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Res. 15248-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/05/2025
OutcomeResultado
The Chamber denied the amparo because the logging was not proven to have occurred within the Keköldi Indigenous Territory, while reminding the Vice Ministry of Peace and MINAE of their duty to monitor it under the preventive and precautionary principles.La Sala rechazó el amparo porque no se probó que la tala ocurriera dentro del territorio indígena Keköldi, aunque recordó al Viceministerio de Paz y al MINAE su deber de darle seguimiento conforme a los principios preventivo y precautorio.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denied an amparo filed on behalf of the Keköldi Indigenous People against MINAE, SINAC, and other institutions over logging allegedly conducted within their territory. Relying on inspections, coordinates, and INDER’s technical records, the majority found that the trees covered by certificate of origin CO SAF RN 151-2280-2023 were outside the Indigenous Territory’s official boundaries. It stated that INDER and CONAI are responsible for officially determining whether property lies within an indigenous reserve, whereas the National Geographic Institute may provide cartographic opinions but cannot certify indigenous boundaries. Because the alleged territorial intrusion was not proven, the Chamber found no violation of collective, territorial, or environmental rights. It nevertheless directed the Vice Ministry of Peace and MINAE to heed their duty to monitor logging associated with the certificate under the preventive and precautionary principles. Justice Salazar agreed with the denial but reasoned that review of the administrative actions belonged in the contentious-administrative jurisdiction rather than constitutional amparo proceedings.La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo promovido en favor del pueblo indígena Keköldi contra el MINAE, el SINAC y otras instituciones por una corta de árboles presuntamente realizada dentro de su territorio. La mayoría tuvo por acreditado, con base en inspecciones, coordenadas y registros técnicos del INDER, que los árboles amparados por el certificado de origen CO SAF RN 151-2280-2023 estaban fuera de los límites oficiales del territorio indígena. Indicó que la determinación oficial de si un inmueble se encuentra dentro o fuera de una reserva indígena corresponde al INDER y a la CONAI, mientras que el IGN únicamente puede aportar criterios cartográficos y no certificaciones territoriales. Al no demostrarse la invasión denunciada, la Sala descartó la vulneración de derechos colectivos, territoriales o ambientales. No obstante, ordenó al Viceministerio de Paz y al MINAE tomar nota de su deber de dar seguimiento a la tala conforme a los principios preventivo y precautorio. El magistrado Salazar concurrió con razones diferentes sobre la competencia contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
Accordingly, the technical opinion issued by INDER is based on powers assigned to it under the legal system and therefore constitutes the valid and authorized reference for determining the territorial location of properties in relation to indigenous reserves. Consequently, the official determination of whether a property lies inside or outside an indigenous reserve must be understood to belong exclusively to INDER and CONAI. In this matter, because a duly substantiated technical inspection established that the area in question lies outside the boundaries of the Keköldi Indigenous Territory, there is no violation of protected collective or territorial rights and no basis for questioning the result of that territorial assessment. According to the reports rendered under oath and the evidence contained in the electronic case file, the cutting of trees authorized under certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023 occurred outside the boundaries of the Keköldi Indigenous Territory. In other words, it was not proven that the logging occurred within that Indigenous Territory; therefore, this Chamber does not find that any fundamental right was violated or that the Keköldi Indigenous Territory was infringed. V.- Finally, in view of the ruling herein, the Vice Ministry of Peace—in its capacity as coordinator of the Interinstitutional Technical Roundtable—and the Ministry of Environment and Energy shall take note of their duty to monitor the logging in the aforementioned area in connection with case file AC-AC03-COSAF-00122-2023—certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023—in accordance with the preventive and precautionary principles discussed in this judgment.Así las cosas, el criterio técnico emitido por el INDER se basa en competencias que le son propias, conforme al ordenamiento jurídico, de modo que constituye el referente válido y autorizado para determinar la ubicación territorial de inmuebles respecto de reservas indígenas. En consecuencia, debe entenderse que la determinación oficial sobre si un inmueble se encuentra dentro o fuera de una reserva indígena corresponde únicamente al INDER y la CONAI y que, en el presente asunto, al haberse acreditado mediante inspección técnica debidamente fundamentada que el área en cuestión se ubica fuera de los límites del territorio indígena Keköldi, no existe violación alguna a derechos colectivos o territoriales protegidos, ni fundamento para cuestionar el resultado de dicha evaluación territorial. Ahora bien, según se desprende de los informes rendidos bajo juramento y del acervo probatorio que consta en el expediente electrónico, la corta de árboles autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023, fue realizada fuera de los límites del territorio indígena Keköldi. Es decir, no se acreditó que la tala de árboles se diera dentro de dicho territorio indígena, por lo que esta Sala no considera que se haya violentado derecho fundamental alguno, por lo que no se constata una vulneración del territorio indígena Keköldi. V.- Finalmente, en atención a lo aquí resuelto, tomen nota el Viceministerio de Paz -en su condición de coordinador de la Mesa Técnica Interinstitucional- y el Ministerio de Ambiente y Energía de su deber de darle seguimiento a la tala de árboles en la zona supra señalada, en relación con el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 -certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023- de conformidad con los principios preventivo y precautorio, ya desarrollados en este pronunciamiento.
Pull quotesCitas destacadas
"Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota el Viceministerio de Paz y el Ministerio de Ambiente y Energía de lo dispuesto en el considerando V, de esta sentencia."
"The petition is denied. The Vice Ministry of Peace and the Ministry of Environment and Energy shall take note of the provisions of section V of this judgment."
Por tanto
"Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota el Viceministerio de Paz y el Ministerio de Ambiente y Energía de lo dispuesto en el considerando V, de esta sentencia."
Por tanto
"Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad."
"In environmental matters, this makes it necessary to distinguish constitutional review from legality review."
Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado
"Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad."
Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado
"Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales."
"The contrary would transform amparo into an ordinary full-merits proceeding, distorting and frustrating the purposes for which it was designed and causing it to lose its character as an instrument for the effective protection of fundamental rights."
Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado
"Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales."
Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado
"Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo."
"Consequently, I consider that when a public entity or body has intervened in various ways or issued administrative acts concerning an environmental matter, its review and oversight belong to the contentious-administrative jurisdiction."
Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado
"Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo."
Razones diferentes del magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
Document Review Decision No. 2025015248 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty-five a.m. on 23 de mayo de dos mil veinticinco.
Amparo proceeding being processed under case file No.24-004886-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, on behalf of the KEKÖLDI Indigenous People against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY and the RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE AND OTHERS.
Findings of Fact:
4. Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy (MINAE), reports as follows: “(…) Regarding the petitioner’s allegation, this Office submits its report in the following terms: This Ministry is the entity responsible for safeguarding the country’s natural resources and contributing to improvements in the inhabitants’ quality of life by promoting the management, conservation, and sustainable development of environmental and natural elements, assets, services, and resources whose administration is assigned to this Ministry by law or international agreement. It is also important to note that Article 50 of our Constitution establishes that the State must seek the greatest welfare for all inhabitants of the country by guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment, with due respect for the right to protection of human health deriving from the right to life; consequently, the primary objective of environmental use and protection is to achieve development and evolution favorable to human beings in harmony with the environment, in which environmental quality and economic resources are fundamental parameters for individuals.
Accordingly, Article 22 of Ley de Biodiversidad N°7788 created the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC), whose legal nature is that of a deconcentrated body with instrumental legal personality attached to MINAE and whose fundamental purpose is to integrate authority over forestry, wildlife, and protected wilderness areas in order to establish policies and plan and implement processes intended to achieve sustainability in the management of our country’s natural resources (…). For that reason, and in view of the specialized nature of the subject matter, coordination was undertaken with the Área de Conservación La Amistad Caribe Subregión Limón-Talamanca through official communication DAJ-MINAE-0354-2024, and report SINAC-ACLAC-SLT-087-2024, dated 20 de marzo de 2024, stated: ‘On 21 de diciembre del año 2023, a joint inspection was conducted with Nombre05 of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK) in response to a complaint concerning apparent illegal felling in the Territorio Indígena Keköldi; official communication SINAC-ACLACDASP-RNVSGM-190-2023 concluded: “At the time of the visit, no potential unlawful act was identified; therefore, it is recommended that follow-up be conducted on the agreement reached with ADITK concerning its boundaries in order to resolve the matter.” Thus, on 17 de noviembre de 2023, an application for a Certificate of Origin (CO) under the Agroforestry System (SAF) through Forest Regeneration category was indeed submitted to and received by the Oficina Subregional Limón–Talamanca in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre07; it was assigned case file number AC-AC03-COSAF-00122-2023, covering a total of 174 trees of 12 species and a volume of 293.46 cubic meters.
Pursuant to the foregoing, this case file was assigned by agreement at a meeting. It is important to state that Certificates of Origin are forestry applications submitted by a forestry supervisor (Regente forestal), who is an engineer, to the Administración Forestal del Estado (AFE) for technical review and approval; therefore, THEY ARE NOT PERMITS GRANTED BY AFE. Under Ley Forestal N°7575 and Article 28 thereof, “Exception from the felling-permit requirement: forest plantations, including Agroforestry Systems and individually planted trees and their products, shall not require permits for felling, transportation, processing, or export.” In this situation, the identification, marking, and location of the trees fall within the authority of the forestry supervisor, who exercises PUBLIC AUTHORITY (FE PÚBLICA). The Administración Forestal del Estado (AFE) is the governing body responsible for providing the devices used to transport timber originating from the different types of permits, except in the case of forest plantations, for which the forestry supervisor issues the corresponding transportation documents for timber originating from the plantations.
Accordingly, in this particular case, as part of the Oficina Subregional’s monitoring and oversight of the different types of forestry permits, it issued the first transportation documents and tags on 24 de noviembre del 2023. The permit application under the Certificate of Origin (CO) category for an Agroforestry System (SAF) met all the requirements established by the regulations in force; therefore, its administrative processing and receipt continued, and administrative case file number N° AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 was assigned to it in the names of the (Nombre08) siblings. Accordingly, through official communication SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024, the official layers showing the boundaries of the Keköldi Indigenous territory (territorio indígena, TI) were verified using geographic information systems (SIG) through the Sistema Nacional De Información Territorial (SNIT), demonstrating that the points recorded in the field for trees that had been felled and/or marked under Certificate of Origin # COSAF RN 151-2280-2023 are located outside the boundaries of the TI (…).
Likewise, the Registro Nacional’s SIRI system shows that the parcel outlined in turquoise (corresponding to CO SAF RN 151-2280-2023) is located outside the boundaries of the TI Keköldi, which are represented by the dashed yellow line (…)’”. He requests that the proceeding be denied.
REGARDING THE STATE’S STRICT LIABILITY (RESPONSABILIDAD OBJETIVA) IN CONNECTION WITH THE GRANTING OF LOGGING PERMITS: The strict liability of the State and its institutions means that it may be held liable for harm it causes to third parties without the need to prove negligence or intent, because, in exercising its functions, it may cause harm merely by carrying out activities that pose risks to individuals’ rights. This is based primarily on Article 190 of the Constitución Política, under which such liability extends to all acts of the Public Administration that may cause harm. In the case of Indigenous Territories, the State’s strict liability centers on its obligation to protect, respect, and guarantee the territorial and environmental rights of Indigenous peoples. Article 6 of Ley Indígena 6172 is clear with respect to the felling of trees within the boundaries or interior of Indigenous Territories by NON-Indigenous persons: State institutions have the duty and obligation to respect that prohibition, and any failure to comply may entail serious legal and social consequences.
Entities that issue logging permits therefore commit an administrative violation (falta administrativa) and may even incur criminal liability. Acting with the diligence of a prudent head of household (buen padre de familia), they must ensure that persons fell trees within the boundaries applicable to them. It should be noted that, in the current situation, it was MINAE’s duty to supervise those permits and the actions of those persons. Nevertheless, the regulations protecting the rights of Indigenous peoples have been deliberately violated, even though the STATE is responsible for protecting those rights and imposing penalties on the persons who took advantage of and violated the boundaries of the Keköldi Indigenous Territory. Moreover, the illegal logging to which the Territory has been subjected also directly affects the territorial and cultural rights of Indigenous communities, which, as stated, depend on their lands and natural resources for their physical, cultural, and economic survival.
Therefore, in compliance with international and national law, public institutions are REQUIRED to respect and guarantee their preservation. Serious environmental damage is also caused, because illegal logging affects the biodiversity and ecosystems that Indigenous peoples have protected for generations. This occurs when institutions fail to perform their duty to ensure legality in these territories. It is necessary to reiterate the oversight and prevention obligations (obligación de fiscalización y prevención) incumbent upon public institutions, particularly those directly involved with the environment, such as MINAE, SINAC, and the municipalities, to properly inspect logging concessions and any activity that may affect the Territories. Failure to do so constitutes negligence, as repeatedly stated throughout this report, and a clear breach of the responsibilities assigned to them as part of the Public Administration.
It should be noted that this liability encompasses not only direct State actions that cause harm, but also omissions, such as failing to prevent illegal logging. Such an omission or failure to act constitutes a violation of their obligations when they do not take measures to prevent or halt these or any other activities that affect the territorial or ancestral rights of Indigenous peoples. Finally, reference is made to the various international precedents that have arisen under comparative law and are connected with human rights and environmental protection, in which several international courts and bodies have issued judgments and/or recommendations intended to safeguard the rights of Indigenous peoples against the exploitation of natural resources. For example, the Inter-American Court of Human Rights has established that Indigenous peoples have a special right over their ancestral territories and that any exploitation or tree-felling project requires their FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT, in accordance with international standards.
Under comparative law, there are various cases in which the State has been held liable for its inaction, such as Saramaka vs. Surinam, in which the IACHR determined that the State of Surinam violated the rights of the Saramaka people by granting concessions for logging and the exploitation of natural resources without their consent. Any activity that may affect the integrity of these territories, such as logging, must have their consent, and the State must therefore ensure that such activities do not jeopardize their physical or cultural survival. Another particular case is Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Although the dispute concerned oil, the Court’s judgment is relevant to the felling of trees because it addresses the exploitation of natural resources in Indigenous territories.
REGARDING THE ACTIONS OF THE COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS: As stated, my client did in fact receive, by email dated 16 de enero de 2024, a written request from the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Keköldi (ADITIK) asking the institution to assist in stopping the felling of trees within the Territory. For that reason, the inquiry was forwarded to INDER to request assistance in determining whether or not the felling of trees was occurring within the Territory. Subsequently, the association requested that my client provide it with “the boundary resolution once again and notify SINAC so that the matter may be handled appropriately.” In response to that request, official letter DE-OF-216-2024, signed by Executive Director Daniela Gutiérrez Villanueva and addressed to Mr. Diego Vicenzi León, Chief of Staff of the Ministerio de Ambiente y Energía, states as follows: “The foregoing request cannot be fulfilled, because it is NOT within the jurisdiction of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas to verify or issue resolutions concerning the boundaries of an Indigenous Territory, pursuant to opinion PGR-C-217-2023 of 16 de noviembre de 2023 issued by the Procuraduría General de la República and official letter DRI-03- 0899-2023 of 20 de noviembre de 2023 issued by the Registro Nacional de la Propiedad, both of which are attached to this official letter.
Without prejudice to the foregoing, it is hereby stated that the governing authority in this matter, and the only entity that may certify the boundaries of an Indigenous Territory, as relevant to the present case, is the Instituto Geográfico Nacional, which is attached to the Registro Nacional. That jurisdiction has been reaffirmed by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, and it is the only entity authorized by law to certify whether or not a property or parcel of land lies within a territory.” Accordingly, the evidence submitted for this purpose demonstrates that, to date, CONAI has acted within its jurisdiction and has complied with its duties and cooperated with the Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi in seeking to stop the felling of trees that borders upon and has encroached into the Indigenous Territory. Nevertheless, despite the communications with MINAE, that entity has failed to act, thereby neglecting its obligations as part of the Public Administration and failing to comply with the national and international legal provisions previously set forth throughout this report regarding oversight of the permits granted for such exploitation, thus allowing NON-Indigenous persons to take advantage of the natural resources located within the boundaries of the Territory (…)”.
She requests that the petition for relief (recurso) be denied.
(…)” Once the powers of IGN regarding indigenous territories have been clarified, and given the impossibility of certifying matters outside the powers conferred upon this body by the legal system, and in view of the information published in the Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI) of the Dirección de Registro Inmobiliario del Registro Nacional, linked to the national coordinate system, and the IGN digital image database comprising the Orthophoto Mosaic at a scale of 1:5.000 of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), the following information is provided in the interest of cooperation: Regarding the inquiry concerning the registered cadastral plats (planos catastrados): 1) L-13392-1991, associated with property N°7-51261, located in district 03 Cahuita, canton 04 Talamanca, province 07 Limón; and 2) L-975726-1991, pertaining to property N°7-51262, located in district 02 Valle La Estrella, canton 01 Limón, province 07 Limón; the following has been determined: a) The geographical location of the parcels (predios) under review was provided by the professional responsible for registered cadastral plats L-975726-1991 and L-13392-1991, based on the Cahuita and Amubri map sheets (hojas cartográficas), respectively, at a scale of 1:50.000. b) The reference information and land survey (levantamiento topográfico) contained in registered cadastral plats L-975726-1991 and L-13392-1991 were provided by the surveying professional who prepared those plats at the time, and they served as the basis for this report. c) The official base mapping (cartografía básica oficial) used to prepare the requested report corresponds to the scales of 1:1.000 and 1:5.000, as well as to the continuous cartographic database (base cartográfica continua) of the República de Costa Rica at a scale of 1:25.000 (published in the Diario Oficial La Gaceta N°146 of 29 de julio de 2011 and the Diario Oficial La Gaceta N°101 of 7 de junio de 2018, respectively).
Accordingly, based on the aforementioned criteria and upon analysis of the available information, it would appear that the plats under review are located outside the Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); it is reiterated that the information provided herein is not a certification, but rather a technical opinion (criterio técnico) issued in light of the aforementioned sources. It should also be clarified that INDER has never had, and does not currently have, any official node or layer published in the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) concerning indigenous territories …”.
Justice Hess Herrera writes; and,
Considering:
The petitioner states that he brings this action on behalf of the members of the Keköldi Indigenous People, who learned that, in November and December 2023, tree cutting had begun on properties adjoining their territory, which subsequently expanded and encroached upon the boundaries of their territory, to the point of approaching one of their streams. He states that the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Keköldi (ADITIK) determined that the Indigenous territory had indeed been encroached upon and that the neighbors carrying out the cutting have a document called a “forestry oversight form” issued by the Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, but it is not actually known whether it is a cutting permit or merely an application. He adds that Forestry Oversight Form No.0007783 records authorization for the harvesting of forest resources from the properties with real-property folio N° PRN01 and Nº PRN02, registered survey plans N° L-13392-1991 and L-975726-1991, located in the province of Limón, canton of Talamanca, district of Cahuita; title to these properties is recorded in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre07, all surnamed (Nombre08).
He states that, on 16 de enero de 2024, ADITIK requested assistance from CONAI to halt the forest-harvesting permit before MINAE and to provide it with certification of the territorial boundaries of the Keköldi Indigenous People. He adds that the Vice Minister of Peace, Erika Madriz Chinchilla, who coordinates the Interinstitutional Technical Committee, forwarded ADITIK’s request to the minister of MINAE through document No. SVMP-MT-007-2024. He further states that a report was issued regarding the field visit to the disputed area and that, through official communication No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, it was confirmed that the Keköldi Indigenous territory had been encroached upon through tree cutting. He alleges that the purported permit was granted for 6 months, which means that the exploitation of the forest resource has not yet ended, and that the cutting continues to affect the Keköldi Indigenous People and the environment. In light of the foregoing, he petitions the Chamber for protection of the fundamental rights of the protected party and requests that the action be granted.
Of relevance to the determination of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been established as such or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:
Nombre05, a member of the aforementioned Association, regarding alleged illegal tree cutting in the KEKÖLDI Indigenous territory, and as a result of that inspection, report SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 was prepared, concluding that there was no evidence of any unlawful act and recommending follow-up on the agreement reached with ADITIK concerning its boundaries …” (see report submitted under oath and attached evidence).
With regard to the preventive and precautionary principles, in judgment no. 2021024807 at 9:20 hours on 5 de noviembre de 2021, this Chamber explained:
“In this regard, specialized legal scholarship has stated that the preventive principle requires that, when there is certainty of possible environmental harm, the activity causing such harm must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. Generally, this principle applies when risks are clearly defined and identified as at least probable; likewise, the principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but sufficient elements exist to foresee potential negative impacts. The precautionary principle, on the other hand, provides that, where there is a threat of serious and irreversible harm, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. It follows from the foregoing that the principle is based on reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental harm. In general terms, a significant difference between the preventive and precautionary principles lies in the degree of knowledge and certainty regarding the risks posed by an activity or project. While such certainty exists under the former, under the latter there is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)” (boldface added).
Indeed, the precautionary principle must be understood as set forth in principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” That is, it does not require scientific studies establishing “absolute certainty” that an activity is harmless to the environment (as a matter of principle, complete certainty is difficult to attain), but rather means that, even though the threat of serious or irreversible environmental harm is not entirely certain, such uncertainty will never justify or excuse postponing the implementation of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on the one hand, that not just any type of threat is involved—it must plausibly entail a serious danger—and, on the other, that the measure requires effective and efficient use of the resources employed.
In that sense, although the precautionary principle is linked to a certain degree of scientific uncertainty, this does not mean that it may be applied without restriction on the premise that any activity could cause environmental harm—which would distort its underlying purpose—but rather that there must be some degree of identification of the risks of serious or irreversible harm that could arise, the determination of which varies according to the particular circumstances of the specific case. Thus, when a situation requires application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or allowing any new application or modification that reasonably entails a serious risk; they are even required to suspend activities already under way. At the same time, they must efficiently and effectively adopt all measures required to preserve a healthy and ecologically balanced environment.
The aforementioned principle is likewise embodied in a source of hard law, since principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change—ratified by Costa Rica through law no. 7414 of 13 de junio de 1994 and by all OAS member states—provides:
“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to address climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To this end, such policies and measures should take into account different socioeconomic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases, and encompass all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties” (emphasis added).
The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which has been ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica—see law no. 8538 of 23 de agosto de 2006—which states:
“ARTICLE 1 Objective Bearing in mind the precautionary principle (principio de precaución) enshrined in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)”.
Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of 30 June 1994, whose preamble provides: “(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent, and address at their source the causes of the reduction or loss of biological diversity. Noting also that where there is a threat of substantial reduction or loss of biological diversity, lack of unequivocal scientific evidence should not be invoked as a reason for postponing measures intended to avoid or minimize such a threat (…)”.
Consistent with the aforementioned regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also addressed the precautionary principle in Advisory Opinion No. OC 23/17 of 15 November 2017:
“180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle to protect the rights to life and personal integrity in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible harm to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent potential harm. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle and must therefore adopt measures that are ‘effective’ in preventing serious or irreversible harm, even in the absence of scientific certainty” (emphasis added).
Subsequent to that decision, in a judgment in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, the Inter-American Court of Human Rights ruled on 6 February 2020 as follows: “the right to a healthy environment ‘must be considered among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,’ given the obligation of States to achieve the ‘integral development’ of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter.” Of great significance, it should be emphasized that, in this ruling, the Inter-American Court refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of that right, as a result of which the legal considerations of the latter have logically acquired the binding legal force inherent in a judgment. In this regard, the international judicial body reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humanity,’ and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding risks to individual persons.
The aim is to protect nature,’ not only because of its ‘usefulness’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but also because of its importance to the other living organisms with which the planet is shared.’ The foregoing does not preclude, of course, the possibility that other human rights may be violated as a consequence of environmental harm.” Specifically, in developing the concept of the right to the environment, the Inter-American Court sets out with complete clarity the obligations of States in the face of potential environmental harm, such as the duty of prevention (deber de prevención), the precautionary principle, the duty to cooperate (obligación de cooperación), and access to information (acceso a la información).
In short, application of the precautionary principle means that, where there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible harm to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in that regard does not relieve the obligation to adopt all efficient and effective measures to prevent harm to the environment.
With regard to the prevention principle (principio preventivo), the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of 30 November 2018, prepared by its Secretary-General pursuant to the General Assembly resolution of 10 May 2018 (No. A/72/L.51), conceptualizes it as a normative guideline of customary international law (derecho internacional consuetudinario) “confirmed by relevant practice in many environmental treaties and the principal codification projects.” Although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm (prevención del daño transfronterizo), the fact remains that this general principle of law, as aptly stated in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session No. 28-2020 of 25 May 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide (guía hermenéutica), it dictates that “the causes and sources of environmental problems shall be addressed as a priority and in an integrated manner, seeking to prevent any adverse effects on the environment.
The prevention criterion shall therefore prevail over any other criterion in the public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing makes perfect sense because it is consistent with the duty to prevent environmental harm from occurring, rather than merely ruling on compensation for harmful consequences that have already been established, including by ordering the cessation of the harmful effects.
This legal doctrine (instituto) is reflected, among other provisions, in Article 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law No. 7291) and Article 5 and Annex II of the United Nations Fish Stocks Agreement relating to Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law No. 8059), as well as in constitutional case law (see Judgments Nos. 2021024807 at 9:20 a.m. on 5 November 2021 and 2018016383 at 5:00 p.m. on 28 September 2018, among many others) and treaty-based case law, for example, Advisory Opinion No. OC-23/17 of 15 November 2017, paragraphs 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242, and the Judgment of 24 November 2022 in Nombre04 v. Chile. Specifically, in the latter, the Inter-American Court expressly states:
“208. Without prejudice to the foregoing, specifically in environmental matters, it should be emphasized that the principle of prevention of environmental harm forms part of customary international law and entails the obligation of States to implement the measures necessary before environmental harm occurs, taking into account that, because of its particular characteristics, it will often be impossible to restore the previously existing situation after such harm has occurred. By virtue of the duty of prevention, the Court has held that ‘States are required to use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant harm to the [...] environment’200. This obligation must be fulfilled under a due-diligence standard (estándar de debida diligencia) that is appropriate and proportional to the degree of risk of environmental harm201. Moreover, although it is not possible to provide a detailed enumeration of all the measures States could take to comply with this duty, several may be identified with respect to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact studies (estudios de impacto ambiental); iv) establish contingency plans (planes de contingencia); and v) mitigate when environmental harm occurs202”.
For its part, the in dubio pro natura principle (principio in dubio pro natura), according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Environmental Rule of Law,’ means that “in cases of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers must be resolved in a manner that favors environmental protection and conservation, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see Principle V).
In this regard, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Corte Plena in Article XIX of session No. 28-2020 of 25 May 2020), “Every person applying environmental rules must always bear in mind the pro natura principle (principio pro naturaleza), pursuant to which risks shall be avoided, general collective interests shall take precedence over private interests, preservation of the environment shall be favored, and, in cases of doubt, preference shall be given to the interpretation that protects the environment most broadly.” The in dubio pro natura principle, then, does not depend on the existence of a risk of serious or irreversible harm—as is the case with the precautionary principle—but instead entails a “general rule of conduct governing the relationship between the State—and society in general—and the environment, applicable to all spheres of decision-making in which there is a risk of an adverse impact on the environment, and requiring us to refrain from choosing conduct that may cause environmental harm when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).
Furthermore, in Judgment No. 2012013367 at 11:33 a.m. on 21 September 2012, this Constitutional Court addressed the principles of progressivity (progresividad) and non-regression (no regresión) in environmental matters as follows:
“V. On the principles of progressivity and non-regression in environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these provisions, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent permitted by its capabilities and development, the levels of protection afforded to human rights, with special consideration for those rights which, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple affirmative actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights holders.
The principle of non-regression, or the irreversibility of benefits or protections already attained, derives from the principle of progressivity of human rights and the principle prohibiting the retroactive application of rules to the detriment of vested rights (derechos adquiridos) and consolidated legal situations (situaciones jurídicas consolidadas), as enshrined in provision 34 of the Constitution. The principle stands as a substantive guarantee of rights—in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment—by virtue of which the State is required not to adopt measures or policies, or enact legal rules, that, without reasonable and proportionate justification, worsen the level of protection of rights attained up to that time. This principle does not entail absolute irreversibility, since all States experience domestic circumstances of an economic, political, or social nature, or arising from natural causes, that adversely affect the achievements attained up to that point and require the new level of protection to be reconsidered downward.
In such cases, the Law of the Constitution and the principles under examination require any reduction in protection levels to be justified in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality. In this regard, the Constitutional Chamber has stated in its case law, with respect to the right to health: ‘…under the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, measures that diminish the protection of fundamental rights are prohibited. Thus, if the Costa Rican State, for the purpose of protecting the right to health and the right to life, has a policy of expanding access to medicines, it cannot—and much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restrictive under the pretext of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07).’ With respect to the right to the environment, it stated: ‘The foregoing constitutes an evolving interpretation of environmental protection in accordance with the Law of the Constitution, which does not permit regression to its detriment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (Emphasis not in the original).
(To the same effect, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397).” Accordingly, under the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, insofar as possible, the levels of protection afforded to human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, application of the principle of non-regression constitutes a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or rules that, without reasonable and proportionate justification, worsen the level of protection already attained for fundamental rights; where applicable, the corresponding compensatory measures must also be weighed.
Finally, this Court explained the principle of objective grounding of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) in the following terms:
“With respect to the environment, the subject of the fundamental right described above, our Constitution further requires that it be ‘healthy.’ The ‘healthy’ requirement leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘successional capacity’ as means of safeguarding life. The need for sustainable development, in both its enduring and environmentally sustainable senses, follows from the two requirements of being ‘healthy’ and ‘balanced’; quality of life and environmental quality depend on it. Moreover, through the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ and ‘ecologically balanced,’ the constitutional provision introduced science and technology into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, pursuant to provisions 16 of the Ley General de la Administración Pública and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, State actions on environmental matters must be based on—and may not contradict—the unequivocal rules of science and technology, for the purpose of achieving the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, additionally, ‘greater well-being for all inhabitants of the country.’ Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technology, the Chamber has termed it the principle of objective grounding of environmental protection: ‘Objective grounding of environmental protection (…) is a principle that cannot in any way be confused with the preceding principle [the precautionary principle (principio precautorio), or “principle of prudent avoidance”], because, as a principle derived from Articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública, it translates into the need to substantiate decisions in this field through technical studies, both in relation to individual acts and to provisions of general application—whether statutory or regulatory—thereby giving rise to the requirement of adherence to science and technology, which limits the Administration’s discretion in this field.
Consequently, based on the results of those technical studies—such as environmental impact studies (estudios de impacto ambiental)—if objective technical findings demonstrate the probability of manifest harm to the environment, natural resources, or human health, the proposed project, works, or activity must be rejected; and where there is “reasonable doubt,” decisions must be made in favor of nature (pro-nature principle (principio pro-natura)), which may entail the adoption of both compensatory and precautionary measures in order to protect the environment adequately.’ (Judgments of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (emphasis added). (Decision no. 2012-13367 at 11:33 a.m. on September 21, 2012).
In this matter, the petitioner alleges that the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment was violated because, according to his account, tree felling (tala de árboles) began in November and December 2023 on properties adjoining the Territorio Indígena Bribri de Keköldi and subsequently expanded into and encroached upon the boundaries of its territory, coming as close as one of its streams. He states that the Asociación de Desarrollo Integral ADITIK determined that the indigenous territory had in fact been encroached upon and that the neighbors carrying out the felling possess a document called a “forestry supervision form” (formulario de regencia forestal).
As is evident in the sub lite, on November 17, 2023, an application for a Certificate of Origin (Certificado de Origen, CO), under the Agroforestry System (Sistema Agroforestal, SAF) modality for Forest Regeneration, was in fact submitted to the Oficina Subregional Limón – Talamanca in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre07, and the record shows that, under expediente number AC-AC03-COSAF-00122-2023, the certificate was issued for a total of 174 trees belonging to 12 species and a volume of 293.46 cubic meters. In addition, the Área de Conservación la Amistad Caribe prepared technical report number SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 dated December 21, 2023, report number SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 dated March 20, 2024, and report number SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 dated March 22, 2024, which stated the following: “…on November 17 of the year two thousand twenty-three, the Oficina Subregional Limón –Talamanca received, in the names of Nombre02, Nombre09 and Nombre08, an application for a Certificate of Origin under the Agroforestry System modality for Forest Regeneration, for the harvesting (aprovechamiento) of 174 trees; as a result, expediente number AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 was assigned to it, and it was processed and authorized because it met the requirements under the applicable technical standards and regulations.
At the request of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), an inspection was conducted on December 21 of the year two thousand twenty-three, together with Nombre05, a member of that Association, concerning alleged illegal logging in the KEKÖLDI indigenous territory; as a result of that inspection, report SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 was prepared, concluding that there was no evidence of any unlawful conduct and recommending follow-up on the agreement reached with ADITIK regarding its boundaries …”. It was also established that, during the on-site inspection (visita in situ), technician María Fernanda Arias Villalobos, of the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA – MANZANILLO, at coordinates Dirección03 CED01 Dirección02, recorded that substantial cutting of trees was observed, authorized under certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023.
Both the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) are the entities legally empowered to determine whether a property lies inside or outside an indigenous territory, pursuant to Article 8 of the Ley Indígena (Ley N.º 6172), which expressly establishes that INDER, in coordination with CONAI, is responsible for carrying out the territorial demarcation (demarcación territorial) of indigenous reserves in accordance with the legally established boundaries. This authority confers upon those institutions jurisdiction to conduct technical boundary-delimitation procedures (procesos técnicos de delimitación), including field studies, cartographic analysis, and the use of georeferenced systems, in order to establish with legal certainty the boundaries of the indigenous territories recognized by the State.
In the exercise of that authority, the Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca of INDER, through official letter INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, ordered a technical inspection of the site—as properly noted ut supra—where a deforestation process had been reported. Accompanied by a person designated by the Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Keköldi and using GPS equipment with geospatial accuracy, it collected coordinates and verified their location in the Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI), the Registro Nacional’s official platform containing the digital delimitation of indigenous territories. The official boundary layers for the territory were reviewed using Geographic Information Systems (Sistemas de Información Geográfica, SIG) through the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), and they indicate that the cutting occurred outside the boundaries of the KEKÖLDI indigenous territory.
In turn, according to field-trip report No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 of December 21, 2024, and official letter No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 of January 23, 2024, SINAC technician María Fernanda Arias Villalobos, together with Nombre05—a member of ADITIK—recorded 7 points; when those points were plotted in the Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) of the Registro Nacional, all were found to lie outside the Territorio Indígena Keköldi, taking into account the margin of error—±3.7 meters—specified by the manufacturer of the equipment—GARMIN Montana 700—used in that proceeding.” It follows from that report that the inspected area is located outside the boundaries of the Territorio Indígena Keköldi, according to the available technical records, and it is placed on record that the ADI has the updated “shape” (geographic file) for that boundary.
Accordingly, the technical opinion issued by INDER is based on powers vested in it under the legal system (ordenamiento jurídico), and therefore constitutes the valid and authorized reference for determining the territorial location of real property in relation to Indigenous reserves. Consequently, it must be understood that the official determination as to whether a property is located within or outside an Indigenous reserve falls exclusively to INDER and CONAI and that, in the present matter, because it has been established through a duly substantiated technical inspection that the area in question is located outside the boundaries of the Territorio Indígena Keköldi, there has been no violation whatsoever of protected collective or territorial rights, nor is there any basis for questioning the result of that territorial assessment.
In addition to the foregoing, it is important to note that, in the evidence obtained by the Court on its own initiative to facilitate adjudication (prueba para mejor resolver) and entered into the proceedings, the representative of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) clarifies that it does not have legal authority to certify whether or not a parcel (predio) is located within an Indigenous territory, because that function belongs exclusively to the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), pursuant to the Ley Indígena (Ley N°6172 de 1977) and current case law. She further states that IGN has limited powers in the cartographic and geographic fields, as established by its Ley de Creación (Ley N°59 de 1944), which do not include the certification of Indigenous territories, since Articles 5 and 8 of the Ley Indígena assign INDER responsibility for defining and demarcating Indigenous reserves.
That institution, in coordination with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), is obligated to guarantee the protection and safeguarding of Indigenous territories. In any event, the director of ING notes that “… it could apparently be stated that the plans under review are located outside the area of the Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); it is reiterated once again that the information provided here is not a certification, but rather a technical opinion issued in light of the materials cited above …”.
Now, as is evident from the reports submitted under oath and the body of evidence contained in the electronic case file, the felling of trees authorized under certificate of origin (certificado de origen) number CO SAF RN 151-2280-2023 took place outside the boundaries of the Territorio Indígena Keköldi. In other words, it was not established that the tree cutting occurred within that Indigenous territory; therefore, this Chamber does not find that any fundamental right was violated, and no infringement of the Territorio Indígena Keköldi has been established.
V.Finally, in view of the ruling herein, the Viceministerio de Paz—in its capacity as coordinator of the Mesa Técnica Interinstitucional—and the Ministerio de Ambiente y Energía shall take note of their duty to monitor the tree cutting in the area indicated above, in connection with case number AC-AC03-COSAF-00122-2023—certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023—in accordance with the preventive and precautionary principles already discussed in this decision.
With due respect, I concur with the majority decision dismissing the petition; however, I base my position on the following reasons:
The protection of a healthy and ecologically balanced environment is safeguarded under the Costa Rican legal system not only by Article 50 of the Constitución Política, but also by a series of statutes and executive decrees (regulations) currently in force, such as the Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; the Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; and Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to cite only a few. This makes it necessary, in environmental matters, to distinguish constitutional review (control de constitucionalidad) from legality review (control de legalidad). In this regard, it is the undersigned’s position that this Chamber, through an amparo proceeding (recurso de amparo), should hear a matter alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment only if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, readily ascertainable, of some importance or seriousness, and directly affects a specific person or community.
Otherwise, the issue must be raised and litigated through legality-review proceedings (vía de legalidad). Therefore, the mere failure to comply with obligations and duties legally imposed upon the various public administrations in environmental matters is properly heard through legality-review proceedings—whether administrative or judicial—where the alleged breaches or omissions may be reviewed much more comprehensively. It must be borne in mind that an amparo proceeding is summary, informal, simple, and expeditious; accordingly, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter in the exercise of its powers and conducts a proceeding culminating in the issuance of administrative acts (actos administrativos), review of the matter falls outside the scope of this specialized jurisdiction. Thus, review of administrative actions taken in connection with an environmental issue that, for proper assessment, requires plenary proceedings (proceso de conocimiento pleno) is possible only in the ordinary courts, because the design of the amparo proceeding is incompatible with comparing or reviewing technical or legal opinions prepared under current statutory or regulatory provisions, or with taking additional and more extensive evidence necessary to compare or review opinions already contained in the administrative case file.
Holding otherwise would transform the amparo proceeding into ordinary plenary proceedings, thereby distorting its nature and frustrating the purposes for which it was designed, with the result that it would lose its status as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened in various ways, or has issued administrative acts concerning an environmental matter, review and oversight thereof fall within the jurisdiction of the administrative courts (jurisdicción de lo contencioso administrativo). It is precisely verification of the existence of such administrative intervention that determines that the matter belongs in legality-review proceedings. Consequently, this petition should have been summarily rejected, because its subject matter is an issue properly litigated, analyzed, and decided through legality-review proceedings.
Nevertheless, because that was not done, the appropriate course is to dismiss it, without making any ruling on the merits of the issue raised, as it falls to the ordinary courts—specifically, the administrative courts—to determine whether the challenged administrative actions and conduct are, in substance, consistent with the provisions of the statutory legal framework governing the protection, safeguarding, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced through new technologies, they must retrieve them from the Court within a maximum period of 30 business days from service of this judgment. Notice is given that any material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of 22 de agosto de 2011, published in Boletín Judicial no. 19 of 26 de enero de 2012, as well as pursuant to the resolution of the Consejo Superior del Poder Judicial approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
The petition is dismissed. The Viceministerio de Paz and the Ministerio de Ambiente y Energía shall take note of the provisions of Considerando V of this judgment. Justice Salazar Alvarado sets forth different reasons, considering that it falls to the ordinary courts—specifically, the administrative courts—to determine whether the challenged administrative actions and conduct are, in substance, consistent with the provisions of the statutory legal framework governing the protection, safeguarding, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. - Fernando Castillo V.
Presiding Justice Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Ingrid Hess H.
Ileana Sánchez N.
Rosibel Jara V.
CASE FILE N° 24-004886-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintitres de mayo de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente No.24-004886-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, favor del pueblo indígena KEKÖLDI contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y OTROS.
Resultando:
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), lo siguiente: “(…) respecto a los hechos alegados por el recurrente se procedió a brindar traslado al Área de Conservación la Amistad Caribe, misma que efectuó el informe número SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 de fecha 20 de marzo del año en curso, informe técnico número SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 de fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, así como ampliación de informe número SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 de fecha veintidós de marzo del presente año, documentación en la se expresa a continuación (…)en fecha 17 de noviembre del año dos mil veintitrés, Propiamente en la Oficina Subregional Limón –Talamanca se recibió a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre08 una solicitud de certificado de Origen bajo la modalidad de Sistema Agroforestal por Regeneración Forestal, para el aprovechamiento de 174 árboles y en virtud de ellos se le asignó el número de expediente AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 además se le dio tramite y autorización porque reunía los requisitos de conformidad con la técnica y normativa aplicable.
A solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), en fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, se realizó inspección junto con el señor Nombre05, integrante de la citada Asociación, por supuesta tala ilegal en el territorio indígena KEKÖLDI, y como resultado de la citada inspección se levantó el informe SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 donde se concluyó que no se evidenciaba ningún ilícito y se recomendó dar seguimiento al acuerdo tomado con la ADITIK sobre sus límites. Del informe antes referido se desprende que la visita se realizó en las coordenadas Dirección03 CED01 Dirección02 donde se observó una importante corta de árboles, autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023. Sigue indicando el informe que se dio revisión las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y los mismos indican que la corta se ha realizado fuera de los límites como se muestra en la siguiente imagen (…).
Aunado a lo anterior, una vez revisado el sistema SIRI del Registro Nacional, se denota que el predio demarcado en la siguiente imagen de color turquesa (el antes mencionado Certificado de Origen SAF-RN 151-2280-2023) se encuentra fuera de los límites del territorio Keköldi. En virtud de todo lo anterior, no es cierto que la corta de árboles realizada sea en terreno del Territorio Indígena Bribri – Keköldi, ni que se expandió e invadió los límites del citado territorio (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4. Informa F ranz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía (MINAE), lo siguiente: “(…) En relación con el alegato del recurrente, este Despacho procede a rendir informe en los siguientes términos: Este Ministerio es el ente encargado de velar por la protección del recurso natural del país, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la promoción de manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales, cuya gestión corresponde a este Ministerio por disposición legal o convenio internacional. Asimismo, es importante señalar que el artículo 50 de nuestra carta magna establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que se deriva del derecho a la vida; siendo entonces que el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano en armonía con este, en el que la calidad ambiental, y los medios económicos resultan ser de los parámetros fundamentales para las personas.
Por lo tanto, mediante el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N°7788, se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), cuya naturaleza jurídica, es la de un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental adscrito al MINAE, y su propósito fundamental, es el de integrar las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de nuestro país (…). Por tal motivo y en atención a la especialidad de la materia, se coordina con el área de conservación La Amistad Caribe Subregión Limón-Talamanca mediante oficio DAJ-MINAE-0354-2024 y es mediante el informe SINAC-ACLAC-SLT-087-2024, de fecha 20 de marzo de 2024 que señalo: “En fecha del 21 de diciembre del año 2023, se realizó una inspección conjunta con el señor Nombre05 de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi ( ADITIK) para la atención de una denuncia sobre aparente tala ilegal en el Territorio Indígena Keköldi en donde el oficio SINAC-ACLACDASP-RNVSGM-190-2023, se concluye “No se determina al momento de la visita un posible ilícito, por lo cual, se recomienda, dar el seguimiento al acuerdo tomado con la ADITK sobre sus límites para poder solucionar el asunto”.
Por lo que efectivamente en fecha 17 de noviembre de 2023 ante la oficina Subregional Limón – Talamanca se presenta y se recibe solicitud de un Certificado de Origen (CO) bajo la modalidad de Sistema Agroforestal (SAF) por regeneración Forestal a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre07; en el cual se le otorga el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023, por un total de 174 árboles en 12 especies y un volumen de 293.46 metros cúbicos. De conformidad con lo anterior, este expediente se le asigna mediante acuerdo en reunión. Es importante manifestar que los Certificados de Origen son solicitudes forestales presentados por un Regente (Ingeniero) forestal ante la Administración Forestal del Estado (AFE) para su revisión técnica y visto bueno por lo que NO ES UN PERMISO OTORGADO POR LA AFE. De acuerdo a lo que estable la Ley Forestal N°7575 y su artículo 28 “Excepción de permiso de corta las plantaciones forestales, incluidos los Sistemas Agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requerirá permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación.¨ ante esta situación tanto la identificación, el marcado y la ubicación de los árboles es una competencia del Regente forestal quién ostenta una FE PÚBLICA.
La Administración Forestal del Estado (AFE) es el ente rector para proporcionar los dispositivos para el transporte de la madera proveniente de los diferentes tipos de permisos con la salvedad de las Plantaciones forestales en donde el Regente Forestal es quién extiende las respectivas guías para el transporte de la madera proveniente de las plantaciones; así siendo en este caso particular la Oficina Subregional en el seguimiento y control a los diferentes tipos de permiso forestales otorgó la primera emisión de guías y placas en fecha 24 de noviembre del 2023. La solicitud de permiso bajo la modalidad de Certificado de Origen (CO) en sistema Agroforestal (SAF) cumplió con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente por lo que se continuó con la tramitología y su recepción otorgando el número de expediente administrativo N° AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 a nombre de los hermanos (Nombre08).
Siendo así, mediante el oficio SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024, se verifican las capas oficiales de los límites del territorio indígena (TI) Keköldi mediante los sistemas de información geográfica (SIG) utilizando el Sistema Nacional De Información Territorial (SNIT), denotando que los puntos tomados en campo de árboles que habían sido cortado y/o marcados según Certificado de origen # COSAF RN 151-2280-2023, se encuentran fuera de los límites del TI (…).Asimismo, sistema SIRI del Registro Nacional, donde se denota que el predio demarcado en turquesa (correspondiente al CO SAF RN 151-2280-2023) se encuentra fuera de los límites del TI Keköldi, representados con la línea amarilla intermitente (…)”.Solicita que se declare sin lugar el recurso.
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
El recurrente manifiesta que acude a favor de los integrantes del pueblo indígena Keköldi, quienes se enteraron de que en noviembre y diciembre de 2023 se inició una tala de árboles en las propiedades colindantes a su territorio, la cual posteriormente se expandió e invadió los límites de su territorio, al grado de acercarse a una de sus quebradas. Refiere que la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Keköldi (ADITIK) determinó que efectivamente se invadió el territorio indígena y que los vecinos que están talando, cuentan con un documento llamado "formulario de regencia forestal" del Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, pero en realidad se desconoce si se trata de un permiso de corta o solo de una solicitud. Añade que en el Formulario de Regencia Forestal No.0007783, en el cual consta la autorización para el aprovechamiento del recurso forestal de las fincas con folio real N° PRN01 y Nº PRN02, planos catastrados N° L-13392-1991 y L-975726-1991, ubicados en la provincia de Limón, cantón Talamanca, distrito de Cahuita; el título de estas propiedades se publicita a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre07, todos de apellidos (Nombre08).
Señala que el 16 de enero de 2024, la ADITIK le solicitó colaboración al CONAI, para detener el permiso de aprovechamiento forestal ante el MINAE, y para que le proporcionara constancia sobre los límites territoriales del pueblo indígena Keköldi. Añade que la viceministra de paz, Erika Madriz Chinchilla, quién es la coordinadora de la Mesa Técnica Interinstitucional, le remitió al ministro del MINAE la solicitud de la ADITIK, mediante escrito No. SVMP-MT-007-2024. Agrega que se emitió un informe sobre la visita de campo a la zona en conflicto y a través del oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, se constató que se invadió el territorio indígena Keköldi mediante tala. Acusa que el supuesto permiso fue otorgado por 6 meses, lo cual implica que aún no ha finalizado la explotación del recurso forestal, y que la tala sigue afectando al pueblo indígena que Keköldi y al medio ambiente. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de los derechos fundamentales de la parte tutelada y solicita que se declare con lugar el recurso.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:
“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).
Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza ‑plausiblemente debe involucrar un peligro serio‑, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados.
En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente ‑lo que desnaturalizaría su razón de ser‑, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ‑ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:
“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).
El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica ‑véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006‑, en la que se lee:
“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.
Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.
En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:
“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).
Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.
Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.
En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.
Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.
Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.
Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre04 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:
“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.
Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).
En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.
El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).
Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:
“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.
Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.
En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.
De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.
Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:
“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.
En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).
En el presente asunto, el recurrente aduce vulnerado el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dado que, según su dicho, en noviembre y diciembre de 2023 se inició una tala de árboles en las propiedades colindantes al Territorio Indígena Bribri de Keköldi, la cual posteriormente se expandió e invadió los límites de su territorio, al grado de acercarse a una de sus quebradas. Refiere que la Asociación de Desarrollo Integral ADITIK determinó que efectivamente se invadió el territorio indígena y que los vecinos que están talando, cuentan con un documento llamado "formulario de regencia forestal".
Según se desprende en el sub lite, efectivamente el 17 de noviembre de 2023, ante la oficina Subregional Limón – Talamanca se presentó solicitud de Certificado de Origen (CO) bajo la modalidad de Sistema Agroforestal (SAF) por regeneración Forestal a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre07, constando que en el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 se otorgó el certificado por un total de 174 árboles en 12 especies y un volumen de 293.46 metros cúbicos. Aunado ello, el Área de Conservación la Amistad Caribe elaboró el informe técnico número SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 de fecha 21 de diciembre de 2023, el informe número SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 de fecha 20 de marzo de 2024, así el informe número SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 de fecha 22 de marzo de 2024, señalándose lo siguiente: “… en fecha 17 de noviembre del año dos mil veintitrés, propiamente en la Oficina Subregional Limón –Talamanca se recibió a nombre de Nombre02, Nombre09 e Nombre08 una solicitud de certificado de Origen bajo la modalidad de Sistema Agroforestal por Regeneración Forestal, para el aprovechamiento de 174 árboles y en virtud de ellos se le asignó el número de expediente AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 además se le dio trámite y autorización porque reunía los requisitos de conformidad con la técnica y normativa aplicable.
A solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), en fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, se realizó inspección junto con el señor Nombre05, integrante de la citada Asociación, por supuesta tala ilegal en el territorio indígena KEKÖLDI, y como resultado de la citada inspección se levantó el informe SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 donde se concluyó que no se evidenciaba ningún ilícito y se recomendó dar seguimiento al acuerdo tomado con la ADITIK sobre sus límites …” . Asimismo, se constata que en la visita in situ, la técnica María Fernanda Arias Villalobos, del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA – MANZANILLO bajo las coordenadas Dirección03 CED01 Dirección02, hizo constar que se observó una importante corta de árboles, autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023.
Tanto el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) son las entidades legalmente facultadas para determinar si un inmueble se encuentra dentro o fuera de un territorio indígena, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Indígena (Ley N.º 6172), que expresamente establece que corresponde al INDER en coordinación con la CONAI, efectuar la demarcación territorial de las reservas indígenas conforme a los límites legalmente establecidos. Esta atribución confiere a dichas instituciones la competencia para realizar procesos técnicos de delimitación, que incluyen estudios de campo, análisis cartográficos y uso de sistemas georreferenciados, con el fin de establecer con certeza jurídica los linderos de los territorios indígenas reconocidos por el Estado.
En aplicación de esa potestad, la Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca del INDER, mediante el oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 ordenó la realización de una inspección técnica en el sitio -como bien se señaló ut supra- donde se denunció un proceso de deforestación, con acompañamiento de una persona designada por la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Keköldi y mediante el uso de un equipo GPS con precisión geoespacial, recolectó coordenadas y verificó su ubicación en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) plataforma oficial del Registro Nacional que contiene la delimitación digital de los territorios indígenas, dándose la revisión de las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y los mismos indican que la corta se realizó fuera de los límites del territorio indígena KEKÖLDI.
A su vez, según el informe de gira No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 del 21 de diciembre de 2024 y el oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 del 23 de enero de 2024, la técnica del SINAC, María Fernanda Arias Villalobos en asocio con el señor Nombre05 -miembro del ADITIK- tomaron 7 puntos y al ser ubicados en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) del Registro Nacional, se observó que todos los puntos están fuera del territorio Indígena Keköldi, tomando en consideración el margen del error -de ±3.7 metros- que indica el fabricante del equipo -GARMIN Montana 700- utilizado en dicha diligencia.
De dicho informe se desprende que la zona inspeccionada se ubica fuera de los límites del Territorio Indígena Keköldi, según los registros técnicos disponibles y se deja constancia de que la ADI cuenta con el “shape” (archivo geográfico) actualizado de dicha delimitación.
Así las cosas, el criterio técnico emitido por el INDER se basa en competencias que le son propias, conforme al ordenamiento jurídico, de modo que constituye el referente válido y autorizado para determinar la ubicación territorial de inmuebles respecto de reservas indígenas. En consecuencia, debe entenderse que la determinación oficial sobre si un inmueble se encuentra dentro o fuera de una reserva indígena corresponde únicamente al INDER y la CONAI y que, en el presente asunto, al haberse acreditado mediante inspección técnica debidamente fundamentada que el área en cuestión se ubica fuera de los límites del territorio indígena Keköldi, no existe violación alguna a derechos colectivos o territoriales protegidos, ni fundamento para cuestionar el resultado de dicha evaluación territorial.
Aunado a lo anterior, es importante acotar que en la prueba para mejor resolver traída al proceso, la representante del Instituto Geográfico Nacional (IGN) aclara que no tiene la competencia legal para certificar si un predio se encuentra o no dentro de un territorio indígena, ya que esta función es exclusiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), según lo dispuesto por la Ley Indígena (Ley N°6172 de 1977) y la jurisprudencia vigente. Asimismo, que el IGN tiene competencias limitadas en el ámbito cartográfico y geográfico, como lo establece su Ley de Creación (Ley N°59 de 1944), lo que no incluye la certificación de territorios indígenas; pues la Ley Indígena, en sus artículos 5 y 8, le asigna al INDER la responsabilidad de la delimitación y demarcación de las reservas indígenas. Esa institución en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) tiene la obligación de garantizar la protección y el aseguramiento de los territorios indígenas. En todo caso, la directora del ING acota que “… en apariencia se podría indicar que los planos en estudio se encuentran fuera de la zona de la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); reiterándose nuevamente que, la información aquí proporcionada no es una certificación sino un criterio técnico emitido a la luz de los insumos anteriormente citados …”.
Ahora bien, según se desprende de los informes rendidos bajo juramento y del acervo probatorio que consta en el expediente electrónico, la corta de árboles autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023, fue realizada fuera de los límites del territorio indígena Keköldi. Es decir, no se acreditó que la tala de árboles se diera dentro de dicho territorio indígena, por lo que esta Sala no considera que se haya violentado derecho fundamental alguno, por lo que no se constata una vulneración del territorio indígena Keköldi.
V.Finalmente, en atención a lo aquí resuelto, tomen nota el Viceministerio de Paz -en su condición de coordinador de la Mesa Técnica Interinstitucional- y el Ministerio de Ambiente y Energía de su deber de darle seguimiento a la tala de árboles en la zona supra señalada, en relación con el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 -certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023- de conformidad con los principios preventivo y precautorio, ya desarrollados en este pronunciamiento.
Con el debido respeto, concuerdo con el voto de mayoría que declara sin lugar el recurso; sin embargo, lo fundamento con las siguientes razones:
La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto.
De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso.
Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota el Viceministerio de Paz y el Ministerio de Ambiente y Energía de lo dispuesto en el considerando V, de esta sentencia. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. - Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Ingrid Hess H.
Ileana Sánchez N.
Rosibel Jara V.
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