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Res. 01285-2013 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 20/09/2013
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*060012580647PE* *060012580647PE* Res: 2013-01285 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y veintiséis minutos del veinte de setiembre del dos mil trece.
Recurso de Casación, interpuesto en la presente causa seguida contra J., c.c. J.L., […]; J.G., […] y contra Z., […]; por el delito de Falsedad Ideológica, cometido en perjuicio de La Fe Pública y Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los Magistrados: Carlos Chinchilla Sandí, Jesús Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Magda Pereira Villalobos y Rafael Angel Sanabria Rojas. También participan en esta instancia, el Licenciado Vianney Mauricio Pereira Quirós, Defensor Público de los sentenciados J. y J.G.; la Licenciada Amira Suñol Ocampo, representante del Estado quien es Querellante y Actor Civil; y además la Licenciada Beatriz Peralta Quesada, Defensora Pública de los señores J.y J.G. Se apersonó el MSc. Luis Diego Hernández Araya, Fiscal Coordinador Agrario Ambiental, representante del Ministerio Público; y el Licenciado Enrique Campos Moraga, Defensor Público de la imputada Z.
Resultando:
1. Mediante sentencia N° 160-2011, dictada a las once horas del veinticuatro de junio del dos mil once, el Tribunal Penal de Juicio del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 Y 41 de la Constitución Política, 1, 21, 30, 45, 59 a 63, 71 a 75, 359 y 360 del Código Penal, Reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, 222 y 1045 del Código Civil, 30 inciso e), 31 a 34, 311 inciso d) , 312, 360, 361, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal, se declara prescrita la acción penal a favor de J.G. por un delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, UN DELITO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ÁREAS DE PROTECCIÓN y UN DELITO DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS NO FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA que en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y LA LEY FORESTAL se le han venido atribuyendo. Se declara prescrita la acción penal a favor de J. cc.
J.L. por UN DELITO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ÁREAS DE PROTECCIÓN, UN DELITO DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA que en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y LA LEY FORESTAL se le han venido atribuyendo. En aplicación del principio in dubio pro reo, se absuelve de toda pena y responsabilidad a Z. por UN DELITO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ÁREAS DE PROTECCIÓN, UN DELITO DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA y un delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA que en perjuicio de LA LEY FORESTAL y LA FE PÚBLICA se le han venido atribuyendo. Se declara a J.G. autor responsable de TRES DELITOS de FALSEDAD IDEOLÓGICA y en tal carácter se le impone la pena de TRES AÑOS por cada una de las delincuencias, penas que en aplicación de las reglas del concurso ideal se fijan en el tanto TRES AÑOS DE PRISIÓN. Se declara a J. cc. J.L. autor responsable de DOS DELITOS DE FALSEDAD IDEOLÓGICA en perjuicio de LA FE PÚBLICA y en tal carácter se impone la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN por cada una de las delincuencias, penas que en aplicación de las reglas del concurso ideal se fijan en el tanto de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN .
Las penas impuestas las cumplirán los sentenciados previo abono de la preventiva sufrida en el lugar y forma en que lo determinen los respectivos reglamentos penitenciarios. Por el término de CINCO AÑOS, que corre a partir de la firmeza del fallo, se concede al justiciable J.G. el beneficio de ejecución condicional de la pena, en consecuencia no deberá cumplir la pena impuesta si en el período dicho no incurre en delito doloso que supere los seis meses de prisión. Firme el fallo, inscríbase en el Registro Judicial y envíense los testimonios de estilo al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena para lo de su cargo. Son las costas del proceso a cargo del Estado. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria en contra de la imputada-demandada civil Z. incoada por el actor civil EL ESTADO representado por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.
Se declara con lugar la acción civil resarcitoria en contra de los imputados-demandados civiles J.G. y J. a favor del actor civil EL ESTADO representado por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, condenándosele a pagar a los demandados civiles el daño ambiental, desglosándose de la siguiente manera: el monto de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL COLONES por la corta de cuatro árboles en zona de protección y por el resto de árboles cortados fuera de la zona de protección, se fija en abstracto, por lo que su cobro se remite a la vía civil. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. HAGASE SABER.- VERÓNICA DIXON LINDO RAÚL MADRIGAL LIZANO XINIA MARÍN CALVO JUEZAS y JUEZ DEL TRIBUNAL(sic)".
2. Contra el anterior pronunciamiento, el Licenciado Vianney Mauricio Pereira Quirós, Defensor Público de los sentenciados J. y J.G.; la Licenciada Amira Suñol Ocampo, representante del Estado quien es Querellante y Actor Civil; y además la Licenciada Beatriz Peralta Quesada, Defensora Pública de los señores J. y J.G., interponen Recurso de Casación.
3. Se realizó la audiencia oral y pública a las catorce horas del nueve de agosto del dos mil doce.
4. Verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.
5. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Informa el Magistrado Arroyo Gutiérrez; y,
Considerando:
I.En escrito visible de folios 602 a 605 frente, el licenciado Vianney Mauricio Pereira Quirós, codefensor público de los imputados J. y J.G., interpone recurso de casación contra la sentencia Nº 160-2011, dictada por el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a las once horas del veinticuatro de junio de dos mil once. Asimismo, la licenciada Beatriz Peralta Quesada, en su condición de codefensora pública de los encartados J. y J.G., formuló recurso de casación contra la sentencia condenatoria (vid. folios 619 a 625 frente). Es decir, cada profesional interpuso por su cuenta un recurso de casación, dejando de lado que los codefensores no actúan de manera independiente. No obstante esta situación, los Magistrados que suscriben se inclinan por resolver ambos recursos, lo anterior porque fueron interpuestos dentro del plazo de quince días y no dentro del emplazamiento, hipótesis en la cual el recurso podría tacharse de inadmisible si el impugnante se adhiere al recurso formulado por la misma parte procesal.
Aunado a esto, el caso en examen no es distinto de aquel en el cual el imputado, también dentro del plazo de quince días, recurre con independencia de su defensor. Si en este supuesto la Sala siempre ha optado por resolver ambos recursos, aunque se trate de la misma parte procesal, no se ve razón alguna que justifique acordar algo distinto en este proceso. Finalmente, véase que el recurso interpuesto por la licenciada Peralta Quesada contiene la mayoría de los reclamos que formuló el licenciado Pereira Quirós. Ante este panorama, prevenir a la parte para que indique cuál de los dos recursos desea que sea conocido en casación (y que se puede especular será el de la licenciada Peralta Quesada, toda vez que plantea un mayor número de motivos), no tiene ningún sentido, ya que aunque se prescinda de los alegatos expuestos por el licenciado Pereira Quirós, los mismos serán abordados por esta Cámara al resolver el recurso de la codefensora pública.
II.Aclarado lo anterior y por tratarse de motivos que están relacionados entre sí, por economía procesal esta Sala procederá a resolver de manera conjunta el primer motivo del recurso de casación planteado por el licenciado Vianney Mauricio Pereira Quirós y el primer motivo del recurso formulado por la licenciada Beatriz Peralta Quesada, ambos codefensores públicos de J. y J.G. RECURSO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO VIANNEY PEREIRA QUIRÓS. PRIMER MOTIVO. “Falta de valoración probatoria intelectiva de la prueba, así como violación a las reglas de la sana crítica” (folios 602 vuelto a 603 frente). En este motivo, el licenciado Pereira Quirós señala que no se valoró el cuestionamiento que formuló la defensa en relación con el informe ACLAC-SL-135, “…puesto que se consideró que se reunió información de tres fincas distintas entre sí, y esta información se mezcló a la hora de trasladar lo constatado en las en las (sic.) inspecciones de campo a esas fincas, con lo puntualizado o indicado en el sitado (sic.) informe, lo cual no fue mencionado por el colegio de jueces que resolvieron” (folios 602 vuelto y 603 frente).
Además, la sentencia no examinó a profundidad si el lugar donde se realizó la corta de los árboles podía ser clasificado como bosque o no. RECURSO INTERPUESTO POR LA LICENCIADA BEATRIZ PERALTA QUESADA. PRIMER MOTIVO. “Inobservancia de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba. Determinación o no de la existencia de un bosque conforme al artículo 3 inciso d de la Ley Forestal no. 7575” (folios 619 a 620 frente). La defensora pública indica que el Tribunal tuvo por demostrado que el área donde se llevó a cabo el inventario forestal era un bosque, sin embargo, la definición de bosque contenida en el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal Nº 7575 es sumamente técnica. El informe en el cual se sustenta la acusación contra sus defendidos no indica que el área visitada estuviese cubierta en un 70% por árboles de bosque. Así las cosas, la determinación de la existencia o no de un bosque era un punto medular, sin embargo en la sentencia no se analizó prueba testimonial o documental de donde se pueda colegir que en el caso concreto se verificó la presencia de los elementos que menciona el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal para describir el bosque.
Los alegatos no pueden prosperar: Contrario a lo que señalan los defensores públicos, el Tribunal explicó por qué consideraba que el área donde se encontraban los árboles a aprovechar era boscosa y a la vez, parte de la finca de doña Z. En ese sentido, el fallo de mérito señala que la imputada Z. recibió la visita de los inspectores en su casa . Si doña Z. solo tenía una propiedad en ese lugar, no hay dudas acerca de que la finca que visitaron los inspectores es la de la encartada y no una finca aledaña (vid. folios 577 vuelto y 578 frente). A esta conclusión llegó el a quo tras examinar, por ejemplo, la declaración de F., persona que habló de la presencia de Z. en el lugar de los hechos. Según el Tribunal, la imputada habló con los visitantes, “…y ella misma les informa, dentro de su nivel cultural, que ella tiene permiso, por lo cual no deja margen de duda de creer que se estaba en una finca equivocada, o en otros linderos…” (Folio 581 frente).
Del mismo modo, con base en el testimonio de P., se descartaron los cuestionamientos que formuló la defensa en torno a la ubicación de los árboles cortados. Lo que manifestó éste, en el sentido de que el instrumento que se empleó para efectuar las mediciones tiene un margen de error de aproximadamente cinco metros, permite explicar que en los estudios realizados aparezcan unos árboles encima de otros, cuando en realidad se trata de árboles que son muy próximos entre sí (folio 583 frente). Con base en esa misma declaración, el tribunal de primera instancia determinó que el área afectada era boscosa. En concreto, señaló: “Con este testigo se corrobora que el expediente hace referencia a un aprovechamiento de terrenos de uso agropecuario, cuando al llegar a hacer la inspección in situ, se demuestra que el área es de bosque y que la corta de árboles se dio en áreas de protección, incluso cerca de una quebrada y se abrió una trocha en área de bosque que pasaba por la quebrada… si bien es cierto que el área de la finca puede medir cinco hectáreas, puede que existan áreas de cultivos pero también grandes áreas de bosque que no fueron descritas… ello ha quedado plenamente demostrado para el Tribunal, precisamente con testigos como éste que no dejan margen de duda de lo que pudieron constatar en un lugar que por mucho desplazamiento a que se haga referencia, en la realidad es el mismo terreno.” (folios 581 vuelto y 582 frente).
La conclusión a la que llega el órgano sentenciador, contrario a lo que argumenta la defensa pública, se ajusta a las reglas de la sana crítica, ya que efectivamente, este deponente, cuya experticia en el campo es incuestionable (véase que el señor F. es un ingeniero forestal, que para el año 2004 trabajaba en la Oficina de Estrategia para el Control de Tala Ilegal) señaló que el área afectada es bosque porque cumplía con todas las características exigidas al efecto: “… el 70%, diversidad de especies, alturas, diámetros” (folio 582 vuelto). Sobre este extremo, el Tribunal también bastanteó el relato de C., ingeniero agrónomo y funcionario del MINAET. Éste también manifestó que el área donde ocurrió el aprovechamiento era un bosque y que la propiedad en relación con la cual se hizo el inventario forestal es la misma que visitaron, conclusión a la que llegó porque pese a las divergencias (v.g., en el inventario forestal no se hace mención al área boscosa), muchas de las características eran coincidentes, por ejemplo, la ubicación de la quebrada, el camino público al frente, la casita de doña Z. y claro está, el hecho de que al momento de la visita, en ese lugar se encontraba ella y les indicó que tenía permiso para cortar los árboles (folio 584 vuelto y 585 frente).
En la resolución recurrida se hace especial hincapié en esta declaración, ya que permite tener por demostrado que el estudio de la propiedad no lo hizo una sola persona sino todo un equipo interventor, con especialistas en la materia, lo que descarta un margen de error en cuanto a la identificación de la propiedad, o en cuanto a la existencia de bosque en el lugar (vid. folio 585 vuelto, últimas líneas, 585 frente y vuelto). Finalmente, el Tribunal bastanteó la declaración de J.J., ingeniero forestal que confirmó que el inventario no coincidía con lo que se apreciaba en el campo, ya que en el primero no se describían las coberturas boscosas (folio 588 frente). También confirmó que la tala abarcó zonas de bosque y que habían características que permitían individualizar la finca no obstante las falsedades contenidas en el inventario forestal, a saber, la ubicación que tenía la quebrada, la forma en que atravesaba la propiedad, la existencia de un camino público y la ubicación de la casa de la coimputada Z. casi al final de la finca (folio 588 vuelto y 589 frente).
También, con relación a la ubicación de dos árboles en un mismo punto, entiéndase en las mismas coordenadas, el a quo valoró lo expuesto por este testigo sobre el tema, a saber, que hay un margen de error en las medidas y que pueden darse problemas que provocan desplazamientos (por ejemplo, que la hoja cartográfica esté mal ubicada), pero que en este caso no tuvo mayor trascendencia, habiéndose determinado a través de la ubicación de campo que los árboles talados estaban dentro de la finca de doña Z., en un área de bosque (folio 589 vuelto). Por último, en la sentencia se valoró el Oficio ACLAC-SL-135, donde se hace mención a las inspecciones realizadas en las fincas de los señores D., G. y Z. Esta última se realizó los días 26 y 27 de noviembre, es decir, en una fecha distinta a la de las otras fincas, determinándose que los árboles marcados para ser talados estaban en área de bosque, que presentaba pendientes que en algunos casos alcanzaba los 70% y que se encontraron tocones de 17 especies, lo anterior a pesar de que se autorizó la corta de 25 árboles de 15 especies.
Para los jueces, aunque ese oficio contiene un comentario general en cuanto al desplazamiento de los planos según las localizaciones geográficas de las propiedades, a través de la visita de campo se determinó que se trata de la propiedad de doña Z., lo que se corroboró con la presencia de esta imputada en el sitio (folio 593 frente). En resumen, contrario a lo que señalan los codefensores públicos, no es cierto que el Tribunal no valorase los cuestionamientos de la defensa en relación con el informe ACLAC-SL-135. Todo lo contrario, lo hizo extensamente, concluyendo por qué no se puede sostener que hubo un error al ubicar el espacio físico donde se encontraban los árboles. Del mismo modo, tras examinar los razonamientos del órgano jurisdiccional, esta Cámara entiende que estos se ajustan a las reglas de la sana crítica, toda vez que de la prueba testimonial y documental se desprende que los árboles que se cortaron estaban situados en el inmueble propiedad de doña Z. y no en una finca aledaña (nótese que se constató ese extremo in situ, valiéndose de una serie de características que a pesar de las falsedades incorporadas en el inventario forestal y en otros documentos, sí habían sido descritas, por ejemplo, la quebrada, la ubicación de la casa de la coimputada, el camino público y claro está, la misma presencia de doña Z. en el lugar).
De igual manera, a través del examen del testimonio de varios expertos y del mismo informe ACLAC-SL-135 se tuvo por demostrado que los árboles talados estaban en un área boscosa, no existiendo la falta de fundamentación que se reprocha en cuanto a dicho extremo. Finalmente, no se omite indicar que si bien no hay un estudio en el que se desglosen todas y cada una de las características que definen al bosque según el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal (p. ej., que indique que en la finca de Z. había presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento de una superficie de dos o más hectáreas), el mismo es innecesario, ya que en primer término, los funcionarios de la administración forestal fueron categóricos al señalar que en el inmueble de la imputada Z. había bosque y en segundo lugar, porque a lo largo del proceso, incluida esta fase impugnaticia, ninguna de las partes ha puesto en duda esa circunstancia.
De tal suerte, no había impedimento para que el Tribunal de Juicio tuviese por demostrado el punto, que ha sido pacíficamente admitido, basándose en el testimonio de los expertos, sin necesidad de evacuar probanzas adicionales que se reitera, no han sido solicitadas por las partes procesales. Por todo lo anterior, se declaran sin lugar los motivos.
Por ser motivos relacionados entre sí, se procederá a resolver de forma conjunta el segundo y tercer motivo del recurso de casación formulado por el licenciado Vianney Pereira Quirós, el segundo motivo formulado por la licenciada Beatriz Peralta Quesada y el recurso de casación interpuesto por el licenciado Luis Diego Hernández Araya, representante del Ministerio Público. RECURSO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO VIANNEY PEREIRA QUIRÓS. SEGUNDO MOTIVO. “Falta de fundamentación de la pena impuesta” (folios 603 frente a 604 vuelto): El Tribunal no explicó cuáles fueron los motivos por los que impuso una pena de tres y cuatro años de prisión, superando el mínimo previsto en la ley. El a quo menciona pero no valora, dos o tres condiciones personales y el hecho de que el imputado tiene un antecedente por un delito similar. Tampoco explicó en el contexto del concurso ideal, cuál fue la pena para el delito más grave y si la aumentó.
En general, no analiza los temas expuestos en el artículo 71 del Código Penal. Además, se impone una pena desproporcionada a pesar de considerar que la conducta se ciñe al tipo objetivo. TERCER MOTIVO. “Errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto a la aplicación de las reglas del concurso ideal” (folios 604 vuelto a 605 frente). Para el impugnante, en lugar de dos delitos de falsedad ideológica existe solo uno: “…la conducta de llenar el inventario forestal y de elaborar la certificación a la que se alude, es una sola y se dirige a un único objetivo final…” (folio 605 frente). RECURSO INTERPUESTO POR LA LICENCIADA BEATRIZ PERALTA QUESADA. SEGUNDO MOTIVO. Falta de fundamentación en el establecimiento de la pena (folio 620 frente y vuelto). El Tribunal no explicó por qué al imputado J., condenado por dos delitos de falsedad ideológica, le impone una pena de cuatro años de prisión en tanto que al coimputado J.G., condenado por tres delitos de falsedad ideológica, le impone tres años de prisión.
RECURSO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS DIEGO HERNÁNDEZ ARAYA, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. Errónea aplicación de las reglas de los concursos de delitos (folios 657 y 658 frente). En el único motivo de su recurso, el licenciado Luis Diego Hernández Araya, Fiscal de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, reclama la errónea aplicación de los artículo 21 y 22 del Código Penal, por cuanto el Tribunal aplica la figura del concurso ideal cuando en realidad de los hechos probados, se desprende que los imputados J. y J.G. cometieron tres delitos de falsedad ideológica en concurso material, por cuanto, en momentos y en documentos totalmente distintos, los acusados consignaron información falsa acerca de los hechos que cada uno de esos documentos debía probar, siendo que cada uno de esos documentos en sí mismos eran capaces de ocasionar un perjuicio. En los términos que se expondrán, los alegatos que formulan los defensores públicos deben acogerse: En lo que aquí interesa, el Tribunal tuvo por demostrado que: “ A) Que el día 14 de mayo del 2003, la señora Z. suscribió el contrato de regencia forestal número 05822-C con el aquí imputado J., con la finalidad de realizar el aprovechamiento maderable de 25 árboles que se encontraban dentro de una finca de su propiedad con el plano catastrado número […], inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio real […], sita en el […], con un área total de 5.6 hectáreas, la cual colinda al norte con IDA, al sur con calle pública, al este con IDA y al este (sic.) con IDA.
En dicho inventario forestal, el imputado J., actuando como regente forestal, certificó que los árboles a aprovechar se encontraban distribuidos aproximadamente en tres hectáreas de cultivos principalmente de cacao, banano, maíz y frutales que representan 60.48% del área total de la finca, siendo que en realidad la totalidad de los árboles a cortar se hallaban en terrenos cubiertos de bosque. E) Para complementar el inventario forestal que falsamente el imputado J. indicó que se realizaría en área de cultivos, el imputado elaboró varios mapas del aprovechamiento solicitado, los cuales tenían como referencia el plano […]. En uno de ellos que denominó Mapa de Ubicación de Árboles, ubicó los veinticinco árboles cuyo aprovechamiento estaba solicitando. Además el imputado elaboró otro mapa que denominó Mapa de Uso Actual en el cual describió el uso actual de la finca en las áreas donde se encontraban los árboles marcados para su corta.
No obstante, el imputado en forma contraria a la realidad describió las áreas donde estaban los árboles como áreas de cacao, banano y maíz, cuando se trataban en su totalidad de áreas cubiertas de bosque. Dicho mapa conteniendo datos falsos sobre el uso del suelo en la finca de doña Z. fueron presentados por el imputado junto con el inventario forestal para inducir a error a la Administración forestal del Estado y lograr la obtención del permiso para corta de árboles sin necesidad de presentar un plan de manejo.
TERCER MOTIVO POR LA FORMA. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA (folios 620 vuelto a 621 vuelto). En este motivo, la licenciada Peralta Quesada reclama que el Tribunal rechazó la prueba que ofreció la defensa al inicio del debate como prueba para mejor resolver, a saber, “…varios gráficos elaborados por el Ing. J.: la ubicación del área en conflicto de la finca de la señora Z., la ubicación de los árboles encontrados por los personeros del MINAE y la finca de la señora Z., la ubicación de la finca de la señora N. de acuerdo con la hoja cartográfica Cahuita, y dos hojas cuadriculadas con las coordenadas del plano catastrado de la señora Z..” (Folio 620 vuelto). El Tribunal solo aceptó el plano catastrado así como una hoja cuadriculada. Usando ésta, se le pidió al imputado J.G. indicar dónde se encontraban los árboles y ubicar el plano de Z. y “el resultado es que se encuentran fuera del área de discusión” (folio 621 vuelto).
El agravio consiste en que la defensa no pudo mostrar a los testigos esos documentos y pedirles que ubicaran los árboles cortados, lo que hubiese llevado a concluir que estos estaban fuera de la propiedad de Z.. El reclamo no es de recibo: Tal y como se desprende del registro de audio y video del debate (véase la grabación correspondiente al 7 de marzo de 2011, 14:41:35 horas), el Tribunal rechazó la prueba que ofreció la licenciada Peralta Quesada toda vez que ésta no cumplía con lo preceptuado en el artículo 355 del Código Procesal Penal para ser considerada prueba para mejor proveer. Esta decisión no fue cuestionada por esa parte procesal, que con su silencio se mostró conforme, de ahí que sea discutible la legitimación que le asiste en este reclamo. En todo caso, esta Cámara entiende que el rechazo de la prueba no lesionó el derecho de defensa de los imputados J. y J.G., ya que estos, al rendir declaración, fueron extensos en relación con el punto que pretendían demostrar con esos documentos, a saber, que algunos árboles estaban ubicados fuera de los límites de la finca de la imputada Z., posibilidad que el a quo descartó con apego a las reglas de la sana crítica (vid. al respecto, el segundo considerando de esta resolución, al cual debe estarse la impugnante).
Aunado a esto, nótese que los defensores públicos interrogaron ampliamente a los testigos con respecto a este tema, así como sobre las conclusiones vertidas en el informe ACLAC-SL-135, cuestionamientos que al igual que las declaraciones de los imputados -y que van en el mismo sentido que las cuadrículas por ellos elaboradas-, el Tribunal bastanteó con la debida profundidad, concluyendo que no existían dudas en cuanto al lugar donde estaban los árboles. De esta forma, aunque se admita hipotéticamente que el órgano sentenciador pudo admitir las cuadrículas confeccionadas por los encartados como prueba para mejor proveer, e incluso, que pudo mostrárselas a los testigos para que se refiriesen a las mismas, el vicio no sería capaz de provocar la nulidad de la sentencia, ya que a pesar de esta omisión, el punto que la defensa pública pretendía demostrar fue ampliamente examinado, concluyéndose, a través de la valoración de todas las probanzas recibidas, que la versión de los imputados no se correspondía con la realidad. Sin lugar el motivo.
ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3 INCISO D DE LA LEY FORESTAL. (Folios 621 vuelto a 622 frente). La impugnante señala que el Tribunal se apartó de la definición legal que contiene el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal, pues el informe que fundamentó la acusación en contra de los imputados es ayuno en cuanto al desarrollo del artículo indicado y el Tribunal no indicó de cuáles pruebas extrajo que se cumplió a cabalidad con la Ley Forestal: “No se indica qué porcentaje de la propiedad se encontraba cubierto o no de bosque, tampoco indica la caracterización que se hizo de los árboles, los cuales, según la misma definición, deben ser de porte variado, con uno o más doseles… Incluso el ingeniero V. no es un ingeniero forestal tal y como indica que es experto, y para eso ofrezco prueba para mejor resolver con la certificación del colegio correspondiente.” (Folio 622 frente). El motivo no puede prosperar, por lo apuntado en el segundo considerando de esta resolución, al cual debe remitirse la impugnante.
Tal y como se indicó entonces, el Tribunal explicó por qué concluyó que el área donde se elaboró el inventario forestal era boscosa . Asimismo, señaló cuál era la prueba de la que podía extraer esa conclusión, a saber, el testimonio de varios testigos que por ser funcionarios de la administración forestal, tuvieron la tarea de intervenir la finca de Z., así como el informe que cita la recurrente. En otro orden de ideas, véase que la certificación de folio 626 frente que ofrece la codefensora pública demuestra que C. es Ingeniero Agrónomo con énfasis en Fitotecnia, de ahí que el cuestionamiento de dicha profesional, en el sentido de que ese deponente no es un experto, carece de todo asidero. Sin lugar los reproches.
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DESCRIPTIVA AL EXISTIR UNA TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DE LA PRUEBA (folio 622 vuelto). En la sentencia solo se alude al testimonio de E., pero la trascripción se encuentra incompleta. Esto impide a la defensa conocer “el análisis intelectivo que hace el tribunal para arribar a su condenatoria” (folio 622 vuelto). No lleva razón la quejosa: De folios 542 vuelto a 545 frente se trascribe lo expuesto por el testigo E. en el contradictorio. Posteriormente, al valorar ese testimonio, el a quo reitera esa trascripción (folios 578 frente a 580 frente). Ahora bien, el hecho de que en esta segunda ocasión, la trascripción sea solo de parte de la declaración -circunstancia que según se puede interpretar, es la que reclama la licenciada Peralta Quesada-, no constituye un vicio en la sentencia, ya que en este apartado de la resolución, como su nombre lo indica (valoración de la prueba, f. 566 frente), lo indispensable es que se haga el estudio de los elementos probatorios y no como parece entender la recurrente, una nueva descripción de la prueba que se entra a valorar. Así las cosas, siendo que el vicio que acusa la codefensora pública es inexistente, se declara sin lugar el reproche.
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. INCORRECTA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. NO SE VALORA EL ANÁLISIS DE LOS CUADROS PRESENTADOS EN EL INFORME ACLAC-SL-135 LOS CUALES CONTENÍAN VARIAS INCOHERENCIAS EN LOS PUNTOS GPS (folios 622 vuelto a 624 vuelto). El Tribunal no indicó por qué motivo no consideró el cuestionamiento que se hizo en relación con el cuadro que está a folio 7 del expediente, en el cual se consignan las mismas coordenadas para más de un árbol. Igualmente, se ubica en una misma coordenada un árbol y el paso de una quebrada permanente. La defensa también indicó que había graves incoherencias en el uso del GPS. El Tribunal no valoró esta situación que en el caso en estudio hace pensar que no hay certeza acerca de que los árboles cortados estuviesen en los puntos que indicó el grupo interventor y por lo tanto, dentro de la finca de doña Z. Además, existen puntos de GPS que son coincidentes con los de la finca de un señor llamado D., cuya finca está a considerable distancia de la de Z. El motivo debe desestimarse: Contrario a lo que expone la recurrente, el Tribunal bastanteó el tema, concluyendo que a pesar de las inconsistencias plasmadas en el estudio, había elementos para entender que el área donde se encontraban los árboles a cortar era boscosa; que algunos árboles se encontraban en el área de protección de una quebrada y que todo estaba dentro de los límites de la finca de la imputada Z. Como se apuntó en el segundo considerando de esta resolución, el a quo ponderó que el grupo interventor que visitó la zona estaba integrado por varios profesionales y que todos estos pudieron apreciar en el lugar varios puntos de referencia que a pesar de las falsedades, sí fueron consignados por los imputados los documentos, por ejemplo, la quebrada, la casa de doña Z. y el camino público. No existiendo el vicio que se alega, se declara sin lugar el motivo.
PRIMER MOTIVO. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL RECHAZO DE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA DEL ESTADO (folios 633 a 635 frente): El Tribunal absolvió a la imputada Z. y declaró sin lugar la acción civil resarcitoria, sin examinar lo expuesto por la Procuraduría, en el sentido de que a pesar de la absolutoria procedía la condena civil, ya que la responsabilidad penal y civil según el artículo 57 de la Ley Forestal es de quienes firmaron el contrato de regencia forestal, incluida Z. Por lo expuesto, solicita se anule la sentencia y se ordene el reenvío en cuanto al tema civil y solo en relación con la imputada Z. Lleva razón la recurrente: En cuanto a la acción civil resarcitoria incoada contra Z., el a quo se limitó a declarar sin lugar la misma (folio 598 vuelto), con lo cual es evidente que el tema se resolvió sin fundamentación alguna, lo que impide a las partes conocer las razones por las cuales se adoptó esa decisión.
Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso por la forma, anulando el fallo y el debate que le sirvió de base en cuanto al mencionado extremo, a saber, lo resuelto con relación a la acción civil resarcitoria incoada en contra de la imputada Z., sin que tal pronunciamiento implique que la Sala está prejuzgando sobre el derecho resarcitorio de la parte actora civil. Asimismo, por lo dispuesto anteriormente, se omite pronunciamiento con respecto al tercer motivo del recurso de casación planteado por la licenciada Suñol Ocampo, visible de folios 637 a 639 frente.
El Tribunal absolvió a Z. por el delito de falsedad ideológica tras considerar que no sabe leer ni escribir y dejó el trámite del permiso en manos del regente forestal y el maderero. La recurrente señala que esta explicación es muy conveniente para la acusada, sin embargo nadie puede alegar ignorancia de la ley. Las normas en relación con el procedimiento de regencia y de extracción de madera son de conocimiento de las partes contratantes, la dueña de la finca, el regente, el regentado, el maderero, el sierrero, los transportistas y los funcionarios del MINAET. La responsabilidad penal y civil es de todos los contratantes; es una responsabilidad que “trasciende la tipicidad y es compartida” según el artículo 57 de la Ley Forestal. Para la licenciada Suñol Ocampo, “las condiciones profesionales” de ambos imputados “se comunican” a Z. para efectos de una condena. Así las cosas, ésta fue absuelta cuando debió ser condenada por el principio de comunicabilidad de las circunstancias.
El motivo se debe rechazar: En primer término, hay que destacar que la impugnación que formula la licenciada Suñol Ocampo se plantea únicamente en relación con la absolutoria dictada a favor de Z. por el delito de falsedad ideológica. Concretamente, se imputó que esta persona el día 28 de mayo de 2003, presentó ante la Oficina Sub-regional del MINAE en Limón una solicitud de permiso forestal para aprovechar 25 árboles situados en su finca, siendo que en dicho documento consignó una falsedad en lo concerniente al área dentro de la cual se encontraban esos árboles, específicamente indicó que el terreno estaba dedicada a cultivos cuando en realidad se trataba de bosque (vid., folios 514 vuelto; 515 frente y 519 frente y vuelto). El Tribunal absolvió a la acusada tras considerar una serie de elementos que se pueden sintetizar así:
Por Tanto:
Se declaran con lugar el segundo motivo del recurso de casación formulado por el licenciado Vianney Pereira Quirós; codefensor público de los imputados J. y J.G., el segundo motivo del recurso interpuesto por la licenciada Beatriz Peralta Quesada, codefensora pública de los imputados J. y J.G. y el primer motivo de casación planteado por la licenciada Amira Suñol Ocampo, Procuradora. Se anula la sentencia y el debate que la precedió únicamente en cuanto a la pena impuesta a los imputados J. y J.G., así como en cuanto a lo dispuesto con relación a la acción civil resarcitoria incoada contra la imputada Z. Se ordena el reenvío del expediente al Tribunal de Juicio, para que proceda a la nueva sustanciación de ambos extremos. Por innecesario, se omite pronunciamiento con respecto al tercer motivo del recurso de casación planteado por la licenciada Suñol Ocampo. Se declaran sin lugar los demás motivos de los recursos de casación planteados por la licenciada Suñol Ocampo; por el licenciado Pereira Quirós y la licenciada Peralta Quesada. Finalmente, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el licenciado Luis Diego Hernández Araya, representante del Ministerio Público. NOTIFÍQUESE.
Carlos Chinchilla S.
Jesús Ramírez Q.
José Manuel Arroyo G.
Magda Pereira V.
Rafael Angel Sanabria R.
(Mag. Suplente.)
*060012580647PE* SLEIVAA Int:1081-2/2-2011
*060012580647PE* *060012580647PE* Res: 2013-01285 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y veintiséis minutos del veinte de setiembre del dos mil trece.
Recurso de Casación, interpuesto en la presente causa seguida contra J., c.c. J.L., […]; J.G., […] y contra Z., […]; por el delito de Falsedad Ideológica, cometido en perjuicio de La Fe Pública y Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los Magistrados: Carlos Chinchilla Sandí, Jesús Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Magda Pereira Villalobos y Rafael Angel Sanabria Rojas. También participan en esta instancia, el Licenciado Vianney Mauricio Pereira Quirós, Defensor Público de los sentenciados J. y J.G.; la Licenciada Amira Suñol Ocampo, representante del Estado quien es Querellante y Actor Civil; y además la Licenciada Beatriz Peralta Quesada, Defensora Pública de los señores J.y J.G. Se apersonó el MSc. Luis Diego Hernández Araya, Fiscal Coordinador Agrario Ambiental, representante del Ministerio Público; y el Licenciado Enrique Campos Moraga, Defensor Público de la imputada Z.
Resultando:
1. Mediante sentencia N° 160-2011, dictada a las once horas del veinticuatro de junio del dos mil once, el Tribunal Penal de Juicio del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 Y 41 de la Constitución Política, 1, 21, 30, 45, 59 a 63, 71 a 75, 359 y 360 del Código Penal, Reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, 222 y 1045 del Código Civil, 30 inciso e), 31 a 34, 311 inciso d) , 312, 360, 361, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal, se declara prescrita la acción penal a favor de J.G. por un delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, UN DELITO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ÁREAS DE PROTECCIÓN y UN DELITO DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS NO FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA que en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y LA LEY FORESTAL se le han venido atribuyendo. Se declara prescrita la acción penal a favor de J. cc.
J.L. por UN DELITO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ÁREAS DE PROTECCIÓN, UN DELITO DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA que en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y LA LEY FORESTAL se le han venido atribuyendo. En aplicación del principio in dubio pro reo, se absuelve de toda pena y responsabilidad a Z. por UN DELITO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ÁREAS DE PROTECCIÓN, UN DELITO DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA y un delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA que en perjuicio de LA LEY FORESTAL y LA FE PÚBLICA se le han venido atribuyendo. Se declara a J.G. autor responsable de TRES DELITOS de FALSEDAD IDEOLÓGICA y en tal carácter se le impone la pena de TRES AÑOS por cada una de las delincuencias, penas que en aplicación de las reglas del concurso ideal se fijan en el tanto TRES AÑOS DE PRISIÓN. Se declara a J. cc. J.L. autor responsable de DOS DELITOS DE FALSEDAD IDEOLÓGICA en perjuicio de LA FE PÚBLICA y en tal carácter se impone la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN por cada una de las delincuencias, penas que en aplicación de las reglas del concurso ideal se fijan en el tanto de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN .
Las penas impuestas las cumplirán los sentenciados previo abono de la preventiva sufrida en el lugar y forma en que lo determinen los respectivos reglamentos penitenciarios. Por el término de CINCO AÑOS, que corre a partir de la firmeza del fallo, se concede al justiciable J.G. el beneficio de ejecución condicional de la pena, en consecuencia no deberá cumplir la pena impuesta si en el período dicho no incurre en delito doloso que supere los seis meses de prisión. Firme el fallo, inscríbase en el Registro Judicial y envíense los testimonios de estilo al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena para lo de su cargo. Son las costas del proceso a cargo del Estado. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria en contra de la imputada-demandada civil Z. incoada por el actor civil EL ESTADO representado por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.
Se declara con lugar la acción civil resarcitoria en contra de los imputados-demandados civiles J.G. y J. a favor del actor civil EL ESTADO representado por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, condenándosele a pagar a los demandados civiles el daño ambiental, desglosándose de la siguiente manera: el monto de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL COLONES por la corta de cuatro árboles en zona de protección y por el resto de árboles cortados fuera de la zona de protección, se fija en abstracto, por lo que su cobro se remite a la vía civil. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. HAGASE SABER.- VERÓNICA DIXON LINDO RAÚL MADRIGAL LIZANO XINIA MARÍN CALVO JUEZAS y JUEZ DEL TRIBUNAL(sic)".
2. Contra el anterior pronunciamiento, el Licenciado Vianney Mauricio Pereira Quirós, Defensor Público de los sentenciados J. y J.G.; la Licenciada Amira Suñol Ocampo, representante del Estado quien es Querellante y Actor Civil; y además la Licenciada Beatriz Peralta Quesada, Defensora Pública de los señores J. y J.G., interponen Recurso de Casación.
3. Se realizó la audiencia oral y pública a las catorce horas del nueve de agosto del dos mil doce.
4. Verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.
5. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Informa el Magistrado Arroyo Gutiérrez; y,
Considerando:
I.En escrito visible de folios 602 a 605 frente, el licenciado Vianney Mauricio Pereira Quirós, codefensor público de los imputados J. y J.G., interpone recurso de casación contra la sentencia Nº 160-2011, dictada por el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a las once horas del veinticuatro de junio de dos mil once. Asimismo, la licenciada Beatriz Peralta Quesada, en su condición de codefensora pública de los encartados J. y J.G., formuló recurso de casación contra la sentencia condenatoria (vid. folios 619 a 625 frente). Es decir, cada profesional interpuso por su cuenta un recurso de casación, dejando de lado que los codefensores no actúan de manera independiente. No obstante esta situación, los Magistrados que suscriben se inclinan por resolver ambos recursos, lo anterior porque fueron interpuestos dentro del plazo de quince días y no dentro del emplazamiento, hipótesis en la cual el recurso podría tacharse de inadmisible si el impugnante se adhiere al recurso formulado por la misma parte procesal.
Aunado a esto, el caso en examen no es distinto de aquel en el cual el imputado, también dentro del plazo de quince días, recurre con independencia de su defensor. Si en este supuesto la Sala siempre ha optado por resolver ambos recursos, aunque se trate de la misma parte procesal, no se ve razón alguna que justifique acordar algo distinto en este proceso. Finalmente, véase que el recurso interpuesto por la licenciada Peralta Quesada contiene la mayoría de los reclamos que formuló el licenciado Pereira Quirós. Ante este panorama, prevenir a la parte para que indique cuál de los dos recursos desea que sea conocido en casación (y que se puede especular será el de la licenciada Peralta Quesada, toda vez que plantea un mayor número de motivos), no tiene ningún sentido, ya que aunque se prescinda de los alegatos expuestos por el licenciado Pereira Quirós, los mismos serán abordados por esta Cámara al resolver el recurso de la codefensora pública.
II.Aclarado lo anterior y por tratarse de motivos que están relacionados entre sí, por economía procesal esta Sala procederá a resolver de manera conjunta el primer motivo del recurso de casación planteado por el licenciado Vianney Mauricio Pereira Quirós y el primer motivo del recurso formulado por la licenciada Beatriz Peralta Quesada, ambos codefensores públicos de J. y J.G. RECURSO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO VIANNEY PEREIRA QUIRÓS. PRIMER MOTIVO. “Falta de valoración probatoria intelectiva de la prueba, así como violación a las reglas de la sana crítica” (folios 602 vuelto a 603 frente). En este motivo, el licenciado Pereira Quirós señala que no se valoró el cuestionamiento que formuló la defensa en relación con el informe ACLAC-SL-135, “…puesto que se consideró que se reunió información de tres fincas distintas entre sí, y esta información se mezcló a la hora de trasladar lo constatado en las en las (sic.) inspecciones de campo a esas fincas, con lo puntualizado o indicado en el sitado (sic.) informe, lo cual no fue mencionado por el colegio de jueces que resolvieron” (folios 602 vuelto y 603 frente).
Además, la sentencia no examinó a profundidad si el lugar donde se realizó la corta de los árboles podía ser clasificado como bosque o no. RECURSO INTERPUESTO POR LA LICENCIADA BEATRIZ PERALTA QUESADA. PRIMER MOTIVO. “Inobservancia de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba. Determinación o no de la existencia de un bosque conforme al artículo 3 inciso d de la Ley Forestal no. 7575” (folios 619 a 620 frente). La defensora pública indica que el Tribunal tuvo por demostrado que el área donde se llevó a cabo el inventario forestal era un bosque, sin embargo, la definición de bosque contenida en el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal Nº 7575 es sumamente técnica. El informe en el cual se sustenta la acusación contra sus defendidos no indica que el área visitada estuviese cubierta en un 70% por árboles de bosque. Así las cosas, la determinación de la existencia o no de un bosque era un punto medular, sin embargo en la sentencia no se analizó prueba testimonial o documental de donde se pueda colegir que en el caso concreto se verificó la presencia de los elementos que menciona el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal para describir el bosque.
Los alegatos no pueden prosperar: Contrario a lo que señalan los defensores públicos, el Tribunal explicó por qué consideraba que el área donde se encontraban los árboles a aprovechar era boscosa y a la vez, parte de la finca de doña Z. En ese sentido, el fallo de mérito señala que la imputada Z. recibió la visita de los inspectores en su casa . Si doña Z. solo tenía una propiedad en ese lugar, no hay dudas acerca de que la finca que visitaron los inspectores es la de la encartada y no una finca aledaña (vid. folios 577 vuelto y 578 frente). A esta conclusión llegó el a quo tras examinar, por ejemplo, la declaración de F., persona que habló de la presencia de Z. en el lugar de los hechos. Según el Tribunal, la imputada habló con los visitantes, “…y ella misma les informa, dentro de su nivel cultural, que ella tiene permiso, por lo cual no deja margen de duda de creer que se estaba en una finca equivocada, o en otros linderos…” (Folio 581 frente).
Del mismo modo, con base en el testimonio de P., se descartaron los cuestionamientos que formuló la defensa en torno a la ubicación de los árboles cortados. Lo que manifestó éste, en el sentido de que el instrumento que se empleó para efectuar las mediciones tiene un margen de error de aproximadamente cinco metros, permite explicar que en los estudios realizados aparezcan unos árboles encima de otros, cuando en realidad se trata de árboles que son muy próximos entre sí (folio 583 frente). Con base en esa misma declaración, el tribunal de primera instancia determinó que el área afectada era boscosa. En concreto, señaló: “Con este testigo se corrobora que el expediente hace referencia a un aprovechamiento de terrenos de uso agropecuario, cuando al llegar a hacer la inspección in situ, se demuestra que el área es de bosque y que la corta de árboles se dio en áreas de protección, incluso cerca de una quebrada y se abrió una trocha en área de bosque que pasaba por la quebrada… si bien es cierto que el área de la finca puede medir cinco hectáreas, puede que existan áreas de cultivos pero también grandes áreas de bosque que no fueron descritas… ello ha quedado plenamente demostrado para el Tribunal, precisamente con testigos como éste que no dejan margen de duda de lo que pudieron constatar en un lugar que por mucho desplazamiento a que se haga referencia, en la realidad es el mismo terreno.” (folios 581 vuelto y 582 frente).
La conclusión a la que llega el órgano sentenciador, contrario a lo que argumenta la defensa pública, se ajusta a las reglas de la sana crítica, ya que efectivamente, este deponente, cuya experticia en el campo es incuestionable (véase que el señor F. es un ingeniero forestal, que para el año 2004 trabajaba en la Oficina de Estrategia para el Control de Tala Ilegal) señaló que el área afectada es bosque porque cumplía con todas las características exigidas al efecto: “… el 70%, diversidad de especies, alturas, diámetros” (folio 582 vuelto). Sobre este extremo, el Tribunal también bastanteó el relato de C., ingeniero agrónomo y funcionario del MINAET. Éste también manifestó que el área donde ocurrió el aprovechamiento era un bosque y que la propiedad en relación con la cual se hizo el inventario forestal es la misma que visitaron, conclusión a la que llegó porque pese a las divergencias (v.g., en el inventario forestal no se hace mención al área boscosa), muchas de las características eran coincidentes, por ejemplo, la ubicación de la quebrada, el camino público al frente, la casita de doña Z. y claro está, el hecho de que al momento de la visita, en ese lugar se encontraba ella y les indicó que tenía permiso para cortar los árboles (folio 584 vuelto y 585 frente).
En la resolución recurrida se hace especial hincapié en esta declaración, ya que permite tener por demostrado que el estudio de la propiedad no lo hizo una sola persona sino todo un equipo interventor, con especialistas en la materia, lo que descarta un margen de error en cuanto a la identificación de la propiedad, o en cuanto a la existencia de bosque en el lugar (vid. folio 585 vuelto, últimas líneas, 585 frente y vuelto). Finalmente, el Tribunal bastanteó la declaración de J.J., ingeniero forestal que confirmó que el inventario no coincidía con lo que se apreciaba en el campo, ya que en el primero no se describían las coberturas boscosas (folio 588 frente). También confirmó que la tala abarcó zonas de bosque y que habían características que permitían individualizar la finca no obstante las falsedades contenidas en el inventario forestal, a saber, la ubicación que tenía la quebrada, la forma en que atravesaba la propiedad, la existencia de un camino público y la ubicación de la casa de la coimputada Z. casi al final de la finca (folio 588 vuelto y 589 frente).
También, con relación a la ubicación de dos árboles en un mismo punto, entiéndase en las mismas coordenadas, el a quo valoró lo expuesto por este testigo sobre el tema, a saber, que hay un margen de error en las medidas y que pueden darse problemas que provocan desplazamientos (por ejemplo, que la hoja cartográfica esté mal ubicada), pero que en este caso no tuvo mayor trascendencia, habiéndose determinado a través de la ubicación de campo que los árboles talados estaban dentro de la finca de doña Z., en un área de bosque (folio 589 vuelto). Por último, en la sentencia se valoró el Oficio ACLAC-SL-135, donde se hace mención a las inspecciones realizadas en las fincas de los señores D., G. y Z. Esta última se realizó los días 26 y 27 de noviembre, es decir, en una fecha distinta a la de las otras fincas, determinándose que los árboles marcados para ser talados estaban en área de bosque, que presentaba pendientes que en algunos casos alcanzaba los 70% y que se encontraron tocones de 17 especies, lo anterior a pesar de que se autorizó la corta de 25 árboles de 15 especies.
Para los jueces, aunque ese oficio contiene un comentario general en cuanto al desplazamiento de los planos según las localizaciones geográficas de las propiedades, a través de la visita de campo se determinó que se trata de la propiedad de doña Z., lo que se corroboró con la presencia de esta imputada en el sitio (folio 593 frente). En resumen, contrario a lo que señalan los codefensores públicos, no es cierto que el Tribunal no valorase los cuestionamientos de la defensa en relación con el informe ACLAC-SL-135. Todo lo contrario, lo hizo extensamente, concluyendo por qué no se puede sostener que hubo un error al ubicar el espacio físico donde se encontraban los árboles. Del mismo modo, tras examinar los razonamientos del órgano jurisdiccional, esta Cámara entiende que estos se ajustan a las reglas de la sana crítica, toda vez que de la prueba testimonial y documental se desprende que los árboles que se cortaron estaban situados en el inmueble propiedad de doña Z. y no en una finca aledaña (nótese que se constató ese extremo in situ, valiéndose de una serie de características que a pesar de las falsedades incorporadas en el inventario forestal y en otros documentos, sí habían sido descritas, por ejemplo, la quebrada, la ubicación de la casa de la coimputada, el camino público y claro está, la misma presencia de doña Z. en el lugar).
De igual manera, a través del examen del testimonio de varios expertos y del mismo informe ACLAC-SL-135 se tuvo por demostrado que los árboles talados estaban en un área boscosa, no existiendo la falta de fundamentación que se reprocha en cuanto a dicho extremo. Finalmente, no se omite indicar que si bien no hay un estudio en el que se desglosen todas y cada una de las características que definen al bosque según el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal (p. ej., que indique que en la finca de Z. había presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento de una superficie de dos o más hectáreas), el mismo es innecesario, ya que en primer término, los funcionarios de la administración forestal fueron categóricos al señalar que en el inmueble de la imputada Z. había bosque y en segundo lugar, porque a lo largo del proceso, incluida esta fase impugnaticia, ninguna de las partes ha puesto en duda esa circunstancia.
De tal suerte, no había impedimento para que el Tribunal de Juicio tuviese por demostrado el punto, que ha sido pacíficamente admitido, basándose en el testimonio de los expertos, sin necesidad de evacuar probanzas adicionales que se reitera, no han sido solicitadas por las partes procesales. Por todo lo anterior, se declaran sin lugar los motivos.
Por ser motivos relacionados entre sí, se procederá a resolver de forma conjunta el segundo y tercer motivo del recurso de casación formulado por el licenciado Vianney Pereira Quirós, el segundo motivo formulado por la licenciada Beatriz Peralta Quesada y el recurso de casación interpuesto por el licenciado Luis Diego Hernández Araya, representante del Ministerio Público. RECURSO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO VIANNEY PEREIRA QUIRÓS. SEGUNDO MOTIVO. “Falta de fundamentación de la pena impuesta” (folios 603 frente a 604 vuelto): El Tribunal no explicó cuáles fueron los motivos por los que impuso una pena de tres y cuatro años de prisión, superando el mínimo previsto en la ley. El a quo menciona pero no valora, dos o tres condiciones personales y el hecho de que el imputado tiene un antecedente por un delito similar. Tampoco explicó en el contexto del concurso ideal, cuál fue la pena para el delito más grave y si la aumentó.
En general, no analiza los temas expuestos en el artículo 71 del Código Penal. Además, se impone una pena desproporcionada a pesar de considerar que la conducta se ciñe al tipo objetivo. TERCER MOTIVO. “Errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto a la aplicación de las reglas del concurso ideal” (folios 604 vuelto a 605 frente). Para el impugnante, en lugar de dos delitos de falsedad ideológica existe solo uno: “…la conducta de llenar el inventario forestal y de elaborar la certificación a la que se alude, es una sola y se dirige a un único objetivo final…” (folio 605 frente). RECURSO INTERPUESTO POR LA LICENCIADA BEATRIZ PERALTA QUESADA. SEGUNDO MOTIVO. Falta de fundamentación en el establecimiento de la pena (folio 620 frente y vuelto). El Tribunal no explicó por qué al imputado J., condenado por dos delitos de falsedad ideológica, le impone una pena de cuatro años de prisión en tanto que al coimputado J.G., condenado por tres delitos de falsedad ideológica, le impone tres años de prisión.
RECURSO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS DIEGO HERNÁNDEZ ARAYA, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. Errónea aplicación de las reglas de los concursos de delitos (folios 657 y 658 frente). En el único motivo de su recurso, el licenciado Luis Diego Hernández Araya, Fiscal de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, reclama la errónea aplicación de los artículo 21 y 22 del Código Penal, por cuanto el Tribunal aplica la figura del concurso ideal cuando en realidad de los hechos probados, se desprende que los imputados J. y J.G. cometieron tres delitos de falsedad ideológica en concurso material, por cuanto, en momentos y en documentos totalmente distintos, los acusados consignaron información falsa acerca de los hechos que cada uno de esos documentos debía probar, siendo que cada uno de esos documentos en sí mismos eran capaces de ocasionar un perjuicio. En los términos que se expondrán, los alegatos que formulan los defensores públicos deben acogerse: En lo que aquí interesa, el Tribunal tuvo por demostrado que: “ A) Que el día 14 de mayo del 2003, la señora Z. suscribió el contrato de regencia forestal número 05822-C con el aquí imputado J., con la finalidad de realizar el aprovechamiento maderable de 25 árboles que se encontraban dentro de una finca de su propiedad con el plano catastrado número […], inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio real […], sita en el […], con un área total de 5.6 hectáreas, la cual colinda al norte con IDA, al sur con calle pública, al este con IDA y al este (sic.) con IDA.
En dicho inventario forestal, el imputado J., actuando como regente forestal, certificó que los árboles a aprovechar se encontraban distribuidos aproximadamente en tres hectáreas de cultivos principalmente de cacao, banano, maíz y frutales que representan 60.48% del área total de la finca, siendo que en realidad la totalidad de los árboles a cortar se hallaban en terrenos cubiertos de bosque. E) Para complementar el inventario forestal que falsamente el imputado J. indicó que se realizaría en área de cultivos, el imputado elaboró varios mapas del aprovechamiento solicitado, los cuales tenían como referencia el plano […]. En uno de ellos que denominó Mapa de Ubicación de Árboles, ubicó los veinticinco árboles cuyo aprovechamiento estaba solicitando. Además el imputado elaboró otro mapa que denominó Mapa de Uso Actual en el cual describió el uso actual de la finca en las áreas donde se encontraban los árboles marcados para su corta.
No obstante, el imputado en forma contraria a la realidad describió las áreas donde estaban los árboles como áreas de cacao, banano y maíz, cuando se trataban en su totalidad de áreas cubiertas de bosque. Dicho mapa conteniendo datos falsos sobre el uso del suelo en la finca de doña Z. fueron presentados por el imputado junto con el inventario forestal para inducir a error a la Administración forestal del Estado y lograr la obtención del permiso para corta de árboles sin necesidad de presentar un plan de manejo.
TERCER MOTIVO POR LA FORMA. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA (folios 620 vuelto a 621 vuelto). En este motivo, la licenciada Peralta Quesada reclama que el Tribunal rechazó la prueba que ofreció la defensa al inicio del debate como prueba para mejor resolver, a saber, “…varios gráficos elaborados por el Ing. J.: la ubicación del área en conflicto de la finca de la señora Z., la ubicación de los árboles encontrados por los personeros del MINAE y la finca de la señora Z., la ubicación de la finca de la señora N. de acuerdo con la hoja cartográfica Cahuita, y dos hojas cuadriculadas con las coordenadas del plano catastrado de la señora Z..” (Folio 620 vuelto). El Tribunal solo aceptó el plano catastrado así como una hoja cuadriculada. Usando ésta, se le pidió al imputado J.G. indicar dónde se encontraban los árboles y ubicar el plano de Z. y “el resultado es que se encuentran fuera del área de discusión” (folio 621 vuelto).
El agravio consiste en que la defensa no pudo mostrar a los testigos esos documentos y pedirles que ubicaran los árboles cortados, lo que hubiese llevado a concluir que estos estaban fuera de la propiedad de Z.. El reclamo no es de recibo: Tal y como se desprende del registro de audio y video del debate (véase la grabación correspondiente al 7 de marzo de 2011, 14:41:35 horas), el Tribunal rechazó la prueba que ofreció la licenciada Peralta Quesada toda vez que ésta no cumplía con lo preceptuado en el artículo 355 del Código Procesal Penal para ser considerada prueba para mejor proveer. Esta decisión no fue cuestionada por esa parte procesal, que con su silencio se mostró conforme, de ahí que sea discutible la legitimación que le asiste en este reclamo. En todo caso, esta Cámara entiende que el rechazo de la prueba no lesionó el derecho de defensa de los imputados J. y J.G., ya que estos, al rendir declaración, fueron extensos en relación con el punto que pretendían demostrar con esos documentos, a saber, que algunos árboles estaban ubicados fuera de los límites de la finca de la imputada Z., posibilidad que el a quo descartó con apego a las reglas de la sana crítica (vid. al respecto, el segundo considerando de esta resolución, al cual debe estarse la impugnante).
Aunado a esto, nótese que los defensores públicos interrogaron ampliamente a los testigos con respecto a este tema, así como sobre las conclusiones vertidas en el informe ACLAC-SL-135, cuestionamientos que al igual que las declaraciones de los imputados -y que van en el mismo sentido que las cuadrículas por ellos elaboradas-, el Tribunal bastanteó con la debida profundidad, concluyendo que no existían dudas en cuanto al lugar donde estaban los árboles. De esta forma, aunque se admita hipotéticamente que el órgano sentenciador pudo admitir las cuadrículas confeccionadas por los encartados como prueba para mejor proveer, e incluso, que pudo mostrárselas a los testigos para que se refiriesen a las mismas, el vicio no sería capaz de provocar la nulidad de la sentencia, ya que a pesar de esta omisión, el punto que la defensa pública pretendía demostrar fue ampliamente examinado, concluyéndose, a través de la valoración de todas las probanzas recibidas, que la versión de los imputados no se correspondía con la realidad. Sin lugar el motivo.
ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3 INCISO D DE LA LEY FORESTAL. (Folios 621 vuelto a 622 frente). La impugnante señala que el Tribunal se apartó de la definición legal que contiene el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal, pues el informe que fundamentó la acusación en contra de los imputados es ayuno en cuanto al desarrollo del artículo indicado y el Tribunal no indicó de cuáles pruebas extrajo que se cumplió a cabalidad con la Ley Forestal: “No se indica qué porcentaje de la propiedad se encontraba cubierto o no de bosque, tampoco indica la caracterización que se hizo de los árboles, los cuales, según la misma definición, deben ser de porte variado, con uno o más doseles… Incluso el ingeniero V. no es un ingeniero forestal tal y como indica que es experto, y para eso ofrezco prueba para mejor resolver con la certificación del colegio correspondiente.” (Folio 622 frente). El motivo no puede prosperar, por lo apuntado en el segundo considerando de esta resolución, al cual debe remitirse la impugnante.
Tal y como se indicó entonces, el Tribunal explicó por qué concluyó que el área donde se elaboró el inventario forestal era boscosa . Asimismo, señaló cuál era la prueba de la que podía extraer esa conclusión, a saber, el testimonio de varios testigos que por ser funcionarios de la administración forestal, tuvieron la tarea de intervenir la finca de Z., así como el informe que cita la recurrente. En otro orden de ideas, véase que la certificación de folio 626 frente que ofrece la codefensora pública demuestra que C. es Ingeniero Agrónomo con énfasis en Fitotecnia, de ahí que el cuestionamiento de dicha profesional, en el sentido de que ese deponente no es un experto, carece de todo asidero. Sin lugar los reproches.
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DESCRIPTIVA AL EXISTIR UNA TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DE LA PRUEBA (folio 622 vuelto). En la sentencia solo se alude al testimonio de E., pero la trascripción se encuentra incompleta. Esto impide a la defensa conocer “el análisis intelectivo que hace el tribunal para arribar a su condenatoria” (folio 622 vuelto). No lleva razón la quejosa: De folios 542 vuelto a 545 frente se trascribe lo expuesto por el testigo E. en el contradictorio. Posteriormente, al valorar ese testimonio, el a quo reitera esa trascripción (folios 578 frente a 580 frente). Ahora bien, el hecho de que en esta segunda ocasión, la trascripción sea solo de parte de la declaración -circunstancia que según se puede interpretar, es la que reclama la licenciada Peralta Quesada-, no constituye un vicio en la sentencia, ya que en este apartado de la resolución, como su nombre lo indica (valoración de la prueba, f. 566 frente), lo indispensable es que se haga el estudio de los elementos probatorios y no como parece entender la recurrente, una nueva descripción de la prueba que se entra a valorar. Así las cosas, siendo que el vicio que acusa la codefensora pública es inexistente, se declara sin lugar el reproche.
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. INCORRECTA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. NO SE VALORA EL ANÁLISIS DE LOS CUADROS PRESENTADOS EN EL INFORME ACLAC-SL-135 LOS CUALES CONTENÍAN VARIAS INCOHERENCIAS EN LOS PUNTOS GPS (folios 622 vuelto a 624 vuelto). El Tribunal no indicó por qué motivo no consideró el cuestionamiento que se hizo en relación con el cuadro que está a folio 7 del expediente, en el cual se consignan las mismas coordenadas para más de un árbol. Igualmente, se ubica en una misma coordenada un árbol y el paso de una quebrada permanente. La defensa también indicó que había graves incoherencias en el uso del GPS. El Tribunal no valoró esta situación que en el caso en estudio hace pensar que no hay certeza acerca de que los árboles cortados estuviesen en los puntos que indicó el grupo interventor y por lo tanto, dentro de la finca de doña Z. Además, existen puntos de GPS que son coincidentes con los de la finca de un señor llamado D., cuya finca está a considerable distancia de la de Z. El motivo debe desestimarse: Contrario a lo que expone la recurrente, el Tribunal bastanteó el tema, concluyendo que a pesar de las inconsistencias plasmadas en el estudio, había elementos para entender que el área donde se encontraban los árboles a cortar era boscosa; que algunos árboles se encontraban en el área de protección de una quebrada y que todo estaba dentro de los límites de la finca de la imputada Z. Como se apuntó en el segundo considerando de esta resolución, el a quo ponderó que el grupo interventor que visitó la zona estaba integrado por varios profesionales y que todos estos pudieron apreciar en el lugar varios puntos de referencia que a pesar de las falsedades, sí fueron consignados por los imputados los documentos, por ejemplo, la quebrada, la casa de doña Z. y el camino público. No existiendo el vicio que se alega, se declara sin lugar el motivo.
PRIMER MOTIVO. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL RECHAZO DE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA DEL ESTADO (folios 633 a 635 frente): El Tribunal absolvió a la imputada Z. y declaró sin lugar la acción civil resarcitoria, sin examinar lo expuesto por la Procuraduría, en el sentido de que a pesar de la absolutoria procedía la condena civil, ya que la responsabilidad penal y civil según el artículo 57 de la Ley Forestal es de quienes firmaron el contrato de regencia forestal, incluida Z. Por lo expuesto, solicita se anule la sentencia y se ordene el reenvío en cuanto al tema civil y solo en relación con la imputada Z. Lleva razón la recurrente: En cuanto a la acción civil resarcitoria incoada contra Z., el a quo se limitó a declarar sin lugar la misma (folio 598 vuelto), con lo cual es evidente que el tema se resolvió sin fundamentación alguna, lo que impide a las partes conocer las razones por las cuales se adoptó esa decisión.
Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso por la forma, anulando el fallo y el debate que le sirvió de base en cuanto al mencionado extremo, a saber, lo resuelto con relación a la acción civil resarcitoria incoada en contra de la imputada Z., sin que tal pronunciamiento implique que la Sala está prejuzgando sobre el derecho resarcitorio de la parte actora civil. Asimismo, por lo dispuesto anteriormente, se omite pronunciamiento con respecto al tercer motivo del recurso de casación planteado por la licenciada Suñol Ocampo, visible de folios 637 a 639 frente.
El Tribunal absolvió a Z. por el delito de falsedad ideológica tras considerar que no sabe leer ni escribir y dejó el trámite del permiso en manos del regente forestal y el maderero. La recurrente señala que esta explicación es muy conveniente para la acusada, sin embargo nadie puede alegar ignorancia de la ley. Las normas en relación con el procedimiento de regencia y de extracción de madera son de conocimiento de las partes contratantes, la dueña de la finca, el regente, el regentado, el maderero, el sierrero, los transportistas y los funcionarios del MINAET. La responsabilidad penal y civil es de todos los contratantes; es una responsabilidad que “trasciende la tipicidad y es compartida” según el artículo 57 de la Ley Forestal. Para la licenciada Suñol Ocampo, “las condiciones profesionales” de ambos imputados “se comunican” a Z. para efectos de una condena. Así las cosas, ésta fue absuelta cuando debió ser condenada por el principio de comunicabilidad de las circunstancias.
El motivo se debe rechazar: En primer término, hay que destacar que la impugnación que formula la licenciada Suñol Ocampo se plantea únicamente en relación con la absolutoria dictada a favor de Z. por el delito de falsedad ideológica. Concretamente, se imputó que esta persona el día 28 de mayo de 2003, presentó ante la Oficina Sub-regional del MINAE en Limón una solicitud de permiso forestal para aprovechar 25 árboles situados en su finca, siendo que en dicho documento consignó una falsedad en lo concerniente al área dentro de la cual se encontraban esos árboles, específicamente indicó que el terreno estaba dedicada a cultivos cuando en realidad se trataba de bosque (vid., folios 514 vuelto; 515 frente y 519 frente y vuelto). El Tribunal absolvió a la acusada tras considerar una serie de elementos que se pueden sintetizar así:
Por Tanto:
Se declaran con lugar el segundo motivo del recurso de casación formulado por el licenciado Vianney Pereira Quirós; codefensor público de los imputados J. y J.G., el segundo motivo del recurso interpuesto por la licenciada Beatriz Peralta Quesada, codefensora pública de los imputados J. y J.G. y el primer motivo de casación planteado por la licenciada Amira Suñol Ocampo, Procuradora. Se anula la sentencia y el debate que la precedió únicamente en cuanto a la pena impuesta a los imputados J. y J.G., así como en cuanto a lo dispuesto con relación a la acción civil resarcitoria incoada contra la imputada Z. Se ordena el reenvío del expediente al Tribunal de Juicio, para que proceda a la nueva sustanciación de ambos extremos. Por innecesario, se omite pronunciamiento con respecto al tercer motivo del recurso de casación planteado por la licenciada Suñol Ocampo. Se declaran sin lugar los demás motivos de los recursos de casación planteados por la licenciada Suñol Ocampo; por el licenciado Pereira Quirós y la licenciada Peralta Quesada. Finalmente, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el licenciado Luis Diego Hernández Araya, representante del Ministerio Público. NOTIFÍQUESE.
Carlos Chinchilla S.
Jesús Ramírez Q.
José Manuel Arroyo G.
Magda Pereira V.
Rafael Angel Sanabria R.
(Mag. Suplente.)
*060012580647PE* SLEIVAA Int:1081-2/2-2011
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