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Res. 00068-2016 Tribunal Contencioso Administrativo Sección I · Tribunal Contencioso Administrativo Sección I · 21/07/2016
OutcomeResultado
The Court partially annulled Resolution 150-RIT-2013, ordered application of the tariff model in force on November 5, 2009, and required ARESEP to compensate TUASA and COOPETRANSASI for lost revenue, with interest and costs.El Tribunal anuló parcialmente la resolución 150-RIT-2013, ordenó aplicar el modelo tarifario vigente al 5 de noviembre de 2009 y condenó a la ARESEP a indemnizar a TUASA y COOPETRANSASI por los ingresos perdidos, con intereses y costas.
SummaryResumen
The Court partially granted the claims brought by TUASA and COOPETRANSASI against ARESEP concerning the irregular processing of a bus-fare adjustment application filed in 2009. It held Resolution 150-RIT-2013 partially void because ARESEP declined to apply the econometric model to several routes without adequate technical justification. Neither the change of concessionaire for one route nor the alleged absence of a contractual addendum prevented the agency from recalculating fares using the conditions, variables, and data in force when the original administrative act was issued. The Court therefore ordered ARESEP to apply the tariff-calculation model in effect on November 5, 2009, and compensate TUASA and COOPETRANSASI for lost revenue. The amounts would be quantified during judgment-enforcement proceedings and would accrue commercial statutory interest from December 5, 2009. It recognized COOPETRANSASI’s standing as assignee of the concession rights but found that Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada lacked standing.El Tribunal declaró parcialmente con lugar la demanda de TUASA y COOPETRANSASI contra la ARESEP por la tramitación irregular de una solicitud de ajuste de tarifas de autobús presentada en 2009. Determinó que la resolución 150-RIT-2013 era parcialmente nula porque rechazó aplicar el modelo econométrico a varias rutas sin una justificación técnica adecuada. El cambio de concesionario de una ruta y la supuesta falta de una adenda contractual no impedían recalcular las tarifas con las condiciones, variables y datos vigentes cuando se emitió el acto original. Por ello, ordenó aplicar el modelo tarifario vigente al 5 de noviembre de 2009 y condenó a la ARESEP a indemnizar a TUASA y COOPETRANSASI por los ingresos dejados de percibir, cuyos montos se determinarían en ejecución de sentencia, con intereses comerciales desde el 5 de diciembre de 2009. Reconoció legitimación a COOPETRANSASI como cesionaria de la concesión, pero no a Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada.
Key excerptExtracto clave
Consequently, Resolution No. 150-RIT-2013 of November 14, 2013, is declared partially void, solely insofar as it refused to apply the econometric model to the following routes: (a) Alajuela–San José via the highway; (b) Alajuela–La Aurora de Heredia; (c) Alajuela–San Juan de Santa Bárbara; and (d) San Joaquín–San José. Accordingly, the Regulatory Authority for Public Services is ordered to apply to those routes the tariff-calculation econometric model in force on November 5, 2009, using the variables and elements in effect at that time. The Regulatory Authority for Public Services is ordered to pay Transportes Unidos Alajuelenses Sociedad Anónima the damages caused by the aforementioned tariff omission, consisting of the revenue lost as a result of that omission, the amount of which shall be determined during the judgment-enforcement stage. These sums shall accrue commercial statutory interest pursuant to Article 497 of the Commercial Code from December 5, 2009, until payment in full. Regarding Cooperativa de Transportes Sabanilla, as a third party asserting its own claims and as concessionaire of the Alajuela–Volcán Poás round-trip route, the Regulatory Authority for Public Services is ordered—concerning its refusal to apply the econometric model to that route—to apply the tariff-calculation econometric model in force on November 5, 2009, using the variables and elements in effect at that time.En consecuencia se declara la nulidad parcial de la resolución número 150-RIT-2013 del 14 de noviembre del 2013, únicamente en cuanto rechazó el aplicar el modelo econométrico para las rutas a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín San José, en razón de lo cual se ordena a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que aplique el modelo econométrico de cálculo tarifario vigente al 05 de noviembre del 2009 para dichas rutas, con las variables y elementos vigentes para dicho momento. Se condena a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de los daños y perjuicios causados a la empresa Transportes Unidos Alajuelenses Sociedad Anónima producto de la omisión tarifaria supracitada, consistente en los ingresos dejados de percibir por tal omisión, siendo en etapa de ejecución de sentencia que se determinarán. Sumas sobre las cuales corren intereses legales comerciales a tenor del ordinal 497 del Código de Comercio, que comprenden del 05 de diciembre del 2009 hasta su efectivo pago. En lo referente a la empresa Cooperativa de Transportes Sabanilla, como tercero con pretensiones propias, en razón de ser el concesionario de la ruta Alajuela-Volcán Poás y Viceversa, en cuanto rechazó el aplicar el modelo econométrico para dicha ruta, se ordena a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que aplique el modelo econométrico de cálculo tarifario vigente al 05 de noviembre del 2009, con las variables y elementos vigentes para dicho momento.
Pull quotesCitas destacadas
"Observándose en dicho acto administrativo yerro en el elemento motivo, debido a que no sustenta en forma técnica y adecuada las razones por las cuales no realizó la fijación tarifaria, omitiendo injustificadamente hacer la corrida del modelo econométrico y causando afectaciones a la empresa, tal y como lo confirmara el testigo Gerardo Duarte Sibaja."
"The administrative act contained an error in its stated grounds because it did not technically and adequately substantiate why the tariff determination was not performed, unjustifiably omitted running the econometric model, and thereby harmed the company, as witness Gerardo Duarte Sibaja confirmed."
Considerando
"Observándose en dicho acto administrativo yerro en el elemento motivo, debido a que no sustenta en forma técnica y adecuada las razones por las cuales no realizó la fijación tarifaria, omitiendo injustificadamente hacer la corrida del modelo econométrico y causando afectaciones a la empresa, tal y como lo confirmara el testigo Gerardo Duarte Sibaja."
Considerando
"En consecuencia, dado lo manifestado, no se ocupaba para hacer la fijación tarifaria que la ARESEP tuviera la adenda del contrato de cesión de ruta de TUASA a COOPETRANSASI RL."
"Consequently, in view of the foregoing, ARESEP did not need to possess the addendum to the route-assignment agreement from TUASA to COOPETRANSASI R.L. in order to determine the fares."
Considerando
"En consecuencia, dado lo manifestado, no se ocupaba para hacer la fijación tarifaria que la ARESEP tuviera la adenda del contrato de cesión de ruta de TUASA a COOPETRANSASI RL."
Considerando
"En mérito de lo cual al haber TUASA cedido dicha ruta, tal cesión implica también el traspaso de los derechos derivados de la solicitud de incremento tarifario, por lo que tal situación faculta a dicha empresa para reclamar judicialmente los daños y perjuicios que se originen en dichas actuaciones."
"Accordingly, because TUASA assigned that route, the assignment also transferred the rights arising from the fare-increase application, thereby authorizing that company to seek judicial recovery of damages resulting from those actions."
Considerando II.4 — Excepciones
"En mérito de lo cual al haber TUASA cedido dicha ruta, tal cesión implica también el traspaso de los derechos derivados de la solicitud de incremento tarifario, por lo que tal situación faculta a dicha empresa para reclamar judicialmente los daños y perjuicios que se originen en dichas actuaciones."
Considerando II.4 — Excepciones
"En cuanto al ajuste del valor económico de la obligación (indexación), al disponerse el otorgamiento de intereses, a título de perjuicio financiero, se encuentra comprendida en este último rubro."
"As to adjustment of the obligation’s economic value through indexation, because interest is awarded as financial damages, that adjustment is included within the interest award."
Por tanto
"En cuanto al ajuste del valor económico de la obligación (indexación), al disponerse el otorgamiento de intereses, a título de perjuicio financiero, se encuentra comprendida en este último rubro."
Por tanto
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Nº 68-2016 Nº 68-2016 TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. II Circuito Judicial. San José, at fourteen hours thirty minutes on veintiuno de julio del año dos mil dieciséis.- Ordinary administrative proceeding (proceso de conocimiento) brought by Transportes Unidos Alajuelenses S.A., legal entity identification number 3-101-4929, represented by its special litigation counsel (apoderado especial judicial), Walter Brenes Soto, attorney identification number 21747, against the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, represented in its defense by attorney Jeremy Andrés Moya Bermúdez, attorney identification number 20499. The company Cooperativa de Transportes Sabanilla y San Isidro de Alajuela, Responsabilidad Limitada, legal entity identification number 3-004-075853, and the company Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada, legal entity identification number 3-102-073015, represented by attorney Walter Brenes Soto, participate as interested third parties asserting their own claims (terceros interesados con pretensiones propias). Processed under expediente number 14-00 9518-1027-CA.
BACKGROUND
I.This ordinary administrative proceeding seeks a declaration of partial nullity (nulidad parcial) of resolution number 150-RIT-2013, published in La Gaceta 224 of 20 de noviembre del 2013, because they were not granted the fare increase, and an order granting them the corresponding fare for the following routes: a) Alajuela-San José via the highway. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara; and d) San Joaquín-San José. It requests that the fares for the following routes be equalized: a) Alajuela-San José via the highway. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara; and d) San Joaquín-San José, in accordance with the principle of financial equilibrium (equilibrio financiero), as well as through the application of the econometric model (modelo econométrico) for calculating fares currently in force, and that the percentage determined in resolution number 150-RIT-2013 be granted for the Alajuela-San José via Heredia routes.
It states that the damages are of two types. The first concerns the Alajuela-Heredia-San José route, for which a belated fare increase was granted, because it had been requested since 05 de noviembre del 2009 but was not granted until 20 de noviembre del 2013, in the amount of 42.86% for the Alajuela-Heredia segment and 42.65% for the Heredia-San José route segment. It therefore requests that ARESEP be held administratively liable (responsabilidad administrativa) for the unlawful conduct of failing to grant the fare increase to the company TUASA, with the corresponding award of damages (daños y perjuicios), consisting of ten billion colones in material damages for the period from 04 de marzo del 2010 to 20 de noviembre del 2013, during which it did not receive financial equilibrium, representing the income that the company TUASA failed to receive. As a second category of damages, it also claims that fares were not approved for the routes serving Alajuela-San José via the highway, Alajuela-La Aurora de Heredia, Alajuela-San Juan de Santa Bárbara, and San Joaquín-San José, and therefore requests equalization of the company’s fare situation.
As consequential damages (perjuicios), it seeks the interest accrued, as well as indexation (indexación) of any monetary amount that ARESEP is ordered to pay to the company TUASA. It also requests that the defendant be ordered to pay both categories of litigation costs (ambas costas del proceso) (folios 16 to 36 of the judicial case file and 184 to 186 ibid).
II.For their part, the interested third parties asserting their own claims, the company Cooperativa de Transportes Sabanilla y San Isidro de Alajuela, Responsabilidad Limitada, and the company Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada, request payment of damages for the loss of income resulting from the fare not granted to TUASA and COOPETRANSASI due to an award below the amount sought (infrapetita). They contend that the official and currently applicable ARESEP fare-calculation model for passenger transportation services in the bus modality, in force on 05 de noviembre del 2009 when the application to adjust the fares for services operated by TUASA was filed, must be applied, together with the payment of statutory civil interest (intereses legales civiles) and indexation, the amounts of which shall be determined during the judgment-enforcement stage (etapa de ejecución de sentencia) (folios 134 to 137 and 184 to 186 of the principal case file).
III.Upon service of the required notice, the defendant opposed this action and raised the defenses (excepciones) of failure to state a legal right (falta de derecho) and lack of passive standing (falta de legitimación pasiva), requesting an award of costs (folios 47 to 72 and 184 to 186 of the record).
IV.This proceeding was declared subject to highly complex processing (trámite muy complejo), pursuant to article 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, and judgment has been rendered in accordance with ordinal 47 of its regulations, since this proceeding involves extensive documentary evidence requiring analysis and entails the examination of significant legal issues concerning fare-setting (fijación tarifaria).
V.By an order issued at nine hours on treinta de mayo en curso, additional evidence for better adjudication (prueba para mejor resolver) was requested during the deliberation stage, and the hearing was reopened on 14 de junio en curso. However, at that hearing it was determined that the requested evidence was incomplete; accordingly, by an order issued at nine hours on treinta de mayo en curso, completion of that evidence was required, and the hearing was reopened on 30 de junio en curso (folios 196 to 203 of the principal case file).
VI.The proceedings have complied with the applicable legal requirements, and no defects or omissions are evident that could render the proceedings null or deprive the parties of their right to a defense. This decision is rendered unanimously, following deliberation and within the statutory period.
Drafted by Judge Espinoza Salas; and C O N S I D E R I N G I)- REGARDING THE FACTS: I.1)- PROVEN FACTS (HECHOS PROBADOS): The following facts relevant to the resolution of this matter are deemed established, as they are consistent with the evidence cited in support thereof:
The most serious defect in the annulled decision (RRG-173-2010) is the calculation of the demand and the base fares considered for running the model, and this advisory body finds no relationship between these inputs and the service operator, since these data will not vary as a result of a change in the service provider; therefore, the change in the concessionaire of route 1241 could not make it impossible to recalculate the 2010 data. The justification given by the IT—that the transfer of the concession right (derecho de concesión) for route 1241 on 27 de setiembre del 2012 affects the model run ordered in decision RDJ-039-2012 of 07 de junio del 2012—is unfounded. It should be noted that said transfer was authorized on 27 de setiembre del 2012 by the Junta Directiva del CTP, through Article 6.6 of ordinary session 65-2012 (digital administrative record, as well as the testimony of witness Gerardo Duarte Sibaja).
I.2)- UNPROVEN FACTS (HECHOS NO PROBADOS): The plaintiff (actora), TUASA, did not prove: 1) The amount of damages (daños y perjuicios) resulting from the failure to decide the application for a fare adjustment (ajuste tarifario) for the following routes: a) Alajuela-San José via the highway. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara; and d) San Joaquín-San José. It requests that fare parity (equiparación de la tarifa) be ordered for the following routes: a) Alajuela-San José via the highway. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara; and d) San Joaquín-San José (the record). 2) The appropriate fares applicable to the following routes: a) Alajuela-San José via the highway. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara; and d) San Joaquín-San José (the record). The interested third party (tercera interesada), Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela Responsabilidad Limitada, did not prove: 1) The amount of damages resulting from the failure to decide the application for a fare adjustment for the San José-Alajuela-Volcán Poás route and vice versa (the record). 2) The appropriate fares applicable to the San José-Alajuela-Volcán Poás route and vice versa (the record).
ARESEP did not prove: 1) That it had just cause (causa justificada) for failing to decide in a timely manner the application for a fare adjustment for the following routes: a) Alajuela-San José via the highway. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara. d) San Joaquín-San José; and e) San José-Alajuela-Volcán Poás and vice versa. It requests that fare parity be ordered for the following routes: a) Alajuela-San José via the highway. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara; and d) San Joaquín-San José (the record). 2) That it had not received from the Consejo de Transporte Público, for its approval (refrendo), the transfer of the concession right (derecho de concesión) held by TUASA for route 1241 to the company Coopetransasi R.L (the record).
I.3)- EVIDENCE TO AID ADJUDICATION (PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER): At the oral trial, the documentation appearing on folios 1 through 15, 73 through 108, 119 through 131, 166 through 183, and 193 through 196 was ordered admitted as evidence to aid adjudication, together with all evidence ordered and admitted for that purpose contained in the digital case file (expediente digital).
It must be displayed in the corresponding vehicles, posted at terminals and stops, and permanently publicized to provide users with better information. Rates may be reviewed in the following ways: a) Through direct action by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Each concession or permit shall be reviewed mandatorily once a year, without prejudice to conducting another review if required by the economic and financial circumstances of the companies. b) Upon application by the concessionaire or permit holder, who must demonstrate the following: 1.- That the cost structure underlying the current rate-setting (fijación tarifaria) has changed in such a way as to alter the economic balance of the service by more than five percent (5%), thereby preventing the concessionaire or permit holder from fulfilling its contractual obligations and recovering its investment and reasonable profit. 2.- That the increased operating costs, together with the corresponding return, are justified through an economic and financial study prepared and signed by an authorized public accountant. 3.- That the standards regarding efficiency, continuity, and safety specified by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes in the corresponding concession have been met or, as applicable, that there is a genuine commitment to improve the service using the funds obtained from the rate adjustment.
Applications for rate adjustments may be submitted if the conditions described above are met. The interested party must pay a fee (canon), set by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, reflecting the administrative cost of processing the applications. The Ministerio de Obras Públicas y Transportes shall decide the interested party’s application within treinta días naturales. If no decision has been issued upon expiration of that period, the interested party may bring its case directly before the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, after posting the bond required by a general resolution of that entity. If the Authority fails to issue a decision within treinta días naturales, the provisions of Article 37 of the Law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos shall apply. If the appeal against the denial of the rate adjustment is manifestly unfounded, the Autoridad Reguladora shall enforce the bond posted within quince días following the date of the corresponding decision.” Likewise, Article 32 provides on this subject that: “The setting or modification of rates for Passenger Motor-Vehicle Transportation shall be carried out in accordance with the cost-of-service principle (principio de servicio al costo), which shall be determined, to the extent possible, by considering average operating costs under modern standards of organization and efficiency, the degree to which vehicle capacity is utilized, and a fair annual return on invested capital.
No charge for amortization of the commercial value of the operation or route rights may be considered as a factor in determining cost.” For its part, the Law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, number 7593 of 09 de agosto de 1996, provides in Article 30, regarding the submission of applications to set or change rates, that: “Public-service providers, legally constituted consumer organizations, and public entities and bodies legally empowered to do so may submit applications to set or change rates. The Autoridad Reguladora shall be required to receive and process those applications only when, upon submission, they satisfy the formal requirements established by the Regulations. This Authority may modify, approve, or reject those applications. Depending on the circumstances, rate determinations shall be ordinary or extraordinary in nature. Depending on the circumstances, rate determinations shall be ordinary or extraordinary in nature.
Ordinary determinations shall be those that contemplate cost and investment factors, in accordance with Article 3(b) of this Law. Providers must submit an ordinary study at least once a year. The Autoridad Reguladora may, on its own initiative, make ordinary modifications and must grant the corresponding hearing as required by law. Extraordinary determinations shall be those that consider significant changes in the economic environment due to an unforeseeable event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor), and those made when the conditions of automatic adjustment models are met. The Autoridad Reguladora shall make such determinations on its own initiative.” Article 31 ibid provides that: “In setting public-service rates and prices, the Autoridad Reguladora shall take into account model production structures for each public service, in light of developments in knowledge and technology, the service’s possibilities, the activity involved, and the size of the provider companies.
In the latter case, efforts shall be made to promote small and medium-sized enterprises. If it is demonstrably impossible to apply this procedure, the particular circumstances of each company shall be considered. The criteria of social equity, environmental sustainability, energy conservation, and economic efficiency defined in the Plan nacional de desarrollo must be central elements in setting public-service rates and prices. No determinations that undermine the financial balance of public-service providers shall be permitted. The Autoridad Reguladora must apply annual rate-adjustment models based on changes in variables outside the control of service providers, such as inflation, exchange rates, interest rates, hydrocarbon prices, wage determinations made by the Poder Ejecutivo, and any other variable the Autoridad Reguladora considers relevant. Likewise, when setting public-service rates, the following aspects and criteria must be considered whenever applicable: a) Ensuring financial balance. b) Recognition of the cost structures of the various mechanisms for contracting project financing, their special forms of payment, and their actual costs, including, but not limited to, B-type arrangements: build and operate, or build, operate, and transfer, BOO, as well as operating leases and/or finance leases and any others established by regulation. c) Protection of water resources, environmental costs, and environmental services.” Similarly, Article 33 ibid provides that: “Every application from providers concerning rates and prices must be substantiated.
In addition, applicants must have complied with the conditions established by the Autoridad Reguladora in previous determinations or in interventions carried out in the exercise of its powers before the application was filed.” Article 34, in turn, provides on this subject that: “The rates and prices set by the Autoridad Reguladora shall take effect upon publication in the official gazette La Gaceta or at the time specified in the corresponding decision and may under no circumstances have retroactive effect.” In this regard, the position established on this subject by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, No.75-2010, issued at catorce horas on treinta y uno de agosto del 2010, is clear in stating that: “The Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia has ruled to the same effect in, among others, decisions No. 1407-2008, number 2005-16236 at 15:27 horas on 29 de noviembre de 2005, decision No.5153-98 at 10:39 horas on 17 de julio de 1998, decision No. 02514-08 at 18:33 horas on 7 de abril de 1999, and decision No. 02699-99 at 15:15 horas on 14 de abril de 1999.
Those judicial precedents—which are mandatorily binding by virtue of their erga omnes effect, pursuant to Article 13 of ley 7135, Ley de la Jurisdicción Constitucional—clearly conclude that the service provider has no right to any specific rate determination, to a rate proposed by it, or to one that it considers correct. Notwithstanding the foregoing, it does have an individual right (derecho subjetivo) to have a rate set in accordance with the rate-determination procedures provided for in Articles 29 et seq. of ley 7593, with ARESEP thereby establishing the technically appropriate price by which the provider must abide pursuant to law. IV. (...) Regarding the financial balance of the contract as a right of the concessionaire-contractor and the regulatory principles governing rate determinations in public-service concession contracts, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, through judgment number 577-F-2007 at 10:20 horas on 10 de agosto de 2007 (the substance of which was reiterated, among others, in judgment number 380-F-S1-2009 at 09:00 horas on 20 de abril de 2009), established the general framework for setting rates for public services provided by a private concessionaire.
As stated in that decision, which in turn echoes the rulings of the Sala Constitucional in decisions No.998-98 and No.6432-98, financial balance constitutes a genuine individual right of the contractor and concessionaire. One feature distinguishing public-service concessions from other administrative contracts (contratos administrativos) is that payment of the price or rate is not borne by the Administration but is instead covered by the users, thereby creating a triangular relationship among the granting administration, the concessionaire, and the service user. According to the judgment of the high court, price adjustments are not contractual in nature, such that the parties may freely agree to include or exclude them; rather, they are recognized in every contract entered into with the State (in the broad sense) to compensate for an increase that generated higher costs in performing the agreed subject matter. This right comes into legal existence when the corresponding bid is submitted and derives not only from the statutory text in force but also from the law of the Constitution itself.
Price adjustments (reajustes de precios) do not constitute compensation (indemnización) that the State voluntarily recognizes and pays to the contractor, but rather a legal mechanism for restoring the real value of the obligation, thereby reestablishing the balance of the contract’s financial equation, so that what was previously agreed is paid, thus preventing harm to the contractor and unjust enrichment (enriquecimiento indebido) in favor of the State. In a public-service concession (concesión de servicios públicos), the price is not borne by the Administration but by the users, who shall pay directly to the concessionaire the rate (tarifa) previously established by the granting authority (concedente). To ensure convergence among the various interests at stake, that rate must be fair and balanced, allowing the operator to earn a profit and the user to pay the amount actually due for a quality service.
When significant variations arise that distort the profit levels established in advance, the rate must be adjusted so that the service provider has the economic sufficiency necessary to provide the service, reinvest to maintain or improve its quality, and obtain the agreed profit. The right to rate adjustment (derecho de reajuste de tarifas), therefore, is restorative rather than compensatory in nature. The concessionaire holds a general and abstract right to economic equilibrium (equilibrio económico), but does not possess a subjective right (derecho subjetivo) to a rate increase as such, because such an increase depends on compliance with a series of conditions, the most relevant being that the economic terms initially contemplated have changed to such an extent that an increase in price is necessary to maintain that balance; without this condition, an illegitimate benefit would be generated for the operator to the detriment of the user.
The rate must be a fair and reasonable means of remuneration that permits recovery of the investment made for the proper provision of the service, in observance of the governing principles of the public-service institution, while also allowing the operator to obtain a reasonable profit margin—the service-at-cost principle (principio de servicio al costo). (...)”. Similarly, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has been consistent and clear in voto 577-F-2007 de las 10:20 horas del 10 de agosto del 2007, stating that “V.- Rate setting (Fijaciones tarifarias). Regulatory principles. In public-service concession contracts (including those for the paid transportation of persons), pursuant to articles 5, 30 and 31 of Ley no. 7593, ARESEP is responsible for setting the rates that users must pay for the provision of such services. That calculation must be made in accordance with the service-at-cost principle, under which, as provided in numeral 3 inciso b) of Ley no. 7593, only those costs necessary to provide the service may be taken into account, provided that they permit competitive remuneration and ensure the proper development of the activity.
For those purposes, ordinal 32 ibidem establishes a non-exhaustive list of costs that are not considered in the economic calculation. In turn, numeral 31 of that same body of law establishes guidelines that also govern rate setting, such as promoting small and medium-sized enterprises, considering and favoring users, and applying criteria of social equity, environmental sustainability, and economic efficiency, among others. The final paragraph of that provision states that rate determinations that undermine the financial equilibrium (equilibrio financiero) of service-provider entities shall not be permitted, a principle that serves a dual purpose. On the one hand, as already emphasized, it provides the operator with remuneration for the service rendered that permits recovery of the investment made to provide the service and receipt of the return contractually established in advance. On the other hand, it assures the user that the rate paid for the transportation received is the product of a mathematical calculation that takes into account the necessary and authorized costs, so that a fair price is paid for the conditions under which the public service is provided.
This means that the rate-setting process must achieve harmony between both positions, so that users’ rights are satisfied while also safeguarding the right arising from the concession contract to recover capital and earn a fair profit. Therefore, although maximizing user benefit is one principle informing rate setting, it does not constitute a rule permitting denial of an increase when technically warranted; rather, a fair balance of interests must prevail in this process, achieved through an objective, reasonable, and proper price. Properly understood, this entails a quality service at a fair price. Nevertheless, a rate increase is far from automatic. It is subject to a procedure, and its viability depends on whether the technical analysis establishes economic insufficiency. In this regard, ARESEP is the public authority whose actions make it possible to give effect to the principles governing the public-transport relationship. Its preclusive and exclusive powers allow it to establish the economic parameters that will govern the contract, balancing the interests of the operator and the users.”.
II.2. REGARDING THE STANDING (LEGITIMACIÓN ACTIVA) OF SERVICIO DE MICROBUSES ALAJUELA LIMITADA AND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SABANILLA Y SAN ISIDRO DE ALAJUELA RESPONSABILIDAD LIMITADA TO ACT AS INTERESTED THIRD PARTIES ASSERTING THEIR OWN CLAIMS (TERCEROS INTERESADOS CON PRETENSIONES PROPIAS): In this regard, concerning the standing of Servicio de Microbuses Alajuela Limitada and Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela Responsabilidad Limitada, which are participating in these proceedings as interested third parties asserting their own claims and seeking compensation for damages (daños y perjuicios) resulting from lost revenue, they allege that a fare was not granted to TUASA and COOPETRANSASI due to an infra petita ruling (infrapetita), and that the official ARESEP fare-calculation model then in force for passenger transportation services by bus as of 05 de noviembre del 2009, when the application to adjust the fares for services operated by TUASA was filed, should have been applied, as well as payment of statutory civil interest and indexation, the amounts of which shall be determined during the judgment-enforcement stage (etapa de ejecución de sentencia).
In this regard, it should be noted that, as established in proven fact three, the fare-adjustment application was filed by TUASA on 05 de noviembre del 2009, in its capacity as permit holder (permisionario) and concession holder (concesionario) for those routes, requesting a fare increase for routes 200, 200 BS, 200 ext and permits 1258 and 1241 to compensate for increases in the prices of the inputs used in this activity, and requesting the following: for San José-Alajuela x Pista: 42.5%, San José-Alajuela x Heredia 42.37% and San José-Heredia 42.19%, Alajuela - San Juan de Santa Bárbara, San Juan arriba 43.59%, Alajuela-San Juan Centro 43.59% and Alajuela-Río Segundo 43.59%, San José-Volcán Poás 42.01% and Alajuela-Volcán Poás 42.08%, San José-San Joaquín de Flores-Poder Judicial 43.85 and Alajuela-La Aurora de Heredia: 41.94%. It likewise requested an adjustment to the common-corridor fare (routes shared by both companies) for route 200 MB BS, described as San José-Alajuela X Pista, operated by Servicio Microbuses Alajuela San José Ltda, of 42.5%; for the San José-San Joaquín de Flores-Poder Judicial route, 43.08; and for San José Heredia, 42.19 %.
Similarly, through resolution number 8457-2008, issued at 13:45 on 04 de junio del 2008 by Mr. Fernando Herrero Acosta in his capacity as Regulador General, approval (refrendo) was granted to Tuasa for the concession-renewal agreement (contrato de renovación de concesión) covering routes 1241-200-200 BS and 200 ext, described as San José-Volcán Poás, San José-Alajuela por Heredia and San José-Alajuela por pista (buses), San José-Alajuela (minibuses), and Alajuela-Río Segundo-San Juan, executed on 10 de enero del 2008, and MOPT was requested to register the renewal agreement for those routes. Subsequently, however, the Junta Directiva del Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, through ordinary session number 65-2012 of 27 de setiembre del 2012, authorized Empresa Transportes Unidos Alajuelenses S.A., with respect to route 1241, described as San José-Alajuela-Volcán Poás and vice versa, to assign the concession right (derecho de concesión) for the Alajuela-Volcán Poás route and vice versa to Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela R.L, Coopetransasi R.L, thereby incorporating it into route 232 (proven fact 12).
Accordingly, because TUASA assigned that route, the assignment also encompassed the rights arising from the application for a fare increase, and that circumstance therefore entitles that company to seek judicial compensation for damages arising from those actions. Furthermore, through resolution number SE/CTP-13-06-000075 of 11 de junio del 2013, the Consejo de Transporte público stated that, at ordinary session number 65-2012 of 27 de setiembre del 2012, the Junta Directiva adopted the decision authorizing TUASA and COOPETRANSASI R.L to transfer the concession right held by TUASA for route 1241 to COOPETRANSASI R.L (proven fact 19). With regard to Servicio de Microbuses Alajuela Limitada, it should be noted that, through resolution number SDA/CTP-16-06-001216, the Consejo de Transporte Público stated that, at session number 02-2014 of 19 de enero del 2014, the decision set forth in article 7.8 was adopted, authorizing the transfer of the concession right to operate route 200 MB, described as San José-Alajuela and vice versa, held by Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada, to Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (proven fact 22).
Likewise, in official letter number DTE-2016-0875 of 20 de junio del 2016, the Dirección Técnica del Consejo de Transporte Público certified that no addendum (adenda) appeared in the name of Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada and that, under article 7.8 of ordinary session 02-2014 of 09 de enero del 2014, issued by the Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada was authorized to transfer route 200 MB, described as San José-Alajuela and vice versa, to Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (TUASA); article 7.8 of ordinary session 02-2014 was served on ARESEP on 16 de enero del 2014, and renewal of route 200MB was granted to TUASA for the period 2014-2021 (digital case file). Accordingly, Servicio de Microbuses Alajuela Limitada indeed lacks standing to assert a claim for the fare adjustments requested on 05 de noviembre del 2009, because TUASA is the concession holder.
In light of the foregoing, the case record shows in proven fact 26 that, through official letter number DTE-2016-0650 of 09 de junio del 2016, Ms. Aura Álvarez Orozco, in her capacity as technical director of the Consejo de Transporte Público, stated that Servicio de Microbuses Alajuela Limitada currently holds no permit and is not a concession holder for any regular route (digital case file). Thus, the aforementioned assignment entailed the transfer of the rights arising from the fare adjustments, and it therefore lacks the requisite standing because it is neither a concession holder nor a permit holder for any route.
II.3. SPECIFIC CASE: Applying the foregoing to the resolution of the present matter, we find that the claimants are partially correct in the relief sought by TUASA in this action, which seeks a declaration of partial nullity of resolution number 150-RIT-2013 of 14 de noviembre del 2013, solely insofar as it rejected the application of the econometric model to the following routes: a) Alajuela-San José por la pista; b) Alajuela-La Aurora de Heredia; c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara; and d) San Joaquín San José. Accordingly, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos is ordered to apply to those routes the fare-calculation econometric model in effect on 05 de noviembre del 2009, using the variables and elements in effect at that time. The claimant’s request that it be granted the fares sought is denied because it failed to demonstrate that those percentages were appropriate. As for the liquidated damages (daños y perjuicios liquidados) resulting from the aforementioned failure to set fares (omisión tarifaria), and the income not received as a result of that omission, these shall be determined during the judgment-enforcement stage (etapa de ejecución de sentencia).
Those amounts shall accrue statutory commercial interest pursuant to section 497 of the Código de Comercio, covering the period from 05 de diciembre del 2009 until payment in full, pursuant to section 31, subsection three, of Ley número 3503 del 10 de mayo de 1965, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas. With respect to adjustment of the economic value of the obligation (indexation (indexación)), because interest is awarded as compensation for financial loss, such adjustment is included under that latter category. Likewise, with respect to the delayed resolution concerning the Alajuela-Heredia-San José route, for which an untimely fare increase was granted, the respondent is ordered to pay the liquidated damages resulting from the aforementioned failure to set fares, as well as the income lost and damages caused by that omission, which shall be determined during the judgment-enforcement stage.
Those amounts shall accrue statutory commercial interest pursuant to section 497 of the Código de Comercio, covering the period from 05 de diciembre del 2009 until payment in full, pursuant to section 31, subsection three, of Ley número 3503 del 10 de mayo de 1965, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas. With respect to adjustment of the economic value of the obligation (indexation), because interest is awarded as compensation for financial loss, such adjustment is included under that latter category. Regarding Cooperativa de Transportes Sabanilla, as a third party asserting its own claims (tercero con pretensiones propias), by virtue of being the concessionaire (concesionario) of the route described as Alajuela-Volcán Poás y Viceversa, and insofar as ARESEP rejected application of the econometric model to that route when it was owned by TUASA, ARESEP is ordered to apply the fare-calculation econometric model in effect on 05 de noviembre del 2009, using the variables and elements applied at that time.
As for the liquidated damages resulting from the aforementioned failure to set fares, the income not received, and the damages caused by that omission, these shall be determined during the judgment-enforcement stage. Those amounts shall accrue statutory commercial interest pursuant to section 497 of the Código de Comercio, covering the period from 05 de diciembre del 2009 until payment in full, pursuant to section 31, subsection three, of Ley número 3503 del 10 de mayo de 1965, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas. With respect to adjustment of the economic value of the obligation (indexation), because interest is awarded as compensation for financial loss, such adjustment is included under that latter category. Accordingly, based on the facts, the evidence received, and the law underlying this judgment, it may be concluded that in the present case there was a clear failure by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos to set fares.
This is so because an examination of the administrative proceeding followed in this case concerning TUASA’s application for a fare adjustment, dating from 05 de noviembre del 2009, reveals a series of errors, undue delays, and contradictory criteria among the regulatory entity’s own offices, which thwarted that application and resulted in its being only partially resolved, entailing the application of temporary fares and frustrating the claimant’s legitimate right, as the provider of a public passenger transportation service for compensation, to submit its fare application and receive a prompt and timely response. As correctly stated in the case law cited above, the permit holder (permisionario) and the concessionaire of a public service have no right to any specific fare determination, or to a fare proposed by them or one they consider correct. Notwithstanding the foregoing, however, they do have a subjective right (derecho subjetivo) to have a fare set in accordance with the established fare-determination procedures provided for in sections 29 et seq. of ley 7593, whereby ARESEP establishes the technically appropriate price by which the provider must be bound pursuant to law.
In this regard, the Court endorses the holding of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia in decision 577-F-2007 at 10:20 on 10 de agosto del 2007, which states that the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos must respect the principle of the contract’s financial equilibrium (principio del equilibrio financiero del contrato) as a right of the concessionaire-contractor and the regulatory principles governing fare-setting in public-service concession contracts. This is because financial equilibrium constitutes a genuine subjective right of the contractor and concessionaire, and one characteristic that distinguishes public-service concessions from other administrative contracts is that payment of the price or fare is not the responsibility of the Administration but is instead borne by users. Thus, the fare application is based on the right to obtain compensation for an increase that generated higher costs in performing the agreed subject matter, a right that comes into legal existence when the corresponding bid is submitted and that derives not only from the applicable statutory text but also from the Constitution itself.
Price adjustments do not constitute compensation that the State voluntarily recognizes and pays to the contractor, but instead constitute a legal mechanism for restoring the obligation’s real value so as to reestablish the equilibrium of the contract’s financial equation, thereby ensuring payment of what was previously agreed and preventing both harm to the contractor and unjust enrichment in favor of the State. Accordingly, when significant variations occur that distort the previously established profit levels, the fare must be adjusted to allow the provider to obtain the economic sufficiency needed to provide the service, reinvest to maintain or improve its quality, and obtain the agreed profit. The fare must therefore constitute fair and reasonable remuneration that allows recovery of the investment made to provide the service properly, in observance of the governing principles of the public-service institution, while also allowing the provider to obtain a reasonable profit margin—the cost-of-service principle (principio de servicio al costo).
In the present case, however, because of a series of administrative procedural errors, it took four years to obtain even a partial response from the Intendencia de Transporte to the fare application, to the clear and evident detriment of the service provider. Evidence of those errors, inconsistent criteria, contradictions, and clear deficiencies in the fare-setting procedure appears in proven fact seven, in which ARESEP, through resolution number RRG-37-2010 of 20 de enero del 2010, ruled on the appeals filed by the claimant against resolution number RRG-10291-2009 at 14:15 on 07 de diciembre del 2009, granted the motion for reconsideration (recurso de revocatoria), and remanded the proceedings to an earlier stage (retrotrayendo las actuaciones). This demonstrates that the Administration itself found errors in the actions taken and therefore remanded the case, causing consequent harm to the service provider, which urgently needed a fare determination.
Subsequently, through resolution number RRG-173-2010 of 04 de marzo del 2010, ARESEP ruled on TUASA’s fare-adjustment application that the demand data exhibited significant asymmetries. Nevertheless, because the company had not submitted individual applications since 2001 and had made a substantial investment in 2007, it recommended adjusting the fare-model result to the market fare based on net investment, resulting in an increase of 5.88%; it adjusted the fares then in effect by 17,67% for routes 200, 200 BS, 200 ext and permits 1258 and 1241, namely San José-Alajuela x Pista, San José-Alajuela x Heredia and San José-Heredia, Alajuela - San Juan de Santa Bárbara, San Juan arriba, Alajuela-San Juan Centro and Alajuela-Río Segundo, San José-Volcán Poás and Alajuela-Volcán Poás, San José-San Joaquín de Flores-Poder Judicial, and Alajuela-La Aurora de Heredia; and, under the shared-corridor concept (corredor común), determined that the appropriate course was to adjust the fares then in effect by 17,67% for route 200 MB-BS, described as San José-Alajuela X Pista (microbuses-busetas), operated by Microbuses Alajuela San José Ltda.
This was a temporary solution pending completion of the comprehensive fare study taking into account all variables in the econometric model (proven fact eight). Nevertheless, as established in proven fact eleven, the fare proceeding was again remanded because of identified errors, thereby causing undue delay. Resolution number RJD-039-2012 of 07 de junio del 2012 states that the appeal filed by the claimant against resolution 173-2010 of 04 de marzo del 2010 was partially granted because the percentage increase awarded to the company was incorrectly recorded in the challenged resolution and because the fares used in the fare calculation were not those in effect on the date the administrative act was issued for the San José-Alajuela por Heredia and San José-Volcán Poás routes. It therefore annulled resolution number RRG-173-2010 of 04 de marzo del 2010 and resolution number RRG-005-2011 of 09 de febrero del 2011 and remanded the proceeding to the appropriate procedural stage.
As a temporary and remedial measure, it limited the effects of the annulment and maintained the fares set for route 200, 200BS, 200 ext and permits 1241 and 1258 in resolution 173-2010 until the Comité de Regulación set fares for that route through an administrative act consistent with the legal system, forwarding the file to the Comité de Regulación to rerun the fare model (digital administrative record (expediente administrativo digital)). Thus, this was yet another delay to the detriment of the regulated party, which saw time pass without gaining access to a prompt and timely adjustment, plainly causing it a financial imbalance, particularly because, as the regulatory entity itself stated, TUASA had submitted no individual applications since 2001 and had also made a substantial investment in 2007.
Nevertheless, when four years had already elapsed and a decision on the adjustment request was expected, instead, by resolution number 38-RIT-2013 of 05 de marzo del 2013, the Transportation Superintendent improperly declared that it was materially impossible to issue a decision in accordance with resolution RDJ-039-2012, because an intervening event had occurred when the Public Transportation Council issued an addendum to the concession agreement (contrato de concesión) authorizing the transfer of the concession right held by TUASA on route 1241, described as San José-Alajuela-Volcán Poás and vice versa, assigning the concession right for the Alajuela Volcán Poás route and vice versa to COOPETRANSASI S.A. It was stated that, as of that date, the addendum to the original agreement lacked regulatory approval (refrendo) from ARESEP because the Public Transportation Council had not sent ARESEP the documentation required for the issuance of such approval; consequently, the new conditions for the provision of the service had not completed the legally established procedure necessary to produce legal effects.
Thus, the rate application (solicitud tarifaria) filed on 05 de noviembre del 2009 was improperly denied on the ground that the company’s fleet, schedule, and distance conditions had changed since the date the application was filed, particularly with respect to route 1241. Regarding the rates, it stated that TUASA was required to continue applying those authorized by resolution number RRG-105-2012 of 14 de diciembre del 2012, and that once the statutory requirements concerning the addendum to the concession agreement processed in expediente OT-103-2008 had been met, an ex officio rate study (estudio tarifario de oficio) would be conducted for the routes operated by TUASA (proven fact 16). However, this is an obvious error and failure, since, as shown by proven fact twelve, the assignment of the route had already been sent to ARESEP for approval. This is confirmed by the fact that the Board of Directors of the Public Transportation Council of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, at ordinary Session number 65-2012 of 27 de setiembre del 2012, authorized Empresa Transportes Unidos Alajuelenses S.A., with respect to route 1241, described as San José-Alajuela-Volcán Poás and vice versa, to assign the Alajuela Volcán Poás route to Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela R.L, Coopetransasi R.L, whereupon it was incorporated into route 232 (folios 122 to 126 of the judicial record).
Subsequently, by official letter number 2013 000679 of 20 de febrero del 2013, the Legal Affairs Directorate of the Public Transportation Council forwarded the addendum to the agreement renewing the concession for Route 232 for signature and submission to ARESEP (proven fact 13). Likewise, by official letter number DE-2013-0466 of 25 de febrero del 2013, the Public Transportation Council submitted to ARESEP, for approval, the addendum to the agreement renewing the concession held by COOPETRANSASI R.L. (proven fact 14), and on 26 de febrero del 2013, ARESEP received official letters DE-2013-456 and DE-2013-466 from the Public Transportation Council (agreement renewing the concession held by COOPETRANSASI R.L.) (proven fact 15). This is reflected in proven fact 23, in which ARESEP states that on 26 de febrero del 2013 the director of CTP, through official letter DE-2013-466, requested approval of the addendum to the concession agreement for route 232, incorporating into that route the Alajuela Volcán Poás route and vice versa.
Subsequently, resolution RDJ-045-2013 of 06 de junio del 2013 was issued, revealing further contradictions among ARESEP’s bodies. It stated that the annulled resolution, RRG-173-2010, contained serious defects and that the new run of the rate model (modelo tarifario), ordered in RJD-039-2012, was required to use as its basis all conditions, operating variables, and data in effect when the annulled resolution RRG-173-2010 was issued; therefore, there was no material impossibility preventing IT from complying with the Board of Directors’ decision. It maintained that the most serious defect in the annulled resolution (RRG-173-2010) was the calculation of demand and the base rates used in running the model, and that this advisory body found no relationship between those inputs and the service operator, since those data would not change as a result of a change in the operator; consequently, the change of concessionaire for route 1241 could not make it impossible to recalculate the 2010 data.
It further stated unequivocally that the justification given by IT—that the transfer of the concession right for route 1241 carried out on 27 de setiembre del 2012 affected the model run ordered in resolution RDJ-039-2012 of 07 de junio del 2012—was unfounded, and noted that the transfer had been authorized on 27 de setiembre del 2012 by the Board of Directors of CTP through article 6.6 of ordinary session 65-2012 (proven fact 18). This fact is further confirmed by official letter number 2016-874 of 20 de junio del 2016, in which the Technical Directorate of the Public Transportation Council certified that, through article 6.6 of ordinary session 65-2012, issued by the Board of Directors of the Public Transportation Council on 27 de setiembre del 2012, the transfer to Coopetransasi R.L. of the concession right held by TUASA for route 1241 was authorized. Code 1241 was eliminated, and ARESEP was notified accordingly, as recorded in certification number SDA/CTP-16-06-00044 issued by the Minutes Secretariat of the Public Transportation Council.
The Public Transportation Council submitted the modifications to route 1241 to ARESEP for approval through an addendum sent to ARESEP by official letter DE-2013-466 of 25 de febrero del 2013, received by ARESEP on 26 de febrero del 2013; ARESEP granted its approval through resolution RRG-107-2014 at 15:30 hours on 17 de marzo del 2014 (proven fact 33). Accordingly, there is a clear contradiction between the position advanced by ARESEP’s defense at trial and the statements made by this technical body, demonstrating the alleged failure to set rates, substantiating the procedural errors, and revealing the differences of opinion among the technical bodies that adversely affected the petitioners’ rate-adjustment request. Consequently, resolution number 150-RIT-2013 of 14 de noviembre del 2013, issued by the Transportation Superintendency of ARESEP, must be declared partially null and void because it failed to adjust the rates for the following routes: a) Alajuela-San José via the highway; b) Alajuela-La Aurora de Heredia; c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara; and d) San Joaquín San José.
It improperly stated that, regarding the other routes and common corridors, the matter was being referred to the Regulatory Committee so that it could conduct a new run of the rate model, using as the basis for calculating the concession’s rate study the rates then in effect for the San José-Alajuela via Heredia and San José Volcán Poás routes, recalculate equivalent demand, provide the grounds for the corresponding decision, and assess whether it would be technically advisable to separate the data relating to the concession and the permit in order to conduct the respective rate analysis, so as to ensure the operator’s financial equilibrium and avoid cross-subsidization between one service and another (digital administrative record). That resolution perpetuated the delay in deciding the rate adjustment and adversely affected the financial equilibrium by failing to decide the plaintiffs’ request in a timely manner.
That administrative act (acto administrativo) contains an error in its grounds (motivo), because it does not provide adequate technical support for the reasons why the rate determination (fijación tarifaria) was not made, unjustifiably failing to run the econometric model (modelo econométrico) and causing harm to the company, as confirmed by the witness Gerardo Duarte Sibaja. Regarding the witness Don Gilberth Retana Chaves, an employee of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos serving as Coordinator of the Area de Movilidad de Personas, he testified candidly at trial concerning the declarations of nullity issued in the administrative proceeding (procedimiento administrativo) and stated that ARESEP did not have the information necessary to issue the rate decision. That argument cannot be accepted because it was established that CTP had in fact sent the corresponding addendum to that entity.
In any event, that defense argument is of little relevance because, through resolution number RDJ-045-2013 of 06 de junio del 2013, the entity itself denied on the merits the request to annul resolution RDJ-039-2012 of 07 de junio del 2012 and instructed the Public Transportation Superintendency to implement the Board of Directors’ decision in resolution number RDJ-039-2012 of 07 de junio del 2012, taking into account the effects of the corresponding correction on the rates for the common corridors, if any. It stated that the new run of the rate model ordered in RJD-039-2012 was required to use as its basis all conditions, operating variables, and data in effect when the annulled resolution RRG-173-2010 was issued; therefore, there was no material impossibility preventing IT from complying with the Board of Directors’ decision. It clearly stated, for purposes of deciding this matter, that the most serious defect in the annulled resolution (RRG-173-2010) was the calculation of demand and the base rates used in running the model, and that this advisory body found no relationship between those inputs and the service operator, since those data would not change as a result of a change in the operator; consequently, the change of concessionaire for route 1241 could not make it impossible to recalculate the 2010 data.
It stated clearly and unequivocally that the justification given by IT—that the transfer of the concession right for route 1241 carried out on 27 de setiembre del 2012 affected the model run ordered in resolution RDJ-039-2012 of 07 de junio del 2012—was unfounded; it should be noted that the transfer was authorized on 27 de setiembre del 2012 by the Board of Directors of CTP through article 6.6 of ordinary session 65-2012 (digital administrative record). Consequently, in light of the foregoing, ARESEP did not need to have the addendum to the agreement assigning TUASA’s route to COOPETRANSASI RL in order to make the rate determination.
II.4— DEFENSES: The respondent raises the defense of lack of legal entitlement (falta de derecho) and the defense of lack of active standing on the merits (legitimación ad causam activa) of the interested third parties asserting their own claims. With regard to the defense of lack of legal entitlement, it must be partially sustained, and deemed denied as to the relief expressly granted, since, pursuant to the cited provisions, the evidence submitted, and the stated factual grounds, the plaintiff and the interested third party are partially entitled to relief in support of their claims, having established their right to a decision on the rate-setting (fijación tarifaria) and to compensation for the damages and losses caused. With regard to lack of active standing on the merits, the defense is partially sustained as to Servicio de Microbuses Alajuela Limitada, which therefore lacks the requisite standing because it is neither the concession holder nor the permit holder for any route.
With regard to Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela Responsabilidad Limitada, the defense of lack of active standing is denied, as it demonstrated that TUASA assigned to Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela R.L the concession right for the Alajuela-Volcán Poás route and vice versa, which was incorporated into route 232. Accordingly, because TUASA assigned that route, such assignment also entails the transfer of the rights arising from the rate-increase application, and this circumstance therefore entitles that company to seek judicial recovery of the damages and losses arising from those actions.
POR TANTO:
The defense of lack of active standing on the merits is rejected with respect to the participation, as an interested third party asserting its own claims, of Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela Responsabilidad Limitada, and is sustained with respect to Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada. The defense of lack of legal entitlement is partially sustained, and the complaint is deemed denied as to all relief not expressly granted. Consequently, Resolution number 150-RIT-2013 of 14 de noviembre del 2013 is declared partially null and void, solely insofar as it rejected application of the econometric model to the following routes: a) Alajuela-San José via the highway; b) Alajuela-La Aurora de Heredia; c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara; and d) San Joaquín-San José. Accordingly, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos is ordered to apply to those routes the econometric rate-calculation model in force as of 05 de noviembre del 2009, using the variables and factors in effect at that time.
The Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos is ordered to pay Transportes Unidos Alajuelenses Sociedad Anónima the damages and losses caused by the aforementioned failure to set rates, consisting of the income not received as a result of that omission, the amount of which shall be determined during the judgment-enforcement stage (ejecución de sentencia). Commercial statutory interest shall accrue on those amounts pursuant to Article 497 of the Código de Comercio, covering the period from 05 de diciembre del 2009 until actual payment. As to adjustment of the obligation’s economic value (indexation (indexación)), because interest is awarded as compensation for financial loss, such adjustment is included under that latter category. Likewise, with respect to the delayed decision concerning the Alajuela-Heredia-San José route, the respondent is ordered to pay TUASA the assessed damages and losses arising from the aforementioned failure to set rates, including the income not received and the damages caused by that omission, the amount of which shall be determined during the judgment-enforcement stage.
Commercial statutory interest shall accrue on those amounts pursuant to Article 497 of the Código de Comercio, covering the period from 05 de diciembre del 2009 until actual payment. As to adjustment of the obligation’s economic value (indexation), because interest is awarded as compensation for financial loss, such adjustment is included under that latter category. With regard to Cooperativa de Transportes Sabanilla, as a third party asserting its own claims, and because it is the concession holder for the Alajuela-Volcán Poás route and vice versa, insofar as application of the econometric model to that route was rejected, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos is ordered to apply the econometric rate-calculation model in force as of 05 de noviembre del 2009, using the variables and factors in effect at that time. With regard to the assessed damages and losses caused by the aforementioned failure to set rates, ARESEP is ordered to pay COOPETRANSASI RL. the income not received and the damages caused by that omission, the amount of which shall be determined during the judgment-enforcement stage.
Commercial statutory interest shall accrue on those amounts pursuant to Article 497 of the Código de Comercio, covering the period from 05 de diciembre del 2009 until actual payment. As to adjustment of the obligation’s economic value (indexation), because interest is awarded as compensation for financial loss, such adjustment is included under that latter category. The Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos is ordered to pay both categories of costs in this proceeding in favor of Transportes Unidos Alajuelenses and Cooperativa de Transportes Sabanilla y San Isidro de Alajuela RL. With regard to Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada, the matter is resolved without a specific award of costs. LET NOTICE BE SERVED.— Carlos Espinoza Salas Otto González Vílchez Adolfo Fernández Loaiza Ordinary proceeding (proceso de conocimiento).
Plaintiff: TUASA et al.
Against: ARESEP.
Nº 68-2016 Nº 68-2016 TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. II Circuito Judicial. San José, a las catorce horas treinta minutos del veintiuno de julio del año dos mil dieciséis.- Proceso de conocimiento, interpuesto por Transportes Unidos Alajuelenses S.A., cédula jurídica número 3-101-4929, representada por su apoderado especial judicial Walter Brenes Soto, carné de abogado número 21747, en contra de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, actuando en su defensa el Licenciado Jeremy Andrés Moya Bermúdez, carné de abogado número 20499 . Actúan como terceros interesados con pretensiones propias, la empresa Cooperativa de Transportes Sabanilla y San Isidro de Alajuela, Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-004-075853, y la empresa Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada, cédula jurídica número 3-102-073015 y actuando en su nombre como abogado, el Licenciado Walter Brenes Soto. Tramitado bajo el expediente número 14-00 9518-1027-CA.
RESULTANDO
I.Con el presente proceso de conocimiento se acciona con el objeto de declarar la nulidad parcial de la resolución número 150-RIT-2013, publicada en la Gaceta 224 del 20 de noviembre del 2013, por no habérseles otorgado el aumento en la tarifa y se les otorgue la tarifa correspondiente por las rutas: a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín San José. Solicita se ordene la equiparación de la tarifa de las rutas: a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín San José, conforme al principio del equilibrio financiero, así como en la aplicación del modelo econométrico de cálculo tarifario vigente, debiendo otorgarse el porcentaje determinado en la resolución número 150-RIT-2013, para las rutas de Alajuela-San José por Heredia. Expresa que los daños son de dos tipos, uno en cuanto a la ruta de Alajuela-Heredia-San José, a la cual se le otorgó un aumento tarifario extemporáneo, porque lo solicito desde el día 05 de noviembre del 2009 y se le otorgó hasta el día 20 de noviembre del 2013 de 42.86% para el tramo Alajuela Heredia y para el tramo de la ruta Heredia - San José de 42.65%.
Pide por lo tanto se condene por responsabilidad administrativa a la ARESEP, ante la conducta ilegítima de no otorgar el aumento en la tarifa, realizada en contra de la empresa TUASA, con el correspondiente pago de los daños y perjuicios, consistente en diez mil millones de colones por daño material del período del 04 de marzo del 2010 al 20 de noviembre del 2013, espacio de tiempo el cual no recibió el equilibrio financiero, referidos a los ingresos dejados de percibir por parte de la empresa TUASA. Solicita además como segundo bloque de daños, el referido a que no se aprobaron tarifas para las rutas de los sectores de Alajuela-San José por la pista, Alajuela-La Aurora de Heredia. Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y San Joaquín- San José, por lo que solicita equiparar la situación tarifaria de la empresa. Requiere por perjuicios los intereses generados, debiendo además realizarse la indexación de la parte dineraria que sea condenada a pagarle a la empresa TUASA la ARESEP. Así como condenar a la demandada al pago de ambas costas del proceso (folios 16 al 36 del expediente judicial y del 184 al 186 ibid).
II.Por su parte los terceros interesados con pretensiones propias, la empresa Cooperativa de Transportes Sabanilla y San Isidro de Alajuela, Responsabilidad Limitada, y la empresa Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada, solicitan el pago de daños y perjuicios por la pérdida de ingresos por la tarifa no otorgada a TUASA y a COOPETRANSASI por la existencia de una infrapetita, debiendo aplicarse el modelo oficial y vigente de cálculo tarifario de la ARESEP del servicio de transporte de personas, modalidad autobuses vigente al 05 de noviembre del 2009 que se presentó la solicitud de ajuste de las tarifas de los servicios operados por TUASA, así como el pago de intereses legales civiles e indexación, cuyos montos se liquidarán en etapa de ejecución de sentencia (folios 134 al 137 y del 184 al 186 del principal).
III.Conferido el traslado de rigor, a la demanda se opuso a la presente acción y formuló la excepción de falta de derecho y de falta de legitimación pasiva, solicitando la condena en costas (folios 47 al 72 y del 184 al 186 de los autos).
IV.Que el presente proceso se declaró de trámite muy complejo, conforme con el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo y la sentencia se ha dictado conforme al ordinal 47 de su reglamento, toda vez que se trata de un proceso con abundante prueba documental que analizar y conlleva el análisis de aspectos jurídicos de relevancia en materia de fijación tarifaria.
V.Mediante resolución de las nueve horas del treinta de mayo en curso se requirió dentro de la etapa de deliberación de prueba para mejor resolver, reabriéndose el debate el día 14 de junio en curso, sin embargo en dicha audiencia se comprobó que la prueba requerida no estaba completa, por lo que mediante resolución de las nueve horas del treinta de mayo en curso se requirió completar dicha probanza y se reabrió el debate el día 30 de junio en curso (folios 196 al 203 del principal).
VI.En los procedimientos se han observado las prescripciones legales de rigor, y no se observan vicios u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta esta resolución previa deliberación, dentro del término de ley y por unanimidad.
Redacta el juez Espinoza Salas; y C O N S I D E R A N D O I)- SOBRE LOS HECHOS: I.1)- HECHOS PROBADOS: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés para la resolución de este asunto, por ser contestes con los elementos de convicción que en su apoyo se citan:
I.2)- HECHOS NO PROBADOS: No demostró la actora TUASA: 1) La cuantía de los daños y perjuicios producto de la no resolución sobre la solicitud de ajuste tarifario para las rutas a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín San José. Solicita se ordene la equiparación de la tarifa de las rutas: a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín San José (los autos). 2) Las tarifas idóneas que correspondían para las rutas a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín San José (los autos). No demostr ó la tercera interesada la Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela Responsabilidad Limitada: 1) La cuantía de los daños y perjuicios producto de la no resolución sobre la solicitud de ajuste tarifario para la ruta San José-Alajuela-Volcán Poás y Viceversa (los autos). 2) Las tarifas idóneas que correspondían para la ruta San José-Alajuela-Volcán Poás y Viceversa (los autos).
No demostró la ARESEP: 1) Que tuviere causa justificada para no haber resuelto en forma oportuna la solicitud de ajuste tarifario para las rutas a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara. d) San Joaquín San José y e) San José-Alajuela-Volcán Poás y Viceversa. Solicita se ordene la equiparación de la tarifa de las rutas: a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín San José (los autos). 2) Que no hubiera recibido por parte del Consejo de Transporte Público para su refrendo el traspaso del derecho de concesión que ostentaba TUASA en la ruta 1241 a la empresa Coopetransasi R.L (los autos).
I.3)- PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: En el juicio oral se ordena como prueba para mejor resolver la documentación que rola en folios 1 al 15, 73 al 108, 119 al 131, 166 al 183, 193 al 196 y toda la probanza ordenada y admitida como prueba para mejor resolver que consta en el expediente digital.
Permitirán una amortización adecuada y un razonable beneficio empresarial, reconociendo otros elementos complementarios justificados.". De este modo, a tenor del numeral 31 de dicho cuerpo normativo, "En cada concesión o permiso que se otorgue, se hará constar la tarifa por el servicio de transporte. Deberá mostrarse en las unidades respectivas, fijarse en terminales y paradas y darle la publicidad permanente para brindar una mayor información a los usuarios. Las tarifas podrán ser revisadas de las siguientes formas: a) Por acción directa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Cada concesión o permiso se revisará en forma obligatoria anualmente, sin perjuicio de que la revisión se repita si la situación económico-financiera de las empresas lo exige. b) Por gestión del concesionario o permisionario, quien deberá demostrar lo siguiente: 1.- Que la estructura de costos de la fijación tarifaria vigente ha variado de modo tal que se altere en más de un cinco por ciento (5%) el equilibrio económico del servicio, lo que le impide cumplir con sus obligaciones contractuales y recuperar la inversión y su razonable beneficio. 2.- Que los mayores costos de operación, más la retribución correspondiente se justifiquen por medio de un estudio económico-financiero, hecho y firmado por un contador público autorizado. 3.- Que se ha cumplido con las normas que, sobre eficiencia, continuidad y seguridad, ha indicado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la concesión respectiva o, en su caso, el compromiso real de mejorar el servicio con el aporte económico del ajuste tarifario.
Las solicitudes de ajuste tarifario podrán realizarse si se cumplen los supuestos descritos anteriormente. El interesado deberá pagar un canon, fijado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que refleje el costo administrativo y trámite de las solicitudes. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes resolverá la solicitud del interesado dentro de treinta días naturales. Si transcurrido el plazo no se resuelve, el interesado podrá gestionar su caso directamente ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, previo depósito de la garantía dispuesta en resolución general de esa entidad. Si en un término de treinta días naturales la Autoridad no se pronuncia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Si el recurso de apelación por denegación del ajuste tarifario es evidentemente infundado, la Autoridad Reguladora ejecutará la garantía rendida dentro del plazo de quince días posteriores a la fecha de la resolución correspondiente.
De igual formal el numeral 32, sobre este tema dispone que " La fijación o modificación de las tarifas de Transporte Automotor de Personas, se hará dentro del principio de servicio al costo, que se tratará de establecer, hasta donde sea posible, tomando en cuenta los costos medios de operación dentro de normas modernas de organización y eficiencia, el grado de aprovechamiento de la capacidad de los vehículos y permitiendo al capital invertido un rédito anual justo. No podrá tomarse en cuenta como factor para determinar el costo, ningún cargo por concepto de amortización al valor comercial de la explotación o derecho de línea.". Por su parte, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, número 7593 del 09 de agosto de 1996, establece en su artículo 30, en cuanto a la presentación de solicitudes de fijación o cambios de tarifas, que "Los prestadores de servicios públicos, las organizaciones de consumidores legalmente constituidas y los entes y órganos públicos con atribución legal para ello, podrán presentar solicitudes de fijación o cambios de tarifas.
La Autoridad Reguladora estará obligada a : " recibir y tramitar esas peticiones, únicamente cuando, al presentarlas, cumplan los requisitos formales que el Reglamento establezca. Esta Autoridad podrá modificar, aprobar o rechazar esas peticiones. De acuerdo con las circunstancias, las fijaciones de tarifas serán de carácter ordinario o extraordinario. De acuerdo con las circunstancias, las fijaciones tarifarias serán de carácter ordinario o extraordinario. Serán de carácter ordinario aquellas que contemplen factores de costo e inversión, de conformidad con lo estipulado en el inciso b) del artículo 3, de esta ley. Los prestadores deberán presentar, por lo menos una vez al año, un estudio ordinario. La Autoridad Reguladora podrá realizar de oficio, modificaciones ordinarias y deberá otorgarles la respectiva audiencia según lo manda la ley. Serán fijaciones extraordinarias aquellas que consideren variaciones importantes en el entorno económico, por caso fortuito o fuerza mayor y cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de ajuste.
La Autoridad Reguladora realizará, de oficio, esas fijaciones.". Por su parte, indica el artículo 31 ibid, que " Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas prestadoras. En este último caso, se procurará fomentar la pequeña y la mediana empresa. Si existe imposibilidad comprobada para aplicar este procedimiento, se considerará la situación particular de cada empresa. Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional de desarrollo, deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos. No se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público.
La Autoridad Reguladora deberá aplicar modelos de ajuste anual de tarifas, en función de la modificación de variables externas a la administración de los prestadores de los servicios, tales como inflación, tipos de cambio, tasas de interés, precios de hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por el Poder Ejecutivo y cualquier otra variable que la Autoridad Reguladora considere pertinente. De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios públicos, se deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten aplicables: a) Garantizar el equilibrio financiero. b) El reconocimiento de los esquemas de costos de los distintos mecanismos de contratación de financiamiento de proyectos, sus formas especiales de pago y sus costos ; efectivos; entre ellos, pero no limitados a esquemas tipo B: (construya y opere, o construya, opere y transfiera, BOO), así como arrendamientos operativos y/o arrendamientos financieros y cualesquiera otros que sean reglamentados. c) La protección de los recursos hídricos, costos y servicios ambientales.".
En los mismos términos, establece el artículo 33 ibid, que "Toda petición de los prestadores sobre tarifas y precios deberá estar justificada. Además, los solicitantes tendrán que haber cumplido con las condiciones establecidas, por la Autoridad Reguladora, en anteriores fijaciones o en intervenciones realizadas en el ejercicio de sus potestades antes de la petición.". Por su parte, dispone el numeral 34, sobre este tema, que "Las tarifas y los precios que fije la Autoridad Reguladora regirán a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta o a partir del momento en que lo indique la resolución correspondiente y, en ningún caso, podrán tener efecto retroactivo.". Al respecto, es claro lo que ha sentado sobre este tema, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava No.75-2010 dictada a las catorce horas del treinta y uno de agosto del 2010, al expresar que "En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, en los votos No. 1407-2008, número 2005-16236 de las 15:27 horas del 29 de noviembre de 2005, voto No.5153-98 de las 10:39 horas del 17 de julio de 1998, voto No. 02514-08 de las 18:33 horas del 7 de abril de 1999, voto No. 02699-99 de las 15:15 horas del 14 de abril de 1999.
En esos pronunciamientos jurisprudenciales, -cuya vinculancia resulta imperativa en virtud de su carácter erga omnes, de conformidad con el artículo 13 de la ley 7135 Ley de la Jurisdicción Constitucional-, se concluye diáfanamente que el prestatario del servicio no ostenta derecho alguno a una determinación tarifaria específica, o bien a una tarifa por él propuesta o la que por su parte estime es la correcta; pero sin perjuicio de lo anterior, sí tiene un derecho subjetivo a que se le fije una tarifa, siguiendo los procedimientos establecidos para la determinación tarifaria que se encuentran previstos en los numerales 29 y siguientes de la ley 7593, estableciendo así la ARESEP el precio que sea técnicamente procedente, al cual deberá sujetarse por mandato de ley el prestador. IV. (...) Sobre el equilibrio financiero del contrato como derecho del contratista concesionario y los principios regulatorios para las fijaciones tarifarias en contratos de concesión de servicio público, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia número 577-F-2007 de las 10:20 horas del 10 de agosto de 2007 (cuyo contenido ha sido reiterado, entre otras, en la sentencia número 380-F-S1-2009 de las 09:00 horas del 20 de abril de 2009), ha determinado el marco general de la fijación de tarifas por la prestación de servicios públicos a cargo de un concesionario de naturaleza privada.
Según se señala en dicho voto, haciendo eco a su vez de lo dispuesto por la Sala Constitucional en las resoluciones No.998-98 y No.6432-98, el equilibrio financiero constituye un auténtico derecho subjetivo del contratista y concesionario, siendo una de las características que diferencian la concesión de servicios de públicos de otros contratos administrativos, que el pago del precio o tarifa no está a cargo de la Administración, sino que es cubierto por parte de los usuarios, generándose así una relación triangular administración concedente- concesionario - usuario del servicio. De conformidad con la sentencia del alto tribunal, los reajustes de precios no son de carácter contractual, de tal forma que las partes puedan libremente pactarlos o no, sino que están reconocidos en todo contrato que se celebre con el Estado (en sentido lato), para obtener una compensación de un aumento que generó mayores costos en la ejecución del objeto convenido, derecho que nace a la vida jurídica desde el momento en que se presenta la oferta respectiva y que deriva no sólo del texto legal vigente, sino del mismo derecho de la Constitución.
Los reajustes de precios no constituyen una indemnización que reconoce el Estado voluntariamente y paga al contratista, sino más bien, un mecanismo jurídico de restitución del valor real de la obligación, para lograr alcanzar así nuevamente el equilibrio de la ecuación financiera del contrato, de manera que se pague lo que previamente se convino, evitando así que se genere un perjuicio para la contratista, y tampoco un enriquecimiento indebido en favor del Estado. En la concesión de servicios públicos, el precio no está a cargo de la Administración, sino de los usuarios, quiénes pagarán directamente al concesionario la tarifa que de antemano ha fijado el concedente, la que en orden a la convergencia de los diversos intereses en juego, debe ser justa y equilibrada, de manera que permita al operador obtener una ganancia y al usuario pagar lo efectivamente debido por un servicio de calidad, siendo que cuando se presentan variaciones importantes que distorsionen los niveles de utilidad que fueron establecidos de antemano, deberá ser ajustada a fin de que se permita al prestatario obtener la suficiencia económica para prestar el servicio, reinvertir para mantener o mejorar su calidad y obtener el lucro pactado.
El derecho de reajuste de tarifas tiene entonces una naturaleza no indemnizatoria, sino restitutoria, ostentanto el concesionario un derecho general y abstracto al equilibrio económico, pero no posee un derecho subjetivo al aumento tarifario propiamente tal, ya que éste pende del cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas la más relevante: que los términos económicos inicialmente previstos se hayan alterado de manera tal que para mantener esa armonía, sea necesario el aumento del precio, pues si no existe esa condición se generaría un beneficio ilegítimo para el operador, en perjuicio del usuario. La tarifa debe ser un medio de retribución, justo y razonable, que permita amortizar la inversión que se ha realizado para la prestación debida del servicio, en observancia a los principios rectores del instituto del servicio público, permitiéndole además obtener un margen de utilidad razonable -principio de servicio al costo-.
(...)". De igual forma, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha sido conteste y clara, en el voto 577-F-2007 de las 10:20 horas del 10 de agosto del 2007, expresando que "V.- Fijaciones tarifarias. Principios regulatorios. En los contratos de concesión de servicio público (dentro de estos el de transporte remunerado de personas), de conformidad con lo estatuido por los artículos 5, 30 y 31 de la Ley no. 7593, corresponde a la ARESEP fijar las tarifas que deben cancelar los usuarios por su prestación. Ese cálculo, ha de realizarse conforme al principio del servicio al costo, en virtud del cual, según lo señalado por el numeral 3 inciso b) de la Ley no. 7593, deben contemplarse únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad. Para tales efectos, el ordinal 32 ibidem establece una lista enunciativa de costos que no son considerados en la cuantificación económica.
A su vez, el numeral 31 de ese mismo cuerpo legal establece pautas que también precisan la fijación, como es el fomento de la pequeña y mediana empresa, ponderación y favorecimiento del usuario, criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, eficiencia económica, entre otros. El párrafo final de esa norma expresa que no se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestatarias, postulado que cumple un doble cometido. Por un lado, se insiste, dotar al operador de un medio de retribución por el servicio prestado que permita la amortización de la inversión realizada para prestar el servicio y obtener la rentabilidad que por contrato le ha sido prefijada. Por otro, asegurar al usuario que la tarifa que paga por el transporte obtenido sea el producto de un cálculo matemático en el cual se consideren los costos necesarios y autorizados, de manera tal que se pague el precio justo por las condiciones en que se brinda el servicio público.
Este aspecto lleva a que el proceso tarifario constituya una armonía entre ambas posiciones, al punto que se satisfagan los derechos de los usuarios, pero además el derecho que se deriva del contrato de concesión, de la recuperación del capital y una ganancia justa. Por ende, si bien un principio que impregna la fijación tarifaria es el de mayor beneficio al usuario, ello no constituye una regla que permita validar la negación del aumento cuando técnicamente proceda, siendo que en esta dinámica debe imperar un equilibrio justo de intereses, lo que logra con un precio objetivo, razonable y debido. En su correcta dimensión implica un servicio de calidad a un precio justo. Con todo, el incremento tarifario dista de ser un fenómeno automático. Está sujeto a un procedimiento y su viabilidad pende de que luego del análisis técnico, se deduzca una insuficiencia económica. En este sentido, la ARESEP se constituye en la autoridad pública que, mediante sus actuaciones, permite la concreción de esos postulados que impregnan la relación de transporte público. Sus potestades excluyentes y exclusivas le permiten establecer los parámetros económicos que regularan el contrato, equilibrando el interés del operador y de los usuarios. ".
II.2. SOBRE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA EMPRESA SERVICIO DE MICROBUSES ALAJUELA LIMITADA Y LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SABANILLA Y SAN ISIDRO DE ALAJUELA RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA ACTUAR COMO TERCEROS INTERESADOS CON PRETENSIONES PROPIAS: Al respecto, debemos de indicar en cuanto a la legitimación activa de las empresas Servicio de Microbuses Alajuela Limitada y la Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela Responsabilidad Limitada, que actúan en este proceso como terceros interesados con pretensiones propias solicitando el pago de daños y perjuicios por la pérdida de ingresos alegando una tarifa no otorgada a TUASA y a COOPETRANSASI por la existencia de una infrapetita, debiendo aplicarse el modelo oficial y vigente de cálculo tarifario de la ARESEP del servicio de transporte de personas, modalidad autobuses vigente al 05 de noviembre del 2009 que se presentó la solicitud de ajuste de las tarifas de los servicios operados por TUASA, así como el pago de intereses legales civiles e indexación, cuyos montos se liquidarán en etapa de ejecución de sentencia.
Al respecto debemos de indicar, que tal y como consta en el hecho probado tercero, la solicitud de ajuste tarifario la solicitó la empresa TUASA el 05 de noviembre del 2009, en su condición de permisionario y concesionario de dichas rutas, requiriendo incremento tarifario para las rutas 200, 200 BS, 200 ext y permiso 1258 y 1241, compensatorio por el crecimiento del nivel de precios de los insumos utilizados en esta actividad, solicitando lo siguiente: para San José-Alajuela x Pista: 42.5%, San José-Alajuela x Heredia 42.37% y San José-Heredia 42.19%, Alajuela - San Juan de Santa Bárbara, San Juan arriba 43.59%, Alajuela-San Juan Centro 43.59% y Alajuela-Río Segundo 43.59%, San José-Volcán Poás 42.01% y Alajuela-Volcán Poás 42.08%, San José-San Joaquín de Flores-Poder Judicial 43.85 y Alajuela-La Aurora de Heredia: 41.94%. Igualmente solicita el ajuste en la tarifa por corredor común (rutas compartidas por ambas empresas) a la ruta 200 MB BS, descrita como San José-Alajuela X Pista, operada por la entidad Servicio Microbuses Alajuela San José Ltda de 42.5%, a la ruta San José-San Joaquín de Flores-Poder Judicial 43.08, San José Heredia un 42.19 %.
De igual forma, mediante resolución número 8457-2008 de las 13:45 horas del 04 de junio del 2008, dictada por el señor Fernando Herrero Acosta, en su condición de Regulador General, se otorga el refrendo a la empresa Tuasa, del contrato de renovación de concesión de las rutas 1241-200-200 BS y 200 ext, descritas como San José-Volcán Poás, San José-Alajuela por Heredia y San José-Alajuela por pista (autobuses), San José-Alajuela (busetas) y Alajuela-Río Segundo-San Juan, suscrito el 10 de enero del 2008 y solicita la MOPT se inscriba el contrato de renovación de dichas rutas. No obstante, posteriormente, la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dispuso mediante Sesión ordinaria número 65-2012 del 27 de setiembre del 2012, autoriza a la Empresa Transportes Unidos Alajuelenses S.A. en la ruta 1241, descrita como San José-Alajuela-Volcán Poás y Viceversa, para ceder el derecho de concesión de la ruta Alajuela-Volcán Poás y Viceversa a favor de la Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela R.L, Coopetransasi R.L, quedando incorporada dentro de la ruta 232 (hecho probado 12).
En mérito de lo cual, al haber TUASA cedido dicha ruta, tal cesión implica también los derechos derivados de la solicitud de incremento tarifario, por lo que tal situación faculta a dicha empresa para reclamar judicialmente los daños y perjuicios que se originen en dichas actuaciones. Además, de que por resolución número SE/CTP-13-06-000075 del 11 de junio del 2013, el Consejo de Transporte público, dispuso que en la sesión ordinaria número 65-2012 del 27 de setiembre del 2012, la Junta Directiva adoptó el acuerdo que indica autorizar a las empresas TUASA y COOPETRANSASI R.L, para que se permita el traspaso del derecho de concesión que ostenta TUASA, en la ruta 1241 para ser trasladado a COOPETRANSASI R.L (hecho probado 19). En lo referente a la empresa Servicio de Microbuses Alajuela Limitada, debemos de indicar que por resolución número SDA/CTP-16-06-001216 el Consejo de Transporte Público expresa que en sesión número 02-2014 del 19 de enero del 2014, se adoptó el acuerdo estipulado en el artículo 7.8, por el cual se autoriza el traspaso del derecho de concesión para la empresa de Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada a favor de Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (hecho probado 22).
De igual forma, por oficio número DTE-2016-0875 del 20 de junio del 2016, la Dirección Técnica del Consejo de Transporte Público hace constar que no aparece ninguna adenda a nombre de la empresa Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada, y que por artículo 7.8 de la sesión ordinaria 02-2014 del 09 de enero del 2014, emitido por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, se autorizó a la empresa Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada a traspasar a favor de la empresa Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (TUASA), la ruta 200 MB, descrita como San José-Alajuela y viceversa, el artículo 7.8 de la sesión ordinaria 02-2014 fue notificado a la ARESEP el 16 de enero del 2014, otorgándose la renovación de la ruta 200MB a la empresa TUASA por el período 2014-2021 (expediente digital). En mérito de ello, efectivamente carece de legitimación para poder accionar en reclamo de los ajustes tarifarios requeridos el 05 de noviembre del 2009, la empresa Servicio de Microbuses Alajuela Limitada, toda vez que la concesionaria lo es la empresa TUASA.
En mérito de ello, a tenor de los autos, se observa en el hecho probado 26, que por Oficio número DTE-2016-0650 del 09 de junio del 2016, la señora Aura Álvarez Orozco, en su condición de directora técnica del Consejo de Transporte Público, expresa que la empresa de Servicio de Microbuses Alajuela Limitada, actualmente no ostenta ningún permiso, ni es concesionario en ruta regular (expediente digital). De modo que, la cesión referida implica el traslado de los derechos derivados de los ajustes tarifarios, careciendo por ello de la legitimación debida al no ser concesionaria, ni permisionaria de ruta alguna.
II.3. CASO CONCRETO: Aplicado, lo anteriormente expuesto la resolución del presente asunto, tenemos que lleva razón parcialmente las promoventes en sus pretensiones al accionar TUASA con el objeto de que se declare la nulidad parcial de la resolución número 150-RIT-2013 del 14 de noviembre del 2013, únicamente en cuanto rechazó el aplicar el modelo econométrico para las rutas a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín San José, en razón de lo cual se ordena a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que aplique el modelo econométrico de cálculo tarifario vigente al 05 de noviembre del 2009 para dichas rutas, con las variables y elementos vigentes para dicho momento. Denegándose a la promovente, el otorgarle las tarifas solicitadas, al no haber demostrado que tales porcentajes sean los adecuados. Por su parte en cuanto a los daños y perjuicios liquidados producto de la omisión tarifaria supracitada, y los ingresos dejados de percibir por tal omisión, será en etapa de ejecución de sentencia que se determinarán.
Sumas sobre las cuales corren intereses legales comerciales a tenor del ordinal 497 del Código de Comercio, que comprenden del 05 de diciembre del 2009 hasta su efectivo pago, a tenor del ordinal 31, inciso tercero de la Ley número 3503 del 10 de mayo de 1965, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas. En cuanto al ajuste del valor económico de la obligación (indexación), al disponerse el otorgamiento de intereses, a título de perjuicio financiero, se encuentra comprendida en este último rubro. De igual forma, respecto a la resolución tardía de la ruta de Alajuela-Heredia-San José, a la cual se le otorgó un aumento tarifario extemporáneo, se condena a la accionada al pago de los daños y perjuicios liquidados producto de la omisión tarifaria supracitada, así como los ingresos y daños ocasionados por tal omisión, siendo en etapa de ejecución de sentencia que se determinarán. Sumas sobre las cuales corren intereses legales comerciales a tenor del ordinal 497 del Código de Comercio, que comprenden del 05 de diciembre del 2009 hasta su efectivo pago, a tenor del ordinal 31, inciso tercero de la Ley número 3503 del 10 de mayo de 1965, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas.
En cuanto al ajuste del valor económico de la obligación (indexación), al disponerse el otorgamiento de intereses, a título de perjuicio financiero, se encuentra comprendida en este último rubro. En lo referente a la empresa Cooperativa de Transportes Sabanilla, como tercero con pretensiones propias, en razón de ser el concesionario de la ruta descrita como Alajuela-Volcán Poás y Viceversa, en cuanto rechazó la ARESEP el aplicar el modelo econométrico para dicha ruta cuando era propiedad de TUASA, se ordena a dicha entidad que aplique el modelo econométrico de cálculo tarifario vigente al 05 de noviembre del 2009, con las variables y elementos aplicados para dicho momento. Por su parte, en cuanto a los daños y perjuicios liquidados producto de la omisión tarifaria supracitada, los ingresos dejados de percibir y daños ocasionados por tal omisión, será en etapa de ejecución de sentencia que se determinarán.
Sumas sobre las cuales corren intereses legales comerciales a tenor del ordinal 497 del Código de Comercio, que comprenden del 05 de diciembre del 2009 hasta su efectivo pago, a tenor del ordinal 31, inciso tercero de la Ley número 3503 del 10 de mayo de 1965, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas. En cuanto al ajuste del valor económico de la obligación (indexación), al disponerse el otorgamiento de intereses, a título de perjuicio financiero, se encuentra comprendida en este último rubro. En mérito de ello, con base en los hechos, la probanza evacuada y el derecho base de este fallo, es dable concluir que en el presente caso se presentó una clara omisión tarifaria de parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Ello es así, debido a que del estudio del procedimiento administrativo seguido en este caso, de la solicitud de reajuste tarifario de TUASA, desde el 05 de noviembre del 2009, se observan una serie de yerros, dilaciones indebidas, y criterios contradictorios entre los propios despachos de la entidad regulatoria, que dieron al traste con dicha solicitud e implicaron que se haya resuelto parcialmente, conllevando la aplicación de tarifas temporales y que condujeron a que se frustrara, el legítimo derecho de la actora como prestataria de un servicio público de transporte remunerado de personas, a gestionar y recibir una respuesta pronta y oportuna a su petición tarifaria.
Como bien se expresara en la jurisprudencia supracitada, el permisionario y el concesionario de un servicio público no ostenta derecho alguno a una determinación tarifaria específica, o bien a una tarifa por él propuesta o la que por su parte estime es la correcta; pero sin perjuicio de lo anterior, sí tiene un derecho subjetivo a que se le fije una tarifa, siguiendo los procedimientos establecidos para la determinación tarifaria que se encuentran previstos en los numerales 29 y siguientes de la ley 7593, estableciendo así la ARESEP el precio que sea técnicamente procedente, al cual deberá sujetarse por mandato de ley el prestador. En ese sentido, se hace eco de lo establecido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto 577-F-2007 de las 10:20 horas del 10 de agosto del 2007, expresando que se debe respetar por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos el principio del equilibrio financiero del contrato como derecho del contratista concesionario y los principios regulatorios para las fijaciones tarifarias en contratos de concesión de servicio público.
Ello así, porque el equilibrio financiero constituye un auténtico derecho subjetivo del contratista y concesionario, siendo una de las características que diferencian la concesión de servicios de públicos de otros contratos administrativos, que el pago del precio o tarifa no está a cargo de la Administración, sino que es cubierto por parte de los usuarios. De este modo, la solicitud tarifaria se sustenta en el derecho a obtener una compensación de un aumento que generó mayores costos en la ejecución del objeto convenido, derecho que nace a la vida jurídica desde el momento en que se presenta la oferta respectiva y que deriva no sólo del texto legal vigente, sino del mismo derecho de la Constitución. Los reajustes de precios no constituyen una indemnización que reconoce el Estado voluntariamente y paga al contratista, sino más bien, un mecanismo jurídico de restitución del valor real de la obligación, para lograr alcanzar así nuevamente el equilibrio de la ecuación financiera del contrato, de manera que se pague lo que previamente se convino, evitando así que se genere un perjuicio para la contratista, y tampoco un enriquecimiento indebido en favor del Estado.
De manera tal, que cuando se presentan variaciones importantes que distorsionen los niveles de utilidad que fueron establecidos de antemano, deberá ser ajustada a fin de que se permita al prestatario obtener la suficiencia económica para prestar el servicio, reinvertir para mantener o mejorar su calidad y obtener el lucro pactado. Así las cosas, la tarifa debe ser un medio de retribución, justo y razonable, que permita amortizar la inversión que se ha realizado para la prestación debida del servicio, en observancia a los principios rectores del instituto del servicio público, permitiéndole además obtener un margen de utilidad razonable -principio de servicio al costo-. Sin embargo en el presente caso, debido a una serie de yerros procedimentales administrativos, se duraron cuatro años para poder obtener de parte de la Intendencia de Transporte una respuesta parcial a la gestión tarifaria, con el evidente y claro detrimento del prestador del servicio.
Dan cuenta de dichos errores, desarmonía de criterios, contradicciones y falencias claras en el procedimiento de fijación tarifaria, el hecho probado séptimo, en el cual por resolución número RRG-37-2010 del 20 de enero del 2010, se resuelve por la ARESEP los recursos interpuestos por la promovente en contra de la resolución número RRG-10291-2009 de las 14:15 horas del 07 de diciembre del 2009, acogiendo el recurso de revocatoria y retrotrayendo las actuaciones, con lo cual se observa que la propia Administración encuentra yerros en las actuaciones realizadas y por ello retrotrae los autos, con el consiguiente perjuicio para el prestador del servicio, al cual le urgía la fijación tarifaria. Posteriormente mediante resolución número RRG-173-2010 del 04 de marzo del 2010, la ARESEP resuelve respecto a la solicitud de ajuste tarifario de TUASA, que el dato de la demanda presenta asimetrías importantes, sin embargo debido a que la empresa no realiza peticiones individuales desde el 2001 y que tiene una inversión fuerte en el año 2007, se recomienda ajustar el modelo del resultado tarifario con la tarifa de mercado según inversión neta, por lo que el aumento sería de un 5.88%, ajusta las tarifas vigentes en un 17,67% para las rutas 200, 200 BS, 200 ext y permiso 1258 y 1241, siendo ellas San José-Alajuela x Pista, San José-Alajuela x Heredia y San José-Heredia, Alajuela - San Juan de Santa Bárbara, San Juan arriba, Alajuela-San Juan Centro y Alajuela-Río Segundo, San José-Volcán Poás y Alajuela-Volcán Poás, San José-San Joaquín de Flores-Poder Judicial y Alajuela-La Aurora de Heredia y por concepto de corredor común lo procedentes es ajustar las tarifas vigentes en un 17,67% para la ruta 200 MB-BS, descrita como San José-Alajuela X Pista (microbuses-busetas), operada por Microbuses Alajuela San José Ltda, lo cual es una solución temporal mientras que se realiza el estudio tarifario completo en el cual se tomen en cuenta todas las variables del modelo econométrico (hecho probado octavo).
No obstante, como se verifica en el hecho probado once, nuevamente se retrotrae el procedimiento tarifario por yerros encontrados, lo cual genera una dilación indebida, al expresar la resolución número RJD-039-2012 del 07 de junio del 2012, que se acoge parcialmente el recurso de apelación formulado por la actora contra la resolución 173-2010 del 04 de marzo del 2010 por cuanto el porcentaje de incremento otorgado a la empresa se consignó de manera equivocada en la resolución recurrida y porque las tarifas que se utilizaron en el cálculo tarifario no fueron las tarifas vigentes a la fecha de emisión del acto administrativo para las rutas San José-Alajuela por Heredia y San José-Volcán Poás, de modo que anula la resolución número RRG-173-2010 del 04 de marzo del 2010 y la resolución número RRG-005-2011 del 09 de febrero del 2011 y retrotrae el procedimiento al momento procesal oportuno, ante ello en forma temporal y paliativa dimensiona los efectos de la anulación dispuesta y mantiene las tarifas fijadas para la ruta 200, 200BS, 200 ext, permiso 1241 y 1258 en la resolución 173-2010, hasta que el Comité de Regulación fije tarifas para dicha ruta mediante un acto administrativo conforme con el ordenamiento jurídico, remitiendo el expediente al Comité de Regulación para que realice una nueva corrida del modelo tarifario (expediente administrativo digital).
De modo que estamos ante una nueva dilación en perjuicio del administrado, el cual ve pasar el tiempo sin que tenga acceso a un ajuste pronto y oportuno, lo cual le genera en forma evidente un desequilibrio patrimonial, toda vez que como expresara el propio ente regulador, la empresa TUASA desde el año 2001 no realiza peticiones individuales y además en el año 2007 efectuó una inversión fuerte. No obstante, cuando ya habían pasado cuatro años y se esperaba que se resolviera la solicitud de ajuste, lejos de ello, el Intendente de Transporte por resolución número 38-RIT-2013 del 05 de marzo del 2013, declara en forma indebida la imposibilidad material de resolver de conformidad con lo ordenado por la resolución RDJ-039-2012, al haberse dado un hecho sobreviniente al dictar el Consejo de Transporte Público adenda al contrato de concesión que autorizó el traspaso del derecho de concesión que ostentaba la empresa TUASA en la ruta 1241 descrita como San José-Alajuela-Volcán Poás y viceversa, cediendo el derecho de concesión de la ruta Alajuela Volcán Poás y viceversa a favor de la empresa COOPETRANSASI S.A. y expresarse que a la fecha dicha adenda al contrato original carece de refrendo por parte de la ARESEP, puesto que el Consejo de Transporte Público no envío a la ARESEP la documentación para el dictado del refrendo, por lo que las nuevas condiciones de prestación del servicio no han completado el procedimiento legal establecido para surtir efectos jurídicos.
De modo que, se rechaza en forma indebida la solicitud tarifaria presentada el 05 de noviembre del 2009, aduciéndose que las condiciones de flota, horario y distancia de la empresa han variado desde la fecha de la presentación de la solicitud y especialmente para la ruta 1241. Expresando en cuanto a las tarifas que a la empresa TUASA, le corresponde seguir aplicando las autorizadas mediante la resolución número RRG-105-2012 del 14 de diciembre del 2012 y que una vez que se cumpla con los requisitos de ley en cuanto a la adenda del contrato de concesión llevado a cabo en el expediente OT-103-2008, se realizará estudio tarifario de oficio para las rutas que opera la empresa TUASA (hecho probado 16). Sin embargo, ello es un evidente error y fallo, toda vez que como se observa en el hecho probado doce, ya se le había enviado a la ARESEP para su refrendo tal cesión de línea, lo cual se constata en el hecho de que la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dispuso mediante Sesión ordinaria número 65-2012 del 27 de setiembre del 2012, autorizar a la Empresa Transportes Unidos Alajuelenses S.A. en la ruta 1241, descrita como San José-Alajuela-Volcán Poás y Viceversa, a que ceda la línea Alajuela Volcán Poás, en favor de la Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela R.L, Coopetransasi R.L, quedando incorporada dentro de la ruta 232 (folios 122 al 126 del expediente judicial).
Posteriormente, mediante oficio número 2013 000679 del 20 de febrero del 2013, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo de Transporte Público, le traslada el addendum al contrato de renovación de concesión de la Ruta 232 para su firma y traslado a la ARESEP (hecho probado 13). De igual forma, por oficio número DE-2013-0466 del 25 de febrero del 2013, el Consejo de Transporte Público remite a la ARESEP para su refrendo la adenda al contrato de renovación de concesión de la empresa COOPETRANSASI R.L. (hecho probado 14) y el día 26 de febrero del 2013, la ARESEP recibió del Consejo de Transporte Público, los oficios DE-2013-456 y el DE-2013-466 (contrato de renovación de concesión de la empresa COOPETRANSASI R.L.) (hecho probado 15). Lo cual se aprecia en el hecho probado 23, al expresar la ARESEP que el día 26 de febrero del 2013 el señor director del CTP, mediante oficio DE-2013-466, le requiere el refrendo de la adenda al contrato de concesión de la ruta 232 incorporándose a dicha ruta la de Alajuela Volcán Poás y viceversa.
Posteriormente, se dicta la resolución RDJ-045-2013 del 06 de junio del 2013, la cual muestra nuevas contradicciones entre los órganos de la ARESEP, indicando que existen defectos graves en la resolución anulada, la RRG-173-2010, expresando que la nueva corrida del modelo tarifario dispuesta en la RJD-039-2012, deberá tomar como base todas las condiciones, variables operativas y datos vigentes al momento en que se dictó la resolución anulada RRG-173-2010, por lo que no existe imposibilidad material para que la IT atienda lo dispuesto por la Junta Directiva. Sostiene, que el defecto más grave de la resolución anulada (RRG-173-2010) es el cálculo de la demanda y de las tarifas base consideradas para la corrida del modelo y no encuentra éste órgano asesor ninguna relación de estos insumos con el titular del servicio, ya que estos datos no van a variar en razón del cambio del prestador, por lo que la modificación del concesionario de la ruta 1241 no podría constituir una imposibilidad para recalcular los datos del 2010.
Indica además, en forma contundente, que no es procedente la justificación dada por la IT, de que el traspaso realizado del derecho de concesión en la ruta 1241 en fecha 27 de setiembre del 2012, afecta la corrida del modelo dispuesta en la resolución RDJ-039-2012 del 07 de junio del 2012, e indica que dicho traspaso se autorizó el 27 de setiembre del 2012 por la Junta Directiva del CTP, mediante el artículo 6.6 de la sesión ordinaria 65-2012 (hecho probado 18). Hecho que se confirma todavía más, debido a que por oficio número 2016-874 del 20 de junio del 2016, la Dirección Técnica del Consejo de Transporte Público hace constar que mediante el artículo 6.6 de la sesión ordinaria 65-2012, emitido por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público del 27 de setiembre del 2012, se autoriza a realizar el traspaso del derecho de concesión que ostentaba TUASA en la ruta 1241 a la empresa Coopetransasi R.L.
Se elimina el código 1241, lo cual se le notificó a la ARESEP según consta en certificación número SDA/CTP-16-06-00044 de la Secretaría de actas del Consejo de Transporte Público. El Consejo de Transporte Público remitió a la ARESEP las modificaciones de la ruta 1241 para su refrendo, mediante adenda enviada a la ARESEP por medio del oficio DE-2013-466 del 25 de febrero del 2013, recibido en la ARESEP el día 26 de febrero del 2013, cuyo refrendo se otorgó por la ARESEP por medio de la resolución RRG-107-2014 de las 15:30 horas del 17 de marzo del 2014 (hecho probado 33). Ante ello, existe una clara contradicción entre la tesis expuesta por la defensa de la ARESEP en juicio y lo expresado por este órgano técnico, con lo cual se demuestra la omisión tarifaria diferencias de criterio entre los órganos técnicos que afectaron a las promoventes en su solicitud de ajuste tarifario. Consecuencia de ello, es que deba declararse la nulidad parcial de la resolución número 150-RIT-2013 del 14 de noviembre del 2013, dictada por la Intendencia de Transporte de la ARESEP, la cual omitió realizar ajuste de tarifas en las rutas a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín San José, indicando en forma indebida que en cuanto a las demás rutas y a los corredores comunes, que se remite al Comité de regulación para que realice un nueva corrida del modelo tarifario, tomando como base para el cálculo del estudio tarifario de la concesión, las tarifas vigentes para las rutas San José-Alajuela por Heredia y San José Volcán Poás, se recalcule la demanda equivalente y fundamente la decisión que corresponda y se valore la conveniencia desde el punto de vista técnico, de disgregar los datos de la concesión y el permiso para realizar el respectivo análisis tarifario, a fin de garantizar el equilibrio del prestador y evitar subsidios cruzados entre un servicio y otro (expediente administrativo digital).
Resolución que perpetúa la tardanza en la resolución del ajuste tarifario, afecta el equilibrio económico al no resolver en forma oportuna tal petición de las actoras. Observándose en dicho acto administrativo yerro en el elemento motivo, debido a que no sustenta en forma técnica y adecuada las razones por las cuales no realizó la fijación tarifaria, omitiendo injustificadamente hacer la corrida del modelo econométrico y causando afectaciones a la empresa, tal y como lo confirmara el testigo Gerardo Duarte Sibaja. En lo referente al testigo Don Gilberth Retana Chaves, funcionario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en el puesto de Coordinador del Area de Movilidad de Personas, declara en juicio en forma transparente de las nulidades dictadas en el procedimiento administrativo y refiere que la ARESEP no tenía la información necesaria para la resolución tarifaria, argumento que no es atendible, al haberse determinado que efectivamente se remitió a dicha entidad por parte del CTP la adenda correspondiente.
Argumento de defensa que en todo caso resulta poco relevante, debido a que la propia entidad mediante resolución número RDJ-045-2013 del 06 de junio del 2013, establece que rechaza por el fondo la nulidad de la resolución RDJ-039-2012 del 07 de junio del 2012, instruyendo a la Intendencia de Transporte Público a efecto de que realice lo dispuesto por la Junta Directiva en la resolución número RDJ-039-2012 del 07 de junio del 2012, considerando los efectos de la corrección correspondiente en las tarifas de los corredores comunes en caso de que existan. Indica que la nueva corrida del modelo tarifario dispuesta en la RJD-039-2012, deberá tomar como base todas las condiciones, variables operativas y datos vigentes al momento en que se dictó la resolución anulada RRG-173-2010, por lo tanto no existe imposibilidad material para que la IT atienda lo dispuesto por la Junta Directiva. Expresando en forma clara para la resolución de este asunto, que el defecto más grave de la resolución anulada (RRG-173-2010) es el cálculo de la demanda y de las tarifas base consideradas para la corrida del modelo y no encuentra éste órgano asesor ninguna relación de estos insumos con el titular del servicio, ya que estos datos no van a variar en razón del cambio del prestador, por lo que la modificación del concesionario de la ruta 1241 no podría constituir una imposibilidad para recalcular los datos del 2010.
Aduciendo en forma clara y diáfana, que no es procedente la justificación dada por la IT, de que el traspaso realizado del derecho de concesión en la ruta 1241 en fecha 27 de setiembre del 2012, afecta la corrida del modelo dispuesta en la resolución RDJ-039-2012 del 07 de junio del 2012, nótese que dicho traspaso se autorizó el 27 de setiembre del 2012 por la Junta Directiva del CTP, mediante el artículo 6.6 de la sesión ordinaria 65-2012 (expediente administrativo digital). En consecuencia, dado lo manifestado, no se ocupaba para hacer la fijación tarifaria que la ARESEP tuviera la adenda del contrato de cesión de ruta de TUASA a COOPETRANSASI RL.
II.4- EXCEPCIONES: Interpone la accionada la excepción de falta de derecho y la de falta de legitimación ad causam activa de los terceros interesados con pretensiones propias. En lo referente a la excepción de falta de derecho, deb e acogerse parcialmente, entendiéndose denegada en los expresamente conferido, toda vez que de conformidad con la normativa citada, prueba aportada y los fundamentos de hecho expuestos, le asiste parcialmente el derecho a la parte actora y tercera interesada en sustento de sus pretensiones, al haber acreditado que le corresponde se le resuelva la fijación tarifaria y les sean resarcidos los daños y perjuicios causados. En lo referente a la falta de legitimación ad causam activa, se acoge parcialmente en cuanto a la empresa Servicio de Microbuses Alajuela Limitada, careciendo por ello de la legitimación debida al no ser concesionaria, ni permisionaria de ruta alguna.
En lo referente a la Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela Responsabilidad Limitada, se deniega la defensa de falta de legitimación activa, al haber demostrado que TUASA le cedió el derecho de concesión de la ruta Alajuela-Volcán Poás y Viceversa a favor de la Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela R.L, quedando incorporada dentro de la ruta 232. En mérito de lo cual al haber TUASA cedido dicha ruta, tal cesión implica también el traspaso de los derechos derivados de la solicitud de incremento tarifario, por lo que tal situación faculta a dicha empresa para reclamar judicialmente los daños y perjuicios que se originen en dichas actuaciones.
POR TANTO:
Se rechaza la excepción de falta de legitimación ad causam activa en cuanto a la participación como tercero interesado con pretensiones propias de la empresa Cooperativa de Transportes de Sabanilla y San Isidro de Alajuela Responsabilidad Limitada, acogiéndose en cuanto a la empresa Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho, entendiéndose denegada la demanda en lo no expresamente concedido. En consecuencia se declara la nulidad parcial de la resolución número 150-RIT-2013 del 14 de noviembre del 2013, únicamente en cuanto rechazó el aplicar el modelo econométrico para las rutas a) Alajuela-San José por la pista. b) Alajuela-La Aurora de Heredia. c) Alajuela-San Juan de Santa Bárbara y d) San Joaquín San José, en razón de lo cual se ordena a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que aplique el modelo econométrico de cálculo tarifario vigente al 05 de noviembre del 2009 para dichas rutas, con las variables y elementos vigentes para dicho momento.
Se condena a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de los daños y perjuicios causados a la empresa Transportes Unidos Alajuelenses Sociedad Anónima producto de la omisión tarifaria supracitada, consistente en los ingresos dejados de percibir por tal omisión, siendo en etapa de ejecución de sentencia que se determinarán. Sumas sobre las cuales corren intereses legales comerciales a tenor del ordinal 497 del Código de Comercio, que comprenden del 05 de diciembre del 2009 hasta su efectivo pago. En cuanto al ajuste del valor económico de la obligación (indexación), al disponerse el otorgamiento de intereses, a título de perjuicio financiero, se encuentra comprendida en este último rubro. Asimismo respecto a la resolución tardía de la ruta de Alajuela-Heredia-San José , se condena a la accionada al pago en favor de TUASA de los daños y perjuicios liquidados producto de la omisión tarifaria supracitada, los ingresos dejados de percibir y los daños ocasionados por tal omisión, siendo en etapa de ejecución de sentencia que se determinarán.
Sumas sobre las cuales corren intereses legales comerciales a tenor del ordinal 497 del Código de Comercio, que comprenden del 05 de diciembre del 2009 hasta su efectivo pago. En cuanto al ajuste del valor económico de la obligación (indexación), al disponerse el otorgamiento de intereses, a título de perjuicio financiero, se encuentra comprendida en este último rubro. En lo referente a la empresa Cooperativa de Transportes Sabanilla, como tercero con pretensiones propias, en razón de ser el concesionario de la ruta Alajuela-Volcán Poás y Viceversa, en cuanto rechazó el aplicar el modelo econométrico para dicha ruta, se ordena a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que aplique el modelo econométrico de cálculo tarifario vigente al 05 de noviembre del 2009, con las variables y elementos vigentes para dicho momento. En cuanto a los daños y perjuicios causados liquidados producto de la omisión tarifaria supracitada, se condena a la ARESEP a pagarle a COOPETRANSASI RL. los ingresos dejados de percibir, y daños ocasionados por tal omisión, siendo en etapa de ejecución de sentencia que se determinarán.
Sumas sobre las cuales corren intereses legales comerciales a tenor del ordinal 497 del Código de Comercio, que comprenden del 05 de diciembre del 2009 hasta su efectivo pago. En cuanto al ajuste del valor económico de la obligación (indexación), al disponerse el otorgamiento de intereses, a título de perjuicio financiero, se encuentra comprendida en este último rubro. Se condena a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de ambas costas de este proceso en favor de las empresas Transportes Unidos Alajuelenses y Cooperativa de Transportes Sabanilla y San Isidro de Alajuela RL. En lo referente a la empresa Servicio de Microbuses Alajuela San José Limitada, se resuelve sin especial condenatoria en costas. NOTIFÍQUESE.- Carlos Espinoza Salas Otto González Vílchez Adolfo Fernández Loaiza Proceso de conocimiento.
Actor: TUASA y otros.
Contra: La ARESEP.
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