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Res. 18501-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/08/2021
OutcomeResultado
The MIVAH is ordered to respond to the August 30, 2020 request within five days; the remaining claims are dismissed as they involve ordinary legality matters or because the July 28, 2020 communications were already answered.Se ordena al MIVAH responder la gestión del 30 de agosto de 2020 en un plazo de cinco días; se rechazan los demás reclamos por tratarse de materia de legalidad ordinaria o por ya haber sido respondidas las comunicaciones del 28 de julio de 2020.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by the coordinator of the National Housing Forum against the Minister of Housing and Human Settlements. The petitioner argues that the National Financial System for Housing lacks government support, that 420 informal settlements are abandoned, that evictions are underway in 7 of them by the Environmental Prosecutor's Office, and that this could be discriminatory toward the Nicaraguan population. He also claims that three communications sent to the Ministry have gone unanswered. The Chamber finds that housing problems and discrimination claims are outside the scope of amparo, requiring ordinary legality analysis and lacking evidence of unequal treatment. Regarding the right of petition, it examines each communication. The first, on service protocols, and the third, on program texts, are protected petitions under Article 27 of the Constitution. The second, seeking dialogue with the Water and Sewer Institute, is not. The Chamber confirms that the MIVAH responded to the July 28, 2020 requests but not the August 30, 2020 one. Thus, it partially grants the amparo solely for the lack of response to the latter, ordering a reply within five days.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por el coordinador del Foro Nacional de Vivienda contra la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos. El recurrente argumenta que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda carece de apoyo gubernamental, que hay 420 asentamientos en precario abandonados, que se tramitan desalojos en 7 de ellos por la Fiscalía Ambiental y que esto podría ser discriminatorio hacia la población nicaragüense. Además, señala que tres gestiones enviadas al Ministerio no han sido respondidas. La Sala determina que los problemas habitacionales y las acusaciones de discriminación no son materia de amparo, pues requieren análisis de legalidad ordinaria y no se aportaron indicios de trato desigual. Respecto al derecho de petición, analiza cada una de las tres comunicaciones. La primera, sobre protocolos de atención, y la tercera, sobre textos de programas, sí constituyen peticiones tutelables bajo el artículo 27 constitucional. La segunda, que buscaba un diálogo con Acueductos y Alcantarillados, no. La Sala acredita que el MIVAH respondió las gestiones del 28 de julio de 2020, pero no la del 30 de agosto de 2020. Por tanto, declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la falta de respuesta a esta última comunicación, ordenando contestar en cinco días.
Key excerptExtracto clave
The appeal is partially granted due to the lack of response to the communication received on September 3, 2020. Irene Campos Gómez, in her capacity as Minister of Housing and Human Settlements or whoever holds that office, is ordered to issue the pertinent instructions and take all actions within her competence to provide and notify petitioner [Name 001] with the corresponding response to the letter dated August 30, 2020, received on September 3, 2020, within five days of notification of this judgment. The respondent is warned that failure to comply with this order will constitute the crime of disobedience, and pursuant to Article 71 of the Law of this Jurisdiction, anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not fulfill or enforce it, shall be punished with three months to two years in prison, or a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, to be liquidated in enforcement proceedings before the contentious-administrative court. All other claims and the two communications dated July 28, 2020, received on July 30, 2020, are dismissed.Se declara parcialmente con lugar el recurso, por la falta de respuesta de la gestión recibida el 03 de setiembre de 2020. Se ordena a Irene Campos Gómez, en su condición de Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le proporcione y notifique al recurrente [Nombre 001] la respuesta que corresponda respecto al oficio de fecha 30 de agosto de 2020, recibido el 03 de setiembre de 2020. Se advierte a la recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a los demás reclamos y las dos gestiones de fecha 28 de julio de 2020, recibidas el 30 de julio de 2020, se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"Los derechos sociales o prestacionales deben ser, según los imperativos del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos, objeto de un desarrollo progresivo... el derecho fundamental a la vivienda no implica el de reclamar, por los mecanismos de garantía de estos derechos, que se suministre una solución habitacional individual e inmediata."
"Social or welfare rights must, according to the imperatives of Public International Human Rights Law, be subject to progressive development... the fundamental right to housing does not imply the right to claim, through the guarantees of these rights, that an individual and immediate housing solution be provided."
Considerando IV
"Los derechos sociales o prestacionales deben ser, según los imperativos del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos, objeto de un desarrollo progresivo... el derecho fundamental a la vivienda no implica el de reclamar, por los mecanismos de garantía de estos derechos, que se suministre una solución habitacional individual e inmediata."
Considerando IV
"El derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés. Sin embargo, ese numeral, entendido de forma estricta, es de aplicación, únicamente, en aquellos supuestos en que se formulan peticiones puras y simples de información."
"The right of petition, established in Article 27 of the Political Constitution, refers to the power of every citizen to address in writing any public official or official entity to present a matter of interest. However, strictly interpreted, this article applies only to pure and simple requests for information."
Considerando VI
"El derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés. Sin embargo, ese numeral, entendido de forma estricta, es de aplicación, únicamente, en aquellos supuestos en que se formulan peticiones puras y simples de información."
Considerando VI
"No son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley."
"Those requests, complaints, or suggestions for which the legal system has established a specific administrative procedure and different deadlines than those regulated in this law are not subject to the right of petition."
Ley 9097, Art. 3
"No son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley."
Ley 9097, Art. 3
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Protected Sentence Data, in Accordance with Current Regulations *210142840007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes of the twentieth of August, two thousand twenty-one.
A writ of amparo filed by [Name 001], an older adult, married, coordinator of the amparo-protected party, identity card [Value 001], resident of Lomas del Río, Rincón Grande de Pavas, on behalf of the Foro Nacional de Vivienda, against the Minister of Housing and Human Settlements.
Whereas:
The MIVAH, as an organ of the Executive Branch and pursuant to article 27, subsection 1) of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública, Ley N°6227 of May 2, 1978), article 6, subsection h) of the Law of the National Financial System for Housing (Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda), articles 26 and 30 of the Comprehensive Law for the Elderly (Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, No. 7935 of October 25, 1999 and its amendments), article 11 of the Law for the Attention of Women in Conditions of Poverty (Ley de Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, N° 7769 of April 24, 1998 and its amendments); article 5 of the Law on the Tax on Real Estate Transfers (Ley del Impuesto sobre Traspasos de Bienes Inmuebles, No. 6999 of September 3, 1985 and its amendments); Executive Decree N°38209-PLANMIVAH of January 20, 2014, which formalizes the National Housing and Human Settlements Policy (2013-2030 (PNVAH) and its Action Plan; Agreement N°2 of the Board of Directors of the Banco Hipotecario de la Vivienda, Session 76-2002, article 2° of November 1, 2002, Regulations on short- and long-term financing for housing projects with housing subsidy funds from article 59 of the Law for the National Housing System (Ley para el Sistema Nacional para la Vivienda), articles 3, 4, 6, and 18; Executive Decree N°38209-PLANMIVAH of January 20, 2014; Executive Decree N°38334-MIVAH-PLAN-MINAE-MOPT of March 10, 2014, has, among others, the following competencies: 1.
Definition and issuance of policies, strategies, guidelines, and directives in matters of Housing and Human Settlements, which facilitate the study, monitoring, and adoption of decisions for the direction of plans, programs, activities, and the use and utilization of resources. 2. Coordination, follow-up, and evaluation of policies, strategies, guidelines, and directives in matters of Housing and Human Settlements and of social housing programs, to verify their compliance and their incidence on the national problems they are intended to solve. 3. Ensuring that families living in poverty have access to decent housing, through the general policies it dictates for the use of resources from the Housing Subsidy Fund (Fondo de Subsidios para la Vivienda, FOSUVI). 4. Geographically identifying the demand for unmet housing needs, prioritizing women in conditions of poverty who participated in the programs established in the Law for the Attention of Women in Conditions of Poverty and designing a specific annual program to fulfill this obligation. 5.
Publicly announcing the geographic identification of the demand for unmet housing needs. 6. Preparing special rules that allow for the expedited allocation of family housing bonds (bonos familiares de la vivienda) to the elderly population that requires them. 7. Selecting the sites to be addressed and defining the general characteristics of the intervention, based on the criteria determined by the slum (tugurio) eradication program established by the National Financial System for Housing (Sistema Financiero Nacional para la Vivienda), as set forth in the Regulations on short- and long-term financing for housing projects with housing subsidy funds from article 59 of the Law for the National Housing System: "Article 3—Housing projects shall not be financed with FOSUVI resources if they do not respond to the planning for the attention of priority groups at social risk, or if they do not conform, in terms of technical specifications, location, and types of housing, to the general guidelines issued by the State, through the MIVAH, especially for slum (tugurio) eradication and emergency situation response.
The BANHVI shall take this information into account for the planning and development of the FOSUVI programs each year and for coordination with the Authorized Entities in preparing their annual operational plans. Any project for which short-term or long-term financing, or both, is requested must be developed and constructed in strict compliance with the indicated guidelines and the current regulatory plans and other applicable regulations. Article 4—Organized groups may suggest potential beneficiaries of the bond, without this implying a guarantee of the subsidy's granting. The selection of the priority population shall correspond to the SFNV, using as a guide the basic general information provided by the MIVAH. The Authorized Entities must decide who qualifies or does not qualify to receive the subsidy in accordance with the current regulations. Article 6—Subject to MIVAH guidelines, a developer may carry out the construction of a specific housing project with its own resources, conforming to the specifications established by the MIVAH, including with respect to the project's location, the number of housing units, and their characteristics for the beneficiary segment.
The Authorized Entity and the BANHVI must, in due course, study the proposal and exhaustively review, among other things, the proposed prices, for which the BANHVI shall investigate and regularly report on the prevailing prices in the real estate and housing market. Article 18—In the cases regulated in this section, the initiative for forming the project lies with an interested third party, not with the BANHVI or the Authorized Entity; therefore, the selection of the developer does not correspond to the SFNV. The offer received must be studied for approval or rejection by applying the universal technique applicable in approving bank loans, verifying that the party is a developer according to the criteria previously established by the SFNV and determining that the project is of interest to the State. Aspects such as the project's location, number of solutions, their characteristics, prices, etc., must coincide with the will of the State in accordance with the general guidelines of the MIVAH.
The beneficiaries shall be responsible for submitting all necessary documents for preparing the file (expediente) before the entity." 9. Formalizing the National Housing and Human Settlements Policy and its Action Plan. 10. Approving Plan GAM 2013-2030, the Update to the Regional Plan for the Greater Metropolitan Area. 4.- Content of the notes provided by the appellant that he claims were not addressed by the MIVAH. The appellant, in his filing brief, attaches three notes addressed to this Office. In the note of July 28, 2020, received on July 30 of that same year, the following is expressed in relevant part: "Based on (sic) the past virtual meeting of May 12, we respectfully request your high office to inform us about the Protocols for Serving users of the National Financial System for Housing and the Sector as a whole, given that we have felt we are in a LIMBO where we lack clarity on where to direct ourselves in processing the various steps we must carry out.
(…) Therefore, it is of utmost urgency that we have clarity on what the route will be to present our proposals with the conviction that they will be heard and addressed with the promptness and efficiency that we users require, and to have the assurance that each step will receive adequate follow-up." In the second note of July 28, 2020, also received on July 30 of the same year, after expressing some disagreements regarding the participation of Acueductos y Alcantarillados concerning its competence in the management of some housing projects, including those called "Astúa Pirie" and "Canadá La Suiza," the following is expressed in relevant part: "Meanwhile, we appeal to your high office to facilitate a dialogue with the high Authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados so that we can define a relationship framework that clearly indicates how we will be resolving the situations and the red tape (tramitología) we must handle before that institution, without that red tape including street protest as one of the unavoidable requirements." And in the note of August 30, 2020, received on September 3 of that same year, after making a series of references to the situation of groups of families living in informal settlements and describing some of the conditions faced, which have also been exacerbated by the effects of the coronavirus COVID-19 pandemic that has undeniably affected our country and the entire world on a global scale, the following is expressed in relevant part: "For this reason, we appear today before your Authority as the maximum head of the Housing Sector in order to request that you provide us with the texts of the Programs by whose letter and directive we must guide ourselves to generate the Housing Projects that will help us leave the 'hovels' (covachas) where circumstances have forced us to live for years and that, in one way or another, have alienated us to the point of thinking we have no right to the hope of a better quality of life for ourselves and a better future for our children." The following suggestion is made in the same note, stating: "additionally, that we be provided with the pertinent guidance (inducción) to achieve that goal.
(…) we would like to indeed obtain a response to our request and that, if it does not exist, we build it together with the urgency it has and that is truly undeniable for anyone with a little reasoning and a drop of humanity and love for their neighbor." As can be deduced from the three cited notes, the common characteristic evidenced is the non-existence, in a strict sense, of a pure and simple petition, but rather they consist of expressions that, assessed as a whole, have the connotation of requests typified as complaints, annoyances, disagreements, suggestions for coordination, and advice and assessments on the method and manner of serving the population that is a potential beneficiary of the subsidies from the National Financial System for Housing. And especially the people who are located in informal settlements, for which, as referenced above, the National Financial System for Housing, consisting of the BANHVI and the Authorized Entities, has established administrative procedures and deadlines, and even specialized measures for attending to cases classified as preferential attention for populations in conditions of extreme poverty and need living in these settlements.
This is, in part, the explanation and attention provided in the specific case to the appellant herein during the sessions and meetings held on this matter, which will be reported on in detail in the following section, and in which I have directly participated, attending to and coordinating the corresponding attention. Given the circumstances, and keeping in mind the nature of the formulations made by the appellant herein, this Office has focused on providing attention by establishing the respective coordination bodies to address not only the formulations and requests for attention made by a specific group, but also the general population, which are widely known to the appellant due to the leadership role he holds within housing groups, as reported through Official Letter (Oficio) No. MIVAH-DMVAH-0664-2020 of August 24, 2020, communicated via email at 11:46 a.m. on August 26, 2020, a note that is provided and transcribed in relevant part: "In attention to your inquiries raised via unnumbered official letters dated July 28, 2020, I inform you as follows: In Session No. 51-2018 of September 13, 2018, the Board of Directors of the Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) agreed to form a working group with different actors of the SFNV to study and recommend the most appropriate way to apply the provisions of Directive (Directriz) No. 54-MP-MIVAH.
In response to the above, the Ministry of Housing and Human Settlements (MIVAH), through the Directorate of Housing and Human Settlements (Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, DVAH), coordinates the 'Technical Working Group on Directive No. 54-MP-MIVAH'. This dialogue forum includes the participation of various actors from the SFNV, including representatives of Authorized Entities and the BANHVI, as well as other institutions involved in the topic, such as the Joint Institute for Social Aid (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS), SINIRUBE, and the National Institute for Women (Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU). As a result of the dialogue process carried out in the Technical Working Group, a consensus was reached that it is possible to implement the guidelines of Directive N°54-MP-MIVAH through an automated selection and prioritization procedure via SINIRUBE, based on technical, objective, and verifiable criteria, respecting the provisions of current regulations (…).
Furthermore, it is worth noting that as of 2020, SINIRUBE contains the information required by the SFNV for the selection and prioritization of the target population for housing projects, as it contains official and updated information from the BANHVI, the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS), IMAS, INAMU, MIVAH, the National Registry (Registro Nacional, RN), the General Directorate of Migration and Foreigners (Dirección General de Migración y Extranjería, DGME), and the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones, TSE), as well as information included in the Social Inclusion Form (Ficha de Inclusión Social, FIS), among others. If anyone needs to register in SINIRUBE, they can request it at any Local Social Development Unit (Unidad Local de Desarrollo Social, ULDS) of IMAS. Additionally, another result of the Technical Working Group is a proposed procedure that allows the definition of the target population for housing projects financed under article 59 of Ley No.7052, for the purpose of ensuring an objective selection and technical support for the beneficiaries of the SFNV, while always respecting the current Legal Framework.
This instrument is currently in the technical analysis phase by the Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) and its analysis and approval by the Board of Directors are pending. Finally, with reference to the official letter in which you inquire about the procedure for requesting hearings at the MIVAH, I wish to reaffirm the commitment of all of us who are part of the MIVAH to attend to the inquiries of the citizenry. Although we are currently facing a difficult situation, we always seek the most opportune means to guarantee an optimal response for everyone. For this reason, I inform you that, to coordinate hearings with me, they must be processed through the head of the Ministerial Office, Mrs. [Name 002], at the email addresses [email protected] and [email protected]. Furthermore, if you have technical inquiries on housing matters, you are requested to contact the person in charge of the Directorate of Housing and Human Settlements, Mrs. [Name 003], who can be reached at the email addresses [email protected] and [email protected]." As has been stated, the notes provided to the file and that are the reason for the filing of the present amparo appeal do not meet the requirements regulated by law to be classified as a pure and simple petition in light of the provisions of article 3 of Ley No. 9097 of October 26, 2012, "Law Regulating the Right of Petition" (Ley de Regulación del Derecho de Petición), which states: "Subject of the petitions.
Petitions may concern any subject, matter, or information of a public nature. // Those requests, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system establishes a specific administrative procedure and deadlines different from those regulated in this law are not subject to this right.", as developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in resolutions numbers 2020-019748 of October 13, 2020, and, in a similar sense, resolution 2002-003851 of 2:56 p.m. on April 30, 2002; therefore, this Ministry has not violated any constitutional right of the appellant, and it requests the Chamber to declare this amparo appeal without merit. 5.- Actions taken by the MIVAH to address the appellant's concerns. Regarding the attention provided by the Ministry of Housing and Human Settlements to the appellant and the referenced group of families, the following is reported: The respective minutes of the meetings in which the issues raised have been discussed are attached, and in which, as the head of the ministry, I directly participated to address the stated concerns firsthand; to listen to the proposals made; and to promote coordination forums for their attention, since, as can be deduced from the notes, the requests involve actions involving procedures already established in the National Financial System for Housing, in which, according to the distribution of competencies established in the legal system, the MIVAH directly lacks the competencies to intervene in the mentioned procedures, while promoting, to the extent possible, inter-institutional coordination work and actions.
From the meeting minutes transcribed, it is evident that the MIVAH has always provided both the appellant and the leaders of the so-called "Bloque de Vivienda," "Foro de Vivienda," and developers present in the work and coordination sessions, with proper high-level attention and coordination, the undersigned being present at these meetings to address concerns firsthand and channel possible solutions, assigning the corresponding Ministry staff to provide due follow-up on the established agreements, attending whenever possible in person, and otherwise virtually, and directly informing the appellant herein during such sessions about these adopted coordination actions. It is important to mention additionally on this last point that the Minister has assigned, as a strategy for serving housing groups, personnel from this Ministerial Office on a full-time basis to follow up on the requests of housing groups and leaders.
To these meetings, through which, as Minister, I have attended to the Foro Nacional de Vivienda, I am accompanied by personnel from this Office, who subsequently are responsible for providing follow-up for the coordination and fulfillment of the agreements generated in the meetings, follow-up that is conducted directly with leaders and developers. This means that over 80% of the information has been arranged through networks and by telephone. From the foregoing, it follows that in the present case, the MIVAH authorities have acted within their established scope of competencies, without affecting the fundamental rights of the appellant herein and without any actions that merit reproach. Conclusions: By virtue of what has been set forth, it can be concluded that: 1. The MIVAH has not managed or ordered any eviction (desalojo) of the kind mentioned by the appellant in his filing brief, as it lacks the competencies for such purposes. 2.
This Ministry does not contemplate the execution of administrative and/or judicial eviction (desalojo) orders for any type of property, nor eviction (desalojo) from housing and/or informal settlements, nor their execution, nor the processing or granting of individual or collective bonds, nor housing financing, nor the approval of permits or other types of authorizations for housing construction, plan approvals, construction permits for urbanization works, among others, as all these are outside its functional scope. 3. The notes provided by the appellant on which he bases the filing of the present amparo appeal and which he claims were not addressed, do not contain a pure and simple petition in accordance with the provisions of Ley No. 9097 of October 26, 2012, "Law Regulating the Right of Petition," because they concern annoyances, disagreements, and even suggestions about the manner and form in which the National Financial System for Housing establishes the procedures already defined in the legal system for serving families living in informal (precario) settlements and in extreme need, for which the MIVAH and its authorities have always shown receptiveness and willingness to listen and to establish coordination actions with the competent entities, as has been communicated to the appellant herein during the in-person and virtual sessions in which he has been granted a hearing, as evidenced by the attached meeting minutes. 4.
The MIVAH has not violated the constitutional rights or guarantees of the appellant, as all the requests based on the disagreements, complaints, and suggestions made in the notes claimed as unanswered have been directly addressed and channeled during the indicated sessions. Based on the foregoing, it requests that the present amparo appeal be denied and declared without merit, given that the authorities of this Ministry have acted within their competencies, without endangering the rights alleged by the appellant.
Drafted by Judge Garro Vargas; and, Considering: I.- Object of the appeal. The appellant alleges that he has noticed how the National Financial System for Housing has seen its finances hit due to a lack of support from the government. For this reason, his represented party has requested the support of the deputies, so that the reduction and lack of resources do not cause the technical closure of the BANHVI. He asserts that the abandonment in which the 420 informal (precario) settlements have been placed is evident, and unfortunately, due to the situation the country is going through, the number of people—including foreigners—who must live in these conditions is increasingly larger. He says that evictions (desalojos) are currently being processed in around 7 settlements, in cases handled by the Environmental Prosecutor's Office. He notes that at least 419 of them affect some creek, river, or protected area.
He indicates that the fact that the eviction (desalojo) of only 7 is being pursued, and not of the 413 remaining settlements, could contain xenophobic traits, as it could be that the adult population of these settlements is mostly Nicaraguan; however, the vast majority, if not all, of the child population are children and adolescents, sons and daughters of this nation, born and raised on Costa Rican soil. In his opinion, the institutions responsible for the housing sector have not generated adequate policies to address this problem, so they have had to appeal to the President of the Republic for help. He also provides copies of the communications sent to the respondent Ministry, with receipt dates of June 30—2 of them—and September 3, both of 2020, to which he has received no response. II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent omitted to refer to them as required in the initial order: Through an official letter dated July 28, 2020, received on July 30 of that year, the appellant, in his capacity as Coordinator of the Foro Nacional de Vivienda, expresses to the Minister of Housing and Human Settlements, in relevant part, the following: "Based on what was discussed in the past virtual meeting of May 12, we respectfully request your high office to inform us about the Protocols for Serving users of the National Financial System for Housing and the Sector as a whole, given that we have felt we are in a LIMBO where we lack clarity on where to direct ourselves in processing the various steps we must carry out.
(…) Therefore, it is of utmost urgency that we have clarity on what the route will be to present our proposals with the conviction that they will be heard and addressed with the promptness and efficiency that we users require, and to have the assurance that each step will receive adequate follow-up" (document provided by the appellant). By note of July 28, 2020, received on July 30 of the same year, the appellant, in his capacity as Coordinator of the Foro Nacional de Vivienda, after expressing some disagreements regarding the participation of Acueductos y Alcantarillados concerning its competence in the management of some housing projects, including the ones called "Astúa Pirie" and "Canadá La Suiza," communicates to the Minister of Housing and Human Settlements, in relevant part: "Meanwhile, we appeal to your high office to facilitate a dialogue with the high Authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados so that we can define a relationship framework that clearly indicates how we will be resolving the situations and the red tape (tramitología) we must handle before that institution, without that red tape including street protest as one of the unavoidable requirements" (document provided by the appellant).
Through an official letter dated August 30, 2020, received on September 3, 2020, the appellant, in his capacity as Coordinator of the Foro Nacional de Vivienda, after making a series of references to the situation of groups of families living in informal settlements and describing some of the conditions faced, which have also been exacerbated by the effects of the coronavirus COVID-19 pandemic, expresses to the Minister of Housing and Human Settlements, in relevant part, the following: "For this reason, we appear today before your Authority as the maximum head of the Housing Sector in order to request that you provide us with the texts of the Programs by whose letter and directive we must guide ourselves to generate the Housing Projects that will help us leave the 'hovels' (covachas) where circumstances have forced us to live for years and that, in one way or another, have alienated us to the point of thinking we have no right to the hope of a better quality of life for ourselves and a better future for our children, and additionally, that we be provided with the pertinent guidance (inducción) to achieve that goal.
Madam Minister, we would like to indeed obtain a response to our request and that, if it does not exist, we build it together with the urgency it has and that is truly undeniable for anyone with a little reasoning and a drop of humanity and love for their neighbor" (document provided by the appellant). By Official Letter No. MIVAH-DMVAH-0664-2020, of August 24, 2020, Irene Campos Gómez, in her capacity as Minister of Housing and Human Settlements, a note that is provided and transcribed in relevant part: "In attention to your inquiries raised via unnumbered official letters dated July 28, 2020, I inform you as follows: In Session No. 51-2018 of September 13, 2018, the Board of Directors of the Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) agreed to form a working group with different actors of the SFNV to study and recommend the most appropriate way to apply the provisions of Directive (Directriz) No. 54-MP-MIVAH.
In response to the above, the Ministry of Housing and Human Settlements (MIVAH), through the Directorate of Housing and Human Settlements (DVAH), coordinates the 'Technical Working Group on Directive No. 54-MP-MIVAH'. This dialogue forum includes the participation of various actors from the SFNV, including representatives of Authorized Entities and the BANHVI, as well as other institutions involved in the topic, such as the Joint Institute for Social Aid (IMAS), SINIRUBE, and the National Institute for Women (INAMU). As a result of the dialogue process carried out in the Technical Working Group, a consensus was reached that it is possible to implement the guidelines of Directive N°54-MP-MIVAH through an automated selection and prioritization procedure via SINIRUBE, based on technical, objective, and verifiable criteria, respecting the provisions of current regulations (…). Furthermore, it is worth noting that as of 2020, SINIRUBE contains the information required by the SFNV for the selection and prioritization of the target population for housing projects, as it contains official and updated information from the BANHVI, the Costa Rican Social Security Fund (CCSS), IMAS, INAMU, MIVAH, the National Registry (RN), the General Directorate of Migration and Foreigners (DGME), and the Supreme Electoral Tribunal (TSE), as well as information included in the Social Inclusion Form (FIS), among others.
If anyone needs to register in SINIRUBE, they can request it at any Local Social Development Unit (ULDS) of IMAS. Additionally, another result of the Technical Working Group is a proposed procedure that allows the definition of the target population for housing projects financed under article 59 of Ley No.7052, for the purpose of ensuring an objective selection and technical support for the beneficiaries of the SFNV, while always respecting the current Legal Framework." By resolution at 10:16 a.m. on August 10, 2021, the Presidency of the Chamber denied the request for recusal by Judge Nancy Hernández López and deemed her enabled to hear this amparo.
That instrument is currently in a stage of technical analysis by the Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) and is pending analysis and approval by its Board of Directors. Finally, referring to the official communication through which you inquire about the procedure for requesting hearings at MIVAH, I take the opportunity to reaffirm the commitment of all of us who are part of MIVAH to attend to citizen inquiries; despite the difficult circumstances we are currently experiencing, we always seek the most timely means to guarantee an optimal response for everyone. For this reason, I inform you that, in order to coordinate hearings with me, they must be processed through the head of the Despacho Ministerial, Ms. [Name 002], at the email addresses [email protected] and [email protected]. Additionally, if you have technical inquiries regarding housing matters, you are asked to contact the person in charge of the Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ms. [Name 003], who can be reached at the email addresses [email protected] and [email protected]” (report of the respondent authority and documentary evidence provided).
By email at 11:46 hours on August 26, 2020, the respondent communicated official communication No. MIVAH-DMVAH-0664-2020, dated August 24, 2020, to the petitioner (report of the respondent authority and documentary evidence provided).
Only one. That the respondent authority has responded to the petitioner’s filing dated August 30, 2020, received on September 3, 2020.
IV.Regarding the fundamental right to adequate and dignified housing. What has been stated, as relevant, about this right by this Chamber in judgment No. 2011-016153, at 9:30 hrs. on November 25, 2011, is relevant for the resolution of this amparo, as follows:
“Social or welfare rights must be, according to the imperatives of Public International Law of Human Rights, subject to progressive development, meaning that national authorities or public powers must adopt all necessary measures, to the maximum extent permitted by their resources, possibilities, and capacities, to guarantee their effective enjoyment and exercise. Such progressive development, obviously, is also predicable of one of the classic welfare rights such as adequate and dignified housing. (…) Now, the fundamental right to housing does not imply the right to claim, through the mechanisms for guaranteeing these rights, that an individual and immediate housing solution be provided, since the responsibility and decision to allocate a certain amount of public resources for that purpose and to distribute them in the most equitable and efficient manner possible is, first and foremost, political.
That said, within the context of politically established programs for providing housing to persons of scarce resources, they can claim, as in this case, that its implementation be governed by parameters of equality and that there be consistency between the established objective of satisfying this fundamental right and the means provided to achieve it. In the Costa Rican case, the legislator has selected various ways to comply with the constitutional mandate and that of the International Law of Human Rights to provide people with a dignified home when they cannot achieve it on their own, among which is the attribution to a Ministry of the specific subject of housing and the creation of specialized public entities on the matter, such as the Banco Hipotecario de la Vivienda or the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.”
V.In the first place, regarding the underlying housing problem described by the petitioner, it is important to note that this Chamber and the amparo proceeding are not the legal instruments that serve the petitioner's claim, which falls within the framework of the State's social policies. The situation described in no way implies a threat or injury to his fundamental rights, not only because this Court's jurisdiction is established in the Political Constitution itself and in the Ley de la Jurisdicción Constitucional, but also because it is not for this jurisdiction to determine whether the persons inhabiting the informal settlements (asentamientos) to which the petitioner refers, whether nationals or foreigners, meet the legal and regulatory requirements to obtain housing—or any other benefit or subsidy—and much less to substitute for the active Administration and order that they be granted.
Furthermore, it is evident that, in this case, although he claims possible discrimination against foreign persons living in informal settlements, he does not present adequate elements to establish this fact. This is so because, in the way he presents his claim, he not only fails to provide any objective indication that, prima facie, would allow an assessment, at least to a degree of probability, that a specific person has been discriminated against based on their nationality, but he seems to assume that the mere fact that they are of a certain origin and that their housing problem has not been solved denotes, in itself, undue discrimination against them. In reality, hearing his claim would make it necessary for this Chamber, in order to evaluate whether or not the alleged inequality has occurred, to review the criteria of the national financial system for granting loans, a task that belongs to ordinary legality and requires weighing technical criteria.
Consequently, if he considers it pertinent, the petitioner may raise his disagreement or claim before the administrative venue or in the competent ordinary jurisdiction, avenues in which he will be able to broadly discuss the merits of the matter and assert his claims. For the foregoing reasons, the present recurso de amparo is inadmissible as to this point.
VI.Regarding the right of petition and prompt response. The right of petition, established in Article 27 of the Political Constitution, refers to the faculty possessed by every citizen to address any public official or official entity in writing, in order to present a matter of their interest. However, that provision, strictly understood, is applicable only in those cases where pure and simple requests for information are formulated. In the remaining cases, normally Article 27 of the Constitution is not applicable, but rather Article 41 of the Fundamental Charter: “Resorting to the laws, everyone must find reparation for injuries or damages received in their person, property, or moral interests. They must be given prompt, complete justice, without denial and in strict conformity with the laws”; a thesis that was incorporated in Article 3 of the Ley de Regulación del Derecho de Petición, No. 9097, according to which those requests, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system established a specific administrative procedure and deadlines different from those regulated in said law are not subject to the right of petition.
This distinction rests on the well-known fact that administrative claims and appeals, unlike pure petitions, require a procedure to verify the facts that will serve as grounds for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures (see judgment No. 2002-003851, at 14:56 hours on April 30, 2002). However, one should not think that any request or petition made before the various Public Administrations is protected by Articles 27 of the Fundamental Charter. On the contrary, it is possible to abusively exercise the right of petition by requesting, for a purpose other than that protected by the Constitution, supposed information that, in essence, does not have that nature. This is so much the case that there are frequently individuals who, under the guise of a petition, actually covertly request legal advice from the recipient Authority, formulate an exhortation for it to behave in a certain way, or even challenge it, sometimes with the purpose of having it incriminate itself in some allegedly irregular action.
In these cases, the recipient Authority has no obligation whatsoever to provide information or resolve anything in particular for the applicant, under the terms established in the aforementioned Article 27 of the Constitution (judgment No. 2017-002249, at 09:45 hours on February 14, 2017).
VII.In this case, from the report issued by the Minister of Vivienda y Asentamientos Humanos and the documentation provided for the resolution of this constitutional process, it is inferred that, as the petitioner alleges, he submitted three filings before this authority. Regarding the first, from reading the note dated July 28, 2020, received on July 30 of that year, this Chamber verifies that the petitioner requested that they be informed “about the Protocols of Attention to users of the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda and the Sector as a whole given that we have felt we are in a LIMBO where we lack clarity on where to turn in the processing of the various procedures we must carry out. (…) Therefore, it is of utmost urgency that we have clarity on what the route will be to be able to present our approaches with the conviction that they will be heard and attended to with the promptness and efficiency that users require and to have the certainty that there will be adequate follow-up for each procedure.” It is inferred that he made a specific request for information, therefore it is indeed protectable within the framework of the fundamental right prescribed in Article 27 of the Constitution.
Regarding the second filing, also dated July 28, 2020, and received on July 30 of the same year, it is considered that the respondent is correct in her assertion, since what the petitioner requested, in his capacity as Coordinator of the Foro Nacional de Vivienda, was her intervention so that “a dialogue be facilitated with the high Authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to define the relationship framework that clearly indicates to us how we will resolve the situations and red tape that we must take to that institution, without said red tape including street demonstrations as one of the unavoidable requirements.” Consequently, the missive was exhausted upon its mere submission, without there ever being a correlative obligation on the part of the respondent to answer it in the terms requested. Finally, it is held that the third filing by the petitioner constitutes the official communication dated August 30, 2020, received on September 3, 2020, in which the petitioner asked the Minister of Vivienda y Asentamientos Humanos, in the pertinent part, the following: "For this reason, today we appear before your Authority as the highest head of the Housing Sector in order to request that you provide us with the texts of the Programs upon whose letter and directive we must rely to generate the Housing Projects that will help us leave the 'hovels' (covachas) where circumstances have forced us to live for years." It is clear that an express requirement is made therein to which the Administration must refer.
Regarding such filings, the respondent maintains that they do not meet the prerequisites regulated by law to be classified as a pure and simple petition in light of the provisions of Article 3 of Law No. 9097, of October 26, 2012: "Ley de Regulación del Derecho de Petición," which states: "Object of petitions Petitions may deal with any public matter, subject, or information.// Those requests, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system establishes a specific administrative procedure and deadlines different from those regulated in this law are not subject to this right.", as developed by the Constitutional Chamber in resolutions numbers 2020-019748, of October 13, 2020, and, in a similar sense, resolution 2002-003851, at 14:56 hours on April 30, 2002; therefore, that Ministry has not violated any constitutional right of the petitioner. Although it also reports and provides official communication No. MIVAH-DMVAH-0664-2020, dated August 24, 2020, communicated by email at 11:46 hours on August 26, 2020, where the petitioner is informed of the following:
"In response to your inquiries raised through unnumbered official communications dated July 28, 2020, I inform you of the following: In Session No. 51-2018 of September 13, 2018, the Board of Directors of the Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) agreed to form a working group with different actors of the SFNV to study and recommend on the most appropriate way to apply the provisions of Directriz No. 54-MP-MIVAH. In response to the above, the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), through the Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH), coordinates the “Mesa Técnica Directriz No. 54-MP-MIVAH”. This dialogue space includes participation from various actors of the SFNV, among them representatives of Authorized Entities, BANHVI; as well as other institutions linked to the topic, such as: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), SINIRUBE, and Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
As a result of the dialogue process carried out in the Mesa Técnica, a consensus is reached that it is possible to implement the guidelines of Directriz N°54-MP-MIVAH through an automated selection and prioritization procedure via SINIRUBE, based on technical, objective, and verifiable criteria, respecting the provisions of current regulations, (…). Likewise, it should be noted that as of 2020, SINIRUBE contains the information required by the SFNV for the selection and prioritization of the target population for housing projects, since it contains official and updated information from BANHVI, Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), IMAS, INAMU, MIVAH, Registro Nacional (RN), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) and Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), as well as that information included in the Ficha de Inclusión Social (FIS), among others. If any person needs to register in SINIRUBE, they may request it at any Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS) of IMAS.
Furthermore, another result of the Mesa Técnica is a proposed procedure that allows for the definition of the target population in housing projects financed under Article 59 of Law No.7052, in order to achieve an objective selection with technical backing for the beneficiaries of the SFNV, but always respecting the current Legal System. That instrument is currently in a stage of technical analysis by the Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) and is pending analysis and approval by its Board of Directors. Finally, referring to the official communication through which you inquire about the procedure for requesting hearings at MIVAH, I take the opportunity to reaffirm the commitment of all of us who are part of MIVAH to attend to citizen inquiries; despite the difficult circumstances we are currently experiencing, we always seek the most timely means to guarantee an optimal response for everyone.
For this reason, I inform you that, in order to coordinate hearings with me, they must be processed through the head of the Despacho Ministerial, Ms. [Name 002], at the email addresses [email protected] and [email protected]. Additionally, if you have technical inquiries regarding housing matters, you are asked to contact the person in charge of the Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ms. [Name 003], who can be reached at the email addresses [email protected] and [email protected]." It is evident from that missive that the respondent authority refers to the official communications received on July 28, 2020, but not to the last one. Regarding those two filings, as reviewed earlier, the first does constitute a right of petition, while the second is not protectable, as it does not result in any request for information, but rather for intervention before another public institution.
Now, since both missives, particularly the first one which is of interest for purposes of this constitutional jurisdiction, were already attended to in the terms deemed appropriate, since August 26, 2020, that is, long before the filing of this amparo on July 23, 2021, it is considered that the grievance claimed by the petitioner has not occurred. The situation is different regarding the last filing, which is not referred to in the aforementioned response, dated August 30, 2020, received on September 3, 2020, where, as indicated, the texts of some programs were requested, and therefore, the respondent authority was and is under the obligation to respond in observance of the fundamental right of petition.
VIII.Conclusion. By virtue of the foregoing, the recurso is considered partially admissible, solely due to the lack of response to the filing received on September 3, 2020, at MIVAH. As for the other claims and filings submitted by the petitioner, pursuant to the above, the amparo is dismissed.
IX.Note from Magistrate Rueda Leal. In the case sub lite, [Name 001] files a recurso de amparo in his capacity as coordinator of the Foro Nacional de Vivienda, which is why this process was admitted in favor of the latter; however, even though I consider it improper to treat a "Foro" whose legal capacity (personería jurídica) was not proven as a protected party (in which case, I would have proceeded to analyze the essential relationship between the legal entity and the natural person for purposes of the admissibility of the matter), the truth is that he, in his personal capacity, has the right to raise filings before the respondent authority. Consequently, despite the lack of registral certainty regarding the Foro Nacional de Vivienda, the petitioner's right, in his capacity as a natural person, to have his petitions answered is maintained. Hence, it seems pertinent to me to consider only [Name 001] as the protected party and not the Foro Nacional de Vivienda.
X.Documentation provided to the expediente. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The recurso is partially granted, due to the lack of response to the filing received on September 3, 2020. Irene Campos Gómez, in her capacity as Minister of Vivienda y Asentamientos Humanos, or whoever holds that office, is ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of her competencies, so that, within a period of five days, counted from the notification of this judgment, petitioner [Name 001] is provided and notified with the corresponding response to the official communication dated August 30, 2020, received on September 3, 2020. The respondent is warned that, should she fail to comply with said order, she will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and fails to comply with it or fails to have it complied with, shall be punished with imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, provided the crime is not more severely punished.
The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts supporting this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. As for the other claims and the two filings dated July 28, 2020, received on July 30, 2020, the recurso is dismissed. Magistrate Rueda Leal adds a note. Notify.
Paul Rueda L. Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
*FKWAGGY3V6061*
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *210142840007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], adulto mayor, casado, coordinador de la parte amparada, cédula de identidad [Valor 001], vecino de Lomas del Río, Rincón Grande de Pavas, a favor del Foro Nacional de Vivienda, contra la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:30 horas del 23 de julio de 2021, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y expresa que se ha percatado de la forma en que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda se ha visto golpeado en sus finanzas, debido a la falta de soporte por parte del gobierno.
Por ese motivo, su representada ha solicitado el apoyo de los diputados, a fin que el rebajo y la falta de recursos, no provoque el cierre técnico del BANVHI. Asevera que el abandono en que han sido colocados los 420 asentamientos en precario, es evidente y, desafortunadamente, por la situación que atraviesa el país, el número de personas -incluso extranjeros- que debe vivir en estas condiciones, es cada vez mayor. Dice que, actualmente, se están tramitando desalojos en alrededor de 7 asentamientos, en casos tramitados por la Fiscalía Ambiental. Ahora bien, denota que por lo menos 419 de ellos, afectan alguna quebrada, río o, zona protegida. Indica que el hecho que se busque el desalojo de solo 7, y no, de los 413 asentamientos restantes, podría contener rasgos xenofóbicos. Así que "Queremos hacer notar a esta Honorable Sala Constitucional que efectivamente podría suceder que la población adulta de estos Asentamientos sea mayoritariamente nicaragüense, sin embargo la población infantil en su gran mayoría por no decir la totalidad, son niños, niñas y adolescentes hijos de esta patria, nacidos y criados en suelo costarricense, lo que de una u otra forma, los estaría convirtiendo en víctimas inocentes del odio reflejado en la guerra contra la población migrante nicaragüense, a pesar que para el mundo expongamos muchos eslogan y enunciados de país inclusive, acogedor y totalmente respetuoso de los Derechos Humanos".
En su criterio, las instituciones encargadas del sector vivienda no han generado políticas adecuadas para atender este problema, por lo que, han tenido que acudir a pedir auxilio al Presidente de la República, de forma que “le enviamos una carta donde solicitamos que se tomaran algunas medidas de urgencia para paliar esta dura situación que están pasando las familias de los Precarios, de la cual estaremos adjuntando copia para procurar alguna economía procesal y no tener que explicar cada una de las peticiones, sin embargo deseamos aclarar que estas peticiones se han hecho en repetidas ocasiones ante la institucionalidad del ramo y lamentablemente no se logra obtener respuestas de ningún tipo, igualmente, en una flagrante violación a nuestro derecho constitucional de petición y pronta respuesta, el Señor Carlos Alvarado Quesada, en su función de Presidente de la República, por tanto, la persona con mayor responsabilidad ética, moral y estructural en el cumplimiento de sus deberes nuestro estado de derecho, ha ignorado absolutamente las más de mil trescientas familias que estamos realizado dichas solicitudes a pesar que ha transcurrido con creces el tiempo que la Constitución Política concede a todo funcionario público para responder las peticiones de los ciudadanos, sobre todo en este caso que se trata de una situación que requiere atención inmediata dadas las infrahumanas condiciones en que viven casi cincuenta mil familias".
Para fundar su posición, aporta copias de las gestiones enviadas al Ministerio recurrido, con fecha de recibo de 30 de junio -2 de ellas- y 3 de septiembre, ambas de 2020, de las cuales, no ha obtenido respuesta. Pide se declare con lugar el recurso. 2.- Mediante resolución de las 12:09 horas del 28 de julio de 2021, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe a la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, sobre los hechos alegados por el recurrente. 3.- Informa bajo juramento Irene Campos Gómez, en su condición de Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (escrito presentado a las 11:28 horas del 06 de agosto de 2021), que el Ministerio de Vivienda y de Asentamientos Humanos (MIVAH) y sus autoridades, no han violentado derecho constitucional alguno del recurrente, ya que se han ajustado al cumplimiento de las competencias institucionales que les asisten.
Señalado lo anterior, se aclara que dentro de las competencias del MIVAH, no se contemplan la ejecución de órdenes de desalojos administrativos y/o judiciales de ningún tipo de inmueble, ni desalojo de viviendas y/o asentamientos informales, ni su práctica, así como la tramitación, otorgamiento de bonos individuales o colectivos, ni financiamiento de vivienda, así como tampoco la aprobación de permisos u otro tipo de autorizaciones para la construcción de vivienda, visados de planos, permisos de construcción de obras de urbanización, entre otros, por ser todas éstas ajenas a su ámbito funcional. De previo para analizar y profundizar sobre el caso concreto considera pertinente referirse, de manera breve, a las normas que regulan el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el que está llamado a dar las soluciones permanentes de vivienda de interés social dentro del marco de legalidad aplicable. 1.- El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Las aclaraciones siguientes cobran especial relevancia para explicar las competencias de participación del MIVAH frente a las posibilidades con que se cuenta para brindar soluciones temporales y/o permanentes de vivienda de interés social. Importante es que, sobre los alcances de esta normativa, nadie, ni autoridades ni ciudadanos, pueden alegar desconocimiento de la misma, como principio general del derecho. En este orden de cosas, la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda Ley No. 7052 y sus reformas en su artículo 2 dispone: “Artículo 2.- El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda estará integrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, como ente rector, y por las entidades autorizadas previstas en esta ley.” Este sistema, integrado por las entidades autorizadas (entidades financieras) y el Banco Hipotecario de la Vivienda, es de acuerdo con el artículo 1° de la ley de cita, “una entidad de interés público regida por la presente ley y que tendrá como objetivo principal fomentar el ahorro y la inversión nacional y extranjera, con el fin de recaudar recursos financieros para procurar la solución del problema habitacional existente en el país, incluido el aspecto de los servicios.” El Banco Hipotecario de la Vivienda, de conformidad con la ley de cita en su artículo 4 es: “una entidad de Derecho Público, de carácter no estatal, con personalidad jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, que será el ente rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Esta entidad estará bajo la supervisión de la Auditoría General de Entidades Financieras y será fiscalizada por la Contraloría General de la República”. Las Entidades Autorizadas por su parte de acuerdo con el artículo 66 de la ley de cita podrán ser aquellas que opten por dicha condición de conformidad con lo previsto en dicha ley y sus reglamentos, pudiendo solicitar y obtener dicha condición las instituciones siguientes: “Artículo 66.- Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley, podrán optar por la condición de entidades autorizadas, de conformidad con lo previsto en ella y en sus reglamentos, las instituciones siguientes: a) Las asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo, sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio VII de esta ley. b) Los bancos del Estado y los privados, así como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. c) Las cooperativas conforme al artículo 102 de la presente ley. ch) Las fundaciones constituidas con fondos donados en el extranjero, que excedan la suma de diez millones de dólares ($10.000.000,00) moneda de los Estados Unidos de Norteamérica (sic) y que se dediquen a programas de vivienda, tendrán las atribuciones descritas en el artículo 75 de la presente ley, excepto lo establecido en los incisos a) y ch) y siempre que se sometan a todos los controles contables y financieros o de otro tipo aplicables a las mutuales. d) Otros organismos públicos especializados en el financiamiento de viviendas. e) Las asociaciones solidaristas, conforme a las limitaciones que establezca el Banhvi”.
El BANHVI cuenta con un fondo especial para subsidiar vivienda a las familias más necesitadas de conformidad con la ley de cita que en su artículo 46 dispone: “Se crea el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), con el objetivo de que las familias, las personas con discapacidad con o sin núcleo familiar, las parejas jóvenes y las personas adultas mayores sin núcleo familiar, de escasos ingresos, puedan ser propietarias de una vivienda acorde con sus necesidades y posibilidades socioeconómicas y que el Estado les garantice este beneficio. Será administrado por el Banco y estará constituido por los siguientes aportes: a) Al menos un dieciocho coma cero siete por ciento (18,07%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). En ningún caso percibirá un monto inferior al equivalente al treinta y tres por ciento (33%) de los recursos que el Fodesaf recaude por concepto del recargo del cinco por ciento (5%) establecido en el inciso b) del artículo 15 de la Ley N.º 5662, y sus reformas. b) Un tres por ciento (3%) de los presupuestos nacionales, ordinarios y extraordinarios, aprobados por la Asamblea Legislativa. c) Las donaciones y otros aportes de entes públicos y privados, nacionales o extranjeros.” Para poder acceder a ese beneficio, la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda No. 7052, en su artículo 57, expresa: “El Banco será la única institución facultada para aprobar las condiciones para el otorgamiento del beneficio del Fondo.
Este se tramitará y calificará, exclusivamente, por medio de las entidades autorizadas.” (Los subrayados con la negrita no son del original). Por su parte el artículo 15 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda N°104-95 dispone: “Artículo 15.- Tramitación: La tramitación y calificación del Bono o del subsidio será responsabilidad de las Entidades Autorizadas, quienes harán los respectivos trámites con base en los parámetros y normas generales que al efecto emita el Banco.” (Los subrayados con la negrita no son del original). Además, el Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda No. 104-95 en su numeral 113 le prohíbe a las Entidades Autorizadas delegar sus funciones. “Artículo 113.- Prohibición de delegar funciones: Las Entidades Autorizadas no podrán delegar ni contratar con otras personas, físicas o jurídicas, la tramitación de los créditos o subsidios del Sistema.
Asimismo, ninguna persona, física o jurídica, con o sin fines de lucro, podrá participar en los trámites de postulación a los beneficios de los créditos del Sistema y del Bono Familiar de Vivienda en todas sus etapas, con excepción de las asociaciones cooperativas, asociaciones específicas de vivienda, asociaciones solidaristas y de desarrollo comunal, alrededor de las cuales estuvieren organizados los futuros beneficiarios. Estos grupos deberán actuar en todo caso sin fines de lucro no pudiendo recibir pago alguno de sus asociados por la participación en el respectivo proyecto. La Entidad Autorizada debe velar por el cumplimiento de esta disposición.” En la normativa citada, se establece que la Entidad Autorizada, ostenta de manera exclusiva la tramitación y calificación del bono, así como la verificación del cumplimiento o no por parte de las familias solicitantes de los requisitos que exige el ordenamiento jurídico que regula la materia. 2.- Procedimiento para la erradicación de tugurios y asentamientos en precario.
Asimismo, para los efectos del presente informe en relación con algunas de las manifestaciones efectuadas por la parte recurrente debe señalarse que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda tiene disposiciones y regulaciones específicas en el Reglamento de Operaciones de dicho Sistema que regula el procedimiento establecido para atender el "Programa de Erradicación de Tugurios y Asentamientos en Precario y en extrema necesidad", según se identifica en el Capítulo II, Sección II, estableciéndose reglas específicas sobre: los sujetos de crédito, los casos preferenciales por situaciones de extrema necesidad, los estudios de prefactibilidad financiera, los estudios de diseño de las obras, los procedimientos de contratación y escogencia de las ofertas; procesos de individualización de los beneficiarios y traspaso de los inmuebles a los beneficiarios, inspección y administración financiera, recibo de las obras, los costos de administración e inspección, -entre otras- según se describe en las siguientes disposiciones: "Artículo 24.-Sujetos de crédito o de subsidio : El financiamiento o la asignación de recursos para el programa de erradicación de tugurios y asentamientos en precario y para casos en extrema necesidad, se podrá aplicar en proyectos o casos individuales que cumplan con las directrices que al efecto establezcan el Ministerio de Vivienda y la Junta Directiva del BANHVI.
También se podrá otorgar este financiamiento para la tramitación de casos individuales en la forma dispuesta por las presentes normas. Al efecto se aplicarán las siguientes reglas para las familias que se encuentren ubicadas en asentamientos en precario que deban ser atendidas en forma conjunta y cuyos niveles de ingreso familiar sean diferentes: a. Tendrán derecho al subsidio total asignado para cada caso, las familias cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un salario y medio mínimo de un obrero no especializado de la industria de la construcción. b. Las familias de los estratos salariales ubicados entre más de un salario y medio mínimo de un obrero no especializado de la industria de la construcción y hasta cuatro de dichos salarios, se deberán acoger al subsidio parcial que les corresponda, asumiendo la diferencia mediante créditos o los otros aportes previstos en el Sistema. c. Las familias cuyos ingresos mensuales sean superiores a cuatro salarios mínimos de un obrero no especializado de la industria de la construcción deberán asumir el costo total de la solución por medio de créditos.
En caso de que no tuvieren interés, en el procedimiento de ejecución del proyecto se tomarán las medidas que correspondan para atender estos casos (Así reformado mediante sesión No. 78-2006 del 23 de noviembre del 2006)." Artículo 24 BIS. Procedimiento para proyectos preferenciales: El BANHVI dará preferencia a los proyectos y casos individuales de erradicación de tugurios y de extrema necesidad en el sitio donde se ubican y cuando el terreno sea propiedad del BANHVI, de una Entidad Autorizada o de un ente público. Para ejecutar el presente programa, se deberá aplicar el siguiente procedimiento, sin perjuicio de las regulaciones que contendrá el cartel a que se hace referencia más adelante y que será el cuerpo normativo que responda a las necesidades específicas de cada proyecto:
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que se ha percatado de la forma en que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda se ha visto golpeado en sus finanzas, debido a la falta de soporte por parte del gobierno. Por ese motivo, su representada ha solicitado el apoyo de los diputados, a fin que el rebajo y la falta de recursos, no provoque el cierre técnico del BANVHI. Asevera que el abandono en que han sido colocados los 420 asentamientos en precario, es evidente y, desafortunadamente, por la situación que atraviesa el país, el número de personas -incluso extranjeros- que deben vivir en estas condiciones, es cada vez mayor. Dice que, actualmente, se están tramitando desalojos en alrededor de 7 asentamientos, en casos tramitados por la Fiscalía Ambiental. Denota que por lo menos 419 de ellos, afectan alguna quebrada, río o, zona protegida.
Indica que el hecho que se busque el desalojo de solo 7, y no, de los 413 asentamientos restantes, podría contener rasgos xenofóbicos, pues podría suceder que la población adulta de estos asentamientos sea mayoritariamente nicaragüense, sin embargo, la población infantil en su gran mayoría por no decir la totalidad, son niños, niñas y adolescentes hijos de esta patria, nacidos y criados en suelo costarricense. En su criterio, las instituciones encargadas del sector vivienda no han generado políticas adecuadas para atender este problema, por lo que, han tenido que acudir a pedir auxilio al Presidente de la República. También aporta copias de las gestiones enviadas al Ministerio recurrido, con fecha de recibo de 30 de junio -2 de ellas- y 3 de septiembre, ambas de 2020, de las cuales, no ha obtenido respuesta. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: Mediante oficio de fecha 28 de julio de 2020, recibido el 30 de julio de ese año, el recurrente, en su condición de Coordinador del Foro Nacional de Vivienda, expresa a la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, en lo conducente, lo siguiente: "Con base a los (sic) conversado en la pasada reunión virtual del 12 de mayo, nos permitimos solicitarle con el mayor respeto a su investidura, nos informe sobre los Protocolos de Atención a los usuarios del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y del Sector como un todo dado que hemos sentido que estamos en un LIMBO donde no tenemos claridad hacia dónde dirigirnos en la tramitación de las distintas gestiones que debemos realizar.
(…) Por tanto, es de suma urgencia que tengamos claridad de cuál será la ruta para poder llevar los planteamientos con la convicción de que los mismos serán escuchados y atendidos con la prontitud y eficiencia que los usuarios requerimos y tener la seguridad que se tendrá el seguimiento adecuado a cada gestión" (documento aportado por el recurrente). Por nota de 28 de julio de 2020, recibida el 30 de julio del mismo año, el recurrente, en su condición de Coordinador del Foro Nacional de Vivienda, luego de exponer algunas disconformidades por la participación de Acueductos y Alcantarillados en orden a su competencia en la gestión de algunos proyectos de vivienda, entre estos, los denominados "Astúa Pirie" y " Canadá La Suiza", comunica a la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, en lo que interesa: "En ese tanto, recurrimos a su alta investidura para que se propicie un diálogo con las altas Autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que definamos el marco de relación que nos indique claramente como iremos resolviendo las situaciones y tramitología que debemos llevar ante esa institución, sin que en esa tramitología se incluya la manifestación callejera como uno de los requisitos insalvables" (documento aportado por el recurrente).
Mediante oficio de fecha 30 de agosto de 2020, recibida el 03 de setiembre de 2020, el recurrente, en su condición de Coordinador del Foro Nacional de Vivienda, luego de realizar una serie de referencias sobre la situación de grupos de familias que viven en asentamientos informales y describir algunas de las condiciones afrontadas que se han visto acrecentadas también por los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19, expresa a la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, en lo conducente, lo siguiente: "Por esta razón, hoy nos apersonamos ante su Autoridad como máxima responsable del Sector Vivienda con el fin de solicitarle nos suministre los textos de los Programas en cuya letra y directriz debemos apoyarnos para generar los Proyectos de Vivienda que nos ayude a salir de las "covachas" donde las circunstancias nos han obligado a vivir durante años y que de una u otra forma nos han enajenado para llegar a pensar que no tenemos ningún derecho que nos da la ilusión de tener una mejor calidad de vida para nosotros y un mejor futuro para nuestros hijos, adicionalmente se nos brinde la inducción pertinente para lograr ese cometido.
Señora Ministra, quisiéramos que efectivamente podamos obtener respuesta a esa solicitud nuestra y que, si la misma no existe, la construyamos conjuntamente con la urgencia que tiene y que es realmente innegable para cualquier persona que tenga un poquito de razonamiento y una gota de humanidad y amor a su prójimo” (documento aportado por el recurrente). Por oficio No. MIVAH-DMVAH-0664-2020, del 24 de agosto de 2020, Irene Campos Gómez, en su condición de Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos nota que se aporta y se transcribe en lo conducente: "En atención a sus consultas planteadas mediante oficios sin consecutivo de fecha 28 de julio, 2020 le informo lo siguiente: En sesión No. 51-2018 del 13 de setiembre del 2018, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), acuerda conformar una mesa de trabajo con diferentes actores del SFNV, para que estudie y recomiende sobre la forma más apropiada de aplicar las disposiciones de la Directriz No. 54-MP-MIVAH.
En atención a lo anterior, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), a través de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH), coordina la “Mesa Técnica Directriz No. 54-MP-MIVAH”. En dicho espacio de diálogo se cuenta con participación de diversos actores del SFNV, entre ellos representantes de Entidades Autorizadas, BANHVI; así como de otras instituciones con vinculación en el tema, tales como: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), SINIRUBE e Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Como resultado del proceso de diálogo llevado a cabo en la Mesa Técnica, se llega al consenso que es posible llevar a cabo la implementación de los lineamientos de la Directriz N°54-MP-MIVAH, cabo por medio de un procedimiento de selección y priorización automatizado por medio de SINIRUBE, basado en criterios técnicos, objetivos y verificables, respetando lo estipulado en la normativa vigente, (…).Asimismo, cabe indicar que al 2020, el SINIRUBE contiene información requerida por el SFNV para la selección y priorización de población objetivo de proyectos de vivienda, ya que contiene información oficial y actualizada del BANHVI, Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), IMAS, INAMU, MIVAH, Registro Nacional (RN), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como aquella información incluida en la Ficha de Inclusión Social (FIS), entre otra.
En caso de que alguna persona requiera realizar su registro en SINIRUBE puede solicitarlo en cualquier Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS) de IMAS. Además, otro resultado de la Mesa Técnica, es una propuesta de procedimiento que permita la definición de población objetivo en proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo 59 de la Ley No.7052, en aras de contar con una selección objetiva, y con respaldo técnico de los beneficiarios del SFNV, pero siempre en respeto del Ordenamiento Jurídico vigente. Dicho instrumento actualmente se encuentra en etapa de análisis técnico por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y está pendiente su análisis y aprobación por parte de la Junta Directiva. Finalmente, refiriéndome al oficio mediante el cual consulta sobre el procedimiento para solicitar audiencias en el MIVAH, me permito reafirmar el compromiso de todas las personas que formamos parte del MIVAH para atender a las consultas de la ciudadanía, pese a que actualmente vivimos una coyuntura difícil, siempre buscamos los medios más oportunos para garantizar una respuesta óptima para todas las personas.
Es por esto que le informo que, para coordinar audiencias con mi persona, las mismas deben ser tramitadas a través de la jefa del Despacho Ministerial, Sra. [Nombre 002], al correo electrónico [email protected] y [email protected]. Además, en caso de tener consultas técnicas del tema de vivienda, se le solicita dirigirse a la persona encargada de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, la Sra. [Nombre 003], quien puede ser localizada al correo electrónico [email protected] y [email protected]” (informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). Mediante correo electrónico de las 11:46 horas de 26 de agosto de 2020, la parte recurrida comunicó al recurrente el oficio No. MIVAH-DMVAH-0664-2020, del 24 de agosto de 2020 (informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada). III.- Hecho no probado. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución de este amparo.
Único. Que la autoridad recurrida haya contestado al recurrente la gestión de fecha 30 de agosto de 2020, recibida el 03 de setiembre de 2020. IV.- Sobre el derecho fundamental a la vivienda adecuada y digna . Resulta de relevancia para la resolución de este amparo lo indicado, en lo que interesa, acerca de este derecho por esta Sala en la sentencia No. 2011-016153, de las 9:30 hrs. del 25 de noviembre de 2011, así: “Los derechos sociales o prestacionales deben ser, según los imperativos del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos, objeto de un desarrollo progresivo, de manera que las autoridades nacionales o poderes públicos deben adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, posibilidades y capacidades, para garantizar su goce y ejercicio efectivos. Tal desarrollo progresivo, obviamente, también, es predicable respecto de uno de los clásicos derechos prestacionales como el de la vivienda adecuada y digna.
(…) Ahora bien, el derecho fundamental a la vivienda no implica el de reclamar, por los mecanismos de garantía de estos derechos, que se suministre una solución habitacional individual e inmediata, ya que la responsabilidad y decisión de destinar una determinada cantidad de recursos públicos a ese fin y de distribuirlos de la manera más equitativa y eficiente posible es, primero que nada, política. Eso sí, dentro del contexto de los programas políticamente establecidos de provisión de vivienda a las personas de escasos recursos, ellas pueden reclamar, como en este caso, que su implementación se rija por parámetros de igualdad y que exista consecuencia entre el objetivo fijado de satisfacer este derecho fundamental y los medios dispuestos para alcanzarlo. En el caso costarricense, el legislador ha seleccionado diversas formas para dar cumplimiento al mandato constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de proveer a las personas de hogar digno, cuando por ellas mismas no puedan lograrlo, entre los que se encuentra la atribución a un Ministerio de la materia concreta de vivienda y la creación de entes públicos especializados en el tema, como son el Banco Hipotecario de la Vivienda o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo”.
V.En primer lugar, en cuanto a la problemática habitacional de fondo que expone la parte accionante, es importante indicar que esta Sala y el proceso de amparo no son los instrumentos jurídicos que sirven a la pretensión del recurrente, que se enmarca dentro de las políticas sociales del Estado. La situación descrita en modo alguno implica una amenaza o una lesión de sus derechos fundamentales, no solamente porque la competencia de este Tribunal se encuentra establecida en la propia Constitución Política y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sino porque tampoco le corresponde a esta jurisdicción establecer si las personas que habitan los asentamientos que refiere el recurrente, sean nacionales o extranjeras, cumplen los requisitos legales y reglamentarios para obtener una vivienda -o cualquier otro beneficio o subsidio- y mucho menos sustituir a la Administración activa y ordenar que se lo otorguen.
Además, es evidente que, en la especie, aunque afirma una posible discriminación hacia persona extranjeras que habitan en asentamientos informales, no presenta elementos adecuados para establecer este hecho. Esto es así, porque en la forma en que plantea su reclamo, no solo no aporta ningún indicio objetivo que, prima facie, permita valorar, al menos en grado de probabilidad, que se ha discriminado a una persona en concreto por su nacionalidad, sino que parece asumir que el mero hecho de que sean de un origen determinado y que no se le haya solucionado su problema de vivienda, en sí mismo, denota una discriminación indebida en su contra. En realidad, conocer de su reclamo haría necesario que, a fin de evaluar si se ha producido o no la presunta desigualdad alegada, esta Sala tuviera que revisar los criterios del sistema financiero nacional para otorgar créditos, labor que es propia de legalidad ordinaria y que requiere ponderar criterios técnicos.
En consecuencia, de considerarlo pertinente, la parte recurrente puede plantear su inconformidad o reclamo ante la sede administrativa o en la jurisdicción ordinaria competente, vías en las que podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Por lo expuesto, el presente recurso de amparo es improcedente en cuanto a este extremo. VI.- Sobre el derecho de petición y pronta respuesta. El derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés. Sin embargo, ese numeral, entendido de forma estricta, es de aplicación, únicamente, en aquellos supuestos en que se formulan peticiones puras y simples de información. En los restantes casos, normalmente el artículo 27 constitucional no es el aplicable, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.
Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”; tesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición, No. 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley. Esta distinción descansa en el hecho, bien conocido, de que los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes (véase la sentencia No. 2002-003851, de las 14:56 horas del 30 de abril de 2002). Sin embargo, no debe pensarse que cualquier solicitud o petición que se formule ante las distintas Administraciones Públicas, se encuentra amparada por los artículos 27 de la Carta Fundamental.
Por el contrario, es posible ejercer abusivamente el derecho de petición al requerir, con una finalidad distinta a la tutelada por la Constitución, supuestas informaciones que, en el fondo, no tienen esa naturaleza. Tan así es, que frecuentemente hay individuos que, bajo el disfraz de una petición, en realidad solicitan veladamente una asesoría jurídica a la Autoridad destinataria, formulan una excitativa para que aquella se comporte de una manera determinada, o incluso la interpelan, a veces, con el propósito de que ésta se incrimine a sí misma en alguna actuación presuntamente irregular. En estos casos, la Autoridad destinataria no tiene obligación alguna de brindar información ni resolverle nada en particular al solicitante, en los términos de lo establecido en el mencionado artículo 27 constitucional (sentencia No. 2017-002249, de las 09:45 horas del 14 de febrero de 2017). VII.- En este caso, del informe rendido por la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y la documentación aportada para la resolución de este proceso constitucional, se colige que, conforme lo alega el recurrente, presentó ante esta autoridad tres gestiones.
En cuanto a la primera, de la lectura de la nota de fecha 28 de julio de 2020, recibida el 30 de julio de ese año, esta Sala constata que el recurrente le solicitó que les informara “sobre los Protocolos de Atención a los usuarios del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y del Sector como un todo dado que hemos sentido que estamos en un LIMBO donde no tenemos claridad hacia dónde dirigirnos en la tramitación de las distintas gestiones que debemos realizar. (…) Por tanto, es de suma urgencia que tengamos claridad de cuál será la ruta para poder llevar los planteamientos con la convicción de que los mismos serán escuchados y atendidos con la prontitud y eficiencia que los usuarios requerimos y tener la seguridad que se tendrá el seguimiento adecuado a cada gestión". Se colige que hizo una solicitud de información en concreto, por lo que sí es tutelable en el marco del derecho fundamental preceptuado en el artículo 27 constitucional.
Respecto a la segunda gestión, también de fecha 28 de julio de 2020 y recibida el 30 de julio del mismo año, se estima que lleva razón la recurrida en su alegación, pues cuando lo solicitado por el recurrente, en su condición de Coordinador del Foro Nacional de Vivienda, es su intervención a fin de “que se propicie un diálogo con las altas Autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que definamos el marco de relación que nos indique claramente como iremos resolviendo las situaciones y tramitología que debemos llevar ante esa institución, sin que en esa tramitología se incluya la manifestación callejera como uno de los requisitos insalvables". Por consiguiente, la misiva se agotó con su sola presentación, sin que jamás existiera una obligación correlativa de la parte accionada de responderla en los términos solicitados. Finalmente, se tiene que la tercera gestión de parte del recurrente constituye el oficio de fecha 30 de agosto de 2020, recibido el 03 de setiembre de 2020, en la cual el recurrente le pidió a la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, en lo conducente, lo siguiente: "Por esta razón, hoy nos apersonamos ante su Autoridad como máxima responsable del Sector Vivienda con el fin de solicitarle nos suministre los textos de los Programas en cuya letra y directriz debemos apoyarnos para generar los Proyectos de Vivienda que nos ayude a salir de las "covachas" donde las circunstancias nos han obligado a vivir durante años”.
Se desprende que en la misma se hace un requerimiento expreso al cual debe referirse la Administración. En lo que corresponde a tales gestiones, sostiene la recurrida que éstas no configuran los presupuestos regulados en la ley para ser catalogadas como petición pura y simple a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley No. 9097, de 26 de octubre de 2012: "Ley de Regulación del Derecho de Petición" que dice: "Objeto de las peticiones Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública.// No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en la presente ley.", tal y como lo ha desarrollado así la Sala Constitucional en las resoluciones números 2020-019748, de 13 de octubre de 2020 y, en sentido similar, la resolución 2002-003851, de las 14:56 horas del 30 de abril de 2002; por lo cual ese Ministerio no ha violentado derecho constitucional alguno de la parte recurrente.
Aunque también informa y aporta el oficio No. MIVAH-DMVAH-0664-2020, de 24 de agosto de 2020, comunicado mediante correo electrónico de las 11:46 horas de 26 de agosto de 2020, donde se le indica al recurrente lo siguiente: "En atención a sus consultas planteadas mediante oficios sin consecutivo de fecha 28 de julio, 2020 le informo lo siguiente: En sesión No. 51-2018 del 13 de setiembre del 2018, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), acuerda conformar una mesa de trabajo con diferentes actores del SFNV, para que estudie y recomiende sobre la forma más apropiada de aplicar las disposiciones de la Directriz No. 54-MP-MIVAH. En atención a lo anterior, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), a través de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH), coordina la “Mesa Técnica Directriz No. 54-MP-MIVAH”. En dicho espacio de diálogo se cuenta con participación de diversos actores del SFNV, entre ellos representantes de Entidades Autorizadas, BANHVI; así como de otras instituciones con vinculación en el tema, tales como: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), SINIRUBE e Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
Como resultado del proceso de diálogo llevado a cabo en la Mesa Técnica, se llega al consenso que es posible llevar a cabo la implementación de los lineamientos de la Directriz N°54-MP-MIVAH, cabo por medio de un procedimiento de selección y priorización automatizado por medio de SINIRUBE, basado en criterios técnicos, objetivos y verificables, respetando lo estipulado en la normativa vigente, (…).Asimismo, cabe indicar que al 2020, el SINIRUBE contiene información requerida por el SFNV para la selección y priorización de población objetivo de proyectos de vivienda, ya que contiene información oficial y actualizada del BANHVI, Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), IMAS, INAMU, MIVAH, Registro Nacional (RN), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como aquella información incluida en la Ficha de Inclusión Social (FIS), entre otra.
En caso de que alguna persona requiera realizar su registro en SINIRUBE puede solicitarlo en cualquier Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS) de IMAS. Además, otro resultado de la Mesa Técnica, es una propuesta de procedimiento que permita la definición de población objetivo en proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo 59 de la Ley No.7052, en aras de contar con una selección objetiva, y con respaldo técnico de los beneficiarios del SFNV, pero siempre en respeto del Ordenamiento Jurídico vigente. Dicho instrumento actualmente se encuentra en etapa de análisis técnico por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y está pendiente su análisis y aprobación por parte de la Junta Directiva. Finalmente, refiriéndome al oficio mediante el cual consulta sobre el procedimiento para solicitar audiencias en el MIVAH, me permito reafirmar el compromiso de todas las personas que formamos parte del MIVAH para atender a las consultas de la ciudadanía, pese a que actualmente vivimos una coyuntura difícil, siempre buscamos los medios más oportunos para garantizar una respuesta óptima para todas las personas.
Es por esto que le informo que, para coordinar audiencias con mi persona, las mismas deben ser tramitadas a través de la jefa del Despacho Ministerial, Sra. [Nombre 002], al correo electrónico [email protected] y [email protected]. Además, en caso de tener consultas técnicas del tema de vivienda, se le solicita dirigirse a la persona encargada de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, la Sra. [Nombre 003], quien puede ser localizada al correo electrónico [email protected] y [email protected]."
Se desprende de esa misiva que la autoridad accionada hace referencia a los oficios recibidos el 28 de julio de 2020, no así al último. En cuanto a esas dos gestiones, como se reseñó anteriormente, la primera sí constituye derecho de petición, mientras la segunda no es tutelable, pues no deviene en ninguna solicitud de información, sino de intervención ante otra institución pública. Ahora, como ambas misivas, en particular la primera que es la que interesa a efectos de esta jurisdicción constitucional, ya fueron atendidas en los términos que se estima corresponde, desde el 26 de agosto de 2020, o sea, mucho antes de la interposición de este amparo el 23 de julio de 2021, se estima que no se ha producido el agravio reclamado por el recurrente. Diferente acontece con la última gestión sobre la cual no se hace referencia en la respuesta antes mencionada, que es de fecha 30 de agosto de 2020, recibida el 03 de setiembre de 2020, donde, como se indicó, se solicitaron los textos de unos programas, por lo cual, la autoridad recurrida sí estaba y está en la obligación de atender en observancia del derecho fundamental de petición.
VIII.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se considera procedente el recurso, únicamente, por la falta de respuesta de la gestión recibida el 03 de setiembre de 2020 en el MIVAH. En cuanto a los demás reclamos y gestiones presentadas por el recurrente, conforme a lo antes expuesto, se desestima el amparo. IX.- Nota del magistrado Rueda Leal. En el sub lite, [Nombre 001] formula recurso de amparo en su condición de coordinador del Foro Nacional de Vivienda, razón por la cual se dio curso a este proceso a favor del último; sin embargo, aun cuando estimo improcedente que se tenga como amparado a un "Foro" respecto del cual no se comprobó su personería jurídica (en cuyo caso, sí hubiese entrado a analizar la relación esencial entre la persona jurídica y la física a los efectos de la procedencia del asunto), lo cierto es que él, en su condición personal, tiene derecho a plantear gestiones ante la autoridad recurrida.
En consecuencia, pese a la falta de certeza registral del Foro Nacional de Vivienda, se mantiene el derecho del accionante, en su condición de persona física, a que sus peticiones le sean contestadas. De ahí que me parece pertinente tener como parte tutelada únicamente a [Nombre 001] y no al Foro Nacional de Vivienda. X.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso, por la falta de respuesta de la gestión recibida el 03 de setiembre de 2020. Se ordena a Irene Campos Gómez, en su condición de Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le proporcione y notifique al recurrente [Nombre 001] la respuesta que corresponda respecto al oficio de fecha 30 de agosto de 2020, recibido el 03 de setiembre de 2020. Se advierte a la recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a los demás reclamos y las dos gestiones de fecha 28 de julio de 2020, recibidas el 30 de julio de 2020, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese.
Paul Rueda L. Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Ileana Sánchez N.
*FKWAGGY3V6061*
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