to comply may entail serious legal and social consequences.

Entities that issue logging permits therefore commit an administrative violation (falta administrativa) and may even incur criminal liability. Acting with the diligence of a prudent head of household (buen padre de familia), they must ensure that persons fell trees within the boundaries applicable to them. It should be noted that, in the current situation, it was MINAE’s duty to supervise those permits and the actions of those persons. Nevertheless, the regulations protecting the rights of Indigenous peoples have been deliberately violated, even though the STATE is responsible for protecting those rights and imposing penalties on the persons who took advantage of and violated the boundaries of the Keköldi Indigenous Territory. Moreover, the illegal logging to which the Territory has been subjected also directly affects the territorial and cultural rights of Indigenous communities, which, as stated, depend on their lands and natural resources for their physical, cultural, and economic survival.

Therefore, in compliance with international and national law, public institutions are REQUIRED to respect and guarantee their preservation. Serious environmental damage is also caused, because illegal logging affects the biodiversity and ecosystems that Indigenous peoples have protected for generations. This occurs when institutions fail to perform their duty to ensure legality in these territories. It is necessary to reiterate the oversight and prevention obligations (obligación de fiscalización y prevención) incumbent upon public institutions, particularly those directly involved with the environment, such as MINAE, SINAC, and the municipalities, to properly inspect logging concessions and any activity that may affect the Territories. Failure to do so constitutes negligence, as repeatedly stated throughout this report, and a clear breach of the responsibilities assigned to them as part of the Public Administration.

It should be noted that this liability encompasses not only direct State actions that cause harm, but also omissions, such as failing to prevent illegal logging. Such an omission or failure to act constitutes a violation of their obligations when they do not take measures to prevent or halt these or any other activities that affect the territorial or ancestral rights of Indigenous peoples. Finally, reference is made to the various international precedents that have arisen under comparative law and are connected with human rights and environmental protection, in which several international courts and bodies have issued judgments and/or recommendations intended to safeguard the rights of Indigenous peoples against the exploitation of natural resources. For example, the Inter-American Court of Human Rights has established that Indigenous peoples have a special right over their ancestral territories and that any exploitation or tree-felling project requires their FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT, in accordance with international standards.

Under comparative law, there are various cases in which the State has been held liable for its inaction, such as Saramaka vs. Surinam, in which the IACHR determined that the State of Surinam violated the rights of the Saramaka people by granting concessions for logging and the exploitation of natural resources without their consent. Any activity that may affect the integrity of these territories, such as logging, must have their consent, and the State must therefore ensure that such activities do not jeopardize their physical or cultural survival. Another particular case is Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Although the dispute concerned oil, the Court’s judgment is relevant to the felling of trees because it addresses the exploitation of natural resources in Indigenous territories.

REGARDING THE ACTIONS OF THE COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS: As stated, my client did in fact receive, by email dated 16 de enero de 2024, a written request from the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Keköldi (ADITIK) asking the institution to assist in stopping the felling of trees within the Territory. For that reason, the inquiry was forwarded to INDER to request assistance in determining whether or not the felling of trees was occurring within the Territory. Subsequently, the association requested that my client provide it with “the boundary resolution once again and notify SINAC so that the matter may be handled appropriately.” In response to that request, official letter DE-OF-216-2024, signed by Executive Director Daniela Gutiérrez Villanueva and addressed to Mr. Diego Vicenzi León, Chief of Staff of the Ministerio de Ambiente y Energía, states as follows: “The foregoing request cannot be fulfilled, because it is NOT within the jurisdiction of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas to verify or issue resolutions concerning the boundaries of an Indigenous Territory, pursuant to opinion PGR-C-217-2023 of 16 de noviembre de 2023 issued by the Procuraduría General de la República and official letter DRI-03- 0899-2023 of 20 de noviembre de 2023 issued by the Registro Nacional de la Propiedad, both of which are attached to this official letter.

Without prejudice to the foregoing, it is hereby stated that the governing authority in this matter, and the only entity that may certify the boundaries of an Indigenous Territory, as relevant to the present case, is the Instituto Geográfico Nacional, which is attached to the Registro Nacional. That jurisdiction has been reaffirmed by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, and it is the only entity authorized by law to certify whether or not a property or parcel of land lies within a territory.” Accordingly, the evidence submitted for this purpose demonstrates that, to date, CONAI has acted within its jurisdiction and has complied with its duties and cooperated with the Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi in seeking to stop the felling of trees that borders upon and has encroached into the Indigenous Territory. Nevertheless, despite the communications with MINAE, that entity has failed to act, thereby neglecting its obligations as part of the Public Administration and failing to comply with the national and international legal provisions previously set forth throughout this report regarding oversight of the permits granted for such exploitation, thus allowing NON-Indigenous persons to take advantage of the natural resources located within the boundaries of the Territory (…)”.

She requests that the petition for relief (recurso) be denied.

  1. 8Erika Madriz Chinchilla, Vice Minister of Peace, reports as follows: “(…) it is important to clarify that the letter bearing no official reference number, signed by Ms. Nombre06 and Keyla Pizarro Lazo, President and Secretary, respectively, of the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi (ADITIK), was originally sent only to the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) on January 16, 2024. It was precisely the Executive Director of CONAI, Ms. Daniela Gutiérrez Villanueva, who referred the matter to the Coordination Office of the Technical Roundtable (Mesa Técnica), for the purpose of coordinating actions to address it. This occurred by email on January 19, 2024. Upon receipt at the Roundtable’s email address (namely, ...04)), the request was referred for attention to Mr. Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy. This was done by sending Official Letter DVMP-MT-007-2024 to the email addresses ...05, ...02, and ...03 on January 23, 2024.Subsequently, on February 9, 2024, the submission was forwarded again to the following email addresses: ...05, ...02, ...03, and ...01. At this point, it is essential to note that the powers of the Technical Roundtable that I coordinate, apart from developing and monitoring the work plan it must establish, authorize it only to coordinate with the other institutions the actions aimed at addressing the needs of the indigenous population. This is pursuant to sections 1 and 4 of the aforementioned Directive Nº003-MJP. In other words, the Roundtable’s powers are limited to coordinating, referring, and facilitating connections, and do not include ruling or deciding on the submissions sent to it. Going further would violate the principle of legality (principio de legalidad), because those of us who comprise that body are public officials and may therefore perform only those acts expressly authorized by law.It follows from the circumstances described above that the actions taken by this Coordination Office were those falling within its authority. In an effort to ensure that the submission is handled as effectively as possible, at the Roundtable’s next session this Coordination Office will ask its members to inquire of the Ministry of Environment and Energy regarding the processing given to the letter forwarded by Official Letter DVMPMT-007-2024 (…)”. She requests that the appeal (recurso) be denied.
  2. 9By a ruling issued at 14:41 on April 28, 2025, the reporting justice (magistrada instructora) requested evidence to better adjudicate the matter (prueba para mejor resolver), in the following terms: “… as evidence for adjudication, a report shall be requested FROM THE DIRECTOR OF THE INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, so that the Director may clearly and precisely certify the following: a) whether the properties registered under real-property folio (folio real) No. PRN01 and No. 751262-001- 003-005-006-007, cadastral maps (planos catastrados) N° L-13392-1991 and L-975726-1991—adjoining the territory of the Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi—are or are not located within that indigenous territory.
  3. 10Marta Eugenia Aguilar Varela, in her capacity as acting director of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) of the Registro Nacional, reports as follows: “… 1) Regarding the authority of the Instituto Geográfico Nacional to certify parcels (predios) in Indigenous territories. The Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, Ley N°59 del 04 de julio de 1944, as amended, provides in Article 1 that IGN shall be “the lead scientific and technical agency for national cartography, tasked with preparing the official base map and the basic geographic description of the Republic of Costa Rica, and with conducting studies, research, or work and developing national policies of a cartographic, geographic, geodetic, geophysical, or similar nature related to such products, for the purpose of supporting planning processes” (emphasis added). Accordingly, IGN’s function, as the permanent official authority and representative of the State, would be limited to developing national policies of a cartographic, geographic, geodetic, geophysical, or similar nature that support such products, for the purpose of assisting planning processes; this is consistent with Section 59 of the Ley General de la Administración Púbica, Ley N°6227 del 02 de mayo de 1978, as amended, which provides: “Article 59.- 1.Jurisdiction (competencia) shall be governed by law whenever it includes the conferral of sovereign powers (potestades de imperio). 2. The internal distribution of jurisdiction, as well as the creation of services that do not entail sovereign powers, may be established by autonomous regulation, but such regulation shall be subordinate to any future law on the subject. 3. Relations among agencies may be governed by autonomous regulation, which shall also be subordinate to any future law.” (Emphasis added.) Furthermore, it should be noted that, with respect to the territorial demarcation (demarcación territorial) of Indigenous reserves, this authority was delegated by the legal system at the time to the Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO)—now the Instituto de Desarrollo Rural (INDER)—pursuant to Articles 5 and 8 of the Ley Indígena, Ley N°6172 del 29 de noviembre de 1977, as amended.Consistent with this, the case law issued by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia regarding the authority of INDER, the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), and the Registro Nacional over matters relating to Indigenous territories has repeatedly assigned to the Registro Nacional responsibility for the registry notice (publicidad registral) arising from actions previously taken by INDER and CONAI to protect, secure, delimit, and demarcate Indigenous reserves. In this regard, see Resolution Nº00496-2023 at 09:14 hours on 13 de abril del 2023, issued by the Sala Primera, which provides in relevant part: “XI. In analyzing this evidence, it is first necessary to address the certifying authority (potestad certificadora) that is mistakenly being attributed to CONAI. Such authority is reserved to statute (reserva de ley); that is, certifying authority may be created only through express authorization set forth in a legal provision.Under its governing rules, CONAI does not possess such authority; moreover, it also fails to satisfy the requirement imposed by Article 65, subsection 2), of the Ley General de la Administración Pública, which provides: ‘The authority to issue certifications shall belong solely to the agency that has decision-making functions concerning the matter certified […].’ A review of the Ley de Creación de la CONAI shows that it establishes no authority related to delimiting or certifying the existence of parcels within Indigenous territory. This activity falls to INDER, insofar as Section 5 of the Ley Indígena establishes its obligation to relocate non-Indigenous persons or, failing that, to expropriate and compensate them. CONAI’s role, as that same provision establishes, consists of coordinating with INDER the performance of the studies and procedures for expropriation and compensation.” (Emphasis added.See, along the same lines, Resolutions Nº02878-2020 at 10:35 hours on 10 de diciembre del 2020; 00552–2021 at 11:30 hours on 09 de marzo del 2021; and Nº00681-2021 at 10:00 hours on 25 de marzo del 2021, all issued by the Sala Primera; among others.) Likewise, in the resolution at issue, the Sala Primera clearly identifies INDER’s authority to carry out all necessary proceedings to maintain the protection, security, delimitation, and demarcation of the Indigenous territories located within the reserves, which are the exclusive property of Indigenous peoples, in accordance with the legal system and the international conventions in force and binding, as follows: “XIII. Finally, this Chamber considers it important to state that INDER and CONAI have a legal obligation, within the scope of their respective authority and particularly since the enactment of the Ley Indígena, to carry out all necessary proceedings to maintain the protection, security, delimitation, and demarcation of the Indigenous territories located within the Reserves, which are the exclusive property of Indigenous peoples.Among these protective actions, they must apply to the Registro Nacional to provide notice to third parties of the lands and territories—in the terms of Convenio 169 de la OIT—located within the Indigenous Reserves—Indigenous Territories—in order to disclose their status as property situated within those areas. This is required to comply with national law and, in particular, the Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), the Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007, and the Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016, among other international human-rights instruments; as well as the decisions issued by the Corte Interamericana de Derechos Humanos, including the decision issued on 6 de febrero de 2020 in the case brought by the Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) against Argentina, which states in substance: ‘the duty of States to adopt measures to ensure Indigenous peoples’ right to property necessarily entails, in accordance with the principle of legal certainty (seguridad jurídica), that the State must demarcate, delimit, and grant title to the territories of Indigenous communities […].Therefore, failure to fulfill those obligations constitutes a violation of the members of those communities’ use and enjoyment of their property.’ Titling and demarcation must entail the peaceful use and enjoyment of the property.” (Pueblos Indígenas Kuna de Madugandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá, 2014). In addition, the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia issued Decision 24725-2022, rejecting the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed against the line of precedent established by the Sala Primera concerning Articles 3 and 5 of the Ley Indígena, among other relevant binding provisions. By connection and as a consequence, pursuant to Article 122, subsections a), c), d), e), f), g), and K), of the Código Procesal Contencioso Administrativo, INDER, CONAI, and the Registro Inmobiliario del Registro Nacional shall, within the scope of their respective authority, proceed respectively with the protection, security, delimitation, and demarcation of the Indigenous reserve involved—Indigenous territory—as well as with duly recording the Indigenous territory against the properties comprising it, in accordance with the regulations that created the reserve.Those matters shall be specified and verified during enforcement of the judgment (ejecución de sentencia) in this proceeding. This judgment shall be served on the Registro Inmobiliario so that it may proceed as indicated, and on the other parties involved.” (Emphasis added. See, to the same effect, Resolution Nº00005-2024 at 09:10 hours on 11 de enero del 2024, issued by the Sala Primera.) Furthermore, and no less importantly, the Ley General de la Administración Pública is clear in Articles 65 and 66 regarding the issuance of certifications and sovereign powers in the exercise and performance of public duties, providing: “Article 65.- 1. Every agency shall have authority to perform the regulated or internal operational tasks necessary for the efficient disposition of its matters. 2. The authority to issue certifications shall belong solely to the agency that has decision-making functions concerning the matter certified or to its secretary.Article 66.- 1. Sovereign powers and their exercise, and public duties and their performance, may not be waived or transferred and shall not be subject to any statute of limitations. 2. Undertakings not to exercise a sovereign power may be established only by law. Such an undertaking may be made only within a bilateral contract or instrument for consideration. 3. The exercise of powers in specific cases may be expressly subject to expiration (caducidad) pursuant to other laws.” (Underlining in both articles added.) In view of the foregoing, pursuant to the legal system and the case law cited above, IGN does not have authority to certify whether or not a parcel is located in an Indigenous territory. For IGN to undertake actions concerning the delimitation of Indigenous reserves or to certify whether a particular parcel is located within an Indigenous territory would be improper and would also create a jurisdictional conflict, because the information sought to be certified belongs to another entity.In other words, the binding legal framework governing this matter has established that, pursuant to the principle of legality (principio de legalidad) embodied in Section 11 of the Constitución Política and its counterpart in the Ley General de la Administración Pública, authority to delimit Indigenous reserves belongs to INDER, without any involvement by IGN of the Registro Nacional beyond publicizing the boundaries duly described in the decrees declaring the Indigenous reserves, based on the delimitation of those reserves performed by the competent entity. It bears repeating that, within the scope of its authority, IGN has issued no certification whatsoever concerning Indigenous territories, because that function is not provided for in the Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, Ley N°59 del 04 de julio de 1944, as amended, or in Decreto Ejecutivo N°44481-MJP Reglamento del Instituto Geográfico Nacional del 08 de mayo del 2024.Accordingly, the task of certifying whether properties are located within Indigenous territories falls to INDER, since the legal system granted that institution the authority to demarcate Indigenous territories (Article 8, Ley Indígena), and therefore that agency has decision-making functions regarding those territories (Article 65, Ley General de la Administración Pública), whereas IGN does not. 2) Regarding the report requested as evidence for adjudication. The relevant decision, namely that issued at 14:41 hours on 28 de abril del 2025, requests the following: “(…) as evidence for adjudication, a report shall be requested FROM THE DIRECTOR OF THE INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, so that the director may clearly and precisely certify the following: a) whether properties recorded under real-property folio (folio real) No. PRN01 and No. 751261-001-003-005-006-007, cadastral plans (planos catastrados) N° L-13392-1991 and L-975726-1991—which adjoin the territory of the Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi—are or are not located within that Indigenous territory.

(…)” Once the powers of IGN regarding indigenous territories have been clarified, and given the impossibility of certifying matters outside the powers conferred upon this body by the legal system, and in view of the information published in the Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI) of the Dirección de Registro Inmobiliario del Registro Nacional, linked to the national coordinate system, and the IGN digital image database comprising the Orthophoto Mosaic at a scale of 1:5.000 of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), the following information is provided in the interest of cooperation: Regarding the inquiry concerning the registered cadastral plats (planos catastrados): 1) L-13392-1991, associated with property N°7-51261, located in district 03 Cahuita, canton 04 Talamanca, province 07 Limón; and 2) L-975726-1991, pertaining to property N°7-51262, located in district 02 Valle La Estrella, canton 01 Limón, province 07 Limón; the following has been determined: a) The geographical location of the parcels (predios) under review was provided by the professional responsible for registered cadastral plats L-975726-1991 and L-13392-1991, based on the Cahuita and Amubri map sheets (hojas cartográficas), respectively, at a scale of 1:50.000. b) The reference information and land survey (levantamiento topográfico) contained in registered cadastral plats L-975726-1991 and L-13392-1991 were provided by the surveying professional who prepared those plats at the time, and they served as the basis for this report. c) The official base mapping (cartografía básica oficial) used to prepare the requested report corresponds to the scales of 1:1.000 and 1:5.000, as well as to the continuous cartographic database (base cartográfica continua) of the República de Costa Rica at a scale of 1:25.000 (published in the Diario Oficial La Gaceta N°146 of 29 de julio de 2011 and the Diario Oficial La Gaceta N°101 of 7 de junio de 2018, respectively).

Accordingly, based on the aforementioned criteria and upon analysis of the available information, it would appear that the plats under review are located outside the Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); it is reiterated that the information provided herein is not a certification, but rather a technical opinion (criterio técnico) issued in light of the aforementioned sources. It should also be clarified that INDER has never had, and does not currently have, any official node or layer published in the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) concerning indigenous territories …”.

  1. 11In the proceedings conducted, the legal requirements have been observed.

Justice Hess Herrera writes; and,

Considering:

I. SUBJECT MATTER OF THE ACTION

The petitioner states that he brings this action on behalf of the members of the Keköldi Indigenous People, who learned that, in November and December 2023, tree cutting had begun on properties adjoining their territory, which subsequently expanded and encroached upon the boundaries of their territory, to the point of approaching one of their streams. He states that the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Keköldi (ADITIK) determined that the Indigenous territory had indeed been encroached upon and that the neighbors carrying out the cutting have a document called a “forestry oversight form” issued by the Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, but it is not actually known whether it is a cutting permit or merely an application. He adds that Forestry Oversight Form No.0007783 records authorization for the harvesting of forest resources from the properties with real-property folio N° PRN01 and Nº PRN02, registered survey plans N° L-13392-1991 and L-975726-1991, located in the province of Limón, canton of Talamanca, district of Cahuita; title to these properties is recorded in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre07, all surnamed (Nombre08).

He states that, on 16 de enero de 2024, ADITIK requested assistance from CONAI to halt the forest-harvesting permit before MINAE and to provide it with certification of the territorial boundaries of the Keköldi Indigenous People. He adds that the Vice Minister of Peace, Erika Madriz Chinchilla, who coordinates the Interinstitutional Technical Committee, forwarded ADITIK’s request to the minister of MINAE through document No. SVMP-MT-007-2024. He further states that a report was issued regarding the field visit to the disputed area and that, through official communication No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, it was confirmed that the Keköldi Indigenous territory had been encroached upon through tree cutting. He alleges that the purported permit was granted for 6 months, which means that the exploitation of the forest resource has not yet ended, and that the cutting continues to affect the Keköldi Indigenous People and the environment. In light of the foregoing, he petitions the Chamber for protection of the fundamental rights of the protected party and requests that the action be granted.

II. PROVEN FACTS

Of relevance to the determination of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been established as such or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:

  • a)On 17 de noviembre de 2023, an application for a Certificate of Origin (CO), under the Agroforestry System (SAF) modality for Forest Regeneration, was filed with the Limón–Talamanca Subregional Office in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre07; the record shows that, in expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023, the certificate was granted for a total of 174 trees comprising 12 species and a volume of 293.46 cubic meters (see report submitted under oath and attached evidence).
  • b)The Área de Conservación la Amistad Caribe prepared technical report number SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 dated 21 de diciembre de 2023, report number SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 dated 20 de marzo de 2024, and report number SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 dated 22 de marzo de 2024, stating as follows: “… on 17 de noviembre of the year two thousand twenty-three, specifically at the Limón–Talamanca Subregional Office, an application was received in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre08 for a Certificate of Origin under the Agroforestry System for Forest Regeneration modality, for the harvesting of 174 trees, and by virtue thereof it was assigned expediente number AC-AC03-CO-SAF-00122-2023; it was also processed and authorized because it met the requirements under the applicable technical standards and regulations. At the request of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), on 21 de diciembre of the year two thousand twenty-three, an inspection was conducted together with Mr.

Nombre05, a member of the aforementioned Association, regarding alleged illegal tree cutting in the KEKÖLDI Indigenous territory, and as a result of that inspection, report SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 was prepared, concluding that there was no evidence of any unlawful act and recommending follow-up on the agreement reached with ADITIK concerning its boundaries …” (see report submitted under oath and attached evidence).

  • c)During the on-site visit, technician María Fernanda Arias Villalobos, of the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA - MANZANILLO, at coordinates Dirección03 CED01 Dirección02, recorded that substantial tree cutting was observed, authorized under Certificate of Origin number CO SAF RN 151-2280-2023. In addition, the official boundary layers of the territory were reviewed using Geographic Information Systems (GIS) through the National Territorial Information System (SNIT), and they indicate that the cutting took place outside the boundaries of the KEKÖLDI Indigenous territory (see report submitted under oath and image entered into the expediente as evidence).
  • d)Through official communication INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, the acting head of INDER’s Talamanca Territorial Office informed CONAI that a technical inspection had been conducted at the site where a deforestation process had been reported, accompanied by a person designated by the Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) of Keköldi. Using GPS equipment with geospatial accuracy, coordinates were collected and their location was verified in the Real Property Registry Information System (SIRI), the National Registry’s official platform containing the digital boundaries of Indigenous territories. The official boundary layers of the territory were reviewed using Geographic Information Systems (GIS) through the National Territorial Information System (SNIT), while a GARMIN Montana 700 geolocation device was also used, whose manufacturer reports a margin of error of ±3.7 meters, a figure duly taken into account in the technical analysis. All of this indicated that the cutting took place outside the boundaries of the KEKÖLDI Indigenous territory (see report submitted under oath and attached evidence).

III. ON CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MATTERS

With regard to the preventive and precautionary principles, in judgment no. 2021024807 at 9:20 hours on 5 de noviembre de 2021, this Chamber explained:

“In this regard, specialized legal scholarship has stated that the preventive principle requires that, when there is certainty of possible environmental harm, the activity causing such harm must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. Generally, this principle applies when risks are clearly defined and identified as at least probable; likewise, the principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but sufficient elements exist to foresee potential negative impacts. The precautionary principle, on the other hand, provides that, where there is a threat of serious and irreversible harm, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. It follows from the foregoing that the principle is based on reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental harm. In general terms, a significant difference between the preventive and precautionary principles lies in the degree of knowledge and certainty regarding the risks posed by an activity or project. While such certainty exists under the former, under the latter there is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)” (boldface added).

Indeed, the precautionary principle must be understood as set forth in principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” That is, it does not require scientific studies establishing “absolute certainty” that an activity is harmless to the environment (as a matter of principle, complete certainty is difficult to attain), but rather means that, even though the threat of serious or irreversible environmental harm is not entirely certain, such uncertainty will never justify or excuse postponing the implementation of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on the one hand, that not just any type of threat is involved—it must plausibly entail a serious danger—and, on the other, that the measure requires effective and efficient use of the resources employed.

In that sense, although the precautionary principle is linked to a certain degree of scientific uncertainty, this does not mean that it may be applied without restriction on the premise that any activity could cause environmental harm—which would distort its underlying purpose—but rather that there must be some degree of identification of the risks of serious or irreversible harm that could arise, the determination of which varies according to the particular circumstances of the specific case. Thus, when a situation requires application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or allowing any new application or modification that reasonably entails a serious risk; they are even required to suspend activities already under way. At the same time, they must efficiently and effectively adopt all measures required to preserve a healthy and ecologically balanced environment.

The aforementioned principle is likewise embodied in a source of hard law, since principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change—ratified by Costa Rica through law no. 7414 of 13 de junio de 1994 and by all OAS member states—provides:

“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to address climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To this end, such policies and measures should take into account different socioeconomic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases, and encompass all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties” (emphasis added).

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which has been ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica—see law no. 8538 of 23 de agosto de 2006—which states:

“ARTICLE 1 Objective Bearing in mind the precautionary principle (principio de precaución) enshrined in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)”.

Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of 30 June 1994, whose preamble provides: “(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent, and address at their source the causes of the reduction or loss of biological diversity. Noting also that where there is a threat of substantial reduction or loss of biological diversity, lack of unequivocal scientific evidence should not be invoked as a reason for postponing measures intended to avoid or minimize such a threat (…)”.

Consistent with the aforementioned regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also addressed the precautionary principle in Advisory Opinion No. OC 23/17 of 15 November 2017:

“180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle to protect the rights to life and personal integrity in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible harm to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent potential harm. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle and must therefore adopt measures that are ‘effective’ in preventing serious or irreversible harm, even in the absence of scientific certainty” (emphasis added).

Subsequent to that decision, in a judgment in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, the Inter-American Court of Human Rights ruled on 6 February 2020 as follows: “the right to a healthy environment ‘must be considered among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,’ given the obligation of States to achieve the ‘integral development’ of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter.” Of great significance, it should be emphasized that, in this ruling, the Inter-American Court refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of that right, as a result of which the legal considerations of the latter have logically acquired the binding legal force inherent in a judgment. In this regard, the international judicial body reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humanity,’ and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding risks to individual persons.

The aim is to protect nature,’ not only because of its ‘usefulness’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but also because of its importance to the other living organisms with which the planet is shared.’ The foregoing does not preclude, of course, the possibility that other human rights may be violated as a consequence of environmental harm.” Specifically, in developing the concept of the right to the environment, the Inter-American Court sets out with complete clarity the obligations of States in the face of potential environmental harm, such as the duty of prevention (deber de prevención), the precautionary principle, the duty to cooperate (obligación de cooperación), and access to information (acceso a la información).

In short, application of the precautionary principle means that, where there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible harm to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in that regard does not relieve the obligation to adopt all efficient and effective measures to prevent harm to the environment.

With regard to the prevention principle (principio preventivo), the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of 30 November 2018, prepared by its Secretary-General pursuant to the General Assembly resolution of 10 May 2018 (No. A/72/L.51), conceptualizes it as a normative guideline of customary international law (derecho internacional consuetudinario) “confirmed by relevant practice in many environmental treaties and the principal codification projects.” Although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm (prevención del daño transfronterizo), the fact remains that this general principle of law, as aptly stated in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session No. 28-2020 of 25 May 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide (guía hermenéutica), it dictates that “the causes and sources of environmental problems shall be addressed as a priority and in an integrated manner, seeking to prevent any adverse effects on the environment.

The prevention criterion shall therefore prevail over any other criterion in the public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing makes perfect sense because it is consistent with the duty to prevent environmental harm from occurring, rather than merely ruling on compensation for harmful consequences that have already been established, including by ordering the cessation of the harmful effects.

This legal doctrine (instituto) is reflected, among other provisions, in Article 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law No. 7291) and Article 5 and Annex II of the United Nations Fish Stocks Agreement relating to Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law No. 8059), as well as in constitutional case law (see Judgments Nos. 2021024807 at 9:20 a.m. on 5 November 2021 and 2018016383 at 5:00 p.m. on 28 September 2018, among many others) and treaty-based case law, for example, Advisory Opinion No. OC-23/17 of 15 November 2017, paragraphs 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242, and the Judgment of 24 November 2022 in Nombre04 v. Chile. Specifically, in the latter, the Inter-American Court expressly states:

“208. Without prejudice to the foregoing, specifically in environmental matters, it should be emphasized that the principle of prevention of environmental harm forms part of customary international law and entails the obligation of States to implement the measures necessary before environmental harm occurs, taking into account that, because of its particular characteristics, it will often be impossible to restore the previously existing situation after such harm has occurred. By virtue of the duty of prevention, the Court has held that ‘States are required to use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant harm to the [...] environment’200. This obligation must be fulfilled under a due-diligence standard (estándar de debida diligencia) that is appropriate and proportional to the degree of risk of environmental harm201. Moreover, although it is not possible to provide a detailed enumeration of all the measures States could take to comply with this duty, several may be identified with respect to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact studies (estudios de impacto ambiental); iv) establish contingency plans (planes de contingencia); and v) mitigate when environmental harm occurs202”.

For its part, the in dubio pro natura principle (principio in dubio pro natura), according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Environmental Rule of Law,’ means that “in cases of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers must be resolved in a manner that favors environmental protection and conservation, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see Principle V).

In this regard, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session No. 28-2020 of 25 May 2020), “Every person applying environmental rules must always bear in mind the pro natura principle (principio pro naturaleza), pursuant to which risks shall be avoided, general collective interests shall take precedence over private interests, preservation of the environment shall be favored, and, in cases of doubt, preference shall be given to the interpretation that protects the environment most broadly.” The in dubio pro natura principle, then, does not depend on the existence of a risk of serious or irreversible harm—as is the case with the precautionary principle—but instead entails a “general rule of conduct governing the relationship between the State—and society in general—and the environment, applicable to all spheres of decision-making in which there is a risk of an adverse impact on the environment, and requiring us to refrain from choosing conduct that may cause environmental harm when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).

Furthermore, in Judgment No. 2012013367 at 11:33 a.m. on 21 September 2012, this Constitutional Court addressed the principles of progressivity (progresividad) and non-regression (no regresión) in environmental matters as follows:

“V. On the principles of progressivity and non-regression in environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these provisions, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent permitted by its capabilities and development, the levels of protection afforded to human rights, with special consideration for those rights which, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple affirmative actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights holders.

The principle of non-regression, or the irreversibility of benefits or protections already attained, derives from the principle of progressivity of human rights and the principle prohibiting the retroactive application of rules to the detriment of vested rights (derechos adquiridos) and consolidated legal situations (situaciones jurídicas consolidadas), as enshrined in provision 34 of the Constitution. The principle stands as a substantive guarantee of rights—in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment—by virtue of which the State is required not to adopt measures or policies, or enact legal rules, that, without reasonable and proportionate justification, worsen the level of protection of rights attained up to that time. This principle does not entail absolute irreversibility, since all States experience domestic circumstances of an economic, political, or social nature, or arising from natural causes, that adversely affect the achievements attained up to that point and require the new level of protection to be reconsidered downward.

In such cases, the Law of the Constitution and the principles under examination require any reduction in protection levels to be justified in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality. In this regard, the Constitutional Chamber has stated in its case law, with respect to the right to health: ‘…under the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, measures that diminish the protection of fundamental rights are prohibited. Thus, if the Costa Rican State, for the purpose of protecting the right to health and the right to life, has a policy of expanding access to medicines, it cannot—and much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restrictive under the pretext of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07).’ With respect to the right to the environment, it stated: ‘The foregoing constitutes an evolving interpretation of environmental protection in accordance with the Law of the Constitution, which does not permit regression to its detriment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (Emphasis not in the original).

(To the same effect, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397).” Accordingly, under the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, insofar as possible, the levels of protection afforded to human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, application of the principle of non-regression constitutes a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or rules that, without reasonable and proportionate justification, worsen the level of protection already attained for fundamental rights; where applicable, the corresponding compensatory measures must also be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objective grounding of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) in the following terms:

“With respect to the environment, the subject of the fundamental right described above, our Constitution further requires that it be ‘healthy.’ The ‘healthy’ requirement leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘successional capacity’ as means of safeguarding life. The need for sustainable development, in both its enduring and environmentally sustainable senses, follows from the two requirements of being ‘healthy’ and ‘balanced’; quality of life and environmental quality depend on it. Moreover, through the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ and ‘ecologically balanced,’ the constitutional provision introduced science and technology into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, pursuant to provisions 16 of the Ley General de la Administración Pública and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, State actions on environmental matters must be based on—and may not contradict—the unequivocal rules of science and technology, for the purpose of achieving the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, additionally, ‘greater well-being for all inhabitants of the country.’ Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technology, the Chamber has termed it the principle of objective grounding of environmental protection: ‘Objective grounding of environmental protection (…) is a principle that cannot in any way be confused with the preceding principle [the precautionary principle (principio precautorio), or “principle of prudent avoidance”], because, as a principle derived from Articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública, it translates into the need to substantiate decisions in this field through technical studies, both in relation to individual acts and to provisions of general application—whether statutory or regulatory—thereby giving rise to the requirement of adherence to science and technology, which limits the Administration’s discretion in this field.

Consequently, based on the results of those technical studies—such as environmental impact studies (estudios de impacto ambiental)—if objective technical findings demonstrate the probability of manifest harm to the environment, natural resources, or human health, the proposed project, works, or activity must be rejected; and where there is “reasonable doubt,” decisions must be made in favor of nature (pro-nature principle (principio pro-natura)), which may entail the adoption of both compensatory and precautionary measures in order to protect the environment adequately.’ (Judgments of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (emphasis added). (Decision no. 2012-13367 at 11:33 a.m. on September 21, 2012).

IV. THE SPECIFIC CASE

In this matter, the petitioner alleges that the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment was violated because, according to his account, tree felling (tala de árboles) began in November and December 2023 on properties adjoining the Territorio Indígena Bribri de Keköldi and subsequently expanded into and encroached upon the boundaries of its territory, coming as close as one of its streams. He states that the Asociación de Desarrollo Integral ADITIK determined that the indigenous territory had in fact been encroached upon and that the neighbors carrying out the felling possess a document called a “forestry supervision form” (formulario de regencia forestal).

As is evident in the sub lite, on November 17, 2023, an application for a Certificate of Origin (Certificado de Origen, CO), under the Agroforestry System (Sistema Agroforestal, SAF) modality for Forest Regeneration, was in fact submitted to the Oficina Subregional Limón – Talamanca in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre07, and the record shows that, under expediente number AC-AC03-COSAF-00122-2023, the certificate was issued for a total of 174 trees belonging to 12 species and a volume of 293.46 cubic meters. In addition, the Área de Conservación la Amistad Caribe prepared technical report number SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 dated December 21, 2023, report number SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 dated March 20, 2024, and report number SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 dated March 22, 2024, which stated the following: “…on November 17 of the year two thousand twenty-three, the Oficina Subregional Limón –Talamanca received, in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre08, an application for a Certificate of Origin under the Agroforestry System modality for Forest Regeneration, for the harvesting (aprovechamiento) of 174 trees; as a result, expediente number AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 was assigned to it, and it was processed and authorized because it met the requirements under the applicable technical standards and regulations.

At the request of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), an inspection was conducted on December 21 of the year two thousand twenty-three, together with Nombre05, a member of that Association, concerning alleged illegal logging in the KEKÖLDI indigenous territory; as a result of that inspection, report SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 was prepared, concluding that there was no evidence of any unlawful conduct and recommending follow-up on the agreement reached with ADITIK regarding its boundaries …”. It was also established that, during the on-site inspection (visita in situ), technician María Fernanda Arias Villalobos, of the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA – MANZANILLO, at coordinates Dirección03 CED01 Dirección02, recorded that substantial cutting of trees was observed, authorized under certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023.

Both the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) are the entities legally empowered to determine whether a property lies inside or outside an indigenous territory, pursuant to Article 8 of the Ley Indígena (Ley N.º 6172), which expressly establishes that INDER, in coordination with CONAI, is responsible for carrying out the territorial demarcation (demarcación territorial) of indigenous reserves in accordance with the legally established boundaries. This authority confers upon those institutions jurisdiction to conduct technical boundary-delimitation procedures (procesos técnicos de delimitación), including field studies, cartographic analysis, and the use of georeferenced systems, in order to establish with legal certainty the boundaries of the indigenous territories recognized by the State.

In the exercise of that authority, the Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca of INDER, through official letter INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, ordered a technical inspection of the site—as properly noted ut supra—where a deforestation process had been reported. Accompanied by a person designated by the Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Keköldi and using GPS equipment with geospatial accuracy, it collected coordinates and verified their location in the Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI), the Registro Nacional’s official platform containing the digital delimitation of indigenous territories. The official boundary layers for the territory were reviewed using Geographic Information Systems (Sistemas de Información Geográfica, SIG) through the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), and they indicate that the cutting occurred outside the boundaries of the KEKÖLDI indigenous territory.

In turn, according to field-trip report No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 of December 21, 2024, and official letter No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 of January 23, 2024, SINAC technician María Fernanda Arias Villalobos, together with Nombre05—a member of ADITIK—recorded 7 points; when those points were plotted in the Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) of the Registro Nacional, all were found to lie outside the Territorio Indígena Keköldi, taking into account the margin of error—±3.7 meters—specified by the manufacturer of the equipment—GARMIN Montana 700—used in that proceeding.” It follows from that report that the inspected area is located outside the boundaries of the Territorio Indígena Keköldi, according to the available technical records, and it is placed on record that the ADI has the updated “shape” (geographic file) for that boundary.

Accordingly, the technical opinion issued by INDER is based on powers vested in it under the legal system (ordenamiento jurídico), and therefore constitutes the valid and authorized reference for determining the territorial location of real property in relation to Indigenous reserves. Consequently, it must be understood that the official determination as to whether a property is located within or outside an Indigenous reserve falls exclusively to INDER and CONAI and that, in the present matter, because it has been established through a duly substantiated technical inspection that the area in question is located outside the boundaries of the Territorio Indígena Keköldi, there has been no violation whatsoever of protected collective or territorial rights, nor is there any basis for questioning the result of that territorial assessment.

In addition to the foregoing, it is important to note that, in the evidence obtained by the Court on its own initiative to facilitate adjudication (prueba para mejor resolver) and entered into the proceedings, the representative of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) clarifies that it does not have legal authority to certify whether or not a parcel (predio) is located within an Indigenous territory, because that function belongs exclusively to the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), pursuant to the Ley Indígena (Ley N°6172 de 1977) and current case law. She further states that IGN has limited powers in the cartographic and geographic fields, as established by its Ley de Creación (Ley N°59 de 1944), which do not include the certification of Indigenous territories, since Articles 5 and 8 of the Ley Indígena assign INDER responsibility for defining and demarcating Indigenous reserves.

That institution, in coordination with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), is obligated to guarantee the protection and safeguarding of Indigenous territories. In any event, the director of ING notes that “… it could apparently be stated that the plans under review are located outside the area of the Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); it is reiterated once again that the information provided here is not a certification, but rather a technical opinion issued in light of the materials cited above …”.

Now, as is evident from the reports submitted under oath and the body of evidence contained in the electronic case file, the felling of trees authorized under certificate of origin (certificado de origen) number CO SAF RN 151-2280-2023 took place outside the boundaries of the Territorio Indígena Keköldi. In other words, it was not established that the tree cutting occurred within that Indigenous territory; therefore, this Chamber does not find that any fundamental right was violated, and no infringement of the Territorio Indígena Keköldi has been established.

V.Finally, in view of the ruling herein, the Viceministerio de Paz—in its capacity as coordinator of the Mesa Técnica Interinstitucional—and the Ministerio de Ambiente y Energía shall take note of their duty to monitor the tree cutting in the area indicated above, in connection with case number AC-AC03-COSAF-00122-2023—certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023—in accordance with the preventive and precautionary principles already discussed in this decision.

VI. DIFFERENT REASONS OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO

With due respect, I concur with the majority decision dismissing the petition; however, I base my position on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment is safeguarded under the Costa Rican legal system not only by Article 50 of the Constitución Política, but also by a series of statutes and executive decrees (regulations) currently in force, such as the Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; the Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; and Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to cite only a few. This makes it necessary, in environmental matters, to distinguish constitutional review (control de constitucionalidad) from legality review (control de legalidad). In this regard, it is the undersigned’s position that this Chamber, through an amparo proceeding (recurso de amparo), should hear a matter alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment only if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, readily ascertainable, of some importance or seriousness, and directly affects a specific person or community.

Otherwise, the issue must be raised and litigated through legality-review proceedings (vía de legalidad). Therefore, the mere failure to comply with obligations and duties legally imposed upon the various public administrations in environmental matters is properly heard through legality-review proceedings—whether administrative or judicial—where the alleged breaches or omissions may be reviewed much more comprehensively. It must be borne in mind that an amparo proceeding is summary, informal, simple, and expeditious; accordingly, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter in the exercise of its powers and conducts a proceeding culminating in the issuance of administrative acts (actos administrativos), review of the matter falls outside the scope of this specialized jurisdiction. Thus, review of administrative actions taken in connection with an environmental issue that, for proper assessment, requires plenary proceedings (proceso de conocimiento pleno) is possible only in the ordinary courts, because the design of the amparo proceeding is incompatible with comparing or reviewing technical or legal opinions prepared under current statutory or regulatory provisions, or with taking additional and more extensive evidence necessary to compare or review opinions already contained in the administrative case file.

Holding otherwise would transform the amparo proceeding into ordinary plenary proceedings, thereby distorting its nature and frustrating the purposes for which it was designed, with the result that it would lose its status as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened in various ways, or has issued administrative acts concerning an environmental matter, review and oversight thereof fall within the jurisdiction of the administrative courts (jurisdicción de lo contencioso administrativo). It is precisely verification of the existence of such administrative intervention that determines that the matter belongs in legality-review proceedings. Consequently, this petition should have been summarily rejected, because its subject matter is an issue properly litigated, analyzed, and decided through legality-review proceedings.

Nevertheless, because that was not done, the appropriate course is to dismiss it, without making any ruling on the merits of the issue raised, as it falls to the ordinary courts—specifically, the administrative courts—to determine whether the challenged administrative actions and conduct are, in substance, consistent with the provisions of the statutory legal framework governing the protection, safeguarding, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VII. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced through new technologies, they must retrieve them from the Court within a maximum period of 30 business days from service of this judgment. Notice is given that any material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of 22 de agosto de 2011, published in Boletín Judicial no. 19 of 26 de enero de 2012, as well as pursuant to the resolution of the Consejo Superior del Poder Judicial approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

The petition is dismissed. The Viceministerio de Paz and the Ministerio de Ambiente y Energía shall take note of the provisions of Considerando V of this judgment. Justice Salazar Alvarado sets forth different reasons, considering that it falls to the ordinary courts—specifically, the administrative courts—to determine whether the challenged administrative actions and conduct are, in substance, consistent with the provisions of the statutory legal framework governing the protection, safeguarding, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. - Fernando Castillo V.

Presiding Justice Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Rosibel Jara V.

CASE FILE N° 24-004886-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintitres de mayo de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente No.24-004886-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, favor del pueblo indígena KEKÖLDI contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y OTROS.

Resultando:

  1. 1Por escrito agregado al expediente digital de la Sala a las 16:22 horas del 22 de febrero de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Manifiesta que acude en favor de los integrantes del pueblo indígena Keköldi, quienes se enteraron de que en noviembre y diciembre de 2023 se inició una tala de árboles en las propiedades colindantes a su territorio, la cual posteriormente se expandió e invadió los límites de su territorio, al grado de acercarse a una de sus quebradas. Refiere que el pueblo indígena Keköldi le solicitó colaboración a la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Keköldi (ADITIK), quién determinó que efectivamente se invadió el territorio indígena y que los vecinos que están talando cuentan con un documento llamado "formulario de regencia forestal" del Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, pero en realidad se desconoce si se trata de un permiso de corta o solo de una solicitud.Añade que en el Formulario de Regencia Forestal No.0007783, en el cual consta la autorización para el aprovechamiento del recurso forestal de las fincas con folio real N° PRN01 y Nº PRN02, planos catastrados N° L-13392-1991 y L-975726-1991, ubicados en la provincia de Limón, cantón Talamanca, distrito de Cahuita; el título de estas propiedades se publicita a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre07, todos de apellidos (Nombre08). En este se indica que el total a talar en el sitio es: 174 Árboles de 11 especies diferentes, y el inventario presenta un sello del SINAC, con firma del 12 de noviembre de 2023. Señala que el 16 de enero de 2024, la ADITIK le solicitó colaboración al CONAI para detener el permiso de aprovechamiento forestal ante el MINAE y para que le proporcionara constancia sobre los límites territoriales del pueblo indígena Keköldi. Añade que la viceministra de paz, Erika Madriz Chinchilla quién es la coordinadora de la Mesa Técnica Interinstitucional le remitió al ministro del MINAE la solicitud de la ADITIK, mediante escrito No. SVMP-MT-007-2024.Agrega que se emitió un informe sobre la visita de campo a la zona en conflicto y a través del oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, se constató que se invadió el territorio indígena Keköldi mediante tala. Acusa que el supuesto permiso fue otorgado por 6 meses, lo cual implica que aún no ha finalizado la explotación del recurso forestal y la tala sigue afectando al pueblo indígena que Keköldi y al medio ambiente. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de los derechos fundamentales de la parte tutelada y solicita que se declare con lugar el recurso.
  2. 2Mediante resolución de Presidencia de las 12:26 horas del 20 de marzo de 2024, se dio curso al proceso.
  3. 3Informa David Chavarría Morales, director Ejecutivo a.i. del Sistema

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), lo siguiente: “(…) respecto a los hechos alegados por el recurrente se procedió a brindar traslado al Área de Conservación la Amistad Caribe, misma que efectuó el informe número SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 de fecha 20 de marzo del año en curso, informe técnico número SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 de fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, así como ampliación de informe número SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 de fecha veintidós de marzo del presente año, documentación en la se expresa a continuación (…)en fecha 17 de noviembre del año dos mil veintitrés, Propiamente en la Oficina Subregional Limón –Talamanca se recibió a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre08 una solicitud de certificado de Origen bajo la modalidad de Sistema Agroforestal por Regeneración Forestal, para el aprovechamiento de 174 árboles y en virtud de ellos se le asignó el número de expediente AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 además se le dio tramite y autorización porque reunía los requisitos de conformidad con la técnica y normativa aplicable.

A solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), en fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, se realizó inspección junto con el señor Nombre05, integrante de la citada Asociación, por supuesta tala ilegal en el territorio indígena KEKÖLDI, y como resultado de la citada inspección se levantó el informe SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 donde se concluyó que no se evidenciaba ningún ilícito y se recomendó dar seguimiento al acuerdo tomado con la ADITIK sobre sus límites. Del informe antes referido se desprende que la visita se realizó en las coordenadas Dirección03 CED01 Dirección02 donde se observó una importante corta de árboles, autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023. Sigue indicando el informe que se dio revisión las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y los mismos indican que la corta se ha realizado fuera de los límites como se muestra en la siguiente imagen (…).

Aunado a lo anterior, una vez revisado el sistema SIRI del Registro Nacional, se denota que el predio demarcado en la siguiente imagen de color turquesa (el antes mencionado Certificado de Origen SAF-RN 151-2280-2023) se encuentra fuera de los límites del territorio Keköldi. En virtud de todo lo anterior, no es cierto que la corta de árboles realizada sea en terreno del Territorio Indígena Bribri – Keköldi, ni que se expandió e invadió los límites del citado territorio (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4. Informa F ranz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía (MINAE), lo siguiente: “(…) En relación con el alegato del recurrente, este Despacho procede a rendir informe en los siguientes términos: Este Ministerio es el ente encargado de velar por la protección del recurso natural del país, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la promoción de manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales, cuya gestión corresponde a este Ministerio por disposición legal o convenio internacional. Asimismo, es importante señalar que el artículo 50 de nuestra carta magna establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que se deriva del derecho a la vida; siendo entonces que el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano en armonía con este, en el que la calidad ambiental, y los medios económicos resultan ser de los parámetros fundamentales para las personas.

Por lo tanto, mediante el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N°7788, se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), cuya naturaleza jurídica, es la de un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental adscrito al MINAE, y su propósito fundamental, es el de integrar las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de nuestro país (…). Por tal motivo y en atención a la especialidad de la materia, se coordina con el área de conservación La Amistad Caribe Subregión Limón-Talamanca mediante oficio DAJ-MINAE-0354-2024 y es mediante el informe SINAC-ACLAC-SLT-087-2024, de fecha 20 de marzo de 2024 que señalo: “En fecha del 21 de diciembre del año 2023, se realizó una inspección conjunta con el señor Nombre05 de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi ( ADITIK) para la atención de una denuncia sobre aparente tala ilegal en el Territorio Indígena Keköldi en donde el oficio SINAC-ACLACDASP-RNVSGM-190-2023, se concluye “No se determina al momento de la visita un posible ilícito, por lo cual, se recomienda, dar el seguimiento al acuerdo tomado con la ADITK sobre sus límites para poder solucionar el asunto”.

Por lo que efectivamente en fecha 17 de noviembre de 2023 ante la oficina Subregional Limón – Talamanca se presenta y se recibe solicitud de un Certificado de Origen (CO) bajo la modalidad de Sistema Agroforestal (SAF) por regeneración Forestal a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre07; en el cual se le otorga el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023, por un total de 174 árboles en 12 especies y un volumen de 293.46 metros cúbicos. De conformidad con lo anterior, este expediente se le asigna mediante acuerdo en reunión. Es importante manifestar que los Certificados de Origen son solicitudes forestales presentados por un Regente (Ingeniero) forestal ante la Administración Forestal del Estado (AFE) para su revisión técnica y visto bueno por lo que NO ES UN PERMISO OTORGADO POR LA AFE. De acuerdo a lo que estable la Ley Forestal N°7575 y su artículo 28 “Excepción de permiso de corta las plantaciones forestales, incluidos los Sistemas Agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requerirá permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación.¨ ante esta situación tanto la identificación, el marcado y la ubicación de los árboles es una competencia del Regente forestal quién ostenta una FE PÚBLICA.

La Administración Forestal del Estado (AFE) es el ente rector para proporcionar los dispositivos para el transporte de la madera proveniente de los diferentes tipos de permisos con la salvedad de las Plantaciones forestales en donde el Regente Forestal es quién extiende las respectivas guías para el transporte de la madera proveniente de las plantaciones; así siendo en este caso particular la Oficina Subregional en el seguimiento y control a los diferentes tipos de permiso forestales otorgó la primera emisión de guías y placas en fecha 24 de noviembre del 2023. La solicitud de permiso bajo la modalidad de Certificado de Origen (CO) en sistema Agroforestal (SAF) cumplió con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente por lo que se continuó con la tramitología y su recepción otorgando el número de expediente administrativo N° AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 a nombre de los hermanos (Nombre08).

Siendo así, mediante el oficio SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024, se verifican las capas oficiales de los límites del territorio indígena (TI) Keköldi mediante los sistemas de información geográfica (SIG) utilizando el Sistema Nacional De Información Territorial (SNIT), denotando que los puntos tomados en campo de árboles que habían sido cortado y/o marcados según Certificado de origen # COSAF RN 151-2280-2023, se encuentran fuera de los límites del TI (…).Asimismo, sistema SIRI del Registro Nacional, donde se denota que el predio demarcado en turquesa (correspondiente al CO SAF RN 151-2280-2023) se encuentra fuera de los límites del TI Keköldi, representados con la línea amarilla intermitente (…)”.Solicita que se declare sin lugar el recurso.

  1. 5Informa Esteban Jamienson Hidalgo, jefe de la Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca del Instituto de Desarrollo Rural, lo siguiente: “(…) el día viernes 19 de enero del año en curso se recibe mediante correo interno, enviado por la Presidencia Ejecutiva del Inder, la solicitud de atención y coordinación respectiva para lo indicado en la Carta solicitud CONAI 16 (se adjunta carta). Luego de la coordinación realizada con la Presidente de la ADI, señora Nombre06, se designó a la señora Nombre03, fiscal de la ADI, para que me guiara durante el recorrido al sitio y poder determinar si el proceso de deforestación se estaba realizando dentro o fuera del territorio Indígena Keköldi. Este recorrido se realizó el día 23 de enero. En el oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 se describe el equipo que se utilizó para realizar el trabajo en el campo. Adicionalmente se mencionó que se tomaron 7 puntos con el equipo indicado y que al ser ubicados en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) del Registro Nacional, se pueden observar que todos los puntos están fuera del territorio Indígena Keköldi; esto a pesar del margen del error que indica el fabricante del equipo.Los puntos tomados durante el recorrido realizado en conjunto con la señora Nombre03 fueron enviados a la señora Nombre06 mediante WhatsApp el día 24 de enero del 2024 a solicitud de doña Nombre06. Lo que se describe en el Recurso de Amparo, específicamente en donde se indica: “…a través del oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, se constató que se invadió el territorio indígena Keköldi mediante tala.” no es correcto. Se adjunta el oficio indicado para que se constate lo anotado por este servidor en el oficio en mención. Por último, es importante indicar que el recorrido fue realizado en el área que estaba siendo deforestada al día martes 23 de enero (se desconoce si se extendió) y se recopilaron las coordenadas con un equipo que tiene un margen de error según el fabricante de ±3,7 metros (…)”.
  2. 6Mediante resolución de las 11:22 horas del 04 de setiembre de 2024, se ampliaron las partes y se solicitó informe al presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y a la viceministra de Paz.
  3. 7Informa Rubilia Aurora Stuart Leiva, presidenta de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, lo siguiente: “(…) en el caso concreto de lo indicado por la ADITIK el permiso o formulario fue otorgado por el Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, es menester indicar que dichos certificados de origen no aplican para Territorio Indígena, en primer término estos certificados no son suficientes por si solos para autorizar la tala de árboles en Territorios, siendo que la Tala se encuentra regulada por leyes ambientales específicas como lo es la Ley Indígena 6172, misma que se encuentra amparada en el Convenio Internacional 169 de la OIT, si bien las instituciones como el MINAE y el SINAC, son los encargados de otorgar permisos, en los pueblos indígenas priva una Ley Especial donde únicamente los Indígenas pueden hacer uso de sus recursos naturales tanto de los que se encuentren en su territorio como en los límites del Territorio ancestral previamente ocupado por ellos; lo anterior, en pleno cumplimiento de su autonomía y derecho sobre los recursos naturales, por lo que los permisos otorgados o certificados origen son ilegales y no otorgan la autorización legal para la tala de árboles.En segundo término, un regente forestal no puede tampoco facilitar permisos o formularios de tala de árboles en Territorio Indígena mediante los certificados de origen emitidos por el CFIA, véase que estos forman parte de un proceso técnico y administrativo que tiene como finalidad garantizar que la extracción de productos forestales cumpla con la Ley y en este caso en específico con la ley indígena 6172, Convenio 169 de la OIT y el derecho propio indígena sobre sus territorios. Finalmente manifestar, que cuando se habla de límites del Territorios Indígena, que si bien se encuentran delimitados mediante los decretos 7267, 16568, 29956 y 25296, se recuerda que es una mera titulación por parte del Estado, siendo que los Territorios Indígenas son ancestrales y preexistentes a este, por lo que también se debe respetar las tierras ancestrales cuyos límites son históricos, culturales y son reconocidos por las propias comunidades indígenas, los cuales incluyen limites naturales que pueden ser definidos por ríos, montañas, valles o costas, y que tradicionalmente han servido como fronteras naturales dentro de los cuales los pueblos indígenas han desarrollado sus formas de vida, cultura y gestión de recursos.El Territorio ancestral viene inmerso dentro de la autodeterminación de los pueblos indígenas, mediante los cuales tienen derecho a gestionar y administrar su territorio, incluyendo el uso de recursos naturales, prácticas agrícolas, caza y pesca, de acuerdo con sus costumbres y leyes internas (…).SOBRE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE TALA: La responsabilidad objetiva del Estado y sus instituciones implica que este puede ser considerado responsable por los daños cause a terceros, sin necesidad de demostrar culpa o dolo, esto porque al ejercer sus funciones, puede ocasionar detrimentos, por el simple hecho de llevar a cabo actividades que generen riesgos para los derechos de las personas, esto se fundamenta principalmente en el artículo 190 de la Constitución Política donde dicha responsabilidad se amplía a todos los actos de la Administración pública que puedan causar daños; en el caso de los Territorios indígenas la responsabilidad objetiva del Estado se articula en torno a la obligación estatal de proteger, respetar y garantizar los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas.El artículo 6 de la Ley Indígena 6172, es claro en cuanto a lo que refiere a la tala de árboles dentro de los límites de los Territorios Indígenas o a lo interno de estos por personas NO indígenas, donde las instituciones estatales están en el deber y la obligación de respetar dicha prohibición y cualquier incumplimiento puede acarrear consecuencias legales y sociales graves, por lo que las entidades que expidan permisos de tala incurren en una falta administrativa o incluso hasta responsabilidades penales, siendo que como buen padre de familia, estas deben velar porque las personas talen arboles dentro de los límites que les corresponden, véase que en la situación actual es era deber del MINAE supervisar dichos permisos y el actuar de las personas, sin embargo, se ha roto de forma deliberada la normativa que protege los derechos de los pueblos indígenas, y que el ESTADO es el llamado a proteger estos derechos, y proceder con las sanciones a las personas que se aprovecharon y violentaron los límites del Territorio Indígena de Keköldi.Ahora bien, la tala ilegal de la que es víctima el Territorio también afecta directamente los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas, que como se dijo dependen de las tierras y recursos naturales para su supervivencia física, cultural y económica, por lo que en cumplimiento con la normativa internacional, así como la nacional, las instituciones públicas están OBLIGADAS a respetar y garantizar su preservación, además de que se causa un daño ambiental grave, ya que la tala ilegal afecta también la biodiversidad y los ecosistemas que los pueblos indígenas han protegido desde generaciones, esto se produce cuando las instituciones no cumplen su deber de garantizar la legalidad en estos territorios. Es menester reiterar, la obligación de fiscalización y prevención a las que están llamadas las instituciones públicas, en particular las que tienen relación directa con el medio ambiente, como lo son el MINAE, el SINAC y las municipalidades, para con la inspección de las concesiones de tala de una forma adecuada, así como cualquier actividad que pueda impactar a los Territorios, de no hacerlo recae en una negligencia como se ha reiterado a lo largo del informe y un claro incumplimiento en cuanto a la responsabilidad que como Administración Pública le son atribuidas, véase que de esta responsabilidad no solo se contemplas acciones directas de Estado que causan daño, sino también omisiones, como por ejemplo al no impedir las talas ilegales, donde dicha omisión o falta de acción constituye una violación de sus obligaciones al no tomar medidas para prevenir o detener estas actividades o cualesquiera otras que afecten los derechos de los pueblos indígenas territoriales o ancestrales.Finalmente, se trae a colación la distinta jurisprudencia internacional que a emanado de conformidad con el derecho comparado y vinculada con los derechos humanos y la protección al medio ambiente, donde varios tribunales y organismo internacionales han emitido fallo y/o recomendaciones que buscan salvaguardas los derechos de los pueblos indígenas frente a la explotación de recursos naturales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha establecido que los pueblos indígenas tienen un derecho especial sobre sus territorios ancestrales y que cualquier proyecto de explotación o tala de árboles requiere su CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO, de acuerdo con los estándares internacionales. Como derecho comparado, concurren diferentes casos donde el Estado ha sido condenado por su inacción, como por ejemplo el caso Saramaka vs. Surinam, donde la CIDH determino que el Estado Surinam violento los derechos del pueblo de Saramaka al otorgar concesiones para la tala y explotación de los recursos naturales sin su consentimiento, donde cualquier actividad que pueda afectar la integridad de estos territorios, como la Tala debe contar con su consentimiento, por lo que el Estado debe garantizar que dichas actividades no comprometan la supervivencia física o cultural.Otro caso particular es el del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, que si bien su discusión radicó en un tema de petróleo, el fallo de la Corte es relevante para la tala de árboles, siendo que refiere a la explotación de recursos naturales en territorios indígenas. SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS: Como se indica en efecto mi representada mediante correo de fecha 16 de enero de 2024, recibió solicitud escrita por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Keköldi (ADITIK), a los efectos de que la institución colaborara para detener la tala de árboles dentro del Territorio, motivo por el cual se procedió a remitir al INDER la consulta, a los efectos de solicitar colaboración para identificar si la tala de árboles estaba o no dentro del Territorio, posteriormente, la asociación solicita que mi representada proceda a suministrarle “la resolución de los límites nuevamente e informar a SINAC para el mejor proceder del caso”; ante dicha solicitud, mediante oficio DE-OF-216-2024 suscrito por la Directora Ejecutiva Daniela Gutiérrez Villanueva y dirigido al señor Diego Vicenzi León, Jefe de Despacho Ministerio de Ambiente y Energía, se indica lo siguiente “Lo anterior, no puede darse un cumplimiento, en virtud de que NO es competencia de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, verificar o emitir resoluciones respecto a los límites de un Territorio Indígena, lo anterior, de conformidad con el pronunciamiento PGR-C-217-2023 de 16 de noviembre de 2023 de la Procuraduría General de la República y oficio DRI-03- 0899-2023 de 20 de noviembre de 2023 del Registro Nacional de la Propiedad, mismos que se adjuntan al presente oficio.Sin perjuicio de lo anterior, se pone en conocimiento que el ente rector en esta materia y el único que puede certificar los límites de un Territorio Indígena que es el caso que nos atañe, es el Instituto Geográfico Nacional, adscrito al Registro Nacional, y que dicha competencia que ha sido reiterada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, siendo el único autorizado por ley para certificar si una finca o terreno está dentro o no de territorio”. Así las cosas, con la prueba que se aporta al efecto, queda demostrado que a la fecha la CONAI dentro de sus competencias ha cumplido y ha colaborado con la Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi, a los efectos de lograr detener la tala de árboles que limita y ha invadido el Territorio Indígena, sin embargo, a pesar de las comunicaciones con el MINAE el actuar de esa entidad ha sido ayuna, desprotegiendo así su obligación como Administración Pública e incumpliendo con la normativa nacional e internacional que previamente se ha expuesto a lo largo del presente informe, en cuanto a la fiscalización de los permisos que se han otorgado para dicha explotación, permitiendo que persona NO indígenas se aprovechen de los recursos naturales ubicados dentro de los límites del Territorio (…)”.Solicita que se declare sin lugar el recurso.
  4. 8Informa Erika Madriz Chinchilla, Viceministra de Paz, lo siguiente: “(…) es importante aclarar que la nota sin número de oficio firmado por las Sras. Nombre06 y Keyla Pizarro Lazo, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi (ADITIK), originalmente sólo fue enviada a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) el 16 de enero del 2024. Fue precisamente la Directora Ejecutiva de CONAI, Sra. Daniela Gutiérrez Villanueva, quien remite el asunto a la Coordinación de la Mesa Técnica, con el fin de articular acciones para su atención. Esto sucedió por correo electrónico del 19 de enero del 2024. Habiéndose recibido en la dirección de correo electrónico de esa Mesa (a saber ...04)) se refirió la solicitud para su atención al Sr. Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía. Lo anterior se realizó mediante envío de Oficio DVMP-MT-007-2024 a los correos electrónicos ...05, ...02 y ...03, en fecha 23 de enero del 2024.Posteriormente, el 9 de febrero del 2024 se reenvía la gestión a los correos electrónicos Para: ...05, ...02, ...03 y ...01. En este punto es fundamental anotar que las competencias de la Mesa Técnica que coordino, aparte de la construcción y seguimiento de la ruta de trabajo que debe plantear, sólo le atribuyen articular con las demás instituciones las acciones tendientes a la solución de las necesidades de la población indígena. Esto de conformidad con los numerales 1 y 4 de la Directriz Nº003-MJP referida. Es decir, que las atribuciones de la Mesa sólo son de coordinar, referir, relacionar, más no de resolver o decidir sobre las gestiones que le envíen. Ir más allá sería violentar el principio de legalidad pues quienes conformamos esa instancia somos funcionarios públicos, por lo que sólo podemos realizar aquellos actos que autorice expresamente la ley. Del escenario antes expuesto, se desprende que las acciones ejecutadas por esta Coordinación fueron las que, por competencia, correspondían.En aras de buscar la mejor atención de la gestión planteada, esta Coordinación solicitará a los integrantes de la Mesa, en la próxima sesión que se efectúe, se consulte al Ministerio de Ambiente y Energía sobre el trámite brindado a la nota remitida mediante Oficio DVMPMT-007-2024 (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
  5. 9Mediante resolución de las 14:41 horas del 28 de abril de 2025, la magistrada instructora solicitó prueba para mejor resolver, en los siguientes términos: “… como prueba para resolver solicítese informe AL DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL; a fin de que certifique de forma clara y precisa lo siguiente: a) si las fincas con folio real No. PRN01 y No. 751262-001- 003-005-006-007, planos catastrados N° L-13392-1991 y L-975726-1991 - colindantes con el territorio de la Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi, se encuentran o no dentro de dicho territorio indígena.
  6. 10Informa Marta Eugenia Aguilar Varela, en su condición de directora a.i. del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Registro Nacional, quien señala lo siguiente: “…1) Sobre las competencias del Instituto Geográfico Nacional para la certificación de predios en territorios indígenas La Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, Ley N°59 del 04 de julio de 1944 y sus reformas, dispone en su artículo 1 que el IGN será “la dependencia científica y técnica rectora de la cartografía nacional, destinada a la ejecución del Mapa básico oficial y la Descripción básica geográfica de la República de Costa Rica y a los estudios, las investigaciones o labores y el desarrollo de políticas nacionales de carácter cartográfico, geográfico, geodésico, geofísico y de índole similar que tenga relación con dichas obras, con el fin de apoyar los procesos de planificación” (el resaltado es suplido). Conforme a lo anterior, la función del IGN estaría circunscrita, como autoridad oficial permanente y en representación del Estado, al desarrollo de las políticas nacionales de carácter cartográfico, geográfico, geodésico, geofísico y de índole similar que tenga y que permitan brindar soporte a dichas obras, con el fin de apoyar los procesos de planificación; ello en concordancia con lo establecido en el numeral 59 de la Ley General de la Administración Púbica, Ley N°6227 del 02 de mayo de 1978 y sus reformas, al disponer que: “Artículo 59.- 1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio. 2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia. 3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura.” (El resaltado es suplido.) Por su parte, nótese que, en cuanto a la demarcación territorial de las reservas indígenas, esta competencia fue delegada por el ordenamiento jurídico en su momento al Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO) -actual Instituto de Desarrollo Rural (INDER)-, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley Indígena, Ley N°6172 del 29 de noviembre de 1977 y sus reformas. Consecuente con ello, ha sido reiterativa la jurisprudencia emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en relación con las competencias del INDER, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y el Registro Nacional, sobre asuntos relacionados con los territorios indígenas, designando en el Registro Nacional lo relativo a la publicidad registral derivada de las acciones realizadas de previo por el INDER y la CONAI en aras de la protección, aseguramiento, delimitación y demarcación de las reservas indígenas. Al respecto, véase la resolución Nº00496-2023 de las 09:14 horas del 13 de abril del 2023 emitida por la Sala Primera, la cual en lo de interés dispone: “XI. Al analizar estas pruebas, se hace necesario hacer referencia en primer término, a la potestad certificadora que equivocadamente se está atribuyendo la CONAI. Dicha facultad es reserva de ley, es decir, solo mediante autorización expresa plasmada en norma legal, se crea la potestad certificadora. La CONAI no cuenta según su normativa con dicha facultad, además, tampoco cumple con el requisito impuesto por el artículo 65 inciso2) de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece: “La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga funciones de decisión en cuanto a lo certificado […]”. Al hacer un estudio de la Ley de Creación de la CONAI, no se establece en esta ninguna potestad relacionada con delimitar o certificar la existencia de predios dentro de territorio indígena. Esta actividad le corresponde al INDER, en el tanto el numeral 5 de la Ley Indígena dispone su obligación de reubicar a las personas no indígenas o bien en su defecto expropiarlas e indemnizarlas. La labor de la CONAI, según lo dispone ese propio ordinal, consiste en coordinar junto con el INDER la realización de los estudios y trámites de expropiación e indemnización.” (El resaltado es suplido. Véase en esa misma línea, las resoluciones Nº02878-2020 de las 10:35 horas del 10 de diciembre del 2020; 00552–2021 de las 11:30 horas del 09 de marzo del 2021; Nº00681-2021 de las 10:00 horas del 25 de marzo del 2021, todas emitidas por la Sala Primera; entre otras.) Asimismo, en la resolución de marras, la Sala Primera es clara al señalar la competencia del INDER de llevar a cabo todas las diligencias necesarias para poder mantener la protección, aseguramiento, delimitación y demarcación de los territorios indígenas que se encuentran dentro de las reservas, las cuales son propiedad exclusiva de los pueblos indígenas, ello conforme al ordenamiento jurídico y las convenciones internacionales vigentes y vinculantes, a saber: “XIII. Finalmente, considera importante esta Cámara indicar que el INDER y la CONAI, tienen la obligación jurídica desde sus competencias, y en especial, a partir de la creación de la Ley Indígena, de llevar a cabo todas las diligencias necesarias para poder mantener la protección, aseguramiento, delimitación y demarcación de los territorios indígenas que se encuentran dentro de las Reservas, las cuales son propiedad exclusiva de los pueblos indígenas. Entre esas acciones de aseguramiento, deben gestionar ante el Registro Nacional la publicidad ante terceros de las tierras y territorios -en los términos del Convenio 169 de la OIT- que se encuentren dentro de las Reservas Indígenas -Territorios Indígenas- con el fin de evidenciar su situación de ser bienes ubicados dentro de esas áreas. Lo anterior en cumplimiento de la normativa nacional y especialmente, lo dispuesto en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007 y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos; además, las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas, la emitida el 6 de febrero de 2020, con ocasión del caso planteado por las Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) contra Argentina, que en lo medular refiere: “el deber de los Estados de adoptar medidas para asegurar a los pueblos indígenas su derecho a la propiedad implica necesariamente, en atención al principio de seguridad jurídica, que el Estado debe demarcar, delimitar y titular los territorios de las comunidades indígenas […]. Por tanto, el incumplimiento de dichas obligaciones constituye una violación al uso y goce de los bienes de los miembros de dichas comunidades”. La titulación y demarcación deben implicar el uso y goce pacífico de la propiedad.” (Pueblos Indígenas Kuna de Madugandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá, 2014). Se suma a lo anterior, el voto emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 24725-2022 en el que se rechazó la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la línea jurisprudencial de la Sala Primera en relación con los artículos 3 y 5 de la Ley Indígena, entre otras disposiciones relevantes de carácter vinculante. Por conexidad y consecuencia, con fundamento en el artículo 122 inciso a), c), d), e), f), g) y K) del Código Procesal Contencioso Administrativo, deberá el INDER, CONAI y el Registro Inmobiliario del Registro Nacional, proceder conforme a sus respectivas competencias, respectivamente, a la protección, aseguramiento, delimitación y demarcación de la reserva indígena involucrada – territorio indígena – así como a la debida anotación del territorio indígena en las propiedades que la conforman, según la normativa que creó la reserva. Esos aspectos se concretarán y verificarán en la ejecución de sentencia de este proceso. Notifíquese esta sentencia al Registro Inmobiliario para que proceda conforme lo señalado, y a las demás partes intervinientes.” (El resaltado es suplido. Ver en ese mismo sentido, resolución Nº00005-2024 de las 09:10 horas del 11 de enero del 2024 emitida por la Sala Primera) Ahora bien, por otra parte, y no menos importante, es clara la Ley General de la Administración Pública en sus artículos 65 y 66 sobre la emisión de certificaciones y las potestades de imperio en el ejercicio de los deberes públicos y su cumplimiento, los cuales disponen: “Artículo 65.- 1. Todo órgano será competente para realizar las tareas regladas o materiales internas necesarias para la eficiente expedición de sus asuntos. 2. La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su secretario. Artículo 66.- 1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. 2. Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercer una potestad de imperio. Dicho compromiso sólo podrá darse dentro de un acto o contrato bilateral y oneroso. 3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes.” (El subrayado en ambos artículos es suplido.) En razón de lo anterior, conforme al ordenamiento jurídico y la jurisprudencia previamente citada, no es competencia del IGN el certificar si un predio se encuentra o no en territorios indígenas; dado que, realizar gestiones referentes a las delimitaciones de las reservas indígenas o certificar si un determinado predio se encuentra o no dentro de territorios indígenas por parte del IGN, devendría en improcedente, amén de resultar en un conflicto de competencias dado que la información que se pretende acreditar pertenece a otra entidad. Es decir, el marco jurídico vinculante en la materia ha designado que, conforme al principio de legalidad imperante en los numerales 11 de la Constitución Política y su homónimo de la Ley General de la Administración Pública, la competencia en la delimitación de las reservas indígenas corresponde al INDER, sin injerencia alguna del IGN del Registro Nacional, más allá de la publicidad de los límites debidamente descritos en los decretos que declaren las reservas indígenas al tenor de la delimitación que, de esas reservas realice el ente competente. Se reitera que, el IGN al tenor de sus competencias no ha emitido certificación alguna con respecto a territorios indígenas, dado que esa función no se encuentra regulada dentro de la Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, Ley N°59 del 04 de julio de 1944 y sus reformas, ni en el Decreto Ejecutivo N°44481-MJP Reglamento del Instituto Geográfico Nacional del 08 de mayo del 2024; de ahí que, la tarea de certificar la ubicación o no de propiedades dentro de territorios indígenas es una labor a cargo del INDER pues es a esa institución a quien el ordenamiento jurídico le otorgó la potestad de demarcar los territorios indígenas (artículo 8 Ley Indígena) y, en consecuencia, dicho órgano tiene funciones de decisión sobre esos territorios (artículo 65 Ley General de la Administración Pública), no así el IGN.2) Sobre el informe solicitado como prueba para resolver La resolución de interés sea esta la de las 14:41 horas del 28 de abril del 2025, peticiona lo siguiente: “(…) como prueba para resolver solicítese informe AL DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL; a fin de que certifique de forma clara y precisa lo siguiente: a) si las fincas con folio real No. PRN01 y No. 751261-001-003-005-006-007, planos catastrados N° L-13392-1991 y L-975726-1991 - colindantes con el territorio de la Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi, se encuentran o no dentro de dicho territorio indígena. (…)” Una vez aclaradas las competencias del IGN en relación con los territorios indígenas y ante la imposibilidad de certificar materias ajenas a las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico a esta instancia, y con vista en la información publicitada en el Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI) de la Dirección de Registro Inmobiliario del Registro Nacional vinculados al sistema nacional de coordenadas; y la base de datos de imágenes digitales del IGN pertenecientes al Mosaico de Ortofotos a escala 1:5.000 del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), en aras de colaborar, se procede a informar lo siguiente: De acuerdo con la consulta sobre los planos catastrados: 1) L-13392-1991 asociado a la finca N°7-51261, ubicado en el distrito 03 Cahuita, cantón 04 Talamanca, provincia 07 Limón; y 2) L-975726-1991 perteneciente a la finca N°7-51262, ubicado en el distrito 02 Valle La Estrella, cantón 01 Limón, provincia 07 Limón; se tiene lo siguiente: a) La ubicación geográfica de los predios consultados fue dada por el profesional responsable de los planos catastrados L-975726-1991 y L-13392-1991, conforme a la hoja cartográfica, Cahuita y Amubri respectivamente, a escala 1:50.000. b) La información de referencia y el levantamiento topográfico contenida en los planos catastrados L-975726-1991 y L-13392-1991; fue la proporcionada por el profesional en topografía que elaboró dichos planos en ese momento, los cuales sirvieron de base para el presente informe. c) La cartografía básica oficial utilizada para rendir el informe solicitado obedece a las escalas 1:1.000 y 1:5.000; y, a la base cartográfica continua de la República de Costa Rica a escala 1:25.000 (publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°146 del 29 de julio de 2011; y el Diario Oficial La Gaceta N°101 del 7 de junio de 2018, respectivamente). Así las cosas, conforme a los criterios supra indicados y analizada la información disponible, en apariencia se podría indicar que los planos en estudio se encuentran fuera de la zona de la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); reiterándose nuevamente que, la información aquí proporcionada no es una certificación sino un criterio técnico emitido a la luz de los insumos anteriormente citados; siendo menester aclarar que el INDER no ha tenido ni tiene actualmente nodo o capa oficial alguna publicitada en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) referente a territorios indígenas …”.
  7. 11En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I. OBJETO DEL RECURSO

El recurrente manifiesta que acude a favor de los integrantes del pueblo indígena Keköldi, quienes se enteraron de que en noviembre y diciembre de 2023 se inició una tala de árboles en las propiedades colindantes a su territorio, la cual posteriormente se expandió e invadió los límites de su territorio, al grado de acercarse a una de sus quebradas. Refiere que la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Keköldi (ADITIK) determinó que efectivamente se invadió el territorio indígena y que los vecinos que están talando, cuentan con un documento llamado "formulario de regencia forestal" del Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, pero en realidad se desconoce si se trata de un permiso de corta o solo de una solicitud. Añade que en el Formulario de Regencia Forestal No.0007783, en el cual consta la autorización para el aprovechamiento del recurso forestal de las fincas con folio real N° PRN01 y Nº PRN02, planos catastrados N° L-13392-1991 y L-975726-1991, ubicados en la provincia de Limón, cantón Talamanca, distrito de Cahuita; el título de estas propiedades se publicita a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre07, todos de apellidos (Nombre08).

Señala que el 16 de enero de 2024, la ADITIK le solicitó colaboración al CONAI, para detener el permiso de aprovechamiento forestal ante el MINAE, y para que le proporcionara constancia sobre los límites territoriales del pueblo indígena Keköldi. Añade que la viceministra de paz, Erika Madriz Chinchilla, quién es la coordinadora de la Mesa Técnica Interinstitucional, le remitió al ministro del MINAE la solicitud de la ADITIK, mediante escrito No. SVMP-MT-007-2024. Agrega que se emitió un informe sobre la visita de campo a la zona en conflicto y a través del oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, se constató que se invadió el territorio indígena Keköldi mediante tala. Acusa que el supuesto permiso fue otorgado por 6 meses, lo cual implica que aún no ha finalizado la explotación del recurso forestal, y que la tala sigue afectando al pueblo indígena que Keköldi y al medio ambiente. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de los derechos fundamentales de la parte tutelada y solicita que se declare con lugar el recurso.

II. HECHOS PROBADOS

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 17 de noviembre de 2023, ante la oficina Subregional Limón – Talamanca se presentó solicitud de Certificado de Origen (CO) bajo la modalidad de Sistema Agroforestal (SAF) por regeneración Forestal a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre07, constando que en el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 se otorgó el certificado por un total de 174 árboles en 12 especies y un volumen de 293.46 metros cúbicos (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • b)El Área de Conservación la Amistad Caribe, elaboró el informe técnico número SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 de fecha 21 de diciembre de 2023, el informe número SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 de fecha 20 de marzo de 2024 y el informe número SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 de fecha 22 de marzo de 2024, señalándose lo siguiente: “… en fecha 17 de noviembre del año dos mil veintitrés, propiamente en la Oficina Subregional Limón –Talamanca se recibió a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre08 una solicitud de certificado de Origen bajo la modalidad de Sistema Agroforestal por Regeneración Forestal, para el aprovechamiento de 174 árboles y en virtud de ellos se le asignó el número de expediente AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 además se le dio trámite y autorización porque reunía los requisitos de conformidad con la técnica y normativa aplicable. A solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), en fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, se realizó inspección junto con el señor Nombre05, integrante de la citada Asociación, por supuesta tala ilegal en el territorio indígena KEKÖLDI, y como resultado de la citada inspección se levantó el informe SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 donde se concluyó que no se evidenciaba ningún ilícito y se recomendó dar seguimiento al acuerdo tomado con la ADITIK sobre sus límites …” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • c)En la visita in situ, la técnica María Fernanda Arias Villalobos, del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA - MANZANILLO bajo las coordenadas Dirección03 CED01 Dirección02, hizo constar que se observó una importante corta de árboles, autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023. Además, se dio revisión de las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y los mismos indican que la corta se realizó fuera de los límites del territorio indígena KEKÖLDI (ver informe rendido bajo juramento e imagen allegada al expediente como prueba).
  • d)Mediante el oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, el jefe a.i. de la Oficina Territorial de Talamanca del INDER pusó en conocimiento de la CONAI que se había realizado una inspección técnica en el sitio donde se denunció un proceso de deforestación, con acompañamiento de una persona designada por la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Keköldi y mediante el uso de un equipo GPS con precisión geoespacial, recolectó coordenadas y verificó su ubicación en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) plataforma oficial del Registro Nacional que contiene la delimitación digital de los territorios indígenas, dándose la revisión de las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), utilizándose a su vez un equipo de geolocalización GARMIN Montana 700, cuyo fabricante reporta un margen de error de ±3.7 metros, dato que fue debidamente considerado en el análisis técnico. Todo lo cual indicó que la corta se realizó fuera de los límites del territorio indígena KEKÖLDI (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

III. SOBRE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL

Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza ‑plausiblemente debe involucrar un peligro serio‑, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados.

En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente ‑lo que desnaturalizaría su razón de ser‑, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ‑ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica ‑véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006‑, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.

Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre04 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.

Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.

En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.

En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

IV. SOBRE EL CASO EN CONCRETO

En el presente asunto, el recurrente aduce vulnerado el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dado que, según su dicho, en noviembre y diciembre de 2023 se inició una tala de árboles en las propiedades colindantes al Territorio Indígena Bribri de Keköldi, la cual posteriormente se expandió e invadió los límites de su territorio, al grado de acercarse a una de sus quebradas. Refiere que la Asociación de Desarrollo Integral ADITIK determinó que efectivamente se invadió el territorio indígena y que los vecinos que están talando, cuentan con un documento llamado "formulario de regencia forestal".

Según se desprende en el sub lite, efectivamente el 17 de noviembre de 2023, ante la oficina Subregional Limón – Talamanca se presentó solicitud de Certificado de Origen (CO) bajo la modalidad de Sistema Agroforestal (SAF) por regeneración Forestal a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre07, constando que en el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 se otorgó el certificado por un total de 174 árboles en 12 especies y un volumen de 293.46 metros cúbicos. Aunado ello, el Área de Conservación la Amistad Caribe elaboró el informe técnico número SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 de fecha 21 de diciembre de 2023, el informe número SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 de fecha 20 de marzo de 2024, así el informe número SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 de fecha 22 de marzo de 2024, señalándose lo siguiente: “… en fecha 17 de noviembre del año dos mil veintitrés, propiamente en la Oficina Subregional Limón –Talamanca se recibió a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre08 una solicitud de certificado de Origen bajo la modalidad de Sistema Agroforestal por Regeneración Forestal, para el aprovechamiento de 174 árboles y en virtud de ellos se le asignó el número de expediente AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 además se le dio trámite y autorización porque reunía los requisitos de conformidad con la técnica y normativa aplicable.

A solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), en fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, se realizó inspección junto con el señor Nombre05, integrante de la citada Asociación, por supuesta tala ilegal en el territorio indígena KEKÖLDI, y como resultado de la citada inspección se levantó el informe SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 donde se concluyó que no se evidenciaba ningún ilícito y se recomendó dar seguimiento al acuerdo tomado con la ADITIK sobre sus límites …” . Asimismo, se constata que en la visita in situ, la técnica María Fernanda Arias Villalobos, del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA – MANZANILLO bajo las coordenadas Dirección03 CED01 Dirección02, hizo constar que se observó una importante corta de árboles, autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023.

Tanto el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) son las entidades legalmente facultadas para determinar si un inmueble se encuentra dentro o fuera de un territorio indígena, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Indígena (Ley N.º 6172), que expresamente establece que corresponde al INDER en coordinación con la CONAI, efectuar la demarcación territorial de las reservas indígenas conforme a los límites legalmente establecidos. Esta atribución confiere a dichas instituciones la competencia para realizar procesos técnicos de delimitación, que incluyen estudios de campo, análisis cartográficos y uso de sistemas georreferenciados, con el fin de establecer con certeza jurídica los linderos de los territorios indígenas reconocidos por el Estado.

En aplicación de esa potestad, la Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca del INDER, mediante el oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 ordenó la realización de una inspección técnica en el sitio -como bien se señaló ut supra- donde se denunció un proceso de deforestación, con acompañamiento de una persona designada por la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Keköldi y mediante el uso de un equipo GPS con precisión geoespacial, recolectó coordenadas y verificó su ubicación en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) plataforma oficial del Registro Nacional que contiene la delimitación digital de los territorios indígenas, dándose la revisión de las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y los mismos indican que la corta se realizó fuera de los límites del territorio indígena KEKÖLDI.

A su vez, según el informe de gira No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 del 21 de diciembre de 2024 y el oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 del 23 de enero de 2024, la técnica del SINAC, María Fernanda Arias Villalobos en asocio con el señor Nombre05 -miembro del ADITIK- tomaron 7 puntos y al ser ubicados en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) del Registro Nacional, se observó que todos los puntos están fuera del territorio Indígena Keköldi, tomando en consideración el margen del error -de ±3.7 metros- que indica el fabricante del equipo -GARMIN Montana 700- utilizado en dicha diligencia.

De dicho informe se desprende que la zona inspeccionada se ubica fuera de los límites del Territorio Indígena Keköldi, según los registros técnicos disponibles y se deja constancia de que la ADI cuenta con el “shape” (archivo geográfico) actualizado de dicha delimitación.

Así las cosas, el criterio técnico emitido por el INDER se basa en competencias que le son propias, conforme al ordenamiento jurídico, de modo que constituye el referente válido y autorizado para determinar la ubicación territorial de inmuebles respecto de reservas indígenas. En consecuencia, debe entenderse que la determinación oficial sobre si un inmueble se encuentra dentro o fuera de una reserva indígena corresponde únicamente al INDER y la CONAI y que, en el presente asunto, al haberse acreditado mediante inspección técnica debidamente fundamentada que el área en cuestión se ubica fuera de los límites del territorio indígena Keköldi, no existe violación alguna a derechos colectivos o territoriales protegidos, ni fundamento para cuestionar el resultado de dicha evaluación territorial.

Aunado a lo anterior, es importante acotar que en la prueba para mejor resolver traída al proceso, la representante del Instituto Geográfico Nacional (IGN) aclara que no tiene la competencia legal para certificar si un predio se encuentra o no dentro de un territorio indígena, ya que esta función es exclusiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), según lo dispuesto por la Ley Indígena (Ley N°6172 de 1977) y la jurisprudencia vigente. Asimismo, que el IGN tiene competencias limitadas en el ámbito cartográfico y geográfico, como lo establece su Ley de Creación (Ley N°59 de 1944), lo que no incluye la certificación de territorios indígenas; pues la Ley Indígena, en sus artículos 5 y 8, le asigna al INDER la responsabilidad de la delimitación y demarcación de las reservas indígenas. Esa institución en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) tiene la obligación de garantizar la protección y el aseguramiento de los territorios indígenas. En todo caso, la directora del ING acota que “… en apariencia se podría indicar que los planos en estudio se encuentran fuera de la zona de la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); reiterándose nuevamente que, la información aquí proporcionada no es una certificación sino un criterio técnico emitido a la luz de los insumos anteriormente citados …”.

Ahora bien, según se desprende de los informes rendidos bajo juramento y del acervo probatorio que consta en el expediente electrónico, la corta de árboles autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023, fue realizada fuera de los límites del territorio indígena Keköldi. Es decir, no se acreditó que la tala de árboles se diera dentro de dicho territorio indígena, por lo que esta Sala no considera que se haya violentado derecho fundamental alguno, por lo que no se constata una vulneración del territorio indígena Keköldi.

V.Finalmente, en atención a lo aquí resuelto, tomen nota el Viceministerio de Paz -en su condición de coordinador de la Mesa Técnica Interinstitucional- y el Ministerio de Ambiente y Energía de su deber de darle seguimiento a la tala de árboles en la zona supra señalada, en relación con el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 -certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023- de conformidad con los principios preventivo y precautorio, ya desarrollados en este pronunciamiento.

VI. RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO

Con el debido respeto, concuerdo con el voto de mayoría que declara sin lugar el recurso; sin embargo, lo fundamento con las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto.

De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso.

Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VII. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota el Viceministerio de Paz y el Ministerio de Ambiente y Energía de lo dispuesto en el considerando V, de esta sentencia. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. - Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Rosibel Jara V.

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