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Res. 00743-2017 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · 26/10/2017

Acquittal for mistake of fact in invasion of spring and stream protection zoneAbsolución por error de tipo en invasión de zona de protección de naciente y quebrada

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Attorney General's appeal is denied and the acquittal is upheld due to the existence of a mistake of fact.Se declara sin lugar el recurso de apelación de la Procuraduría y se confirma la sentencia absolutoria por existir error de tipo.

SummaryResumen

The Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela (San Ramón) upholds the acquittal issued by the Trial Court of Grecia, which had absolved three farmers charged with invading the protection zone of a spring and a stream under Article 58(a) of the Forestry Law. The Office of the Attorney General, as civil plaintiff, appealed the judgment, claiming insufficient reasoning and erroneous weighing of evidence, arguing that the defendants knew about the protection areas and acted with intent. The Appeals Court dogmatically analyzes the distinction between mistake of fact and mistake of law. It concludes that the Trial Court correctly assessed the evidence by finding that it was not proven beyond reasonable doubt that the defendants knew the coffee and tomato crops were within the protection zones, thus establishing a mistake of fact that excludes intent. Alternatively, even if intent were assumed, the court finds that an insurmountable mistake of law would apply, since the defendants received technical advice from Ministry of Agriculture officials without being warned of the illegality of their conduct. It also rejects the request for restitution to the prior state due to the failure to join the registered property owners in the proceedings. The appeal is dismissed.El Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) confirma la sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio de Grecia, que había absuelto a tres agricultores acusados del delito de invasión de área de protección de una naciente y una quebrada, previsto en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal. La Procuraduría General de la República, como actora civil, apeló la sentencia alegando falta de fundamentación y errónea valoración de la prueba, argumentando que los imputados conocían la existencia de las áreas de protección y actuaron con dolo. El Tribunal de Apelación analiza dogmáticamente la distinción entre error de tipo y error de prohibición. Concluye que el Tribunal de Juicio valoró correctamente la prueba al determinar que no se acreditó con certeza que los acusados supieran que los cultivos de café y tomate se encontraban dentro de las zonas de protección, configurándose así un error de tipo que excluye el dolo. Subsidiariamente, considera que aun si hubiera existido dolo, se habría configurado un error de prohibición invencible, pues los imputados fueron asesorados por funcionarios del MAG sin que se les advirtiera de la ilegalidad de su conducta. También rechaza la solicitud de restitución al estado anterior por falta de integración de los propietarios registrales al proceso. La apelación se declara sin lugar.

Key excerptExtracto clave

The conclusion reached by the Trial Chamber is shared by this Appeals Court, given that it follows from the evidence — especially the statements of the defendants (...) and the accounts of the witnesses (...) — that the accused received technical advice from officials of the Ministry of Agriculture and Livestock while carrying out their crop-related activities. (...) Even if one were to accept the appellant's argument that the defendants acted intentionally, it would not be possible to conclude that they acted knowing that their conduct was prohibited by the legal system (mistake of law), since, as the defendants stated, and there is no evidence to discredit their claim, they were advised by public officials at the time they planted the coffee and tomato crops, and therefore it was not possible for them to know that their action was prohibited; a situation that was insurmountable, as it was the very state authorities who advised them to carry out those agricultural activities.La conclusión a la que arribó la Cámara de Juicio es compartida por este Tribunal de Apelación, toda vez que de la prueba y en especial de las declaraciones de los imputados (...) y de los relatos de los testigos (...), se extrae que los encausados recibieron asesoría técnica, por parte de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería durante la realización de sus actividades atinentes al cultivo de dichos productos. (...) Si se admitiera que los acusados obraron de forma dolosa, no sería factible concluir, que ellos actuaron conociendo que su conducta estaba prohibida por el ordenamiento jurídico (error de prohibición), ya que como lo declararon los imputados y no existe prueba que desacredite su dicho, ellos fueron asesorados por funcionarios públicos, al momento de realizar los cultivos de café y tomate, y de ahí que no era posible conocer que su acción estaba prohibida por el ordenamiento jurídico, situación que resultaba invencible de superar, ya que fueron las mismas autoridades estatales las que los asesoraron para que realizaran dichas actividades agrícolas.

Pull quotesCitas destacadas

  • ""se presenta un error de tipo cuando el autor se equivoca sobre una circunstancia que sea necesaria para completar el tipo legal.""

    ""a mistake of fact arises when the actor errs regarding a circumstance necessary to complete the legal type.""

    Considerando III, cita doctrinal

  • ""se presenta un error de tipo cuando el autor se equivoca sobre una circunstancia que sea necesaria para completar el tipo legal.""

    Considerando III, cita doctrinal

  • ""cuando el autor, al conocer todas las circunstancias que complementan en su totalidad el tipo legal, no extrae sin embargo de ellas la conclusión referida a una prohibición legal, sino que cree que su conducta está permitida.""

    ""when the actor, knowing all the circumstances that fully complete the legal type, does not derive from them the conclusion regarding a legal prohibition, but rather believes that their conduct is permitted.""

    Considerando III, definición de error de prohibición

  • ""cuando el autor, al conocer todas las circunstancias que complementan en su totalidad el tipo legal, no extrae sin embargo de ellas la conclusión referida a una prohibición legal, sino que cree que su conducta está permitida.""

    Considerando III, definición de error de prohibición

  • "La conclusión a la que arribó la Cámara de Juicio es compartida por este Tribunal de Apelación, toda vez que de la prueba (...) se extrae que los encausados recibieron asesoría técnica, por parte de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería durante la realización de sus actividades."

    "The conclusion reached by the Trial Chamber is shared by this Appeals Court, given that it follows from the evidence that the accused received technical advice from officials of the Ministry of Agriculture and Livestock while carrying out their activities."

    Considerando III, razonamiento del tribunal

  • "La conclusión a la que arribó la Cámara de Juicio es compartida por este Tribunal de Apelación, toda vez que de la prueba (...) se extrae que los encausados recibieron asesoría técnica, por parte de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería durante la realización de sus actividades."

    Considerando III, razonamiento del tribunal

  • "Si se admitiera que los acusados obraron de forma dolosa, no sería factible concluir, que ellos actuaron conociendo que su conducta estaba prohibida por el ordenamiento jurídico (error de prohibición)."

    "Even if one were to accept that the defendants acted intentionally, it would not be possible to conclude that they acted knowing that their conduct was prohibited by the legal system (mistake of law)."

    Considerando III, argumentación subsidiaria

  • "Si se admitiera que los acusados obraron de forma dolosa, no sería factible concluir, que ellos actuaron conociendo que su conducta estaba prohibida por el ordenamiento jurídico (error de prohibición)."

    Considerando III, argumentación subsidiaria

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Sections

Procedural marks

JUDICIAL BRANCH COURT OF APPEAL OF JUDGMENTS, THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel. 2456-9069 or [Telf1] [email protected] Fax 2456-90-29 _______________________________________________________________________________________ Decision No.: 2017-00743 COURT OF APPEAL OF JUDGMENTS OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SECTION [Dirección1]. San Ramón, at one twenty p.m. (01:20 p.m.) on October 26, 2017.

APPEAL AGAINST JUDGMENT (RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA) filed in this proceeding brought against [Nombre1], of legal age, Costa Rican, identity card CED1; [Nombre2], of legal age, Costa Rican, identity card CED2, also known as [Nombre3]; and [Nombre4], of legal age, Costa Rican, identity card CED3, for the offense of VIOLATION OF THE LEY FORESTAL BY ENCROACHMENT UPON THE PROTECTIVE ZONE (ZONA PROTECTORA) OF A SPRING (NACIENTE) AND A STREAM (QUEBRADA), to the detriment of the FOREST ESTATE (PATRIMONIO FORESTAL). Judges Adriana Escalante Moncada, [Nombre5], and Yadira Godínez Segura participated in deciding the appeal. Attorney [Nombre6], Counsel for the State, and attorney [Nombre7], private defense counsel for defendant [Nombre8], entered appearances in the appeal against judgment.

BACKGROUND:

I.By judgment number 33-TGRE-2016, issued at eleven o’clock on March 11, 2016, the Trial Court of Grecia ruled: “POR TANTO: Pursuant to the foregoing and Articles 39 and 41 of the Political Constitution; Article 8, subsections 1 and 2, of the American Convention on Human Rights; Articles 10 and 11, subsection 1, of the Universal Declaration of Human Rights; Article 9, subsection 2, and Article 14, subsection 2, of the International Covenant on Civil and Political Rights; Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 32, 42, 142, 184, 265, 267, and 360 through 366 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 2, 3, 4, 11, 18, 19, 20, 30, 31, 34, and 45 of the Criminal Code; and Article 33, subsection a), and Article 58, subsection a), of Ley Forestal N° 7575; IT IS HEREBY ORDERED: a) to deny the statute-of-limitations claim (prescripción) raised by Attorney [Nombre9]; b) applying the principle of in dubio pro reo (Principio de In Dubio Pro Reo), to acquit [Nombre1], [Nombre2], and [Nombre4] of all punishment and liability for ONE OFFENSE OF VIOLATION OF THE LEY FORESTAL BY ENCROACHMENT UPON THE PROTECTIVE ZONE OF A SPRING AND A STREAM, alleged to have been committed to the detriment of FOREST RESOURCES; and c) to declare inadmissible the restoration of the property to its prior condition, because the registered co-owners of two of the properties and the owner of another were not afforded an opportunity during the proceedings to assert their rights as interested third parties.

Any precautionary measure (medida cautelar) imposed upon the defendants in connection with these proceedings is hereby lifted. The full judgment shall be read at 16:00 on Friday, March 18, 2016. Notice shall be given” (sic).

II. Attorney [Nombre6], Counsel for the State, filed an appeal against the foregoing judgment

III.Following the corresponding deliberation, pursuant to Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court of Appeal of Judgments of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal.

IV. The pertinent legal requirements were observed throughout the proceedings

Appellate Judge [Nombre10] drafts the decision; and,

CONSIDERING:

I.Attorney [Nombre11], Counsel for the Republic, acting as civil plaintiff (actora civil), filed an appeal against judgment number 33-TGRE-2016, issued at 11:00 on March 11, 2016, by the Trial Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, sitting in Grecia, which acquitted defendants [Nombre1], [Nombre2], and [Nombre4] of all punishment and liability.

II.By decision issued at 10:25 on September 14, 2016, this Court of Appeal of Judgments stayed the proceedings in this case because of the constitutional challenge (acción de constitucionalidad) pending before the Constitutional Chamber under summary proceeding number 16-3607-0007-CO. Subsequently, by decision number voto 16967-2016, the Constitutional Chamber denied the challenge; however, the complete decision issued by the High Constitutional Court has not yet been drafted. Nevertheless, although the complete text of the aforementioned decision remains to be drafted, having reviewed the appeal filed and in view of the manner in which it will be resolved, the proceedings in this case are hereby reinstated.

III.In the first ground of the appeal, the State Attorney alleges insufficient reasoning and failure to observe the rules of sound judicial evaluation (sana crítica). She explains that a first trial had already been held in this case and that, on that occasion, the Trial Court rendered a judgment acquitting the defendants, a decision that was challenged by the Office of the Attorney General before the Judgment Appeals Chamber; as a result of that proceeding, the first judgment was vacated and a new trial was ordered. She states that, on this second occasion, the Grecia Trial Court again rendered a judgment acquitting the defendants. She indicates that, in the challenged decision, the adjudicatory panel provided a cursory description of the testimony of the witnesses [Nombre12], [Nombre13], Eliden Alc á [Nombre14], and [Nombre15]. She maintains that, on the basis of that testimony, the Panel of Judges concluded that the officials of the Instituto de Desarrollo Agrario (hereinafter IDA) did not inform the accused that the lands awarded to them were subject to any type of restriction.

She also challenges the fact that the trial judges briefly analyzed the statements of [Nombre16] and [Nombre17], officials of the Ministerio de Agricultura de Ganadería (hereinafter MAG), to find that the defendants were unaware of the existence of restrictions on planting crops in the protection zones (zonas de protección) of both the stream and the spring (naciente). She adds that the Trial Court again rendered a judgment of acquittal, a decision that, in the appellant’s view, lacks adequate reasoning for two essential reasons: i) The fact that the lands had been awarded by IDA does not mean that the defendants must have mistakenly believed that they were legally entitled to work all of the land, because it is not valid to plead ignorance of the law. She further explains that the plans for those parcels, which are included as evidence in the case file, specify that those lands are subject to the Ley Forestal, and the judges did not assess that evidence.

Likewise, she considers that the testimonial and documentary evidence consistently indicates that the defendants knew of the existence of a spring at the scene of the events. She states that the witnesses [Nombre18] and [Nombre19] indicated that the defendants themselves sought to ensure the survival of that body of water through reforestation and water-capture work, intended not only to ensure that the outcrop continued producing water but also to enlarge it so as to supply that water to several homes located in that area. She states that the foregoing circumstances support the conclusion that the defendants knew their conduct was unlawful and rule out the alleged lack of knowledge invoked by them. ii) She criticizes the renewed reliance in this case on the argument that the defendants received advice from MAG officials directed exclusively toward agricultural activities and that those public officials did not warn them of any irregularity concerning the crops on the parcels.

She maintains that the foregoing reasoning is not supported by the evidence because the witness [Nombre16] referred to the need to protect the stream and the spring. She objects that the judgment does not explain why the evidence supports the existence of a mistake of law (error de prohibición). She indicates that the judgment lacks adequate reasoning and that it must therefore be vacated and the case remanded for a new trial. The claim is denied. Having analyzed the judgment and the objection raised by the appellant, these appellate judges find that it is adequately reasoned and correctly assesses the evidence. In the case under review, as the appellant states, the Trial Court found the following relevant facts proven: “FIRST: The property known as La Cooperativa or Virgencita is located in Trojas de San Pedro de Valverde Vega, Grecia, and consists of parcels awarded by IDA. On that property there is a spring captured for human consumption and a stream that is a tributary of the Trojas River.

SECOND: Parcel number 3, whose real-property folio is CED4, was awarded to defendant [Nombre1] and Ms. [Nombre20]; and parcel number 4, whose real-property folio is CED4, was awarded to defendant [Nombre2], known as [Nombre3], and Ms. [Nombre21]. THIRD: On an undetermined date and at an undetermined time, but before 10 de marzo del 2011, defendants [Nombre1] and [Nombre2] encroached upon the protection area of the spring captured for human consumption and of the Trojas River stream. FOURTH: Defendants [Nombre22] and [Nombre8] planted coffee and tomato crops within the protection area of the aforementioned spring and stream, performing crop-maintenance work, weed removal, tying, and spraying with chemical and natural products, among other activities, thereby encroaching upon a total area of 4.989 square meters within the spring’s protection zone and 4.265 square meters within the stream’s protection area, for a total encroached area of 9.264 square meters.

FIFTH: Defendant [Nombre23] planted tomato crops over a total area of 2.760 square meters within the 100-meter protection area of the captured spring, thereby encroaching upon its protection zone, without having permits for that activity. In addition, he possesses another parcel through which runs the stream that is a tributary of the Trojas River, originating from the Chico Cubero and Julio streams; the defendant also encroached upon its protection area by planting tomato crops within it over an area of 3.540 square meters. SIXTH: Defendant [Nombre2] planted tomato crops and one row of beans, encroaching upon the protection area of the stream that is a tributary of the Trojas River and affecting an area of 1.720 square meters through such planting. Those crops are located only 48 meters from the channel, and others planted by defendant [Nombre24] are 43 meters away. SEVENTH: The total area encroached upon by the coffee- and tomato-planting and cultivation activities carried out by defendants [Nombre22] and [Nombre8] was 9.264 square meters.” (Verbatim copy from the front and reverse of folio 217 of the main case file).

From the foregoing factual findings, as well as from the judgment’s reasoning concerning the evidence, it is clear that the Trial Court found proven the existence of a spring and a stream on the property known as “La Cooperativa.” It was also found proven that defendants [Nombre1], [Nombre2], and [Nombre4] knew that a spring and a stream existed on that property. Likewise, the judgment explains at length that the documentary and expert evidence and the statements of officials [Nombre12], [Nombre13], and Eliden Alc á [Nombre14] established that defendants [Nombre1] and [Nombre2] planted coffee and tomato crops on the parcels awarded by IDA, within the protection area of the spring and of the stream of [Dirección2] Trojas. The adjudicatory panel also found proven that trees had been planted in an area adjacent to the spring and within its protection area, forming a small forest. Regarding these matters, the judgment clearly states—and the evidence so demonstrates—that all three defendants acknowledged the existence of the spring, the stream, and the coffee and tomato plantings.

The foregoing supports the conclusion that there is no dispute concerning these events. The disputed issue challenged by the appellant is the Trial Chamber’s decision that a mistake of fact (error de tipo) existed in this case. To resolve this issue properly, it is necessary to review the legal doctrine concerning mistake of fact and how it differs from mistake of law. In this regard, the settled doctrinal position holds that a lack of knowledge or mistake concerning the existence of one or more of the objective elements of the criminal offense definition (tipo penal) negates intent. The scholar [Nombre25] has stated that “a mistake of fact occurs when the perpetrator is mistaken about a circumstance necessary to complete the statutory definition of the offense.” (Roxin [Nombre26]. La teoría del delito en la discusión actual. Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2007, 1 edición, página 195).

Likewise, because the offense definition is composed of normative and descriptive elements, it has been established that a mistake concerning either of these two categories of elements constitutes a mistake of fact. The distinction between the descriptive and normative elements of the offense definition warrants special attention here. The first group consists of elements that can be perceived through the senses—that is, they are known through sensory perception—whereas the second category encompasses elements that can be apprehended only through an evaluative judgment. Regarding this second group, [Nombre25] explains that the intellectual understanding characterizing intent with respect to normative elements does not require an exact legal subsumption under the concepts used by the law; it is sufficient that the perpetrator have understood the content of their social meaning. However, that author also adds that there are cases in which the content of the social meaning cannot be understood without a particular legal characterization.

In those cases, the correct legal characterization forms part of the intellectual understanding of the factual circumstance at issue and is a requirement for intent (to that effect, [Nombre27], Derecho Penal, Parte General tomo I. Editorial Civitas, 2 edición, 1997, páginas 459-462). For his part, and as relevant to the proper resolution of the case under review, [Nombre25] has stated that a mistake of law occurs “when the perpetrator, despite knowing all the circumstances that fully complete the statutory definition of the offense, nevertheless does not draw from them the conclusion that there is a legal prohibition, but instead believes that the conduct is permitted.” ([Nombre26] [Nombre28], La teoría del delito en la discusión actual. ibid, página 195). Having clarified the foregoing concepts, it is necessary to address the structure of the criminal offense analyzed by the Trial Court.

According to the indictment, the defendants were charged with the offense established and punishable under Article 58(a) of the Ley Forestal, which provides as follows: “A prison sentence of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Encroaches upon a conservation or protection area, regardless of its management category, or upon other forest areas or lands subject to the forestry regime, regardless of the area occupied and irrespective of whether the lands are privately owned by the State or other Public Administration bodies or are privately owned. The perpetrators of or participants in the act shall not be entitled to any compensation for any construction or work they may have carried out on the encroached-upon lands.” The prohibited conduct contemplated in this criminal provision [Nombre29] is to encroach; however, that verb is not legally defined in the Ley Forestal or its regulations, and its definition must therefore be sought in other sources.

In this regard, the Dictionary of the Royal Spanish Academy states that to encroach is understood as “1. To burst into or enter by force; 2. transitive verb. To occupy a place abnormally or irregularly. The waters encroached upon the highway; 3. transitive verb. Said of a thing: To enter and spread through a particular place or medium…”.

Based on the foregoing conceptual clarification, the conduct punished under subsection a) of Article 58 of the Ley Forestal is occupying or entering a conservation area (área de conservación) or protected area (área de protección), regardless of whether the land is publicly or privately owned; in other words, encroachment (invasión) entails acts of occupation of the site. Additionally, an analysis of the aforementioned criminal offense (tipo penal) leads to the conclusion that the concept of a protected area or conservation zone (zona de conservación) constitutes a normative element (elemento normativo), since it is not understood through the senses; rather, its content requires a social understanding of its meaning. Moreover, these appellate judges consider that this normative element cannot be understood without a particular legal characterization; that is, to understand its meaning, reference must be made to the legal definition established in the Ley Forestal.

Thus, Article 33 of the legislation at issue provides as follows: “Protected areas. The following shall be declared protected areas: a) Areas surrounding permanent springs (nacientes permanentes), defined by a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides along the banks of rivers, ravines, or streams, if the terrain is flat, and fifty horizontal meters if the terrain is uneven.” Based on the clarifications made thus far, and returning to the analysis of the specific case, it may be concluded that, for purposes of objective legal classification (tipicidad objetiva), the alleged prohibited conduct (acción típica) attributed to the defendants was encroaching upon areas surrounding permanent springs within a horizontal radius of one hundred meters, or upon a strip of fifteen horizontal meters in rural areas or ten horizontal meters in urban areas along riverbanks.

To resolve the case, the analysis of the defendants’ conduct cannot end with an examination of the objective elements (elementos objetivos) of the criminal offense; the subjective element (elemento subjetivo), consisting of criminal intent (dolo), must also be analyzed. This was the issue that the Trial Court undertook to analyze, and based on that assessment it concluded that there was a mistake as to an element of the offense (error de tipo), because it could not be established with the required degree of certainty that the defendants knew that they were carrying out their actions within the protected area of a riverbank or spring. This Court of Appeal agrees with the conclusion reached by the Trial Chamber, since the evidence—particularly the statements of defendants [Nombre1] and [Nombre2] and the accounts of witnesses [Nombre16] and [Nombre30]—shows that the defendants received technical advice from officials of the Ministerio de Agricultura y Ganadería while carrying out activities related to the cultivation of those crops.

As may be gathered from the summary of evidence, witnesses [Nombre31] and [Nombre32] described the type of advice that [Nombre29] provided to the defendants. In this regard, the officials of the Ministerio de Agricultura y Ganadería stated that they provided information concerning the techniques and procedures for growing tomatoes and coffee and conducted the corresponding inspections. Contrary to the appellant’s contention, those statements do not establish with sufficient force that those public officials explained to the defendants the extent of the protected area surrounding the spring or ravine or how far that protected zone (zona de protección) extended. Nor do those accounts show that the officials informed or warned the accused that they could not plant crops in certain parts of the allotted parcels because those zones constituted protected areas. In this particular case, the testimony of witness [Nombre33] is relevant; that witness stated that the parcels under examination in these proceedings belong to a property known as “La Cooperativa,” land that has been used to grow various crops for 30 years.

The foregoing supports the conclusion that the position adopted by the lower Trial Chamber in acquitting the defendants was that the evidence did not establish with the required degree of certainty that the accused acted with knowledge that the areas in which the tomato and coffee crops were planted constituted protected areas, an element essential for purposes of subjective legal classification (tipicidad subjetiva). In this regard, it must be clarified that proof of criminal intent is another element that must be established by the evidence and is inferred from the factual circumstances surrounding a particular case. As previously stated, the technical advice received by the accused in this case does not support the conclusion that they acted with knowledge that the coffee and tomato crops they planted on the parcels they worked encroached upon the protected zone of the spring and ravine.

Even so, if the appellant’s contention that the defendants acted with criminal intent were accepted—an assertion that has not been established with the required degree of certainty—these appellate judges consider that the circumstances could also constitute an unavoidable mistake of law (error de prohibición invencible), for the following reasons. If it were accepted that the accused acted intentionally, it would still not be feasible to conclude that they acted with knowledge that their conduct was prohibited by the legal system (mistake of law [error de prohibición]), because, as the accused stated—and there is no evidence discrediting their statements—they were advised by public officials when planting the coffee and tomato crops. Accordingly, they could not have known that their actions were prohibited by the legal system, and this was an insurmountable situation because the state authorities themselves advised them to carry out those agricultural activities.

The appellant’s error lies in framing her claim solely on the basis of an analysis of the objective elements of the criminal offense, disregarding the fact that legal classification (tipicidad) also encompasses criminal intent. Additionally, as explained in this judgment, the analysis of legal classification regarding the offense under review requires the adjudicator, in determining whether conduct falls within that criminal provision, to undertake a series of assessments and interpretations, including an analysis of the legal definition contained in our legal system concerning the concept of a protected area. In other words, the examination of legal classification requires an entire intellectual process, making this a complex criminal offense; consequently, proof of both its objective and subjective elements requires an assessment different from that applicable to other criminal conduct described solely through descriptive elements or normative elements readily understood from their social meaning. Therefore, the approach taken by the Trial Chamber in this case was correct, and the claim raised must accordingly be denied.

IV.In the second ground, the appellant alleges that the judgment failed to state the reasons for denying the issuance of an order restoring matters to their prior state. She explains that, in the challenged decision, the panel denied the Procuraduría’s request for the removal of the crops located within the protection zones (zonas de protección). She criticizes the position of the Trial Court because, in her view, the judgment found that the existence of a spring (naciente) and a stream (quebrada) had been established, as had the fact that the defendants had planted crops within the protection zones of those bodies of water. She specifies that, although the properties on which those crops are located do not belong to the defendants, but rather to third-party owners in good faith, the fact remains that what is being defended and prosecuted is the encroachment upon the protection zone of those water sources; although these areas are located within private properties, the third parties hold no right over that land, and no one may possess or occupy those protection zones or areas.

She considers it unnecessary for the owners of those properties to participate in the proceedings as intervening third parties, since they would have no right to raise claims regarding the decisions made in the judgment concerning those protection areas. Likewise, neither the owners nor the defendants may claim benefits arising from an unlawful situation; therefore, failure to order the restoration of matters to their prior state merely perpetuates the offense. She states that, because of their family relationship with the defendants, the owners of the land cannot claim that they were unaware of the agricultural activities conducted there. In support of this challenge, the appellant cites various rulings of the Courts of Appeal. She requests that the judgment be vacated and a retrial ordered. The claim is denied. The issue under review on appeal was also analyzed by the Trial Court in its judgment, and the Trial Court’s decision is correct.

As properly established in the judgment—and not disputed before this Court of Appeal—it was proven that coffee and tomato crops exist within the protection areas of the spring and stream. The Trial Court denied the Procuraduría’s request for an order requiring the removal of those crops from those areas, based on the following reasoning: “Although, in this matter, the Procuradora requested that the Court restore the area to the state in which it existed before the offense, pursuant, among other provisions, to Article 140 of the Code of Criminal Procedure and Article 50 of the Political Constitution, this Court considers that it is impossible to issue such an order in this case. This is because, as may be inferred from the documentary evidence consisting of the registry certifications admitted at trial, two of the properties have registered co-owners who were never joined to the proceedings or given a hearing regarding their existence, so that, as owners of 50 percent of the properties, they could participate as interested third parties in the proceedings to defend their property interests.

Moreover, as to the third property, namely the one registered in the name of a son of the defendant [Nombre4], he likewise was not given the opportunity to assert his rights as the owner of 100 percent of the property. There can be no doubt that granting the stated request would have flagrantly violated due process by imposing a measure detrimental to the properties and rights of those defenseless registered owners. In any event, as was clearly explained to the defendants when the operative portion of the judgment was read, they now clearly and fully understand and know that the existing spring and the streams on their land have protection areas that must be respected, and they know that they may not undertake any activity or cultivation within those parts of the properties because doing so could encroach upon the protection area. Furthermore, they know that the lack of knowledge they asserted in these proceedings may not again be invoked in their favor, because they are aware of the legal consequences to which they could be exposed if they violate the protection areas of the aforementioned spring and streams located on those parcels.

Accordingly, because the Court is unable, for the stated reasons, to order the removal of the crops located within the protection areas, it appeals to the environmental awareness that should be expected to prevail among farmers and workers such as each of the accused, who make their living from the produce yielded by their land, so that they will voluntarily and fully comply with the obligation to respect the protection areas of the springs and streams, particularly because they even make use of the former, seeking NOT to harm the environment. For this purpose, they may even seek assistance from the officials of the Sistema de Control de Áreas de Protección del Ministerio de Ambiente y Energía to obtain advice, so that each protection area may be clearly demarcated on their parcels and its integrity and protection ensured.” (verbatim copy, reverse of folio 230 and front of folio 231). The foregoing reasoning of the Trial Court is correct because it was established that other persons hold full ownership rights over those properties, and they were not joined to the proceedings so that they could assert their rights.

Although it is true that no person may possess or occupy the protection areas, it is also clear that the Procuraduría’s requested relief entails issuing an order imposing an affirmative obligation, specifically the removal of crops from the protected zones. Given the nature of that requested relief, the order needed to be directed to the persons who, by virtue of their ownership rights over the land, have the actual and legal ability to carry out the actions required by the order. Consider how disproportionate it would be to order a person to remove crops located within a protection area when that person cannot access the land or perform acts upon it because he or she holds no right over the property authorizing such actions. Accordingly, for an order issued by a judicial authority to be effective and enforceable, it must be directed to the person with legal standing to comply with it; hence the need to join the owners of those properties to the proceedings.

Additionally, as the lower-court panel properly stated, following the judgment issued by the court a quo, the defendants must refrain from carrying out any type of exploitation, tillage, maintenance, or cultivation within the protection areas located on those parcels, because they now know that such activities may not be conducted in those zones, and the relevant public authority will be responsible for enforcing the law. Consequently, the claim raised is denied.

POR TANTO

The appeal against the judgment filed by the Procuraduría General de la República is denied.

Adriana Escalante Moncada Yadira Godínez Segura [Nombre5] Judges of the Court of Appeal Against: [Nombre1] Offense: VIOLATION OF THE LEY FORESTAL Injured Party: NATURAL RESOURCES [Nombre34]

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PODERJUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA, III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel 2456-9069 ó [Telf1] [email protected] Fax 2456-90-29 _______________________________________________________________________________________ Res: 2017-00743 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN [Dirección1]. San Ramón, a las trece horas veinte minutos (01:20 p.m.) del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.

RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, costarricense, cédula CED1, [Nombre2] , mayor, costarricense, cédula CED2, conocido como [Nombre3] y [Nombre4] , mayor, costarricense, cédula CED3, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL POR INVASIÓN A LA ZONA PROTECTORA DE UNA NACIENTE y UNA QUEBRADA en perjuicio del PATRIMONIO FORESTAL. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Adriana Escalante Moncada [Nombre5] y Yadira Godínez Segura. Se apersonan en apelación de sentencia, la licenciada [Nombre6] , Procuradora y el licenciado [Nombre7] , defensor particular del imputado [Nombre8] .

RESULTANDO:

I.Que mediante sentencia número 33-TGRE-2016 de las once horas del once de marzo de dos mil dieciséis, el Tribunal de Juicio de Grecia, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 incisos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 10 y 11 inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 inciso 2 y 14 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 32, 42, 142, 184, 265, 267, 360 a 366 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, 4, 11, 18, 19, 20, 30, 31, 34, 45, del Código Penal; 33 inciso a) y 58 inciso a) de la Ley Forestal N° 7575; SE RESUELVE: a) declarar sin lugar la prescripción alegada por el Lic. [Nombre9] ; b) en aplicación del Principio de In Dubio Pro Reo se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre1] , [Nombre2] y [Nombre4] por UN DELITO INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL POR INVASIÓN A LA ZONA PROTECTORA DE UNA NACIENTE Y UNA QUEBRADA que se acusó como cometido en daño de LOS RECURSOS FORESTALES; y c) declarar improcedente la restitución de las cosas al estado anterior, al no haberse brindado durante el proceso, a las copropietarias registrales de dos de los inmuebles, ni al titular de otro de ellos, la posibilidad de hacer valer sus derechos como terceros interesados.

Se ordena levantar cualquier medida cautelar que pese sobre los imputados con ocasión de este proceso. Para la lectura integral de la sentencia se señalan las 16:00 del próximo viernes 18 de marzo de dos mil dieciséis. Notifíquese" (sic).

II.Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada [Nombre6] , Procuradora, interpuso recurso de apelación de sentencia.

III.Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso.

IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes

Redacta la jueza de apelación de sentencia [Nombre10] ; y,

CONSIDERANDO:

I.La licenciada [Nombre11] , Procuradora de la República, en su carácter de actora civil, interpuso recurso de apelación de sentencia contra el fallo número 33-TGRE-2016, emitido a las 11:00 horas del 11 de marzo de 2016, dictada por el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede Grecia, mediante la cual se absolvió de toda pena y responsabilidad a los encartados [Nombre1] , [Nombre2] y [Nombre4] .

II.Mediante resolución de las 10:25 horas del 14 de setiembre de 2016, esta Cámara de Apelación de Sentencia, suspendió el trámite de la presente causa, en virtud de la acción de constitucionalidad que se ventila ante la Sala Constitucional, bajo la sumaria número 16-3607-0007-CO . Luego, la Sala Constitucional mediante voto número voto 16967-2016, declaró sin lugar la acción interpuesta, sin embargo, todavía no se encuentra redactado el fallo integral emitido por el alto Tribunal Constitucional. No obstante, a pesar que resta la redacción integral del voto antes reseñado, analizado el recurso planteado y por la forma en que se resolverá el mismo, se ordena reactivar el trámite de la presente sumaria.

III.En el primer motivo del recurso, la Procuradora invoca una insuficiente fundamentación e inobservancia de las reglas de la sana crítica. Detalla que en este caso ya se había realizado un primer debate y que en aquella ocasión el Tribunal de Juicio dictó una sentencia absolutoria en favor de los encartados, decisión que fue impugnada por la Procuraduría ante la Cámara de Apelación de Sentencia y como resultado de dicha gestión se anuló el primer fallo y se ordenó un nuevo juicio. Refiere que, en esta segunda ocasión, el Tribunal de Juicio de Grecia, volvió a dictar una sentencia absolutoria en favor de los imputados. Indica que en la decisión impugnada, el cuerpo juzgador, hizo una descripción somera de las declaraciones de los testigos [Nombre12] , [Nombre13] , Eliden Alc á [Nombre14] y [Nombre15] . Sostiene que a partir de esos testimonios, el Colegio de Jueces derivó que los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario (en adelante IDA), no le informaron a los justiciables que los terrenos adjudicados a estos tenían algún tipo de limitación.

También ataca que las personas juzgadoras de instancia hicieron un breve análisis de las declaraciones de [Nombre16] y [Nombre17] , funcionarios del Ministerio de Agricultura de Ganadería (en adelante MAG), para señalar que los encartados desconocían sobre la existencia de limitaciones para realizar siembras en las zonas de protección tanto de la quebrada como de la naciente. Añade que el Tribunal de Juicio volvió a dictar una sentencia absolutoria, decisión que a criterio de la recurrente adolece de falta de fundamentación por dos razones esenciales: i) El hecho de que las tierras hayan sido adjudicadas por el IDA , no significa que los encartados tuvieran que haberse representado falsamente un convencimiento de encontrarse en aptitud legal para trabajar la totalidad de la tierra, esto por cuanto no resulta válido alegar ignorancia de la ley. Además, detalla que los planos de dichas parcelas, que constan como prueba en el expediente , especifican que dichos terrenos están afectados a la Ley Forestal y sobre ese elemento de prueba no existe ponderación por parte de los jueces.

Asimismo, estima que la prueba testimonial y documental, es conteste en señalar que era de conocimiento de los acusados la existencia de una naciente en el lugar de los hechos. Afirma que los testigos de [Nombre18] y [Nombre19] , indicaron que los propios imputados procuraron la supervivencia del citado cuerpo de agua, a través de trabajos de reforestación y de captación, destinados a que no solo el afloramiento continuara con brote de agua, sino que se hiciera más grande, a efectos de brindarle ese líquido a varias casas que se ubicaban en ese sector. Refiere que las anteriores circunstancias, permiten sostener que los justiciables conocían de su actuar ilícito y descarta el citado desconocimiento aludido por los encartados. ii) fustiga que en este caso se reitera el argumento de que los imputados recibieron asesoría de funcionarios del MAG dirigida exclusivamente a la actividad de agricultura y que no se les advirtió por parte de estos servidores públicos de alguna situación irregular, en relación con los cultivos existentes en las parcelas.

Sostiene que el anterior razonamiento no se deriva de la prueba ya que el testigo [Nombre16] hizo alusión a la necesidad de proteger la quebrada y la naciente. Objeta que la sentencia no desarrolla porqué a partir de la prueba se deriva la existencia de un error de prohibición. Indica que la sentencia carece de una debida fundamentación, y por ello lo procedente es anularla y ordenar el juicio de reenvío. Sin lugar el reclamo. Una vez analizado el fallo y el reproche formulado por la apelante, estas juzgadoras de alzada constatan que el mismo tiene una adecuada fundamentación y una correcta valoración de la prueba. En el caso sometido a examen, se tiene que conforme lo afirma la recurrente, el Tribunal de Juicio tuvo por demostrado los siguientes hechos de interés: "PRIMERO: En Trojas de San Pedro de Valverde Vega, Grecia, se sitúa la finca conocida como La Cooperativa o Virgencita, la cual corresponde a parcelas adjudicadas por el IDA.

En dicha propiedad existe una naciente captada para consumo humano y la quebrada afluente del río Trojas. SEGUNDO: La parcela número 3 cuyo folio real es CED4, fue adjudicada al encartado [Nombre1] y a la señora [Nombre20] ; y la parcela número 4 cuyo folio real es CED4, fue adjudicada al endilgado [Nombre2] , conocido como [Nombre3] y la señora [Nombre21] . TERCERO: Sin determinarse fecha y hora exacta, pero sí antes del 10 de marzo del 2011, los encartados [Nombre1] y [Nombre2] , invadieron el área de protección de la naciente captada para consumo humano y de la quebrada del río Trojas. CUARTO: Los imputados [Nombre22] y [Nombre8] , sembraron cultivos de café y tomate dentro del área de protección de la naciente y la quebrada indicadas, realizando labores de mantenimiento de dichos cultivos, limpieza de mala hierba, amarre y atomizando con aplicación de productos químicos y naturales, entre otras actividades, invadiendo en total un área de 4.989 metros cuadrados dentro de la zona de protección de la naciente y 4.265 metros cuadrados en el área de protección de la quebrada, para un total de 9.264 metros cuadrados invadidos.

QUINTO: El encartado [Nombre23] , sembró cultivos de tomate en un área total de 2.760 metros cuadrados, dentro de los 100 metros de protección de la naciente captada, invadiendo así su zona de protección, lo cual hizo sin contar con permisos para tal actividad. Además, posee otra parcela por donde pasa la quebrada afluente del río Trojas, la cual se origina de las quebradas Chico Cubero y Julio, la cual también fue invadida en su área de protección por el endilgado, ya que sembró cultivos de tomate dentro de ésta, con una extensión de 3.540 metros cuadrados. SÉXTO: El endilgado [Nombre2] , sembró cultivos de tomate y una hielera de frijol, invadiendo el área de protección de la quebrada afluente del río Trojas, afectando con dicha siembra un área de 1.720 metros cuadrados. Esos cultivos se encuentran a escasos 48 metros de distancia del cauce y hay otros que sembró el imputado [Nombre24] a 43 metros de distancia.

SÉTIMO: El área total fue invadida por las actividades de siembra y cultivo de café y tomate realizados por los encartados [Nombre22] y [Nombre8] fue de 9.264 metros cuadrados." (Copia textual de folio 217 frente y vuelto del expediente principal). Del anterior cuadro fáctico, así como de la fundamentación intelectiva del fallo, se extrae con claridad que el Tribunal de Juicio tuvo por acreditado, la existencia de una naciente y de una quebrada en la finca conocida como "La Cooperativa". También se tuvo por demostrado que los encartados [Nombre1] , [Nombre2] y [Nombre4] , tenían conocimiento de que en dicha finca existía una naciente y una quebrada. De igual manera, el fallo es amplio en explicar que, a partir de la prueba documental, pericial y las declaraciones de los funcionarios [Nombre12] , [Nombre13] y Eliden Alc á [Nombre14] , se demostró que los encartados [Nombre1] y [Nombre2] , sembraron en las parcelas adjudicadas por el IDA, cultivos de café y tomate, los cuales se encuentran en el área de protección de la naciente y de la quebrada del [Dirección2] Trojas.

También, el cuerpo juzgador tuvo por demostrado que en un sector aledaño a la naciente y dentro del área de protección de la misma, fueron plantados árboles, los cuales conforman un pequeño bosque. Sobre estos aspectos, el fallo es claro en expresar -y así se deriva de la prueba- que los tres encartados reconocieron la existencia de la naciente, de la quebrada y de los sembradíos de café y tomate. Lo anterior permite deducir que en relación con estos eventos no existe controversia alguna. El punto de conflicto y atacado por la apelante, es la decisión que tomó la Cámara de Juicio, al estimar que en la especie existía un error de tipo. Para efectos de resolver adecuadamente este aspecto, es necesario hacer un repaso dogmático en lo atinente al error de tipo y su diferencia con el error de prohibición. En este sentido, es pacífica la postura dogmática al indicar que el desconocimiento o error sobre la existencia de uno o algunos de los elementos objetivos del tipo penal excluye el dolo.

El tratadista [Nombre25] ha expresado que "se presenta un error de tipo cuando el autor se equivoca sobre una circunstancia que sea necesaria para completar el tipo legal." (Roxin [Nombre26]. La teoría del delito en la discusión actual. Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2007, 1 edición, página 195). De igual manera al estar conformado el tipo penal, por elementos normativos y descriptivos, se ha establecido que un error sobre alguna de estas dos categorías de elementos constituye un error de tipo. Aquí merece una atención especial, la distinción entre elementos descriptivos y normativos del tipo penal. El primer grupo está conformado por aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos, es decir la forma de conocimiento es la percepción sensorial, mientras que en la segunda categoría entran aquellos elementos que solo pueden ser apre he ndidos por una valoración. En relación con este segundo grupo , [Nombre25] detalla que la comprensión intelectual que caracteriza el dolo típico en los elementos normativos no significa una subsunción jurídica exacta en los conceptos empleados por la ley, sino que basta con que el contenido del significado social haya sido aprehendido por el autor.

Sin embargo, también añade dicho autor que hay casos en los que el contenido del sentido social no puede ser entendido sin una determinada calificación jurídica. En estos casos , la calificación jurídica correcta pertenece a la comprensión intelectual de la circunstancia del hecho de que se trate y es requisito del dolo (En tal sentido [Nombre27] , Derecho Penal, Parte General tomo I. Editorial Civitas, 2 edición, 1997, páginas 459-462). Por su parte, y en lo que nos interesa para la resolución correcta del caso sometido a examen, [Nombre25] ha indicado que se configura un error de prohibición, "cuando el autor, al conocer todas las circunstancias que complementan en su totalidad el tipo legal, no extrae sin embargo de ellas la conclusión referida a una prohibición legal, sino que cree que su conducta está permitida." ([Nombre26] [Nombre28], La teoría del delito en la discusión actual. ibid, página 195).

Una vez precisados los anteriores conceptos es necesario abordar la construcción del tipo penal analizado por el Tribunal de Juicio. Según consta en la acusación a los encartados se les imputó el delito previsto y sancionado en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, que establece lo siguiente: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.” La acción típica contemplada en este tipo pena [Nombre29] es invadir, sin embargo, dicho verbo no cuenta con una definición legal en la Ley Forestal, ni en su reglamento, por lo que su definición debe buscarse en otras fuentes.

Al respecto el Diccionario de la Real Academia Española, señala que invadir se entiende como “1. Irrumpir, entrar por la fuerza; 2. tr. Ocupar anormal o irregularmente un lugar. Las aguas invadieron la autopista; 3. tr. Dicho de una cosa: Entrar y propagarse en un lugar o medio determinados…”. A partir de la anterior precisión conceptual se tiene entonces, que la acción que sanciona el inc iso a) del artículo 58 de la Ley Forestal, es la de ocupar, irrumpir en un área de conservación o protección, independientemente de que se trate de terrenos estatales o privados, es decir, invadir implica actos de ocupación del sitio. Adicionalmente, del análisis del citado tipo penal se concluye que el concepto de área de protección o zona de conservación constituye un elemento normativo, ya que su comprensión no se da por medio de los sentidos, sino que su contenido requiere de una compresión social de su significado.

Además, estiman estas juzgadoras de alzada, que dicho elemento normativo, no puede ser entendido sin una determinada calificación jurídica, es decir, para comprender el significado de dicho elemento normativo, se debe recurrir a la definición legal que se estableció en la Ley Forestal. Es así como la normativa en comentario indica en su artículo 33 lo siguiente: “Áreas de protección. Se declararan áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.” De las precisiones realizadas hasta ahora, y volviendo al análisis del caso concreto, se puede concluir que para efectos de la tipicidad objetiva, la acción típica que se les atribuyó a los encartados fue la de invadir las áreas que bordean las nacientes permanentes en un radio de cien metros horizontales, o una franja de quince metros -zona rural- o de diez metros horizontales -zona urbana-, en las riberas de los ríos.

Para una resolución del caso, el análisis de la conducta desplegada por los encartados no se agota en el examen de los elementos objetivos del tipo penal, sino que también se debe analizar el elemento subjetivo, conformado por el dolo. Este fue el aspecto que se abocó a analizar el Tribunal de Juicio y a partir de dicha ponderación concluyó que existía un error de tipo al no poderse acreditar con la certeza requerida, que los encartados tuvieran conocimiento , de que las acciones que estaban ejecutando las hacían en el área de protección de una ribera o de una naciente. La conclusión a la que arribó la Cámara de Juicio es compartida por este Tribunal de Apelación, toda vez que de la prueba y en especial de las declaraciones de los imputados [Nombre1] y [Nombre2] , y de los relatos de los testigos [Nombre16] y [Nombre30] , se extrae que los encausados recibieron asesoría técnica , por parte de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería durante la realización de sus actividades atinentes al cultivo de dichos productos.

Como se deduce del sumario de prueba, los testigos [Nombre31] y [Nombre32] , relataron el tipo de asesoría que [Nombre29] e brindaron a los encartados . E n este sentido los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería indicaron que brindaron información atinente a las técnicas y procedimientos para sembrar tomate y café y realizaron las supervisiones respectivas . A diferencia de lo que propone la apelante, de dichos testimonios no se deriva con la fuerza suficiente, que esos servidores públicos, le explicaran a los encartados cuál era el área de protección de la naciente, o de la quebrada y hasta d ó nde llegaba dicha zona de protección. Tampoco se deduce de dichos relatos, que esos funcionarios les informaran o advirtieran a los acusados , que en ciertas áreas de las parcelas adjudicadas no podían sembrar por constituir dichas zonas áreas de protección. En este caso en particular, cobra relevancia lo que declaró el testigo [Nombre33] , quien hizo alusión a que las parcelas que son objeto de examen en esta causa, pertenecen a una finca conocida como “La Cooperativa”, terrenos que han sido dedicados a la siembra de diferentes productos a lo largo de 30 años.

Lo dicho hasta aquí permite deducir, que la tesis expuesta por la Cámara de instancia, para absolver a los encartados se circunscribía a que de la prueba no se derivaba con la certeza requerida , que los imputados hayan actuado conociendo que las zonas en las que se realizaron los sembradíos de tomate y café constituían áreas de protección, elemento que es indispensable para efectos de la tipicidad subjetiva. Sobre este particular, es necesario precisar que la comprobación del dolo es otro de los elementos que debe quedar acreditado a partir de la prueba y el cual se deriva de las circunstancias de hecho que rodearon un caso en particular. Como se lleva dicho, la asesoría técnica que recibieron los imputados en este caso, no permite concluir que los mismos actuaron conociendo que invadían la zona de protección de la naciente y de la quebrada con los sembradíos de café y tomate que plantaron en las parcelas que eran trabajadas por ellos.

Pero, aun así, si se admitiera la tesis de la recurrente, en el sentido que los encartados actuaron con dolo -extremo que no ha sido demostrado con la certeza requerida-, lo cierto es que a criterio de estas juzgadoras de alzada, en la especie también se podría configurar un error de prohibición invencible, por las siguientes razones. Si se admitiera que los acusados obraron de forma dolosa, no sería factible concluir, que ellos actuaron conociendo que su conducta estaba prohibida por el ordenamiento jurídico (error de prohibición), ya que como lo declararon los imputados y no existe prueba que desacredit e su dicho, ellos fueron asesorados por funcionarios públicos, al momento de realizar los cultivos de café y tomate, y de ahí que no era posible conocer que su acción estaba prohibida por el ordenamiento jurídico, situación que resultaba invencible de superar, ya que fueron las mismas autoridades estatales las que los asesoraron para que realizaran dich a s actividades agrícolas .

El error en el que incurre la apelante, es que plantea su reclamo únicamente a partir de un análisis de los elementos objetivos del tipo penal, desconociendo que la tipicidad también abarca el componente del dolo. Adicionalmente y como se ha desarrollado en este fallo, el análisis de la tipicidad en el delito objeto de examen, implica que el juzgador para efectos de determinar si una conducta encuadra en dicha figura penal, deba realizar una serie de valoraciones e interpretaciones, que incluye el análisis de la definición jurídica que existe en nuestro ordenamiento en relación con el concepto de área de protección. Es decir, el examen de la tipicidad requiere todo un proceso intelectivo, que torna a esta figura en un tipo penal complejo y de ahí que la demostración tanto de los elementos objetivos como del subjetivo, requiere de una valoración diversa, a la de aquellas otras conductas delictivas que están descritas únicamente a partir de elementos descriptivos o de elementos normativos de sencilla compresión a partir de su sentido social. De ahí que, en este caso, el abordaje que realizó la Cámara de Juicio es el correcto y por ende se debe desestimar el reclamo planteado.

IV.En el segundo motivo, la apelante alega falta de fundamentación de la sentencia respecto de la denegatori a a emitir una orden de restitución de las cosas a su estado anterior. Detalla que en la decisión impugnada, el cuerpo colegiado rechazó la solicitud de la Procuraduría, en la cual peticionaba que se eliminaran los sembradíos existentes en las zonas de protección. Fustiga la postura del Tribunal de Juicio, ya que estima que en la sentencia se tuvo por demostrada la existencia de una naciente, y de una quebrada, además se tuvo por acreditado que los encartados efectuaron sembradíos en las zonas de protección de esos cuerpos de agua. Especifica que, si bien los predios en los que se encuentran dichos sembradíos no pertenecen a los imputados, sino a terceros propietarios de buena fe, lo cierto es que lo que se defiende y se querella es la invasión de la zona de protección de esos mantos de agua, áreas que aunque están enclavadas en propiedades privadas, los terceros no ostentan un derecho sobre esos terrenos y nadie puede detentar esas zonas o áreas de protección.

Estima que no es indispensable tener a los dueños de esos fundos como terceros intervinientes en el proceso, ya que estas personas no tendrían la posibilidad de reclamación con respecto a las decisiones que en sentencia se tomen sobre dichas áreas de protección. Asimismo, ni los propietarios ni los imputados pueden alegar beneficios derivados de una situación ilícita, por lo que no dictar la restitución de las cosas a su estado anterior, no es sino perpetuar el delito. Refiere que los dueños de esos terrenos, debido al parentesco que los une con los imputados, no pueden alegar desconocimiento de las actividades agrícolas que se desarrollaban en esas tierras. Para sustentar este reproche, la apelante cita diversos votos de los Tribunales de Apelación de Sentencia. Solicita se anule la sentencia y se ordene el juicio de reenvío. Sin lugar el reclamo. El punto objeto de discusión en alzada, también fue analizado por el Tribunal de Juicio en la sentencia y la decisión del Tribunal de Juicio es acertada.

Como bien se estableció en el fallo y no es objeto de debate ante esta Cámara de Apelación, se tuvo por demostrado que en el área de protección de la naciente y de la quebrada existen sembradíos de café y tomate. Ahora bien, conforme lo dispuso el Tribunal de Juicio, se negó la gestión de la Procuraduría de que se ordenara eliminar dichos cultivos de esas áreas, con base en el siguiente razonamiento: “Si bien en el presente asunto, la señora Procuradora solicitó al Tribunal el restablecimiento de la zona a su estado anterior al delito, ello al tenor de lo dispuesto entre otros por el numeral 140 del Código Procesal Penal y 50 de la Constitución Política, esta Cámara estima que en el presente caso, existe una imposibilidad de ordenarlo, ello por cuanto tal y como se infiere de la prueba documental referida a las certificaciones registrales incorporadas en el debate, dos de las propiedades, tienen copropietarias registrales que en ningún momento fueron traídas al proceso, ni se les dio audiencia sobre la existencia del mismo, a fin de que como propietarias del 50 por ciento de los inmuebles, pudiesen intervenir como terceras interesadas en el proceso en defensa de sus intereses patrimoniales; y más aún en la tercera de las propiedades, sea la que aparece a nombre de un hijo del encartado [Nombre4] , tampoco a éste, se le dio la oportunidad de hacer valer sus derechos como propietario del 100 por ciento de la finca; sin duda alguna, se estima que de haberse acogido la petición indicada, se habría violentado flagrantemente el debido proceso, al haberse dispuesto una situación en detrimento de las propiedades y derechos de esos propietarios registrales indefensos.

En todo caso, tal y como claramente se hizo saber a los encartados al momento de exponer la lectura de la parte dispositiva; ellos al día de hoy, tienen claro, comprenden y conocen perfectamente que respecto de la naciente existente y las quebradas que aparecen en sus terrenos, éstos tiene un área de protección que deben respetarse, y saben que no pueden llevar a cabo ninguna acción o cultivo dentro de esas partes de los terrenos, por cuanto con ello podrían invadir el área de protección; siendo que además, ese desconocimiento que manifestaron en el presente proceso, saben no lo pueden volver a utilizar en su favor, al saber las consecuencias legales a los que se podrían ver expuestos en caso de violentar las áreas de protección de la indicadas naciente y quebradas que existen en esas parcelas; en razón de ello, el Tribunal, imposibilitado por las razones indicadas a ordenar el levantamiento de los sembradíos ubicados dentro de las áreas de protección, apela a la conciencia ambiental que se espera debe imperar en personas agricultoras y trabajadoras como lo son cada uno de los endilgados, que viven de sus los productos que da sus tierras, para proceder, voluntariamente a cumplir cabalmente con el respeto que debe existir sobre las áreas de protección de la nacientes y quebradas, máxime que incluso, hacen uso de la primera de éstas; procurando NO afectar el medio ambiente, para lo cual incluso podrían recurrir a los mismos funcionarios del Sistema de Control de Áreas de Protección del Ministerio de Ambiente y Energía, en procura de asesoría para esos efectos, a fin de tener claramente delimitadas cada una de las áreas de protección, fijándolas en sus parcelas, para velar por el respeto e integridad de las mismas.” (copia textual folios 230 vuelto y 231 frente ).

En anterior razonamiento del Tribunal de Juicio es correcto, ya que quedó acreditado que existen otras personas con un derecho de propiedad pleno sobre dichos inmuebles y ellos no fueron llamados al proceso a efectos de hacer valer sus derechos. Si bien, es cierto, las áreas de protección no pueden ser detentadas por ninguna persona, también es claro que la pretensión de la Procuraduría conlleva a que se emita una orden con una obligación de hacer, específicamente eliminar los cultivos de las zonas protegidas. En virtud de dicha pretensión resultaba necesario que la misma fuera girada a las personas que con ocasión a la titularidad del derecho de propiedad que ostentan sobre dichos terrenos, tienen la posibilidad real y legal de ejecutar las acciones dispuestas en esa orden. Tómese en consideración lo desproporcionado que resultaría ordenarle a una persona que elimine los cultivos que se encuentran en un área de protección, si dicha persona no puede acceder al terreno ni ejecutar actos en el mismo, por no poseer sobre dicho bien un derecho que le faculte a ejercer esas acciones.

En esta inteligencia, con la finalidad de que la orden impartida por una autoridad judicial sea efectiva y eficaz, es necesario girarla a la persona que tiene la legitimidad para cumplirla y de ahí, la necesidad de haber traído al proceso a los dueños de esos fundos. Adicionalmente, como bien lo indicó el cuerpo colegiado de instancia, a partir del fallo emitido por el a quo¸ los encartados deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de labor de aprovechamiento, labranza, mantenimiento o cultivo en las áreas de protección que se encuentran en dichas parcelas, porque ahora ellos sí tienen el conocimiento de que en dichas zonas no se pueden realizar ese tipo de actividades y le corresponderá a la autoridad pública respectiva, por el cumplimiento de la Ley . En consecuencia, se declara sin lugar el reclamo planteado.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la Procuraduría General de la República.

Adriana Escalante Moncada Yadira Godínez Segura [Nombre5] Juezas de Apelación de Sentencia Contra: [Nombre1] Delito: INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL Ofendido: LOS RECURSOS NATURALES [Nombre34]

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