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Demolition order in public zone of MTL and 'poblador' statusOrden de demolición en zona pública de la ZMT y condición de poblador

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The appeal is denied; the demolition order for the building in the public zone of the MTL is upheld, without recognizing the defendant's poblador status because he is located in the public zone.Se declara sin lugar el recurso de casación; se mantiene la orden de demolición de la edificación en zona pública de la ZMT, sin reconocer condición de poblador al imputado por encontrarse en dicha zona.

SummaryResumen

The San Ramón Court of Appeals heard an appeal against a judgment that, while acquitting the defendant of violating the Maritime-Terrestrial Zone Law, ordered the demolition of his dwelling located in the public zone of the MTL. The defense argued the defendant had lived there since the 1960s and should be recognized as a 'poblador' under Article 70 of Law 6043, precluding demolition without relocation and compensation. The majority denied the appeal, interpreting 'poblador' status as inapplicable to the public zone, only to the restricted zone. Article 70 mandates respect for the public zone in all cases, and Article 20 forbids claiming rights over it, so the demolition order stood. One judge dissented, arguing that Article 70 covers all MTL inhabitants, including the public zone, and that demolition must be accompanied by relocation and compensation for the poblador.El Tribunal de Apelación de Sentencia de San Ramón conoció un recurso de casación contra una sentencia que, si bien absolvió al imputado del delito de infracción a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, ordenó la demolición de su vivienda por encontrarse dentro de la zona pública de la ZMT. La defensa alegó que el imputado residía en el lugar desde los años sesenta y que, por tanto, debía reconocérsele la condición de 'poblador' conforme al artículo 70 de la Ley 6043, lo que impediría la demolición sin reubicación e indemnización. La mayoría del tribunal rechazó el recurso, interpretando que la condición de poblador no es aplicable a la zona pública, sino únicamente a la zona restringida. El artículo 70 exige respetar la zona pública en todo caso, y el artículo 20 prohíbe alegar derechos sobre ella, por lo que procedía mantener la orden de demolición. Un juez salvó el voto, argumentando que la interpretación correcta del artículo 70 incluye a los pobladores de toda la ZMT y que la demolición debía acompañarse de la reubicación e indemnización del poblador.

Key excerptExtracto clave

The matter before us concerns the interpretation that must be given to Article 70 of the Maritime-Terrestrial Zone Law; the interpretation proposed by the Public Prosecutor conditions the 'poblador' status, referred to in said article, on the lot being located in the restricted zone. The article in question reads: "Article 70.- The inhabitants of the maritime-terrestrial zone, Costa Ricans by birth, with more than ten years of residence therein, pursuant to information from the local Rural Assistance Guard authority or certification from the Electoral Registry regarding the applicant's domicile, may continue in possession of their respective lots provided it is their sole property. However, they must comply with the zoning plan, for which purpose they may be relocated and compensated for improvements in accordance with this law. In any case, the public zone must be respected." To elucidate the meaning to be given to this rule, the legislator provides that one must adhere to the "ordinary meaning of its words, in relation to the context, historical and legislative background, and the social reality at the time they are to be applied, fundamentally attending to their spirit and purpose" (Art. 10 Civil Code). Regarding the grammatical meaning of the statement contained in Article 70 of said law, it clearly refers to 'the inhabitants of the maritime-terrestrial zone' as the intended subjects of that statement. (...) Accordingly, it is evident that Article 70 of the Maritime-Terrestrial Zone Law refers generally to 'the inhabitants of the maritime-terrestrial zone,' and that this term is not ambiguous but is clearly defined in the Law, encompassing both the 'public zone' and the 'restricted zone.'El tema aquí tratado versa sobre la interpretación que debe brindársele al artículo 70 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; la interpretación que propone el representante del Ministerio Público supedita la condición de «poblador», a la que alude el citado artículo, a que el lote se encuentre en la zona restringida. El artículo en cuestión reza: "Artículo 70.- Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad. Sin embargo, deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo con esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública". Para dilucidar el sentido que debe otorgársele a tal norma, dispone el legislador que deberá estarse al "sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas" (art. 10 Código Civil). En cuanto al sentido gramatical del enunciado contenido en el artículo 70 de la citada ley, el mismo se refiere claramente a «los pobladores de la zona marítimo terrestre», como sujetos destinatarios de dicho enunciado. (...) Conforme a lo dicho, resulta evidente que el artículo 70 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre se refiere en general a «los pobladores de la zona marítimo terrestre» y que dicho término no es ambiguo, sino que se encuentra claramente definido en la Ley, abarcando tanto la «zona pública», como la «zona restringida».

Pull quotesCitas destacadas

  • "Resulta claro entonces, que tal y como concluyó el a quo, se exceptúa expresamente la posibilidad de aplicación de la figura del "poblador" dentro de la zona pública o restringida de la zona marítimo terrestre, constituida por la franja de los cincuenta metros a contar desde la pleamar ordinaria."

    "It is clear then, as the lower court concluded, that the possibility of applying the 'poblador' figure within the public zone or restricted zone of the maritime terrestrial zone, consisting of the fifty-meter strip from the ordinary high tide line, is expressly excepted."

    Considerando IV

  • "Resulta claro entonces, que tal y como concluyó el a quo, se exceptúa expresamente la posibilidad de aplicación de la figura del "poblador" dentro de la zona pública o restringida de la zona marítimo terrestre, constituida por la franja de los cincuenta metros a contar desde la pleamar ordinaria."

    Considerando IV

  • "Salvo las excepciones previstas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho sobre ella."

    "Except as provided by law, the public zone may not be occupied under any title or in any case. No one may claim any right over it."

    Artículo 20 Ley 6043 citado en el fallo

  • "Salvo las excepciones previstas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho sobre ella."

    Artículo 20 Ley 6043 citado en el fallo

  • "No se trata, en consecuencia, como entiende el representante del Ministerio Público, de que "se requiere, para ser considerado «poblador», ubicarse en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre" (...) sino de una obligación dirigida fundamentalmente a las autoridades encargadas de velar por la protección de dicha zona."

    "It is not, therefore, as the Public Prosecutor understands, that 'to be considered a «poblador» one must be located in the Restricted Zone of the Maritime Terrestrial Zone' (...) but rather an obligation fundamentally directed at the authorities responsible for protecting said zone."

    Voto salvado

  • "No se trata, en consecuencia, como entiende el representante del Ministerio Público, de que "se requiere, para ser considerado «poblador», ubicarse en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre" (...) sino de una obligación dirigida fundamentalmente a las autoridades encargadas de velar por la protección de dicha zona."

    Voto salvado

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

JUDICIAL BRANCH SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...] Fax: 2445-5193 _______________________________________________________________________________________ Res: 2012-00970 SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SECTION [Dirección1]. San Ramón, at ten hours forty minutes on the twenty-sixth of November, two thousand twelve.

CASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1]., […], for the crime of VIOLATION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE, to the detriment of THE STATE. The Judges María Gabriela Rodríguez Morales, Alberto Alpízar Chaves, and David Fallas Redondo participate in the decision of the appeal. Appearing in cassation are licensed attorney [Nombre2], private defense counsel for the accused [Nombre1]., and licensed attorney [Nombre3], representative of the Public Prosecutor's Office.

RESULT

1.- That by judgment number 306-2012 of fifteen hours fourteen minutes on the twenty-eighth of September, two thousand eleven, the Trial Court of Puntarenas resolved: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 6, 9, 12, 265, 363, 365, 367, 373, 374, 375 del Código Procesal Penal, 1, 24, 30, 31, 45, 50, 59 a 63, 71 a 73 del Código Penal, 10 y 13 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, [Nombre1]. is declared ACQUITTED of all penalty and responsibility for the crime of VIOLATION OF THE LEY DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE, as committed to the detriment of THE STATE.- The costs of the proceedings are to be borne by the State.- Given that the buildings indicated in the accusation are located within the maritime terrestrial zone, in accordance with what is indicated in article 13 of the ley de la zona marítimo terrestre, the demolition is ordered of the buildings located in the zone indicated in the criminalistics expert report and at the expense of the corresponding Municipality and the respective costs shall be borne by the owner of the buildings.- Once this judgment is final, let it be removed from the general ledger of entries and the case file archived.- The parties are hereby duly notified orally at this act" (sic).

2.- That against the preceding pronouncement, licensed attorney [Nombre2], private defense counsel for the accused [Nombre1]., filed a cassation appeal.

3.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Código Procesal Penal, the Court proceeded to hear the appeal.

4.- That in the proceedings the pertinent legal prescriptions have been observed.

Drafted by the sentence appeals judge [Nombre4]; and,

CONSIDERANDO:

I.- The accused's public defender, in the brief at folio 209, files a cassation appeal against judgment number 306-P-2011 issued by the Criminal Court of Puntarenas at fifteen hours fourteen minutes on the twenty-eighth of September, two thousand eleven, in which her client is acquitted of all penalty and responsibility and the demolition of the building subject to debate is ordered. In the sole substantive cassation ground, based on articles 1, 3, 11 of the Código Penal and 34 of the Constitución Política, she alleges that the judgment on the merits incurs in improper application of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Specifically, she points out that the lower court (Tribunal a quo) improperly applied numeral 13 of the aforementioned law by ordering the demolition of the building in which the accused resides because it is located within the maritime terrestrial zone, since during the debate it could not be proven that this construction occurred after the entry into force of this law on March 2, 1977. She considers, on the contrary, that rather, from what the accused stated, it was determined that he came to live in that place in the early sixties, when a brother of his acquired the property by donation and allowed him to live there. She deems that, since the construction date of the building could not be proven, the application of article 13 of the cited law was not appropriate, as it would be given retroactive effect in violation of what is ordered by article 34 of the Constitución Política and 11 of the Código Penal.

II.- As the sole procedural cassation ground, she argues the lack of reasoning in the judgment. Specifically, the appellant alleges that the lower court (Tribunal a quo) reversed the burden of proof by affirming that her representative did not demonstrate being in the exception scenario contemplated by numeral 70 of the Ley de Zona Marítimo Terrestre, in view of the fact that the accused stated that he came to live in that place by authorization from a brother who had in turn acquired the property by donation, as well as that he was paying a fee to the Municipality even though he did not remember the amount, the Municipality, or for how long he was paying it, such that the lower court's (Tribunal a quo) affirmation that her defendant did not prove these points implies reversing the burden of proof against her representative. She therefore requests that the appeal be granted and the judgment be quashed regarding the demolition of the building, ordering, for procedural economy, the non-demolition thereof.

III.- Due to their close relationship, the grounds of challenge developed by the appellant will be resolved jointly.

IV.- The claim cannot succeed. The appellant argues that the provision of article 13 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley 6043 of March 2, 1977) could not be applied to her representative, which establishes the obligation of the competent jurisdictional or administrative authority to order the demolishment or demolition of unauthorized constructions located within the maritime terrestrial zone. The challenger considers that the accused's situation fell within the exception scenarios provided for by the indicated law. Specifically, she points out that at the time the Ley de la Zona Marítimo Terrestre came into force in 1977, the accused [Nombre1] had acquired a legitimate right over that property by having come to reside in the zone since the sixties, in which case the figure of "settler (poblador)" provided for by article 70 of said law applied to him, according to which the possession of persons of Costa Rican nationality must be respected, who have no other registered properties and have resided in the zone for at least ten years before the entry into force of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, with the sole condition of submitting to the administrative provisions regarding zone planning. The lower court's (a quo) reasoning on this point is seen in digital file c0003110928151915, which records the intellectual reasoning of the instance ruling starting at 15:29:17 on the time counter: "Regarding the exceptions to the application of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, article 6 indicates that it shall not be applied to the cities or coastlines and to properties duly registered under the protection of a law in the name of private individuals, or those properties whose ownership the law recognizes to a third party. This means then that one would have to search within the law for what the legitimacy is for a person to be considered within that exception. What the defense indicates is the status of settler (poblador) indicated in article 70 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, which goes on to tell us who are settlers (pobladores), what margin they can occupy, to what extent the rights of settlers (pobladores) must be respected. The article dictates that settlers (pobladores) must be Costa Rican by birth with more than ten years of living in the place before the entry into force of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, which entered into force in 1977, that they have no other property, but it makes a very specific specification, that in any case the public zone must be respected, that is, even when a person meets all these conditions the public zone must be respected. The status of settler (poblador) cannot be held within the public zone of the maritime terrestrial zone, that is, within the fifty meters, so we could not then, given that the constructions are located within the public zone of the maritime terrestrial zone, state that these constructions, or that through the occupation of these buildings any person could obtain the status of settler (poblador) because this status is obtained only by respecting the public zone of the maritime terrestrial zone, so that in this case Mr. [Nombre1] does not have the status of settler (poblador) and these effectively, as indicated by the representative of the Attorney General's Office and the Public Prosecutor's Office, obliges the application of the provisions of article 13 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, and this article says that independently of a person's responsibility, the demolition of constructions located within the maritime terrestrial zone proceeds (...)" Such reasoning, this Chamber considers, conforms to what is regulated by numeral 70 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, which expressly excludes the possibility of applying the exception figure invoked by the appellant, which, on the contrary, is not susceptible to being occupied under those conditions. Article 70 cited by the lower court (a quo) reads: "Settlers (pobladores) of the maritime terrestrial zone, Costa Rican by birth, with more than ten years of residence in it, according to information from the authority of the Guardia de Asistencia Rural or certification from the Registro Electoral regarding the applicant's domicile, may continue in possession of their respective lots provided it is their only property. However, they must submit to the planning of the zone, for which purpose they may be relocated and compensated for their improvements according to this law. In any case the public zone must be respected (The underlining is not from the original)" It is clear then, that as concluded by the lower court (a quo), the possibility of applying the figure of "settler (poblador)" within the public or restricted zone of the maritime terrestrial zone is expressly excepted, constituted by the fifty-meter strip from the ordinary high-water mark, in accordance with what is indicated by article 10 of the same law, where precisely the building inhabited by the accused is located according to the relation of proven facts of the appealed judgment (specifically between markers 16 and 17 in the public zone of the maritime terrestrial zone in […] ). This conclusion finds additional support in article 20 of the cited Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, which establishes, relevantly: "Except for the exceptions provided by law, the public zone cannot be subject to occupation under any title or in any case. No one may claim any right over it (...)". Under these conditions, even admitting for analysis purposes that the accused [Nombre1] resided in that place since the sixties, that is, approximately seventeen years before the entry into force of the referred law in 1977, he could not claim any right over that area of land, as the exception scenario he invokes does not apply to the public zone of the maritime terrestrial zone because it forms part of the inalienable patrimony of the State since colonial times.- Under these conditions, it is of no relevance for the resolution of this matter whether, as alleged by the appellant, the accused came to live in that place before the entry into force of the Ley sobre Zona Marítimo Terrestre in 1977, or was paying some fee to the Municipality of the place in view of the fact that, in any case, he could not claim any legitimate right over that strip of land that would prevent the demolition order decreed by the lower court (a quo), which, on the contrary, finds its basis in what is indicated by article 13 of the aforementioned substantive law. Under these conditions, the appropriate course is to dismiss the claim, all without prejudice to the interested party going to discuss in the administrative contentious jurisdiction whether he is entitled to any compensation or relocation.

IV. Dissenting vote (Voto salvado) of Judge [Nombre5]

I respectfully dissent from the majority opinion expressed by my colleagues. The application of article 70 of the Ley sobre Zona Marítimo Terrestre is disputed, which reads: "Settlers (pobladores) of the maritime terrestrial zone, Costa Rican by birth, with more than ten years of residence in it, according to information from the authority of the local Guardia de Asistencia Rural or certification from the Registro Electoral regarding the applicant's domicile, may continue in possession of their respective lots provided it is their only property. However, they must submit to the planning of the zone, for which purpose they may be relocated and compensated for their improvements in accordance with this law. In any case the public zone must be respected" (bold and underlining supplied). The opinion expressed by the lower court (a quo) in its resolution and accepted by my colleagues assumes that the status of «settler (poblador)» does not govern concerning the public zone. I do not share that position, as the above-cited norm clearly indicates that it refers to «settlers (pobladores) of the maritime terrestrial zone», within which both the «restricted zone» and the «public zone» are included (art. 10 LZMT). And the last sentence of the above-cited article need not necessarily be understood as an exclusion of the «public zone» from its application; especially since, if that were the case, it would have sufficed for the legislator to refer to «settlers (pobladores) of the restricted zone», which they did not. Indeed, the «public zone» "[...] cannot be subject to occupation under any title or in any case. No one may claim any right over it [...]" (art. 20 LZMT). And while this means that whoever occupies said strip, outside the exceptions permitted by law, must necessarily be evicted. However, such eviction and demolition of the construction has as its corollary the relocation of the «settler (poblador)» and the payment of those improvements that legally correspond. So the requirement that the law establishes regarding the necessary respect for the «public zone» must be interpreted as a mandate directed at the authorities, who must evict persons located in said strip, but if they meet the conditions of «settler (poblador)», they must proceed to relocate and compensate them. The reference to the respect of the «public zone» cannot be understood as a limitation to the concept of «settler (poblador)», to the detriment of the right to relocation and compensation, of someone who publicly and peacefully built a dwelling in such space and has lived there, it being their only possession, for more than ten years. On this same topic, another resolution of this Chamber has stated: "The topic discussed here concerns the interpretation that should be given to article 70 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; the interpretation proposed by the representative of the Public Prosecutor's Office subjects the status of «settler (poblador)», referred to in the cited article, to the lot being located in the restricted zone. The article in question reads: "Article 70.- Settlers (pobladores) of the maritime terrestrial zone, Costa Rican by birth, with more than ten years of residence in it, according to information from the authority of the local Guardia de Asistencia Rural or certification from the Registro Electoral regarding the applicant's domicile, may continue in possession of their respective lots provided it is their only property. However, they must submit to the planning of the zone, for which purpose they may be relocated and compensated for their improvements in accordance with this law. In any case the public zone must be respected". To elucidate the meaning that should be given to such norm, the legislator provides that one must adhere to the "proper sense of its words, in relation to the context, historical and legislative antecedents, and the social reality of the time in which they are to be applied, attending fundamentally to the spirit and purpose of them" (art. 10 Código Civil). Regarding the grammatical sense of the statement contained in article 70 of the cited law, it clearly refers to «the settlers (pobladores) of the maritime terrestrial zone», as the intended subjects of said statement. In turn, the legislator has expressly defined the concept of «maritime terrestrial zone», indicating that the "maritime terrestrial zone is the two-hundred-meter wide strip along the entire length of the Atlantic and Pacific coastlines of the Republic, regardless of their nature, measured horizontally from the ordinary high-water mark and the lands and rocks that the sea uncovers at low tide" (art. 9 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre). In turn, the Law provides that the "maritime terrestrial zone consists of two sections: the PUBLIC ZONE, which is the fifty-meter wide strip from the ordinary high-water mark, and the areas uncovered during low tide; and the RESTRICTED ZONE, constituted by the remaining one hundred and fifty-meter strip, or by the rest of the lands in the case of islands" (art. 10 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre). According to what has been said, it is evident that article 70 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre refers in general to «the settlers (pobladores) of the maritime terrestrial zone» and that said term is not ambiguous, but is clearly defined in the Law, encompassing both the «public zone» and the «restricted zone». From this perspective, the proposal of the representative of the Public Prosecutor's Office that it be understood that when article 70 of the cited law refers to «the settlers (pobladores) of the maritime terrestrial zone», it is referring solely to those located in the «restricted zone» and not to all in general, is not adopted by this Chamber. The legislator used the term «maritime terrestrial zone» to refer to the addressees of the norm, a term concerning which there is no ambiguity as it is defined by the Law. Therefore, if the legislator's intention had been to exclude the application of the aforementioned article 70 with respect to the «public zone», they would have referred directly to: «the settlers (pobladores) of the restricted zone», a concept also interpreted by the Law, but they did not do so. Basing the restriction advocated by the representative of the Public Prosecutor's Office on the final sentence of said norm: "In any case the public zone must be respected", is not correct. This last sentence cannot be understood as an exclusion of the «public zone» from the provisions of the referred article 70, firstly because it goes against the manifest will of the legislator, as stated above, who expressly mentioned «the settlers (pobladores) of the maritime terrestrial zone». On the other hand, it is not the case that the «public zone» must be respected and, conversely, the «restricted zone» need not be. Both form part of the «maritime terrestrial zone» and therefore there is an obligation of respect in relation to the legal norms that govern it. The respect for the «public zone», mentioned in that last paragraph, has two addressees: both the citizen who illegally builds in it, who is subject to the pertinent legal provisions, and the public officials charged with overseeing said area. Consequently, it is not a matter, as the representative of the Public Prosecutor's Office understands, that "it is required, to be considered a «settler (poblador)», to be located in the Restricted Zone of the Maritime Terrestrial Zone (objective element), because the Public Zone must always be respected..." (folio 108); but rather an obligation fundamentally directed at the authorities charged with ensuring the protection of said zone. The status of «settler (poblador)» being a transitory condition, as indicated in the challenged judgment, the obligation of the officials charged with ensuring respect for the «public zone» is to take the necessary measures so that, complying with the provisions of the cited article 70, the female defendant is evicted and the construction demolished. Thus then, the phrase: "In any case the public zone must be respected", is not understood by this Chamber as a restriction on the initial concept of «the settlers (pobladores) of the maritime terrestrial zone», limiting it to the «settlers (pobladores) of the restricted zone», as the challenger proposes. But as an express mention of the obligation that the pertinent authorities have to enforce respect, especially, for the «public zone», taking measures so that it is cleared of illegal constructions and these are demolished. Hence, in a case like the present one, where the lower court (a quo) has understood that the female defendant has the legal status of «settler (pobladora)», this entails the obligation of those charged with ensuring respect for the «public zone» to take the necessary measures to evict and demolish the illegal construction, which entails, among others, the relocation of the accused. The Procuraduría General de la República, in Legal Opinion OJ-061-2007 of July 5, 2007, has indicated that "It is then up to the municipalities to take the pertinent measures to counteract those improper actions on the coastal strip, as well as to preserve the natural resources in their original conditions, the eviction of occupants and the destruction of buildings being pertinent in the cases provided for by law, since dealing with public domain, the powers of self-protection and demanial police apply [...] The omission to act in accordance with what is indicated may cause their officials to incur disciplinary and criminal responsibilities. Public officials are mere depositaries of authority, they must always act subject to the principles (among others, transparency and sound administration) and norms of the legal system, and cannot ignore or refuse to comply with the mandates contained therein". It is not a matter, as stated, of granting any right over the «maritime terrestrial zone», or specifically over the «public zone», to the female defendant [Nombre6]. On the contrary, the protection or respect for said public good demands that she be evicted and the illegal construction demolished, however this must be done in respect of the provisions of article 70 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, since according to what the judgment establishes, she is a «settler (pobladora) of the maritime terrestrial zone»" (V. 628-07, Tribunal de Casación, San Ramón). For the foregoing reasons, I respectfully dissent from the opinion of my colleagues and issue a dissenting vote (salvo el voto), I declare the appeal granted and, maintaining the demolition order for what is built within the «maritime terrestrial zone», I indicated the obligation to relocate the male defendant and compensate him for the improvements that legally correspond.

POR TANTO

By majority, the cassation appeal filed by the accused's public defender is declared without merit. Judge [Nombre5] issues a dissenting vote (salva el voto) and declares the first substantive ground granted. LET IT BE NOTIFIED.

[Nombre7] Alberto Alpízar Chaves David Fallas Redondo Sentence Appeals Judges Accused: [Nombre1].

Crime: Violation Ley Zona Marítimo Terrestre Victim: The State *[Nombre8]*

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PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...] Fax: 2445-5193 _______________________________________________________________________________________ Res: 2012-00970 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN [Dirección1]. San Ramón, a las diez horas cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil doce.

RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]., […], por el delito de INFRACCIÓN A LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, en perjuicio de EL ESTADO. Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces María Gabriela Rodríguez Morales, Alberto Alpízar Chaves y David Fallas Redondo. Se apersonan en casación, la licenciada [Nombre2] , defensora particular del imputado [Nombre1]. y el licenciado [Nombre3] , representante del Ministerio Público.

RESULTADO 1.- Que mediante sentencia número 306-2012 de las quince horas catorce minutos del veintiocho de setiembre de dos mil once, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de l Constitución Política, 1, 6, 9, 12, 265, 363, 365, 367, 373, 374, 375 del Código Procesal Penal, 1, 24, 30, 31, 45, 50, 59 a 63, 71 a 73 del Código Penal, 10 y 13 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, se declara a [Nombre1]., ABSUELTO de toda pena y responsabilidad del delito de INFRACCION A LA LEY DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE, como cometido en perjuicio de EL ESTADO.- Son los gastos del proceso a cargo del Estado.- Dado que las edificaciones que indica la acusación se encuentra dentro de la zona marítimo terrestre, de acuerdo a lo que indica el artículo 13 de la ley de la zona marítimo terrestre, se ordena la demolición de las edificaciones que se ubican en la zona que se indica en el dictámen criminalístico y a cargo de la Municipalidad correspondiente y los gastos respectivos correrán por parte del dueño de las edificaciones.- Firme esta sentencia sáquese del libro general de entradas y archívese el 2.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada [Nombre2] , defensora particular del imputado [Nombre1]., interpuso recurso de casación.

3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta la jueza de apelación de sentencia [Nombre4] ; y,

CONSIDERANDO:

I.- La defensora pública del imputado, en memorial de folio 209 formula recurso de casación contra la sentencia número 306-P-2011 decretada por el Tribunal Penal de Puntarenas a las quince horas catorce minutos del veintiocho de setiembre del dos mil once en la cual se absuelve de toda pena y responsabilidad a su patrocinado y se ordena la demolición de la edificación objeto del debate. En el único motivo de casación por el fondo, con fundamento en los artículos 1, 3, 11 del Código Penal y 34 de la Constitución Política, alega que la sentencia de mérito incurre en aplicación indebida de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. En concreto, señala que el Tribunal a quo aplicó indebidamente el numeral 13 de la mencionada ley al ordenar el derribo de la edificación en la que reside el imputado por encontrarse la misma dentro de la zona marítimo terrestre, por cuanto durante el debate no se logró acreditar que esta construcción fuera posterior a la entrada en vigencia de esta ley el 02 de marzo de 1977. Considera, por el contrario, que más bien, de lo dicho por el imputado se determinó que llegó a vivir a ese lugar a principios de los años sesentas, cuando un hermano suyo adquirió el inmueble por donación y le permitió vivir ahí. Estima que al no haberse acreditado la fecha de construcción de la edificación, no resultaba procedente la aplicación del artículo 13 de la citada ley, pues se le estaría dando efecto retroactivo en violación de lo ordenado por el artículo 34 de la Constitución Política y 11 del Código Penal.

II.- Como único motivo de casación por la forma, argumenta la falta de fundamentación de la sentencia. En concreto, alega la recurrente que el Tribunal a quo invirtió la carga de la prueba al afirmar que su representado no demostró encontrarse en el supuesto de excepción del que contempla el numeral 70 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en vista de que el imputado manifestó que llegó a vivir a ese lugar por autorización de un hermano que a su vez había adquirido el inmueble por donación, así como que estuvo pagando un canon a la Municipalidad aun cuando no recordó el monto, la Municipalidad o por cuanto tiempo lo estuvo cancelando, de manera que la afirmación del Tribunal a quo de que su defendido no demostró esos extremos implica invertir la carga de la prueba en contra de su representado. Solicita por ello declarar con lugar el recurso y casar la sentencia en cuando al derribo de la edificación, ordenando por economía procesal la no demolición de la misma.

III.- Por su estrecha relación, los motivos de impugnación desarrollados por la recurrente se resolverán de manera conjunta.

IV.- El reclamo no puede prosperar. Argumenta la recurrente, que a su representado no se le podía aplicar lo señalado por el artículo 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre ( Ley 6043 de 2 de marzo de 1977), que establece la obligación de la autoridad jurisdiccional o administrativa competentes de ordenar el derribo o demolición de las construcciones no autorizadas ubicadas dentro de la zona marítimo terrestre. Considera quien impugna, que la situación del imputado se encontraba dentro de las situaciones de excepción previstas previstos por indicada ley. En concreto señala, que para el momento en que entró en vigencia la Ley de la Zona Marítimo Terrestre en el año 1977, el imputado [Nombre1]. había adquirido un derecho legítimo sobre ese inmueble por haber llegado a residir a la zona desde los años sesenta, en cuyo caso le resultaba aplicable la figura del "poblador" prevista por el artículo 70 de dicha ley, conforme al cual debe respetarse la posesión de las personas de nacionalidad costarricense, sin otras propiedades inscritas y con al menos diez años de residir en la zona antes de la entrada en vigencia de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, con la única condición de someterse a las disposiciones administrativas en cuanto a la planificación de la zona. El razonamiento del a quo en cuanto a este punto, se aprecia en el archivo digital c0003110928151915 que recoge la fundamentación intelectiva del fallo de instancia a partir de las 15:29:17 en el contador horario: " En cuanto a las excepciones a la aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, nos señala el artículo 6 que no deberá ser aplicada a las ciudades o litorales y a las propiedades debidamente inscritas al amparo de una ley a nombre de particulares, o aquellas propiedades que la ley reconozca propiedad a un tercero. Esto significa entonces que tendría que buscar dentro de la ley cual es la legitimidad para que una persona pueda ser considerada dentro de esa excepción. Lo que indica la defensa es la condición de poblador que indica el artículo 70 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre que nos viene a decir quienes son pobladores, cuál es el margen que pueden ocupar, hasta donde se deben respetar los derechos de los pobladores. El artículo dicta que los pobladores deber ser costarricenses por nacimiento con más de diez años de vivir en el lugar antes de la entrada en vigencia de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, que entró en vigencia en 1977, que no tuvieran ninguna otra propiedad, pero hace una especificación muy puntual, que en todo caso debe respetarse la zona pública, es decir, aun cuando una persona tenga todas estas condiciones debe respetarse la zona pública. La condición de poblador no puede tenerse dentro de la zona pública de la zona marítimo terrestre, es decir, dentro de los cincuenta metros, de manera que no podríamos entonces, siendo que las construcciones se ubican dentro de la zona pública de la zona marítimo terrestre señalar que las mismas, o que a través de la ocupación de estas edificaciones alguna persona pudiera obtener la condición de poblador porque esta condición se obtiene únicamente respetando la zona pública de la zona marítimo terrestre, de manera que en este caso no existe, no tiene Don [Nombre1]. la condición de poblador y estos efectivamente tal como señaló el representante de la Procuraduría y del Ministerio Público obliga a aplicar lo que dispone el artículo 13 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y es que este artículo dice que independientemente de la responsabilidad de una persona procede la demolición de ls construcciones que se ubiquen dentro de la zona marítimo terrestre (...)" Tal razonamiento, considera esta Cámara, se adecua lo regulado por el numeral 70 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, que expresamente excluye posibilidad de aplicar la figura de excepción que invoca la recurrente, la cual, por el contrario, no es susceptible de ser ocupada en esas condiciones. Reza el artículo artículo 70 citado por el a quo: "Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad. Sin embargo deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo a esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública ( El suplido no es del original )" Resulta claro entonces, que tal y como concluyó el a quo, se exceptúa expresamente la posibilidad de aplicación de la figura del "poblador" dentro de la zona pública o restringida de la zona marítimo terrestre, constituida por la franja de los cincuenta metros a contar desde la pleamar ordinaria, conforme a lo indicado por el artículo 10 de la misma ley, donde precisamente se encuentra la edificación habitada por el imputado conforme a la relación de hechos probados del fallo recurrido ( propiamente entre los mojones 16 y 17 en la zona pública de la zona marítimo terrestre en […] ). Esta conclusión encuentra respaldo adicional en lo normado por el artículo 20 de la citada Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, que establece en lo que interesa: "Salvo las excepciones previstas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho sobre ella (...)". En esas condiciones, aun admitiendo para efectos de análisis, que el imputado [Nombre1]. residió en ese lugar desde los años sesenta, es decir, aproximadamente diecisiete años antes de la entrada en vigencia de la referida ley en el año 1977, ningún derecho podía alegar respecto de esa zona de terreno, en el tanto el supuesto de excepción que invoca no se aplica a la zona pública de la zona marítimo terrestre por formar parte del patrimonio inalienable del Estado desde los tiempos de la colonia.- En esas condiciones, ninguna relevancia tiene para la resolución de este asunto, si conforme a lo alegado por la recurrente, el imputado llegó a vivir a ese lugar antes de la entrada en vigencia de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre en el año 1977, o estuvo pagando algún canon a la Municipalidad del lugar en vista de que, en todo caso, no podía alegar derecho legítimo alguno sobre esa franja de terreno que impidiera la orden de derribo decretada por el a quo que, por el contrario, encuentra fundamento en lo indicado por el artículo 13 de la mencionada ley de fondo. En esas condiciones, lo procedente es desestimar el reclamo, todo ello sin perjuicio de que el interesado vaya a discutir en sede contenciosa administrativa si tiene derecho a alguna indemnización o reubicación.

IV. Voto salvado del juez [Nombre5]

Respetuosamente disiento del criterio de mayoría externado por mis compañeros. Se discute la aplicación del artículo 70 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, el cual reza: "Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad. Sin embargo, deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo con esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública" (letra negrita y subrayado suplidos). El criterio externado por el a quo en su resolución y acogido por mis colegas parte de que tratándose de la zona pública no rige la condición de «poblador». No comparto tal posición, pues claramente la norma supra citada indica que la misma se refiere a «los pobladores de la zona marítimo terrestre», dentro de la cual se incluye tanto la «zona restringida» como la «zona pública» (art. 10 LZMT). Y no necesariamente la última frase del artículo supra citado cabe entenderla como una exclusión en su aplicación de la «zona pública»; máxime que si así fuera hubiere bastado con que el legislador aludiera a «los pobladores de la zona restringida», cosa que no hizo. En efecto la «zona pública» "[...] no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella [...]" (art. 20 LZMT). Y si bien ello significa que necesariamente debe desalojarse a quien, fuera de las salvedades permitidas por la ley, ocupe dicha franja. No obstante tal desalojo y demolición de la construcción tiene como correlato la reubicación del «poblador» y el pago de aquellas mejoras que legalmente correspondan. De manera que la exigencia que la ley establece en lo concerniente al necesario respeto de la «zona pública», debe interpretarse como un mandato dirigido a las autoridades, quienes deben desalojar a las personas ubicadas en dicha franja, pero si reúnen las condiciones de «poblador», deben proceder a reubicarlas e indemnizarlas. No puede ser entendida, la alusión al respeto de la «zona pública», como una limitación al concepto de «poblador», en detrimento del derecho, a reubicación de indemnización, de quien pública y pacíficamente construyó una vivienda en tal espacio y ha vivido allí, siendo su única posesión, por más de diez años. Sobre este mismo tema se ha dicho en otra resolución de esta Cámara: "El tema aquí tratado versa sobre la interpretación que debe brindársele al artículo 70 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; la interpretación que propone el representante del Ministerio Público supedita la condición de «poblador», a la que alude el citado artículo, a que el lote se encuentre en la zona restringida. El artículo en cuestión reza: "Artículo 70.- Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad. Sin embargo, deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo con esta ley. En todo caso deberá respetarse la zona pública". Para dilucidar el sentido que debe otorgársele a tal norma, dispone el legislador que deberá estarse al "sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas" (art. 10 Código Civil). En cuanto al sentido gramatical del enunciado contenido en el artículo 70 de la citada ley, el mismo se refiere claramente a «los pobladores de la zona marítimo terrestre», como sujetos destinatarios de dicho enunciado. A su vez, el legislador ha definido expresamente el concepto de «zona marítimo terrestre», indicando que la "zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja" (art. 9 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre). A su vez, dispone la Ley que la "zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: la ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas" (art. 10 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre). Conforme a lo dicho, resulta evidente que el artículo 70 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre se refiere en general a «los pobladores de la zona marítimo terrestre» y que dicho término no es ambiguo, sino que se encuentra claramente definido en la Ley, abarcando tanto la «zona pública», como la «zona restringida». Desde tal perspectiva, la propuesta del representante del Ministerio Público para que se entienda que cuando el artículo 70 de la citada ley alude a «los pobladores de la zona marítimo terrestre», se está refiriendo únicamente a quienes se encuentran en la «zona restringida» y no a todos en general, no es prohijada por esta Cámara. El legislador utilizó el término «zona marítimo terrestre» para aludir a los destinatarios de la norma, mismo sobre el que no existe ninguna ambigüedad al ser definido por la Ley. Por ello, si la intención del legislador hubiese sido excluir la aplicación del artículo 70 ya mencionado en lo que respecta a la «zona pública», hubiese aludido directamente a: «los pobladores de la zona restringida», concepto también interpretado por la Ley, pero no lo hizo así. Sustentar la restricción que propugna el representante del Ministerio Público en la frase final de dicha norma: "En todo caso deberá respetarse la zona pública", no es correcto. No puede entenderse esta última frase como una exclusión de la «zona pública» de las disposiciones del referido artículo 70, en primer lugar por cuanto va en contra de la voluntad manifiesta del legislador, conforme se dijo arriba, el cual expresamente mencionó a «los pobladores de la zona marítimo terrestre». Por otra parte, no se trata de que la «zona pública» deba respetarse y, contrariamente, la «zona restringida» no. Ambas forman parte de la «zona marítimo terrestre» y por ende existe una obligación de respeto en relación con las normas jurídicas que rigen la misma. El respeto a la «zona pública», que menciona ese último párrafo, tiene dos destinatarios: tanto el ciudadano que ilegalmente construye en la misma, el cual se ve sometido a las disposiciones legales pertinentes, como los funcionarios públicos encargados de velar por dicha área. No se trata, en consecuencia, como entiende el representante del Ministerio Público, de que "se requiere, para ser considerado «poblador», ubicarse en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre (elemento objetivo), por que debe de respetarse, siempre, la Zona Pública..." (folio 108); sino de una obligación dirigida fundamentalmente a las autoridades encargadas de velar por la protección de dicha zona. Siendo la condición de «poblador» una condición transitoria, tal como se indica en la sentencia impugnada, la obligación de los funcionarios encargados de velar por el respeto de la «zona pública» es tomar las medidas necesarias para para que, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 70 citado, la encartada sea desalojada y la construcción demolida. Así entonces, la frase: "En todo caso deberá respetarse la zona pública", no es entendida por esta Cámara como una restricción al concepto inicial de «los pobladores de la zona marítimo terrestre», limitándolo a los «pobladores de la zona restringida», como propone el impugnante. Sino como una expresa mención a la obligación que tienen las autoridades pertinentes de hacer respetar, especialmente, la «zona pública», tomando las medidas para que la misma sea desalojada de construcciones ilegales y estas demolidas. De allí que, en un caso como el presente, en que el a quo ha entendido que la encartada tiene la condición jurídica de «pobladora», ello conlleva la obligación de los encargados de velar por el respeto de la «zona pública» de tomar la medidas necesarias para desalojar y demoler la construcción ilegal, lo que conlleva, entre otras, la reubicación de la acusada. La Procuraduría General de la República, en Opinión Jurídica OJ-061-2007 del 05 de julio de 2007, ha indicado que "Corresponde entonces a las municipalidades tomar las medidas pertinentes para contrarrestar aquellas acciones indebidas sobre la franja costera, así como preservar los recursos naturales en sus condiciones originarias, siendo pertinente el desalojo de los ocupantes y la destrucción de las edificaciones en los supuestos previstos por la ley, pues tratándose del dominio público rigen las potestades de autotutela y policía demanial [...] La omisión de actuar conforme a lo indicado, puede hacer incurrir a sus funcionarios en responsabilidades disciplinarias y penales. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, deben actuar siempre sometidos a los principios (entre otros el de transparencia y sana administración) y normas del ordenamiento jurídico, y no pueden hacer caso omiso o negarse a cumplir los mandatos contenidos en éste". No se trata, por lo dicho, que se le esté concediendo algún derecho sobre la «zona marítimo terrestre», o específicamente sobre la «zona pública», a la encartada [Nombre6].. Al contrario, la protección o respeto de dicho bien público exige que sea desalojada y la construcción ilegal demolida, sin embargo ello debe hacerse en respeto de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, pues conforme establece la sentencia ella es «pobladora de la zona marítimo terrestre»" (V. 628-07, Tribunal de Casación, San Ramón). Por lo dicho, respetuosamente disiento del criterio de mis colegas y salvo el voto, declaro con lugar el recurso y, manteniendo la orden de demolición de lo edificado dentro de la «zona marítimo terrestre», señaló la obligación de reubicar al encartado e indemnizarle las mejoras que legalmente correspondan.

POR TANTO

Por mayoría se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensora pública del imputado. El juez [Nombre5] salva el voto y declara con lugar el primer motivo por el fondo. NOTIFÍQUESE.

[Nombre7] Alberto Alpízar Chaves David Fallas Redondo Jueces de Apelación de Sentencia Imputado: [Nombre1].

Delito: Infracción Ley Zona Marítimo Terrestre Ofendido: El Estado *[Nombre8]*

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