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Unauthorized construction in restricted maritime zoneConstrucción no autorizada en zona restringida marítimo-terrestre

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DeniedSin lugar

The conviction for violation of the Maritime-Terrestrial Zone Law and the demolition order are upheld.Se confirma la condena por infracción a la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre y la orden de demolición.

SummaryResumen

The Third Chamber of the Supreme Court of Justice dismisses the cassation appeal filed by an individual convicted of building a fish collection center in the restricted zone of Playa Sámara without authorization, in violation of the Maritime-Terrestrial Zone Law. The appellant alleged lack of reasoning in the judgment, failure to carry out the administrative warning required by the Construction Law, and violation of due process for not conducting a prior investigation according to constitutional case law. The Chamber rejects all grounds: the judgment contained sufficient assessment of the evidence; the Construction Law is not applicable due to the special nature of the maritime-terrestrial regulations, which authorize direct demolition; and the prior investigation was unnecessary because the accused had requested a concession in the protected area, thereby accepting that his lot was located in the restricted zone. The conviction to one month in prison convertible to a fine and the demolition order are upheld.La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechaza el recurso de casación interpuesto por un particular condenado por construir un centro de acopio de pescado en la zona restringida de Playa Sámara sin autorización, en infracción a la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre. El recurrente alegó falta de fundamentación de la sentencia, omisión de la prevención administrativa exigida por la Ley de Construcciones y violación al debido proceso por no levantarse información previa según jurisprudencial constitucional. La Sala desestima todos los motivos: la sentencia contenía valoración suficiente de la prueba; la Ley de Construcciones no es aplicable por la especialidad de la normativa marítimo-terrestre, que autoriza la demolición directa; y la información previa no era necesaria porque el imputado había solicitado una concesión en el área protegida, aceptando así que su lote se ubicaba en zona restringida. Se confirma la condena a un mes de prisión convertible en multa y la orden de demolición de la obra.

Key excerptExtracto clave

Considering: I.- ... To meet the minimum requirements imposed by the duty to state reasons, it is sufficient for the court to transcribe in essence the content of the witnesses' depositions and to set out the analysis and assessment of such evidence as is relevant to its conviction in deciding the case. II.- ... the Maritime-Terrestrial Zone Law is of a special nature, so the provisions of the Construction Law are not applicable to this case, the former also providing the procedure to be followed in these cases and even authorizing the officials of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities, so that in those cases where a construction is carried out contrary to its provisions, they may proceed to both evict the offenders and destroy or demolish what has been built (see Article 13 of the cited Law No. 6043 of March 2, 1977). III.- ... the prior investigation is intended to verify whether the lot is located in the public zone or in the restricted zone, which was obviously confirmed in this case, not only on the basis of the cited certification, but also through the ocular inspection attached at folio 10, which states that the construction is located 'within the one hundred and fifty meters of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone,...'.Considerando: I.- ... Para cumplir con los requisitos mínimos que impone el deber de fundamentación, basta con que el tribunal transcriba en lo esencial el contenido de las deposiciones de los testigos, y que plasme el análisis y valoración de aquella prueba que resulte relevante en relación con su convicción, para resolver la causa. II.- ... la Ley sobre la Zona marítimo-terrestre tiene una naturaleza especial, por lo que no resulta aplicable al caso lo dispuesto en la Ley de Construcciones, contemplando además la primera, el procedimiento a seguir en estos casos e incluso autorizando a los funcionarios de la jurisdicción correspondiente y a las municipalidades respectivas, para que en aquellos casos en que se realice una construcción en contra de lo que ella dispone, puedan proceder tanto al desalojo de los infractores, como a la destrucción o demolición de lo construido (ver artículo 13 de la Ley citada N° 6043 del 2 de marzo de 1977). III.- ... la información previa tiene por objeto verificar si el lote se localiza en la zona pública o en la restringida, lo que obviamente se logró constatar en este caso, no sólo con fundamento en la certificación citada, sino mediante la inspección ocular que corre agregada a folio 10, en la que se refiere que la construcción se localiza 'dentro de los ciento cincuenta metros de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre,...'.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Para cumplir con los requisitos mínimos que impone el deber de fundamentación, basta con que el tribunal transcriba en lo esencial el contenido de las deposiciones de los testigos, y que plasme el análisis y valoración de aquella prueba que resulte relevante en relación con su convicción, para resolver la causa."

    "To meet the minimum requirements imposed by the duty to state reasons, it is sufficient for the court to transcribe in essence the content of the witnesses' depositions and to set out the analysis and assessment of such evidence as is relevant to its conviction in deciding the case."

    Considerando I

  • "Para cumplir con los requisitos mínimos que impone el deber de fundamentación, basta con que el tribunal transcriba en lo esencial el contenido de las deposiciones de los testigos, y que plasme el análisis y valoración de aquella prueba que resulte relevante en relación con su convicción, para resolver la causa."

    Considerando I

  • "la Ley sobre la Zona marítimo-terrestre tiene una naturaleza especial, por lo que no resulta aplicable al caso lo dispuesto en la Ley de Construcciones, contemplando además la primera, el procedimiento a seguir en estos casos e incluso autorizando a los funcionarios de la jurisdicción correspondiente y a las municipalidades respectivas, para que en aquellos casos en que se realice una construcción en contra de lo que ella dispone, puedan proceder tanto al desalojo de los infractores, como a la destrucción o demolición de lo construido (ver artículo 13 de la Ley citada N° 6043 del 2 de marzo de 1977)."

    "the Maritime-Terrestrial Zone Law is of a special nature, so the provisions of the Construction Law are not applicable to this case, the former also providing the procedure to be followed in these cases and even authorizing the officials of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities, so that in those cases where a construction is carried out contrary to its provisions, they may proceed to both evict the offenders and destroy or demolish what has been built (see Article 13 of the cited Law No. 6043 of March 2, 1977)."

    Considerando II

  • "la Ley sobre la Zona marítimo-terrestre tiene una naturaleza especial, por lo que no resulta aplicable al caso lo dispuesto en la Ley de Construcciones, contemplando además la primera, el procedimiento a seguir en estos casos e incluso autorizando a los funcionarios de la jurisdicción correspondiente y a las municipalidades respectivas, para que en aquellos casos en que se realice una construcción en contra de lo que ella dispone, puedan proceder tanto al desalojo de los infractores, como a la destrucción o demolición de lo construido (ver artículo 13 de la Ley citada N° 6043 del 2 de marzo de 1977)."

    Considerando II

  • "la información previa tiene por objeto verificar si el lote se localiza en la zona pública o en la restringida, lo que obviamente se logró constatar en este caso, no sólo con fundamento en la certificación citada, sino mediante la inspección ocular que corre agregada a folio 10, en la que se refiere que la construcción se localiza 'dentro de los ciento cincuenta metros de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre,...'."

    "the prior investigation is intended to verify whether the lot is located in the public zone or in the restricted zone, which was obviously confirmed in this case, not only on the basis of the cited certification, but also through the ocular inspection attached at folio 10, which states that the construction is located 'within the one hundred and fifty meters of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone,...'."

    Considerando III

  • "la información previa tiene por objeto verificar si el lote se localiza en la zona pública o en la restringida, lo que obviamente se logró constatar en este caso, no sólo con fundamento en la certificación citada, sino mediante la inspección ocular que corre agregada a folio 10, en la que se refiere que la construcción se localiza 'dentro de los ciento cincuenta metros de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre,...'."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

167-F-92 Resolution THIRD CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight thirty-five in the morning of May twenty-second, nineteen ninety-two.

Appeal in cassation filed in the present case against Nombre01, of legal age, married, holder of a Bachelor's degree in Business Administration, ID number CED01, resident of San José, son of Nombre02 and Nombre03, for violation of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, to the detriment of the State's Resources. The following Magistrates participate in the decision of the matter: Alfonso Chaves Ramírez, Presiding, Jesús Alb. Ramírez Quirós, Mario Alb. Houed Vega, Rodrigo Castro Monge, and Agustín Atmetlla Cruz. Also participating are the sentenced individual as appellant and Attorney Guido Jiménez Gómez on behalf of the Public Prosecutor's Office.

Whereas:

1.- That the Examining Magistrate's Court of Nicoya acting as a Criminal Court, by operation of law, in a judgment issued at one five in the afternoon of February sixth, nineteen ninety-two, resolved, "THEREFORE: By virtue of the foregoing, cited laws, and Articles 35 and 39 both of the Political Constitution; 1, 2, 8, 106, 226, 392, 393, 395, 396, 399, 421, 542, 543, 544 all of the Code of Criminal Procedure; 1, 11, 17, 18, 19, 45, 50, 53, 54, 55, 56, 71 except subsections e) and f) as they are currently challenged as unconstitutional, 73, 74, 416, all of the Penal Code, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 18, and 62 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, the defendant Nombre01 is declared the sole and responsible perpetrator of the crime of VIOLATION OF THE LAW ON THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE, for having built a collection center (fish receiving station) in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone at Playa de Sámara in this canton, without the proper legal authorization, to the detriment of THE STATE'S RESOURCES. In this capacity, he is sentenced to a penalty of one month of imprisonment, which is converted into thirty day-fines at a rate of five hundred colones per day, for a total of fifteen thousand colones, which must be deposited within the fifteen days following the finality of this resolution, in favor of the institutions indicated in Article 416 of the Penal Code, on the understanding that failure to do so will convert each day-fine into one day of imprisonment, that is, thirty days, to be served in the places designated by the respective penitentiary regulations. In order to comply with the provisions of Article 13 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (sic), the demolition is ordered of the work constructed by the accused and to which this matter has referred, delegating the enforcement thereof to the Municipality of this canton, to which a copy of this judgment shall be sent once it is final. No ruling is made on the civil aspect as the civil action for damages was not exercised. The costs of the proceedings are to be borne by the State; this matter is declared without a special ruling on personal and procedural costs. Once this judgment is final, record this ruling in the Judicial Register of Offenders, prepare and send (sic) to the National Institute of Criminology and the Sentence Enforcement Court the certified copies of the conviction that concern them for their respective duties. By reading, let it be notified. NOTE: On folio one hundred fourteen verso, the text in parentheses between lines six, seven, and eight is not to be read.- Lic. Ricardo Jiménez Villalobos, Judge. Mario Maffio M., Clerk." 2.- That the sentenced individual filed an appeal in cassation against the preceding pronouncement, on both grounds. In the appeal based on procedural form, a violation is claimed of Articles 471 subsection 2), 400 subsection 4), all of the Code of Criminal Procedure, and 39 of the Political Constitution, since the judgment lacks reasoning, as the appellant states that the judge omitted to refer to the photographic sequence on folios 30 and 31, in addition to not indicating the considerations of the witnesses regarding it, given that it was determined that the cited sequence did not correspond to the defendant's property. In the Appeal based on substantive grounds, in the first claim, the appellant alleges a violation of numerals 471 subsection 1), 329 subsection 2) of the Code of Criminal Procedure; 93, 94, 95, 96, 97, and 98 of the Law on Constructions, because the court omitted to carry out the warning provided in Article 93 of that Law, which constituted a prerequisite for processing the complaint that initiated the case, given that the Municipality of Nicoya was the entity responsible for granting construction permits. In the second claim, he alleges a violation of numerals 471 subsection 1), 329 subsection 2) of the Code of Criminal Procedure; Article 13 of the Law on Constitutional Jurisdiction, and 13 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, since the preliminary information to verify the violation of the maritime-terrestrial zone was not carried out in accordance with the interpretation of the Constitutional Chamber, for which reason the acquittal of his client is appropriate.

3.- That once the respective deliberation was completed, in accordance with the provisions of Article 481 of the Code of Criminal Procedure, the Chamber considered all the issues raised in the appeal.

4.- That in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Castro Monge; and,

Considering:

I.- Appeal filed by the defendant Nombre01. Appeal based on procedural form. Since the five claims of the appeal are closely linked, they are addressed together in a single section for procedural economy. A violation is claimed of Articles 471 subsection 2), 400 subsection 4), 106 all of the Code of Criminal Procedure, and 39 of the Political Constitution, since the judgment lacks reasoning, as the appellant states that the judge omitted to refer to the photographic sequence on folios 30 and 31, in addition to not indicating the considerations of the witnesses regarding it, given that it was determined that the cited sequence did not correspond to the defendant's property, "...Not analyzing this evidence in the stated sense has left me in a state of total defenselessness, since there could have been reasonable doubt regarding my actions, or what was built, and where it was built." Moreover, he states that the court also did not rule on the Constitutional Chamber judgment number 447-91 of 3:30 PM on February 21, 1991, provided as evidence for a better resolution and which was referred to by the challenger's defense counsel when delivering his closing arguments, when he argued as to whether or not holding the trial was appropriate; these were the arguments presented. The objection is not admissible. To meet the minimum requirements imposed by the duty to state reasons, it is sufficient for the court to transcribe the essential content of the witnesses' testimony and to set forth the analysis and assessment of that evidence that is relevant in relation to its conviction for resolving the case. Now, regarding the photographic sequence, the appellant omits to indicate the reasoning according to which he considers this evidence decisive for the final determination of the matter, merely stating that the failure to mention it left him defenseless, unaware of what the judge based the conviction on, which this Chamber does not observe in this case, where, from line 26 of folio 112 recto, the evidence that served as support for the conviction is indicated, along with its assessment. Finally, regarding the reference to the Constitutional Chamber resolution whose application the challenger misses, its mention is also not essential, since it is clearly evident—the trial having been held—that the motion filed by the defense seeking its suspension was rejected by the lower court, considering that the cited resolution did not prevent proceeding in accordance with what was ordered, and in that situation, an express ruling was not necessary. Consequently, since neither constitutional nor procedural norms have been violated as has been claimed, the appeal based on procedural form must be rejected in its entirety.

II.- Appeal based on substantive grounds. In the first claim, a violation is reproached of Articles 471 subsection 1), 329 subsection 2) both of the Code of Criminal Procedure, and 93, 94, 95, 96, 97, and 98 of the Law on Constructions, since the warning provided in Article 93 of that Law was omitted—a prerequisite for processing the complaint that initiated the case—due to the need to first initiate that administrative procedure, given that the Municipality of Nicoya was the entity responsible for granting construction permits. The claim is not admissible. The arguments put forth regarding the cited warning as a procedural prerequisite instead correspond to a claim of an informal nature; however, it should be noted that the Law on the Maritime-Terrestrial Zone has a special nature, and therefore, the provisions of the Law on Constructions are not applicable to this case, with the former also providing the procedure to follow in these cases and even authorizing officials of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities, in those cases where a construction is carried out against what it provides, to proceed both with the eviction of the violators and the destruction or demolition of the constructed work (see Article 13 of the cited Law No. 6043 of March 2, 1977). Therefore, the cited numerals are not violated as they are not applicable to this specific case, and the claim is rejected.

III.- In the second claim, a violation is alleged of numerals 471 subsection 1), 329 subsection 2) both of the Code of Criminal Procedure, Article 13 of the Law on Constitutional Jurisdiction, and 13 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, since the preliminary information to verify the violation of the maritime-terrestrial zone was not carried out in accordance with the interpretation of the Constitutional Chamber, for which reason the defendant should be acquitted, the appellant states, since the proceeding was not initiated in accordance with law. The objection is not admissible. Although it is true that in the second considering clause of Ruling No. 447-91 of 3:30 PM on February 21, 1991, the Constitutional Chamber ordered that it be interpreted that the rule, in cases where a violation of the cited Law was known, was to gather preliminary information, it also establishes that an exception may apply "in cases where the possible violator expressly accepts their condition as such and complies with municipal action, or that of the respective authority, which must be reliably documented." In this matter, on folio 3 recto, a document issued by the Acting Clerk of the Municipality of Nicoya can be seen, certifying the defendant's request for a concession in the protected area and that the interested party was informed, once the inspection of the parcel was conducted, of the need to request from the Costa Rican Tourism Institute "the land-use change (cambio de uso de suelo)", so that through this action (see folio 21, lines 10 and 11), the violator accepted that his parcel was located within the restricted zone, and in this capacity, he applied to the cited Municipality. Therefore, it cannot be interpreted that the due process norms were violated to his detriment, since the purpose of the preliminary information is to verify whether the lot is located in the public zone or the restricted zone, which was obviously verified in this case, not only based on the cited certification, but also through the visual inspection attached to folio 10, which states that the construction is located "within the one hundred fifty meters of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone,...". Thus, it is not observed that the legal certainty of the individual was undermined, as he accepted not being authorized to build within his parcel because it was located in the restricted zone. Consequently, the judge's actions are in accordance with law and in no way contravene the cited jurisprudence of the Constitutional Chamber, so since neither constitutional norms nor other cited provisions have been violated, the claim must be declared without merit.

Therefore:

The filed appeal is declared without merit.

Alfonso Chaves Ramírez Jesús Alb. Ramírez Quirós Mario Alb. Houed Vega Rodrigo Castro Monge Agustín Atmetlla Cruz Substitute Magistrate Ricardo Salas Porras Acting Clerk Dig.Imp. (jr) File No. 185-92

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00167 Resolución 167-F-92 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas treinta y cinco minutos del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos.- Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Nombre01, mayor, casado, Licenciado en Administración de Negocios, cédula CED01, vecino de San José, hijo de Nombre02 y Nombre03, por infracción a la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre, en perjuicio de los Recursos del Estado. Intervienen en la decisión del asunto los Magistrados Alfonso Chaves Ramírez, Presidente, Jesús Alb. Ramírez Quirós, Mario Alb. Houed Vega, Rodrigo Castro Monge y Agustín Atmetlla Cruz. También intervienen, el sentenciado como recurrente y el Licenciado Guido Jiménez Gómez en representación del Ministerio Público.

Resultando:

1.- Que el Juzgado de Instrucción de Nicoya en funciones de Juzgado Penal, por Ministerio de ley, en sentencia dictada a las trece horas cinco minutos del seis de febrero de mil novecientos noventa y dos, resolvió, "POR TANTO: En mérito de lo expuesto, leyes citadas y artículos 35 y 39 ambos de la Constitución Política; 1, 2, 8, 106, 226, 392, 393, 395, 396, 399, 421, 542, 543, 544 todos del Código de Procedimientos Penales; 1, 11, 17, 18, 19, 45, 50, 53, 54, 55, 56, 71 excepto los incisos e) y f) por estar atacados actualmente de inconstitucionales, 73, 74, 416, todos del Código Penal, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 18, y 62 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, se declara al encartado Nombre01, autor único y responsable del delito de INFRACCION A LA LEY SOBRE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE, por haber construido en la zona restringida de la zona marítimo terrestre en Playa de Sámara de este cantón, un centro de acopio (recibidor de pescado) sin la debida autorización legal, en perjuicio de LOS RECURSOS DEL ESTADO. En tal carácter se le impone la pena de un mes de prisión que se convierte en treinta días multa a razón de quinientos colones el día para un total de quince mil colones que deberá de depositar en los quince días siguientes a la firmeza de esta resolución, a favor de las instituciones que señala el artículo 416 del Código Penal, en el entendido de que su omisión cada día multa se convertirá en un día de prisión, sea treinta días, que deberá de cumplir en los lugares que indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios. A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (sic) se ordena la demolición de la obra construida por el imputado y a que se ha referido este asunto, delegándose el cumplimiento de la misma en la Municipalidad de este cantón a quien se remitirá copia de esta sentencia una vez firme. Se omite pronunciamiento sobre lo civil por no haberse ejercido la acción civil resarcitoria. Son a cargo del Estado los gastos del proceso, se declara el presente asunto sin especial condenatoria en costas personales y procesales. Firme esta sentencia inscríbase este fallo en el Registro Judicial de Delincuentes, confecciónese y remítanse (sic) al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena los testimonios de condena que les concierne para lo de sus cargos. Por lectura notifíquese. NOTA: Folio ciento catorce vuelto, lo que está entre paréntesis entre las líneas seis, siete y ocho, no se lea.- Lic. Ricardo Jiménez Villalobos, Juez. Mario Maffio M. Srio".

2.- Que contra el anterior pronunciamiento, el sentenciado interpuso recurso de casación en ambos extremos. En el recurso por la forma, se reclama la violación de los artículos 471 inciso 2), 400 inciso 4), todos del Código de Procedimientos Penales, y 39 de la Constitución Política, al carecer la sentencia de fundamentación, pues dice el recurrente que el juzgador omitió referirse a la secuencia fotográfica de folios 30 y 31, además de no indicar las consideraciones de los testigos en torno a ésta, toda vez que se logró determinar que la secuencia citada no correspondía a la propiedad del encartado. En el Recurso por el fondo, en el primer motivo, el recurrente reclama violación de los numerales 471 inciso 1), 329 inciso 2) del Código de Procedimientos Penales; 93, 94, 95, 96, 97 y 98 de la Ley de Construcciones, porque el tribunal omitió realizar la prevención dispuesta en el artículo 93 de esa Ley, que constituía un requisito previo para dar trámite a la denuncia que inició la causa, toda vez que la Municipalidad de Nicoya era el ente encargado de otorgar los permisos de construcción. En el segundo motivo, alega vulneración de los numerales 471 inciso 1), 329 inciso 2) del Código de Procedimientos Penales; artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 13 de la Ley de Zona Marítimo-Terrestre, al no haberse realizado de acuerdo con la interpretación de la Sala Constitucional, la información previa para constatar la infracción de la zona marítimo-terrestre, por lo que procede la absolutoria de su defendido.

3.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 481 del Código de Procedimientos Penales, la Sala se planteó todas las cuestiones formuladas en el recurso.- 4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Magistrado Castro Monge; y,

Considerando:

I.- Recurso interpuesto por el encartado Nombre01. Recurso por la forma. Por estar íntimamente ligados los cinco motivos del recurso, se entran a conocer por economía procesal en un solo extremo. Se reclama la violación de los artículos 471 inciso 2), 400 inciso 4), 106 todos del Código de Procedimientos Penales, y 39 de la Constitución Política, al carecer la sentencia de fundamentación, pues dice el recurrente, que el juzgador omitió referirse a la secuencia fotográfica de folios 30 y 31, además de no indicar las consideraciones de los testigos en torno a ésta, toda vez que se logró determinar que la secuencia citada no correspondía a la propiedad del encartado, "...El no analizar esta prueba, en el sentido dicho, me ha dejado en un estado total de indefensión, ya que pudo haber existido duda razonable acerca de mi actuación, o de lo que se construyó, y a dónde se construyó". Por otra parte, dice que tampoco se pronunció el tribunal sobre la sentencia de la Sala Constitucional número 447-91 de las 15:30 horas del 21 de febrero de 1991 aportada como prueba para mejor resolver y a la cual se refirió el defensor del impugnante al momento de emitir sus conclusiones cuando argumentó acerca de si era procedente o no la realización del debate; éstos los argumentos expuestos. El reproche no resulta de recibo. Para cumplir con los requisitos mínimos que impone el deber de fundamentación, basta con que el tribunal transcriba en lo esencial el contenido de las deposiciones de los testigos, y que plasme el análisis y valoración de aquella prueba que resulte relevante en relación con su convicción, para resolver la causa. Ahora bien, en relación con la secuencia fotográfica, omite el recurrente indicar los razonamientos según los cuales considera decisiva para la definición final del asunto, dicha probanza, limitándose a señalar que su no mención, le dejó indefenso, al ignorar en qué se fundamentó el juez para condenarlo, lo que no observa la Sala en este caso, en donde a partir de la línea 26 del folio 112 frente, se señalan las probanzas que sirvieron de sustento a la condenatoria, junto con su valoración. Por último, en cuanto se alude a la resolución de la Sala Constitucional cuya aplicación extraña el impugnante, tampoco resulta esencial su mención, ya que queda claramente expuesto al haberse realizado el debate, que la gestión interpuesta por la defensa en el sentido de que éste se suspendiera, fue rechazada por el a quo, al considerar que la resolución de cita, no impedía seguir adelante con los procedimientos de acuerdo con lo ordenado y en esa situación, no resultaba necesario un pronunciamiento expreso. En consecuencia, al no haberse vulnerado ni normas de rango constitucional, ni procesal como se ha venido reclamando, procede rechazar el recurso por la forma, en todos sus extremos.

II.- Recurso por el fondo. En el primer motivo se reprocha la violación de los artículos 471 inciso 1), 329 inciso 2) ambos del Código de Procedimientos Penales, 93, 94, 95, 96, 97 y 98 de la Ley de Construcciones, pues se omitió realizar la prevención dispuesta en el artículo 93 de esa Ley, que constituía un requisito previo para dar trámite a la denuncia que inició la causa, ante la necesidad de incoar primero ese trámite administrativo, toda vez que la Municipalidad de Nicoya era el ente encargado de otorgar los permisos de construcción. El reclamo no resulta de recibo. Los argumentos esgrimidos en torno a la citada prevención como requisito de procedibilidad, obedecen más bien a un reclamo de índole informal; sin embargo, cabe indicar que la Ley sobre la Zona marítimo-terrestre tiene una naturaleza especial, por lo que no resulta aplicable al caso lo dispuesto en la Ley de Construcciones, contemplando además la primera, el procedimiento a seguir en estos casos e incluso autorizando a los funcionarios de la jurisdicción correspondiente y a las municipalidades respectivas, para que en aquellos casos en que se realice una construcción en contra de lo que ella dispone, puedan proceder tanto al desalojo de los infractores, como a la destrucción o demolición de lo construido (ver artículo 13 de la Ley citada N° 6043 del 2 de marzo de 1977). Así las cosas, no resultan vulnerados los numerales de cita al no ser aplicables a este caso específico, por lo que se rechaza el reclamo.

III.- En el segundo motivo, se alega la vulneración de los numerales 471 inciso 1), 329 inciso 2) ambos del Código de Procedimientos Penales, artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 13 de la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre, al no haberse realizado de acuerdo con la interpretación de la Sala Constitucional, la información previa para constatar la infracción de la zona marítimo-terrestre, por lo que procede absolver al imputado dice el recurrente, al no haberse iniciado el proceso conforme a derecho. El reproche no resulta atendible. Si bien es cierto, en el considerando segundo del Voto N° 447-91 de las 15 horas 30 minutos del 21 febrero de 1991, la Sala Constitucional dispuso que se debía interpretar que la regla, en los casos en que se tuviera conocimiento de una infracción a la Ley citada, era levantar la información previa, también establece que se puede dar la excepción "en casos en que el posible infractor acepte expresamente su condición de tal y se avenga a la actuación municipal, o de la autoridad respectiva, lo que deberá constar de manera fehaciente". En este asunto, a folio 3 frente, se aprecia un documento extendido por la Secretaria a. í de la Municipalidad de Nicoya, en donde se certifica la solicitud del encartado para que se le otorgara una concesión en el área protegida y que se indicó al interesado una vez hecha la inspección de la parcela, la necesidad de que solicitara al Instituto Costarricense de Turismo "el cambio de uso de suelo", de manera que mediante esa diligencia, (ver folio 21, líneas 10 y 11), el infractor aceptó que su parcela se ubicaba dentro de la zona restringida y en tal condición gestionó ante la Municipalidad citada, por lo que no se puede interpretar que se vulneró en su perjuicio las normas del debido proceso, pues la información previa tiene por objeto verificar si el lote se localiza en la zona pública o en la restringida, lo que obviamente se logró constatar en este caso, no sólo con fundamento en la certificación citada, sino mediante la inspección ocular que corre agregada a folio 10, en la que se refiere que la construcción se localiza "dentro de los ciento cincuenta metros de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre,...". Así las cosas, no se observa que se haya atentado contra la seguridad del administrado, quien aceptó no estar legitimado para construir dentro de su parcela, por estar localizada en la zona restringida. En consecuencia, la actuación del juzgador se encuentra ajustada a derecho y en nada se contrapone a lo dispuesto por la jurisprudencia citada de la Sala Constitucional, por lo que al no haberse vulnerado ni normas de rango constitucional, ni otras disposiciones citadas, debe declararse sin lugar el reclamo.

Por Tanto:

Se declara sin lugar el recurso interpuesto.

Alfonso Chaves Ramírez Jesús Alb. Ramírez Quirós Mario Alb. Houed Vega Rodrigo Castro Monge Agustín Atmetlla Cruz Magistrado Suplente Ricardo Salas Porras Secretario a.í Dig.Imp. (jr)

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