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Statute of limitations on the execution of a dismissal sanction in public employmentPrescripción de la ejecución de la sanción de despido en el empleo público

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The power to execute the dismissal sanction is declared prescribed for exceeding the time limit under Article 603 of the Labor Code; material damages and objective moral damages are dismissed, and the State is ordered to pay one million colones for subjective moral damages.Se declara prescrita la potestad de ejecutar la sanción de despido por superar el plazo del artículo 603 del Código de Trabajo, se rechaza el daño material y el daño moral objetivo, y se condena al Estado al pago de un millón de colones por daño moral subjetivo.

SummaryResumen

The Administrative Litigation Court (Section I, Second Judicial Circuit of San José) hears a public employment case in which a former director of a penitentiary center challenges his dismissal. The judgment declares that the Administration's power to enforce the dismissal sanction has prescribed, having found that more than one calendar month elapsed between the finality of the sanctioning act (a resolution of the Civil Service Administrative Tribunal exhausting administrative remedies) and the formal notification of the dismissal's execution, exceeding the time limit set forth in Article 603 of the Labor Code. The court rejects the State's arguments seeking to apply a five-year statute of limitations based on alleged breaches of probity duties and internal control norms, finding that the charged conduct does not fit within the special regime of anticorruption laws and that the plaintiff did not hold a senior management or subordinate head position. Ultimately, the claim is partially upheld and the State is ordered to pay subjective moral damages in the amount of one million colones, upon finding that the plaintiff suffered proven anguish and distress, while material damages and objective moral damages are dismissed for lack of evidence.El Tribunal Contencioso Administrativo (Sección I, Segundo Circuito Judicial de San José) conoce de un proceso de empleo público donde un exdirector de un centro penitenciario impugna su despido. La sentencia declara prescrita la potestad de la Administración de ejecutar la sanción de despido, al constatar que entre la firmeza del acto sancionatorio (resolución del Tribunal Administrativo del Servicio Civil que agota la vía administrativa) y la comunicación formal de la ejecución del despido transcurrió más de un mes calendario, superando el plazo del artículo 603 del Código de Trabajo. El tribunal rechaza los argumentos del Estado que pretendían aplicar un plazo de prescripción de 5 años en virtud de supuestas faltas al deber de probidad y normas de control interno, por considerar que los hechos imputados no califican dentro del régimen especial de las leyes anticorrupción y que el actor no ostentaba un cargo de jerarca o titular subordinado. Finalmente, acoge parcialmente la demanda y condena al Estado al pago de daño moral subjetivo por un monto de un millón de colones, al estimar acreditada la aflicción y zozobra generadas, mientras rechaza el daño material y el daño moral objetivo por falta de prueba.

Key excerptExtracto clave

Having clarified the above, we now analyze whether the statute of limitations on the disciplinary power has run at any stage of the administrative proceeding, applying Article 603 of the Labor Code. V. Regarding the prescription of the execution of the dismissal sanction: The plaintiff argued in the administrative proceeding that the disciplinary grounds had prescribed, since the facts alleged in the charges brought by resolution No. AJD-RES-437-2011, issued by the Directorate General of Civil Service at 1:30 p.m. on September 23, 2011, were openly known to the Minister of Justice and Peace since at least December 3, 2010. Based on this argument, within the administrative proceeding, the plaintiff raised the objection of prescription of the disciplinary power on October 3, 2011. The Civil Service Tribunal, in case file No. 15320, issued a resolution at 7:20 a.m. on October 27, 2011, rejecting the prescription of the cause alleged by the plaintiff. However, the discussion regarding whether or not the power to discipline had prescribed at that stage of the administrative proceeding becomes moot in light of the subsequent argument introduced into the process, namely, that the Administration's power to enforce the sanction had prescribed because more than one month had passed for its material application. From this perspective, we find that the sanction was not materially executed within the calendar month provided by Article 603 of the Labor Code. Consequently, in this case the statute of limitations ran, since more than one month elapsed between the finality of the sanction and its execution.Teniendo claro lo anterior, se analiza en el siguiente considerando si ha operado la prescripción de la potestad sancionatoria en alguna etapa del procedimiento administrativo, en aplicación del artículo 603 del Código de Trabajo. V. Sobre la prescripción de la ejecución de la sanción de despido: El actor aduce en sede administrativa la prescripción de la causal disciplinaria, por cuanto los hechos endilgados en la imputación de cargos realizada a través de la resolución número AJD-RES-437-2011, de las 13:30 horas del 23 de setiembre del 2011, dictada por la Dirección General de Servicio Civil eran conocidos abiertamente por el Ministro de Justicia y Paz al menos desde el día 03 de diciembre del año 2010. Bajo dicho argumento, dentro del procedimiento administrativo, el actor interpone la excepción de prescripción de la potestad disciplinaria en fecha 03 de octubre del 2011. El Tribunal de Servicio Civil, dentro del expediente n°15320, dicta la resolución de las 07:20 horas del 27 de octubre del 2011, en la cual rechaza la prescripción de la causa alegada por el actor. No obstante lo anterior, la discusión en torno a si ha operado o no la prescripción de la potestad disciplinaria en esta etapa del procedimiento administrativo se torna estéril, ante el posterior alegato introducido al proceso, cual es, que ha operado la prescripción de la potestad de la Administración de ejecutar la sanción, al haber superado el mes para su aplicación material. Desde esta perspectiva, tenemos que la sanción no fue materialmente ejecutada dentro del mes calendario que dispone el artículo 603 del Código de Trabajo. Consecuentemente, en este caso llegó a concretarse la prescripción, pues entre la firmeza del acto sancionatorio y su ejecución medió más de un mes.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la sanción no fue materialmente ejecutada dentro del mes calendario que dispone el artículo 603 del Código de Trabajo. Consecuentemente, en este caso llegó a concretarse la prescripción, pues entre la firmeza del acto sancionatorio y su ejecución medió más de un mes."

    "the sanction was not materially executed within the calendar month provided by Article 603 of the Labor Code. Consequently, in this case the statute of limitations ran, since more than one month elapsed between the finality of the sanction and its execution."

    Considerando V

  • "la sanción no fue materialmente ejecutada dentro del mes calendario que dispone el artículo 603 del Código de Trabajo. Consecuentemente, en este caso llegó a concretarse la prescripción, pues entre la firmeza del acto sancionatorio y su ejecución medió más de un mes."

    Considerando V

  • "la prescripción de la potestad del patrono para ejecutar la sanción ha operado, según se explica a continuación. En el caso de estudio y a falta de norma expresa sobre el tema, deviene en aplicable el plazo de la prescripción establecido para el inicio de la acción correctiva, pero ahora contabilizado a partir del momento en que el acto final del procedimiento alcanza firmeza y, por ende, ejecutoriedad."

    "the employer's power to enforce the sanction has prescribed, as explained below. In the case at hand and in the absence of an express provision on the matter, the limitation period established for commencing the corrective action is applicable, but now calculated from the moment the final act of the proceeding becomes final and, therefore, enforceable."

    Considerando V

  • "la prescripción de la potestad del patrono para ejecutar la sanción ha operado, según se explica a continuación. En el caso de estudio y a falta de norma expresa sobre el tema, deviene en aplicable el plazo de la prescripción establecido para el inicio de la acción correctiva, pero ahora contabilizado a partir del momento en que el acto final del procedimiento alcanza firmeza y, por ende, ejecutoriedad."

    Considerando V

  • "En síntesis, el actuar del accionado sin duda alguna, le ocasionó una perturbación injusta a las condiciones anímicas del actor. Así las cosas, el daño moral subjetivo causado debe indemnizarse, reduciéndose el monto a un importe que permita reparar la afectación sufrida, pero sin generar un enriquecimiento injusto para la accionante."

    "In summary, the respondent's conduct undoubtedly caused an unjust disturbance to the plaintiff's emotional state. Therefore, the subjective moral damages caused must be indemnified, the amount being reduced to a sum that compensates for the harm suffered without generating unjust enrichment for the claimant."

    Considerando VI

  • "En síntesis, el actuar del accionado sin duda alguna, le ocasionó una perturbación injusta a las condiciones anímicas del actor. Así las cosas, el daño moral subjetivo causado debe indemnizarse, reduciéndose el monto a un importe que permita reparar la afectación sufrida, pero sin generar un enriquecimiento injusto para la accionante."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Sections

IV.Regarding the statute of limitations regime applicable to the specific case: The plaintiff essentially alleges that the disciplinary process was illegitimately suspended on at least two occasions, when the formal notice of charges (traslado de cargos) was belatedly completed and when the dismissal sanction was executed, unjustifiably exceeding the one calendar month established by Article 603 of the Labor Code (Código de Trabajo). For its part, the State alleges that the statute of limitations for exercising the administrative sanctioning power did not run, because it argues that the plaintiff incurred ethical-official transgressions, to the clear detriment of the public service and in breach of the provisions of the Internal Control Law (Ley de Control Interno), as Director of the San Rafael Institutional Care Center (Centro de Atención Institucional de San Rafael), by allowing his personal interests to prevail over the public interest, thus constituting administrative offenses under the ethical-labor regime that are subject to a 5-year statute of limitations, by taking advantage of his position and violating the duty of probity (deber de probidad). The State representative also alleges that, based on the administrative imputations made through the administrative procedure and on which the plaintiff was dismissed, the plaintiff engaged in irregular, negligent, and disinterested actions and omissions contrary to the performance of his duties, meaning the reproached conduct does not correspond to simple disciplinary responsibility but rather relates to violations of the duty of probity, whose applicable statute of limitations is 5 years in accordance with Article 71 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), a governing rule when dealing with transgressions of internal control and oversight regulations, Public Treasury (Hacienda Pública) regulations, or the ethical-official regime of public employment, invoking for this purpose the Law against Corruption and Illicit Enrichment (Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito). Opinion of this Tribunal: Having analyzed the case records and the entirety of the parties' arguments, this Chamber of Judges reaches the conclusion that the statute of limitations on the disciplinary power has run, due to the non-execution of the disciplinary sanction within the period established in Article 603 of the Labor Code, a rule applicable to the specific case, as explained below. According to the factual matrix under study, the plaintiff, through resolution number AJD-RES-437-2011, issued at 1:30 p.m. on September 23, 2011, by the General Directorate of Civil Service (Dirección General de Servicio Civil), is attributed with the following conduct: " 1. The official Castillo Gómez is reproached for having incurred actions that constitute serious breaches of his duties and obligations as a public official, especially within the Penitentiary System (Sistema Penitenciario), which he must observe in the performance of his assigned work, where the duties to act with good faith, loyalty, effectiveness, efficiency, and responsibility stand out, these being essential elements of the duty of probity that in turn entail directing his management towards the satisfaction of the public interest, identifying and attending to priority collective needs in a planned, regular, efficient, continuous manner and under conditions of equality, demonstrating rectitude and good faith in the exercise of the powers conferred upon him by law; ensuring that the decisions he adopts in fulfillment of his duties conform to impartiality and the objectives of the institution where he works, and, finally, administering public resources in accordance with the principles of legality, effectiveness, economy, and efficiency, rendering accounts satisfactorily. 2. To give particular orders, instructions, or circulars regarding the manner in which functions are exercised by subordinates, both in aspects of timeliness and convenience as well as legality, to monitor the actions of subordinates to verify their legality and convenience, to exercise the disciplinary power, and to adopt the necessary measures to adjust the conduct of a subordinate to the law and good administration. 3. To incur acts of corruption, understood as the direct or indirect request or acceptance by a public official or a person exercising functions of this nature, of any object of pecuniary value or other benefits such as gifts (dádivas), favors, rewards, promises, or advantages for himself or another person or entity, in exchange for the performance or omission of any act in the exercise of his functions under any modality or denomination, as well as performing any act or omission in the exercise of his functions, for the purpose of illicitly obtaining benefits for himself or a third party. 4. To knowingly take advantage of or conceal assets derived from any of the aforementioned acts, participation as a principal, co-principal, instigator, accomplice, accessory, or other form in the commission, attempted commission, association, or conspiracy to commit any of the acts described in the preceding paragraphs, always in pursuit of fulfilling the duty of probity, the principle of effectiveness, the principle of efficiency, and the principle of responsibility that must characterize his performance. 5. To perform his duties with the capacity, dedication, and diligence that the position requires, to comply with the regulatory provisions applicable to the employment relationship, to ensure that the Ministry's good image is not damaged and not to compromise it with immoral and inappropriate behaviors, even outside working hours and/or place of work, to supervise the work and train all subordinate staff in technical and administrative aspects, to ensure that all staff correctly perform their assigned duties daily, applying the measures deemed convenient so that work is done efficiently and without delay, to issue the necessary administrative and disciplinary provisions for the benefit of the smooth operation of the unit, section, department, or directorate under his charge, and to fulfill all other obligations inherent to his position, to take advantage of the function he performs in the office or invoke it to obtain advantages unrelated to his functions, to alter documents or information with the evident intention of misleading the Administration. 6. To direct, control, and coordinate the execution of the institutional process of the Center, in accordance with established policies, to define and execute the necessary precautionary measures for the smooth operation of the Center, in adherence to the procedures and guidelines established by the competent superior bodies. In fulfillment of his duties, he shall be responsible for establishing, maintaining, improving, and evaluating the institutional internal control system and for taking the necessary actions to guarantee its effective functioning. Likewise, to ensure the proper development of the activity of the entity or body under his charge, and to immediately take corrective measures in the face of any evidence of deviations or irregularities. 7. To violate the right to equality with respect to granting authorizations for visits by minor persons, without considering the established requirements, namely a prior social study, the best interests of the minor, presentation of necessary documentation such as the minor's birth certificate issued by the Civil Registry or passport in the case of foreigners, and two passport-sized photographs of the minor, so that a visit card for minor persons can be issued, valid for one year. 8. To act in the granting of special visits for the incarcerated population (población privada de libertad), without respecting or considering the parameters established for such purposes; transgressions that, as a whole, compromise the security of the Penitentiary Center, its officials, and the incarcerated population. It is added that the allegedly committed offenses occurred when you supposedly, though without exact details of months or dates, but sometime between the year two thousand nine and two thousand ten, Mr. Miguel Ángel Castillo Gómez, consented to the alteration of amounts reported as income from the commissary (pulpería) activity, apparently to share those differences with other officials of the Administrative Area of the San Rafael Institutional Care Center (Centro de Atención Institucional San Rafael). Furthermore, in the month of February two thousand ten, Mr. Castillo Gómez had knowledge of multiple irregularities that were occurring at the Penitentiary Center, such as the granting of cards for minor visits, irregular authorization of conjugal visits (visitas íntimas) and special visits, various businesses with incarcerated individuals, sudden transfer of the population to lower-security environments (ámbitos de menor contención) without fulfilling the requirements established for this; omitting to take actions inherent to his position to prevent the aforementioned from continuing to occur. It is also indicated that you, without being able to establish a precise date, but at the beginning of the year two thousand ten, authorized the issuance of the card granted for a minor visit to [Nombre62 001], disregarding the established requirements for such procedure (...)" (highlighting corresponds to the original text). Beyond the generality of the imputation of the charges, an issue this Tribunal omits analyzing because it upholds the statute of limitations defense, we find that the "alleged acts" do not correspond in any way to conduct qualifying for the application of Article 44 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment, Article 43 of the Internal Control Law, and Article 71 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic. To set forth the substantive reasons for holding such a premise as true, which constitutes the basis of this judgment, we note that Article 2 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment defines the specific scope of the rules and the officials who are subject not only to the sanctions but also to the applicable statute of limitations period. That article establishes that: "Public Servant. For the purposes of this Law, a public servant shall be considered any person who provides services in the organs and entities of the Public Administration, state and non-state, in the name and on behalf of it and as part of its organization, by virtue of an act of investiture and entirely independent of the imperative, representative, remunerated, permanent, or public nature of the respective activity. The terms official, servant, and public employee shall be equivalent for the purposes of this Law. The provisions of this Law shall be applicable to de facto officials and to persons working for public enterprises in any of their forms and for public entities entrusted with activities subject to common law; likewise, to agents (apoderados), directors (administradores), managers (gerentes), and legal representatives of legal entities that hold in custody, administer, or exploit funds, assets, or services of the Public Administration, by any title or management modality." From the transcribed rule, it follows that its text is in harmony with the purpose pursued by Article 71 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic, that is, the subject of its applicability is limited to the servant who directly participates in the administration, custody, and exploitation of the Public Treasury, such that the interpretation set forth by the State's representative, while respectable, is not shared by this Chamber, since accepting such a position not only contravenes the spirit of the rules under analysis but would also allow its application to be considered extended to any public official who incurs responsibility for omitting their duties and obligations in the exercise of their position, regardless of whether their functions are or are not directly linked to the administration of public resources. As for Article 43 of the General Law on Internal Control (Ley General de Control Interno), No. 8292, we find that its text also refers to Article 71 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic, No. 7428. Consequently, for conduct that may involve an infringement of the rules established by both Law No. 8422 and Law No. 8292, the applicable rule regarding the statute of limitations on the disciplinary power is Article 71 of Law No. 7428, due to the referral expressly provided in the legislative texts. Lastly, it is appropriate to clarify the scope of Article 10 of the General Law on Internal Control, so as not to distort the legislator's intent. This is because said article establishes that: "The head (jerarca) and the subordinate holder (titular subordinado) shall be responsible for establishing, maintaining, improving, and evaluating the institutional internal control system. Likewise, it shall be the responsibility of the active administration to take the necessary actions to guarantee its effective functioning." By virtue of the exceptional regime for the application of this regulatory body for purposes of computing the statute of limitations period, it is important to specify that the plaintiff is neither a head of the Ministry of Justice and Peace (Ministerio de Justicia y Paz) nor a subordinate holder as defined in Article 2 of the cited law, given that although it is true that all public officials are responsible for the internal control system, subordinate holders are understood as those who also possess formally established authority for decision-making, linked to levels of command and leadership positions. We must recall that the plaintiff holds the position of Director of the San Rafael Institutional Care Center, with a Civil Service Chief 2 (Jefe de Servicio Civil 2) post; therefore, within the organizational structure, he does not hold a level of command that would suppose he is in charge of several processes or organizational sub-processes, and thus, that his position is of special institutional hierarchy. In other words, the rule is reserved for high institutional heads and not for any hierarchically subordinate official. As a corollary of the foregoing, it is concluded that the State's arguments for applying the exceptional regime regarding the period to exercise the disciplinary power are not admissible. Moreover, such a position—which, it is reiterated, is not admitted—would undoubtedly result in automatically applying the special or exceptional regime provided for in Article 44 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment, Article 43 of the Internal Control Law, and consequently, Article 71 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic, in clear transgression of the general regime established by Article 603 of the Labor Code. With the foregoing established, the following recital (considerando) will analyze whether the statute of limitations on the sanctioning power has run at any stage of the administrative procedure, pursuant to Article 603 of the Labor Code.

V.Regarding the statute of limitations on the execution of the dismissal sanction: The plaintiff alleges at the administrative stage that the statute of limitations on the disciplinary cause had run, because the acts attributed in the formal notice of charges issued through resolution number AJD-RES-437-2011, at 1:30 p.m. on September 23, 2011, by the General Directorate of Civil Service, were openly known to the Minister of Justice and Peace at least since December 3, 2010. Under that argument, within the administrative procedure, the plaintiff filed the exception of prescription of the disciplinary power on October 3, 2011. The Civil Service Tribunal (Tribunal de Servicio Civil), within case file No. 15320, issued the resolution at 7:20 a.m. on October 27, 2011, rejecting the prescription of the cause alleged by the plaintiff. Notwithstanding the foregoing, the discussion regarding whether or not the statute of limitations on the disciplinary power ran at this stage of the administrative procedure becomes moot, given the subsequent claim introduced in the process, which is that the statute of limitations on the Administration's power to execute the sanction ran, as it exceeded the one-month period for its material application. This is because, according to the list of proven facts, in resolution No. 11901, at 8:20 a.m. on March 28, 2012, issued by the Civil Service Tribunal, it was ordered to grant the dismissal action promoted by the Minister of Justice and Peace against the servant Miguel Ángel Castillo Gómez. The plaintiff filed an appeal against the resolution indicated in the previous fact, which was resolved through resolution No. 039-2012-TASC at 11:00 a.m. on September 25, 2012, issued by the Administrative Tribunal of Civil Service (Tribunal Administrativo del Servicio Civil), which rejected the appeal and authorized the Executive Branch (Poder Ejecutivo) to proceed with his dismissal. Likewise, said resolution warns that, in accordance with Article 7 of Law 8777, that ruling exhausts the administrative remedies and is of strict and mandatory compliance. It is by virtue of the finality of the resolution at the administrative stage that the Minister of the relevant branch, through official letter MJP-961-11-2012, dated November 20, 2012, gives instructions to the Acting Director of Institutional Management of Human Resources (Director a.i. de Gestión Institucional de Recursos Humanos), in order to proceed with formalizing the act of dismissal that was confirmed by the indicated Administrative Tribunal of Civil Service. Thus, in official letter DGITH-PGAL-473-2012 dated November 22, 2012, issued by Licentiate Rándall Loría Rivera, Coordinator of Labor Environment Management of the Directorate of Institutional Management of Human Resources of the Ministry of Justice and Peace, Mr. Miguel Ángel Castillo Gómez is informed that, with instructions from the Minister of the branch and in consideration of resolutions No. 039-2012-TASC at 11:00 a.m. on September 25, 2012, issued by the Administrative Tribunal of Civil Service, and No. 11901, at 8:20 a.m. on March 28, 2012, the disciplinary sanction consisting of dismissal without employer liability will be executed starting January 1, 2013, after the expiration of the prophylactic vacations to which he is entitled. Given the described scenario, there is no doubt that the statute of limitations on the employer's power to execute the sanction has run, as explained below. In the case under study, and in the absence of an express rule on the matter, the statute of limitations period established for the initiation of the corrective action becomes applicable, but now counted from the moment the final act of the procedure becomes final and, therefore, enforceable. Indeed, if once the respective head (jerarca) is in an effective position to apply the agreed sanction, time is allowed to pass without translating that potential into practice, said penalty also expires, because it is not possible—for the same reasons of legal certainty and security—that the recipient of the act's effects must remain indefinitely subject to the uncertainty of whether the punishment will actually be applied or not. Thus, in the sub examine case, it was determined that the dismissal sanction ordered in resolution No. 11901, at 8:20 a.m. on March 28, 2012, issued by the Civil Service Tribunal, was confirmed by the Administrative Tribunal of Civil Service in resolution No. 039-2012-TAC at 11:00 a.m. on September 25, 2012, a deconcentrated body of the Ministry of the Presidency (Ministerio de la Presidencia) which, as stated in Article 7 of Law No. 8777, Law Creating the Administrative Tribunals of the National Magisterium and Civil Service Pension and Retirement Regime (Ley de Creación de los Tribunales Administrativos del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y del Servicio Civil), of October 7, 2009, exhausts the administrative remedies, making its resolutions strictly and mandatorily enforceable. Consequently, not only had one month and three weeks elapsed from the finality of the act by the date of issuance of official letter DGITH-PGAL-473-2012 dated November 22, 2012, issued by Licentiate Rándall Loría Rivera, Coordinator of Labor Environment Management of the Directorate of Institutional Management of Human Resources of the Ministry of Justice and Peace, in which Mr. Miguel Ángel Castillo Gómez is informed that, with instructions from the Minister of the branch, the disciplinary sanction consisting of dismissal without employer liability will be executed starting January 1, 2013, after the expiration of the prophylactic vacations to which he is entitled, but also, this letter states that the execution will occur on January 1, 2013. From this perspective, we find that the sanction was not materially executed within the one calendar month established by Article 603 of the Labor Code. Consequently, in this case, the statute of limitations materialized, since more than one month elapsed between the finality of the sanctioning act and its execution. In addition to the foregoing, it should be mentioned that the enjoyment of vacation rights does not mean that the public employment relationship loses its validity, and there is no justification for the Administration to breach its obligation to prevent the fatal period of the statute of limitations from elapsing, given the legal certainty that prevails in the matter, which imposes upon it the duty to execute the sanction within the legally established period. For this reason, it is important to remember that, in accordance with the provisions of Articles 153 et seq. of the Labor Code, vacations do not suspend employment relationships, to such an extent that upon the advent of a dismissal, they must be compensated due to their nature as an inalienable right, in accordance with the doctrine of Article 156 of the cited regulatory body. As a corollary of the foregoing, it is concluded that the statute of limitations on the imposition of the disciplinary sanction has run, and therefore, it is not appropriate to consider the merits of this action.

VI.- Regarding the claimed damages (daños y perjuicios): In the complaint, the plaintiff alleges that the conduct reproached against the Administration has caused him both material and moral damage in its two aspects, objective and subjective. He refers economic damage to the expenses he has had to incur to defend his rights, such as resorting to loans and promissory notes (letras de cambio). As for moral damage, he alleges that not having fixed job stability, he cannot reliably count on his salary, since he is awaiting any judicial action that might make his dismissal effective. For this reason, he alleges he has suffered anxiety (zozobra) and worry, with his family and reputation also being affected by being dismissed without just cause. For its part, the State alleges that the claimed damage is not compensable, as the victim's own fault operates, given that the plaintiff was found administratively responsible for committing serious offenses. Having analyzed the case records, this Chamber reaches the conclusion that the plaintiff does not provide probative evidence tending to prove the alleged material damage, so without further comment, this point must be rejected. It is necessary to clarify that the material damage, as described regarding the expenses for his defense, actually corresponds to procedural and personal costs (costas procesales y personales), the ruling on which will be made in the last recital of this resolution. The matter differs regarding the claim for compensation for subjective moral damage, insofar as with respect to this type of damage, it is important to specify that it occurs regarding a damaged extra-patrimonial right, but without repercussions on the patrimony, as its effects are exhausted in the psychological conditions of the affected person. Considering that the proof of this type of injury is "in re ipsa," the amount must be set according to the prudent discretion of the judge and based on the principles of reasonableness and proportionality. This supposes that "…based on the harmful event and the conditions surrounding the victim, applying human presumptions, the judge can infer, even without direct corroborating evidence, afflictions such as worry, sadness, grief, pain, stress, because it is presumable that, given a certain harmful event and the particularities in which it occurs, the affected person experienced them." (Judgment No. 97 of 4:03 p.m. on January 29, 2009, issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Also, the said Chamber has stated that: "…The determination and quantification of subjective moral damage thus rests upon the equitable and prudent assessment of the Judge, who uses for this purpose presumptions of human behavior inferred from the proven facts. Human presumption is a logical judgment by the judge, by virtue of which a fact is considered probable, based on general maxims of experience, which indicate the normal way in which things and events occur. …" (Resolution No. 878-F-2007 of 8:15 a.m. on December 14, 2007. In the same sense, No. 001-F-S1-2009 of 9:05 a.m. on January 6, 2009). In the case under study, it must be noted that this matter is resolved on a procedural aspect and not on the merits, that is, this resolution does not address the issue of whether or not the act of dismissal was appropriate, but rather, due to the application of the procedural mechanism of the statute of limitations, a procedural aspect, the claim is upheld. Therefore, based on this clarification, regarding the scenario for assessing the amount for subjective moral damage, we find that anxiety and worry have undoubtedly been generated in the plaintiff, impacting his psychological conditions, according to the rules of experience that dictate them as generated. This Tribunal considers that such psychological conditions are a logical and direct consequence of the unlawful conduct that caused the damage. In summary, the respondent's conduct undoubtedly caused unjust disturbance to the plaintiff's psychological conditions. Thus, the subjective moral damage caused must be compensated, reducing the amount to a sum that allows for repairing the suffered impact, but without generating unjust enrichment for the plaintiff, producing the balance between the parties that should never have been broken. Thus, the compensation amount for subjective moral damage is set at the sum of ₡1,000,000.00 (one million exact colones). Lastly, regarding the claimed objective moral damage, we find that it was not proven; on the contrary, witnesses Nombre40357 and Nombre40358 —testimony at 09:31:12 and 10:16:21 on the audio of the trial hearing— were consistent in stating that the plaintiff's administrative career prevented it from being believed that he was responsible for the alleged acts, so it cannot be inferred that his reputation was affected by the imputed conduct."

“IV. Sobre el régimen de prescripción aplicable al caso concreto: El actor alega en síntesis, que el proceso disciplinario suspendió ilegítimamente su curso al menos en dos oportunidades, al realizarse tardíamente el traslado de cargos y al ejecutar la sanción de despido, superándose injustificamente el mes calendario que establece el artículo 603 del Código de Trabajo. Por su parte, el Estado alega que no discurrió el plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, por cuanto aduce que el actor incurrió en transgresiones ético funcionariales, en franco detrimento con el servicio público e incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Control Interno, como Director del Centro de Atención Institucional de San Rafael, al hacer prevalecer sus intereses personales por encima del interés público, constituyendo así, faltas administrativas del régimen ético- laboral que prescriben en el plazo de 5 años, al valerse de su puesto y violentar el deber de probidad. Alega además el representante del Estado, que de las imputaciones administrativas hechas a través del procedimiento administrativo y con base a las cuales se despidió al actor, éste incurrió en acciones y omisiones irregulares, negligentes y desinteresadas contrarias al desempeño de su cargo, por lo que las conductas reprochadas no corresponden a una responsabilidad disciplinaria simple, sino que se relacionan con infracciones al deber de probidad, cuyo plazo de prescripción aplicable es de 5 años de acuerdo con el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, norma de rito cuando se trata de transgresiones al ordenamiento de control y fiscalización interna, al ordenamiento de la Hacienda Pública o al régimen ético funcionarial del empleo público, invocando al efecto, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Criterio de este Tribunal: Analizados los autos así como la integralidad de los argumentos de las partes, arriba esta Cámara de Jueces a la conclusión que la prescripción de la potestad disciplinaria ha operado, en razón de la no ejecución de la sanción disciplinaria dentro del plazo dispuesto en el artículo 603 del Código de Trabajo, norma aplicable al caso concreto, según se explica a continuación. De acuerdo con el cuadro fáctico de estudio, al actor a través de la resolución número AJD-RES-437-2011, de las 13:30 horas del 23 de setiembre del 2011, la Dirección General de Servicio Civil, le atribuye las siguientes conductas: " 1. Se reprocha al funcionario Castillo Gómez, haber incurrido acciones que constituyen faltas graves a sus deberes y obligaciones que como funcionario público y especialmente del Sistema Penitenciario, debe observar en el desarrollo de la labor asignada, donde sobresalen el deber de actuar con buena fe, lealtad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, elementos esenciales del deber de probidad que conllevan a su vez orientar su gestión a la satisfacción del interés público, identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad, demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurándose que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. 2. Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, ejercer la potestad disciplinaria, así como adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena administración. 3. Incurrir en actos de corrupción, entendidos éstos como el requerimiento o la aceptación, directa o indirecta realizada por un funcionario público o una persona que ejerza funciones de esta naturaleza, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, premios, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones bajo cualquier modalidad o denominación, así como que en su condición realice cualquier acto u omisión en ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. 4. Aprovechar dolosamente u ocultar bienes provenientes de cualquiera de los actos referidos, la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor u otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos descritos en los párrafos anteriores, siempre en procura de cumplir con el deber de probidad, el principio de eficacia, el de eficiencia y el de responsabilidad que deben caracterizar su desempeño. 5. Ejecutar las labores con la capacidad, dedicación y diligencia que el cargo requiera, cumplir con las disposiciones normativas aplicables a la relación de servicio, velar para que la buena imagen del Ministerio no se deteriores y no comprometerla con comportamientos inmorales e inadecuados, aún fuera de las horas y/o lugar de trabajo, supervisar las labores y adiestrar a todos los servidores subalternos en el aspecto técnico y administrativo, cuidar que todos los servidores realicen diariamente y en forma correcta las labores asignadas, aplicando las medidas que juzgue conveniente para que el trabajo se haga eficientemente y sin retraso alguno, dictar las disposiciones administrativas y disciplinarias necesarias en beneficio de la buena marcha de la unidad, sección, departamento o dirección a su cargo y cumplir con todas las demás obligaciones propias de su cargo, valerse de la función que desempeñan en la dependencia o invocarla para obtener ventajas ajenas a sus funciones, alterar documentos o información con evidente intención de inducir a error a la Administración. 6. Dirigir, controlar y coordinar la ejecución del proceso institucional del Centro, de conformidad con las políticas establecidas, definir y ejecutar las medidas cautelares necesarias para la buena marcha del Centro, con apego a los procedimientos y directrices establecidas por los órganos superiores competentes . En cumplimiento de sus deberes será el responsable de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional y de realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. De igual forma, velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo, y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. 7. Violentar el derecho a la igualdad, con respecto al otorgamiento de autorizaciones para las visitas de personas menores de edad, sin tomar en consideración los requisitos establecidos, a saber un estudio social previo, el mayor bienestar del menor, presentación de documentación necesaria como la constancia de nacimiento del menor expedida por el Registro Civil o pasaporte en caso de extranjeros y dos fotografías tamaño pasaporte del menor, de modo que se le pueda extender un carné de visita para las personas menores de edad, con vigencia de un año. 8. Actuar en la concesión de visitas especiales para la población privada de libertad, sin respetar ni considerar los parámetros instituidos para tales efectos; transgresiones que en su conjunto comprometen la seguridad del Centro Penitenciario, la de sus funcionarios y población privada de libertad. Se agrega que las faltas presuntamente cometidas ocurrieron cuando usted supuestamente, sin que se tenga detalle exacto de meses o fecha, pero sí entre el año dos mil nueve y dos mil diez, el señor Miguel Ángel Castillo Gómez, consintió que se alteraran los montos reportados como ingresos de la actividad de la pulpería, para aparentemente repartirse esas diferencias con otros funcionarios del Área Administrativa del Centro de Atención Institucional San Rafael, además que en el mes de febrero del dos mil diez, el señor Castillo Gómez, tenía conocimiento de múltiples irregularidades que estaban suscitándose en el Centro Penitenciario, como lo son el otorgamiento de carnets para la visita de menor de edad, autorizaciones irregulares de visitas íntimas y visitas especiales, diversos negocios con los privados de libertad, traslado repentino de la población a los ámbitos de menor contención sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello; omitiendo tomar acciones propias de su cargo para evitar que las anteriores siguieran suscitándose, se indica también que usted, sin que pueda establecerse fecha precisa, pero sí a inicios del año dos mil diez, autorizó la emisión del carnet otorgado para visita de menor de edad, a Nombre62 de la niña [Nombre62 001], obviando los requisitos establecidos para tal gestión (...)" (el resaltado corresponde al texto original). Más allá de la generalidad de la imputación de los cargos, extremo que omite analizar este Tribunal en razón de acoger el alegato de la prescripción, tenemos que los "hechos endilgados" no corresponden en ninguna medida, a conductas que califiquen para la aplicación del artículo 44 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, 43 de la Ley de Control Interno y el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Para exponer las razones de fondo para tener tal premisa como cierta y que responde al fundamento de esta sentencia, tenemos que el artículo 2 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito define los alcances concretos de las normas y los funcionarios destinatarios no solo de las sanciones sino que además del plazo de prescripción aplicable. Dicho numeral, establece que: "Servidor público. Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor público toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la Administración Pública, estatal y no estatal, a Nombre62 y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Los términos funcionario, servidor y empleado público serán equivalentes para los efectos de esta Ley. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión." De la norma transcrita se desprende que su texto guarda armonía con el fin perseguido por el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, esto es, el destinatario de su aplicabilidad se circunscribe al servidor que participa directamente en la administración, custodia y explotación de la Hacienda Pública, de toda suerte que la interpretación aceptar tal tesitura, no solo contraviene el espíritu de las normas de análisis, sino que además, permitiría tener por ampliada su aplicación a todo funcionario público que incurre en responsabilidad por omitir sus deberes y obligaciones en el ejercicio de su cargo, independientemente que sus funciones estén o no, directamente vinculadas con la administración de los recursos públicos. En cuanto al artículo 43 de la Ley General de Control Interno, No. 8292, tenemos que su texto también remite al precepto 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428. En consecuencia, en aquellas conductas que puedan implicar infracción a las normas fijadas tanto por la Ley No. 8422 como la Ley 8292, la normativa aplicable en cuanto a la prescripción de la potestad disciplinaria es el ordinal 71 de la Ley No. 7428, por la remisión dispuesta expresamente en los textos legislativos. Por último, es oportuno aclarar los alcances del artículo 10 de la Ley General de Control Interno, a fin de no desnaturaliza la voluntad del legislador. Esto, por cuanto dicho numeral establece que: "Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento." En virtud del régimen excepcional de aplicación de este cuerpo normativo para efectos del cómputo del plazo de prescripción, es importante precisar que el actor no es jerarca del Ministerio de Justicia y Paz ni titular subordinado en los términos que define el artículo 2 de la ley de cita, dado que si bien es cierto, todos los funcionarios públicos son responsables del sistema de control interno, los titulares subordinados son entendidos como aquellos que además ostentan una autoridad formalmente establecida para la toma de decisiones, vinculada con niveles de mando y jefaturas. Hemos de recordar, que el actor ocupa el puesto de Director del Centro de Atención Institucional de San Rafael, con una plaza de Jefe de Servicio Civil 1, por lo que dentro de la estructura organizativa, no guarda un nivel de mando que suponga encontrarse encargado de varios procesos o subprocesos organizacionales, y por ende, que su puesto sea de especial jerarquía institucional. En otras palabras, la norma se encuentra reservada para altos jerarcas institucionales y no para cualquier funcionario jerárquicamente subordinado. Como corolario de lo anterior se impone que los argumentos del Estado para aplicar el régimen de excepción del plazo para ejercer la potestad disciplinaria no son de recibo. Es más, tal postura -que se reitera, no se admite-, sin duda alguna vendría a tener por aplicado automáticamente el régimen especial o de excepción que prevén los artículos 44 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, 43 de la Ley de Control Interno y en consecuencia, el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en clara transgresión al régimen general que estatuye el artículo 603 del Código de Trabajo. Teniendo claro lo anterior, se analiza en el siguiente considerando si ha operado la prescripción de la potestad sancionatoria en alguna etapa del procedimiento administrativo, en aplicación del artículo 603 del Código de Trabajo.

V.Sobre la prescripción de la ejecución de la sanción de despido: El actor aduce en sede administrativa la prescripción de la causal disciplinaria, por cuanto los hechos endilgados en la imputación de cargos realizada a través de la resolución número AJD-RES-437-2011, de las 13:30 horas del 23 de setiembre del 2011, dictada por la Dirección General de Servicio Civil eran conocidos abiertamente por el Ministro de Justicia y Paz al menos desde el día 03 de diciembre del año 2010. Bajo dicho argumento, dentro del procedimiento administrativo, el actor interpone la excepción de prescripción de la potestad disciplinaria en fecha 03 de octubre del 2011. El Tribunal de Servicio Civil, dentro del expediente n°15320, dicta la resolución de las 07:20 horas del 27 de octubre del 2011, en la cual rechaza la prescripción de la causa alegada por el actor. No obstante lo anterior, la discusión en torno a si ha operado o no la prescripción de la potestad disciplinaria en esta etapa del procedimiento administrativo se torna estéril, ante el posterior alegato introducido al proceso, cual es, que ha operado la prescripción de la potestad de la Administración de ejecutar la sanción, al haber superado el mes para su aplicación material. Esto, por cuanto de conformidad con el elenco de hechos probados, en la resolución n°11901, de las 08:20 horas del 28 de marzo del 2012, dictada por el Tribunal de Servicio Civil, se dispone declarar con lugar la gestión de despido promovida por el Ministro de Justicia y Paz contra el servidor Miguel Ángel Castillo Gómez. El actor interpone recurso de apelación en contra de la resolución indicada en el hecho anterior, el cual es resuelto a través de la resolución n°039-2012-TASC de las 11 horas del 25 de setiembre del 2012 dictada por el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, misma en la que se rechaza el recurso venido en alzada y se autoriza al Poder Ejecutivo para proceder con su despido. Asimismo, advierte dicha resolución que de conformidad con el artículo 7 de la ley 8777, ese fallo agota la vía administrativa y que es de acatamiento estricto y obligatorio. Es en virtud de la firmeza de la resolución en sede administrativa, que el Ministro del Ramo a través del oficio MJP-961-11-2012, del 20 de noviembre del 2012, gira instrucciones al Director a.i. de Gestión Institucional de Recursos Humanos, a fin de proceder a formalizar el acto de despido que fue confirmado por el Tribunal Administrativo de Servicio Civil indicado. Es así, que en el oficio DGITH-PGAL-473-2012 de fecha 22 de noviembre del 2012, emitido por el Licenciado Rándall Loría Rivera, Coordinador de Gestión de Ambiente Laboral de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Paz, se le comunica al señor Miguel Ángel Castillo Gómez que con instrucciones del Ministro del ramo y en atención a las resoluciones n°039-2012-TASC de las 11 horas del 25 de setiembre del 2012 dictada por el Tribunal Administrativo del Servicio Civil y n°11901, de las 08:20 horas del 28 de marzo del 2012, la sanción disciplinaria consistente en el despido sin responsabilidad patronal, se ejecutará a partir del día 1° de enero del 2013, después del vencimiento de la vacaciones profilácticas a las que tenga derecho. Ante el escenario descrito, no cabe duda que la prescripción de la potestad del patrono para ejecutar la sanción ha operado, según se explica a continuación. En el caso de estudio y a falta de norma expresa sobre el tema, deviene en aplicable el plazo de la prescripción establecido para el inicio de la acción correctiva, pero ahora contabilizado a partir del momento en que el acto final del procedimiento alcanza firmeza y, por ende, ejecutoriedad. En efecto, si una vez que el respectivo jerarca está en posibilidad efectiva de aplicar la sanción acordada, deja transcurrir el tiempo sin traducir esa potencialidad a la práctica, dicha penalidad también precluye, pues no es posible –por las mismas razones de seguridad y certeza jurídicas– que el destinatario de los efectos del acto deba permanecer indefinidamente sujeto a la incertidumbre de si se le va a aplicar efectivamente el castigo o no. Así las cosas, en el sub examine se determinó que la sanción de suspensión de despido dispuesta en la resolución n°11901, de las 08:20 horas del 28 de marzo del 2012, dictada por el Tribunal de Servicio Civil fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Servicio Civil en la resolución n°039-2012-TAC de las once horas del 25 de setiembre del 2012, órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia que a la letra del artículo 7 de la Ley n8777, Ley de Creación de los Tribunales Administrativos del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y del Servicio Civil, del 07 de octubre el 2009, da por agotada la vía administrativa, por lo que sus resoluciones son de acatamiento estricto y obligatorio. Consecuentemente, no solo para la fecha en que se emite el oficio DGITH-PGAL-473-2012 de fecha 22 de noviembre del 2012, emitido por el Licenciado Rándall Loría Rivera, Coordinador de Gestión de Ambiente Laboral de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Paz, en el cual le comunica al señor Miguel Ángel Castillo Gómez que con instrucciones del Ministro del ramo, la sanción disciplinaria consistente en el despido sin responsabilidad patronal, se ejecutará a partir del día 1° de enero del 2013, después del vencimiento de la vacaciones profilácticas a las que tenga derecho, ha transcurrido un mes y tres semanas desde la firmeza del acto, sino que además, en este se dispone que la ejecución se efectuará hasta el día 1 de enero del 2013. Desde esta perspectiva, tenemos que la sanción no fue materialmente ejecutada dentro del mes calendario que dispone el artículo 603 del Código de Trabajo. Consecuentemente, en este caso llegó a concretarse la prescripción, pues entre la firmeza del acto sancionatorio y su ejecución medió más de un mes. Aunado a lo anterior cabe mencionar, que el disfrute del derecho a vacaciones no significa que la relación de empleo público pierda vigencia, de toda suerte que no se justifica que la Administración incumpla su obligación de evitar que sobrevenga el plazo fatal de prescripción, en razón de la seguridad jurídica que impera en la materia que le impone ejecutar la sanción dentro del plazo legalmente establecido. Por ello, es importante recordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes del Código de Trabajo, las vacaciones no suspenden las relaciones de empleo, tan es así, que ante el advenimiento de un despido, las mismas deben ser compensadas en razón de carácter de derecho irrenunciable, de acuerdo con la doctrina del artículo 156 del cuerpo normativo de cita. Como corolario de lo anterior, se impone que ha operado la prescripción de imposición de la sanción disciplinaria y en ese tanto, no procede conocer por el fondo la presente acción.

VI.- Sobre los daños y perjuicios reclamados: En el escrito de demanda aduce el actor que la conducta reprochada a la Administración le ha provocado tanto daño material como moral en sus dos vertientes, objetivo y subjetivo. El daño económico, lo refiere a los gastos que ha tenido que incurrir para defender sus derechos, tales como recurrir a préstamos y letras de cambio. En cuanto al daño moral, aduce que al no contar con estabilidad laboral fija, no puede contar de manera segura con su salario, dado que está a la expectativa de cualquier gestión judicial que haga efectivo su despido. Es por ello que aduce ha sufrido sozobra y preocupación, encontrándose afectada también su familia y reputación, al ser despedido sin justa causa. Por su parte el Estado alega que el daño alegado no es resarcible, al operar culpa de la víctima en virtud que el actor fue encontrado responsable administrativamente de la comisión de faltas graves. Analizados los autos, arriba esta Cámara a la conclusión que el actor no aporta elementos probatorios tendientes a acreditar el daño material aducido, por lo que sin mayor comentario, tal extremo debe ser rechazado, siendo necesario aclarar que el daño material en los términos expuestos en cuanto a los gastos para el ejercicio de su defensa, en realidad responden a costas procesales y personales, cuyo pronunciamiento se hará en el último considerando de la presente resolución. Distinto ocurre con la pretensión indemnizatoria en torno al reclamo de daño moral subjetivo, toda vez que en lo que se refiere a este tipo de daño, es importante precisar que éste se produce respecto de un derecho extrapatrimonial lesionado, pero sin repercusión en el patrimonio, pues sus efectos se agotan en las condiciones anímicas del afectado. Considerando que la prueba de este tipo de lesión es “in re ipsa” , el monto debe fijarse de acuerdo con el prudente arbitrio del juzgador y con base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello supone que “…partiendo del evento lesivo, y de las condiciones que rodeaban al damnificado, aplicando presunciones humanas, el juzgador puede inferir, aún sin prueba directa que lo corrobore, aflicciones tales como preocupación, tristeza, aflicción, dolor, estrés, porque resulta presumible que ante un determinado evento lesivo y las particularidades en las que se produce, el afectado las haya experimentado.” (Sentencia No. 97 de 16:03 horas del 29 de Enero de 2009 emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). También, ha dicho la referida Sala que: “…La determinación y cuantificación del daño moral subjetivo entonces, queda a la equitativa y prudente valoración del Juzgador, quien acude para ello a presunciones del ser humano inferidas de los hechos comprobados. La presunción humana es un juicio lógico del juez, en virtud del cual se considera probable un hecho, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que indican cuál es el modo normal como suceden las cosas y los hechos. …” (Resolución No. 878-F-2007 de las 8:15 horas del 14 de Diciembre de 2007. En igual sentido, la No. 001-F-S1-2009 de las 9:05 horas del 6 de Enero de 2009). En el caso bajo estudio, debe observarse que el presente asunto se resuelve por un aspecto de forma y no de fondo, esto es, no se aborda en la presente resolución la temática en torno a la procedencia o no del acto de despido, sino que en razón de la aplicación del instituto procesal de la prescripción, aspecto de forma, en virtud del cual se acoge la demanda. Es por ello, que partiendo de tal aclaración, en cuanto al escenario de valoración de la cuantía por concepto de daño moral subjetivo, tenemos que sin duda alguna, zozobra y preocupación se le han generado al actor, repercutiendo en sus condiciones anímicas, de acuerdo con las reglas de la consecuencia lógica y directa de la conducta antijurídica que origina el daño. En síntesis, el actuar del accionado sin duda alguna, le ocasionó una perturbación injusta a las condiciones anímicas del actor. Así las cosas, el daño moral subjetivo causado debe indemnizarse, reduciéndose el monto a un importe que permita reparar la afectación sufrida, pero sin generar un enriquecimiento injusto para la accionante, produciéndose el equilibrio entre las partes que nunca debió haberse roto. Así la cosas, se fija el monto de resarcimiento por concepto de daño moral subjetivo en la suma de ¢1.000.000.ºº (un millón de colones exactos). Por último, en cuanto al daño moral objetivo reclamado tenemos que el mismo no fue probado, por el contrario, los testigos Nombre40357 y Nombre40358 -declaración a las 09:31:12 y las 10:16:21 del audio de la audiencia de juicio- fueron contestes en indicar que la carrera administrativa del actor impedía que se creyera que éste fuera responsable de los hecho endilgados, por lo que no puede inferirse que su reputación se haya visto afectada con ocasión de las conductas imputadas.”

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Código de Trabajo Art. 603
    • Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Art. 71
    • Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito Art. 2
    • Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito Art. 44
    • Ley General de Control Interno Art. 43
    • Ley General de Control Interno Art. 10
    • Ley 8777 Art. 7

    Spanish key termsTérminos clave en español

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