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Res. 00339-2009 Tribunal de Casación Penal de Cartago · Tribunal de Casación Penal de Cartago · 28/10/2009

Mistake of Law for Logging in Indigenous TerritoryError de prohibición por tala en reserva indígena

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The appeal was granted, the conviction and nine-month prison sentence were reversed, and the defendant was acquitted because the evidence created doubt about her culpability by showing an indirect mistake of law.Se acogió la casación, se revocaron la condena y la pena de nueve meses de prisión, y se absolvió a la imputada porque la prueba generaba duda sobre su culpabilidad al haber actuado bajo un error de prohibición indirecto.

SummaryResumen

The Criminal Cassation Court granted the defense appeal and acquitted an Indigenous woman convicted of exploiting forest resources and changing land use. Although the Court reaffirmed that clearing primary or secondary forest and changing land use within an Indigenous territory without authorization from the State Forestry Administration are criminally prohibited and unlawful acts, it concluded that the defendant acted under an indirect mistake of law. The Indigenous Integral Development Association had assigned her the parcel expressly for cultivation, and its president told her she could cut trees, supporting her mistaken belief that she was authorized to do so. The Court also held that the prosecution must establish culpability and reasonably disprove asserted grounds for exculpation because factual doubt favors the accused. It further stated that the State must advise Indigenous peoples and reconcile traditional subsistence activities with environmental protection through appropriate permits, sustainable-development planning, and prior environmental studies. The conviction and nine-month prison sentence were therefore revoked.El Tribunal de Casación Penal acogió el recurso de la defensa y absolvió a una mujer indígena condenada por aprovechamiento de recursos forestales y cambio de uso de la tierra. Aunque reafirmó que talar bosque primario o secundario y cambiar el uso del suelo dentro de una reserva indígena sin autorización de la Administración Forestal del Estado son conductas típicas y antijurídicas, concluyó que la imputada actuó bajo un error de prohibición indirecto. La Asociación de Desarrollo Integral Indígena le había asignado la parcela expresamente para cultivarla, y su presidente le indicó que podía cortar árboles, lo que sustentó su falsa creencia de estar autorizada. El Tribunal añadió que la acusación debe acreditar también la culpabilidad y desacreditar razonablemente las causas de exculpación, pues la duda favorece a la persona imputada. Asimismo, señaló que el Estado debe orientar a los pueblos indígenas y armonizar sus actividades tradicionales de subsistencia con la protección ambiental mediante autorizaciones, planificación sostenible y estudios ambientales previos.

Key excerptExtracto clave

This Chamber wishes to make clear that cutting forest or changing land use in the forested area of an Indigenous territory without authorization from the State Forestry Administration is criminally punishable and therefore prohibited. Likewise, the State is obligated, pursuant to Convention 169 and the cited provisions of the Indigenous Law, to consider promoting the exercise of Indigenous customs and culture within the territories assigned to them, so that activities such as agriculture, fishing, and hunting may be authorized in those territories reasonably and in harmony with the environment, in pursuit of sustainable development. Otherwise, assigning land to Indigenous people would serve no purpose and would not fulfill the objectives of Convention 169, ratified by Costa Rica through Law 7316. For all the foregoing reasons, the sole ground of appeal is granted, and the judgment is reversed insofar as it convicted the defendant [Nombre27] as the perpetrator of the offenses of exploiting forest resources on land belonging to the State Natural Heritage and changing land use, committed concurrently, as well as its imposition of a nine-month prison sentence and grant of conditional execution of the sentence and its conditions. Instead, THE DEFENDANT IS ACQUITTED OF ALL PUNISHMENT AND LIABILITY FOR THE CHARGED OFFENSES. THIS JUDGMENT SHALL BE SERVED ON THE PARTIES, CONAI, AND THE MINAET OFFICE CORRESPONDING TO THE LA AMISTAD-PACIFIC CONSERVATION AREA.Esta Cámara quiere dejar claro, que es penalmente sancionable, y por ende prohibido talar el bosque o cambiar el uso del suelo en el área boscosa de una reserva indígena, sin la autorización de la Administración Forestal del Estado. En igual forma, es obligación del Estado valorar conforme al Convenio 169 y las disposiciones de la Ley Indígena citadas, el promover el ejercicio de las costumbres y cultura de los indígenas dentro de las reservas que les han sido asignadas, de manera que actividades como la agricultura, la pesca y la caza, puedan ser autorizadas en esas reservas de forma razonable y en armonía con el ambiente, buscando un desarrollo sostenible. De lo contrario, la asignación de tierras a los indígenas no tiene ningún objeto, ni estaría cumpliendo con los objetivos del Convenio 169 ratificado por Costa Rica mediante Ley 7316. Por todo lo anterior, se acoge el único motivo del recurso, y se revoca la sentencia en cuanto condenó a la imputada [Nombre27] como autora responsable de los delitos de aprovechamiento de recursos forestales en terreno del Patrimonio Natural del Estado y Cambio de uso de la tierra en concurso material, así como la imposición de la pena de nueve meses de prisión y la concesión del beneficio de ejecución condicional de la pena y sus condiciones. En su lugar se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A LA IMPUTADA POR LOS DELITOS ACUSADOS. NOTIFÍQUESE ESTA SENTENCIA A LAS PARTES, AL CONAI Y A LA OFICINA DEL MINAET CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD- PACÍFICO.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Sin embargo el Tribunal quiere reafirmar el criterio de que en las Reservas Indígenas es igualmente sancionable penalmente y por ende ilegal, el talar bosques, sean primarios o secundarios, aprovechar los productos forestales de éstos, o cambiar el uso del suelo, salvo que exista autorización del Minaet en los casos que la ley señala."

    "Nevertheless, the Court reaffirms that within Indigenous territories it is likewise criminally punishable and therefore unlawful to cut forests, whether primary or secondary, exploit their forest products, or change land use, unless MINAET authorization exists in the circumstances provided by law."

    Considerando II

  • "Sin embargo el Tribunal quiere reafirmar el criterio de que en las Reservas Indígenas es igualmente sancionable penalmente y por ende ilegal, el talar bosques, sean primarios o secundarios, aprovechar los productos forestales de éstos, o cambiar el uso del suelo, salvo que exista autorización del Minaet en los casos que la ley señala."

    Considerando II

  • "Es criterio de ésta Cámara que en la especie, existen suficientes elementos que derivan de la prueba recibida para estimar que la encartada Etelgive [Nombre7] actuó bajo un error de prohibición indirecto, es decir bajo la falsa creencia de que al habérsele adjudicado una parcela dentro de una reserva indígena, con el propósito expreso de que cultivara la tierra, podía talar árboles del bosque para realizar tal actividad."

    "This Chamber considers that the evidence received provides sufficient grounds to find that the defendant Etelgive [Nombre7] acted under an indirect mistake of law—that is, under the false belief that, because she had been assigned a parcel within an Indigenous territory expressly to cultivate the land, she could cut forest trees to carry out that activity."

    Considerando II

  • "Es criterio de ésta Cámara que en la especie, existen suficientes elementos que derivan de la prueba recibida para estimar que la encartada Etelgive [Nombre7] actuó bajo un error de prohibición indirecto, es decir bajo la falsa creencia de que al habérsele adjudicado una parcela dentro de una reserva indígena, con el propósito expreso de que cultivara la tierra, podía talar árboles del bosque para realizar tal actividad."

    Considerando II

  • "La culpabilidad del imputado debe demostrarse, razón por la cual si existe duda sobre su existencia, debe aplicarse el principio señalado y absolver al imputado."

    "The accused's culpability must be proven; therefore, if doubt exists as to culpability, the stated principle must be applied and the accused acquitted."

    Considerando II

  • "La culpabilidad del imputado debe demostrarse, razón por la cual si existe duda sobre su existencia, debe aplicarse el principio señalado y absolver al imputado."

    Considerando II

  • "Estas normas permiten al Estado costarricense proteger los bosques que son patrimonio natural del Estado, que incluyen -como afirma el juzgador- los ubicados en reservas indígenas, y a su vez permitir mediante estudio previo, el uso del suelo boscoso de manera equilibrada y racional a los pueblos indígenas, para que puedan ejercer sus actividades agrícolas tradicionales de subsistencia."

    "These provisions allow the Costa Rican State to protect forests belonging to the State Natural Heritage, including—as the trial judge states—those located in Indigenous territories, while also allowing Indigenous peoples, following a prior study, to use forest land in a balanced and rational manner so they may carry out their traditional subsistence farming activities."

    Considerando II

  • "Estas normas permiten al Estado costarricense proteger los bosques que son patrimonio natural del Estado, que incluyen -como afirma el juzgador- los ubicados en reservas indígenas, y a su vez permitir mediante estudio previo, el uso del suelo boscoso de manera equilibrada y racional a los pueblos indígenas, para que puedan ejercer sus actividades agrícolas tradicionales de subsistencia."

    Considerando II

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Sections

Procedural marks

Res: 2009-0339 Res: [Telf1] Criminal Cassation Court of Cartago. At fifteen hours and forty minutes on veintiocho de octubre de dos mil nueve.

Appeal in cassation filed in the present proceedings against [Nombre1], of legal age, married, born on veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y siete, holder of identity card number CED1, for the offense of Violation of the Ley Forestal, to the detriment of Natural Resources. Judges [Nombre2], [Nombre3], and Joe Campos Bonilla participated in deciding the appeal. Counsel [Nombre4] appeared in the cassation proceedings in his capacity as public defender for the accused, as did Counsel [Nombre5], representative of the Ministerio Público.

Findings:

1. By Judgment No. 135-2009, issued at nine hours on veintitrés de junio de dos mil nueve, the Trial Court of the Southern Zone, Pérez Zeledón seat, ruled: “POR TANTO: In accordance with the foregoing, the cited provisions, and Articles 39 and 41 of the Constitución Política; Articles 1, 11, 30, 45, 50, 59 to 63, 71, 73, and 74 of the Código Penal; Articles 1, 3, 5, 6, 265 to 267, 341 to 365, and 367 of the Código Procesal Penal; Articles 1, 3 subsection d), 19, 58 subsection b), and 61 subsection c) of the Ley Forestal; and Articles 3 and 7 of the Ley Indígena number 6172, [Nombre1] is hereby found criminally responsible as the perpetrator of the offenses of harvesting forest resources on land belonging to the State Natural Heritage (Aprovechamiento de Recursos Forestales en Terreno del Patrimonio Natural del Estado) and land-use change (Cambio de Uso de la Tierra), committed to the detriment of Natural Resources, in a material concurrence of offenses (concurso material), and is sentenced for the first offense to SIX MONTHS’ IMPRISONMENT and for the second offense to THREE MONTHS’ IMPRISONMENT, for a total sentence of NINE MONTHS’ IMPRISONMENT, which the accused shall serve in the appropriate correctional facility. The area affected by the acts investigated herein shall be allowed to regenerate naturally so as to remedy, insofar as possible, the damage caused. The convicted person is granted the BENEFIT OF CONDITIONAL EXECUTION OF THE SENTENCE (BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA), with a probationary period of THREE YEARS, during which she shall comply with the following conditions: she shall not commit a new intentional offense punishable by more than six months’ imprisonment; furthermore, during that period she shall refrain from conducting agricultural or livestock activities of any kind in the affected area and shall prevent third parties from conducting such activities, for the purpose of allowing the land to regenerate naturally. The Ministerio de Ambiente y Energía shall be responsible for monitoring compliance with the requirement that the affected area be allowed to regenerate naturally. Failure to comply with the foregoing conditions shall result in revocation of the benefit granted. The costs of the criminal proceedings shall be borne by the convicted person. Once this judgment becomes final, it shall be entered in the Registro Judicial, and the pertinent notice shall be provided to the Instituto Nacional de Criminología and the Juzgado de Ejecución de la Pena. (signed) Francisco Sánchez Fallas. TRIAL JUDGE.” (sic)

2. Counsel [Nombre4] filed an appeal in cassation against the foregoing ruling.

3. After conducting the corresponding deliberation in accordance with Article 465 of the Código Procesal Penal, the Court considered the issues raised in the appeal.

4. The pertinent legal requirements have been observed throughout the proceedings.

Judge [Nombre6] drafts the opinion; and,

Considerations:

I.The appeal in cassation satisfies the requirements established in Articles 437, 458, and 460 to 462 of the Código Procesal Penal; accordingly, the grounds raised therein shall be considered.

II- In his sole ground of appeal, the public defender for the accused Etelgive [Nombre7], Licenciado [Nombre8], alleges a lack of reasoned analysis (fundamentación intelectiva). The defense attorney believes that it follows from the statements of the accused and of the witness [Nombre9], president of the Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires (which he summarizes), that the defendant requested the plot in order to plant crops and was told that she could cut down the trees. Although she told them that she had heard that cutting down trees was a problem, they reiterated that there was no problem. He adds that the witness [Nombre10], President of the Association that assigned the plot to the accused, insisted at trial that, under the Ley Indígena and Convention 169, Indigenous persons may fell trees, which means that he may have caused the accused to err in that regard. He argues that, when analyzing whether the defendant may have made a mistake of law (error de prohibición), the trial judge rejected that possibility because he considered that the accused stated at trial that she knew cutting down trees was a problem; however, the appellant maintains that what the defendant said was that she had heard it was a problem, not that she was fully aware that it was prohibited.

He states that what the association members told her was sufficient to cause her to err as to the legality of cutting down the trees on her plot so that she could cultivate it. He alleges that the Trial Court departed from the holding of the Tribunal de Casación Penal de Cartago in Voto 297-2008, which involved a similar case, stating that it was inapplicable because this proceeding included a different element, namely that Mrs. [Nombre7] had stated that she had been told there was a problem with cutting down trees, which gave her additional knowledge. Finally, the defense attorney argues that the trial judge did not properly analyze the mistake of law because, even if the accused knew something about the unlawfulness of cutting down trees, it cannot be determined from that awareness that she had internalized the rule in such a way as to understand the prohibition, precisely because of her status as an Indigenous person.

The claim is sustained. The judgment found it proven—and the appellant himself accepts—that between setiembre de 2006 a febrero de 2007, without permits from the Administración Forestal del Estado, the defendant cleared three hectares of forest in the Indigenous territory at Las Rosas de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, specifically felling Targuá, Pilón, Fosforillo, María Espavel, Mayo Colorado, and Cristóbal trees. It further found that, at an unspecified date in the month of marzo de 2007, after the clearing performed on the property in question, the accused changed the land use (uso del suelo) of the three hactáreas of forest where she had carried out the clearing by planting corn there (folio 118). In analyzing whether the conduct satisfied the statutory elements of the offenses (tipicidad) and its unlawfulness (antijuridicidad), the Court stated as follows: “The conduct carried out by the accused falls within the provisions of sections 58(b) and 61(c) of the current Ley Forestal, which establish the offenses of Exploitation of Forest Resources on Land Belonging to the State’s Natural Heritage (Aprovechamiento de Recursos Forestales en Terreno del Patrimonio Natural del Estado) and Change in Land Use (Cambio de Uso de la Tierra). 3.3.1.

Section 58(b) penalizes anyone who exploits forest resources on land belonging to the State’s natural heritage (patrimonio natural del Estado). Article 13 of the Ley Forestal establishes that the Patrimonio Natural del Estado shall consist of the forests and forest lands of national reserves and areas declared inalienable. Article three of Ley Indígena number 6172, in turn, establishes that Indigenous reserves are inalienable and not subject to acquisitive prescription (imprescriptibles). Consequently, the forests and forest lands located within Indigenous reserves form part of the State’s Natural Heritage. Section 3(a) of the Ley Forestal defines the concept of ‘exploitation’ (aprovechamiento) as the act of felling trees that generates or may generate some gain, benefit, advantage, or utility for the person who performs it. In this particular case, it is clear, as explained above, that the clearing carried out by the accused in an area of approximately three hectares of forest was performed so that the land could be used to grow corn, which could not be done unless the existing forest cover (masa boscosa) at the site was removed.

Consequently, the felling of those trees served the purposes intended by the accused, since it enabled her to obtain the benefit represented by the corn crop subsequently grown at the site. 3.3.2. Furthermore, section 61(c) of the Ley Forestal penalizes anyone who carries out activities involving a change in land use contrary to Article 19 of that law. The latter provision establishes that land use may not be changed on forest-covered land; however, the Administración Forestal del Estado may authorize the activities specified in that article. In this particular case, the accused, without a permit or authorization, changed the land use in the relevant area because, after clearing the existing forest, she used the land to plant corn. 3.3.3. The assertion made by [Nombre11] that no permit is required to clear regenerated forest and that this requirement applies only to primary forests is incorrect.

The Ley Forestal makes no such distinction for purposes of its application. Section 3(d) of that law defines ‘forest’ (bosque) as both a native or indigenous ecosystem and one regenerated through natural succession or other forestry techniques. Accordingly, whether the cleared forest was primary forest or the product of natural regeneration is irrelevant to whether the conduct satisfies the statutory elements of the offense. 3.4. Regarding the unlawfulness of the acts at issue in this proceeding. In this specific case, there is no permissive provision or justification (causa de justificación) that eliminates the formal unlawfulness of the acts committed by the accused. 3.4.1. The assertion made by the witness [Nombre11] that Ley Indígena number 6172 and ILO Convention 169 authorize Indigenous peoples to clear forests and indiscriminately destroy the natural resources existing within Indigenous reserves is incorrect; therefore, it cannot be said that the accused [Nombre1] acted in the legitimate exercise of any right granted by the legal system.

The cited Convention 169, incorporated into the national legal system by law number 7316, states in Article 4.1. that the necessary measures must be adopted to safeguard the environment of Indigenous peoples; section 7.3. of the Convention indicates that governments must ensure that assessments are conducted of the environmental impact that development activities may have on Indigenous peoples; section 7.4. states that governments must take measures to protect and preserve the environment of the territories inhabited by Indigenous peoples. The preservation of the environment unquestionably constitutes a fundamental right established in Article 50 of the Constitución Política, and Convention 169 cannot be interpreted or used to legitimize an injury to or impairment of that right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment: Article 8.2. of the Convention expressly states that the right of Indigenous peoples to retain their own customs and institutions must be recognized, provided that those customs are not incompatible with the fundamental rights defined by the national legal system or with internationally recognized human rights.

Ley Indígena number 6172, in turn, provides in its Article seven that ‘… the land within the reserves that is suited for forestry must retain that character in order to preserve the hydrological balance of the watersheds and protect the wildlife of those regions ….’ In addition, the second paragraph of the same Article seven indicates that the renewable natural resources existing on land within the reserves must be exploited rationally. It follows from the foregoing that neither the cited Convention 169 nor the Ley Indígena may under any circumstances be used to legitimize or shield environmental damage such as that caused in this specific case by the accused [Nombre1]” (folios 130 a 132). The Court’s conclusions regarding the existence of conduct by the accused that satisfies the statutory elements of the offenses and is unlawful, as well as the legal classification of the acts, are consistent with the law and are not disputed in the appeal.

Nevertheless, the Court wishes to reaffirm the view that, within Indigenous Reserves, clearing forests, whether primary or secondary, exploiting their forest products, or changing the land use is likewise illegal and criminally punishable unless authorization from Minaet exists in the cases specified by law. Such conduct not only satisfies the statutory elements of the offenses but is also unlawful because, as the lower court correctly analyzed, neither the Ley Indígena nor Convention 169 permits these communities to harm the environment, which, moreover, is a fundamental right of society guaranteed by Article 50 of the Constitución Política. The appellant’s argument, however, is directed not toward the absence of conduct by the accused that satisfies the statutory elements of an offense and is unlawful, but rather toward the existence of a mistake of law that negates her culpability (culpabilidad), because she believed she was authorized to cut down trees within the plot assigned to her by the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre de Buenos Aires so that she could grow corn and other crops for the subsistence of herself and her family.

This Chamber finds that, in the present case, the evidence received provides sufficient grounds to conclude that the defendant Etelgive [Nombre7] acted under an indirect mistake of law (error de prohibición indirecto), that is, under the mistaken belief that, because she had been assigned a plot within an Indigenous reserve for the express purpose of cultivating the land, she could fell forest trees to carry out that activity. In a case factually similar to the present one, this Chamber stated as follows: “As may be seen, the ruling adopts a one-sided interpretation of indirect mistake of law, applying it to the offense of unlawful occupation (usurpación) solely from the perspective of entry onto the property assigned to [Nombre12] by the Junta de Desarrollo Indígena, while failing to consider that the same assignment that permitted her entry onto the property was made without any restriction; more specifically, she was authorized to engage in agriculture, that is, to plant crops on the land.

On that basis, the conclusions set forth in the judgment are plainly contradictory because they attempt to divide the accused’s conduct into, on the one hand, entry onto the land and, on the other, the act of planting, when the entire course of conduct constitutes a single whole.

Indeed, the planting of corn and squash, as was found to have been proven, was the reason why she was given the parcel, namely, so that she could work it without any limitations being imposed upon her, particularly since, as the witness [Nombre13] stated—in pertinent part—: “…The IDA or COANI purchases land for the purpose of giving it to persons so that they may engage in agricultural activities, so that they may raise cattle; it is always required that the land be given for agriculture; the farms that are given always contain forest areas and working areas. At that time, the decision was made that if, within a period of two years, the recipient did not maintain it, it would be given to another person, but if the person worked it, it was given for an indefinite period or until the person wished… I do not remember (the amount of land given to [Nombre14]). It was like a(sic) area for agricultural work (the land that was given to her).

No, because if the gentleman gave it to her so that she could work(sic) it, it could not be forest, because the farms have forest areas, pastureland forest-regeneration areas; we delivered other lands in the same manner.” (folio 296). For her part, the witness [Nombre15] stated: “…I do not fully understand; above all, what I am going to explain is that in 2002 I was a member of the board of directors of the Ujarras association; I was the treasurer. At that time, Ms. [Nombre16]) appeared to request a piece of land; she likes agricultural work. She came to the association and submitted the request to everyone, to see whether they could give her that land. Then the president, [Nombre17]), said that he wanted to give the land to Ms. [Nombre18]), who liked to work; the matter was submitted to the board, and we agreed that the land should be given to the lady… Yes, when I was on the board, the requirement was that the person work, plant, and make good use of it.

What was required was that it not be sold to anyone, that it be for the person’s personal use, and that the person take care of it; the person was also told right then that if the land was not worked, the board would take it away, and the requirement was that the person work it, and if the person was going to sell it, it would be taken away. Yes (the particular lot must be specified). Yes ([Nombre19]’s property was discussed). She came to request a lot, and she was told that she would be given the lot because it was overgrown with scrub and no one was working it.” (folio 299, emphasis supplied). In the same vein, the witness [Nombre20] stated that the parcel delivered to [Nombre14] was for her to work (see folio 302). In the present matter, it is evident that, by carrying out the planting on the land, [Nombre14] acted under the false assumption that authorization existed where the law grants none—that is, under an indirect mistake of law (error de prohibición indirecto) arising from a mistaken interpretation of the circumstances, which led [Nombre12] to believe, falsely, that the circumstances authorizing her conduct satisfying the elements of the offense (conducta típica) were present; in other words, that the legal system authorized the act contemplated by the criminal offense, because the Board of Directors of the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Ujarrás, the body responsible for such matters in the area where the acts occurred, was the entity that, upon her request, assigned her the parcel and determined its size specifically so that she could perform the planting work, as stated by the witnesses who were themselves members of that Board of Directors.

Indeed, this was among the obligations that she was required to undertake, and if she failed to proceed in that manner, the assigned land could be taken away from her. It should be emphasized in this regard that “…When the Criminal Code states in Article 35 that an unavoidable mistake must concern the situation or ‘act’ being carried out and that such conduct is not punishable, it means directly that the person must falsely believe that the act is not punishable, which may occur when: a) The person acts without knowing that what he or she is doing falls within the prohibitory scope of the Rule; b) the person acting believes that the Legal System grants permission for his or her conduct; c) The person acting believes that he or she falls within the scope of a justification defense when, in fact, that is not the case. These three situations are included in the statutory formula conceived by the Code, and therefore there appears to be no difficulty in including here the elements of both direct and indirect mistake of law.

Under this terminology, which is fully compatible with our Code, a direct mistake concerns knowledge of the prohibitory Rule (for example, the rule ‘You shall not take land away from another citizen,’ a criminal rule antecedent to the offense of unlawful occupation), whereas an indirect mistake means the false assumption that authorization exists where the law grants none,...” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, N° 446-F-92, de las 15:25 horas, del 25 de setiembre de 1992). Accordingly, because there is a defect consisting of contradictory reasoning that materially affects the decision, the appeal in cassation filed by the defense must be granted. In that regard, although identifying this defect in the judgment would ordinarily require the judgment and trial to be vacated and the matter retried, in this case, for reasons of procedural economy, the merits must instead be decided directly, because it has been determined that the accused’s conduct, as shown by the evidence presented in the adversarial proceedings, was undertaken under an indirect mistake of law that negates culpability (culpabilidad), and that, due to the trial judge’s incorrect application and interpretation, was not extended to the entirety of the alleged conduct.

Accordingly, the judgment must be quashed, and [Nombre21] is acquitted of all punishment and liability for the offenses of encroachment upon the protection area and land-use change (cambio de uso de suelo), committed in ideal concurrence (concurso ideal). The Trial Court shall issue the appropriate notices. In all other respects, the judgment remains undisturbed” (Res 2008-297 Tribunal de Casación Penal de Cartago. The transcription is verbatim). The reasoning set forth in the foregoing decision is fully applicable to this case. The accused is indigenous and has a low level of schooling; because of their customs and beliefs, indigenous persons respect and act in accordance with the views expressed by those who lead their community. At trial, the accused stated that she asked the Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires to assign her a parcel on which to work the land—an activity these cultures have carried out for thousands of years—and that a portion of land was allocated to her for that purpose, as is even recorded in the documents at folios 72 and 73.

In her statement, the accused indicated that she made the request because she needed to plant corn and other vegetables to feed her family. She added that she was told there was no problem with planting. Likewise, when the complaint was filed against her, she went to ask the members of the Asociación de Desarrollo, and they told her that the Ley Indígena protected them and that she should continue working the land. Although the accused mentioned that she had heard that cutting down trees was a problem, that doubt was resolved for her by the president of the Asociación de Desarrollo, the witness [Nombre11], who told her that cutting down trees was not a problem and that she could plant (folios 118-119). Her account is corroborated by Don [Nombre22], President of the Asociación de Desarrollo de Salitre, who stated that they are the local government and have the authority within the indigenous reserve to allocate those parcels for working the land, which, in his view, means that they may fell the secondary forest (bosque secundario) located there in order to cultivate the land.

He stated that Conai had acquired that property for them, and that Doña Etelgive was given the land for planting, which entails felling trees and which, in his view, is a right granted to them by the Ley Indígena (folios 122-123). As may be inferred from the foregoing and from the cited documents, this case concerns the felling of forest within an indigenous reserve by a person of that ethnic group for the purpose of cultivating the land, an activity she did in fact carry out by planting corn at the site, as shown by the evidence received. The accused’s conduct was endorsed by the person who is her political leader and to whom indigenous persons, because of their culture and customs, will unquestionably accord full respect and credibility. Added to this is the fact that we know that cultivating the land has been the means of subsistence of indigenous peoples for thousands of years. There are therefore sufficient grounds to find, as the appellant contends, that the accused acted under the false belief—induced by the President of the Asociación de Desarrollo de Salitre—that, because she had been allocated the parcel within an indigenous reserve for the planting of corn and other food crops, she was permitted to fell part of the forest.

Her culture, her customs, the circumstances under which the parcel was granted to her (within an indigenous reserve and for cultivation), and her Political Leader’s belief that the law allowed them to fell secondary forest so that they could plant affected her awareness of the unlawfulness (antijuridicidad) of the conduct. It is clear, as already stated, that the act of felling a forest, even within the Reserva Indígena, is not permitted and is criminally punishable, and thus the conduct satisfies the elements of the offense and is unlawful. It is therefore beyond dispute that both Doña Etelgive and [Nombre11], who heads the Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, are mistaken in believing that the Ley Indígena and Convenio 169 permit them to fell forests and plant there without permission from Minaet. However, the accused’s mistake cannot support a finding that her conduct was culpable.

The accused acted under an indirect mistake of law by carrying out the prohibited acts under the false belief that, because the location was an indigenous reserve, the law permitted her to fell part of the forest in order to plant. That mistake was unavoidable, because the deeply rooted customs of indigenous peoples, their respect for their political leaders, and the accused’s low level of schooling made it impossible to require her to consult an attorney or Minaet when the leaders of the indigenous community were authorizing her to plant on that forested parcel. This Chamber considers that, when interpreting the law and assessing the evidence in criminal proceedings against persons of indigenous ethnicity, certain provisions established in the Convenido 169 de Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes ( Ley 7316) must be taken into account, particularly for the purpose of assessing their culpability and, if culpability exists, the sentence to be imposed, always within the framework of fundamental rights established by the Constitución Política and International Treaties.

In that regard, Articles 9 and 10 of the cited Convenido provide: Article 9. 1. “To the extent compatible with the national legal system and internationally recognized human rights, the methods traditionally used by the peoples concerned to address offenses committed by their members shall be respected. 2. The authorities and courts called upon to rule on criminal matters shall take the customs of those peoples concerning such matters into account. Article 10 1. When criminal penalties provided for by general law are imposed upon members of those peoples, their economic, social, and cultural characteristics shall be taken into account. 2. Preference shall be given to forms of punishment other than imprisonment.” For its part, Article 23 of that Convention provides: A rticle 23 1.

Handicrafts, rural and community industries, and traditional activities related to the subsistence economy of the peoples concerned, such as hunting, fishing, trapping, and gathering, shall be recognized as important factors in the maintenance of their culture and in their economic self-reliance and development. With the participation of those peoples, and whenever appropriate, governments shall ensure that such activities are strengthened and promoted. 2. At the request of the peoples concerned, appropriate technical and financial assistance shall be provided to them, whenever possible, taking into account the traditional techniques and cultural characteristics of those peoples and the importance of sustained and equitable development.” It follows from this international legislation ratified by Costa Rica that, when applying criminal law, the customs, traditions, and culture of these peoples must be taken into account; and it is precisely through the application of this legislation in relation to the evidence received that the accused is deemed to have acted under an unavoidable indirect mistake of law (error invencible de prohibición indirecto), governed by Article 35 of the Criminal Code (Código Penal).

Subsistence agriculture (agricultura de subsistencia), which was the activity carried out by the accused, is a custom deeply rooted in her culture that must be taken into account when assessing her culpability (culpabilidad). It should be noted that Article 23 of the Convention even states that handicrafts, rural industry, and traditional activities related to the subsistence economy of these peoples, such as hunting, fishing, trapping, and gathering, shall be recognized as important factors in the maintenance of their culture, self-reliance, and economic development. However, the second paragraph of the provision is clear that, at the request of these communities, States must provide them with technical and financial assistance that takes into account their traditional techniques while also recognizing the importance of sustainable and equitable development. This provision must be read in conjunction with Article 50 of the Constitution, which establishes the fundamental right of all citizens to a healthy and ecologically balanced environment.

Regarding this right, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has stated: “‘The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding liabilities and penalties.’” Having been introduced so emphatically into the Constitution through its express formulation, the fundamental right to the environment comprises, as legal scholarship generally recognizes, a bundle of positions of widely differing kinds. With respect to the position of the State, which is what presently concerns us, the fundamental right to the environment begins by imposing limits on State action, limits that must specifically be considered and established on a case-by-case basis; because, logically, the State, being required to guarantee, defend, and preserve that right, must refrain from certain interventions of its own that affect the environment, even if they are lawful or intended to pursue legitimate objectives (as is the case, for example, with the exploitation of petroleum deposits or other hydrocarbon substances), if, as a result of those interventions, that right is or may be impaired in the integrity accorded to it by the Constitution.

But the fundamental right to the environment is also a right to affirmative action by the State. Among other things, it is a right to State protection against third parties, which includes protection through the exercise of the State’s punitive power; and a right to regulatory measures by the State in areas other than criminal law, a concrete expression of which is found in the statutory provisions subjecting hydrocarbon exploration and exploitation to certain safeguards intended to protect the environment. In this latter sense, it is understandable that the organizational and procedural rules included among those that provide the framework facilitating the use of energy resources, and which form part of the body of State law established to guarantee and preserve the fundamental right to the environment, are the logical consequence of what the Constitution expressly requires of the State; they should not be viewed as a gratuitous or unreasonable obstacle to the exploitation of a certain type of resource that is socially significant and capable of being used as a means of securing ‘the greatest welfare for all inhabitants of the country,’ or as mere bureaucratic formalities to be satisfied simply as such.

They fall within what has already been stated regarding the State’s complex and varied position with respect to guaranteeing and preserving the fundamental right to the environment.” (Sala Constitucional Res 2001-13295). Likewise, account must be taken of Section 7 of Ley 6172 (Ley Indígena), which provides that lands within the reserve that are suited for forestry must retain that character, as well as Section 19 of Ley Forestal, which establishes the authority of the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado) to authorize land-use change (cambio de uso del suelo) on forest-covered land under certain circumstances. These provisions allow the Costa Rican State to protect forests that form part of the State’s Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), including—as the trial judge states—those located within indigenous reserves, while also allowing indigenous peoples, following a prior assessment, to use forested land in a balanced and rational manner so that they may carry out their traditional subsistence farming activities.

The problem that has arisen is that the State has failed to advise indigenous people properly regarding the manner, location, and number of hectares they may use to carry out subsistence farming within indigenous reserves without damaging the ecosystem. This is why problems such as the present one arise, in which the right of indigenous peoples to cultivate the land granted to them conflicts with the State’s duty to protect the environment, including the forest. Although this Chamber continues to hold that the conduct of the accused satisfies the statutory elements of the offense (típica), meaning that it is criminally punishable, and is unlawful (antijurídica), meaning that it is contrary to the legal system, this does not mean that the State, on the basis of the provisions transcribed above, cannot authorize indigenous people, within their reserves and in accordance with a plan promoting sustainable development and after prior environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental), to clear certain forested areas in order to engage in an age-old activity rooted in their culture, namely subsistence agriculture.

The trial judge’s position that accused persons who assert a mistake of law bear the burden of proving it cannot be accepted, because it violates the universal principle of In dubio pro reo under Article 9 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). That provision states: “In the event of doubt regarding questions of fact, the interpretation most favorable to the accused shall prevail.” The accused’s culpability must be proved; accordingly, if doubt exists as to whether it has been established, the stated principle must be applied and the accused acquitted. Of course, it is not enough for the accused merely to allege a justification (causa de justificación) or ground excluding culpability (causa de inculpabilidad) for doubt to arise; rather, there must be some evidence making that theory at least probable, although proof to a certainty is not required. In this regard, referring to self-defense (legítima defensa), legal scholarship has stated: “The establishment of a presumption of this kind with respect to a justification is based on the mistaken position that In dubio pro reo does not apply to circumstances giving rise to a justification.

Because that principle is in force, a person cannot be convicted if doubt exists as to whether the person acted under circumstances giving rise to a justification.....However, it must be acknowledged that the view that the accused bears the burden of proving that he or she acted in self-defense is a common error in Costa Rica. (LLOBET [Nombre23] Delitos contra la vida y la integridad corporal [Nombre24], pp 73-74.). The appellate case law has adopted the same position, stating: “However, when grounds of lack of statutory criminality (atipicidad), justification, or exculpation (exculpación) are alleged, both the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público) and the private prosecutor (querellante) are responsible for establishing the alleged facts and correspondingly discrediting those arguments. In other words, if the offense is proved, it is because the conduct’s satisfaction of the statutory elements, unlawfulness, and culpability have been established with certainty, and proving them is the responsibility of the prosecuting party.

Additionally, because doubt favors the person prosecuted, if any of those grounds is alleged, even if the factual circumstances required for its existence have not been proved, this does not mean that the theory must be rejected, because the absence of certainty regarding unlawfulness or culpability is sufficient for the matter to be resolved in that person’s favor (in this regard, cf .: [Nombre25] , , . La legítima defensa: alcances y límites dogmáticos y jurisprudenciales . Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2004, pp. 101 ss . and [Nombre26] , , . En los linderos del ius puniendi . Investigaciones Jurídicas, San José, 2005 pp. 232-235) (Res [Telf2] Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José). In the present case, as stated above, there are clear, precise, and consistent indicia supporting the defense’s theory that the accused mistakenly believed she had the right to clear the forest in order to plant corn and other tubers for her subsistence because it was an indigenous reserve and because she had been authorized to do so by the President of the Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, the body that, under Ley Indígena, legally represents that reserve.

This Chamber wishes to make clear that clearing a forest or changing the use of land in the forested area of an indigenous reserve without authorization from the State Forestry Administration is criminally punishable and therefore prohibited. Likewise, under Convenio 169 and the cited provisions of Ley Indígena, the State is required to consider promoting the exercise of indigenous customs and culture within the reserves assigned to them, so that activities such as agriculture, fishing, and hunting may be authorized in those reserves in a reasonable manner, in harmony with the environment, and in pursuit of sustainable development. Otherwise, the allocation of land to indigenous people would serve no purpose, nor would it fulfill the objectives of Convenio 169, ratified by Costa Rica through Ley 7316. For all the foregoing reasons, the sole ground of appeal is upheld, and the judgment is reversed insofar as it convicted the accused [Nombre27], as the perpetrator, of the offenses of harvesting forest resources on land forming part of the State’s Natural Heritage and land-use change, committed in a real concurrence of offenses (concurso material), and insofar as it imposed a sentence of nine months’ imprisonment and granted the benefit of a suspended sentence (beneficio de ejecución condicional de la pena), together with its conditions.

Instead, THE ACCUSED IS ACQUITTED OF ALL PUNISHMENT AND LIABILITY FOR THE OFFENSES CHARGED. NOTICE OF THIS JUDGMENT SHALL BE GIVEN TO THE PARTIES, CONAI, AND THE MINAET OFFICE CORRESPONDING TO ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD- PACÍFICO.

Por tanto:

The appeal in cassation filed by the accused’s public defense counsel is granted. The judgment is reversed insofar as it convicted the accused, [Nombre27], as the person criminally responsible for the offenses of harvesting forest resources (aprovechamiento de recursos forestales) on land belonging to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and land-use change (Cambio de uso de la tierra), in a real concurrence of offenses (concurso material), and insofar as it imposed a sentence of nine months’ imprisonment and granted the benefit of a suspended sentence (beneficio de ejecución condicional de la pena), subject to its conditions. In lieu thereof, THE ACCUSED IS ACQUITTED OF ALL PUNISHMENT AND LIABILITY FOR THE CHARGED OFFENSES. THIS JUDGMENT SHALL BE SERVED ON THE PARTIES, CONAI, AND THE MINAET OFFICE CORRESPONDING TO ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD- PACÍFICO.

[Nombre28] [Nombre29] Joe Campos Bonilla Judges of the Criminal Cassation Court (Tribunal de Casación Penal) C/: [Nombre1] Of/: Natural Resources D/: Violation of the Ley Forestal Jaos

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Res: 2009-0339 Res: [Telf1] Tribunal de Casación Penal de Cartago. A las quince horas cuarenta minutos del veintiocho de octubre de dos mil nueve.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, casada, nacida el veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y siete, con cédula de identidad número CED1 , por el delito de Infracción a la Ley Forestal, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces [Nombre2] , [Nombre3] y Joe Campos Bonilla. Se apersonaron en casación, el licenciado [Nombre4] en calidad de defensor público de la imputada y la licenciada [Nombre5] representante del Ministerio Público.

Resultando:

1. Que mediante sentencia No. 135-2009 de las nueve horas del veintitrés de junio de dos mil nueve, el Tribunal de Juicio de la zona sur sede Pérez Zeledón, resolvió: " POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas citadas y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 11, 30, 45, 50, 59 a 63, 71, 73, 74, del Código Penal; numerales 1, 3, 5, 6, 265 a 267, 341 a 365 y 367 del Código Procesal Penal; artículos 1, 3 inciso d), 19, 58 inciso b) y 61 inciso c) de la Ley Forestal, así como numerales 3 y 7 de la Ley Indígena número 6172, se declara a [Nombre1] como autora responsable de los delitos de Aprovechamiento de Recursos Forestales en Terreno del Patrimonio Natural del Estado, y de Cambio de Uso de la Tierra, cometidos en perjuicio de Los Recursos Naturales, en concurso material, y se le impone por el primer delito el tanto de SEIS MESES DE PRISIÓN, y por el segundo delito el tanto de TRES MESES DE PRISIÓN, para una pena total de NUEVE MESES DE PRISIÓN, que deberá descontar la acusada en el establecimiento carcelario respectivo. Se ordena que el área afectada por los hechos que aquí se investigan deberá dejarse regenerar naturalmente, a modo de restablecer en lo posible el daño causado. Se concede a la condenada el BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, fijándose el período de prueba en TRES AÑOS, lapso durante el cual deberá respetar las siguientes condiciones: no deberá cometer nuevo delito doloso sancionado con pena superior a los seis meses de prisión; además durante ese lapso deberá abstenerse de realizar actividades agrícolas o agropecuarias de cualquier clase en la zona afectada, así como impedir que terceras personas las realicen, ello con la finalidad de permitir la regeneración natural del terreno. El Ministerio de Ambiente y Energía deberá encargarse de vigilar que se permita la regeneración natural del área afectada. De no cumplir con las condiciones expuestas, se le revocara el beneficio concedido. Son las costas del proceso penal a cargo de la condenada. Una vez firme inscríbase en el Registro Judicial y comuníquese lo pertinente al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena. (f) Francisco Sánchez Fallas. JUEZ DE JUICIO ." (sic)

2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre4] interpuso el recurso de casación.

3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez [Nombre6] , y;

Considerando:

I.El recurso de casación reúne los requisitos establecidos por los numerales 437, 458, 460 a 462 del Código Procesal Penal por lo que se entra a conocer de sus motivos.

II- En su único motivo del recurso, el defensor público de la imputada Etelgive [Nombre7] , Licenciado [Nombre8] , alega falta de fundamentación intelectiva. Estima el defensor que de la declaración de la imputada y del testigo [Nombre9] , presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires (las cuales resume), se desprende que la encartada pidió la parcela para sembrar, y que le dijeron que podía cortar los árboles. Que pese a que ella les indica que ha oído que es problema cortar árboles, le reiteran que no había problema. Agrega que el testigo [Nombre10] , Presidente de la Asociación que le asigna la parcela a la imputada, insistió en el debate que de acuerdo con la Ley Indígena y el Convenio 169, los indígenas pueden talar los árboles, lo que significa que él pudo inducir en error a la imputada en ese sentido. Argumenta que el juzgador a la hora de analizar la posible existencia de un error de prohibición por parte de la encartada, lo desecha por cuanto estima que la imputada declaró en el debate ser conocedora de que la corta de árboles era un problema, sin embargo, el recurrente estima que lo que la encartada dijo es que había oído que era un problema, no que tuviera pleno conocimiento de su prohibición.

Indica que lo que le manifestaron los miembros de la asociación es suficiente para que incurriera en un error sobre la legalidad de cortar los árboles de su parcela para poder sembrarla. Alega que el Tribunal de Juicio se aparta de lo expuesto por el Tribunal de Casación Penal de Cartago en el Voto 297-2008 cuyo caso es similar, diciendo que no es aplicable por cuanto en este proceso aparece un elemento distinto, cual es que la señora [Nombre7] manifestó que a ella le habían dicho que había problema en cortar árboles, lo que le daba un conocimiento extra y adicional. Finalmente arguye el señor defensor que el juzgador no analiza adecuadamente el error de prohibición, puesto que si la imputada conocía algo sobre la ilicitud de cortar árboles, ello no hace que pueda determinarse de acuerdo con esa comprensión, es decir no interioriza la norma de modo que, pueda comprender la prohibición, precisamente por su condición de indígena.

Con lugar el reclamo. La sentencia tiene por demostrado, y es algo que el propio recurrente acepta, que la encartada procedió entre setiembre de 2006 a febrero de 2007, sin contar con los permisos de la Administración Forestal del Estado, a cortar tres hectáreas de bosque en el territorio indígena en Las Rosas de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, donde específicamente taló árboles de Targuá, Pilón, Fosforillo, María Espavel, Mayo Colorado y Cristóbal. Que posteriormente sin precisar fecha exacta pero en el mes de marzo de 2007, con posterioridad a la tala realizada en el inmueble en cuestión, la imputada procedió a cambiar el uso del suelo de las tres hactáreas de bosque donde realizó la tala, procediendo a sembrar maíz en el lugar ( folio 118). En el análisis de la tipicidad y antijuridicidad de la conducta, el Tribunal dijo lo siguiente: " La conducta realizada por la acusada se adecua a las previsiones de los numerales 58 inciso b) y 61 inciso c) de la Ley Forestal vigente, que establecen los delitos de Aprovechamiento de Recursos Forestales en Terreno del Patrimonio Natural del Estado, y de Cambio de Uso de la Tierra. 3.3.1.

El numeral 58 inciso b) sanciona a quien aproveche los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural del Estado. El artículo 13 de la Ley Forestal establece que el Patrimonio Natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales y de las área declaradas inalienables. Por su parte el artículo tercero de la Ley Indígena número 6172, establece que las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles. En consecuencia, los bosques y terrenos forestales ubicados en las reservas indígenas son parte del Patrimonio Natural del estado. El numeral 3 inciso a) de la Ley Forestal define el concepto "aprovechamiento" como la acción o corta de árboles que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja o utilidad para quien lo realiza. En el caso particular es claro, como antes se expuso, que la tala llevada a cabo por la acusada en un área de aproximadamente tres hectáreas de bosque, fue realizada con la finalidad de poder destinar esos terrenos al cultivo de maíz, lo cual no se podía hacer a menos que se eliminara la masa boscosa existente en el sitio.

En consecuencia, la tala de dichos árboles era útil a los fines propuestos por la acusada. pues gracias a ella pudo obtener el provecho que le representa el cultivo de maíz desarrollado posteriormente en el sitio.3.3.2. Por otra parte, el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal sanciona a quien realicen actividades que impliquen un cambio de uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de dicha ley. Este último numeral establece que en terrenos cubiertos de bosque no se permitirá cambiar el uso del suelo, sin embargo la Administración Forestal del Estado podrá autorizar las actividades que ese artículo establece. En el caso particular la acusada, sin permiso o autorización, procedió a cambiar el uso del suelo en la zona que interesa, pues una vez talado el bosque existente, dedicó el terreno a la siembra de maíz. 3.3.3. No es cierto lo indicado por [Nombre11] , en el sentido de que cuando se trata de bosque de regeneración no es necesario contar con permiso alguno para talar, y que esa exigencia solo aplica respecto de los bosques primarios.

La Ley Forestal no hace ninguna distinción de ese tipo para efectos de su aplicación. El artículo 3 de dicha ley, en su inciso d) define como "bosque" tanto el ecosistema nativo o autóctono como aquel regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales.De modo que es irrelevante para la adecuación típica de la conducta, que el bosque talado fuera bosque primario o producto de regeneración natural. 3.4. Sobre la antijuridicidad de los hechos objeto de este proceso. No existe en el caso concreto ningún tipo permisivo o causa de justificación que elimine la antijuridicidad formal de los hechos cometidos por la acusada.3.4.1. No es cierto lo afirmado por el testigo [Nombre11] , en el sentido de que la Ley Indígena número 6172, así como el Convenio 169 de la OIT, autorizan a los pueblos indígenas para talar bosques y destruir, indiscriminadamente, los recursos naturales existentes en las reservas indígenas, de modo que no puede hablarse de que la acusada [Nombre1] hubiera actuado en ejercicio legítimo de algún derecho acordado por el ordenamiento jurídico.El Convenio 169 citado, incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante ley número 7316, señala en su artículo 4.1. que deberán adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente de los pueblos indígenas; el numeral 7.3. del convenio hace ver que los gobiernos deberán velar por la evaluación de la incidencia ambiental que las actividades de desarrollo puedan tener sobre los pueblos indígenas; el numeral 7.4. señala que los gobiernos deben tomar medidas para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan los pueblos indígenas.

La preservación del medio ambiente constituye, indiscutiblemente, un derecho fundamental establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, y el Convenio 169 no puede ser interpretado, ni usado, para legitimar una lesión o afectación a ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado: el artículo 8.2. del convenio señala, expresamente, que el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres e instituciones propias debe ser reconocido, siempre que estas costumbres no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.Por su parte, la Ley Indígena número 6172 dispone, en su artículo sétimo que “… los terrenos comprendidos dentro de las reservas, que sean de vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de preservar la vida silvestre de esas regiones …”.

Además el párrafo segundo del mismo artículo sétimo, hace ver que los recursos naturales renovables existentes en los terrenos comprendidos dentro de las reservas, deberán ser explotados racionalmente. De lo anterior se concluye que en ningún caso pueden ser usados ni el Convenio 169 citado, ni tampoco la Ley Indígena, para legitimar o amparar un daño ambiental como el realizado en el caso concreto por la acusada [Nombre1] " ( folios 130 a 132). Las conclusiones expuestas por el Tribunal en cuanto a la existencia de una acción típica y antijurídica cometida por la imputada, así como la calificación legal de los hechos, se encuentra ajustada a derecho, y es algo que tampoco se discute en el recurso. Sin embargo el Tribunal quiere reafirmar el criterio de que en las Reservas Indígenas es igualmente sancionable penalmente y por ende ilegal, el talar bosques, sean primarios o secundarios, aprovechar los productos forestales de éstos, o cambiar el uso del suelo, salvo que exista autorización del Minaet en los casos que la ley señala.

Resultan no solo ser conductas típicas, sino antijurídicas, pues como bien lo analizó el a quo, ni la Ley Indígena ni el Convenio 169, permiten a estas comunidades dañar el ambiente, que por lo demás es un derecho fundamental de la sociedad y se encuentra garantizado por el artículo 50 de la Constitución Política. Ahora bien, el argumento del recurrente va enfocado no hacia la inexistencia de una acción típica y antijurídica en la conducta de la imputada, sino en la existencia de un error de prohibición que excluye la culpabilidad de ésta, por haber creído que tenía autorización para talar los árboles dentro de la parcela que la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre de Buenos Aires le había adjudicado, con el objeto de poder sembrar maiz y otros productos para su subsistencia y la de su familia. Es criterio de ésta Cámara que en la especie, existen suficientes elementos que derivan de la prueba recibida para estimar que la encartada Etelgive [Nombre7] actuó bajo un error de prohibición indirecto, es decir bajo la falsa creencia de que al habérsele adjudicado una parcela dentro de una reserva indígena, con el propósito expreso de que cultivara la tierra, podía talar árboles del bosque para realizar tal actividad.

En un proceso fácticamente similar al presente, ésta Cámara había indicado lo siguiente: "Como se observa, en la resolución se hace una interpretación sesgada del error de prohibición indirecto, en tanto se aplica al delito de usurpación desde la sola perspectiva del ingreso a la propiedad que le fue adjudicada a [Nombre12] por la Junta de Desarrollo Indígena, omitiendo considerar que esa misma adjudicación que permitió su ingreso al inmueble se hizo sin ninguna limitación, es más concretamente se le autorizó para el desarrollo de la agricultura, o sea para sembrar en el terreno. Sobre esa base las conclusiones plasmadas en el fallo resultan evidentemente contradictorias, al pretender dividir la conducta de la acusada, entendida por una parte como el ingreso al terreno y por otra, como la ejecución de la siembra, cuando todo el comportamiento es englobante. En efecto, la realización de la siembra de maíz y ayote conforme se tuvo por demostrado, era la razón por la cual a ella se le dio la parcela, a saber para que la trabajara sin señalarle ninguna limitación, máxime que como lo señaló –en lo conducente– el testigo [Nombre13] : “…El IDA compra o COANI con el fin de dar tierra a personas para que se dediquen a actividades agrícola, para que tengan ganado, siempre se requiere que se de para la agricultura, siempre las fincas que se dan son con áreas de bosque y áreas de trabajo, en ese entonces se tomaba la decisión que con dos años de plazo se le daba no le diera mantenimiento se le daba a otra persona, pero si la persona la trabajaba se le da por tiempo indefinido o hasta que quisiera…

No recuerdo (la cantidad de terreno que le dio a [Nombre14]). Era como una(sic) área para trabajar en agricultura (el terreno que se le dio). No porque si el señor se lo dio a ella para que lo trabajar(sic) no podía ser bosque, porque las fincas tiene área de bosque, de regeneración de bosque de potrero, nosotros entregamos otras tierras igual.” (folio 296). Por su parte, la testigo [Nombre15] , indicó: “…Yo no entiendo bien más que todo que si voy a explicar es que el en el 2002 yo era parte de la junta directiva de la asociación de Ujarras, era tesorera, en ese tiempo se presentó la señora [Nombre16]) a pedir un terreno a ella le gusta trabajar en agricultura, llego a la asociación y hizo la solicitud a todos, a ver si le podían dar ese terreno. Entonces el presidente [Nombre17]) dijo que le quería dar el terreno que era una señora [Nombre18]) que le gustaba trabajar, se le dio el acuerdo a la junta y estuvimos de acuerdo que se le diera el terreno a la señora…

Si cuando estuve en la junta si el requisito era que la persona trabaje siembre y lo aproveche bien, lo que si se le pide que no se le venda a nadie que sea personal de la persona y que lo cuide, y ahí mismo se le dice que si no lo trabaja la junta se lo quita, y el requisito es que lo trabaje y si lo va a vender se lo quitan. Si (se debe especificar cual lote es). Si ( se comento cual era la propiedad de [Nombre19]). Ella llego a solicitar un lote y se le dijo que se le iba a dar el lote porque estaba acharralado y nadie lo trabajaba.” (folio 299, la negrita es suplida). En igual sentido, se manifestó el testigo [Nombre20] , en cuanto a que la parcela que se le entregó a [Nombre14] era para que la trabajara (ver, folio 302). En el presente asunto, es evidente que [Nombre14] al realizar la siembra en el terreno actuó en la falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no otorga, o sea bajo un error de prohibición indirecto que supuso una defectuosa interpretación del hecho, que llevo a [Nombre12] a creer falsamente que en la especie se daban las circunstancias que facultaban su conducta típica, es decir, que existe una autorización del ordenamiento jurídico para realizar la acción prevista por el tipo penal, ya que la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Ujarrás, órgano encargado al efecto en la zona donde se ejecutan los hechos, es quien ante su petición le designa la parcela y su tamaño para que ella específicamente según lo señalaron los propios testigos integrantes de la citada Junta Directiva, realizara la labor de siembra, es más ello era parte de las obligaciones que ella debía asumir y en caso de no proceder de esa manera le podían quitar el terreno asignado.

Cabe destacar al respecto, que “…Cuando el Código Penal dice en el artículo 35 que el error invencible debe recaer sobre la situación o "hecho" que se realiza no está sujeta a pena, quiere significar directamente que el sujeto debe creer falsamente que el hecho no está sujeto a pena, lo que puede suceder cuando: a) El sujeto actúa sin saber que lo que realiza se encuentra dentro del ámbito prohibitivo de la Norma; b) el sujeto que actúa considera que el Ordenamiento Jurídico le concede un permiso para su actuación; c) El sujeto que actúa piensa que está dentro del ámbito de una causa de justificación cuando en realidad no lo está. Estos tres supuestos están incluidos en la fórmula legal concebida por el Código, por lo que no parece haber problema alguno para incluir aquí los elementos del error de prohibición directo e indirecto. En esta nomenclatura, plenamente compatible con nuestro Código, el error directo recae sobre el conocimiento de la Norma prohibitiva (el "No quitarás el terreno a otro ciudadano", norma penal antepuesta al tipo penal de usurpación, por ejemplo), mientras que el error indirecto, viene a significar la falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no otorga,...” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, N° 446-F-92, de las 15:25 horas, del 25 de setiembre de 1992).

En este orden de ideas, estando en presencia de un vicio de fundamentación contradictoria que incide en forma esencial sobre lo resuelto, procede declara con lugar el recurso de casación planteado por la defensa. En ese sentido, no obstante que la detección en el fallo del vicio ordinariamente impondría anular la sentencia y el debate para darle nueva sustanciación, en este caso por razones de economía procesal en realidad debe procederse directamente a resolver el fondo del asunto, pues se ha detectado que la actuación de la acusada conforme se deriva de la prueba evacuada en el contradictorio, se realizo bajo un error de prohibición indirecto que excluye la culpabilidad, y que por una incorrecta aplicación e interpretación de la juzgadora no se hizo extensivo a la totalidad del comportamiento acusado. Así las cosas, procede casar la sentencia y se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre21] , de los delitos de invasión al área de protección y cambio de uso de suelo en concurso ideal.

El Tribunal de Juicio deberá hacer las comunicaciones que correspondan. En todo lo demás, la sentencia permanece incólume" (Res 2008-297 Tribunal de Casación Penal de Cartago. La transcripción es literal). Lo expuesto en la resolución anterior es plenamente aplicable en este caso. La imputada es indígena, con baja escolaridad, por sus costumbres y creencias, son personas que respetan y actúan guiados por los criterios esbozados por quienes dirigen su comunidad. En el debate, la encartada indicó que ella solicitó a la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, que le asignara una parcela para trabajar la tierra- acción que por miles de años han realizado estas culturas-porción de tierra que le fue adjudicada con esa finalidad, según consta incluso en los documentos de folios 72 y 73. La encartada indicó en su declaración que la petición obedeció a que necesitaba sembrar maíz y otras verduras, para alimentar a su familia.

Agregó que le dijeron que no había problema alguno para sembrar. Así mismo, cuando le interponen la denuncia, es que va a preguntarle a los miembros de la Asociación de Desarrollo y éstos le dicen que la Ley Indígena los protegía que siguiera trabajando la tierra. Si bien la imputada mencionó que ella había oído que era problema cortar los árboles, tal duda le es aclarada por el presidente de la Asociación de Desarrollo, el testigo [Nombre11] , quien le dice que no es problema cortar árboles, que podía sembrar (folios 118-119). Su versión es corroborada por Don [Nombre22] , Presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre, quien expuso que ellos son el gobierno local y tienen la potestad dentro de la reserva indígena de adjudicar esas parcelas para trabajar la tierra, lo cual a su juicio implica que pueden talar el bosque secundario que allí se encuentra para cultivar la tierra. Que esa finca la adquirió el Conai para ellos, y que a Doña Etelgive se le dio para sembrar, y ello implica talar árboles, lo que según su criterio, es un derecho que les da la ley indígena ( folios 122-123).

Como se colige de lo anterior y de los documentos citados, nos encontramos ante una tala de bosque ocurrida dentro de una reserva indígena, realizada por una persona de esa étnia con el propósito de cultivar la tierra, acción que efectivamente realizó sembrando maíz en el lugar, según se desprende de la prueba recibida. La acción realizada por la encartada es avalada por quien es su jefe político, y a quien definitivamente los indígenas en su cultura y costumbres, le van a otorgar pleno respeto y credibilidad. A lo que se une el hecho de que sabemos que por miles de años, el medio de subsistencia de los indígenas ha sido el cultivo de la tierra. De allí que existen suficientes elementos para estimar que tal y como lo aduce el recurrente, la encartada actuó bajo la falsa creencia- inducida por el Presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre- de que al haberle sido adjudicada la parcela dentro de una reserva indígena, y para sembrar maíz y otros alimentos, le era permitido talar parte del bosque.

Su cultura, sus costumbres, las circunstancias en las cuales se le otorga la parcela (dentro de una reserva indígena y para el cultivo), así como la creencia de su Jefe Político de que la ley les permite talar bosque secundario para poder sembrar, afectó su conocimiento sobre la antijuridicidad de la conducta. Es claro, como ya se dijo, que la la acción de talar un bosque aún dentro de la Reserva Indígena, no está permitido, y es penalmente castigado, siendo la acción típica y antijurídica. Por ello, es definitivo que tanto Doña Etelgive como el señor [Nombre11] , quién dirige la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, están bajo un error al creer que la Ley Indígena y el Convenio 169 les permite talar los bosques y sembrar allí sin el permiso del Minaet. Sin embargo, ese error en que se encuentra la imputada no puede llevar a considerar que su conducta sea culpable. La encartada actuó bajo un error de prohibición indirecto, al realizar las acciones prohibidas bajo la falsa creencia de que la ley le permitía talar parte del bosque para sembrar por ser el lugar una reserva indígena.

Ese error es invencible, pues por las costumbres tan arraigadas que tienen los pueblos indígenas, el respeto que le tienen a sus jefes políticos, y la baja escolaridad de la encartada, era imposible exigirle que acudiera donde un abogado, o bien ante el Minaet a realizar una consulta, si los dirigentes de la comunidad indígena le estaban autorizando a sembrar en esa parcela boscosa. Es criterio de ésta Cámara que para interpretar tanto la ley como al valorar la prueba en procesos penales seguidos contra personas de etnia indígena, deben tomarse en cuenta algunas disposiciones establecidas en el Convenido 169 de Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes ( Ley 7316) a efecto de valorar especialmente su culpabilidad y de existir ésta, la pena a imponer, siempre dentro del marco de derechos fundamentales establecido por la Constitución Política y los Tratados Internacionales. En ese sentido los artículos 9 y 10 del Convenido citado disponen: Artículo 9. 1.

"En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Artículo 10 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento" Por su parte el artículo 23 de dicho Convenio estipula: A rtículo 23 1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos.

Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo". De esta normativa internacional ratificada por Costa Rica, se desprende que a la hora de aplicar la ley penal, las costumbres, tradiciones y cultura de estos pueblos deben ser tomados en cuenta, y es precisamente aplicando esta normativa en relación con la prueba recibida, que se estima que la imputada ha incurrido en un error invencible de prohibición indirecto, regulado en el artículo 35 del Código Penal. La agricultura de subsistencia, que fue la acción que realizó la imputada, es una costumbre arraigada en su cultura que debe tomarse en cuenta al momento de valorar su culpabilidad.

Nótese que incluso el artículo 23 del Convenio indica que la artesanía, la industria rural, las actividades tradicionales relacionadas con la economía de subsistencia de estos pueblos, tales como la caza, pesca, caza con trampas y recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y desarrollo económico. Sin embargo, el párrafo segundo de la norma, es claro en el sentido de que los Estados deben, a petición de estas comunidades suministrarles asistencia técnica y financiera que tenga en cuenta sus técnicas tradicionales pero a la vez la importancia del desarrollo sostenible y equitativo. Esta norma debe relacionarse con el artículo 50 de la Constitución que establece el derecho fundamental de todos los ciudadanos a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sobre este derecho la Sala Constitucional ha indicado: "'El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

La Ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.'"Introducido de manera tan exigente en la Constitución, en su formulación expresa, el derecho fundamental al ambiente está conformado, como suele reconocer la doctrina, por un haz de posiciones de tipos muy diferentes. En cuanto respecta a la posición del Estado, que es lo que por lo pronto interesa, el derecho fundamental al ambiente comienza por imponer límites a su actuación, límites que, en concreto, han de considerarse y fijarse según los casos; porque lógicamente el Estado, obligado a garantizar, defender y preservar ese derecho, no puede menos que omitir determinadas intervenciones suyas que incidan en el medio ambiente, aunque fuesen lícitas o estuviesen destinadas a perseguir finalidades legítimas (como es el caso, por ejemplo, de la explotación de depósitos de petróleo u otras sustancias hidrocarburadas), si es que como resultado de ellas aquel derecho padece (o puede padecer) en la integridad que la Constitución le reconoce.

Pero el derecho fundamental al ambiente es también un derecho a acciones positivas del Estado. Es, entre otras cosas, un derecho a su protección frente a terceros, lo cual incluye hasta la protección mediante el ejercicio del poder punitivo del Estado; y un derecho a las prestaciones normativas del Estado, en otras áreas distintas del derecho penal, de lo que son expresión concreta las disposiciones legales que someten la exploración y la explotación de hidrocarburos a ciertas cautelas encaminadas a la protección medioambiental. En este último sentido se comprende que las normas de organización y procedimiento incluidas entre las que son el cauce que facilita el aprovechamiento de la riqueza energética, que son parte del ordenamiento jurídico estatal dispuesto para garantizar y preservar el derecho fundamental al ambiente, son lógica consecuencia de lo que la Constitución expresamente demanda del Estado; no ha de mirarse en ellas un obstáculo gratuito o irrazonable para el aprovechamiento de cierta clase de riqueza, socialmente significativa y aprovechable como medio de procurar 'el mayor bienestar a todos los habitantes del país', o bien, meras formalidades burocráticas que han de satisfacerse como tales formalidades.

Se inscriben en lo ya dicho acerca de la compleja y diversa posición del Estado con respecto a la garantía y preservación del derecho fundamental al ambiente." (Sala Constitucional Res 2001-13295). En igual forma debe tomarse en cuenta el numeral 7 de la Ley 6172 ( Ley Indígena) que establece que los terrenos dentro de la reserva que tengan vocación forestal deben guardar ese carácter, así como el numeral 19 de la Ley Forestal, que establece la facultad de la Administración Forestal del Estado de autorizar en terrenos cubiertos de bosque, el cambio de uso del suelo en algunas circunstancias. Estas normas permiten al Estado costarricense proteger los bosques que son patrimonio natural del Estado, que incluyen -como afirma el juzgador- los ubicados en reservas indígenas, y a su vez permitir mediante estudio previo, el uso del suelo boscoso de manera equilibrada y racional a los pueblos indígenas, para que puedan ejercer sus actividades agrícolas tradicionales de subsistencia.

El problema que ha surgido es que el Estado no ha asesorado debidamente a los indígenas sobre la forma, lugar, número de hectáreas, que pueden utilizar para cumplir con sus labores agrícolas de subsistencia dentro de las reservas indígenas, sin dañar el ecosistema. Es por ello, que surgen problemas como el presente en donde se enfrentan por un lado el derecho de los pueblos aborígenes a cultivar la tierra que se les dio, y el deber del Estado de proteger el ambiente, y dentro de éste, al bosque. Si bien ésta Cámara continúa sosteniendo que la acción desplegada por la imputada es típica (penalmente sancionable), y antijurídica (contraria al ordenamiento jurídico), ello no significa que el Estado fundamentándose en las normas transcritas, no pueda autorizar a los indígenas para que dentro de sus reservas, y acorde con un plan que fomente el desarrollo sostenible, y previos estudios de impacto ambiental, talen algunas áreas boscosas para que realicen una actividad milenaria arraigada a su cultura, como es la agricultura de subsistencia.

La tesis sostenida por el juzgador en el sentido de que corresponde a los acusados que lo aleguen el demostrar el error de prohibición, no es de recibo por atentar contra el principio universal del In dubio pro reo del artículo 9 del Código Procesal Penal. Esta norma indica " en caso de duda sobre cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado". La culpabilidad del imputado debe demostrarse, razón por la cual si existe duda sobre su existencia, debe aplicarse el principio señalado y absolver al imputado. Por supuesto que no basta con que el imputado alegue una causa de justificación o de inculpabilidad para que se genere una duda, sino que deben existir algunos elementos de prueba que hagan al menos probable dicha tesis, más no es exigible su demostración con certeza. En ese sentido, refiriéndose a la legítima defensa, la doctrina ha indicado: " El establecimiento de una presunción de dicho tipo con respecto a una causa de justificación parte de la posición equivocada de que en lo relativo a las circunstancias que dan base a una causa de justificación no opera el in dubio pro reo.

Debido a la vigencia de dicho principio una persona no puede ser condenada si existe duda con respecto a si actuó conforme a circunstancias que dan lugar a la existencia de una causa de justificación.....Sin embargo, debe reconocerse que el considerar que corresponde al imputado comprobar que actuó en legítima defensa es un error común en que se incurre en Costa Rica. (LLOBET [Nombre23] Delitos contra la vida y la integridad corporal [Nombre24], pp 73-74.). Igual tesis ha sostenido la jurisprudencia de casación indicando: "Empero, ante la alegación de causas de atipicidad, justificación o exculpación tanto al Ministerio Público como al querellante concierne la constatación de los hechos acusados y la correlativa desacreditación de los citados argumentos. Es decir, si se demuestra el delito es porque se tiene certeza de la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad y su acreditación corresponde al ente acusador.

Adicionalmente, como la duda favorece al procesado, si se alega alguna de esas causales, aunque no se demostraran los supuestos fácticos para su existencia, ello no implica que deba procederse al rechazo de la tesis, porque basta que no exista certeza de la antijuridicidad o de la culpabilidad para que deba resolverse a su favor (en este sentido cfr .: [Nombre25] , , . La legítima defensa: alcances y límites dogmáticos y jurisprudenciales . Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2004, pp. 101 ss . y [Nombre26] , , . En los linderos del ius puniendi . Investigaciones Jurídicas, San José, 2005 pp. 232-235) (Res [Telf2] Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José). En el presente caso, tal y como se dijo anteriormente, existen indicios claros, precisos y concordantes que avalan la tesis de la defensa en el sentido de que la imputada creía erróneamente que le asistía el derecho de talar el bosque para poder sembrar maíz y otros tubérculos para su subsistencia, por ser una reserva indígena, y habérsele autorizado a ello por parte del Presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, órgano que según la Ley Indígena tiene la representación judicial de la citada reserva.

Esta Cámara quiere dejar claro, que es penalmente sancionable, y por ende prohibido talar el bosque o cambiar el uso del suelo en el área boscosa de una reserva indígena, sin la autorización de la Administración Forestal del Estado. En igual forma, es obligación del Estado valorar conforme al Convenio 169 y las disposiciones de la Ley Indígena citadas, el promover el ejercicio de las costumbres y cultura de los indígenas dentro de las reservas que les han sido asignadas, de manera que actividades como la agricultura, la pesca y la caza, puedan ser autorizadas en esas reservas de forma razonable y en armonía con el ambiente, buscando un desarrollo sostenible. De lo contrario, la asignación de tierras a los indígenas no tiene ningún objeto, ni estaría cumpliendo con los objetivos del Convenio 169 ratificado por Costa Rica mediante Ley 7316. Por todo lo anterior, se acoge el único motivo del recurso, y se revoca la sentencia en cuanto condenó a la imputada [Nombre27] como autora responsable de los delitos de aprovechamiento de recursos forestales en terreno del Patrimonio Natural del Estado y Cambio de uso de la tierra en concurso material, así como la imposición de la pena de nueve meses de prisión y la concesión del beneficio de ejecución condicional de la pena y sus condiciones.

En su lugar se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A LA IMPUTADA POR LOS DELITOS ACUSADOS. NOTIFÍQUESE ESTA SENTENCIA A LAS PARTES, AL CONAI Y A LA OFICINA DEL MINAET CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD- PACÍFICO.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa pública de la imputada. Se revoca la sentencia en cuanto condenó a la imputada [Nombre27] como autora responsable de los delitos de aprovechamiento de recursos forestales en terreno del Patrimonio Natural del Estado y Cambio de uso de la tierra en concurso material, así como la imposición de la pena de nueve meses de prisión y la concesión del beneficio de ejecución condicional de la pena y sus condiciones. En su lugar se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A LA IMPUTADA POR LOS DELITOS ACUSADOS. NOTIFÍQUESE ESTA SENTENCIA A LAS PARTES, AL CONAI Y A LA OFICINA DEL MINAET CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD- PACÍFICO.

[Nombre28] [Nombre29] Joe Campos Bonilla Jueces del Tribunal de Casación Penal C/: [Nombre1] Of/: Los Recursos Naturales D/: Infracción a la Ley Forestal Jaos

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 6172 Indigenous Law
      • Ley 7316-1 Indigenous and Tribal Peoples Convention, No. 169

      Este documento cita

      • Ley 6172 Ley Indígena
      • Ley 7316-1 Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

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