2, Labor Code, of August 27, 1943, are reformed. The texts are as follows:
"TITLE SIX PRESSURE MEASURES
Legal and Illegal Strikes
← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Ley 9343 · 25/01/2016
OutcomeResultado
This law comprehensively reforms Costa Rican labor procedure, regulating strikes, lockouts, the special labor jurisdiction, and ordinary and special labor processes, emphasizing orality, speed, and alternative dispute resolution.Esta ley reforma integralmente el procedimiento laboral costarricense, regulando las huelgas, paros, la jurisdicción especial de trabajo, y los procesos ordinario y especiales laborales, con énfasis en la oralidad, celeridad y solución alterna de conflictos.
SummaryResumen
This law comprehensively reforms the Costa Rican labor procedure, amending entire titles of the Labor Code. It regulates legal and illegal strikes and lockouts in detail, establishing requirements for calling strikes, support thresholds, voting procedures supervised by the Ministry of Labor, and grounds for illegality. It defines violations of labor laws and their penalties, including a system of escalating fines. It prohibits labor discrimination on multiple grounds and establishes procedures for claims. It reforms the statute of limitations for labor rights and disciplinary sanctions. It introduces a special labor jurisdiction with its own principles such as orality, speed, immediacy, and free access. It creates a predominantly oral and concentrated ordinary procedure, regulates special processes such as the protection of union, maternity, and discrimination privileges, and establishes a system for appeals and enforcement of judgments. It also incorporates alternative dispute resolution through conciliation, mediation, and arbitration, including a specialized labor arbitration procedure. The reform aims to modernize and streamline labor justice, protect workers' rights, and promote social peace.Esta ley constituye una reforma integral del proceso laboral costarricense, modificando títulos completos del Código de Trabajo. Regula en detalle las huelgas y paros legales e ilegales, estableciendo requisitos de convocatoria, porcentajes de apoyo, procedimientos de votación supervisados por el Ministerio de Trabajo, y causales de ilegalidad. Define infracciones a las leyes laborales y sus sanciones, incluyendo un sistema de multas escalonadas. Prohíbe la discriminación laboral por múltiples razones y establece procedimientos para su reclamo. Reforma la prescripción de derechos laborales y las sanciones disciplinarias. Introduce una jurisdicción especial de trabajo con principios propios como oralidad, celeridad, inmediación y gratuidad. Crea un procedimiento ordinario predominantemente oral y concentrado, regula procesos especiales como la tutela de fueros sindicales, de maternidad y discriminación, y establece un sistema de recursos y ejecución de sentencias. Además, incorpora la solución alterna de conflictos mediante conciliación, mediación y arbitraje, incluyendo un procedimiento de arbitraje laboral especializado. La reforma busca modernizar y agilizar la justicia laboral, proteger los derechos de los trabajadores y promover la paz social.
Key excerptExtracto clave
ARTICLE 1.- The heading of Title Six and articles 371 to 374 and 377 to 395 of Law No. 2, Labor Code, of August 27, 1943, are amended. Article 371.- Legal strike is a right consisting in the concerted and peaceful suspension of work, in a company, institution, establishment or workplace, agreed and executed by a plurality of at least three workers, representing more than half of the votes cast pursuant to article 381, by the employees involved in a collective labor dispute, for the following: a) The defense and promotion of their economic and social interests. b) The defense of their rights in the collective legal disputes referred to in article 386. Article 378.- The strike, whatever its modality, whether called by one or more unions or, as the case may be, a coalition of workers, may be carried out intermittently, gradually or in a staggered manner. In these cases, the days and hours of suspension, as well as the strike modality, must be communicated in writing to the employer prior to its commencement, directly or through the Ministry of Labor and Social Security.ARTÍCULO 1.- Se reforman la denominación del título sexto y los artículos 371 a 374 y del 377 al 395 de la Ley N.°2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. Artículo 371.- La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente: a) La defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. b) La defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386. Artículo 378.- La huelga, cualquiera que sea su modalidad, sea que la convoque uno o más sindicatos o, en su caso, una coalición de personas trabajadoras, podrá ejecutarse intermitentemente, de manera gradual o de forma escalonada. En estos casos, los días y las horas de suspensión, así como la modalidad de la huelga, deben ser comunicados, por escrito, a la parte empleadora previamente a su inicio, directamente o por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Pull quotesCitas destacadas
"La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo..."
"Legal strike is a right consisting in the concerted and peaceful suspension of work, in a company, institution, establishment or workplace, agreed and executed by a plurality of at least three workers, representing more than half of the votes cast pursuant to article 381, by the employees involved in a collective labor dispute..."
Artículo 371
"La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo..."
Artículo 371
"En la jurisdicción de trabajo, establecida en el artículo 70 de la Constitución Política, se dirimirán los conflictos individuales y colectivos, cuya solución requiera la aplicación de normas de derecho de trabajo y seguridad social, y los principios que lo informan, así como los asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias de ese derecho."
"In the labor jurisdiction, established in article 70 of the Political Constitution, individual and collective disputes whose resolution requires the application of labor and social security law standards, and the principles that inform it, as well as matters connected to the substantial relationships inherent to that right, shall be settled."
Artículo 420
"En la jurisdicción de trabajo, establecida en el artículo 70 de la Constitución Política, se dirimirán los conflictos individuales y colectivos, cuya solución requiera la aplicación de normas de derecho de trabajo y seguridad social, y los principios que lo informan, así como los asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias de ese derecho."
Artículo 420
"El proceso laboral se rige por los siguientes principios procesales básicos: la conciliación, las actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, así como por la celeridad, la concentración, la inmediación, la búsqueda de la verdad real, la libertad probatoria, la lealtad procesal y la gratuidad o el costo mínimo."
"The labor process is governed by the following basic procedural principles: conciliation, primarily oral proceedings, simplicity, informality, relative officiousness, as well as speed, concentration, immediacy, the search for real truth, freedom of proof, procedural loyalty, and free or minimal cost."
Artículo 421
"El proceso laboral se rige por los siguientes principios procesales básicos: la conciliación, las actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, así como por la celeridad, la concentración, la inmediación, la búsqueda de la verdad real, la libertad probatoria, la lealtad procesal y la gratuidad o el costo mínimo."
Artículo 421
"Las personas trabajadoras gozan, a partir de los quince años, de plena capacidad para ejercer ante las autoridades administrativas y judiciales las pretensiones que sean de su interés y, en general, para la tutela de sus derechos laborales y de seguridad social."
"Workers enjoy, from the age of fifteen, full capacity to assert before administrative and judicial authorities the claims that are of their interest and, in general, for the protection of their labor and social security rights."
Artículo 444
"Las personas trabajadoras gozan, a partir de los quince años, de plena capacidad para ejercer ante las autoridades administrativas y judiciales las pretensiones que sean de su interés y, en general, para la tutela de sus derechos laborales y de seguridad social."
Artículo 444
Full documentDocumento completo
in the entirety of the text - Complete Text of Law 9343 Labor Procedural Reform Complete Text record: 109EE0 N° 9343 THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA
LABOR PROCEDURAL REFORM
DECREES:
2, Labor Code, of August 27, 1943, are reformed. The texts are as follows:
"TITLE SIX PRESSURE MEASURES
Legal and Illegal Strikes
CHAPTER ONE
A legal strike is a right consisting of the concerted and peaceful suspension of work, in a company, institution, establishment, or work center, agreed upon and executed by a plurality of at least three workers, representing more than half of the votes cast pursuant to article 381, by the employees involved in a collective labor dispute, for the following:
The holders of the right to strike are the workers, who shall exercise it through their union organizations or a temporary coalition, in companies, institutions, establishments, or work centers where there are no unionized persons or when their number is insufficient to form a union organization.
The right to strike includes participation in preparatory activities that do not interfere with the normal development of the work of the company or work center, in the call, in the election of its modality, in joining a strike already called or the refusal to participate in it, in participation in its development, in calling it off, as well as the decision to terminate one's own participation in the strike.
In the case of institutions or companies that have more than one establishment or work center, the minimum support percentage required, pursuant to article 371, shall be counted considering all the workers of the company, institution, or the respective work center, as the case may be." "Article 377.- To declare a legal strike, the workers must:
The strike, whatever its modality, whether called by one or more unions or, as the case may be, a coalition of workers, may be executed intermittently, gradually, or in a staggered manner. In these cases, the days and hours of suspension, as well as the modality of the strike, must be communicated in writing to the employer prior to its commencement, directly or through the Ministry of Labor and Social Security.
The termination of employment contracts or, failing that, salary reduction or any type of sanction, shall only be applicable starting from the declaration of illegality of the strike.
A legal strike suspends the employment contracts in force in the establishments, businesses, departments, or work centers where it is declared, for the entire time it lasts. In cases where the strike has not been declared in the entirety of the center, but in one of the departments, sections, or specific category of workers, the suspension shall operate only with respect to these.
To achieve the minimum support percentage required, in accordance with the provisions of this title, the following procedure shall be followed:
The employer shall be obliged to facilitate participation in the voting process, to provide the necessary time with pay to guarantee the free exercise of universal suffrage, and to refrain from intervening, directly or indirectly, in the voting process. The voting centers must be in a neutral location, preferably public and easily accessible.
Any violation of this article shall constitute an unfair labor practice in the terms of article 363 and shall be sanctioned with the fine established in subsection 6) of article 398.
For the determination of the minimum percentage for calling and supporting the strike, the following must be excluded:
The employer party or parties affected by the strike may request, before the labor jurisdiction, the declaration of illegality of the movement, when the workers or their union organizations have not adhered, in the exercise of the right to strike, to the provisions and requirements established in articles 371, 377, and 381 of this Code.
Likewise, it shall be optional for the workers or their union organizations to request the declaration of legality of the strike, prior to its commencement. In this latter case, they may not begin the execution of the strike until the declaration of a legal strike is final. The workers or the respective union may also request the classification of the strike after its execution, and even after its conclusion, for the purposes of the provisions of article 386.
Once the declaration of illegality of the strike is final, the employer party may terminate, without employer liability, the employment contracts of the strikers, if they do not return to work twenty-four hours after the notification of the respective decision.
This notification shall be made through publication in a nationally circulated newspaper, as well as by notices placed in visible places of the work center or centers, or by any other means that guarantees the effective completion of the notification.
Notwithstanding the foregoing, in the new contracts entered into by the employer, conditions may not be stipulated that are inferior to those that, in each case, prevailed before the illegal strike was declared.
If the strike is declared legal by the courts and it is also determined, in the same decision, that the reasons for the strike are attributable to the employer, due to a serious breach of the collective bargaining agreement or the generalized breach of employment contracts, the conciliation agreement, the collective agreement, or the arbitration award, due to refusal to negotiate a collective agreement, to recognize the union organization, to reinstate the workers' representatives despite a final judgment ordering it, or due to mistreatment or violence against the workers, it shall order the employer to pay the salaries corresponding to the days on which they remained on strike. The respective settlement shall be carried out through the judgment enforcement process.
Legal and Illegal Lockouts
CHAPTER TWO
A legal lockout or employer lockout is the temporary suspension of work ordered by two or more employers, peacefully and with the exclusive purpose of defending their common economic and social interests.
The lockout shall always comprise the total lockout of the companies, establishments, or businesses in which it is declared.
The lockout shall be legal if the employers adhere to the requirements provided for in article 377 and then give their workers one month's prior notice for the sole purpose that these may terminate their contracts, without liability for either party, during that period.
The resumption of work shall be carried out in accordance with the rules established in article 77.
The provisions of article 380 are applicable to the lockout.
Any malicious act by the employer that makes it impossible for the workers to perform their work normally shall also be considered an illegal lockout.
Any illegal lockout has the following effects:
Common Provisions
CHAPTER THREE
Neither lockouts nor strikes must in any way harm workers who are receiving salaries or indemnities for accidents, illnesses, maternity, vacations, or other analogous causes.
In the event of a legally declared strike or lockout, the labor courts shall issue an immediate order to the police authorities so that the persons and properties covered by said declaration are duly protected and the establishments, businesses, departments, or work centers are kept closed.
In cases where the legality of the strike has not been declared in the entirety of the center but in one of the departments, sections, or specific category of workers, the closure shall operate only with respect to these. While the movement has not been declared illegal, neither party may take the slightest reprisal against the other, nor prevent it from exercising its rights, as provided in article 620.
In the event of an illegal strike or lockout, the competent courts shall order the police authorities to guarantee the continuation of work by all means within their reach. If it concerns public services in the hands of private entrepreneurs, the Executive Branch may assume, for that purpose, its temporary control; for this, the competent court may appoint a suitable person as curator.
The right of the employer parties to the lockout and that of the workers to the strike are non-waivable; but the clause by virtue of which they undertake not to exercise them temporarily shall be valid, as long as one of the parties does not breach the terms of the collective agreement or instrument."
2, Labor Code, of August 27, 1943, are reformed. The texts are as follows:
"TITLE SEVEN INFRACTIONS OF LABOR LAWS AND THEIR SANCTIONS
Actions or omissions incurred by employer parties, their representatives and administrators, workers, or their respective organizations that violate the norms provided in the Political Constitution, international human rights covenants, and conventions adopted by the International Labor Organization, ratified by the Legislative Assembly, and other labor and social security norms constitute faults, without prejudice to the civil or criminal liability that may apply to them.
Public officials of the Comptroller General of the Republic, the Public Services Regulatory Authority (Aresep), the Attorney General's Office of the Republic, or analogous entities, who, in the exercise of control, oversight, and binding advisory powers, cause the Public Administration to incur the commission of these types of faults, shall also be sanctioned.
The processes originating from said faults shall be heard by the labor courts, in accordance with the rules of competence and by the procedure indicated in this same Code.
The violators referred to in article 399 of this Code shall be sanctioned with a fine, according to the following table:
The denomination of base salary used in this law throughout its articles, unless expressly provided otherwise, must be understood as that contained in article 2 of Law No. 7337, of May 5, 1993, in accordance with the provisions of this same Code.
The liability of natural persons is subjective, and that of legal persons is objective. When the conduct is carried out by an employer representative of a legal person employer or economic interest group, in the terms of article 5 of this Code, the sanction shall also fall upon the latter, as applicable, to whom the economic effects of the representative's fault are jointly extended.
Infractions of the prohibitive norms of this Code or of labor and social security laws shall be sanctioned starting from the fine included in numeral 3 of the sanctions table of article 398, or higher ones established by special law.
In the case of refusal to provide reports, notices, requests, permits, verifications, or documents required according to this Code and the labor and social security laws, so that the Labor authorities can exercise the control entrusted to them by said provisions, the responsible parties shall be sanctioned with the fine included in numeral 1 of the sanctions table contained in article 398, provided that a warning with a period of fifteen days has been given.
When judging labor faults, the sanction that corresponds in each case shall be applied, taking into account the seriousness of the act, its consequences, the number of faults committed, and the number of workers who have suffered the effects of the infraction.
The sanction may be reduced, provided the violator agrees to repair the damage immediately and in full.
Any person who in bad faith publicly incites a strike or lockout to be carried out against the provisions of this title shall be sanctioned with a fine of five to ten base salaries.
Individuals who participate in a collective dispute, using means that alter the peaceful nature of the movement, shall be repelled and expelled from the environment where it takes place, by any police authority, and sanctioned with a fine of five to ten base salaries.
PROHIBITION OF DISCRIMINATION
TITLE EIGHT
All discrimination at work based on age, ethnicity, sex, religion, race, sexual orientation, marital status, political opinion, national ancestry, social origin, filiation, disability, union affiliation, economic situation, or any other analogous form of discrimination is prohibited.
All workers who perform equal work under equal subjective and objective conditions shall enjoy the same rights, in terms of working hours and remuneration, without any discrimination.
The dismissal of workers for the reasons indicated in article 404 is prohibited.
Employers are prohibited from discriminating based on age when requesting a service or selecting a worker.
All persons, without any discrimination, shall enjoy the same opportunities to obtain employment and must be considered eligible in the field of their specialty, provided they meet the formal requirements requested by the employer or those established by law or regulation.
Any discrimination contemplated in this title may be asserted by the authorities or the interested party before the labor courts, in the manner provided in this Code. In these cases, whoever alleges discrimination must specifically indicate the factual basis on which their allegation is founded and the terms of comparison that substantiate their assertion.
Employers who are proven to have dismissed workers for any of the reasons of discrimination indicated above must reinstate them in their work, with full enjoyment of their rights and the consequences provided for the reinstatement judgment.
With respect to the Public Administration and other institutions of public law, any appointment, dismissal, suspension, transfer, exchange, promotion, or recognition carried out contrary to the provisions of this title shall be voidable at the request of the interested party, and the procedures followed regarding recruitment or selection of personnel shall lack efficacy in what results in violation of this title.
Any worker who, in the exercise of their functions related to recruitment, selection, appointment, personnel movements, or in any other way, incurs discrimination in the terms of this title, shall incur a serious fault for the purposes of article 81 of this Code.
STATUTES OF LIMITATIONS AND EXPIRY OF DISCIPLINARY SANCTIONS IMPOSED IN WRITTEN PROCEDURE
TITLE NINE
The calculation, suspension, interruption, and other aspects relating to the statute of limitations shall be governed by the provisions of this Code and, supplementarily, by what the Civil Code provides.
Rights arising from a judicial judgment shall be barred by the statute of limitations in a term of ten years, which shall begin to run from the day the judgment becomes final.
Unless there is a special provision to the contrary, all rights and actions arising from employment contracts shall be barred by the statute of limitations in a term of one year, counted from the date of termination of said contracts.
In labor matters, the statute of limitations shall also be interrupted by the following causes:
Without prejudice to what special provisions establish regarding the limitation period, the rights and actions of employers to justifiably dismiss workers, or to discipline their faults, shall be barred by the statute of limitations in a term of one month, which shall begin to run from the moment the cause for the separation or sanction arose or, as the case may be, from when the causal facts were known.
If the employer party must follow a sanctioning procedure, the intention to sanction must be notified to the employee within that period, and, from that moment, the month shall begin to run again at the moment when the employer or the competent body, as the case may be, is in a position to decide, unless the procedure is paralyzed or halted due to fault attributable exclusively to the employer party, a situation in which the statute of limitations is applicable if the paralysis or suspension covers that period.
When it is necessary to follow a procedure and record disciplinary sanctions in a written act, the execution of those thus imposed expires, for all purposes, in one year from the finality of the act.
The rights and actions of workers to terminate their employment contract with just cause are barred by the statute of limitations in a term of six months, counted from the moment the employer gave cause for the separation, or from the moment said person became aware of the cause.
The rights and actions of employers to claim against those who unjustifiably leave their positions shall expire in accordance with the provisions of article 32 of this Code.
Unless there is a legal provision to the contrary, all rights and actions arising from this Code, its regulations, its related laws, including those of social security, that do not originate directly from employment contracts nor relate to legal disputes between employers and workers, are barred by the statute of limitations in one year.
That period shall run, for the former, from the occurrence of the respective event or from when they became aware of it, and, for the latter and other interested persons, from the moment they are in an effective position to claim their rights or to exercise the corresponding actions.
The action to sanction faults committed against labor and social security laws is barred by the statute of limitations in two years, counted from the moment they are committed or from the cessation of the situation, in the case of continuous acts.
The filing of the accusation before the labor courts continuously interrupts the limitation period, until a final judgment is issued.
The statute of limitations is also interrupted by any judicial action or by extrajudicial action, in cases where a judicial process has not been filed.
The statute of limitations for the sanction imposed in a final judgment shall be governed by the provisions of article 412.
SPECIAL LABOR JURISDICTION
Organization, extension, and limits of the labor jurisdiction
General Provisions
TITLE TEN
CHAPTER ONE
SECTION I
In the labor jurisdiction, established in article 70 of the Political Constitution, individual and collective disputes shall be resolved whose solution requires the application of labor law and social security norms, and the principles that inform it, as well as matters connected to the substantial relationships inherent to that law.
Within that scope is included the hearing of all benefits derived from public employment relationships, for the collection or fulfillment of labor aspects, as well as challenges or nullities of acts or omissions of all public law institutions or bodies, relating to said employment, when by their material or substantial content and the applicable legal regime they must be heard before the labor jurisdiction.
In addition to the general principles corresponding to every process, such as those of exclusivity and mandatory nature of the jurisdictional function, independence of the jurisdictional bodies, contradiction or bilateral hearing, publicity, mandatory nature of legal procedures, necessary reasoning of judicial decisions, and preclusion, the labor process is governed by the following basic procedural principles: conciliation, primarily oral proceedings, simplicity, informality, relative officiousness, as well as celerity, concentration, immediacy, the search for real truth, freedom of proof, procedural loyalty, and gratuity or minimum cost.
When interpreting the provisions of this title, it must be taken into account that its ultimate purpose is to allow the orderly application of the substantial norms and the principles that inform them, including justice and equity, when applicable. The persons in charge of the bodies of this matter shall direct the process in a proactive manner, impelling it opportunely, seeking real truth within the established limits, giving it primacy over formal expressions, protecting the non-waivability of rights, and adequately applying the "pro operario" rules ("in dubio pro operario", most favorable norm, and most beneficial condition), so that in the solution of conflicts, the Christian principles of social justice are fulfilled and the inequality of the worker party is not expressed in the outcome of the process.
The Judicial Branch shall adopt the necessary measures to provide persons with disabilities or difficulties in accessing justice or participating in processes, due to being in a state of vulnerability for any cause, the facilities or particular support they require for the exercise of their rights under equal conditions.
In processes in which the State, its institutions, and bodies are a party, the provisions of the preceding article shall apply, provided that the principle of legality is not contravened.
However, the rule of the primacy of reality and the unwritten norms of the legal system may be invoked as a source of law, when possible, in accordance with Law No. 6227, General Law of the Public Administration, of May 2, 1978.
The process is initiated by the party, and once initiated, the bodies of the jurisdiction must issue, ex officio, with broad powers, all measures directed at its progress and conclusion, without the need for management by the parties.
In the processing of the procedures regulated by this Code, the courts must act quickly, accelerating the course of the case file as much as possible. Failure to comply with the deadlines established for issuing decisions, as well as any unjustified conduct that harms the application of the principle of celerity, may be considered a serious fault for disciplinary purposes, in accordance with Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch, of May 5, 1993, and the corresponding judicial official may be declared responsible for the damages caused.
In addition to the exemptions agreed upon in article 10 of this Code, in the process regulated in this title, no money deposits or bonds of any kind shall be required, with the exceptions expressly provided for in the law. Publications that must be made in the official gazette shall be free of charge.
Practices contrary to the labor justice administration system are considered to be the use by judges of exaggerated, abusive, and unnecessary formalities. Such formalities shall include the excessive decree of nullities, the failure to apply the principle of remediation and preservation of the proceeding (principio de saneamiento y conservación del proceso), when applicable; the repeated issuance of warnings that should have been made in a single resolution; the granting of transfers not provided for by law; giving preeminence to procedural rules over substantive ones, or improperly applying formalities and, in general, any abusive procedural practice.
The parties, their attorneys-in-fact, representatives, lawyers, justice auxiliaries, and third parties who have any contact with the proceeding must adjust their conduct to good faith, the dignity of justice, and the respect owed to the judges and other litigants and participants.
Acts contrary to loyalty and committed in procedural fraud are considered to be abusive or repetitive lawsuits, motions, or exceptions; the offering of false, unnecessary, or irrelevant evidence to the subject of the debate; the abuse of precautionary measures and any procedural mechanism; collusion; failure to comply with orders issued in the proceeding; the use of any dilatory tactic; and failure to cooperate with the justice administration system in the taking of evidence necessary for ascertaining the disputed facts.
The absence of procedural rules expressly provided for a specific case or situation shall be filled by the analogous application of the other provisions of this same Code and its principles, insofar as they are compatible.
Civil procedural legislation and contentious-administrative procedural legislation, in proceedings against the State and its institutions, shall be of supplementary application, to fill the normative gaps of this Code or to utilize procedural mechanisms not expressly regulated, which are necessary to apply for the protection of the parties' rights and the purposes of the proceeding, provided they do not contradict the text and procedural principles of this title.
In any case, if there is an omission regarding the manner of proceeding, the bodies of the labor jurisdiction shall be authorized to devise the most convenient procedure, so that a resolution can be promptly issued that impartially decides the claims of the parties, provided that due process is guaranteed to them. In any case, the exhaustive enumeration of appeals set forth in this Code shall be respected.
Organization and Functioning
SECTION II
The labor jurisdiction shall be in charge of courts (juzgados), conciliation and arbitration tribunals (tribunales de conciliación y arbitraje), and appellate and cassation tribunals (tribunales de apelación y casación), all specialized. Regarding their organization and functioning, in addition to the provisions of this Code, the provisions established in Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch (Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial), of May 5, 1993, and the Judicial Service Statute, shall apply as pertinent.
The courts (juzgados) shall hear in first instance the matters within their competence, whatever the economic value of the claims, and shall serve as the basis, in the territorial districts designated by the Supreme Court of Justice, for the constitution of the conciliation and arbitration tribunals (tribunales de conciliación y arbitraje).
The appellate tribunals (tribunales de apelación) shall hear in second instance the appeals arising from individual legal disputes heard by the courts (juzgados) and in the collective proceedings referred to in this Code; they shall have the seat and territorial competence designated by the Supreme Court of Justice. Likewise, said bodies shall hear the other matters indicated by law.
In judicial circuits where the volume of cases warrants it, the Supreme Court of Justice may entrust a specific office with hearing social security matters or any other specialty, corresponding to the territory indicated.
Competence
SECTION III
The labor courts (juzgados de trabajo) shall hear in first instance:
The bodies have their competence limited to the territory designated for exercising it, except in cases where it is necessary to move to another territory to carry out non-delegable actions. The travel expenses shall be borne by the interested party, except when it involves workers, in which case they shall be covered by the State.
Competence may only be extended for the benefit of the worker, never to their detriment. The filing of the lawsuit by that person before a specific jurisdictional body presumes that the corresponding territorial competence represents a benefit for them.
Without prejudice to the provisions of special rules, the territorial competence of the courts (juzgados) shall be determined according to the following provisions:
In all cases where two or more bodies have competence to hear, by reason of territory, the same claim or conflict, the body that first took cognizance of the claim shall be considered the sole and definitive competent body.
When dealing with irrevocable rights (derechos irrenunciables), the labor bodies, when issuing their judgments, shall adjust the respective amounts to what legally corresponds, even if they are higher than what was indicated in the claim, when some document or evidentiary means supports it unquestionably. Regarding waivable matters, the estimates or determinations made in the lawsuit shall govern as limits that the labor bodies may not exceed.
The competence of the bodies of the labor jurisdiction extends to related claims, even if considered in themselves to be of another nature, as long as they derive from the same facts or are intimately linked to the substantial relationship that determines the competence.
In matters of international competence, the Costa Rican courts are competent:
In the cases of the three subsections above, national legislation shall always apply to the entire employment relationship, in what is most favorable to the worker.
Competence may only be delegated for the performance of procedural acts whose execution does not violate the principle of immediacy (principio de inmediación) and which are required as assistance for the substantiation of the proceeding. The delegation for the reception of evidence and any other act proper to the hearing is absolutely prohibited, under penalty of nullity. The tribunals, however, may incorporate into the proceeding, even at the hearing, when necessary, evidentiary elements including testimony, through electronic means of communication, as long as the authenticity of the communication's content is guaranteed and due process is not affected.
The plaintiff may not challenge the competence of the body before which they filed the lawsuit, to which they shall remain bound until the conclusion and enforcement, as applicable, in accordance with law. Consequently, they may not cause that competence to vary even if the factual circumstances existing at the time the proceeding was initiated subsequently change.
Subject-matter competence is non-extendable. It may only be protested by the interested party when answering the lawsuit or counterclaim.
The exception of lack of competence shall be rejected outright when the claims set forth in the lawsuit or counterclaim are unquestionably of a labor nature. This resolution shall not condition the judge's criterion when resolving the corresponding claims in the judgment, taking into account the evidence on the substantial relationship on which they are based.
Regarding the exception of lack of subject-matter competence, when its processing is appropriate, a transfer shall be granted to the opposing party for three days; after that term, the court (juzgado) within the following three days shall resolve accordingly.
Lack of subject-matter competence may be declared ex officio by the trial court up to the remediation hearing (audiencia de saneamiento). It is prohibited to declare lack of competence for that reason after that act has been completed.
In the two cases of the preceding article, the resolution shall be appealable before the competent body according to Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch (Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial), of May 5, 1993, for resolving questions of competence between courts of different matters. It shall be necessary to substantiate the appeal, and in this regard, as well as for the processing of the challenge, the provisions for appeal in articles 589 and 590 of this same Code shall apply.
The pronouncement of that body shall have no further appeal and shall be binding for the jurisdictions involved.
If the court's pronouncement is not appealed, the body of the matter to which competence is attributed may promote the respective conflict before the body indicated in the first paragraph of this article, within the peremptory period of five days, starting from the day following the date on which the file is received.
Unless expressly provided otherwise, tribunals are prohibited from declaring ex officio lack of competence by reason of territory, and the interested party may only protest it when answering the lawsuit.
The exception shall be resolved once the term of the summons has elapsed.
The resolution issued shall be appealable only when lack of competence is declared. If the protest is limited to competence regarding national territorial districts, the appeal shall be resolved by the Second Chamber of the Supreme Court of Justice and its decision shall be definitive and binding for the bodies of the other territorial district, without it being possible to raise any conflict. If the exception was filed alleging that the matter is not the competence of the Costa Rican courts, the appeal shall be heard by the body of the Supreme Court of Justice with competence to hear the cassation appeal (recurso de casación) in labor matters.
If the court's resolution is not appealed, it shall be considered final and binding for the parties and, as applicable, the national jurisdictional body, in whose favor competence by reason of territory has been established, must assume cognizance of the proceeding, without it being possible to dissent via conflict.
Subjective competence shall be governed by the provisions of civil procedural legislation and Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch (Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial), of May 5, 1993; however, labor judges, in addition to the grounds indicated in said legislation, shall be subject to disqualification (inhibitoria) in proceedings against the State or its institutions, when:
Recusals (recusaciones) must be filed:
Excepted are cases in which the party has not been able to know the person before the hearing or trial. In these cases, the party may raise the recusal within the five days following the knowledge obtained of that person's intervention.
The failure to timely file the recusal causes the right to protest and claim through any avenue for that same cause to expire outright and renders any protest unaddressable, with the body ordering its archiving.
The recusal does not suspend the execution of the judgment or of what was resolved prior to its filing, when dealing with acts of mere enforcement.
Parties to the Proceeding
Capacity and Representation of the Parties
CHAPTER TWO
SECTION I
Those who are in the exercise of their rights have the capacity to appear in court in defense of their subjective rights and legitimate interests.
Workers, from the age of fifteen, have full capacity to exercise before administrative and judicial authorities the claims that are in their interest and, in general, for the protection of their labor and social security rights.
In proceedings where any violation of the rights of workers under fifteen years of age is discussed, including those established in Chapter VII of Law No. 7739, Childhood and Adolescence Code (Ley N.º 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia), of January 6, 1998, as well as the prohibition established in Article 92 of that normative body, these persons shall be represented by their father or mother or by whomever legally represents them and, in their absence, by the Patronato Nacional de la Infancia (PANI), which for that purpose shall designate a lawyer.
Persons declared in a state of interdiction, natural incapacitated persons over eighteen years of age, and absentees shall appear through their legitimate representatives. If they do not have them or the one they hold is in a conflicting interest, a lawyer from social assistance shall be appointed to represent them as guardian, at no cost.
Unions shall have standing for the defense of the economic and social interests that are proper to them. To exercise subjective rights of their members, the granting of sufficient power of attorney is indispensable.
To demand the protection of collective legal rights, they require no power of attorney whatsoever. Once the lawsuit is admitted for processing, anyone who has an interest in it shall be called to the proceeding so that, within the term of the summons, they appear to assert their rights, by means of an edict to be published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial). In these cases, the summons shall begin to run from the next business day after the publication or notification, if the latter was made subsequently. At the same time, at least one notice shall be placed in a public and visible place in the area or sector involved, without prejudice to the notice that the plaintiff may give to easily determinable affected parties.
Legal entities shall appear in the proceeding through their legitimate representative.
In lawsuits against the State, for actions of the Central Administration, the Branches of Government, the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), and the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes de la República), as long as they exercise an administrative function, representation and defense shall correspond to the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República).
The representation and defense of decentralized entities shall be governed in accordance with what their own laws establish. When the designation of representatives with sufficient powers to litigate is made in the official gazette, it shall suffice for the representatives to invoke the publication as proof of their capacity and to affirm, under oath, that the designation has not been modified or rendered ineffective.
The Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) may be sued jointly with the State or with the oversight entity, when the proceeding has as its object labor disputes arising from the conduct of these bodies, related to the exercise of their constitutional and legal competence, or to the exercise of their powers of superior oversight or guardianship of the Public Treasury.
When an entity issues an act or provision that, for its finality, requires or has requested prior control, authorization, approval, or cognizance, by a State body or another administrative entity, the latter shall be considered a co-defendant party.
Those acting as defendants or collaborators, with the exception of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), in cases where it may intervene in proceedings according to law, may litigate united under a single representation and direction, provided their positions are not contradictory and no conflict of interest exists.
The parties may appear by themselves or with legal counsel, or be represented by a person with a special judicial mandate through a power of attorney constituted in accordance with common laws. Unless otherwise agreed or legally provided, the granting confers upon the attorney-in-fact the power to resolve the proceeding through conciliation, even if not expressly stipulated.
The Patronato Nacional de la Infancia (PANI) shall be a party in proceedings involving minors or mothers demanding rights related to maternity.
Benefit of Free Justice
SECTION II
The Patronato Nacional de la Infancia (PANI) shall provide free legal assistance to minor workers who need to bring actions before the labor courts, as well as to mothers for the claim of their labor rights related to maternity.
Workers whose last or current monthly income does not exceed two base salaries of the administrative assistant position in accordance with the provisions of Article 6 of Law No. 9289, Law of the Ordinary and Extraordinary Budget of the Republic for the Economic Year 2015 (Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del Año 2015), of November 29, 2014, shall have the right to free legal assistance, paid by the State, for the protection of their rights in individual legal disputes. Administrative modifications made to that salary shall not be taken into account for these purposes, as long as they are not incorporated into said law. The economic limitation indicated in this rule does not apply to mothers and minors regarding the special State assistance to which they are entitled, nor for cases of discrimination, in violation of the provisions of Title Eight of this Code.
For this purpose, a specialized section, totally independent from other legal areas, shall operate within the Department of Public Defenders of the Judicial Branch, with legal professionals called social assistance lawyers (abogados o abogadas de asistencia social), which shall be in charge of providing free legal counsel to workers who meet the requirement indicated in the first paragraph of this rule. The Supreme Court of Justice shall establish, through an internal service regulation, the organization and functioning of said section.
The resources required for the functioning of that section shall not be considered part of the resources corresponding to the Judicial Branch in the Budget of the Republic for its ordinary expenses and shall not be taken into account to establish budgetary limitations for it. The monies from personal costs generated in favor of the party sponsored by social assistance shall be distributed as follows:
The Bar Association (Colegio de Abogados) and any other trade organization may constitute, at their own expense, centers or networks of free legal assistance for social service purposes. The person designated to attend a matter shall assume the role of professional director, with all the responsibilities that this implies, and under no circumstances shall their fees be borne by the Judicial Branch. The organizations shall internally define the manner of providing the service, it being possible to agree with the organization on the payment of fees in amounts lower than those set in existing fee schedules or the provision of the service through the payment of a salary. In the event that the sponsored party is victorious, the personal costs imposed on the opposing party shall correspond entirely to the lawyer, unless otherwise agreed.
Alternative Dispute Resolution
CHAPTER THREE
Conciliation, mediation, and arbitration shall be used preferentially as instruments of peace between the parties and for society. In judicial proceedings, jurisdictional bodies have the duty to promote a conciliated solution to the conflict, above the imposition implied by the judgment.
Extrajudicially, with the intervention of mediators from the Ministry of Labor and Social Security or from an alternative dispute resolution center, in the latter case with the presence of a lawyer or a union representative who assists the worker, the parties may settle (transigir) the rights in dispute, except for the rights indicated in the following article.
In all conciliation, the irrevocable (irrenunciables), inalienable (indisponibles), and indisputable (indiscutibles) rights of workers must be respected.
The Public Administration and other public law institutions may conciliate, regarding their administrative conduct, the validity of their acts, or their effects, regardless of the public or private nature of those acts.
The parties or their representatives shall attend the conciliatory activity, to the exclusion of collaborators.
The representatives of State institutions must be accredited with sufficient powers to conciliate, granted by the competent body, which must be verified prior to the respective hearing, in the case of judicial intervention.
When the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) must conciliate, the express authorization of the Attorney General of the Republic or the Deputy Attorney General is required, who must previously hear the Advisory Attorney (procurador asesor).
Actions Prior to Jurisdictional Activity
Prior Alternative Dispute Resolution
CHAPTER FOUR
SECTION I
It is optional for workers to submit the resolution of their disputes, prior to the intervention of the jurisdictional bodies, to private conciliators or mediators or those of the Ministry of Labor and Social Security. The request for conciliation, duly filed before said Ministry, shall interrupt the statute of limitations (prescripción), which shall also not run while the matter is being ventilated in that venue, for a maximum period of three months.
They may also request the jurisdictional body that, before the formal filing or the processing of the proceeding, a solution of the case be attempted through conciliation, which shall be in charge of the same body, preferably in charge of a specialized conciliation judge, of the office or the respective judicial conciliation center. In this case, the proceeding shall be held in abeyance for up to three months, a period during which no limitation period shall run.
This rule is also applicable to employers, with respect to the actions or lawsuits they intend to bring before the jurisdictional bodies, but if it involves a counterclaim or accumulated claims, the suspension of the proceeding may only be agreed upon for the indicated period of three months to attempt conciliation, at the request of both parties.
Exhaustion of Administrative Remedies
SECTION II
In lawsuits against the State, its institutions, and other public-law entities, the cognizance of which corresponds to this jurisdiction, the exhaustion of administrative remedies shall be optional. It shall be deemed to have been completed, without the need for any express declaration to that effect, when:
When the act emanates in a sole instance from a supreme hierarchical superior of the respective administrative organ or entity, a motion for reconsideration (recurso de reconsideración) may be filed before the same organ that issued the act, within a period of fifteen days.
The remedy filed may be deemed dismissed and the administrative remedies exhausted, once one month has elapsed since its filing without a resolution having been issued.
In the event that exhaustion is chosen, once the administrative remedies are exhausted, all rights that may correspond to the plaintiff, derived from the administrative conduct or from the act or acts to which the challenge or lawsuit refers, may be claimed or asserted, even if they were not expressly mentioned in the administrative proceeding.
If the party has chosen the exhaustion of administrative remedies, the lack of this requirement may not be demanded ex officio and any omission in this regard shall be deemed rectified, if the defendant does not timely raise the exception. This exception must always be raised, under penalty of outright rejection, in a substantiated manner, indicating and demonstrating in the same act the specific reason why the administrative discussion cannot be considered closed.
Procedural Activity
Various Provisions
CHAPTER FIVE
SECTION I
For the pleadings of the parties and, in general, all their written submissions to have effect, they must be signed by the petitioner. If the document is processed through technological means, the signature must be authenticated in the manner established by law for this type of document.
If the person does not know how to write or has a physical impossibility to do so, one or the other circumstance shall be recorded in the document and another person shall sign at their request.
Authentication of the petitioner's signature by a legal professional authorized to litigate shall not be required when the document is presented personally by the petitioner.
In any case, with the exceptions provided by this law, signatures shall be authenticated by a legal professional authorized to litigate. If this requirement is omitted, the party shall be warned to appear to authenticate them, within a period of three calendar days, under the warning that, failing to do so, the filing of the document shall be declared ineffective.
Copies of the documents and writings submitted to the process shall not be required. Original documents, the loss of which may cause irreparable harm, shall be certified at the expense of the interested party, shall remain in the safe of the respective office, and shall be shown to the opposing party, if the latter so requests.
The office shall provide the parties with the facilities so that, at any time during the working day, they may obtain copies of the pieces of the case files at their own expense.
In all procedural acts, the use of the Spanish language shall be mandatory. In procedural acts in which a person requiring the use of LESCo[1] or indigenous languages intervenes, its translation, as the case may be, shall be mandatory. Documents drafted in another language and offered as evidence by the worker party must be translated at the expense of the office. Those offered by the employer party under those conditions shall be translated at its expense. These translations may be performed by a notary public, under their responsibility, if they know the language, in accordance with the Notarial Code (Código Notarial). The notary may not also be the lawyer of one of the parties. When deponents do not speak Spanish or cannot communicate orally, the testimony shall be taken with the aid of an interpreter at the expense of the proponent party, if it is the employer, or at the expense of the office, when the proponent is the worker. If the respective judicial circuit has interpreter services in the specific language, it shall be this interpreter who, in either of the two aforementioned scenarios, assists, as part of their duties, the official responsible for receiving the testimony.
The legal representatives of any legal entity, including social organizations, must prove their legal capacity (personería) through the respective document or by invoking the publication, if it is permitted to do so in that manner. If their appearance is as the plaintiff party, the representative's legal capacity must be proven at the time of the first filing and, if appearing as the defendant, it is sufficient for the plaintiff, in the statement of claim (escrito de demanda), to indicate the name or corporate name, in which case the notice to defend (traslado) shall be validly served at the registered office upon the person who acted as representative before the plaintiff, under the terms of Article 5 of this Code, or upon whoever at that time is listed as the person in charge or attends to the public regarding the company's interests.
The burden of proving legal capacity belongs to the defendant party, who must do so when making its first filing. If any omission is presented, it shall be warned to supply it within three days, under penalty of considering the filing ineffective.
It is considered a duty of the defendant party, derived from the principle of procedural loyalty (lealtad procesal), to make the necessary observations to the court regarding its name or corporate name, so that the appropriate corrections may be made.
The lack of such indications shall not be a cause for future nullities, and the pertinent corrections may be made at any time, even when there is a final judgment (sentencia firme), provided that the modifications to the procedural subjects do not imply substitutions that violate due process.
In cases where legal capacity is demonstrated, the notice to defend may be validly served upon the representative at the registered office, the workplace, or the place of residence.
It shall not be necessary in the process to prove the legal capacity of the State or public entity appearing as plaintiff or defendant. Each office must maintain a registry of legal capacities (registro de personerías), for the updating of which it shall make the pertinent warnings.
All days and hours are business days for carrying out judicial actions. However, when this Code sets terms or time limits in days for the performance of judicial actions, it shall be understood that these are days ordinarily considered business days according to the law.
Procedural orders (providencias) and interlocutory judgments (autos) must be issued within three days. The judgment (sentencia) at the hearing shall be issued at the end of that activity, unless expressly provided otherwise, and in matters where no hearing is held, it shall be issued within the five days following the day on which the case file is ready for judgment.
The persons acting as heads of jurisdictional organs, those in charge of processing cases, and those working as their assistants shall ensure compliance with judicial deadlines and that all activities ordered in the process are carried out promptly and correctly, so that the process reaches its end in a timely manner; the foregoing, without prejudice to the responsibilities provided for in Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial), of May 5, 1993.
Written submissions shall be filed directly at the judicial office to which they are addressed or at the site provided by the judicial organization for making such filings, and their effects shall be produced, in this latter case, on the day and at the time of filing, regardless of the ordinary work schedule of the respective office.
They may be sent by fax or other suitable means available to the office, without the need to present the original, unless the opposing party alleges alteration of the document.
Written submissions mistakenly filed in an office or department that does not correspond shall take effect from the moment they are received by the organ that must hear them.
Each process shall give rise to the formation, with ordered and numbered pagination, of physical case files (expedientes), which may also be organized electronically.
The practice of notifications and everything related to that procedural act shall be governed by the special law on notifications, unless this Code or its related laws provide otherwise. However, the labor justice organs may order, in cases of urgency, rapid forms of notification, through the organ itself or through means of communication that guarantee the effective completion of the act.
Resolutions issued at oral hearings shall be notified orally, in the same act of issuing them or at the opportunity indicated for doing so.
Defective Activity, Rectification, and Nullity Regime
SECTION II
Jurisdictional actions must comply with the provisions that establish the competence of judges and enshrine the formalities established to guarantee due process.
The heads of jurisdictional organs shall ensure compliance with those provisions, so that no denial of access to justice occurs or the right to defense is affected at any time.
Nullity shall be appropriate:
Nullity may be decreed at the request of a party. If requested before the hearing, the organ may decree it after hearing the opposing party for three days.
If the taking of evidence is necessary to assess the request made, and when nullity is requested during the hearing, it shall be substantiated in that procedural activity.
The petition for nullity of subsequent actions shall be processed in the manner indicated in the second paragraph of this article, and the taking of evidence shall be done at a single hearing, exclusively when necessary to respect the principle of immediacy.
The nullity of resolutions, due to intrinsic defects, must be alleged concomitantly with the remedies (recursos) available against the respective ruling. When there is no further remedy, nullity must be requested within three days after notification of the resolution.
The petition for nullity that may be alleged after the process has concluded shall be processed via the incidental route (vía incidental).
The nullity of vitiated acts may also be declared ex officio while the competence of the organ subsists, when the procedural breach is evident; except in the case of judgments and interlocutory judgments with the character of a judgment.
If the nullity vitiates actions of a higher organ, the latter shall be the competent one to decree it, and its resolution shall have no further remedy.
Procedural defects must be corrected, rectified, or purged (subsanados o saneados), and nullity shall be decreed only when rectification is not possible; but in such a case, every effort shall always be made to avoid the unnecessary loss, repetition, or destruction of stages of the process, acts, or completed proceedings, and all actions that are in themselves valid shall be preserved, so that they may be used once the process returns to normality.
In the case indicated in subsection 4) of Article 471, the party lacking capacity or improperly represented may take advantage of the result of the procedural activity in what is favorable to them, through the ratification of the improperly performed actions by the legitimate representative.
Nullities not claimed during the process and within the indicated opportunities shall be considered definitively consented to and rectified. Only in cases of lack of capacity of any of the parties, improper or insufficient representation, lack of service of initial process, and the defective notification of the latter to anyone who is harmed by the outcome of the process, with effective defenselessness, may the defect be asserted after the judgment has the authority of res judicata (cosa juzgada). In these cases, the right to request nullity shall expire within a term of one year, starting from the age of majority of the party, when they had appeared as such while being a minor, if at the same time they must have known said outcome, and in other cases, starting from the moment when the party is able to exercise their rights, if at the same time they are or have been aware of the judgment, or, in the opposite case, from the moment when it should reasonably be considered that they must have known of its existence.
Requests for nullity that reiterate others already denied in other phases of the process shall be inadmissible and shall be rejected outright, except for those that support an admissible means of challenge (medio de impugnación).
Evidentiary Regime
SECTION III
The fundamental objective of evidentiary activity in the labor process is the search for material truth (verdad material). The parties, through good faith conduct, must cooperate with the courts of justice in gathering the evidentiary elements necessary to resolve with justice the conflicts submitted to their cognizance, and the heads of those organs shall put all their effort and diligence into achieving said objective.
In principle, the burden of proof for controverted, constitutive, and impeding facts lies with the party invoking them in their favor.
The concept of burden must be understood as the obligation of the party to offer, provide, or present the evidence at the appropriate procedural moment.
In conflicts derived from employment contracts, the burden of proving the personal provision of services lies with the worker party, and the burden of demonstrating the impeding facts it invokes, and all those it is obligated to keep duly documented or registered, lies with the employer party.
In any case, the employer shall be responsible for proving its claim when there is no agreement on:
Any means of proof that serves to convince the court, admissible under public law and under common law, may be offered, provided it is not expressly prohibited nor contrary to public policy or morality. Particularly, the following may be offered:
When the party statement or confession is requested, the facts about which they are to be examined must be indicated in a specific manner.
Witnesses may be offered regarding general facts, up to a maximum number of four, or for specific facts. In the latter case, only two witnesses per fact shall be admissible.
Norms of international or domestic law that are duly published, notorious facts, those covered by a legal presumption, and those already proven, admitted, or confessed do not require proof. If a conventional norm or internal regulation of the defendant party is invoked as the source of a claim, its existence must be proven by the party asserting it. If necessary, at the request of the interested party, the employer shall be warned, upon the notice to defend (traslado) of the claim, to provide a copy of the respective regulation. Non-compliance with the warning shall be considered an act of procedural disloyalty, and the existence of the norm or provision may be deemed as existing, under the terms in which it was invoked by the plaintiff.
Evidence validly presented or taken in one process may be incorporated into another without the need for ratification, when it is impossible or unnecessary, in the court's judgment, to repeat it. Ratification of witness testimony shall only proceed when the same parties did not intervene in the previous process, in which case the parties may ask the questions they deem necessary at the ratification hearing.
Administrative processes shall be incorporated as part of the jurisdictional processes filed for the same cause and shall be taken as evidence, jointly with the evidentiary elements incorporated therein, unless the challenge involves their invalidity and this is deemed appropriate.
Evidence shall be evaluated respecting the result of the adversarial proceedings, using logical criteria, experience, science, correct human understanding, and human or legal presumptions.
The factual, legal, and equitable foundations of the conclusions must be expressed, as well as the reasons why greater or lesser weight has been conferred to some evidence over others.
Although the assessment must be carried out harmoniously with attention to the set of evidence, it is forbidden to make a general reference to the latter as the sole foundation of a conclusion, without making a specific indication of the particular and legal elements that serve as support.
When a party has possession of documents containing evidence of the controverted facts, it must provide them to the process if required to do so. If it fails to do so unjustifiably, its conduct may be deemed malicious, and it may be considered that the omitted documentation supports what was affirmed by the opposing party.
In the case of a specific attribution of the procedural burden to employers, as set forth in the final paragraph of Article 478, the courts shall have sufficient powers to require all evidence the case warrants and shall prudently evaluate the verisimilitude of the assertions in the claim, so as to prevent any abuse derived from that attribution.
When norms of public law must be applied, the requirements for validity and proof of the acts demanded by the legal system must be respected, as well as the values established particularly for certain evidentiary elements, presumptions, and principles, established as criteria for evaluation or evidentiary weight, or that are applicable in accordance with the respective doctrine.
Photocopies of documents or texts, even if unsigned, may be assessed as evidentiary elements, unless the party against whom they are offered has challenged them and, at the same time, disproven their content.
The labor courts may order the complementary evidence they deem necessary to correctly resolve the cases submitted to their cognizance, including new evidentiary elements or those not proposed by the parties, up until the moment before the judgment is issued. However, in cases referring to the payment of worker-employer contributions (cuotas obrero-patronales) or the fulfillment of other obligations towards social security, the labor courts must request, ex officio, the respective report from the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS).
Once received, and prior to any resolution, the evidence must be made known to the parties. The same rule shall apply in relation to early or unrepeatable evidence, provided it has been previously ordered, communicated, and directed by the respective judge, respecting the principles of immediacy and community of evidence.
Joinder of Claims and Attraction Jurisdiction
SECTION IV
The joinder of claims (acumulación de pretensiones) shall only be permissible when done in the same act of filing the claim or through a counterclaim, provided the requirements for the permissibility of joinder under common law are met; that all claims fall under the competence of the labor courts or are intimately linked to the substantial relationships that serve as the basis for claims proper to their jurisdiction; and that the procedural route indicated for processing them is the same for all.
If two or more processes, related to each other, are initiated separately, joinder shall only proceed if both are pending in the special labor jurisdiction and their processing is the same for all, provided that the hearing has not been held or the first-instance judgment rendered, in cases where there is no hearing procedure.
Joinder may be ordered ex officio, without any remedy, when the processes are pending in the same office; otherwise, the joinder procedure set forth in civil procedural legislation shall apply.
Labor matters shall not be subject to attraction jurisdiction (fuero de atracción) by universal processes (e.g., probate or bankruptcy). Their processing may be initiated or continued with the executor (albacea), curator (curador), or intervener (interventor).
The organ of the jurisdiction shall order, ex officio or at the request of a party, the annotation in the universal process of both the claim and the judgment and the liquidations, at the appropriate time.
The organ hearing the universal process shall remit to the labor court the proceeds of the liquidation necessary to cover the principal and the determined ancillary amounts. The plaintiff party shall have standing to manage in the universal process the liquidation of assets and the transfer of the necessary proceeds to its process, for the satisfaction of the rights within it, or their direct payment, according to the order of preference established by law.
Labor credits shall not bear expenses of the estate, unless the proceeds of the liquidation are insufficient to cover them.
Precautionary and Preliminary Measures
SECTION V
Before the process begins and during its processing, including the enforcement phase, the jurisdictional organ may order the adequate and necessary precautionary measures (medidas cautelares) to provisionally protect and guarantee the object of the process and the effectiveness of the judgment.
It may also order any necessary preparatory or early measure for the preservation of the exercise of a future right, as well as any other atypical measure that does not exceed the limits of rationality and proportionality. In these cases, the organ may prudently order everything necessary to achieve the objective of the measure, so as not to incur overreach.
Regarding the typology of the measures, both precautionary and preparatory, their effects, and the manner of implementing, substituting, or lifting them, the provisions of civil procedural legislation shall apply, with the exceptions indicated below.
Measures shall be ordered at the request of a party, and ex officio only in cases expressly provided for by law. When putting them into practice, the courts shall act diligently so that the intended purpose is not frustrated, and they, in addition to the typologies provided for in common law, may make use of any other measure if deemed necessary to guarantee the potential future right.
Preventive attachment (embargo preventivo) shall proceed without the need for a bond when there is evidence that the debtor's assets are in danger of deteriorating during the processing of the case, as a guarantee of the worker's potential rights, making them insufficient. For the purpose of proving, prima facie, the personal provision of the service and the veracity of the fact or facts on which the request is based, said party must offer the testimony of two persons, as well as any other evidentiary element they deem important. The evidence shall be substantiated summarily in writing, even without the assistance of the party against whom the measure is sought, and, when evaluating the situation, the courts shall act with prudence so that the attachment is proportionate and is not used unnecessarily or abusively. The testimonial evidence taken shall only have efficacy to support the attachment measure.
If the attachment is requested as a preliminary act before the claim, the filing of the latter must occur no later than ten days after the attachment is executed. If not filed, ex officio or at the request of a party, the measure shall be revoked, and the applicant shall be condemned to pay damages (daños y perjuicios) in the amount of ten percent (10%) of the attachment amount. These consequences shall be warned in the initial resolution. Their determination and collection through patrimonial enforcement (vía del apremio patrimonial) shall take place in the same process.
A restriction on departure (arraigo) shall be decreed without further procedure or guarantee. If requested as a preliminary measure before the claim, the claim must be filed within three days following notification; otherwise, it shall be lifted ex officio or at the request of a party, and the petitioner shall be condemned to pay the corresponding damages. It shall be enforced in the same manner indicated in the preceding rule.
The restriction on departure shall consist of a warning from the judge to the defendant that they must appear in court with the appointment of a legitimate representative, sufficiently instructed to sustain the process and bind the represented party. In no case shall the restriction on departure measure be given effects contrary to the freedom of movement of persons.
In the case of legal entities or the Public Administration, the restriction on departure shall only be decreed if there is no other attorney-in-fact or representative with sufficient power of attorney residing in the country.
In proceedings against the State or any of its institutions or organs, which fall under the cognizance of the labor jurisdiction and do not concern the violation of special protection privileges (fueros especiales de tutela), the claim of which has, as its effect, the reinstatement to the job position, the suspension of the effects of the dismissal act or, as applicable, the provisional reinstatement of the worker may be raised as a precautionary measure.
The precautionary measure shall be permissible when the execution or permanence of the administrative conduct under trial may be a source of current or potential damages of difficult or impossible reparation.
The measure shall also be permissible in cases not governed by public law, when the validity or injustice of the dismissal act is challenged in judicial proceedings and a norm of stability is invoked.
[1] LESCo is the acronym for Lengua de Señas Costarricense (Costa Rican Sign Language).
The court, when ruling on the application, shall weigh not only the seriousness of the petition and the interests whose provisional protection is sought, but also the potential harm that may be caused to the public interest or to the harmony or security of the companies, in such a way that neither the functioning of the organization or entity nor good service is affected, by ordering or maintaining inconvenient situations. The satisfaction of the public interest shall be considered, when resolving these situations, as a preeminent value.
The application shall be processed as an incidental proceeding (proceso incidental). If what is sought is the suspension of the effects of the act, upon granting course to the articulation, the administrative authority shall be ordered not to execute the act until the application is resolved, warning it that non-compliance will cause it to incur the crime of disobedience to authority and the payment of back pay (salarios caídos). Notification shall be legitimately made by any written means, including by the interested party itself, if it proves to the court receipt of the communication.
Reinstatement shall be governed, as applicable, by the provisions of the chapter regulating the execution procedure.
In all cases of violation of special protection privileges (fueros especiales de tutela), precautionary reinstatement shall be governed by what is indicated in the procedure provided for those cases.
SIXTH CHAPTER Ordinary procedure
Claims, transfer, and defenses
SECTION I
Any claim for which there is no specially designated procedure shall be processed under the ordinary procedure.
The complaint must be filed, in writing or in electronic format, in the courts where processes are handled virtually. It must obligatorily contain:
The party may propose expert evidence (prueba pericial) at their own cost, even in cases where, according to law, an expert from the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial, OIJ) must be appointed. If the offer is made by both parties, the appointment shall fall on the same person and shall be made in accordance with the provisions of the civil procedural legislation or by means of a shortlist that will be requested by any means of communication, including electronic, from the respective professional association. The offering of expert evidence by the parties does not exclude the designation of official experts, when so provided or permitted by law.
When the complaint does not meet the aforementioned requirements, with the exception of that referring to the exhaustion of the administrative channel, the court shall order its correction within a period of five days; for this purpose, it must indicate the omitted or incomplete requirements, under penalty of ordering the inadmissibility and archiving of the case file. Archiving shall cause the matter to be terminated from a procedural standpoint and may only be readmitted for processing upon correcting the omissions or defects warned, with the complaint being considered as not filed for all purposes.
It shall also order the party to properly integrate the litigation (litis), when this is incompletely or incorrectly formulated, and shall indicate the omissions incurred regarding inalienable matters, so that, if it sees fit, it may incorporate them as part of the complaint or counterclaim (contrademanda), up to the preliminary phase of the hearing. However, when the defect in integration originates from a necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario), the integration may be ordered ex officio.
Once the complaint is duly filed, it shall be transferred for a peremptory period of ten days for its answer. In this answer, it shall be clearly stated whether the facts are rejected or admitted with variations or rectifications, and all evidence of interest to the party must be offered, along with the respective indication of the place and form or means for notifications. Regarding the provision of evidence by the party, the provisions for the complaint shall also apply, including with regard to expert evidence, in cases where an official expert must be designated.
Also, a counterclaim (contrademanda) may be filed in the answer brief. The latter may only be proposed in the ordinary proceeding and shall be governed, as applicable, by the provisions of the two preceding articles, but a declaration of inadmissibility shall make its reiteration impossible within the same proceeding.
In cases of complaints related to collective legal disputes, the provisions of Article 446 shall also be observed.
The counterclaim, if any, shall be transferred to the counter-defendant for ten days, and its answer shall conform to what is stated in the preceding article. Notification of this transfer to the counter-defendant at the place or means indicated for notifications is sufficient.
Upon transferring the complaint and counterclaim, the party shall be warned that if it does not answer within the granted term or does not respond clearly, it shall be deemed to have acquiesced (allanada) regarding the facts not answered or not responded to as stated, which shall be taken as true in the judgment, unless the case file contains probative elements that disprove them.
Also, at that same procedural moment, expert examinations in charge of official agencies that are offered or that need to be conducted because so provided by law shall be ordered, which shall be communicated immediately to the corresponding bodies, so that they may perform them.
The filing of the complaint, in and of itself, as well as the service of process, duly notified, cause the interruption of the statute of limitations. The service of process also causes a situation of pendency (pendencia), during which and until the judgment becomes final, it shall produce continued interruptive effects on the statute of limitations.
In the same answer brief to the complaint or counterclaim, all formal and substantive defenses must be asserted, indicating the impeding facts, the reasons serving as the basis for the opposition, and offering the corresponding means of evidence.
In case of dismissal, the employer may only allege as justifiable facts for the dismissal those indicated in the dismissal letter delivered to the worker, in the manner provided in Article 35 of this same Code, or taken into account in the formal act of dismissal, when it has been preceded by a written procedure.
The failure to deliver the letter may be justified, and the conduct attributed as the cause for the dismissal without liability may be alleged, if at the same time it is proven that a copy of the document was delivered to the office of the Ministry of Labor and Social Security, in the form and terms indicated in Article 35 of this Code.
Evidence for the counterclaim and reply must be presented or offered in the same manner established for the complaint, and evidence related to defenses must be presented or offered at the time the party must refer to them or, at the latest, in the preliminary phase of the hearing or at the preliminary hearing, when the proceeding is conducted in two hearings.
The parties are not obligated to indicate the legal grounds for their propositions, but they must state them clearly and precisely and indicate the reasons that, in their judgment, support them.
The following defenses shall be of prior resolution:
1.- Arbitration agreement.
2.- Lack of jurisdiction.
3.- Failure to exhaust the administrative channel, when the party had opted for that procedure.
4.- Lack of capacity of the party, non-existence, or insufficiency of representation.
5.- Existence of defects in the complaint or counterclaim brief that, in the judgment of the party asserting it, prevent a valid ruling on the merits.
6.- Lis pendens (Litispendencia).
7.- Improper joinder of claims (Indebida acumulación de pretensiones).
8.- Impropriety of the chosen proceeding.
9.- Improper integration of the litigation (Indebida integración de la litis).
The defense of lack of jurisdiction must be resolved before the hearing stage, and the provisions of Section III of the first chapter of this title shall be observed.
The other prior defenses shall be reserved to be heard at the preliminary hearing or in the preliminary phase of that procedural act in single-hearing proceedings, with the production of the evidence supporting them.
The impropriety of the chosen procedural channel may also be appreciated ex officio, for purposes of guiding the processing of the proceeding.
Although all substantive defenses may be asserted up to the answer of the complaint or counterclaim, those of settlement (transacción) and statute of limitations may be alleged up to the preliminary phase of the hearing in single-hearing proceedings. In this case, they shall be substantiated summarily in that same act.
Other substantive defenses may also be asserted at that same opportunity when the facts on which they are based occurred after the answer or came to the party's knowledge after the deadline for answering.
These same defenses may be asserted at the trial hearing when the facts supporting them have occurred or been consolidated after the preliminary hearing.
The substantive defenses of res judicata (cosa juzgada), settlement (transacción), and the defenses of expiration (caducidad), expressly authorized by the substantive legal system, may be alleged up to the supplementary or trial hearing, in order to avoid the issuance of contradictory judgments.
If any party invokes, as the basis for a procedural defense, elements of substantial fact or vice versa, the error shall not be a reason to reject the filing outright, and the courts shall give the objection the correct treatment, according to its nature.
Summary judgment
SECTION II
If the defendant acquiesces (allanara) to the plaintiff's claims, does not timely answer the complaint, or has not responded to all the facts of the complaint in the manner provided in this Code, a summary judgment (sentencia anticipada) shall be issued, in which those facts shall be taken as true, and a ruling shall be issued on the claims deduced, provided that no defenses have been asserted that, regardless of the answer, require debate at a hearing.
When issuing the ruling, except in the case of acquiescence (allanamiento), the evidence existing in the case file that prevents taking the facts as true in the manner set forth in the complaint shall be taken into account.
When the certainty of the facts of the complaint can only be partially established or such certainty refers only to the facts of the counterclaim, the uncertain issues shall be debated through a hearing. At this hearing, the facts admitted or that must be taken as true shall not be debated.
A summary judgment may also be issued, ex officio or through the assertion of the corresponding defense, declaring the non-proposability (improponibilidad) of the complaint and its consequent archiving, when:
The statute of limitations and the expiration (caducidad), expressly authorized by the substantive legal system, of the rights claimed in court, are declarable in a summary judgment.
Non-proposability (improponibilidad) and expiration may be declared ex officio only by the trial court, but beforehand the parties must be heard on the matter for three days.
If in any of the cases dealt with in the two preceding articles it is necessary to produce evidence of facts supporting or defeating the defense or ex officio intention, the resolution shall be postponed to the hearing stage.
In matters of pure law (puro derecho), judgment shall be issued within fifteen days following the answer to the complaint or counterclaim, or, as the case may be, the defenses asserted, after transfer for conclusions.
Hearings
SECTION III
The ordinary proceeding shall be substantiated, as a general rule, in an oral hearing, which shall be divided into two phases: a preliminary one and the other, supplementary or trial.
If it is not a case for summary judgment, once the complaint or counterclaim, as applicable, has been answered and there is no issue requiring prior resolution, in a single resolution those answers shall be made known to the opposing party, and the hour and date for holding the hearing shall be set, at the latest within the following month. In that same resolution, a ruling shall be issued regarding the admissibility of the evidence to be produced at the hearing and, as applicable, the fees of the non-official experts shall be set.
The parties may verbally request from the judicial office the delivery of subpoenas for witnesses.
Processing the subpoena order shall be the responsibility of the party that offered the evidence, and the document must be delivered to the court before the hearing, with due proof that the subpoena was made.
Also, the intervention of judicial or police authorities may be requested in writing from the court to carry out the subpoena, the proof of which must also be provided to the court before the hearing is held.
If the party offers itself or has been offered as a declarant, it must obligatorily appear at the hearing, without the need for any subpoena. Its failure to appear shall be deemed an act of disloyalty and may be taken into account to consider as true the facts intended to be proven with the declaration, unless the case file contains probative elements that disprove them.
Employers are forbidden from denying permission to workers to be absent from the place where they perform their work when they must appear as witnesses or act in any other judicial proceeding. Nor may they reduce their wages for that reason, provided the workers show, in advance, the respective subpoena or summons order.
Official expert examinations shall be conducted at no cost to the parties. The fees of non-official experts, designated at the request of the litigants, must be covered by the party that proposes them, within five days following the admission of the evidence, under penalty of having it considered inevitably voidable (inevacuable) by operation of law, if they are not timely deposited to the order of the court.
The refusal of a party to submit to an evaluation or the obstruction of an expert examination shall be considered malicious or as an indication of what is sought to be demonstrated, disproved, or made uncertain.
With the exception of matters concerning social security, in which the expert reports must always be submitted to the court in writing or digitally in complete form, in other proceedings they may be submitted in writing to the court or rendered orally at the hearing when it takes place. In the latter case, the expert must submit in writing at least the conclusions of their report. In all cases where a hearing is held, experts have the duty, under penalty of ineffectiveness of the report, to appear at that act for the oral presentation of the expertise and to enable the adversarial process (contradictorio). In labor matters, Article 34 of Law No. 5524, Organic Law of the Judicial Investigation Agency, of May 7, 1974, shall not apply insofar as it attributes competence to the Forensic Medical Council (Consejo Médico Forense) to hear on appeal the reports rendered by members of the Department of Legal Medicine of said Agency, but the court may take the criterion of that Council, if so ordered for better provision. In this case, the report shall be presented in the manner provided in this section and shall be discussed, when necessary, with the participation of only one of its members.
The unjustified non-compliance of the persons appointed to carry out the expert examinations shall give rise to civil and labor liability, with the omission being considered a serious fault and sufficient reason to exclude them from the respective expert rolls or to initiate the respective disciplinary procedure.
In the preliminary phase, the following actions shall be carried out:
1.- Informing the parties about the object of the proceeding and the order in which the issues to be resolved will be heard.
2.- Clarification, adjustment, and correction of the parties' propositions, when in the court's judgment they are obscure, imprecise, or omitted regarding inalienable rights, both in principal or accessory matters, when it had previously been omitted to do so. If it is deemed that there are deficiencies in one sense or another, the floor shall be given first to the plaintiff and then to the defendant, so that they may state what is in their interest.
3.- Attempt at conciliation. An attempt shall be made to persuade the parties to resolve the conflict in a conciliated manner to the extent legally possible. For these purposes, they shall be informed of the advantages of a conciliated solution, without their statements constituting grounds to recuse the person judging. Statements made by the parties during the conciliation process shall not be included in the minutes, and what is affirmed by them may not be interpreted as acceptance of the propositions made. The conciliation shall be preferably in charge of a judicial conciliator, if one exists in the court or the respective judicial circuit and is available, in which case they shall take charge in the same hearing, substituting whoever is directing it, for that sole activity. If there is none, the conciliation shall be directed by another judge of the same court or by whoever is judging the case.
4.- If conciliation does not occur, the evidence deemed pertinent shall be received on: nullities not previously resolved, procedural defects invoked at the hearing, and prior defenses not previously resolved.
5.- All these issues shall then be discussed and resolved. If there are defects or omissions, in a single ruling it shall order the corrections, nullities, and repositions that are necessary. When it concerns compliance with omitted requirements or formalities, the party shall be ordered to correct them in that same act or, if necessary, shall be given a prudential period to comply with them. If what was ordered is not complied with, the inadmissibility of the complaint or counterclaim and the archiving of the case file, as applicable, shall be ordered in the manner and with the effects already provided. If lis pendens (litis pendencia) is declared admissible, the proceeding shall be deemed terminated, and the archiving of the case file shall be ordered. If the impropriety of the chosen channel is ordered, the proceeding shall be given the corresponding orientation.
6.- Reception of evidence on prior defenses or reserved issues of non-proposability (improponibilidad) and early issuance of the corresponding ruling, which had been admitted when the hearing was convened.
If the same evidence is linked, in addition to the issue that can be resolved in an early manner, to the merits of the matter, the resolution of the point shall be reserved for the final judgment.
7.- A very summary transfer shall be given regarding the evidence added to the case file and that had been ordered when processing the complaint or counterclaim, and, if applicable, evidence that the court deems indispensable as complementary or for better provision shall be ordered, at the indication of the parties or on its own initiative, provided it concerns the facts legally introduced into debate in the proceeding.
2.1. First, the summoned experts shall be called, who shall first give a summary of their report, and then the expertise shall be discussed, with the experts having to answer the questions asked by the parties. To do so, they may consult documents or written notes.
Additions and clarifications may be verbally requested from the expert.
2.2. Following this, the party statements and the testimonies of the witnesses that have been proposed shall be received, in accordance with the facts or topics corresponding to each one, as the case may be.
The testimony shall begin with a spontaneous exposition by the deponent, giving the reasons for their statement, and then the parties shall be allowed to ask questions of interest to them, and finally, whoever is directing the debate may also re-question the witness on whatever seems convenient.
In the case of both experts and declarants, the director shall moderate the interrogation and avoid misleading, suggestive, repeated, excessive, impertinent, or improper questions, in such a way that the right to question does not become an abuse contrary to the dignity of persons and the principle of celerity.
When all parties declare themselves satisfied with the judgment in its operative part, they may relieve the court from drafting the other parts of that resolution, and express record must be left of this conformity.
At the request of a party or by decision of the court, ordinary proceedings of evident complexity may be conducted in two hearings, in which case, in the first hearing, the acts of the preliminary phase of the single-hearing proceeding shall be carried out, and in the second, those of the supplementary or trial phase. The decision must be reasoned.
The same rules shall apply in non-ordinary proceedings, when any issue must be debated in an adversarial manner that requires the reception of evidence in compliance with the principle of immediacy.
When the proceeding must be conducted in two hearings, the procedure shall be in accordance with what is indicated in Article 513, and in the same resolution that sets the preliminary hearing, the court shall rule only on the admissibility of the evidence that must be produced at that hearing.
Upon concluding the preliminary hearing, a ruling shall be issued on the evidence offered by the parties regarding the debated factual issues; the fees of the non-official experts shall be set; a very summary transfer shall be given on the evidence added to the case file that had been ordered when processing the complaint or counterclaim, and, if applicable, evidence that the court deems indispensable as complementary or for better provision shall be ordered, at the indication of the parties or on its own initiative, provided it concerns the facts legally introduced into debate in the proceeding; and the hour and date for the supplementary or trial hearing shall be set when so required, which must necessarily take place within the following month.
At the trial hearing, a very summary transfer shall be given of the evidence incorporated into the case file after the preliminary hearing.
When any evidence is denied, the offer may be reattempted at the respective hearing, and if the denial is maintained, it may be challenged at that opportunity, in the manner provided in this Code, in which case the appeal shall be processed on a reserved basis.
Call to hearings and rules applicable to those acts
SECTION IV
Hearings shall obligatorily begin at the set hour and date and shall be public, unless the court orders that their holding be private, in consideration of the dignity of one of the parties.
The party that arrives late shall join the hearing at the point it is at and may not request the repetition of acts already completed.
They shall be held in the court office or existing courtroom for that purpose. However, the judges may order that the hearing be held in another place, if this is more convenient for the better development of the hearing.
The presiding officer of the body must ensure, during its holding, full respect for the principles of orality; shall promote the adversarial process as an instrument for verifying the real truth; shall ensure the concentration of the different procedural acts to be held; and shall act as director of the hearing, opening and concluding its stages, granting and limiting the use of the floor, ordering the important aspects that must be recorded in the minutes, and performing all necessary actions so that the debate proceeds in an orderly manner.
The parties, or their duly accredited representatives in the case of legal entities, must appear at the hearings to which they are summoned. A person with special judicial power may do so in their place; however, when the party in person or through the company representative must appear as a declarant, their attendance is obligatory, under penalty of having the non-appearance considered as a presumption of the truthfulness of the facts or topics subject to the declaration.
The failure to appear of the party that was obligated to attend may be justified, for the purposes of rescheduling the act of their declaration, only for reasons that truly prevent attendance and provided that the justification is made before the set hour and date, unless the motivating facts occurred on the same day of the hearing, in which case they must immediately notify the court by any means and justify it on the following day.
The impediment of the lawyer must be verified in the same manner, and if what is invoked is another simultaneous judicial activity, it shall only be taken as just cause for not attending if that activity had been ordered and notified previously.
Invoking activities of personal or family interest as justification shall not be valid.
The hearing shall be held if at least one of the parties or their legal representative attends, with the required legal representation (patrocinio letrado) when required. In such a case, all acts of the hearing that are possible to carry out shall be conducted, and the evidence of that party and the testimony of the persons offered by the opposing party who appear shall be received.
If the plaintiff or counterclaim defendant does not attend a preliminary or single hearing, the defenses or formal preliminary resolution issues raised by that party, which are appropriate to be heard in the preliminary phase, shall be deemed withdrawn; but, if they relate to defects that prevent validly resolving the merits, the court shall order the necessary corrections or integrations ex officio.
If the absence of any of the parties or all of them occurs at the single hearing or trial hearing, the judgment shall be issued assessing the facts in light of the evidence received or admitted, the omitted evidentiary burdens, the merit of the case record (autos), and the valuation criteria established in this Code.
In these cases, the body may order supplementary evidence or measures for better provision (pruebas para mejor proveer), which are essential to correctly resolve the merits of the conflict, ordering for this purpose, if necessary and for one time only, the extension of the hearing. If what was ordered was documentary evidence, a period shall be set for its production.
In hearings, the floor shall be granted, in order, to the plaintiff, the defendant, third parties or coadjuvants, or their respective representatives. If any of the parties has more than one female or male attorney, the participants must distribute their activity and the use of the floor and inform the court of this in advance. Joint participation in a specific act is prohibited.
Resolutions on issues that must be heard or that are raised within the hearing shall be issued orally and shall be deemed notified to the parties at that same act by mere reading, and the legal and factual grounds of the ruling must be recorded in the minutes, at least succinctly.
Except for the judgment, the remedy of revocation shall lie against resolutions issued at the hearing, which must be filed orally and resolved in the same manner, immediately.
Likewise, except in the case of the judgment, if an appeal lies against any ruling issued at the hearing, this remedy must be filed orally immediately after notification, and the point shall be resolved definitively if this is not done.
The appeal proceeding (alzada) shall be processed only in those cases where the ruling prevents the continuation of the hearing. In other cases, it shall be reserved to be heard jointly with the remedy that lies against the judgment, according to the current nature of its interest.
The transfers (traslados) granted in hearings shall be extremely summary (sumarísimos), to be completed immediately, in such a way that they do not constitute an obstacle to the normal development of the activity.
Those present have the duty to remain in a respectful attitude and in silence, as long as they are not authorized to make statements or answer questions posed to them. They are absolutely prohibited from carrying weapons or objects suitable for causing discomfort or offense, keeping mobile phones turned on, and adopting intimidating, provocative, or suggestive behaviors. If the person, despite having been warned, continues with the improper behavior, they may be expelled from the hearing, which will result in them being considered as absent from that moment onward, for all purposes.
On the occasion of the hearing, minutes (acta) shall be drawn up, in which a record shall be made of the following:
The minutes shall be signed by the person who directed the hearing, the parties, and their female or male attorneys. The other appearing persons shall sign an attendance document, which shall be added to the case file. If any person refuses to sign, or has withdrawn before the reading of the operative part of the judgment, that fact shall also be recorded in the minutes. If the hearing was recorded in audio and video, instead of the minutes, a record signed by the person who directed the hearing and said parties shall be entered, stating that the act was carried out, with an indication of the hours and date of its holding.
Except as mentioned above regarding the content of the conciliation, the literal or extensive transcription of evidentiary content is prohibited.
The courts must record hearings through technological means that adequately guarantee the preservation of their content and serve as an aid to memory in the drafting of the judgment.
The recordings shall be kept without being erased until one year after the final judgment has been executed, and the parties may obtain copies or reproductions at their own cost.
Hearings shall be held without interruption, during the required hours and days, except for:
The conclusion of a trial hearing may be postponed even after the closing arguments (alegato de conclusiones), or rescheduled for one time only and the postponement shall not be for more than ten days, when it is necessary to receive some evidence not produced at that time or whose significance arises during the hearing, in both cases if ordered for better provision (para mejor proveer), or, when it is necessary to adequately debate defenses or new issues, legally raised at the hearing, or to receive the statement of witnesses disobedient to the summons. In this case, without the need for a party's request, the presentation of those witnesses shall be ordered through the Public Force (Fuerza Pública).
At the same act, the time and date for the continuation or rescheduling of the hearing shall be set.
If it concerns the extension of the debate on defenses or new issues, a ruling on the admission of the offered evidence shall also be issued at that same act, and the provisions of the foregoing rules shall apply regarding such evidence.
Once the pending evidence or the new evidence that is admissible or admitted when appropriate has been produced, the floor shall be given to those present for the complement of the conclusion, and then the judgment shall be issued, in the same manner and under the terms provided in Article 518.
In these cases, the hearing shall be validly concluded with the parties who attend, and the remaining proceedings shall be carried out with them, in the manner already provided.
The absence of the parties shall not prevent the reception or admission of the ordered evidence, and the issuance of the judgment may be done immediately or in a postponed manner, within the period provided in this Code.
The proceedings shall be recorded in minutes (acta), which shall be entered and signed in the same manner already provided. Everything resolved shall be deemed notified both to the attending parties and to those who failed to attend.
Once the periods for the issuance, documentation, and notification to the parties of the judgment have expired, with non-compliance by the body, everything acted upon and resolved shall be null and void, and the trial must be repeated before another judge, without prejudice to the corresponding civil and disciplinary responsibilities. Only the evidence and the acts or proceedings that are non-reproducible and that can be validly assessed at a later opportunity shall be saved from said nullity.
Special rules applicable to social security claims
SECTION V
Claims corresponding to social security shall be substantiated through the ordinary procedure (procedimiento ordinario), with the following modifications:
Special proceedings
Proceedings of lesser amount
CHAPTER SEVEN
SECTION I
Proceedings that deal exclusively with claims whose amount is less than that indicated by the Full Court (Corte Plena) for the cassation appeal shall be processed in accordance with the rules of this Code, with the following exceptions:
Protection in special jurisdictions (fueros especiales) and protection of due process
SECTION II
Workers, both in the public and private sectors, who by virtue of a special jurisdiction (fuero especial) enjoy stability in their employment or special procedures to be affected, may challenge, through the extremely summary procedure (vía sumarísima) provided in this section, on the grounds of dismissal or any other disciplinary or discriminatory measure, the violation of special protection jurisdictions (fueros especiales de protección), procedures to which they are entitled, formalities, or specially provided authorizations.
Within that provision are:
The protection of due process may be claimed through this procedure when it is not observed with respect to the persons with jurisdiction (personas aforadas) referred to in this article.
Also, cases of discrimination on any grounds, against workers, occurring at work or on the occasion thereof, may be challenged through the extremely summary procedure (vía sumarísima) provided in this section.
The persons indicated in the preceding article shall have the right to due process, prior to dismissal, which shall be governed by the following provisions:
The request for protection shall be filed before the competent labor court, as long as the measures or effects causing the violation complained of subsist. The application for protection due to violation of due process, in the case of dismissal, shall be governed by the statute of limitations period of six months.
The signature of the applicant does not need to be authenticated by that of a legal professional, if the interested person personally presents the respective brief; but if it is necessary to debate at a hearing, legal representation (patrocinio letrado) must be available.
The petition must comply, as pertinent, with the requirements indicated for the complaint, except for that referring to the exhaustion of administrative remedies (agotamiento de la vía administrativa), and include the name of the person, institution, body, department, or office to which the arbitrariness is attributed.
The court shall substantiate the procedure without loss of time, postponing any matter of a different nature processed in the office. No later than twenty-four hours after receipt of the request, the judicial authority shall grant it course, requesting from the institution, authority, or public bodies, or the sued person, a detailed report about the facts motivating the action, which must be rendered under oath within the five days following the notification, accompanied by a copy of the documents of interest to the party and a certified copy of the administrative file, in the case of public employment relationships, or of the due process file where appropriate, at no cost to the plaintiff.
In the case of actions with harmful results, the same resolution may order the suspension of the effects of the act, and the plaintiff shall be provisionally restored to their situation prior to the challenged act. This measure shall be executed immediately without the need for any guarantee and may be reviewed and modified at the instance of the sued party, made through the filing of the corresponding remedy, for reasons of convenience or evident public interest, or, because upon provisional assessment of the situation it is considered that there is exculpatory evidence of discrimination, without prejudice to what is resolved on the merits.
When the action concerns acts of public administrations, even if not requested, the State or the corresponding entity shall be deemed as defendant, and the initial resolution shall also be brought to the attention of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) or, where appropriate, the hierarchical body of the autonomous institution or organization that represents it legally, so that it may appear in the proceeding, within the same five-day period, to assert its rights.
If the action concerns actions of a private business organization, the report shall be requested from the person to whom, in managerial or administrative functions under the terms of Article 5 of this Code, the illegal conduct is attributed, and they shall be warned that the notification has the effect of a notice of suit (emplazamiento) for the employer and that the employer may assert its rights in the proceeding within the indicated period, through its legitimate representative.
The employer must present the certified copy of the due process file indicated in the preceding article, if the case concerned the violation of that right.
Notifications shall be made by the means authorized by law or by the interested party themselves, provided they do so with the support of the administrative authority of the Ministry of Labor and Social Security (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) or of the Police, which shall have the obligation to assist them immediately at no cost and to record its intervention. The labor courts may order immediate notification by a judicial assistant or by an official designated for this purpose.
If no response is given within the indicated term and at the same time no opposition is produced by the defendant, or, if the certification of the due process file is not provided when it was necessary, the action shall be granted, if the case, according to the case record (autos), does not merit a different solution according to the legal system.
In the contrary case, the report rendered and any response shall be brought to the knowledge of the party initiating the proceeding for three days.
If it is necessary to produce non-documentary evidence, its substantiation shall be carried out at a hearing, which shall be scheduled with priority over matters of ordinary knowledge of the court. In such case, the judgment shall be issued at the time provided for the substantiation of the proceeding at a hearing.
The jurisdiction of the court (órgano jurisdiccional) shall be limited, to assess the claim for protection, to verifying the breach of the protection, the procedure, or the formal aspects guaranteed by the jurisdiction (fuero) and, if the judgment is favorable to the plaintiff, the corresponding nullity shall be decreed and the plaintiff shall be restored to the situation prior to the act that gave rise to the action, and the employer shall be ordered to pay the damages caused. If the effects of the act had not been suspended, the respective reinstatement shall be ordered, with the payment of back wages (salarios caídos).
If the action is dismissed and the effects of the act had been halted, its execution may be carried out once the denial ruling becomes final, without the need for any express authorization in that regard.
The favorable judgment in these cases does not prejudge the substantial or material content of the defendant's conduct, when the protection refers solely to rights regarding a procedure, requirement, or formality.
If the claim brought does not correspond to this special procedure, the processing shall be directed in the manner that is appropriate.
When a claim for protection corresponding to this procedure is filed cumulatively with another or others whose processing must be carried out through the ordinary procedure (vía ordinaria), it shall be de-accumulated and processed according to the provisions of this section, without prejudice to the course of the other claims.
The protection, once granted in a final judgment, shall cause the conclusion of the ordinary proceeding when a lack of interest arises. In that case, the proceeding shall be concluded totally or partially, as appropriate, without sanction of costs.
Failure to comply with the deadlines or the priority processing established in this section shall be considered a lack of service on the part of the responsible officials and shall be sanctioned disciplinarily.
Distribution of benefits of deceased workers
SECTION III
The distribution of the labor benefits referred to in subsection a) of Article 85 of this Code shall be governed by the provisions of this section. The adjudication of the amounts of money for wages, compensation for untaken vacations, and Christmas bonus (aguinaldo), as well as any other item derived from the employment relationship, including mandatory savings and deposits in accounts of financial intermediaries originating from the employment contract, which by law do not have a different beneficiary, owed to the deceased worker, shall also be resolved in this proceeding, in favor of the successors or beneficiaries indicated in that regulation, in the same order indicated therein. The same rule shall apply to amounts owed to deceased pensioned or retired persons.
The proceeding may be promoted by anyone with an interest, before the competent labor court. The application must contain:
Once the application is properly filed, the procedure shall be opened immediately and the following shall be ordered:
Once the summons period has elapsed, the declaration of the persons who are entitled as successors to the assets to be distributed shall be made immediately, and the adjudication and delivery shall be ordered in the manner established by law.
If contention arises over the right to participate, the issue shall be resolved in the same case file, even if it involves the application of rules and institutions specific to family law. The claim brief asserting a better right or opposition must meet the requirements of an ordinary complaint, including that referring to the offer of evidence. The persons whose right is sought to be affected shall appear as opposing parties, and the complaint shall be transferred to them for five days. The conflict shall be judged summarily in an oral hearing, and the judgment must be issued in the same manner provided for the ordinary procedure.
Those having an interest in the distribution are not entitled to process or claim in other venues the direct payment of the benefits to be distributed, but they are entitled to have them judicially deposited to the order of the court.
Authorizations
SECTION IV
When, according to the law, the authorization of a jurisdictional body is required to carry out a specific act, the interested party shall request it in writing and shall comply, as pertinent, with the requirements for a complaint.
Regarding the request, a transfer (traslado) shall be granted for three days to the person sought to be affected by the act, in the same manner provided for the complaint. If the production of testimonial or technical evidence is not appropriate, judgment shall be issued within the five days following the receipt of the answer or of the period for answering when the summons has not been responded to. Otherwise, a hearing shall be called, and readiness must be made for this activity.
Procedure for the reinstatement of workers who suffered work-related risks and reinstatement of legal origin
SECTION V
Workers who are in any of the situations provided in Article 254 of this Code may request from the competent labor court the reinstatement (reposición) to the job position, their relocation, or the payment of the corresponding legal benefits, as appropriate.
The initial brief must meet the basic requirements of any complaint, and it must be accompanied by or offer evidence relating to the employment relationship, the work clearance order issued by the insuring entity, and the copy of the medical opinion clearly specifying the real situation of the person regarding their state of health and the means recommended for them, according to their work capacity.
Once the application is properly filed, the employer shall be immediately ordered, in accordance with the benefit claimed, to reinstate the person to their job position, relocate them under the terms of the medical recommendation, or pay them the legal benefits, which must be done within a period of eight days. In the same resolution, that party shall be warned that within that same period it may object to the claim and offer, in such case, the evidence of its interest.
If no opposition is filed within the indicated period, the order shall be deemed final and shall be enforceable through the judgment enforcement proceeding, and the process shall conclude in that manner. In the contrary case, once the motion has been answered, the court shall resolve as appropriate within the following three days, unless some evidence must be gathered, in which case the matter shall be substantiated in an oral hearing that must be scheduled no later than thirty days after the answer, and the court may order in the judgment that is issued the reinstatement, relocation, or payment of benefits, as appropriate according to the proven factual situation.
If the employer filed an opposition to the request for reinstatement or relocation and either of these is deemed proper in the judgment, that party must pay the worker full back pay (salarios caídos) from the day the disability ceased and, as damages and as a fixed indemnity, one additional month’s salary.
Disabled persons entitled to request reinstatement to their jobs, pursuant to what is established by Law No. 7600, Equal Opportunity for Persons with Disabilities, of May 2, 1996, and its regulations, those indicated in subsection a) of Article 392 of this Code, and any other persons who enjoy employment stability by special rule, collective instrument, or administrative resolution so declaring, may exercise their rights in this special procedure. In this regard, the preceding rules shall apply, insofar as pertinent.
The judgment: formalities, economic repercussions, and effects
Formalities of the judgment
CHAPTER EIGHT
SECTION I
The judgment shall be issued and shall have as its limits the pleadings of the parties and what was established in the preliminary phase of the trial hearing, without prejudice to variations permitted by law.
It shall contain a preamble, a recitals section, and an operative part. The preamble shall indicate the type of proceeding, the name of the parties, and their attorneys.
The recitals section shall set forth a synthesis of the claims and defenses raised. Then, the proven and unproven facts of importance for the decision shall be stated in a clear, precise, and chronologically ordered manner, with an indication of the means of proof on which the conclusion is based and the reasons supporting it and the valuation criteria employed, for which purpose a record must be made of the analysis of the various evidentiary elements produced, through a detailed and exhaustive explanation of each one of them. Finally, in separate paragraphs, for each case, the reasons of fact, law, doctrine, and jurisprudence shall be given, and the propriety or impropriety of the propositions shall be sufficiently justified, which shall be done in separate paragraphs, by topic. It is indispensable to cite the legal rules that serve as the basis for the conclusions regarding the propriety or impropriety of the claims or defenses raised.
In the operative part, the decision shall be pronounced, and the points declared proper or denied shall be indicated expressly and separately, in dispositive terms, as well as the decision corresponding to the defenses raised, and what is appropriate regarding the costs of the proceeding shall be ordered.
The judgments of second instance and cassation shall contain a brief summary of the issues debated in the decision being challenged, the arguments of the appeal, an analysis of the questions of fact and law raised, and the corresponding decision, in the manner provided in this same Code.
It is prohibited to declare in a judgment the propriety of any point, conditioning it on the subsequent demonstration of the factual basis supporting it.
The court may establish that the judgment shall be ineffective or subsequently decree that ineffectiveness, with respect to the part of the award covered or satisfied prior to its issuance, if that is proven.
In every ruling on economic issues or matters resolvable in money, the exact amount of the sums must be established at once, including the amount of costs, interest, and adjustments that apply up to that moment. Only exceptionally, when the necessary data for making the determination are not available at the time of judgment, may an award in the abstract be made, and the bases for the subsequent liquidation shall be indicated.
Costs
SECTION II
In every judgment, including summary judgments, and in resolutions that cause the termination of the proceeding due to pendency of another action (litispendencia), lack of jurisdiction for reasons of national territory, extrajudicial satisfaction (satisfacción extraprocesal), or abandonment, the defeated party, the party who has satisfied the right, or the party sanctioned with the termination of the matter shall be ordered to pay the personal and procedural costs incurred.
If the judgment resolves the matter on the merits or upholds substantive defenses classified as preliminary, personal costs may not be less than fifteen percent (15%) nor greater than twenty-five percent (25%) of the liquid amount of the judgment against them or of the judgment of dismissal, as the case may be.
In all other cases, and when the proceeding is not susceptible to pecuniary estimation, the determination shall be made prudentially.
To determine the percentage or the prudential amount, the work performed, the amount in controversy, and the economic position of the plaintiff and defendant shall be taken into account.
In matters not susceptible to estimation in which there is economic significance, the determination shall be made based on the amount resulting up to the finality of the judgment, and if, as a consequence of the proceeding, the economic result continues to be generated in the future, up to fifty percent (50%) may be added to the determined amount, according to prudential criteria. If the economic result is insignificant, the determination shall be made prudentially based on the aforementioned criteria.
Notwithstanding the above, the defeated party may be exempted from paying personal costs and even procedural costs, when:
The exoneration must always be reasoned.
A party shall not be considered to have acted in good faith if they denied evident claims that the outcome of the proceeding indicates they should have accepted, did not attend the entire hearing, adduced suborned witnesses or false witnesses and documents, did not offer any evidence to support their claim or defenses, if they were based on disputed facts.
Exoneration from costs shall be mandatory if a special rule so provides.
The contingency fee agreement (contrato de cuota litis) in labor matters shall be governed by the provisions of civil procedure. However, in the case of the worker, the fees they must pay their attorney may in no case exceed twenty-five percent (25%) of the economic benefit obtained in the judgment.
Interest, adjustment, and back pay (salarios caídos)
SECTION III
Every judgment ordering the payment of a monetary obligation shall imply for the debtor, unless otherwise decided or agreed, even if not expressly stated:
1.- The obligation to pay interest on the principal, at the rate established in Law No. 3284, Commercial Code, of April 30, 1964, from the date the debt became due or from each installment when it is integrated in that form. If the award is for damages, the accrual of interest shall begin from the date the judgment becomes final. For obligations in foreign currency, the provisions of that same Code for obligations in United States dollars shall apply.
2.- The obligation to adjust the principal economic amounts, updating them to present value, by the same percentage by which the consumer price index for the Metropolitan Area, as maintained by the official agency responsible for determining that percentage, has varied between the month prior to the filing of the claim and the month preceding that in which payment is actually made.
Interest shall be calculated on the amounts awarded or resulting after their liquidation, before they are brought to present value, and then the adjustment indicated in the last paragraph shall be made, solely on the principal amounts.
In every judgment ordering reinstatement with back pay (salarios caídos), the payment of such back pay may not exceed the amount of twenty-four times the total monthly salary of the worker at the time the judgment becomes final, unless a special provision establishes otherwise, without it being possible at any time to be less than the legal minimum. This determination does not admit adjustments or indexation.
Also, the defendant must pay the prevailing party, from the date the judgment becomes final, the salary corresponding to them according to the employment contract and the rights derived from accumulated seniority, which shall include the period between the dismissal and said finality, and in the future, the fulfillment of ordinary and extraordinary salary obligations must conform to the benefits corresponding to an unaltered relationship. The same rule shall apply to the enjoyment of vacations and any other right derived from the employment contract or the law.
When a final judgment orders the defendant to pay owed salaries, in addition to paying the worker the salary corresponding to them, according to the employment contract and the rights derived from accumulated seniority, they must pay the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS) the employer-employee contributions and other obligations owed to social security corresponding to the period worked, even if that institution was not a party to the proceeding.
The payment of back pay (salarios caídos) shall only be proper when there is no legal impediment by virtue of the person having held a position that prevents it. In such a case, only the difference shall be payable, if the salary they would have been receiving was lower.
Effects
SECTION IV
Judgments in the ordinary labor proceeding, including summary judgments and those rendered in special proceedings regarding social security, protection of special protections (fueros especiales), restitution or relocation of workers in cases of occupational risk (riesgo de trabajo), as well as in disputes arising in the process of distributing benefits of deceased persons regulated in this Code, shall produce the effects of substantive res judicata (cosa juzgada material). Other judgments, unless otherwise provided by law, shall produce only formal res judicata (cosa juzgada formal).
Provisions on abnormal forms of termination of the proceeding
CHAPTER NINE
Unless a special provision indicates otherwise, withdrawal, waiver of the right, abandonment (deserción), extrajudicial satisfaction (satisfacción extraprocesal), settlement, and conciliation agreements shall also put an end to the proceeding. The provisions of civil procedural legislation in this regard shall apply, with the following modifications:
1.- The waiver, settlement, and conciliation shall only be considered valid and effective when they refer to rights that may be disposed of.
2.- The settlement and conciliation must be approved by the court, and the respective ruling has the character of a judgment, with the authority of substantive res judicata (cosa juzgada material), and admits the appeal provided for that type of decision. Once final, it shall be enforceable in the same manner as judgments.
3.- Abandonment is proper at the request of a party in contentious matters where there is an attachment of property or some other precautionary measure with prejudicial effects of a patrimonial nature for the defendant, provided that the abandonment is due to the plaintiff's omission to comply with some requirement or act without which the proceeding cannot continue. It shall also be proper, even on the court's own motion, when the proceeding, once the issue is joined, cannot continue due to the fault of the party, even when such prejudicial effects for the defendant do not occur.
4.- Extrajudicial satisfaction may be appreciated on the court's own motion or at the request of a party. If the act of acknowledgment is later revoked or affected in any way, the interested party may request the resumption of the proceeding from the stage at which it was, without the need for any prior administrative action in the case of public administrations. If the claim succeeds on the merits, the order for the defendant to pay costs shall be mandatory.
In all these cases, except in conciliation agreements, the termination of the proceeding shall be ordered after previously hearing the opposing party for three days.
Enforcement proceeding
CHAPTER TEN
Final judgments, approved settlements or conciliation agreements, and any enforceable ruling shall be enforced by the same court that heard the proceeding, or by a specialized court for enforcement proceedings created by the Supreme Court of Justice, according to the rules of allocation of jurisdiction that it establishes.
Concrete or specific decisions, for whose fulfillment no additional activity of determining scope is required, shall be enforced immediately after the ruling becomes final, on the court's own motion or at the request of a party, verbal or written.
Extrajudicial conciliation agreements that, according to the law, have res judicata authority shall be enforced through this procedure.
When the determination of amounts has been reserved for the enforcement phase of the judgment, and in any other case of liquidation of sums of money, the interested party must present the corresponding assessment or liquidation, respecting the bases established in the judgment or agreement and with the support of the strictly necessary evidence. The motion shall be served to the opposing party for three days, within which they may comment on each of the liquidated items and make objections and the offer of evidence they deem pertinent. If it is necessary to produce expert evidence or witness statements, the rules for the ordinary proceeding shall apply and the matter shall be substantiated summarily in a hearing; in that case, the judgment must be issued in the same hearing or, at the latest, within the period set for the ordinary proceeding, under penalty of nullity of the hearing if that period is not met. In the contrary case, once the service period is completed, judgment shall be issued within a period of eight days after the answer is filed.
When it is necessary to determine technical aspects, official experts shall be used, and if there are none in the relevant field, they shall be designated at the State's expense.
When, by virtue of a final judgment, the breach of a collective agreement is declared, in the judgment enforcement stage, the plaintiff union must present the corresponding liquidation, including the liquidation of the damages caused to the individually affected workers.
Forced compliance with patrimonial obligations shall be carried out in accordance with the provisions of civil procedural legislation, or with the provisions of the contentious-administrative procedure in the case of enforcements against the State or its institutions.
The material act of attachment (embargo), when necessary, shall be carried out, with the character of a public official and as part of their duties or functions, without any charge for fees, by a judicial assistant of the court.
The defendant shall have the obligation to execute the judgment or interlocutory resolution ordering the reinstatement of a worker to their position, immediately, without prejudice to what is finally decided, readmitting them and restoring them in all acquired rights and other matters resulting from the judgment or resolution or the legal system.
In the event that a restructuring of positions has occurred, and when it is impossible to reinstate the prevailing party in the same position, the employer must make available to the worker the opportunity to choose another position of similar classification and identical salary to what they had before the dismissal, according to the options that the employer organizationally has at that time. In case of impossibility, they must proceed with the payment of back pay (salarios caídos), damages, and other labor rights according to the law. If the worker to be reinstated enjoys a special protection (fuero especial de protección), the claim of impossibility shall not be proper, and therefore the provisions of Article 576 shall apply.
If the reinstatement cannot be carried out due to an obstacle created by the employer or if the interested party so prefers, they may present themselves at the respective workplace within the eight days following notification of the judgment or resolution to resume their duties, accompanied by a notary public or by the administrative labor authority of the jurisdiction, or request the court, in writing or verbally, for the presence of the judicial assistant of the court. The administrative and judicial authorities must act immediately, setting aside any other occupation. Failure to comply with this duty shall be considered a serious offense for disciplinary purposes. In all cases, a record shall be drawn up and a record of what occurred shall be made.
Only in very exceptional cases, when the workplace is located in remote and difficult-to-access places, shall the police authority be commissioned to verify the presentation, in which case they must be instructed on how to draw up the record. The judicial authority shall order any other measure it deems reasonable for the execution of what has been ordered.
The worker may request the postponement of the reinstatement, if this is necessary to allow prior notice of the termination of another employment relationship entered into, in which case they shall indicate to the court the day they will resume their functions, which may not exceed one month and fifteen days from the notification of the judgment or resolution ordering the reinstatement.
The obligation to pay back pay (salarios caídos) shall continue for the entire time that the reinstatement is not fulfilled due to the fault of the employer. In this case, in addition, the damages caused by the non-compliance must be paid.
The court shall order that the worker who has not been reinstated continue to receive their salary with the same periodicity and amount they had before the dismissal, with the salary increases that occur up to the date of proper reinstatement. For that purpose, the court shall issue enforcement orders, as many times as necessary, for an amount equivalent to six months' salary, and the remuneration that becomes due over time shall be made available to the creditor from the proceeds of the enforcement, until, once the reinstatement has been duly carried out, it orders the return to the employer of the balance existing at that time.
The worker may choose, within that same eight-day period, not to be reinstated, in exchange, in addition to the other benefits granted in the judgment, for the payment of the prior notice (preaviso) and severance pay (cesantía) corresponding to them for the entire time worked, including the time elapsed up to the finality of the judgment, only if they so inform the court within the eight days following the finality of the judgment.
If the worker does not appear within the stated eight-day period, without just cause, and also does not exercise the option indicated in the preceding paragraph, the respective judicial resolution shall become ineffective with respect to the payment of back pay (salarios caídos) from the date the judgment or resolution becomes final. In this case, as well as in the case of postponement, if the right to reinstatement is not exercised within one month and fifteen days after that finality, it shall also become ineffective.
If the worker becomes absolutely unable to be reinstated, due to a circumstance beyond their control, the back pay (salarios caídos) shall be limited to the date of the event causing the impossibility, unless the event was the result of an occupational risk or disease (riesgo o enfermedad de trabajo) or a medical disability, in which cases the reinstatement shall be deemed to have occurred for all purposes.
The refusal to reinstate shall be sanctioned with the fine established in subsection 6) of Article 398. In the case of public servants, the refusal shall constitute a serious offense, justifying the dismissal or removal of the official who failed to comply with the order.
In the case of representatives of workers who have not been reinstated, the employer shall be ordered to refrain from limiting the representation work they had been carrying out within the company, as well as all their functions protected by national legislation, and the employer shall be warned that, if they impede or place any obstacle to said exercise, their conduct, in addition to what is provided in the preceding paragraph, shall give the right to declare a legal strike, provided that the requirements demanded for that purpose are met.
Correction and means of challenging resolutions
Addition, clarification, and corrections
CHAPTER ELEVEN
SECTION I
Judgments, whatever their nature, may be corrected by means of additions or clarifications, on the court's own motion or at the request of a party. Correction on the court's own motion may be made at any time, but before notification of the ruling to the parties. The request of a party must be made within the three days following that notification.
The addition and clarification shall be limited to omissions or obscurities in the operative part of the judgment and to contradictions that may exist between the recitals section and the operative part. The period for filing the appropriate appeal shall be interrupted and shall begin to run anew with the notification of the decision issued in response.
Other written resolutions may also be clarified or added to on the court's own motion before their notification, and the parties may request additions, clarifications, or corrections within the indicated three-day period. In these cases, the assessment of the request is left to the discretion of the court, and the filing does not interrupt the deadlines granted in the resolution.
Material errors and imperfections arising in the course of the proceeding that do not imply nullity may be corrected at any time, provided it is necessary to guide the normal course of the procedure or to execute the respective ruling and that the correction does not imply a substantial modification of what has already been decided.
Means of challenge and opportunity to raise them
SECTION II
No appeal shall lie against written procedural orders (providencias), but the court may set them aside or modify them within the three days following notification, on its own motion or by virtue of observations by the parties. If these observations are deemed improper, a reasoned resolution must be issued.
Written interlocutory orders (autos) admit the remedy of reconsideration (revocatoria), the filing period for which is set at three days. The court shall have the same period to resolve the appeal.
Observations by the parties to orders (providencias) adopted in hearings and the request for reconsideration of interlocutory orders (autos) rendered in that same procedural activity must be made orally and immediately, before moving to a later stage or phase, and the court shall resolve and communicate them at that same time and in that same form, unless it is necessary to suspend the hearing to study the matter, as provided.
In addition to the rulings expressly indicated by this Code, only the following resolutions are appealable:
Appeals against written interlocutory resolutions shall be formulated in the same manner before the court that issued the ruling, within three days, and those that lie against oral rulings rendered in a hearing must be interposed at the same act of notification, and a record of their interposition and grounds must be made in the minutes.
Admissible appeals against interlocutory orders (autos) and interlocutory judgments that prevent the course of the procedure shall be processed immediately. When they concern orders denying evidence or resolutions produced in the hearing whose direct effect is not the paralysis or termination of the proceeding, the interposition of the appeal shall not prevent the continuation of the activity and the issuance of the judgment, and it shall be deemed interposed with deferred effects and conditioned on the final decision being appealed in a legal and timely manner. In such a case, the appeal shall only be taken into account if:
The appeal to the cassation court lies against the judgment of the ordinary proceeding and also, unless expressly provided otherwise, against other rulings with the authority of substantive res judicata (cosa juzgada material), for procedural and substantive reasons, provided that the proceeding in which they are issued is not susceptible to estimation or, if it is, that the amount in controversy, determined exclusively by the value of the non-accessory claims, exceeds the sum established by the Supreme Court of Justice for the admissibility of the cassation appeal, according to the authority granted for that purpose by Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch, of May 5, 1993. In other cases, as well as in proceedings for occupational risks (riesgos de trabajo), whatever the amount in controversy, the judgment admits only the appeal to the competent appellate court.
The cassation and appeal remedies must be filed before the trial court; the first within ten days and the second within three days, from the notification of the judgment.
1.- Any of the defects for which the nullity of proceedings is proper, provided that these have been raised in one of the preceding phases of the proceeding and the claim was dismissed.
2.- Incongruence of the judgment or absolute obscurity of the operative part. In cases of incongruence, the appeal is only admissible when the addition or clarification process has been exhausted.
3.- Lack of a clear and precise determination of the facts proven by the court.
4.- The judgment being based on illegitimate evidentiary materials or those illegally introduced into the proceeding.
5.- Lack of reasoning or insufficient reasoning of the judgment.
6.- The judgment having been issued outside the time period provided for doing so.
Any substantial violation of the legal system, whether direct or resulting from an incorrect or illegitimate application of the evidentiary regime, may be alleged as the basis for a cassation appeal on the merits. The cassation court may also make a comprehensive assessment of the evidence; for this purpose, the hearing must be recorded in audio and/or video.
Issues that have not been raised and timely debated by the litigants may not be the subject of appeal or cassation, and the judgment that is issued may not encompass other points different from those raised in the appeal, except for nullities, corrections, or restitutions that are proper on the court's own initiative.
Reformation in detriment of the appellant (reforma en perjuicio) is prohibited.
Formalities and processing of the appeals of appeal and cassation
SECTION III
The pleading that interposes the appeal (recurso de apelación) must contain, under penalty of being declared inadmissible, the clear and precise reasons that warrant the revocation of the ruling, including any concomitant nullity allegations deemed relevant.
The cassation appeal (recurso de casación) must specify in the same manner the grounds on which it is believed that the legal system has been violated and on which the nullity and eventual revocation of the challenged judgment are appropriate; formal claims shall be made first and then substantive ones.
In no case shall it be necessary to cite the legal norms considered violated, but the claim must be clear as to the reasons why the party considers itself affected. Errors that may be made in citing norms shall not be grounds for declaring the appeal inadmissible.
If there is a reserved appeal (apelación reservada), the respective grievance must be maintained.
The grounds for the appeal may not be modified or expanded and shall define the scope of the debate on the matter and the jurisdiction of the higher body (órgano de alzada) to resolve.
In a non-reserved appeal and in cassation, once the appeal has been interposed in a timely manner, the respondent party or parties shall be summoned to present, within three days before the same court, their statement of grievances in relation to the grounds argued. When the higher body is located in a different territorial district, the same ruling shall warn all parties who receive notifications at a specific location and not by an electronic means of communication to indicate an address for receiving such notifications at the court hearing the appeal, and shall give them the corresponding warnings if they fail to do so.
The indication of electronic means shall be valid for all instances.
The case file (expediente) shall be forwarded to the corresponding body once the summons period has elapsed.
An untimely appeal shall be rejected outright by the court.
The court shall rule on the appeal within fifteen days following receipt of the case records.
First, it shall review the formal admissibility of the appeal, the procedure, and the proposed nullity issues, and may only order nullities when the defects constitute essential violations of due process (debido proceso). In all cases, it shall order any necessary corrections and preserve all actions not affected by the defect or that can be remedied.
Immediately thereafter, if it is not appropriate to declare the inadmissibility of the appeal or any nullity, replacement, or correction of proceedings, it shall issue the ruling corresponding to the remaining grievances of the appeal.
Once the case file is received by the cassation body, if it is not appropriate to declare the appeal inadmissible, judgment shall be issued within the following month. When any documentary evidence is ordered, once the evidentiary items are received, they shall be provided to the interested party for a period of three days.
In cases where it is necessary for the application of the principle of immediacy (principio de inmediación), the evidence ordered shall be received in an oral hearing (audiencia oral) with the parties summoned. The aforementioned time period shall run after the transfer or the hearing.
The provisions of this rule shall apply, as relevant, to the processing of the appeal.
Before the cassation body, only documentary and technical evidence that may be of decisive influence may be presented or ordered for better provision (para mejor proveer), at the discretionary qualification of the body. The latter shall be carried out promptly, and the cost of unofficial expert examinations must be covered by the party that requested the evidence. Such evidence shall be provided to the parties for three days.
When judgment is issued, the following procedure shall apply:
First, matters relating to the procedure shall be resolved. If the nullity of the judgment is considered appropriate, the omitted defects or flaws shall be specified and the case file shall be returned to the court so that, after any ordered replacement, the hearing may be repeated and judgment issued anew, unless the nullity is claimed from the first instance, in which case the case file shall be returned to the court.
When nullity on the merits is appropriate, the judgment shall be overturned (casar) in whole or in part, and in the same resolution the case shall be decided or the annulled portion resolved, when there is no impediment to providing the corresponding resolution based on what has been substantiated.
In the contrary case, the appeal shall be declared without merit and the case file shall be returned to the court.
The nullity of the judgment shall only be ordered when it is not possible to correct the error or omission based on the case file and with respect for the principle of immediacy (principio de inmediación).
Both in the case of appeal and cassation, if the appeal on the merits is appropriate, when issuing the corresponding ruling, the defenses of the opposing party to the appellant must be addressed, as well as its reserved challenges with eventual effects, omitted or disregarded in the appealed resolution, when, having been victorious, that party could not have interposed or reiterated them in the cassation appeal.
The appellate and cassation bodies, when hearing the grievances raised in the appeals, shall adhere to the materiality of the evidentiary elements incorporated into the case file and, rationally, to the limits of the principle of immediacy (principio de inmediación).
In any case where a judgment is annulled, the hearing shall always be repeated with the intervention of a different person acting as judge.
The effects of the appeal, the cross-appeal (apelación adhesiva), and the appeal against denial of admission (apelación por inadmisión) shall be governed by the provisions of the civil procedural legislation.
The cassation appeal shall have suspensive effects.
The rules of the appeal against denial of admission shall apply, with the pertinent modification, to the cassation appeal. No further appeal lies against the resolution of the appeals court or the cassation body.
Cassation Appeal in the Interest of the Legal System
SECTION IV
The cassation appeal in the interest of the legal system (recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico) shall be admissible before the Second Chamber of the Supreme Court (Sala Segunda de la Corte) against final judgments with the authority of substantive res judicata (cosa juzgada material) that are not subject to appeal before the cassation body, when they are deemed to violate the legal system.
The appeal may be interposed at any time by the Procurador General or Procuradora General of the Republic, the Contralor General or Contralora General of the Republic, the Defensor or Defensora of the Inhabitants, or the National Directorate of General Labor Inspection of the Ministry of Labor and Social Security, by union confederations duly registered with the Department of Social Organizations of the Ministry of Labor and Social Security, and by unions of business chambers accredited in the proceeding. The respective pleading must contain the clear and precise reasons why the legal system is deemed to have been violated, as well as a specific indication of the legal norms considered breached. The appeal shall be heard by the union confederations and the unions of business chambers, through a notice published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) a single time.
The judgment issued shall not affect legal situations derived from the appealed judgment, nor shall it affect consolidated legal situations. When it is upheld, it shall be limited to establishing the correct interpretation and application of the legal system and must be published in a specialized section of the official gazette La Gaceta, and shall not imply liability for the courts that resolved differently.
Review (Revisión)
SECTION V
Against the resolutions of the labor courts, review (revisión) is admissible based on the grounds established in the civil procedural legislation, to which the respective procedure shall conform, and the hearing shall be conducted, when it is necessary to reproduce it, in the manner provided for the case of nullity of the judgment.
Resolution of Individual or Collective Legal Disputes through Specialized Arbitrators
CHAPTER TWELVE
All patrimonial legal disputes may be submitted to arbitration, founded on rights over which the parties have full power of disposition, and where it is possible to exclude the jurisdiction of the ordinary courts, whether arising from or intimately linked to the employment or work relationship, pending or not before said courts, for which purpose an arbitration agreement (compromiso de arbitraje) must be executed, which must contain, at a minimum, the description of the legal dispute submitted to arbitration, the specifications referred to in subsections a), c), d), e), and g) of Article 607 of this Code, as well as an express declaration by the parties that the object of the arbitration consists of rights that do not have the character of non-waivable rights (indisponibles).
In any case, an arbitration agreement established in an individual employment contract or in an ancillary agreement thereto, executed as a condition for the establishment of the employment relationship or to avoid its termination, shall be absolutely null. Likewise, an arbitration agreement concerning non-waivable rights shall be absolutely null. Among others of such a nature under the legal system, non-waivable rights include social security benefits and indemnities for the benefit of workers, their family members, and other persons who have the status of heirs under civil legislation, unless they are benefits exceeding those provided for in the indicated provisions, arising from agreement, contract, usage, or custom.
Arbitral awards shall only produce binding effects for the parties if issued within the framework of arbitration proceedings conducted in accordance with the rules of this chapter. Such proceedings must be processed and decided in conformity with the principles of labor law, both in matters of substantive law and regarding the principles of procedural law, except in cases of public employment relations, in which case the principles of labor law shall apply insofar as they are compatible with the principles and sources of public service law.
Once the agreement referred to in this chapter is executed, the arbitral tribunal shall have sole jurisdiction to hear the respective dispute. The party with standing may file an exception of lis pendens (litispendencia) if a lawsuit concerning the same dispute is filed before the ordinary courts.
The arbitration must be in law (de derecho), and the tribunal must be composed exclusively of legal professionals and shall resolve disputes in strict adherence to the applicable law.
The tribunal may be, at the choice of the parties, a sole arbitrator or a panel, selected from a list of at least twenty persons maintained by the Ministry of Labor and Social Security. In the case of sole arbitrator arbitration, the selection shall be made, unless both parties agree otherwise, by the competent authority of the Ministry of Labor and Social Security or of the respective arbitration center, and in the case of a panel tribunal, each of the parties shall designate one person from said list, and the two designees shall choose a third, who shall preside over the tribunal.
To be an arbitrator, the requirements established in Law No. 7727, Alternative Dispute Resolution and Promotion of Social Peace Law (Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, RAC), of December 9, 1997, and its amendments, must be met.
The composition of the list indicated in the preceding article shall be done through public selection process. The designation shall be valid for five years, and the members may be removed if they unjustifiably refuse to serve in a specific case.
The request shall be filed directly with the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Directorate of Labor Affairs of the Ministry of Labor and Social Security, or with the respective regional office of this Ministry, competent by reason of territory, which shall function as an arbitration center, without prejudice to what is established by regulation, and shall contain the following:
The request shall be accompanied by an authentic copy of the arbitration agreement (compromiso arbitral).
It is not necessary to indicate the applicable law in the arbitration agreement, although the parties may indicate the norms they deem useful for resolving the matter.
As long as all these requirements are not met, the request shall not be processed.
The fees of the arbitrators, unless otherwise agreed, shall be covered by the parties in equal shares.
The determination of these fees shall be governed according to the following table:
| --- | --- | | Seven point five percent (7.5%) on the first one million colones of the economic claim amount; five percent (5%) on the following two million colones; two point five percent (2.5%) on the excess up to five million; one percent (1%) on the excess up to fifty million colones; and zero point fifty percent (0.50%) on the excess over that sum. | | In proceedings involving claims not subject to pecuniary estimation, the determination of fees shall be made prudentially, and when pecuniary and non-pecuniary claims are combined, the estimation shall be made taking both into account.
The determination shall be made by the authority of the respective arbitration center before processing the request, and the parties must deposit the corresponding amount within five days following notification.
Notwithstanding the first paragraph, when the Alternative Dispute Resolution Support Fund (Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos) created by this law achieves the necessary solvency, its income may be allocated to cover the fees of the arbitrators for workers, as established in the regulations issued.
The Supreme Court of Justice may update, at least every five years, the scale indicated above, considering the variation of the consumer price index.
If the claimant or the party requesting arbitration fails to comply with any preliminary requirement prior to service of the claim or with the deposit of the arbitration fees, the proceeding shall be terminated and deemed not interposed for all purposes, through a resolution issued by the arbitration center.
When the respondent party does not answer or deposit the corresponding fees, the person proposed by the other party shall act as the sole member of the arbitral body, and the proceeding shall proceed with the intervention of the requesting party, provided that party has also fulfilled that obligation, in which case only their evidence shall be received. The opposing party may appear in the proceeding at any time, take the proceeding in the state in which it is found, and exercise any procedural rights that can be asserted at the time of appearance.
The proceeding shall be substantiated through the system of oral hearings (audiencias orales) provided for in this Code, and the burden of proof shall be governed by the provisions of this procedural system.
The award (laudo) shall be issued in the form and terms also provided for in this Code for the ordinary proceeding. Against the award, only an appeal lies before the cassation chamber competent to hear labor matters for formal defects or for the violation of non-waivable rights.
If the appeal on procedural grounds is appropriate, the proceeding shall be remanded to the arbitral tribunal to repeat the trial and issue a new award, for which it shall not be entitled to charge additional fees.
If the violation of non-waivable rights is proven, the Chamber shall, in the same judgment, make the corresponding correction, when appropriate.
The arbitral award, once final, shall have the value of substantive res judicata (cosa juzgada material), does not require protocolization, and shall be enforceable in the manner provided for in the enforcement procedure.
Matters related to the respondent party’s answer and all other aspects of the arbitration proceeding shall be governed by the provisions of Law No. 7727, Alternative Dispute Resolution and Promotion of Social Peace Law (Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, RAC), of December 9, 1997, and its amendments, insofar as they do not contradict the provisions of this chapter and, in general, the principles and rules of labor law. The operation of the arbitration centers referred to in this chapter shall be governed by what is established by regulation.
The Bar Association (Colegio de Abogados) is authorized to organize labor arbitration centers, provided that this is at no cost to workers who are eligible to receive free legal aid, as provided in the second section of the second chapter of this title. Such centers shall have their own lists of arbitrators and shall be governed in all other respects by the provisions of this chapter.
The operation of arbitration centers, in general, shall be established by regulation.
Resolution of Collective Disputes of an Economic and Social Nature and the Conciliation and Arbitration Procedure
Means of Resolution
CHAPTER THIRTEEN
SECTION I
The means of resolving economic and social disputes arising in labor relations are direct settlement (arreglo directo), conciliation (conciliación), and arbitration (arbitraje).
Direct Settlement (Arreglo Directo)
SECTION II
Employers and workers shall attempt to resolve their differences through direct settlement (arreglo directo), with their sole intervention or with that of any other friendly mediators. To this end, workers may establish permanent councils or committees in each workplace, composed of no more than three members, who shall be responsible for presenting complaints or requests to the employers or their representatives, verbally or in writing. Said councils or committees shall always conduct their efforts in a courteous manner and, when appropriate, the employer or their representative may not refuse to receive them, as promptly as possible.
Each time one of the councils or committees referred to in the preceding paragraph is formed, its members shall inform the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Ministry of Labor and Social Security, by means of a note which they shall sign and send within five days following their appointment.
During the negotiation process of a collective labor agreement (convención colectiva de trabajo), or once the conciliation or arbitration procedure has begun, and during the execution of a legal strike, a direct settlement may only be entered into with the organization or committee responsible for the negotiation or the dispute.
When negotiations between employers and workers lead to a settlement, minutes of the agreement shall be drawn up and an authentic copy shall be sent to the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Ministry of Labor and Social Security within twenty-four hours following the signing. The transmittal shall be made by the employers, and in their default, by the workers, either directly or through a local political or labor authority.
The General Labor Inspectorate shall ensure that these agreements do not contravene the legal provisions protecting workers and that they are strictly complied with by the parties. Contravention of what was agreed shall be sanctioned with a fine of one to three monthly base salaries, for workers, and twelve to fifteen monthly base salaries, in the event that the violators are employers, as established in subsections 1) and 4) of Article 398 of this law, without prejudice to the right of the party that has complied to demand before the labor courts the enforcement of the agreement or the payment of damages caused.
Conciliation Procedure
SECTION III
When a matter likely to provoke one of the collective disputes of an economic and social nature referred to in Title Six arises in the workplace, the interested parties shall appoint from among themselves a delegation of two to three members, who must be thoroughly familiar with the causes of the disagreement and provided with sufficient authority to sign any settlement.
This delegation shall have standing to raise the dispute judicially or, alternatively, before the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Ministry of Labor and Social Security, or before the conciliation body that the parties designate at their own expense.
The delegates shall sign, in duplicate, a list of demands (pliego de peticiones) of an economic-social nature, one copy of which they shall deliver to the respective competent conciliation body, directly or through any local administrative authority. The latter is obligated, under penalty of dismissal, to forward the document as quickly as possible.
The official who receives the list from the delegates shall give them a certification of the exact time of delivery.
The original shall be forwarded immediately by the delegates to the other party affected by the matter likely to provoke the dispute.
In that same list, they shall indicate the name of a person, who must meet the requirements indicated in this title, to serve on the conciliation tribunal.
From the moment the list of demands is delivered, the dispute shall be deemed raised for the sole purpose that neither party may take the slightest reprisal against the other, nor prevent the other from exercising its rights. Anyone who violates this provision shall be sanctioned in accordance with the provisions of this title, based on the seriousness of the reprisals taken and the number of persons affected by them, and shall compensate for the damages caused.
From the moment referred to in this article, any termination of employment contracts must be authorized by the body hearing the dispute, according to the procedure provided in this same Code for granting authorizations.
The provisions of this article shall apply during conciliation, arbitration, strike, or the procedure, in the case of a failed collective agreement.
The list presented shall clearly state what the demands consist of and to whom they are directed, what the complaints are, the number of workers or employers supporting them, the exact location of the workplaces where the dispute has arisen, the number of workers providing services there, the full name of the delegates, and the date.
In the same list of demands, the interested parties shall indicate an address for notifications in the manner established in the legislation on notifications.
The conciliation body shall immediately exclude the matters constituting legal disputes that, according to this Code, cannot be heard through this channel, and shall notify the other party, by all means at its disposal, that it must appoint, within three days, a delegation in the manner provided in the first rule of this section, as well as the person it proposes as conciliator. Likewise, in the initial resolution, it shall warn it that it must comply with the provisions of the second paragraph of the preceding article.
The notification addresses indicated by the party shall be valid for the proposed delegates.
In the event that the conciliation body considers that the list contains any defect, it shall order the requesting party to remedy it, within a maximum period of five days.
The employer or their legal representative with sufficient authority to bind them may act personally and not through delegates, which they must inform the conciliation body.
The conciliation tribunal shall be composed of the conciliators proposed by the parties and shall be presided over by the head of the respective office, by the competent official of the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Ministry of Labor and Social Security, or by the private conciliator selected by the parties. During the conciliation period, no appeal whatsoever shall lie against the resolutions of the conciliation body, nor shall recusals, dilatory exceptions, or procedural incidents of any kind be admitted, and each party may designate up to three advisors to help them better fulfill their task, but their presence shall not be a requirement for validly conducting the conciliation.
The conciliation body shall summon the interested parties or the delegations to a hearing, which shall be held within a period of eight to fifteen days, depending on the complexity of the list of demands, with absolute priority over any other matter.
Said body may convene at the place of the dispute if it deems it necessary.
Before the time set for the hearing, the conciliation body shall hear separately the interested parties or delegates of each party, and they shall answer precisely and comprehensively all questions asked of them.
Once the claims of the parties have been well determined, in a laconic record, it shall conduct the necessary deliberations and then call the delegates to said hearing, for the purpose of proposing to them the means or general bases for the settlement that its prudence dictates.
It is the obligation of the interested parties or delegates to attend the summons issued by the body. The employer party has the duty to present the delegates it has designated. When not all delegates of a party attend, the proceeding may be validly conducted with the number that has attended, provided that both parties have delegates present or there is employer representation when not acting through delegates.
If conciliation cannot be carried out due to the unjustified absence of the delegates or the employer or their representative, as applicable, or omission in appointing the persons they must designate as conciliators within the period indicated in Article 622, the conciliator shall draw up a record stating the reason why the proceeding was not carried out and shall conclude their action, and the conciliation stage shall be deemed exhausted for all purposes.
The omission in appointing conciliators within the deadlines established in this Code, the unjustified non-attendance at the conciliation proceeding, and any other conduct tending to obstruct it shall constitute an infraction punishable by a fine of five to eight monthly base salaries. To impose it, the status of the person as employer or worker shall be taken into account, and the provisions of Titles Seven and the present Title shall apply.
In the same resolution concluding the conciliation procedure, the body shall order the certification of documents to initiate the respective sanctioning process.
The accused shall be acquitted and the case file archived when just cause is demonstrated that absolutely prevented attendance.
If a settlement is reached, the dispute shall be deemed concluded, and the parties shall be obligated to sign and comply with the agreement drafted within the term set by the body. The party that refuses to sign the agreement shall be sanctioned with a fine determined based on the higher scale of the table contained in Article 398; to set the fine, the economic situation deriving from the status of the parties as employers or workers shall be considered.
The right of the party that has respected the conciliation settlement to declare a strike or lockout (paro), as applicable, without resorting again to conciliation, is preserved, provided it does so for the same causes that gave rise to the disagreement. Said party may also choose to ask the labor courts for enforcement of the agreement at the cost of the non-compliant party or the payment of damages as prudentially determined by the courts.
Once the conciliation procedures are exhausted without the delegates having accepted the settlement or agreed to submit the dispute to arbitration, the body shall prepare a report, a copy of which it shall forward to the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Ministry of Labor and Social Security, or which the latter shall retain, as appropriate. This report shall contain a precise enumeration of the causes of the dispute and the recommendations made to the parties to resolve it; additionally, it shall determine which party accepted the settlement or if both rejected it, and the same regarding the arbitration proposed or suggested.
The report indicated in the preceding article or, as appropriate, the conciliation settlement shall be signed by the conciliator or conciliators and all other attendees.
If the delegates agree to submit the matter to arbitration, all documents, evidence, and records that have been submitted or drawn up during the conciliation shall serve as the basis for the corresponding proceeding. If there is a partial conciliation agreement, submission to arbitration shall proceed only regarding the points not agreed upon in the conciliation process, and therefore the award shall incorporate the conciliation agreement as an integral part.
In no case may conciliation proceedings last more than twenty business days, counted from the moment the conciliation body has been legally constituted.
Notwithstanding the foregoing, said body may extend this time limit for as long as the parties mutually agree. Unless such extension is agreed upon, upon expiration of the time limit, the conciliation proceeding shall be deemed definitively exhausted as a matter of law. In such case, the conciliation body must prepare the report indicated in Article 630, within a peremptory period of forty-eight hours.
In the event that there is neither an agreement nor a commitment to go to arbitration, the body shall formally conclude the proceeding, and the workers shall have a period of twenty days to declare a strike. This period shall run from the day following the notification of the final resolution of the qualification proceeding, when they have requested prior qualification. The same rule applies to employers, but the period shall begin to run from the expiration of the month referred to in Article 388.
Arbitration Proceeding
SECTION IV
The arbitration proceeding shall be conducted within the same case file as the conciliation, where the arbitration commitment is recorded, with the same delegates or interested parties who participated; however, before the interested parties submit the resolution of a matter that could generate a strike or lockout to the respective arbitration tribunal, they must resume the works or activities that had been suspended, which must be accredited to the court by any means. Arbitration shall be judicial, but if there is an agreement between the parties, the competent official of the Labor Relations Department of the Ministry of Labor and Social Security or of the authorized arbitration center chosen may alternatively be constituted as an arbitral body. If the arbitration is judicial and the conciliation stage has been exhausted administratively, the respective case file must be sent to the competent court.
The resumption of work shall be under the same conditions existing at the time the list of demands referred to in Article 620 was presented, or under any other conditions more favorable to the workers.
The designation of a means or place for notifications made during the conciliation shall be valid for the arbitration.
Within eight days following the conclusion of the conciliation, each party shall designate one person as an arbitrator.
The arbitration must be in accordance with the law in matters involving public administrations.
The rules of the preceding paragraph and the following ones in this section shall also apply to those cases in which strikes or lockouts are prohibited and arbitration is mandatory.
The arbitration tribunal shall be composed of the two persons proposed for this purpose by the interested parties and the presiding judge of the labor court, competent administrative official, or of the chosen arbitration center, as the case may be, who shall preside over it. Once the communication is received, it shall be transferred to the delegates or to the party regarding the integration of the tribunal for three days, so that they may formulate the recusals and dilatory exceptions they believe are their right. Once that period has elapsed, no further discussion of these matters may be opened, even if it involves lack of competence for reasons of jurisdiction. Recusals filed in the second instance are preserved.
Before the aforementioned hearing expires, the members of the tribunal who have grounds for disqualification or cause for excuse and know of one or the other shall mandatorily make the corresponding written statement, under penalty of dismissal if they fail to do so or do so subsequently.
The process shall be substantiated through an oral hearing system, in accordance with the provisions of this same Code.
Once the matters that have been raised are resolved and the corresponding substitutions made, the arbitration tribunal shall hear the parties' delegates separately or in joint appearances and shall exercise the investigative powers granted to it by this Code; it shall personally question the employers and workers in conflict on the matters it deems necessary to clarify; ex officio or at the request of the delegates, it shall order the rapid taking of any evidentiary proceedings it deems appropriate and, especially, it shall seek to be advised by officials of the Ministry of Labor and Social Security, or by experts on the various matters submitted for its resolution. Its rulings or interlocutory orders shall not be subject to appeal.
The fees of the latter shall be covered by the Judicial Branch or the Ministry of Labor and Social Security, as the case may be.
If either party fails to timely designate the person who will arbitrate or fails to deposit the fees that have been set for the person proposed by it, when it is its responsibility to assume them, the presiding judge of the labor court shall be constituted, as a matter of law and without the need for an express resolution, as a sole arbitrator.
The judgment shall resolve separately the claims based on rights from those involving socio-economic demands that the law does not impose or determine and that are left to the will of the parties in conflict. Regarding the latter, the arbitration tribunal may resolve with complete freedom and in conscience, denying or granting, in whole or in part, what has been requested, or even modifying its formulation.
The determination of the points of fact shall correspond preferably to the representatives of the employer and worker parties, and the declaration of the law that follows from them shall correspond to the labor judges or the competent administrative official, as the case may be; however, if they cannot reach an agreement, whoever presides over or coordinates the tribunal shall decide the discordance.
The judgment shall separately record the principal causes that gave rise to the conflict, the recommendations the tribunal makes to remedy them and avoid similar disputes in the future, and the omissions or defects noted in the applicable law or regulations.
The judicial arbitral award may be appealed by the parties before the appellate tribunal of the Second Judicial Circuit of San José (Goicoechea), with a specific, itemized invocation of the grievances that this latter body must resolve. The Supreme Court of Justice is authorized to change this assignment of competence when circumstances so warrant.
The tribunal shall issue a final judgment within fifteen days following receipt of the case records, unless it orders any evidentiary proceeding to better provide a basis for the decision, which must be completed within twelve days.
The extrajudicial award shall have the appeals determined by Law No. 7727, Law on Alternative Conflict Resolution and Promotion of Social Peace, RAC, of December 9, 1977, and its amendments, which shall be heard by the Labor Cassation Chamber.
The arbitral award shall be binding on the parties for the period it determines, which may not be less than two years.
The parties may request the respective labor court to enforce the liquid or liquidable aspects, through the judgment enforcement procedures provided for in this same Code.
The party that refuses to comply or that breaches the terms of an arbitral award shall be sanctioned in accordance with the provisions of Article 401.
As long as there is no breach of the arbitral award, the proceedings for resolving economic and social conflicts referred to in this Code may not be initiated regarding the matters that gave rise to the proceeding, unless the increase in the cost of living, the decrease in the value of the colón, or other analogous factors, which the labor courts shall assess on each occasion, materially alter the socio-economic conditions existing at the time the judgment was issued.
A certified copy of every final arbitral award shall be sent to the General Labor Inspectorate.
Proceeding in the Case of Failed Collective Bargaining Agreement Initiatives
SECTION V
For the conclusion of collective bargaining agreements, the provisions of Title Two of this Code shall apply.
Once the period of thirty days referred to in subsection d) of Article 56 has elapsed without full agreement, the resolution of the point or points in dispute shall be made through the procedure regulated in this chapter, with the particularities indicated in this section. If the conciliation stage concludes without reaching an agreement, recourse may be had to a strike or lockout, or, if there is agreement between the parties, the conflict may be submitted to arbitration. Recourse may also be had directly to arbitration, without the need to exhaust the conciliation phase, if there is consent of the parties.
In any of the scenarios indicated above, the interested party shall have fifteen business days to request the intervention of the conciliation or arbitral body, as agreed between the parties.
The list of demands presented for discussion shall serve as the basis, a copy of which must be attached to the initial request. In addition, the same request shall indicate the name of the person who will act as conciliator or arbitrator for the party, as the case may be, and of its delegates, and shall designate a place or means for notifications. In all other pertinent matters, the provisions of this chapter shall apply.
The respective body shall bring the request to the attention of the other interested party and shall warn it that within three days it must indicate the name of the person who will act as its conciliator or arbitrator and of its delegates, as well as designate a place or means for notifications.
The provisions of the preceding section shall apply to the extent pertinent, including regarding the effects of the omission to appoint the person who will arbitrate or to deposit the established fees.
If the disagreement is only partial, what is agreed upon before the conciliation body or resolved by the arbitral body shall be considered part of the collective bargaining agreement, which shall enter into force as established therein, or in accordance with the provisions of the conciliation agreement or arbitral award, as the case may be.
Common Provisions for Conciliation and Arbitration Proceedings
SECTION VI
The persons proposed by the interested parties as conciliators or arbitrators must be over twenty-five years of age, know how to read and write, be of good conduct, be citizens in the exercise of their rights, and be free of the grounds for excuse or disqualification provided for judges.
The persons indicated in the preceding article shall earn, for each session held, a per diem calculated according to the base salary of a conciliation judge. The fees for arbitration and conciliation charged to the worker party shall be covered by the State. The employer party shall assume the cost of those it proposes. In either case, the emoluments must be deposited within three days following the date on which the respective warning is notified, unless the interested party expressly relieves the party of the deposit within that same period, which it shall do under its own responsibility.
The setting of fees shall be done by the respective body on a prudential basis, once the respective communications are received, calculating, moderately and prudentially, the time that the hearings necessary for the substantiation of the process will consume.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph, the fees of the conciliators and arbitrators for the workers may be covered by the proceeds of the Alternative Conflict Resolution Support Fund created by this law, in accordance with the provisions of the regulations issued for this purpose.
Those who act as arbitrators shall not be required to post a bond and, once accepted, the position shall be mandatory and compatible with any other employment, except in cases of prohibitions or limitations resulting from the law for public servants.
The conciliation and arbitration bodies have the broadest authority to obtain from the parties all data and information necessary for the performance of their task, which may not be disclosed without the prior authorization of the person who provided it. The violation of this provision shall be sanctioned in accordance with the provisions of the book of contraventions of the Penal Code (disclosure of secret documents that do not affect national security).
Each litigant is obligated, under the warning that the corresponding assertions of the other party will be deemed true and effective, to facilitate by all means at their disposal the carrying out of these investigations.
Also, the members of these bodies may visit and examine workplaces, demand from all authorities, technical commissions, institutions, and persons, the answering of questionnaires or questions they deem appropriate to formulate for the better clarification of the causes of the conflict. The hindrance or refusal of assistance may be sanctioned in accordance with the provisions of the book of contraventions of the Penal Code (failure to assist authority).
Every proceeding conducted by the conciliation and arbitration bodies shall be recorded in writing at the very moment it is carried out and shall be signed, after being read, by its members and the persons who participated in it, and the place, hour, and day of its performance, the name of the persons who attended, and other pertinent details must be mentioned.
The observations of the attendees regarding the accuracy of what has been recorded shall be noted, and when anyone refuses to sign, the reason they allege for not doing so shall be stated.
Those presiding over or coordinating the conciliation and arbitration bodies shall have the authority to notify and summon the parties or their delegates through judicial, police, or labor authorities, by telegrams, and any other means that circumstances and their good judgment indicate as reliable. These proceedings shall not be subject to any formality other than the record placed in the case file stating that they have been carried out, and, unless there is reliable proof to the contrary, they shall be deemed authentic.
The conciliation and arbitration bodies shall assess the evidence they order according to the rules provided in this same Code.
The deliberations of the conciliators and arbitration tribunals shall be secret. The presiding officer shall set a time to receive the votes. The vote of the presiding officer shall be counted as double in cases where there is no majority of concurring votes.
The drafting of all resolutions shall always correspond, in the case of collegiate bodies, to the person who presides over it.
In the proceedings referred to in this chapter, each party shall assume all legal expenses required for its processing, except in arbitration, if the award establishes otherwise.
The operation of private labor conciliation centers is authorized, which must be authorized by the Ministry of Labor and Social Security, through the regulations issued for this purpose.
Qualification of Strike Movements and Lockouts
CHAPTER FOURTEEN
Qualification, to establish its legality or illegality, may be sought for a strike movement or lockout on which the conciliation proceeding has failed, as well as for any other movement carried out in the private or public sector, outside of that proceeding, that implies either one or the other.
Qualification may be requested by the trade union or trade unions, the workers' coalition, or the employer or employers directly involved in the strike.
Qualification must be requested at any time while the strike or lockout persists, except as provided in the final clause of Article 384.
Without prejudice to the provisions of Article 668, only one qualification process may be attempted for the same movement or facts, provided it involves the same employer, even if it takes place throughout the national territory or in specific regions, without prejudice to the fact that if it occurs only in one workplace, the qualification shall be limited to that workplace.
The initial request shall indicate the following:
The respective trade union organization or the workers' coalition named for this purpose, and, as applicable, the employer or employers, shall be considered as the opposing party in the process. Trade union organizations and employers shall be notified in accordance with Law No. 8687, Law on Judicial Notifications, of December 4, 2008. The representatives of the workers or the elected delegates must be notified personally. All shall be warned of their right to appear in the process within three days, alleging what is in their interest, offering pertinent evidence, and witnessing and participating in the receipt of the evidence offered, and they shall be warned to designate a place or means for notifications, with the implications that refusal may have.
If there is difficulty in carrying out the notification, the situation shall be recorded in the case file and it shall be carried out by means of a publication in one of the newspapers with national circulation.
The evidence must refer solely to the legal requirements necessary for qualification and to the facts related to them. It must be presented in a summary oral hearing, except for documentary evidence, if any, and the verification of support for the movement, which must be carried out, when so requested, with the intervention of a judge, by secret ballot, in accordance with the provisions of Articles 371, 377, and 381, as applicable.
In the case of prior qualification, the verification of support shall be made by means of the certification of the result of the general assembly of the respective trade union or unions, or by means of the voting records, as the case may be.
The verification of other relevant facts on site shall be carried out summarily by the judge immediately. If necessary, in highly exceptional cases, another judge from the same office or one who is designated may assist in the proceeding.
For the purposes of verifying support, persons who were dismissed from work without authorization after the conciliation proceeding began shall be considered as workers of the enterprise, and the workers indicated in Article 382 shall not be counted as such.
Police authorities and those of the Ministry of Labor and Social Security shall have the obligation to collaborate with the jurisdictional bodies, when so requested by them.
The jurisdictional body shall only admit evidence that is strictly necessary and shall reject evidence that is repetitive, excessive, or impertinent. During the hearing, it may postpone the receipt of certain evidence and transfer the continuation of the hearing to another locale or place, if necessary. When so ordering, it shall clearly warn the parties of this, which shall be recorded in the minutes. Likewise, it shall reject any evidence that does not lead to the verification of the requirements or facts indicated in the article two before last.
The presiding judge shall take all measures to ensure that the process does not suffer delay, shall give it total priority, and shall personally undertake the vigilance and control necessary for the efficiency of the acts composing it.
When there is no evidence that must be received in a hearing, the judgment shall be issued within three days following the substantiation of the case records. Otherwise, the provisions for issuing judgment in a process with a hearing shall apply, but the maximum period for issuing the judgment shall likewise be three days.
During the processing of the proceeding, no appeal shall be admissible. Only the judgment shall be subject to appeal before the labor appellate tribunal of the respective territorial jurisdiction, which must resolve within five days. What is finally resolved shall not be reviewable in any other proceeding. The provisions on the reserved appeal against resolutions denying nullities or rejecting evidence are applicable to this process.
The matter adjudicated establishes res judicata regarding the legality of the movement or facts discussed in the process, according to the causes or motives that served as its basis. Any change in those causes or motives that may subsequently occur may be the object of a new qualification process, if there is an interest in doing so.
A copy of every qualification judgment shall be sent to the Statistics Office of the Ministry of Labor and Social Security.
Prosecution of Infractions of Labor or Social Security Laws
CHAPTER FIFTEEN
The procedure for prosecuting infractions against labor and social security laws shall have a labor-related sanctioning nature and must be initiated by accusation. The injured persons or public institutions, organizations for the protection of workers and trade unions, and the authorities of the National Directorate of the General Labor Inspectorate of the Ministry of Labor and Social Security are entitled to bring action.
When private individuals or any authority become aware of possible infractions of said laws, they shall inform the affected institutions and the aforementioned authorities, for appropriate action.
The judicial authority that has made a complaint shall be disqualified from hearing the case that may be established.
The administrative labor authorities that, in the exercise of their functions, become aware of any such infractions are obligated to accuse, without incurring any type of liability for doing so.
The accuser shall be considered a party in the process, for all purposes.
Only for administrative labor authorities is it necessary to exhaust administrative inspection procedures in order to file the respective action before the competent labor court.
The accusation must be filed in writing before the competent jurisdictional body and shall meet the following requirements:
If the accusation is not in proper form, the corresponding correction shall be warned, and the matter shall be given the same treatment provided for such cases in the ordinary process.
If the accusation is in proper form, the court shall issue a resolution with the following content:
When for any procedural act it is necessary to summon a person, the judicial authority shall order their summons by certified mail, telegram with delivery confirmation, telephone, or any other means that guarantees the authenticity of the message, in which they shall be warned that if the order is not obeyed, the person may be brought by the Public Force.
When the accused party does not provide for its own defense, it shall be supplied by social assistance, but it must cover the cost if it does not meet the requirements to receive such assistance free of charge.
In the first phase of the hearing, a conciliated solution shall be sought, promoting an agreement between the parties. Such a solution shall only be promoted when the possible agreement does not imply an infraction of labor and social security provisions, and the agreements shall only be valid and homologable if they are not contrary to the parties' inalienable rights or in any other way violate said provisions.
Regarding the effects and enforcement of the agreement, the provisions of this Title shall apply. The facts that served as the basis for the accusation may not be invoked again as a cause of infraction.
When the conciliation attempt fails, as well as in cases where such procedure is not appropriate in accordance with the provisions of Article 667, the second phase of the hearing shall continue.
The charges against the accused shall immediately be read to them and they shall be heard. If they accept them, judgment shall be issued without further procedure.
Otherwise, the accuser and accused parties shall immediately be given the floor, and the admitted evidence shall be received; finally, after closing arguments, the judgment shall be issued and notified, in the form and terms provided for the hearing act of the ordinary process.
The hearing may be extended, as provided for in that same process, to receive supplementary evidence or for better provision as ordered by the court, ex officio or at the request of one of the parties.
When the alleged offender does not voluntarily appear at the hearing, the evidence offered in the accusation shall be received, and judgment shall be issued without further procedure.
Social organizations and, in general, legal entities in whose name the action deemed to be an infraction of labor and social security laws was carried out shall be summoned, through their representatives, as direct parties responsible for the infractions and as eventual jointly and severally liable parties for the economic consequences of the process, in the terms indicated in Article 399.
The conviction judgment shall unavoidably contain:
In this proceeding, only decisions ordering the outright rejection or the archiving of the case file, and those denying requested evidence or nullities, shall be appealable, but in these latter two instances they shall be deemed reserved and shall only be taken into account as provided in this Code.
The judgment produces substantive res judicata and shall be subject to appeal before the labor appeals court.
In matters of challenges and remedies, the provisions of this Code shall be fully observed, but the trial court's judgment shall be comprehensively reviewed by the appellate body, for which purpose the parties may offer evidence of interest to them, the admissibility of which shall be assessed by the court, which shall be restricted to the matters that are the subject or content of the grievances invoked in the appeal. When appropriate, such evidence shall be taken at a hearing. The second-instance judgment shall be issued in the same form and within the same terms provided for the judgment in an ordinary proceeding.
Fines shall be paid at one of the banks of the National Banking System, to the order of the Ministry of Labor and Social Security, into an account that the bank shall indicate for this purpose. Said amount shall be included in the national budget of the Republic, to be transferred in favor of said Ministry, which, in turn, shall distribute it in the following manner:
If the fine is not paid in a timely manner, the National Directorate of General Labor Inspection may seek its payment within the proceeding, through the summary asset enforcement procedure. It shall also be considered legitimized to promote the seizure and auction of assets, in the event that it did not appear as a party in the prior phase of the proceeding, as well as to pursue any other enforcement avenue.
The review of judgments convicting for violations of labor and social security laws shall be governed, as pertinent, by what is provided in this regard in Article 601.
Of every final judgment issued in matters of faults or violations regulated in this Title, a literal copy shall be mandatorily sent, by electronic means and within a period of fifteen days, to the General Labor Inspection and also to the respective social security institution, when it concerns violations of the laws regarding the insurance it administers, unless it appeared as a party in the proceeding.
To the extent they are compatible, the provisions established regarding administrative violations and sanctions in Law No. 4755, Code of Tax Norms and Procedures, of May 3, 1971, Law No. 6227, General Law of Public Administration, of May 2, 1978, and Law No. 8508, Contentious-Administrative Procedure Code, of April 28, 2006, shall apply supplementarily.
LABOR REGIME OF STATE SERVANTS AND ITS INSTITUTIONS
General Provisions
TITLE ELEVEN
CHAPTER ONE
A worker of the State, its institutions, or organs is any person who provides to the former or the latter a material, intellectual, or both types of service, by virtue of an appointment issued by a competent authority or official, or by virtue of an employment contract in cases governed by private law.
Public-nature servants are governed by the corresponding statutory norms, special laws, and applicable regulatory norms, and by this Code, in all matters not contemplated in those other provisions. Relations with workers under a private regime shall be governed by common labor law and related provisions, unless the law provides otherwise. Conciliations, collective agreements, and arbitration awards may also apply, provided they are concluded or issued with respect to the provisions of this Code and the limitations arising from this Title.
The concept of the preceding article includes, regarding the payment of benefits provided for in Articles 28, 29, and 31, as applicable, all public servants, with the exceptions arising from this Code and from special laws or provisions.
The following are specifically excluded from said payment:
The persons excepted in the preceding article shall not be governed by the provisions of this Code, but solely by those established by special laws, decrees, or agreements. However, with the exception of persons holding positions of popular election, they shall have the right to payment of severance pay if they retire or are pensioned, or pass away in office with pension rights, without prejudice to what special laws provide. The payment of severance pay shall be appropriate in these cases when the pension benefit is acquired for the first time.
In the event of justified cause for dismissal, the servants indicated in the initial article of this Title shall not be entitled to the indemnities indicated, with the exceptions allowed by special laws, autonomous labor regulations, or collective agreements concluded in accordance with the provisions of this Code. Justified cause shall be qualified and determined in accordance with Articles 81 and 369 of this Code and in accordance with what is provided on the matter by the laws relating to the State dependencies in which said servants work, and by the regulations or other norms when they establish more beneficial conditions for the workers.
Disciplinary proceedings pending against a public servant who resigns or retires must continue, and the payment of any severance pay that might correspond to them shall be suspended, which shall only be made effective when the dismissal is declared without employer liability.
Public servants who receive severance assistance may not hold remunerated positions in any State dependency for a period of time equal to that represented by the sum received for said concept or under another title, as indemnity, longevity recognition, or any other similar benefit paid by the employer that originates from the termination of the service relationship, with the exception of labor capitalization funds. If within that period they should accept any position, they shall be obliged to reimburse the Public Treasury the sums received and shall deduct those representing the wages they would have earned during the time they remained unemployed.
The Attorney General's Office of the Republic, when it concerns the State, or the legal representative of the other public entities, with legal personality and capacity under public and private law that made the payment, shall proceed with the collection of the sums that must be reimbursed, for contravention of the prohibition established in the preceding paragraph, based on certifications issued by the corresponding offices. Such certifications shall have the character of an executory title for the amount resulting from the liquidation made by the administration.
The workers referred to in the initial article of this Title who do not have the right to stability in their jobs may only be dismissed without just cause, with the simultaneous issuance of the order for payment of the benefits to which they are entitled. The dismissal agreement and the payment order must be published on the same date in the official gazette La Gaceta.
Resolution of Economic and Social Conflicts and of Collective Agreements in the Public Sector
Subjective and Objective Scope
CHAPTER TWO
SECTION I
Conciliations and arbitration awards for the resolution of economic and social conflicts of workers of the public sector, as well as collective agreements, shall be valid, provided they conform to the following provisions.
All workers of said sector have the right to a negotiated or arbitrated solution, except:
With the limitations to which reference will be made, the following matters may be the subject of resolution in the aforementioned manner:
Validity Requirements
SECTION II
The public servants indicated in Articles 683 and 689 are automatically excluded from the advantages of any nature that may derive from collective agreements, conciliatory settlements, arbitrations, and any agreement for the resolution of an economic and social conflict, whether by inclusion or express or indirect reference.
It is also expressly prohibited to make technical adjustments in application of any collective instrument, for the direct or indirect benefit of the indicated servants.
Likewise, it is absolutely prohibited to dispense with or make exceptions to current, duly promulgated laws or regulations by means of the resolution mechanisms.
It is understood that when it concerns expenditures that affect the national budget or that of a particular institution or company, the decisions issued by the hierarchies and the arbitration bodies must conform not only to the restrictions resulting from this normative framework but also to the constitutional norms regarding the approval of public budgets, which, if disrespected, shall imply the absolute nullity of what has been provided.
Arbitration shall be based on law, not conscience, and the respective arbitration tribunals must be composed exclusively of legal professionals and located in a judicial venue.
No person who may actually or potentially receive any benefit from the collective agreement to be signed may form part of the delegations acting on behalf of the employer. Likewise, there shall be a disqualification if the result could benefit their spouse, companion, or cohabitant, or their relatives, as indicated in the second paragraph of Article 48 of Law No. 8422, Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service, of October 6, 2004.
The agreements and accords adopted in any type of collective bargaining with servants under a public employment regime shall be subject, for their validity and effectiveness, to the approval of the hierarchical organ of the institution or company with the competence to bind it, after prior verification of the limits and requirements of validity.
The respective act must be issued within the month following the agreement.
The non-approval of the agreement by the Administration does not constitute an offense punishable through repressive means.
In the case of norms that, due to their nature or their impact on the principle of budget legality, require legislative or regulatory approval, their effectiveness shall be conditioned upon inclusion in the budget law or in the respective regulations, as well as upon approval by the Comptroller General of the Republic when it affects the budgets of institutions whose ordinary and extraordinary budgets or budget modifications require the approval of the latter entity. In any case, the agreements reached through the Public Sector Wage Negotiating Commission shall be binding on the parties, and to this effect, the administrations shall issue the necessary administrative acts to make them effective throughout the centralized and decentralized public sector.
Collective Bargaining in the Public Sector
Legitimation to Bargain
CHAPTER THREE
SECTION I
Trade unions that demonstrate having the largest number of members in each institution, company, or dependency in question shall be legitimized to bargain and sign collective agreements in accordance with this normative framework, pursuant to the provisions of Article 56 of this Code.
If there is no agreement among them to bargain jointly, the collective agreement shall be entered into with the union having the largest number of members. However, in the case of trade or craft unions, when there is no agreement on their part to bargain jointly with other organizations, each may request that an independent bargaining be held with it, in which case the collective agreement may only cover the persons of that trade or craft. In the event that it must be determined which is the most representative union among a plurality of unions, the Department of Social Organizations of the Ministry of Labor and Social Security shall certify it. For this purpose, it shall conduct a workplace study of the membership of each of the interested unions, through the review of the payrolls and membership reports duly submitted to the Department. The study shall be based on the data existing at the time the bargaining request was made. This certification shall have a validity period of one year, after which any existing union in the bargaining unit may request a review of the study. Said Department shall have fifteen working days to conduct the corresponding study.
In the case of collective agreements that will govern in more than one company or institution, all unions with membership in at least one of the companies or institutions in the sector may participate in the bargaining, whether they are trade, industrial, or company unions, provided they achieve a membership duly certified by the Ministry of Labor and Social Security of at least twenty percent (20%) of the total unionized workers in any of the companies or institutions in the sector covered by the bargaining.
The number of negotiators shall be accredited before the institution or companies participating in the bargaining in proportion to the total union membership held by the unions in the sector as a whole. One person shall be assigned at the bargaining table as a union representative for every one thousand workers affiliated in the sector, in which case they shall have the right to have at least one union representative. The decisions of the workers' representation shall be taken under the criterion of one vote per union representative and shall conform to the will of the simple majority of the votes counted in each necessary vote.
The companies, institutions, or dependencies of the State that are preparing to bargain and sign a collective agreement must accredit a delegation of the highest level, chosen by the organ of highest hierarchy. To this effect, the companies, institutions, and dependencies may even, if they consider it necessary, hire external professional staff to integrate or advise the delegations mentioned here.
In the case of bargaining by sector, in which several institutions or companies participate, the Executive Branch shall designate the representatives of the employer's delegation. The decisions of this party shall be taken by simple majority of votes in each necessary vote, in which each person shall have one vote.
In case of conflict in determining the union organization or organizations legitimized to bargain and sign a collective agreement, the head of the institutions or any of the involved union organizations may request the Ministry of Labor and Social Security to make the corresponding designation, in accordance with the provisions of Article 56 and the provisions of this chapter.
Bargaining Procedure
SECTION II
Once the legitimation of the union organization or organizations authorized to bargain has been firmly determined, and a draft collective agreement has been formally submitted to each institution or dependency, the selection and empowerment of the commission that will represent the employer party, referred to in the preceding section, shall proceed. The period for making said designation may not extend beyond fifteen calendar days, counted from the date on which the requirements referred to in this article are fulfilled.
The unions must accredit the persons who will represent them within the same period, and this number may not exceed the total of the employer's delegation.
In the case of collective agreements by sector, involving more than one institution or company, the accreditation shall be made in accordance with the rules established in Article 697, for which purpose the Ministry of Labor and Social Security must be requested to make a prior determination of the total number of unionized workers in the set of institutions or companies, the percentage of unionized workers that each union has in said institutions or companies individually considered, and the number of members each participating union has in the set of the involved sector.
When there are several union organizations at the bargaining table and each one of them has submitted its own draft collective agreement, they shall be requested to prepare a single draft prior to the bargaining. If, within a period of one calendar month, counted from the notice to be given to them by the head of the respective institution or company, they have not fulfilled the requirement established here, the draft presented by the majority union shall be considered the draft to be bargained, if the bargaining is in a single company or negotiation, or the draft supported by the majority of union representatives, if it is a bargaining by sector.
It is understood that any of the parties involved in the bargaining, or both jointly, may request the intervention, as a conciliator, of one or more officials of the Ministry of Labor and Social Security, without the request made to said Ministry being obligatory for it when it lacks sufficient resources to attend to the bargaining.
The bargaining shall cover all aspects and points of the draft that has been formulated to the administration or administrations, and minutes must be drawn up for each working session, which shall be signed by the representatives of both parties.
In addition to the individual minutes of each session, at the end of the bargaining process, a closing minute shall be drawn up which shall contain the complete text of the clauses that were bargained and shall indicate which clauses of the draft were discarded or could not be bargained for lack of agreement on them.
What has been definitively agreed upon at the bargaining table, once approved by the Administration, shall be valid between the parties and shall have a duration of one to three years, as they themselves determine. The approval by the Administration must be made within a maximum period of one month. If said approval does not occur within that period, the bargaining shall be understood as definitively approved by the Administration, and a copy of what has been firmly bargained shall be sent by either party to the General Directorate of Labor Affairs of the Ministry of Labor and Social Security for its deposit; in addition, it must be published in the official gazette La Gaceta, free of charge to the parties. The duration of each norm may be indicated individually, or of the collective agreement in its entirety.
Conciliation, Arbitration, and Strike in the Public Sector
CHAPTER FOUR
The conciliation proceeding involving servants of the State under any regime shall be carried out in accordance with what is provided in this Code, with the modifications arising from the following special rules:
It is optional for the Administration and its servants to submit the resolution of economic and social conflicts to arbitration, in which case what is provided in this same Code shall apply, with the exceptions and limitations established in this chapter.
Workers, whatever their regime may be, who are prevented from declaring a strike because they work in essential services, once conciliation has failed, have the right to submit the resolution of the economic and social conflict to arbitration, in the form, terms, and conditions indicated in this normative framework.
During a declared strike, settlements or agreements aimed at resolving the conflict directly may be made, which must respect the legal order in the manner indicated in this Title.
Mandatory arbitration is applicable in the public sector, in relation to its servants, under both private and public employment regimes, in the event of an exhausted legal strike.
Any strike action in the public sector must be carried out with respect for the provisions of chapters one and three of Title Six of the Labor Code.
Effects of Collective Agreements in the Public Sector
CHAPTER FIVE
Collective agreements bargained and signed in accordance with the provisions of this Title shall have the effects indicated in Article 62 of the Political Constitution and Articles 54 and 55 of this Code.
In the case of norms that, due to their nature and their impact on the principle of budget legality, require legislative approval, the effectiveness of what has been bargained shall be subject to inclusion in the respective general budget law of the Republic or in any extraordinary budget law that is enacted. The public authority shall not use its prerogatives in financial matters to the detriment of what has been agreed.
In the case of decentralized administration, the corresponding budgetary modifications must be included within a period of three months. If this period is not met, the interested party may send the pertinent communication to the Contraloría General de la República, so that no approval or modification procedure is executed regarding the budgets of the respective public administration, until the corresponding budget line item is included.
Pursuant to the provisions of the preceding article and without prejudice to the specific reservations set forth therein, the rules of a valid and effective collective bargaining agreement (convención colectiva) shall be of mandatory compliance for the parties that sign it and for all current and future workers of the institution, company, or workplace, and compliance may be judicially demanded or, as applicable, the payment of damages (indemnizaciones de daños y perjuicios) for non-compliance, both on behalf of the affected workers and the harmed trade union organizations, as the case may be.
What is provided in a collective bargaining agreement (convención colectiva) signed in accordance with the rules of this title may only be annulled when an evident and manifest nullity is declared through judicial proceedings, in accordance with Law No. 6227, Ley General de la Administración Pública, of May 2, 1978, or through the lesividad proceeding, attending to questions of form in the formation of the will of the parties or when prohibitive legal or regulatory rules have been violated."
The following provisions are amended:
"Article 35.- Upon the expiration of any employment contract, the employing party, at the request of the worker, must give the worker a certificate stating:
If the worker so desires, the certificate shall also determine:
If the expiration of the contract is due to dismissal for fault attributed to the worker, delivery of the dismissal letter shall be mandatory; the fact or facts upon which the dismissal is based must be described punctually, in detail, and clearly. Delivery shall be made personally, at the time of dismissal, and receipt must be documented. If the worker refuses to receive it, the employing party must deliver it to the local office of the Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social and, if none exists, it shall be delivered or sent to the nearest office of that Ministry by certified mail, which must be done no later than within ten calendar days following the dismissal. The causal facts indicated in the dismissal letter shall be the only ones that may be judicially alleged, if a dispute arises." "Article 85.- [...]
For the payment of the indicated benefits, the procedure in title ten of this same Code shall apply." "Article 94 bis.- A pregnant or breastfeeding worker who is dismissed in contravention of the provisions of the preceding article may seek, before the labor court (juzgado de trabajo), her immediate reinstatement, with full enjoyment of all her rights, through the procedure established in title ten of this Code.
The worker may opt for reinstatement, in which case the employer must pay her, in addition to any severance pay to which she is entitled and as damages (daños y perjuicios), the sums corresponding to the pre-natal and post-natal subsidy, and the wages she would have ceased to receive from the moment of dismissal, until completing eight months of pregnancy.
If it concerns a worker in the breastfeeding period, she shall be entitled, in addition to severance pay (cesantía) and as damages (daños y perjuicios), to ten days' wages." "Article 303.- Claims for occupational hazards (riesgos de trabajo) shall be processed before the competent court and according to the procedure indicated in title ten of this Code." "Article 309.- The faults and infractions established by this law and its regulations, and whose sanctions are not expressly contemplated in special rules, regardless of the liability they entail for the offender, shall be sanctioned in accordance with the provisions of title seven of this Code.
A fine shall be imposed on the employer in accordance with the provisions of Article 398 of this Code, in the following cases.
[.]
A fine shall be imposed in accordance with the provisions of Article 398 on the worker of any ministry or institution, municipality, or other body forming part of the Public Administration, who authorizes the execution of acts, contracts, or work in contravention of the provisions of this title or its regulations." b) From Law No. 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, of May 5, 1993, subsection 2) of Article 55 and Articles 98, 109, and 116. The texts are as follows:
"Article 55.- [...]
[...]" "Article 98.- The appellate courts (tribunales de apelación) shall hear:
"Article 112.- 1) Administrative law shall be applicable to service relationships between the Administration and its public servants.
2, Código de Trabajo, of August 27, 1943 are repealed; Articles 94 and 123 of Law No. 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, of May 5, 1993, and Law No. 4284, which created the Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, of December 16, 1968, are repealed.
The Corte Suprema de Justicia shall maintain or create, in a timely manner, as part of the same court, the sections necessary to adequately handle the volume of work.
They shall begin functioning when, in the judgment of the Corte Suprema de Justicia, the volume of work so warrants. The Court is empowered to make jurisdictional attributions to the currently existing courts, creating, if necessary, specialized sections for labor matters.
In Alajuela: in Grecia, San Ramón, and San Carlos. In Cartago: in Turrialba. In Heredia: in San Joaquín de Flores. In Guanacaste: in Liberia, Cañas, Santa Cruz, and Nicoya. In Limón: in Pococí. In Puntarenas: in Aguirre, Golfito, and Corredores. These offices shall begin functioning when necessary, as determined by the Corte Suprema de Justicia, and shall have the territorial jurisdiction assigned to them by it.
The Fund shall be formed with:
The proceeds of the Fund shall be allocated:
It is prohibited to change this allocation.
Matters relating to administration, priority, and timing in which the proceeds shall be applied, and everything concerning the functioning of the Fund, shall be regulated by way of regulation.
TRANSITORY PROVISIONS
The Corte Suprema de Justicia is empowered to maintain or create, when necessary, the judicial positions required to continue exclusively handling the proceedings initiated prior to this reform that must continue to be processed under the regulations being repealed.
Rights and actions derived from events occurring before their effective date shall be governed by the legal provisions in force at the time they occurred, in harmony with the provisions of ruling No. 5969 of the Sala Constitucional, at 3:21 p.m., of November 16, 1993, clarified by resolution at 2:32 p.m., of June 7, 1994.
The Corte Suprema de Justicia is empowered to carry out the required reorganization, to order the classification of positions and the horizontal or promotional transfer of personnel who, as a result of the restructuring, are no longer necessary in those offices, without prejudice to their labor rights. They shall continue hearing pending matters, applying the repealed law, but in a single-judge manner, according to an equitable distribution to be made, until their finalization.
To establish the relocation, the date of appointment shall be taken into account, applying first to those of most recent designation. They must be considered for filling future vacancies arising in the Appellate Court, which shall be done according to the best qualifications in the judicial career ranking system.
This law takes effect eighteen months after its publication.
Given at the Museo Histórico Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, San José, on the twenty-fifth day of January of the year two thousand and sixteen.
en la totalidad del texto - Texto Completo Norma 9343 Reforma Procesal Laboral Texto Completo acta: 109EE0 N° 9343 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
REFORMA PROCESAL LABORAL
DECRETA:
"TÍTULO SEXTO MEDIDAS DE PRESIÓN
Huelgas legales e ilegales
CAPÍTULO PRIMERO
La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente:
Los titulares del derecho de huelga son los trabajadores y las trabajadoras, quienes lo ejercerán por medio de sus organizaciones sindicales o de una coalición temporal, en las empresas, las instituciones, los establecimientos o los centros de trabajo donde no hubiera personas sindicalizadas o cuando su número fuera insuficiente para constituir una organización sindical.
El derecho de huelga comprende la participación en las actividades preparatorias que no interfieran en el desenvolvimiento normal de las labores de la empresa o centro de trabajo, de convocatoria, de elección de su modalidad, de adhesión a una huelga ya convocada o la negativa a participar en ella, de participación en su desarrollo, de desconvocatoria, así como la decisión de dar por terminada la propia participación en la huelga.
En el caso de instituciones o empresas que tengan más de un establecimiento o centro de trabajo, el porcentaje de apoyo mínimo requerido, conforme al artículo 371, se contabilizará considerando a todas las personas trabajadoras de la empresa, institución o el respectivo centro de trabajo, según sea el caso." "Artículo 377.- Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben:
La huelga, cualquiera que sea su modalidad, sea que la convoque uno o más sindicatos o, en su caso, una coalición de personas trabajadoras, podrá ejecutarse intermitentemente, de manera gradual o de forma escalonada. En estos casos, los días y las horas de suspensión, así como la modalidad de la huelga, deben ser comunicados, por escrito, a la parte empleadora previamente a su inicio, directamente o por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La terminación de los contratos de trabajo o, en su defecto, el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción, solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga.
La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en los establecimientos, negocios, departamentos o centros de trabajo en que esta se declare, por todo el tiempo que ella dure. En los casos en que la huelga no se haya declarado en la totalidad del centro, sino en uno de los departamentos, secciones o categoría de trabajadores específicos, la suspensión operará únicamente respecto a estos.
Para alcanzar el porcentaje de apoyo mínimo requerido, conforme a las disposiciones de este título, se seguirá el siguiente procedimiento:
EI empleador estará obligado a facilitar la participación en el proceso de votación, a brindar el tiempo necesario con goce de salario para garantizar el libre ejercicio del sufragio universal y a abstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en el proceso de votación. Los centros de votación deberán estar en un lugar neutral, preferiblemente público y de fácil acceso.
Cualquier violación a este artículo configurará una práctica laboral desleal en los términos del artículo 363 y será sancionado con la multa establecida en el inciso 6) del artículo 398.
Para la determinación del porcentaje mínimo de convocatoria y apoyo a la huelga, se debe excluir:
La parte o las partes empleadoras afectadas por la huelga podrán solicitar, ante la jurisdicción de trabajo, la declaratoria de ilegalidad del movimiento, cuando los trabajadores, las trabajadoras o sus organizaciones sindicales no se hubieran ajustado en el ejercicio del derecho de huelga a las previsiones y los requisitos establecidos en los artículos 371, 377 y 381 de este Código.
De la misma forma, será facultativo para los trabajadores, las trabajadoras o sus organizaciones sindicales solicitar la declaratoria de legalidad de la huelga, de previo a su iniciación. En ese último caso, no podrán iniciar la ejecución de la huelga sin que estuviera firme la declaratoria de huelga legal. Los trabajadores, las trabajadoras o el sindicato respectivo también podrán solicitar la calificación de la huelga con posterioridad a su ejecución, e incluso luego de su finalización, para efectos de lo establecido en el artículo 386.
Firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la parte empleadora podrá ponerle fin, sin responsabilidad patronal, a los contratos de trabajo de los huelguistas, si estos no se reintegraran al trabajo veinticuatro horas después de la notificación de la respectiva resolución.
Esta notificación se hará por medio de publicación en un periódico de circulación nacional, así como por afiches que se colocarán en lugares visibles del centro o centros de trabajo, o por cualquier otro medio que garantice la realización efectiva de la notificación.
No obstante lo anterior, en los nuevos contratos que celebre el patrono no podrán estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de declararse la huelga ilegal.
Si la huelga fuera declarada legal por los tribunales y se determinara además, en la misma resolución, que los motivos de la huelga son imputables al empleador o la empleadora, por incumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo o el incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo, del arreglo conciliatorio, de la convención colectiva o del laudo arbitral, por negativa a negociar una convención colectiva, a reconocer a la organización sindical, a reinstalar a los representantes de las personas trabajadoras a pesar de existir sentencia firme que así lo ordene, o por maltrato o violencia contra los trabajadores o las trabajadoras, condenará a aquel al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos permanezcan en huelga. La liquidación respectiva se realizará por medio del proceso de ejecución de sentencia.
Paros legales e ilegales
CAPÍTULO SEGUNDO
Paro legal o cierre patronal es la suspensión temporal del trabajo ordenado por dos o más empleadores o empleadoras, de forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender sus intereses económicos y sociales comunes.
El paro comprenderá siempre el paro total de las empresas, los establecimientos o los negocios en que se declare.
El paro será legal, si los empleadores o las empleadoras se ajustan a los requisitos previstos en el artículo 377 y dan luego a sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para ninguna de las partes, durante ese período.
La reanudación de los trabajos se hará de acuerdo con las normas que establece el artículo 77.
Son aplicables al paro las disposiciones del artículo 380.
Se tendrá también por paro ilegal todo acto malicioso del empleador o la empleadora que imposibilite a las personas trabajadoras el normal desempeño de sus labores.
Todo paro ilegal tiene los siguientes efectos:
CAPÍTULO TERCERO
Disposiciones comunes
Ni los paros ni las huelgas deben perjudicar de forma alguna a los trabajadores o las trabajadoras que estuvieran percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas.
En caso de huelga o paro legalmente declarado, los tribunales de trabajo darán orden inmediata a las autoridades de policía para que se proteja debidamente a las personas y propiedades cubiertas por dicha declaratoria y se mantengan clausurados los establecimientos, negocios, departamentos o centros de trabajo.
En los casos en que la legalidad de la huelga no se haya declarado en la totalidad del centro sino en uno de los departamentos, secciones o categoría de trabajadores específicos, el cierre operará únicamente respecto a estos. Mientras el movimiento no haya sido declarado ilegal, ninguna de las partes podrá tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el ejercicio de sus derechos, según lo dispuesto en el artículo 620.
En caso de huelga o paro ilegal, los tribunales competentes ordenarán a las autoridades de policía que garanticen la continuación de los trabajos por todos los medios a su alcance. Si se tratara de servicios públicos en manos de empresarios particulares, el Poder Ejecutivo podrá asumir, con ese fin, su control temporal; para ello, el juzgado competente podrá nombrar a una persona idónea como curador.
El derecho de las partes empleadoras al paro y el de las trabajadoras a la huelga son irrenunciables; pero será válida la cláusula, en virtud de la cual se comprometa a no ejercerlos temporalmente, mientras una de las partes no incumpla los términos de la convención o el instrumento colectivo."
"TÍTULO SÉTIMO INFRACCIONES A LAS LEYES DE TRABAJO Y SUS SANCIONES
Constituyen faltas las acciones u omisiones en que incurran las partes empleadoras, sus representantes y administradores, los trabajadores, las trabajadoras o sus respectivas organizaciones que transgredan las normas previstas en la Constitución Política, los pactos internacionales sobre derechos humanos y los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa y las demás normas laborales y de seguridad social, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderles.
Serán también sancionables los funcionarios públicos de la Contraloría General de la República, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Procuraduría General de la República o de entidades análogas, que en el ejercicio de potestades de control, fiscalización y asesoría vinculante hagan incurrir en la comisión de este tipo de faltas a la Administración Pública.
Los procesos que se originen en dichas faltas serán de conocimiento de los tribunales de trabajo, de acuerdo con las reglas de competencia y por el procedimiento que en este mismo Código se señalan.
Las personas transgresoras referidas en el artículo 399 de este Código serán sancionadas con multa, según la siguiente tabla:
La denominación de salario base utilizada en esta ley en todo su articulado, salvo disposición expresa en contrario, debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, de conformidad con lo establecido en este mismo Código.
La responsabilidad de las personas físicas es subjetiva y la de las personas jurídicas es objetiva. Cuando la conducta la realice un representante patronal de una empleadora persona jurídica o grupo de interés económico, en los términos del artículo 5 de este Código, la sanción recaerá también sobre estos según corresponda, a quienes solidariamente se extienden los efectos económicos de la falta del representante.
Las infracciones a las normas prohibitivas de este Código o de las leyes de trabajo y seguridad social serán sancionadas a partir de la multa comprendida en el numeral 3 de la tabla de sanciones del artículo 398, o superiores establecidas por ley especial.
Cuando se trate de la negativa a otorgar informes, avisos, solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos requeridos según este Código y las leyes de trabajo y seguridad social, para que las autoridades de Trabajo puedan ejercer el control que les encargan dichas disposiciones, los responsables serán sancionados con la multa comprendida en el numeral 1 de la tabla de sanciones contenida en el artículo 398, siempre que haya mediado prevención con un plazo de quince días.
Al juzgarse las faltas de trabajo se aplicará la sanción que corresponda en cada caso, tomando en cuenta la gravedad del hecho, sus consecuencias, el número de faltas cometidas y la cantidad de trabajadores o trabajadoras que han sufrido los efectos de la infracción.
Podrá aminorarse la sanción, siempre y cuando el infractor se comprometa a reparar el daño de inmediato de forma integral.
Toda persona que de mala fe incite públicamente a que una huelga o un paro se efectúe contra las disposiciones de este título, será sancionada con una multa de cinco a diez salarios base.
Los individuos que participen en un conflicto colectivo, utilizando medios que alteren el carácter pacífico del movimiento, serán repelidos y expulsados del entorno donde este se desarrolla, por cualquier autoridad policial, y sancionados con una multa de cinco a diez salarios base.
PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR
TÍTULO OCTAVO
Se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación.
Todas las personas trabajadoras que desempeñen en iguales condiciones subjetivas y objetivas un trabajo igual gozarán de los mismos derechos, en cuanto a jornada laboral y remuneración, sin discriminación alguna.
Se prohíbe el despido de los trabajadores o las trabajadoras por las razones señaladas en el artículo 404.
Queda prohibido a las personas empleadoras discriminar por edad al solicitar un servicio o seleccionar a un trabajador o una trabajadora.
Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos formales solicitados por la persona empleadora o que estén establecidos mediante ley o reglamento.
Toda discriminación de las contempladas en el presente título podrá ser hecha valer por las autoridades o la parte interesada ante los juzgados de trabajo, de la forma dispuesta en este Código. En estos casos, quien alegue la discriminación deberá señalar específicamente el sustento fáctico en el que funda su alegato y los términos de comparación que substancie su afirmación.
Los empleadores o las empleadoras a quienes se les compruebe haber cesado a personas trabajadoras, por cualquiera de los motivos de discriminación antes indicados, deberán reinstalarlas en su trabajo, con el pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas para la sentencia de reinstalación.
En cuanto a la Administración Pública y las demás instituciones de derecho público, todo nombramiento, despido, suspensión, traslado, permuta, ascenso o reconocimiento que se efectúe en contra de lo dispuesto por el presente título será anulable a solicitud de la parte interesada, y los procedimientos seguidos en cuanto a reclutamiento o selección de personal carecerán de eficacia en lo que resulte violatorio a este título.
Todo trabajador que en el ejercicio de sus funciones relativas a reclutamiento, selección, nombramiento, movimientos de personal o de cualquier otra forma incurra en discriminación en los términos de este título, incurrirá en falta grave para los efectos del artículo 81 de este Código.
PRESCRIPCIONES Y CADUCIDAD DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS EN PROCEDIMIENTO ESCRITO
TÍTULO NOVENO
El cómputo, la suspensión, la interrupción y los demás extremos relativos a la prescripción se regirán por lo dispuesto en este Código y de forma supletoria por lo que dispone el Código Civil.
Los derechos provenientes de sentencia judicial prescribirán en el término de diez años, que se comenzará a contar desde el día de la firmeza de la sentencia.
Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de contratos de trabajo prescribirán en el término de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos contratos.
En materia laboral, la prescripción se interrumpirá además por las siguientes causales:
Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras para despedir justificadamente a los trabajadores o las trabajadoras, o para disciplinar sus faltas, prescribirán en el término de un mes, que comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que fueran conocidos los hechos causales.
En caso de que la parte empleadora deba cumplir un procedimiento sancionador, la intención de sanción debe notificarse al empleado dentro de ese plazo y, a partir de ese momento, el mes comenzará a correr de nuevo en el momento en que la persona empleadora o el órgano competente, en su caso, esté en posibilidad de resolver, salvo que el procedimiento se paralice o detenga por culpa atribuible exclusivamente a la parte empleadora, situación en la cual la prescripción es aplicable, si la paralización o suspensión alcanza a cubrir ese plazo.
Cuando sea necesario seguir un procedimiento y consignar las sanciones disciplinarias en un acto escrito, la ejecución de las así impuestas caduca, para todo efecto, en un año desde la firmeza del acto.
Los derechos y las acciones de las personas trabajadoras, para dar por concluido con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de seis meses contado desde el momento en que el empleador o la empleadora dio motivo para la separación, o desde el momento en que dicha persona tuvo conocimiento del motivo.
Los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras, para reclamar contra quienes se separen injustificadamente de sus puestos, caducarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de este Código.
Salvo disposición legal en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos, de sus leyes conexas, incluidas las de previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo ni se relacionen con conflictos jurídicos entre personas empleadoras y trabajadoras, prescriben en un año.
Ese plazo correrá, para las primeras, desde el acaecimiento del hecho respectivo o desde que tuvieron conocimiento y, para las segundas y las demás personas interesadas, desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes.
La acción para sancionar las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y de previsión social prescribe en dos años, contados a partir del momento en que se cometan o desde el cese de la situación, cuando se trate de hechos continuados.
La presentación de la acusación ante los tribunales de trabajo interrumpe de forma continuada el plazo de prescripción, hasta que se dicte sentencia firme.
La prescripción se interrumpe también por cualquier gestión judicial o por gestión extrajudicial, en los casos en que no se haya presentado un proceso judicial.
La prescripción de la sanción impuesta en sentencia firme se regirá por lo dispuesto en el artículo 412.
JURISDICCIÓN ESPECIAL DE TRABAJO
Organización, extensión y límites de la jurisdicción de trabajo
TÍTULO DÉCIMO
CAPÍTULO PRIMERO
SECCIÓN I
Disposiciones generales
En la jurisdicción de trabajo, establecida en el artículo 70 de la Constitución Política, se dirimirán los conflictos individuales y colectivos, cuya solución requiera la aplicación de normas de derecho de trabajo y seguridad social, y los principios que lo informan, así como los asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias de ese derecho.
Dentro de ese ámbito se incluyen el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo público, para el cobro o cumplimiento de extremos laborales, así como las impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u órganos de derecho público, relativas a dicho empleo, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventiladas ante la jurisdicción laboral.
Además de los principios generales correspondientes a todo proceso, como son los de exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional, independencia de los órganos jurisdiccionales, contradicción o audiencia bilateral, publicidad, obligatoriedad de los procedimientos legales, de la necesaria motivación de las resoluciones judiciales y de preclusión, el proceso laboral se rige por los siguientes principios procesales básicos: la conciliación, las actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, así como por la celeridad, la concentración, la inmediación, la búsqueda de la verdad real, la libertad probatoria, la lealtad procesal y la gratuidad o el costo mínimo.
Al interpretarse las disposiciones de este título, deberá tenerse en cuenta que su finalidad última es permitir ordenadamente la aplicación de las normas sustanciales y los principios que las informan, incluidas la justicia y la equidad, cuando resulten aplicables. Las personas encargadas de los órganos de esta materia dirigirán el proceso de forma protagónica, impulsándolo oportunamente, buscando la verdad real dentro de los límites establecidos, dándole a esta primacía sobre las expresiones formales, tutelando la indisponibilidad de los derechos y aplicando, de forma adecuada, las reglas "pro operario" ("in dubio pro operario", norma más favorable y condición más beneficiosa), de modo que en la solución de los conflictos se cumplan los principios cristianos de justicia social y la desigualdad de la parte trabajadora no se exprese en el resultado del proceso.
El Poder Judicial adoptará las medidas necesarias para proporcionar a las personas con discapacidad o con dificultades de acceso a la justicia o de participación en los procesos, por encontrarse en estado de vulnerabilidad por cualquier causa, las facilidades o el apoyo particular que requieran para el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.
En los procesos en los que sea parte el Estado, sus instituciones y órganos se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, siempre y cuando no se contravenga el principio de legalidad.
Sin embargo, la regla de la primacía de la realidad y las normas no escritas del ordenamiento podrán ser invocadas como fuente de derecho, cuando ello sea posible, de acuerdo con la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.
El proceso es de iniciativa de la parte y, una vez promovido, los órganos de la jurisdicción deberán dictar, de oficio, con amplias facultades, todas las medidas dirigidas a su avance y finalización, sin necesidad de gestión de las partes.
En la tramitación de los procesos regulados por este Código, los tribunales deberán actuar de forma rápida, acelerando en lo posible el curso del expediente. El incumplimiento de los plazos establecidos para el dictado de las resoluciones, así como cualquier conducta injustificada que perjudique la aplicación del principio de celeridad, podrán considerarse falta grave para efectos disciplinarios, de acuerdo con la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y el funcionario judicial correspondiente podrá ser declarado responsable de los daños y perjuicios causados.
Además de las exenciones acordadas en el artículo 10 de este Código, en el proceso regulado en este título no se exigirán depósitos de dinero ni cauciones de ninguna clase, con las excepciones previstas expresamente en la ley. Las publicaciones que deban hacerse en el periódico oficial serán gratuitas.
Se consideran contrarias al sistema de administración de justicia laboral la utilización por parte de los juzgadores de formalidades exageradas, abusivas e innecesarias. Como tales formalidades, se tendrán el decreto excesivo de nulidades, la falta de aplicación del principio de saneamiento y conservación del proceso, cuando ello fuera procedente; la disposición reiterada de prevenciones que debieron haberse hecho en una sola resolución; el otorgamiento de traslados no previstos en la ley; darles preeminencia a las normas procesales sobre las de fondo o aplicar, inconducentemente, formalidades y en general cualquier práctica procesal abusiva.
Las partes, sus apoderados o apoderadas, representantes, abogados o abogadas, los auxiliares de la justicia y los terceros que tuvieran algún contacto con el proceso deberán ajustar su conducta a la buena fe, a la dignidad de la justicia y al respeto debido a los juzgadores y a los otros litigantes y demás participantes.
Se consideran actos contrarios a la lealtad y cometidos en fraude procesal, las demandas, incidencias o excepciones abusivas o reiterativas, el ofrecimiento de pruebas falsas, innecesarias o inconducentes al objeto del debate, el abuso de las medidas precautorias y de cualquier mecanismo procesal, la colusión, el incumplimiento de órdenes dispuestas en el proceso, el empleo de cualquier táctica dilatoria y no cooperar con el sistema de administración de justicia en la evacuación de las pruebas necesarias para la averiguación de los hechos debatidos.
La inexistencia de normas procesales aplicación analógica de las otras disposiciones de este mismo Código y sus principios, en cuanto resulten compatibles.
La legislación procesal civil y la procesal contencioso-administrativa, en los procesos contra el Estado y las instituciones, serán de aplicación supletoria, para llenar los vacíos normativos de este Código o para utilizar institutos procesales no regulados partes y los fines del proceso, con la condición de que no contraríen el texto y los principios procesales de este título.
En todo caso, si hubiera omisión acerca de la forma de proceder, los órganos de la jurisdicción laboral estarán autorizados para idear el procedimiento más conveniente, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes, con tal de que se les garantice a estas el debido proceso. En todo caso, se respetará la enunciación taxativa de los recursos hecha en este Código.
Organización y funcionamiento
SECCIÓN II
La jurisdicción de trabajo estará a cargo de juzgados, tribunales de conciliación y arbitraje y tribunales de apelación y casación, todos especializados. Sobre su organización y funcionamiento se aplicará, en lo pertinente, además de lo dispuesto en este Código, lo que se establece en la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y el Estatuto de Servicio Judicial.
Los juzgados conocerán en primera instancia de los asuntos propios de su competencia, cualquiera que sea el valor económico de las pretensiones y servirán como base, en las circunscripciones territoriales que señale la Corte Suprema de Justicia, para la constitución de los tribunales de conciliación y arbitraje.
Los tribunales de apelación conocerán en segunda instancia de las alzadas que procedan en los conflictos jurídicos individuales de conocimiento de los juzgados y en los procesos colectivos a que se refiere este Código; tendrán la sede y competencia territorial que les señale la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, dichos órganos conocerán los demás asuntos que indique la ley.
En los circuitos judiciales donde el volumen de casos lo amerite, la Corte Suprema de Justicia podrá encargar a un determinado despacho el conocimiento de los asuntos de seguridad social o de alguna otra especialidad, correspondientes al territorio que se señale.
Competencia
SECCIÓN III
Los juzgados de trabajo conocerán en primera instancia de:
Los órganos tienen limitada su competencia al territorio señalado para ejercerla, excepto los casos en que sea necesario su traslado a otro territorio para practicar actuaciones indelegables. Los gastos de traslado correrán por cuenta de la parte interesada, salvo cuando se trate de las personas trabajadoras, en cuyo caso serán cubiertos por el Estado.
Únicamente podrá prorrogarse la competencia en beneficio de la persona trabajadora, nunca en su perjuicio. La presentación de la demanda por esa persona, en un determinado órgano jurisdiccional, hace presumir que la correspondiente competencia territorial representa un beneficio para ella.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales, la competencia territorial de los juzgados se determinará de acuerdo con las siguientes disposiciones:
En todos los casos en que dos o más órganos tengan competencia para conocer por razón del territorio de una misma pretensión o conflicto, se tendrá como único y definitivo competente al que primero conoció de la pretensión.
Cuando se trate de derechos irrenunciables, los órganos de trabajo, al dictar sus sentencias, ajustarán los montos respectivos a lo que legalmente corresponda, aunque resulten superiores a lo indicado en la pretensión, cuando algún documento o medio probatorio lo sustente de forma indubitable. Respecto de los extremos renunciables, las estimaciones o las fijaciones hechas en la demanda regirán como límites que los órganos de trabajo no podrán sobrepasar.
La competencia de los órganos de la jurisdicción laboral se extiende a las pretensiones conexas, aunque consideradas en sí mismas sean de otra naturaleza, siempre y cuando se deriven de los mismos hechos o estén íntimamente vinculadas a la relación substancial que determina la competencia.
En materia de competencia internacional, son competentes los tribunales costarricenses:
En los supuestos de los tres incisos anteriores, se aplicará siempre a toda la relación de trabajo la legislación nacional, en lo que resulta más favorable al trabajador o la trabajadora.
La competencia solo se puede delegar para la práctica de actos procesales con cuya realización no se viole el principio de inmediación y que se requieran como auxilio para la substanciación del proceso. Queda absolutamente prohibida, bajo pena de nulidad, la delegación para la recepción de pruebas y de cualquier otro acto propio de la audiencia. Los tribunales, sin embargo, podrán incorporar al proceso hasta en la audiencia, cuando ello sea necesario, elementos probatorios incluidos testimonios, a través de medios de comunicación electrónica, siempre y cuando quede garantizada la autenticidad del contenido de la comunicación y no se afecte el debido proceso.
La parte actora no podrá impugnar la competencia del órgano ante el que radicó la demanda, al cual quedará vinculada hasta el fenecimiento y ejecución, en su caso, con arreglo a derecho. En consecuencia, no podrá hacer variar esa competencia aunque posteriormente cambien las circunstancias de hecho existentes al momento de instaurarse el proceso.
La competencia por la materia es improrrogable. Únicamente podrá ser protestada por la parte interesada, al contestar la demanda o contrademanda.
La excepción de incompetencia será rechazada de plano, cuando las pretensiones deducidas en la demanda o reconvención sean de naturaleza laboral incuestionable. Esta resolución no condicionará el criterio del juez a la hora de resolver las pretensiones correspondientes en sentencia, atendiendo a las probanzas sobre la relación substancial que les sirvan de base.
Acerca de la excepción de incompetencia por la materia, cuando sea procedente su trámite, se dará traslado por tres días a la parte contraria; transcurrido ese término, el juzgado dentro de los tres días siguientes resolverá lo que corresponda.
La incompetencia por la materia podrá decretarse de oficio por el tribunal de instancia hasta en la audiencia de saneamiento. Se prohíbe decretar incompetencias por esa razón después de cumplido ese acto.
En los dos supuestos del artículo anterior, lo resuelto será apelable para ante el órgano competente según la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, para resolver cuestiones de competencia entre tribunales de distintas materias. Será necesario fundamentar el recurso y al respecto, así como para el trámite de la impugnación, se estará a lo dispuesto para la apelación en los artículos 589 y 590 de este mismo Código.
El pronunciamiento de ese órgano no tendrá ulterior recurso y será vinculante para las jurisdicciones involucradas.
Si el pronunciamiento del juzgado no fuera apelado, el órgano de la materia al que se le atribuye la competencia podrá promover el respectivo conflicto ante el órgano indicado en el párrafo primero de este artículo, dentro del plazo perentorio de cinco días, a partir del día siguiente a la fecha en que se reciba el expediente.
Salvo disposición expresa en contrario, es prohibido a los tribunales declarar de oficio la incompetencia por razón del territorio y la parte interesada solo podrá protestarla al contestar la demanda.
La excepción se resolverá una vez transcurrido el término del emplazamiento.
La resolución que se dicte será apelable solo cuando se declare la incompetencia. Si la protesta se reduce a la competencia respecto de circunscripciones territoriales nacionales, la alzada será resuelta por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y lo que esta resuelva será definitivo y vinculante para los órganos de la otra circunscripción territorial, sin que sea posible plantear ningún conflicto. Si la excepción se interpuso alegándose que el asunto no es competencia de los tribunales costarricenses, la apelación la conocerá el órgano de la Corte Suprema de Justicia con competencia para conocer del recurso de casación en los asuntos laborales.
Si lo resuelto por el juzgado no fuera recurrido, se considerará firme y vinculante para las partes y, en su caso, el órgano jurisdiccional nacional, en cuyo favor se haya establecido la competencia por razón de territorio, deberá asumir el conocimiento del proceso, sin que le sea posible disentir por la vía del conflicto.
La competencia subjetiva se regirá por lo dispuesto en la legislación procesal civil y la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993; pero los jueces de trabajo, además de las causales indicadas en dicha legislación, estarán sujetos a inhibitoria en los procesos contra el Estado o sus instituciones, cuando:
Las recusaciones deberán interponerse:
Se exceptúan los casos en los cuales la parte no ha estado en posibilidad de conocer a la persona antes de la audiencia o vista. En estos casos, la parte podrá plantear la recusación dentro de los cinco días posteriores al conocimiento que se tenga de la intervención de esa persona.
La no interposición oportuna de la recusación hace perecer, de plano, el derecho de protestar y reclamar en cualquier vía por esa misma causa y torna inatendible cualquier protesta, debiendo el órgano disponer su archivo.
La recusación no suspende la ejecución de la sentencia o de lo resuelto antes de su interposición, cuando se trate de actos de mera ejecución.
Partes del proceso
Capacidad y representación de las partes
CAPÍTULO SEGUNDO
SECCIÓN I
Tienen capacidad para comparecer en juicio en defensa de sus derechos subjetivos e intereses legítimos, quienes se encuentren en ejercicio de sus derechos.
Los trabajadores y las trabajadoras gozan, a partir de los quince años, de plena capacidad para ejercer ante las autoridades administrativas y judiciales las pretensiones que sean de su interés y, en general, para la tutela de sus derechos laborales y de seguridad social.
En procesos en los que se discuta cualquier violación a los derechos de las personas trabajadoras menores de quince años, incluyendo los establecidos en el capítulo VII de la Ley N.º 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, así como la prohibición establecida en el artículo 92 de ese cuerpo normativo, estas personas serán representadas por su padre o su madre o por quien las represente legalmente y, en su defecto, por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que para ese efecto designará a una persona abogada.
Las personas declaradas en estado de interdicción, los incapaces naturales mayores de dieciocho años y los ausentes comparecerán por medio de sus representantes legítimos. Si no los tuvieran o el que ostentan se encuentra en opuesto interés, se nombrará para que los represente como curador, sin costo alguno, a una persona abogada de asistencia social.
Los sindicatos tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. Para ejercer derechos subjetivos de sus afiliados es indispensable el otorgamiento de poder suficiente.
Para demandar la tutela de derechos colectivos jurídicos no requieren poder alguno. Admitida la demanda para su trámite, se llamará al proceso a todo aquel que tenga interés en él para que dentro del término del emplazamiento se apersone a hacer valer sus derechos, mediante edicto que se publicará en el Boletín Judicial. En estos casos, el emplazamiento comenzará a correr a partir del día siguiente hábil de la publicación o la notificación, si esta se hizo posteriormente. Al mismo tiempo, se colocará por lo menos un aviso en un lugar público y visible de la zona o del sector involucrado, sin perjuicio del aviso que el demandante pueda dar a los afectados fácilmente determinables.
Las personas jurídicas comparecerán en el proceso por medio de su representante legítimo.
En las demandas contra el Estado, por actuaciones de la Administración Central, de los Poderes del Estado, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República y de la Defensoría de los Habitantes de la República, en tanto ejerzan función administrativa, la representación y defensa corresponderá a la Procuraduría General de la República.
La representación y defensa de las entidades descentralizadas se regirá de acuerdo con lo que establezcan sus propias leyes. Cuando la designación de representantes con facultades suficientes para litigar se hace en el diario oficial, bastará con que los representantes invoquen la publicación como prueba de su personería y aseguren, bajo juramento, que la designación no ha sido modificada o dejada sin efecto.
La Contraloría General de la República podrá ser demandada conjuntamente con el Estado o con el ente fiscalizador, cuando el proceso tenga por objeto conflictos laborales derivados de la conducta de estos, relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal, o bien, del ejercicio de sus potestades de fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública.
Cuando una entidad dicte algún acto o disposición que, para su firmeza, requiera o haya solicitado previo control, autorización, aprobación o conocimiento, por parte de un órgano del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá a esta como parte codemandada.
Quienes actúen como demandados o coadyuvantes, a excepción de la Contraloría General de la República, en los casos en que puede intervenir en los procesos conforme a la ley, podrán litigar unidos bajo una misma representación y dirección, siempre que sus posiciones no sean contradictorias y no exista conflicto de intereses.
Las partes podrán comparecer por sí mismas o con patrocinio letrado, o hacerse representar por una persona con mandato especial judicial mediante poder constituido de acuerdo con las leyes comunes. Salvo pacto o disposición legal en contrario, el otorgamiento confiere al apoderado o apoderada la facultad de solucionar el proceso mediante conciliación, aunque expresamente no se haya estipulado.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) será parte en los procesos en los cuales intervengan menores de edad o madres que demanden derechos relacionados con la maternidad.
Beneficio de justicia gratuita
SECCIÓN II
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) suministrará asistencia legal gratuita a las personas trabajadoras menores de edad que necesiten ejercitar acciones en los tribunales de trabajo, así como a las madres para el reclamo de sus derechos laborales relacionados con la maternidad.
Las personas trabajadoras cuyo ingreso mensual último o actual no supere dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N.° 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del Año 2015, de 29 de noviembre de 2014, tendrán derecho a asistencia legal gratuita, costeada por el Estado, para la tutela de sus derechos en conflictos jurídicos individuales. Las modificaciones hechas administrativamente en ese salario no se tomarán en cuenta para estos efectos, hasta tanto no sean incorporadas en dicha ley. La limitación económica indicada en esta norma no rige para las madres y los menores de edad respecto de la asistencia especial del Estado a que tienen derecho ni para casos de discriminación, en violación de lo dispuesto en el título octavo de este Código.
Con ese propósito funcionará, en el Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial, una sección especializada totalmente independiente de las otras áreas jurídicas, con profesionales en derecho denominados abogados o abogadas de asistencia social, la cual estará encargada de brindar gratuitamente el patrocinio letrado a las personas trabajadoras que cumplan el requisito indicado en el párrafo primero de esta norma. La Corte Suprema de Justicia establecerá, mediante un reglamento interno de servicio, la organización y el funcionamiento de dicha sección.
Los recursos que se requieran para el funcionamiento de esa sección no se considerarán como parte de los recursos que le corresponden al Poder Judicial en el presupuesto de la República para sus gastos ordinarios y no se tomarán en cuenta para establecerle limitaciones presupuestarias. Los dineros por costas personales que se generen a favor de la parte patrocinada por la asistencia social se distribuirán de la siguiente manera:
El Colegio de Abogados y cualquier otra organización gremial pueden constituir por su cuenta centros o redes de asistencia legal gratuita con fines de servicio social. La persona designada para atender un asunto asumirá el papel de directora profesional, con todas las responsabilidades que ello implica y, en ningún caso, sus honorarios correrán a cargo del Poder Judicial. Las organizaciones definirán a lo interno la forma de prestación del servicio, pudiendo convenirse con la organización el pago de los honorarios en montos menores a los fijados en las tarifas existentes o la prestación del servicio mediante el pago de un salario. En el caso de resultar victoriosa la parte patrocinada, las costas personales que se le impongan a la contraria le corresponderán de forma total, salvo pacto en contrario, al abogado o la abogada.
Solución alterna de conflictos
CAPÍTULO TERCERO
La conciliación, la mediación y el arbitraje serán utilizados prioritariamente como instrumentos de paz entre las partes y para la sociedad. En los procesos judiciales, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de promover una solución conciliada del conflicto, por encima de la imposición que implica la sentencia.
Extrajudicialmente, con la intervención de mediadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de un centro de resolución alterna de conflictos, en este último caso con la presencia de una persona abogada o de un representante sindical que asista a la parte trabajadora, podrán transigirse entre las partes los derechos en litigio, salvo los derechos indicados en el artículo siguiente.
En toda conciliación deberán respetarse los derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de las personas trabajadoras.
La Administración Pública y las demás instituciones de derecho público podrán conciliar, sobre su conducta administrativa, la validez de sus actos o sus efectos, con independencia de la naturaleza pública o privada de esos actos.
A la actividad conciliatoria asistirán las partes o sus representantes, con exclusión de los coadyuvantes.
Los representantes de las instituciones del Estado deberán estar acreditados con facultades suficientes para conciliar, otorgadas por el órgano competente, lo que deberá comprobarse previamente a la audiencia respectiva, en el caso de intervención judicial.
Cuando corresponda conciliar a la Procuraduría General de la República, se requerirá la autorización expresa del procurador general de la República o del procurador general adjunto, quienes deberán oír previamente al procurador asesor.
Actuaciones previas a la actividad jurisdiccional
Solución alterna previa
CAPÍTULO CUARTO
SECCIÓN I
Es facultativo para los trabajadores y las trabajadoras someter la solución de sus conflictos, de forma previa a la intervención de los órganos jurisdiccionales, a conciliadores o mediadores privados o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La solicitud de conciliación, debidamente planteada ante el citado Ministerio, interrumpirá la prescripción, la cual tampoco correrá mientras se ventila la cuestión en esa sede, por un plazo máximo de tres meses.
También, podrán solicitarle al órgano jurisdiccional que antes de la presentación formal o de la tramitación del proceso se intente la solución del caso mediante la conciliación, la cual estará a cargo del mismo órgano, preferentemente a cargo de un juez o una jueza conciliadora especializada, del despacho o del respectivo centro de conciliación judicial. En este caso, el proceso se mantendrá en suspenso hasta por tres meses, lapso durante el cual no correrá plazo alguno de prescripción.
Esta regla también es aplicable a los empleadores o las empleadoras, en lo que respecta a las acciones o demandas que pretendan deducir en los órganos jurisdiccionales, pero si se tratara de una contrademanda o de pretensiones acumuladas, la suspensión del proceso solo podrá acordarse por el indicado lapso de tres meses para intentar la conciliación, a solicitud de ambas partes.
Agotamiento de la vía administrativa
SECCIÓN II
En las demandas contra el Estado, sus instituciones y los demás entes de derecho público, cuyo conocimiento corresponda a esta jurisdicción, el agotamiento de la vía administrativa será facultativo. Este se tendrá por efectuado, sin necesidad de ninguna declaración 1) La parte interesada no haga uso en tiempo y forma de los recursos administrativos ordinarios y el acto se torne firme en sede administrativa.
Cuando el acto emanara en única instancia, de un superior jerárquico supremo del respectivo órgano o ente administrativo, podrá formularse recurso de reconsideración ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de quince días.
Podrá tenerse por desestimado el recurso interpuesto y por agotada la vía administrativa, una vez transcurrido un mes desde su presentación, sin que se haya resuelto.
En caso de que se opte por el agotamiento, una vez agotada la vía administrativa, se podrán demandar o hacer valer todos los derechos que le puedan corresponder al demandante, derivados de la conducta administrativa o del acto o los actos a que se refiere la impugnación o demanda, aunque expresamente no se hayan mencionado en la gestión administrativa.
Si la parte hubiera elegido el agotamiento de la vía administrativa, la falta de ese requisito no podrá exigirse de oficio y cualquier omisión al respecto se tendrá por subsanada, si la parte demandada no alega la excepción oportunamente. Esta debe interponerse siempre bajo pena de rechazo de plano, de forma fundada, indicándose y demostrándose en el mismo acto la razón concreta por la cual la discusión administrativa no puede tenerse por cerrada.
Actividad procesal
CAPÍTULO QUINTO
SECCIÓN I
Disposiciones varias
Para que los actos de proposición de las partes y en general todas sus gestiones escritas tengan efecto, deberán estar firmadas por el peticionario. Si el escrito se tramita por medios tecnológicos, la firma deberá ser autenticada de la forma establecida en la ley para este tipo de documentos.
Si la persona no supiera escribir o tuviera imposibilidad física para hacerlo, se hará constar una u otra circunstancia en el escrito y firmará a su ruego otra persona.
No se requerirá que la firma del peticionario esté autenticada por un profesional en derecho autorizado para litigar, cuando el escrito sea presentado personalmente por aquel.
En todo caso, con las excepciones que resulten de esta ley, las firmas serán autenticadas por la de una persona profesional en derecho autorizada para litigar. Si se omitiera el requisito, se prevendrá a la parte para que se presente a autenticarlas, dentro de un plazo de tres días naturales, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se declarará ineficaz la presentación del escrito.
No se exigirán copias de los escritos y documentos que se aporten al proceso. Los documentos originales, cuya pérdida puede causar perjuicio irreparable, serán certificados a costa de la parte interesada, quedarán en la caja del respectivo despacho y serán mostrados a la parte contraria, si esta los pidiera.
El despacho brindará a las partes las facilidades para que en cualquier momento, durante la jornada laboral, puedan obtener por su cuenta copias de las piezas de los expedientes.
En todos los actos procesales será obligatorio el uso del idioma español. En los actos procesales en los cuales intervenga una persona que requiera el uso del idioma lesco o de idiomas indígenas será de carácter obligatorio su traducción, según sea el caso. Los documentos redactados en otro idioma y ofrecidos como prueba por la parte trabajadora deberán traducirse por cuenta del despacho. Los que ofrezca la parte empleadora en esas condiciones serán traducidos por su cuenta. Estas traducciones podrán ser realizadas por un notario público, bajo su responsabilidad, en caso de conocer el idioma, de conformidad con lo indicado en el Código Notarial. El notario no podrá ser a su vez el abogado de una de las partes. Cuando los declarantes no hablen español o no puedan comunicarse oralmente, la declaración se tomará con el auxilio de un intérprete a cargo de la parte proponente, si se trata de la empleadora o, por cuenta del despacho, cuando el proponente sea la trabajadora. Si en el respectivo circuito judicial se contara con el servicio de intérprete en el idioma específico, será este quien en cualquiera de los dos supuestos mencionados auxilie, como parte de sus funciones, al funcionario encargado de recibir la declaración.
Los representantes legales de toda persona jurídica, incluidas las organizaciones sociales, deberán demostrar su personería mediante el respectivo documento o invocando la publicación, en caso de que esté permitido hacerlo de ese modo. Si su comparecencia lo es como parte actora, la personería del representante debe comprobarse en el acto de la primera presentación y, si lo fuera como demandada, es suficiente que el actor en el escrito de demanda indique el nombre o la razón social, en cuyo caso el traslado se notificará válidamente en la sede social con la persona que ante la parte demandante fungió como representante, en los términos del artículo 5 de este Código o con quien en ese momento figure como encargado o atienda al público los intereses de la empresa.
La carga de probar la personería legal le corresponde a la parte demandada, quien deberá hacerlo al realizar su primera presentación. Si se presentara alguna omisión, se prevendrá suplirla dentro del tercer día, bajo pena de considerar ineficaz la presentación.
Se considera un deber de la parte demandada, derivado del principio de lealtad procesal, hacer al tribunal las observaciones necesarias sobre su nombre o razón social, para que se hagan las correcciones que fueran del caso.
La falta de esas indicaciones no será causa de nulidades futuras y en cualquier tiempo podrán hacerse las correcciones pertinentes, aun cuando haya sentencia firme, siempre y cuando las modificaciones en los sujetos procesales no impliquen sustituciones que violen el debido proceso.
En los casos en que se halle demostrada la personería, el traslado se le podrá notificar al representante válidamente en la sede social, el centro de trabajo o la casa de habitación.
No será necesario que en el proceso se compruebe la personería del Estado o ente público que figure como demandante o demandado. Cada despacho deberá tener un registro de personerías, para cuya actualización realizará las prevenciones pertinentes.
Todos los días y las horas son hábiles para realizar las actuaciones judiciales. Sin embargo, cuando en este Código se fijen términos o plazos en días para la realización de actuaciones judiciales, se entenderá que se trata de días ordinariamente hábiles según la ley.
Las providencias y los autos deberán dictarse dentro del tercer día. La sentencia en la audiencia se dictará al final de esa actividad, salvo disposición expresa en contrario, y en los asuntos en que no se celebra audiencia se emitirá dentro de los cinco días siguientes a aquel en que queden listos los autos para dictarla.
Las personas que funjan como titulares de los órganos jurisdiccionales, las encargadas de la tramitación de los procesos y las que laboran como sus asistentes velarán por el cumplimiento de los plazos judiciales y porque todas las actividades dispuestas en el proceso se realicen con prontitud y corrección, de modo que el proceso alcance su fin de forma oportuna; lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.
Las gestiones escritas se presentarán directamente en el despacho judicial al que van dirigidas o en el sitio previsto por la organización judicial para hacer esas presentaciones y sus efectos se producirán, en este último caso, el día y la hora de la presentación, con independencia de la jornada ordinaria de trabajo del despacho respectivo.
Podrán ser enviados por fax u otro medio idóneo que se encuentre a disposición del despacho, sin que sea necesaria la presentación del original, salvo que la parte contraria alegara alteración del escrito.
Las gestiones escritas presentadas equivocadamente en un despacho u oficina que no corresponde, surtirán efecto a partir del momento en que sean recibidas por el órgano que debe conocerlas.
Cada proceso dará lugar a la formación, con foliación ordenada y numerada, de expedientes físicos, los cuales también podrán ordenarse de forma electrónica.
La práctica de las notificaciones y todo lo relativo a ese acto procesal se regirá por la ley especial de notificaciones, salvo que en este Código o en sus leyes conexas se disponga otra cosa. Sin embargo, los órganos de la justicia laboral podrán disponer, en casos de urgencia, formas rápidas de notificación, por medio del propio órgano o de medios de comunicación que garanticen la realización efectiva del acto.
Las resoluciones que se dicten en las audiencias orales se notificarán de forma oral, en el mismo acto de dictarlas o en la oportunidad que se señale para hacerlo.
Actividad defectuosa, saneamiento y régimen de nulidades
SECCIÓN II
Las actuaciones jurisdiccionales deberán cumplir las disposiciones que ajustan la competencia de los jueces y consagran las ritualidades establecidas para garantizar el debido proceso.
Los titulares de los órganos jurisdiccionales velarán por el cumplimiento de esas disposiciones, de tal manera que no se produzca, en ningún momento, denegación del acceso a la justicia o se afecte el derecho de defensa.
Procederá la nulidad:
La nulidad podrá decretarse a solicitud de parte. Si se pidiera antes de la audiencia, el órgano puede decretarla oyendo a la parte contraria por tres días.
Si para valorar la solicitud hecha fuera necesaria la evacuación de pruebas y cuando la nulidad se pida durante la audiencia, se substanciará en esa actividad procesal.
La petición de nulidad de actuaciones posteriores se tramitará de la forma indicada en el párrafo segundo de este artículo y la evacuación de pruebas se hará en audiencia única y exclusivamente cuando sea necesario para el respeto del principio de la inmediación.
La nulidad de las resoluciones, por vicios intrínsecos a ellas, deberá alegarse concomitantemente con los recursos que quepan contra el respectivo pronunciamiento. Cuando no tengan ulterior recurso, la nulidad deberá pedirse dentro del tercer día, después de notificada la resolución.
La petición de nulidad que pueda alegarse después de concluido el proceso se tramitará en la vía incidental.
La nulidad de los actos viciados también podrá declararse de oficio mientras subsista la competencia del órgano, cuando el quebranto procesal sea evidente; salvo en los casos de las sentencias y los autos con carácter de sentencia.
Si la nulidad viciara actuaciones de un órgano superior, el competente para decretarla será este último y lo que resuelva no tendrá ulterior recurso.
Los vicios procesales deberán ser corregidos, subsanados o saneados y la nulidad se decretará, únicamente, cuando la subsanación no sea posible; pero en tal caso se procurará siempre evitar la pérdida, repetición o destrucción innecesarias de etapas del proceso, los actos o las diligencias cumplidos y se conservarán todas las actuaciones que en sí mismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas, una vez que el proceso se ajuste a la normalidad.
En el supuesto indicado en el inciso 4) del artículo 471, la parte incapaz o indebidamente representada puede aprovecharse del resultado de la actividad procesal en lo que le fuera favorable, por medio de la ratificación de las actuaciones realizadas indebidamente, por parte del representante legítimo.
Las nulidades no reclamadas durante el proceso y en las oportunidades señaladas se tendrán como definitivamente consentidas y subsanadas. Únicamente en los supuestos de falta de capacidad de alguna de las partes, indebida o insuficiente representación, falta del emplazamiento y la defectuosa notificación de este último a quien perjudique el resultado del proceso, con efectiva indefensión, podrá hacerse valer el vicio después de la sentencia con autoridad de cosa juzgada. En estos supuestos, el derecho de pedir la nulidad caducará en el término de un año, a partir de la mayoridad de la parte, cuando hubiera figurado como tal siendo menor de edad, si al mismo tiempo ha debido conocer dicho resultado y, en los demás casos, a partir del momento en que la parte se halle en capacidad de ejercitar sus derechos, si al mismo tiempo es o ha sido conocedora de la sentencia o, en el caso contrario, desde el momento en que razonablemente deba considerarse que deba haber sabido de su existencia.
Las solicitudes de nulidad, reiterativas de otras ya denegadas en otras fases del proceso, serán inatendibles y se rechazarán de plano, salvo las que fundamenten algún medio de impugnación admisible.
Régimen probatorio
SECCIÓN III
La actividad probatoria en el proceso laboral tiene como objetivo fundamental la búsqueda de la verdad material. Las partes, por medio de un comportamiento de buena fe, deben cooperar con los tribunales de justicia en el acopio de los elementos probatorios necesarios para resolver con justicia los conflictos sometidos a su conocimiento, y los titulares de esos órganos pondrán todo su empeño y diligencia para la consecución de dicho objetivo.
En principio, la carga de la prueba de los hechos controvertidos, constitutivos e impeditivos le corresponde a quien los invoca en su favor.
El concepto de carga debe entenderse como la obligación de la parte de ofrecer, allegar o presentar la probanza en el momento procesal oportuno.
En los conflictos derivados de los contratos de trabajo, le corresponde a la parte trabajadora la prueba de la prestación personal de los servicios y, a la parte empleadora, la demostración de los hechos impeditivos que invoque y de todos aquellos que tiene la obligación de mantener debidamente documentados o registrados.
En todo caso, le corresponderá al empleador o la empleadora probar su dicho, cuando no exista acuerdo sobre:
Puede ofrecerse todo medio probatorio que sirva a la convicción del tribunal, admisibles en derecho público y en derecho común, siempre que no esté expresamente prohibido ni sea contrario al orden público o a la moral. Particularmente, podrán ofrecerse los siguientes:
Cuando se pida la declaración o la confesión de la parte, deberán indicarse, de manera concreta, los hechos sobre los cuales ha de interrogarse.
Los testigos podrán ofrecerse sobre los hechos generales, hasta en un número máximo de cuatro, o bien por hechos concretos. En este último caso, solo serán admisibles dos testigos por hecho.
No requieren prueba las normas de derecho internacional o interno debidamente publicadas, los hechos notorios, los que se encuentren amparados por una presunción legal y los ya probados, admitidos o confesados. Si se invocara como fuente de una pretensión una norma convencional o reglamentaria interna de la parte demandada, su existencia debe acreditarse por quien la hace valer. De ser necesario, a solicitud de la parte interesada, se prevendrá a la empleadora en el traslado de la demanda a aportar un ejemplar de la respectiva normativa. El incumplimiento de la prevención se tendrá como un acto de deslealtad procesal y la existencia de la norma o disposición podrá reputarse como existente, en los términos en que fue invocada por la parte demandante.
Las pruebas practicadas o evacuadas válidamente en un proceso podrán incorporarse en otro sin necesidad de ratificación, cuando sea imposible o innecesario, a criterio del tribunal, repetirlas. La ratificación de la declaración de testigos solo procederá cuando en el proceso anterior no han intervenido las mismas partes, en cuyo caso las partes podrán hacer las preguntas que estimen necesarias en el acto de la ratificación.
Los procesos administrativos se incorporarán como parte de los procesos jurisdiccionales que se interpongan por la misma causa y se tomarán como prueba, conjuntamente con los elementos de convicción en ellos incorporados, salvo que la impugnación involucre su invalidez y esta se estime procedente.
Las pruebas se valorarán respetando el resultado del contradictorio, con criterios lógicos, de la experiencia, la ciencia, el correcto entendimiento humano y las presunciones humanas o legales.
Deberán expresarse los fundamentos fácticos, jurídicos y de equidad de las conclusiones y las razones por las cuales se les ha conferido menor o mayor valor a unas u otras.
Si bien la apreciación debe llevarse a cabo de forma armónica en atención al conjunto probatorio, es prohibido hacer una referencia general a este último como único fundamento de una conclusión, sin hacer la indicación concreta de los elementos particulares y de derecho que sirven de apoyo.
Cuando la parte dispone de los documentos en los que constan las pruebas de los hechos controvertidos debe suministrarlos al proceso, si es requerida para ello. Si no lo hace injustificadamente, su comportamiento puede tenerse como malicioso y considerarse que la documentación omitida le da razón a lo afirmado por la parte contraria.
En el supuesto de atribución específica de la carga procesal a los empleadores, señalados en el inciso final del artículo 478, los tribunales tendrán facultades suficientes para requerir todas las pruebas que el caso amerite y valorarán la verosimilitud de las aserciones de la demanda con prudencia, de modo que impidan cualquier abuso derivado de esa atribución.
Cuando deban aplicarse normas de derecho público deberán respetarse los requisitos de validez y prueba de los actos exigidos por el ordenamiento, así como los valores establecidos de forma particular para determinados elementos probatorios, presunciones y principios, establecidos como criterios de valoración o fuerza probatoria, o que resulten de aplicación de acuerdo con la respectiva doctrina.
Las fotocopias de documentos o textos, aunque no estén firmadas, podrán ser apreciadas como elementos probatorios, salvo que la parte a quien se oponen las haya impugnado y al mismo tiempo desvirtuado su contenido.
Los tribunales de trabajo podrán ordenar las pruebas complementarias que juzguen necesarias para resolver con acierto los casos sometidos a su conocimiento, incluyendo elementos probatorios nuevos o no propuestos por las partes, hasta antes de dictarse la sentencia. Sin embargo, en los casos que se refieran al pago de cuotas obrero-patronales o al cumplimiento de otras obligaciones con la seguridad social, los tribunales de trabajo deberán solicitar, de oficio, el informe respectivo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las pruebas, una vez recibidas y de previo a cualquier resolución, deberán ser puestas a conocimiento de las partes. La misma regla se aplicará en relación con las pruebas anticipadas o irrepetibles, siempre y cuando estas hayan sido previamente ordenadas, comunicadas y dirigidas por el juez respectivo respetando los principios de inmediación y comunidad de la prueba.
Acumulación de pretensiones y fuero de atracción
SECCIÓN IV
La acumulación de pretensiones solo será procedente cuando se haga en el mismo acto de la demanda o mediante reconvención, siempre y cuando se den los requisitos para la procedencia de la acumulación, según la ley común; que todas las demandas sean propias de la competencia de los tribunales de trabajo o íntimamente vinculadas a las relaciones substanciales que sirven de base a las pretensiones propias de su jurisdicción, y que la vía señalada para tramitarlas sea la misma para todas.
Si dos o más procesos, conexos entre sí, se inician por separado, la acumulación procederá únicamente si ambos radican en la jurisdicción especial de trabajo y su tramitación sea la misma para todos, siempre y cuando no se hubiera celebrado la audiencia o dictado la sentencia de primera instancia, en los casos donde no existe el trámite de audiencia.
La acumulación podrá ordenarse de oficio, sin recurso alguno, cuando los procesos radiquen en un mismo despacho; de lo contrario, se estará al trámite de la acumulación señalado en la legislación procesal civil.
Los asuntos laborales no estarán sujetos a fuero de atracción por los procesos universales. Su trámite se podrá iniciar o continuar con el albacea, curador o interventor.
El órgano de la jurisdicción ordenará, de oficio o a solicitud de parte, la anotación en el proceso universal, tanto de la demanda como de la sentencia y de las liquidaciones, en su momento oportuno.
El órgano que conoce del proceso universal remitirá al tribunal laboral el producto de la liquidación necesario para cubrir el principal y los accesorios fijados. La parte actora estará legitimada para gestionar en el proceso universal la liquidación de bienes y el traslado del producto necesario a su proceso, para la satisfacción de los derechos dentro de este, o su pago directo, según el orden de preferencia establecido en la ley.
Los créditos laborales no soportarán gastos de la masa, a menos que del producto de la liquidación no sobre lo suficiente para cubrirlos.
Procedimientos cautelares y anticipados
SECCIÓN V
Antes de iniciarse el proceso y durante su tramitación, inclusive en la fase de ejecución, el órgano jurisdiccional podrá ordenar las medidas cautelares adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
También, podrá ordenar cualquier medida preparatoria o anticipada necesaria para la preservación del ejercicio de un futuro derecho, así como cualquier otra medida atípica que no exceda los límites de racionalidad y proporcionalidad. En estos casos, el órgano puede disponer de forma prudente todo lo necesario para lograr el objetivo de la medida, de modo que no se incurra en extralimitaciones.
Con respecto a la tipología de las medidas, tanto cautelares como preparatorias, a los efectos y a la forma de practicarlas, sustituirlas o levantarlas, se estará a lo dispuesto en la legislación procesal civil, con las excepciones que se indican a continuación.
Las medidas se ordenarán a solicitud de parte y de oficio únicamente en los casos expresamente previstos en la ley. Al ponerlas en práctica los tribunales actuarán diligentemente, de manera que no se frustre el fin perseguido y estos, además de las tipologías previstas en la ley común, podrán hacer uso de cualquier otra medida, si se considera necesaria para garantizar el eventual futuro derecho.
El embargo preventivo procederá sin necesidad de fianza, cuando haya evidencia de que el patrimonio del deudor corre peligro de desmejorarse durante la tramitación del proceso, como garantía de los eventuales derechos del trabajador o la trabajadora, tornándolo insuficiente. Con el propósito de comprobar "prima facie" la prestación personal del servicio y la veracidad del hecho o los hechos en que el pedimento se apoya, esa parte deberá ofrecer el testimonio de dos personas, así como cualquier otro elemento probatorio que juzgue importante. Las probanzas se sustanciarán sumariamente de forma escrita, aun sin asistencia de la parte contra quien se solicita la medida y, al valorarse la situación, los tribunales actuarán con prudencia, de manera tal que el embargo sea proporcionado y no se utilice de forma innecesaria o abusiva. La prueba testimonial evacuada solo tendrá eficacia para sustentar la medida del embargo.
Si el embargo se solicitara como acto previo a la demanda, la presentación de esta última deberá hacerse a más tardar diez días después de practicado. Si no lo hiciera, de oficio o a solicitud de parte, se revocará la medida y se condenará al solicitante al pago de los daños y perjuicios en el tanto de un diez por ciento (10%) del monto del embargo. Estas consecuencias serán advertidas en la resolución inicial. Su fijación y cobro mediante la vía del apremio patrimonial se hará en el mismo proceso.
El arraigo se decretará sin más trámite ni garantía. Si se solicita como previo a la demanda, esta deberá presentarse dentro de los tres días siguientes a la notificación; de lo contrario, se levantará de oficio o a petición de parte y se condenará al peticionario al pago de los daños y perjuicios correspondientes. Se ejecutará de la misma forma indicada en la norma anterior.
El arraigo consistirá en la prevención del juez al demandado de que este debe estar a derecho con el nombramiento de un representante legítimo, suficientemente instruido para sostener el proceso y comprometer a la parte representada. En ningún caso se le dará a la medida de arraigo efectos contrarios a la libertad de tránsito de las personas.
En caso de personas jurídicas o de la Administración Pública, el arraigo solo se decretará si no existe otro apoderado o representante con poder suficiente residente en el país.
En los procesos contra el Estado o cualquiera de sus instituciones u órganos, que sea de conocimiento de la jurisdicción laboral y que no versen sobre la violación de fueros especiales de tutela, cuya pretensión tenga como efecto la reinstalación al puesto de trabajo, podrá plantearse como medida cautelar la suspensión de los efectos del acto de despido o, en su caso, la reinstalación provisional de la persona trabajadora.
La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida a proceso pueda ser fuente de daños y perjuicios, actuales o potenciales, de difícil o imposible reparación.
La medida también será procedente en supuestos no regidos por el derecho público, cuando en proceso judicial se impugne la validez o la injusticia del acto del despido y se invoque alguna norma de estabilidad.
El órgano jurisdiccional, al pronunciarse sobre la solicitud, ponderará no solo la seriedad de la petición y los intereses cuya tutela provisional se pide, sino también las eventuales lesiones que se puedan producir al interés público o a la armonía o seguridad de las empresas, de manera tal que no se afecten el funcionamiento de la organización o entidad, ni el buen servicio, disponiendo o manteniendo situaciones inconvenientes. La satisfacción del interés público se tendrá, al resolverse estas situaciones, como valor preeminente.
La solicitud se sustanciará en proceso incidental. Si lo que se pide es la suspensión de los efectos del acto, al dársele curso a la articulación, se ordenará a la autoridad administrativa no ejecutar el acto hasta tanto no se resuelva la solicitud, apercibiéndola de que el incumplimiento la hará incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad y en el pago de salarios caídos. La notificación se hará legítimamente por cualquier medio escrito, inclusive por la propia parte interesada, si comprueba al despacho el recibido de la comunicación.
La reinstalación se regirá en lo pertinente por lo dispuesto en el capítulo que regula el procedimiento de ejecución.
En todo supuesto de violación de fueros especiales de tutela, la reinstalación precautoria se regirá por lo señalado en el procedimiento previsto para esos casos.
Procedimiento ordinario
Pretensiones, traslado y excepciones
CAPÍTULO SEXTO
SECCIÓN I
Se sustanciará en el procedimiento ordinario toda pretensión para la cual no exista un trámite especialmente señalado.
La demanda deberá ser presentada, por escrito o en formato electrónico, en los despachos en los cuales se tramiten los procesos en forma virtual. Obligatoriamente contendrá:
La parte puede proponer prueba pericial a su costa, aun en los casos en que, de acuerdo con la ley, deba nombrarse un perito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Si el ofrecimiento fuera hecho por ambas partes, el nombramiento recaerá en una misma persona y se hará de acuerdo con las disposiciones de la legislación procesal civil o mediante terna que se pedirá por cualquier medio de comunicación, incluido el electrónico, al respectivo colegio profesional. El ofrecimiento de prueba pericial por las partes no excluye la designación de peritos oficiales, cuando así esté dispuesto o permitido por las leyes.
Cuando la demanda no cumpla los requisitos antes señalados, excepción hecha del que se refiere al agotamiento de la vía administrativa, el juzgado ordenará su subsanación dentro del plazo de cinco días; para ello, deberá indicar los requisitos omitidos o incompletos, bajo pena de ordenar la inadmisibilidad y el archivo del expediente. El archivo provocará el fenecimiento del asunto desde el punto de vista procesal y solo podrá readmitirse para su trámite subsanándose las omisiones o los defectos prevenidos, teniéndose la demanda como no puesta para todo efecto.
También, ordenará a la parte integrar debidamente la litis, cuando esta se encuentre incompleta o incorrectamente planteada e indicará las omisiones en que hubiera incurrido sobre extremos irrenunciables, para que, si a bien lo tiene, los incorpore como parte de la demanda o contrademanda, hasta la fase preliminar de la audiencia. Sin embargo, cuando el defecto en la integración se origine en un litis consorcio pasivo necesario, la integración podrá ordenarse de oficio.
Presentada la demanda en debida forma, se dará traslado de esta por un plazo perentorio de diez días para su contestación. En esta se expondrá con claridad si se rechazan los hechos o si se admiten con variantes o rectificaciones, y se deberán ofrecer todas las pruebas de interés para la parte y hacer el respectivo señalamiento del lugar y la forma o medio para notificaciones. En cuanto a la aportación de las pruebas por la parte, se aplicará también lo dispuesto para la demanda, inclusive en lo que respecta a prueba pericial, en los casos en que debe designarse un perito oficial.
También, en el escrito de contestación podrá presentarse contrademanda. Esta última solo es posible proponerla en el procedimiento ordinario y se regirá en lo pertinente por lo dispuesto en los dos artículos anteriores, pero la declaratoria de inadmisibilidad hará imposible su reiteración dentro del mismo proceso.
En los casos de demandas relacionadas con conflictos colectivos jurídicos, se estará también a lo dispuesto en el artículo 446.
La contrademanda, cuando la hubiera, será trasladada a la parte reconvenida por diez días y su contestación se ajustará a lo dicho en el artículo anterior. Es suficiente la notificación de ese traslado a la parte reconvenida en el lugar o medio señalado para notificaciones.
Al darse el traslado de la demanda y contrademanda, se prevendrá a la parte de que si no contesta en el término concedido o no responde de forma clara, se le tendrá por allanada en cuanto a los hechos no contestados o no respondidos según queda dicho, los que se tendrán por ciertos en sentencia, salvo que en el expediente existan elementos probatorios que los desvirtúen.
También, en ese mismo momento procesal se ordenarán las peritaciones a cargo de las dependencias oficiales que se ofrezcan o que sea necesario evacuar por estar así previsto en la ley, lo cual se comunicará de inmediato a los órganos correspondientes, para que las practiquen.
La presentación de la demanda, en sí misma considerada, así como el emplazamiento, debidamente notificado, producen la interrupción de la prescripción. El emplazamiento provoca, además, una situación de pendencia, durante la cual y hasta la firmeza de la sentencia producirá efectos interruptores de la prescripción de forma continuada.
En el mismo escrito de contestación de la demanda o la contrademanda deberán oponerse todas las defensas formales y de fondo, con indicación de los hechos impeditivos, las razones que sirven de fundamento a la oposición y ofrecerse los medios de prueba que le correspondan.
En caso de despido, el empleador o la empleadora solo podrá alegar como hechos justificantes de la destitución los indicados en la carta de despido entregada a la persona trabajadora, de la forma prevista en el artículo 35 de este mismo Código, o tomados en cuenta en el acto formal del despido, cuando ha sido precedido de un procedimiento escrito.
Se podrá justificar la falta de la entrega de la carta y alegar las conductas atribuidas como causa del despido sin responsabilidad, si al mismo tiempo se comprueba haber entregado copia del documento a la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la forma y los términos indicados en el artículo 35 de este Código.
Las pruebas de la contrademanda y réplica deben presentarse u ofrecerse en la misma forma establecida para la demanda y las relacionadas con las excepciones en el momento en que la parte deba referirse a ellas o, a más tardar, en la fase preliminar de la audiencia o en la audiencia preliminar, cuando la substanciación del proceso se lleve a cabo en dos audiencias.
Las partes no tienen obligación de indicar los fundamentos jurídicos de las proposiciones, pero deben plantearlas con claridad y precisión e indicar las razones que a su juicio las amparan.
Serán de previa resolución las siguientes excepciones:
1.- Compromiso arbitral.
2.- Falta de competencia.
3.- Falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando la parte hubiera optado por ese trámite.
4.- Falta de capacidad de la parte, inexistencia o insuficiencia de la representación.
5.- Existencia de defectos en el escrito de demanda o contrademanda que a juicio de la parte que la interpone impiden verter pronunciamiento válido sobre el fondo.
6.- Litispendencia.
7.- Indebida acumulación de pretensiones.
8.- Improcedencia del proceso elegido.
9.- Indebida integración de la litis.
La excepción de incompetencia deberá ser resuelta antes de la etapa de audiencias y se estará a lo dispuesto en la sección III del capítulo primero de este título.
Las otras excepciones previas se reservarán para ser conocidas en la audiencia preliminar o en la fase preliminar de ese acto procesal en los procesos de única audiencia, con evacuación de las pruebas que las respalden.
La improcedencia de la vía escogida podrá apreciarse también de oficio, para efectos de orientar la tramitación del proceso.
Si bien todas las excepciones materiales pueden oponerse hasta en la contestación de la demanda o contrademanda, las de transacción y prescripción podrán alegarse hasta en la fase preliminar de la audiencia en los procesos de única audiencia. En este caso, serán sustanciadas sumariamente en ese mismo acto.
También podrán oponerse en esa misma oportunidad otras excepciones materiales, cuando los hechos en que se funden hubieran ocurrido con posterioridad a la contestación o hubieran llegado a conocimiento de la parte después del plazo para contestar.
Esas mismas excepciones podrán oponerse en la audiencia de juicio, cuando los hechos que las sustentan se hubieran dado o consolidado con posterioridad a la audiencia preliminar.
Las excepciones materiales de cosa juzgada, transacción y las excepciones de caducidad, autorizadas expresamente por el ordenamiento sustantivo, podrán ser alegadas hasta la audiencia complementaria o de juicio, con el fin de evitar la promulgación de sentencias contradictorias.
Si alguna parte invocara, como fundamento de una excepción procesal, elementos de hecho sustanciales o viceversa, el error no será motivo para rechazar de plano la gestión y los tribunales le darán a la objeción el tratamiento correcto, según su naturaleza.
Sentencia anticipada
SECCIÓN II
Si la parte demandada se allanara a las pretensiones del actor, no contestara oportunamente la demanda o no hubiera respondido todos los hechos de la demanda, de la forma prevista en este Código, se dictará sentencia anticipada, en la cual se tendrán por ciertos esos hechos y se emitirá pronunciamiento sobre las pretensiones deducidas, siempre y cuando no se hayan opuesto excepciones que, con independencia de la contestación, requieran ser debatidas en audiencia.
Al emitir pronunciamiento, salvo el caso de allanamiento, se tomarán en cuenta las pruebas que existan en el demanda.
Cuando la certeza de los hechos de la demanda solo puede establecerse parcialmente o tal certeza está referida únicamente a los hechos de la contrademanda, las cuestiones inciertas se debatirán mediante audiencia. En esta última no se debatirá sobre los hechos admitidos o que deban tenerse por ciertos.
Podrá dictarse también sentencia anticipada, de oficio o mediante la interposición de la correspondiente excepción, declarando la improponibilidad de la demanda y su consiguiente archivo, cuando:
La prescripción y la caducidad autorizada expresamente por el ordenamiento sustantivo, de los derechos pretendidos en juicio, son declarables en sentencia anticipada.
La improponibilidad y la caducidad pueden declararse de oficio únicamente por el juzgado de instancia, pero de previo deberá oírse al respecto a las partes por tres días.
Si en alguno de los casos tratados en los dos artículos anteriores fuera necesario evacuar pruebas de hechos sustentantes o enervantes de la excepción o intención oficiosa, se postergará la resolución para la etapa de la audiencia.
En los asuntos de puro derecho se dictará la sentencia dentro de los quince días posteriores a la contestación de la demanda o contrademanda o, en su caso, de las excepciones interpuestas, previo traslado para conclusiones.
Audiencias
SECCIÓN III
El proceso ordinario se sustanciará, como regla general, en una audiencia oral, la cual se dividirá en dos fases: una preliminar y la otra complementaria o de juicio.
Si no se estuviera en un supuesto de sentencia anticipada, contestada la demanda o la reconvención en su caso, y no hubiera ninguna cuestión que requiera solución previa, en una sola resolución se pondrán esas contestaciones a conocimiento de la parte contraria y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del mes siguiente. En esa misma resolución se emitirá pronunciamiento acerca de la admisibilidad de las pruebas a evacuarse en la audiencia y, en su caso, se fijarán los honorarios de los peritos no oficiales.
Las partes podrán solicitar, verbalmente al despacho judicial, la entrega de cédulas de citación para los testigos.
El diligenciamiento de la orden de citación le corresponderá a la parte que ofreció la prueba y el documento deberá ser entregado al despacho antes de la audiencia, con la debida constancia de haberse hecho la citación.
También, podrá pedirse por escrito al juzgado la intervención de las autoridades judiciales o de policía para llevar a cabo la citación, cuya prueba también deberá aportarse al despacho antes de la celebración de la audiencia.
Si la parte se ofrece o hubiera sido ofrecida como declarante, deberá obligatoriamente comparecer a la audiencia, sin necesidad de ninguna citación. Su inasistencia se tendrá como acto de deslealtad y podrá ser tomada en cuenta para tener por ciertos los hechos que se pretenden acreditar con la declaración, salvo que en el expediente existan elementos probatorios que los desvirtúen.
Queda prohibido a los patronos negar permiso a los trabajadores para ausentarse del lugar donde ejecutan sus labores, cuando estos deban comparecer como testigos o actuar en alguna otra diligencia judicial. Tampoco, podrán rebajarles sus salarios por tal motivo, siempre que los trabajadores muestren, por anticipado, la respectiva orden de citación o de emplazamiento.
Las pericias oficiales se harán sin costo alguno para las partes. Los honorarios de los peritos no oficiales, que se designen a petición de los litigantes, deberán ser cubiertos por la parte que los propone, dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la probanza, bajo pena de tenerla como inevacuable de pleno derecho, si no se depositan oportunamente a la orden del despacho.
La negativa de una parte a someterse a una valoración o la obstaculización para practicar una pericia se tendrá como maliciosa o como indicio de lo que se quiere demostrar, desvirtuar o hacer dubitativo.
A excepción de los asuntos sobre seguridad social, en los cuales los dictámenes deberán presentarse siempre al juzgado por escrito o digitalmente de forma completa, en los demás procesos podrá presentarse por escrito al juzgado o rendirse de forma oral en la audiencia cuando esta tuviera lugar. En último supuesto, el perito deberá presentar de forma escrita al menos las conclusiones de su dictamen. En todos los casos en que se celebre audiencia, los peritos tienen el deber, bajo pena de ineficacia del dictamen, de comparecer a ese acto para la exposición oral de la experticia y posibilitar el contradictorio. En materia laboral no se aplicará el artículo 34 de la Ley N.° 5524, Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, de 7 de mayo de 1974, en cuanto le atribuye competencia al Consejo Médico Forense para conocer en grado, mediante recurso de apelación, de los dictámenes rendidos por los miembros del Departamento de Medicina Legal de dicho Organismo, pero se le podrá tomar criterio a ese Consejo, si así se ordena para mejor proveer. En este caso, el dictamen se presentará de la forma prevista en esta sección y se discutirá, cuando sea necesario, con la participación de uno solo de sus miembros.
El incumplimiento injustificado de las personas nombradas para hacer las peritaciones dará lugar a responsabilidad civil y laboral, reputándose la omisión como falta grave y motivo suficiente para excluirlas de los respectivos roles de peritos o iniciar el respectivo procedimiento disciplinario.
En la fase preliminar se realizarán las siguientes actuaciones:
1.- Informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en que se conocerán las cuestiones a resolver.
2.- Aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del juzgado sean oscuras, imprecisas u omisas respecto de derechos irrenunciables, tanto en extremos principales o accesorios, cuando con anterioridad se hubiera omitido hacerlo. Si se estimara que hay deficiencias en uno u otro sentido, se le dará al respecto la palabra primero a la parte actora y después a la demandada, para que manifiesten lo que sea de su interés.
3.- Intento de conciliación. Se tratará de persuadir a las partes para que solucionen el conflicto de forma conciliada en lo que sea legalmente posible. Para tales efectos, se les ilustrará sobre las ventajas de una solución conciliada, sin que sus manifestaciones constituyan motivo para recusar a la persona que juzga. En el acta no se incluirán manifestaciones hechas por las partes con motivo de la conciliación y lo afirmado por ellas no podrá interpretarse como aceptación de las proposiciones efectuadas. La conciliación estará a cargo preferentemente de un conciliador judicial, si lo existiera en el juzgado o en el respectivo circuito judicial y estuviera disponible, en cuyo caso la asumirá en la misma audiencia, sustituyendo a quien la dirige, para esa única actividad. De no haberlo, la conciliación la dirigirá otro juez del mismo despacho o por quien esté juzgado el caso.
4.- Si no se diera la conciliación, se procederá a recibir la prueba que se estime pertinente sobre: nulidades no resueltas anteriormente, vicios de procedimiento invocados en la audiencia y excepciones previas no resueltas con anterioridad.
5.- De seguido se discutirá y resolverá sobre todas esas cuestiones. De existir vicios u omisiones, en un único pronunciamiento ordenará las correcciones, nulidades y reposiciones que sean necesarias. Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o formalidades omitidas, se ordenará a la parte subsanarlas en ese mismo acto o, de ser necesario, se le dará un plazo prudencial para cumplirlas. Si no se cumpliera lo ordenado, se dispondrá la inadmisibilidad de la demanda o contrademanda y el archivo del expediente en su caso, de la forma y con los efectos ya previstos. Si se declarara procedente la litis pendencia se tendrá por fenecido el proceso y se ordenará el archivo del expediente. De disponerse la improcedencia de la vía escogida, se le dará al proceso la orientación que corresponda.
6.- Recepción de las pruebas sobre excepciones previas o cuestiones de improponibilidad reservadas y emisión anticipada del pronunciamiento correspondiente, que hubieran sido admitidas al convocarse la audiencia.
Si las mismas probanzas están ligadas, además de la cuestión que se puede resolver de forma anticipada, con el fondo del asunto, la resolución del punto se reservará para la sentencia final.
7.- Se dará traslado sumarísimo sobre las pruebas allegadas al expediente y que se hubieran dispuesto al cursarse la demanda o la reconvención y, en su caso, se ordenarán las pruebas que el tribunal juzgue indispensables como complementarias o para mejor proveer, a indicación de las partes o de propia iniciativa, siempre y cuando versen sobre los hechos introducidos legalmente a debate en el proceso.
2.1. Primero se llamará a los peritos citados, quienes en primer término harán un resumen de su dictamen y luego se discutirá sobre la peritación, debiendo responder el perito las preguntas que le hagan las partes. Para hacerlo podrán consultar documentos o notas escritas.
Podrán solicitarse al perito adiciones y aclaraciones verbalmente.
2.2. De seguido, se recibirán las declaraciones de parte y de los testigos que se hayan propuesto, de acuerdo con los hechos o temas que a cada uno correspondan, según sea el caso.
La declaración se iniciará mediante una les permitirá a las partes hacerles las preguntas de su interés y, finalmente, quien dirige el debate podrá también repreguntar al testigo sobre lo que le parezca conveniente.
Tanto en el caso de los peritos como de los declarantes, el que dirige moderará el interrogatorio y evitará preguntas capciosas, sugestivas, repetidas, excesivas, impertinentes, indebidas, de tal manera que el derecho de preguntar no se torne en un abuso contrario a la dignidad de las personas y al principio de celeridad.
Cuando todas las partes se manifiesten satisfechas con la sentencia en su parte dispositiva, podrán relevar al juzgado de la redacción de las otras partes de esa resolución, debiéndose dejar constancia, de forma expresa, de esa conformidad.
A solicitud de parte o por decisión del juzgado, los procesos ordinarios de evidente complejidad podrán ventilarse en dos audiencias, en cuyo caso en la primera audiencia se cumplirán los actos de la fase preliminar del proceso en única audiencia y, en la segunda, los de la fase complementaria o de juicio. La decisión debe ser razonada.
Las mismas reglas se aplicarán en los procesos no ordinarios, cuando deba ventilarse alguna cuestión de forma contradictoria que requiera la recepción de pruebas cumpliendo el principio de inmediación.
Cuando el proceso deba ventilarse en dos audiencias, se procederá conforme a lo indicado en el artículo 513 y en la misma resolución que haga el señalamiento para la audiencia preliminar, el juzgado se pronunciará únicamente sobre la admisibilidad de las pruebas que deban evacuarse en esa audiencia.
Al concluirse la audiencia preliminar se emitirá pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas por las partes, respecto de las cuestiones de fondo debatidas; se fijarán los honorarios de los peritos no oficiales; se dará traslado sumarísimo sobre las pruebas allegadas al en su caso, se ordenarán las pruebas que el tribunal juzgue indispensables como complementarias o para mejor proveer, a indicación de las partes o por propia iniciativa, siempre y cuando versen sobre los hechos introducidos legalmente a debate en el proceso, y se hará señalamiento de la hora y fecha para la audiencia complementaria o de juicio, cuando así se requiera, la cual necesariamente deberá llevarse a cabo dentro del mes siguiente.
En la audiencia de juicio se dará traslado sumarísimo de las probanzas incorporadas al expediente, después de la audiencia preliminar.
Cuando se deniegue alguna prueba, el ofrecimiento podrá reintentarse en la audiencia respectiva y si se mantuviera la denegatoria esta podrá impugnarse en esa oportunidad, de la forma prevista en este Código, caso en el cual la apelación se tramitará de forma reservada.
Convocatoria a audiencias y reglas aplicables a esos actos
SECCIÓN IV
Las audiencias se iniciarán obligatoriamente a la hora y fecha señaladas y serán públicas, salvo que el juzgado disponga que su celebración sea privada, en atención a la dignidad de alguna de las partes.
La parte que asiste tardíamente tomará la audiencia en el momento en que se halle y no podrá pedir la repetición de actos ya cumplidos.
Se realizarán en el despacho o sala existente al efecto. Sin embargo, los jueces podrán disponer que la celebración sea en otro lugar, si ello es más conveniente para un mejor desarrollo de la audiencia.
La persona titular del órgano deberá asegurar, durante su celebración, el pleno respeto de los principios de la oralidad; promoverá el contradictorio como instrumento para la verificación de la verdad real; velará por la concentración de los distintos actos procesales que corresponda celebrar, y fungirá como directora de la audiencia, abriendo y dando por concluidas sus etapas, otorgando y limitando el uso de la palabra, disponiendo sobre los aspectos importantes que deben hacerse constar en el acta y realizando todas las actuaciones necesarias para que el debate transcurra ordenadamente.
Las partes, o sus representantes debidamente acreditados en el caso de las personas jurídicas, deberán comparecer a las audiencias a que sean convocados. Podrá hacerlo, en su lugar, una persona con poder especial judicial; sin embargo, cuando la parte en persona o por medio del representante social deba comparecer como declarante, su asistencia es obligatoria, bajo pena de tener la incomparecencia como presunción de veracidad de los hechos o temas objeto de la declaración.
La inasistencia de la parte que estuviera obligada a asistir podrá justificarse, a los efectos de reprogramar el acto de su declaración, solo por razones que realmente impidan la asistencia y siempre y cuando la justificación se haga antes de la hora y fecha señaladas, salvo que los hechos que la motivan se hayan dado el mismo día de la audiencia, caso en el cual deberá avisarlo de forma inmediata al despacho por cualquier vía y justificarlo el día siguiente.
El impedimento del abogado o la abogada deberá comprobarse de la misma forma y si lo invocado fuera otra actividad judicial coetánea, solo se tomará como justa causa para no asistir si aquella se hubiera dispuesto y notificado con anterioridad.
No será válido invocar como justificantes actividades de interés personal o familiar.
La audiencia se celebrará si asiste por lo menos una de las partes o su representante legal, con el debido patrocinio letrado cuando se requiera. En tal caso, se desarrollarán todos los actos de la audiencia que sea posible llevar a cabo y en ella se recibirá la prueba de esa parte y los testimonios de las personas ofrecidas por la contraria que se presentaran.
Si la parte demandada o reconvenida no asistiera a una audiencia preliminar o única, se tendrán como desistidas las excepciones o cuestiones formales de previa resolución deducidas por esa parte, propias de ser conocidas en la fase preliminar; pero, si versaran sobre defectos que impidan resolver válidamente el fondo, el juzgado dispondrá de oficio las correcciones o integraciones que sean necesarias.
Si se produjera la inasistencia de alguna de las partes o de todas a la audiencia única o de juicio, la sentencia se dictará apreciando los hechos a la luz de las pruebas recibidas o incorporadas, las cargas probatorias omitidas, el mérito de los autos y los criterios de valoración establecidos en este Código.
En estos casos, el órgano puede ordenar pruebas complementarias o para mejor proveer, que sean indispensables para resolver con acierto el fondo del conflicto, disponiendo para ello, si fuera necesario y por una única vez, la prórroga de la audiencia. Si lo ordenado fuera prueba documental, se fijará un plazo para su evacuación.
En las audiencias se otorgará la palabra, por su orden, al actor, al demandado, a los terceros o coadyuvantes, o a sus respectivos representantes. Si alguna de las partes tuviera más de una abogada o un abogado, los intervinientes deberán distribuirse su actividad y el uso de la palabra, e informarlo anticipadamente al tribunal. Queda prohibida la participación conjunta en una actuación específica.
Las resoluciones de las cuestiones que deban conocerse o que se planteen dentro de la audiencia se dictarán oralmente y quedarán notificadas a las partes en ese mismo acto con la sola lectura, debiendo consignarse en el acta, al menos sucintamente, los fundamentos jurídicos y de hecho del pronunciamiento.
A excepción de la sentencia, contra las resoluciones dictadas en la audiencia cabrá el recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse de forma oral y resolverse de esa misma forma, de inmediato.
Igualmente, salvo el caso de la sentencia, si procediera la apelación contra algún pronunciamiento emitido en la audiencia, este recurso deberá interponerse de forma oral inmediatamente después de la notificación y el punto quedará resuelto definitivamente, si no se hace así.
La alzada se tramitará únicamente en aquellos casos en que el pronunciamiento impide la continuación de la audiencia. En los demás, se reservará para ser conocida conjuntamente con el recurso que proceda contra la sentencia, según la actualidad de su interés.
Los traslados que se den en las audiencias serán sumarísimos, para ser evacuados de forma inmediata, de tal manera que no constituyan un obstáculo para el normal desarrollo de la actividad.
Los asistentes y las asistentes tienen el deber de permanecer en actitud respetuosa y en silencio, mientras no estén autorizados para exponer o responder las preguntas que se les formulen. Les queda absolutamente prohibido portar armas u objetos aptos para incomodar u ofender, mantener los teléfonos móviles encendidos y adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o de insinuación. Si la persona, no obstante de haber sido prevenida, continúa con el comportamiento indebido, podrá ser expulsada de la audiencia, lo cual dará lugar a que se le tenga como inasistente a partir de ese momento, para todo efecto.
Con motivo de la audiencia se levantará un acta, en la cual se dejará constancia de lo siguiente:
El acta será firmada por la persona que ha dirigido la audiencia, las partes y sus abogados o abogadas. Las otras personas comparecientes firmarán un documento de asistencia, el cual será agregado al expediente. Si alguna persona se negara a firmar, o se ha retirado antes de la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, se dejará constando ese hecho también en el acta. Si la audiencia se hubiera grabado en audio y video, en lugar del acta se consignará una constancia firmada por quien ha dirigido la audiencia y dichas partes, de que el acto fue llevado a cabo, con indicación de las horas y la fecha de su realización.
A excepción de lo mencionado antes respecto del contenido de la conciliación, se prohíbe la transcripción literal o de forma extensa de los contenidos probatorios.
Los tribunales deberán grabar las audiencias a través de medios tecnológicos que garanticen adecuadamente la conservación de sus contenidos y sirvan como ayuda de memoria en la redacción de la sentencia.
Las grabaciones se mantendrán sin borrarse hasta un año después de ejecutada la sentencia firme y las partes podrán obtener copias o reproducciones a su costa.
Las audiencias se desarrollarán sin interrupción, durante las horas y los días que se requieran, salvo para:
Podrá posponerse la conclusión de una audiencia de juicio aun después del alegato de conclusiones o reprogramarse por una única vez y que la posposición no sea por más de diez días, cuando sea necesario recibir alguna probanza no evacuada en esa oportunidad o cuya trascendencia surja durante la audiencia, en ambos casos si se ordena para mejor proveer, o bien, cuando sea necesario para debatir adecuadamente sobre excepciones o cuestiones nuevas, legalmente alegadas en la audiencia, o para recibirles declaración a testigos desobedientes de la citación. En este caso, sin necesidad de petición de la parte, se ordenará la presentación de esos testigos mediante la Fuerza Pública.
En el mismo acto se señalará la hora y la fecha para la continuación o reprogramación de la audiencia.
Si se tratara de la ampliación del debate sobre excepciones o cuestiones nuevas, también en ese mismo acto se emitirá pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y a su respecto se estará a lo señalado en las normas anteriores.
Una vez evacuadas las probanzas pendientes o las nuevas que fueran admisibles o incorporadas cuando procediera, se les dará la palabra a los asistentes, para el complemento de la conclusión y luego se dictará la sentencia, de la misma forma y en los términos previstos en el artículo 518.
En estos casos, la audiencia se concluirá válidamente con las partes que asistan y con ellas se realizarán las actuaciones faltantes, de la forma ya dispuesta.
La inasistencia de las partes no impedirá la recepción o la incorporación de la prueba ordenada y el dictado de la sentencia podrá hacerse de inmediato o de forma postergada, dentro del plazo previsto en este Código.
Las actuaciones se dejarán constando en un acta, que se consignará y firmará de la misma forma ya dispuesta. Todo lo que se resuelva se tendrá por notificado tanto a las partes asistentes como a las que dejaron de asistir.
la documentación y la notificación a las partes de la sentencia, con incumplimiento del órgano, lo actuado y resuelto será nulo y el juicio deberá repetirse ante otro juez o jueza, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y disciplinarias correspondientes. Únicamente se dejarán a salvo de dicha nulidad las pruebas y los actos o las actuaciones no reproducibles que se puedan apreciar válidamente en una oportunidad posterior.
Reglas especiales aplicables a las pretensiones sobre seguridad social
SECCIÓN V
Las pretensiones correspondientes a la seguridad social se sustanciarán por el procedimiento ordinario, con las siguientes modificaciones:
Procesos especiales
Procesos de menor cuantía
CAPÍTULO SÉTIMO
SECCIÓN I
Los procesos que versen exclusivamente sobre pretensiones, cuya cuantía sea inferior a la señalada por la Corte Plena para el recurso de casación, serán tramitados conforme a las reglas de este Código, con las siguientes salvedades:
Protección en fueros especiales y tutela del debido proceso
SECCIÓN II
Las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que en virtud de un fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser afectados, podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta sección, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros especiales de protección, de procedimientos a que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas.
Se encuentran dentro de esa previsión:
La tutela del debido proceso podrá demandarse en esta vía, cuando se inobserve respecto de las personas aforadas a que se refiere este artículo.
También, podrán impugnarse en la vía sumarísima prevista en esta sección, los casos de discriminación por cualquier causa, en contra de trabajadores o trabajadoras, que tengan lugar en el trabajo o con ocasión de él.
Las personas indicadas en el artículo anterior tendrán derecho a un debido proceso, previo al despido, el cual se regirá por las siguientes disposiciones:
La solicitud de tutela se presentará ante el juzgado de trabajo competente, mientras subsistan las medidas o los efectos que provocan la violación contra la cual se reclama. La aplicación de tutela por violación del debido proceso, en el caso de despido, se regirá por el plazo de prescripción de seis meses.
La firma del solicitante no requiere ser autenticada por la de un profesional o una profesional en derecho, si la persona interesada presenta personalmente el respectivo libelo; pero si fuera necesario debatir en audiencia, debe contarse con patrocinio letrado.
La petición deberá cumplir, en lo pertinente, los requisitos señalados para la demanda, excepto el que se refiere al agotamiento de la vía administrativa, e incluir el nombre de la persona, la institución, el órgano, el departamento o la oficina a la que se atribuye la arbitrariedad.
El juzgado substanciará el procedimiento sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de diversa naturaleza que se tramite en el despacho. A más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de la solicitud, la autoridad judicial le dará curso, pidiéndole a la institución, la autoridad o a los órganos públicos o a la persona accionada un informe detallado acerca de los hechos que motivan la acción, el cual deberá rendirse bajo juramento dentro de los cinco días siguientes a la notificación, acompañado de copia de los documentos que sean de interés para la parte y de una copia certificada del expediente administrativo, en el caso de las relaciones de empleo público o del expediente del debido proceso en su caso, sin costo alguno para la parte demandante.
En el caso de actuaciones con resultados lesivos, en la misma resolución se podrá disponer la suspensión de los efectos del acto, y la parte accionante quedará repuesta provisionalmente a su situación previa al acto impugnado. Esa medida se ejecutará de inmediato sin necesidad de garantía alguna y podrá revisarse y modificarse a instancia de la parte accionada, hecha mediante la interposición del recurso correspondiente, por razones de conveniencia o de evidente interés público, o bien, porque valorada la situación de forma provisional se estime que existen evidencias excluyentes de discriminación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo.
Cuando la acción verse sobre actos de las administraciones públicas, aunque no pida, se tendrá como demandado al Estado o a quien corresponda, y se pondrá la resolución inicial también a conocimiento de la Procuraduría General de la República o, en su caso, del órgano jerárquico de la institución autónoma u organización que la represente legalmente, para que pueda apersonarse al proceso, dentro del mismo plazo de cinco días, a hacer valer sus derechos.
Si la acción versa sobre actuaciones de una organización empresarial privada, el informe se le solicitará a la persona a quien, en funciones de dirección o administración en los términos del artículo 5 de este Código, se le atribuye la conducta ilegal, y se le advertirá que la notificación surte efecto de emplazamiento para la parte empleadora y que esta puede hacer valer sus derechos en el proceso dentro del plazo indicado, por medio de su representante legítimo.
La parte empleadora deberá presentar la copia certificada del expediente del debido proceso indicado en el artículo anterior, si el caso versara sobre la violación de ese derecho.
Las notificaciones se harán por los medios autorizados por la ley o por la propia parte interesada, siempre que lo haga con el respaldo de la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de Policía, la que tendrá la obligación de asistirla de forma inmediata sin costo alguno y de dejar constancia de su intervención. Los juzgados de trabajo podrán disponer la notificación inmediata por un asistente judicial o por un funcionario designado al efecto.
Si no se respondiera dentro del término señalado y al mismo tiempo no se produce oposición de la parte demandada, o bien, si no se aporta la certificación del expediente del debido proceso cuando este haya sido necesario, se declarará con lugar la acción, si el caso, de acuerdo con los autos, no amerita una solución diferente según el ordenamiento.
En el caso contrario, el informe rendido y cualquier respuesta se pondrán a conocimiento por tres días a la parte promotora del proceso.
Si fuera necesario evacuar pruebas no documentales, su substanciación se llevará a cabo en audiencia, la cual se señalará de forma prioritaria a los asuntos de ordinario conocimiento del despacho. En tal supuesto, la sentencia se dictará en la oportunidad prevista para la substanciación del proceso en audiencia.
La competencia del órgano jurisdiccional se limitará, para estimar la pretensión de tutela, a la comprobación del quebranto de la protección, el procedimiento o los aspectos formales garantizados por el fuero y, si la sentencia resultara favorable a la parte accionante, se decretará la nulidad que corresponda y se le repondrá a la situación previa al acto que dio origen a la acción, y condenará a la parte empleadora a pagar los daños y perjuicios causados. Si los efectos del acto no se hubieran suspendido, se ordenará la respectiva reinstalación, con el pago de los salarios caídos.
Si la acción se desestima y los efectos del acto hubieran sido detenidos, su ejecución podrá llevarse a cabo una vez firme el pronunciamiento denegatorio, sin necesidad de ninguna autorización expresa en ese sentido.
La sentencia estimatoria en estos casos no prejuzga sobre el contenido sustancial o material de la conducta del demandado, cuando la tutela se refiere, únicamente, a derechos sobre un procedimiento, requisito o formalidad.
Si la pretensión deducida no corresponde a este procedimiento especial, se orientará la tramitación de la forma que proceda.
Cuando se presente alguna pretensión de tutela correspondiente a este procedimiento, de forma acumulada con otra u otras cuyo trámite deba realizarse en la vía ordinaria, será desacumulada y tramitada según lo previsto en esta sección, sin perjuicio del curso de las otras pretensiones.
La tutela, una vez otorgada en sentencia firme, producirá la conclusión del proceso ordinario cuando se produzca una falta de interés. En ese supuesto se dará por concluido el proceso total o parcialmente, según proceda, sin sanción de costas.
El incumplimiento de los plazos o del trámite prioritario establecidos en esta sección se considerará falta de servicio de los funcionarios responsables y será sancionado disciplinariamente.
Distribución de prestaciones de personas trabajadoras fallecidas
SECCIÓN III
La distribución de las prestaciones laborales a que se refiere el inciso a) del artículo 85 de este Código se regirá por lo dispuesto en esta sección. También se dirimirá en este proceso, a favor de los sucesores o beneficiarios indicados en esa norma, en el mismo orden que en ella se señala, la adjudicación de los montos de dinero por salarios, compensación por vacaciones no disfrutadas y aguinaldo, así como cualquier otro extremo derivado de la relación de trabajo, incluidos los ahorros obligatorios y depósitos en cuentas de intermediarios financieros provenientes del contrato de trabajo, que por ley no tenga un beneficiario distinto, adeudados a la persona trabajadora fallecida. Igual regla se aplicará a los montos adeudados a las personas pensionadas o jubiladas fallecidas.
El proceso puede ser promovido por cualquiera que tenga interés, ante el juzgado de trabajo competente. La solicitud deberá contener:
Presentada en forma la solicitud, se abrirá de inmediato el procedimiento y se dispondrá:
Transcurrido el término del emplazamiento, se hará de inmediato la declaratoria de las personas a quienes corresponde como sucesoras el patrimonio a distribuir y se dispondrá la adjudicación y entrega de la forma establecida en la ley.
Si surgiera contención sobre el derecho de participación, la cuestión se dirimirá en el mismo expediente, aunque involucre la aplicación de normas e institutos propios del derecho de familia. El escrito de demanda de mejor derecho o de oposición deberá reunir los requisitos de la demanda ordinaria, inclusive el que se refiere al ofrecimiento de las pruebas. Figurarán como contradictoras las personas cuyo derecho se pretende afectar, a quienes se trasladará la demanda por cinco días. El conflicto se juzgará sumariamente en audiencia oral y se deberá dictar la sentencia en la misma forma prevista para el proceso ordinario.
Quienes tengan interés en la distribución no están legitimados para gestionar o demandar en otras vías el pago directo de las prestaciones a distribuir, pero sí para que se depositen judicialmente a la orden del juzgado.
Autorizaciones
SECCIÓN IV
Cuando de acuerdo con la ley se requiera la autorización de un órgano jurisdiccional para llevar a cabo un determinado acto, la parte interesada lo solicitará por escrito y cumplirá en lo que resulte pertinente los requisitos de la demanda.
Respecto de la solicitud, se dará traslado por tres días a quien se pretenda afectar con el acto, en la misma forma prevista para la demanda. Si no fuera del caso la evacuación de pruebas testimonial o técnica, se dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes al recibido de la contestación o del plazo para contestar cuando no se hubiera respondido el emplazamiento. De lo contrario, se convocará a audiencia y al respecto se deberá estar dispuesto para esta actividad.
Procedimiento para la restitución de trabajadores que sufrieron riesgos de trabajo y reinstalación de origen legal
SECCIÓN V
Las personas trabajadoras que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 254 de este Código podrán solicitar al juzgado de trabajo competente la reposición al puesto de trabajo, su reubicación o el pago de las prestaciones legales correspondientes, según proceda.
El escrito inicial deberá cumplir los requisitos básicos de toda demanda y con él deberá acompañarse u ofrecerse la prueba relativa a la relación de empleo, la orden de alta expedida por el ente asegurador y la copia del dictamen médico en el que se especifique claramente la situación real de la persona en cuanto a su estado de salud y el medio que se recomiende para él, según su capacidad laboral.
Presentada en debida forma la solicitud, de inmediato se le ordenará a la parte empleadora, de acuerdo con la prestación deducida, reponer a la persona a su puesto de trabajo, reubicarlo en los términos de la recomendación médica o pagarle las prestaciones legales, lo que deberá hacer dentro del término de ocho días. En la misma resolución se advertirá a esa parte que dentro de ese mismo lapso puede objetar la pretensión y ofrecer, en tal caso, las pruebas que sean de su interés.
Si dentro del plazo indicado no mediara oposición, se tendrá por firme lo ordenado y será ejecutable en la vía de ejecución sentencia, y concluirá de ese modo el proceso. En el supuesto contrario, una vez contestado el traslado, el juzgado resolverá lo que corresponda dentro de los tres días siguientes, salvo que deba recabarse alguna probanza, pues entonces la cuestión se substanciará en audiencia oral que deberá programarse como máximo treinta días después de la contestación y el juzgado podrá disponer en la sentencia que se dicte la reinstalación, la reubicación o el pago de prestaciones, según proceda de acuerdo con la situación de hecho comprobada.
Si habiendo mediado oposición de la parte empleadora a la solicitud de reinstalación o reubicación y alguna de estas se considera procedente en sentencia, esa parte deberá pagarle a la persona trabajadora salarios caídos completos desde el día en que cesó la incapacidad y, a título de daños y perjuicios y como indemnización fija, un mes de salario adicional.
Las personas discapacitadas legitimadas para solicitar reinstalación a sus puestos de trabajo, conforme lo que establece la Ley N.º 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, y su reglamento, las indicadas en el inciso a) del artículo 392 de este Código, y cualesquiera otras personas que gocen de estabilidad en el empleo por norma especial, instrumento colectivo o resolución administrativa que así lo declare, podrán ejercer sus derechos en este procedimiento especial. Al respecto se aplicarán las normas anteriores, en lo que resulte pertinente.
La sentencia: formalidades, repercusiones económicas y efectos
Formalidades de la sentencia
CAPÍTULO OCTAVO
SECCIÓN I
La sentencia se dictará y tendrá como límites los actos de proposición de las partes y lo fijado en la fase preliminar de la audiencia de juicio, sin perjuicio de las variaciones que sean permitidas por la ley.
Contendrá un preámbulo, una parte considerativa y una dispositiva. En el preámbulo se indicará la clase de proceso, el nombre de las partes y sus abogados o abogadas.
En la considerativa se consignará una síntesis de las pretensiones y excepciones deducidas. Luego se enunciarán de forma clara, precisa y ordenada cronológicamente los hechos probados y no probados de importancia para resolver, con indicación de los medios de prueba en que se apoya la conclusión y las razones que la amparan y los criterios de valoración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos. Finalmente, en párrafos separados, para cada caso se darán las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones, lo cual se hará en párrafos separados, por temas. Es indispensable citar las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas.
En la parte dispositiva se pronunciará el fallo y se indicarán en forma expresa y separada, en términos dispositivos, los extremos que se declaran procedentes o deniegan y la decisión correspondiente a las excepciones opuestas y se dispondrá lo procedente sobre las costas del proceso.
Las sentencias de segunda instancia y de casación contendrán un breve resumen de los aspectos debatidos en la resolución que se combate, los alegatos del recurso, un análisis de las cuestiones de hecho y de derecho propuestas y la resolución correspondiente, de la forma prevista en este mismo Código.
Queda prohibido declarar en sentencia la procedencia de algún extremo, condicionándolo a la demostración posterior del supuesto de hecho que lo ampara.
El juzgado podrá establecer que la sentencia será ineficaz o decretar posteriormente esa ineficacia, en la parte de la condena cubierta o satisfecha con anterioridad a su dictado, si ello llega a demostrarse.
En todo pronunciamiento sobre extremos económicos o resolubles en dinero deberá establecerse de una vez el monto exacto de las cantidades, incluido el monto de las costas, de los intereses y adecuaciones que correspondan hasta ese momento. Solo excepcionalmente, cuando no se cuente en el momento del fallo con los datos necesarios para hacer la fijación, podrá hacerse una condena en abstracto, y se indicarán las bases para hacer la liquidación posteriormente.
Costas
SECCIÓN II
En toda sentencia, incluidas las anticipadas, y las resoluciones que provoquen el perecimiento del proceso por litispendencia, incompetencia por razones del territorio nacional, satisfacción extraprocesal o deserción, se condenará al vencido, a quien ha satisfecho el derecho o a la parte sancionada con la finalización del asunto, al pago de las costas personales y procesales causadas.
Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo o acoge excepciones materiales de las calificadas como previas, las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso.
En los demás supuestos, así como cuando el proceso no fuera susceptible de estimación pecuniaria, la fijación se hará prudencialmente.
Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado.
En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%). Si el resultado económico fuera intrascendente se hará la fijación de forma prudencial con fundamento en los criterios mencionados.
No obstante, se podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aun de las procesales, cuando:
La exoneración debe ser siempre razonada.
No podrá considerarse de buena fe a la parte que negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debió aceptarlas, no asistió a la totalidad de la audiencia, adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos, no ofreció ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados.
La exoneración de costas será imperativa, si alguna norma especial así lo dispone.
El contrato de cuota litis en materia laboral se regirá por las disposiciones del procedimiento civil. Sin embargo, tratándose de la parte trabajadora, los honorarios que deba pagar a su abogado o abogada no podrán ser superiores en ningún caso al veinticinco por ciento (25%) del beneficio económico que se adquiera en la sentencia.
Intereses, adecuación y salarios caídos
SECCIÓN III
Toda sentencia de condena a pagar una obligación dineraria implicará para el deudor, salvo decisión o pacto en contrario, aunque no se diga expresamente:
1.- La obligación de cancelar intereses sobre el principal, al tipo fijado en la Ley N.° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, a partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. Si la condena lo fuera a título de daños y perjuicios, el devengo de intereses se iniciará desde la firmeza de la sentencia. Para las obligaciones en moneda extranjera, se estará a lo dispuesto en ese mismo Código para las obligaciones en dólares de los Estados Unidos de América.
2.- La obligación de adecuar los extremos económicos principales, actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago.
El cálculo de intereses se hará sobre los montos condenados o resultantes después de su liquidación, antes de ser llevados a valor presente, y luego se hará la adecuación indicada en el último párrafo, únicamente sobre los extremos principales.
En toda sentencia que disponga la reinstalación con salarios caídos, el pago de estos no podrá ser superior al importe de veinticuatro veces el salario mensual total de la parte trabajadora al momento de la firmeza del fallo, salvo disposición especial que establezca otra cosa, sin que en ningún momento pueda ser inferior al mínimo legal. Esta fijación no admite adecuaciones o indexaciones.
También, la parte demandada deberá cubrirle a la victoriosa, desde la firmeza de la sentencia, el salario que le corresponda de acuerdo con el contrato de trabajo y los derechos derivados de la antigüedad acumulada, en la cual se incluirá el lapso comprendido entre el despido y dicha firmeza, y en el futuro el cumplimiento de las obligaciones salariales ordinarias y extraordinarias deberá ajustarse a las prestaciones correspondientes a una relación inalterada. Igual regla se aplicará al disfrute de vacaciones y cualquier otro derecho derivado del contrato de trabajo o de la ley.
Cuando en sentencia firme se condene a la parte demandada a pagar salarios adeudados, además del pago al trabajador del salario que le corresponda, de acuerdo con el contrato de trabajo y a los derechos derivados de la antigüedad acumulada, deberá pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) las cuotas obrero-patronales y demás obligaciones adeudadas a la seguridad social correspondientes al período laborado, aun cuando dicha institución no haya sido parte en el proceso.
El pago de los salarios caídos solo será procedente cuando no exista impedimento legal en virtud de haber ocupado la persona un cargo que lo impida. En tal caso solo procederá la diferencia, si el salario que hubiera estado recibiendo fuera inferior.
Efectos
SECCIÓN IV
Las sentencias del ordinario laboral, incluidas las anticipadas y las dictadas en los procesos especiales sobre seguridad social, protección de fueros especiales, restitución o reubicación de trabajadores o trabajadoras en caso de riesgo de trabajo, así como en contenciones surgidas en el proceso de distribución de prestaciones de personas fallecidas regulado en este Código, producirán los efectos de la cosa juzgada material. Las demás sentencias, salvo disposición en contrario en la ley, producirán únicamente cosa juzgada formal.
de la terminación del proceso
CAPÍTULO NOVENO
Disposiciones sobre las formas anormales
Salvo disposición especial en contrario, el desistimiento, la renuncia del derecho, la deserción, la satisfacción extraprocesal, la transacción y los acuerdos conciliatorios le pondrán también término al proceso. Es aplicable lo que dispone al respecto la legislación procesal civil, con las siguientes modificaciones:
1.- La renuncia, la transacción y la conciliación solo se considerarán válidas y eficaces cuando se refieran a derechos disponibles.
2.- La transacción y conciliación deben ser homologadas y el pronunciamiento respectivo tiene el carácter de sentencia, con autoridad de cosa juzgada material, y admite el recurso previsto para ese tipo de resoluciones. Una vez firme será ejecutable del mismo modo que las sentencias.
3.- La deserción es procedente a solicitud de parte en los asuntos contenciosos en que haya embargo de bienes o alguna otra medida precautoria con efectos perjudiciales de naturaleza patrimonial para el demandado, siempre y cuando el abandono se deba a omisión del actor en el cumplimiento de algún requisito o acto, sin el cual el proceso no puede continuar. También, procederá cuando no se produzcan esos efectos perjudiciales para el demandado, aun de oficio, cuando el proceso, una vez trabada la litis, no pueda continuar por culpa de la parte.
4.- La satisfacción extraprocesal podrá apreciarse de oficio o a solicitud de parte. Si posteriormente se revocara o de cualquier forma se afectara el acto de reconocimiento, la parte interesada podrá gestionar la reanudación del proceso a partir de la etapa en que se hallaba, sin necesidad de ninguna gestión administrativa previa en el caso de las administraciones públicas. Si la demanda llegara a prosperar, la condenatoria a la parte demandada al pago de las costas será imperativa.
En todos estos casos, excepto en los acuerdos conciliatorios, la terminación del proceso se acordará oyendo previamente por tres días a la parte contraria.
Procedimiento de ejecución
CAPÍTULO DÉCIMO
Las sentencias firmes, las transacciones o los acuerdos conciliatorios y cualquier pronunciamiento ejecutorio serán ejecutados por el mismo tribunal que conoció del proceso, o por un juzgado especializado para el trámite de ejecuciones creado por la Corte Suprema de Justicia, según disposiciones de atribución de competencia que establezca.
Las decisiones concretas o específicas, para cuyo cumplimiento no se requiere ninguna actividad adicional de fijación de alcances, serán ejecutadas inmediatamente después de la firmeza del pronunciamiento, de oficio o a solicitud de parte, verbal o escrita.
Los acuerdos conciliatorios extrajudiciales que de acuerdo con la ley tengan autoridad de cosa juzgada se ejecutarán por medio de este procedimiento.
Cuando se haya reservado la fijación de montos para la fase de ejecución de la sentencia, y en cualquier otro supuesto de liquidación de sumas de dinero, la parte interesada deberá presentar la tasación o liquidación correspondiente, con respeto de las bases establecidas en el fallo o acuerdo y con la sustentación de las pruebas que fueran estrictamente necesarias. La gestión será trasladada a la parte contraria por tres días, dentro de los cuales podrá glosar cada uno de los extremos liquidados y hacer las objeciones y el ofrecimiento de las pruebas que estime pertinentes. Si fuera necesario evacuar probanzas periciales o declaraciones, se estará a lo dispuesto para el proceso ordinario y la cuestión se substanciará sumariamente en una audiencia; en ese caso, se deberá dictar la sentencia en la misma audiencia o a más tardar dentro del plazo señalado para el procedimiento ordinario, bajo pena de nulidad de la audiencia, si ese plazo es incumplido. En el caso contrario, evacuado el traslado, se dictará sentencia dentro del término de ocho días, después de presentada la contestación.
Cuando sea necesario determinar aspectos técnicos se acudirá a peritos oficiales y, de no haberlos en el ramo de interés, se designarán a costa del Estado.
Cuando en virtud de sentencia firme se declare el incumplimiento de una convención colectiva, en la etapa de ejecución de sentencia, el sindicato accionante deberá presentar la correspondiente liquidación, incluyendo la liquidación de los daños y perjuicios causados a los trabajadores singularmente afectados.
El cumplimiento patrimonial forzoso se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de la legislación procesal civil, o de las disposiciones del proceso contencioso-administrativo en el caso de ejecuciones contra el Estado o sus instituciones.
La práctica material del embargo, cuando sea necesaria, la realizará con carácter de oficial público y como parte de sus tareas o funciones, sin cobro alguno de honorarios, un asistente judicial del despacho.
La parte demandada tendrá obligación de ejecutar la sentencia o resolución interlocutoria que ordene la reinstalación de una persona trabajadora a su puesto, de forma inmediata, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, readmitiéndola y restituyéndola en todos los derechos adquiridos y demás extremos que resulten de la sentencia o resolución o del ordenamiento.
En el caso de que se haya dado una reestructuración de plazas, cuando fuera imposible reinstalar en el mismo puesto al victorioso, el patrono deberá poner a disposición del trabajador la oportunidad de escoger otro puesto de similar clasificación e idéntico salario al que tenía antes del despido, según las opciones de que organizacionalmente disponga el patrono en ese momento. En caso de imposibilidad, deberá proceder al pago de salarios caídos, de los daños y perjuicios y de los demás derechos laborales según la ley. Si la persona trabajadora a reinstalar goza de un fuero especial de protección, no procederá el alegato de imposibilidad, por lo que deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 576.
Si la reinstalación no se pudiera realizar por obstáculo de la parte patronal o si la parte interesada así lo prefiriera, podrá presentarse al respectivo centro de trabajo dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la sentencia o resolución a reasumir sus labores, en compañía de un notario público o de la autoridad administrativa de trabajo de la jurisdicción, o bien, solicitar al juzgado, en forma escrita o verbal, la presencia del asistente judicial del despacho. Las autoridades administrativas y judiciales deberán actuar de forma inmediata, dejando de lado cualquier otra ocupación. El incumplimiento de este deber se considerará falta grave para efectos disciplinarios. En todos los casos se levantará acta y se dejará constancia de lo sucedido.
Solo en casos muy calificados, cuando el centro de trabajo se encuentre en lugares alejados y de difícil acceso, se comisionará a la autoridad de policía para que constate la presentación, en cuyo caso deberá instruírsele acerca de la forma de levantar el acta. La autoridad judicial dispondrá cualquier otra medida que juzgue razonable para la ejecución de lo dispuesto.
La parte trabajadora podrá solicitar la postergación de la reinstalación, si ello fuera necesario para permitir el preaviso de la conclusión de otra relación laboral contraída, caso en el cual se indicará al juzgado el día que reasumirá sus funciones, lo que no podrá exceder de un mes y quince días a partir de la notificación de la sentencia o resolución que ordene la reinstalación.
La obligación de pagar los salarios caídos se mantendrá por todo el tiempo que la reinstalación no se cumpla por culpa de la parte empleadora. En este caso deberán pagarse, además, los daños y perjuicios que se causen con el incumplimiento.
El juzgado ordenará que la persona trabajadora no reinstalada continúe percibiendo su salario con la misma periodicidad y cuantía que tenía antes del despido, con los incrementos salariales que se produzcan hasta la fecha de reinstalación en debida forma. Para tal fin, el órgano jurisdiccional despachará ejecución, en tantas ocasiones como fuera necesario, por una cantidad equivalente a seis meses de salario, y se harán efectivas a la parte acreedora, del producto de la ejecución, las retribuciones que fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la reinstalación en forma regular, acuerde la devolución al empleador o empleadora del saldo existente en ese momento.
La parte trabajadora podrá optar, dentro de ese mismo lapso de ocho días, por la no reinstalación, a cambio, además de las otras prestaciones concedidas en la sentencia, del pago del preaviso y la cesantía que le correspondan por todo el tiempo laborado, incluido el transcurrido hasta la firmeza de la sentencia, solo si lo hace saber así al órgano dentro de los ocho días posteriores a la firmeza de la sentencia.
Si la parte trabajadora no se presenta dentro del expresado lapso de ocho días, sin justa causa, y tampoco ejerce la opción indicada en el párrafo anterior, la respectiva resolución judicial se tornará ineficaz en cuanto al pago de salarios caídos a partir de la firmeza de la sentencia o resolución. En este caso, así como en el de la postergación, si el derecho a la reinstalación no se ejerce dentro del mes y quince días posteriores a esa firmeza, devendrá también en ineficaz.
Si la parte trabajadora se viera imposibilitada de manera absoluta para reinstalarse, por un hecho ajeno a su voluntad, los salarios caídos se limitarán a la fecha del evento imposibilitante, salvo que el hecho fuera el resultado de un riesgo o enfermedad de trabajo o de una incapacidad médica, supuestos en los cuales se tendrá por operada la reinstalación para todo efecto.
La negativa a la reinstalación será sancionada con la multa establecida en el inciso 6) del artículo 398. En el caso de servidores públicos, la negativa constituirá falta grave, justificativa del despido o remoción del funcionario que incumplió la orden.
Tratándose de representantes de las personas trabajadoras que no hayan sido reinstaladas, se ordenará al empleador o empleadora abstenerse de limitar la labor de representación que venía desarrollando en el seno de la empresa, así como todas sus funciones protegidas por la legislación nacional y se advertirá al empleador o empleadora que, de impedir u oponer algún obstáculo a dicho ejercicio, su conducta, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, dará derecho a la declaratoria de huelga legal, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos para tal efecto.
Corrección y medios de impugnación de las resoluciones
Adición, aclaración y correcciones
CAPÍTULO UNDÉCIMO
SECCIÓN I
Las sentencias, cualquiera que sea su naturaleza, pueden corregirse mediante adiciones o aclaraciones, de oficio o a solicitud de parte. La corrección de oficio podrá hacerse en cualquier momento, pero antes de la notificación del pronunciamiento a las partes. La solicitud de la parte deberá hacerse dentro de los tres días siguientes a esa notificación.
La adición y aclaración se limitará a las omisiones u oscuridades de la parte dispositiva de la sentencia y a las contradicciones que puedan existir entre la parte considerativa y la dispositiva. El término para interponer el recurso que proceda quedará interrumpido y comenzará a correr de nuevo con la notificación del pronunciamiento que recaiga.
Las demás resoluciones escritas pueden también ser aclaradas o adicionadas de oficio antes de su notificación y las partes pueden pedir adiciones, aclaraciones o correcciones dentro del indicado término de tres días. En estos casos, la valoración de la solicitud queda a discreción del órgano y la presentación no interrumpe los plazos concedidos en la resolución.
Los errores materiales y las imperfecciones resultantes en el devenir del proceso que no impliquen nulidad podrán ser corregidos en cualquier momento, siempre y cuando sea necesario para orientar el curso normal del procedimiento o ejecutar el respectivo pronunciamiento y que la corrección no implique una modificación substancial de lo ya resuelto.
Medios de impugnación y oportunidad para alegarlos
SECCIÓN II
Contra las providencias escritas no cabrá recurso alguno, pero el órgano podrá dejarlas sin efecto o modificarlas dentro de los tres días siguientes a la notificación, de oficio o en virtud de observaciones de las partes. Si estas se juzgaran improcedentes, será necesario dictar resolución.
Los autos escritos admiten el recurso de revocatoria, cuyo plazo de presentación se fija en tres días. Con igual término contará el órgano para resolver el recurso.
Las observaciones de las partes a las providencias adoptadas en las audiencias y la solicitud de revocatoria de los autos dictados en esa misma actividad procesal deberán hacerse de forma oral e inmediata, antes de pasarse a una etapa o fase posterior, y el órgano las resolverá y comunicará en ese mismo momento y forma, salvo que sea necesario suspender la audiencia para el estudio de la cuestión, según quedó dispuesto.
Además de los pronunciamientos resoluciones que:
Las apelaciones contra las resoluciones interlocutorias escritas se formularán de esa misma manera ante el órgano que dictó el pronunciamiento, dentro de tres días, y las que procedan contra las orales dictadas en audiencia deberán interponerse en el mismo acto de la notificación y deberá dejarse constancia de su interposición y motivación en el acta.
Las apelaciones admisibles contra autos y sentencias interlocutorias, que impidan el curso del procedimiento, se tramitarán de forma inmediata. Cuando versen sobre autos denegatorios de prueba o resoluciones producidas en la audiencia cuyo efecto directo no sea el de la paralización o terminación del proceso, la interposición del recurso no impedirá la continuación de la actividad y el dictado de la sentencia, y se tendrá por interpuesto con efectos diferidos y condicionado a que el pronunciamiento final sea recurrido de forma legal y oportuna. En tal caso, la apelación solo se tomará en cuenta si:
Procede el recurso para ante el órgano de casación contra la sentencia del proceso ordinario y también, salvo disposición expresa en contrario, contra los demás pronunciamientos con autoridad de cosa juzgada material, por razones procesales y sustantivas, siempre y cuando en el proceso en que se dicten sea inestimable o, en caso contrario, de una cuantía determinada exclusivamente por el valor de las pretensiones no accesorias, que sea superior al monto fijado por la Corte Suprema de Justicia para la procedencia del recurso de casación, según la competencia otorgada al efecto por la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993. En los demás casos, así como en los procesos por riesgos de trabajo, cualquiera sea su cuantía, la sentencia admite únicamente el recurso de apelación para ante el tribunal de apelaciones competente.
Los recursos de casación y de apelación deberán ser presentados ante el juzgado; el primero dentro de diez días y el segundo dentro de tres días, a partir de la notificación de la sentencia.
1.- Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado.
2.- Incongruencia de la sentencia u oscuridad absoluta de esta última parte. En los supuestos de incongruencia, el recurso solo es admisible cuando se ha agotado el trámite de la adición o aclaración.
3.- Falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el juzgado.
4.- Haberse fundado la sentencia en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso.
5.- Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia.
6.- Haberse dictado la sentencia fuera del tiempo previsto para hacerlo.
Podrá alegarse, como base del recurso de casación por el fondo, toda violación sustancial del ordenamiento jurídico, tanto la directa como la resultante de una incorrecta o ilegítima aplicación del régimen probatorio. El órgano de casación también podrá hacer una valoración de las pruebas de forma integral; para ello, la audiencia debe ser grabada en audio y/o video.
No podrán ser objeto de apelación o casación cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes y la sentencia que se dicte no podrá abrazar otros puntos distintos de los planteados en el recurso, salvo las nulidades, correcciones o reposiciones que procedan por iniciativa del órgano.
Se prohíbe la reforma en perjuicio.
Formalidades y trámite de los recursos de apelación y casación
SECCIÓN III
El escrito en que se interponga el recurso de apelación deberá contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad concomitante que se estimen de interés.
El de casación deberá puntualizar en esa misma forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual revocatoria de la sentencia impugnada; primero se harán las reclamaciones formales y después las sustanciales.
En ningún caso será necesario citar las normas jurídicas que se consideran violadas, pero la reclamación debe ser clara en las razones por las cuales la parte se considera afectada. Los errores que se puedan cometer en la mención de normas no serán motivos para decretar la inadmisibilidad del recurso.
Si hubiera apelación reservada deberá mantenerse el agravio respectivo.
Los motivos del recurso no podrán modificarse o ampliarse y delimitarán el debate a su respecto y la competencia del órgano de alzada para resolver.
En la apelación no reservada y en la casación, interpuesto el recurso en tiempo, se emplazará a la parte o partes recurridas para que presenten dentro de tres días ante el mismo juzgado la órgano superior se halle ubicado en una circunscripción territorial diferente, en la misma resolución prevendrá a todas las partes que atienden notificaciones en un lugar determinado y no por un medio electrónico de comunicación, hacer el respectivo señalamiento para recibir esas notificaciones en el tribunal que conoce del recurso y les hará las advertencias correspondientes, en el caso de que no lo hagan.
El señalamiento de medios electrónicos valdrá para todas las instancias.
El expediente se remitirá al órgano correspondiente, una vez transcurrido el término del emplazamiento.
El recurso extemporáneo será rechazado de plano por el juzgado.
El tribunal se pronunciará sobre la apelación dentro de los quince días posteriores al recibo de los autos.
En primer término revisará la procedencia formal del recurso, el procedimiento y las cuestiones de nulidad propuestas y podrá acordar nulidades únicamente en el caso de que los defectos constituyan vicios esenciales al debido proceso. En todos los casos dispondrá las correcciones que sean necesarias y conservará todas las actuaciones no afectadas por el vicio o que sea posible subsanar.
Enseguida, si no fuera del caso declarar la inadmisibilidad de la alzada o alguna nulidad, reposición o corrección de trámites, emitirá el pronunciamiento correspondiente a los demás agravios del recurso.
Recibido el expediente por el órgano de casación, si no fuera del caso declarar la inadmisibilidad del recurso, se dictará sentencia dentro del mes siguiente. Cuando se ordene alguna prueba documental, una vez recibidas las piezas probatorias, se le dará traslado de ellas a la parte interesada por tres días.
En los casos en que sea necesario para la aplicación del principio de inmediación, las pruebas ordenadas se recibirán en audiencia oral con citación de las partes. El expresado plazo correrá después del traslado o de la audiencia.
Lo dispuesto en esta norma será aplicable en lo pertinente en el trámite del recurso de apelación.
Ante el órgano de casación solo podrán presentarse u ordenarse para mejor proveer pruebas documentales y técnicas que puedan ser de influencia decisiva, según calificación discrecional del órgano. Las últimas se evacuarán con prontitud y el costo de las peritaciones no oficiales deberá cubrirlo la parte que ha solicitado la probanza. Tales probanzas serán trasladadas a las partes por tres días.
Al dictarse sentencia se procederá de la siguiente manera:
En primer lugar se resolverán las cuestiones relativas al procedimiento. Si se considera procedente la nulidad de la sentencia, se puntualizarán los vicios o defectos omitidos y se devolverá el la audiencia y se dicte de nuevo, salvo que la nulidad se alegue desde la primera instancia, por lo que se devolverá el expediente al juzgado.
Cuando proceda la nulidad por el fondo, se casará la sentencia, total o parcialmente, y en la misma resolución se fallará el proceso o se resolverá sobre la parte anulada, cuando no exista impedimento para suplir la resolución correspondiente con base en lo substanciado.
En el caso contrario se declarará sin lugar el recurso y se devolverá el expediente al juzgado.
La nulidad de la sentencia solo se decretará cuando no sea posible corregir el error u omisión con base en el
Tanto en el caso de la apelación como en el de casación, si resultara procedente el recurso por el fondo, al emitirse el pronunciamiento que corresponda, deberán atenderse las defensas de la parte contraria al recurrente, así como sus impugnaciones reservadas con efectos eventuales, omitidas o preteridas en la resolución recurrida, cuando por haber resultado victoriosa esa parte no hubiera podido interponerlas o reiterarlas en el recurso de casación.
Los órganos de alzada y de casación, al conocer de los agravios esgrimidos en los recursos, se ajustarán a la materialidad de los elementos probatorios incorporados al expediente y, racionalmente, a los límites del principio de inmediación.
En cualquier caso en que se anule una sentencia, la audiencia se repetirá siempre con la intervención de otra persona como juzgadora.
Los efectos de la apelación, la apelación adhesiva y la apelación por inadmisión se regirán por lo dispuesto en la legislación procesal civil.
El recurso de casación producirá efectos suspensivos.
Las reglas de la apelación por inadmisión se aplicarán, con la modificación pertinente, al recurso de casación. Contra lo resuelto por el tribunal de apelación o el órgano de casación no cabe ulterior recurso.
Recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico
SECCIÓN IV
Cabrá el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico, ante la Sala Segunda de la Corte, contra sentencias firmes con autoridad de cosa juzgada material no recurribles para ante el órgano de casación, cuando se estimen violatorias del ordenamiento jurídico.
El recurso podrá ser interpuesto, en cualquier momento, por el procurador o la procuradora general de la República, el contralor o la contralora general de la República, el defensor o la defensora de los habitantes o la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por las confederaciones sindicales debidamente inscritas en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por las uniones de cámaras empresariales que se acrediten ante el proceso. El escrito respectivo deberá contener las razones claras y precisas por las cuales se estima que el ordenamiento ha sido violado, así como indicación concreta de las normas jurídicas que se consideran quebrantadas. Del recurso se dará audiencia a las confederaciones sindicales y a las uniones de cámaras empresariales, mediante un aviso que se publicará en el Boletín Judicial por una única vez.
La sentencia que se dicte no afectará situaciones jurídicas derivadas de la sentencia recurrida, tampoco afectará situaciones jurídicas consolidadas. Cuando sea estimatoria se limitará a fijar la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y deberá publicarse en una sección especializada del diario oficial La Gaceta, y no implicará responsabilidad para los tribunales que hayan resuelto de manera distinta.
Revisión
SECCIÓN V
Contra las resoluciones de los tribunales de trabajo es procedente la revisión, con base en las causales establecidas en la legislación procesal civil, a la cual se ajustará la respectiva tramitación y la audiencia se llevará a cabo, cuando sea necesario reproducirla, de la forma prevista para el supuesto de la nulidad de la sentencia.
Solución de los conflictos jurídicos, individuales o colectivos mediante árbitros especializados
CAPÍTULO DUODÉCIMO
Podrán someterse a arbitraje todas las controversias jurídicas patrimoniales, fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena disposición, y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes, derivadas o íntimamente vinculadas a la relación de trabajo o empleo, pendientes o no ante dichos tribunales, para cuyo efecto deberá suscribirse un compromiso de arbitraje que deberá contener, al menos, la descripción del diferendo jurídico que se somete a arbitraje, las especificaciones a que se refieren los incisos a), c), d), e) y g) del artículo 607 de este Código, así como declaración expresa de las partes de que el objeto del arbitraje está constituido por derechos que no tienen el carácter de indisponibles.
En cualquier caso, será absolutamente nulo el compromiso arbitral establecido en contrato de trabajo individual o en un convenio accesorio a este y que haya sido suscrito como condición para la constitución de la relación laboral o para evitar su extinción. Asimismo, será absolutamente nulo el compromiso arbitral que verse sobre derechos indisponibles. Se consideran indisponibles, entre otros que resulten de esa naturaleza, según el ordenamiento, las prestaciones e indemnizaciones de seguridad social en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, de sus familiares y de las demás personas que conforme a la legislación civil tienen el carácter de herederos, salvo que se trate de prestaciones superiores a las previstas en las disposiciones indicadas, nacidas de acuerdo, de contrato, de los usos o de la costumbre.
Las sentencias arbitrales solo producirán efectos vinculantes para las partes si se dictan en el marco de procesos arbitrales seguidos, de acuerdo con la normativa de este capítulo. Tales procesos deberán tramitarse y fallarse de conformidad con los principios propios del derecho de trabajo, tanto en materia de derecho de fondo, como en cuanto a los principios del derecho procesal, salvo que se trate de relaciones de empleo público, pues entonces se aplicarán los principios del derecho de trabajo en cuanto sean compatibles con los principios y fuentes del derecho de la función pública.
Una vez suscrito el compromiso a que se refiere este capítulo, el tribunal arbitral será el único competente para conocer del respectivo conflicto. La parte legitimada podrá formular la excepción de litispendencia en el caso de que sea planteada demanda sobre el mismo conflicto ante los tribunales comunes.
El arbitraje deberá ser de derecho y el tribunal deberá estar integrado, exclusivamente, por profesionales en derecho y resolverá las controversias con estricto apego a la ley aplicable.
El tribunal puede ser, a elección de las partes, unipersonal o colegiado y será escogido de una lista de por lo menos veinte personas que mantendrá el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso del arbitraje unipersonal, la escogencia la hará, salvo acuerdo de ambas partes, la autoridad competente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del respectivo centro de arbitraje y, en el caso de tribunal colegiado, cada una de las partes designará de dicha lista a una persona y los dos designados escogerán a una tercera, quien presidirá el tribunal.
Para ser árbitro o árbitra deben reunirse los requisitos establecidos en la Ley N.° 7727, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, RAC, de 9 de diciembre de 1997, y sus reformas.
La integración de la lista indicada en el artículo anterior se hará mediante concurso público. La designación tendrá una vigencia de cinco años y los integrantes podrán ser excluidos si se niegan injustificadamente a servir en algún caso concreto.
La solicitud se presentará directamente ante el Departamento de Relaciones de Trabajo de la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o a la respectiva dependencia regional de este Ministerio, competente por razón del territorio, que funcionará como centro de arbitraje, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente, y contendrá lo siguiente:
Con el requerimiento se acompañará una copia auténtica del compromiso arbitral.
No es necesario indicar en el compromiso arbitral el derecho aplicable, aunque las partes podrán indicar las normas que a su juicio resulten útiles para la solución del asunto.
Mientras no se cumplan todos esos requisitos, no se le dará curso a la solicitud.
Los honorarios de los árbitros o las árbitras, salvo pacto en contrario, serán cubiertos por las partes de forma igualitaria.
La fijación de esos honorarios se regirá conforme a la siguiente tabla:
Un siete coma cinco por ciento (7,5%) sobre el primer millón de colones del monto de la pretensión económica; un cinco por ciento (5%) sobre los siguientes dos millones de colones; un dos coma cinco por ciento (2,5%) sobre el exceso hasta cinco millones; un uno por ciento (1%) sobre el exceso hasta cincuenta millones de colones y un cero coma cincuenta por ciento (0,50%) sobre el exceso de esa suma.
En los procesos sobre pretensiones no estimables la fijación de los honorarios se hará prudencialmente y cuando se acumulen pretensiones estimables y no estimables, la estimación se hará tomando en cuenta unas y otras.
La fijación la hará la autoridad del respectivo centro de arbitraje antes de darle curso a la solicitud y las partes deberán depositar lo que les corresponda dentro de los cinco días siguientes a la notificación.
No obstante lo indicado en el párrafo primero, cuando el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se crea en esta ley adquiera la solidez necesaria, sus rentas podrán destinarse a cubrir los honorarios de los árbitros o árbitras de las personas trabajadoras, según se establezca en el reglamento que se dicte.
La Corte Suprema de Justicia podrá actualizar, al menos cada cinco años, la escala anteriormente señalada, atendiendo a la variación del índice de precios al consumidor.
Si la parte actora o quien o quienes soliciten el arbitraje no cumplen con alguna prevención anterior al traslado de la demanda o con el depósito de los honorarios del arbitraje, el proceso se dará por terminado y se tendrá por no interpuesto para todo efecto, mediante resolución que dictará el centro de arbitraje.
Cuando la parte demandada no conteste o no deposite los honorarios que le corresponden, la persona propuesta por la otra parte actuará como única integrante del órgano arbitral y el procedimiento se desarrollará con intervención de la parte requirente, si a su vez hubiera cumplido con esa carga, caso en el cual se recibirán únicamente sus pruebas. La contraparte podrá apersonarse al proceso en cualquier momento y tomar el proceso en el estado en que se hallen, y ejercer los derechos procesales que puedan hacerse valer en el momento del apersonamiento.
El proceso se substanciará por el sistema de audiencias orales dispuesto en el presente Código y en cuanto a la carga de la prueba se estará a lo dispuesto en este ordenamiento procesal.
Se laudará en la forma y los términos también previstos en este Código para el proceso ordinario. Contra el laudo únicamente cabrá recurso para ante la sala de casación competente para conocer la materia laboral por vicios de orden formal o por conculcación de derechos indisponibles.
Si procediera el recurso por la forma, se reenviará el proceso al tribunal arbitral para que repita el juicio y dicte nueva sentencia, para la cual no tendrá derecho a cobrar honorarios adicionales.
Si se comprobara la violación de derechos indisponibles, la Sala hará, en la misma sentencia, la reposición que corresponda, cuando sea procedente.
La sentencia arbitral, una vez firme, tendrá valor de cosa juzgada material, no requiere protocolización y será ejecutable en la forma prevista en el procedimiento de ejecución.
Lo relacionado con la contestación de la parte demandada y todas las demás cuestiones del proceso arbitral se regirán por las disposiciones de la Ley N.° 7727, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, RAC, de 9 de diciembre de 1997, y sus reformas, en cuanto no contraríen lo dispuesto en este capítulo y, en general, los principios y las normas del derecho de trabajo. El funcionamiento de los centros de arbitraje a que se refiere este capítulo se regirá por lo que se establezca reglamentariamente.
Se faculta al Colegio de Abogados para que organice centros de arbitraje laboral, siempre y cuando sea sin costo alguno para los trabajadores y las trabajadoras que se hallen en condiciones de recibir asistencia legal gratuita, según lo previsto en la sección segunda, capítulo segundo de este título. Tales centros tendrán listas propias de árbitros y árbitras, y se regirán en todo lo demás por lo dispuesto en este capítulo.
El funcionamiento de los centros de arbitraje, en general, se establecerá por reglamento.
Solución de los conflictos colectivos de carácter económico y social y del procedimiento de conciliación y arbitraje
Medios de solución
CAPÍTULO DECIMOTERCERO
SECCIÓN I
Son medios de solución de los conflictos económicos y sociales generados en las relaciones laborales, el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje.
Arreglo directo
SECCIÓN II
Los patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores podrán constituir consejos o comités permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de tres miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, las quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones de forma atenta y, cuando así proceda, el patrono o su representante no podrá negarse a recibirlos, a la mayor brevedad que le sea posible.
Cada vez que se forme uno de los consejos o comités a que se refiere el párrafo anterior, sus miembros lo informarán al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los cinco días posteriores a su nombramiento.
Durante el proceso de negociación de una convención colectiva de trabajo o una vez iniciado el procedimiento de conciliación o arbitraje, y durante la ejecución de una huelga legal, solo podrá suscribirse un arreglo directo con la organización o el comité responsable de la negociación o del conflicto.
Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la firma. La remisión la harán los patronos y, en su defecto, los trabajadores, sea directamente o por medio de autoridad política o de trabajo local.
La Inspección General de Trabajo velará por que estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y por que sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con multa de uno a tres salarios base mensuales, si se tratara de trabajadores, y de doce a quince salarios base mensuales, en caso de que los infractores sean patronos, según lo establecido en los incisos 1) y 4) del artículo 398 de esta ley, sin perjuicio de que la parte que ha cumplido pueda exigir ante los tribunales de trabajo la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se le hubieran causado.
Procedimiento de conciliación
SECCIÓN III
Cuando en el lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar uno de los conflictos colectivos de carácter económico y social a que se refiere el título sexto, los interesados nombrarán entre ellos una delegación de dos a tres miembros que deberán conocer muy bien las causas de la inconformidad y estar provistos de poder suficiente para firmar cualquier arreglo.
Esta delegación estará legitimada para plantear el conflicto judicialmente o alternativamente ante el Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o bien, ante el órgano conciliador que las partes designen a su costa.
Los delegados suscribirán por duplicado un pliego de peticiones de orden económico-social, cuya copia entregarán al respectivo órgano conciliador competente, directamente o por medio de cualquier autoridad administrativa local. Esta última queda obligada, bajo pena de destitución, a hacer el envío correspondiente con la mayor rapidez posible.
El funcionario que reciba el pliego de manos de los delegados, les dará certificación de la hora exacta en que se le hizo la entrega.
El original será remitido inmediatamente por los delegados a la otra parte afectada por la cuestión susceptible de provocar el conflicto.
En ese mismo pliego indicarán el nombre de una persona, la cual debe reunir los requisitos indicados en este título, para que integre el tribunal de conciliación.
Desde el momento de la entrega del pliego de peticiones, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que ninguna de las partes pueda tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el ejercicio de sus derechos. Quien infrinja esta disposición será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en este título, según la importancia de las represalias tomadas y el número de las personas afectadas por estas, y satisfacer los daños y perjuicios que cause.
A partir del momento a que se refiere este artículo, toda terminación de contratos de trabajo debe ser autorizada por el órgano que conoce del conflicto, según el procedimiento previsto en este mismo Código para otorgar autorizaciones.
Lo dispuesto en este artículo será aplicable durante la conciliación, el arbitraje, la huelga o el procedimiento, en el caso de convención colectiva fracasada.
El pliego que se presente expondrá claramente en qué consisten las peticiones y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de personas trabajadoras o de empleadoras que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan servicios, el nombre y el apellido de los delegados y la fecha.
En el mismo pliego de peticiones los interesados señalarán para notificaciones de la forma establecida en la legislación sobre notificaciones.
El órgano conciliador, de forma inmediata, excluirá las cuestiones constitutivas de conflictos jurídicos que según este Código no se puedan tratar en esta vía y notificará a la otra parte, por todos los medios a su alcance, que debe nombrar, dentro de tres días, una delegación de la forma prevista en la primera norma de esta sección, así como la persona que propone como conciliadora. Asimismo, en la resolución inicial le advertirá que debe cumplir lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.
Los señalamientos de notificaciones que haga la parte serán válidos para los delegados propuestos.
En el caso de que el órgano conciliador estime que el pliego contiene algún defecto deberá prevenir a la parte solicitante la subsanación, en un plazo máximo de cinco días.
El empleador, la empleadora o su representante legal con facultades suficientes para obligarlo pueden actuar personalmente y no por medio de delegados, lo cual deberá hacerlo saber al órgano conciliador.
El tribunal de conciliación estará integrado por los conciliadores propuestos por las partes y será presidido por la persona titular del respectivo despacho, por el funcionario competente del Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o por el conciliador privado seleccionado por las partes. Durante el período de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del órgano conciliador, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase, y cada una de las partes podrá designar hasta tres asesores, para que les ayuden a cumplir mejor su cometido, pero su presencia no será requisito para realizar válidamente la conciliación.
El órgano conciliador convocará a los interesados o las delegaciones a una comparecencia, que se verificará en un plazo de ocho a quince días, según la complejidad del pliego, con absoluta preferencia a cualquier otro asunto.
Dicho órgano podrá constituirse en el lugar del conflicto, si lo considera necesario.
Antes de la hora señalada para la comparecencia, el órgano conciliador oirá separadamente a los interesados o delegados de cada parte, y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan.
Una vez que hayan determinado bien las pretensiones de las partes, en un acta lacónica hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efectos de proponerles los medios o las bases generales del arreglo que su prudencia le dicte.
Es obligación de los interesados o delegados asistir a las convocatorias que realice el órgano. La parte empleadora tiene el deber de presentar a los delegados que haya designado. Cuando no se presenten todos los delegados de alguna de las partes, la actividad podrá realizarse válidamente con el número que se haya presentado, siempre y cuando ambas partes tengan delegados o haya representación de la empleadora cuando no actúe por medio de delegados.
Si la conciliación no se pudiera llevar a cabo por ausencia injustificada de los delegados o del empleador, empleadora o de su representante en su caso u omisión en el nombramiento de las personas que debe designar como conciliadoras en el plazo indicado en el artículo 622, el conciliador levantará un acta en la cual dejará constancia de la razón por la cual no se llevó a cabo la actividad y dará por terminada su actuación, y se tendrá, para todos los efectos, por agotada la etapa de la conciliación.
La omisión en el nombramiento de personas conciliadoras en los plazos establecidos en este Código, la inasistencia injustificada a la diligencia de conciliación y cualquier otra conducta tendiente a obstaculizarla constituirá una infracción punible con multa de cinco a ocho salarios base mensuales. Para establecerla se tomará en cuenta la condición de la persona de empleadora o de trabajadora y se aplicará lo dispuesto en los títulos sétimo y el presente.
En la misma resolución en que se dé por concluido el procedimiento conciliatorio, el órgano ordenará que se libre un testimonio de piezas para que se inicie el respectivo proceso sancionador.
Se absolverá a los denunciados y se ordenará el archivo del expediente, cuando se demuestren motivos justos que impidieron de forma absoluta la asistencia.
Si hubiera arreglo se dará por terminado el conflicto y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el órgano. La parte que se niegue a firmar el convenio será sancionada con una multa que se fijará con base en la escala mayor de la tabla contenida en el artículo 398; para fijar la multa se tomará en cuenta la situación económica derivada de la condición de las partes como empleadoras o trabajadoras.
Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el arreglo conciliatorio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también podrá optar por pedir a los tribunales de trabajo la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen.
Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenido en someter la disputa a arbitraje, el órgano levantará un informe cuya copia remitirá al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o este, en su caso, conservará. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo; además, determinará cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron, y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado.
El informe señalado en el artículo anterior o, en su caso, el arreglo conciliatorio será firmado por el conciliador o los conciliadores y todos los demás comparecientes.
Si los delegados convinieran en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Si hubiera un arreglo conciliatorio parcial, el sometimiento al arbitraje procederá únicamente sobre los puntos no convenidos en el proceso de conciliación, por lo que el laudo incorporará como parte integral el arreglo conciliatorio.
En ningún caso los procedimientos de conciliación podrán durar más de veinte días hábiles, contados a partir del momento en que haya quedado legalmente constituido el órgano de conciliación.
No obstante lo anterior, dicho órgano podrá ampliar este plazo hasta por el tiempo que las partes convengan de común acuerdo. Salvo que se acuerde dicha ampliación, al vencimiento del plazo se tendrá de pleno derecho por definitivamente agotado el procedimiento de conciliación. En tal caso, el órgano conciliador deberá elaborar el informe indicado en el artículo 630, en un término perentorio de cuarenta y ocho horas.
En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, el órgano dará por formalmente concluido el procedimiento y los trabajadores y las trabajadoras gozarán de un plazo de veinte días para declarar la huelga. Este término correrá a partir del día siguiente a aquel en que quede notificada la resolución final del procedimiento de calificación, cuando ellos hayan solicitado la calificación previa. Igual regla rige para los empleadores o las empleadoras, pero el plazo se comenzará a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artículo 388.
Procedimiento de arbitraje
SECCIÓN IV
El procedimiento de arbitraje se realizará en el mismo expediente de la conciliación, donde conste el compromiso arbitral, con los mismos delegados o interesados que intervinieron, pero, antes de que los interesados sometan la resolución de una cuestión que pueda generar huelga o paro al respectivo tribunal de arbitraje, deberán reanudar los trabajos o las actividades que se hubieran suspendido, lo cual deberá acreditarse al juzgado por cualquier medio. El arbitraje será judicial, pero, si existiera acuerdo entre las partes, alternativamente podrá constituirse como órgano arbitral al funcionario competente del Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del centro de arbitraje autorizado que se escoja. Si el arbitraje fuera judicial y la etapa conciliatoria se hubiera agotado administrativamente, el respectivo expediente deberá ser remitido al juzgado competente.
La reanudación de labores se hará en las mismas condiciones existentes en el momento en que se presentó el pliego de peticiones a que se refiere el artículo 620, o en cualesquiera otras más favorables para los trabajadores y trabajadoras.
Valdrá para el arbitraje el señalamiento de medio o lugar para notificaciones hecho en la conciliación.
Dentro de los ocho días siguientes a la terminación de la conciliación, cada una de las partes designará a una persona como árbitro o árbitra.
El arbitramento deberá ser de derecho en los asuntos en que intervengan las administraciones públicas.
Las reglas del párrafo anterior y las siguientes de esta sección se aplicarán también a aquellos casos en que se prohíbe la huelga o el paro y es obligatorio el arbitraje.
El tribunal de arbitraje estará constituido por las dos personas propuestas al efecto por las partes interesadas y por la persona titular del juzgado de trabajo, funcionario administrativo competente o del centro de arbitraje elegido, en su caso, quien lo presidirá. Recibida la comunicación, se dará traslado a los delegados o a la parte acerca de la integración del tribunal por tres días, para que formulen las recusaciones y excepciones dilatorias que crean de su derecho. Transcurrido ese término, no podrá abrirse más discusión sobre dichos extremos, ni aun cuando se trate de incompetencia por razones de jurisdicción. Quedan a salvo las recusaciones que se interpongan en segunda instancia.
Antes de que venza la referida audiencia, los miembros del tribunal que tengan motivo de impedimento o causal de excusa y conozcan uno u otra harán forzosamente la manifestación escrita correspondiente, bajo pena de destitución si no la hicieran o la hicieran con posterioridad.
El proceso se substanciará por el sistema de audiencias orales, de acuerdo con lo dispuesto en este mismo Código.
Una vez resueltas las cuestiones que se hubieran planteado y hechas las sustituciones del caso, el tribunal de arbitraje oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias y harán uso de las facultades de investigación que le otorga este Código; interrogará personalmente a los empleadores o empleadoras y a los trabajadores o trabajadoras en conflicto, sobre los asuntos que juzgue necesario aclarar; de oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias probatorias que estime convenientes y, especialmente, procurará hacerse asesorar por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o bien, por expertos sobre las diversas materias sometidas a su resolución. No tendrán recurso sus autos o providencias.
Los honorarios de estos últimos los cubrirá el Poder Judicial o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según sea el caso.
Si alguna de las partes no hiciera oportunamente la designación de la persona que arbitrará o no depositara los honorarios que se hubieran fijado para la persona por ella propuesta, cuando le corresponda asumirlos, la persona titular del juzgado de trabajo se constituirá de pleno derecho, sin necesidad de resolución expresa, en árbitro o árbitra unipersonal.
La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho, de las que importen reivindicaciones económico-sociales que la ley no imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, el tribunal de arbitraje podrá resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo, total o parcialmente, lo pedido o inclusive modificando su formulación.
Corresponderá preferentemente la fijación de los puntos de hecho a los representantes de las partes empleadoras y trabajadoras y la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo o al funcionario administrativo competente, según sea el caso, pero, si aquellos no lograran ponerse de acuerdo, decidirá la discordia quien presida o coordine el tribunal.
Se dejará constancia por separado en el fallo de las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro y de las omisiones o defectos que se notan en la ley o en los reglamentos aplicables.
El fallo arbitral judicial podrá ser recurrido por las partes ante el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea), con invocación, de forma puntual, de los agravios que este último órgano debe resolver. Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia para que varíe esta atribución de competencia, cuando las circunstancias lo ameriten.
El tribunal dictará sentencia definitiva dentro de los quince días siguientes al recibo de los autos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual deberá evacuarse antes de doce días.
La sentencia extrajudicial tendrá los recursos que determine la Ley N.° 7727, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, RAC, de 9 de diciembre de 1977, y sus reformas, que serán conocidos por la sala de casación en materia laboral.
La sentencia arbitral será obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no podrá ser inferior de dos años.
Las partes pueden pedir al respectivo juzgado de trabajo la ejecución de los extremos líquidos o liquidables, por los trámites de la ejecución de sentencia previstos en este mismo Código.
La parte que se niegue a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada conforme a lo establecido en el artículo 401.
Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral no podrán plantearse los procedimientos de solución de conflictos económicos y sociales a que se refiere este Código sobre las materias que dieron origen al juicio, a menos que el alza del costo de la vida, la baja del valor del colón u otros factores análogos, que los tribunales de trabajo apreciarán en cada oportunidad, alteren sensiblemente las condiciones económico sociales vigentes en el momento de dictar la sentencia.
De todo fallo arbitral firme se enviará copia certificada a la Inspección General de Trabajo.
Procedimiento en el caso de iniciativas de convención colectiva fracasadas
SECCIÓN V
Para la celebración de las convenciones se estará a lo dispuesto en el título segundo de este Código.
Transcurrido el plazo de treinta días, a que se refiere el inciso d) del artículo 56, sin que hubiera acuerdo pleno, la resolución del punto o puntos en discordia se hará mediante el procedimiento regulado en este capítulo, con las particularidades señaladas en esta sección. Si finaliza la etapa de conciliación sin llegar a arreglo, se podrá acudir a la huelga o al paro, o bien, si hubiera acuerdo entre las partes, someter el conflicto al arbitraje. También se podrá acudir directamente al arbitraje, sin necesidad de agotar la fase conciliatoria, si hubiera consentimiento de las partes.
En cualquiera de los supuestos antes indicados, la parte interesada tendrá quince días hábiles para solicitar la intervención del órgano conciliador o arbitral, según sea lo pactado entre las partes.
Se tendrá como base el pliego de peticiones presentado para la discusión, del cual deberá acompañarse una copia con la solicitud inicial. Además, en esa misma petición se indicará el nombre de la persona que fungirá como conciliadora o árbitra de la parte, según sea el caso, y de sus delegados o delegadas y se señalará lugar o medio para notificaciones. En todo lo demás que resulte pertinente se aplicará lo dispuesto en este capítulo.
El respectivo órgano pondrá la solicitud a conocimiento de la otra parte interesada y le prevendrá que dentro de tres días indique el nombre de la persona que actuará como su conciliadora o árbitra y de los delegados o delegadas, así como señalar lugar o medio para notificaciones.
Se aplicarán en lo pertinente las disposiciones de la sección anterior, inclusive en cuanto a los efectos de la omisión de nombrar la persona que arbitrará o de depositar los honorarios fijados.
Si la desavenencia fuera solo parcial, lo que se acuerde ante el órgano conciliador o resuelva el órgano arbitral se considerará como parte de la convención, la cual entrará en vigencia según lo establecido en ella, o bien, conforme a lo dispuesto en el arreglo conciliatorio o laudo arbitral, según sea el caso.
de conciliación y de arbitraje
SECCIÓN VI
Disposiciones comunes a los procedimientos
Las personas que propongan los interesados como conciliadoras o árbitras deberán ser mayores de veinticinco años, saber leer y escribir, ser de buena conducta, ciudadanos en ejercicio y encontrarse libres de las causales de excusa o inhibitoria previstas para los jueces.
Las personas indicadas en el artículo anterior devengarán, por cada sesión que celebren, una dieta calculada de acuerdo con el salario base de juez conciliador. Los honorarios del arbitraje y la conciliación a cargo de la parte trabajadora los cubrirá el Estado. La parte empleadora asumirá el costo de los que proponga. En uno y otro caso, los emolumentos deberán depositarse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le notifique la respectiva prevención, salvo que el interesado releve, dentro de ese mismo término, de forma expresa, a la parte del depósito, lo cual hará bajo su responsabilidad.
La fijación la hará el órgano respectivo de forma prudencial, una vez recibidas las respectivas comunicaciones, calculando, moderada y prudencialmente, el tiempo que consumirán las audiencias necesarias para la substanciación del proceso.
No obstante lo indicado en el párrafo primero, los honorarios de los conciliadores y árbitros de los trabajadores o las trabajadoras podrán ser cubiertos con el producto del Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se crea por esta ley, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento que se dicte.
Quienes funjan como árbitros o árbitras no deberán rendir caución y, una vez aceptado, el cargo será obligatorio y compatible con cualquier otro empleo, salvo el caso de prohibiciones o limitaciones que resulten de la ley para los servidores públicos.
Los órganos de conciliación y de arbitraje tienen la más amplia facultad para obtener de las partes todos los datos e informes necesarios para el desempeño de su cometido, los que no podrán divulgar sin previa autorización de quien los haya dado. La infracción a esta disposición será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el libro de las contravenciones del Código Penal (divulgación de documentos secretos que no afecten la seguridad nacional).
Cada litigante queda obligado, bajo el apercibimiento de tener por ciertas y eficaces las afirmaciones correspondientes de la otra parte, a facilitar por todos los medios a su alcance la realización de estas investigaciones.
También, los miembros de esos órganos podrán visitar y examinar los lugares de trabajo, exigir de todas las autoridades, comisiones técnicas, instituciones y personas, la contestación de los cuestionarios o preguntas que crean conveniente formularles para el mejor esclarecimiento de las causas del conflicto. El entorpecimiento o la negativa de ayuda podrá ser sancionada según lo dispuesto en el libro de las contravenciones del Código Penal (falta de ayuda a la autoridad).
Toda diligencia que practiquen los órganos de conciliación y arbitraje se extenderá por escrito en el acto mismo de llevarse a cabo y será firmada, previa lectura, por sus miembros y las personas que han intervenido en ella, y deberán mencionarse el lugar, la hora y el día de la práctica, el nombre de las personas que asistieron y demás indicaciones pertinentes.
Se anotarán las observaciones de los asistentes sobre la exactitud de lo consignado y, cuando alguno rehúse firmar, se pondrá razón del motivo que alegue para no hacerlo.
Quienes presidan o coordinen los órganos de conciliación y de arbitraje tendrán facultades para notificar y citar a las partes o a los delegados de estas por medio de las autoridades judiciales, de policía o de trabajo, de telegramas y cualquier otra forma que las circunstancias y su buen criterio les indique como segura. Estas diligencias no estarán sujetas a más formalidad que la constancia que se pondrá en autos de haber sido realizadas y, salvo prueba fehaciente en contrario, se tendrán por auténticas.
Los órganos de conciliación y de arbitraje apreciarán las pruebas que ordenen según las reglas dispuestas en este mismo Código.
Las deliberaciones de los conciliadores y de los tribunales de arbitraje serán secretas. La presidencia hará señalamiento para recibir las votaciones. El voto de quien preside se tendrá como doble en los casos en que no hubiera mayoría de votos conformes.
La redacción de todas las resoluciones corresponderá siempre, en el caso de órganos colegiados, a quien lo preside.
En los procesos a que se refiere este capítulo, cada una de las partes asumirá todos los gastos legales que demande su tramitación, excepto en el arbitraje, si en el laudo se establece lo contrario.
Se autoriza el funcionamiento de centros privados de conciliación laboral, los cuales deberán ser autorizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la reglamentación que al efecto se dicte.
Calificación de los movimientos huelguísticos y de paro
CAPÍTULO DECIMOCUARTO
Podrá ser objeto de calificación, para establecer su legalidad o ilegalidad, tanto el movimiento de huelga o de paro sobre el que hubiera fracasado el procedimiento de conciliación, como cualquier otro movimiento realizado en el sector privado o público, al margen de ese procedimiento, que implique una u otra cosa.
Podrá pedir la calificación el sindicato o los sindicatos, la coalición de trabajadores o el patrono o los patronos directamente involucrados en la huelga.
La calificación debe pedirse en cualquier tiempo mientras subsista la huelga o el paro, salvo lo dispuesto en la oración final del artículo 384.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 668, solo podrá intentarse un único proceso de calificación por el mismo movimiento o hechos, siempre que se trate de un mismo empleador o empleadora, aunque tenga lugar en todo el territorio nacional o en determinadas regiones, sin perjuicio de que si se produjera únicamente en un centro de trabajo se circunscribirá la calificación a ese centro.
En la solicitud inicial se indicará lo siguiente:
Se tendrá como contradictor en el proceso a la respectiva organización sindical o la coalición de trabajadores nombrada al efecto y, en su caso, al empleador o los empleadores. Las organizaciones sindicales y los empleadores serán notificados de acuerdo con la Ley N.° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008. A las personas representantes de los trabajadores o las trabajadoras o los delegados electos se les deberá notificar personalmente. A todos se les advertirá de su derecho de apersonarse al proceso dentro del tercer día alegando lo que sea de su interés, ofrecer la prueba pertinente y presenciar y participar en la recepción de las pruebas ofrecidas, y se les prevendrá señalar lugar o medio para notificaciones, con las implicaciones que la negativa puede tener.
Si hubiera dificultad para practicar la notificación se dejará constancia en el expediente de la situación y se llevará a cabo mediante una publicación en uno de los periódicos de circulación nacional.
Las pruebas deben referirse únicamente a los requisitos legales necesarios para la calificación y a los hechos relacionados con ellos. Deberán rendirse en audiencia oral sumarísima, salvo la documental, si la hubiera, y la constatación del apoyo al movimiento, la cual deberá hacerse, cuando así se pidiera, con intervención de un juez o jueza, en votación secreta, conforme a lo establecido en los artículos 371, 377 y 381 según corresponda.
En el caso de la calificación previa, la constatación del apoyo se hará mediante la certificación del resultado de la asamblea general del sindicato o sindicatos respectivos, o bien, por medio de las actas de votación, según sea el caso.
La constatación de otros hechos relevantes en el sitio lo hará el juez sumariamente de manera inmediata. Si fuera necesario, en casos muy calificados, podrá auxiliarlo en la práctica otro juez o jueza del mismo despacho o el que se designe.
Para efectos de la constatación del apoyo se tendrán como trabajadores o trabajadoras de la empresa las personas que hubieran sido despedidas del trabajo sin autorización después de iniciado el procedimiento de conciliación y no se computarán como tales los trabajadores indicados en el artículo 382.
Las autoridades policiales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrán obligación de colaborar con los órganos jurisdiccionales, cuando estos así lo soliciten.
El órgano jurisdiccional solo admitirá las pruebas que sean estrictamente necesarias y rechazará las que resulten repetidas, abundantes o impertinentes. En la práctica de la audiencia podrá posponer la recepción de ciertas probanzas y trasladar la continuación de la audiencia a otro sitio o lugar, si fuera necesario. Al disponerlo lo advertirá así a las partes de forma clara, de esto se dejará constancia en el acta. Igualmente, rechazará toda probanza que no conduzca a la comprobación de los requisitos o hechos indicados en el artículo trasanterior.
La persona titular del juzgado tomará todas las providencias para que el proceso no sufra atraso, le dará total prioridad y asumirá personalmente la vigilancia y el control necesarios para la eficiencia de los actos que lo integran.
Cuando no hubiera prueba que deba recibirse en audiencia, la sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la substanciación de los autos. En el caso contrario, se estará a lo dispuesto para el dictado de la sentencia en el proceso con audiencia, pero el plazo máximo para el dictado de la sentencia será igualmente de tres días.
Durante la tramitación del proceso no será admisible ninguna apelación. Únicamente la sentencia será recurrible para ante el tribunal de apelaciones de trabajo de la respectiva circunscripción territorial, que deberá resolver en el plazo de cinco días. Lo resuelto en definitiva no será revisable en ningún otro procedimiento. Es aplicable a este proceso lo dispuesto sobre la apelación reservada contra las resoluciones que denieguen nulidades o rechacen pruebas.
Lo fallado hace estado sobre la legalidad del movimiento o hechos discutidos en el proceso, según las causas o los motivos que sirvieron de base. El cambio de esas causas o motivos que posteriormente pueda llegarse a operar podrá ser objeto de un nuevo proceso de calificación, si en ello hubiera interés.
De toda sentencia de calificación se enviará copia a la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Juzgamiento de las infracciones a las leyes de trabajo o de previsión social
CAPÍTULO DECIMOQUINTO
El procedimiento para juzgar las infracciones contra las leyes de trabajo y de previsión social tendrá naturaleza sancionatoria laboral y deberá iniciarse mediante acusación. Están legitimados para accionar las personas o instituciones públicas perjudicadas, las organizaciones de protección de las personas trabajadoras y sindicales, y las autoridades de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Cuando los particulares o cualquier autoridad sean conocedores de eventuales infracciones a dichas leyes, lo pondrán a conocimiento de las instituciones afectadas y de las citadas autoridades, para lo que proceda.
La autoridad judicial que hubiera hecho una denuncia tendrá impedimento para conocer de la causa que pueda llegar a establecerse.
Tienen obligación de acusar, sin que por ello incurran en responsabilidad de ningún tipo, las autoridades administrativas de trabajo que en el ejercicio de sus funciones tuvieran conocimiento de alguna de dichas infracciones.
El acusador se tendrá como parte en el proceso, para todos los efectos.
Únicamente para las autoridades administrativas de trabajo será necesario agotar los procedimientos de inspección administrativos, para interponer la respectiva acción ante el tribunal de trabajo competente.
La acusación deberá presentarse de forma escrita, ante el órgano jurisdiccional competente y cumplirá los siguientes requisitos:
Si la acusación no estuviera en forma se prevendrá la subsanación que corresponda y se le dará al asunto el mismo tratamiento previsto para esos casos en el proceso ordinario.
Si la acusación estuviera en forma, el juzgado dictará una resolución con el siguiente contenido:
Cuando para algún acto procesal fuera necesario citar a alguna persona, la autoridad judicial ordenará su citación mediante carta certificada, telegrama con aviso de entrega, teléfono o cualquier otro medio que garantice la autenticidad del mensaje, en la que se le advertirá que si la orden no se obedece, la persona podrá ser conducida por la Fuerza Pública.
Cuando la parte acusada no provee su defensa, esta le será suministrada por la asistencia social, pero deberá cubrir el costo, si no reúne los requisitos para recibir esa asistencia de forma gratuita.
En la primera fase de la audiencia se procurará una solución conciliada, procurando el acuerdo entre las partes. Tal solución solo será promovida cuando el posible arreglo no implique una infracción a las disposiciones de trabajo y de previsión social, y los acuerdos solo serán válidos y homologables si no son contrarios a derechos irrenunciables de las partes o en cualquier otra forma violatorios de dichas disposiciones.
En cuanto a los efectos y la ejecución del acuerdo, se estará a lo dispuesto en este título. Los hechos que sirvieron de sustento a la acusación no podrán invocarse nuevamente como causa de infracción.
Cuando el intento de conciliación fracase así como en los casos en que no procede ese trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 667, se continuará con la segunda fase de la audiencia.
De inmediato se le leerán al acusado los cargos que se le imputan y se le oirá. Si los acepta se dictará sentencia sin más trámite.
En el caso contrario, de seguido se le dará la palabra a las partes acusadora y acusada, y se recibirán las pruebas admitidas; finalmente, previo alegato de conclusiones, se dictará y notificará la sentencia, en la forma y los términos previstos para el acto de la audiencia del proceso ordinario.
Se podrá prorrogar la audiencia, según lo previsto en ese mismo proceso, para recibir prueba complementaria o para mejor proveer que disponga el juzgado, de oficio o a pedido de alguna de las partes.
Cuando el presunto infractor no se presente voluntariamente a la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas en la acusación y se dictará sentencia sin más trámite.
Las organizaciones sociales y, en general, las personas jurídicas a cuyo nombre se realizó la actuación reputada como infractora de las leyes de trabajo y seguridad social serán citadas, por medio de sus representantes, como responsables directas de las faltas y eventuales responsables solidarias de las resultas económicas del proceso, en los términos señalados en el artículo 399.
La sentencia condenatoria ineludiblemente contendrá:
En este procedimiento solo serán apelables las resoluciones que ordenen el rechazo de plano o el archivo del últimos supuestos se tendrán como reservadas y solo serán tomadas en cuenta según está previsto en este Código.
La sentencia produce cosa juzgada material y será recurrible para ante el tribunal de apelaciones de trabajo.
En materia de medios de impugnación y recursos se estará en un todo a lo dispuesto en este Código, pero la sentencia del juzgado será revisada integralmente por el órgano de apelación, a cuyo efecto las partes podrán ofrecer las pruebas de su interés, cuya admisibilidad valorará el tribunal, las cuales se restringirán a los temas que son materia o contenido de agravios invocados en el recurso. Cuando proceda se evacuarán en audiencia. La sentencia de segunda instancia se dictará en la misma forma y los términos previstos para la sentencia del proceso ordinario.
Las multas se cancelarán en uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, a la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en una cuenta que el banco indicará al efecto. Dicho monto se incluirá en el presupuesto nacional de la República, para que se gire a favor de dicho Ministerio el que, a su vez, lo distribuirá en la siguiente forma:
Si la multa no fuera pagada oportunamente, la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo podrá gestionar en el proceso, por el trámite de apremio patrimonial, el pago de esta. También se le considerará legitimada para promover el embargo y remate de bienes, en el caso de que no hubiera figurado como parte en la fase anterior del proceso, así como para gestionar en cualquier otra vía de ejecución.
La revisión de las sentencias condenatorias por infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social se regirá, en lo pertinente, por lo que al respecto dispone el artículo 601.
De toda sentencia firme que se dicte en materia de faltas o infracciones reguladas en este título se remitirá, obligatoriamente, por medios electrónicos y en un plazo de quince días, copia literal a la Inspección General de Trabajo y también a la respectiva institución de seguridad social, cuando verse sobre infracciones a las leyes sobre los seguros que administra, salvo que haya figurado como parte en el proceso.
En cuanto sean compatibles, supletoriamente se aplicarán las disposiciones establecidas sobre infracciones y sanciones administrativas en la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, y en la Ley N.° 8508, Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril de 2006.
RÉGIMEN LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO Y DE SUS INSTITUCIONES
TÍTULO UNDÉCIMO
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Trabajadora del Estado, de sus instituciones u órganos, es toda persona que preste a aquel o a estos un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fue expedido por autoridad o funcionario competente o en virtud de un contrato de trabajo en los casos regidos por el derecho privado.
Los servidores de naturaleza pública se rigen por las normas estatutarias correspondientes, leyes especiales y normas reglamentarias aplicables y por este Código, en todo lo no contemplado en esas otras disposiciones. Las relaciones con las personas trabajadoras en régimen privado se regirán por el derecho laboral común y disposiciones conexas, salvo que la ley disponga otra cosa. También, podrán aplicarse conciliaciones, convenciones colectivas y laudos, siempre y cuando se concluyan o dicten con respeto a lo dispuesto en este Código y las limitaciones que resulten de este título.
El concepto del artículo anterior comprende, en cuanto al pago de prestaciones que prevén los artículos 28, 29 y 31, en su caso, a todos los servidores públicos, con las excepciones que resulten de este Código y de leyes o disposiciones especiales.
En particular se excluyen de dicho pago:
Las personas exceptuadas en el artículo anterior no se regirán por las disposiciones de este Código, sino únicamente por las que establezcan leyes, decretos o acuerdos especiales. Sin embargo, a excepción de las personas que ocupen cargos de elección popular, tendrán derecho al pago de cesantía si se jubilaran o pensionaran, o fallecieran en el cargo con derecho jubilatorio, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales. El pago de la cesantía procederá, en estos casos, cuando el beneficio de pensión se adquiere por primera vez.
En el caso de haber causa justificada para el despido, los servidores indicados en el artículo inicial de este título no tendrán derecho a las indemnizaciones señaladas, con las excepciones que admitan leyes especiales, reglamentos autónomos de trabajo o acuerdos colectivos concluidos conforme a lo dispuesto en este Código. La causa justificada se calificará y determinará de conformidad con los artículos 81 y 369 de este Código y de acuerdo con lo que sobre el particular dispongan las leyes, relativas a las dependencias del Estado en que laboren dichos servidores, y los reglamentos u otras normas cuando establezcan condiciones más beneficiosas para las personas trabajadoras.
Los procesos disciplinarios pendientes contra un servidor público que renuncie o se jubile deberán continuar y se suspenderá el pago de la cesantía que pudiera corresponderle, la cual solo se hará efectiva cuando se declare la improcedencia del despido sin responsabilidad para la parte empleadora.
Los servidores públicos que reciban auxilio de cesantía no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida por dicho concepto o bajo otro título, por indemnización, reconocimiento de antigüedad o cualquier otra prestación similar pagada por la parte empleadora que se origine en la terminación de la relación de servicio, a excepción de los fondos de capitalización laboral. Si dentro de ese lapso llegaran a aceptar algún cargo quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas recibidas y deducirán aquellas que representen los salarios que hubieran devengado durante el tiempo en que permanecieron cesantes.
La Procuraduría General de la República, cuando se trate del Estado, o el representante legal de los demás entes públicos, con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado que pagó, procederá al cobro de las sumas que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición establecida en el párrafo anterior, con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas correspondientes. Tales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo por el monto resultante de la liquidación que haga la administración.
Las personas trabajadoras a que se refiere el artículo inicial de este título, que no tengan derecho de estabilidad en sus puestos de trabajo, solo podrán ser despedidas sin justa causa, expidiéndoles simultáneamente la orden de pago de las prestaciones que les corresponda. El acuerdo de despido y la orden de pago deberán publicarse en la misma fecha en el diario oficial La Gaceta.
Solución de los conflictos económicos y sociales y de las convenciones colectivas en el sector público
Ámbito subjetivo y objetivo
CAPÍTULO SEGUNDO
SECCIÓN I
Serán válidos las conciliaciones y los laudos arbitrales para la solución de los conflictos económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, así como las convenciones colectivas, siempre y cuando se ajusten a las siguientes disposiciones.
Todas las personas trabajadoras de dicho sector tienen derecho a una solución negociada o arbitrada, salvo:
Con las limitaciones a que se hará referencia, pueden ser objeto de solución en la forma dicha, las siguientes materias:
Requisitos de validez
SECCIÓN II
Se excluyen en forma automática de las ventajas de cualquier naturaleza que puedan derivarse de convenciones colectivas, acuerdos conciliatorios, arbitrajes y cualquier convenio de solución de un conflicto de carácter económico y social, ya sea por inclusión o referencia expresa o indirecta, los servidores públicos indicados en los artículos 683 y 689.
Queda también expresamente prohibido hacer ajustes técnicos en aplicación de cualquier instrumento colectivo, en beneficio directo o indirecto de los servidores indicados.
Asimismo, queda absolutamente prohibido dispensar o excepcionar leyes o reglamentos vigentes, debidamente promulgados, por medio de los mecanismos de solución.
Es entendido que cuando se trate de erogaciones que afecten el presupuesto nacional o el de una institución o empresa en particular, las decisiones que se emitan por las jerarquías y los órganos arbitrales deben sujetarse no solo a las restricciones que resultan de esta normativa, sino también a las normas constitucionales en materia de aprobación de presupuestos públicos, las que en caso de haber sido irrespetadas implicarán la nulidad absoluta de lo dispuesto.
El arbitraje no será de conciencia sino de derecho y los respectivos tribunales arbitrales deberán estar integrados por profesionales en derecho, exclusivamente, y ubicados en sede judicial.
No podrá formar parte de las delegaciones que intervengan en representación de la empleadora ninguna persona que pueda recibir real o potencialmente algún beneficio de la convención colectiva que se firme. Igualmente, existirá impedimento si el resultado pudiera beneficiar a su cónyuge, compañero, compañera o conviviente o a sus parientes, según lo indicado en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley N.° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004.
Las convenciones y los acuerdos que se adopten en una negociación colectiva de cualquier tipo, con servidores en régimen de empleo público, quedarán sujetos, para su validez y eficacia, a la aprobación del órgano jerárquico de la institución o empresa con competencia para obligarla, previa constatación de los límites y requisitos de validez.
El respectivo acto debe emitirse dentro del mes siguiente al acuerdo.
La no aprobación del acuerdo por la Administración no constituye una infracción sancionable por la vía represiva.
Tratándose de normas que por su naturaleza o su afectación del principio de legalidad presupuestario requieran aprobación legislativa o reglamentaria, su eficacia quedará condicionada a la inclusión en la ley de presupuesto o en los reglamentos respectivos, lo mismo que a la aprobación por parte de la Contraloría General de la República, cuando afecte los presupuestos de las instituciones, cuyos presupuestos ordinarios y extraordinarios o modificaciones presupuestarias requieran aprobación de esta última entidad. En todo caso, los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y al efecto las administraciones emitirán los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y descentralizado.
Negociación colectiva en el sector público
Legitimación para negociar
CAPÍTULO TERCERO
SECCIÓN I
Se encuentran legitimados para negociar y suscribir convenciones colectivas, de conformidad con esta normativa, los sindicatos que demuestren tener la mayor cantidad de afiliados en cada institución, empresa o dependencia de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de este Código.
Si no hubiera acuerdo entre ellos, para negociar en forma conjunta, la convención colectiva se celebrará con el sindicato que tenga la mayor cantidad de afiliados. No obstante, en el caso de los sindicatos gremiales o de oficio, cuando no hubiera acuerdo de su parte para negociar en conjunto con otras organizaciones, cada uno podrá solicitar que se celebre una negociación independiente con él, en cuyo caso la convención colectiva solamente podrá cubrir a las personas de ese gremio u oficio. En caso de que se deba determinar cuál es el sindicato más representativo dentro de una pluralidad de sindicatos, el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo certificará. Para ese propósito realizará en el centro de trabajo un estudio de la membresía de cada uno de los sindicatos interesados, mediante la revisión de las planillas y los reportes de afiliación debidamente entregados ante el Departamento. El estudio se hará con base en los datos que consten en el momento en que se hizo la solicitud de la negociación. Esta certificación tendrá un período de vigencia de un año, transcurrido el cual cualquier sindicato existente en la unidad de negociación podrá pedir una revisión del estudio. Dicho Departamento tendrá quince días hábiles para realizar el estudio correspondiente.
En el caso de convenciones colectivas que vayan a regir en más de una empresa o institución, podrán participar de la negociación todos aquellos sindicatos con afiliación en al menos una de las empresas o instituciones del sector, ya sea que se trate de sindicatos gremiales, industriales o de empresa, siempre y cuando alcancen una filiación debidamente certificada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de al menos un veinte por ciento (20%) del total de sindicalizados de alguna de las empresas o instituciones del sector comprendido en la negociación.
El número de negociadores será acreditado ante la institución o las empresas que participen de la negociación en proporción a la afiliación sindical total que tengan los sindicatos del sector en su conjunto, se asignará en la mesa negociadora una persona como representante sindical por cada mil trabajadores o trabajadoras afiliados en el sector, en cuyo caso tendrá derecho a contar al menos con un representante sindical. Las decisiones de la representación de los trabajadores y trabajadoras se tomarán bajo el criterio de un voto por cada representante sindical y atenderán a la voluntad de la mayoría simple de los votos escrutados en cada votación que sea necesaria.
Las empresas, instituciones o dependencias del Estado que se dispongan a negociar y suscribir una convención colectiva deberán acreditar una delegación del más alto nivel, escogida por el órgano de mayor jerarquía. A tal efecto, las empresas, instituciones y dependencias podrán incluso, si lo consideran necesario, contratar personal profesional externo para integrar o asesorar las delegaciones que aquí se mencionan.
En el caso de negociaciones por sector, en que intervengan varias instituciones o empresas, el Poder Ejecutivo designará a los representantes de la delegación de la parte empleadora. Las decisiones de esta parte se tomarán por mayoría simple de votos para cada votación que sea necesaria, en las cuales cada persona tendrá un voto.
En caso de conflicto en la determinación de la organización u organizaciones sindicales legitimadas para negociar y suscribir una convención colectiva, el jerarca de las instituciones o cualquiera de las organizaciones sindicales involucradas podrá solicitar, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hacer la designación correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 y las disposiciones de este capítulo.
Procedimiento negocial
SECCIÓN II
Una vez determinada en firme la legitimación de la organización u organizaciones sindicales facultadas para negociar y presentado formalmente ante cada institución o dependencia un proyecto de convención colectiva, se procederá a la escogencia y el apoderamiento de la comisión que representará a la parte empleadora, a que se refiere la sección anterior. El plazo para hacer dicha designación no podrá extenderse más allá de quince días naturales, contado a partir de la fecha en que queden cumplidos los requisitos a que se refiere este artículo.
Los sindicatos deberán acreditar dentro del mismo plazo a las personas que los representarán y este número no podrá ser superior al conjunto de la delegación patronal.
En el caso de convenciones colectivas por sector, que involucren a más de una institución o empresa, la acreditación se hará conforme a las reglas establecidas en el artículo 697, para lo cual deberá solicitarse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que haga una determinación previa del número total de sindicalizados del conjunto de instituciones o empresas, del porcentaje de sindicalizados que tiene cada sindicato en dichas instituciones o empresas, individualmente consideradas, y del número de afiliados que tiene cada sindicato participante en el conjunto del sector involucrado.
Cuando existan varias organizaciones sindicales en la mesa de negociación y cada una de ellas haya remitido su propio proyecto de convención colectiva, se les solicitará elaborar un proyecto unitario previo a la negociación. Si en un plazo de un mes natural, contado a partir de la prevención que les hará el jerarca de la respectiva institución o empresa, no hubieran cumplido el requisito aquí establecido, se tendrá como proyecto a negociar aquel que haya presentado el sindicato mayoritario, si la negociación es en una sola empresa o negociación, o el proyecto que respalde la mayoría de representantes sindicales, si se tratara de una negociación por sector.
Es entendido que cualquiera de las partes que intervengan en la negociación, o ambas en conjunto, podrán solicitar la intervención, como buen componedor, de uno o varios funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin que la solicitud que se haga a dicho Ministerio sea obligatoria para este cuando carezca de recursos suficientes para atender la negociación.
La negociación abarcará todos los aspectos y extremos del proyecto que se haya formulado a la administración o administraciones y deberá levantarse un acta de cada sesión de trabajo, la cual firmarán los representantes de ambas partes.
Además de las actas individuales de cada sesión, al final del proceso negociador se levantará un acta de cierre en la que se recogerá el texto completo de las cláusulas que fueron negociadas y donde se indicará cuáles cláusulas del proyecto fueron desechadas o no pudieron negociarse por falta de acuerdo acerca de ellas.
Lo convenido en forma definitiva en la mesa negociadora, una vez aprobado por la Administración, será válido entre las partes y tendrá una vigencia de uno a tres años, según ellas mismas lo determinen. La aprobación por parte de la Administración deberá efectuarse en un plazo máximo de un mes. Si dicha aprobación no se produce en ese plazo, la negociación se entenderá por definitivamente aprobada por la Administración y una copia de lo negociado en firme se enviará por cualquiera de las partes a la Dirección General de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su depósito; además, deberá ser publicado en el diario oficial La Gaceta, sin costo alguno para las partes. Podrá señalarse la vigencia de cada norma en forma individual, o de la convención colectiva en forma integral.
Conciliación, arbitraje y huelga en el sector público
CAPÍTULO CUARTO
El procedimiento de conciliación que involucre a servidores del Estado en cualquiera de los regímenes se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en este Código, con las modificaciones que resulten de las siguientes reglas especiales:
Es potestativo para la Administración y sus servidores someter la solución de los conflictos económicos y sociales a arbitraje, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en este mismo Código, con las excepciones y limitaciones que se establecen en este capítulo.
Las personas trabajadoras, cualquiera que sea su régimen, con impedimento para declararse en huelga por laborar en servicios esenciales, fracasada la conciliación, tienen derecho a someter la solución del conflicto económico y social a arbitramento, en la forma, los términos y las condiciones indicadas en esta normativa.
Durante la huelga declarada pueden realizarse arreglos o convenios tendientes a la solución del conflicto en forma directa, los cuales deben respetar el ordenamiento en la forma indicada en este título.
Es aplicable en el sector público, en relación con sus servidores, en régimen privado y público de empleo, el arbitramento obligatorio en el supuesto de la huelga legal agotada.
Todo movimiento de huelga en el sector público debe ejecutarse con respeto de lo dispuesto en los capítulos primero y tercero del título sexto del Código de Trabajo.
Efectos de las convenciones colectivas en el sector público
CAPÍTULO QUINTO
Las convenciones colectivas que se negocien y se firmen conforme a lo dispuesto en este título tendrán los efectos que señalan el artículo 62 de la Constitución Política y los artículos 54 y 55 de este Código.
En el caso de normas que por su naturaleza y su afectación del principio de legalidad presupuestario requieran aprobación legislativa, la eficacia de lo negociado quedará sujeta a la inclusión en la respectiva ley de presupuesto general de la República o extraordinario que se promulguen. La autoridad pública no podrá utilizar sus prerrogativas en materia financiera en perjuicio de lo convenido.
Tratándose de la administración descentralizada deberán incluirse las modificaciones presupuestarias correspondientes en el plazo de tres meses. Si este plazo es incumplido, la parte interesada podrá enviar la comunicación pertinente a la Contraloría General de la República, para que no se ejecute ningún trámite de aprobación ni modificación respecto de los presupuestos de la administración pública respectiva, hasta tanto no se incluya la partida presupuestaria correspondiente.
Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y sin perjuicio de las reservas específicas que allí se formulan, las normas de una convención colectiva válida y eficaz serán de acatamiento obligatorio para las partes que la suscriban y para todos los trabajadores actuales y futuros de la institución, empresa o centro de trabajo, y podrá exigirse judicialmente su cumplimiento o, en su caso, el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios por su incumplimiento, tanto a favor de las personas trabajadoras afectadas, como de las organizaciones sindicales perjudicadas, según se trate.
Lo dispuesto en una convención colectiva firmada con arreglo a las normas de este título solamente podrá ser anulado cuando en vía judicial se declare una nulidad evidente y manifiesta, de acuerdo con la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, o por medio del proceso de lesividad, atendido a cuestiones de forma en la formación de la voluntad de las partes o cuando se hubieran violado normas legales o reglamentarias de carácter prohibitivo."
Se reforman las siguientes disposiciones:
"Artículo 35.- A la expiración de todo contrato de trabajo, la parte empleadora, a solicitud del trabajador o trabajadora, deberá darle un certificado que exprese:
Si el trabajador o trabajadora lo desea, el certificado determinará también:
Si la expiración del contrato obedece a destitución por falta atribuida a la persona trabajadora, la entrega de la carta de despido será obligatoria; en ella se deben describir, de forma puntual, detallada y clara, el hecho o los hechos en que se funda el despido. La entrega se hará personalmente, en el acto del despido y deberá documentarse el recibido. Si el trabajador o la trabajadora se negara a recibirla, la entrega deberá hacerla la parte empleadora a la oficina del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social de la localidad y, si esta no existe, se entregará o enviará a la oficina más cercana de ese Ministerio por correo certificado, lo cual deberá hacer a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes al despido. Los hechos causales señalados en la carta de despido serán los únicos que se puedan alegar judicialmente, si se presentara contención." "Artículo 85.- [...]
Para el pago de las prestaciones indicadas se estará al procedimiento en el título décimo de este mismo Código." "Artículo 94 bis.- La trabajadora embarazada o en período de lactancia, que fuera despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juzgado de trabajo su reinstalación inmediata, con pleno goce de todos sus derechos, mediante el procedimiento establecido en el título décimo de este Código.
La trabajadora podrá optar por la reinstalación, en cuyo caso el empleador o la empleadora deberán pagarle, además de la indemnización a que tenga derecho y en concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de preparto y posparto, y los salarios que hubiera dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo.
Si se tratara de una trabajadora en período de lactancia tendrá derecho, además de la cesantía y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario." "Artículo 303.- Los reclamos por riesgos de trabajo se tramitarán ante el juzgado competente y según el procedimiento indicado en el título décimo de este Código." "Artículo 309.- Las faltas e infracciones que disponen esta ley y sus reglamentos, y cuyas sanciones no estén expresamente contempladas en normas especiales, independientemente de la responsabilidad que acarreen al infractor, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el título sétimo de este Código.
Se impondrá al empleador o empleadora una multa de acuerdo con lo previsto en el artículo 398 de este Código, en los siguientes casos.
[.]
Se impondrá una multa de acuerdo con lo señalado en el artículo 398 a la persona trabajadora de cualquier ministerio o institución, municipalidad u otro organismo integrante de la Administración Pública que autorice la celebración de actos, contratos o trabajos en contravención de las disposiciones de este título o de sus reglamentos." b) De la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, el inciso 2) del artículo 55 y los artículos 98, 109, y 116. Los textos son los siguientes:
"Artículo 55.- [...]
[...]" "Artículo 98.- Los tribunales de apelación conocerán:
"Artículo 112.- 1) El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la Administración y sus servidores públicos.
La Corte Suprema de Justicia mantendrá o creará oportunamente, como parte del mismo tribunal, las secciones que sean necesarias para atender adecuadamente el volumen de trabajo.
Entrarán en funcionamiento cuando, a juicio de la Corte Suprema de Justicia, el volumen de trabajo así lo amerite. La Corte queda facultada para hacer atribuciones de competencia a los tribunales actualmente existentes, creando, si fuera necesario, secciones especializadas para la materia laboral.
En Alajuela: en Grecia, San Ramón y San Carlos. En Cartago: en Turrialba. En Heredia: en San Joaquín de Flores. En Guanacaste: en Liberia, Cañas, Santa Cruz y Nicoya. En Limón: en Pococí. En Puntarenas: en Aguirre, Golfito y Corredores. Esos despachos entrarán en funciones en el momento en que sea necesario, según lo determine la Corte Suprema de Justicia y tendrán la competencia territorial que esta les asigne.
El Fondo se formará con:
Los productos del Fondo se destinarán:
Queda prohibido variar ese destino.
Se regulará, por la vía de reglamento, lo relativo a la administración, prioridad y oportunidad en que se aplicarán los productos y todo lo concerniente al funcionamiento del Fondo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Se faculta a la Corte Suprema de Justicia para mantener o crear, cuando ello sea necesario, las plazas de judicatura que se requieran para continuar atendiendo de manera exclusiva los procesos anteriores a la presente reforma que deban continuarse substanciando con la normativa que se deroga.
Los derechos y las acciones derivados de hechos acaecidos antes de su vigencia se regirán por las disposiciones legales vigentes en el momento en que se dieron, en armonía con lo dispuesto en la sentencia de la Sala Constitucional N.° 5969 de las 15 y 21 horas, de 16 de noviembre de 1993, aclarada mediante resolución de las 14 y 32 horas, de 7 de junio de 1994.
La Corte Suprema de Justicia queda facultada para la reorganización que se requiera, para disponer la clasificación de los puestos y el traslado horizontal o en ascenso del personal que, como resultado de la reestructuración, no sea necesario en esos despachos, sin perjuicio de sus derechos laborales. Continuarán conociendo de los asuntos pendientes, aplicando la ley derogada, pero de forma unipersonal, según distribución equitativa que se hará, hasta su finalización.
Para establecer la reubicación se tomará en cuenta la fecha de los nombramientos, se aplicará en primer término a los de más reciente designación. Deberán ser tomados en cuenta para llenar las plazas vacantes que se produzcan en el futuro en el Tribunal de Apelaciones, lo que se hará de acuerdo con las mejores calificaciones en el escalafón del sistema de carrera judicial.
La presente ley rige dieciocho meses después de su publicación.
Dado en el Museo Histórico Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, San José, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil dieciséis.
Document not found. Documento no encontrado.