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Res. 00005-2026 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 15/01/2026

Water Availability Subject to Technical and Legal RequirementsDisponibilidad de agua sujeta a requisitos técnicos y legales

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The First Chamber denied the cassation appeal, upheld the refusal of water and sewer availability based on the absence of technical and legal feasibility, and ordered the appellant to pay the costs.La Sala Primera rechazó el recurso de casación, confirmó la negativa de disponibilidad de agua y alcantarillado basada en la falta de factibilidad técnica y legal, y condenó al recurrente al pago de las costas.

SummaryResumen

The First Chamber denied the cassation appeal against the judgment dismissing an action seeking to annul AyA’s refusal to certify potable-water and sewer availability for a subdivision and housing project. It held that the alleged procedural defect had not occurred because the challenged facts were supported by legitimately admitted testimony and were stated clearly. On the merits, the Chamber concluded that the hierarchical superior could supplement the administrative action’s reasoning when deciding the appeal under the General Public Administration Law, absent any proven impairment of due process or the right of defense. It reiterated that access to potable water is a fundamental right but not an unrestricted one: service depends on compliance with legal, environmental, and technical requirements and on the existence of suitable infrastructure. The Chamber also upheld the award of costs because the claimant’s subjective belief that he was entitled to relief did not constitute sufficient objective grounds for litigation. The appeal was therefore denied, with its costs charged to the appellant.La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que rechazó la demanda dirigida a anular la negativa del AyA a certificar disponibilidad de agua potable y alcantarillado para un proyecto de fraccionamiento y viviendas. Consideró que la causal procesal invocada no se configuró, pues los hechos cuestionados se apoyaron en testimonios incorporados legítimamente y fueron formulados con claridad. En cuanto al fondo, concluyó que el superior jerárquico podía, al resolver la apelación, complementar la motivación de la actuación administrativa conforme a la Ley General de la Administración Pública, sin que se demostrara lesión al debido proceso o al derecho de defensa. Reiteró que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, pero no irrestricto: su prestación depende del cumplimiento de requisitos legales, ambientales y técnicos y de la existencia de infraestructura. También confirmó la condena en costas, porque la convicción subjetiva del actor no constituía motivo bastante para litigar.

Key excerptExtracto clave

Regarding the contention that access to potable water is a fundamental right which, according to the claimant, the Institute infringed, it is clear that access to such a precious resource constitutes a fundamental right. Nevertheless, as the Constitutional Chamber has held, that right is not unrestricted, because the technical and legal requirements for providing the service must be met. With respect to the applicable regulations, it has been held that ICAA cannot be compelled to disregard the conditions and requirements established in the Service Provision Regulation and the General Potable Water Law, because the service cannot be provided when those requirements are not met. That Chamber has reiterated that access to potable-water service requires compliance with the conditions established in AyA’s regulations, to the point that the institution cannot disregard its own rules. It further noted that Articles 5 and 7 of the Regulatory Authority for Public Services’ Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Fire-Hydrant Services, AR-PSAYA-2015, concerning the meaning of technical feasibility, and Article 75(g), addressing grounds for rejecting service applications, together with Articles 6 and 13 of AyA’s Service Provision Regulation, require that the public services supplied by the Institute be legally, environmentally, and technically feasible.Por otro lado, en lo tocante a que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental, por lo que el actor considera le fue conculcado por el Instituto. Sobre este particular, existe claridad en cuanto a que el alcance a tan preciado líquido constituye un derecho fundamental. No obstante, como lo ha decidido la Sala Constitucional, tampoco resulta irrestricto, ya que es menester que se cumpla con los requisitos técnicos y legales para su prestación. En lo que atiende a lo regulado normativamente, ha resuelto no puede obligarse al ICAA a pasar por alto las condiciones y requisitos regulados en el Reglamento de Prestación de Servicios, y en la Ley General de Agua Potable, dado que de no reunirse no existe posibilidad de brindarlo. Dicha Cámara, ha reiterado que con el fin de acceder al servicio de agua potable es necesario que se cuente con los requisitos dispuestos en la normativa del AYA, al grado que la Institución no puede pasar por alto su propia reglamentación. Adicionó, el Reglamento Técnico para la Prestación de los Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario e Hidrante AR-PSAYA-2015 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos preceptos 5 y 7, concernientes a la definición de lo que significa técnicamente factible y 75, inciso g), referido a las motivos de rechazo de solicitudes de servicio; al igual que lo estipulado en el cardinal 6,13 del Reglamento para la Prestación de Servicios del AYA, disponen como requerimiento que los servicios públicos que proporciona el Instituto sean legal, ambiental y técnicamente posibles.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Lo expuesto, sin que arguya, se trata de prueba ilegítima o introducida de manera ilegítima al proceso, sino que lo reclamado, es, no se basaron en el expediente administrativo, sin precisar cómo dicha circunstancia provoca el vicio que aduce, al menos no como causal procesal."

    "This is so because the appellant does not argue that the evidence was unlawful or unlawfully introduced into the proceeding; rather, the complaint is that the findings were not based on the administrative record, without explaining how that circumstance produces the alleged defect, at least as a procedural ground."

    Considerando III

  • "Lo expuesto, sin que arguya, se trata de prueba ilegítima o introducida de manera ilegítima al proceso, sino que lo reclamado, es, no se basaron en el expediente administrativo, sin precisar cómo dicha circunstancia provoca el vicio que aduce, al menos no como causal procesal."

    Considerando III

  • "Lo expresado hasta aquí sin que el impugnante alegue lesión alguna al debido proceso, ni derecho de defensa, pues, mediante el acto definitivo conoció a cabalidad las cuestiones de hecho y normativas con base en las cuales la Administración le denegó la disponibilidad de agua y alcantarillado."

    "The foregoing applies without the appellant having alleged any injury to due process or the right of defense, since through the final decision he fully learned the factual and legal grounds on which the Administration denied water and sewer availability."

    Considerando VI

  • "Lo expresado hasta aquí sin que el impugnante alegue lesión alguna al debido proceso, ni derecho de defensa, pues, mediante el acto definitivo conoció a cabalidad las cuestiones de hecho y normativas con base en las cuales la Administración le denegó la disponibilidad de agua y alcantarillado."

    Considerando VI

  • "La existencia de la eximente debía acreditarse, pues, la condena al perdidoso es la regla, de no actuarse, se requiere del debido sustento objetivo, no como lo pretende la accionante con base en razones subjetivas (creencia y convencimiento de llevar razón, pese a que se resolvió no contaba con derecho)."

    "The existence of an exemption had to be proven because charging costs to the losing party is the rule; departing from it requires proper objective support, not the subjective reasons invoked by the claimant, namely the belief and conviction that he was right despite the determination that he had no entitlement."

    Considerando VII

  • "La existencia de la eximente debía acreditarse, pues, la condena al perdidoso es la regla, de no actuarse, se requiere del debido sustento objetivo, no como lo pretende la accionante con base en razones subjetivas (creencia y convencimiento de llevar razón, pese a que se resolvió no contaba con derecho)."

    Considerando VII

  • "Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo del promovente."

    "The appeal is denied. Its costs shall be borne by the appellant."

    Por tanto

  • "Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo del promovente."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

PJEDITOR Document Case: 21-005268-1027-CA Decision 000005-F-S1-2026 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours four minutes on January fifteenth, two thousand twenty-six.

Ordinary proceeding (proceso de conocimiento), brought before the Administrative and Civil Court of the Treasury by Mr. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, identity card number 1-1202-0836, represented by ROBERTO CORDERO BRENES, in his capacity as special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial), against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA ICAA, or the Institute), represented by ADILIA CAMPOS VARGAS AND PAULA GUERRERO DELGADO, the former in her capacity as general judicial attorney-in-fact (apoderada general judicial) and the latter as special judicial attorney-in-fact.

Opinion drafted by Justice Rivas Loáiciga

WHEREAS

I.The Court, composed of Judges Cynthia Abarca Gómez and Silvia Consuelo Fernández Brenes, as well as Judge Daniel Aguilar Méndez, found the facts detailed below to have been proven. On August 27, 2020, the Autofores Agency of the Metropolitan Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA or AYA) received “the duly completed application form and requirements” corresponding to a “Request for Certification of Potable Water and Sanitary Sewer Service Availability,” submitted by Mr. Carlos Alberto Rodríguez Morales in his capacity as owner of the property registered in the San José Registry District under registration number 286.454-000, with cadastral plan no. SJ-03994001980. In that document, Mr. Rodríguez Morales stated that the request concerned a project for “Subdivisions (fraccionamientos), segregations, lot developments” and related to the construction of a “New Construction Project” of the “Single-Family Dwelling” type.

“Dwellings located on an individual lot.” Once the ICAA receives an application of this kind and verifies compliance with the requirements, the responsible Department assigns the request to an official who conducts a desktop review based on the information provided, as well as through the electronic systems and tools available to AYA “…in order to verify …whether the service availability at the location is technically and legally feasible and may therefore be granted….” Consequently, if the desktop review raises any reasonable doubt, inquiries are made of other Departments, and if no information is obtained, the case is assigned to the “water-availability inspector” to conduct a field study. Upon receiving the application, that official first conducts a study based on the information submitted, zoning plans (planes reguladores), and the AYA Service Provision Regulations (Reglamento de prestación de servicios), as well as the institution’s information systems “…such as certain schematic plans; for years, AyA has been developing information systems in which it maintains records of pipes, active networks, lists of water meters, and billing lists, so I conduct a preliminary study before going into the field….” After conducting that study, the inspector travels to the area and assesses certain factors that, based on the inspector’s experience, make it possible to determine whether water-supply or sewer networks are available.

Specifically, “…what they do is check whether there are meters next to the property now requesting service; if there are no meters, whether there is… asphalt that can be seen to have been broken for leak repairs or because a pipe was installed; well, perhaps the asphalt may be new, so they might not see it, but they look to see whether there are meters, electric lighting, or certain things that tell them, look, there is or is not a pipe here….” If any doubt remains, the official consults the so-called “area engineer,” “who is responsible for repairing leaks… in all the pipes we have.” Based on experience, this professional can clarify for the Inspector whether pipes exist in the area. Indeed, if the doubt remains, the public street may be opened to determine whether AYA water networks are present. Based on all the information gathered, the inspector completes the corresponding documentation, and the Institution may finally provide an answer to the user.

Mr. Rodríguez Morales’s application was assigned to employee David Gamboa Mora, Inspector of New Services and Potable Water Availability in Zone 3 of the Greater Metropolitan Area (GAM), who, after conducting a preliminary study of the information submitted, proceeded to perform the field inspection in the following terms: -“…I arrive at the property in question, …which, based on my expertise from the years I have worked there, immediately raises serious doubts for me because the road is in very poor condition. There are gates at the entrance with a sign that says ‘private property, do not enter.’ There is no public lighting. I enter the property, …There are no neighbors billed for water-supply and sewer services, not a single meter within that development, so …this raises doubts for me. Since I am… just an employee, I have to make further inquiries to determine whether the information I am seeing is actually correct and whether there is or is not… water there.

I consult the Area engineer at that time, José Daniel García… and he tells me: ‘No, David. We do not have water in that area; there is no water there, there is no service being billed there, and moreover, that development has not been accepted by the municipality.’ Therefore, I cannot override, first, the judgment of a superior… much less a municipal determination, because we must… comply first with the technical feasibility required by the Service Provision Regulations and also with the… urban-planning regulations of the Municipalidad de Santa Ana. So yes, the development has not been accepted, and I cannot grant water service […] during that field visit, several houses can be seen—not exactly adjacent as such, but farther back or even at the entrance—and none had an Acueductos y Alcantarillados meter. In fact, the houses at the back, which appear to be apartments, receive water through a meter by what is commonly called a ‘paja jalada,’ which is 200 meters away, perhaps… across some properties, toward a street leading to the development called ‘El Triunfo’ […] but it is not in front of the boundaries of those neighbors within that development; it is in front of a lot… far away and not belonging to that subdivision or development […] a NIS number [service identification number] does exist, but as I say, it is 200 meters away, far from …the NIS number supplying that property… it is 200 meters away across some properties, through a ‘paja jalada’….” In an ICAA document entitled “Service Order for Technical Resolution of New Service,” dated August 28, 2020 and signed by Inspector David Gamboa, a sketch was prepared and it was recorded that the case had been discussed with the area engineer, who stated that no infrastructure exists at the location.

Accordingly, it was reported that there is no sewer line in front of the property where service was requested, and the inspection was declared unfavorable. Through a document entitled “Certification of Unavailability of Water-Supply and Sewer Services,” sequential number SIGDD-202000033033-1-1-1 dated August 31, 2020, it was determined that granting the availability requested by Mr. Rodríguez Morales was not feasible. The instrument stated that on September 04, 2020, a motion for reconsideration with a subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) filed by the applicant was received, in which he designated the email address “[email protected]” for service of notices. Through administrative decision number NUD-GAM-NOT-2020-0372 dated September 10, 2020, the ICAA GAM Systems Management Deputy Division denied the motion for reconsideration. That instrument was served on the interested party on September 10, 2020.

In ICAA General Management administrative decision no. GG-2020569, issued at 7 hours on September 11, 2020, the appeal filed by Mr. Rodríguez Morales was decided in the following terms: “… THEREFORE: Based on the administrative record, the technical reports contained therein, and the documents submitted; Article 11 of the Political Constitution; Articles 11, 16, and 272.2 of the General Public Administration Act; and Articles 6 and 13 of the AyA Service Provision Regulations, the Appeal filed by CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES REGARDING NEGATIVE AVAILABILITY SIGDD-2020-00033033-1-1-1 is hereby denied. All actions taken by the Institution are upheld. The administrative remedies are hereby deemed exhausted….” That instrument was served on September 23, 2020. Mr. Carlos Alberto Rodríguez Morales filed suit against AYA, seeking a declaration of absolute nullity (nulidad absoluta) of decision GG-2020-569 and all underlying administrative acts that denied him water availability; an order requiring the Institute to grant such availability for his property registered in the San José Registry District under real property folio 1-286454-000; and an award against the defendant of costs and attorneys’ fees (ambas costas), together with the corresponding interest.

AYA opposed the complaint but raised no defenses and requested that the plaintiff be ordered to pay costs and attorneys’ fees. By majority vote, the Court raised lack of legal entitlement (falta de derecho) on its own motion, dismissed the complaint, and ordered the unsuccessful plaintiff to pay costs. Disagreeing with that decision, the claimant filed an appeal in cassation (recurso de casación), asserting procedural and substantive grounds of error.

Appeal in cassation on procedural grounds

II.Sole ground: He alleges that Article 137(c) of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA) was violated because the judgment failed to provide a clear and precise determination of the facts found by the Court, or because it was based on inadmissible evidence or evidence unlawfully introduced into the proceedings. He states that this concerns the second and third factual circumstances deemed proven, which he reproduces. He explains that these described facts were deemed proven in the judgment; however, as can be verified, they were found proven solely on the basis of the testimony given by officials David Gamboa Mora and Jose Flores Madrigal at the oral and public trial hearing. He objects that there is no indication, nor can it be inferred, that the statements made in that testimony appear in the administrative record (expediente administrativo).

The documentary evidence—the administrative record—contains only a “service order for the technical resolution of a new service” (images 94 and 95 of the digital case file), which is the document referenced in proven fact 4. He notes that it is a form containing the details of the inspected property and that the only observation recorded by the inspector is: “(...) The case be discussed (sic) with the area engineer, who indicates that no infrastructure exists at the location. Denied.” In this regard, it is clear that neither a detailed explanation nor any technical or evidentiary justification for the lack of infrastructure needed to provide access to water can be inferred from that service order—which constitutes a preparatory act (acto preparatorio)—and that the official’s testimony was used to justify finding the fact proven. He asserts that this supplied the content for the statement of reasons (motivación) that, he contends, was lacking in the administrative act (acto administrativo) that denied his constitutional right.

He adds that the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa), as a fundamental right enshrined in our Constitution, exercises legality review (control de legalidad) over the actions of the Administration—here, the act denying access to water. He insists that, as reflected in the administrative record, the denial is based solely on the studies and inspection conducted by the official David, which, he argues, neither detail, explain, nor demonstrate the reasons for the denial. He therefore alleges a violation of provisions 133, 162, and 351 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP). This is because the official witness’s testimony supplemented the statement of reasons contained in the aforementioned preparatory act. He states that, rather than corroborating and clarifying what occurred in the administrative record, such testimony introduced grounds or reasons that were neither directly nor indirectly included in the decision denying the request.

He adds that matters which, had they not been clarified at the hearing, could not have been deemed proven in the proceedings conducted internally by the Administration. Consequently, he argues, the Court was required to assess the validity of the challenged act—as an objective manifestation of the administrative will—in the terms in which it was issued, and not in the manner undertaken through the officials’ testimony. He notes that the judgment violated provisions 133, 162, and 351 of the LGAP because it based the existence of the administrative act’s statement-of-reasons element on the statements contained in the decisions on the ordinary appeals (recursos ordinarios) and on testimony given in judicial proceedings, none of which was contained in the final administrative act alleged to be absolutely null and void (nulidad absoluta), thereby remedying its lack of a statement of reasons.

III.Regarding the ground set forth in subsection (c) of section 137 of the CPCA, this Chamber has held that it arises when the factual circumstances deemed proven are based either on inadmissible evidence or evidence unlawfully introduced into the proceedings, or when they lack a clear and precise determination, which occurs when the Court drafts one or more factual findings imprecisely or inconsistently. On this matter, see judgments numbered 1290-F-2023, 2170-F-2021, 785-F-2021, 1710-F-2020, 396-F-2012, 687-F-2010, and 502-F-2010. Upon review of the objection, it is clear that the alleged error did not occur because, as the appellant himself states in his ground, the Court based the second and third proven facts on the testimony of witnesses David Gamboa Mora and Jose Flores Madrigal, officials of AYA. He does not argue that this was inadmissible evidence or evidence unlawfully introduced into the proceedings; rather, his complaint is that the findings were not based on the administrative record, without specifying how that circumstance gives rise to the alleged defect, at least as a procedural ground.

Nor does he contend that those factual circumstances lack a clear and precise determination. Indeed, it bears emphasizing that he does not explain in this ground how any such contradiction in the facts arises to such a degree that the judgment becomes confusing, much less identify which evidence was unlawfully introduced, explain the resulting prejudice, or properly frame it within the procedural grounds established in the CPCA. Furthermore, the complaint conflates the cited procedural error with a substantive error, insofar as he objects that the form entitled “service order for the technical resolution of a new service” provides neither a detailed explanation nor any technical or evidentiary justification for the lack of infrastructure needed to provide access to water at his property. He adds that the contentious-administrative jurisdiction must conduct a legality review of the administrative action and that the administrative record contains only the studies and inspection conducted by the official David Gamboa Mora as its basis, without detailing, explaining, or demonstrating the reasons for the denial.

He therefore asserts that provisions 133, 162, and 351 of the LGAP were violated. It is thus apparent that the appellant in cassation’s disagreement concerns the factual and legal assessment made by the adjudicators in this case. As stated, this exceeds the scope of review under a procedural ground. Nevertheless, the claim may be recharacterized because he reiterates it in his substantive objections, and it will be analyzed when those objections are considered. Consequently, the objection must be dismissed.

Cassation appeal (recurso de casación) on substantive grounds

IV.First: pursuant to the provisions of canon 138, subsection c) of the CPCA, he alleges that Articles 50 of the Political Constitution (Constitución Política, CP), and 133, 136.2, and 158 of the LGAP were violated. He transcribes Considerando VI of the judgment regarding the ruling on the statement of reasons (motivación). He then contends that, in the challenged judgment, it is clear that the majority of the Tribunal conducted an improper or erroneous judicial review of legality (control de legalidad) concerning the statement-of-reasons element of the act in this specific case, thereby violating Article 133, in conjunction with Article 136.2, both of the LGAP. This is because Article 136.2 provides that the statement of reasons consists of an explanation of the factual and legal matters that support and substantiate the administrative decision and entails reference to the facts proven or not established, the evidence or indicia (elementos de convicción) supporting the logical factual deduction, and an explanation of the analytical process that led to those conclusions or inferences.

Therefore, he argues, it is clear that the final act (acto final) denying him access to water does not satisfy that element. He states that this conclusion is reached because the final decision merely denied the application for water availability (disponibilidad de agua) on the same grounds stated in the preparatory act (acto preparatorio) issued by the inspector. He further states that, as can be seen from the administrative record (expediente administrativo), neither of those two formal administrative actions (conductas formales) contains a clear presentation of the relevant findings, the determinative facts, their evidentiary support, an analysis of the indicia, or the reasons or legal arguments that would allow the relevant facts to be subsumed under the law and lead to the denial of water availability. Hence, he asserts, there is a direct violation of cardinal 158 of the LGAP, because it provides that the absence of any element comprising the administrative act (acto administrativo) renders that act defective.

He contends that, in this specific case, this constitutes unquestionable absolute nullity (nulidad absoluta), because the lack of a statement of reasons directly affects the principle of due process (principio del debido proceso) and the right of defense (derecho de defensa), as the Sala Constitucional has repeatedly held. In this regard, both canon 158 cited above and numeral 50 of the CP were violated by deeming the statement-of-reasons element established contrary to Articles 133 and 136.2 of the LGAP. He argues that the defect cannot be cured by the testimony given at trial by the official responsible for the inspection or by the decisions adjudicating the administrative appeals (recursos), because the reasons presented at the trial stage should have been included in the preparatory act supporting the final decision, so that he could have been apprised of them, effectively exercised his right of defense, and secured protection of his right.

Likewise, in his view, the ruling is inconsistent with the provisions of precept 136.2 ibid due to the lack of a statement of reasons and, he notes, is more serious because it concerns the right of access to water. This is because that provision stipulates that an administrative act must contain a proper statement of reasons, particularly in cases where rights are restricted. Second: he contends that the reasons for the challenged act were provided through an appeal rather than in the principal act (acto principal). Insofar as relevant, he transcribes the ruling in Considerando VII that the statement of reasons was supplied through the appellate process. He emphasizes that the judgment contains a substantive defect (vicio de fondo) concerning the improper application of precepts 102 and 168 of the LGAP, which, although they provide the hierarchical superior (superior jerárquico) with means to adjust the actions of a subordinate and seek to preserve the administrative act, fail to account for the fact that the absence of a statement of reasons cannot be supplied or cured at the appellate stage (sede recursiva).

This is because appeals constitute a procedural remedy (remedio procesal) for reviewing and challenging the legality of administrative acts, which means that the review must result in affirmation of the act (if lawful), annulment thereof (if substantially inconsistent with the legal system), or modification of its content to bring it into compliance with the law. However, he argues, such review may under no circumstances supply absent substantive elements of validity (elementos sustanciales de validez) of the final act—elements that were neither stated in the administrative act nor apparent from the administrative record. In this case, he states, what occurred was that, through the decision on the appeal, the hierarchical superior sought to explain at length the factual and legal circumstances on which the lower-level Administration had based the denial of his application. He therefore alleges a failure to observe the provisions of that same body of law in ordinals 162 and 351 of the LGAP, which he transcribes.

He thus asserts that the judgment under appeal contains a substantive defect in that it failed to apply and directly violated ordinals 162 and 351 cited above, which, he explains, were disregarded; the Tribunal thereby violated them by relying solely on Articles 102 and 168 of the LGAP and subsequently declaring, on its own motion (de forma oficiosa), an absence of legal grounds. Third: he alleges the erroneous application of precept 193 subsection b of the CPCA in ordering him to pay both categories of costs (ambas costas), even though, he asserts, he litigated in good faith. He objects that such payment was imposed on the ground that his case did not fall within any of the grounds for exemption provided by cardinal 193 cited above (subsections a) and b)). Insofar as relevant, he reproduces the judges’ ruling on the matter. He objects that costs were imposed pursuant to the first paragraph of the provision without examining the grounds for exemption.

This occurred, he states, even though the entire record contains no evidence of bad faith; to the contrary, there was always sufficient cause to litigate (motivo bastante para litigar). He further states that the judgment itself acknowledges matters such as the fact that the first administrative decision did not contain a proper statement of reasons. He also contends that the statement of reasons was deemed valid on the basis of the witnesses’ accounts, assigning substantial evidentiary weight to circumstances that did not appear in the record. He argues that the body of rules and evidence he presented before the court made it possible for the Tribunal to have credible information when applying canon 193 of the CPCA. He also states that the following was decided: “(...) in the present case, we can find both standing (legitimación) and a present interest (interés actual), insofar as the list of proven facts demonstrates the existence of an administrative legal relationship (relación jurídico administrativa) between Mr.

Carlos Alberto Rodriguez Morales and AYA, as a result of the application submitted by the former in 2020 to obtain a ‘Certificate of Potable Water and Sanitary Sewer Availability (Constancia de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario)’ for his property, which that Administration denied by means of a formal administrative action issued for that purpose. Therefore, both parties possess active and passive standing, respectively, and it also follows… that there is a present need for a ruling on the claims asserted in the complaint....” He adds that his claim rested on the expectation that the judges would recognize that right; consequently, without such constitutional recognition of the claimant’s cause, if the judgment under appeal were to become final, it would in practice constitute an act confiscating his right. He states that he alleges a direct violation of Article 193 of the CPCA because the mandatory exercise of the power to award costs, and the corresponding discretionary power to excuse their payment, which that provision grants judges, must have sufficient grounds in the specific case when the power to grant an exemption is not exercised.

This is so that the failure to exercise that power is neither unreasonable nor arbitrary, but instead consistent with the nature of the matters in dispute and the claimant’s conviction, based on the evidence available to him, that he had sufficient cause to litigate. In the present case, he states, he had sufficient cause to bring his action, seeking effective protection of the right (tutela efectiva del derecho) and substantive defense of his right of access to water, because he based his claim on the expectation that the judges would protect that constitutional right. Consequently, he asks the Sala, should the appeal filed herein ultimately be dismissed, to find that sufficient cause to litigate existed given the nature of the dispute.

V.As a preliminary matter, it must be stated that lack of reasoning (falta de motivación) was the only claim raised by the plaintiff in these proceedings. Likewise, among the relief sought, he requested a declaration of absolute nullity (nulidad absoluta) of the definitive act (acto definitivo), corresponding to no. GG-2020-569 of AYA’s General Management, as well as of the underlying administrative decisions (resoluciones administrativas subyacentes) denying him water availability (disponibilidad de agua). At first glance, it would appear that the plaintiff erred in considering the General Management’s act to be the principal act, because, in principle, it should only have determined whether or not to uphold act no. SIGDD-2020-00033033-1-1-1, which determined that neither water nor sewerage service was available because the Institute lacks the infrastructure necessary to provide such services at that location.

Nevertheless, as will be explained below, the definitive act, in its reasoning section, modified the final act (acto final) by setting out more fully the factual and legal grounds on which the defendant relied when declaring the aforementioned services unavailable. Consequently, it was not merely an act confirming (acto confirmatorio) the final decision. Because the first and second objections are related—lack of reasoning in the challenged act (acto impugnado)—they will be addressed jointly. In the first objection, he contends that neither the preparatory act (acto preparatorio) nor the final act clearly set out the relevant findings, the determinative facts, or the evidentiary basis. It must be recalled that the claim directly sought a declaration of absolute nullity of the definitive act, namely, ICAA General Management resolution no. GG-2020569 of 7 horas del 11 de setiembre de 2020, as well as of all underlying administrative acts (actos administrativos subyacentes) denying him water availability.

Accordingly, the latter consist precisely of the preparatory act and the final act. In keeping with the foregoing, the plaintiff properly framed his request as he did, because the General Management’s resolution, as the definitive act in the administrative proceeding (procedimiento administrativo), was not limited to upholding the final act but also provided the factual and legal reasons for the certification that water and sewerage services were unavailable. The preparatory act consists of a report completed on the form entitled “Service Order for Technical Resolution—New Service,” signed by inspector David Gamboa Mora, which records the findings of the inspection conducted at the site of the property for which potable-water availability was requested. It includes a sketch showing the location of the claimant’s property (lot 43), province of San José (1), canton of Santa Ana (9), District of Piedades (5), sector 4, block 00900, property 04300.

Regarding public lighting, it states that no infrastructure covers the frontage of the property. Regarding piping, it recorded that no type of piping existed, stated that the road was unpaved, and noted that there was neither any type of rate nor a sewerage network in front of the property for which service was requested. In the observations section, he noted that he had consulted the AYA engineer for the area, who told him that there was no infrastructure in that area. The result was therefore negative, and the inspection was conducted on 28 de agosto de 2020. Subsequently, in what constituted the final act, through the document entitled “Certification of Unavailability of Aqueduct and Sewerage Services,” consecutive number SIGDD-202000033033-1-1-1 of 31 de agosto de 2020, it was determined that granting the availability requested by Mr. Rodríguez Morales was not feasible. In the relevant part, the act stated: “In response to your request for availability of potable water / sanitary sewerage, submitted to the GAM Systems Management Subdivision on 27 de agosto de 2020, …project for the CONSTRUCTION OF A SINGLE-FAMILY DWELLING, which will be located on registered property… 1-286454-000 located in the District of Piedades, canton of Santa Ana, province of San José, according to Cadastral Plan N°1-0399400-1980 registered to CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, identification card 01-1202-0836, for the potential provision of 0 services with a flow rate of 0.00 m3/d, I hereby inform you that, as a result of the basic studies and technical report contained in official letter 2020-00033033-1-ap, the following was determined: the property is (sic) in a sector where no AYA infrastructure exists. Therefore, granting availability is not feasible.

NO POTABLE WATER SERVICE IS AVAILABLE IN FRONT OF THE PROPERTY NO SEWERAGE SYSTEM IS AVAILABLE IN FRONT OF THE PROPERTY In the event of disagreement, you are granted a period of three business days beginning on the day following delivery of this notice to file a motion for reconsideration (Recurso de Revocatoria) before this office or an appeal (Recurso de Apelación) before the General Management of AyA (sic), attaching any evidence you deem appropriate to support your arguments…”. In the first claim, he alleges that both the preparatory act and the final act violated Articles 136.2 and 158 of the LGAP. He states that, under the first provision, the statement of reasons must address the factual and legal circumstances underlying the Administration’s decision. Accordingly, he argues, it includes identification of the facts deemed proven or unproven, the evidence serving as the basis for the logical factual inference, and an explanation of the analysis performed.

Consequently, he contends, it is clear that the final act did not satisfy the reasoning requirement. Nevertheless, although the Court accepts that the final act did not set out the factual and legal grounds in detail, this defect was cured by the definitive act issued by ICAA’s General Management, a matter that will be addressed in depth below. For now, it is sufficient to note that, with respect to the proven facts (hechos probados), although they are not identified as such, the reasons why the requested service availability was denied can already be ascertained and understood from the preparatory act. It should be noted that the field inspection showed that the area where the plaintiff’s property is located lacks the infrastructure necessary to provide either water or sewerage service. According to that same document, these findings were confirmed by the engineer responsible for the area.

Thus, providing the services requested by Mr. Rodríguez Morales is materially impossible. It must be added that construction of the aforementioned infrastructure is the responsibility of the subdivision developer; therefore, the failure to provide those services cannot be attributed directly to AYA. Consistent with those findings, the final act merely certified the unavailability of aqueduct and sewerage services, stating that the corresponding infrastructure required to provide them does not exist. Specifically, it stated that neither potable water nor a sewerage system is available in front of the plaintiff’s property. It likewise granted him three business days from the date of notice to challenge the decision through motions for reconsideration and appeal, with the opportunity to submit any evidence he deemed appropriate to support his arguments.

VI.In another vein, with regard to the issue discussed as to whether the hierarchical superior (superior jerárquico) may expand upon the factual and legal aspects, that is, supplement the statement of reasons (motivación) for the subordinate’s act. The Court transcribed part of the recitals (considerandos) of the hierarchical superior’s decision concerning the detailed explanation of the factual and legal grounds relied upon by the Administration to deny the appellant’s request. It specifically referred to the fact that “…AyA must comply with the existing technical and legal regulations. In this case, it must apply the provisions of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, which are clearly set forth in Articles: 06, 07, 11 and 13…” (it transcribed provision 13). At this point, it is necessary to reproduce, insofar as relevant, the Court’s ruling upon finding that the decision whose absolute nullity (nulidad absoluta) is sought does contain the element of a statement of reasons: “VII.- …In the case under consideration (sub júdice), the final act (acto final) in the proceeding, entitled ‘Certification of Unavailability of Water-Supply and Sewerage Services,’ bearing consecutive number SIGDD-2020-00033033-1-1-1 and dated 31 de agosto de 2020, limited its statement of reasons solely to stating that ‘…I hereby inform you that, as a result of the basic studies and the technical report contained in official letter: 2020-00033033-1-AP, the following was determined: the property is located in a sector where there is no AYA infrastructure.

Therefore, it is not feasible to grant availability. THERE IS NO AVAILABILITY OF DRINKING WATER IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO AVAILABILITY OF A SEWERAGE SYSTEM IN FRONT OF THE PROPERTY…’ [Emphasis not in the original]. Nevertheless, this act was modified by the superior, who, in the definitive act (acto definitivo)—which is precisely the act challenged in this administrative-litigation action—examined this consideration in greater depth and provided an extensive account of the factual and legal circumstances on which the Administration based its denial of the request made by Mr. Rodríguez Morales… the plaintiff herein was informed as follows: …In this case, it was clearly explained to him that there is no AyA infrastructure at the location of the property. There is not even a nearby distribution system (main pipeline), and service cannot be provided to the requested property fronting a public road, as stated in Article 15 of the Reglamento de Prestación de Servicios…

For the granting of Drinking-Water Availability… it must be emphasized that AyA, pursuant to the Reglamento de Prestación de Servicios, cannot grant affirmative availability in sectors that lack the optimal technical conditions for the provision of its services, which must ensure service of adequate quality, quantity, continuity, and reliability; and the sector where the property is located does not comply with those provisions of the regulation. In the present case, the appellant seeks an exemption (eximente), but AyA (sic) cannot depart from the legal system, science, and technical standards or disregard the legal system in order to accommodate private, individual considerations. In this and other cases, this is not simply a matter of assessing a project here or there, or wherever the citizen may have an interest; rather, it must be subjected to analysis in accordance with science and technical standards.

The Technical Reports are supported by science and technical standards, pursuant to Article 16 of the Ley General de la Administración Pública, and particularly by the science of Engineering; they show that no distribution system exists. In addition, the residential development where the property is located has an issue with the Municipality that must be resolved by the registered owners… THIRD: The Institution would act improperly by granting availability contrary to the Principle of Legality (Principio de Legalidad) and the science and technical standards referred to in Articles 11 and 16 of the Ley General de la Administración Pública. Accordingly, AyA (sic) must comply with the regulations that govern it and others; otherwise, AyA (sic) would be violating the legal system. It is clear that he must fulfill the requirements like every other citizen, and it is not feasible to grant benefits that the legal system does not confer upon him.

There is no exemption relieving him from compliance with the requirements requested of him. […] AyA (sic) must comply with Urban Planning and Environmental regulations, since AyA (sic) cannot act contrary to the legal system in force… The Sala Constitucional has ruled consistently with the technical and legal requirements that must be considered when granting a new service. Thus, in Resolution 2004-12185, issued at thirteen hours and thirty-one minutes on veintinueve de octubre del dos mil cuatro, the Sala Constitucional held: ‘Having reviewed the report submitted under oath by the Deputy Manager of AyA (sic) and the evidence provided in the case file, the Chamber concludes that, in this particular case, none of the appellant’s fundamental rights has been violated because, contrary to his assertion, he himself has failed to submit to the respondent Institution the documents required for the provision of drinking-water service.

The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados cannot be compelled to disregard the conditions established in its Reglamento de Prestación de Servicios or in the Ley General de Agua Potable while the protected party, for his part, does not meet the conditions and requirements prescribed therein, because, although drinking-water service must indeed be available to every person, the legal and regulatory requirements to be met by a prospective user must also be satisfied in accordance with the existing regulations…’ (emphasis not in the original). Through Resolution Nº. (sic) 2004-12185, issued at 13.31 hrs on 29 de octubre del 2004, the Sala Constitucional stated that, to obtain drinking-water service, the interested party must meet the requirements established in AyA’s (sic) regulations. Thus, in the present case, the Institution cannot disregard its own regulations. In similar cases, the Sala Constitucional held in Vote Nº (sic) 2008-14159, of veinticuatro de setiembre del dos mil ocho: […] AyA’s (sic) obligation to review the matters indicated is necessary to comply, as applicable, with the aforementioned technical standard.

Articles 5 and 7 (definition of technically feasible) and 75, subsection g) (grounds for rejecting service applications), of the technical regulation Prestación de los Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario e Hidrante AR-PSAYA-2015 of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), published in La Gaceta 69 of 12 de abril del 2016 – Alcance No. 55, as well as the provisions of Articles 6 and 13 of the Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA (sic) currently in force. Those provisions establish, as a requirement for the provision of the public services offered by AyA (sic), that such services be legally, environmentally, and technically feasible. In particular, Article 5 of the ARESEP technical regulation (AR-PSAYA-2015), in its definition of ‘Technically feasible,’ states: ‘A service is considered technically feasible when it meets the following conditions: … d. It is legally and environmentally possible and …’.

Article 75 of the same provision, in turn, states: ‘Article 75.- Grounds for rejecting service applications. Providers may deny a service when any of the following grounds applies: … g. It is not technically feasible.’ Along the same lines, Article 6 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA (sic) provides that: ‘AyA (sic) shall provide water-supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided that it has technical and legal feasibility.’ Article 13 of the same body of regulations states: ‘Article 13.- Conditions for the provision of services. AyA (sic) shall provide its services once technical and legal feasibility has been verified for properties… In the majority opinion of this Court, as is apparent from the act just transcribed, the challenged administrative conduct does contain a sufficient and adequate statement of reasons that permits an understanding of the factual and legal issues supporting and underlying the administrative decision, insofar as the acts include a reference to and a reasoned explanation of the grounds given by AYA for denying the service, namely, that the property for which availability was requested is located ‘in a sector where there is no AYA infrastructure.’ The majority of the Chamber observes that, although the final act does not provide the adequate and extensive detail that would be expected of a technical decision, the hierarchical superior did provide such detail when deciding the appeal through the definitive act.

This is understood to fall within the authority of the head of the agency—under the Ley General de la Administración Pública—to supervise the acts of subordinates, whether on grounds of legality or expediency, by modifying, affirming, or annulling them, since the cited legal provision expressly states: ‘Article 102.- The hierarchical superior shall have the following powers: […] d) To adopt the measures necessary to bring the subordinate’s conduct into conformity with the law and sound administration, by revoking, annulling, or modifying it ex officio (de oficio), or pursuant to an administrative appeal (recurso administrativo)…’ (Emphasis not in the original). In the majority’s view, this hierarchical authority encompasses the power to bring the subordinate’s act into conformity with the framework of legality and sound administration, obviously insofar as this is possible (that is, provided that the case does not involve nullity as a matter of law (nulidad de pleno Derecho)), in accordance with the principle of preservation of acts (principio de conservación de los actos), or ‘a favor acti,’ as expressly provided in provision 168 of the same Ley General…

In other words, because the specific case concerns an alleged failure to state reasons, the majority of the Chamber understands that, in light of the cited provisions, the superior’s legitimate scope of action does include the possibility of modifying the subordinate’s act on administrative appeal in order to complete it and thereby adjust the act so that it now permits an understanding of the reasons and the rational process through which the grounds for the act are deemed established, as well as the analysis of legality that led to the decision adopted; this is, ultimately, the essential purpose of the statement of reasons as an element of the administrative act (acto administrativo).

Completing a statement of reasons (motivación) that might initially appear insufficient is also understood to be a necessary consequence of the appeal (recurso), because, in addition to serving as a means of defense for the private party (administrado), it allows the hierarchical superior (jerarca) to elaborate on the reasons that guided the Administration’s decision one way or the other, while also allowing its addressee to adopt whatever challenge measures (medidas de impugnación) the addressee deems necessary to defend their interests… It bears noting that, in this regard, the alleged violation of the fundamental right of access to drinking water is addressed as a consequence of the supposedly unfounded denial of the request; however, as we have confirmed—by majority vote—the challenged conduct does state the reasons for the denial, which show that this is not an absolute and unrestricted right, insofar as its provision depends on technical feasibility (quantity, quality, and continuity).

Thus, because this is a public service provided through an infrastructure network, if such infrastructure is lacking—for reasons beyond the control of the service provider—it is materially impossible to require the respondent to provide the service. Additionally, and no less importantly, that infrastructure is the responsibility of the developer (urbanizador) of the area where the claimant’s property is located, pursuant to Articles 1 and 32 of the Urban Planning Law, number 4250, an obligation that cannot be transferred to the respondent entity.” The foregoing confirms that the Tribunal, by majority vote, decided that the final administrative act (acto definitivo) issued by AYA’s General Management—which is the act directly challenged by the appellant in cassation (casacionista)—is duly and extensively supported both factually and legally. Therefore, contrary to Mr. Rodríguez Morales’s allegation, the Administration fully satisfied the act’s statement-of-reasons requirement.

It explained that, although the final act (acto final) did not contain the appropriate and extensive discussion required by the technical issues, the hierarchical superior—the Institute’s General Management—did provide that discussion when deciding the appeal (recurso de apelación) lodged against the final act. This is because that statement of reasons makes it possible to ascertain the factual and legal grounds supporting and substantiating the Administration’s decision, insofar as the rulings included a citation to and a substantiated explanation of the reasons provided by ICAA for denying the service—namely, that it was not technically possible to provide it because the claimant’s property is located in an area that lacks the necessary infrastructure, whether for an aqueduct or a sewer system. This adjudicatory body endorses the ruling of the majority of the Tribunal’s members insofar as Article 102 of the LGAP empowers the Administration, even acting on its own motion (de oficio), to take the measures necessary to bring—in this case, to modify—the subordinate authority’s conduct into conformity with the legal system and proper administration.

This is especially so in a matter such as the one under review, where there is an insurmountable impediment (one requiring mere verification), because the area where Mr. Carlos Alberto Rodríguez’s property is located lacks the infrastructure necessary to provide water (aqueduct) and sewer services. Furthermore, its construction is the responsibility of the developer, not AYA. Indeed, the developer has encountered problems with the Municipalidad de Santa Ana as a result of that noncompliance. Moreover, while an appeal challenging the unavailability of water remains pending, the Administration’s final determination has not yet been formed and, consequently, neither has a final act having independent legal effect (efecto propio). In a recent ruling, the Sala held that the competent body—in this case, AYA’s General Management, as hierarchical superior—performs a review function (función revisora) with respect to the decision challenged by the private party.

It added that, when exercised in connection with an appeal, this authority may result in affirmance, reversal, or annulment. Consequently, it is clear that these powers include modifying the challenged act when the decision is to affirm it—as occurred in the case under review (subexamine)—pursuant to Articles 102, 348, and 351 of the LGAP, read together. Judgment No. 878-F-2024, 11 horas 22 minutos del 4 de julio de 2024. The foregoing applies without the appellant alleging any violation of due process (debido proceso) or the right of defense (derecho de defensa), because through the final administrative act he became fully aware of the factual and legal grounds on which the Administration denied him the availability of water and sewer services. It bears repeating that, at this procedural stage, no deficiency in that element of the cited ruling is being disputed; rather, what is challenged is whether the hierarchical superior could cure it when deciding the appeal.

Regarding the contention that access to drinking water constitutes a fundamental right and that, according to the claimant, the Institute violated that right, it is clear that access to this precious resource constitutes a fundamental right. Nevertheless, as the Sala Constitucional has held, that right is not unrestricted either, because the technical and legal requirements for providing the service must be satisfied. With respect to the applicable regulations, it has held that ICAA cannot be compelled to disregard the conditions and requirements established in the Reglamento de Prestación de Servicios and the Ley General de Agua Potable, because the service cannot be provided unless those conditions and requirements are met. The Chamber has repeatedly held that, to access drinking-water service, the requirements established in AYA’s regulations must be satisfied, to the extent that the Institution cannot disregard its own regulations.

It added that provisions 5 and 7 of the Reglamento Técnico para la Prestación de los Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario e Hidrante AR-PSAYA-2015 of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, concerning the definition of what is technically feasible, and provision 75(g), concerning the grounds for denying service applications, as well as section 6.13 of the Reglamento para la Prestación de Servicios del AYA, establish as a requirement that the public services provided by the Institute be legally, environmentally, and technically feasible. See judgments numbers 2008-14159 del 24 de setiembre de 2008 and 2004-12185 de 13 horas 31 minutos del 29 de octubre de 2004. Accordingly, the grounds for appeal are rejected.

VII.In the third ground of challenge, the appellant contests the award of costs (condena en costas) against him as the unsuccessful party (parte vencida). He alleges a violation of subsection (b) of Article 193 of the CPCA, since, in his opinion, he had sufficient grounds to litigate (motivo bastante para litigar). It should first be noted that the appellant in cassation (casacionista) errs in arguing that, before costs were imposed on him, it should have been determined whether any exemption applied. This is because, as this Chamber has held, regarding the financial consequences of the proceeding, Article 193 of the CPCA provides: “In judgments and orders having the effect of a judgment, the unsuccessful party shall be ordered to pay attorney fees and procedural costs (costas personales y procesales), and such ruling shall be issued sua sponte. Notwithstanding the foregoing, the unsuccessful party may be exempted from paying costs when: a) The judgment is rendered on the basis of evidence whose existence the opposing party could reasonably not have known and, for that reason, that party’s opposition was justified.

  • B)In the Court’s judgment, the nature of the issues disputed provided sufficient grounds to litigate.” The same applies when the prevailing party has incurred in “plus petitio,” as regulated by Article 194 ibid. Likewise, unless the litigants have agreed otherwise, this applies when there has been withdrawal (desistimiento), acquiescence (allanamiento), or out-of-court satisfaction of the claim (satisfacción extraprocesal de la pretensión) before or during the preliminary hearing, except as provided in subsection (b) of Article 197 of the CPCA, that is, when it occurs after the preliminary hearing has concluded. Moreover, Article 73.1 of the current Code of Civil Procedure likewise begins with the general rule that: “In every decision that terminates the proceeding, the unsuccessful party shall, sua sponte, be ordered to pay costs….” In addition, subsection 2 provides for the cases in which a reasoned partial or total exemption may be granted, such as when the complaint contains excessive claims; when the judgment has sustained material defenses (excepciones relevantes) raised by the unsuccessful party; when there has been reciprocal success and defeat (vencimiento recíproco) regarding claims or defenses generally; and when the party has conducted itself in accordance with good faith, loyalty, integrity, and the rational use of the procedural system.

From the foregoing, it is clear that the rule in both administrative litigation and civil matters is to impose costs on the party that is unsuccessful in the proceeding, which must be done sua sponte. In any event, as explained, there are grounds permitting exemption; insofar as relevant here, the judges ordered the plaintiff to pay costs. An examination of the judgment confirms that, in their reasoning, they ruled in accordance with this Chamber’s decisions on the matter. Specifically, they held: “In accordance with Articles 193 of the Code of Administrative Procedure and 73 of the Code of Civil Procedure (Ley N° 9342), an order to pay costs creates an obligation borne by the unsuccessful party solely by virtue of having lost, for the benefit of the prevailing party, so that the former reimburses the latter for the various categories of expenses listed therein. Both provisions establish various grounds for exemption from such an award; therefore, in the absence of arguments or evidence that would enable this Court, in the specific case, to assess and deem any of those grounds established, the unsuccessful party cannot be wholly or partially exempted from the application of that rule.

Accordingly, under the cited provisions, the unsuccessful party must be ordered to pay costs.” The ruling is explained by an examination of the decision on the merits of this case, since the Court found a lack of legal entitlement (falta de derecho). Thus, there were no sufficient grounds to litigate, because such grounds do not consist of the unsuccessful party’s or the Court’s conviction that this was so; rather, they had to be supported by the case record (expediente). This Chamber finds that the appellant is incorrect for the reasons set forth below. In general, the grounds authorizing an exemption from paying costs do not permit it merely because of proper procedural conduct; rather, they apply when the nature of the matters disputed indicates that the proceeding was indispensable to determine whether the legal system supported the party’s position. It should be noted that she argues: “…he had sufficient grounds to bring his action—effective protection of the right and the substance of the defense of his right of access to water—since he based his claim on the expectation that the judges would protect that constitutional right.” However, as the Court stated, that right is not unrestricted; rather, the applicant must satisfy the requirements established by the legal system, which Mr.

Rodríguez Morales failed to do. In the case under review (subexamine), it is clear that the arguments on which the plaintiff relies in seeking exemption, as the unsuccessful party, from paying the financial consequences of the proceeding are merely subjective. Specifically, he believes that the cause of action (causa de pedir) provided sufficient grounds to litigate, even though this was no more than a personal conviction, as noted above. This led to a ruling adverse to the plaintiff, since the defense of lack of current interest (falta de interés actual) was sustained and the complaint was dismissed in its entirety. Moreover, treating the claimant as the unsuccessful party does not mean that he is regarded as a reckless or bad-faith litigant (litigante temerario o de mala fe). As explained, in administrative litigation, among other areas, such as civil matters, costs are charged to the unsuccessful party as compensation to the prevailing party, who was required to appear and defend its right or interest.

Thus, having been required to litigate and incur expenses to defend its rights, the prevailing party is generally entitled to have the unsuccessful party bear the financial consequences of the proceeding. It bears repeating that the existence of the exemption had to be established, since ordering the unsuccessful party to pay costs is the rule; departure from that rule requires proper objective support, and cannot rest, as the claimant seeks, on subjective reasons (the belief and conviction that he was correct, even though it was determined that he had no legal entitlement). Subsection (b) of the aforementioned Article 193 of the CPCA provides that the unsuccessful party may be exempted from costs when, upon examining the disputed issues and the nature of the relief sought, the judge can conclude that the litigation was necessary to resolve the dispute, which did not occur in the case under review.

In this case, the Court sustained the defense of lack of legal entitlement and dismissed the complaint. Consequently, the record objectively established that the plaintiff had no legal entitlement; therefore, neither the complaint nor his request for exemption from payment of the corresponding costs could succeed. Accordingly, this ground of challenge is rejected.

VIII.Consistent with the foregoing reasoning, because none of the objections raised has merit, the appeal must be denied. Pursuant to subsection 3) of Article 150 of the CPCA, costs must be imposed on the appellant.

POR TANTO

The appeal is denied. Its costs shall be borne by the moving party.HBRENES LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - JUSTICE LINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO - JUSTICE CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - JUSTICE DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - JUSTICE JORGE LEIVA POVEDA - JUSTICE Telephone numbers: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email: [email protected]

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Documento PJEDITOR Res. 000005-F-S1-2026 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuatro minutos del quince de enero de dos mil veintiséis.

Proceso de conocimiento, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por el señor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, cédula de identidad número 1-1202-0836, representado por ROBERTO CORDERO BRENES, en su condición de apoderado especial judicial contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA ICAA, o el Instituto), representado por ADILIA CAMPOS VARGAS Y PAULA GUERRERO DELGADO, la primera, en su calidad de apoderada general judicial y, la segunda, de apoderada especial judicial.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

CONSIDERANDO

I.El Tribunal integrado por las juezas Cynthia Abarca Gómez y Silvia Consuelo Fernández Brenes, así como el juez Daniel Aguilar Méndez, tuvo por probados los hechos que se detallan a continuación. El 27 de agosto de 2020, se recibido en la Agencia de Autofores de la Región Metropolitana del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA o AYA), “el formulario de solicitud y requisitos debidamente completos” correspondiente a una gestión de “Solicitud de Constancia de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, de parte del señor Carlos Alberto Rodríguez Morales, en su condición de propietario de la finca del Partido de San José, matrícula 286.454-000, con plano catastrado no. SJ-03994001980. En dicho documento, el señor Rodríguez Morales, indicó que la petición correspondía a un proyecto para “Fraccionamientos, segregaciones, lotificaciones” y estaba referido a la construcción de un “Nuevo Proyecto Constructivo” de tipo “Vivienda Unifamiliar”.

“Viviendas ubicadas en lote individual”. Una vez que el ICAA recibe una solicitud de este tipo, verificado el cumplimiento de los requisitos, el Departamento responsable asigna la petición a un funcionario que realiza un análisis de escritorio, con base en la información otorgada, así como mediante los sistemas y herramientas electrónicas con las que cuenta el AYA “…para poder verificar, …si la disponibilidad donde se ubica cuenta con factibilidad técnica y legal para poder otorgarla…”. Por consiguiente, si del análisis de escritorio resulta alguna duda razonable, se hacen consultas a otros Departamentos y si no se obtiene información, se asigna el caso al “inspector de disponibilidades de agua” para que realice un estudio de campo. Dicho funcionario, al momento de recibir la solicitud, lleva a cabo, primero, un estudio con base en la información aportada, planes reguladores y el Reglamento de prestación de servicios del AYA, así como en los sistemas de información con que cuenta la institución “…como son algunos planos esquemáticos que por años el AyA ha ido levantando sistemas de información en los cuales mantiene tuberías, redes activas, listas de hidrómetros. listas de facturación, entonces yo hago un estudio previo antes de dirigirme al campo…”.

Efectuado ese estudio, el inspector se desplaza a la zona y valora ciertos elementos con los que su experiencia le permite determinar la disponibilidad o no de redes de acueducto o alcantarillado. En concreto, “…lo que hacen es verificar si hay medidores al lado de la propiedad que está solicitando ahora, si no hay medidores, si hay… el asfalto se puede ver roto por reparaciones de fugas o porque metieron una tubería; bueno, tal vez puede ser que el asfalto esté nuevo, entonces no lo vean, pero ve si hay medidores, si hay alumbrado eléctrico, si hay ciertas cosas que le digan a él, mira, aquí hay o no hay tubo…”. De existir alguna duda se mantiene, el funcionario consulta al denominado “ingeniero de zona”, “que es el que se encarga de reparar fugas… en todas las tuberías que tenemos”. Este profesional es quien puede aclarar al Inspector, a partir de su experiencia, si en la zona existen o no tuberías.

Inclusive, si la duda se mantiene, se puede abrir la calle pública para determinar la presencia o no de las redes de agua del AYA. A partir de toda esta información recabada, el inspector completa la documentación respectiva y la Institución puede finalmente dar una respuesta a la persona usuaria. La solicitud del señor Rodríguez Morales se asignó al servidor David Gamboa Mora, Inspector de Nuevos Servicios y Disponibilidad de Agua Potable en la Zona 3 de la Gran Área Metropolitana (GAM), quien tras realizar un estudio previo de la información aportada, procedió a realizar la inspección de campo en los siguientes términos: -“…Llego a la propiedad en mención, …que al parecer desde ya mi expertise por los años de trabajar ahí, me genera demasiada duda, porque la calle está en muy mal estado. Existen unos portillos en la entrada con un letrero que dice “propiedad privada no pase”. No hay alumbrado público.

Ingreso a la propiedad, …No hay vecinos que facturen para acueductos alcantarillados, ni un solo mediador (sic) dentro de esa urbanización, entonces, …me genera la duda. Yo como… soy un simple empleado, tengo que hacer otras consultas para saber si la información que yo estoy viendo realmente es cierta y si ahí hay o no… agua. Le consulto al ingeniero de Zona en ese momento, José Daniel García… y él me dice: “No, David. En esa zona no tenemos agua, no hay agua, allá, no hay ningún servicio que facture ahí y además eso es una urbanización que no está recibida por el municipio”. Entonces yo no puedo pasar por encima a un criterio primero de un superior… ni mucho menos de un criterio municipal, porque tenemos que… apegarnos primero la factibilidad técnica que demanda el Reglamento de Prestación de servicios y también la norma… urbanística de la municipalidad de Santa Ana. Entonces sí, la urbanización no está recibida, yo no puedo otorgar agua […] en esa visita de campo se logran ver, no justamente así como aledañas, tal cual, pero sí hay varias casas más al fondo o incluso en la entrada y ninguna contaba con medidor de Acueductos y Alcantarillados.

De hecho, las casas del fondo que, en apariencia, son unos apartamentos, tienen agua por un medidor que se, comúnmente se llama “paja jalada” que está 200 metros y acaso… por dentro de unas fincas, hacia una calle que lleva a la urbanización que se llama “El Triunfo’”[…] pero no está frente a los linderos de esos vecinos que están dentro de esa urbanización, está frente a un lote… lejos y que no pertenece a ese fraccionamiento o a esa urbanización […] sí existe un número de NIS [número de identificación de servicio], pero como le digo, está a 200 metros, lejos de … el número de NIS que abastece esa propiedad… está a 200 metros sobre unas fincas, por una “paja jalada”…”. En documento denominado “Orden de Servicio para Resolución Técnica Nuevo Servicio” del ICAA del 28 de agosto de 2020, suscrito por el Inspector David Gamboa, se levantó un croquis y se hizo constar que, el caso se había consultado con el ingeniero de la zona, quien expresó que, en el lugar no existe infraestructura.

De ahí, se dio cuenta de que no hay alcantarillado frente a la propiedad donde se requería el servicio y se declaró negativa la inspección. Mediante documento denominado: “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado” número de consecutivo SIGDD-202000033033-1-1-1 del 31 de agosto de 2020, se determinó que no resultaba factible otorgar la disponibilidad solicitada por el señor Rodríguez Morales. En el acto se indicó que el 04 de setiembre de 2020, se recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el solicitante, donde señaló el correo electrónico “[email protected]” como medio de notificaciones. Mediante resolución administrativa número NUD-GAM-NOT-2020-0372 del 10 de setiembre de 2020, la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM del ICAA dispuso el rechazo del recurso de revocatoria incoado. Tal acto fue notificado al administrado el 10 de setiembre de 2020.

En resolución administrativa de la Gerencia General del ICAA no. GG-2020569 de 7 horas del 11 de setiembre de 2020, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor Rodríguez Morales en los siguientes términos: “… POR TANTO: Con fundamento en el expediente administrativo, los informes técnicos que lo conforman y los documentos aportados, el artículo 11 de la Constitución Política, 11 y 16, 272.2 de la Ley General de la Administración Pública; y artículo 6, 13 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA; procede rechazar el Recurso de Apelación presentado por CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES POR DISPONIBILIDAD NEGATIVA SIGDD-2020-00033033-1-1-1. Se mantiene todo lo actuado por la Institución. Se procede a dar por agotada la vía administrativa…”. Dicho acto fue notificado el 23 de setiembre de 2020. El señor Carlos Alberto Rodríguez Morales interpuso demanda contra el AYA donde solicitó se declarara la nulidad absoluta de la resolución GG-2020-569 y todos los actos administrativos subyacentes que le denegaron la disponibilidad de agua; se obligara al Instituto a otorgarle dicha disponibilidad en el inmueble de su propiedad del Partido de San José, folio real 1-286454-000; y, se condenara al pago de ambas costas a la parte demandada, más sus respectivos intereses.

El AYA contestó negativamente la demanda, pero, sin oponer excepciones y solicitó que se condenara al actor al pago de ambas costas. El Tribunal por mayoría, acogió de oficio la falta de derecho; declaró sin lugar la demanda y condenó a la parte actora vencida al pago de las costas. Inconforme el accionante interpone recurso de casación donde desarrolla agravios adjetivos y sustantivos.

Recurso de casación por razones procesales

II.Único: alega, se vulneró el artículo 137, inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), por falta de determinación clara y precisa, en la sentencia, de los hechos acreditados por el Tribunal o por haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. Ello, señala en cuanto a las situaciones fácticas tenidas por probadas segunda y tercera, las cuales reproduce. Expone, estos hechos descritos se tuvieron como probados en la sentencia; sin embargo, tal y como se puede constatar se tienen como comprobados únicamente con base en las declaraciones testimoniales brindadas por los funcionarios David Gamboa Mora y Jose Flores Madrigal, en la audiencia de juicio oral y público. Recrimina, no consta, ni se infiere que lo manifestado en dichas declaraciones conste en el expediente administrativo. De la prueba documental (expediente administrativo), se observa exclusivamente una "orden de servicio para la resolución técnica nuevo servicio" (imágenes 94 y 95 del expediente digital); que es a la que se hace referencia en el hecho probado 4.

Se extrae, apunta, que se trata de un formulario que contiene los datos del inmueble inspeccionado y la única observación que el inspector hizo constar es: "(...) El caso se converse (sic) con el Ing. de zona, el mismo indica que no existe infraestructura en el lugar. Negativa”. En este sentido es claro, que no se infiere de esa orden de servicio (la cual constituye un acto preparatorio), la explicación detallada, ni alguna justificación técnica o probatoria de la carencia de infraestructura para brindar el acceso al agua, y es mediante la declaración que brindó el funcionario, que justifican la acreditación del hecho. Asevera, con esto se proporcionó el contenido a la motivación de la que dice, carece el acto administrativo que le denegó su derecho constitucional. Agrega, la jurisdicción contenciosa administrativa, como derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna, ejerce un control de legalidad sobre lo actuado por la Administración, —aquí, el acto denegatorio de acceso al agua—.

Insiste, según consta en el expediente administrativo tiene como único sustento, los estudios e inspección efectuados por el servidor David, los que aduce, no detallan, ni explican, ni demuestran, los motivos de la denegatoria. Por lo que acusa el quebranto de los preceptos 133, 162 y 351 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Esto, dado que, mediante la declaración del testigo funcionario, se completa la motivación contenida en el acto preparatorio indicado. Tal testimonio, señala, más que corroborar y aclarar lo ocurrido en el expediente administrativo, introduce los motivos o razones no comprendidas, directa ni indirectamente, en la decisión denegatoria. Adiciona, elementos que de no haber sido aclarados en audiencia no pueden tenerse por comprobados en el expediente llevado a lo interno de la Administración. En consecuencia, arguye, le correspondía al Tribunal cotejar la validez del acto impugnado (como manifestación objetiva de la voluntad administrativa) en los términos que fue emitido; y no como se procedió mediante la las declaraciones de los funcionarios.

Acota, la sentencia conculcó los cardinales 133, 162 y 351 de la LGAP, por que sustentó la existencia del elemento motivación del acto administrativo, en lo manifestado en las resoluciones de los recursos ordinarios y en las declaraciones testimoniales brindadas en sede judicial, las que no contenía el acto administrativo final que se acusó de nulidad absoluta, con lo que suplió su falta de motivación.

III.En cuanto a la causal del inciso c) de la norma 137 del CPCA esta Cámara ha dispuesto que se configura cuando las situaciones fácticas tenidas por comprobadas se sustentan, sea, en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso, o por su falta de determinación clara y precisa, que ocurre cuando el Tribunal redacta una o varias situaciones fácticas de forma imprecisa o discordante. Sobre el particular ver los fallos números: 1290-F-2023, 2170-F-2021, 785-F-2021, 1710-F-2020, 396-F-2012, 687-F-2010 y 502-F-2010. Analizado el reproche, es claro, el yerro acusado no se produce, pues, como el propio impugnante lo expresa en su motivo, el Tribunal fundamentó los hechos probados segundo y tercero en la declaración de los testigos David Gamboa Mora y Jose Flores Madrigal, funcionarios del AYA. Lo expuesto, sin que arguya, se trata de prueba ilegítima o introducida de manera ilegítima al proceso, sino que lo reclamado, es, no se basaron en el expediente administrativo, sin precisar cómo dicha circunstancia provoca el vicio que aduce, al menos no como causal procesal.

Tampoco, expone, se este frente a una falta de determinación clara y precisa de tales situaciones fácticas. Al grado, se recalca, que no detalla en el motivo cómo se da esa contradicción en los hechos a tal punto que la sentencia sea confusa y menos, puntualiza cuales medios probatorios fueron introducidos ilegalmente, ni explica en qué consiste el perjuicio, ni lo enmarca de modo correcto en las causales procesales, dispuestas en el CPCA. Por otro lado, se observa, la inconformidad mezcla el yerro adjetivo de cita con uno de fondo, en tanto recrimina, del formulario denominado: “orden de servicio para la resolución técnica nuevo servicio", no se extrae la explicación minuciosa, así como ninguna justificación técnica o probatoria de la falta de infraestructura para poderle brindar el acceso al agua en el inmueble de su propiedad. Agrega, la jurisdicción contencioso administrativa debe realizar un control de legalidad de la actuación administrativa, y que en el expediente administrativo solo consta como base los estudios e inspección efectuados por el servidor David Gamboa Mora, sin que se detallen, ni expliquen, ni demuestren, los motivos de la denegatoria.

Debido a lo cual asevera, su vulneran los preceptos 133, 162 y 351 de la LGAP. De ahí, se denota, la disconformidad del casacionista resulta atinente a la apreciación fáctica y normativa que hicieron las personas juzgadoras en la especie. Lo expresado, se insiste, sobrepasa el ámbito de examen como causal procesal. Aunque, el cargo puede ser recalificado, dado que lo reitera en sus reparos de fondo, se analizaran al conocer de éstos. Consecuentemente procede desestimar el reproche.

Recurso de casación por razones de fondo

IV.Primero: de acuerdo con lo regulado en el canon 138, inciso c) del CPCA, alega, se infringieron los artículos 50 de la Constitución Política (CP), 133, 136.2 y 158 de la LGAP. Transcribe el Considerando VI de la sentencia en cuanto a lo decidido sobre la motivación. De seguido, refuta, en la sentencia que se reprocha, es claro, se efectuó un indebido o erróneo control de legalidad, sobre el elemento motivación del acto que, efectúa la mayoría del Tribunal en el caso concreto, conculcándose el artículo 133, en concordancia con el 136.2, ambos, de la LGAP, debido a que de conformidad con el artículo 136.2 de cita, regula que consiste en la expresión de las cuestiones de hecho y de derecho que amparan y sustentan la decisión administrativa, y supone la referencia a los hechos probados o no demostrados, las pruebas o elementos de convicción en los que se ampara la deducción lógica de orden factico y la explicación del proceso analítico que condujo a esas derivaciones o inferencias.

Por ende, argumenta, es claro que el acto final que le denegó el acceso al agua, no satisface ese elemento. Apunta, se arriba a dicha conjetura debido a que la decisión final se limitó a denegar la solicitud de disponibilidad de agua, con fundamento en las mismas razones indicadas en el acto preparatorio emitido por el inspector. Asimismo, menciona, como se observa en el expediente administrativo en ninguna de esas dos conductas formales existe una exposición clara de los hallazgos relevantes; ni de los hechos determinantes; ni su soporte probatorio; ni el análisis de los elementos de convicción; ni la expresión de los motivos o argumentos jurídicos que permitan subsumir los hechos relevantes en el derecho y concluir con la denegatoria de la disponibilidad de agua. De ahí, aduce, existe una infracción directa del cardinal 158 de la LGAP, pues dispone que ante la falta de alguno de los elementos que componen el acto administrativo, causa un vicio de este.

Reclama, en el caso concreto, constituye una nulidad absoluta incuestionable, debido a que la ausencia de motivación afecta de forma directa el principio del debido proceso y el derecho de defensa, tal cual lo ha resuelto de forma reiterada la Sala Constitucional. En este sentido, se violentan tanto el canon 158 de cita como el numeral 50 de la CP, al tener por acreditado el elemento motivación en contra de lo establecido en los artículos 133 y 136.2 de la LGAP. Reprocha, no puede ser subsanada con la declaración rendida en juicio por el funcionario encargado de la inspección, ni en las resoluciones que resolvieran los recursos, porque las razones expuestas en etapa de juicio, debieron estar contenidas en el acto preparatorio que sirvió de sustento a la decisión final, y de ese modo poder tener conocimiento de estos y ejercer su derecho de defensa de forma efectiva y dar garantía a su derecho.

De igual forma, en su opinión, lo resuelto se encuentra disconforme con lo regulado en el precepto 136.2 ibid, por falta de motivación, y, señala, por tratarse del derecho de acceso al agua resulta más gravoso. Ello, ya que tal norma estipula que el acto administrativo, debe estar debidamente motivado, sobre todo en aquellos casos en que se limiten derechos. Segundo: reprocha, la motivación del acto impugnado, se efectuó mediante recurso y no en el acto principal. En lo que le interesa, transcribe lo decidido en el considerando VII en cuanto se decidió que la motivación se generó vía recursiva. Recalca, la sentencia contiene un vicio de fondo, en lo tocante a la indebida aplicación de los preceptos 102 y 168 del LGAP, los cuales pese a proporcionar posibilidades al superior jerárquico de ajustar la conducta del inferior y busca mantener el acto administrativo. Sin embargo, se dejó de lado que la ausencia de motivación no puede ser suplida o subsanada en sede recursiva.

Lo anterior, debido a que los recursos constituyen un remedio procesal para revisar y cuestionar la legalidad de los actos administrativos, lo que implica que la revisión debe conducir a que se confirme el acto (si resultara legitimo), se anule (si resultara sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico), o se modifique su contenido para ajustarlo a la legalidad. Pero, arguye, dicha revisión no puede de ninguna manera completar elementos sustanciales de validez del acto final que resultan ausentes (elementos que no fueron expresados dentro del acto administrativo, ni se observan en el expediente administrativo). En la especie, apunta, lo seria, que mediante la resolución del recuso, el superior jerárquico, pretendió explicar ampliamente sobre las circunstancias de hecho y derecho en los que se fundamentó la Administración inferior para la denegatoria de su solicitud. De esta manera, acusa, existe una inobservancia a lo señalado en ese mismo cuerpo normativo en los ordinales 162 y 351 de la LGAP, los cuales transcribe.

Así, asevera, el fallo recurrido tiene un vicio por el fondo en cuanto a la inaplicación e infracción sustantiva directa de los cánones 162 y 351 mencionados, los cuales expone, se pasaron por alto, con lo que el Tribunal los quebrantó al sustentarse únicamente en los artículos 102 y 168 de la LGAP, para posteriormente declarar de forma oficiosa una falta de Derecho. Tercero: acusa errónea aplicación del precepto 193 inciso b del CPCA, al condenársele al pago de ambas costas, pese, afirma, a que litigó de buena fe. Increpa, se le impuso dicha cancelación, con fundamento en que su causa no es amparable por ninguno de los motivos de exoneración, que dispone el cardinal 193 de cita (incisos a) y b). Reproduce en lo que interesa, lo fallado por las personas juzgadoras sobre el particular. Objeta, le fueron impuestas por lo indicado en la norma en su primer párrafo, sin ingresar a examinar las causales de exención.

Eso, expresa, pese a que en todo el expediente no consta la existencia de mala fe, sino que, al contrario, siempre existió motivo bastante para litigar. Incluso, manifiesta, en la propia sentencia se reconocen aspectos, como que la primera resolución administrativa no cuenta con la debida motivación. Además, refuta, se tomó como valida la motivación con base en lo relatado por los testigos, concediéndole un alto valor probatorio, a circunstancias que no constaban en el expediente. Argumenta, de acuerdo con el conjunto de normas y medios probatorios, que aportó a estrados, hacían posible que el Tribunal contara con una información creíble, al momento de aplicar el canon 193 del CPCA. También, menciona se decidió: "(...) podemos encontrar en el presente caso tanto la legitimación como el interés actual, en la medida que se evidencia del elenco de hechos probados, la existencia de una relación jurídico administrativa entre el señor Carlos Alberto Rodriguez Morales y el AYA, como resultado de la gestión formulada por el primero en el ano 2020 a fin de obtener una "Constancia de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario" respecto de su propiedad, la cual fue denegada por esa Administración mediante conducta administrativa formal emitida al efecto.

Por lo cual ambos sujetos poseen legitimación, activa y pasiva, respectivamente, así como se desprende… la necesidad actual de pronunciamiento en relación con las pretensiones esgrimidas en la demanda...". Agrega, su pretensión descansó en la expectativa, de que los jueces habrían de reconocerle ese derecho; de suerte que sin ese reconocimiento constitucional a la causa del demandante, el pronunciamiento de la sentencia recurrida, de quedar firme, significaría, en la práctica un acto de confiscación de su derecho. Apunta, alega la violación directa del artículo 193 del CPCA, porque el ejercicio obligatorio de la potestad de condenar y su contrapartida facultad de absolver, que concede esta norma a los jueces, debe tener suficiente fundamento en el caso concreto, cuando no se ejercita la facultad de exoneración. Esto con el fin de que ese no ejercicio de esa facultad no sea irrazonable o arbitraria, sino acorde con la naturaleza de las cuestiones debatidas y la convicción del demandante, de que tiene motivos bastantes para litigar, de conformidad con la prueba con la que cuenta.

En el presente caso, indica, tuvo motivo bastante para incoar su acción, tutela efectiva del derecho y contenido defensa de su derecho al acceso al agua, toda vez que sustentó su pretensión en la expectativa, de que los jueces tutelarían ese derecho constitucional. Consecuentemente, solicita a la Sala que, ante una eventual desestimación del recurso aquí planteado, estime que existió motivo bastante para litigar, por la naturaleza de lo litigado.

V.De previo, ha de manifestarse, la falta de motivación fue el único reclamo formulado por el actor en el presente proceso. Asimismo, que entre sus pretensiones pidió se declarara la nulidad absoluta del acto definitivo, que corresponde al no. GG-2020-569 de la Gerencia General del AYA, así como las resoluciones administrativas subyacentes donde se le denegó la disponibilidad de agua. En un primer análisis, pareciera el actor, se equivocó al estimar que, el acto de la Gerencia General corresponde al principal, esto, porque en principio éste debería únicamente determinar si confirmaba, o no, el acto no. SIGDD-2020-00033033-1-1-1. Donde se determinó la no disponibilidad de agua ni alcantarillado, ya que el Instituto no cuenta en el lugar con la infraestructura necesaria para prestar tales servicios. No obstante, como se expondrá más adelante, el acto definitivo, en su parte considerativa modificó el acto final al brindar con mayor amplitud las razones fácticas y normativas en las que se fundamentó el demandado cuando declaró las no disponibilidades de cita.

En consecuencia, no se trató de un simple acto confirmatorio de la resolución final. Debido a que los reproches primero y segundo están relacionados —falta de motivación del acto impugnado—, se conocerán en forma conjunta. En la primera de las inconformidades, refuta, en el acto preparatorio y en el final no hubo un desarrollo claro de los hallazgos relevantes; ni de los hechos determinantes; ni de su fundamento probatorio. Ha de recordarse, la pretensión se dirigió de forma directa a solicitar se declarara la nulidad absoluta del acto definitivo, sea, la resolución de la Gerencia General del ICAA no. GG-2020569 de 7 horas del 11 de setiembre de 2020, así como todos los actos administrativos subyacentes que le denegaron la disponibilidad de agua. Por ende, precisamente los últimos, lo constituyen el acto preparatorio, así como el final. De acuerdo con lo expresado supra, bien hizo el demandante en formular lo peticionado como lo hizo, ya que la resolución de la Gerencia General, como acto definitivo del procedimiento administrativo, no se circunscribió a confirmar el acto final, sino que además, brindó los motivos de hecho y jurídicos del porqué de la certificación de no disponibilidad de agua y alcantarillado.

El acto preparatorio, corresponde a un informe realizado en el formulario denominado: “Orden de Servicio para Resolución Técnica Nuevo Servicio”, suscrito por el inspector David Gamboa Mora, donde constan los hallazgos de la inspección realizada en el sitio donde se ubica el inmueble para el cual se pidió la disponibilidad de agua potable. En este se aprecia, el levantamiento de un croquis, donde aparece el lugar en que se sitúa la finca del accionante (lote 43), provincia de San José (1), cantón Santa Ana (9), Distrito Piedades (5), sector 4, manzana 00900, propiedad 04300. En lo ateniente al alumbrado público da cuenta que no existe infraestructura que cubra el frente de la propiedad. Por otro lado, en cuanto a tubería hizo constar que no existía de ningún tipo, señaló que la calle era de tierra, y no había ningún tipo de tarifa, y tampoco red de alcantarillado frente al inmueble donde se solicitó el servicio.

En el espacio de observaciones, apuntó que, hizo la consulta al ingeniero del AYA de la zona, quien le dijo en esa área no hay infraestructura. De ahí, el resultado fue negativo, y finalmente que la inspección se efectuó el 28 de agosto de 2020. Luego, en lo que constituyó el acto final, mediante documento denominado “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado”, número de consecutivo SIGDD-202000033033-1-1-1 del 31 de agosto de 2020, se determinó que no era factible otorgar la disponibilidad solicitada por el señor Rodríguez Morales. El acto, en lo que interesa, expresó: “En atención a su solicitud de disponibilidad de agua potable / alcantarillado sanitario, presentada ante la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM en fecha 27 de agosto de 2020, …proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, el cual se ubicará en la propiedad matrícula… 1-286454-000 localizada en distrito Piedades, cantón Santa Ana, provincia San José, según Plano Catastrado N°1-0399400-1980 a nombre de CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, cédula 01-1202-0836 para la eventual dotación de 0 servicios con un caudal de 0.00 m3/d, le comunico que como resultado de los estudios básicos e informe técnico que consta en oficio 2020-00033033-1-ap se determinó lo siguiente: la propiedad esta (sic) en un sector donde no existe infraestructura de AYA. Por lo anterior no es factible otorgar la disponibilidad.

NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD En caso de inconformidad se le concede un término de tres días hábiles a partir del día siguiente del envío de la presente notificación para que interponga Recurso de Revocatoria ante esta dependencia o Recurso de Apelación ante la Gerencia General de AyA (sic), adjuntado las pruebas que considere oportunas para fundamentar sus alegatos…”. En el primero de los cargos, alega tanto el acto preparatorio como el final conculcaron los artículos 136.2 y 158 de la LGAP. Refiere de acuerdo con el primero, se contempla que la motivación atiende a las situaciones fácticas y normativas base de lo decidido por la Administración. Por ende, indica, comprende la mención de los hechos probados o no acreditados, las pruebas que sirvieron de fundamento a la deducción lógica de orden fáctico y la explicación del análisis realizado.

En consecuencia, arguye, resulta diáfano que el acto final no cumplió con la motivación. Ahora bien, pese a que el Tribunal acepta, el acto final no desarrolló ampliamente las razones fácticas y jurídicas, fue subsanado por el acto definitivo dictado por la Gerencia General del ICAA, lo cual se abordará a profundidad más adelante. Por ahora, baste con apuntar, en cuanto a los hechos probados, pese a que no se mencionan como tales, ya desde el acto preparatorio, se obtiene y comprenden las razones por las cuales se rechazaron las disponibilidades solicitadas. Obsérvese, de conformidad con la inspección de campo se denotó que la zona donde se localiza la finca del demandante no cuenta con la infraestructura indispensable para la prestación del servicio de agua, ni de alcantarillado. Aspectos que fueron ratificados, —según se desprende de ese mismo documento—, por el ingeniero a cargo de dicha zona.

Así, resulta materialmente imposible su prestación, como la requirió el señor Rodríguez Morales. Ha de agregarse, que la construcción de la mencionada infraestructura le corresponde al desarrollador de la urbanización, por lo que la no prestación de esos servicios no puede achacarse de modo directo al AYA. El acto final de consuno con dichos hallazgos, se limitó a certificar la no disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, al señalar que no existe la respectiva infraestructura para su prestación. De forma concreta, afirmó, no existe disponibilidad de agua potable ni del sistema de alcantarillado al frente de la propiedad del demandante. De igual manera, le otorgó el plazo de tres días hábiles a partir de la notificación, para impugnar vía recursos de revocatoria y de apelación, y con la posibilidad de allegar las probanzas que considerara oportunas con el propósito de sustentar sus argumentos.

VI.En otro orden de ideas, en lo tocante a lo discutido sobre si el superior jerárquico puede o no ampliar los aspectos de hecho y jurídicos, sea, proceder a ampliar la motivación del acto del inferior. Se tiene que, el Tribunal Transcribió parte de los considerandos de la resolución del superior jerárquico en lo que concierne a la exposición detallada de los aspectos fácticos y de Derecho en los que la Administración se sustentó para denegar la solicitud efectuada por el recurrente. Aludió de modo concreto a que“…el AyA debe atender la normativa técnica y legal existente. En este caso, aplicar lo establecido en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, en donde claramente se establece en los artículos: 06, 07, 11 y 13…” (transcribió el precepto 13). En este punto, es menester, reproducir en lo que interesa, lo decidido por el Tribunal al estimar que, la resolución cuya nulidad absoluta se solicita, si cuenta con el elemento motivación: “VII.- …En el sub júdice, el acto final del procedimiento, denominado “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado”, con número de consecutivo SIGDD-2020-00033033-1-1-1 y fechado 31 de agosto de 2020, la motivación se limitó únicamente a decir que “…le comunico que como resultado de los estudios básicos e informe técnico que consta en el oficio: 2020-00033033-1-AP se determinó lo siguiente: la propiedad esta en un sector donde no existe infraestructura del AYA.

Por lo anterior, no es factible otorgar la disponibilidad. NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD…” [Resaltado no es del original]. No obstante, este acto fue reformado por el superior, que en el acto definitivo -que es precisamente el impugnado en esta acción contenciosa- ahondó sobre esta consideración y expuso ampliamente sobre las circunstancias de hecho y Derecho en los que se fundamentó la Administración para la denegatoria de la solicitud realizada por el señor Rodríguez Morales… se le indicó al aquí actor lo siguiente: …En este caso bien se le indica que el lugar en donde se ubica el inmueble no hay infraestructura del AyA. Ni siquiera hay un sistema cercano de distribución (tubería madre), no se puede otorgar el servicio en el inmueble solicitado frente a calle pública, como se indica en el artículo 15 del Reglamento de Prestación de Servicios…

Para el otorgamiento de Disponibilidades de Agua Potable… debe insistirse en que el AyA basado en el Reglamento de Prestación de Servicios, no puede otorgar disponibilidades positivas en sectores donde no existan las condiciones técnicas óptimas para la prestación de sus servicios, con las que se asegure la dotación de un servicio de calidad, cantidad, continuidad y confiabilidad, y en el sector donde se ubica el inmueble, no se está cumpliendo con esas disposiciones indicadas en el reglamento. En el presente caso el recurrente busca una eximente, pero no es posible para AyA (sic) apartarse del ordenamiento jurídico, la ciencia, la técnica y que permita obviar el ordenamiento jurídico para acatar apreciaciones de orden particular y privadas. En este y otros casos, no es una simple acción de apreciación de un proyecto aquí o allá, o dónde más tenga interés el ciudadano, sino que debe ser sometido al análisis de acuerdo a la ciencia y la técnica.

Los Informes Técnicos están amparados en la ciencia y la técnica, de acuerdo al artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública; y en especial la ciencia de la Ingeniería; revelan que no existe sistema de distribución. Adicionalmente a lo anterior la urbanización donde se ubica el inmueble tiene un problema con la Municipalidad que debe ser resuelto por los propietarios registrales… TERCERO: La Institución mal haría otorgando una disponibilidad contrario al Principio de Legalidad y a la ciencia y la técnica que señalan el artículo 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública. Siendo entonces que AyA (sic) debe respetar la normativa que lo rige a otros, caso contrario AyA (sic) estaría transgrediendo el ordenamiento jurídico. Es claro que debe cumplir los requisitos como todo ciudadano y no es factible otorgar beneficios que el ordenamiento jurídico no le otorga. No hay ninguna eximente para que no cumpla con los requisitos que se le solicitan. […] AyA (sic) debe ser respetuoso de las normas de Planificación Urbana y del Ambiente, siendo que AyA (sic) no puede ir contra el ordenamiento jurídico vigente…

La Sala Constitucional se ha pronunciado en concordancia con los requisitos técnicos y legales que deben tomarse en cuenta para otorgar un nuevo servicio. Así la Resolución 2004-12185 de las trece horas con treinta y un minutos del veintinueve de octubre del dos mil cuatro, la Sala Constitucional resolvió: “Visto el informe rendido bajo juramento por el Sub Gerente del AyA (sic) y la prueba aportada al expediente, la Sala concluye que, en este caso en particular, no se ha lesionado ningún derecho fundamental del recurrente toda vez que, contrario a su dicho, ha sido él mismo quien no ha presentado ante la Institución recurrida los documentos exigidos para la prestación del servicio de agua potable. No es posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir los presupuestos establecidos en su Reglamento de Prestación de Servicios ni en la Ley General de Agua Potable, en el tanto el amparado, por su parte, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, puesto que, si bien es cierto el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona, también es cierto que los requisitos legales y reglamentarios que debe reunir el posible usuario, deben ser satisfechos de acuerdo con la normativa existente...” (destacado no es del original).

La Sala Constitucional mediante Resolución Nº. (sic) 2004-12185 de las 13.31 hrs del 29 de octubre del 2004, ha señalado que para optar por un servicio de agua potable el interesado debe reunir los requisitos establecidos en la normativa de AyA (sic). Es así como en el presente caso, la Institución no puede obviar sus propios reglamentos. La Sala Constitucional, en casos similares, resolvió en el Voto Nº (sic) 2008-14159, del veinticuatro de setiembre del dos mil ocho: […] La obligatoriedad por parte del AyA (sic) de revisar lo señalado resulta necesario para dar cumplimiento, en lo que corresponda, a lo señalado en la norma técnica supra señalada. Los artículos 5 y 7 (definición de técnicamente factible) y 75, inciso g) (causales de rechazo de las solicitudes de servicio), del reglamento técnico Prestación de los Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario e Hidrante AR-PSAYA-2015-de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), publicado en La Gaceta 69 del 12 de abril del 2016 – Alcance No. 55, así como a lo establecido en los artículos 6,13 del Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA (sic) vigente.

Dichas normas establecen como requisito para la prestación de los servicios públicos que ofrece el AyA, (sic) que estos sean legal, ambiental y técnicamente factibles. En particular el artículo 5 del reglamento técnico de la ARESEP (AR-PSAYA-2015) en su definición de “Técnicamente factible” señala: “Se considera que un servicio es técnicamente factible cuando cumple las siguientes condiciones: … d. Es legal y ambientalmente posible y … “. Por su parte el artículo 75 de esta misma norma indica “Artículo 75. - Causales de rechazo de las solicitudes de los servicios. Los prestadores podrán negar un servicio cuando se presente cualquier de las siguientes causales: … g. Que no sea técnicamente factible. En esta misma línea el artículo 6 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA (sic) establece que: “AyA (sic) prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro del área de cobertura, siempre que cuente con factibilidad técnica y legal.”.

Mientras que el artículo 13 de este mismo cuerpo normativo indica: “Artículo 13.- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA (sic) prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica y legal en inmuebles… Por criterio de la mayoría de este Tribunal, tal y como se desprende del acto recién transcrito, la conducta administrativa impugnada sí presenta una motivación suficiente y adecuada, que permite la comprensión de las cuestiones de hecho y de derecho que amparan y sustentan la decisión administrativa, esto en la medida que se incorpora en los actos la mención y explicación fundamentada de las razones dadas por el AYA para denegar el servicio, a saber: que el inmueble respecto del cual se solicitó la disponibilidad se encuentra localizado “en un sector donde no existe infraestructura del AYA.”. Se observa de parte de la mayoría de la Cámara que, no obstante, el acto final no entra en un detalle adecuado y profuso, tal y como se esperaría de una decisión técnica, lo cierto del caso es que sí lo hace el superior jerárquico a la hora de resolver el recurso de apelación a través del acto definitivo, lo cual se entiende al amparo de la potestad del jerarca -en términos de la Ley General de la Administración Pública- de controlar los actos de los inferiores, sea por motivos de legalidad u oportunidad, mediante la reforma, confirma o anulación de aquellos, en tanto la norma legal de cita así lo dispone en su literalidad: “Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: […] d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud de recurso administrativo…” (Resaltado no es del original).

Esta potestad jerárquica, en criterio de la mayoría, se entiende que engloba la facultad de adaptar el acto del inferior al marco de la legalidad y la buena administración, obviamente en el tanto esto sea posible (es decir, que no nos encontremos ante un supuesto de una nulidad de pleno Derecho), acorde con el marco del principio de conservación de los actos o “a favor acti”, como lo prevé expresamente el ordinal 168 de la misma Ley General…En otras palabras, tratándose el caso concreto de una supuesta falta de motivación del acto, por mayoría, la Cámara comprende que sí se encuentra dentro del marco de acción legítima del superior a la luz de las normas citadas, la posibilidad de reformar por vía de recurso administrativo el acto del inferior, a fin de completarlo y con ello, ajustar el acto, de tal modo que ahora sí permita la comprensión de las razones y el proceso racional por el cual se tiene por acreditado el motivo del acto, así como el análisis de legitimidad que ha llevado a la decisión adoptada; lo cual es, a fin de cuentas, el fin último de la motivación como elemento del acto administrativo.

El completar una motivación que, en principio, pudiera aparentar insuficiente, se entiende que también es una consecuencia necesaria del recurso, pues además de servir como medio de defensa del administrado, permite al jerarca detallar acerca de las razones que guiaron en un sentido u otro la decisión de la Administración, al mismo tiempo, que permite a su destinatario adoptar las medidas de impugnación que estime necesarias en la defensa de sus intereses… Valga decir que, en ese sentido, la alegada violación del derecho fundamental al acceso al agua potable es abordado como una consecuencia de la supuesta infundada desestimación de su solicitud, sin embargo, como hemos corroborado -por mayoría- la conducta combatida sí expresa las razones para su rechazo, las cuales denotan que no se trata de un derecho absoluto e irrestricto, en tanto depende de la factibilidad técnica (cantidad, calidad y continuidad) para su prestación, de modo que, tratándose de un servicio público que se realiza a través de una red de infraestructura, si se carece de ésta -por motivos ajenos a la entidad prestataria- resulta materialmente imposible exigirle a la demandada que preste el servicio.

Adicionalmente, y no menos importante es que aquella infraestructura es una carga del urbanizador donde se ubica la propiedad del actor, conforme a los artículos 1 y 32 de la Ley de Planificación Urbana, número 4250, obligación que no puede ser trasladada a la entidad accionada”. De lo transcrito, se constata que el Tribunal por mayoría, decidió que el acto definitivo dictado por la Gerencia General del AYA, que es el impugnado de forma directa por el casacionista, se encuentra debida y ampliamente sustentado de hecho y jurídicamente, por lo que contrario a lo acusado por el señor Rodríguez Morales, la Administración cumplió a cabalidad con el elemento motivación del acto. Explicó, aunque el acto final no contó con un desarrollo apropiado y abundante como las cuestiones técnicas lo imponían. Sin embargo, el superior jerárquico —Gerencia General del Instituto—, si lo hizo al resolver el recurso de apelación incoado contra el acto final.

Lo anterior, dado que dicha motivación posibilita conocer las razones fácticas y normativas que respaldan y fundamentan lo resuelto por la Administración, en el tanto que incorporó en las resoluciones la cita y explicación sustentada de los motivos brindados por el ICAA a fin de denegar el servicio, a saber, porque técnicamente no resultaba posible dar el servicio debido a que la propiedad del actor está ubicada en una zona que no cuenta con la infraestructura necesaria —ni de acueducto, ni de alcantarillado—. Este Órgano decisor, avala lo dispuesto por la mayoría de los integrantes del Tribunal, en lo concerniente a que el artículo 102 de la LGAP faculta a la Administración, aún de oficio, a tomar las acciones indispensables para ajustar, —en este caso reformar—, la conducta del inferior al ordenamiento jurídico y a una correcta administración. Máxime, en un asunto como el de examen, donde existe un impedimento insalvable (de mera constatación), ya que la zona donde se sitúa el inmueble de don Carlos Alberto Rodríguez, no cuenta con la infraestructura necesaria para prestar los servicios de agua (acueducto) y alcantarillado.

Asimismo, porque corresponde al urbanizador, no al AYA su construcción. Al punto, que existen problemas del desarrollador con la Municipalidad de Santa Ana, merced a dicho incumplimiento. También, porque mientras exista un recurso contra la no disponibilidad de agua, no está conformada aún la voluntad final de la Administración, y en consecuencia tampoco el acto final con efecto propio. La Sala en un fallo reciente resolvió que el órgano competente, en la especie la Gerencia General del AYA, como superior jerárquico, despliega una función revisora de la resolución combatida por el administrado. Adiciona, tal ejercicio, cuando se trata del recurso de apelación, puede conllevar que se confirme, revoque o anule. En consecuencia, es claro, dentro de estas facultades está la de modificar el acto impugnado, cuando su decisión sea confirmarlo, —que fue la acaecido en el subexamine—, de conformidad con la relación de los artículos 102, 348 y 351 de la LGAP.

Sentencia no. 878-F-2024 de 11 horas 22 minutos del 4 de julio de 2024. Lo expresado hasta aquí sin que el impugnante alegue lesión alguna al debido proceso, ni derecho de defensa, pues, mediante el acto definitivo conoció a cabalidad las cuestiones de hecho y normativas con base en las cuales la Administración le denegó la disponibilidad de agua y alcantarillado. Se insiste, sin que en esta fase procesal, se discuta sobre alguna deficiencia de dicho elemento en cuanto a la resolución de cita, sino, que lo refutado, es que el superior no podía suplirlo al conocer el recurso de apelación. Por otro lado, en lo tocante a que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental, por lo que el actor considera le fue conculcado por el Instituto. Sobre este particular, existe claridad en cuanto a que el alcance a tan preciado líquido constituye un derecho fundamental. No obstante, como lo ha decidido la Sala Constitucional, tampoco resulta irrestricto, ya que es menester que se cumpla con los requisitos técnicos y legales para su prestación.

En lo que atiende a lo regulado normativamente, ha resuelto no puede obligarse al ICAA a pasar por alto las condiciones y requisitos regulados en el Reglamento de Prestación de Servicios, y en la Ley General de Agua Potable, dado que de no reunirse no existe posibilidad de brindarlo. Dicha Cámara, ha reiterado que con el fin de acceder al servicio de agua potable es necesario que se cuente con los requisitos dispuestos en la normativa del AYA, al grado que la Institución no puede pasar por alto su propia reglamentación. Adicionó, el Reglamento Técnico para la Prestación de los Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario e Hidrante AR-PSAYA-2015 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos preceptos 5 y 7, concernientes a la definición de lo que significa técnicamente factible y 75, inciso g), referido a las motivos de rechazo de solicitudes de servicio; al igual que lo estipulado en el cardinal 6,13 del Reglamento para la Prestación de Servicios del AYA, disponen como requerimiento que los servicios públicos que proporciona el Instituto sean legal, ambiental y técnicamente posibles. Consultar las sentencias números 2008-14159 del 24 de setiembre de 2008 y 2004-12185 de 13 horas 31 minutos del 29 de octubre de 2004. Por ende, se rechazan los motivos.

VII.En el tercero de los reproches combate la imposición de costas como parte vencida. Acusa vulnerado el inciso b) del artículo 193 del CPCA, ya que en su opinión tuvo motivo bastante para litigar. Ha de iniciarse haciendo notar que yerra el casacionista al esgrimir que, previo a imponerle las costas debió analizarse, si aplicaba alguna de las eximentes. Ello, ya que como lo ha resuelto esta Sala, en cuanto a los efectos económicos del proceso el CPCA en el precepto 193, estipula: “En las sentencias y los autos con carácter de sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio. No obstante lo anterior, la parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando: a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte.

  • B)Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal motivo bastante para litigar”. Asimismo, cuando la parte vencedora incurrió en “plus petitio” según se regula en el canon 194 ibid. De igual modo, con la salvedad de que exista acuerdo de los contendientes, cuando hubiere desistimiento, allanamiento o satisfacción extraprocesal de la pretendido antes o durante la audiencia preliminar, con excepción de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 197 del CPCA, sea, cuando se origine una vez concluida la audiencia preliminar. Por otro lado, en el Código Procesal Civil vigente, en su canon 73.1, parte de igual modo, de la regla general, que: “En toda resolución que le ponga fin al proceso, de oficio se condenará al vencido al pago de costas…”. Además, en el inciso 2, estipula los casos donde se podrá eximir de forma parcial o total, de manera razonada, como cuando la demanda tenga pretensiones exageradas; en la sentencia se hubieran admitido excepciones relevantes, opuestas por el perdidoso; de haber vencimiento recíproco, en lo tocante a pretensiones o defensas en términos generales; y, si la parte ajustara su conducta a la buena fe, lealtad, probidad y el uso racional del sistema procesal.

De lo expresado, es claro, la regla tanto en materia contencioso administrativa como civil, es la imposición de costas a la parte que resulte vencida en el proceso, lo cual habrá de realizarse de oficio. En todo caso, como se expuso, existen causas que permiten la exoneración, en lo que interesa, las personas juzgadoras condenaron a la actora al pago de las costas. Del examen de la sentencia se constata, en sus consideraciones se expresaron de conformidad con lo que esta Cámara ha decidido sobre este tema. De forma concreta, dispusieron: “De conformidad con los artículos 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 73 del Código Procesal Civil (Ley N° 9342) por medio de la condena al pago de las costas se constituye una obligación a cargo de la parte perdidosa por el sólo hecho de serlo-, en beneficio de la vencedora, a fin de que ésta le reintegre las diversas categorías de gastos allí enlistados.

Ambos numerales prevén diversas causales de dispensa de esta condenatoria, por lo que en ausencia de alegatos o pruebas que permitan a este Tribunal, en el caso concreto, ponderar y tener por acreditado alguno de estos motivos, no es posible entonces excepcionar total o parcialmente a la parte vencida de la aplicación de dicha máxima, por lo que conforme a las normas de cita, lo debido es imponer la condena a la parte vencida”. Lo así resuelto se explica, al examinar lo dispuesto en cuanto al fondo del presente caso, ya que el Tribunal declaró una falta de derecho. De ahí, no existió el motivo bastante para litigar, porque no consiste en la convicción de la parte vencida ni del Tribunal en lo tocante a que fue así, sino que era menester tuviera fundamento en el expediente. Esta Sala considera, no lleva razón la recurrente por las razones que de seguido se expondrán. En general las causales que facultan la exoneración del pago de las costas, no la habilitan debido a una correcta conducta procesal, sino dado que de acuerdo con la naturaleza de lo discutido permita desprender que el proceso era indispensable para determinar el ordenamiento jurídico le daba la razón.

Nótese, arguye: “…tuvo motivo bastante para incoar su acción, tutela efectiva del derecho y contenido defensa de su derecho al acceso al agua, toda vez que sustentó su pretensión en la expectativa, de que los jueces tutelarían ese derecho constitucional”. Sin embargo, como lo expresó el Tribunal ese derecho no resulta irrestricto, sino que el solicitante debe cumplir con las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico, sin que el señor Rodríguez Morales los hubiera satisfecho. En el subexamine, resulta diáfano, los alegatos en que se fundamenta el actor para solicitar se le exima como vencida del pago de las resultas económicas del proceso, es meramente subjetivo. A saber, porque tiene la creencia de que la causa de pedir le proporcionó motivo bastante para litigar, pese a no ser más que una convicción personal, según se señaló. Lo expresado, condujo al dictado de un fallo el cual resultó contraria al demandante, ya que se acogió la falta de interés actual y se declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda.

Por otro lado, el que al accionante se le tenga como vencido, no significa se le considere litigante temerario o de mala fe. Según se explicó, en materia contencioso administrativa, entre otras, como, por ejemplo, en civil, las costas se cargan al perdidoso a modo de reconocimiento al vencedor, quien tuvo que acudir a defender su derecho o interés. Así, al haber tenido que litigar y erogar gastos para defender sus derechos, provoca que la vencida asuma, por regla general, las resultas económicas del proceso. Se insiste, la existencia de la eximente debía acreditarse, pues, la condena al perdidoso es la regla, de no actuarse, se requiere del debido sustento objetivo, no como lo pretende la accionante con base en razones subjetivas (creencia y convencimiento de llevar razón, pese a que se resolvió no contaba con derecho). El mencionado canon 193 del CPCA en su inciso b), regula, cabe la exoneración en costas a la vencida cuando del examen de las cuestiones debatidas y la naturaleza de lo pretendido, la persona juzgadora pueda concluir el litigio era necesario para solventar el conflicto, lo cual no sucedió en el subexamine.

En el caso de estudio el Tribunal acogió la falta de derecho, y sin lugar la demanda. En consecuencia, de modo objetivo del expediente se constató, el actor carecía de derecho; por lo que la demanda no prosperó, así como tampoco eximirlo del pago de las respectivas costas. Así, se desestima el agravio.

VIII.Acorde con lo razonado, al no existir mérito en relación con los reparos planteados, el recurso debe ser rechazado. De conformidad con lo que se dispone en el inciso 3) del canon 150 del CPCA, procede imponer las costas al recurrente.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo del promovente.HBRENES LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A LINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO - MAGISTRADO/A CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A

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    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 6227 General Public Administration Law
      • Ley 8508 Contentious-Administrative Code
      • Ley 9342 Civil Procedure Code — Reversal of Burden of Proof in Environmental Matters

      Este documento cita

      • Ley 6227 Ley General de la Administración Pública
      • Ley 8508 Código Procesal Contencioso-Administrativo
      • Ley 9342 Código Procesal Civil

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