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Res. 00739-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · 14/08/2020
OutcomeResultado
The case is remanded to the Public Prosecutor's Office to re-evaluate the facts according to reform Law 9837, which transformed the contravention under Article 378 of the General Health Law into an administrative infraction, and to issue the corresponding requisition.Se remiten los autos al Ministerio Público para que analice nuevamente los hechos conforme la reforma de la Ley 9837, que transformó la contravención del artículo 378 de la Ley General de Salud en una infracción administrativa, y realice la requisitoria correspondiente.
SummaryResumen
The Sentencing Appeals Court resolved a jurisdictional conflict between the Criminal Court and the Contraventional Court of Garabito regarding a case where an American surfer was found surfing at Playa Hermosa on March 28, 2020, in violation of the health order prohibiting beach visits during the COVID-19 pandemic. The court held that the facts described do not constitute the crime under Article 277 of the Penal Code, nor the contravention under Article 378 of the General Health Law in its original version, because Law No. 9837 of April 3, 2020 transformed said contravention into an administrative infraction. Based on prior case law on apparent concurrence of norms, the court concluded that the conduct falls under Article 378 of the General Health Law (now an administrative infraction), discarding the application of criminal types for disobedience and propagation of an epidemic. The case is remanded to the Public Prosecutor's Office to re-evaluate the facts and issue the appropriate requisition according to the new legal classification.El Tribunal de Apelación de Sentencia resolvió un conflicto de competencia entre el Juzgado Penal y el Juzgado Contravencional de Garabito por un caso donde un surfista norteamericano fue encontrado surfeando en Playa Hermosa el 28 de marzo de 2020, en violación de la orden sanitaria que prohibía visitar playas por la pandemia de COVID-19. El tribunal determinó que los hechos descritos no constituyen ni el delito del artículo 277 del Código Penal, ni la contravención del artículo 378 de la Ley General de Salud en su versión original, porque mediante la Ley N°9837 del 3 de abril de 2020 esta última fue transformada en una infracción administrativa. Con base en jurisprudencia previa sobre el concurso aparente de normas, el tribunal concluyó que la conducta se subsume en el artículo 378 de la Ley General de Salud (ahora falta administrativa), descartando la aplicación de los tipos penales de desobediencia y propagación de epidemia. Se remiten los autos al Ministerio Público para que realice la requisitoria correspondiente según la nueva calificación jurídica.
Key excerptExtracto clave
From the preceding regulations it follows that through this legal reform, the contravention foreseen in Article 378 of the General Health Law was transformed from a criminal contravention into an administrative infraction, with the Ministry of Health being responsible for the administrative procedure and collection of the fine. Hence the Contraventional Judge of Garabito is correct when referring to this issue; the error incurred by the Public Prosecutor's Office, the Criminal Judge of Garabito, and the Contraventional Judge of said locality is ignoring that by virtue of Law No. 9837, the facts contained in the report supporting this investigation would not constitute a criminal contravention, nor would they configure the criminal types under Articles 277 and 314 of the Penal Code. Therefore, what should have been evaluated was the appropriateness by the Public Prosecutor's Office of a different requisition, analyzing the criminal nature or not of such conduct, rather than requesting dismissal on jurisdictional grounds, and much less filing a jurisdictional conflict before this Chamber.De la anterior normativa se desprende que mediante esta reforma de Ley se transformó la contravención prevista en el artículo 378 de la Ley General de Salud, de una contravención de carácter penal, a una infracción administrativa, siendo el Ministerio de Salud, el encargado del procedimiento administrativo y el cobro de la multa. De ahí que lleve razón el Juez Contravencional de Garabito cuando hace alusión a este tema, el error en el que han incurrido tanto el Ministerio Público, como el Juez Penal de Garabito, como el Juez Contravencional de dicha localidad, es desconocer que mediante la reforma de la Ley número 9837, los hechos contenidos en el informe que sustenta esta investigación no serían constitutivos de una contravención de carácter penal, así como tampoco configurarían los tipos penales de los artículos 277 y 314 del Código Penal, por ende, lo que se debió evaluar era la procedencia por parte del Ministerio Público de una requisitoria diferente, en la que se analizara la tipicidad o no de dicha delincuencia, y no peticionar una incompetencia por razones de materia, y mucho menos haberse planteado un conflicto de competencia ante esta Cámara.
Pull quotesCitas destacadas
"De la anterior normativa se desprende que mediante esta reforma de Ley se transformó la contravención prevista en el artículo 378 de la Ley General de Salud, de una contravención de carácter penal, a una infracción administrativa, siendo el Ministerio de Salud, el encargado del procedimiento administrativo y el cobro de la multa."
"From the preceding regulations it follows that through this legal reform, the contravention foreseen in Article 378 of the General Health Law was transformed from a criminal contravention into an administrative infraction, with the Ministry of Health being responsible for the administrative procedure and collection of the fine."
Considerando IV
"De la anterior normativa se desprende que mediante esta reforma de Ley se transformó la contravención prevista en el artículo 378 de la Ley General de Salud, de una contravención de carácter penal, a una infracción administrativa, siendo el Ministerio de Salud, el encargado del procedimiento administrativo y el cobro de la multa."
Considerando IV
"el error en el que han incurrido tanto el Ministerio Público, como el Juez Penal de Garabito, como el Juez Contravencional de dicha localidad, es desconocer que mediante la reforma de la Ley número 9837, los hechos contenidos en el informe que sustenta esta investigación no serían constitutivos de una contravención de carácter penal, así como tampoco configurarían los tipos penales de los artículos 277 y 314 del Código Penal"
"the error incurred by the Public Prosecutor's Office, the Criminal Judge of Garabito, and the Contraventional Judge of said locality is ignoring that by virtue of Law No. 9837, the facts contained in the report supporting this investigation would not constitute a criminal contravention, nor would they configure the criminal types under Articles 277 and 314 of the Penal Code"
Considerando IV
"el error en el que han incurrido tanto el Ministerio Público, como el Juez Penal de Garabito, como el Juez Contravencional de dicha localidad, es desconocer que mediante la reforma de la Ley número 9837, los hechos contenidos en el informe que sustenta esta investigación no serían constitutivos de una contravención de carácter penal, así como tampoco configurarían los tipos penales de los artículos 277 y 314 del Código Penal"
Considerando IV
"Al amparo del bien jurídico tutelado y según las circunstancias específicas del caso juzgado, se tiene que la norma que mejor describe la conducta ilícita es la contenida en el artículo 378 de la Ley General de Salud."
"Under the protected legal interest and according to the specific circumstances of the case, the norm that best describes the illicit conduct is that contained in Article 378 of the General Health Law."
Considerando IV (cita de voto 2017-262)
"Al amparo del bien jurídico tutelado y según las circunstancias específicas del caso juzgado, se tiene que la norma que mejor describe la conducta ilícita es la contenida en el artículo 378 de la Ley General de Salud."
Considerando IV (cita de voto 2017-262)
"en el caso bajo examen, ni siquiera existe indicio alguno de que el imputado tuviera la intención de propagar una epidemia, ya que se desconoce si era portador de la enfermedad Covid-19, por ello, la norma que más se ajusta a los hechos denunciados es la prevista en el numeral 378 de la Ley General de Salud."
"in the case under review, there is not even any indication that the accused had the intention to propagate an epidemic, since it is unknown if he was a carrier of the Covid-19 disease; therefore, the norm that best fits the reported facts is that foreseen in numeral 378 of the General Health Law."
Considerando IV
"en el caso bajo examen, ni siquiera existe indicio alguno de que el imputado tuviera la intención de propagar una epidemia, ya que se desconoce si era portador de la enfermedad Covid-19, por ello, la norma que más se ajusta a los hechos denunciados es la prevista en el numeral 378 de la Ley General de Salud."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
JUDICIAL BRANCH SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN ___________________________________________________________________________________________ Case File: 20-000189-0645-PE Resolution: 2020-00739 SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, FIRST SECTION. San Ramón, at eleven thirty-five hours on the fourteenth of August, two thousand twenty.
Having reviewed the conflict of jurisdiction (conflicto de competencia) filed by the Contraventional Court of Garabito, it is resolved; Drafted by Sentence Appeals Judge Escalante Moncada; and,
WHEREAS:
I.Facts under investigation. The accused [Name1], on March 28, 2020, at Playa Hermosa in front of Hotel Terrazas, was surfing after several calls made by the administrative police for him to leave the beach, due to the health restriction that prohibited visiting the country's beaches because of the national emergency of Covid-19.
II.The police report is submitted to the Prosecutor's Office of Garabito, an entity that files a request for lack of jurisdiction, considering that the act described in the police report would constitute the contravention under Article 378 of the General Health Law (Ley General de Salud) and not the crime provided for in numeral 277 of the Penal Code (Código Penal).
III.The Criminal Judge of Garabito, through a resolution issued orally at sixteen twenty-one hours on May fourteenth, two thousand twenty, ordered to decline jurisdiction, considering that the acts described in case number 20-000189-0645-PE constitute a Contravention of the General Health Law. To support his position, the Criminal Judge indicated that in this case, the defendant cannot have the intent (dolo) provided for in numeral 277 of the Penal Code to spread a disease or epidemic if he does not have the disease, and the American professional surfer defendant has not been diagnosed with the disease, so the protected legal interest of public health was not put at risk. In addition, there was no personal notification made to the defendant under the requirements established by case law, which has determined that this type of notification must exist for the crime of disobedience to be established. He considered that what is being investigated is that the defendant violated a generalized order prohibiting visits to beaches, which constitutes the contravention provided for in Article 378 of the General Health Law. Based on these arguments, the criminal authority referred the proceedings to the Contraventional Court of that locality.
III.For its part, the Contraventional Court of Garabito disagrees with the legal opinion of the Criminal Judge and files before this Chamber the conflict of jurisdiction, expressing its arguments through a resolution issued at eight hours and seven minutes on July third, two thousand twenty, which are summarized as follows: In this case, Article 277 of the Penal Code is applicable, because it involves a criminal conduct whose legal interest is health, insofar as it seeks to prevent the introduction or spread of an epidemic. It adds that, although the criminal norm of Article 277 is a blank criminal statute (tipo penal en blanco), it must be supplemented with the relevant regulations issued by the health authority regarding the health order not to use Costa Rican beaches. It adds that Article 378 of the General Health Law was reformed by Article 1 of Law No. 9837 of April 3, 2020, which added numeral 378 bis to the General Health Law, transforming the contravention provided for in numeral 378 into an administrative infraction, and that the Ministry of Health must inform the Office of the Attorney General of the Republic of the breach of health measures imposed by the competent authority, for the purpose of determining if the act constitutes a crime.
It adds that upon analyzing the substantive norm, it is evident that the legislator, through the enactment of Article two hundred seventy-seven (277) of the Penal Code, previously indicated, intended to protect public health, and that the disagreement regarding the legal classification lies in the incorrect application of the analysis methodology for the criminal statute, due to the descriptive elements of the statute in this norm, since it is a crime in which the active subject can be any person, who, in accordance with the normative elements of the statute, must be subject to a measure established by law or a competent authority, as well as one aimed at preventing the introduction or spread of an epidemic, and that by making a referral to the measures established by law, as well as measures established by a competent authority, it is evident that this is a blank criminal statute, and therefore one must resort to other laws to give content to the description of the criminal statute.
It considers that a correct interpretation of the facts and of the norm of Article 277 of the Penal Code would allow one to conclude that, in this case, it is a crime and not a contravention. It notes that the acting officers state that their action is based on Executive Decree 42221-S, so it can be determined that it is a regulatory source of a lower rank than the law, which came into effect upon its publication, which was duly published in Gazette number 49, Supplement 42 on the twelfth (12th) of March, two thousand twenty (2020); it is an order issued by the Executive Branch through its direct representative, the President of the Republic, and by the Ministry of Health, which are issued due to the activation of protocols to address the international sanitary epidemiological alert for the outbreak of the novel coronavirus. It concludes that the prohibited conduct is contemplated within this decree, so since it is evident that the recreational activity of going to the beach is an event that tends toward mass gatherings, it is clear that the decree prohibits the action carried out by Mr. [Name1], a criterion supported by the order or measure imposed through an administrative act documented in resolution number DR-RM-0820-2020.
IV.On the merits of the conflict raised. Having reviewed the proceedings, as well as the arguments put forth by both jurisdictional authorities, this Appeals Chamber considers that, in this case, it was inappropriate to raise a conflict of jurisdiction for the following reasons. As noted in the first Whereas clause of this ruling, the act reported by the administrative police consisted of the violation of the general health order issued by the Executive Branch, which prohibited visiting Costa Rican beaches due to the declaration of national emergency decreed on the occasion of the Covid-19 pandemic facing the country. This event occurred on March 28, 2020. At that time, the General Health Law established the following: ARTICLE 378.- Anyone failing to comply with the special or general orders or measures issued by the health authorities shall suffer a penalty of five to thirty days' fine, if the act does not constitute a crime." On the occasion of this criminal statute and the potential apparent concurrence of norms (concurso aparente de normas) with other criminal statutes, this Sentence Appeals Court, in ruling number 2017-262 at 9:16 a.m. on April 18, 2017, had indicated, where relevant, the following: "On this particular matter, and after conducting an analysis of the General Health Law, this Chamber concludes the following: Articles 340 and 341 of the General Health Law establish that the health authority is empowered to issue orders to prevent or avoid risks or damages to health.
Additionally, article 349 of the law in question establishes: 'The officials of the Ministry who hold inspection positions and have been especially commissioned for the verification of infractions of this law or its regulations shall have the character of health authority; they shall have public faith regarding the complaints filed against natural or legal persons for acts or deeds involving a violation of such provisions or that constitute a crime. Quarantine Inspectors shall also have this same character.' From the above articles, it is clearly derived that health inspectors who have been commissioned to verify infractions of health regulations have the character of public authority and in such capacity are empowered to issue general or special orders to prevent or avoid harm to people's health. Likewise, Article 356 of the law in question establishes the actions that the health authority may execute or order when issuing a health order.
Similarly, articles 357 to 365 of said special law detail the scope and actions that a health authority may execute or order when issuing an order of this type. (...) Where the appellant is correct is regarding the criminality (tipicidad) of the facts deemed proven. In the judgment, the trial judge considered that the failure to comply with the health order constituted the crime of disobedience to authority contemplated in Article 314 of the Penal Code, discarding the application of Article 378 of the General Health Law. In this regard, it must be noted that the legal reasoning contained in the judgment on this point is insufficient, as the judge merely indicated that it was not feasible to apply the contravention contained in numeral 378 of the General Health Law, since the proven conduct constituted a crime. This examination is insufficient because, in this case, what needed to be analyzed was whether an apparent concurrence of norms exists between the conduct contained in Article 314 of the Penal Code and the contravention established in Article 378 of the General Health Law.
The apparent concurrence of norms is regulated in Article 23 of the Penal Code, which accordingly indicates: 'when the same conduct is described in several legal provisions that are mutually exclusive, only one of them shall be applied, as follows: the special norm prevails over the general one, the norm that entirely contains the other is preferred over the latter, and that which the law has not expressly or tacitly subordinated to another is applied instead of the accessory one.' Now, Article 314 of the Penal Code establishes: 'Prison from six months to three years shall be imposed on anyone who fails to comply or fails to enforce, in all its terms, an order issued by a jurisdictional body or by a public official in the exercise of their functions, provided it has been communicated personally, except when it concerns the person's own detention.' For its part, Article 378 of the General Health Law establishes: 'Anyone failing to comply with the special or general orders or measures issued by the health authorities shall suffer a penalty of five to thirty days' fine, if the act does not constitute a crime.' The examination of these two provisions allows one to conclude that in both norms the described action refers to the act of failing to comply with an order issued by a public official.
However, Article 378 of the General Health Law has several specializing elements in relation to the conduct described in numeral 314 of the Penal Code. Article 378 possesses several normative elements that differentiate it from Article 314 of the Penal Code. For example, Article 378 of the General Health Law describes the failure to comply with a special or general order issued by a health authority. That is, this type of order cannot be issued by just any public official, but only by those vested with the character of health authority. Additionally, the conduct contained in Article 378 of the General Health Law directs the prohibited action towards those persons to whom a health order has been given; that is, it is not just any type of order issued by a public official, but an order that seeks to prevent or avoid harm to people's health or the environment. As previously indicated, in this Chamber's opinion, what the trial judge should have analyzed was whether it was a case of apparent concurrence of norms, which is regulated in Article 23 of the Penal Code.
In that legal analysis, one of the principles to apply when faced with a concurrence of this nature is the principle of speciality. According to doctrine, this principle exists 'when a criminal statute regulates in a special and more precise manner, through the addition of other elements, the factual situation that another criminal statute regulates in a general manner. Or, put another way, speciality exists when a criminal statute has all the elements of another criminal statute, from which it is differentiated because it contains at least one additional special element' (CASTILLO GONZALEZ Francisco. Criminal Law. General Part. Volume 3. San José. Continental. 2010 pp 586-587). From the above it follows that, according to the principle of speciality, the more specific criminal statute prevails over the more general one. In the case under examination, the more specific criminal statute is the one contemplated in the General Health Law, which must prevail over the general statute provided for in Article 314 of the Penal Code.
Similarly, it is necessary to mention that the General Health Law is a special norm, and was enacted after the Penal Code. In this regard, the Penal Code was published in Gazette number 257 of November 15, 1970, but came into force on November 15, 1971. For its part, the General Health Law was published in Gazette number 222 of November 24, 1973, but came into force on February 24, 1974. Additionally, although the criminal statute contained in the current numeral 314 of the Penal Code was reformed by Law number 8720 of March 4, 2009, the truth is that both in its original version of 1970 and in the current one, the sanctioned conduct is the same: the failure to comply with an order issued by a public official. Finally, it must be noted that both legal precepts have public authority as their protected legal interest. However, it can be added that Article 378 of the General Health Law is more specific to the case examined, because said norm also protects another legal interest, namely, health and the environment, since the health orders issued by said public authority within the framework of its competencies are intended to prevent or avoid harm to people's health or the environment.
Therefore, under the protected legal interest and according to the specific circumstances of the judged case, the norm that best describes the illicit conduct is the one contained in Article 378 of the General Health Law. Lastly, although the norm of Article 378 of the General Health Law indicates that this statutory description applies if the act does not constitute a crime, this legislative technique does not imply a legal subordination of the norm contained in the special Law in relation to the criminal statute of Article 314 of the Penal Code. As has been analyzed in this ruling, upon enacting the General Health Law, the legislator created a normative statute that contains a statutory description more suitable to the conduct judged in the case under examination. Additionally, if a legal subordination of the general norm over the special norm were accepted, this would mean an implicit non-application of the legal precept contained in the General Health Law in all cases where a health order is violated.
On the other hand, although the legislative technique used in the special norm is a contradiction, the function of judges is limited to applying the Law in each specific case, and in this particular matter, it is clear that the proven action is described in the two different criminal figures, so it is the criterion of this Sentence Appeals Court that the determination of which norm to apply must be governed by the criteria of speciality and the general principles of Criminal Law referenced above." The arguments made there regarding the application of the criminal statute of Article 378 of the General Health Law are entirely applicable regarding the potential apparent concurrence of norms that exists between Article 277 of the Penal Code and the special norm of the General Health Law. In this regard, the criminal statute of the Penal Code states: "Article 277.- Anyone who violates the measures imposed by law or by the competent authorities to prevent the introduction or spread of an epidemic shall be punished with imprisonment from one to three years, or from fifty to two hundred days' fine, and anyone who violates the measures imposed by law or by the competent authorities to prevent the introduction or spread of an epizootic disease or a plant plague shall be punished with imprisonment from one to six months or from twenty to one hundred days' fine." Having analyzed this criminal statute in comparison with the one contained in Article 378 of the General Health Law, the norm provided for in the General Health Law is the one applicable to cases like the present one, because the latter contains other elements of criminality that, by speciality, displace the application of the norm provided for in Article 277 of the Penal Code, as already noted in the transcribed jurisprudential citation.
Note even that, in the case under examination, there is not even any indication that the defendant had the intention of spreading an epidemic, since it is unknown whether he was a carrier of the Covid-19 disease; therefore, the norm that best fits the reported facts is the one provided for in numeral 378 of the General Health Law. This position has also been expressed by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice in rulings numbers 2019-1545 and 2019-1550. Now, having defined the issue of the prevalence of Article 378 of the General Health Law, it is necessary to rule on the legislative reform that took place in the General Health Law. In this sense, since its enactment, Article 378 stated: "- Anyone failing to comply with the special or general orders or measures issued by the health authorities shall suffer a penalty of five to thirty days' fine, if the act does not constitute a crime." This norm established the criminality of a contravention, the adjudication of which falls to the Contraventional Courts by provision of Article 117, as they are the competent bodies to hear contraventions provided for in the Penal Code and in special laws.
However, this normative landscape changed with the enactment of Law number 9837 of April 3, 2020, published in Gazette number 70 of April 4, 2020, which modified Article 378 of the General Health Law and added an Article 378 bis, whose texts read: ARTICLE 1- Article 378 of Law 5395, General Health Law, of October 30, 1973, is reformed. The text is as follows: Article 378- Anyone failing to comply with the special or general orders or measures issued by the health authorities shall be subject to a fixed fine of one base salary, provided the act does not constitute a crime. In the event that the non-compliance refers to the isolation measure indicated in Article 365 of this law, the following gradation shall apply: a) For a person with risk factors for a serious condition from a contagious disease, who is subject to an isolation order, a fixed fine of one base salary. b) For a person suspected of a contagious disease or one who, even without presenting evident symptoms or signs of said disease, is subject to an isolation order because they are a close contact of a causal agent of the disease, a fixed fine of three base salaries. c) For a person who has been medically or clinically diagnosed with a contagious disease, a fixed fine of five base salaries.
The denomination of base salary corresponds to the provision in Article 2 of Law 7337, Creates the Base Salary Concept for Special Crimes of the Penal Code, of May 5, 1993. Excluded from the application of the fines corresponding to numeral 365 of this law are those persons who, by virtue of a state of necessity, must leave their place of isolation; those persons in a street situation, and any other that must be assessed by the competent authority. The terms of application of these exceptions shall be established in the regulation of this law. ARTICLE 2- Article 378 bis is added to Law 5395, General Health Law, of October 30, 1973. The text is as follows: Article 378 bis- The sanctions established in Article 378 of this law shall be applied by the health authority. For these purposes, the offender must be notified by means of a sanitary report, granting them a period of twenty working days to proceed with the payment of the fine.
Against the sanitary report, an appeal may be filed before the Minister of Health within three working days following its notification. The appeal must be processed within a maximum period of three working days, and the resolution must be notified through the electronic means enabled for said purposes. The offender's signature shall be proof of the notification of the sanitary report. If the offender cannot or refuses to sign the sanitary report, the health authority shall leave a written record of this situation in the report, and the act shall be deemed notified. The fines must be paid at banks of the National Banking System by deposit in favor of the Government of the Republic, according to the procedure defined by the Ministry of Finance for these purposes. The sums collected shall be remitted to a special account in the single treasury of the State, which shall be administered by the Ministry of Health, to fulfill the functions indicated in this law and address the national emergency situations that arise.
To this end, the Ministry of Health must prepare the corresponding budgets for the obligations and activities imposed on it by this law. In the event that the fine is not paid within the indicated period, the following procedure shall apply: a) If the offender is the owner of an establishment with sanitary authorization or sanitary operating permit, the temporary revocation thereof shall apply, in accordance with the provisions of Article 364 of this law. Furthermore, for the lifting of the temporary revocation measure, they must pay the fine and fully adopt the ordered health measures. The foregoing shall apply without prejudice to the liabilities derived from the provisions of Article 384 of this law. b) If the person violating an isolation measure holds a driver's license, the Ministry of Health shall request the Road Safety Council (Consejo de Seguridad Vial, Cosevi) to provisionally annotate the fine on the person's driver's license, which must also include any interest incurred up to its effective payment. c) In the event that the application of subsections a) and b) above is not applicable, upon non-payment of the fines indicated in numeral 378 of this law, the Ministry of Health shall proceed with the corresponding administrative collection.
The Ministry of Health must inform the Office of the Attorney General of the Republic of the breach of the health measures imposed by the competent authority, to determine if the act constitutes a crime." (the highlighting is supplied). From the above regulations, it is clear that through this reform of the Law, the contravention provided for in Article 378 of the General Health Law was transformed from a penal contravention into an administrative infraction, with the Ministry of Health being responsible for the administrative procedure and the collection of the fine. Hence, the Contraventional Judge of Garabito is correct when alluding to this matter. The error in which both the Public Prosecutor's Office and the Criminal Judge of Garabito, as well as the Contraventional Judge of that locality, have incurred, is failing to recognize that through the reform of Law number 9837, the acts contained in the report supporting this investigation would not constitute a penal contravention, nor would they configure the criminal statutes of Articles 277 and 314 of the Penal Code.
Therefore, what should have been evaluated was the appropriateness by the Public Prosecutor's Office of a different requisitory motion, in which the criminality or not of said conduct was analyzed, and not to request a lack of jurisdiction for reasons of subject matter, much less to have raised a conflict of jurisdiction before this Chamber. Consequently, for the reasons expressed above, it is ordered that the proceedings be sent to the Public Prosecutor's Office of Garabito, so that, based on the considerations expressed herein, they may analyze the facts again and issue the respective requisitory motion.
THEREFORE:
For the reasons stated above, it is ordered that the proceedings be sent to the Public Prosecutor's Office of Garabito, so that, based on the considerations expressed herein, they may analyze the facts again and issue the respective requisitory motion. Let it be notified.
Adriana Escalante Moncada Francisco Lemus Víquez José Asdrúbal Quirós Pereira Sentence Appeals Judges Case File No. 20-000189-0645-PE Against: [Name1] Crime: Resistance Victim: The public authority angie
PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...]@ Fax: 24569029 ___________________________________________________________________________________________ Res: 2020-00739 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las once horas treinta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil veinte.
Visto el conflicto de competencia que interpone el Juzgado Contravencional de Garabito, se resuelve; Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Escalante Moncada; y,
CONSIDERANDO:
I.Hechos investigados. El encartado [Nombre1] , en fecha 28 de marzo del 2020, en Playa Hermosa frente a Hotel Terrazas se encontraba surfeando luego de varios llamados que le realizara la policía administrativa para que saliera de la playa, debido a la restricción sanitaria que prohibía visitar las playas del país por la emergencia nacional de Covid-19.
II.El informe policial ingresa a la Fiscalía de Garabito, ente que gestiona solicitud de incompetencia al estimar que el hecho descrito en el informe policial constituiría la contravención del artículo 378 de la Ley General de Salud y no ante el delito previsto en el numeral 277 del Código Penal.
III.El Juez Penal de Garabito mediante resolución emitida en forma oral a las dieciséis horas veintiuno minutos del catorce de mayo del dos mil veinte, dispuso declararse incompetente, por considerar que los hechos descritos en la causa número 20-000189-0645-PE, constituyen una Contravención a la Ley General de Salud. Para sustentar su postura el Juez Penal indicó que en este caso, el imputado no puede tener el dolo previsto en el numeral 277 del Código Penal de que va propagar una enfermedad o epidemia si este no cuenta con la enfermedad, y el imputado norteamericano surfista profesional no ha sido diagnosticado de la enfermedad, por lo que el bien jurídico tutelado salud pública no se puso en riesgo, además de eso no hubo una notificación personal realizada al imputado bajo los requerimientos que la jurisprudencia, la cual ha fijado que para que se establezca el delito de desobediencia debe existir este tipo de notificación. Estimó que lo que se investiga es que el imputado incumplió una orden generalizada de visitar playas lo que constituye la contravención prevista en el artículo 378 de la Ley General de Salud. Con base en esos argumentos la autoridad penal, remitió los autos a conocimiento del Juzgado Contravencional de esa localidad.
III.Por su parte, el Juez Contravencional de Garabito, discrepa del criterio jurídico del Juez Penal e interpone ante esta Cámara el conflicto de competencia, expresando mediante resolución de las ocho horas y siete minutos del tres de julio de dos mil veinte sus argumentos, los cuales se sintetizan de la siguiente manera: En este caso es aplicable el artículo 277 del Código Penal, porque se está ante una conducta delictiva que tiene como bien jurídico la salud, en el tanto se procura evitar el ingreso o propagación de una epidemia. Añade que, si bien la norma penal del artículo 277 es un tipo penal en blanco, este debe ser integrado con la normativa pertinente emitida por la autoridad de salud, en cuanto a la orden sanitaria para no utilizar las playas costarricenses. Agrega que, el artículo 378 de la Ley General de Salud, fue reformado mediante el artículo el artículo 1° de la ley N° 9837 del 3 de abril del 2020, que adicionó el numeral 378 bis de la Ley General de Salud, que transformó la contravención prevista en el numeral 378 en una falta administrativa, y que el Ministerio de Salud deberá poner a conocimiento de la Fiscalía General de la República el incumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por la autoridad competente, a efectos de determinar si el hecho constituye un delito.
Añade que al analizar la norma sustantiva, se evidencia que el legislador, mediante la promulgación del articulo doscientos setenta y siete (277) del Código Penal, previamente indicado dispuso proteger la salud pública, y que el desacuerdo en lo que respecta a la calificación jurídica estriba en la incorrecta aplicación de la metodología de análisis del tipo penal, debido a que los elementos descriptivos del tipo en esta norma, ya que se trata de un delito en el cual el sujeto activo puede ser cualquier persona, que acorde con los elementos normativos del tipo se debe tratar de una medida establecida por la ley o autoridad competente, así como que está dirigida a impedir la introducción o propagación de una epidemia, y que al hacer una remisión a las medidas establecidas por ley, así como medidas establecidas por autoridad competente, es evidente que se está en presencia de un tipo penal en blanco, y por ende se debe acudir a otras leyes para efectos de darle contenido a la descripción del tipo penal.
Estima que una correcta interpretación de los hechos y de la norma del artículo 277 del Código Penal, permitiría concluir que, en este caso, se está en presencia de un delito y no de una contravención. Reseña que los oficiales actuantes hacen constar que la actuación la sustentan en el decreto ejecutivo 42221-S, por lo que se logra determinar que se trata de una fuente normativa de rango inferior a la ley, que entro a regir a partir de su publicación lo cual fue debidamente publicado en la Gaceta número 49, Alcance 42 en fecha doce (12) de Marzo del dos mil veinte (2020), se trata de una orden impartida por el Poder Ejecutivo por intermedio de su representante directo el Presidente de la República y por el Ministerio de salud, las cuales se emiten debido a la activación de los protocolos para enfrentar la alerta epidemiológica sanitaria internacional por brote de nuevo coronavirus. Concluye que, la conducta prohibida se encuentra contemplada dentro de este decreto, por lo que al ser evidente que la actividad recreativa de ir a la playa es un evento que tiende a la concentración masiva, es claro que el decreto prohíbe la acción realizada por el señor [Nombre1] , criterio que se respalda con la orden o medida impuesta mediante acto administrativo que consta resolución número DR-RM-0820-2020
IV.Sobre el fondo del conflicto planteado. Revisados los autos, así como los argumentos esgrimidos por ambas autoridades jurisdiccionales, esta Cámara de Apelación, considera que, en este caso, era improcedente plantear un conflicto de competencia por las siguientes consideraciones. Como se reseñó en el considerando primero de este fallo, el hecho denunciado por la policía administrativa consistía en la violación a la orden sanitaria general emitida por el Poder Ejecutivo, en la que se prohibía visitar las playas costarricenses con ocasión de la declaratoria de emergencia nacional decretada con ocasión de la pandemia por Covid-19 que afronta el país. Este evento ocurrió el 28 de marzo de 2020. Para ese momento, la Ley General de Salud, establecía lo siguiente: ARTICULO 378.- El omiso en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud, sufrirá la pena de cinco a treinta días multa, si el hecho no constituye delito”.
Con ocasión de este tipo penal y el eventual concurso aparente de normas con otros tipos penales, esta Cámara de Apelación de Sentencia en el voto número 2017-262 9:16 horas del 18 de abril de 2017, en lo que interesa había indicado lo siguiente: “Sobre este particular y luego de hacer un análisis de la Ley General de Salud, esta Cámara concluye lo siguiente: Los artículos 340 y 341 de la Ley General de Salud, establecen que la autoridad sanitaria está facultada para emitir órdenes para prevenir o evitar riesgos o daños a la salud. Adicionalmente el artículo 349 de la ley en comentario, establece: “Tendrán carácter de autoridad de salud los funcionarios del Ministerio que desempeñen cargos de inspección que hayan sido especialmente comisionados para la comprobación de infracciones a esta ley o a sus reglamentos, tendrán fe pública en cuanto a las denuncias que se formulen contra personas físicas o jurídicas por hechos o actos que involucren infracción a tales disposiciones o que constituyen delito.
Tendrán este mismo carácter los Inspectores de Cuarentena.” Del anterior articulado se deriva con claridad, que los inspectores de salud, que han sido comisionados para la comprobación de infracciones a las normas sanitarias, tienen carácter de autoridad pública y en tal condición están legitimados para emitir órdenes generales o especiales, para prevenir o evitar un daño en la salud de las personas. De igual manera, el artículo 356 de la Ley en comentario, establece las acciones que puede ejecutar u ordenar la autoridad de salud, al momento de emitir una orden sanitaria. Asimismo, los artículos del 357 al 365 de dicha ley especial, detallan el alcance y las acciones que puede ejecutar u ordenar una autoridad de salud, cuando emite una orden de este tipo. (…) En lo que sí lleva razón el apelante, es en cuanto a la tipicidad de los hechos tenidos por demostrados. En la sentencia, el juez de juicio estimó que el incumplimiento a la orden sanitaria, era constitutivo del delito de desobediencia a la autoridad contemplado en el artículo 314 del Código Penal, descartando la aplicación del artículo 378 de la Ley General de Salud.
Al respecto, hay que indicar que la fundamentación jurídica que contiene el fallo, en torno a ese extremo es insuficiente, ya que el juzgador se limitó a indicar que no era factible aplicar la contravención contenida en el numeral 378 de la Ley General de Salud, ya que la conducta acreditada constituía un delito. Ese examen resulta insuficiente, porque en la especie, lo que se debía analizar es si existe un concurso aparente de normas entre la conducta contenida en el artículo 314 del Código Penal y la contravención establecida en el artículo 378 de la Ley General de Salud. El concurso aparente de normas se encuentra regulado en el artículo 23 del Código Penal, que al efecto indica: “cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a otro se prefiere a ésta y aquella que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria.” Ahora bien, el artículo 314 del Código Penal establece: “Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención.” Por su parte, el artículo 378 de la Ley General de Salud establece: “el omiso en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud, sufrirá la pena de cinco a treinta días multa, si el hecho no constituye delito.” El examen de esas dos disposiciones permite concluir que en ambas normas la acción descrita se refiere al hecho de incumplir la orden emanada por un funcionario público.
No obstante, ello, el artículo 378 de la Ley General de Salud tiene varios elementos especializantes en relación con la conducta descrita en el numeral 314 del Código Penal. El artículo 378 posee varios elementos normativos que lo diferencian del artículo 314 del Código Penal. Por ejemplo, el artículo 378 de la Ley General de Salud, describe el incumplimiento de una orden especial o general dictada por una autoridad de salud. Es decir, este tipo de órdenes no las puede emitir cualquier funcionario público, sino sólo aquellos que estén revestidos de carácter de autoridad de salud. Adicionalmente, la conducta contenida en el artículo 378 de la Ley General de Salud, dirige la acción prohibida hacia aquellas personas a las que se les ha impartido una orden sanitaria, es decir, no es cualquier tipo de orden emanada por un funcionario público, sino es una orden que lo que busca en prevenir o evitar daños en la salud de las personas o en el ambiente.
Como se indicó anteriormente, a juicio de esta Cámara, lo que debió analizar el juez de juicio, era si se estaba ante un concurso aparente de normas el cual es regulado en el artículo 23 del Código Penal. En ese análisis jurídico, se tiene que uno de los principios a aplicar cuando nos encontramos ante un concurso de esta naturaleza es el principio de especialidad. Este principio existe según la doctrina "cuando un tipo penal regula de manera especial y más precisa mediante la agregación de otros elementos, la situación fáctica que otro tipo penal regula de la manera general. O planteado el asunto de otro modo, la especialidad existe cuando un tipo penal tiene todos los elementos de otro tipo penal, del cual se diferencia porque al menos contiene un elemento adicional especial" (CASTILLO GONZALEZ Francisco. Derecho Penal. Parte General. Tomo 3. San José. Continental. 2010 pp 586-587). De lo anterior se deduce que, conforme al principio de especialidad, el tipo penal más específico prima sobre el más general.
En el caso bajo examen, se tiene que el tipo penal más específico, es el contemplado en la Ley General de Salud, el cual debe prevalecer sobre el tipo general previsto en el artículo 314 del Código Penal. De igual manera, es menester traer a colación que la Ley General de Salud, es norma especial, y fue emitida con posterioridad al Código Penal. Al respecto se tiene que el Código Penal fue publicado en La Gaceta número 257 del 15 de noviembre de 1970, pero entró en vigencia el 15 de noviembre de 1971. Por su parte la Ley General de Salud fue publicada en La Gaceta número 222 del 24 de noviembre de 1973, pero entró en vigencia, hasta el 24 de febrero de 1974. Adicionalmente, si bien el tipo penal contenido en el actual numeral 314 del Código Penal, fue reformado por la ley número 8720 de 4 de marzo de 2009, lo cierto es que tanto en su versión original de 1970, como en la actual, la conducta sancionada es la misma, el incumplimiento de una orden impartida por un funcionario público.
Finalmente, se tiene que ambos preceptos legales tienen como bien jurídico tutelado a la autoridad pública. Sin embargo, se puede agregar que el artículo 378 de la Ley General de Salud, resulta más específico al caso examinado, porque dicha norma también tutela otro bien jurídico, a saber, la salud y el ambiente, ya que las órdenes sanitarias emitidas por dicha autoridad pública en el marco de sus competencias, lo son para prevenir o evitar un daño en la salud de las personas o en el medio ambiente. Por lo que al amparo del bien jurídico tutelado y según las circunstancias específicas del caso juzgado, se tiene que la norma que mejor describe la conducta ilícita es la contenida en el artículo 378 de la Ley General de Salud. Por último, aunque la norma del artículo 378 de la Ley General de Salud, indica que esa descripción típica se aplica si el hecho no constituye delito, dicha técnica legislativa, no implica una subordinación legal de la norma contenida en la Ley especial, en relación con el tipo penal del artículo 314 del Código Penal.
Como se ha analizado en este fallo, al promulgarse la Ley General de Salud, el legislador creo un tipo normativo que contiene una descripción típica más adecuada a la conducta juzgada en el caso bajo examen. Adicionalmente, si se aceptara una subordinación legal de la norma general sobre la especial, ello significaría una desaplicación implícita del precepto legal contenido en la Ley General de Salud, en todos los casos en que se incumpla una orden sanitaria. Por otra parte, aunque es un contrasentido la técnica legislativa utilizada en la norma especial, la función de los jueces se limita a aplicar el Derecho en cada caso concreto y en este asunto en particular, se tiene claro que la acción acreditada se encuentra descrita en las dos figuras penales diversas, por lo que es criterio de esta Cámara de Apelación de Sentencia, que la determinación sobre cuál norma aplicar, debe regirse por los criterios de especialidad y los principios generales del Derecho Penal, antes referenciados”.
Los argumentos ahí vertidos en cuanto a la aplicación del tipo penal del artículo 378 de la Ley General de Salud, son enteramente aplicables en cuanto al eventual concurso aparente de normas que existe entre el artículo 277 del Código Penal y la norma especial de la Ley General de Salud. Al respecto, el tipo penal del Código Penal reza: “ Artículo 277.-Será reprimido con prisión de uno a tres años, o de cincuenta a doscientos días multa, el que violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, y con prisión de uno a seis meses o de veinte a cien días multa, el que violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epizootia o de una plaga vegetal”. Analizado este tipo penal en comparación con el contenido en el artículo 378 de la Ley General de Salud, se tiene que la norma prevista en la Ley General de Salud, es la aplicable a casos como el presente, por cuanto esta última contiene otros elementos de tipicidad que por especialidad desplazan la aplicación de la norma prevista en el artículo 277 del Código Penal, ya reseñados en la cita jurisprudencial transcrita.
Nótese incluso que, en el caso bajo examen, ni siquiera existe indicio alguno de que el imputado tuviera la intención de propagar una epidemia, ya que se desconoce si era portador de la enfermedad Covid-19, por ello, la norma que más se ajusta a los hechos denunciados es la prevista en el numeral 378 de la Ley General de Salud. Esta postura ha sido también externada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en los votos números 2019-1545 y 2019-1550. Ahora bien, definido el tema de la prevalencia del articulo 378 de la Ley General de Salud, es necesario pronunciarse sobre la reforma legislativa que operó en la Ley General de Salud. En este sentido, desde su promulgación el artículo 378 indicaba: - El omiso en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud, sufrirá la pena de cinco a treinta días multa, si el hecho no constituye delito.”.
Esta norma establecía la tipicidad de una contravención que por disposición del artículo 117 le corresponde su juzgamiento a los Juzgados Contravenciones, al ser los competentes para conocer de las contravenciones previstas en el Código Penal y en las leyes especiales. Sin embargo, este panorama normativo varió a partir de la promulgación de la Ley número 9837 del 3 de abril del 2020, publicada en La Gaceta número 70 del 4 de abril de 2020, que modificó el artículo 378 de la Ley General de Salud, y adicionó un artículo 378 bis, cuyos textos dicen: ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 378 de la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973. El texto es el siguiente: Artículo 378- Al omiso en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud, se le aplicará una multa fija de un salario base, siempre que el hecho no constituya delito.
En caso de que el incumplimiento se refiera a la medida de aislamiento señalada en el artículo 365 de la presente ley, se aplicará la siguiente gradualidad: a) A la persona con factores de riesgo de un cuadro grave por una enfermedad contagiosa, que sea objeto de orden de aislamiento, una multa fija de un salario base. b) A la persona sospechosa de una enfermedad contagiosa o a aquella que, aun sin presentar síntomas o signos evidentes de dicha enfermedad, sea objeto de orden de aislamiento en razón de ser contacto cercano a un agente causal de la enfermedad, una multa fija de tres salarios base. c) A la persona que, médica o clínicamente, haya sido diagnosticada de una enfermedad contagiosa, una multa fija de cinco salarios base. La denominación de salario base corresponde a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.
Se exceptúan de la aplicación de las multas correspondientes al numeral 365 de la presente ley, aquellas personas que, en virtud de un estado de necesidad, deban abandonar su sitio de aislamiento; aquellas personas en situación de calle y cualquier otra que deba ser valorada por la autoridad competente. Los términos de aplicación de estas excepciones serán establecidos en el reglamento de esta ley. ARTÍCULO 2- Se adiciona el artículo 378 bis a la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973. El texto es el siguiente: Artículo 378 bis- Las sanciones establecidas en el artículo 378 de la presente ley serán aplicadas por la autoridad de salud. Para dichos efectos, deberá notificarse al infractor mediante un informe sanitario, otorgándole un plazo de veinte días hábiles para proceder al pago de la multa. Contra el informe sanitario cabrá el recurso de apelación ante el ministro de Salud, en el plazo tres días hábiles siguientes a la notificación de este.
El recurso deberá ser tramitado dentro del plazo máximo de tres días hábiles y lo resuelto deberá notificarse a través de los medios electrónicos que se habiliten para dichos efectos. La firma del infractor será prueba de la notificación del informe sanitario. Si el infractor no puede o se negara a firmar el informe sanitario, la autoridad de salud dejará constancia escrita de dicha situación en el informe y se tendrá por notificado el acto. Las multas deberán cancelarse en los bancos del Sistema Bancario Nacional mediante entero a favor del Gobierno de la República, según el procedimiento que defina el Ministerio de Hacienda para estos efectos. Las sumas recaudadas serán remitidas a una cuenta especial en la caja única del Estado que será administrada por el Ministerio de Salud, para cumplir las funciones señaladas en esta ley y atender las situaciones de emergencia nacional que se presenten.
Para ello, el Ministerio de Salud deberá elaborar los presupuestos correspondientes a las obligaciones y las actividades que esta ley les impone. En caso de que la multa no sea cancelada en el plazo señalado, se aplicará el siguiente procedimiento a) Si el infractor corresponde al dueño de un establecimiento con autorización sanitaria o permiso sanitario de funcionamiento, se aplicará la revocatoria temporal de este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la presente ley. Además, para el levantamiento de la medida de revocatoria temporal, deberá realizar el pago de la multa y adoptar plenamente las medidas sanitarias ordenadas. Lo anterior se aplicará sin detrimento de las responsabilidades derivadas por lo dispuesto en el artículo 384 de la presente ley. b) Si la persona infractora de una medida de aislamiento cuenta con licencia de conducir, el Ministerio de Salud solicitará, al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), la anotación provisional de la multa en la licencia de conducir de esta, que además deberá incluir los intereses que se hayan generado hasta su efectivo pago. c) En caso de que no corresponda la aplicación de los incisos a) y b) anteriores, ante el impago de las multas indicadas en el numeral 378 de la presente ley, el Ministerio de Salud procederá a realizar el cobro administrativo correspondiente.
El Ministerio de Salud deberá poner a conocimiento de la Fiscalía General de la República el incumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por la autoridad competente, a efectos de determinar si el hecho constituye un delito.” (el resaltado es suplido). De la anterior normativa se desprende que mediante esta reforma de Ley se transformó la contravención prevista en el artículo 378 de la Ley General de Salud, de una contravención de carácter penal, a una infracción administrativa, siendo el Ministerio de Salud, el encargado del procedimiento administrativo y el cobro de la multa. De ahí que lleve razón el Juez Contravencional de Garabito cuando hace alusión a este tema, el error en el que han incurrido tanto el Ministerio Público, como el Juez Penal de Garabito, como el Juez Contravencional de dicha localidad, es desconocer que mediante la reforma de la Ley número 9837, los hechos contenidos en el informe que sustenta esta investigación no serían constitutivos de una contravención de carácter penal, así como tampoco configurarían los tipos penales de los artículos 277 y 314 del Código Penal, por ende, lo que se debió evaluar era la procedencia por parte del Ministerio Público de una requisitoria diferente, en la que se analizara la tipicidad o no de dicha delincuencia, y no peticionar una incompetencia por razones de materia, y mucho menos haberse planteado un conflicto de competencia ante esta Cámara.
En consecuencia, por las razones antes vertidas se dispone remitir los autos ante el Ministerio Público de Garabito, para que con base en las consideraciones aquí vertidas analicen nuevamente los hechos, y se realice la requisitoria respectiva.
POR TANTO:
Por las razones antes expuestas se dispone remitir los autos ante el Ministerio Público de Garabito, para que con base en las consideraciones aquí vertidas analicen nuevamente los hechos, y se realice la requisitoria respectiva. Notifíquese.
Adriana Escalante Moncada Francisco Lemus Víquez José Asdrúbal Quirós Pereira Jueces de Apelación de Sentencia Contra: [Nombre1] Delito: Resistencia Ofendido: La autoridad pública angie
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