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Res. 00254-2007 Tribunal de Casación Penal de San Ramón · Tribunal de Casación Penal de San Ramón · 04/05/2007
OutcomeResultado
The cassation appeal filed by the defendant is denied, upholding the conviction for invasion of a protected area and the demolition order.Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el imputado, confirmando la condena por invasión de área de protección y la orden de demolición.
SummaryResumen
The Criminal Cassation Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Second Section, ruled on a cassation appeal against a conviction for violating the Forestry Law by invading a protection area. The defendant had been sentenced to one year in prison, conditionally suspended, and ordered to demolish the construction built within ten meters of the Quebrada Sucia protection zone in Monteverde. On appeal, he argued lack of reasoning, violation of sound criticism rules, failure to apply in dubio pro reo, erroneous application of criminal provisions, and prescription. The Cassation Court rejected all grounds, confirming that the evidence proved the defendant built without a permit inside the protection area, that the offense is permanent in nature, and that demolition is a mandatory legal consequence under Article 58(a) of the Forestry Law. The appeal was dismissed.El Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Segunda, resolvió un recurso de casación contra una sentencia condenatoria por el delito de infracción a la Ley Forestal en su modalidad de invasión a área de protección. El imputado había sido condenado a un año de prisión, con ejecución condicional, y se ordenó la demolición de la construcción que realizó dentro de los diez metros de la zona de protección de la Quebrada Sucia, en Monteverde. En su recurso, alegó falta de fundamentación, violación de reglas de la sana crítica, inaplicación del in dubio pro reo, errónea aplicación de los tipos penales y prescripción. El Tribunal de Casación rechazó todos los motivos, confirmando que se demostró que el imputado construyó sin permiso y dentro del área de protección, que se trata de un delito de efectos permanentes y que la demolición es una consecuencia legal obligatoria de la condena según el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal. Se declaró sin lugar el recurso.
Key excerptExtracto clave
I.- FIRST, SECOND, THIRD AND SIXTH GROUNDS (form and "substance"): Challenge to the evidence, the jurisdictional analysis, and the facts deemed proven. In these four grounds, the appellant raises several related complaints, all centered on his open disagreement and challenge to the prosecution's evidence, as well as the analysis made by the trial court, which allows him to ignore the facts deemed proven, replacing them with those he personally believes should have been deemed so. [...] Up to here the content of these four grounds, none of which could prosper. It is clear from the content of these four arguments that, essentially, the defense's case is based on a new analysis of the evidence produced orally at trial, from which the factual account that the trial judge deemed accredited is completely denied and replaced by the one the appellant considers correct, namely: that regarding the sector facing the stream, the defendant did not erect any building but rather merely "remodeled" the existing one, which now sits a short distance from the stream bed because when a road was built, the watercourse was altered. Furthermore, while he did build an "expansion" of the property, that part is located in the sector facing the road. This is the defensive thesis that, in essence, the defendant has come to argue in this cassation appeal. [...] As can be gathered from the foregoing, through adequate reasoning, the trial court established that the defendant did in fact carry out an expansion (new construction) in the protection zone (not merely "toward the road," as the defense sought to portray), at a time when he lacked any permit authorizing it and in defiance of several orders that halted the works, a conclusion supported not only by the testimony of the MINAE inspector, but also by the other elements already mentioned [...]. Based on the foregoing, the appellant's arguments are dismissed. III.- FIFTH GROUND (form): Inadequate reasoning of the "civil compensatory action." [...] As indicated in the preceding recitals, the trial judge reasoned clearly and coherently how, based on the evidence produced at trial, it was proven that, indeed, without any permit, starting at the end of 2003 the defendant expanded the building housing his pizzeria business, for which he constructed a new building inside the protection zone of the Quebrada Sucia. It was also explained that although the defendant subsequently obtained a municipal construction and remodeling permit (which was conditioned on fulfilling certain requirements), because it did not comply with the requirements of the legal system, it was later revoked by the municipal entity itself. In accordance with the foregoing, it is understood that the factual basis established in the judgment necessarily leads, as a natural and logical consequence of the effective invasion of the protected area by the accused having been accredited, and pursuant to articles 140 and 367 of the Criminal Procedure Code, to ordering the destruction or demolition of what was built there, without this even being considered a "civil judgment" or "sanction." [...] It is clear that if the cited provision expressly states that the perpetrators or participants in the criminal action (invasion) shall not be entitled to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands, it must be inferred that this alludes to the necessary destruction of the work, for the sole purpose of restoring things to the state they were in before said invasion. [...] Based on the foregoing, the complaint is dismissed in its entirety.I.- PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y SEXTO MOTIVOS (forma y "fondo"): Cuestionamiento de la prueba, del análisis jurisdiccional, y de los hechos que se tuvieron por probados. En estos cuatro motivos el impugnante plantea varios reclamos afines, todos centrados en su abierta discrepancia y cuestionamiento de la prueba de cargo, así como del análisis que en torno a la misma hiciera el tribunal de instancia, lo que le permite desconocer el hecho que se tuvo por probado, sustituyéndolo por el que personalmente estima que debió tenerse como tal. [...] Hasta aquí el contenido de estos cuatro motivos, ninguno de los cuales podría prosperar. Del contenido de estos cuatro alegatos se advierte que, en lo esencial, el planteamiento de la defensa se sustenta en un nuevo análisis de la prueba evacuada oralmente en debate, a partir del cual se desconoce por completo la relación de hechos que el juez de instancia tuvo por acreditada, la cual es sustituida por la que el impugnante estima como tal, a saber, que en cuanto al sector que da hacia la quebrada, el imputado no levantó ninguna edificación sino más bien se limitó a "remodelar" la ya existente, la que en la actualidad se encuentra a corta distancia del cauce de la quebrada a raíz de que cuando se construyó una carretera, el curso de la misma fue alterado. Además, si bien procedió a construir una "ampliación" del inmueble, esa parte del mismo se ubica en el sector que da hacia la calle. Esta es la tesis defensiva que, en esencia, el imputado ha venido a esgrimir en esta vía de casación. [...] Como se colige de lo hasta aquí expuesto, mediante una adecuada fundamentación, el Tribunal de mérito llegó a establecer que el imputado en efecto realizó una ampliación (construcción nueva) en la zona de protección (no simplemente "hacia la calle", como pretendió hacerlo ver la defensa), sin que para entonces contara con permiso alguno que lo autorizara e irrespetando varias órdenes que le clausuraron los trabajos, extremo que se sustentó no sólo en lo dicho por el inspector del MINAE, sino en los demás elementos ya indicados [...]. Con base en lo anterior, se declaran sin lugar los alegatos del impugnante. III.- QUINTO MOTIVO (forma): Indebida fundamentación de la "acción civil resarcitoria". [...] Tal y como se ha indicado en los considerandos anteriores, el juez de instancia razonó de modo claro y coherente cómo, a partir de la prueba evacuada en debate, se llegó a tener por demostrado que, en efecto, sin contar con permiso alguno, desde finales del año 2003 el imputado procedió a ampliar el edificio donde se ubica su negocio de pizzería, para lo cual realizó una construcción nueva dentro de la zona de protección de la Quebrada Sucia. También se explicó que si bien el encartado, a posterior, obtuvo un permiso municipal de construcción y remodelación (el que estaba condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos), debido a que el mismo no se ajustaba a los requerimientos del ordenamiento jurídico fue posteriormente revocado por el propio ente municipal. De acuerdo con lo anterior, se comprende que la base fáctica fijada en sentencia conduce necesariamente a que, como una consecuencia natural y lógica al haberse acreditado la efectiva invasión de la zona protegida por parte del acusado, y según lo dispuesto por los artículos 140 y 367 del Código Procesal Penal, deba ordenarse la destrucción o demolición de lo ahí construido, sin que ello deba considerarse siquiera una "condena" o "sanción" de naturaleza civil. [...] Es claro que si la norma citada expresamente prevé que los autores o partícipes de la acción delictiva (invasión) no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos, se debe colegir que con ello se está haciendo alusión a la necesaria destrucción de la obra, ello con el único propósito de restituir las cosas al estado en que se hallaban antes de dicha invasión. [...] Con base en lo anterior, se declara sin lugar la queja en todos sus extremos.
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"No encuentra este Tribunal de Casación cómo el órgano de mérito pudo violar el principio de objetividad por el hecho de seguir el criterio jurisprudencial ... en el sentido de que la invasión de una zona protectora prevista por los artículos 33 y 58 inciso a) de la Ley Forestal, califica como un delito de efectos permanentes conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal."
"This Cassation Court does not see how the trial court could have violated the principle of objectivity by following the jurisprudential criterion ... to the effect that the invasion of a protective zone under Articles 33 and 58(a) of the Forestry Law qualifies as a permanent offense under Article 32 of the Criminal Procedure Code."
Considerando II
"No encuentra este Tribunal de Casación cómo el órgano de mérito pudo violar el principio de objetividad por el hecho de seguir el criterio jurisprudencial ... en el sentido de que la invasión de una zona protectora prevista por los artículos 33 y 58 inciso a) de la Ley Forestal, califica como un delito de efectos permanentes conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal."
Considerando II
"Es claro que si la norma citada expresamente prevé que los autores o partícipes de la acción delictiva (invasión) no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos, se debe colegir que con ello se está haciendo alusión a la necesaria destrucción de la obra, ello con el único propósito de restituir las cosas al estado en que se hallaban antes de dicha invasión."
"It is clear that if the cited provision expressly states that the perpetrators or participants in the criminal action (invasion) shall not be entitled to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands, it must be inferred that this alludes to the necessary destruction of the work, for the sole purpose of restoring things to the state they were in before said invasion."
Considerando III
"Es claro que si la norma citada expresamente prevé que los autores o partícipes de la acción delictiva (invasión) no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos, se debe colegir que con ello se está haciendo alusión a la necesaria destrucción de la obra, ello con el único propósito de restituir las cosas al estado en que se hallaban antes de dicha invasión."
Considerando III
"Se declaran sin lugar los alegatos del impugnante."
"The appellant's arguments are dismissed."
Considerando I
"Se declaran sin lugar los alegatos del impugnante."
Considerando I
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Res: 2007-00254 CRIMINAL CASSATION COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SECOND SECTION. San Ramón, at ten hours and ten minutes on the fourth of May, two thousand seven.
CASSATION APPEAL filed in the present case against [Name1], who is of legal age, identity card number CED1 -, resident of Santa Elena de Monteverde; for two crimes of BREAKING OF SEALS committed to the detriment of THE PUBLIC AUTHORITY and one crime of INFRACTION TO THE FORESTRY LAW in its Modality of Invasion of a Protected Area committed to the damage of THE NATURAL RESOURCES. The judges Mario Alberto Porras Villalta, Guillermo Sojo Picado, and Martín Alfonso Rodríguez Miranda participate in the decision of the appeal. The accused [Name2] and attorney [Name3], Deputy Prosecutor of the Public Ministry of Puntarenas, appear in cassation, having filed a cassation appeal.
WHEREAS:
Drafted by Cassation Judge [Name5]; and,
CONSIDERING:
Challenge to the evidence, the jurisdictional analysis, and the facts that were held as proven. In these four grounds, the appellant raises several related claims, all centered on his open disagreement with and challenge to the incriminating evidence, as well as the analysis thereof made by the trial court, which allows him to disregard the fact that was held as proven, substituting it with the one he personally believes should have been held as such. The content of these three grounds is the following: (1).- FIRST GROUND (form): Lack of reasoning. In the first ground of his cassation appeal, the accused denounces the violation of articles 142, 184, 363, and 369 of the Code of Criminal Procedure, in that the defect of lack of reasoning was incurred because the proven facts have no evidentiary support whatsoever. The claim is developed based on the following arguments:
Improper application of the rules on the statute of limitations (prescripción). Covered by the provisions of article 32 of the Code of Criminal Procedure, the defendant argues the following: a) The Court failed in the principle of objectivity when it resolved that the acts under investigation are not time-barred (prescritos), for which it held that we are in the presence of a crime of permanent effects; b) The judge is also not correct in holding that the accused's conduct is of permanent effects, since -in the view of the appellant- it has not been reliably proven that the accused expanded his pizzeria in the direction of the creek. In this regard, witness [Name10] was conclusive in affirming that said expansion was towards the side of the street, and that on the creek side, only renovation (remodeló) was done on a previously constructed area, towards which the course (cause) of the former was diverted many years ago, therefore any term of the statute of limitations (prescripción) has indeed elapsed.
The complaint is not admissible. This Cassation Court does not find how the trial court could violate the principle of objectivity by following the jurisprudential criterion outlined by the Cassation Court of Goicoechea in the opinion cited in the trial judgment (No. 2002.193 at 9:00 a.m. on March 8, 2002, where others are also cited), which the undersigned cassation judges of San Ramón also endorse and share, in the sense that the invasion of a protective zone provided for by articles 33 and 58 subsection a) of the Forestry Law qualifies as a crime of permanent effects according to article 32 of the Code of Criminal Procedure. In this regard, one cannot lose sight of the fact that the illicit construction carried out by the defendant still remains in the place, it being notorious that by currently continuing to possess the cited property (including said building), he remains constantly and continuously perpetrating and updating said invasion.
This implies that as long as the defendant remains in such conditions, day after day his criminal conduct continues to fit the applied criminal type, harming the protected legal interest. Finally, as reasoned in the previous considering, contrary to what the appellant maintains, the trial judgment did hold it as certain that the accused carried out a new construction in the protected area of the bed of the Quebrada Sucia, from which all the objective elements required by the applied criminal type are met. Based on the foregoing, the complaint is dismissed in all its extremes.
III.FIFTH GROUND (procedural): Inadequate reasoning of the "acción civil resarcitoria" (civil action for damages). In this ground, the defendant challenges the civil judgment issued by the trial court, which he claims violated the provisions of articles 142, 148, 363, and 365 of the Código Procesal Penal. He bases his objection on the following: "We do not accept" that, as the court indicates, the mere fact of building on a protected area is sufficient to grant the acción civil resarcitoria (civil action for damages) and, by virtue thereof, to order the demolition of what was built. In this regard, the matter of the construction permits granted by the Municipal Council is omitted, whereby the judge bypasses the procedures and formalities of the Código Municipal, the Ley General de Administración Pública, and other related laws. The demolition should be left "for the appropriate moment," if the criminal sentence becomes final.
The complaint is not admissible. As stated in the preceding recitals, the trial judge reasoned in a clear and coherent manner how, based on the evidence presented at trial, it was proven that, in fact, without any permit whatsoever, from the end of 2003 the defendant proceeded to expand the building where his pizzeria business is located, for which purpose he carried out new construction within the protection zone of the Quebrada Sucia. It was also explained that although the defendant subsequently obtained a municipal construction and remodeling permit (which was conditional on compliance with certain requirements), because it did not conform to the requirements of the legal system, it was later revoked by the municipal entity itself. In accordance with the foregoing, it is understood that the factual basis established in the judgment necessarily leads to the conclusion that, as a natural and logical consequence of the effective invasion of the protected zone by the accused having been proven, and pursuant to the provisions of articles 140 and 367 of the Código Procesal Penal, the destruction or demolition of what was built there must be ordered, without this even needing to be considered a "civil" judgment or sanction.
In this regard, paragraph 2 of article 367 of the Código Procesal Penal expressly states that, when issuing a conviction, the court shall also decide on the confiscation (comiso) and destruction provided for by law. This latter point is precisely what derives from the criminal offense applied in this case, specifically article 58 subsection a) of the Ley Forestal: "ARTICLE 58.- Penalties. Imprisonment of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Invades a conservation or protection area, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forestry regime, regardless of the area occupied; regardless of whether it involves private lands of the State or other bodies of the Public Administration or privately owned lands. The perpetrators or participants in the act shall have no right to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands ...".
It is clear that if the cited provision expressly stipulates that the perpetrators or participants in the criminal action (invasion) shall have no right to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands, it must be inferred that this alludes to the necessary destruction of the work, for the sole purpose of restoring things to the condition they were in before said invasion. In commenting on these provisions, the legal scholar [Name17] notes the following: “... To order the restoration of things to their prior state, it is not necessary for the acción civil resarcitoria (civil action for damages) to have been filed (Cf. Art. 367 paragraph 3 of the C.P.P.), but a request from the victim is necessary ...”, Llobet Rodríguez (Javier), “PROCESO PENAL COMENTADO”, Editorial Jurídica Continental, San José. 3rd edition, November 2006, page 257. Moreover, the demolition order included in the judgment on the merits (which logically will only cover the new construction that affected the protected zone of the Quebrada Sucia riverbed), in this case, will not be carried out until the definitive finality of the judgment on the merits, just as the defense requests, because it was so ordered by the Judge.
The present argument completely lacks merit, since during the processing of the case, the option contemplated in article 140 of the Código Procesal Penal was not even utilized as a precautionary or provisional measure. Based on the foregoing, the complaint is dismissed in all its aspects.
POR TANTO:
The appeal on cassation (recurso de casación) filed by the defendant is dismissed. NOTIFÍQUESE.
Mario Alberto Porras Villalta Guillermo Sojo Picado Martín Alfonso Rodríguez Miranda Jueces de Casación Penal Causa por invasión de área protegida c/ [Name1] of/ Los Recursos Forestales Exped. Nº 04-201503-431-PE Dilig/ lore*
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Res: 2007-00254 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN SEGUNDA. San Ramón, a las diez horas diez minutos del cuatro de mayo de dos mil siete.
RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , quien es mayor de edad, cédula de identidad número CED1 - , vecino de Santa Elena de Monteverde; por dos delitos de VIOLACIÓN DE SELLOS como cometidos en perjuicio de LA AUTORIDAD PÚBLICA y un delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en su Modalidad de Invasión a Area de Protección como cometido en daño de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Mario Alberto Porras Villalta, Guillermo Sojo Picado y Martín Alfonso Rodríguez Miranda. Se apersonan en casación el imputado [Nombre2] , el licenciado [Nombre3] , Fiscal Auxiliar del Ministerio Público de Puntarenas quien interpusieron recurso de casación.
RESULTANDO:
Redacta el Juez de Casación [Nombre5] ; y,
CONSIDERANDO:
Cuestionamiento de la prueba, del análisis jurisdiccional, y de los hechos que se tuvieron por probados. En estos cuatro motivos el impugnante plantea varios reclamos afines, todos centrados en su abierta discrepancia y cuestionamiento de la prueba de cargo, así como del análisis que en torno a la misma hiciera el tribunal de instancia, lo que le permite desconocer el hecho que se tuvo por probado, sustituyéndolo por el que personalmente estima que debió tenerse como tal. En contenido de estos tres motivos es el siguiente: (1).- PRIMER MOTIVO (forma): Falta de fundamentación. En el primer motivo de su recurso de casación, el imputado denuncia el quebranto de los artículos 142, 184, 363, y 369 del Código Procesal Penal, por cuanto se incurrió en el vicio de falta de fundamentación debido a que los hechos probados no tienen sustento probatorio alguno. El reclamo se desarrolla a partir de los siguientes alegatos:
Indebida aplicación de las normas sobre prescripción. Amparado en lo dispuesto por el artículo 32 del Código Procesal Penal, el encartado argumenta lo siguiente: a) El Tribunal faltó al principio de objetividad cuando resolvió que los hechos investigados no están prescritos, para lo cual sostuvo que se está en presencia de un delito de efectos permanentes; b) El juzgador tampoco lleva razón al sostener que la conducta del imputado es de efectos permanentes, pues -en criterio de quien recurre- no se ha demostrado fehacientemente que el imputado ampliara su pizzería en dirección a la quebrada. Al respecto se tiene que el testigo [Nombre10] fue terminante al afirmar que dicha ampliación fue hacia el lado de la calle, y que al lado de la quebrada sólo se remodeló sobre un área previamente construida, hacia la cual fue desviado el cauce de aquella desde hace muchos años, por lo cual sí ha operado cualquier término de prescripción.
La queja no es atendible. No encuentra este Tribunal de Casación cómo el órgano de mérito pudo violar el principio de objetividad por el hecho de seguir el criterio jurisprudencial esbozado por el Tribunal de Casación de Goicoechea en el voto que se cita en la sentencia de mérito (Nº 2002.193 de las 9:00 horas del 8 de marzo de 2002, donde a su vez se citan otros más), el cual asimismo prohíjan y comparten los suscritos jueces de casación de San Ramón), en el sentido de que la invasión de una zona protectora prevista por los artículos 33 y 58 inciso a) de la Ley Forestal, califica como un delito de efectos permanentes conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal. Al respecto no podría perderse de vista que la construcción ilícita que realizó el encartado aún permanece en el lugar, siendo notorio que al seguir poseyendo en la actualidad el citado inmueble (incluida dicha edificación), permanece de manera constante y continua perpetrando y actualizando dicha invasión.
Ello implica que mientras el encartado permanezca en tales condiciones, día a día su conducta delictiva sigue ajustándose al tipo penal aplicado, lesionando el bien jurídico tutelado. Por último, según se razonó en el anterior considerando, contrario a lo que sostiene el impugnante en la sentencia de mérito sí se tuvo por cierto que el imputado realizó una construcción nueva en el área protegida del cauce de la Quebrada Sucia, de donde se cumple con todos los elementos objetivos que requiere el tipo penal aplicado. Con base en lo anterior, se declara sin lugar la queja en todos sus extremos.
Indebida fundamentación de la "acción civil resarcitoria". En este motivo el imputado cuestiona la condenatoria civil que dictó el órgano de instancia, con la cual habría violado lo dispuesto por los artículos 142, 148, 363 y 365 del Código Procesal Penal. Hace consistir su reproche en lo siguiente: "No aceptamos" que, conforme lo indica el tribunal, el simple hecho de construir sobre un área protegida es suficiente para declarar con lugar la acción civil resarcitoria, y en virtud de ello ordenar la demolición de lo edificado. Al respecto se omite lo referente a los permisos constructivos que otorgó el Concejo Municipal, con lo que el juez se salta los procedimientos y trámites del Código Municipal, Ley General de Administración Pública y otras conexas. El derribo se debe dejar "para el momento correspondiente", si la sentencia penal quedara firme. La queja no es atendible. Tal y como se ha indicado en los considerandos anteriores, el juez de instancia razonó de modo claro y coherente cómo, a partir de la prueba evacuada en debate, se llegó a tener por demostrado que, en efecto, sin contar con permiso alguno, desde finales del año 2003 el imputado procedió a ampliar el edificio donde se ubica su negocio de pizzería, para lo cual realizó una construcción nueva dentro de la zona de protección de la Quebrada Sucia.
También se explicó que si bien el encartado, a posterior, obtuvo un permiso municipal de construcción y remodelación (el que estaba condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos), debido a que el mismo no se ajustaba a los requerimientos del ordenamiento jurídico fue posteriormente revocado por el propio ente municipal. De acuerdo con lo anterior, se comprende que la base fáctica fijada en sentencia conduce necesariamente a que, como una consecuencia natural y lógica al haberse acreditado la efectiva invasión de la zona protegida por parte del acusado, y según lo dispuesto por los artículos 140 y 367 del Código Procesal Penal, deba ordenarse la destrucción o demolición de lo ahí construido, sin que ello deba considerarse siquiera una "condena" o "sanción" de naturaleza civil. Al respecto se tiene que el párrafo 2º del artículo 367 del Código Procesal Penal expresamente indica que, al dictar sentencia condenatoria, el tribunal también deberá decidir sobre el comiso y la destrucción, previstos en la ley.
Esto último es precisamente lo que se deriva del tipo penal aplicado en la especie, concretamente el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal: "ARTÍCULO 58.- Penas. Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos ...". Es claro que si la norma citada expresamente prevé que los autores o partícipes de la acción delictiva (invasión) no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos, se debe colegir que con ello se está haciendo alusión a la necesaria destrucción de la obra, ello con el único propósito de restituir las cosas al estado en que se hallaban antes de dicha invasión.
Al comentar estas normas, el tratadista [Nombre17] apunta lo siguiente: “... Para ordenar el restablecimiento de las cosas al estado anterior, no se necesita que se haya ejercido la acción civil resarcitoria (Cf. Art. 367 párrafo 3º del C.P.P.), pero sí se necesita solicitud del ofendido ...”, Llobet Rodríguez (Javier), “PROCESO PENAL COMENTADO”, Editorial Jurídica Continental, San José. 3ª edición, noviembre de 2006, página 257. Por otra parte, la orden de derribo incluida en la sentencia de mérito (la que lógicamente sólo abarcará la nueva construcción que afectó la zona protegida del cauce de la Quebrada Sucia), en este caso no se hará efectiva sino hasta la firmeza definitiva del fallo de mérito, tal y como lo solicita la defensa, pues así fue dispuesto por el Juzgador. El presente alegato carece por completo de interés, pues durante la tramitación del proceso ni siquiera se optó por la facultad que contempla el artículo 140 del Código Procesal Penal como medida cautelar o provisional. Con base en lo anterior, se declara sin lugar la queja en todos sus extremos.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el imputado. NOTIFÍQUESE.
Mario Alberto Porras Villalta Guillermo Sojo Picado Martín Alfonso Rodríguez Miranda Jueces de Casación Penal Causa por invasión de área protegida c/ [Nombre1] of/ Los Recursos Forestales Exped. Nº 04-201503-431-PE Dilig/ lore*
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