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Res. 00051-2015 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · 26/05/2015
OutcomeResultado
The caducity of INDER's administrative sanctioning proceedings was declared due to inactivity exceeding six months; all actions were declared absolutely null and void, and the parcel's ownership was ordered restored to the plaintiffs.Se declaró la caducidad de los procedimientos administrativos sancionadores del INDER por inactividad superior a seis meses, la nulidad absoluta de lo actuado y se ordenó restituir la titularidad de la parcela a los demandantes.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court, Section VII, upheld the claim filed by two parcel holders from the El Manú settlement in Sarapiquí against the Rural Development Institute (INDER). INDER had initiated two administrative sanctioning proceedings (files 052-06 and 005-09) to revoke the land grant and annul the property title based on alleged negligence in farming and payment default. The Court found that both proceedings remained inactive for more than six months without effective procedural impetus from the Administration, triggering the caducity (lapse) set forth in Article 340 of the General Public Administration Law. Moreover, due process was violated because the oral and private hearings required by law were never held, undermining the plaintiffs' right to defense. Consequently, the Court declared the entire proceedings absolutely null and void, including the warnings, and ordered the cancellation of the registry entry that had reverted ownership to INDER, restoring the title to the plaintiffs.El Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII declaró con lugar la demanda interpuesta por dos adjudicatarios de una parcela del asentamiento El Manú en Sarapiquí, contra el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El INDER había iniciado dos procedimientos administrativos sancionadores (expedientes 052-06 y 005-09) para revocar la adjudicación y anular el título de propiedad por supuesta negligencia en la explotación e incumplimiento de pagos. El Tribunal determinó que ambos procedimientos estuvieron paralizados por más de seis meses sin impulso procesal efectivo por parte de la Administración, configurando la caducidad prevista en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública. Además, se constató la violación del debido proceso por no haberse realizado las audiencias orales y privadas exigidas por la ley, lo que menoscabó el derecho de defensa de los actores. En consecuencia, se declaró la nulidad absoluta de todo lo actuado, incluyendo las amonestaciones, y se ordenó cancelar la inscripción registral que revertió la propiedad a favor del INDER, restituyendo la titularidad a los demandantes.
Key excerptExtracto clave
Upon careful review of the record, it must be noted that from the issuance of the acts initiating the two administrative sanctioning proceedings brought by the former IDA against the plaintiffs on December 8, 2006, and March 18, 2011, until the final resolution of November 4, 2012 — the final act of one of the two proceedings (it is not specified which one, and the Court so notes, since there is no resolution in the record ordering the joinder of the administrative proceedings under numbers 05-09 and 052-06) — had any action been taken aimed at the effective continuation of the administrative sanctioning proceeding, the six-month inactivity period provided for in the applicable legislation would undoubtedly have elapsed. From the foregoing, it is evident to this Court that there was inactivity in the revocation and nullity-of-title proceeding conducted under administrative files 05-09 and 052-06 before the Heredia Regional Office of the Rural Development Institute, due to fault exclusively attributable to the defendant entity. Moreover, the documentation submitted to the record under the alleged administrative file reveals a complete disorder in the handling of such proceedings and the absence of any record certifying aspects as important in this dispute as the resolution ordering the joinder of the two proceedings or the minutes drawn up had the oral and private hearing been held in either proceeding. The paralysis of the proceedings is exclusively attributable to the Administration, and it is not possible to argue that the remedies and defenses filed are extensive and/or excessive, since they were exercised in accordance with the provisions of the legal system, and there was rather an obligation on the part of the Administration to resolve them properly. On the contrary, a complete abandonment in the proper processing and examination of this matter is evident, as it was left inactive due to inertia — there being no explanation whatsoever to justify this situation. Additionally, this Court cannot overlook that in the present case there have been flagrant violations of the procedural steps provided for in current legislation, as well as of the constitutional rights to due process and defense held by the plaintiffs, since the failure to hold, in either of the two proceedings, the oral and private hearing provided for in Article 309 et seq. of Law No. 6227, the General Public Administration Law, undoubtedly and most seriously impaired the right of both Mr. Nombre126524 and Mrs. Nombre126523 to present in such hearing the evidence they deemed appropriate, also curtailing the possibility of broadly setting forth the arguments they considered timely in support of their positions.Revisados con cuidado los autos, se debe indicar que desde la emisión de los actos de iniciación de los dos procedimientos administrativos sancionadores iniciados por el otrora IDA en contra de los accionantes, en fechas 08 de diciembre del 2006 y 18 de marzo del 2011, y el dictado de la resolución final de fecha 04 de noviembre del 2012, acto final de alguno de ambos procedimientos (-no se indica de cuál y además lo consigna de esta forma el Tribunal, al no existir en autos la resolución que ordenara la acumulación de los procedimientos administrativos tramitados bajo los números 05-09 y 052-06-), se hubiese realizado alguna actuación tendiente a la efectiva prosecución del procedimiento administrativo sancionador, sin duda había transcurrido el plazo de seis meses de inactividad previsto para el caso concreta en la legislación vigente. De lo reseñado, resulta evidente para este Tribunal que existió en la especie, una inactividad en el procedimiento de revocatoria de la adjudicación y nulidad del título de propiedad que se siguiera bajo los expedientes administrativos 05-09 y 052-06 ante la Dirección Regional Heredia del Instituto de Desarrollo Rural, por culpa exclusivamente atinente a la entidad accionada, a lo cual se suma que dentro de la documentación aportada a los autos bajo el supuesto expediente administrativo, se evidencia un absoluto desorden en la tramitación de tales procedimientos y la inexistencia de algún registro que acredite aspectos tan importantes dentro de esta litis, como la resolución que ordenó la acumulación de ambos procedimientos o bien, las actas levantadas en caso de haberse realizado la audiencia oral y privada en alguno de ambos procedimientos. La parálisis de los trámites resulta exclusivamente atribuible a la Administración, sin que sea posible esgrimir que los recursos y defensas opuestas son extensos y/o excesivos, toda vez que los mismos son ejercidos conforme a las previsiones del ordenamiento jurídico, existiendo más bien obligación de parte de la Administración de su debida resolución. Más bien se evidencia un total abandono en cuanto al tramitar y estudiar de la debida forma este asunto, que por inercia -por no existir explicación alguna que justifique esta situación-, se dejó inactivo. Adicionalmente, no puede obviar este Tribunal que en la especie se han producido flagrantes violaciones al íter procedimental previsto por la legislación vigente, así como también a los derechos constitucionales del debido proceso y de defensa que ostentaba la parte actora, pues el hecho de no llevar a cabo en ninguno de ambos procedimientos, la audiencia oral y privada prevista por los numerales 309 y siguientes de la ley No. 6227 Ley General de la Administración Pública, sin duda alguna menoscabó de forma sensibilísima el derecho que ostentaba tanto don Nombre126524 como doña Nombre126523, de evacuar en ella la prueba que estimaran procedente, coartando también la posibilidad de exponer con amplitud las alegaciones que consideraran oportunas en sustento de sus posiciones.
Pull quotesCitas destacadas
"Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo..."
"When the proceeding is paralyzed for more than six months by reason of a cause exclusively attributable to the interested party who promoted it or to the Administration that initiated it, either ex officio or by complaint, caducity shall occur and the file shall be ordered archived..."
Artículo 340 de la LGAP, citado en el Considerando VI
"Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo..."
Artículo 340 de la LGAP, citado en el Considerando VI
"La garantía del debido proceso es -en esencia- una de carácter instrumental, en el tanto resulta ser el medio idóneo para el efectivo ejercicio del derecho de defensa..."
"The guarantee of due process is essentially instrumental, insofar as it is the ideal means for the effective exercise of the right to defense..."
Considerando VI
"La garantía del debido proceso es -en esencia- una de carácter instrumental, en el tanto resulta ser el medio idóneo para el efectivo ejercicio del derecho de defensa..."
Considerando VI
"...el hecho de no llevar a cabo en ninguno de ambos procedimientos, la audiencia oral y privada prevista por los numerales 309 y siguientes de la ley No. 6227... menoscabó de forma sensibilísima el derecho... de evacuar en ella la prueba que estimaran procedente..."
"...the fact that the oral and private hearing provided for in Article 309 et seq. of Law No. 6227 was not held in either of the two proceedings... most seriously impaired the right... to present in such hearing the evidence they deemed appropriate..."
Considerando VI
"...el hecho de no llevar a cabo en ninguno de ambos procedimientos, la audiencia oral y privada prevista por los numerales 309 y siguientes de la ley No. 6227... menoscabó de forma sensibilísima el derecho... de evacuar en ella la prueba que estimaran procedente..."
Considerando VI
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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII Clase de asunto: Proceso contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Procedimiento administrativo disciplinario Subtemas: Análisis sobre principios, requisitos y respeto al debido proceso. Temas (descriptores): Debido proceso en sede administrativa Subtemas: Aplicación en el procedimiento administrativo sancionatorio. Sentencias en igual sentido Proceso de Puro Derecho.
Actor: Nombre126523 y otro .
Demandado: Instituto de Desarrollo Rural.
No. 051-2015.
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SÉTIMA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, at thirteen hours and fifteen minutes on the twenty-sixth of May, two thousand fifteen.
Administrative contentious proceeding filed by Nombre126524 , with identity card CED117920 and Nombre126523 , with identity card CED117921, both farmers and residents of Alajuela, represented by their special judicial attorney-in-fact Geovanny Retana Madriz, attorney, with identity card CED117922, resident of San José, against the Instituto de Desarrollo Rural, represented by its general judicial attorney-in-fact Carlos García Anchía, attorney, with identity card CED116652, resident of Alajuela. All are of legal age.
RESULTANDO
1. With the present matter, the plaintiff party seeks that the judgment declare: "(...) B) That the resolution opening procedure 052-09 issued by the Institute at 10:00 a.m. on December 8, 2006, is absolutely null because the admonition procedure was not previously carried out, nor was the place, time, and day set, as provided by law, for holding the private hearing; // C) That the procedure initiated by the previous opening, having remained at a standstill for more than six months due to fault attributable to the Institute, is expired by operation of law; // D) That the resolution issued by the Institute at 8:05 a.m. on March 9, 2009, opening a new file, 005-09, is absolutely null for violating due process, because the prior admonition established in Article 68 of Law 2825 was not carried out; // E) That the single admonition contained on folio 59 of the file, dated July 15, 2010, is not valid and does not have the virtue of correcting the prior requirement established in Article 68 ibidem, and therefore it is absolutely null; // F) That the resolution issued by the Institute at 10:00 a.m. on March 18, 2011, reopening file 052-09 is absolutely null because it likewise does not demonstrate the existence of a prior admonition within that file, and furthermore it was issued within a proceeding that had already expired by operation of law; // G) That the final resolution issued by the Institute at 2:00 p.m. on November 4, 2011, is absolutely null, because it was issued within file 005-09, in which a prior admonition to the opening of the proceeding never occurred, since the admonition made on July 15, 2010, was carried out more than one year after the illegal opening of the file, and such defect cannot be remedied; // H) That the previously described resolution is absolutely null because it does not state, nor does the file record, that the private evidentiary hearing was held, nor does it resolve the allegations of due process violations contained in the report on folio 74; // I) That as a consequence of the foregoing, the official letter sent to the Public Registry to revert ownership of the property in favor of the Institute is absolutely null and therefore the property must be returned to my represented parties; // J) That the Institute must pay both costs of this action." (See folios 012 to 023 and 136 to 138 of the judicial file, as well as the digital recording of the preliminary hearing held).
2. Having been duly served with the complaint, the Instituto de Desarrollo Rural (hereinafter INDER) answered the lawsuit in the negative and raised the defenses of lack of right and lack of present interest (see folios 044 to 064 and 136 to 138 of the judicial file, as well as the digital recording of the preliminary hearing held).
3. The preliminary hearing established in Articles 90 to 98 of the Código Procesal Contencioso Administrativo was held at 8:25 a.m. on January 15, 2015, in which the plaintiff's claims were finalized as they were set forth in the first finding of fact of this resolution; the present matter was declared one of pure law; and the parties present proceeded to present their closing arguments (see folios 136 to 138 of the record and the digital recording of the preliminary hearing held).
4. The required procedural prescriptions and time limits have been observed in these proceedings, and no defects, errors, or omissions capable of causing the nullity of what has been done or defenselessness to the parties are perceived. This resolution is issued within the time limit permitted by the workload of the Court, following the required deliberations and by unanimous decision of the Tribunal.
Drafted by Judge Quesada Vargas; and,
CONSIDERANDO
PROVEN FACTS. The following facts, important for the resolution of this matter, are considered duly accredited, based on the evidence cited in their support: 1. That the plaintiffs here are adjudicatees of parcel No. 06 of the settlement (asentamiento) El Manú, located in Sarapiquí, granted by the Instituto de Desarrollo Rural, formerly IDA. (fact not disputed by the parties). 2. That through official letter No. OSH-0274-06 of April 5, 2006, issued by the Horquetas Subregional Office of the Instituto de Desarrollo Agrario, an admonition (amonestación) was issued against the plaintiffs, in their capacity as possessors of parcel No. 6 of the settlement (asentamiento) El Manú, which was notified to the plaintiffs on May 11, 2006 (see folios 01 to 04 of the administrative file). 3. That through official letter No. OSH-0479-06 of August 16, 2006, issued by the Horquetas de Sarapiquí Subregional Office, it was indicated that the opening of an ordinary administrative proceeding was recommended for the revocation of the adjudication and the nullity of the title to the gentlemen Nombre126524 and Nombre126523 , regarding the property registered under real folio registration number Placa30499 (see folios 05 to 06 of the administrative file). 4. That through an unnumbered resolution, at 10:00 a.m. on December 8, 2006, issued by the Heredia Regional Office of the former Instituto de Desarrollo Agrario—hereinafter IDA—, administrative proceeding No. 052-06 was initiated against the plaintiffs, which was notified to them on March 9, 2007 (see folios 016 to 020 of the administrative file). 5. That at 2:30 p.m. on March 12, 2007, Mr. Nombre126524 appeared at the Horquetas de Sarapiquí Subregional Office of the IDA to testify under oath regarding the use he was giving to the parcel and expressed his willingness to reach a payment arrangement with the IDA regarding certain sums owed by him (see folios 021 and 022 of the administrative file). 6. That Mr. Nombre126524 appeared at the Horquetas de Sarapiquí Subregional Office of the IDA on May 31, 2007, to designate a place for receiving notifications (see folio 024 of the record). 7. That through an official letter received on October 4, 2007, the plaintiffs proposed a payment arrangement to the IDA, offering to pay the sum of ₡125,000.00 colones monthly, a proposal that was accepted by said entity (see folios 030 to 032 of the administrative file). 8. That through official letter No. UI-046-09 dated January 21, 2009, the Treasury Area of the IDA notified the Horquetas Subregional Office that it had not received any request for a payment arrangement regarding parcel No. 6 (see folio 033 of the administrative file). 9. That through official letter No. OSH-0048-09 dated February 13, 2009, issued by the Horquetas de Sarapiquí Subregional Office and addressed to the Legal Advisory Office of the Heredia Regional Directorate, "the reopening of the administrative proceeding initiated against the plaintiffs, on the grounds of non-compliance without justified cause with the payment obligations contracted with the Institute" was requested. (see folios 035 to 037 of the administrative file). 10. That through an unnumbered resolution, at 8:05 a.m. on March 9, 2009, administrative proceeding number 005-09 was initiated for the revocation of the adjudication of the parcel, against the plaintiffs, a resolution that was notified to them on March 18, 2009 (see folios 038 to 042 of the administrative file). 11. That through an unnumbered official letter, received on April 3, 2009, Mr. Nombre126524 provided payment receipts for his obligations to the Institute, claiming that he was up to date (see folios 043 to 047 of the administrative file). 12. That through official letter No. UI-191-09 of March 24, 2009, the Income Unit of the Treasury Area of the IDA indicated that Mr. Nombre126524 had paid seven installments of his debt to the entity (see folios 048 to 056 of the administrative file). 13. That through official letter No. OSH-0434-2010 of July 15, 2010, issued by the Horquetas de Sarapiquí Subregional Office of the Instituto de Desarrollo Agrario, a single admonition (amonestación única) was issued for the gentlemen Nombre126524 and Nombre126523 , given that the adjudicatees do not inhabit the property or its surroundings; the parcel shows a livestock development model of extensive cattle ranching with dual-purpose cattle—breeding and development—which does not provide an adequate productive level to meet the economic obligations of its owners to the Institute and to cover the basic needs of their family; furthermore, the agro-productive development is incipient. (see folios 057 to 062 of the judicial file). 14. That through official letter No. DRH-652-2010 of September 13, 2010, issued by the Director of the Heredia Region of the Instituto de Desarrollo Agrario and addressed to the Legal Advisor of the Heredia Region of the same institute, it was indicated, where relevant: "(...) Please proceed with the pertinent procedural stage in the revocation proceeding for parcel No. 06 of the settlement (asentamiento) El Manú, against the gentlemen Nombre126524 and Nombre126523 (...), according to administrative file No. 005-09 and 052-06. // You are also requested to duly complete the file and chronologically order both files, as well as to consolidate (acumulación) the files, since there is no technical reason for the case to be handled in two files. (...)". (See folio 49 of the administrative file). 15. That through an unnumbered resolution dated March 18, 2011, an administrative proceeding was initiated against the plaintiffs, which would be processed under file No. 052-06. In said resolution, they are summoned to the oral and private hearing to be held on April 12, 2011, a resolution that was notified to them on March 30, 2011 (see folios 066 to 069 of the administrative file). 16. That through Article No. 53 of ordinary session No. 027-2011 of July 26, 2011, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario decided to revoke the adjudication and declare the nullity of the property title for parcel No. 6 in favor of the plaintiffs here, for negligence or manifest ineptitude of the adjudicatee in the exploitation of the parcel, according to Article 68, paragraph 4, subparagraph c of Law No. 2825. To notify the Public Registry of the nullity of the property title for the farm in the Heredia district (partido) with real folio registration number Placa30500 and to revert said property to the name of the IDA. To order the eviction of the plaintiffs here from the Dirección15393 , to appraise improvements, and to proceed to adjudicate the property to whoever requires it. The record does not show that said resolution was duly notified to the plaintiffs (see folios 076 to 099 of the administrative file). 17. That the final resolution of the administrative proceeding against the plaintiffs here was issued at 2:00 p.m. on November 4, 2011 (see folios 095 to 099 of the administrative file). 18. That through a brief dated March 12, 2012, and received on March 13 of the same year, the plaintiffs filed an appeal (recurso de apelación) before the Legal Department of the Heredia Regional Directorate of the IDA, against the resolution issued at 2:00 p.m. on November 4, 2012 (see folios 104 to 106 of the administrative file). 19. That the appeal (recurso de apelación) filed was admitted for consideration before the Tribunal Superior Agrario of the Second Judicial Circuit of San José (see folio 110 of the administrative file). 20. That the appeal (recurso de apelación) filed was rejected by resolution No. 1251-F-12 at 5:25 p.m. on September 28, 2012, issued by the Tribunal Agrario of the Second Judicial Circuit of San José, which upheld the appealed resolution (see folios 114 to 120 of the administrative file). 21. That on January 14, 2013, the defendant entity issued an official letter to the National Registry, to the effect that the property title existing in the name of the plaintiffs for the farm in the Heredia district (partido), registered under real folio registration number Placa30500, be annulled and that said property be re-registered in the name of the Instituto de Desarrollo Rural—formerly IDA—, which is what happened (see folios 0127 to 135 of the administrative file).
II.UNPROVEN FACTS. The following are considered as such: 1. That the Instituto de Desarrollo Rural effectively ordered and carried out the consolidation (acumulación) of the administrative proceedings processed under file numbers 005-09 and 052-06 against the gentlemen Nombre126524 and Nombre126523 (there is no evidence in the record to this effect). 2. That the consolidation (acumulación) resolution for both administrative proceedings was duly notified to the plaintiffs here (there is no evidence in the record to this effect). 3. That within the administrative proceedings processed under file numbers 05-09 and 052-06, the oral and private hearing provided for in numerals 309 and following of the Ley General de la Administración Pública was held (there is no evidence in the record to this effect). 4. That the final resolution issued within the administrative proceeding at 2:00 p.m. on November 4, 2011, was notified to the plaintiffs (there is no evidence in the record to this effect). 5. That resolution No. 1251-F-12 at 5:25 p.m. on September 28, 2012, issued by the Tribunal Agrario of the Second Judicial Circuit of San José, which upheld the appealed resolution and rejected the vertical appeal (recurso vertical) filed by the plaintiffs, was notified to the plaintiffs (there is no evidence in the record to this effect). 6. That the final resolution issued within the administrative sanctioning proceeding on November 4, 2012, was effectively notified to the plaintiffs (there is no evidence in the record to this effect). 7. That between the act opening the administrative sanctioning proceeding processed under file No. 05-09, corresponding to the resolution of March 18, 2011, and the issuance of the final resolution of the proceeding, dated November 4, 2012, any action aimed at the effective prosecution of the administrative proceeding was carried out (there is no evidence in the record to this effect). 8. That between the act opening the administrative sanctioning proceeding processed under file No. 052-06, corresponding to the resolution at 10:00 a.m. on December 8, 2006, and the issuance of the final resolution dated November 4, 2012, any action aimed at the effective prosecution of the administrative proceeding was carried out (there is no evidence in the record to this effect).
III.Arguments of the parties. The plaintiff party alleges, in support of its action and in summary form: That they were beneficiaries and adjudicatees of the defendant Institute, to whom parcel number SIX of the Project (Proyecto) El Manú, located in Horquetas de Sarapiquí, Heredia, was transferred, with the property corresponding to real folio registration number Placa30501 sub-registrations Placa30502, respectively. Said parcel was transferred to them on September 24, 1999, for the sum of ₡1,928,356, of which they have already paid more than one million colones. When adjudicating said parcel to them, INDER never told them what they should dedicate the property to, that is, what type of agricultural and livestock production, and they were only told it was land for agriculture, as indicated by the National Registry; nor were they told what the State's help and contribution would be to facilitate the rational exploitation of the parcel and the marketing of their products, and they were never given technical or economic assistance. Due to the poor infrastructure conditions in the settlement (asentamiento), they were forced to work their properties in whatever they could, as they had no water or electricity. Despite this, INDER has been demanding that they engage in commercial exploitation of the land, although they have no infrastructure for it. By resolution at 10:00 a.m. on December 8, 2006, a proceeding was initiated against them under file No. 052-06 to revoke their rights and annul their title for being negligent in the exploitation and falling behind in payment. A date for the private hearing or for the offering and examination of evidence was never set. On September 23, 2007, they submitted a payment arrangement that was accepted according to official letter AT-099-2008 of March 5, 2008, and from the date of opening the proceeding until that date nothing had been done, causing the proceeding to expire. Without the "process" being concluded, through a resolution from the Legal Department of the Heredia Regional Office, another proceeding was opened by resolution at 8:05 a.m. on March 9, 2009, under a different file number, 005-09, for negligence and ineptitude and non-payment, based on official letter No. OSH-0048-09 of February 13, 2009, which requests that the first proceeding be continued. Article 68 of Law No. 2825 was not complied with, as there was no prior admonition (amonestación previa) before opening the proceeding. Through official letter No. UI-191-09 of March 24, 2009, it was indicated that Mr. Nombre126524 had indeed made the payments but that they had not been reported to the income unit or entered into the system. It was also indicated that there were 7 more payments for that parcel. On July 15, 2010—as recorded on folio 59 of the administrative file—, an admonition (amonestación) was issued against their represented parties, since in the opinion of the person in charge, the livestock production on the parcel was not adequate, an admonition that was communicated to their represented parties on July 16, 2010. On April 5, 2011, the plaintiffs submitted to the Institute a justification for why they could not invest more in the parcel. On March 18, 2011, a new resolution was issued opening a new administrative proceeding, for ineptitude or negligence in the exploitation of the parcel, based on regional report No. OSH-0045-2001 of February 3, 2011, which requests that the revocation procedure for the plaintiffs be continued, expressly stating that the "process" is being conducted under already-expired file No. 052-06. Through official letter No. OSH-0224-2011, the documents in which the plaintiffs alleged a due process violation and the nullity of the proceeding were sent to the Regional Director. On November 4, 2011, with the 3 opened files having expired, a final resolution was issued without the private hearing to examine evidence having been held. It stated that the plaintiffs did not demonstrate that they had complied with the correct exploitation of the parcel, despite the fact that it was demonstrated that bovine production existed on the property. This final resolution refers only to administrative file No. 005-09. Against what was decided by the Board of Directors, the plaintiffs filed an appeal before the improper hierarchical superior—Tribunal Agrario—, raising substantive aspects of the parcel itself that INDER did not assess. The Tribunal Agrario did not proceed to analyze all the procedural violations and confirmed the revocation of the adjudication to the plaintiffs in the decision (voto) at 5:25 p.m. on September 28, 2012. Through an official letter of February 13, 2013, sent to the Registry, the farm was registered in the name of INDER. Based on these facts, they assert that file No. 052-06 was never properly processed or advanced by INDER. It was not until the resolution of March 18, 2011, five years later, that, under the same file, the plaintiffs were again charged with facts different from those alleged in the resolution of December 8, 2006. There is no activity indicating that the proceeding had not expired. Then INDER opened another file under number 005-09 for the same facts, which did not see any activity, and there is no record that the respective hearing was held. The final resolution is a hybrid of several files, in which there is no clarity about the facts charged, the evidence examined, and the plaintiffs' arguments were not analyzed. They maintain that, in accordance with Article 340 of the Ley General de la Administración Pública, the proceeding had expired. In addition to being vitiated by nullities violating due process, according to Article 308 and following of the same law. That the plaintiffs were left in a state of defenselessness because three opening resolutions were issued, two in the same administrative file but 5 years apart; and another that, although with the same arguments, was opened within the same file originally opened, to give it continuity, without the law providing for this. They assert that the right to a correct imputation and notification of the facts and existing evidence was violated, and proof of this is that different proceeding openings were issued, and in the one numbered 005-09, according to the final resolution, the admonition (amonestación) established in Article 68 of Law No. 2825 was never carried out, but rather it was done in July 2010, according to folios 57, 58, and 59 of the administrative file, that is, when proceeding No. 005-09 was already open. And to further complicate the situation, it is this admonition that was used in the final resolution of file No. 005-09 so that, by alleging its non-compliance, the plaintiffs' rights are revoked. For its part, the representation of INDER points out that: through Law No. 2825 of October 14, 1961, and its reforms, and the Reglamento de Selección de Beneficiarios in its Article 72, it supports the adjudication of parcels, and the beneficiary's obligation is to give them the use and purpose for which they were granted, so they must work the land according to Articles 54, 65, and 66 of Law 2825. It affirms that it began with official letter DRH-652-010 of September 13, 2010, where it is requested to consolidate (acumular) the two files No. 005-09 and 052-06. It is within file No. Placa30503 that INDER issues the final resolution. It maintains that the consolidation (acumulación) was done for procedural economy, as it involved the same parties, the same subject matter, and the same cause of action. That the record does not show that the plaintiffs opposed the consolidation (acumulación), nor that they alleged a violation of due process and the nullity of the proceeding. On folio 74 of the administrative file, official letter No. OSH-224-2011 of April 12, 2011, can be observed. Therefore, it considers that INDER has acted in accordance with the law, respecting the right of defense and due process. Regarding the procedure for revocation and nullity of the title, it points out that the plaintiffs have not fulfilled the purposes for which the parcel was granted to them. Furthermore, that the expiration (caducidad) of the proceeding was never alleged within the administrative file. It also cites numeral 340 of the Ley General de la Administración Pública and argues that for expiration (caducidad) to occur, three conditions must be met: that the matter is in a state of procedural abandonment or inactivity; that said standstill is the fault of the administration—if it was initiated ex officio—, or the fault of the administrated party—when the process was established at the instance of a party—; and that it has been at a standstill for more than 6 months. It points out that on September 24, 1999, parcel number 6 of the settlement (asentamiento) was adjudicated to the plaintiffs, with a fiscal value of ₡1,982,356.00 colones, with the limitations beginning on September 24, 1999, and expiring on September 24, 2024. It cites resolution No. 2006-1806 at 2:55 p.m. on February 15, 2006, of the Sala Constitucional. It states that ownership of the parcel is not acquired with the delivery of the title, but rather other conditions must be met for said title to be effective, for example, the actual and effective payment of the property's price and that the 15-year limitation period has elapsed, limitations which it estimates have not yet expired in the case of the plaintiffs, meaning the property cannot be disposed of in an unrestricted manner. Regarding the payment of one million colones, it considers that no proof of this was provided in the record. It maintains that from the moment the plaintiffs are adjudicatees of the parcel, they also acquire the responsibility to work it. It affirms that it is not true that the plaintiffs are being required to carry out a commercial activity, as the legislation governing the matter does not state so, and furthermore, the parcels granted by INDER are endowed with a social function; therefore, property rights must be limited and regulated by law, with their owners having rights but also responsibilities. It cites Article 50 of the Constitution and decision (voto) No. 4856-96 of the Sala Constitucional, and Articles 1, 3, and 68 of the Ley de Tierras y Colonización. It points out that, indeed, by resolution at 10:00 a.m. on December 8, 2006, proceeding No. 052-06 was opened for alleged violation of Articles 66 and 68, paragraph 4, subparagraphs c) and e) of Law No. 2825. And that beforehand, a single admonition (amonestación única) was made through official letter No. OSH-274-06 of April 5, 2006, which informed the plaintiffs that, after conducting several routine inspections, there were some anomalies that could be on the margins of Law No. 2825, for which reason they were formally admonished. Regarding the argument that the private hearing was not held, it states that on March 12, 2007, "exculpatory evidence was presented" by the plaintiffs, with the statement of Mr. Nombre126524 being recorded, which is visible on folios 21 and 22 of the administrative file. It indicates that the Board of Directors, in Article 4 of session No. 30 of August 25, 2008, accepted the payment arrangement option proposed by the plaintiffs. It accepts that by resolution at 8:05 a.m. on March 9, 2009, the opening of an ordinary administrative proceeding was ordered for alleged violation of numerals 66 and 68 of the Ley de Tierras y Colonización, a resolution in which they were summoned for April 3, 2009, at 8:30 a.m., which is visible on folio 39 of the administrative file. It argues that INDER only gave continuity to the proceeding, because Mr. Nombre126524 was up to date with his payment, but not with his obligations regarding the parcel. By official letter of March 12, 2009, notification of the initial resolution for parcel No. 6 of the settlement (asentamiento) was ordered, but the record does not show that it was notified to the plaintiffs here. Subsequently confirming that Mr. Nombre126524 was up to date with his payment obligations, through official letter No. UI-191-09 of March 24, 2009. Through official letter No. DRH-652-2010 of September 13, 2010, it was requested to consolidate (acumular) administrative files Nos. 005-09 and 052-06, as there was no technical reason for the case to be handled in two files. On July 15, 2010, an admonition (amonestación) was issued against the plaintiffs, through official letter No. OSH-0434-2010, which states that the family was obliged to carry out agricultural work for 15 years and proceeds to admonish them for a single time, under warning that if the cause for admonition persists within 22 days, the corresponding report would be submitted so that the Legal Advisory Office of the Dirección13681 would carry out the "process" of revocation of the adjudication and subsequent nullity of the property title. It maintains that as of December 31—without indicating the year—the plaintiffs owe four installments for a total amount in arrears of ₡253,003.10 colones. Through official letter No.
OSH-0045-2011 of February 3, 2011, indicates that a field inspection was carried out on parcel number 6 and that it was worked only for payment purposes, in Dirección18396, with an area observed to have weeds over two meters high, weeds that were also present in the road verges of that parcel, which evidenced poor maintenance of the areas intended for pasture. Indeed, on April 5, 2011, the plaintiffs sent a document indicating the reasons why they had not invested in the parcel and committed to bringing the account up to date, cleaning the parcel, and seeking means to cultivate it. In official communication No. DRH-404-2011 of April 24, 2011, the opening of the proceeding for parcel No. 6 is referred. On March 18, 2011, the ordinary administrative proceeding is undertaken, and a hearing is granted for the appearance on April 12, 2011, at 10:30 a.m., a resolution that was notified to them on March 30, 2011. By official communication No. DRH-652-010 of September 13, 2010, it was requested to consolidate case files 005-09 and 052-06. By resolution No. OSH-224-2011 of April 12, 2011, documentation regarding parcel No. 6 was issued, so it is not true that due process was violated and the proceeding vitiated with nullity, since paragraph two of said official communication mentions the exculpatory document provided by the plaintiffs herein, which would be submitted to the Legal Advisory Office for its analysis. On August 9, 2011, the matter is submitted to the Regional Directorate of Heredia, and on November 4, 2011, the final resolution is issued within the proceeding. In agreement No. 53 of the ordinary session No. 027-2011 held on July 26, 2011, by the Board of Directors, in point three, the eviction of Mr. Nombre126524 and Mr. Nombre126523 from the parcel is ordered. It indicates that on folio 77 of the administrative file, it is recorded that the awardees of parcel No. 6 do not comply with their obligations nor with the purposes for which the property was given to them. It cites session No. 027-2011, visible on folio 78 of the administrative file, which indicates that the awardees had sufficient time to seek financing and make the parcel productive, but on the contrary, they go to the parcel sporadically and show no interest in making it productive, according to the inspection reports rendered by the Subregional Office of Horquetas, for which reason it is considered that the plaintiffs had neither the will nor the need to exploit the property. Although the cover page of the final resolution of the administrative file mentions the nullity of title number 005-09, the truth is that the content of the document refers to the events that occurred up to the issuance of the final act, and when the Secretariat of the Board of Directors was instructed on the process of revocation and nullity of the title for the Board of Directors' knowledge, the case file number was not included, but the parcel number, property owners, settlement, real folio, requesting subregional office, and the reason were. By official communication No. DRH-652-2010 of September 13, 2010, the consolidation of the two proceedings was ordered, indicating that what was important was the use the plaintiffs made of the parcel, its care, and its production. Indeed, the Agrarian Court confirmed the revocation of the plaintiffs' rights in the vote at 5:25 p.m. on September 28, 2012, as recorded on folios 115 and 116 of the administrative file. The letter rogatory was prepared on January 14, 2013, and sent to the National Registry on February 11, 2013, and registered in favor of INDER on February 13, 2013. It affirms that, based on the foregoing, expiration is not applicable, and cites in support of its position resolution No. 229-90 of the First Chamber of the Court. It concludes that the claim must be dismissed because the award of the parcel in favor of the plaintiffs was revoked and, therefore, the property title granted to them was annulled, whereby there is also a lack of current interest, since this claim was filed when the award had already been annulled. It concludes by requesting that the claim be declared without merit and that the plaintiffs be ordered to pay both costs.
V.Within this matter, it is important to make a brief general overview of the applicable legal regime: The Land and Colonization Law, number 2825 of October fourteenth, nineteen sixty-one, provides that the Institute of Agrarian Development (current Rural Development Institute) has the purpose of linking the citizen to a sound regime of land possession, ensuring that the allocation of this resource promotes the gradual increase of productivity, advocating for a just distribution of its product and the improvement of their socioeconomic condition, so as to make them a conscious participant in the nation's development, thus achieving a just distribution of wealth and avoiding indirect forms of land exploitation (first ordinal ibidem). Indeed, the rule is nothing more than the direct development of article fifty of the Constitution, where the State intervenes in the means of production in order to generate a sound distribution of wealth in favor of groups with greater social need. By virtue of such purposes, the right of every person to report or inform about the existence of land whose exploitation does not fulfill the social function of property is encouraged. This latter concept, although discarded by the Constituent Assembly of nineteen forty-nine, was adopted by the ordinary legislator, doctrine, and jurisprudence to establish that land presents a public interest of being the medium from which, directly or indirectly, the goods and services necessary for the existence of the human species are produced, such that its exploitation within an ecologically balanced environment is a priority in society. Even more so when it allows generating rural parcels for low-income individuals. It is a special and exceptional system to the right of property enshrined in the first paragraph of the constitutional norm, in protection of the weaker party of the relationship, namely the farmer, who often has the interest and puts in the effort but lacks the land. In merit of such purposes, originally the State declared itself the owner of all land lacking an owner to distribute it, and subsequently, with the closing of the agrarian frontier, the former ITCO became the IDA and later, the current Rural Development Institute, where the Board of Directors of said entity has the power to promote parceling plans, arrange the acquisition of private property to fulfill its economic-social purposes, to constitute as owners the farmers to whom it awards a parcel, and to approve the award of estates for the granting of the respective titles. As can be observed, for the sake of making effective the land parceling policies (numeral 49 and following idem), the entity offers very favorable conditions to the acquirers, with comfortable payment systems and low fees and interest, with the aim of promoting the social function of property (numerals 58 to 61 ibidem). Initially, it was considered that all rural national territory could present that orientation, this assertion being progressively nuanced based on respect for environmental regulations and the public domain that prevails in these matters. This led the institution to become more technical and establish which lands had an agricultural vocation (vocación agraria), so that they were truly usable, and which spaces of the rural national territory presented, from the legal and technical standpoint, another vocation. Always advocating that the beneficiaries of these distribution plans fall upon persons who dedicate the property for their own sustenance and that of their family, who have technical capacity and experience in agricultural work, and who must commit to working the parcel personally and with their descendants up to the second degree of consanguinity (ordinal 62 idem). Likewise, no more than one parcel shall be awarded to each beneficiary, and its size shall be in proportion to the family members (article 64 ibidem). All of this undoubtedly establishes a special property regime, protected and safeguarded in an aggravated manner, with the purpose of dedicating it to the purpose entrusted by law, thus preventing the land from being dedicated to ends contrary to its social purpose, which would imply its denaturalization. The legal nature of this type of property was for a long time a subject of arduous discussion, for although they were normally classified as public domain property (bienes demaniales), if they presented this nature, their transfer to private individuals would be impossible; while on the contrary, if they were taken as fiscal property (bienes fiscales), they could be acquired through the ordinary means of common law, diverting the public purpose they presented. Jurisprudence and doctrine resolved the conflict under the category of temporary or transitory public domain property (bienes demaniales temporales o transitorios), such that the property presents the public domain condition during the time it is in the hands of the administration, which prevents it from leaving the public domain by ordinary means, but once the legal requirements are met, the public nature disappears, the property is released from public domain (desafecta), to become fiscal property and consequently transferable pursuant to the special legal rule for the matter (in this regard, it is possible to see ruling 2008-18434 of the Constitutional Chamber). Thus, once the award of the parcels by sale is agreed upon, the Institute shall issue in favor of the occupant a provisional possession title stating their rights and obligations, so that if the occupant has cultivated the minimum indicated and satisfactorily fulfilled the other obligations, they shall have the right to be granted the property title (article 65 ibidem). In merit of all the foregoing, it is easily inferred that the beneficiary may not transfer the ownership of their property, nor encumber, lease, or subdivide it without prior authorization from the Institute, except when fifteen years have elapsed since the acquisition of the parcel and all obligations to said entity have been canceled, by merit of which, private contracts entered into by the awardee with third parties do not bind the entity. In that sense, it was provided that even after such period has elapsed, if the transfer of the parcel produces excessive concentration or subdivision of the property, the Institute may acquire it on a priority basis (numeral 67 ibidem). Added to the above, it is possible to indicate regarding this differentiated property regime, and based on the provisions of article 67 ibidem, the fifteen-year period begins to run from the acquisition, that is, from the granting of the property title (sale) and not from the occupation or the administrative award. Regarding this, for a correct interpretation of the aforementioned rule, it is inferred that the parcel is acquired from the granting of the respective public deed to proceed with its registration in the name of the beneficiary, by virtue of the transfer made by the entity in their favor. This is so, because it is from that date that the imposed limitations are registrally established and begin to run, it being provided that the sale under the stated terms is subject to the conditions and limitations of Law 2825 of October 14, 1978, since in the terms of ordinal 65 cited, before the acquisition, what exists is a provisional possession title not subject to the limitations, because these are imposed once the estate is transferred to the name of the parcel holder. Before that, they would have no reason to exist, because that which one does not possess cannot be limited. According to the Land and Colonization Law, No. 2825, the Rural Development Institute is called upon to carry out the subdivision (fraccionamiento) of its lands to achieve, among other ends, a better distribution of land for colonization purposes, giving preference to those zones and lands where there are nuclei of precarious possessors and that are considered suitable for its objectives. Persons interested in becoming beneficiaries must submit the corresponding application, so that it can be analyzed whether they qualify as such (article 55). Once the award of the parcels by sale is agreed upon, if the occupant has cultivated the minimum indicated by the Institute and has satisfactorily fulfilled all other obligations incumbent upon them, they shall have the right to be granted the property title (article 65). On the other hand, there is an exception for the commencement of the calculation of the limitations period, which corresponds to the so-called "administrative delay" but that is not the subject of dispute within this matter, so this Court will not delve further into that. Thus, this type of act that declares rights in favor of the administered individuals must be executed promptly and swiftly, to satisfy the principle of effective administrative protection. Naturally, there is a reasonable time for administrative action, which depends on the specific action to be carried out and varies depending on the circumstances in each particular case; but there is a reasonable margin for compliance and another unreasonable one. At the moment the second scenario is configured, the action becomes unlawful and consequently contrary to the legal order, without prejudice to deriving liability on the part of the administration, regardless of the jurisdictional enforcement of the final declaratory act of rights, as already indicated. The administration could only refuse to execute such final declaratory acts of rights if the absolute nullity of them had already been declared through the formal and substantial procedures and requirements established by the legal framework itself, namely, through the processing of the respective action for declaration of annulment (proceso de lesividad) in the case of absolute nullities, or the procedure regulated in article one hundred seventy-three of the General Law of Public Administration, if facing an evident and manifest absolute nullity. Returning to the topic of limitations, as advanced, the general rule on the matter guides us to indicate that the period of limitations operates from the moment the corresponding transfer deed is generated. As indicated, article 67 of the Land and Colonization Law starts from the premise that the calculation of the limitations—lifetime tenure (irreductibilidad)—on the delivered property begins from the transfer of the property, a transfer that -by the proper rule of property of a real nature- occurs at the moment of transfer, through the granting of the corresponding public deed. But, on the other hand, the logic that prevails in the matter is that the execution—granting of the deed—must be carried out with the corresponding celerity, for if not done so, to indicate that it is from the public deed that the period of legal limitations begins to run would entail that administrative inertia generates a punishment for the individual, who would assume a period of immobilization of the property, greater than that which the current legal system indicates, burdening them with a negative effect that is not attributable to them and that therefore they do not have the duty to bear.
VI.The plaintiff party alleges that, in the case at hand, the expiration of the administrative proceeding initiated by INDER against them has occurred, to revoke the award of the parcel that, in due course, was granted to them. On this subject, there are two aspects that the Court must elucidate: firstly, whether the precept of expiration (caducidad) is applicable in this case, according to the terms provided by numeral 340 of Law No. 6227, General Law of Public Administration, to the administrative proceedings carried out by the Rural Development Institute in the exercise of the powers legally assigned to it, and, furthermore, whether, if such legal precept is applicable, expiration did or did not operate in the specific case within the proceeding for the revocation of the award and nullity of the title, processed by the defendant entity against the plaintiffs. As for the first aspect to be defined, this Chamber considers that the application of the precept of expiration, in the terms provided in article 340 of the General Law of Public Administration, is viable for the proceedings conducted by the defendant institution, in accordance with the considerations detailed below: Respect for constitutional due process and the elements that comprise it are parameters of imperative observance not only in jurisdictional proceedings but also in administrative proceedings, without any effect on its application based on which administrative body is responsible for its instruction, nor the subject matter involved. Indeed, as the jurisprudence of the Constitutional Chamber has repeatedly indicated, among others in resolutions Nos. 15-90, 3433-93, 3929-95, 1484-96, 5516-96, and 2003-13140, the application of the guarantees derived from numerals 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, and 42 of the current Political Constitution is imperative for administrative proceedings, and especially when dealing with sanctioning administrative proceedings, as is the case here, precisely because of the potential harmful consequences of their result, insofar as in them an obligation may be imposed, a subjective right or a legitimate interest may be suppressed, denied, or restricted, or an administrative sanction of a pecuniary, disciplinary, economic nature, etc., may be imposed. In this regard, the constitutional court has stated, dating from long ago, among others, in resolution No. 1484-96, in what is of interest: "(...) all those legal rules, derived from the Political Constitution as an ideological model, pursue no more and no less than the realization of the fundamental goal of justice, which is the greatest of the principles that safeguard a Rule of Law, in which are included rules –general principles- that have full validity and applicability to the administrative proceedings of any Administration body, it is reiterated, therefore, that the principles extracted from it are of strict compliance by the authorities in charge of authorizing any administrative proceeding whose purpose or result is sanctioning." (underlining not in original). And it is that the guarantee of due process is -in essence- one of an instrumental nature, insofar as it is the ideal means for the effective exercise of the right of defense, as indicated by numeral 215, subsection 1 of the General Law of Public Administration, which, in what is of interest, states: "The administrative proceeding shall serve to ensure the best possible fulfillment of the Administration's purposes, with respect for the subjective rights and legitimate interests of the administered individual, in accordance with the legal order." The settled constitutional jurisprudence has recognized the following as essential and indispensable elements in every administrative proceeding, in order to guarantee the intervening parties the effective exercise of their right of defense, their absence therefore being a serious violation of the constitutional rights to due process and the right of defense: a) notification to the interested party of the nature and purposes of the proceeding, better known as the right to due intimation and imputation, from which it is necessary not only the statement of charges but also the possible imputation of facts, which means indicating the possible sanction to be applied; b) the right to be heard, which includes the right to intervene in the process, to be heard, and the interested party's opportunity to present arguments and produce the evidence they deem pertinent; c) a consequence of the previous one, the presumption of innocence, which implies that the Administration (or the complainant) is obliged to demonstrate the guilt of the infringer or investigated party; d) the opportunity for the administered individual to prepare their allegation, which necessarily includes access to information and administrative records linked to the matter in question; e) the right of the administered individual to technical defense, which includes their right to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons, such as experts; f) adequate notification of the decision issued by the Administration and the grounds on which it is based; g) the right of the interested party to appeal the decision issued, which entails the principle of congruence of the judgment; which, in the case of administrative proceedings, includes not only the right to appeal the final act but also those procedural acts that have their own effect and that may affect the right of defense -the resolution initiating the proceeding, the denial of holding the oral and private hearing, the denial of the receipt of evidence, the application of precautionary measures, the denial of access to the case file, the reduction of procedural deadlines, and the resolution that decides a recusal-; h) the pro-sententia principle, whereby procedural rules must be applied and interpreted in a manner that facilitates the administration of justice, both jurisdictional and administrative; and lastly, and no less important, i) the formal and material efficacy of the judgment or ruling. Likewise, the following cannot be overlooked as integral parts of these fundamental rights: the right of access to justice under conditions of equality and without discrimination; the gratuitousness and informality of justice; swift and effective justice (without unjustified delays); the principle of minimum intervention in the sphere of the rights of administered individuals; the principle of legal reservation that limits the regulation of fundamental rights to the scope of norms with legal rank, potency, and resistance (article 28 of the Political Constitution), of procedural matters (pursuant to articles 11 and 28 of the Political Constitution, 5 and 7, 19.1, 59.1, and 367 subsection h) of the General Law of Public Administration), as well as for the establishment of administrative sanctions (articles 39 of the Fundamental Charter and 124 of the General Law of Public Administration); the principle of the regular judge (article 35 of the Political Constitution), the principle of non-retroactivity of the law (article 34 of the Political Constitution), that of the prohibition of degrading or confiscatory sanctions (article 40 of the Constitution), and the prohibition of double jeopardy for the same facts (article 42 of the Fundamental Charter). The binding nature of this guarantee is of such relevance in the field of administrative sanctioning law that its non-observance undoubtedly produces the nullity of all procedural actions and the decisions adopted, both by the directing body and by the decision-maker, which has been indicated by the Constitutional Chamber in resolutions Nos. Placa30504 and Placa30505. Likewise, the administrative proceeding is governed by a series of its own precepts that direct the procedural activity. In this regard, resolution No. 2004-13140 at 2:37 p.m. on November 12, 2003, of the same Chamber can be consulted. Now, in the case at hand, the observance by the directing body of the proceeding of the principles of celerity and official duty is of transcendental importance. These principles imply a power-duty on the part of the directing body and the decision-maker to drive the processing of the proceeding, so that it concludes with the issuance of the respective substantive resolution, in accordance with what is indicated by numerals 222 subsection 1 and 225, both of Law No. 6227, the General Law of Public Administration (hereinafter LGAP). It concerns, from its active aspect, the legal obligation incumbent upon the processing administration to urge and adequately drive the progression of the proceeding in question, even ex officio -that is, without action by the intervening parties-, so that the proceeding is as swift and effective as possible, without undue delays for the parties subject to it. This ex officio impulse is also evident in the manner in which the proceeding is initiated, which can be, obviously, at the request of a party or ex officio. In this respect, the proceeding must harmonize both respect for and observance of the current legal order, and the subjective rights and legitimate interests of the administered individuals; from a perspective inherent to achieving the greatest economy in the management of public resources and obtaining the greatest possible efficiency in administrative work, without neglecting the binding nature and subjection to the precepts of constitutional reasonableness and proportionality, all of which leads us to sanction unnecessary delay in the course of the proceeding, or procedural inactivity in its development, with the procedural sanction of expiration, in accordance with what is indicated in numeral 340 of the LGAP, as of the reform operated by article 200 subsection 10) of the Contentious-Administrative Procedure Code. The referred norm states, in what is of interest: "1) When the proceeding is stalled for more than six months by virtue of a cause imputable exclusively to the interested party who promoted it or to the Administration that initiated it, ex officio or by complaint, expiration shall occur and its archiving shall be ordered, unless it concerns the case provided in the final paragraph of article 339 of this Code. // 2) Expiration of the proceeding initiated at a party's request shall not proceed when the interested party has ceased to act because a positive or negative silence has occurred, or when the case file is ready for the issuance of the final act. // 3) The expiration of the administrative proceeding does not extinguish the right of the parties; but the proceedings are deemed not to have been pursued for the purposes of interrupting the statute of limitations." (underlining and italics not in original). However, this Court must note that the swift prosecution of the administrative proceeding cannot sacrifice, for the sake of speed, the due respect for the guarantees that constitute due process. For example, the promoting administration could not, for the sake of procedural speed, fail to adequately state the grounds for the decisions taken, fail to order the performance of expert reports, fail to hold the oral and private hearing, or fail to respect the deadlines established by current regulations for the filing of the respective appeals, if deemed necessary, among others. In this regard, expiration proves to be an ideal means to avoid the excessive prolongation of proceedings, for the sake of safeguarding the legal certainty that must prevail in a rule of law state, and guarantees efficiency and continuity in the functioning of administrative work. It must be remembered that, in attention to its own legal nature, expiration is not susceptible to declaration when the respective proceeding is ready for the issuance of the final act, it being -obviously and logically- also inappropriate when the final act has already been issued. For its operation, it is necessary that the matter has entered a state of abandonment or procedural inactivity, and furthermore, that said stagnation is the product of causes imputable to the administered individual -when it was initiated at a party's request- or to the Administration -if it was initiated ex officio-; and lastly, that said inaction has been maintained for a minimum period of six months, which shall be computed from the last efficient action promoted within the case file to reach its conclusion, and never from the opening of the proceeding. This means that sanctioning proceedings or those in which an affectation of a subject's rights may result, when they have been initiated ex officio, are susceptible to the declaration of expiration. In this regard, the First Chamber has stated in judgment No. Placa30506, in what is of interest: "In the first place, it can be observed that the recently transcribed norm is drafted in an imperative form, that is, it does not regulate a faculty; on the contrary, once the factual assumptions contained therein are met, the consequence becomes obligatory for the body in charge of the processing. This implies that its effects occur by full right, and therefore its recognition has purely declaratory effects, not constitutive ones. It is worth clarifying that the foregoing should not be interpreted as a loss of competence -which is, by definition, inalienable, non-transferable, and imprescriptible according to numeral 66 LGAP-, but only as the impossibility of continuing with the processing of the specific proceeding in which the inertia occurred." Expiration proves to be an anticipated form of terminating the proceeding, which the LGAP itself denominates as an abnormal form of termination, and which as such, must be issued within the proceeding to generate that closing effect, without producing any efficacy if it has not been invoked by the parties or if it has not yet been declared.
Bearing in mind that the determination of administrative procedures is a matter reserved to statute—the theory of the regulation of fundamental rights, as a necessary corollary of the principle of freedom, which derives from Article 28 of the fundamental charter—and in accordance with the considerations set forth above, it is clear that in this case it is viable to proceed to a declaration of expiration (caducidad), which undoubtedly requires a detailed review of what has occurred within the administrative file (expediente administrativo). Having carefully reviewed the case record, it must be noted that from the issuance of the acts initiating the two administrative sanctioning procedures commenced by the former IDA against the plaintiffs, on dates 08 December 2006 and 18 March 2011, and the issuance of the final resolution (resolución final) dated 04 November 2012—the final act of one of the two procedures (it is not indicated of which one, and the Court so records it, as the resolution ordering the consolidation (acumulación) of the administrative procedures processed under numbers 05-09 and 052-06 does not exist in the record)—had any action tending to the effective prosecution of the administrative sanctioning procedure been carried out, the six-month period of inactivity provided for this specific case in the legislation in force would undoubtedly have elapsed. From what has been described, it is evident to this Court that there existed in this case an inactivity in the procedure for revocation of adjudication and nullity of the property title that was followed under administrative files 05-09 and 052-06 before the Dirección Regional Heredia of the Instituto de Desarrollo Rural, due to fault exclusively attributable to the defendant entity, to which must be added that within the documentation provided to the record under the supposed administrative file, an absolute disorder in the processing of such procedures is evident, as well as the nonexistence of any record proving aspects so important within this litigation, such as the resolution that ordered the consolidation of both procedures or the minutes taken had the oral and private hearing been held in either of the two procedures. From the opening of the procedure processed under file No. 052-06 by resolution of 08 December 2006 until the issuance of the final resolution—admitting the possibility that it was issued within this procedure on 04 November 2012—a period of five years, eleven months and twenty-six days elapsed. And on the other hand, from the opening of the procedure processed under file No. 05-09, by resolution of 18 March 2011 until the issuance of the final resolution—admitting the possibility that it was issued within this procedure on 04 November 2012—a period of one year, seven months and fifteen days elapsed, which undoubtedly entails the expiration of the sanctioning procedure. It is furthermore necessary to warn that, in this case, there were petitions filed by the investigated parties, but the prosecuting body did not carry out any action tending to the effective prosecution of the procedure prior to the issuance of the November 2012 resolution, and to that extent, the application of the referred mechanism for termination of the procedure derives from the fact that the proceedings were paralyzed for a cause exclusively attributable—in this case—to the Administration that initiated them, for more than six months, as has been explained in the preceding lines. The paralysis of the proceedings is exclusively attributable to the Administration, and it is not possible to argue that the appeals and defenses presented are extensive and/or excessive, since they were exercised in conformity with the provisions of the legal system, and rather there existed an obligation on the part of the Administration to duly resolve them. What is evident, rather, is a total abandonment with respect to processing and studying this matter in due form, which through inertia—there being no explanation whatsoever justifying this situation—was left inactive. Additionally, this Court cannot overlook that in this case flagrant violations of the procedural path (íter procedimental) provided for by the legislation in force have occurred, as well as of the constitutional rights of due process (debido proceso) and defense held by the plaintiff party, since the fact of not holding in either of the two procedures the oral and private hearing provided for by numerals 309 and following of Law No. 6227, the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública), undoubtedly and most severely impaired the right held by both Mr. Nombre126524 and Mrs. Nombre126523 to present the evidence they deemed appropriate therein, also curtailing the possibility of expressing at length the allegations they considered opportune in support of their positions. This being the case, this Court agrees with the plaintiff party in that the claim filed should be granted, declaring expired the procedures processed before the Dirección Region Heredia of INDER under files No. 05-09 and 052-06 against the persons Nombre126523 and Nombre126524, to which must be added that the time required by the administration for its processing is without a doubt excessive, exceeding by far the time periods established for that purpose by the procedural regulations in force. And since the direct consequence derived from the operation of this means of abnormal termination of the procedure is that they are to be considered as not having been pursued, in accordance with Article 340 subsection 3 of the cited LGAP, this inevitably imposes as well the need to lift the order (“exhorto”) of notation on the property of the Heredia district registered under real folio registration number Placa30500, which the defendant administration sent by resolution of 14:00 hours on 14 January two thousand thirteen, corresponding to citations number 2013-00034356-01 recorded on date 13 February 2013, which is ordered by way of an order to be issued as soon as this judgment becomes final. In accordance with the considerations set forth above, and for the reasons indicated, it is proper to grant in all its aspects the suit filed. Given the manner in which it is resolved and as it is deemed unnecessary, a pronouncement on the other arguments invoked is omitted. Likewise, it is noted that in the answer to the complaint, the Instituto de Desarrollo Agrario requests a series of pronouncements, without this in any way constituting a counterclaim; but that in any event, due to their content it is observed that they are the antithesis of the plaintiffs’ claims, and therefore, they must obviously be understood as resolved in the opposite sense of what has been declared in the preceding lines.
VII.On the exceptions. The defendant entity invoked the exception of lack of current interest (falta de interés actual), arguing that a final act had already been issued within the administrative sanctioning procedure. It evidently incurs in a clear error by supporting its defense on said argument, since it is clear that in the case before us, there is no lack of current interest, given that the matter in dispute has not previously been the object of any pronouncement by a jurisdictional body resolving it, to which is added that the controversy that gave rise to this litigation has remained pending, awaiting a judicial judgment to determine it. Therefore, the exception of lack of current interest raised is rejected. Likewise, and pursuant to what is set forth in the preceding recitals, the exception of lack of right (falta de derecho) invoked is rejected and consequently the suit filed is granted in all its aspects.
VIII.In accordance with the provisions of Article 193 of the Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), in relation to numerals 221 and 222 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), applicable to the present matter by allowance of Article 220 of the procedural text that specially governs this jurisdiction, both procedural costs are to be borne by the defendant party.
THEREFORE
The exceptions of lack of current interest and lack of right are rejected. The suit filed is granted in all its aspects. By virtue of the expiration of the procedures having operated in favor of the plaintiffs, the cancellation is ordered of the registration under citations 2013-00034356-01 recorded on date 13 February 2013 before the Public Registry of Real Property of the National Registry, on the property of the Heredia district registered under real folio registration Placa30500. The total nullity is declared, from the sole warnings issued to that effect, of the administrative procedures processed under files Nos. 05-09 and 052-06 by the Instituto de Desarrollo Agrario against the plaintiffs. The resolution of 14:00 hours on 04 November 2012 is annulled and the agreement issued by the Board of Directors of INDER corresponding to Article No. 53 of ordinary session No. 02 7-2011 of 26 July 2011. Once this resolution becomes final, the defendant administration shall proceed to issue the respective orders to the National Registry to make effective the cancellation of the transfer registered under citations 2013-00034356-01 recorded on 13 February 2013, on the property of the Heredia district registered under real folio registration Placa30500, proceeding to its registration again in the name of the plaintiffs. Both procedural costs are to be borne by the defendant entity. Let it be notified.- Sandra M. Quesada Vargas.
Nombre22563 . Nombre5243 .
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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII Clase de asunto: Proceso contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Procedimiento administrativo disciplinario Subtemas: Análisis sobre principios, requisitos y respeto al debido proceso. Temas (descriptores): Debido proceso en sede administrativa Subtemas: Aplicación en el procedimiento administrativo sancionatorio. Sentencias en igual sentido Proceso de Puro Derecho.
Actor: Nombre126523 y otro .
Demandado: Instituto de Desarrollo Rural.
No. 051-2015.
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SÉTIMA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las trece horas con quince minutos del veintiséis de mayo del dos mil quince.
Proceso contencioso administrativo interpuesto por Nombre126524 , con cédula de identidad CED117920 y Nombre126523 , con cédula de identidad CED117921 ambos agricultores y vecinos de Alajuela, representados por su apoderado especial judicial Geovanny Retana Madriz, abogado, con cédula de identidad CED117922, vecino de San José, contra el Instituto de Desarrollo Rural, representado por su apoderado general judicial Carlos García Anchía, abogado, con cédula de identidad CED116652 , vecino de Alajuela. Todos son mayores.
RESULTANDO
1. Con el presente asunto, la parte actora pretende que en sentencia se declare: "(...) B) Que la resolución de apertura del procedimiento 052-09 dictada por el Instituto a las 10 hoas (sic) del 8 de diciembre del 2006, es absolutamente nula por cuanto no se cumplió previamente con el trámite de amonestación ni se señaló como lo dispone la ley, de lugar, horas y día para celebrar la audiencia privada; // C) Que el procedimiento iniciado el aperta (sic) anterior por haber permanecido paralizado por culpa imputable al instituto, por más de seis meses, se encuentra caduco de pleno derecho; // D) Que la resolución dictada por el Instituto a las 8:05 horas del 9 de marzo del 2009, por la cual se abre un nuevo expediente, el 005-09, es absolutamente nula, por violar el debido proceso, al no haberse realizado la amonestación previa establecida en el artículo 68 de la ley 2825; // E) Que la amonestación única contenida en el folio 59 del expediente y que data del 15 de julio del 2010, no es válida, y no tiene la virtud de subsanar el requisito previo establecido en el artículo 68 ibidem, (sic) por lo que la misma es absolutamente nula; // F) Que la resolución dictada por el Instituto a las 10 horas del 18 de marzo del 2011, por la cual se reabre el expediente 052-09 es absolutament enula (sic) pues en la misma tampoco se demuestra la existencia de una amonestación previa dentro de ese expediente, además de que se dicta dentro de un procedimiento que ya ha caido (sic) en caducidad de pleno derecho; // G) Que la resolución finbal (sic) dictada por el Instituto a las 14 horas del 4 de noviembre del año 2011, es absolutamente nula, pues la misma se dicta dentro del expediente 005-09 en el cual nunca recayó una amonestación previa a la apertura del procedimiento, pues la que se hizo con fecha 15 de julio del año 2010, se realizó más de un año después de la apertura ilegal del expediente, no pudiéndose subsanar tal vicio; // H) Que la resolución anteriormente descrita es absolutament enula (sic) pues ne (sic) la misma no se señala ni consta en el expediente, que se haya realizado la comparecencia privada de evacuación de pruebas ni se resuelve sobre las alegaciones de violaciones al debido proceso que constan en el informe de folio 74; // I) Que como consecuencia de lo anterior, el exhorto remitido al Registro Público para revertir la titularidad de la finca a favor del Instituto es absolutamente nulo y por ende debe devolverse la propiedad a mis representados; // J) Que deberá cancelar el Instituto ambas costas de esta acción." (Ver folios 012 a 023 y 136 a 138 del expediente judicial, así como grabación en soporte digital de la audiencia preliminar realizada).
2. Conferido el traslado de rigor, el Instituto de Desarrollo Rural (en adelante INDER), contestó negativamente la demanda e interpuso las excepciones de falta de derecho y falta de interés actual (ver folios 044 a 064 y 136 a 138 del expediente judicial, así como grabación en soporte digital de la audiencia preliminar realizada).
3. La audiencia preliminar establecida en los artículos 90 a 98 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se llevó a cabo a las 08:25 horas del día 15 de enero del 2015, en la que se procedió a fijar las pretensiones de la actora quedando finalmente tal y como se insertó en el resultando primero de esta resolución, se declaró el presente asunto como uno de puro derecho y las partes presentes procedieron a rendir conclusiones (ver folios 136 a 138 de los autos y grabación en soporte digital de la audiencia preliminar realizada).
4. En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de rigor y no se perciben vicios, defectos u omisiones susceptibles de generar nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta esta resolución dentro del plazo que permiten las labores del Despacho, previas las deliberaciones de rigor y por criterio unánime del Tribunal.
Redacta la Juez Quesada Vargas; y,
CONSIDERANDO
HECHOS PROBADOS. Se tiene por debidamente acreditados los siguientes hechos, de importancia para la resolución del presente asunto, por encontrar sustento en los elementos de convicción que en su apoyo se citan: 1. Que los aquí actores son adjudicatarios de la parcela No. 06 del asentamiento El Manú, cita en Sarapiquí, otorgada por el Instituto de Desarrollo Rural, anterior IDA. (hecho no controvertido por las partes). 2. Que mediante oficio No. OSH-0274-06 del 05 de abril del 2006, emitido por la Subregional Horquetas del Instituto de Desarrollo Agrario, se procedió a dictar amonestación contra los accionantes, en su condición de poseedores de la parcela No. 6 del asentamiento El Manú, la cual fue notificada a los actores en fecha 11 de mayo del 2006 (ver folios 01 a 04 del expediente administrativo). 3. Que mediante oficio No. OSH-0479-06 del 16 de agosto del 2006, emitido por la oficina Subregional de Horquetas de Sarapiquí, se indicó que se recomendaba la apertura de procedimiento ordinario administrativo para la revocatoria de la adjudicación y la nulidad del título a los señores Nombre126524 y Nombre126523 , sobre el inmueble inscrito bajo matrícula de folio real No. Placa30499 (ver folios 05 a 06 del expediente administrativo). 4. Que mediante resolución sin número, de las 10:00 horas del 08 de diciembre del 2006, emitida por la Regional Heredia del otrora Instituto de Desarrollo Agrario -en adelante IDA-, se procedió a la iniciación del procedimiento administrativo No. 052-06 en contra de los accionantes, misma que les fue notificada en fecha 09 de marzo del 2007 (ver folios 016 a 020 del expediente administrativo). 5. Que a las 14:30 horas del día 12 de marzo del 2007, el señor Nombre126524 se apersonó a la Subregional de Horquetas de Sarapiquí del IDA, a declarar bajo juramento sobre el uso que le estaba dando a la parcela y manifestó su voluntad de llegar a un arreglo de pago con el IDA en relación con algunas sumas por él adeudadas (ver folios 021 y 022 del expediente administrativo). 6. Que el señor Nombre126524 se apersonó a la Subregional de Horquetas de Sarapiquí del IDA en fecha 31 de mayo del 2007, a señalar lugar para recibir notificaciones (ver folio 024 de los autos). 7. Que mediante oficio con fecha de recibido del 04 de octubre del 2007, los actores propusieron arreglo de pago ante el IDA ofreciendo pagar la suma de ¢125.000,oo colones mensuales, propuesta que fue aceptada por dicha entidad (ver folios 030 a 032 del expediente administrativo). 8. Que mediante oficio No. UI-046-09 fechado del 21 de enero del 2009, el Área de Tesorería del IDA le comunica a la Oficina Subregional de Horquetas, que en relación con la parcela No.6 no había recibido ninguna solicitud de arreglo de pago (ver folio 033 del expediente administrativo). 9. Que mediante oficio No. OSH-0048-09 fechado del 13 de febrero del 2009, emitido por la Subregional de Horquetas de Sarapiquí y dirigido a la Asesoría Legal de la Dirección Regional Heredia, se solicitó " la reapertura del procedimiento administrativo iniciado en contra de los actores, por la causal de incumplimiento sin causa justificada de las obligaciones de pago contraídas con el Instituto". (ver folios 035 a 037 del expediente administrativo). 10. Que mediante resolución sin número, de las 08:05 horas del 09 de marzo del 2009, se inicia el procedimiento administrativo número 005-09 para la revocación de la adjudicación de la parcela, en contra de los actores, resolución que les fue notificada en fecha 18 de marzo del 2009 (ver folios 038 a 042 del expediente administrativo). 11. Que mediante oficio sin número, con fecha de recibido del 03 de abril del 2009, el señor Nombre126524 aportó recibos de pago de sus obligaciones con el Instituto, aduciendo que se encontraba al día (ver folio 043 a 047 del expediente administrativo). 12. Que mediante oficio No. UI-191-09 del 24 de marzo del 2009, la Unidad de Ingresos del Área de Tesorería del IDA indicó que el señor Nombre126524 había cancelado siete cuotas de su deuda con la entidad (ver folios 048 a 056 del expediente administrativo). 13. Que mediante oficio No. OSH-0434-2010 del 15 de julio del 2010, emitido por la Subregional Horquetas de Sarapiquí del Instituto de Desarrollo Agrario, se emitió amonestación única para los señores Nombre126524 y Nombre126523 , en virtud de que los adjudicatarios no habitan el predio ni sus alrededores, la parcela denota un modelo de desarrollo pecuario de ganadería extensiva con ganado de doble propósito -cría y desarrollo-, lo cual no da un nivel productivo adecuado para cumplir con las obligaciones económicas de sus propietarios para con el Instituto y para cubrir las necesidades básicas de su familia, siendo además incipiente el desarrollo desde el punto de vista agroproductivo. (ver folios 057 a 062 del expediente judicial). 14. Que mediante oficio No. DRH-652-2010 del 13 de setiembre del 2010 emitido por la Directora de la Región Heredia del Instituto de Desarrollo Agrario y dirigido al Asesor Legal de la Región Heredia del mismo instituto, se indicó, en lo que interesa: "(...) Sírvase continuar con la etapa procesal (sic) pertinente en el procedimiento de revocatoria de la parcela N° 06 del asentamiento El Manú, seguido en contra de los señores Nombre126524 y Nombre126523 (...), según expediente administrativo N° 005-09 y 052-06. // También se le solicita completar debidamente el expediente y realizar el orden cronológico de ambos expedientes, así como efectuar la acumulación de los expedientes, pues no existe razón técnica para que el caso sea manejado en dos expedientes. (...)". (Ver folio 49 del expediente administrativo). 15. Que mediante resolución sin número fechada del 18 de marzo del 2011, se inicia procedimiento administrativo en contra de los accionantes, el cual se tramitaría bajo expediente No. 052-06. En dicha resolución se les cita a la audiencia oral y privada que se celebrará el día 12 de abril del 2011, resolución que les fue notificada en fecha 30 de marzo del 2011 (ver folios 066 a 069 del expediente administrativo). 16. Que mediante artículo No. 53 de la sesión ordinaria No. 027-2011 del 26 de julio del 2011, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario dispuso revocar la adjudicación y declarar la nulidad del título de propiedad de la parcela No. 6 en favor de los aquí actores, por negligencia o ineptitud manifiesta del adjudicatario en la explotación de la parcela, según el artículo 68 inciso 4 subinciso c de la ley No. 2825. Comunicar al Registro Público la nulidad del título de propiedad de la finca del partido de Heredia con matrícula de folio real No. Placa30500 y que se revierta dicha propiedad a nombre del IDA. Ordenar el desalojo de los aquí accionantes de la Dirección15393 . , hacer un avalúo de mejoras y proceder a adjudicar el bien a quien lo requiera. No consta en autos que dicho acuerdo fuera debidamente notificado a los accionantes (ver folios 076 a 099 del expediente administrativo). 17. Que la resolución final del procedimiento administrativo seguido contra los aquí accionantes, fue dictado a las 14:00 horas del 04 de noviembre del 2011 (ver folios 095 a 099 del expediente administrativo). 18. Que mediante libelo fechado del 12 de marzo del 2012 y con fecha de recibido del 13 de marzo del mismo año, los accionantes interpusieron ante la Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Heredia del IDA, recurso de apelación en contra de la resolución de las 14:00 horas del 04 de noviembre del 2012 (ver folios 104 a 106 del expediente administrativo). 19. Que el recurso de apelación interpuesto fue admitido para su conocimiento ante el Tribunal Superior Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José (ver folio 110 del expediente administrativo). 20. Que el recurso de apelación interpuesto fue rechazado mediante resolución No. 1251-F-12 de las 17:25 horas del 28 de setiembre del 2012 dictada por el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, en el cual se dispuso confirmar la resolución apelada (ver folios 114 a 120 del expediente administrativo). 21. Que en fecha 14 de enero del 2013, la entidad demandada emitió exhorto dirigido al Registro Nacional, a efecto de que el título de propiedad existente a nombre de los actores para la finca del partido de Heredia inscrita bajo matrícula de folio real No. Placa30500, fuera anulado y dicha propiedad se volviera a inscribir a nombre del Instituto de Desarrollo Rural -antiguo IDA-, tal cual aconteció (ver folios 0127 a 135 del expediente administrativo).
II.HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como tales los siguientes: 1. Que el Instituto de Desarrollo Rural efectivamente ordenara y realizara la acumulación de los procedimientos administrativos tramitados bajo expedientes Nos. 005-09 y 052-06 en contra de los señores Nombre126524 y Nombre126523 (no hay prueba al respecto en autos). 2. Que la resolución de acumulación de ambos procedimientos administrativos haya sido debidamente notificada a los aquí actores (no hay prueba al respecto en autos). 3. Que dentro de los procedimientos administrativos tramitados bajo expedientes Nos. 05-09 y 052-06, se hubiera llevado a cabo la audiencia oral y privada prevista en los numerales 309 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública (no hay prueba al respecto en autos). 4. Que la resolución final dictada dentro del procedimiento administrativo a las 14:00 horas del 04 de noviembre del 2011, fuera notificada a los accionantes (no hay prueba al respecto en autos). 5. Que la resolución No. 1251-F-12 de las 17:25 horas del 28 de setiembre del 2012, dictada por el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, en la cual se dispuso confirmar la resolución apelada y rechazar el recurso vertical intentado por los actores, les haya sido notificada a los accionantes (no hay prueba al respecto en autos). 6. Que la resolución final dictada dentro del procedimiento administrativo sancionador en fecha 04 de noviembre del 2012, fuera efectivamente notificada a los actores (no hay prueba al respecto en autos). 7. Que entre el acto de apertura del procedimiento administrativo sancionador tramitado bajo expediente No. 05-09, correspondiente a la resolución del 18 de marzo del 2011, y el dictado de la resolución final del procedimiento, fechada del 04 de noviembre del 2012, se hubiese realizado alguna actuación tendiente a la efectiva prosecución del procedimiento administrativo (no hay prueba al respecto en autos). 8. Que entre el acto de apertura del procedimiento administrativo sancionador tramitado bajo expediente No. 052-06, correspondiente a la resolución de las 10:00 del 08 de diciembre del 2006 y el dictado de la resolución final de fecha 04 de noviembre del 2012, se hubiese realizado alguna actuación tendiente a la efectiva prosecución del procedimiento administrativo (no hay prueba al respecto en autos).
III.Argumentaciones de las partes. Aduce la parte actora, en sustento de su acción y a manera de síntesis: Que fueron beneficiarios y adjudicatarios del Instituto accionado, a quienes se les traspasó la parcela número SEIS del Proyecto El Manú ubicado en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, correspondiéndole a inmueble la matrícula de folio real Placa30501 submatrículas Placa30502 , por su orden. Dicha parcela se les traspasó el día 24 de setiembre de 1999 por la suma de ¢1.928.356, de los cuales ya cancelaron más de un millón de colones. Al adjudicarles dicha parcela, el INDER nunca les indicó a qué debían dedicar el inmueble, es decir, a qué tipo de producción agropecuaria y sólo se les indicó que era un terreno para agricultura, como lo indica el Registro Nacional, ni se les indicó cuál sería la ayuda y el aporte del Estado para facilitarles la explotación racional de la parcela y la comercialización de sus productos, y nunca se les dió asistencia técnica ni económica. Por las malas condiciones de infraestructura en el asentamiento, se vieron forzados a trabajar sus inmuebles en lo que pudieran, pues no tenían agua ni electricidad. Pese a ello, el INDER les ha venido exigiendo que se le de una explotación comercial al terreno, aunque no tienen infraestructura para ello. Mediante resolución de las 10 horas del 8 de diciembre del 2006, se les inició procedimiento bajo el expediente No. 052-06 para revocar sus derechos y anularles el título por ser negligentes en la explotación y atrasarse en el pago. Nunca se les señaló fecha para la realización de la audiencia privada ni para el ofrecimiento y evacuación de pruebas. El 23 de setiembre del 2007, presentaron un arreglo de pago que fue acogido según oficio AT-099-2008 del 5 de marzo del 2008, y desde la fecha de apertura del procedimiento hasta esa fecha no se había hecho nada, caducando el procedimiento. Sin terminarse el "proceso", mediante resolución de la Asesoría Jurídica de la Regional de Heredia, se abrió otro procedimiento con resolución de las 08:05 horas del 9 de marzo del 2009, bajo otro número de expediente, el 005-09, por negligencia e ineptitud e incumplimiento del pago, fundándose en el oficio No, OSH-0048-09 del 13 de febrero del 2009, en el que se solicita continuar con el primer procedimiento. No se cumplió con el artículo 68 de la ley No. 2825 pues no existió una amonestación previa antes de abrir el procedimiento. Mediante oficio No. UI-191-09 del 24 de marzo del 2009, se indicó que el señor Nombre126524 sí había realizado los pagos pero que no habían sido reportados a la unidad de ingresos ni ingresados al sistema. Además se indicó que habían 7 pagos más a la orden de esa parcela. En fecha 15 de julio del 2010 -según consta a folio 59 del expediente administrativo-, se emite una amonestación contra sus representados pues a juicio del encargado, la producción pecuaria en la parcela no era la adecuada, amonestación que fue comunicada a sus representados el 16 de julio del 2010. El día 05 de abril del 2011, los actores presentan al Instituto una justificación de porqué no pudieron invertir más en la parcela. El 18 de marzo del 2011, se dicta una nueva resolución de apertura de un nuevo procedimiento administrativo, por ineptitud o negligencia en la explotación de la parcela, sustentado en el informe regional No. OSH-0045-2001 del 3 de febrero del 2011, en el cual se pide se continúe con el trámite de revocatoria para los actores, indicando expresamente que el "proceso" se instruye bajo el expediente ya caduco No. 052-06. Mediante oficio No. OSH-0224-2011 se le hace llegar a la Directora Regional los documentos en los cuales los actores alegaron violación al debido proceso y la nulidad del procedimiento. El 04 de noviembre del 2011, estando caducos los 3 expediente abiertos, se dicta resolución final sin haberse llevado a cabo la audiencia privada para evacuar prueba. En ella se indicó que los actores no demostraron haber cumplido con la correcta explotación de la parcela, a pesar de que se demostró que existía producción bovina en el inmueble. Esa resolución final se refiere sólo al expediente administrativo No. 005-09. Contra lo resuelto por la Junta Directiva los actores interpusieron apelación para ante el superior jerárquico impropio -Tribunal Agrario- alegando aspectos de fondo propiamente de la parcela y que el INDER no valoró. El Tribunal Agrario no entró a analizar todas las violaciones procedimentales y confirma la revocatoria de la adjudicación a los accionantes en el voto de las 17:25 horas del 28 de setiembre del 2012. Mediante exhorto del 13 de febrero del 2013 enviado al Registro se inscribió a nombre del INDER la finca. Con base en esos hechos, afirma que el expediente No. 052-06 nunca fue debidamente tramitado ni impulsado por el INDER. Es hasta la resolución del 18 de marzo del 2011, cinco años después, que con el mismo expediente se vuelve a imputar a los actores hechos distintos a los endilgados en la resolución del 08 de diciembre del 2006. No hay ningún movimiento que indique que el procedimiento no ha caducado. Luego el INDER abrió por los mismos hechos otro expediente bajo el número 005-09, el cual no sufrió movimiento ninguno y no consta que se haya realizado la audiencia respectiva. La resolución final es un híbrido de varios expedientes, en los que no hay claridad sobre los hechos imputados ni sobre las pruebas evacuadas ni se analizó las argumentaciones de los actores. Sostiene que de conformidad con el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública el procedimiento estaba caduco. Además de estar viciado de nulidades contra el debido proceso, según el artículo 308 y siguientes de la misma ley. Que los accionantes quedaron en estado de indefensión al haberse dictado tres resoluciones de apertura, dos en el mismo expediente administrativo pero con 5 años de diferencia; y otra que aunque con los mismos argumentos, se abrió dentro del mismo expediente originalmente abierto, para darle continuidad al mismo, sin que la ley faculte para ello. Afirma que se vulneró el derecho a una correcta imputación e intimación de los hechos y de las pruebas existentes, y prueba de ello es que se dictaron distintas aperturas de procedimientos y en el que lleva el número 005-09, según la resolución final nunca se practicó la amonestación que establece la ley No. 2825 en su artículo 68, sino que se realizó hasta en julio del 2010, según folios 57, 58 y 59 del expediente administrativo, es decir, cuando ya estaba abierto el procedimiento No. 005-09. Y para complicar más la situación, es ésa amonestación la que se aprovechó en la resolución final del expediente No. 005-09 para que aduciendo su incumplimiento se revoquen los derechos de los actores. Por su parte, señala la representación del INDER que: a través de la Ley No. 2825 del 14 de octubre del 1961 y sus reformas, y el Reglamento de Selección de Beneficiarios en su artículo 72, sustenta la adjudicación de parcelas, siendo obligación del beneficiario darle el uso y el fin para los cuales fueron otorgadas, por lo que tienen que trabajarla según los artículos 54, 65 y 66 de la ley 2825. Afirma que se inició con el oficio DRH-652-010 del 13 de setiembre del 2010, donde se solicita acumular los dos expedientes No. 005-09 y 052-06. Es dentro del expediente No. Placa30503 que el INDER dicta la resolución final. Sostiene que la acumulación se dio por economía procesal, por ser las mismas partes, mismo objeto y misma causa. Que no consta en autos que los actores se hayan opuesto a la acumulación, ni que hayan alegado violación al debido proceso y la nulidad del procedimiento. A folio 74 del expediente administrativo se observa el oficio No. OSH-224-2011 del 12 de abril del 2011. Por ello, considera que el INDER ha actuado de manera acorde a derecho, respetando el derecho de defensa y el debido proceso. En cuanto al procedimiento de revocatoria y nulidad del título, señala que los actores no han cumplido con los fines para los cuales se les otorgó la parcela. Además, que la caducidad del procedimiento nunca fue alegada dentro del expediente administrativo. Cita también el numeral 340 de la Ley General de la Administración Pública y aduce que para que opere la caducidad deben darse 3 supuestos: que el asunto esté en un estado de abandono procesal o inactivo; que dicho estancamiento sea producto de la administración -si fue iniciado de oficio-, o bien producto del administrado -cuando el proceso fuere establecido a gestión de parte-, y que esté paralizado por más de 6 meses. Señala que el 24 de setiembre de 1999 se les adjudicó a los actores la parcela número 6 del asentamiento, con un valor fiscal de ¢1.982.356,00 colones, empezando las limitaciones el 24 de setiembre de 1999 y venciendo el 24 de setiembre del 2024. Cita la resolución No. 2006-1806 de las 14:55 horas del 15 de febrero del 2006, de la Sala Constitucional. Manifiesta que la propiedad de la parcela no se adquiere con la entrega del título, sino que se deben cumplir otros supuestos para que dicho título pueda ser efectivo, por ejemplo el pago real y efectivo del precio del inmueble y que hayan transcurrido los 15 años de limitaciones, limitaciones las cuales estima que aún no han vencido en el caso de los accionantes, por lo que no se puede disponer del bien de forma irrestricta. Sobre el pago de un millón de colones, considera que no se aportó prueba de ello a los autos. Sostiene que a partir de que los actores son adjudicatarios de la parcela, adquieren también la responsabilidad de trabajarla. Afirma que no es cierto que se le esté exigiendo a los actores una actividad comercial, pues la legislación que rige la materia no lo señala así, y además, las parcelas que otorga el INDER están dotadas de una función social, por lo que, los derechos de propiedad deben estar limitados y regulados por ley, teniendo sus dueños derechos pero también responsabilidades. Cita el artículo 50 constitucional y el voto No. 4856-96 de la Sala Constitucional y el artículo 1, 3 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización. Señala que efectivamente mediante resolución de las 10:00 horas del 08 de diciembre del 2006, se abrió el procedimiento No. 052-06 por supuesta violación a los artículos 66 y 68 inciso 4 párrafos c) y e) de la ley No. 2825. Y que de previo se realizó una amonestación única mediante oficio No. OSH-274-06 del 5 de abril del 2006, en la cual se indicó a los accionantes, que luego de efectuar varias inspecciones rutinarias, existían algunas anomalías que podrían estar al margen de la ley No. 2825, razón por la cual se les amonestó formalmente. Sobre el argumento de que no se realizó la audiencia privada, manifiesta que el 12 de marzo del 2007 se "realiza prueba de descargo" por los actores, constando la declaración del señor Nombre126524, que está visible a folios 21 y 22 del expediente administrativo. Indica que la Junta Directiva, en el artículo 4 de la sesión No. 30 del 25 de agosto del 2008, acogió la opción de arreglo de pago planteada por los actores. Acepta que mediante resolución de las 08:05 horas del 09 de marzo del 2009, se ordenó la apertura del procedimiento administrativo ordinario por supuesta violación a los numerales 66 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización, resolución en la cual se les citó para el día 03 de abril del 2009 a las 08:30 horas, lo cual está visible a folio 39 del expediente administrativo. Aduce que el INDER sólo le dió continuidad al procedimiento, pues el señor Nombre126524 estaba al día con su pago, pero no con sus obligaciones con la parcela. Mediante oficio del 12 de marzo del 2009, se ordena notificar la resolución inicial de la parcela No.6 del asentamiento, pero no consta en autos que le haya sido notificada a los aquí actores. Constatándose luego que el señor Nombre126524 estaba al día en el pago de sus obligaciones, mediante oficio No. UI-191-09 del 24 de marzo del 2009. Mediante oficio No. DRH-652-2010 del 13 de setiembre del 2010, se solicitó acumular los expediente administrativos Nos. 005-09 y 052-06, al no existir razón técnica para que el caso sea manejado con dos expedientes. El 15 de julio del 2010 se emitió amonestación contra los accionantes, mediante oficio No. OSH-0434-2010, donde se indica que la familia quedaba obligada a desarrollar labores agrarias durante 15 años y se procede a amonestarlos por única vez, bajo el apercibimiento de que en caso de persistir la amonestación en el término de 22 días, se levantaría el informe correspondiente para que la Asesoría Jurídica de la Dirección13681 realizara el "proceso" de revocatoria de la adjudicación y subsecuente nulidad del título de propiedad. Sostiene que al 31 de diciembre -sin indicar el año- los actores deben cuatro cuotas por un monto total en mora de ¢253.003,10 colones. Mediante oficio No. OSH-0045-2011 del 3 de febrero del 2011, se indica que se realizó inspección de campo a la parcela número 6 y que la misma se encontraba trabajada solo de forma pecuniaria, en Dirección18396 , con un área que se observa con maleza con una altura superior a los dos metros, maleza que también estaba en las rondas de calle de esa parcela, lo que evidenciaba un mal mantenimiento de las áreas destinadas a pasto. Efectivamente el 05 de abril del 2011, los actores enviaron un documento indicando las razones por las que no habían invertido en la parcela y se comprometieron a poner la cuenta al día, limpiar la parcela y buscar medios para cultivarla. En el oficio No. DRH-404-2011 del 24 de abril del 2011, se remite la apertura del procedimiento a la parcela No. 6. El 18 de marzo del 2011, se procede con el procedimiento administrativo ordinario, y se concede audiencia para celebrar la comparecencia el 12 de abril del 2011 a las 10:30 am, resolución que les fue notificada el 30 de marzo del 2011. Mediante oficio No. DRH-652-010 del 13 de setiembre del 2010, se solicita acumular los expedientes 005-09 y 052-06. Mediante resolución No. OSH-224-2011 del 12 de abril del 2011 se emitió documentación sobre la parcela No. 6, por lo que no es cierto que se violentara el debido proceso y se viciara de nulidad el procedimiento, pues en el párrafo dos de dicho oficio se hace mención al documento de descargo que aportaron los aquí actores, el cual se remitiría a la Asesoría Jurídica para su análisis. El 09 de agosto del 2011 se remite a la Dirección Regional de Heredia el asunto y el 4 de noviembre del 2011 se dicta la resolución final dentro del procedimiento. En el acuerdo No. 53 de la sesión ordinaria No. 027-2011 celebrada el 26 de julio del 2011 por la Junta Directiva, en el punto tres, se ordena el desalojo de los señores Nombre126524 y Nombre126523, de la parcela. Indica que a folio 77 del expediente administrativo consta que los adjudicatarios de la parcela No. 6 no cumplen con sus obligaciones ni con los fines para los cuales se les entregó el predio. Cita la sesión No. 027-2011 visible a folio 78 del administrativo, en la que se indica que los adjudicatarios tuvieron tiempo suficiente para buscar financiamiento y hacer producir la parcela, pero por el contrario, van a la parcela esporádicamente y no muestran que exista interés por hacerla producir, según los informes de fiscalización rendidos, por la Subregional de Horquetas, por lo que se estima que los actores no tenían ni voluntad ni necesidad de explotar el predio. Si bien en la carátula de la resolución final del expediente administrativo se hace mención a la nulidad del título número 005-09, lo cierto es que en el contenido del documento se hace alusión a los hechos ocurridos hasta el dictado del acto final, y cuando se instruyó a la Secretaría de la Junta Directiva el trámite de revocatoria y nulidad del título para conocimiento de la Junta Directiva, no se incluyó el número del expediente pero sí el número de parcela, propietarios del predio, asentamiento, folio real, oficina subregional solicitante y el motivo. Mediante oficio No. DRH-652-2010 del 13 de setiembre del 2010, se ordenó acumular los 2 procedimientos, indicándose que lo importante era el uso que los accionantes hicieran de la parcela, su cuidado y su producción. Efectivamente el Tribunal Agrario confirmó la revocatoria de derechos de los actores en el voto de las 17:25 horas del 28 de setiembre del 2012, según consta a folios 115 y 116 del expediente administrativo. El exhorto fue elaborado el 14 de enero del 2013 y se envió al Registro Nacional el 11 de febrero del 2013 e inscrito en favor del INDER el 13 de febrero del 2013. Afirma que por lo expuesto, no procede la caducidad, y cita en sustento de su posición la resolución No. 229-90 de la Sala Primera de la Corte. Concluye que la demanda debe rechazarse porque la adjudicación de la parcela en favor de los actores fue revocada y por ello se les anuló el título de propiedad otorgado, por lo cual también hay una falta de interés actual, pues la presente demanda se interpuso cuando la adjudicación ya había sido anulada. Concluye solicitando se declare sin lugar la demanda y se condene a los actores al pago de ambas costas.
V.Dentro del presente asunto, resulta importante hacer un breve repaso general sobre el régimen jurídico aplicable a la materia : Dispone la Ley de Tierras y Colonización, número 2825 del catorce de octubre de mil novecientos sesenta y uno, que el Instituto de Desarrollo Agrario (actual Instituto de Desarrollo Rural) tiene por objeto vincular al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra, velando por que la asignación de este recurso promueva el aumento gradual de la productividad, propugnando por una justa distribución de su producto y la elevación de su condición socioeconómica, para de esa forma hacerlo partícipe consciente del desarrollo de la nación, logrando así una justa distribución de la riqueza y evitando las formas indirectas de explotación de la tierra (ordinal primero ibídem). En efecto, la norma no es más que el desarrollo directo del artículo cincuenta constitucional, donde el Estado interviene en los medios de producción a fin de generar una sana distribución de la riqueza en favor de los grupos de mayor necesidad social. En virtud de tales fines, es que se incentiva el derecho de toda persona de denunciar o informar la existencia de tierra en cuya explotación no se cumple con la función social de la propiedad. Este último concepto si bien fue descartado de la Asamblea Constituyente de mil novecientos cuarenta y nueve, fue recogido por el legislador ordinario, la doctrina y la jurisprudencia para fijar que la tierra presenta un interés público de ser el medio a partir del cual de manera directa o indirecta se producen los bienes y servicios necesarios para la existencia de la especie humana, de suerte que su explotación dentro de un ambiente ecológicamente equilibrado es una prioridad en la sociedad. Más aún cuando permite generar las parcelas rurales para personas de bajos recursos. Es un sistema especial y excepcional al derecho de propiedad consagrado en el párrafo primero de la norma constitucional, en protección de la parte débil de la relación a saber el agricultor, quien muchas veces tiene el interés y pone su esfuerzo pero carece de la tierra. En mérito de tales cometidos, originalmente el Estado se declaró propietario de toda la tierra carente de dueño para distribuirla, y de manera ulterior, con el cierre de la barrera agraria el antiguo ITCO pasó a ser el IDA y posteriormente, el actual Instituto de Desarrollo Rural, donde la Junta Directiva de dicha entidad tiene la facultad de promover planes de parcelación, disponer la adquisición de propiedad particular a fin de cumplir con sus fines económico-sociales, de constituir en propietarios a los campesinos a quienes les adjudica una parcela y de aprobar la adjudicación de fundos para el otorgamiento de los títulos respectivos. Como puede observarse en aras de hacer efectiva las políticas de parcelación de tierras (numeral 49 y siguientes ídem) la entidad ofrece condiciones muy favorables a los adquirentes, con cómodos sistemas de pago y bajas cuotas e intereses, con el objeto de promover la función social de la propiedad (numerales 58 a 61 ibídem). Inicialmente se consideró que todo el territorio nacional rural podía presentar esa orientación, siendo progresivamente matizada esa aseveración a partir del respeto a normas ambientales y al demanio público que impera en estas materias. Eso llevo a la institución a tecnificarse más y establecer cuáles terrenos presentaban una vocación agraria, de forma tal que fuera verdaderamente aprovechable y qué espacios del territorio nacional rural presentaban, desde el plano jurídico y técnico , otra vocación. Siempre propugnándose que los beneficiarios de estos planes de distribución recaigan sobre personas que destinen el inmueble para la propia manutención y de su familia, que tengan capacidad técnica y experiencia en trabajos agrarios, debiendo comprometerse a trabajar la parcela personalmente y con sus descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad (ordinal 62 ídem). De igual forma, no se adjudicará más de una parcela a cada beneficiario y su extensión irá en proporción a los miembros de la familia (artículo 64 ibídem ). Todo ello sin duda establece un régimen especial de propiedad, tutelado y protegido en forma agravada, con el objeto de destinarla al fin encomendado por ley, evitando así que la tierra sea dedicada a fines contrarios a su fin social, lo cual implicaría su desnaturalización. La naturaleza jurídica de este tipo de bienes fue durante mucho tiempo un tema de ardua discusión, pues si bien normalmente se les calificaba como bienes demaniales, si presentaban esta naturaleza resultaría imposible la transmisión hacia los particulares; mientras que por el contrario si se tomaban como bienes fiscales, podrían ser adquiridos por los medios propios del derecho común, desviándose el fin público que presentaban. La jurisprudencia y la doctrina resolvieron el conflicto bajo la categoría de bienes demaniales temporales o transitorios, de suerte que el bien presenta la condición dominical durante el tiempo que está en manos de la administración, lo que impide salir del dominio público por los medios comunes, pero cumplidos los requisitos legales, la naturaleza pública desaparece, se desafecta el bien, para pasar a ser bien fiscal y consecuentemente transmisible conforme la norma legal especial para la materia (al respecto es posible ver el voto 2008-18434 de la Sala Constitucional). Así las cosas, una vez acordada la adjudicación de las parcelas por venta, el Instituto expedirá a favor del ocupante un título de posesión provisional en que consten sus derechos y obligaciones, de modo que si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado y cumplido a satisfacción las demás obligaciones, tendrá derecho a que se le otorgue el título de propiedad (artículo 65 ibídem). En mérito de todo lo expuesto, se colige sin dificultad que el beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo, subdividirlo sin autorización previa del Instituto, excepto que hayan transcurrido los quince años desde la adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas, en mérito de lo cual, los contratos privados celebrados por el adjudicatario con terceros, no vincula a la entidad. En ese sentido se dispuso que incluso transcurrido tal plazo, si la enajenación de la parcela produce la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, el Instituto podrá adquirirla en forma prioritaria (numeral 67 ibídem). Aunado a lo anterior, es dable indicar en torno a este régimen diferenciado de propiedad, y con base en lo estipulado en el artículo 67 ibídem, el plazo de los quince años comienza a correr a partir de la adquisición, es decir del otorgamiento del título de propiedad (compraventa) y no de la ocupación o de la adjudicación administrativa. En torno a ello, para una correcta interpretación de la norma supra citada, se colige que se adquiere la parcela desde el otorgamiento de la escritura pública respectiva para proceder a la inscripción registral a su nombre, en virtud de la enajenación que realizara la entidad en su favor. Ello es así, porque es a partir de dicha data que registralmente se establecen y comienzan a correr las limitaciones impuestas, disponiéndose que la venta en los términos expuestos queda sujeta a las condiciones y limitaciones de la Ley 2825 del 14 de octubre de 1978, toda vez que en los términos del ordinal 65 citado, antes de la adquisición lo que se tiene es un título de posesión provisional no sujeto a las limitaciones, porque éstas se imponen una vez traspasado a nombre del parcelero el fundo. Antes de ello no tendrían razón de ser, debido a que no se puede limitar aquéllo de lo cual no se dispone. De acuerdo con la Ley de Tierras y Colonización, N° 2825, el Instituto de Desarrollo Rural está llamado a efectuar la parcelación de sus terr enos para lograr, entre otros fines, una mejor distribución de la tierra con propósitos de colonización, dando preferencia a aquéllas zonas y tierras en donde existan núcleos de poseedores en precario y que se consideren aptas para sus objetivos. Las personas interesadas en convertirse en beneficiarias deben presentar la solicitud correspondiente, a fin de que se analice si califican como tales (artículo 55). Una vez acordada la adjudicación de las parcelas por venta, si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado por el Instituto y ha cumplido a satisfacción todas las demás obligaciones que sobre él pesan, tendrá derecho a que se le otorgue título de propiedad (artículo 65). Por otro lado, existe una excepción para el inicio del cómputo del plazo de limitaciones, que corresponde a la denominada “morosidad administrativa”, pero no es ése el tema en disputa dentro del presente asunto, por lo que no procederá a profundizar en cuanto a ello este Tribunal. Así las cosas, éste tipo de actos que declaran derechos en favor de los administrados, deben ejecutarse de forma pronta y célere, para satisfacer el principio de tutela administrativa efectiva. Naturalmente, existe un tiempo razonable para el actuar administrativo, que depende de la acción en concreto que deba realizarse y que varía dependiendo de las circunstancias en cada caso particular; m as existe un margen razonable para el cumplimiento y otro irrazonable. En el momento que se configura el segundo supuesto, la acción se torna ilícita y consecuentemente contraria al ordenamiento jurídico, sin perjuicio de derivar responsabilidad por parte de la administración, al margen de la ejecución en vía jurisdiccional del acto firme declaratorio de derechos, según lo ya señalado. La administración sólo podría negarse a ejecutar tales actos firmes declaratorios de derechos, si ya se hubiera declarado la nulidad absoluta de ellos mediante los procedimientos y recaudos formales y sustanciales establecidos por el propio bloque de legalidad, a saber, mediante la tramitación del respectivo proceso de lesividad en tratándose de nulidades absolutas o el procedimiento regulado en el artículo ciento setenta y tres de la Ley General de la Administración Pública, si es que se está frente a una nulidad absoluta evidente y manifiesta. Retomando al tema de las limitaciones, como se adelantó, la regla general en la materia nos orienta a señalar que el plazo de las limitaciones opera a partir del momento en el cual se genera la correspondiente escritura de traspaso. Como se indicó, el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización parte de la premisa de que el có mputo de las limitaciones –inamovilidad- sobre el inmueble entregado, inicia a partir de la transmisión del bien, transmisión que -por regla propia de los bienes de naturaleza real-, ocurre en el momento del traspaso, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública. Más por otro lado, la lógica que impera en la materia es que la ejecución –otorgamiento de la escritura- debe realizarse con la respectiva celeridad, pues de no hacerse así, el indicar que es a partir de la escritura pública que empieza a correr el plazo de las limitaciones legales, llevaría aparejado que la inercia administrativa genere un castigo hacia el particular, quien asumiría un lapso de inmovilización del bien, superior a aquel que el ordenamiento vigente señala, cargándolo de un efecto negativo que no le es achacable y que por ende no tiene el deber de soportar.
VI.Acusa la parte actora, que en el caso que nos ocupa ha operado la caducidad del procedimiento administrativo incoado por el INDER en su contra, para revocar la adjudicación de la parcela que, en su oportunidad, se les otorgara. Sobre esta temática, son dos los aspectos que debe dilucidar el Tribunal: primeramente, si en la especie resulta aplicable el instituto de la caducidad, según los términos previstos por el numeral 340 de la ley No. 6227 Ley General de la Administración Pública, a los procedimientos administrativos que realiza el Instituto de Desarrollo Rural en el ejercicio de las competencias que le son legalmente asignadas y, además, si en caso de que resulte aplicable tal instituto jurídico, en el caso concreto operó o no la caducidad dentro del procedimiento de revocatoria de la adjudicación y nulidad del título, tramitado por la entidad demandada en contra de los accionantes. En cuanto al primer aspecto por definir, considera esta Cámara que es viable la aplicación del instituto de la caducidad, en los términos previstos en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, a los procedimientos que sigue la institución demandada, de conformidad con las consideraciones que de seguido se detallan: El respeto al debido proceso constitucional y a los elementos que lo conforman, resultan parámetros de imperiosa observancia no sólo en los procesos jurisdiccionales, sino también entratándose de procedimientos administrativos, sin que incida en su aplicación cuál es el órgano administrativo al que corresponde su instrucción, ni tampoco la materia de la cual se trate. En efecto, tal y como lo ha señalado en forma reiterada la jurisprudencia de la Sala Constitucional, entre otras en las resoluciones Nos. 15-90, 3433-93, 3929-95, 1484-96, 5516-96 y 2003-13140, resulta imperiosa la aplicación de las garantías derivadas de los numerales 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Constitución Política vigente, para los procedimientos administrativos y máxime cuando se trate de procedimientos administrativos sancionadores, cual acontece en el caso que nos ocupa, precisamente por las eventuales consecuencias gravosas de su resultado, en tanto a que en ellos puede imponerse una obligación; suprimirse, denegarse o restringirse un derecho subjetivo o un interés legítimo, o bien imponerse una sanción administrativa de carácter pecuniario, disciplinario, económica, etc. Al respecto, ha señalado el tribunal constitucional desde vieja data, entre otras, en la resolución No. 1484-96, en lo que resulta de interés: “(...) todas esas normas jurídicas, derivadas de la Constitución Política como modelo ideológico, persiguen ni más ni menos que la realización del fin fundamental de justicia, que es el mayor de los principios que tutelan un Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas –principios generales- que tienen plena vigencia y aplicabilidad a los procedimientos administrativos de todo órgano de la Administración, se reitera, pues, los principios que de ella se extraen son de estricto acatamiento por las autoridades encargadas de autorizar cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado sancionador." (el subrayado no corresponde al original). Y es que la garantía del debido proceso es -en esencia- una de carácter instrumental, en el tanto resulta ser el medio idóneo para el efectivo ejercicio del derecho de defensa, tal y como lo señala el numeral 215 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, que en lo de interés, reza: "El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la Administración, con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico." La decantada jurisprudencia constitucional ha reconocido como elementos esenciales e indispensables en todo procedimiento administrativo, los siguientes, con el fin de garantizarle a las partes intervinientes el efectivo ejercicio de su derecho de defensa, siendo por ende su ausencia, una grave afectación sobre los derechos constitucionales al debido proceso y al derecho de defensa: a) la notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento, más conocido como el derecho a la debida intimación e imputación, de donde se hace necesario no sólo la instrucción de los cargos, sino también la posible imputación de los hechos, lo que significa la indicación de la posible sanción a aplicar; b) el derecho de audiencia, que comprende el derecho de intervenir en el proceso, a ser oído y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) consecuencia del anterior, la presunción de inocencia, que implica que la Administración (o el denunciante) está obligada a demostrar la culpabilidad del infractor o investigado; d) la oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; e) el derecho del administrado a una defensa técnica, que comprende su derecho a hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas, como peritos; f) la notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos en que ella se funde; g) el derecho del interesado de recurrir la decisión dictada, que conlleva el principio de la congruencia de la sentencia; que en el caso de los procedimientos administrativos, comprende no sólo el derecho de recurrir el acto final, sino también aquellos actos del procedimiento que tengan efecto propio y que puedan incidir en el derecho de defensa -el auto de apertura del procedimiento, la denegatoria de la celebración de la audiencia oral y privada, la denegatoria de recepción de prueba, la aplicación de medidas cautelares, la denegación del acceso al expediente, la reducción de los plazos del procedimiento, y la resolución que resuelva la recusación-; h) el principio pro-sentencia, de donde, las normas procesales deben aplicarse e interpretarse en el sentido de facilitar la administración de justicia, tanto jurisdiccional como administrativa; y por último, y no menos importante, i) la eficacia formal y material de la sentencia o fallo. Así mismo, no pueden obviarse como partes integrales de estos derechos fundamentales, el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminaciones; la gratuidad y el informalismo de la justicia; la justicia pronta y cumplida (sin retrasos injustificados); el principio de mínima intervención en el ámbito de los derechos de los administrados; el principio de reserva de ley o reserva legal que reduce al ámbito de las normas con rango, potencia y resistencia legal, la regulación de los derechos fundamentales (artículo 28 de la Constitución Política), de la materia procesal (al tenor de los artículos 11 y 28 de la Constitución Política, 5 y 7, 19.1, 59.1 y 367 inciso h) de la Ley General de la Administración Pública), así como para el establecimiento de sanciones administrativas (artículos 39 de la Carta Fundamental y 124 de la Ley General de la Administración Pública); el principio del juez regular (artículo 35 de la Constitución Política), el principio de irretroactividad de la ley (artículo 34 de la Constitución Política), el de prohibición de sanciones degradantes o confiscatorias (artículo 40 constitucional) y la prohibición de un doble juzgamiento por los mismos hechos (artículo 42 de la Carta Fundamental). La vinculación de esta garantía resulta de tal reelevancia en el ámbito del derecho sancionador administrativo, que su inobservancia produce, sin duda, la nulidad de todas las actuaciones procedimentales y de las decisiones adoptadas, tanto por el órgano director como por el decisor, lo cual ha sido señalado por la Sala Constitucional en las resoluciones Nos. Placa30504 y Placa30505. Así mismo, el procedimiento administrativo se encuentra regido por una serie de preceptos propios que dirigen la actividad procedimental. Al respecto, puede consultarse la resolución No. 2004-13140 de las 14:37 horas del 12 de noviembre del 2003 de la misma Sala. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, resulta de trascendental importancia la observancia por parte del órgano director del procedimiento, de los principios de celeridad y oficiosidad, los cuales implican un poder-deber por parte del órgano director y del decisor, para impulsar la tramitación del procedimiento, con el fin de que concluya con el dictado de la respectiva resolución de fondo, de conformidad con lo indicado por los numerales 222 inciso 1 y 225, ambos de la ley No. 6227 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). Se trata, desde su vertiente activa, de la obligación jurídica que pesa sobre la administración tramitante, de instar e impulsar adecuadamente la consecución del procedimiento del que se trate, aún de oficio -es decir, sin gestión de las partes intervinientes-, a fin de que el procedimiento sea lo más rápido y eficaz posible, sin dilaciones indebidas para las partes que se encuentran sujetas a él. Este impulso oficioso se evidencia también en la forma en que se inicia el procedimiento, que puede serlo, obviamente a a instancia de parte o bien de manera oficiosa. En ese tanto, deberá el procedimiento armonizar tanto el respeto y la observancia al ordenamiento jurídico vigente, como los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados; desde una perspectiva propia de la obtención de la mayor economía en el manejo de los recursos públicos y la obtención de la mayor eficiencia posible en el quehacer administrativo, sin dejar de lado la vinculación y sujeción a los preceptos de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales, todo lo cual nos lleva a sancionar la dilación innecesaria en el curso del procedimiento, o la inactividad procesal en su desarrollo, con la sanción procedimental de la caducidad, de conformidad con lo indicado en el numeral 340 de la LGAP a partir de la reforma operada por el artículo 200 inciso 10) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Señala la norma referida, en lo que resulta de interés: "1) Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de este Código. // 2) No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, cuando el interesado haya dejado de gestionar por haberse operado el silencio positivo o negativo, o cuando el expediente se encuentre listo para dictar el acto final. // 3) La caducidad del procedimiento administrativo no extingue el derecho de las partes; pero los procedimientos se tienen por no seguidos, para los efectos de interrumpir la prescripción." (el subrayado y la itálica no corresponden al original). Sin embargo, debe reseñar este Tribunal, que la prosecución célere del procedimiento administrativo no puede sacrificar en aras de la rapidez, el debido respecto a las garantías que conforman el debido proceso, por ejemplo, no podría la administración promovente, en aras de la rapidez procedimental, dejar de motivar adecuadamente las decisiones tomadas, no ordenar la realización de pericias, no llevar a cabo la audiencia oral y privada, o bien, no respetar los plazos establecidos por la normativa vigente para la interposición de los respectivos recursos, en caso de estimarse necesario, entre otros. En ese tanto, la caducidad resulta ser un medio idóneo de evitar la excesiva prolongación de los procedimientos, en aras de resguardar la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, y garantiza la eficiencia y continuidad en el funcionamiento del quehacer administrativo. Debe recordarse, que en atención a su propia naturaleza jurídica, la caducidad no resulta susceptible de declaratoria cuando el procedimiento respectivo se encuentra listo para el dictado del acto final, resultando -obvia y lógicamente- improcedente, también cuando ya se emitió el acto final. Para su operación, es necesario que el asunto haya ingresado en un estado de abandono o inactividad procesal, y además, que dicho estancamiento sea producto de causas imputables al administrado -cuando haya iniciado a gestión de parte-, o bien de la Administración -si fue instaurado de oficio-; y por último, que dicha inacción se haya mantenido por un lapso mínimo de seis meses, el cual se computará desde la última acción eficiente promovida dentro del expediente para arribar a su terminación, y nunca desde la apertura del procedimiento. Ello supone que los procedimientos sancionatorios o en aquellos en que pueda resultar una afectación a los derechos de un sujeto, cuando han sido instruidos de oficio, son susceptibles de la declaratoria de caducidad. Al respecto ha señalado la Sala Primera en la sentencia No. Placa30506, en lo que resulta de interés: "En primer término, se puede observar que la norma recién transcrita se encuentra redactada en forma imperativa, es decir, no regula una facultad; por el contrario, una vez cumplidos los presupuestos de hecho en ella contenidos, la consecuencia deviene en obligatoria para el órgano encargado de la tramitación. Esto implica que sus efectos se producen de pleno derecho, y por ende su reconocimiento tiene efectos meramente declarativos, no constitutivos. Vale aclarar que lo anterior no debe ser interpretado como una pérdida de competencia –la cual es, por definición, irrenunciable, intransmisible e imprescriptible según el numeral 66 LGAP-, sino, únicamente, como la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento específico en el que se produjo la inercia.". La caducidad resulta ser una forma anticipada de terminar el procedimiento; el cual la propia LGAP denomina como una forma anormal de terminación y que como tal, debe dictarse dentro del procedimiento para generar ese efecto de cierre, sin que surta eficacia ninguna si no se ha invocado por las partes o si aún no ha sido declarada. Teniendo claro que la determinación de los procedimientos administrativos es materia reservada a la ley -teoría de la regulación de los derechos fundamentales, como corolario necesario del principio de la libertad, que deriva del artículo 28 de la carta fundamental-, y de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, es claro que en la especie resulta viable proceder a la declaratoria de la caducidad, lo cual requiere sin duda una revisión detallada de lo acontecido dentro del expediente administrativo. Revisados con cuidado los autos, se debe indicar que desde la emisión de los actos de iniciación de los dos procedimientos administrativos sancionadores iniciados por el otrora IDA en contra de los accionantes, en fechas 08 de diciembre del 2006 y 18 de marzo del 2011, y el dictado de la resolución final de fecha 04 de noviembre del 2012, acto final de alguno de ambos procedimientos (-no se indica de cuál y además lo consigna de esta forma el Tribunal, al no existir en autos la resolución que ordenara la acumulación de los procedimientos administrativos tramitados bajo los números 05-09 y 052-06-), se hubiese realizado alguna actuación tendiente a la efectiva prosecución del procedimiento administrativo sancionador, sin duda había transcurrido el plazo de seis meses de inactividad previsto para el caso concreta en la legislación vigente. De lo reseñado, resulta evidente para este Tribunal que existió en la especie, una inactividad en el procedimiento de revocatoria de la adjudicación y nulidad del título de propiedad que se siguiera bajo los expedientes administrativos 05-09 y 052-06 ante la Dirección Regional Heredia del Instituto de Desarrollo Rural, por culpa exclusivamente atinente a la entidad accionada, a lo cual se suma que dentro de la documentación aportada a los autos bajo el supuesto expediente administrativo, se evidencia un absoluto desorden en la tramitación de tales procedimientos y la inexistencia de algún registro que acredite aspectos tan importantes dentro de esta litis, como la resolución que ordenó la acumulación de ambos procedimientos o bien, las actas levantadas en caso de haberse realizado la audiencia oral y privada en alguno de ambos procedimientos. Desde la apertura del procedimiento tramitado bajo expediente No. 052-06 mediante resolución del 08 de diciembre del 2006 y hasta el dictado de la resolución final -admitiendo la posibilidad de que la misma haya sido dictada dentro de este procedimiento el día 04 de noviembre del 2012-, transcurrió un plazo de cinco años, once meses y veintiséis días. Y por otro lado, desde la apertura del procedimiento tramitado bajo expediente No. 05-09, mediante resolución del 18 de marzo del 2011 y hasta el dictado de la resolución final -admitiendo la posibilidad de que la misma haya sido dictada dentro de este procedimiento, el día 04 de noviembre del 2012-, transcurrió el plazo de un año, siete meses y quince días, lo que trae aparejada sin duda alguna la caducidad del procedimiento sancionador. Resulta necesario advertir además, que en este caso, existen gestiones formuladas por los investigados, pero no se dió por parte del órgano persecutor, ninguna gestión tendiente a la efectiva prosecución del procedimiento, antes del dictado de la resolución de noviembre del 2012, y en ese tanto, la aplicación del referido mecanismo de terminación del procedimiento deriva del hecho de que los trámites estuvieron paralizados por causa exclusivamente imputable –en este caso– a la Administración que lo inició, durante más de seis meses, según se ha explicado en las líneas que preceden. La parálisis de los trámites resulta exclusivamente atribuible a la Administración, sin que sea posible esgrimir que los recursos y defensas opuestas son extensos y/o excesivos, toda vez que los mismos son ejercidos conforme a las previsiones del ordenamiento jurídico, existiendo más bien obligación de parte de la Administración de su debida resolución. Más bien se evidencia un total abandono en cuanto al tramitar y estudiar de la debida forma este asunto, que por inercia -por no existir explicación alguna que justifique esta situación-, se dejó inactivo. Adicionalmente, no puede obviar este Tribunal que en la especie se han producido flagrantes violaciones al íter procedimental previsto por la legislación vigente, así como también a los derechos constitucionales del debido proceso y de defensa que ostentaba la parte actora, pues el hecho de no llevar a cabo en ninguno de ambos procedimientos, la audiencia oral y privada prevista por los numerales 309 y siguientes de la ley No. 6227 Ley General de la Administración Pública, sin duda alguna menoscabó de forma sensibilísima el derecho que ostentaba tanto don Nombre126524 como doña Nombre126523, de evacuar en ella la prueba que estimaran procedente, coartando también la posibilidad de exponer con amplitud las alegaciones que consideraran oportunas en sustento de sus posiciones. Así las cosas, este Tribunal concurre con la parte actora en el sentido de que debe acogerse la pretensión formulada, declarando caducos los procedimientos tramitados ante la Dirección Región Heredia del INDER bajo expedientes No. 05-09 y 052-06 en contra de los señores Nombre126523 y Nombre126524 , a lo cual se suma que el tiempo requerido por la administración para su tramitación en sin duda excesivo, superando por demás los plazos al efecto establecidos por la normativa procedimental vigente. Y puesto que la consecuencia directa derivada de la operación de este medio de terminación anormal del procedimiento, es que los mismos se tengan por no seguidos, de conformidad con el artículo 340 inciso 3 de la citada LGAP, esto impone indefectiblemente también la necesidad de levantar el mandamiento ("exhorto”) de anotación en la finca del partido de Heredia inscrita bajo matrícula de folio real número Placa30500, que remitió la administración demandada mediante resolución de las 14:00 horas del 14 de enero del dos mil trece, correspondiente a las citas número 2013-00034356-01 inscrito en fecha 13 de febrero del 2013, lo cual se dispone ordenar mediante mandamiento que se expedirá tan pronto como adquiera firmeza esta sentencia. De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, y por las razones indicadas, es lo procedente declarar con lugar en todos sus extremos la demanda intentada. Por la forma en que se resuelve y por estimarse innecesario, se omite pronunciamiento sobre los demás argumentos invocados. Asimismo, se advierte que en la contestación de la demanda, el Instituto de Desarrollo Agrario solicita una serie de pronunciamientos, sin que en modo alguno se constituya en contrademanda; pero que en todo caso, por su contenido se observa que son la antítesis de las pretensiones de los actores, por lo que, obviamente se debe entender resueltas en sentido contrario de lo declarado en las líneas precedentes.
VII.Sobre las excepciones. Invocó la entidad demandada, la excepción de falta de interés actual, aduciendo que ya se había dictado acto final dentro del procedimiento administrativo sancionador. Evidentemente incurre en un claro error al sustentar en dicho argumento su defensa, pues es claro que en el caso que nos ocupa, no hay falta de interés actual, toda vez que el asunto en disputa no ha sido anteriormente objeto de pronunciamiento alguno por un órgano jurisdiccional que lo dilucide, a lo cual se suma que la polémica que dio inicio a esta litis, se ha mantenido vigente a la espera de una sentencia judicial que lo determine. Se rechaza por ende la excepción de falta de interés interpuesta. A sí mismo, y al amparo de lo expuesto en los considerandos precedentes, se rechaza la excepción de falta de derecho invocada y consecuentemente se declara con lugar en todos sus extremos la demanda intentada.
VIII.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con los numerales 221 y 222 del Código Procesal Civil, aplicables al presente asunto por dispensa del artículo 220 del texto procesal que rige especialmente esta jurisdicción, son ambas costas del proceso a cargo de la parte demandada.
POR TANTO
Se rechaza las excepciones de falta de interés actual y falta de derecho. Se declara con lugar en todos sus extremos la demanda intentada. En virtud de haber operado la caducidad de los procedimientos en favor de los accionantes, se ordena cancelar la inscripción bajo las citas 2013-00034356-01 inscrita en fecha 13 febrero del 2013 ante el Registro Público de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, sobre la finca del partido de Heredia inscrita bajo matrícula de folio real Placa30500. Se declara la nulidad en su totalidad, desde las amonestaciones únicas al efecto emitidas, de los procedimientos administrativos tramitados bajo expedientes Nos.05-09 y 052-06 por el Instituto de Desarrollo Agrario en contra de los accionantes. Se anula la resolución de las 14:00 horas del 04 de noviembre del 2012 y el acuerdo emitido por la Junta Directiva del INDER correspondiente al artículo No. 53 de la sesión ordinaria No. 02 7-2011 del 26 de julio del 201 1. Una vez firme la presente resolución, proceda la administración demandada a emitir los exhortos respectivos dirigidos al Registro Nacional para hacer efectiva la cancelación del traspaso inscrito bajo las citas 2013-00034356-01 inscritas el 13 febrero del 2013, sobre la finca del partido de Heredia inscrita bajo matrícula de folio real Placa30500, procediéndose a su inscripción nuevamente a nombre de los actores. Son ambas costas del proceso, a cargo de la entidad demandada. Notifíquese.- Sandra M. Quesada Vargas.
Nombre22563 . Nombre5243 .
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