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Res. 00062-2015 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII · 07/07/2015
OutcomeResultado
The claim was partially granted, holding IMAS, FUPROVI, and the Municipality of Montes de Oca jointly liable for material damages (land value and original construction cost) and subjective moral damages (₡3 million per plaintiff). The claim against BANHVI was dismissed, and one plaintiff's claim was declared inadmissible for lack of standing.Se acogió parcialmente la demanda, condenando solidariamente al IMAS, FUPROVI y la Municipalidad de Montes de Oca al pago de daños materiales por el valor del terreno y la construcción original, y por daño moral subjetivo (₡3 millones para cada actora), desestimando la demanda contra el BANHVI y declarando inadmisible la de uno de los actores por falta de legitimación.
SummaryResumen
The Administrative Court partially upheld the claim of several social housing owners in the Las Mansiones development, Montes de Oca, whose homes were declared uninhabitable due to ground instability, landslides, and proximity to the Río Torres. The ruling holds IMAS, FUPROVI, and the Municipality of Montes de Oca jointly liable for material and moral damages. It found that IMAS purchased and allocated the land without adequate technical studies, FUPROVI proceeded with construction despite known risks, and the Municipality failed in its urban and environmental oversight duties. The court determined that the land, located in the Río Torres canyon with vertical slopes and unstable volcanic soils, was unsuitable for a project of over one hundred social homes. The claim against BANHVI was dismissed based on its role as a second-tier lender. The decision discusses the contractual liability regime of IMAS and FUPROVI, and the strict liability of the Municipality, rejecting defenses such as force majeure or contributory negligence.El Tribunal Contencioso Administrativo declaró parcialmente con lugar la demanda de varios propietarios de viviendas de interés social en la Urbanización Las Mansiones, Montes de Oca, cuyas casas fueron declaradas inhabitables debido a problemas de inestabilidad del terreno, deslizamientos y cercanía al Río Torres. La sentencia condena solidariamente al IMAS, FUPROVI y la Municipalidad de Montes de Oca por los daños materiales y morales, al considerar que el IMAS adquirió y destinó el terreno sin los estudios técnicos adecuados, FUPROVI continuó la construcción a pesar de conocer los riesgos y la Municipalidad omitió su deber de fiscalización urbanística y ambiental. El tribunal determinó que el terreno, ubicado en el cañón del Río Torres con taludes verticales y suelos volcánicos inestables, no era apto para un proyecto de más de cien viviendas de interés social. Se rechazó la demanda contra el BANHVI por su rol como entidad financiera de segundo piso. El fallo analiza el régimen de responsabilidad contractual del IMAS y FUPROVI, y la responsabilidad objetiva de la Municipalidad, descartando eximentes como fuerza mayor o culpa de la víctima.
Key excerptExtracto clave
The report states regarding the general situation of the Development: "CURRENT SITUATION: The housing project is located on the left-hand side of the road to Club Campestre La Campiña and borders the Río Torres to the south and a slope of variable height to the north, where several homes sit at its base. Since 1993 there have been references to serious instability problems in the area, due to slope cuts and the proximity of homes to the cut. Factors directly contributing to potential material detachment include: Vertical slope cuts from the project's start. Homes less than 2.5 meters from the slope base. Lack of adequate drainage at the top. Lack of cleaning of main road gutters. Construction of annexes by homeowners less than one meter from the slope. Slope material is highly altered and easily eroded by water. Low retaining walls. Shrubs of certain height have grown at the slope edge, constantly causing detachments." The Court finds this defense untenable, since from the initial INSUMA S.A. studies through those by CNE and later reinforced by the expert study, the land was unsuitable from the start for the development in question for three reasons: first, its natural circumstances—a river canyon with vertical slopes requiring extremely high investments for stability, volcanic ash soil, and a self-build construction method that did not ensure optimal construction under such delicate conditions.De importancia para la resolución del presente asunto, el informe indica respecto de la situación en ese momento de la Urbanización en términos generales: "SITUACIÓN ACTUAL: El proyecto habitacional se localiza a mano izquierda carretera al Club Campestre La Campiña y colinda al sur con el Río Torres y al norte con un talud de altura muy variables, donde se ubican al pie del mismo varias viviendas. Desde 1993 se tienen referencias de los serios problemas de inestabilidad en el área, debido a los cortes de los taludes y de la cercanía de las viviendas al corte. Los factores que inciden directamente en el posible origen de los desprendimientos de material son: Cortes de talud en forma vertical desde el inicio del proyecto. Viviendas a menos de 2.5 metros del pie del talud. Falta de buenos desagües en parte superior. Falta de limpieza de cunetas de la carretera principal. Construcción de anexos por parte de los dueños de las casas a menos de un metro del talud. Material que conforma el talud se encuentra muy alterado y fácilmente erosionable por el agua. Muros de contención de poca altura. Arbustos de cierta altura han crecido al borde del talud, ocasionado constantemente desprendimientos." Es criterio del Tribunal que este eximente no es de recibo, pues desde los primeros estudios de INSUMA S.A., pasando por los realizados por la CNE y reforzados por el elaborado por el profesional, el terreno no era apto desde un inicio para el desarrollo en cuestión por tres aspectos: el primero serían sus circunstancias naturales, pues de trata del cañón de un río, con existencia de taludes verticales que implicarían inversiones sumamente altas para lograr la estabilidad deseada, con suelo de cenizas volcánicas y que además el método de construcción de las viviendas (autoconstrucción) no aseguraba el método óptimo para una edificación en circunstancias tan delicadas.
Pull quotesCitas destacadas
"Es criterio del Tribunal que este eximente no es de recibo, pues desde los primeros estudios de INSUMA S.A., pasando por los realizados por la CNE y reforzados por el elaborado por el profesional, el terreno no era apto desde un inicio para el desarrollo en cuestión por tres aspectos: el primero serían sus circunstancias naturales, pues de trata del cañón de un río, con existencia de taludes verticales que implicarían inversiones sumamente altas para lograr la estabilidad deseada, con suelo de cenizas volcánicas..."
"The Court finds this defense untenable, since from the initial INSUMA S.A. studies through those by CNE and later reinforced by the expert study, the land was unsuitable from the start for the development in question for three reasons: first, its natural circumstances—a river canyon with vertical slopes requiring extremely high investments for stability, volcanic ash soil..."
Considerando XII
"Es criterio del Tribunal que este eximente no es de recibo, pues desde los primeros estudios de INSUMA S.A., pasando por los realizados por la CNE y reforzados por el elaborado por el profesional, el terreno no era apto desde un inicio para el desarrollo en cuestión por tres aspectos: el primero serían sus circunstancias naturales, pues de trata del cañón de un río, con existencia de taludes verticales que implicarían inversiones sumamente altas para lograr la estabilidad deseada, con suelo de cenizas volcánicas..."
Considerando XII
"La condición social de los adquirentes o beneficiarios obliga más aún que si se tratara de una persona con mayores recursos y capacidad de tomar decisiones en forma más fundamentada y si se quiere libre, pues en el caso de los primeros la decisión se ve afectada precisamente por sus condiciones sociales y económicas."
"The social condition of the purchasers or beneficiaries imposes an even greater duty than if they were individuals with greater resources and capacity to make more informed and, if you will, free decisions, since for the former, the decision is precisely affected by their social and economic conditions."
Considerando XII
"La condición social de los adquirentes o beneficiarios obliga más aún que si se tratara de una persona con mayores recursos y capacidad de tomar decisiones en forma más fundamentada y si se quiere libre, pues en el caso de los primeros la decisión se ve afectada precisamente por sus condiciones sociales y económicas."
Considerando XII
"La Fundación como organización tiene conocimientos suficientes para prever el resultado que podría tener a largo plazo esta Urbanización, por lo que se considera inaceptable que se excuse en supuestas faltas de los habitantes del lugar, cuando, se reitera, era conocedora de los problemas que ya al momento de la construcción lo afectaban."
"The Foundation as an organization has sufficient knowledge to foresee the long-term outcome of this Development; therefore, it is considered unacceptable that it excuses itself on alleged faults of the residents, when, it is reiterated, it was aware of the problems affecting it even at the time of construction."
Considerando XIV
"La Fundación como organización tiene conocimientos suficientes para prever el resultado que podría tener a largo plazo esta Urbanización, por lo que se considera inaceptable que se excuse en supuestas faltas de los habitantes del lugar, cuando, se reitera, era conocedora de los problemas que ya al momento de la construcción lo afectaban."
Considerando XIV
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**IX. THE LEGAL REGIME APPLICABLE TO THE ACQUISITION OF PROPERTY AND CONSTRUCTION OF SOCIAL-INTEREST HOUSING IN THIS CASE:** The Costa Rican State is a social state of law, in which, according to the first paragraph of Article 50 of the Political Constitution, it seeks the greatest well-being of its inhabitants and an adequate distribution of wealth, just as Article 65 of the same Charter establishes that the State shall promote the construction of low-income housing (*viviendas populares*). The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has repeatedly established this when it states: "On the fundamental right to decent housing. Article 65 of the Constitution, already mentioned, charges the State with promoting the construction of low-income housing, while by signing the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Costa Rica recognized the right of every person to an adequate standard of living for himself and his family, which includes housing. This right, besides having its individual substratum, must be framed as deriving from the conception of the State as a social State of Law, attributing to this expression the meaning specified in ruling number 2000-05500 of 14:33 hours on July 5, 2000, according to which public authorities are obliged to make possible '[...] the realization of material justice, among other means through positive benefits, restoring to a specific sector of the population the enjoyment of appropriate social and economic conditions for a dignified life, which in reality do not exist or which they do not possess—a situation which may have derived, even indirectly, from the action or economic policy developed by the State itself. That is, this class of benefits cannot be simple gratuities without a true basis in a socioeconomic assistance function aimed at sectors of the population or communities that are deprived or in a situation of disadvantage, but rather the norm must constitute an authentic mechanism for the redistribution of wealth (in the terms of Article 50 of the Constitution) among those who suffer significant social disadvantages, for whom wealth is a reality from which they are excluded; a mechanism that may arise from very particular or specific circumstances facing a particular social situation that the legislator is legitimized to assess. Precisely this is the foundation that underlies all legislation creating social institutions, as well as legal institutes aimed at aiding those who find themselves in a specific condition that is significantly inferior to the rest of the economically active population, and to whom the State grants economic or other aid without receiving consideration in return, precisely because this is one of the functions of the State, as the superior entity charged with ensuring conditions of a free and dignified life, and of maintaining social peace as a value of the legal system that demands the creation of those living conditions for all, especially for the most disadvantaged in the distribution of the community's goods.'" (Ruling 6054-2008, of sixteen hours twenty-one minutes on April sixteen, two thousand eight). The financing and construction of social-interest housing is based on these constitutional precepts, through regulations that grant certain public entities the powers to fulfill the objective of providing low-income families with decent housing. These regulations may be specific, as in the case of the Law of the Financial System for Housing (*Ley del Sistema Financiero de la Vivienda*) (Law 7052, of November thirteen, nineteen eighty-six and its amendments), which regulates financing through the housing voucher (*bono de la vivienda*), or generic, such as certain institutions that can contribute by virtue of their general objectives, such as IMAS. The first of these laws states in its first two articles: "Article 1.— The National Financial System for Housing (*Sistema Financiero Nacional para la Vivienda*) is created, which shall be an entity of public interest, governed by this law and which shall have as its main objective the promotion of national and foreign savings and investment, in order to collect financial resources to seek the solution of the existing housing problem in the country, including the aspect of services. Article 2.— The National Financial System for Housing shall be composed of the Banco Hipotecario de la Vivienda, as governing body, and by the authorized entities provided for in this law." For its part, the Law Creating the Joint Institute for Social Assistance (*Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social*) (Law 4760, of May four, nineteen seventy-one and its amendments), provides general powers to the Institute in poverty eradication, as established in its first two articles: "Article 1.— An institution called the Joint Institute for Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS) is created, which shall have its own legal personality and shall be governed by this law and its regulations. Article 2.— The IMAS has as its purpose to solve the problem of extreme poverty in the country, for which it shall plan, direct, execute and control a national plan aimed at said purpose. For that objective, it shall use all the human and economic resources placed at its service by the country's employers and workers, domestic or foreign public sector institutions, private organizations of any nature, religious institutions and other groups interested in participating in the National Plan for the Fight Against Poverty (*Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza*)." The construction of housing must comply with the urban planning requirements existing within the national legal system (General Construction Law (*Ley General de Construcciones*), Urban Planning Law (*Ley de Planificación Urbana*), among others), in which the Municipalities have a predominant role, precisely because of the powers that the same legislation provides and that are materialized in this case in the approval of the urbanization, construction permits, as well as everything related to the oversight they must exercise within their territorial jurisdictions so that urban order is maintained. Within this proceeding, it is necessary to analyze the actions of the parties, in order to define the applicable liability regime, since both public and private law subjects are involved. According to the evidence in the case file, IMAS acquired the farm SJ-209227-000 from the defunct Banco Anglo in order to provide housing to several neighborhood associations. This first act by IMAS, despite being embodied in a purchase-sale governed by civil law, stems from an Administration decision, later materialized in the destination given to the farm, which is reflected in a discretionary administrative act (Agreement of the Board of Directors CD-672, Minute 87-95 of December eighteen, nineteen eighty-seven) to destine the said farm for the construction of a housing project. Although the validity of that agreement is not being discussed in this proceeding, it is necessary to refer to it in order to evaluate the conduct carried out by the Institute to determine if there is liability that may be attributed to it, as well as for the analysis of the statute-of-limitations defense (*excepción de prescripción*) raised by the parties. Subsequently, the transfer was made to each of the plaintiffs, through the public deed granted on May nine, nineteen ninety-one. This purchase-sale, in accordance with Article 1049 of the Civil Code, is an onerous contract, translative of ownership, which, despite being celebrated between a public law entity and a natural person, is governed by civil law, so the statute-of-limitations regime and other regulations specific to that area would apply to it. Later, between IMAS and FUPROVI, an agreement was reached so that the Foundation would develop certain infrastructure, grant the lot owners a bridge loan for the construction of the housing, and advise them with the construction of each project through the self-construction system. The relationship that must be taken into account in this case is the one existing between the owners and FUPROVI, which would also be governed by the Civil Code. Regarding BANHVI, the relationship existing between the parties concerns the financing granted through the housing voucher, a relationship that is governed by administrative law, due to the alleged omissions in verifying the conditions of the land and not by the financing contract. Finally, the Municipality of Montes de Oca intervenes as an urban regulatory entity, both before and after the constructions, with its relationship with the plaintiffs also governed by administrative law. In these latter two cases, the applicable liability regime would be that provided in the General Law of Public Administration (LGAP), starting from Article 190 [...].
**XII. ANALYSIS OF THE MERITS OF THE CASE:** [...] Of importance in this study is that the origin of the damage to dwellings 105 (Josefina Gómez Mejía) and 114 (Ana Cecilia Badilla Rojas, also a plaintiff in this proceeding) is established, as well as the reiteration of the problem of the slope (*talud*) and the proximity to the stream or river. Despite the recommendations given in this report to FUPROVI and the Municipality of Montes de Oca, there is no evidence that they took any action to remedy the situation of the inspected homes, and it was not until the year 2008, upon the occurrence of Tropical Storm Alma, that the Municipality of Montes de Oca began to take action to try to find solutions regarding the problems afflicting the Las Mansiones Development in general terms (Official Communication OGA-36-2008, of June 3, 2008, signed by Gustavo Lara Barquero, of the Municipal Environmental Management Office). Based on the report issued by Lara Barquero, the Municipal Mayor requested collaboration from the School of Geology of the University of Costa Rica (official communication D. Alc. 766-2008 of June 5, 2008), from the Director of the Health Area of Montes de Oca (official communication D. Alc. 2008, of June 6, 2008) and from the National Emergency Commission (D. Alc. 1091-2009 of August 8, 2009). The Ombudsperson, in official communication No. 06201.2009.DHR, again issued the following recommendations to the organs and institutions mentioned below: "TO THE MUNICIPALITY OF MONTES DE OCA: 1.— Allocate the necessary resources to complete the mitigation works in the Mansiones development. To do so, if necessary, include the cost of the work in an extraordinary budget, or in the 2010 budget. 2.— Keep the Ombudsperson informed about the works being carried out in the Mansiones Development to prevent further landslides in the area, as well as maintain strict control of the terrain during the rainy season. 3.— If appropriate, coordinate a meeting with the institutions involved to analyze the situation of the Mansiones Development and define the actions aimed at a definitive solution to the matter. Forward the result thereof to the Ombudsperson. TO THE ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL: 1.— Follow up on resolution number 353-09-TAA, case file number 222-08-03-TAA, in order to ensure the solution of the problem of the Mansiones Development. 2.— Keep the Ombudsperson informed about future actions taken by that Tribunal in this regard and forward the resolutions issued accordingly. TO THE MINISTRY OF HEALTH, Health Area of Montes de Oca; SOLE.— Proceed to analyze the possibility of declaring uninhabitable the homes located in the vulnerable zone of the slope (*talud*). Likewise, duly follow up on these orders and proceed to demolish the homes, with the collaboration of the Municipality of Montes de Oca, in the event that the owner does not do so by their own means. TO THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE: 1.— Conduct a new inspection of the Mansiones development and clearly define which homes are at risk and must be removed from the location. 2.— Coordinate inter-institutionally, primarily with the Municipality of Montes de Oca, to follow up on the landslides that have occurred in the Mansiones development, in order to find a viable solution for all parties and proceed to carry out the necessary mitigation works to stabilize the terrain. (...) JOINT INSTITUTE FOR SOCIAL ASSISTANCE (IMAS): SOLE.— Conduct a socioeconomic study of the families located in the risk zone in order to extend some type of economic aid while their relocation is achieved, likewise, extend some type of subsidy to those families who must make improvements to their homes to properly channel wastewater and stormwater from their properties. BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA: SOLE.— Proceed to analyze the possibility of conducting a visit to the Mansiones development in order to speak with the families located in the risk zone who must be relocated, and explain to them the options they have to request a new housing voucher and the requirements they must meet." The National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Emergencias or CNE) issued Technical Report DPM-INF-1683-2009, entitled "General assessment of instability problems in the vicinity of the Mansiones Development," which analyzed the general problems of the Development as follows: "CURRENT SITUATION: The housing project is located on the left-hand side of the road to Club Campestre La Campiña and borders the Río Torres to the south and a slope (*talud*) of highly variable height to the north, where several homes are located at its foot. Since 1993, there have been references to serious instability problems in the area, due to the slope cuts and the proximity of the homes to the cut. The factors that directly affect the possible origin of material detachments are: Vertical slope cuts from the beginning of the project. Homes less than 2.5 meters from the toe of the slope. Lack of proper drainage in the upper part. Lack of cleaning of gutters on the main road. Construction of annexes by the homeowners less than one meter from the slope. Material composing the slope is highly altered and easily erodible by water. Retaining walls of low height. Bushes of a certain height have grown on the edge of the slope, constantly causing detachments. Considering all these aspects, it is possible that the instability process (landslides) will increase to a greater extent during the rainy season or a possible earthquake and therefore, the effects of material displacement towards the vicinity of the homes can cause considerable damage. It is necessary to carry out several works on the hillside and the slope (*talud*), but before carrying out any work at the site, a soil study and slope stability analysis must be conducted, in addition to verifying which area corresponds to fill and its depths; knowing the aforementioned parameters, rectifications can be made or even the possibility of relocating the families settled at the foot of the slope. Some works must be carried out depending on the analysis of the soil study, its characteristics and stability, as well as the accumulation of debris in the upper part, in order to protect the safety and property of all the people living in the area. All these considerations must be taken into account according to the possible works or the alternative of relocating the families whose houses were built on the lower part of the slope (*talud*) and who are currently observing the fall of material near their homes. It is necessary to carry out various works in the surroundings of the Las Mansiones Development and some recommendations are: 1. Carry out cleaning and repair of the main road gutters located on the upper part of the hillside. 2. Build adequate retaining walls near the homes and reinforce those that show problems, especially at homes #34, 35, 36. 3. Homes #115, 119 are located a few meters from the slope (*talud*) with the steepest vertical cut and it is where landslides are currently frequent. 4. Houses #82 and 74 are located on the same band of the slope, but are located at a greater distance from the vertical cut. 5. Dwelling #60 is located at the end of the hillside, where the slope height is lower and there is also no evidence of material detachment. Regarding the actual situation of the homes, it must be clarified that only the soil study and slope stability analysis can reflect the stability condition of the hillside, as well as the possible works to be carried out in the area. RECOMMENDATIONS: 1. It is necessary to corroborate the conditions of the electric utility pole and transformer in the upper part of the slope (*talud*) by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 2. That the Municipality of Montes de Oca, in coordination with the Mansiones Housing Association, carry out a general cleaning of the gutters located on the main road. 3. Carry out good channeling of stormwater to reduce the possible effect of saturation and slippage towards the lower parts. 4. Any earth movement must be subject to soil studies and the established recommendations. 5. Build terraces and works with gabion walls at the most critical points, as well as works to reduce erosion through anti-erosion covers, whose purpose is to form a surface capable of absorbing and dissipating rain energy, mainly along the slope (*talud*)." (...) Considering that among the responsibilities of the CNE and in accordance with Law No. 8488, as the regulatory entity for actions related to risk management, is to establish recommendations aimed at promoting an adequate use of the land, in accordance with the specific characteristics of the environment and to improve the general conditions of the area, it is requested, in accordance with this report, that the involved entities carry out: The actions and measures necessary to seek a solution for the families indicated in this document. Given that there are many reports made by the CNE in relation to the Las Mansiones Development, where over the years technical criteria have been established to resolve this problem, starting with a project developer and state permits, where the mitigation measures and options to relocate the most vulnerable families have not materialized." (Emphasis not in original). As can be observed, it was indicated by the CNE that the problems in the Development date back to 1993, their causes, as well as the importance of carrying out prevention works and assessing the possibility of relocating the affected families. Regarding the specific cases of the plaintiffs, the same report indicated: "1. Homes located on the right bank of the Río Torres, where instability problems very close to the constructions have arisen in recent years: Currently dwelling No. 105 belongs to Mr. Elogio (sic) Vargas Gómez, ID card 1-591-012, where it is established that in November 1998, it was affected by significant cracking and its relocation was recommended. Unfortunately, it was rebuilt on the same site, where evidence of settlement is currently present and it is located a few meters from the edge of the slope (*talud*). Within the protection zone of the Río Torres channel. Clearly the authorities recommended evacuation due to the instability problem as of November 1998. Evidence such as that observed on the walls is visible in dwelling No. 105. It requires relocation to another site and the freezing of the land use for the future. Property of Mrs. Ana Badilla Rojas, house No. 114, which is located with part of its settlement on fill. There is a lack of channeling of stormwater and wastewater, which increases the problem of differential settlement in the construction. Requires mitigation works such as a retaining wall and good control of stormwater and wastewater in the surroundings. (...) 2. Homes located at the foot of the slope (*talud*) where instability problems very close to the constructions have arisen in recent years. (...) Property of Mrs. Netilda Soto Madrigal, ID card 2-200-243, occupied by three people. House No. 44. Dwelling located at the foot of the slope, where a series of significant detachments have occurred in recent years. For this family, its relocation to another safer place is recommended. The competent authorities must establish the guidelines for the freezing of the land. Its residential use is not recommended. (...) Property of Mrs. Cristina Vargas Díaz, ID card 1-188-935. Inhabited by 1 person. House No. 36. At the foot of the slope where significant detachments have occurred. Its residential use is not recommended. Evidence of terrain instability problems." Subsequently, the Health Rectorate Unit, Central South Region, of the Ministry of Health, in Official Communication URS-RCS-1626-2009, made the following considerations of interest for the present case: "General characteristics of the dwellings: The Mansiones Development has been presenting slope landslide problems since 1998, both on the banks of the Río Torres and at the base or foot of a slope (*talud*) that forms the topographic elevation bordering the Development. The National Emergency Commission referred to the case in official communication DPM-INF-693-98. Our Unit attended to the case in July of last year due to a complaint filed by Mrs. Marlene Badilla Rojas, and through Official Communication UPAH-642-2008 it was treated individually. From last year to date, the problems of the Development worsened, which is why a decision was made to conduct a general inspection in the company of municipal authorities and IMAS. Observations: 1- There is an encroachment of the setback zone of the Río Torres where some dwellings were erected in this protection zone both by the developers and by the property owners, which generates excessive weights on the slope (*talud*) of the right bank of the river. The foregoing has brought about a landslide of these slopes, which is constantly aggravated by rainfall during the rainy season. 2- The second existing problem is the construction at the foot of the slope (*talud*) of the elevation bordering the development; a slope which, being in its natural state without any type of protection and without adequate vegetation to allow soil cohesion, puts those dwellings built right at the foot of its base at risk. The affected dwellings are as follows: (...) House #105 Josefina Gómez Mejía ... House #114 Ana Cecilia Badilla Rojas ... House #36 María Cristina Vargas Díaz ... House #119 Netilda Soto Miranda ... House #73 Nuria Zamora Chacón. (...) 3- In dwellings 114 and 105, the presence of longitudinal cracks in floors and walls was verified, characteristic of the failure line of the slope (*talud*). These dwellings, together with #73 and that of Mrs. Marlene Badilla, are the ones that run the risk of landslides in the direction of the Río Torres, which is why this Unit decides to declare them in a dangerous state. 4- Dwellings 35, 36, 125 and 119 run the risk of the slope (*talud*) of the bordering elevation sliding onto them, since it is collapsed in the direction of the dwellings, which have already suffered the impact of some landslides and remain exposed to future landslides; therefore, this unit decides to declare them in a dangerous state. (...) 5- The third problem lies in the illegal connections made to the development's storm sewer system, in which it was detected that at the discharge outlet, blackwater from some dwellings that do not use the septic tank built for that purpose is being discharged into the Río Torres. On this point, we consider that the Health Rectorate Area must conduct the necessary dye tests to detect which dwellings have illicit connections and to which the corresponding administrative acts must be issued in order to correct said deficiencies. Therefore, we consider that the Health Rectorate Area of Montes de Oca must declare dwellings 73, 114, 105, 36, 125, 119, that of Mrs. Marlene Badilla and the dormitory located [...] uninhabitable, taking into account their dangerous state. Likewise, the Health Rectorate Area must coordinate with IMAS to conduct the proper social study of the people currently occupying the properties, a study that must be carried out before ordering the eviction, so as not to neglect the social aspect that also corresponds to us as the Ministry of Health. In turn, coordination must be made with the Fuerza y Luz authorities so that they cut the electrical service to the properties in order to prevent fires. The above criteria are based on Articles 1, 2, 4, 7, 313, 319, 320 and 321 of the General Health Law and Article 50 of the Political Constitution of the Republic." This report ultimately leads to the declaration of uninhabitability of the plaintiffs' dwellings. As the final documentary evidence to establish the susceptibility of the land to be used for a housing project such as the one in question, there is the Report prepared by FUNDEVI, at the request of the Municipality of Montes de Oca and under the supervision of the professional Rolando Mora Chinchilla, which, insofar as relevant, establishes: "This was carried out based on the analysis of the stability map under dynamic conditions, considering areas with a very low probability and those with a low probability as areas suitable for development. It is recommended that areas with a moderate probability of landslide occurrence be used for controlled development, implementing geotechnical solutions to improve ground conditions. Areas presenting a high probability of landslide occurrence and those with a very high probability are considered to be destined solely and exclusively for conservation (Figure 8). (...) According to Figure 9, 68.1% of the study area should be used for conservation; on the other hand, 18.5% could be used for development, but in a controlled manner, and only 13.5% corresponds to zones suitable for development. It is important to mention that, although some parts of the canyon and riverbed of the Río Torres have been classified as suitable for development and for controlled development, at no time is it recommended to use zones located within a river canyon as suitable for development. The reason they were classified that way is because their slope is less than that of the surrounding zones and the ground is stable, so they do not possess a high probability of landslide occurrence. CONCLUSIONS: The hillsides found in the community of Mansiones and its surroundings are composed of volcanic deposits (ashes and tuffs) with poor mechanical characteristics. A large part of the study area comprises the fluvial canyon of the Río Torres, which presents several inactive landslides, the largest and most important being the one comprising the community of Mansiones; this canyon is surrounded by ash fields and by the fluvial valley of a neighboring stream. The Mansiones landslide shows evidence of having had subsequent activity, in the form of an ash flow with a displacement of approximately 150 m in a SW direction, towards the Río Torres. The course of the Río Torres appears to have suffered a slight diversion due to the occurrence of both events." Under static conditions, that is without considering seismic activity, 75% of the study area comprises stable slopes, 3.2% requires minor corrective measures to ensure its stability, 6.3% of the area presents conditions of instability, and 15% is in very unstable conditions. Under pseudostatic conditions, that is considering the effect of seismic activity, 47.5% comprises slopes with a very high probability of landslide occurrence, 18.7% presents a high probability, 20% has a moderate probability, 13.6% of the area presents a low probability, and only 0.2% has a very low probability of landslide occurrence. Based on the foregoing data, it was determined that 68.1% of the study area should be used for conservation, 18.5% could be used for controlled development, and only 13.5% corresponds to zones suitable for development. The areas that were classified as suitable for development and for controlled development and that are located within the Río Torres canyon should not be used for this purpose; the reason they were classified in that manner is because they meet characteristics such as low to moderate slope and low to moderate probability of landslide occurrence. For this reason, despite the fact that these zones present stability conditions, their use for development is not recommended under any circumstances." (Emphasis not in original). What must be taken from this report is that it establishes that even though there are areas that could eventually be designated for development, it is not at all advisable to do so because they are located within the Río Torres canyon. Undertaking, then, a comprehensive analysis of the evidence regarding the terrain conditions, the Court concludes that despite the assertions of the expert witness Rodríguez Barquero as to its suitability, there is documentary evidence issued by him, by technical bodies of the Administration, such as the CNE, the Ministry of Health, the Municipality of Montes de Oca itself, and the FUNDEVI study, which establish from the outset the problems the terrain had, being situated in a canyon of the Río Torres, with soil composed of ash with a high water content and the existence of a slope (talud), conditions that naturally made it inadvisable for a housing development (urbanización) of more than one hundred houses to be built, for low-income people who would not have their own means or financing to carry out appropriate infrastructure works to maintain optimal conditions in their homes and surroundings. This situation became evident starting in 1994 and worsened over time, which led to the declaration of uninhabitability of the plaintiffs' houses. The possible liability of each co-defendant will be analyzed below, always within the applicable legal framework, to determine whether a causal relationship exists between the alleged damages and their actions, as well as possible exemptions from liability […]." PROCESS OF COGNITION PLAINTIFFS: Nombre4554 , Nombre4555 , Nombre4556 , Nombre4559 , Nombre147718 .
DEFENDANT: INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA, FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA.
INTERESTED THIRD PARTIES: Nombre147719 , Nombre51961 , Nombre147720 AND GRUPO MUTUAL ALAJUELA-MUTUAL LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
62-2015-VIII TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN OCTAVA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, at eleven o'clock on the seventh of July, two thousand fifteen.
Process of Cognition filed by Nombre4554 , identity card number CED3521, Nombre4555 , identity card number CED3522, Nombre4556 , identity card number CED115159, Nombre147718 , identity card number CED3524 and Nombre4559 , identity card number CED3525 against Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI), represented by Nombre147721 , in his capacity as Deputy Operations Manager with powers as general unlimited attorney-in-fact of the Bank; Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), represented by Nombre147722 , identity card number CED80735 in her capacity as general unlimited attorney-in-fact of the Foundation; Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), represented by Nombre39585 , identity card number CED31297 in his capacity as general judicial attorney-in-fact and Nombre78257 , identity card number CED58079, in his capacity as General Manager of the Institute, and the Municipality of Montes de Oca, represented by Mr. Nombre1567 , identity card number CED13661, in his capacity as Municipal Mayor. Appearing as interested third parties are Messrs. Nombre147719 , Nombre51961 , and Nombre147720 and Grupo Mutual Alajuela. Acting as special judicial attorney-in-fact for the plaintiffs and the interested third parties is Licenciada Shirley Duarte Duarte, identity card number CED91350; as general judicial attorney-in-fact for BANVHI, Licenciado Rodolfo Villalobos Mora; as special judicial attorneys-in-fact for IMAS, Licenciadas Alba Ramírez Bazán, identity card number CED115160, and Rita María Ulate Chaves, identity card number CED112375; as special judicial attorney-in-fact for the Municipality of Montes de Oca, Licenciada Rita Obando Araya, attorney identification number CED115161; as general judicial attorney-in-fact for FUPROVI, Licenciada Anayansi Valverde Chaves, identity card number CED29134; and as special judicial attorney-in-fact for Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo, Licencia Carlos Eduardo Quesada Hernández, identity card number CED20035.
WHEREAS
1.- By writ filed on the nineteenth day of August, two thousand eleven, the plaintiffs filed a process of cognition to claim liability from the co-defendant institutions for the damages occurring in their homes in the Mansiones Housing Development (Urbanización Mansiones), located in San Rafael de Montes de Oca. In accordance with the prevention order issued to the plaintiffs at the preliminary hearing on the second day of November, two thousand twelve, as well as their ratification made at the preliminary hearing on the fifteenth of March, two thousand thirteen, the claims of the proceeding were established as follows: "Based on all of the foregoing, pursuant to Article 42-2-J of the Código Procesal Contencioso Administrativo, I request: 1) That this complaint be upheld in its entirety. 2) That the defendant entities be ordered to pay material damage, provisionally quantified for each of the defendants. 3) That the judgment jointly and severally order IMAS and BANBHI (sic) to pay the indicated material damage, for the lack of verification and oversight regarding the use of the indicated material, for the lack of verification and oversight regarding the use of public funds (sic) granted for the purchase of the land and in the allocation of the bond (bono), by building in a place not suitable for urban development. Compensation that will cover the purchase of land for each of the families. 4) That the judgment jointly and severally order the Municipality and Nombre36346 to pay the proportional material damage, for the damage caused by the construction of the housing project by granting permits and approving the plans without the place being suitable for habitation and for the omission regarding oversight. Compensation that will serve the families to cover the construction of a new house. 5) That each of the defendant entities be proportionally and jointly and severally ordered to pay the moral damage caused. 6) That the defendant institutions (sic) FUPROVI, MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA, BANVHI, and IMAS be proportionally and jointly and severally ordered to pay personal and procedural costs. Note that the amounts established herein are provisional, because they depend on an expert opinion in the evidentiary record." An estimate of material damage is made for each of the plaintiffs, including the land, its current construction, and the expenses of construction plans, municipal permits, insurance, and social charges, as follows: Nombre4556 (Dirección17912 ° ): ¢ 52,324,000 (fifty-two million three hundred twenty-four thousand colones), Nombre4554 (Dirección17913 ° ): ¢ 23,548,075 (twenty-three million five hundred forty-eight thousand seventy-five colones), Nombre4555 (Dirección17914 ° ): ¢ 25,445,529 (twenty-five million four hundred forty-five thousand five hundred twenty-nine colones), Nombre4559 (Dirección17915 ° ) ¢ 24,368,392 (twenty-four million three hundred sixty-eight thousand three hundred ninety-two colones) and Nombre147718 (Dirección17916 ° ), ¢ 24,156,675 (twenty-four million one hundred fifty-six thousand six hundred seventy-five colones). Likewise, objective and subjective moral damage is requested in the sum of ¢ 48,316,344 (forty-eight million three hundred sixteen thousand three hundred forty-four colones) for each of the plaintiffs. (see folios 802 to 815 of the judicial expediente).
2.- Having granted the hearing provided by law, the co-defendants opposed the complaint filed against them. IMAS raised the defenses of lack of right and expiration of the action and statute of limitations (prescripción), as well as lack of active and passive standing with respect to Nombre4554 . The Municipality of Montes de Oca filed the preliminary defenses of failure to exhaust administrative remedies and statute of limitations, and as substantive defenses, those of lack of active and passive standing regarding Nombre4554 and lack of right. Nombre11528 , for its part, filed the preliminary defenses of statute of limitations, joinder of the necessary active and passive parties, and as substantive defenses, those of lack of right, lack of necessary active and passive standing, act of a third party, and the generic sine actione agit. Finally, Nombre36346 filed the preliminary defenses of joinder of the necessary active parties, failure to exhaust administrative remedies, statute of limitations, and as substantive defenses, statute of limitations, lack of right, lack of active and passive standing, and lack of interest.
3.- The following preliminary hearings were held: a) on the second day of May, two thousand twelve, which was annulled by resolution at fifteen hours fifty-one minutes on the sixteenth of May, two thousand twelve; b) on the second day of November, two thousand twelve, in which a period of five business days was granted to the plaintiffs to clarify the claim; c) fifteenth of March, two thousand thirteen, in which, by resolution 576-2013 at eleven hours twenty minutes on the fifteenth of March, two thousand thirteen, the defenses of failure to join necessary active and passive parties filed by the parties were rejected, and it was ordered to call as interested parties Nombre51961 , Nombre147723 , Nombre147720 , Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo, Nombre147719 , and Nombre147724 ; d) on the thirtieth day of August, two thousand thirteen, in which, by resolution No. 1768-2013, the defense of necessary passive party joinder filed by BANVHI, as well as the defense of failure to exhaust administrative remedies filed by Nombre36346 and the Municipality of Montes de Oca were rejected; and e) ninth of May, two thousand fourteen, in which, in resolution No. 1014-2014, the preliminary defenses of statute of limitations and expiration filed by the co-defendants are rejected and the admission of evidence is made.
4.- That by writs submitted to the Court on the twentieth of March, two thousand thirteen, Messrs. Nombre147719 , Nombre51961 , and Nombre147720 appeared in the proceeding as interested third parties.
5.- That by writ filed on the eleventh day of June, two thousand thirteen, Grupo Mutual La Vivienda de Ahorro y Préstamo appeared in the proceeding as an interested third party.
6.- That due to the passing of Mrs. Nombre4556 , her estate appeared in the proceeding, represented by the provisional executor, Nombre4557 .
7.- The oral and public trial hearing was held on the sixteenth and seventeenth of June, two thousand fifteen. At said hearing, the testimony of witnesses Nombre147725 , José Antonio Rodríguez Barquero, Nombre147726 , Mario Francisco Cocozza Camacho, Nombre147727 , Nombre129486 , were received, as well as the party statements from Nombre147718 and Nombre4554 . The parties issued their respective conclusions, and the matter was declared highly complex.
8.- The procedures have followed the prescriptions of law, and the judgment is rendered unanimously, following the mandatory deliberation, in accordance with Article 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo.
Written by Judge Cortés Morales:
CONSIDERING
The Nombre147732 landslide shows evidence of subsequent activity, in the form of an ash flow with a displacement of approximately 150 m in a SW direction, toward the Torres River. The course of the Torres River appears to have undergone a slight diversion due to the occurrence of both events. Under static conditions, that is, without considering seismic activity, 75% of the study area comprises stable slopes, 3.2% requires minor corrective measures to ensure its stability, 6.3% of the area presents conditions of instability, and 15% is in very unstable conditions. Under pseudo-static conditions, that is, considering the effect of seismic activity, 47.5% comprises slopes with a very high probability of landslide occurrence, 18.7% presents a high probability, 20% has a moderate probability, 13.6% of the area presents a low probability, and only 0.2% a very low probability of landslide occurrence. Based on the above data, it was determined that 68.1% of the study area should be used for conservation, 18.5% could be used for controlled development, and only 13.5% corresponds to zones suitable for development. The areas that were classified as suitable for development and for controlled development and that are located within the Torres River canyon must not be used for this purpose; the reason they were classified in that manner is because they meet characteristics such as low to moderate slope and low to moderate probability of landslide occurrence. For this reason, even though these zones present stable conditions, their use for development is not recommended under any circumstances." (see folios 34 to 47 of the judicial file). 29) That the construction of the homes in the Nombre147732 Urbanization was done under the "self-build (autoconstrucción)" system (testimony of witness Nombre147726, recording of the oral and public trial). 30) That the lawsuit was filed on August 19, 2011, and was transferred by order issued at nine forty-seven in the morning on October 11, 2011 (see folios 1 and 229 and 230 of the judicial file). 31) That the transfer was notified to IMAS, FUPROVI, BANVHI, and the Municipality of Montes de Oca, on November 14, 2011 (see folios 235 to 238 of the judicial file).
In accordance with the claims of the parties, the subject matter of this proceeding is the condemnation of the co-defendant entities to pay the material and moral damages suffered by the plaintiffs due to their homes having been declared uninhabitable within the Las Mansiones Urbanization. In summary, the plaintiffs' position is that the lands on which the homes were built were not suitable for a development such as the Mansiones Urbanization, located in San Ramón de Montes de Oca. They indicate that the farm was acquired by IMAS, Nombre36346 was the developer, they had financing from BANVHI, and the Municipality granted the respective permits.
The Bank states that the plaintiffs were granted the family housing voucher (bono de vivienda familiar), which is granted through authorized entities, which are absent from this proceeding. It points out that the project was carried out by Nombre36346, who relied on a responsible professional, IMAS provided the land, the construction permits (licencias constructivas) were granted through the Municipality, and that the Nombre11528 did not participate, it only channeled the funds. In its opinion, there are three exemptions from liability that apply: force majeure (fuerza mayor), as there are natural elements that have undermined the land; act of a third party: the participation of the construction company and the engineer responsible for the work; and thirdly, the fault of the victim (culpa de la víctima), since the constructions were expanded toward the danger zones. Regarding this last exemption, it points out that there is no evidence that the constructions were done according to law or that the respective permits were processed. It states that if the plaintiffs were eventually upheld, since they have already been beneficiaries of a housing voucher, they could not access a new voucher, so it would be necessary to clarify what would happen with the current properties.
The representation of Nombre36346 maintains that it did not develop the project's infrastructure works, since those were done by the engineers whom the Foundation hired, and that its participation was to provide financing and technical advice to build homes of forty-two square meters. It points out that the homes were completed in nineteen ninety-four and that in nineteen ninety-five the technical studies indicated that they had complied with the mitigation works. It adds that the problems began in nineteen ninety-eight and that the only permits were Nombre36346's for the construction of the homes of forty-two square meters, and that the plaintiffs were the ones who expanded their homes, since none has the original area, and modifications must be done properly. It points out that exemptions from liability exist: the plaintiffs manipulated the constructions; the soil structure changed, since with the El Niño and La Niña Phenomena, the river configuration was modified, and the constructions approached the protection zone (zona de protección) of the Torres River; therefore, there is no cause-and-effect relationship between the damages claimed and FUPROVI's actions.
The Municipality indicates that its liability is for the construction permit (licencia constructiva) and that until the year two thousand seven, the location where the urbanization is situated was established as a non-urban zone suitable for residential use. It points out that in granting the permit, the entity merely verifies that the requirements contemplated by law are met. Regarding the construction, it points out that Articles 81 and 83 of the Construction Law (Ley de Construcciones) establish that the person responsible for the constructions is the Engineer in charge of the work, since the Municipality is not on site. It states that there were two site designs (diseños de sitio), that the City Council made recommendations, and that the approved design established the protection zones (zonas de protección). It adds that the problems arose later, since the parties failed to comply with the site design and built in protection zones, the original houses no longer exist, since there are two-story homes, and the neighbors illegally connected to the river flow. It also points out that a risk zone does not necessarily imply that construction is prohibited and that the urbanization has not been received by the Municipality.
The Institute alleges that it purchased the property where the Urbanization development was built with the aim of providing housing to people of limited resources, and that the site design is the responsibility of the Municipality of Montes de Oca. It argues that a soil study exists in the judicial file that establishes the soil's suitability for construction, that nearly twenty-eight years have passed since the purchase, that liability for damages is only now being claimed, and that IMAS did not build. It considers that exemptions from liability exist, which would be force majeure (fuerza mayor) due to climate change, fault of the victim (culpa de la víctima) due to the constructions carried out by the owners, and act of a third party, due to the actions of others. It also points out that the material damages were not individualized.
The Group considers that the present proceeding is a Civil Hacienda proceeding, that there is no claim against it, and that its participation is because there were encumbrances on the farms, which are also expired, so it has no interest in the matter.
IX.OF THE LEGAL REGIME APPLICABLE TO THE ACQUISITION OF PROPERTY AND CONSTRUCTION OF SOCIAL INTEREST HOUSING IN THE PRESENT CASE: The Costa Rican State is a social state of law, in which, according to the first paragraph of Article 50 of the Political Constitution (Constitución Política), it seeks greater well-being for its inhabitants and an adequate distribution of wealth, as well as Article 65 of the same Charter, which establishes that the State shall promote the construction of low-income housing (viviendas populares). This has been established by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, repeatedly, when it states: "On the fundamental right to decent housing. Article 65 of the Constitution, already mentioned, entrusts the State with promoting the construction of low-income housing, while upon signing the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Costa Rica recognized the right of every person to an adequate standard of living for himself and his family, which includes housing. This right, besides having its individual substratum, must be framed as derived from the conception of the State as a social State of Law, attributing to this expression the meaning specified in judgment number 2000-05500 of 14:33 hours on July 5, 2000, according to which public authorities are obliged to make possible '[...] the realization of material justice, among other ways through positive benefits, restoring to a certain sector of the population the enjoyment of appropriate social and economic conditions for a dignified life, which in reality do not exist or which are lacking, a situation that may have derived, even indirectly, from the action or economic policy developed by the State itself. That is, this class of benefits cannot be simple gratifications without a true basis in a socioeconomic assistance function directed at sectors of the population or depressed communities or those in a disadvantaged situation, but rather the norm must constitute an authentic mechanism for the redistribution of wealth (in the terms of Article 50 of the Constitution) among those who suffer significant social disadvantages, for whom wealth is a reality from which they are excluded; a mechanism that may arise from very particular or specific circumstances related to a given social situation that the legislator is entitled to assess. Precisely this is the basis of all legislation creating social institutions, as well as legal institutes aimed at helping those in a given condition significantly inferior to the rest of the economically active population, and to whom the State grants economic or other aid without receiving a consideration in return, precisely because this is one of the functions of the State, as a superior entity charged with procuring conditions of a free and dignified life, and with maintaining social peace as a value of the legal system that requires the creation of these living conditions for all, especially for the most disadvantaged in the distribution of the community's goods.'" (Judgment 6054-2008, of sixteen hours twenty-one minutes on April 16, two thousand eight). The financing and construction of social interest housing (viviendas de interés social) is founded on these constitutional precepts, through regulations that grant certain public entities the powers to fulfill the objective of providing families of limited resources with decent housing. These regulations may be specific, as in the case of the Housing Financial System Law (Ley del Sistema Financiero de la Vivienda) (Law 7052, of November 13, nineteen eighty-six and its amendments), which regulates financing through the housing voucher (bono de la vivienda), or generic, as with certain institutions that can contribute thanks to their general objectives, such as IMAS. The first of these laws states in its first two articles: "Article 1.- The National Financial System for Housing (Sistema Financiero Nacional para la Vivienda) is hereby created, which shall be an entity of public interest, governed by this law, and whose main objective shall be to promote national and foreign savings and investment, in order to collect financial resources to seek the solution of the existing housing problem in the country, including the aspect of services. Article 2.- The National Financial System for Housing shall be comprised of the Mortgage Housing Bank (Banco Hipotecario de la Vivienda), as the governing entity, and by the authorized entities provided for in this law." For its part, the Law Creating the Joint Institute of Social Assistance (Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social) (Law 4760, of May 4, nineteen seventy-one and its amendments), provides general powers to the Institute for poverty eradication, as established in its first two articles: "Article 1.- An institution called the Joint Institute of Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS) is hereby created, which shall have its own legal personality and shall be governed by this law and its regulations. Article 2.- IMAS has the purpose of solving the problem of extreme poverty in the country, for which it must plan, direct, execute, and control a national plan aimed at that end. For this objective, it shall use all human and economic resources placed at its service by the country's employers and workers, national or foreign public sector institutions, private organizations of all kinds, religious institutions, and other groups interested in participating in the National Plan to Fight Poverty." The construction of housing must comply with the urban planning requirements existing within the national legal system (General Construction Law, Urban Planning Law, among others), in which the Municipalities play a preponderant role, precisely because of the powers that the legislation itself provides and which are materialized in this case in the approval of the urbanization, the construction permits (licencias constructivas), as well as everything related to the oversight they must exercise within their territorial jurisdictions so that urban order is maintained. Within this proceeding, it is necessary to analyze the actions of the parties, in order to define the applicable liability regime, since both public and private law subjects are involved. According to the evidence on file, IMAS acquired farm SJ-209227-000 from the defunct Banco Anglo with the aim of providing housing to several neighborhood housing associations. This first act by IMAS, although materialized in a purchase-sale governed by civil law, is based on an Administration decision, which is then specified in the purpose given to the farm, reflected in a discretionary administrative act (Agreement of the Board of Directors CD-672, Minutes 87-95 of December 18, nineteen eighty-seven) to allocate said farm for the construction of a housing project. Although the validity of that agreement is not being discussed in this proceeding, it is necessary to refer to it in order to evaluate the conduct displayed by the Institute to determine if there is liability that may be attributed to it, as well as for the analysis of the statute of limitations defense (excepción de prescripción) filed by the parties. Subsequently, the transfer was made to each of the plaintiffs, by public deed granted on May 9, nineteen ninety-one. This purchase-sale, according to Article 1049 of the Civil Code, is an onerous contract, transferring ownership, which, although entered into between a public law entity and a natural person, is governed by civil law, therefore the statute of limitations regime and other regulations specific to that matter would apply. Subsequently, between IMAS and FUPROVI, an agreement was reached for the Foundation to develop certain infrastructure, grant the lot owners a bridge loan for the construction of the home, and advise them on the construction of each of the projects, through the self-build (auto construcción) system. The relationship that must be taken into account in this case would be that between the owners and Nombre36346, which would also be governed by the Civil Code. Regarding BANHVI, the existing relationship between the parties pertains to the financing granted through the housing voucher (bono de vivienda), a relationship governed by administrative law, due to the alleged omissions in verifying the land conditions and not by the financing contract. Finally, the Municipality of Montes de Oca intervenes as an urban planning regulatory entity, both before and after the constructions, its relationship with the plaintiffs also being governed by administrative law. In these last two cases, the applicable liability regime would be that provided by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP), starting from Article 190.
The co-defendant parties filed the defense of lack of standing to sue and be sued (falta de legitimación activa y pasiva) with respect to plaintiff Nombre4554, considering that he was not entitled to act in this proceeding since the farm from the Partido de San José, registration number Placa29462, is registered in the name of Nombre147724, who was the plaintiff's mother during her lifetime. To counter the defense, the party offers as evidence a copy of the deed granted before Notary Public Roy Masís Badilla, dated April 5, two thousand five, in which Mrs. Nombre147724 transfers the mentioned farm to Nombre4554. However, there is no record that the document in question was presented to the Public Registry. The Court considers that since the purchase-sale contract for real estate is formal in nature, precisely because it requires its registration in the Public Property Registry, and in view of the provisions of Article 455 of the Civil Code, which conditions the effects of this type of documentation on its submission to the Public Registry (registral publicity), Mr. Nombre4554 does not possess a title that enables him to claim damages regarding the mentioned property, nor regarding the home built there, against the defendants. Based on the foregoing, the defense filed with respect to him is upheld, and the lawsuit is declared inadmissible. Since Nombre36346 filed the defense generically, it is deemed denied with respect to the other plaintiffs, since as owners of the properties and homes whose damages are claimed, a relationship exists between what is sought and the conduct attributed to the Foundation, so a substantive analysis must be conducted to see the merits of the matter. Therefore, the defense is rejected with respect to the remaining plaintiffs.
All four parties filed the statute of limitations defense, which was resolved and rejected by the Processing Judge by resolution 1014-2014, issued at the Preliminary Hearing on August 9, 2014. As it was reiterated by Nombre36346 and IMAS in the conclusions of the oral and public trial, and as the Nombre11528 made provision for it to be resolved on the merits in its statement of defense (escrito de contestación de demanda), it will be resolved with respect to these parties. Since the representation of the Municipality of Montes de Oca made no statement regarding said defense in its conclusions or in writing in its statement of defense, a ruling is omitted regarding that entity. The defense will be resolved first in relation to IMAS, which, as previously stated, would fall within a private law relationship, due to the purchase-sale contract signed between the parties. Consequently, the statute of limitations period would be the ten-year period established in Article 868 of the Civil Code. What would remain to be defined is the moment from which that period would begin to run, since in principle it would be from the moment of signing the deed of the purchase-sale contract. However, this Court considers, as will be analyzed further when addressing the parties' liability, that it is the declaration of uninhabitability that concretizes the damage suffered by the plaintiffs, so the statute of limitations period would begin to run from the day following the notification to each plaintiff of that declaration made by the Ministry of Health. Such criterion had been upheld by this same Section, in judgment No. 37-2013, of sixteen hours ten minutes on May 13, two thousand thirteen. According to folio 541 of the judicial file, that administrative act was notified to the parties on the following dates: Nombre147724 (house # 105) Official Letter No. 164, on July 19, 2010; Nombre147718 (house # 114) Official Letter No. 163, on July 13, 2010; Nombre4559 (house # 158) Official Letter No. 158, on July 13, 2010; Nombre4555 (house # 159) Official Letter No. 159, on July 13, 2010; Nombre4556 (house # 166) Official Letter No. 166, on July 13, 2010; therefore, by the date the lawsuit was filed and the respective transfer of the lawsuit was notified, that is, August 19, 2011 (folio 1 of the judicial file), barely one year had elapsed since the notification of the mentioned official letters. The same reasoning would apply to FUPROVI, since the relationship between the parties is of a civil nature due to the advice on home construction, so the period and the moment when it begins to run is from the same date. Regarding BANHVI, in its capacity as a non-state public entity, governed by administrative law, it would be subject to the objective liability regime of the State, so Article 198 of the General Law of Public Administration would apply, establishing a period of 4 years from the knowledge of the harmful event, which would also be the declaration of uninhabitability made by the Ministry of Health. According to the dates of notification of the act and the filing of the lawsuit, the period in question would also not have elapsed under this regime. For the above reasons, the filed defense is rejected.
As previously indicated, the plaintiffs seek compensation for the material and moral damages suffered because their houses were built in a place unsuitable for the Urbanization that was developed. Before proceeding to analyze separately the possible liability of each defendant party, some general considerations must be made regarding the provision of housing to people in economically disadvantaged conditions. As previously indicated, the Costa Rican State, by virtue of the programmatic constitutional norms cited, must seek a better distribution of wealth, as well as promote the construction of housing, so that the greatest number of inhabitants can have decent housing. These constitutional norms, concretized in others of a legal nature, grant public entities the power to allocate public resources to fulfill this goal of the Social State of Law. Involved in these processes are, on one hand, the public entities that, by their powers, contribute to this task; on the other, the people who wish to access housing; as well as other private entities, such as the mutual associations that intermediate to grant resources for acquiring housing, or like FUPROVI, which assist in the technical aspects of construction. Based on the foregoing, a series of obligations derives for each of those involved, starting with the public entities, which have a dual responsibility: providing housing and the efficient use of public resources. Therefore, as in this case involving the development of an urbanization to solve the housing problem of over a hundred people grouped in Associations, it must be assumed that the choice of location allows the beneficiaries to obtain long-lasting housing, since this would fulfill the purpose intended by the legal system: that the public funds to which all resources contribute are well used, as well as that those who obtain their housing do so permanently or at least for an extended period. Likewise, those who participate in this process, especially if it is their usual activity to finance or build, must do so with the highest technical and ethical standards, due to the public purpose pursued. The social condition of the purchasers or beneficiaries obliges even more so than if it were a person with greater resources and capacity to make decisions in a more informed and, if you will, free manner, since in the case of the former, the decision is affected precisely by their social and economic conditions. What must be determined in this case is whether the land chosen by IMAS had from the outset the necessary suitability for the development of the Mansiones Urbanization. There is no evidence in the evidence provided by the parties, particularly by IMAS, that prior to the acquisition of the land (April 24, 1987), there was a technical criterion supporting the purchase. The first technical soil study report is from the firm INSUMA S.A., signed by Engineer José A. Rodríguez Barquero, dated December 23, 1991, that is, after the transfer of the lots to the plaintiffs (May 9, 1991). This report shows that the land's topography is rugged, with a stream passing along the southern boundary. The text literally states: "The services of INSUMA S.A. were contracted to conduct a soil study for the Mansiones Project, located in San Ramón de Tres Ríos. This project will consist of approximately 120 lots; the land's topography is rugged, which will necessitate significant earthworks (movimiento de tierras) with fill of considerable thickness. In some sectors, the homes will have foundations on cut material. Given the topographic conditions of the project, some areas cannot be used because the slope is very steep. These areas may be designated as green zones and parks. A stream passes along the southern boundary, and it is in this sector where fill of the greatest thickness is required. To build the project's main road, significant cuts were necessary, leaving exposed taludes of 6-7 meters in height with a fairly steep slope (approx. 0.75 H:1V). This report presents the results of the investigations conducted in the field and laboratory, along with the recommendations deemed necessary to take into account in the design and construction of the works." Then, in the conclusions section, the report states: "The topsoil layer must be removed and discarded from any area where the placement of any work is planned. Special care must be taken not to leave this type of soil in areas where fill will be constructed. In addition to the recommendations included in the chapter discussing fill compaction, it is recommended that these fills not exceed a thickness of 3-4m. This is based on two facts: first, the settlement resulting from the consolidation of these fills depends directly on the thickness, meaning the greater the thickness, the greater the settlement that will occur. The second relates to the low resistance of layer 3, since increasing the thickness increases the surcharge and the corresponding influence on this soft layer present between 3 and 7m. It is recommended that the final taludes of the fills have a slope of 2H:1V to avoid local stability and erosion problems. This is fundamental along the boundary with the stream. It is of utmost importance to prevent any infiltration into the fills, as this causes a deterioration in their behavior. The removal of all types of water (wastewater or rainwater) must be done in an orderly manner and through appropriate pipes, to achieve the desired objective of 'minimal infiltration.' Prudence recommends a setback of at least 3-4m from the edge of any talud (in cut or fill)." This will avoid future problems, especially during strong earthquakes where slopes tend to destabilize. It is known that fills with light and very wet soils, as well as topographies with steep slopes, produce considerable amplification of acceleration during seismic events. There are cases near the site of this project where the earthquake of December 22, 1990 caused damage associated with these phenomena. Therefore, this must be taken into account in the design of the project works. The recommended allowable bearing capacity, considering a safety factor of 3, will be 8ton/m2 for cut zones, provided it corresponds to the material of layer 2. For fill zones, the allowable bearing capacity will be 5ton/m2. If, as a result of the earthworks (movimiento de tierras), layer 3 is reached, a detailed analysis of the situation must be made, and if appropriate, undisturbed samples must be taken to perform unconfined compression tests to precisely define the bearing capacity of this soil, since according to the number of blows, that value does not exceed 2 or 3ton/m2. Should a higher bearing capacity value be required, a detailed study of the soil strength conditions could be carried out at a relatively low cost in the fill zones, once the fills have been completed at the corresponding levels. Given the topography of the project terrain, good design is recommended for all water management. This must include ditches to remove water from slopes, pipes for orderly and efficient evacuation, good slopes in evacuation elements, etc." (Emphasis not in original). From this first report, it can be deduced that the chosen terrain presented characteristics that demanded significant work to mitigate the existence of slopes and the passage of a ravine on the southern boundary. However, at that time, IMAS had already carried out the corresponding segregations, which were preceded by municipal approval of the site design and the cadastral plans for each of the lots. Subsequently, in a report addressed by Nombre147726 , in report D.P. 147-92 of November 4, 1992, in his capacity as Project Director of Nombre36346 to the Comisión Nacional de Emergencias, he stated: "In response to your 'Inspection Report' regarding the 'Las Mansiones' project currently being developed by a group of 119 families with the support of the Fundación Promotora de Vivienda, I would like to make the following comments: A) The original design of this project was not carried out by FUPROVI professionals. The families obtained this land through an agreement established with the Instituto Mixto de Ayuda Social, an institution that transferred the property to the families, also granting them financing to carry out certain missing infrastructure works, according to plans approved by the Oficina Revisora de Permisos de Construcción and the Municipalidad de Montes de Oca. When Nombre36346 became involved in the process, each family was already the owner of their land and had a cadastral plan approved by the Municipality, as a sign that, in the opinion of this Municipality, the lot had basic services. B) Despite the above, upon starting our participation, it became necessary to carry out missing infrastructure works, such as earthworks (movimiento de tierras), installation of the potable water network, and electrification in certain areas of the project. As a result, the Foundation had to recommend to the families that some lots could not be used given their geometric conditions or slope stability, and we began a relocation and reassignment process that has become slow at IMAS, but which ultimately leads to discarding some land. c) In other cases, we decided to support the construction process, starting from the premise that there are technical solutions to the situations presented by the lots, but some of those alternatives might not be accessible to low-income families and with the financing levels that our institution could assign them. The paradox is that this is the land that a state institution sold and financed for them." (Emphasis not in original). The above report shows that even though Nombre36346 began its participation at an advanced stage of the project, it knew that the terrain had problems that meant additional infrastructure had to be built, that the non-use of certain land was recommended, and that they nonetheless continued with the construction process, even though certain technical solutions might not be accessible to the low-income families and the financing that the Foundation itself could provide. Subsequently, the firm INSUMA S.A. issued a new report to Nombre36346, No. 187-94 dated May 13, 1994, also signed by Engineer José A. Rodríguez Barquero, which stated: "At the request of Nombre36346, a visit was made to the Mansiones Project, located in San Rafael de Montes de Oca, in order to analyze the stability of some sectors of the project where significant cuts were made to develop the urbanization works. General Aspects: The soils found in this project correspond mainly to volcanic ash from the Irazú Volcano, which have certain particular characteristics that directly affect their behavior. These soils have low density, usually similar to or less than that of water, have a fairly high void ratio, their natural moisture content is generally greater than 60-80%, but it is often common to find moisture contents well above 100%, meaning that the weight of water exceeds that of the solid part. Regarding their strength, in undisturbed conditions it is low, but in disturbed (or remolded) conditions their strength is extremely low, because the structure is very easily altered and having so much moisture, their behavior is practically that of a viscous liquid. Even with all these characteristics, the behavior from an engineering point of view is reasonably acceptable, because in general, if foundations built on these soils are not very heavy, they perform well, and the slopes astonishingly remain with very steep inclinations without major problems. When these soils are left exposed, it is necessary to protect them, first of all from drying out, because there is an apparent cohesion that is lost upon drying and therefore there is a tendency towards instability. On the other hand, erosion can be very significant if not adequately protected against surface runoff. The sectors of Coronado, the upper part of Curridabat, and San Ramón de Tres Ríos, have this type of soil. In these sectors of the capital, cuts like those under question in this project can be observed along the roads and urban developments existing in these zones. In general, overall stability is adequate with the corresponding care, which affirms that a site design like the one contemplated in Nombre147732 is feasible from a technical point of view, taking a series of measures that allow adequate long-term behavior. The lots inspected in detail were #34 to #37, #115, #119, #74 and #60, which are located next to slopes three to six meters high, which in the last winter presented significant landslides or signs of instability. The greatest inconveniences occurred on lots #36, #37 and #119. (...) Solutions exist to stabilize slopes that provide total safety and could be applied in this case; however, they would be extremely costly with no feasibility, as it might be more advantageous from an economic point of view to abandon the project than to proceed with this type of solution. On the other hand, a series of measures can be taken to improve the stability of the slopes located in the North zone of the Project and obtain reasonable safety like that existing in many urbanizations in these sectors. Some of the recommendations presented below had already been given generically, in the aforementioned report (Dec. 91), when the earthworks (movimientos de tierra) began and the construction of the urbanization works started; therefore, they will be addressed in more detail sector by sector so that the corresponding corrective and preventive measures are taken. (...) Lot No. 115: This lot presents no problems; however, it must be ensured that the ditch at the top of the slope does not become overloaded due to an obstacle and must be waterproofed so that no filtrations occur. Lots 34 to 37: This area is very dangerous, presents some clear signs of instability (slope with reverse gradient and detachment of dry soil) and also the presence of tall trees at the upper edge of the slope, which can pose a great risk. The recommendation is to improve the current geometry of the slope to eliminate reverse gradients and vertical slope sectors. Unfortunately, this work would have to be done 'by hand' as the current conditions make it difficult for machinery to enter the area, although perhaps a small backhoe could help. Before this work, it will be necessary to cut the trees for the safety of the personnel performing the shaping and also for the future so that one of these trees does not fall on a house. This tree removal must be done within 15m of the slope edge. Planting star grass over the entire slope is extremely important for the reasons mentioned above. Also, the itabo flower in some sectors can help. Equally important are the ditches at the top of this slope to 'manage' water properly." (Emphasis not in original). This new report from the aforementioned company again confirms the problems the terrain presented, the high cost of solutions to stabilize the slope, and even the possible advisability of abandoning the project, precisely for economic reasons. The cited documents allow the conclusion that, from the beginning of the project, the terrain presented problems, danger of landslides, and proximity to the ravine, which leads one to question its suitability for this type of urbanization. Another matter that draws the Tribunal's attention is that the method of housing construction, chosen in principle by IMAS and implemented by FUPROVI, was self-construction, which meant that the beneficiaries, numbering over one hundred, under the technical direction of an engineer from the Foundation, built their own houses. It is questioned, then, that given such terrain characteristics, with recommendations for investment in infrastructure, and even a possible abandonment of the project, a construction method was chosen that would not necessarily guarantee the best construction. Faced with the documentary evidence already cited, expert witness José Rodríguez Barquero, who, as indicated, prepared two of the related reports, testified at the oral and public trial hearing that his recommendations regarding infrastructure works had been followed and that the project was viable; however, he always maintained that in engineering there are always solutions, but that they were costly. His testimony contrasts with the reports, making it necessary to weigh which of his technical criteria merits reliability. To do so, the analysis of the remaining technical documentary and expert evidence must continue. The Defensor de los Habitantes, in Report No. SS-58-95, dated March 27, 1995, following a complaint by the co-plaintiff Nombre4555 , recommended to the Municipalidad de Montes de Oca, FUPROVI, INVU, and the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos to inter-institutionally coordinate the procedures leading to solving the high-risk problem of embankment landslides affecting not only Mrs. Nombre147735, but also the rest of the Urbanización Nombre147732 in San Rafael de Montes de Oca. Furthermore, the Municipal Engineer of the Municipalidad de Montes de Oca, Carlos González, in a note dated March 15, 1996, informed the Municipal Works Commission regarding the existing slope in the following terms: "The slope that was detected has a fairly steep and large incline, whose stability or potential for failure is not appreciable to the naked eye due to the thick vegetation. It is of great danger, both for the house above and for the houses below. Due to this, the following was declared: Not to issue a landslide verdict without first conducting a study of the site. It is recommended to make ditches both above and below the slope. Closure: any construction on the slope at a distance of 10m from the edge of the slope. Take the necessary measures to avoid any type of disaster in that area. The inspectors are asked to go to the site to perform an inspection and submit a report on it." Then comes the first report from the Comisión Nacional de Emergencias, DPM-INF-693-98, from a visit made on November 13, 1998, requested by Mrs. Nombre147724 , which establishes the following: "The existing structural damage in houses No. 105 and No. 114 has been caused by a differential settlement process of a fill whose thickness increases in the direction of the river and which was poorly constructed. Moreover, the settlement is accelerated by the infiltration of drainage and stormwater. In addition, the proximity of house No. 105 to the edge of the slope makes it vulnerable to landslide phenomena and undermining of the foundations, as is currently occurring. House No. 105 is considered UNINHABITABLE and IRREPARABLE, due to the serious structural damage caused by the settlement process. Consequently, it must BE DEMOLISHED as soon as possible to reduce the weight on the fill and avoid a possible landslide that would affect the property of Mr. Nombre147736 (house No. 104). The debris must be removed from the site at the time of demolition and taken to an appropriate disposal site. The resulting land is not suitable for construction as it consists of a poorly made fill, and its limited dimension would not allow a safe distance from the slope, which is very unstable and easily eroded towards the margin of the Río Torres. Furthermore, the land in question is located within the protection zone of the Río Torres; therefore, the provisions established by the WATER LAW regarding channel maintenance regulations and works to be carried out must be considered. Likewise, the Código Urbano, Chapter III.3./, section III.3.7.1 establishes the following: 'In the event that it is intended to urbanize properties crossed by rivers or ravines or that border them, a non-construction strip with a minimum width of 10 meters must be provided along the maximum bed, measured on each side in horizontal projection,' a regulation that has evidently not been followed. In relation to the previous point, the Municipalidad de San Pedro de Montes de Oca must NOT authorize any type of construction on it. On the contrary, an environmental recovery process must be carried out through the planting of grasses (zacate) and reforestation with deep-rooted plant species (e.g., caña india or itabo). The property of Mrs. Nombre147718 (house No. 114) is experiencing the differential settlement process, in a manner not as marked as house No. 105. Nevertheless, the process is evident and has caused damage (cracks in the floor); particularly, the walls of the house are losing their verticality, making it vulnerable to a moderate to strong magnitude earthquake, which, in conjunction with high moisture in the fill, could cause the collapse of the building. Consequently, it is recommended that Nombre36346 relocate the family of Mrs. Nombre147718 in the medium term and likewise proceed with the demolition of this house, continuing with the environmental recovery of the land (reforestation). In this case, the land can be reused for construction, provided that a geotechnical study determines whether the fill can be stabilized or needs to be replaced. In the sector where the mentioned houses are located, the capacity of the septic tank drains must be improved along with the channeling and piping of stormwater, to reduce the underground runoff that affects the stability of the fill and the slope near the river." Of importance in this study is that it establishes the origin of the damage to houses 105 (Nombre147724 ) and 114 (Nombre147718 , also plaintiff in the present proceeding), and reiterates the problem of the slope and proximity to the ravine or river. Despite the recommendations given in this report to Nombre36346 and the Municipalidad de Montes de Oca, there is no evidence that they took any action to remedy the situation of the inspected houses, and it was not until the year 2008, on the occasion of the occurrence of Tropical Storm Alma, that the Municipalidad de Montes de Oca began to take action to try to find solutions regarding the problems afflicting the Urbanización Las Nombre147732 in general terms (Official Communication OGA-36-2008, dated June 3, 2008, signed by Nombre147737 , from the Office of Environmental Management of the Municipality). Based on the report issued by Nombre147737 , the Mayor requested collaboration from the School of Geology of the Universidad de Costa Rica (official communication D. Alc. 766-2008 of June 5, 2008), from the Director of the Health Area of Montes de Oca (official communication D. Alc. 2008, of June 6, 2008), and from the Comisión Nacional de Emergencias (D. Alc. 1091-2009 of August 8, 2009). The Defensora de los Habitantes, in official communication No. 06201.2009.DHR, again issued the following recommendations to the bodies and institutions mentioned below: "TO THE MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA: 1.- Allocate the necessary resources to complete the mitigation works in the urbanization Mansiones. To do so, if necessary, include the cost of the work in an extraordinary budget, or in the 2010 budget. 2.- Keep the Defensoría de los Habitantes informed about the works being carried out in the Urbanización Nombre147732 to prevent further landslides in the area, as well as maintain strict control of the terrain during the rainy season. 3.- If appropriate, coordinate a meeting with the institutions involved to analyze the situation of the Urbanización Nombre147732 and define the actions aimed at the definitive solution of the matter. Send the result to the Defensoría de los Habitantes. TO THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO: 1.- Follow up on resolution number 353-09-TAA, case file number 222-08-03-TAA, in order to ensure the solution of the problem of the Urbanización Mansiones. 2.- Keep the Defensoría de los Habitantes informed about any future actions taken by this Tribunal in this regard and forward the resolutions issued on the matter. TO THE MINISTRY OF HEALTH, Health Area of Montes de Oca: SOLE.- Proceed to analyze the possibility of declaring uninhabitable the houses located in the vulnerable zone of the slope. Likewise, give due follow-up to these orders and proceed to demolish the houses, with the collaboration of the Municipalidad de Montes de Oca, should the owner not do so by their own means. TO THE COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 1.- Conduct a new inspection of the urbanization Nombre147732 and clearly define which houses are at risk and must be removed from the area. 2.- Coordinate inter-institutionally, mainly with the Municipalidad de Montes de Oca, to give corresponding follow-up to the landslides that have occurred in the urbanization Mansiones, in order to find a viable solution for all parties and proceed with the necessary mitigation works to stabilize the terrain. (...) INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS): SOLE.- Conduct a socioeconomic study of the families located in the risk zone in order to extend some type of economic aid while their relocation is achieved, and likewise, extend some type of subsidy to those families who need to make improvements to their homes to correctly channel the wastewater and stormwater from their properties. BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA: SOLE.- Proceed to analyze the possibility of making a visit to the urbanization Nombre147732 in order to talk with the families located in the risk zone who must be relocated, and explain to them the options they have to apply for a new housing voucher and the requirements they must meet." The Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias (Comisión Nacional de Emergencias or CNE) issued Technical Report DPM-INF-1683-2009, called "General Assessment of Instability Problems in the Vicinity of Urbanización Mansiones," which analyzed the general problems of the Urbanization as follows: "CURRENT SITUATION: The housing project is located on the left-hand side of the road to Club Campestre La Campiña and borders the Río Torres to the south and a slope of highly variable height to the north, where several houses are located at its base. Since 1993, there have been references to serious instability problems in the area, due to slope cuts and the proximity of houses to the cut. The factors that directly influence the possible origin of material detachment are: Vertical slope cuts from the beginning of the project. Houses less than 2.5 meters from the base of the slope. Lack of proper drainage in the upper part. Lack of cleaning of ditches on the main road. Construction of annexes by the homeowners less than one meter from the slope. Material comprising the slope is highly altered and easily eroded by water. Low-height retaining walls. Shrubs of certain height have grown at the edge of the slope, constantly causing detachments. Considering all these aspects, it is possible that the instability process (landslides) will increase to a greater extent during the rainy period or a possible earthquake, and therefore, the effects of material displacement towards the vicinity of the houses could cause considerable damage. Several works are needed on the hillside and slope, but before carrying out any work on the site, a study of soils and slope stability must be performed, in addition to verifying which area corresponds to fill and its depths. Knowing the parameters cited above, rectifications can be made, or even the possibility of relocating the families settled at the base of the slope. Some works must be carried out depending on the analysis of the soil study, its characteristics and stability, as well as the accumulation of debris at the upper part, in order to protect the safety and property of all people living in the area. All these considerations must be taken into account according to the possible works or the alternative of relocating the families whose houses were built on the lower part of the slope and who are currently observing material falling in the vicinity of their homes. Several works are required in the surroundings of Urbanización Las Nombre147732 and some recommendations are: 1. Clean and repair the ditches on the main road, located on the upper part of the hillside. 2. Build good retaining walls near the houses and reinforce those showing problems, particularly at houses #34, 35, 36. 3. Houses #115, 119 are located a few meters from the slope with the highest vertical cut, where landslides are currently frequent. 4. Houses #82 and 74 are located on the same strip of the slope, but are at a greater distance from the vertical cut. 5. House #60 is located at the end of the hillside, where the slope height is lower and there is also no evidence of material detachment. Regarding the real situation of the houses, it must be clarified that only the study of soils and slope stability can reflect the stability condition of the hillside, as well as the possible works to be carried out in the area. RECOMMENDATIONS: 1. It is necessary to corroborate the conditions of the electrical utility pole and transformer on the upper part of the slope by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 2. That the Municipalidad de Montes de Oca, in coordination with the Asociación de Viviendas of Nombre147732, perform a general cleaning of the ditches located on the main road. 3. Carry out proper channeling of stormwater to reduce the possible effect of saturation and sliding towards the lower parts. 4. Any earth movement must be subject to soil studies and established recommendations. 5. Create terraces and works with gabion walls at the most critical points, as well as works to reduce erosion through anti-erosive covers, whose purpose is to form a surface capable of absorbing and dissipating rain energy, mainly along the slope." (...) Considering that within the responsibilities of the C.N.E., and in accordance with Law No. 8488, as the regulatory body for actions related to risk management, it is responsible for establishing recommendations aimed at promoting adequate land use, according to the characteristics of the environment, and improving the general conditions of the area, it is requested that, in accordance with this report, the involved entities carry out: The actions and measures necessary to seek a solution for the families indicated in this document. Given that there are many reports made by the CNE in relation to Urbanización Las Mansiones, where, over the years, technical criteria have been established to resolve this problem, starting with a project developer and state permits, the mitigation measures and options to relocate the most vulnerable families have not materialized." (Emphasis not in original). As can be observed, the CNE indicates that the problems in the Urbanization date back to 1993, their causes, and the importance of carrying out prevention works and assessing the possibility of relocating the affected families. Regarding the specific cases of the plaintiffs, the same report stated: "1. Houses located on the right bank of the Río Torres, where instability problems very close to the constructions have arisen in recent years: Currently, house No. 105 belongs to Mr. Nombre147739 (sic) Nombre4554 , ID card CED3521, where it is established that in November 1998, it was affected by significant cracking and its relocation was recommended. Unfortunately, it was rebuilt in the same place, where currently evidence of settlement is present, and it is located a few meters from the edge of the slope. Within the protection zone of the Río Torres channel. Clearly, the authorities recommended eviction due to the instability problem in November 1998. Evidence such as that observed on the walls is visible in house No. 105. It requires relocation to another site and freezing of future land use. Property of Mrs. Nombre147718 , house No. 114, which is located partially on fill. There is no channeling of stormwater and sewage, which increases the problem of differential settlement in the construction. It requires mitigation works such as a retaining wall and good control of stormwater and sewage in the surroundings. (...) 2. Houses located at the base of the slope, where instability problems very close to the constructions have arisen in recent years. (...) Property of Mrs. Nombre147735 , ID. Placa29465, occupied (sic) by three people. House No. 44. House located at the base of the slope, where a series of significant landslides have occurred in recent years. Relocation to a safer location is recommended for this family. The competent authorities must establish the guidelines for freezing the land. Its use for housing is not recommended. (...) Property of Mrs. Nombre4559 , ID. 1-188-935. Occupied by 1 person. House No. 36. At the base of the slope where significant landslides have occurred. Its use for housing is not recommended.
Evidence of ground instability problems." Subsequently, the Health Rector Unit, South Central Region, of the Ministry of Health, in Official Letter URS-RCS-1626-2009, makes the following considerations of interest for the present case: "General characteristics of the dwellings: The Nombre147732 Development has been experiencing slope (talud) landslide problems since 1998, both on the banks of the Torres River and at the base or foot of a slope that forms the topographic elevation bordering the Development. The Comisión Nacional de Emergencia referred to the case in official letter DPM-INF-693-98. Our Unit addressed the case in July of last year due to a complaint filed by Mrs. Nombre147738 and it was handled individually through Official Letter UPAH-642-2008. From last year to date, the Development's problems have worsened, so it was decided to carry out a general inspection in the company of municipal authorities and IMAS. Observations: 1- There is an invasion of the Torres River retreat zone (zona de retiro) where both the developers and the property owners built some dwellings in this protection zone, generating excessive weight on the slope of the river's right bank. The foregoing has brought about a landslide of the same, which is constantly aggravated by rainfall during the rainy season. 2- The second existing problem is the construction at the foot of the slope of the elevation that borders the development; a slope that, being in its natural state without any type of protection and without adequate vegetation to allow for soil binding, puts at risk those dwellings that were built precisely at the foot of its base. The affected dwellings are the following: (...) House # 105 Nombre147724 ... House # 114 Nombre147718 ... House # 36 Nombre4559 ... House # 119 Nombre147740 ... House # 73 Nombre4556 . (...) 3- In dwellings 114 and 105, the presence of longitudinal cracks in floors and walls was verified, characteristic of the slope failure line. These dwellings, together with # 73 and that of Mrs. Nombre147738, are those at risk of landslides in the direction of the Torres River, which is why this Unit decides to declare them in a dangerous state. 4- Dwellings 35, 36, 125 and 119 are at risk of the slope of the elevation bordering the development sliding onto them, since it is collapsed in the direction of the dwellings, which have already suffered the impact of some landslides and remain exposed to future landslides; therefore, this unit decides to declare them in a dangerous state. (...) 5- The third problem lies in the illegal connections made to the development's storm sewer system (alcantarillado pluvial), in which it was detected that at the discharge head, blackwater from some dwellings that do not use the septic tank built for that purpose is being discharged into the Torres River. On this point, we consider that the Rector Area must carry out the necessary dye tests to detect which dwellings have illicit connections and to which the corresponding administrative acts must be issued in order to correct said deficiencies. Therefore, we consider that the Health Rector Area of Montes de Oca must declare dwellings 73, 114, 105, 36, 125, 119, that of Mrs. Nombre147738, and the bedroom located there uninhabitable, taking into account their dangerous state. Likewise, the Rector Area must coordinate with IMAS to carry out the due social study of the persons currently occupying the properties, a study that must be carried out before ordering the eviction, in order not to neglect the social aspect that also corresponds to us as the Ministry of Health. In turn, coordination must be made with the Fuerza y Luz authorities to cut off the electrical service in the properties in order to prevent fires. The above criteria are based on articles 1, 2, 4, 7, 313, 319, 320 and 321 of the Ley General de Salud and article 50 of the Constitución Política de la República." This report finally leads to the declaration of uninhabitability of the plaintiffs' dwellings. As the last documentary evidence to establish the susceptibility of the land to be used for a housing project such as the one in question, there is the Report prepared by FUNDEVI, at the request of the Municipalidad de Montes de Oca and under the supervision of the professional Nombre147725, which, as relevant, establishes: "This was carried out based on the analysis of the stability map in dynamic conditions, considering areas with a very low probability and those with a low probability as areas suitable for development. It is recommended that areas with a moderate probability of landslide occurrence be used for controlled development, implementing geotechnical solutions to improve ground conditions. Areas that present a high probability of landslide occurrence and those with a very high one, are considered to be destined solely and exclusively for conservation (Figure 8). (...) According to Figure 9, 68.1% of the study area should be used for conservation, on the other hand, 18.5% could be used for development, but in a controlled manner, and only 13.5% corresponds to zones suitable for development. It is important to mention that, although some parts of the canyon and the bed of the Torres River have been classified as suitable for development and for controlled development, under no circumstances is it recommended to use zones that are within a river canyon as suitable for development. The reason why they were classified in that manner is because their slope is less than that of the surrounding zones and the ground is stable, so they do not possess a high probability of landslide occurrence. CONCLUSIONS: The hillsides found in the community of Nombre147732 and its surroundings are constituted by volcanic deposits (ash and tuff) of deficient mechanical characteristics. A large part of the study area comprises the fluvial canyon of the Torres River, which presents several inactive landslides, the largest and most important being the one comprising the community of Nombre147732; this canyon is surrounded by ash fields and by the fluvial valley of an adjacent creek. The Nombre147732 landslide shows evidence of subsequent activity, in the form of an ash flow with a displacement of approximately 150 m in a SW direction, towards the Torres River. The course of the Torres River appears to have suffered a slight diversion due to the occurrence of both events. In static conditions, that is, without considering seismic activity, 75% of the study area comprises stable hillsides, 3.2% requires minor corrective measures to ensure its stability, 6.3% of the area presents instability conditions, and 15% is in very unstable conditions. In pseudostatic conditions, that is, considering the effect of seismic activity, 47.5% comprises hillsides with a very high probability of landslide occurrence, 18.7% presents a high probability, 20% has a moderate probability, 13.6% of the area presents a low probability, and only 0.2% a very low probability of landslide occurrence. From the preceding data, it was determined that 68.1% of the study area should be used for conservation, 18.5% could be used for controlled development, and only 13.5% corresponds to zones suitable for development. The areas that were classified as suitable for development and for controlled development and that are within the canyon of the Torres River must not be used for this purpose; the reason they were classified in that manner is because they meet characteristics such as a low to moderate slope and a low to moderate probability of landslide occurrence. For this reason, despite the fact that these zones present stability conditions, under no circumstances is their use for development recommended." (The highlighting is not from the original). What must be gleaned from this report is that it establishes that although there are areas that could potentially be destined for development, doing so is not advisable at all because they are located within the canyon of the Torres River. Therefore, making a comprehensive analysis of the evidence regarding the ground conditions, the Court concludes that despite the assertions of expert witness Rodríguez Barquero regarding its suitability, there is documentary evidence issued by him himself, by technical bodies of the Administration, such as CNE, the Ministry of Health, the Municipalidad de Montes de Oca itself, and the FUNDEVI study, which establish from the outset the problems the land had, being situated in a canyon of the Torres River, with soil composed of ash with high water content and the existence of a slope, conditions that naturally made it inadvisable to develop a development of more than one hundred houses, for people of scarce resources who would not have their own means or financing to carry out appropriate infrastructure works to maintain optimal conditions in their dwellings and surroundings. This situation became evident from 1994 onwards and worsened over time, which led to the declaration of uninhabitability of the plaintiffs' homes. Next, the possible liability of each of the co-defendants will be analyzed, always within the applicable legal regime, to determine if there is a causal relationship between the damages claimed and their actions, as well as possible exemptions from liability.
First, the liability of IMAS will be analyzed. As previously indicated, the Institute decided on the acquisition of the land and destined it for the housing project that culminated in the Las Mansiones Development. It is not recorded in the case file that prior to the purchase of the property, on April 24, 1987, as well as prior to the decision of the Board of Directors CD-672, Act 87-97, of November 18, 1987, a technical study was carried out evaluating the land conditions for the development of the aforementioned Development. The first technical report that was accredited was the one carried out by INSUMA S.A. for Nombre36346 at the end of 1991 (258-91 of December 23, 1991, to which reference was made in the preceding considerando). Therefore, it is considered that in the previous decisions, IMAS did not act with due diligence in the selection of the suitable location. It is necessary to clarify that the Institute's prior actions, by act or omission, are not being challenged, but it is necessary to make the foregoing observations, because as previously indicated, IMAS has the obligation to ensure the appropriate use of public funds, as well as the fulfillment of its purposes, that is, the resolution of poverty, in this case through the provision of dwellings that are suitable in order to provide a permanent housing solution for the project families. Subsequently, the execution of the deed of transfer of the properties takes place, with which the relationship between the plaintiffs and IMAS becomes one of a contractual nature, governed by the Civil Code. The transfer of real estate is an onerous, solemn contract, governed by articles 1049 and following of the aforementioned Code, so the liability that must be analyzed has the same nature, i.e., contractual. Although in general terms this type of contract is synallagmatic, due to the circumstances already mentioned regarding the fact that the acquirers of the land had a vulnerable social condition and that the housing solution depended at the time on the aid that IMAS and other institutions could offer them for the purchase and construction of their dwellings, it weakens their position within that contractual scheme. On the other hand, the technical reports that were prepared were destined for the knowledge of Nombre36346 or the Institute itself, so there is no evidence to prove that the land conditions were known by them at the time of acquisition, which means that the signing of the contract was carried out in complete ignorance of the land's vulnerability. It was not until the crack problems began that some of the plaintiffs began to seek solutions, which did not materialize and led to the declaration of uninhabitability. Previously, when the statute of limitations defense was resolved, it was indicated that the period for the same began to run from this declaration, even though efforts had been made by the plaintiffs to resolve their situation, since it is this declaration that constitutes a consolidated legal situation that prevents the purpose for which the property was purchased from being realized. It is the Court's criterion that this declaration made by the Ministry of Health results in a hidden defect (vicio oculto) for the acquirers of the property and that it impairs the asset to the point of making it unusable for the purpose for which its transfer was agreed. It is reiterated that the plaintiffs had no margin for negotiation with IMAS in the choice of the object of the contract, and the Institute's negligence in acquiring a property without a technical study being carried out to assess its functionality for developing a development of more than one hundred social interest dwellings, resulted in the constructed houses having problems, some of them from the beginning, and all being declared uninhabitable. Hidden defects are provided for in article 1082 of the Civil Code, which establishes: "The sale cannot be annulled due to hidden defects (vicios ocultos) of the thing, those called redhibitory, unless those defects or flaws involve an error that annuls consent, or if there is a stipulation to the contrary." It is clear that in the present case, the nullity of the contract signed between the parties is not being sought, but rather the liability of the co-defendants. The First Chamber of the Supreme Court of Justice, in the development of this article, has resolved that the same is sufficient to ground compensatory claims. Thus, it has indicated, among others, in resolution 77-95, at fifteen hours thirty minutes on July twelfth, nineteen ninety-five: "For its part, the guarantee of remedy or for hidden defects is a natural effect of the purchase and sale contract. It refers to the seller's obligation to deliver the thing sold and for it to be suitable to fulfill the function for which it is normally destined, that is, they must deliver the thing in good condition, without defects or flaws that make it inappropriate, or notably affect its normal use. Regarding these defects, article 1082 of the Civil Code provides that: 'The sale cannot be annulled due to hidden defects of the thing, those called redhibitory, unless those defects or flaws involve an error that annuls consent, or if there is a stipulation to the contrary.' The article actually establishes an action for relative nullity or voidability, based on a defect of consent: error. Said action is based on hidden defects and on error, jointly. Although the sale cannot be annulled by the mere existence of hidden defects—unless it also constitutes an error that annuls consent—there always remains the possibility of the seller's common contractual liability, who has the obligation to deliver the thing in such a way that it fulfills its normal function completely; a liability that could result in compensation for damages, according to the nature of the breach. If the seller delivers the thing with some defect or flaw that makes it inappropriate for its normal function or impairs it, they incur a contractual breach, in accordance with articles 692, 693, 701, 702, 704 and 764 of the Civil Code, the latter insofar as it provides that 'payment shall be made in all respects in accordance with the tenor of the obligation'. It is an implicit obligation in the purchase and sale to deliver the thing just as the buyer expects to receive it, in accordance with what was agreed (764 and 1022 ibid)." In the sub judice, neither the nullity of the contract nor its termination has been requested. Liability for contractual breach is claimed, for not delivering the acquired house with the specifications implicit in the contract. The damages were produced, according to the cause alleged by the [co-plaintiff], as a consequence of the earthquake of December 22, 1990. Before, the hidden defects of the building were not known, nor had they suffered any injury to their interests. Therefore, the plaintiffs could not exercise any action." Having established, then, that the lands acquired by the plaintiffs possessed a condition that made them unsuitable to fulfill the purpose for which they were acquired, it would be necessary to establish whether, within this contractual relationship, there exists any exemption from liability. Within a regime of contractual liability, exemptions are force majeure (caso fortuito), act of God (fuerza mayor), or the fault of the victim (article 702 of the Civil Code). The representation of IMAS has invoked those specific to the objective liability of the Administration, which are fault of the victim, act of a third party, or act of God, in accordance with the liability chapter of the LGAP cited above. Even though it is understood that the latter do not apply, they will be analyzed in the same way, in order to see their application with respect to the other defendants. Nothing has been argued regarding force majeure, so it is not considered. Act of God has been invoked, as it has been indicated that the ground conditions have changed over the years, especially due to the incidence of the La Niña and El Niño phenomena. It is the Court's criterion that this exemption is not receivable, because from the first studies by INSUMA S.A., through those carried out by CNE, and reinforced by the one prepared by the professional Nombre147725, as was detailed extensively in the preceding resultando, the land was not suitable from the outset for the development in question for three aspects: the first would be its natural circumstances, since it involves the canyon of a river, with the existence of vertical slopes that would imply extremely high investments to achieve the desired stability, with volcanic ash soil, and also that the dwelling construction method (self-build) did not ensure the optimal method for a building in such delicate circumstances. The second: It involved a social interest housing development, for families of scarce resources, which made the required investment impossible. In the third place, the problems began almost from the start of construction, even though they culminated in the declaration of uninhabitability after Storm Alma. The second would be the fault of the victim: although there may have been constructions in the plaintiffs' houses, the existence of the same was not accredited by suitable evidence, nor whether these were the cause of the problems that afflicted them and that led to the aforementioned declaration, in the specific case of each of the houses subject to this proceeding. As just noted, the problems began almost from the start of the constructions. The parties made mention of constructions, garages, pathways converted into streets, but these are general aspects, without having been individualized regarding the plaintiffs, so this argument is also rejected, as it was not demonstrated in accordance with the precepts of article 317 of the Código Procesal Contencioso Civil, of supplementary application in contentious matters by provision of article 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (burden of proof). The same reasoning would apply regarding the act of a third party, since it is not demonstrated that this single aspect was the determining factor in leading to the uselessness of the houses in question, when, moreover, there is such compelling evidence regarding the suitability of the land for the urban development carried out. Therefore, it is concluded that IMAS is contractually liable for the defects that led to the declaration of uninhabitability of plaintiffs Nombre4555, Nombre147718, Nombre4556, and Nombre4559. It must be added that this liability persists even though IMAS has forgiven the acquisition debts for the respective properties, because this was a unilateral decision on its part, and furthermore, the plaintiffs incurred other types of debt to build their dwellings based on the purchase and sale contract already executed.
It is worth emphasizing once again that the relationship between Nombre36346 and the plaintiffs is also of a contractual nature. Although the initial agreement is between IMAS and the Foundation, the latter carried out infrastructure work (at least the installation of the electrical network) and, most importantly, provided technical advice for the construction of the dwellings through the "self-build" system. It is clear that it contracted technical reports for the study of the land's soil, so from the outset it was aware of the situation of the development and that, according to the criterion of one of its officials, Nombre147726, who is a Civil Engineer, and the reports from INSUMA S.A., the slope stabilization works were extremely costly, beyond the reach of the land owners, and it was even recommended to desist from the project. Notwithstanding the foregoing, it decided to proceed with the construction of houses under the advice of one of its engineers, for which reason the liability claimed by the plaintiffs can be attributed to it. The Foundation, as an organization, has sufficient knowledge to foresee the result that this Development could have in the long term, so it is considered unacceptable that it excuses itself based on alleged faults of the inhabitants of the place, when, it is reiterated, it was aware of the problems that already affected it at the time of construction. The considerations regarding the exemptions from liability made with respect to IMAS are reiterated.
Municipalities have a series of competencies in urban planning matters. In this specific case, the Municipality intervened when it approved the development through the site design and the approval of the plans for the segregation of the lands, and at the moment it granted construction permits. Subsequently, there is an obligation to continue ensuring that the Development is maintained in accordance with what was approved; that is, ensuring there are no illegal constructions, that the green zones are maintained within the established limits, that there is cleanliness in the place, since in principle the owners contribute through municipal and territorial taxes, as well as the care of public domain assets, both municipal and state, such as precisely the green zones and the river retreats. This obligation is even greater when it involves an area that, in principle, can be vulnerable due to its geographical condition, repeated so many times: the existence of slopes and the proximity to the Torres River. The Municipality cannot excuse itself through the exemptions from liability already analyzed, nor in the circumstance that the Development had not been received, because according to article VI.6 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, the reception of the Development is for control purposes to verify that all requirements have been met. Rather, the fact that its delivery by IMAS had not proceeded, while attributable to the Institute, also constitutes a reprehensible omission by the Municipality. Although specific acts regarding the approval of plans or approvals are not being challenged, there is an omission in terms of not having acted to protect the interests of its inhabitants, despite the recommendations made at the time by the Defensoría de los Habitantes and other bodies, so its objective liability is also declared regarding the declaration of uninhabitability of the plaintiffs' dwelling.
The Bank has put forward as its main argument that they are a second-tier financing entity, in the sense that, under the Ley de Sistema Financiero de la Vivienda, they are not authorized to grant credits directly to beneficiaries, so they must act in this case through authorized entities, i.e., the mutual associations that granted the credits and that were not sued. Indeed, article 9 of the aforementioned law establishes: "Article 9º-The Banco Hipotecario de la Vivienda shall not be empowered to conduct financial operations directly with the public. In accordance with this Law, authorized entities and institutions, public or private, dedicated to housing financing may grant loans to persons qualified as users of the System, for the construction or acquisition of dwellings or the acquisition of lots. However, they may participate in the purchase of mortgage assets or other types of financial assets from authorized entities, aimed at generating mortgage securitization operations, fiduciary operations, or any other type, that allow the mobilization of said assets to generate new financial resources. The mortgage or financial assets in general that the Banco Hipotecario de la Vivienda purchases or acquires under this provision shall be placed in trust in the manner established by the respective regulations of the System and the corresponding contracts, according to the needs of the operation." By virtue of the foregoing, the Court agrees that the obligation to verify the land conditions for the granting of the credits corresponded to those who had the direct relationship with the beneficiaries, which in this case were the mutual associations that granted the credits at the time. Therefore, in relation to the Bank, the exception of lack of legal standing is accepted, and the lawsuit is dismissed.
XVII: ON THE JOINT AND SEVERAL LIABILITY: In accordance with the reasons set forth in the preceding considerandos, judgment is entered against IMAS, Nombre36346, and the Municipalidad de Montes de Oca, jointly and severally, for the payment of material damages derived from the declaration of uninhabitability of the dwellings of the plaintiffs: Nombre4555, Nombre4556, Nombre4559, and Nombre147718, which include: the value of the land and the value of the original construction carried out under the advice of FUPROVI, as well as any other construction carried out with the respective municipal permits, duly indexed, which shall be settled during the execution of the judgment. Regarding subjective moral damages, this Chamber considers that the plaintiffs have suffered damages to their emotional sphere due to the declaration of uninhabitability of their respective dwellings, which implies having to leave them, so payment of three million colones is ordered for this concept for each of the plaintiffs, in the amount of one million colones for each of the entities condemned. As for objective moral damage, consisting of the impact on the image or honor of the persons, which implies a patrimonial detriment and which, as such, must be accredited, the same is not argued and much less proven, so it is denied. The Court adopts the concerns expressed by the representative of BANHVI regarding the legal situation of the plaintiffs' properties, since the same will in principle continue in their names, even though no construction can be carried out on the site. IMAS and the Municipalidad de Montes de Oca are urged to proceed with the utmost brevity to recover the lands and execute the uninhabitability orders in order to protect the integrity of the plaintiffs and destine the lands for technically recommended purposes.
XVIII: ON THE SUBSTANTIVE DEFENSES RAISED BY IMAS, Nombre36346, AND THE MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA: In accordance with what has been resolved, the exceptions of lack of active and passive standing raised by Nombre36346 are hereby rejected. Given the manner in which it is resolved, the exception of lack of legal standing raised by the Foundation, IMAS, and the Municipalidad de Montes de Oca is partially accepted.
Regarding Mr. Nombre4554, his lawsuit having been declared inadmissible, but taking into account that he has lived on the property and that he has, in principle, a right over the same, the matter is resolved without an award of costs. In relation to BANHVI, the lawsuit against it having been dismissed, but also taking into account that the plaintiffs had a family housing voucher at the time, so it was necessary to reach the substance of the matter to rule on its situation, the matter is resolved without an award of costs.
Regarding IMAS, Nombre36346, and the Municipality of Montes de Oca, the claim brought against them by Nombre4555, Nombre4556, Nombre4559, and Nombre147718 having been upheld, the defendants are ordered to pay both sets of costs of the proceeding.
THEREFORE
The objection of lack of standing to sue and to be sued raised by the co-defendants against Nombre4554 is upheld. With respect to this individual, the claim is declared inadmissible and resolved without an award of costs. The objection of statute of limitations (prescripción) raised by the Banco Hipotecario de la Vivienda, the Fundación Promotora de la Vivienda, and the Instituto Mixto de Ayuda Social is rejected. The objection of lack of right (falta de derecho) raised by the Banco Hipotecario de la Vivienda is granted. The claim brought against it by Nombre4555, Nombre4556, Nombre4559, and Nombre147718 is dismissed. In this regard, it is resolved without an award of costs. The objection of lack of right (falta de derecho) raised by the Instituto Mixto de Ayuda Social, the Fundación Promotora de la Vivienda, and the Municipality of Montes de Oca is partially upheld. The claim brought by Nombre4555, Nombre4556, Nombre4559, and Nombre147718 against the Instituto Mixto de Ayuda Social, the Fundación Promotora de la Vivienda, and the Municipality of Montes de Oca is partially upheld, being understood as denied in all that is not expressly granted. The aforementioned Institute, Foundation, and Municipality are jointly and severally ordered to pay the damages arising from the declaration of uninhabitability of the plaintiffs' homes, under the following terms: payment, to each of the plaintiffs, of the value of the land and the value of the original construction carried out under the advisory of FUPROVI, as well as any other construction carried out with the respective municipal permits, duly indexed, which amounts shall be determined in the enforcement of judgment (ejecución de sentencia) proceedings. Likewise, they are ordered to pay subjective non-material damages (daño moral subjetivo) in the sum of three million colones for each of the plaintiffs, at a rate of one million colones for each of the condemned parties, and they are also ordered to pay both sets of costs of the proceeding.
Rosa Cortés Morales Nombre18366 Paulo Alonso Soto Resolution 62-2015-VIII Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Ciudades y comunidades sostenibles (Obj 11) Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Urbano Tema: Vivienda Subtemas:
Régimen jurídico aplicable para la obtención y construcción.
Tema: Instituto Mixto de Ayuda Social Subtemas:
Régimen jurídico aplicable para la obtención y construcción de viviendas de interés social. Análisis sobre procedencia de indemnización por un terreno aportado a los accionantes no apto para urbanizar.
“IX. DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA OBTENCIÓN DE LA PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL PRESENTE CASO: El Estado costarricense es un estado social de derecho, en el cual, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 50 de la Constitución Política, procura un mayor bienestar de los habitantes y un adecuado reparto de la riqueza, así como el artículo 65 de la misma Carta, en el que se establece que el Estado promoverá la construcción de viviendas populares. Así lo ha establecido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en forma reiterada cuando indica: "Sobre el derecho fundamental a una vivienda digna. El artículo 65 de la Constitución, ya mencionado, encarga al Estado promover la construcción de viviendas populares, mientras que al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Costa Rica reconoció el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, lo que incluye la vivienda. Este derecho, además de tener su sustrato individual, debe enmarcarse como derivado de la concepción del Estado como Estado social de Derecho, atribuyendo a esta expresión el significado que se especificó en la sentencia número 2000-05500 de las 14:33 horas del 5 de julio del 2000, según el cual las autoridades públicas están obligadas a hacer posible “[…] la realización de la justicia material, entre otras vías mediante prestaciones positivas, restituyendo a determinado sector de la población el goce de condiciones sociales y económicas apropiadas para una vida digna, que en la realidad no existen o con las que no se cuenta, situación esta última que ha podido derivar, incluso de modo indirecto, de la actuación o política económica desarrollada por el propio Estado. Es decir, esta clase de prestaciones no pueden ser simples gratificaciones sin verdadero sustento en una función de auxilio socioeconómico dirigida a sectores de población o a comunidades deprimidas o que se hallan en una situación de desventaja, sino que la norma debe constituir un mecanismo auténtico de redistribución de la riqueza (en los términos del artículo 50 constitucional) entre aquellos que sufren desventajas sociales significativas, para quienes la riqueza es una realidad de la que están excluidos; mecanismo que puede surgir de circunstancias muy particulares o específicas frente a determinada situación social que el legislador está legitimado para valorar. Precisamente este es el fundamento que posee toda la legislación que crea instituciones de carácter social, así como los institutos jurídicos tendientes a socorrer a quienes se encuentran en una determinada condición sensiblemente inferior al resto de la población económicamente activa, y a los que el Estado concede una ayuda económica o de otro tipo sin recibir una contraprestación por ello, justamente porque es ésta una de las funciones del Estado, como ente superior encargado de procurar condiciones de vida libre y digna, y de mantener la paz social como valor del ordenamiento que exige la creación de esas condiciones de vida para todos, especialmente para los más desfavorecidos en el reparto de los bienes de la colectividad.” (Sentencia 6054-2008, de las dieciséis horas veintiún minutos del dieciséis de abril de dos mil ocho). El financiamiento y construcción de las viviendas de interés social se fundamenta en esos preceptos constitucionales, a través de normativa que otorga a ciertos entes públicos, competencias para cumplir con el objetivo de dotar a familias de escasos recursos de una vivienda digna. Esa normativa puede ser específica, como en el caso de la Ley del Sistema Financiero de la Vivienda (Ley 7052, del trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis y sus reformas), que regula el financiamiento a través del bono de la vivienda o genérica, como ciertas instituciones que pueden contribuir gracias a sus objetivos generales, tales como el IMAS. La primera de las leyes, indica en sus dos primeros artículos: "Artículo 1º.- Créase el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que será una entidad de interés público, regida por la presente ley y que tendrá como objetivo principal fomentar el ahorro y la inversión nacional y extranjera, con el fin de recaudar recursos financieros para procurar la solución del problema habitacional existente en el país, incluido el aspecto de los servicios. Artículo 2º.- El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda estará integrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, como ente rector, y por las entidades autorizadas previstas en esta ley." Por su parte, la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (Ley 4760, del cuatro de mayo de mil novecientos setenta y uno y sus reformas), prevé competencias generales para el Instituto en erradicación de la pobreza, tal y como lo establecen sus dos primeros artículos: "Artículo 1º.- Créase una institución denominada Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual tendrá personalidad jurídica propia y se regirá por esta ley y su reglamento. Artículo 2º.- El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza." La construcción de las viviendas debe de cumplir con los requerimientos urbanísticos existentes dentro del ordenamiento jurídico nacional (Ley General de Construcciones, Ley de Planificación Urbana, entre otros), en los cuales las Municipalidades tienen un papel preponderante, precisamente por las competencias que la misma legislación prevé y que se concretan en este caso en la aprobación de la urbanización, las licencias constructivas, así como todo lo relacionado con la vigilancia que deben de ejercer dentro de sus jurisdicciones territoriales con el fin de que el orden urbano se mantenga. Dentro del presente proceso, es necesario hacer una análisis de las actuaciones de las partes, con el fin de ir definiendo el régimen de responsabilidad aplicable, ya que intervienen tanto sujetos de derecho público, como privado. De acuerdo con las pruebas que constan en el expediente, el IMAS adquiere del extinto Banco Anglo la finca SJ-209227-000 con el fin de dotar de vivienda a varias asociaciones de vecinos de una vivienda. Este primer acto del IMAS, pese a que se concreta en una compraventa regida por el derecho civil, parte de una decisión de la Administración, que luego se concreta en el destino que se le da a la finca, la cual se refleja en un acto administrativo discrecional (Acuerdo de del Consejo Directivo CD-672, Acta 87-95 del dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y siete) de destinar la mencionada finca para la construcción de un proyecto de vivienda. Pese a que en este proceso no se está discutiendo la validez de ese acuerdo, sí es necesario hacer referencia al mismo, con el fin de evaluar la conducta desplegada por el Instituto con el fin de determinar si existe responsabilidad que pueda serle endilgada, así como para el análisis de la excepción de prescripción interpuesta por las partes. Posteriormente se hace el traspaso a cada uno de los actores, mediante la escritura pública otorgada el nueve de mayo de mil novecientos noventa y uno. Esta compraventa, de acuerdo con el artículo 1049 del Código Civil, es un contrato oneroso, traslativo de dominio, que pese a que se celebra entre un ente de derecho público y una persona física, se rige por el derecho civil, por lo que le aplicaría el régimen de prescripción y demás regulaciones propias de esa materia. Posteriormente entre el IMAS y FUPROVI, se llega a un acuerdo con el fin de que la Fundación desarrolle cierta infraestructura, otorgue a los propietarios de los lotes un préstamo puente para la construcción de la vivienda y los asesore con la construcción de cada uno de los proyectos, mediante el sistema de auto construcción. La relación que debe de ser tenida en cuenta en este caso, sería la existente entre los propietarios y FUPROVI, la cual también se regiría por el Código Civil. Respecto del BANHVI, la relación existente entre las partes es en cuanto al financiamiento otorgado en el bono de vivienda, relación que está regida por el derecho administrativo, por las supuestas omisiones en la verificación de las condiciones del terreno y no por el contrato de financimiento. Finalmente, la Municipalidad de Montes de Oca interviene como ente regulador urbanístico, tanto antes de las construcciones, como posteriormente, estando su relación con los demandantes regida también por el derecho administrativo. En estos dos últimos casos, el régimen de responsabilidad aplicable, sería el que dispone la Ley General de la Administración Pública (LGAP), a partir del artículo 190 […].”
[…] De importancia en este estudio, es que se establece el origen de los daños de las viviendas 105 (Josefina Gómez Mejía) y 114 (Ana Cecilia Badilla Rojas, actora también del presente proceso), así como que se reitera el problema del talud y la proximidad con la quebrada o río. Pese a las recomendaciones dadas en este informe a FUPROVI y a la Municipalidad de Montes de Oca, no existe prueba de que hayan tomado alguna acción para remediar la situación de las viviendas inspeccionadas y no es sino hasta que en el año 2008, con ocasión de la ocurrencia de la Tormenta Alma, que la Municipalidad de Montes de Oca empieza a accionar para tratar de encontrar soluciones con respecto a los problemas que aquejaban a la Urbanización Las Mansiones en términos generales (Oficio OGA-36-2008, del 3 de junio de 2008, firmado por Gustavo Lara Barquero, de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad). En razón del informe vertido por Lara Barquero, el Alcalde Municipal solicita colaboración a la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica (oficio D. Alc. 766-2008 del 5 de junio de 2008), a la Directora del Área de Salud de Montes de Oca (oficio D. Alc. 2008, del 6 de junio de 2008) y a la Comisión Nacional de Emergencias (D. Alc. 1091-2009 del 8 de agosto de 2009. La Defensora de los Habitantes, en oficio N° 06201.2009.DHR, vuelve a emitir las siguientes recomendaciones a los órganos e instituciones que a continuación se mencionan: "A LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA: 1.- Destinar los recursos necesarios para completar las obras de mitigación en la urbanización Mansiones. Para ello, de ser necesario, incluir el costo de la obra en un presupuesto extraordinario, o en el presupuesto del año 2010. 2.- Mantener informada a la Defensoría de los Habitantes sobre las obras que se están realizando en la Urbanización Mansiones para evitar más deslizamientos en la zona, así como mantener un estricto control del terreno en la época lluviosa, 3.- De ser oportuno, coordinar una reunión con las instituciones involucradas para analizar la situación de la Urbanización Mansiones y definir las acciones tendientes a la solución definitiva del asunto. Remitir el resultado de ésta a la Defensoría de los Habitantes. AL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO: 1.- Dar el seguimiento correspondiente a la resolución número 353-09-TAA, expediente número 222-08-03-TAA, con el fin de asegurar la solución del problema de la Urbanización Mansiones. 2.- Mantener informada a la Defensoría de los Habitantes sobre las actuaciones futuras que realice ese Tribunal al respecto y remitir las resoluciones que se emitan al respecto. AL MINISTERIO DE SALUD, Área de Salud de Montes de Oca; ÚNICA.- Proceder a analizar la posibilidad de declarar inhabitables las viviendas que se encuentren ubicadas en la zona vulnerable del talud. Asimismo, dar el debido seguimiento a éstas órdenes y proceder a demoler las viviendas, con la colaboración de la Municipalidad de Montes de Oca, en caso de que el propietario no lo haga por sus propios medios. A LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 1.- Realizar una nueva inspección a la urbanización Mansiones y definir, claramente, cuáles son las viviendas que se encuentran en riesgo y que deben de ser retiradas del lugar. 2.- Coordinar interinstitucionalmente, principalmente con la Municipalidad de Montes de Oca, para dar el seguimiento correspondiente a los deslizamientos que se han presentado en urbanización Mansiones, con el fin de encontrar una solución viable a todas las partes y proceder a realizar las obras de mitigación necesarias para estabilizar el terreno. (...) INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS): ÚNICA.- Realizar un estudio socioeconómico de las familias ubicadas en zona de riesgo con el fin de extender algún tipo de ayuda económica mientras se logra la reubicación de éstas, asimismo, extender algún tipo de subsidio a aquellas familias que deben hacer mejoras en sus viviendas para encausar correctamente las aguas residuales y pluviales de sus propiedades. BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA: ÚNICA.- Proceder a analizar la posibilidad de realizar una visita a la urbanización Mansiones con el fin de conversar con las familias ubicadas en zona de riesgo y que deben de ser reubicadas, y explicarles las opciones que tienen para solicitar un nuevo bono de vivienda y los requisitos que deben cumplir." La Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias (Comisión Nacional de Emergencias o CNE) emite el Informe Técnico DPM-INF-1683-2009, denominado "Valoración general de los problemas de inestabilidad en las inmediaciones de la Urbanización Mansiones", el cual analizó los problemas generales de la Urbanización de la siguiente forma: "SITUACIÓN ACTUAL: El proyecto habitacional se localiza a mano izquierda carretera al Club Campestre La Campiña y colinda al sur con el Río Torres y al norte con un talud de altura muy variables, donde se ubican al pie del mismo varias viviendas. Desde 1993 se tienen referencias de los serios problemas de inestabilidad en el área, debido a los cortes de los taludes y de la cercanía de las viviendas al corte. Los factores que inciden directamente en el posible origen de los desprendimientos de material son: Cortes de talud en forma vertical desde el inicio del proyecto. Viviendas a menos de 2.5 metros del pie del talud. Falta de buenos desagües en parte superior. Falta de limpieza de cunetas de la carretera principal. Construcción de anexos por parte de los dueños de las casas a menos de un metro del talud. Material que conforma el talud se encuentra muy alterado y fácilmente erosionable por el agua. Muros de contención de poca altura. Arbustos de cierta altura han crecido al borde del talud, ocasionado constantemente desprendimientos. Considerando todos estos aspecto es posible que el proceso de inestabilidad (deslizamientos), se incremente en mayor medida durante el período lluvioso o un eventual sismo y por lo tanto, los efectos por desplazamiento de material hacia las inmediaciones de las viviendas pueden ocasionar daños de consideración. Es necesario realizar varias obras en la ladera y talud, pero antes de efectuar cualquier trabajo en el lugar debe de realizarse un estudio de suelos y estabilidad de taludes, además de verificar que área corresponde a relleno y las profundidades del mismo, conociendo los parámetros antes citados, pueden efectuarse rectificaciones o incluso la posibilidad de reubicar las familias asentadas al pie del talud. Algunos trabajos deben de efectuarse dependiendo del análisis del estudio de suelos, características y estabilidad del mismo, así como acumulación de escombros en la parte superior, con la finalidad de proteger la seguridad y bienes de todas las personas que habitan en el área. Todas estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta de acuerdo a los posibles trabajos o la alternativa de reubicar a las familias, cuyas casas fueron construidas en la parte inferior del talud y que actualmente están observando la caída de material en las cercanías de sus viviendas. Se requiere efectuar varios trabajos en los alrededores de la Urbanización Las Mansiones y algunas recomendaciones son: 1. Efectuar una limpieza y reparación de las cunetas de la carretera principal, ubicadas en la parte superior de la ladera. 2. Construir buenos muros de contención en las cercanías de las viviendas y reforzar aquellos que evidencian problemas tanto en las viviendas #34, 35, 36. 3. Las viviendas # 115, 119 se ubican a pocos metros del talud de mayor corte vertical y es donde actualmente son frecuentes los deslizamientos de tierra. 4. Las casas # 82 y 74 se ubican en la misma franja del talud, pero se localizan a una distancia mayor del corte vertical. 5. La vivienda # 60 se ubica al final de la ladera, donde la altura del talud es menor y además no hay evidencias de desprendimiento de material. En cuanto a la situación real de las viviendas, debe aclararse que únicamente el estudio de suelos y estabilidad de taludes, puede reflejar la condición de estabilidad de la ladera, así como de los posibles trabajos a efectúan (sic) en el área. RECOMENDACIONES: 1. Es necesario corroborar las condiciones del poste de tendido eléctrico, transformador en la parte superior del talud por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 2. Que la Municipalidad de Montes de Oca en coordinación con la Asociación de Viviendas de Mansiones realicen una limpieza general de las cunetas ubicadas en la carretera principal. 3. Efectuar una buena canalización de las aguas pluviales, para reducir el posible efecto por saturación y deslizamiento hacia las partes bajas. 4. Cualquier movimiento de tierra debe estar sujeto a los estudios de suelos y a las recomendaciones establecidas. 5. Realizar terrazas y trabajos con muros de gaviones en los puntos más críticos, así como de trabajos para reducir la erosión por medio de cobertores anti-erosivos cuya finalidad es de formar una superficie capaz de absorber y disipar la energía de la lluvia, principalmente a lo largo del talud." (...) Considerando que dentro de las responsabilidades de la C.N.E. y acordes con la Ley No. 8488, como ente regulador de las acciones relacionadas con la gestión del riesgo, se encuentra el establecer recomendaciones orientadas a promover un adecuado uso de la tierra, conforme a las características propias del entorno y de mejorar las condiciones generales del área, se le solicita que de acuerdo con este informe a los entes involucrados efectuar: Las acciones y medidas necesarias para buscar una solución a las familias indicadas en este documento. Dado que son muchos los informes efectuados por parte de la CNE en relación a la Urbanización Las Mansiones, donde ha (sic) través de los años se han establecidos los criterios técnicos para resolver este problema iniciando con un desarrollador del proyecto y de los permisos estatales, donde las medidas de mitigación y opciones de trasladar a las familias más vulnerables no se han concretado." (El destacado no es del original). Como puede observarse, una vez se indica por parte de la CNE, que los problemas en la Urbanización vienen desde el año 1993, sus causas, así como la importancia de realizar obras de prevención y valorar la posibilidad de trasladar a las familias afectadas. Respecto de los casos específicos de los actores, el mismo informe indicó: "1. Viviendas localizadas en la margen derecha del río Torres, donde en los últimos años se han generado problemas de inestabilidad muy cercanas a las construcciones: Actualmente la vivienda No. 105, pertenece al señor Elogio (sic) Vargas Gómez, cédula 1-591-012, donde se establece que en noviembre de 1998, fue afectado por un agrietamiento importante y se recomiendo (sic) su reubicación. Lamentablemente su (sic) fue reconstruida en el mismo sitio, donde actualmente se presentan evidencias de asentamiento y se ubica a pocos metros del borde del talud. Dentro de la zona de protección del cauce del río Torres. Claramente las autoridades recomiendas (sic) el desalojo por el problema de inestabilidad para noviembre del 1998. Evidencias como las observadas en las paredes son visibles en la vivienda No. 105. Requiere ser traslada (sic) a otro sitio y congelar el uso del terreno para el futuro. Propiedad de la señora Ana Badilla Rojas, casa No. 114, la cual se ubica asentamiento una parte en relleno. No existe una canalización de las aguas pluviales y servidas que incrementa en problema de asentamiento diferencial en la construcción. Requiere obras de mitigación tales como un muro de contención y un buen control de las aguas pluviales y servidas en el entorno. (...) 2. Viviendas localizadas al pie del talud donde en los últimos años se han generado problemas de inestabilidad muy cercanas a las construcciones. (...) Propiedad de la señora Netilda Soto Madrigal, céd. 2-200-243, ocupa (sic) por tres personas. Casa No. 44. Vivienda ubicada al pie del talud, donde en los últimos años se han producido una serie de desprendimientos importantes. Para esta familia se recomienda su traslado a otro lugar más seguro. Por parte de las autoridades competentes se debe establecer los lineamientos para el congelamiento del terreno. No se recomienda su uso habitacional. (...) Propiedad de la señora Cristina Vargas Díaz, céd. 1-188-935. Habitan 1 persona. Casa No. 36. Al pie del talud donde se han dado desprendimientos importantes. No se recomienda su uso habitacional. Evidencia de probelas de inestabilidad del terreno." Posteriormente, la Unidad de Rectoría de la Salud, Región Central Sur, del Ministerio de Salud, EN el Oficio URS-RCS-1626-2009, hace las siguientes consideraciones de interés para el presente caso: "Características generales de las viviendas: La Urbanización Mansiones viene presentando desde 1998 problemas de deslizamiento de taludes tanto en las márgenes del Río Torres, como en la base o pie de un talud que conforma la elevación topográfica que limita la Urbanización. La Comisión Nacional de Emergencia se refirió al caso en el oficio DPM-INF-693-98. Por nuestra Unidad el caso fue atendido en Julio del pasado año debido a una queja presentada por la señora Marlene Badilla Rojas y mediante el Oficio UPAH-642-2008 fue tratado de forma individual. Desde el año pasado hasta la fecha los problemas de la Urbanización se agudizaron, por lo que se decide hacer una inspección general en compañía de las autoridades municipales y el IMAS. Observaciones: 1- Existe una invasión de la zona de retiro del Río Torres donde tanto por parte de los urbanizadores como por los propietarios de los inmuebles se levantaron algunas viviendas en esta zona de protección, lo cual genera pesos excesivos en el talud de la margen derecha del río. Lo anterior ha traído consigo un deslizamiento de los mismos, el cual se ve agravado constantemente por las precipitaciones en el período lluvioso. 2- El segundo problema existente es la construcción al pie del talud de la elevación que limita la urbanización; talud que por encontrarse en su estado natural sin ningún tipo de protección y sin una adecuada vegetación que permita el amarre de su suelo, pone en riesgo aquellas viviendas que fueron construidas justamente al pie de su base. Las viviendas afectadas son las siguientes: (...) Casa # 105 Josefina Gómez Mejía ... Casa # 114 Ana Cecilia Badilla Rojas ... Casa # 36 María Cristina Vargas Díaz ... Casa # 119 Netilda Soto Miranda ... Casa # 73 Nuria Zamora Chacón. (...) 3- En las viviendas 114 y 105 se pudo verificar la presencia de grietas longitudinales en pisos y paredes, propio de la línea de fallo del talud. Estas viviendas, junto con la # 73 y la de la Sra. Marlene Badilla, son las que corresn el riesgo de deslizamientos en dirección hacia el Río Torres por lo que esta Unidad decide declararlas en estado peligroso. 4- Las viviendas 35, 36, 125 y 119 corren el riesgo de que se deslice sobre ellas el talud de la elevación que limita la urbanización, ya que éste se encuentra colapsado en dirección a las viviendas, que ya han sufrido el impacto de algunos deslizamientos y permanecen expuestas a futuros deslizamientos; por lo que esta unidad decide declararlas en estado peligroso. (...) 5- El tercer problema estriba en las conexiones ilegales que se realizan al alcantarillado pluvial de la urbanización, en el cual se detectó que en el cabezal de desfogue se vierten hacia el Río Torres aguas negras provenientes de algunas viviendas que no hacen uso del tanque séptico que se construyó para dicho fin. En este punto consideramos que el Area Rectora debe realizar las pruebas de coloración necesarias para detectar cuales son las viviendas que tienen conexiones ilícitas y a cuales se les debe girar los actos administrativos correspondientes con el fin de corregir dichas deficiencias. Por lo anterior consideramos que el Área Rectora de Salud de Montes de Oca debe declarar inhabitable las viviendas 73, 114, 105, 36, 125, 119, la de la Sra. Marlene Badilla y el dormitorio ubicado teniéndose en cuenta el estado peligroso de las mismas. Asimismo el Área Rectora debe de coordinar con el IMAS para realizar el debido estudio social de las personas que ocupan actualmente los inmuebles, estudio que debe ser realizado antes de ordenar el desalojo, con el fin de no descuidar el aspecto social que también nos corresponde como Ministerio de Salud. A su vez debe coordinarse con las autoridades de Fuerza y Luz para que realicen el corte del servicio eléctrico en los inmuebles con el fin de evitar incendios. Los criterios anteriores se basan en los artículos 1, 2, 4, 7, 313, 319, 320 y 321 de la Ley General de Salud y el artículo 50 de la Constitución Política de la República." Este informe lleva finalmente a la declaratoria de inhabitabilidad de las viviendas de los actores. Como última prueba documental para establecer la susceptibilidad del terreno de ser usado para un proyecto habitacional como el cuestionado, se tiene el Informe realizado por el FUNDEVI, a solicitud de la Municipalidad de Montes de Oca y bajo la supervisión del profesional Rolando Mora Chinchilla, que en lo que interesa establece: "Esto se realizó a partir del análisis del mapa estabilidad en condiciones dinámicas, considerando las áreas con una probabilidad muy baja y las que presenta una probabilidad baja como áreas aptas para el desarrollo. Se recomienda que las áreas con una probabilidad de ocurrencia de deslizamientos moderada se utilicen para un desarrollo controlado, implementando soluciones geotécnicas para mejorar las condiciones del terreno. Las áreas que presentan una probabilidad de ocurrencia de deslizamiento alta y las que cuentan con una muy alta, se considera que deben destinarse única y exclusivamente a la conservación (Figura 8). (...) De acuerdo con la Figura 9, el 68,1% del área de estudio debería ser utilizado para conservación, por otro lado el 18,5% se podría usar para desarrollo , pero de una manera controlada y únicamente el 13,5% corresponde a zonas aptas para el desarrollo. Es importante mencionar que, a pesar de que algunas partes del cañón y del lecho del río Torres han sido clasificadas como aptas para el desarrollo y para el desarrollo controlado, en ningún momento se recomienda utilizar zonas que se encuentren dentro del cañón de un río como aptas para el desarrollo. La razón por la cual fueron clasificadas de esa forma es porque su pendiente es menor a las de las zonas circundantes y el terreno se encuentra estable, por lo que no poseen una probabilidad alta de ocurrencia de deslizamientos. CONCLUSIONES: Las laderas que se encuentran en la comunidad de Mansiones y sus alrededores están constituidas por depósitos volcánicos (cenizas y tobas) de características mecánicas deficientes. Gran parte del área de estudio comprende el cañón fluvial del río Torres, el cual presenta varios deslizamientos inactivos, siendo el de mayor magnitud e importancia el que comprende a la comunidad de Mansiones, este cañón se encuentra rodeado por campos de cenizas y por el valle fluvial de una quebrada aledaña. El deslizamiento Mansiones muestra haber tenido una actividad posterior, en forma de un flujo de cenizas con un desplazamiento de aproximadamente 150 m en dirección SW, hacia el río Torres. El curso del río Torres parece haber sufrido un leve desvío debido a la ocurrencia de ambos eventos. En condiciones estáticas, es decir sin considerar actividad sísmica, el 75% del área de estudio comprende laderas estables, el 3,2% requiere medidas correctivas menores para asegurar su estabilidad, el 6,3% del área presenta condiciones de inestabilidad y el 15% se encuentra en condiciones muy inestables. En condiciones pseudoestáticas, es decir considerando el efecto de actividad sísmica, el 47,5% comprende laderas con probabilidad muy alta de ocurrencia de deslizamientos, el 18,7% presenta una alta probabilidad, el 20% cuenta con una probabilidad moderada, el 13,6% del área presenta una baja probabilidad y solamente un 0,2% una muy baja probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. A partir de los datos anteriores, se determinó que el 68,1% del área de estudio debería ser utilizado para conservación, el 18,5% se podría usar para un desarrollo controlado, y únicamente el 13,5% corresponde con zonas aptas para el desarrollo. Las áreas fueron clasificadas como aptas para el desarrollo y para el desarrollo controlado y que se encuentran dentro del cañón del río Torres no deben ser utilizadas para este fin, las razón por las que fueron clasificadas de esa manera es porque cumplen con características como pendiente baja a moderada y probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de baja a moderada. Por esta razón, a pesar de que estas zonas presenten condiciones de estabilidad, no se recomienda bajo ninguna circunstancia utilizar para el desarrollo." (El destacado no es del original). De este informe lo que debe rescatarse es que establece que pese a que hay áreas que eventualmente podrían destinarse a un desarrollo, no es recomendable hacerlo del todo por encontrarse dentro del cañón del Río Torres. Haciendo entonces una análisis integral de la prueba en cuanto a las condiciones del terreno, el Tribunal concluye que pese a las aseveraciones del testigo perito Rodríguez Barquero en cuanto a la aptitud del mismo, hay prueba documental emitida por él mismo, por órganos técnicos de la Administración, como la CNE, el Ministerio de Salud, la misma Municipalidad de Montes de Oca y el estudio de FUNDEVI, que establecen desde un inicio los problemas que tenía el terreno, al estar situado en un cañón del Río Torres, con un suelo estar conformado por ceniza con un alto contenido de agua y la existencia de un talud, condiciones que naturalmente hacían poco recomendable que se desarrollara una urbanización de más de cien casas, para personas de escasos recursos que no iban a contar con medios propios o a través de financiamiento, para realizar obras de infraestructura apropiadas para mantener condiciones óptimas en sus viviendas y alrededores. Esta situación se hizo evidente desde el año 1994 y se fue agudizando con el tiempo, lo cual llevó a la declaratoria de inhabitabilidad de las casas de los accionantes. A continuación se analizará la posible responsabilidad de cada los codemandados, siempre dentro del régimen jurídico aplicable, para determinar si existe una relación causal entre los daños pretendidos y sus actuaciones, así como posibles eximentes de responsabilidad […].” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Objetivos de Desarrollo Sostenible PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTORES: Nombre4554 , Nombre4555 , Nombre4556 , Nombre4559 , Nombre147718 .
DEMANDADO: INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA, FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA.
TERCEROS INTERESADOS: Nombre147719 , Nombre51961 , Nombre147720 Y EL GRUPO MUTUAL ALAJUELA-MUTUAL LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
62-2015-VIII TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN OCTAVA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las once horas del siete de julio de dos mil quince.
Proceso de Conocimiento interpuesto por Nombre4554 , cédula de identidad CED3521, Nombre4555 , cédula de identidad CED3522, Nombre4556 , cédula de identidad CED115159, Nombre147718 , cédula de identidad CED3524 y Nombre4559 , cédula de identidad CED3525 contra el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI), representado por Nombre147721 , en su condición de Subgerente Operativo con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del Banco; la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), representada por Nombre147722 , cédula de identidad CED80735 en su condición de apoderada general sin límite de suma de la Fundación; el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), representado por Nombre39585 , cédula de identidad CED31297 en su calidad de apoderado general judicial y Nombre78257 , cédula de identidad CED58079, en su calidad de Gerente General del Instituto, y la Municipalidad de Montes de Oca, representada el señor Nombre1567 , cédula de identidad CED13661, en su condición de Alcalde Municipal. Como terceros interesados actúan los señores Nombre147719 , Nombre51961 y Nombre147720 y el Grupo Mutual Alajuela. Actúa como apoderada especial judicial de los actores y de los terceros interesados, la Licenciada Shirley Duarte Duarte, cédula de identidad CED91350, como apoderado general judicial del BANVHI el Licenciado Rodolfo Villalobos Mora, como apoderados especiales judiciales del IMAS, las Licenciadas Alba Ramírez Bazán, cédula de identidad CED115160 y Rita María Ulate Chaves, cédula de identidad CED112375, como apoderada especial judicial de la Municipalidad de Montes de Oca, la Licenciada Rita Obando Araya, carnet de abogada CED115161, como apoderada general judicial de FUPROVI, la Licenciada Anayansi Valverde Chaves, cédula de identidad CED29134 y como apoderado especial judicial del Grupo Mutal Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo, el Licencia Carlos Eduardo Quesada Hernández, cédula de identidad CED20035.
RESULTANDO
1.- Por escrito presentado el día diecinueve de agosto de dos mil once, los actores presentan proceso de conocimiento, para demandar responsabilidad de las instituciones codemandadas por los daños ocurridos en sus viviendas en la Urbanización Mansiones, ubicada en San Rafael de Montes de Oca. De acuerdo con la prevención hecha a los actores en la audiencia preliminar del día dos de noviembre de dos mil doce, así como con la ratificación de las mismas hecha en la audiencia preliminar del quince de marzo de dos mil trece, las pretensiones del proceso quedaron establecidas de la siguiente forma: "Por todo lo anterior con base en el artículo 42-2-J del Código Procesal Contencioso Administrativo solicito: 1) Que se acoja la presente demanda en todos sus extremos. 2) Que se condene a las entidades demandas al pago del daño material cuantificado en forma provisional para cada uno de los demandados. 3) Que en sentencia se condene solidariamente al IMAS y al BANBHI (sic) al pago del daño material indicado, esto por la falta de verificación y fiscalización en cuanto al uso del material indicado, esto por falta de verificación y fiscalización en cuanto al uso de los recursos públicos (sic), otorgados para la compra del terreno y en la adjudicación del bono, construyendo en un lugar no apto para el desarrollo urbanístico. Indemnización que cubrirá la compra de terreno para cada una de las familias. 4) Que en sentencia solidariamente se condene a la Municipalidad y a Nombre36346 al pago del daño material proporcional, por el daño causado, con la construcción de proyecto habitacional al otorgar los permisos y visar los planos sin que el lugar sea apto para habitarlo y por la omisión en cuanto a la fiscalización. Indemnización que servirá a las familias para cubrir la construcción de una nueva casa. 5) Que se condene proporcional y solidariamente a cada una de las entidades demandadas al pago del daño moral ocasionado. 6) Que se condene proporcionalmente y solidariamente a las instituciones demandas (sic) FUPROVI, MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA, BANVHI e IMAS al pago de las costas personales y procesales. Tómese en cuenta que los montos aquí establecidos son de carácter provisional, en razón de que dependen de un dictamen pericial en el acerbo probatorio." Se hace un estimado de daño material para cada uno de los actores en los que se incluye el terreno, la construcción actual del mismo y los gastos de los planos constructivos, permisos municipales, seguros y cargas sociales, de la siguiente forma: Nombre4556 (Dirección17912 ° ): ¢ 52.324.000 (cincuenta y dos millones trescientos veinticuatro mil colones), Nombre4554 (Dirección17913 ° ): ¢ 23.548.075 (veintitrés millones quinientos cuarenta y ocho mil setenta y cinco colones, Nombre4555 (Dirección17914 ° ): ¢ 25.445.529 (veinticinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos veintinueve colones), Nombre4559 (Dirección17915 ° ) ¢ 24.368.392 (veinticuatro millones trescientos sesenta y ocho mil trescientos noventa y dos colones) y Nombre147718 (Dirección17916 ° ), ¢ 24.156.675 (veinticuatro millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos setenta y cinco colones). De igual forma se solicita por daño moral objetivo y subjetivo, la suma de ¢ 48.316.344 (cuarenta y ocho millones trescientos dieciséis mil trescientos cuarenta y cuatro colones) para cada uno de los actores. (ver folios 802 a 815 del expediente judicial).
2.- Otorgada la audiencia de ley, las coaccionadas se opusieron a la demanda entablada en su contra. El IMAS opuso la excepción de falta de derecho y de caducidad de la acción y prescripción, así como falta de legitimación activa y pasiva con respecto a Nombre4554 . La Municipalidad de Montes de Oca interpuso las defensas previas de falta de agotamiento de la vía administrativa y de prescripción y como defensas de fondo las de falta de legitimación activa y pasiva en referencia a Nombre4554 y de falta de derecho. El Nombre11528 por su parte, interpuso las defensas previas de prescripción, de integración de la litis consorcio activa y pasiva necesaria y de fondo las de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva necesaria, hecho de un tercero y la genérica sine actione agit. Finalmente Nombre36346 interpuso las defensas previas de integración de la litis consorcio activo necesaria, falta de agotamiento de la vía administrativa, prescripción y como excepciones de fondo, la de prescripción, falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y de falta de interés.
3.- Se realizaron las siguientes audiencias preliminares: a) el día dos de mayo de dos doce, la cual fue anulada por resolución de las quince horas cincuenta y un minutos del dieciséis de mayo de dos mil doce, b) el día dos de noviembre de dos mil doce, en la cual se otorgó un plazo de cinco días hábiles a los actores para aclarar la pretensión, c) quince de marzo de dos mil trece, en la cual por resolución 576-2013, de las once horas veinte minutos del quince de marzo de dos mil trece, se rechazaron las defensas de falta de integración de la litis consorcio activa y pasiva necesarias interpuestas por las partes y se dispuso llamar como interesados a Nombre51961 , Nombre147723 , Nombre147720 , Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo, Nombre147719 y Nombre147724 ; d) el día treinta de agosto de dos mil trece, en la cual por resolución N° 1768-2013, se rechazó la defensa de litis consorcio pasivo necesario interpuesta por el BANVHI, así como la de falta de agotamiento de la vía administrativa interpuesta por Nombre36346 y por la Municipalidad de Montes de Oca y e) nueve de mayo de dos mil catorce, en la que en resolución N° 1014-2014, se rechazan las defensas previas de prescripción y caducidad interpuestas por las codemandadas y se hace la admisión de la prueba.
4.- Que por escritos presentados al Despacho el veinte de marzo de dos mil trece, los señores Nombre147719 , Nombre51961 y Nombre147720 , se apersonaron al proceso como terceros interesados.
5.- Que por escrito presentado el día once de junio de dos mil trece, se apersonó al proceso el Grupo Mutual La Vivienda de Ahorro y Préstamo como tercer interesado.
6.- Que por haber fallecido la señora Nombre4556 , se apersonó al proceso su sucesión, representada por la albacea provisional, Nombre4557 .
7.- La audiencia del juicio oral y público se realizó los días dieciséis y diecisiete de junio de dos mil quince. En dicha audiencia se recibieron la declaración de los testigos Nombre147725 , José Antonio Rodríguez Barquero, Nombre147726 , Mario Francisco Cocozza Camacho, Nombre147727 , Nombre129486 , así como las declaraciones de parte de Nombre147718 y de Nombre4554 . Las partes emitieron sus respectivas conclusiones y se declaró el asunto como muy complejo.
8.- En los procedimientos se han seguido las prescripciones de ley, y se dicta la sentencia por unanimidad, previa deliberación de rigor, de conformidad con el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
Redacta la Jueza Cortés Morales:
CONSIDERANDO
De acuerdo con las pretensiones de las partes, el presente proceso tiene como objeto la condena a las entidades codemandadas al pago de los daños materiales y morales sufridos por los actores al haber sido declaradas sus viviendas como inhabitables dentro de la Urbanización Las Mansiones. En resumen, la posición de los demandantes es que los terrenos en los que se construyeron las viviendas no eran aptos para un desarrollo como el de Urbanización Mansiones, situado en San Ramón de Montes de Oca. Indican que la finca fue adquirida por el IMAS, Nombre36346 fue la desarrolladora, contaron con financiamiento de parte del BANVHI y la Municipalidad otorgó los respectivos permisos.
Manifiesta el Banco que a los actores se les otorgó el bono de vivienda familiar, el cual se otorga a través de entidades autorizadas, las cuales están ausentes en el presente proceso. Hace ver que el proyecto lo llevó a cabo Nombre36346, quien se apoyó en un profesional responsables, el IMAS aportó el terreno, las licencias constructivas se otorgaron a través de la Municipalidad y que el Nombre11528 no participó, únicamente canalizó los fondos. En su criterio hay tres eximentes de responsabilidad que se aplican: la fuerza mayor, pues hay elementos naturales que han socavado los terrenos; hecho de un tercero: la participación de la empresa constructora y del ingeniero responsable de la obra y en tercer lugar la culpa de la víctima, pues hubo ampliación de las construcciones que se proyectaron hacia las zonas de peligro. Respecto de esta última eximente señala que no hay pruebas de que las construcciones se hicieran a derecho y se hubieran tramitado las licencias respectivas. Manifiesta de que si eventualmente se otorgara la razón a los accionantes, por haber sido ya beneficiarios de un bono de vivienda no podrían acceder a un nuevo bono por lo que habría que aclarar qué sucedería con los actuales inmuebles.
La representación del Nombre36346 sostiene que no desarrolló las obras de infraestructura del proyecto, ya que fueron los ingenieros que la Fundación contrató, y que su participación fue la de brindar financiamiento y asesoría técnica para construir viviendas de cuarenta y dos metros cuadrados. Señala que las viviendas fueron terminadas en mil novecientos noventa y cuatro y que en mil novecientos noventa y cinco los estudios técnicos indicaron que habían cumplido con las obras de mitigación. Añade que en mil novecientos noventa y ocho empezaron los problemas y que las únicas licencias fueron las de Nombre36346 para la construcción de las viviendas por cuarenta y dos metros cuadrados y que los actores fueron los que ampliaron sus viviendas, ya que ninguna tiene el área original y las modificaciones deben de hacerse en forma adecuada. Señala que existen eximentes de responsabilidad: los actores manipularon las construcciones, la estructura del suelo cambió, pues con los Fenómenos del Niño y de la Niña, se modificó la conformación de los ríos y las construcciones de acercaron a la zona de protección del río Torres, por lo que no existe relación causa-efecto entre los daños pretendidos y las actuaciones de FUPROVI.
La Municipalidad indica que su responsabilidad es por la licencia constructiva y que hasta el año dos mil siete el lugar en el que está ubicada la urbanización se establecía como zona no urbana apta para el uso habitacional. Hace ver que en el otorgamiento de la licencia, lo que el ente hace es comprobar que se cumplan los requisitos que contempla la ley. Respecto de la construcción señala que los artículos 81 y 83 de la Ley de Construcciones establecen que el responsable de las construcciones es el Ingeniero a cargo de la obra, ya que la Municipalidad no está en el sitio. Manifiesta que hubo dos diseños de sitio, que el Ayuntamiento hizo recomendaciones y que en el diseño aprobado se establecieron las zonas de protección. Añade que los problemas surgieron con posterioridad, pues las partes incumplieron con diseño de sitio y construyeron en zonas de protección, las casas originales ya no existen, pues hay viviendas de dos pisos, los vecinos se conectaron ilegalmente al flujo del río. También señala que una zona de riesgo no implica necesariamente que no se pueda construir y que la urbanización no se encuentra recibida por la Municipalidad.
El Instituto alega que hizo la compra de la propiedad en donde se hizo el desarrollo de la Urbanización con el fin de dotar de vivienda a personas de escasos recursos, que el diseño de sitio es responsabilidad de la Municipalidad de Montes de Oca. Aduce que en el expediente judicial existe un estudio de suelos que establece la aptitud de los mismos para construcción, que han transcurrido casi veintiocho años desde la compra, que hasta ahora se está demandado la responsabilidad por daños y que el IMAS no construyó. Considera que existen eximentes de responsabilidad, que serían la fuerza mayor por el cambio climático, la culpa de la víctima por las construcciones que se han realizado por parte de los dueños y hecho de un tercero, por las acciones de otros. También señala que no se individualizaron los daños materiales.
El Grupo considera que el presente proceso es uno Civil de Hacienda, que no hay ninguna pretensión en su contra y que su participación se debe a que existían gravámenes en las fincas, los cuales además se encuentran vencidos, por lo que no existe interés de su parte en el asunto.
IX.DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA OBTENCIÓN DE LA PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL PRESENTE CASO: El Estado costarricense es un estado social de derecho, en el cual, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 50 de la Constitución Política, procura un mayor bienestar de los habitantes y un adecuado reparto de la riqueza, así como el artículo 65 de la misma Carta, en el que se establece que el Estado promoverá la construcción de viviendas populares. Así lo ha establecido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en forma reiterada cuando indica: "Sobre el derecho fundamental a una vivienda digna. El artículo 65 de la Constitución, ya mencionado, encarga al Estado promover la construcción de viviendas populares, mientras que al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Costa Rica reconoció el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, lo que incluye la vivienda. Este derecho, además de tener su sustrato individual, debe enmarcarse como derivado de la concepción del Estado como Estado social de Derecho, atribuyendo a esta expresión el significado que se especificó en la sentencia número 2000-05500 de las 14:33 horas del 5 de julio del 2000, según el cual las autoridades públicas están obligadas a hacer posible “[…] la realización de la justicia material, entre otras vías mediante prestaciones positivas, restituyendo a determinado sector de la población el goce de condiciones sociales y económicas apropiadas para una vida digna, que en la realidad no existen o con las que no se cuenta, situación esta última que ha podido derivar, incluso de modo indirecto, de la actuación o política económica desarrollada por el propio Estado. Es decir, esta clase de prestaciones no pueden ser simples gratificaciones sin verdadero sustento en una función de auxilio socioeconómico dirigida a sectores de población o a comunidades deprimidas o que se hallan en una situación de desventaja, sino que la norma debe constituir un mecanismo auténtico de redistribución de la riqueza (en los términos del artículo 50 constitucional) entre aquellos que sufren desventajas sociales significativas, para quienes la riqueza es una realidad de la que están excluidos; mecanismo que puede surgir de circunstancias muy particulares o específicas frente a determinada situación social que el legislador está legitimado para valorar. Precisamente este es el fundamento que posee toda la legislación que crea instituciones de carácter social, así como los institutos jurídicos tendientes a socorrer a quienes se encuentran en una determinada condición sensiblemente inferior al resto de la población económicamente activa, y a los que el Estado concede una ayuda económica o de otro tipo sin recibir una contraprestación por ello, justamente porque es ésta una de las funciones del Estado, como ente superior encargado de procurar condiciones de vida libre y digna, y de mantener la paz social como valor del ordenamiento que exige la creación de esas condiciones de vida para todos, especialmente para los más desfavorecidos en el reparto de los bienes de la colectividad.” (Sentencia 6054-2008, de las dieciséis horas veintiún minutos del dieciséis de abril de dos mil ocho). El financiamiento y construcción de las viviendas de interés social se fundamenta en esos preceptos constitucionales, a través de normativa que otorga a ciertos entes públicos, competencias para cumplir con el objetivo de dotar a familias de escasos recursos de una vivienda digna. Esa normativa puede ser específica, como en el caso de la Ley del Sistema Financiero de la Vivienda (Ley 7052, del trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis y sus reformas), que regula el financiamiento a través del bono de la vivienda o genérica, como ciertas instituciones que pueden contribuir gracias a sus objetivos generales, tales como el IMAS. La primera de las leyes, indica en sus dos primeros artículos: "Artículo 1º.- Créase el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que será una entidad de interés público, regida por la presente ley y que tendrá como objetivo principal fomentar el ahorro y la inversión nacional y extranjera, con el fin de recaudar recursos financieros para procurar la solución del problema habitacional existente en el país, incluido el aspecto de los servicios. Artículo 2º.- El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda estará integrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, como ente rector, y por las entidades autorizadas previstas en esta ley." Por su parte, la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (Ley 4760, del cuatro de mayo de mil novecientos setenta y uno y sus reformas), prevé competencias generales para el Instituto en erradicación de la pobreza, tal y como lo establecen sus dos primeros artículos: "Artículo 1º.- Créase una institución denominada Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual tendrá personalidad jurídica propia y se regirá por esta ley y su reglamento. Artículo 2º.- El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza." La construcción de las viviendas debe de cumplir con los requerimientos urbanísticos existentes dentro del ordenamiento jurídico nacional (Ley General de Construcciones, Ley de Planificación Urbana, entre otros), en los cuales las Municipalidades tienen un papel preponderante, precisamente por las competencias que la misma legislación prevé y que se concretan en este caso en la aprobación de la urbanización, las licencias constructivas, así como todo lo relacionado con la vigilancia que deben de ejercer dentro de sus jurisdicciones territoriales con el fin de que el orden urbano se mantenga. Dentro del presente proceso, es necesario hacer una análisis de las actuaciones de las partes, con el fin de ir definiendo el régimen de responsabilidad aplicable, ya que intervienen tanto sujetos de derecho público, como privado. De acuerdo con las pruebas que constan en el expediente, el IMAS adquiere del extinto Banco Anglo la finca SJ-209227-000 con el fin de dotar de vivienda a varias asociaciones de vecinos de una vivienda. Este primer acto del IMAS, pese a que se concreta en una compraventa regida por el derecho civil, parte de una decisión de la Administración, que luego se concreta en el destino que se le da a la finca, la cual se refleja en un acto administrativo discrecional (Acuerdo de del Consejo Directivo CD-672, Acta 87-95 del dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y siete) de destinar la mencionada finca para la construcción de un proyecto de vivienda. Pese a que en este proceso no se está discutiendo la validez de ese acuerdo, sí es necesario hacer referencia al mismo, con el fin de evaluar la conducta desplegada por el Instituto con el fin de determinar si existe responsabilidad que pueda serle endilgada, así como para el análisis de la excepción de prescripción interpuesta por las partes. Posteriormente se hace el traspaso a cada uno de los actores, mediante la escritura pública otorgada el nueve de mayo de mil novecientos noventa y uno. Esta compraventa, de acuerdo con el artículo 1049 del Código Civil, es un contrato oneroso, traslativo de dominio, que pese a que se celebra entre un ente de derecho público y una persona física, se rige por el derecho civil, por lo que le aplicaría el régimen de prescripción y demás regulaciones propias de esa materia. Posteriormente entre el IMAS y FUPROVI, se llega a un acuerdo con el fin de que la Fundación desarrolle cierta infraestructura, otorgue a los propietarios de los lotes un préstamo puente para la construcción de la vivienda y los asesore con la construcción de cada uno de los proyectos, mediante el sistema de auto construcción. La relación que debe de ser tenida en cuenta en este caso, sería la existente entre los propietarios y Nombre36346, la cual también se regiría por el Código Civil. Respecto del BANHVI, la relación existente entre las partes es en cuanto al financiamiento otorgado en el bono de vivienda, relación que está regida por el derecho administrativo, por las supuestas omisiones en la verificación de las condiciones del terreno y no por el contrato de financimiento. Finalmente, la Municipalidad de Montes de Oca interviene como ente regulador urbanístico, tanto antes de las construcciones, como posteriormente, estando su relación con los demandantes regida también por el derecho administrativo. En estos dos últimos casos, el régimen de responsabilidad aplicable, sería el que dispone la Ley General de la Administración Pública (LGAP), a partir del artículo 190.
Las partes codemandadas interpusieron la excepción de falta de legitimación activa y pasiva con respecto al demandante Nombre4554 , por considerar que no estaba legitimado para actuar en el presente proceso ya que la finca del Partido de San José, matrícula Placa29462, está inscrita a nombre de Nombre147724 , quien en vida fue la madre del actor. Para combatir la excepción, la parte ofrece como prueba copia de la escritura otorgada ante el Notario Público Roy Masís Badilla, del día cinco de abril de dos mil cinco, en la cual la señora Nombre147724 le traspasa a Nombre4554 la mencionada finca. No obstante, no consta que el documento en cuestión haya sido presentado al Registro Público. Considera el Tribunal que al ser el contrato de compraventa de un bien inmueble uno de naturaleza formal, precisamente por necesitar de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como al tener de lo establecido en el artículo 455 del Código Civil, que condiciona los efectos esta clase de documentación a su presentación al Registro Público (publicidad registral), no posee el señor Nombre4554 un título que lo habilite para el reclamo de los daños sobre la mencionada propiedad, ni sobre la vivienda allí construida en contra de los demandados. En razón de lo anterior, se acoge la excepción interpuesta en lo que a él se refiere y se declara inadmisible la demanda. Al haber Nombre36346 interpuesto la excepción en forma genérica, se tiene por denegada con respecto a los demás actores, pues al ser propietarios de los inmuebles y viviendas cuyos daños se demandan, existe una relación entre lo pretendido y las conductas que se achacan a la Fundación, por lo que habrá que hacer el análisis de fondo para ver el mérito del asunto. Por lo anterior, se rechaza la excepción en lo que se refiere al resto de los accionantes.
Las cuatro partes opusieron la excepción de prescripción, la cual fue resuelta y rechazada por la Jueza Tramitadora por resolución 1014-2014, dictada en la Audiencia Preliminar del día 9 de agosto de 2014. Al haber sido reiterada por Nombre36346 y el IMAS en las conclusiones del juicio oral y público, así como haber hecho la previsión el Nombre11528 de que la misma fuera resuelta en el fondo del asunto en su escrito de contestación de demanda, se procederá a resolver la misma con respecto a estas partes. Al no haber hecho ninguna manifestación la representación de la Municipalidad de Montes de Oca respecto de la mencionada excepción en sus conclusiones o en forma escrita en su escrito de contestación de demanda, se omite pronunciamiento respecto de ese ente. Se va a resolver en primer lugar la excepción con relación al IMAS, la cual, como se dijo anteriormente se encuadraría dentro de una relación de derecho privado, en razón del contrato de compraventa firmado entre las partes. En consecuencia, el plazo de prescripción sería el decenal, establecido en el artículo 868 del Código Civil. Lo que restaría por definir, sería el momento a partir del cual comenzaría a correr ese plazo, pues en principio sería a partir del momento de la firma de la escritura del contrato de compraventa. No obstante, considera este Tribunal, conforme se analizará más adelante cuando se entre a conocer acerca de la responsabilidad de las parte, que es la declaratoria de inhabilatabilidad la que viene a concretar el daño sufrido por los actores, por lo que el plazo de prescripción empezaría a correr a partir del día siguiente de la notificación a cada uno de los actores de esa declaratoria hecha por el Ministerio de Salud. Tal criterio había sido sostenido por esta misma Sección, en la sentencia N° 37-2013, de las dieciséis horas diez minutos del trece de mayo de dos mil trece. De acuerdo con el folio 541 del expediente judicial, ese acto administrativo fue notificado a las partes en las siguientes fechas: Nombre147724 (casa # 105) OS#164, el día 19 de julio de 2010, Nombre147718 (casa # 114) OS#163, el día trece de julio de 2010, Nombre4559 (casa # 158) OS# 158, el día 13 de julio de 2010, Nombre4555 (casa # 159) OS#159, el día 13 de julio de 2010, Nombre4556 (casa # 166) OS# 166, el día 13 de julio de 2010, por lo que a la fecha de presentación de la demanda y notificación del respectivo traslado de la demanda, sea el día 19 de agosto de 2011 (folio 1 del expediente judicial), había transcurrido escasamente un año desde la notificación de los mencionados oficios. Igual razonamiento habría que hacer en cuanto a FUPROVI, ya que la relación entre las partes es de índole civil por la asesoría en la construcción de la vivienda, por lo que el plazo y el momento en que el mismo empieza a transcurrir es a partir de la misma fecha. En cuanto al BANHVI, en su condición de ente público no estatal, regido por el derecho administrativo, se estaría frente al régimen de responsabilidad objetiva del Estado, por lo que aplicaría el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece el plazo de 4 años a partir del conocimiento del hecho dañoso, que sería también la declaratoria de inhabitabilidad hecha por el Ministerio de Salud. De acuerdo con las fechas de notificación del acto y la de presentación de la demanda, tampoco bajo este régimen habría transcurrido el plazo de marras. En razón de lo anterior, se procede a rechazar la excepción interpuesta.
Como anteriormente se indicó, los accionantes pretenden que se les resarza por los daños materiales y morales sufridos en razón de que sus casas fueron construidas en un lugar no apto para la Urbanización que se desarrolló. Antes de entrar a analizar en forma separada la posible responsabilidad de cada una de las partes demandadas, es necesario hacer algunas consideraciones generales acerca de la dotación de viviendas a personas en condiciones económicas menos favorecidas. Como se indicó anteriormente, el Estado costarricense, por las normas constitucionales programáticas citadas, debe procurar un mejor reparto de la riqueza, así como procurar la construcción de viviendas, con el fin de que la mayor cantidad de habitantes puedan contar con una vivienda digna. Estas normas constitucionales, que se concretan en otras de carácter legal, otorgan competencias a los entes públicos para destinar recursos públicos para cumplir con este fin del Estado Social de Derecho. Intervendrían en estos procesos, de un lado los entes públicos a los que por sus competencias coadyuvan en este cometido, por el otro las personas que quieren acceder a la vivienda, así como otras de carácter privado, tales como las mutuales que intermedian para otorgar los recursos para la adquisición de las viviendas o como FUPROVI, que asisten en la parte técnica de la construcción. A partir de lo anterior, se derivan una serie de obligaciones para cada uno de los involucrados, empezando con los entes públicos, quienes tienen una doble competencia: la dotación de la vivienda y el uso eficiente de los recursos públicos. Por ello, como en este caso donde se trata del desarrollo de una urbanización con el fin de solucionar el problema habitacional de más de un centenar de personas agrupadas en Asociaciones, debe de partirse de que la escogencia del lugar permita que los beneficiados obtengan una vivienda perdurable, ya que de esta forma se cumpliría con el fin que el ordenamiento jurídico previó: que los fondos públicos con los que contribuyen todos los recursos sean bien utilizados, así como que quienes obtengan su vivienda lo hagan en forma definitiva o por lo menos por un extenso plazo. De igual forma, quienes participen de este proceso, sobre todo si les es habitual como actividad sea financiar o construir, por el fin público que se persigue, deben de hacerlo con los más altos stándares técnicos y éticos. La condición social de los adquirentes o beneficiarios obliga más aún que si se tratara de una persona con mayores recursos y capacidad de tomar decisiones en forma más fundamentada y si se quiere libre, pues en el caso de los primeros la decisión se ve afectada precisamente por sus condiciones sociales y económicas. Lo que hay que determinar en este caso es si el terreno escogido por el IMAS contaba desde un inicio con la aptitud necesaria para el desarrollo de la Urbanización Mansiones. No consta en la prueba aportada por las partes, particularmente por el IMAS, de que previo a la adquisición del terreno (24 de abril de 1987), hubiera un criterio técnico que respaldara la compra. El primer informe técnico de estudios de suelos es de la firma INSUMA S.A., firmado por el Ingeniero José A. Rodríguez Barquero, fechado el 23 de diciembre de 1991, es decir con posterioridad al traspaso de los lotes a los actores (9 de mayo de 1991). De dicho informe se desprende que la topografía del terreno es quebrado con el paso de una quebrada en la colindancia sur. Establece la literalidad del texto: "Se contrataron los servicios de INSUMA S.A. para realizar un estudio de suelos en el Proyecto Mansiones, ubiucado en San Ramón de Tres Ríos. Este proyecto será de aproximadamente 120 lotes, la topografía del terrenos es quebrada, lo que obligará a realizar un movimiento de tierras de importancia con rellenos de considerable espesor. En algunos sectores las viviendas quedarán cimentadas en corte. Dadas las condiciones topográficas del proyecto, algunas áreas no podrán ser utilizadas pues la pendiente es muy pronunciada. Dichas áreas podrán ser destinadas a zonas verdes y de parque. En la colindancia sur, pasa una quebrada y es en este sector donde se requiere el rellenos (sic) de mayor espesor. Para construir la calle principal del proyecto hubo necesidad de realizar cortes importantes que han dejado expuestos taludes de 6-7 metros de altura con una pendiente bastantes empinada (aprox. 0.75 H:1v). En este informe se presentan los resultados de las investigaciones efectuadas en el campo y el laboratorio con las recomendaciones que se consideran necesarias para tomar en cuenta en el diseño y construcción de las obras." Luego en la parte de conclusiones el informe señala: "La capa de suelo vegetal debe ser eliminada y desechada de cualquier área donde se tenga programada la ubicación de cualquier obra. Especialmente debe tenerse mucho cuidado de no dejar este tipo de suelo, en zonas donde se construirán rellenos. Adicionalmente a las recomendaciones incluidas en capítulo donde se trató la compactación de rellenos, se recomienda que estos no tengan un espesor superior a 3-4m. Esto se fundamenta en dos hechos; primero que es el asentamiento producto de la consolidación de estos rellenos, depende directamente del espesor, es decir, entre mayor espesor, mayor será el asentamiento que se presente. El segundo tiene que ver con la baja resistencia de la capa 3, ya que al aumentar el espesor, mayor será la sobrecarga y la correspondiente influencia sobre esta capa blanda que hay entre 3 y 7m. Se recomienda que los taludes finales de los rellenos posean una pendiente de 2H:1V para evitar problemas de estabilidad local y erosión. Esto es fundamental en la colindancia con la quebrada. Es de suma importancia evitar cualquier infiltración en los rellenos ya que esto produce un deterioro en el comportamiento de los mismos. El desalojo de todo tipo de aguas (servidas o llovidas), deberá hacerse ordenadamente y mediante tubos apropiados, para lograr el cometido deseado de "mínima infiltración". Es recomendable por prudencia un retiro de por lo menos 3-4m del borde de cualquier talud (en corte o en relleno). Esto evitará problemas futuros especialmente durante sismos fuertes donde los taludes tienen de desestabilizarse. Es conocido que rellenos con suelos livianos y muy húmedos, los mismo que topografías con fuertes pendientes, producen amplificaciones considerables de la aceleración durante eventos sísmicos. Hay casos cercanos al sitio de este proyecto donde en el sismo del 22 de diciembre de 1990 se produjeron daños asociados con estos fenómenos. Por lo anterior esto debe ser tomado en cuenta en el diseño de las obras del proyecto. La capacidad de soporte admisible recomendable, considerando un factor de seguridad de 3, será 8ton/m2 para las zonas de corte, siempre y cuando corresponda con el material de la capa 2. Para las zonas de relleno la capacidad de soporte admisibles será de 5ton/m2. Si producto del movimiento de tierras se llegara a la capa 3, debe hacerse un análisis minucioso de la situación y si es del caso tomar muestras inalteradas para realizar ensayos de compresión inconfinada para definir con precisión cuál será la capacidad de soporte de este suelo, pues de acuerdo al número de golpes ese valor no supera las 2 o 3ton/m2. En caso de necesitarse una valor superior de capacidad de soporte, en las zonas de relleno se podría hacer un estudio detallado, a un costo relativamente bajo, de las condiciones de resistencia de los suelos, una vez que los rellenos hayan sido finalizados a los niveles que corresponda. Dada la topografía del terreno del proyecto es recomendable un buen diseño, para todo lo que sea manejo de aguas. Entre esto deben considerarse cunetas para eliminar aguas de los taludes, caños para evacuar ordenada y eficientemente, buenas pendientes en elementos de evacuación, etc." (El destacado no es del original). De este primer informe puede extraerse que el terreno escogido presentaba características que demandaban trabajos importantes para paliar la existencia de taludes y el paso de una quebrada en la colindancia sur. No obstante, para ese momento, tanto el IMAS había realizado las segregaciones correspondientes, las cuales estaban antecedidas por la aprobación municipal del diseño de sitio y de los planos catastrados de cada uno de los lotes. Posteriormente, en informe dirigido por Nombre147726 , en informe D.P. 147-92 del 4 de noviembre de 1992, en su condición de Director de Proyectos de Nombre36346 a la Comisión Nacional de Emergencias, indicó: "En atención a su "Informe de Inspección" con respecto al proyecto "Las Mansiones" que desarrollan en este momento un grupo de 119 familias con el apoyo de la Fundación Promotora de Vivienda, me permito hacer los siguientes comentarios: A) El diseño original de este proyecto no fue realizado por profesionales de FUPROVI. Las familias obtuvieron este terreno mediante un convenio establecido con el Instituto Mixto de Ayuda Social, institución que traspasó la finca a las familias concediéndoles además un financiamiento para que realizaran cierto tipo de obras de infraestructura faltante, según planos aprobados por la Oficina Revisora de Permisos de Construcción y la Municipalidad de Montes de Oca. Cuando Nombre36346 se involucró en el proceso, ya cada familia era propietaria de su terreno y tenía un plano de catastro visado por la Municipalidad, como señal de que, a criterio de este Municipio, el lote contaba con los servicios básicos. B) A pesar de lo anterior, al iniciar nuestra participación se hizo necesario realizar obras de infraestructura faltante, tales como movimiento de tierras, colocación de red de agua potable y electrificación en ciertas zonas del proyecto. Producto de ésto, la Fundación debió recomendar a las familias que algunos lotes no podrían utilizarse dadas las condiciones geométricas o de estabilidad de taludes de los mismos e iniciamos un proceso de reubicación y reasignación que se ha vuelto lento en el IMAS, pero que en definitiva lleva a desechar algunos terrenos. c) En otros casos decidimos apoyar el proceso constructivo, partiendo de que hay soluciones técnicas a las situaciones que presentan los lotes, pero algunas de esas alternativas podrían no estar al alcance de familias de escasos recursos y con los niveles de financiamiento que nuestra institución podría asignarles. La paradoja es que ese es el terreno que una institución estatal les vendió y financió." (El destacado no es del original). Del anterior informe se desprende que pese a que Nombre36346 comienza su participación en una etapa avanzada del proyecto, conocía que el terreno presentaba problemas que implicaron que tuvieran que hacer infraestructura adicional, así como que recomendaran la no utilización de ciertos terrenos y que de igual forma siguieron adelante con el proceso constructivo, pese a que ciertas soluciones técnicas podrían no estar al alcance de las familias de escasos recursos y del financiamiento que la misma Fundación podría brindarles. Posteriormente, la firma INSUMA S.A., emitió un nuevo informe a Nombre36346, el N° 187-94 de fecha 13 de mayo de 1994, firmado también por el Ingeniero José A. Rodríguez Barquero, en el cual indicó: "A solicitud de Nombre36346 se procedió a visitar el Proyecto Mansiones, ubicado en San Rafael de Montes de Oca, con el fin de analizar la estabilidad de algunos sectores del proyecto donde se ejecutaron cortes de importancia para desarrollar las obras de urbanización. Aspectos Generales: Los suelos que se encuentran en este proyecto corresponden principalmente con cenizas volcánicas provenientes del Volcán Irazú, que poseen ciertas caracterísitcas particulares que inciden directamente sobre su comportamiento. Estos suelos tienen una densidad baja, usualmente similar o menor que el agua, poseen una relación de vacíos bastante elevada, su humedad natural por lo general es superior al 60-80%, pero muchas veces es usual encontrarse con humedades bastante superiores al 100%, lo que significa que existe más peso de agua que de la parte sólida, En cuanto a su resistencia, en condiciones inalteradas es baja pero en condiciones alteradas (o remoldeadas) su resistencia es bajísima, producto de que la estructura se altera muy fácilmente y al tener tanta humedad, su comportamiento es prácticamente el de un líquido viscoso. Aún con todas estas características, el comportamiento desde el punto de vista ingenieril es razonablemente aceptable, pues en general, si las cimentaciones fundadas en estos suelos no son muy pesadas se comportan bien y los taludes asombrosamente se mantienen con pendientes muy empinadas sin mayores problemas. Cuando estos suelos quedan expuestos, es necesario protegerlos, primero que todo de la desecación, pues hay una cohesión aparente que al secarse se pierde y por lo tanto hay una tendencia a la inestabilidad. Por otra parte la erosión puede ser muy importante si no se proteje (sic) adecuadamente contra la escorrentía superficial. Los sectores de Coronado, Curridabat en su parte alta y San Ramón de Tres Ríos, poseen este tipo de suelos. En estos sectores de la capital se pueden observar cortes como los que están en este cuestionamiento en este proyecto, a lo largo de las carreteras y desarrollos urbanos existentes en estas zonas. En general, la estabilidad global es adecuada con los cuidados correspondientes, lo que afirma que un diseño de sitio como el contemplado en Nombre147732 es factible desde el punto de vista técnico, tomando una serie de medidas que permitan un comportamiento adecuado a largo plazo. Los lotes que se procedió a inspeccionar detalldamente fueron #34 a #37, #115, #119, #74 y #60, los cuales se encuentran junto a taludes de tres a seis metros de altura, que en el último invierno presentaron derrumbes importantes o indicios de inestabilidad. Los mayores inconvenientes se presentaron en los lotes #36, #37 y #119. (...) Existen soluciones para estabilizar taludes que dan una seguridad total y que se podrían aplicar en este caso, sin embargo resultarían sumamente costosas sin posibilidades de factibilidad, pues es posible que sea más ventajoso desde el punto de vista económico abandonar el proyecto que proceder con este tipo de soluciones. Por su parte, se pueden tomar una serie de medidas para mejorar la estabilidad de los taludes que se ubican en la zona Norte del Proyecto y obtener una seguridad razonable como la que hay en muchas urbanizaciones en estos sectores. Algunas de las recomendaciones que se presentan a continuación ya habían sido dadas en forma genérica, en el informe mencionado (Dic. 91), cuando se iniciaban los movimientos de tierra y se iniciaba la construcción de las obras de urbanización, por lo tanto se tratarán más en detalle sector por sector con el fin de que se tomen las medidas correctivas y preventivas que corresponden. (...) Lote No. 115: Este lote no presenta problemas, sin embargo deberá asegurarse que la cuneta en la parte superior del talud no se sobrecargue debido a un obstáculo y deberá impermebilizarse (sic) de manera que no se den filtraciones. Lotes 34 a 37: Esta zona es muy peligrosa, presenta algunos claros de inestabilidad (talud en contrapendiente con desprendimientos de suelo seco) y además la presencia de árboles de altura importante en el borde superior del talud lo que puede significar un gran riesgo. Lo recomendable es mejorar la geometría actual del talud para eliminar las contrapendientes y sectores de taludes verticales. Desafortunadamente esta trabajo habría que hacerlo "a mano" pues las condiciones actuales dificultan el ingreso de maquinaria a la zona, aunque tal vez un retroexcavador pequeño podría ayudar. Antes de este trabajo será necesario cortar los árboles para seguridad del personal que realizará la conformación y también hacia el futuro para que no caiga un árbol de estos sobre una vivienda. Esta eliminación de árboles debe hacerse en los 15m próximos al borde del talud. Es de suma importancia la siembra de zacate estrella sobre todo el talud para lo mismo comentado anteriormente. También la flor de itabo en algunos sectores puede ayudar. De igual importancia resultan las cunetas de la parte alta de este talud para "manejar" el agua adecuadamente." (El destacado no es del original). Este nuevo informe de la mencionada compañía viene otra vez a ratificar los problemas que presentaba el terreno, lo costoso de las soluciones para estabilizar el talud, e inclusive la posible conveniencia de abandonar el proyecto, precisamente por el aspecto económico. Los documentos citados permiten concluir que desde los inicios del proyecto, el terreno presentaba problemas, peligro de deslizamientos y cercanía con la quebrada, que llevan a cuestionarse la idoneidad del mismo para este tipo de urbanización. Otra cosa que llama la atención del Tribunal es que el método de construcción de las viviendas, escogido en principio por el IMAS y puesto en práctica por FUPROVI, fue el de autoconstrucción, el cual implicaba que los beneficiarios que eran más de cien, bajo la dirección técnica de un ingeniero de la Fundación, construyeron sus propias viviendas. Se cuestiona entonces que ante un terreno de tales características, con recomendaciones de inversión en infraestructura, e inclusive de un posible abandono del proyecto, se optara por un método de construcción que no necesariamente iba a garantizar la mejor construcción. Frente a la prueba documental ya citada, el testigo perito José Rodríguez Barquero quien como se indicó elaboró dos de los informes relacionados, declaró en la audiencia del juicio oral y público que se habían seguido sus recomendaciones en cuanto a las obras de infraestructura y que el proyecto era viable, sin embargo siempre sostuvo que en ingeniería siempre hay soluciones pero que las mismas eran costosas. Su declaración contrasta con los informes, por lo que se hace necesario ponderar cuál de sus criterios técnicos merece fiabilidad. Para ello es necesario seguir con el análisis del resto de la prueba técnica documental y pericial. El Defensor de los Habitantes, en Informe N° SS-58-95, de fecha 27 de marzo de 1995, ante queja de la coaccionante Nombre4555 , recomendó a la Municipalidad de Montes de Oca, a FUPROVI, al INVU, al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos coordinar interinstitucionalmente los trámites conducentes a solucionar el problema de alto riesgo de derrumbes del terraplén que afectaba no solo a la señora Nombre147735, sino también al resto de la Urbanización Nombre147732 de San Rafael de Montes de Oca. Por otra parte, el Ingeniero Municipal de la Municipalidad de Montes de Oca, Carlos González, en nota del 15 de marzo de 1996, informó a la Comisión de Obras de la Municipalidad respecto del talud existente en los siguientes términos: "El talud que se detectó tienen una pendiente bastante inclinada y de grandes dimensiones, cuya estabilidad o potencialidad de falla no son apreciables a simple vista por lo espeso de la vegetación. Es de gran peligro, tanto para la vivienda de arriba como para las viviendas de abajo. Debido a eso se declaró lo siguiente: No dar un veredicto de deslizamiento sin antes hacerse un estudio del lugar. Se recomienda hacer cunetas tanto arriba como abajo del talud. Clausura: cualquier construcción sobre el talud a una distancia de 10m del borde del talud. Tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de desastre en esa zona. Se les pide a los inspectores ir al lugar, para que hagan una inspección y pasen un informe del mismo." Luego viene el primer informe de la Comisión Nacional de Emergencias, DPM-INF-693-98, de visita realizada el día 13 de noviembre de 1998, hecho a solicitud de la señora Nombre147724 , en el cual se establece lo siguiente: "Los daños estructurales existentes en las casas N°105 y N°114 han sido provocados por un proceso de asentamiento diferencial de un relleno cuyo espesor aumenta en dirección al río y que fue construido de manera deficiente. Asimismo, el asentamiento es acelerado por las filtraciones de las aguas de los drenajes y pluviales. Además, la cercanía de la casa N° 105 al borde del talud la hace vulnerables a fenómenos de deslizamientos y socavamiento de los cimientos, como está ocurriendo actualmente. La casa N° 105 se considera INAHABITABLE e IRREPARABLE, debido a los serios daños estructurales ocasionados por el proceso de asentamiento. Por consiguiente debe SER DEMOLIDA lo antes posible para restar peso al relleno y evitar un posible deslizamiento que afectaría la propiedad del Sr. Nombre147736 (casa N° 104). Los escombros deben ser retirados del lugar en el momento en que se efectúa la demolición y llevados a un sitio de botadero apropiado. El terreno resultante no es apto para construir por estar conformado de un relleno hecho deficientemente y su dimensión limitada no permitiría una lejanía segura con respecto al talud de característica muy inestable y fácil de erosionar hacia el margen del Río Torres. Además, el terreno en cuestión se ubica dentro de la zona de protección del Río Torres, por lo tanto debe contemplarse lo establecido por la LEY DE AGUAS en relación con las regulaciones de mantenimiento del cauce y obras a realizar. Asimismo, el Código Urbano, Capítulo III.3./, inciso III.3.7.1 establece lo siguiente: "En caso de que se pretenda urbanizar fincas atravesadas por ríos p quebradas o que colinden con éstos, deberá proveerse una franja de no construcción con un ancho mínimo de 10 metros a lo largo del lecho máximo y medidos a cada lado del mismo en la proyección horizontal, regulación que evidentemente no se ha cumplido. En relación con el punto anterior, la Municipalidad de San Pedro de Montes de Oca NO debe autorizar ningún tipo de construcción en él. Por lo contrario, debe llevarse a cabo un proceso de recuperación ambiental por medio de siembra de gramíneas (zacate) y de reforestación con especies vegetales de raíces profundas (por ejemplo caña india o itabo). La propiedad de la señora Nombre147718 (caso N°114) está experimentando el proceso de asentamiento diferencial, en una forma no tan marcada como la casa N°105. No obstante, el proceso es evidente y ha provocado daños (grietas en el piso), particularmente las paredes de la casa están perdiendo la verticalidad, haciéndola vulnerable ante un sismo de moderada a fuerte magnitud, que en asocio con alta humedad en el relleno podría provocar el colapso de la edificación. Por consiguiente se recomienda a Nombre36346 reubicar en un mediano plazo a la familia de la señora Nombre147718 e igualmente proceder a la demolición de esta casa, continuando con la recuperación ambiental del terreno (reforestación). En este caso, el terreno puede ser reutilizado para construir, siempre y cuando un estudio de carácter geotécnico determine si el relleno puede ser estabilizado o necesita sustituirse. En el sector donde ubicas (sic) las casa mencionadas, se debe mejorar la capacidad de los drenajes de los tanques sépticos junto con la canalización y entubamiento de las aguas pluviales, para reducir la escorrentía subterránea que afecta la estabilidad del relleno y el talud cerca del río." De importancia en este estudio, es que se establece el origen de los daños de las viviendas 105 (Nombre147724 ) y 114 (Nombre147718 , actora también del presente proceso), así como que se reitera el problema del talud y la proximidad con la quebrada o río. Pese a las recomendaciones dadas en este informe a Nombre36346 y a la Municipalidad de Montes de Oca, no existe prueba de que hayan tomado alguna acción para remediar la situación de las viviendas inspeccionadas y no es sino hasta que en el año 2008, con ocasión de la ocurrencia de la Tormenta Alma, que la Municipalidad de Montes de Oca empieza a accionar para tratar de encontrar soluciones con respecto a los problemas que aquejaban a la Urbanización Las Nombre147732 en términos generales (Oficio OGA-36-2008, del 3 de junio de 2008, firmado por Nombre147737 , de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad). En razón del informe vertido por Nombre147737 , el Alcalde Municipal solicita colaboración a la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica (oficio D. Alc. 766-2008 del 5 de junio de 2008), a la Directora del Área de Salud de Montes de Oca (oficio D. Alc. 2008, del 6 de junio de 2008) y a la Comisión Nacional de Emergencias (D. Alc. 1091-2009 del 8 de agosto de 2009. La Defensora de los Habitantes, en oficio N° 06201.2009.DHR, vuelve a emitir las siguientes recomendaciones a los órganos e instituciones que a continuación se mencionan: "A LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA: 1.- Destinar los recursos necesarios para completar las obras de mitigación en la urbanización Mansiones. Para ello, de ser necesario, incluir el costo de la obra en un presupuesto extraordinario, o en el presupuesto del año 2010. 2.- Mantener informada a la Defensoría de los Habitantes sobre las obras que se están realizando en la Urbanización Nombre147732 para evitar más deslizamientos en la zona, así como mantener un estricto control del terreno en la época lluviosa, 3.- De ser oportuno, coordinar una reunión con las instituciones involucradas para analizar la situación de la Urbanización Nombre147732 y definir las acciones tendientes a la solución definitiva del asunto. Remitir el resultado de ésta a la Defensoría de los Habitantes. AL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO: 1.- Dar el seguimiento correspondiente a la resolución número 353-09-TAA, expediente número 222-08-03-TAA, con el fin de asegurar la solución del problema de la Urbanización Mansiones. 2.- Mantener informada a la Defensoría de los Habitantes sobre las actuaciones futuras que realice ese Tribunal al respecto y remitir las resoluciones que se emitan al respecto. AL MINISTERIO DE SALUD, Área de Salud de Montes de Oca; ÚNICA.- Proceder a analizar la posibilidad de declarar inhabitables las viviendas que se encuentren ubicadas en la zona vulnerable del talud. Asimismo, dar el debido seguimiento a éstas órdenes y proceder a demoler las viviendas, con la colaboración de la Municipalidad de Montes de Oca, en caso de que el propietario no lo haga por sus propios medios. A LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 1.- Realizar una nueva inspección a la urbanización Nombre147732 y definir, claramente, cuáles son las viviendas que se encuentran en riesgo y que deben de ser retiradas del lugar. 2.- Coordinar interinstitucionalmente, principalmente con la Municipalidad de Montes de Oca, para dar el seguimiento correspondiente a los deslizamientos que se han presentado en urbanización Mansiones, con el fin de encontrar una solución viable a todas las partes y proceder a realizar las obras de mitigación necesarias para estabilizar el terreno. (...) INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS): ÚNICA.- Realizar un estudio socioeconómico de las familias ubicadas en zona de riesgo con el fin de extender algún tipo de ayuda económica mientras se logra la reubicación de éstas, asimismo, extender algún tipo de subsidio a aquellas familias que deben hacer mejoras en sus viviendas para encausar correctamente las aguas residuales y pluviales de sus propiedades. BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA: ÚNICA.- Proceder a analizar la posibilidad de realizar una visita a la urbanización Nombre147732 con el fin de conversar con las familias ubicadas en zona de riesgo y que deben de ser reubicadas, y explicarles las opciones que tienen para solicitar un nuevo bono de vivienda y los requisitos que deben cumplir." La Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias (Comisión Nacional de Emergencias o CNE) emite el Informe Técnico DPM-INF-1683-2009, denominado "Valoración general de los problemas de inestabilidad en las inmediaciones de la Urbanización Mansiones", el cual analizó los problemas generales de la Urbanización de la siguiente forma: "SITUACIÓN ACTUAL: El proyecto habitacional se localiza a mano izquierda carretera al Club Campestre La Campiña y colinda al sur con el Río Torres y al norte con un talud de altura muy variables, donde se ubican al pie del mismo varias viviendas. Desde 1993 se tienen referencias de los serios problemas de inestabilidad en el área, debido a los cortes de los taludes y de la cercanía de las viviendas al corte. Los factores que inciden directamente en el posible origen de los desprendimientos de material son: Cortes de talud en forma vertical desde el inicio del proyecto. Viviendas a menos de 2.5 metros del pie del talud. Falta de buenos desagües en parte superior. Falta de limpieza de cunetas de la carretera principal. Construcción de anexos por parte de los dueños de las casas a menos de un metro del talud. Material que conforma el talud se encuentra muy alterado y fácilmente erosionable por el agua. Muros de contención de poca altura. Arbustos de cierta altura han crecido al borde del talud, ocasionado constantemente desprendimientos. Considerando todos estos aspecto es posible que el proceso de inestabilidad (deslizamientos), se incremente en mayor medida durante el período lluvioso o un eventual sismo y por lo tanto, los efectos por desplazamiento de material hacia las inmediaciones de las viviendas pueden ocasionar daños de consideración. Es necesario realizar varias obras en la ladera y talud, pero antes de efectuar cualquier trabajo en el lugar debe de realizarse un estudio de suelos y estabilidad de taludes, además de verificar que área corresponde a relleno y las profundidades del mismo, conociendo los parámetros antes citados, pueden efectuarse rectificaciones o incluso la posibilidad de reubicar las familias asentadas al pie del talud. Algunos trabajos deben de efectuarse dependiendo del análisis del estudio de suelos, características y estabilidad del mismo, así como acumulación de escombros en la parte superior, con la finalidad de proteger la seguridad y bienes de todas las personas que habitan en el área. Todas estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta de acuerdo a los posibles trabajos o la alternativa de reubicar a las familias, cuyas casas fueron construidas en la parte inferior del talud y que actualmente están observando la caída de material en las cercanías de sus viviendas. Se requiere efectuar varios trabajos en los alrededores de la Urbanización Las Nombre147732 y algunas recomendaciones son: 1. Efectuar una limpieza y reparación de las cunetas de la carretera principal, ubicadas en la parte superior de la ladera. 2. Construir buenos muros de contención en las cercanías de las viviendas y reforzar aquellos que evidencian problemas tanto en las viviendas #34, 35, 36. 3. Las viviendas # 115, 119 se ubican a pocos metros del talud de mayor corte vertical y es donde actualmente son frecuentes los deslizamientos de tierra. 4. Las casas # 82 y 74 se ubican en la misma franja del talud, pero se localizan a una distancia mayor del corte vertical. 5. La vivienda # 60 se ubica al final de la ladera, donde la altura del talud es menor y además no hay evidencias de desprendimiento de material. En cuanto a la situación real de las viviendas, debe aclararse que únicamente el estudio de suelos y estabilidad de taludes, puede reflejar la condición de estabilidad de la ladera, así como de los posibles trabajos a efectúan (sic) en el área. RECOMENDACIONES: 1. Es necesario corroborar las condiciones del poste de tendido eléctrico, transformador en la parte superior del talud por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 2. Que la Municipalidad de Montes de Oca en coordinación con la Asociación de Viviendas de Nombre147732 realicen una limpieza general de las cunetas ubicadas en la carretera principal. 3. Efectuar una buena canalización de las aguas pluviales, para reducir el posible efecto por saturación y deslizamiento hacia las partes bajas. 4. Cualquier movimiento de tierra debe estar sujeto a los estudios de suelos y a las recomendaciones establecidas. 5. Realizar terrazas y trabajos con muros de gaviones en los puntos más críticos, así como de trabajos para reducir la erosión por medio de cobertores anti-erosivos cuya finalidad es de formar una superficie capaz de absorber y disipar la energía de la lluvia, principalmente a lo largo del talud." (...) Considerando que dentro de las responsabilidades de la C.N.E. y acordes con la Ley No. 8488, como ente regulador de las acciones relacionadas con la gestión del riesgo, se encuentra el establecer recomendaciones orientadas a promover un adecuado uso de la tierra, conforme a las características propias del entorno y de mejorar las condiciones generales del área, se le solicita que de acuerdo con este informe a los entes involucrados efectuar: Las acciones y medidas necesarias para buscar una solución a las familias indicadas en este documento. Dado que son muchos los informes efectuados por parte de la CNE en relación a la Urbanización Las Mansiones, donde ha (sic) través de los años se han establecidos los criterios técnicos para resolver este problema iniciando con un desarrollador del proyecto y de los permisos estatales, donde las medidas de mitigación y opciones de trasladar a las familias más vulnerables no se han concretado." (El destacado no es del original). Como puede observarse, una vez se indica por parte de la CNE, que los problemas en la Urbanización vienen desde el año 1993, sus causas, así como la importancia de realizar obras de prevención y valorar la posibilidad de trasladar a las familias afectadas. Respecto de los casos específicos de los actores, el mismo informe indicó: "1. Viviendas localizadas en la margen derecha del río Torres, donde en los últimos años se han generado problemas de inestabilidad muy cercanas a las construcciones: Actualmente la vivienda No. 105, pertenece al señor Nombre147739 (sic) Nombre4554 , cédula CED3521, donde se establece que en noviembre de 1998, fue afectado por un agrietamiento importante y se recomiendo (sic) su reubicación. Lamentablemente su (sic) fue reconstruida en el mismo sitio, donde actualmente se presentan evidencias de asentamiento y se ubica a pocos metros del borde del talud. Dentro de la zona de protección del cauce del río Torres. Claramente las autoridades recomiendas (sic) el desalojo por el problema de inestabilidad para noviembre del 1998. Evidencias como las observadas en las paredes son visibles en la vivienda No. 105. Requiere ser traslada (sic) a otro sitio y congelar el uso del terreno para el futuro. Propiedad de la señora Nombre147718 , casa No. 114, la cual se ubica asentamiento una parte en relleno. No existe una canalización de las aguas pluviales y servidas que incrementa en problema de asentamiento diferencial en la construcción. Requiere obras de mitigación tales como un muro de contención y un buen control de las aguas pluviales y servidas en el entorno. (...) 2. Viviendas localizadas al pie del talud donde en los últimos años se han generado problemas de inestabilidad muy cercanas a las construcciones. (...) Propiedad de la señora Nombre147735 , céd. Placa29465, ocupa (sic) por tres personas. Casa No. 44. Vivienda ubicada al pie del talud, donde en los últimos años se han producido una serie de desprendimientos importantes. Para esta familia se recomienda su traslado a otro lugar más seguro. Por parte de las autoridades competentes se debe establecer los lineamientos para el congelamiento del terreno. No se recomienda su uso habitacional. (...) Propiedad de la señora Nombre4559 , céd. 1-188-935. Habitan 1 persona. Casa No. 36. Al pie del talud donde se han dado desprendimientos importantes. No se recomienda su uso habitacional. Evidencia de probelas de inestabilidad del terreno." Posteriormente, la Unidad de Rectoría de la Salud, Región Central Sur, del Ministerio de Salud, EN el Oficio URS-RCS-1626-2009, hace las siguientes consideraciones de interés para el presente caso: "Características generales de las viviendas: La Urbanización Nombre147732 viene presentando desde 1998 problemas de deslizamiento de taludes tanto en las márgenes del Río Torres, como en la base o pie de un talud que conforma la elevación topográfica que limita la Urbanización. La Comisión Nacional de Emergencia se refirió al caso en el oficio DPM-INF-693-98. Por nuestra Unidad el caso fue atendido en Julio del pasado año debido a una queja presentada por la señora Nombre147738 y mediante el Oficio UPAH-642-2008 fue tratado de forma individual. Desde el año pasado hasta la fecha los problemas de la Urbanización se agudizaron, por lo que se decide hacer una inspección general en compañía de las autoridades municipales y el IMAS. Observaciones: 1- Existe una invasión de la zona de retiro del Río Torres donde tanto por parte de los urbanizadores como por los propietarios de los inmuebles se levantaron algunas viviendas en esta zona de protección, lo cual genera pesos excesivos en el talud de la margen derecha del río. Lo anterior ha traído consigo un deslizamiento de los mismos, el cual se ve agravado constantemente por las precipitaciones en el período lluvioso. 2- El segundo problema existente es la construcción al pie del talud de la elevación que limita la urbanización; talud que por encontrarse en su estado natural sin ningún tipo de protección y sin una adecuada vegetación que permita el amarre de su suelo, pone en riesgo aquellas viviendas que fueron construidas justamente al pie de su base. Las viviendas afectadas son las siguientes: (...) Casa # 105 Nombre147724 ... Casa # 114 Nombre147718 ... Casa # 36 Nombre4559 ... Casa # 119 Nombre147740 ... Casa # 73 Nombre4556 . (...) 3- En las viviendas 114 y 105 se pudo verificar la presencia de grietas longitudinales en pisos y paredes, propio de la línea de fallo del talud. Estas viviendas, junto con la # 73 y la de la Sra. Nombre147738 , son las que corresn el riesgo de deslizamientos en dirección hacia el Río Torres por lo que esta Unidad decide declararlas en estado peligroso. 4- Las viviendas 35, 36, 125 y 119 corren el riesgo de que se deslice sobre ellas el talud de la elevación que limita la urbanización, ya que éste se encuentra colapsado en dirección a las viviendas, que ya han sufrido el impacto de algunos deslizamientos y permanecen expuestas a futuros deslizamientos; por lo que esta unidad decide declararlas en estado peligroso. (...) 5- El tercer problema estriba en las conexiones ilegales que se realizan al alcantarillado pluvial de la urbanización, en el cual se detectó que en el cabezal de desfogue se vierten hacia el Río Torres aguas negras provenientes de algunas viviendas que no hacen uso del tanque séptico que se construyó para dicho fin. En este punto consideramos que el Area Rectora debe realizar las pruebas de coloración necesarias para detectar cuales son las viviendas que tienen conexiones ilícitas y a cuales se les debe girar los actos administrativos correspondientes con el fin de corregir dichas deficiencias. Por lo anterior consideramos que el Área Rectora de Salud de Montes de Oca debe declarar inhabitable las viviendas 73, 114, 105, 36, 125, 119, la de la Sra. Nombre147738 y el dormitorio ubicado teniéndose en cuenta el estado peligroso de las mismas. Asimismo el Área Rectora debe de coordinar con el IMAS para realizar el debido estudio social de las personas que ocupan actualmente los inmuebles, estudio que debe ser realizado antes de ordenar el desalojo, con el fin de no descuidar el aspecto social que también nos corresponde como Ministerio de Salud. A su vez debe coordinarse con las autoridades de Fuerza y Luz para que realicen el corte del servicio eléctrico en los inmuebles con el fin de evitar incendios. Los criterios anteriores se basan en los artículos 1, 2, 4, 7, 313, 319, 320 y 321 de la Ley General de Salud y el artículo 50 de la Constitución Política de la República." Este informe lleva finalmente a la declaratoria de inhabitabilidad de las viviendas de los actores. Como última prueba documental para establecer la susceptibilidad del terreno de ser usado para un proyecto habitacional como el cuestionado, se tiene el Informe realizado por el FUNDEVI, a solicitud de la Municipalidad de Montes de Oca y bajo la supervisión del profesional Nombre147725 , que en lo que interesa establece: "Esto se realizó a partir del análisis del mapa estabilidad en condiciones dinámicas, considerando las áreas con una probabilidad muy baja y las que presenta una probabilidad baja como áreas aptas para el desarrollo. Se recomienda que las áreas con una probabilidad de ocurrencia de deslizamientos moderada se utilicen para un desarrollo controlado, implementando soluciones geotécnicas para mejorar las condiciones del terreno. Las áreas que presentan una probabilidad de ocurrencia de deslizamiento alta y las que cuentan con una muy alta, se considera que deben destinarse única y exclusivamente a la conservación (Figura 8). (...) De acuerdo con la Figura 9, el 68,1% del área de estudio debería ser utilizado para conservación, por otro lado el 18,5% se podría usar para desarrollo , pero de una manera controlada y únicamente el 13,5% corresponde a zonas aptas para el desarrollo. Es importante mencionar que, a pesar de que algunas partes del cañón y del lecho del río Torres han sido clasificadas como aptas para el desarrollo y para el desarrollo controlado, en ningún momento se recomienda utilizar zonas que se encuentren dentro del cañón de un río como aptas para el desarrollo. La razón por la cual fueron clasificadas de esa forma es porque su pendiente es menor a las de las zonas circundantes y el terreno se encuentra estable, por lo que no poseen una probabilidad alta de ocurrencia de deslizamientos. CONCLUSIONES: Las laderas que se encuentran en la comunidad de Nombre147732 y sus alrededores están constituidas por depósitos volcánicos (cenizas y tobas) de características mecánicas deficientes. Gran parte del área de estudio comprende el cañón fluvial del río Torres, el cual presenta varios deslizamientos inactivos, siendo el de mayor magnitud e importancia el que comprende a la comunidad de Nombre147732, este cañón se encuentra rodeado por campos de cenizas y por el valle fluvial de una quebrada aledaña. El deslizamiento Nombre147732 muestra haber tenido una actividad posterior, en forma de un flujo de cenizas con un desplazamiento de aproximadamente 150 m en dirección SW, hacia el río Torres. El curso del río Torres parece haber sufrido un leve desvío debido a la ocurrencia de ambos eventos. En condiciones estáticas, es decir sin considerar actividad sísmica, el 75% del área de estudio comprende laderas estables, el 3,2% requiere medidas correctivas menores para asegurar su estabilidad, el 6,3% del área presenta condiciones de inestabilidad y el 15% se encuentra en condiciones muy inestables. En condiciones pseudoestáticas, es decir considerando el efecto de actividad sísmica, el 47,5% comprende laderas con probabilidad muy alta de ocurrencia de deslizamientos, el 18,7% presenta una alta probabilidad, el 20% cuenta con una probabilidad moderada, el 13,6% del área presenta una baja probabilidad y solamente un 0,2% una muy baja probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. A partir de los datos anteriores, se determinó que el 68,1% del área de estudio debería ser utilizado para conservación, el 18,5% se podría usar para un desarrollo controlado, y únicamente el 13,5% corresponde con zonas aptas para el desarrollo. Las áreas fueron clasificadas como aptas para el desarrollo y para el desarrollo controlado y que se encuentran dentro del cañón del río Torres no deben ser utilizadas para este fin, las razón por las que fueron clasificadas de esa manera es porque cumplen con características como pendiente baja a moderada y probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de baja a moderada. Por esta razón, a pesar de que estas zonas presenten condiciones de estabilidad, no se recomienda bajo ninguna circunstancia utilizar para el desarrollo." (El destacado no es del original). De este informe lo que debe rescatarse es que establece que pese a que hay áreas que eventualmente podrían destinarse a un desarrollo, no es recomendable hacerlo del todo por encontrarse dentro del cañón del Río Torres. Haciendo entonces una análisis integral de la prueba en cuanto a las condiciones del terreno, el Tribunal concluye que pese a las aseveraciones del testigo perito Rodríguez Barquero en cuanto a la aptitud del mismo, hay prueba documental emitida por él mismo, por órganos técnicos de la Administración, como la CNE, el Ministerio de Salud, la misma Municipalidad de Montes de Oca y el estudio de FUNDEVI, que establecen desde un inicio los problemas que tenía el terreno, al estar situado en un cañón del Río Torres, con un suelo estar conformado por ceniza con un alto contenido de agua y la existencia de un talud, condiciones que naturalmente hacían poco recomendable que se desarrollara una urbanización de más de cien casas, para personas de escasos recursos que no iban a contar con medios propios o a través de financiamiento, para realizar obras de infraestructura apropiadas para mantener condiciones óptimas en sus viviendas y alrededores. Esta situación se hizo evidente desde el año 1994 y se fue agudizando con el tiempo, lo cual llevó a la declaratoria de inhabitabilidad de las casas de los accionantes. A continuación se analizará la posible responsabilidad de cada los codemandados, siempre dentro del régimen jurídico aplicable, para determinar si existe una relación causal entre los daños pretendidos y sus actuaciones, así como posibles eximentes de responsabilidad.
En primer lugar se va a analizar la responsabilidad del IMAS. Como se había indicado anteriormente, el Instituto decidió la adquisición del terreno y lo destinó al proyecto habitacional que culminó con la Urbanización Las Mansiones. No consta en el expediente que previo a la compra de la propiedad, el 24 de abril de 1987, así como con antelación a la decisión del Consejo Directivo CD-672, Acta 87-97, del 18 de noviembre de 1987, se haya realizado un estudio técnico que evaluara las condiciones del terreno para el desarrollo de la mencionada Urbanización. El primer informe técnico que se tuvo por acreditado, fue el realizado por INSUMA S.A. para Nombre36346 a finales de 1991 (258-91 del 23 de diciembre de 1991, al cual se hizo referencia en el anterior considerando). Por ello se considera que en las anteriores decisiones el IMAS no actuó con la debida diligencia en la escogencia del lugar idóneo. Cabe hacer la aclaración de que no se está impugnando las actuaciones previas del Instituto, por acción u omisión, pero sí es necesario hacer las anteriores observaciones, pues como anteriormente se indicó, el IMAS tiene la obligación de velar por el uso adecuado de los fondos públicos, así como por el cumplimiento de sus fines, sea la resolución de la pobreza, en este caso a través de la dotación de viviendas que sean idóneas con el fin de brindar una solución de vivienda permanente para las familias del proyecto. Posteriormente se hace la firma de la escritura de traspaso de las propiedades, con lo que la relación entre los accionantes y el IMAS se convierte en una de naturaleza contractual, regida por el Código Civil. El traspaso de un bien inmueble es una contrato oneroso, solemne, que se rige por los artículos 1049 y siguientes del mencionado Código, por lo que la responsabilidad que debe analizarse tiene la misma naturaleza, es decir contractual. Pese a que en términos generales este tipo de contratos es sinalagmático, por las circunstancias ya mencionadas en cuanto a que los adquirentes de los terrenos tenían una condición social vulnerable y que la solución de vivienda dependió en su momento de la ayuda que el IMAS y otras instituciones pudieran ofrecerles para la compra y construcción de sus viviendas, hace que se debilite su posición dentro de ese esquema contractual. Por otra parte, los informes técnicos que se elaboraron, fueron destinados al conocimiento de Nombre36346 o del mismo Instituto, por lo no existe prueba para acreditar que las condiciones del terreno eran por ellos conocidas al momento de la adquisición, lo que hace que la firma del contrato se haya realizado con total desconocimiento de la vulnerabilidad del terreno. No es sino hasta que empiezan los problemas de grietas que algunos de los actores comenzaron a buscar soluciones, las cuales no se concretaron y llevaron a la declaratoria de inhabitabilidad. Previamente, cuando se resolvió la excepción de prescripción, se indicó que el plazo de la misma empezó a correr a partir de esta declaratoria, aún cuando se hubieran hecho gestiones por parte de los actores para que se resolviera si situación, ya que la misma es la que constituye una situación jurídica consolidada que impide que se realice el fin con el que fue comprada la propiedad. Es criterio del Tribunal, que esta declaratoria realizada por el Ministerio de Salud, resulta en un vicio oculto para los adquirentes de la propiedad y que desmejora el bien al punto que lo hace inutilizable para el fin en que fue acordado su traspaso. Se reitera que los accionantes no tuvieron margen de negociación frente al IMAS en la escogencia de la cosa objeto del contrato y la desidia del Instituto en adquirir una propiedad sin que se hiciera un estudio técnico que valorara la funcionalidad del mismo para desarrollar una urbanización de más de cien viviendas de interés social, desembocó en que las casas construidas resultaran con problemas, algunas de ellas desde el principio y que todas fueran declaradas inhabitables. Los vicios ocultos están previstos en el artículo 1082 del Código Civil, que establece: “ La venta no podrá ser anulada por vicios o defectos ocultos de la cosa de los llamados redhibitorios, salvo si esos vicios o defectos envuelven error que anule el consentimiento, o si hay estipulación en contrario.” Es claro que en el presente caso no se está pretiendo la nulidad de contrato firmado entre las partes, sino la responsabilidad de los codemandados. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el desarrollo de este artículo ha resuelto que el mismo es suficiente para fundamentar pretensiones resarcitorias. Así lo ha indicado entre otras, en la resolución 77-95, de las quince horas treinta minutos del doce de julio de mil novecientos noventa y cinco: “Por su parte, la garantía de saneamiento o por vicios ocultos es un efecto natural del contrato de compraventa. Se refiere a la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida y que ésta sea apta para cumplir con la función para la que normalmente está destinada, es decir, que debe entregar la cosa en buen estado, sin vicios o defectos que hagan impropio, o afecten notablemente su uso normal. En cuanto a estos vicios, el artículo 1082 del Código Civil dispone que: "La venta no podrá ser anulada por vicios o defectos ocultos de la cosa de los llamados redhibitorios, salvo si esos vicios o defectos envuelven error que anule el consentimiento, o si hay estipulación en contrario." El artículo establece en realidad una acción de nulidad relativa o anulabilidad, basada en un vicio de la voluntad: el error. Dicha acción se funda en los vicios ocultos y en el error, conjuntamente. Aunque la venta no puede ser anulada por la sola existencia de los vicios ocultos, -salvo que constituya, además, error que anule el consentimiento-, siempre queda la posibilidad de la responsabilidad contractual común del vendedor, quien tiene la obligación de entregar la cosa en forma tal que cumpla su función normal a cabalidad; responsabilidad que podría derivar en una indemnización por daños y perjuicios, según la naturaleza del incumplimiento. Si el vendedor entrega la cosa con algún vicio o defecto que la haga impropia para su función normal o la desmejore, incurre en un incumplimiento contractual, de conformidad con los artículos 692, 693, 701, 702, 704 y 764 del Código Civil, este último en cuanto dispone que "el pago se hará bajo todos los respectos conforme al tenor de la obligación". Es una obligación implícita en la compraventa el entregar la cosa tal y como el comprador espera recibirla, de conformidad con lo acordado (764 y 1022 ibídem)." En el sub-júdice, no se ha solicitado la nulidad del contrato, ni tampoco su resolución. Se reclama la responsabilidad por el incumplimiento contractual, al no entregarse la casa adquirida con las especificaciones implícitas en el contrato. Los daños y perjuicios se produjeron, según la causa alegada por el [coactor] y la [coactora], como consecuencia del terremoto del 22 de diciembre de 1990. Antes, no se conocían los vicios ocultos de la edificación, ni tampoco habían sufrido lesión alguna en sus intereses. Por ello, los accionantes no podían ejercer alguna acción.” Habiéndose establecido entonces que los terrenos adquiridos por los actores poseían una condición que los hizo no aptos para cumplir con el fin para el que fueron adquiridos, habría que establecer si existe dentro de esta relación contractual algún eximente de responsabilidad. Dentro de un régimen de responsabilidad contractual son eximentes el caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa de la víctima (artículo 702 del Código Civil). Se ha invocado por la representación del IMAS, los propios de la responsabilidad objetiva de la Administración, los cuales son culpa de la víctima, hecho de un tercero o fuerza mayor, de acuerdo con el capítulo de responsabilidad de la LGAP antes citado. Aún cuando se entiende que éstos últimos no aplican, de igual forma se analizarán, con el fin de ver su aplicación respecto de los demás accionados. No se ha argumentado nada del caso fortuito, por lo que no se entra a considerar. La fuerza mayor sí ha sido invocada, pues se ha indicado que las condiciones del terreno han cambiado con el paso de los años, especialmente por la incidencia de los fenómenos de La Niña y el Niño. Es criterio del Tribunal que este eximente no es de recibo, pues desde los primeros estudios de INSUMA S.A., pasando por los realizados por la CNE y reforzados por el elaborado por el profesional Nombre147725 , según se detalló ampliamente en el resultando anterior, el terreno no era apto desde un inicio para el desarrollo en cuestión por tres aspectos: el primero serían sus circunstancias naturales, pues de trata del cañón de un río, con existencia de taludes verticales que implicarían inversiones sumamente altas para lograr la estabilidad deseada, con suelo de cenizas volcánicas y que además el método de construcción de las viviendas (autoconstrucción) no aseguraba el método óptimo para una edificación en circunstancias tan delicadas. El segundo: Se trataba de un desarrollo de viviendas de interés social, para familias de escasos recursos que imposibilitaba la inversión requerida. En tercer lugar, los problemas empezaron casi desde el inicio de la construcción, aunque hayan culminado con la declaratoria de inhabitabilidad después de la Tormenta Alma. El segundo sería la culpa de la víctima: pese a que pueden haber construcciones en las casas de los actores, no se acreditó mediante prueba idónea la existencia de las mismas, ni tampoco si eran éstas las causantes de los problemas que las aquejaron y que llevaron a la mencionada declaratoria, en el caso concreto de cada una de la casas objeto de este proceso. Como acaba de señalarse, los problemas comenzaron casi desde el inicio de las construcciones. Las partes hicieron mención a construcciones, garajes, alamedas convertidas en calles, pero son aspectos generales, sin que se hayan individualizado en los actores, por lo que se rechaza también ese argumento, al no haber sido demostrado de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 317 del Código Procesal Contencioso Civil, de aplicación supletoria en la materia contenciosa por disposición del artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo (carga de la prueba). Igual razonamiento habría que hacer respecto del hecho de un tercero, pues no se demuestra que ese solo aspecto haya sido el determinante para llevar a la inutilización de las casas en cuestión, cuando además hay prueba tan contundente en cuanto a la aptitud del terreno para el desarrollo urbanístico realizado. Por lo anterior, se concluye que el IMAS es responsable contractualmente por los vicios que llevaron a la declaratoria de inhabitabilidad de los actores Nombre4555 , Nombre147718 , Nombre4556 y Nombre4559 . Debe añadirse que esa responsabilidad persiste aún cuando el IMAS haya condonado las deudas de adquisición de las respectivas propiedades, pues fue una decisión unilateral de su parte y además los actores incurrieron en otro tipo de endeudamientos para construir sus viviendas con base en el contrato de compraventa ya realizado.
Valga recalcar una vez más, que la relación entre Nombre36346 y los actores es también de naturaleza contractual. Pese a que el convenio inicial se da entre el IMAS y la Fundación, ésta realizó labores de infraestructura (por lo menos instalación de red eléctrica) y lo más importante, brindó el asesoramiento técnico para la construcción de las viviendas mediante el sistema de “autoconstrucción”. Resulta claro que contrató informes técnicos para el estudio del suelo del terreno, por lo que desde un inicio era conocedora de la situación de la urbanización y que de acuerdo con el criterio de uno de sus funcionarios, Nombre147726 , quien es Ingeniero Civil y los informes de INSUMA S.A., los trabajos de estabilización de talud eran sumamente costosos, fuera del alcance de los propietarios de los terrenos y que inclusive se recomendaba desistir del proyecto. No obstante lo anterior decidió seguir adelante con la construcción de casas bajo la asesoría de uno de sus ingenieros, por lo que cabe endilgarle la responsabilidad pretendida por parte de los actores. La Fundación como organización tiene conocimientos suficientes para prever el resultado que podría tener a largo plazo esta Urbanización, por lo que se considera inaceptable que se excuse en supuestas faltas de los habitantes del lugar, cuando, se reitera, era conocedora de los problemas que ya al momento de la construcción lo afectaban. Se reiteran las consideraciones en cuanto a las eximentes de responsabilidad hechas con respecto al IMAS.
Las municipalidades tienen una serie de competencias en materia urbanística. En este caso específico intervino la Municipalidad cuando aprueba la urbanización a través del diseño del sitio y el visado de los planos para la segregación de los terrenos y en el momento en que otorga los permisos de construcción. Posteriormente, hay una obligación de continuar velando porque la Urbanización se mantenga de acuerdo con lo aprobado, esto quiere decir, velar porque no haya construcciones ilegales, que las zonas verdes se mantengan dentro de los límites establecidos, que haya limpieza en el lugar, pues en principio los propietarios contribuyen con los impuestos municipales y territoriales, así como el cuidado de bienes públicos demaniales, tanto municipales como estatales, como lo son precisamente las zonas verdes y los retiros del río. Esta obligación es aún mayor cuando se trata de una zona que en principio puede ser vulnerable por su condición geográfica tantas veces repetida: la existencia de taludes y la cercanía con el río Torres. No puede excusarse la Municipalidad en las eximentes de responsabilidad ya analizadas, así como tampoco en la circunstancia de que la Urbanización no estuviere recibida, pues de acuerdo con el artículo VI.6 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, la recepción de la Urbanización es para efectos de control de que se hayan cumplido con todos los requisitos. Más bien, el hecho de que no se hubiere procedido a su entrega por parte del IMAS, si bien es achacable al Instituto, también supone una omisión reprochable de la Municipalidad. Pese a que no se están impugnando actos concretos en cuanto al visado de planos o de aprobaciones, si hay una omisión en cuanto a no haber actuado en protección de los intereses de sus habitantes, pese a las recomendaciones hechas en su momento por la Defensoría de los Habitantes y de otros órganos, por lo que también se declara su responsabilidad objetiva respecto a la declaratoria de inahabitabilidad de la vivienda de los actores.
El Banco ha esgrimido como principal argumento, que son una entidad de financiamiento de segundo piso, en el sentido de que por la Ley de Sistema Financiero de la Vivienda, no están autorizados a otorgar créditos en forma directa a los beneficiarios, por lo que tienen que actuar en este caso, a través de las entidades autorizadas, sean las mutuales que otorgaron los créditos y que no fueron demadadas. En efecto el artículo 9 de la mencionada ley establece: “Artículo 9º-El Banco Hipotecario de la Vivienda no estará facultado para hacer operaciones financieras directamente con el público. Conforme con esta Ley, las entidades autorizadas y las instituciones, públicas o privadas, dedicadas al financiamiento de vivienda podrán conceder préstamos a las personas calificadas como usuarios del Sistema, para la construcción, o adquisición de viviendas o la adquisición de lotes. Sin embargo, podrán participar en operaciones de compra de activos hipotecarios o de activos financieros de otro tipo a las entidades autorizadas, tendientes a generar operaciones de titularización hipotecaria, operaciones fiduciarias o de cualquier otro tipo, que permitan la movilización de dichos activos para generar nuevos recursos financieros. Los activos hipotecarios o financieros en general que compre o adquiera el Banco Hipotecario de la Vivienda según esta disposición, serán fideicometidos en la forma que establezcan los respectivos reglamentos del Sistema y los correspondientes contratos, de acuerdo con la necesidad de la operación.” En virtud de lo anterior, coincide el Tribunal en que la obligación de verificar las condiciones del terreno para el otorgamiento de los créditos correspondía a quienes tuvieron las relación directa con los beneficiarios y que en este caso fueron las mutuales que en su momento otorgaron los créditos. Por ello, en relación al Banco, se acoge la excepción de falta de derecho y se declara sin lugar la demanda.
XVII: DE LA CONDENA SOLIDARIA: De acuerdo con las razones expuestas en los anteriores considerandos, se proceda a condenar al IMAS, a Nombre36346 y a la Municipalidad de Montes de Oca, en forma solidaria al pago de los daños materiales derivados de la declaratoria de inhabitabilidad de las viviendas de las actoras: Nombre4555 , Nombre4556 , Nombre4559 y Nombre147718 , los cuales incluyen: valor del terreno y valor de la construcción original realizada bajo la asesoría de FUPROVI, así como de cualquier otra construcción realizada con los respectivos permisos municipales, debidamente indexados, los cuales serán liquidados en ejecución de sentencia. Respecto al daño moral subjetivo, considera esta Cámara que las actoras han sufrido daños en sus esfera emocional por la declaratoria de inhabitabilidad de sus respectivas viviendas, lo cual implica tener que salir de las mismas, por lo que se condena al pago de tres millones de colones, por ese concepto para cada una de las actoras, en razón de un millón de colones por cada una de los entes condenados. En cuanto al daño moral objetivo, consistente en la afectación a la imagen o al honor de las personas, el cual implica un menoscabo patrimonial y que como tal, debe ser acreditado, no se encuentra el mismo argumentado y muchos menos probado, por lo que se deniega. El Tribunal hace suyas las preocupaciones expresadas por el representante del BANHVI, en cuanto a la situación legal de las fincas de las actoras, por cuanto las mismas en principio continuarán a nombre de las mismas, pese a que no se puede realizar ninguna construcción en el lugar. Se insta a que el IMAS y la Municipalidad de Montes de Oca procedan a la mayor brevedad a recuperar los terrenos y ejecutar las órdenes de inhabitabilidad con el fin de proteger la integridad de las demandantes y destinar los terrenos a los fines que técnicamente se recomienden.
XVIII: DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO INTERPUESTAS POR EL IMAS, Nombre36346 Y LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA: De acuerdo con lo resuelto, se procede a rechazar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por Nombre36346. Por la forma en que se resuelve, se acoge parcialmente la de falta de derecho interpuesta por la Fundación, el IMAS y la Municipalidad de Montes de Oca.
Respecto al señor Nombre4554 , al haber sido declarada inadmisible su demanda, pero teniendo en cuenta que ha habitado en la propiedad y que en principio ostenta un derecho sobre la misma, se procede a resolver sin condenatoria en costas. En relación al BAHNVI, al haber sido declarada sin lugar la demanda en su contra, pero teniendo también en cuenta de que los actores contaron con un bono familiar en su momento, por lo que fue necesario llegar al fondo del asunto para resolver acerca de su situación, se resuelve sin condenatoria en costas. Respecto del IMAS, de Nombre36346 y de la Municipalidad de Montes de Oca, al haber sido acogida la demanda en su contra de lase señoras Nombre4555 , Nombre4556 , Nombre4559 y Nombre147718 , se condena a las accionadas al pago de ambas costas del proceso.
POR TANTO
Se acoge la excepción de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por las codemandadas en contra de Nombre4554 . Respecto a él se declara inadmisible la demanda y se resuelve sin condenatoria en costas. Se rechaza la excepción de prescripción opuesta por el Banco Hipotecario de la Vivienda, la Fundación Promotora de la Vivienda y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Se declara con lugar la excepción de falta de derecho interpuesta por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Se declara sin lugar la demanda interpuesta en su contra por Nombre4555 , Nombre4556 , Nombre4559 y Nombre147718 . A este respecto se resuelve sin condenatoria en costas. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho interpuesta por el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Fundación Promotora de la Vivienda y la Municipalidad de Montes de Oca. Se acoge parcialmente la demanda interpuesta por Nombre4555 , Nombre4556 , Nombre4559 y Nombre147718 , en contra del Instituto Mixto de Ayuda Social, la Fundación Promotora de la Vivienda y la Municipalidad de Montes de Oca, entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente. Se condena en forma solidaria a los mencionados Instituto, Fundación y Municipalidad, al pago de los daños y perjuicios provenientes de la declaratoria de inhabitabilidad de las viviendas de las actoras en los siguientes términos: pago para cada de las accionantes del valor del terreno y valor de la construcción original realizada bajo la asesoría de FUPROVI, así como de cualquier otra construcción realizada con los respectivos permisos municipales, debidamente indexados, los cuales serán liquidados en ejecución de sentencia. De igual forma se les condena al pago del daño moral subjetivo, en la suma de tres millones de colones para cada una de las demandantes, en razón de un millón de colones por cada una de las condenadas, a la vez que se les condena al pago de ambas costas del proceso.
Rosa Cortés Morales Nombre18366 Paulo Alonso Soto Resolución 62-2015-VIII Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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