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Forfeiture of vessels in illegal drift-net fishingComiso de embarcaciones en pesca ilegal con trasmallo

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

Partially annuls the first-instance judgment and orders forfeiture of the vessels and accessories used by the defendants in the illegal fishing; dismisses the defense appeal and upholds the conviction and fine.Anula parcialmente la sentencia de primera instancia y ordena el comiso de las embarcaciones y accesorios utilizados por los imputados en la pesca ilegal; rechaza el recurso de la defensa y mantiene la condena y la multa impuestas.

SummaryResumen

The Court of Cassation resolves two appeals against a conviction by the Pococí and Guácimo Criminal Court, which found two fishermen guilty of violating Article 102 of the Wildlife Conservation Law (No. 7317) for using drift nets at the mouth of the Río Colorado. The Public Prosecutor appealed the trial judge's refusal to order forfeiture of the vessels used in the crime. The Cassation Court grants the appeal on the merits and orders seizure of the boats and their accessories, ruling that they constitute instruments of the offense under Articles 102 and 123 of the Wildlife Law, Article 110 of the Penal Code, and Article 9(2) of the Regulation. The court clarifies that forfeiture is a complementary criminal sanction of a subjective nature, not a civil consequence. The public defender's appeal is dismissed; allegations of flawed evidentiary reasoning and an illegitimate witness statement are rejected, as the testimony was lawfully admitted and the evidence sufficiently supported the verdict. The conviction and fine are upheld, augmented by the loss of the equipment used in illegal fishing.La sentencia del Tribunal Superior de Casación resuelve dos recursos de casación contra un fallo del Juzgado Penal de Pococí y Guácimo que condenó a dos pescadores por infringir el artículo 102 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (N° 7317) al emplear trasmallos en la desembocadura del Río Colorado. El Ministerio Público impugnó la omisión del comiso de las embarcaciones utilizadas en el ilícito. El Tribunal de Casación acoge el recurso de fondo y ordena el decomiso de las naves y sus accesorios, al considerar que constituyen instrumentos del delito según los artículos 102 y 123 de dicha ley, el artículo 110 del Código Penal y el numeral 9° aparte 2 del Reglamento. Aclara que el comiso es una sanción penal complementaria de carácter subjetivo, no una consecuencia civil. Se rechaza el recurso de la defensa, que alegaba vicios de valoración probatoria, falta de derivación lógica e ilegitimidad de un testimonio, por no advertirse ningún defecto que invalide la condena. Se confirma la responsabilidad penal de los imputados y la multa impuesta, adicionando la pérdida de los bienes empleados en la pesca ilegal.

Key excerptExtracto clave

It is undisputed, therefore, that the seized vessels constituted the instrumentalities (“corpus instrumentorum”) intentionally used by the perpetrators in the illegal fishing they carried out. By virtue of the aforementioned provisions and Article 110 of the substantive criminal code, which clearly provides that “the commission of a crime entails the loss, in favor of the State, of the instrumentalities used to commit it and of the things or proceeds derived therefrom,” the appellant’s complaint is well founded, and under these circumstances the judgment is partially annulled and the forfeiture of the vessels, their accessories, and the other objects used by the accused during the events giving rise to the conviction is ordered, without prejudice to any better right that third parties may assert over the ownership of said property. Forfeiture in this case constitutes a complementary criminal sanction, added to the financial penalty imposed, taking the form of a cumulative punishment, even though our repressive statute erroneously places it in the chapter relating to the “civil consequences of the crime.” In this regard, it must be noted that it cannot be considered a civil sanction, because it serves no compensatory purpose, nor does it partake of the private character that defines civil liability, nor is it an impersonal measure; quite the contrary, it is governed by criteria of subjective responsibility, the sole limitation being its inapplicability when the property belongs to a third party—an extension, however, governed by principles distinct from those that govern the scope of civil liability.Es inconcuso, entonces, que las embarcaciones decomisadas constituyeron los instrumentos («corpus instrumentorum») intencionalmente utilizados por los agentes en la ilegal pesca que realizaban. Por las disposiciones citadas y el ordinal 110 del texto penal sustantivo que dispone claramente que "el delito produce la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y de las cosas o valores provenientes de su realización", resulta atendible el reproche del recurrente, y, en esas condiciones, se anula parcialmente el fallo y se dispone el comiso de las embarcaciones con sus accesorios y demás objetos utilizados por los incriminados durante los hechos motivantes de la condena, salvo mejor derecho que aleguen terceros sobre la propiedad de dichos bienes. Se trata el comiso en este caso de una sanción penal complementaria, sumada a la económica dispuesta, asumiendo la modalidad de un cúmulo punitivo, aunque nuestro texto represivo la contenga erróneamente en el capítulo referente a las "consecuencias civiles del delito". A este respecto cabe acotar que no puede tratarse de una sanción civil, por no tener fines reparadores del daño, ni participar del carácter privado que caracteriza la responsabilidad civil, ni tratarse de una medida impersonal, todo lo contrario, atiende a criterios de responsabilidad subjetiva, con el único límite de la improcedencia cuando los bienes pertenecen a un tercero, extensión, empero, regulada por principios distintos a los reguladores de la extensión de la responsabilidad civil.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Sin duda la Ley de Conservación de la Vida Silvestre establece en el citado numeral, que «será sancionado con multa de diez mil colones a cuarenta mil colones, convertible en pena de prisión de dos a ocho meses y con el comiso del equipo o material correspondiente, quien pesque en aguas continentales...»."

    "Undoubtedly, the Wildlife Conservation Law establishes in the cited article that 'whoever fishes in inland waters... shall be punished with a fine of ten thousand to forty thousand colones, convertible into imprisonment of two to eight months, and with forfeiture of the relevant equipment or material.'"

    Considerando I.1

  • "Sin duda la Ley de Conservación de la Vida Silvestre establece en el citado numeral, que «será sancionado con multa de diez mil colones a cuarenta mil colones, convertible en pena de prisión de dos a ocho meses y con el comiso del equipo o material correspondiente, quien pesque en aguas continentales...»."

    Considerando I.1

  • "El ordinal 123 del mismo ordenamiento dispone: «Todas las armas y equipo decomisados por infracciones a la presente Ley y a su Reglamento, serán puestos a la orden de la autoridad judicial competente... La comprobación de la infracción produce la pérdida de lo decomisado, en favor del Estado.»"

    "Article 123 of the same statute provides: 'All weapons and equipment seized for violations of this Law and its Regulations shall be placed at the disposal of the competent judicial authority... Proof of the violation shall result in the loss of the seized items, in favor of the State.'"

    Considerando I.1

  • "El ordinal 123 del mismo ordenamiento dispone: «Todas las armas y equipo decomisados por infracciones a la presente Ley y a su Reglamento, serán puestos a la orden de la autoridad judicial competente... La comprobación de la infracción produce la pérdida de lo decomisado, en favor del Estado.»"

    Considerando I.1

  • "Se trata el comiso en este caso de una sanción penal complementaria, sumada a la económica dispuesta, asumiendo la modalidad de un cúmulo punitivo, aunque nuestro texto represivo la contenga erróneamente en el capítulo referente a las «consecuencias civiles del delito»."

    "Forfeiture in this case constitutes a complementary criminal sanction, added to the financial penalty imposed, taking the form of a cumulative punishment, even though our repressive statute erroneously places it in the chapter relating to the 'civil consequences of the crime.'"

    Considerando I.1

  • "Se trata el comiso en este caso de una sanción penal complementaria, sumada a la económica dispuesta, asumiendo la modalidad de un cúmulo punitivo, aunque nuestro texto represivo la contenga erróneamente en el capítulo referente a las «consecuencias civiles del delito»."

    Considerando I.1

  • "El principio de inmediación de prueba impide a este Tribunal valorar intrínsicamente el valor probatorio de los elementos conviccionales."

    "The principle of immediacy of evidence prevents this Court from intrinsically assessing the probative value of the evidentiary elements."

    Considerando II.1

  • "El principio de inmediación de prueba impide a este Tribunal valorar intrínsicamente el valor probatorio de los elementos conviccionales."

    Considerando II.1

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

462-F-95.

SUPERIOR COURT OF CASSATION. San José, at nine hours and fifty-five minutes on the seventeenth of August, nineteen ninety-five.- Cassation Appeal filed in the present case against [[Nombre1]], known as [Nombre2], of legal age, twenty-five years old, single, fisherman by trade, Costa Rican, with identity card number CED1, son of [Nombre3] and [Nombre4], native of Limón on February 18, 1968, and against [Nombre5], of legal age, thirty-five years old, married, fisherman by trade, Costa Rican, with identity card number CED2, son of [Nombre6], native of San José, January 1, 1958, for the crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE CONSERVATION LAW, committed to the detriment of WILDLIFE. The attorneys [Nombre2], [Nombre3], and [Nombre4] participate in the decision of the appeal. Appearing in cassation were Attorney [Nombre5], in her capacity as public defender of the accused [[Nombre1]], and Attorney [Nombre6], representing the Public Prosecutor's Office.

WHEREAS.

  • 1)That by judgment issued at ten hours on the twenty-third of December, nineteen hundred ninety-four, the Criminal Court of Pococí and Guácimo resolved: "THEREFORE: For the stated reasons, rules of sound rational criticism, and articles 35, 39, and 41 of the Political Constitution, 1, 392, 393, 395, 396, 399, 421, and 542 all of the Code of Criminal Procedure, articles 68, 102 of the Wildlife Conservation Law number 7317 and its regulation in its article 2, in resolving the present case, it is agreed: To declare [[Nombre1]] and [Nombre7] perpetrators and solely responsible for violating the Wildlife Conservation Law in its article 102, and therefore a sanction is imposed on the former of twenty-five thousand colones fine convertible to one hundred days of imprisonment in case of non-payment, and on the latter twelve thousand five hundred colones fine convertible to one hundred days of imprisonment in case of non-payment; likewise, the confiscation (comiso) of all instruments or equipment used for illegal fishing is ordered, except for the corresponding vessels. The costs of the trial are borne by the accused, and the expenses of the process are borne by the State. Attorney [Nombre8]. (Judge)". (Sic).- 2) That against the preceding ruling, the Representative of the Public Prosecutor's Office, Attorney [Nombre7], and Attorney [Nombre8] [Nombre9], in her capacity as public defender of the accused [[Nombre1]], filed a Cassation Appeal.
  • 3)That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 481 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the Appeal.
  • 4)That in the proceedings, the pertinent legal prescriptions have been observed.

Drafted by the Superior Judge, Attorney [Nombre10], and;

CONSIDERING.

Attorney [Nombre7] and Attorney [Nombre5], in their order the Prosecuting Attorney of Pococí and Public Defender of the defendant [[Nombre1]], appeal the judgment issued by the Criminal Judge of Pococí and Guácimo at ten hours on the twenty-third of December, nineteen hundred ninety-four. The first appellant alleges substantive defects in the ruling, while the second alleges formal criticisms.

I. Appeal of the Representative of the Public Prosecutor's Office

1. Appeal on the merits.

As the sole substantial defect, Attorney [Nombre11] claims a violation of article 102 of the Wildlife Conservation Law . The central motive of the claim relates to the confiscation (comiso) of the vessels used by the accused to commit the alleged crime, which the judge refused to order despite the fact that, in the appellant's judgment, both the cited numeral and article 110 of the Penal Code authorize such an action. The claim is upheld. The appellant is correct. Without a doubt, the Wildlife Conservation Law establishes in the cited numeral that «whoever fishes in inland waters—rivers, streams, and creeks up to their mouth, lakes, lagoons, and reservoirs—of national property, using explosives, spear guns, cast nets, seine nets (chinchorros), multiple lines, trammel nets (trasmallo), or any other method that endangers the continuity of the species... shall be sanctioned with a fine of ten thousand colones to forty thousand colones, convertible to a prison sentence of two to eight months, and with the confiscation (comiso) of the corresponding equipment or material.». Ordinance 123 of the same body of law provides: «All arms and equipment seized for violations of this Law and its Regulation shall be placed at the order of the competent judicial authority... Verification of the violation produces the loss of what was seized, in favor of the State. The General Directorate of Wildlife of the Ministry of Natural Resources, Energy, and Mines may destroy or utilize the equipment or artifacts fallen into confiscation (comiso), when it deems it pertinent...». Meanwhile, the Regulation to that Law provides in numeral 9, paragraph 2, the following: «Once a final judgment is issued in the Courts of Justice for the commission of an illicit act typified in the LCVS, the DGVS will utilize or destroy the equipment or artifacts fallen into confiscation (comiso), according to the following procedure: 1... 2. When it concerns equipment to be utilized by the DGVS, it will be marked and registered as property of the State, complying with the procedures established for that purpose...».

One observes how the spirit of the legislator was to establish a restriction on the offender consisting of the diminution of his assets, in addition to the ordered penalty, confiscating (comisándole) the instruments with which he acted illicitly, goods that are ordered to be entered into the State's patrimonial holdings. The objects confiscated in judgment must be given "the destination that corresponds," provides numeral 535 of the criminal procedural law, a destination that the commented special law has clearly provided, as discussed.

The sentencing Judge, in omitting to order the confiscation (comiso), reasons by pointing out that the law in this regard is imprecise, as it does not adequately define the concept "corresponding equipment or material" and doubts whether vessels are included within it. The law makes no discrimination regarding equipment, which may constitute utensils, instruments, and any type of apparatus, manual, mechanical, or powered by any other technical means, which allows the activity of fishing to be carried out in a suitable manner. In the sub judice case, it was proven by the judge that "[Nombre2] and [Nombre7], commanding the 'Kabalgata' and the 'Alkania' respectively, were picking up eleven trammel nets (trasmallos) that hours earlier had been placed 300 meters south of the mouth of the Colorado River in Barra del Colorado," with the Inspectors of the General Directorate of Wildlife and officials of the Ministry of Public Security proceeding to intercept "their crew and captured product...(and) proceed to the seizure (decomiso) of the vessels, trammel nets (trasmallos), and approximately 450 kilos of fish of the species calva, cuminate, and roncador" (sic), in addition to the rest of the implements listed in the section of proven facts. It is unquestionable, then, that the seized vessels constituted the instruments («corpus instrumentorum») intentionally used by the agents in the illegal fishing they were carrying out. By virtue of the cited provisions and ordinance 110 of the substantive criminal text, which clearly provides that "the crime produces the loss in favor of the State of the instruments with which it was committed and of the things or values derived from its commission," the appellant's criticism is admissible, and, under these conditions, the ruling is partially annulled and the confiscation (comiso) of the vessels with their accessories and other objects used by the accused during the acts motivating the conviction is ordered, subject to better rights claimed by third parties over the ownership of said goods. The confiscation (comiso) in this case is a complementary criminal sanction, added to the economic one ordered, taking the form of a punitive cumulation, although our repressive text erroneously contains it in the chapter referring to the "civil consequences of the crime." In this regard, it is pertinent to note that it cannot be a civil sanction, as it has no reparative aims for the damage, nor does it participate in the private nature that characterizes civil liability, nor is it an impersonal measure; quite the opposite, it responds to criteria of subjective liability, with the sole limit of its inadmissibility when the goods belong to a third party, an extension, however, regulated by principles different from those regulating the extension of civil liability. (See in this regard "La responsabilidad civil derivada del hecho punible". [Nombre12], [Nombre13]. Editorial Juricentro. San José, 1984 pp. 376).

II. Appeal of the Public Defender. (Appeal on procedural grounds)

1. The appellant claims in the first procedural claim a violation of the rules of sound rational criticism, for failure to observe the principle of derivation. She alleges infringement of articles 226, 393, paragraph 2, and 400, section 4, of the Code of Criminal Procedure. The central foundation of the criticism consists of the judge having relied on the statement of a witness, [Nombre10], to sustain as the core thesis of the conviction that the defendant [[Nombre1]] was carrying out the action of illegal fishing in a prohibited zone. The critique is directed at the fact that the Judge assessed from the testimony of [Nombre14] that what was affirmed by the deponents [Nombre12], [Nombre13], and [Nombre14], regarding the fishing being carried out in a non-prohibited zone, was not true. The Judge points out that those witnesses indicated that they were fishing quite far from the river mouth, in an authorized zone, and that prior to placing the trammel nets (trasmallos) they consulted with Naval officials, who authorized them to do so in that location, when it is inferred from the deposition of [Nombre14], a member of that security force, that although it is true that he spoke with those people, that occurred one day before the facts, when the trammel nets (trasmallos) were at a prudent distance from the river mouth. The appellant points out that these assessments by [Nombre14] are not recorded in what was transcribed by the Judge in the ruling. The claim is rejected. The principle of evidentiary immediacy prevents this Court from intrinsically assessing the probative value of the conviction elements. The judge affirms that the witness indicated that the defendant had placed the trammel nets (trasmallos), the day before, at a "prudent distance" from the river mouth, that is, in a permitted zone for carrying out the activity of fishing, but that around eleven at night he was able to observe them at the river mouth, an area prohibited for that type of action. This assessment by the judge in the analysis of that testimony cannot be censured in this instance, as it escapes the exceptional competence of cassation. It must be taken into account that the judgment is structured as a logical unit, and while the established factual picture must correspond to the evidentiary material received, such an assessment arises from the entire context of the ruling and not in fragmented parts. But, furthermore, even if the appellant could be considered, hypothetically, to have some reason, the fact is that the operative part records, based on the rest of the conviction elements, above all testimonial, that the defendant was caught with the trammel nets (trasmallos) carrying out fishing in a non-permitted zone. And, essentially, what the appellant seems to dispute is that the accused could have some permit or authorization to do so in that sector of the river mouth, or that he may have doubted the area in which he was when carrying out the fishing. In this respect, the judge rightly states: «To all the foregoing we must add that the accused here were not apprentices or inexperienced; they knew their trade well—and they know it—just as they know the regulations in force regarding fishing, because they have worked in that trade for more than twelve years; hence it cannot be said that they were unaware of the prohibition against fishing in the river mouths, or of the fixed signage—the guard post—set up by the park rangers of the place before it was delimited with buoys and bamboo, delimitation in any case irrelevant since the vessels must provide themselves with the necessary instruments to indicate their location..." (sic). Consequently, the defect claimed as missing by the appellant is not observed.

2. A second criticism is founded on the incorporation, as decisive evidence for resolving, of what was stated orally in the hearing by [[Nombre15]], when he was a deponent challenged for having expressed an opinion extrajudicially. She considers articles 41 of the Political Constitution, 29, paragraph 8), 34, and 242 et seq. and concordant of the Code of Criminal Procedure to have been breached. The claim is not admissible. From the hearing record, the judgment document, nor the appeal, does this Court perceive that Mr. [[Nombre15]] might have previously expressed any opinion regarding the facts under investigation and motivating the accusation. And if it is because [Nombre16] affirmed, according to the operative part, that "the people in the area have become aware because it has been explained that massive and uncontrolled capture will lead in the future to the disappearance of the species and as a consequence the disappearance of the fishing activity in the place, which created concern among the fishermen of Barra del Colorado, now they are willing to collaborate," it cannot be affirmed that this is an advance disclosure of opinion. He is simply expressing what was made known to the fishermen to prevent the extinction of species, as a future fact to occur if the possibility of restricting the massive capture was not considered. And if it is due to some comment he made to the representation of the Public Prosecutor's Office, it is not recorded what type of statements he made and if they dealt with some technical issue that would subsequently affect his later deposition. Furthermore, the assertion that Mr. [Nombre16] made in the hearing, as a witness and not as an expert, consisting of the assessment that the captured species were freshwater species and are rarely found in saline waters, not only resulted from his declaration but, the judge says, from the witnesses [Nombre17], [Nombre18], and [Nombre19], who affirmed that "among the captured fish there were many fish ready to spawn, which gives us a precise, serious, and grave indication that, added to the direct evidence received, gives us the positive judgment of certainty necessary for the pronouncement of a conviction" (sic). The witnesses in reference asserted, according to the judgment, that the trammel nets (trasmallos) placed for fishing were in the vicinity of the river mouth, which, with logic, the judge concludes, as indicated, that the illegal fishing activity was being carried out by the accused in a prohibited zone, because it is precisely there where the fish arrive to spawn. In that sense, not only by [[Nombre15]]'s opinion was the participation of the accused in the facts proven, but also by the rest of the cited evidentiary elements, a critical examination that this Court cannot re-evaluate. What is ultimately true, and is the essential fact of the accusation, is that the accused was fishing with a trammel net (trasmallo) in prohibited areas, since he was doing so at the mouth of a river, endangering the continuity of the species, conduct subsumed under ordinance 102 of the Wildlife Conservation Law .

3. The third and last motive of the appellant is based on illegitimate reasoning of the ruling, in contravention of the provisions of numerals 106, 226, and 400, section 4, of the Code of Criminal Procedure. She indicates that when Mr. [[Nombre15]] was challenged in the hearing, and the Judge relied on his deposition, it rendered the judgment null and void because the former constituted illegitimate evidence. This grievance is also rejected. The declaration of [Nombre16] [Nombre17] was not obtained illicitly. His participation was challenged, but the lower court considered the cause non-existent. This Court does not observe any irregular procedure in the deposition of the cited deponent. The fact that he may have where the facts occurred does not necessarily disqualify the reliability of his statement. If it were assumed, hypothetically, that before giving his version in judicial court, [[Nombre15]] had species existing in that area, it is an aspect that in no way affects the validity of his testimony. And if that is so, the judge's attitude of giving greater credit to that statement, to detract from other declarations, is not censurable, if one takes into account that the selective criterion chosen by the judge is exclusively within her competence. The person who determines the value of the evidence is the judge, even if the content of [[Nombre15]]'s declaration were to be assessed as an expert report. This Court does not observe that the lower court incurred in a manifest absurdity in treating that data point, nor that the deposition was assessed in isolation, as expressed supra, in a manner that could leave the ruling unfounded. Consequently, the claimed legal infractions did not occur.

THEREFORE:

The cassation appeal filed by the Public Prosecutor's Office on the merits is declared WITH MERIT, decreeing the confiscation (comiso) of the vessels, their accessories, and other elements seized from the accused. The challenge presented by the Public Defender, Attorney [Nombre5], is declared WITHOUT MERIT. Let the proceedings be returned to the office of origin. (Exp. 177-4-95)

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462-F-95.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACION. San José, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco.- Recurso de Casación interpuesto en la presente causa seguida contra [[Nombre1]], conocido como [Nombre2], mayor, de veinticinco años de edad, soltero, de oficio pescador, costarricense, con cédula de identidad número CED1, hijo de [Nombre3] y de [Nombre4], nativo de Limón el 18 de Febrero de 1968, y contra [Nombre5], mayor, de treinta y cinco años de edad, casado, de oficio pescador, costarricense, con cédula de identidad número CED2, hijo de [Nombre6], nativo de San José, 1 de enero de 1958, por el delito de INFRACCION A LA LEY DE CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE, cometido en perjuicio de LA VIDA SILVESTRE. Intervienen en la decisión del recurso, los Licenciados [Nombre2], [Nombre3] y [Nombre4]. Se apersonaron en casación la Licenciada [Nombre5], en su carácter de defensora pública del imputado [[Nombre1]] y el Licenciado [Nombre6], en Representación del Ministerio Público.

RESULTANDO.

  • 1)Que mediante sentencia dictada a las diez horas del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el Juzgado Penal de Pococí y Guácimo resolvió: " POR TANTO: Razones dichas, reglas de la sana crítica racional y artículos 35, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 392, 393, 395, 396, 399, 421 y 542 todos del Código de Procedimientos Penales, artículos 68, 102 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre número 7317 y su reglamento en su artículo 2, al resolver la presente causa se acuerda: Declarar a [[Nombre1]] y [Nombre7] autores y únicos responsables de infringir la Ley de Conservación de Vida Silvestre en su artículo 102 y por ello se les impone como sanción al primero veinticinco mil colones de multa convertible en cien días de prisión en caso de no pago, y al segundo doce mil quinientos colones de multa convertible en cien días de prisión en caso de no pago; igualmente se ordena el comiso de todos los instrumentos o equipos utilizado para la pesca ilegal, salvo la embarcaciones correspondientes. Son las costas del juicio a cargo de los imputados y corren por cuenta del Estado los gastos del proceso. Licda. [Nombre8]. (Juez)". (Sic).- 2) Que contra el anterior pronunciamiento, la Representante del Ministerio Público, Licenciada [Nombre7], y la Licenciada [Nombre8] [Nombre9], en su carácter de defensora pública del imputado [[Nombre1]] interpusieron recurso de Casación.
  • 3)Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 481 del Código de Procedimientos Penales, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso.
  • 4)Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez Superior. Lic. [Nombre10], y;

CONSIDERANDO.

Recurren las Licenciadas [Nombre7] y [Nombre5], por su orden Agente Fiscal de Pococí y Defensora Pública del encartado [[Nombre1]], de la sentencia dictada por el Juez Penal de Pococí y Guácimo de las diez horas del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. La primera impugnante alega vicios de fondo del fallo, en tanto la segunda reproches de orden formal.

I. Recurso de la Representante del Ministerio Público

1. Recurso por el fondo.

Como único vicio sustancial reclama la Licenciada [Nombre11] violación al artículo 102 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. El motivo central del reclamo se relaciona con el comiso de las embarcaciones utilizadas por los inculpados para cometer el delito acusado, y que el juzgador se resistió a hacerlo no obstante que, a juicio de la recurrente, tanto el citado numeral como el 110 del Código Penal, autorizan practicar tal diligencia. El reclamo se acoge. Tiene razón la impugnante. Sin duda la Ley de Conservación de la Vida Silvestre establece en el citado numeral, que «será sancionado con multa de diez mil colones a cuarenta mil colones, convertible en pena de prisión de dos a ocho meses y con el comiso del equipo o material correspondiente, quien pesque en aguas continentales -ríos, riachuelos y quebradas hasta su desembocadura, lagos, lagunas y embalses-, de propiedad nacional, empleando explosivos, arbaletas, atarrayas, chinchorros, líneas múltiples, trasmallo o cualquier otro método que ponga en peligro la continuidad de las especies...».El ordinal 123 del mismo ordenamiento dispone: «Todas las armas y equipo decomisados por infracciones a la presente Ley y a su Reglamento, serán puestos a la orden de la autoridad judicial competente... La comprobación de la infracción produce la pérdida de lo decomisado, en favor del Estado. La Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas podrá destruir o utilizar el equipo o los artefactos caídos en comiso, cuando lo considere pertinente... ». En tanto el Reglamento a esa Ley dispone en el numeral 9 aparte 2 lo siguiente: « Dictada una sentencia firme en los Tribunales de Justicia, por la comisión de un ilícito tipificado en la LCVS, la DGVS utilizará o destruirá el equipo o los artefactos caídos en comiso, de acuerdo al siguiente procediemiento: 1... 2. Cuando se trate de equipo para ser utilizado por la DGVS, se procederá a plaquearlos e inscribirlos como patrimonio del Estado, cumpliendo con los procedimientos que al efecto se encuentran establecidos...».

Se observa cómo el espíritu del legislador fue establecer una restricción al infractor consistente en la disminución de su patrimonio, además de la pena dispuesta, comisándole los instrumentos con que ha actuado ilícitamente, bienes que dispone ingresarlos al acervo patrimonial del Estado. Los objetos comisados en sentencia deben dársele "el destino que corresponda", dispone el numeral 535 de la ley de rito penal, destino que la ley especial comentada tiene claramente dispuesto según se comentó.

El Juez sentenciador al omitir ordenar el comiso razona señalando que la ley a este respecto es imprecisa, pues no define adecuadamente el concepto "equipo o material correspondiente" y duda de si dentro de él comprende las embarcaciones. La ley no hace ninguna discriminación en cuanto al equipo, pudiendo constituir utensilios, instrumentos y cualquier tipo de aparato, manual, mecánico o accionado por cualquier otro medio técnico, que permita realizar, de manera idónea, la actividad de pesca. En el subjúdice se acreditó por la juzgadora que "[Nombre2] y [Nombre7] al mando de la Kabalgata y la "Alkania" respectivamente recogían once trasmallos que horas antes habían sido colocados a 300 metros al sur de la desembocadura del Río Colorado en Barra del Colorado", procediendo los Inspectores de la Dirección General de Vida Silvestre y funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, a interceptar "su tripulación y producto capturado...(y) proceder al decomiso de las embarcaciones, trasmallos y aproximadamente 450 kilos de pescado de las especies, calva, cuminate y roncador" (sic), además del resto de implementos que enlista el aparte de hechos probados. Es inconcuso, entonces, que las embarcaciones decomisadas constituyeron los instrumentos («corpus instrumentorum») intencionalmente utilizados por los agentes en la ilegal pesca que realizaban. Por las disposiciones citadas y el ordinal 110 del texto penal sustantivo que dispone claramente que "el delito produce la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y de las cosas o valores provenientes de su realización", resulta atendible el reproche del recurrente, y, en esas condiciones, se anula parcialmente el fallo y se dispone el comiso de las embarcaciones con sus accesorios y demás objetos utilizados por los incriminados durante los hechos motivantes de la condena, salvo mejor derecho que aleguen terceros sobre la propiedad de dichos bienes. Se trata el comiso en este caso de una sanción penal complementaria, sumada a la económica dispuesta, asumiendo la modalidad de un cúmulo punitivo, aunque nuestro texto represivo la contenga erróneamente en el capítulo referente a las "consecuencias civiles del delito". A este respecto cabe acotar que no puede tratarse de una sanción civil, por no tener fines reparadores del daño, ni participar del carácter privado que caracteriza la responsabilidad civil, ni tratarse de una medida impersonal, todo lo contrario, atiende a criterios de responsabilidad subjetiva, con el único límite de la improcedencia cuando los bienes pertenecen a un tercero, extensión, empero, regulada por principios distintos a los reguladores de la extensión de la responsabilidad civil. (Véase al respecto "La responsabilidad civil derivada del hecho punible". [Nombre12], [Nombre13]. Editorial Juricentro. San José, 1984 pp. 376).

II. Recurso de la Defensora Pública.(Recurso por la forma)

1. Reclama la recurrente en el primer reclamo por la forma violación a las reglas de la sana crítica racional, por no observarse el principio de derivación. Aduce infringidos los artículos 226, 393 párrafo 2. y 400 inciso 4 del Código de Procedimientos Penales. El fundamento central del reproche consiste en haberse sustentado la juzgadora en la manifestación de un testigo, [Nombre10], para sostener como tesis medular de la condena, que el encartado [[Nombre1]], realizaba la acción de pesca ilegal en zona vedada. La crítica está dirigida a que la Jueza apreció del testimonio de [Nombre14] que lo afirmado por los deponentes [Nombre12], [Nombre13] y [Nombre14], en cuanto que la pesca la realizaban en zona no prohibida, no era cierto. Señala la Jueza que esos testigos indicaron que pescaban a bastante lejos de la boca del río, en zona autorizada, y que de previo a colocar los trasmallos consultaron con los funcionarios de la Naval, quienes les autorizaron hacerlo en ese sitio, cuando de la deposición de [Nombre14], miembro de ese cuerpo de seguridad, se desprende que aunque es cierto que fue conversaron con esas personas, eso ocurrió un día antes de los hechos, cuando los trsmallos los tenían a una distancia prudente de la desembocadura del río. La impugnante señala que esas apreciaciones de [Nombre14] no constan en lo transcrito por el Juez en el fallo. Se rechaza el reclamo. El principio de inmediación de prueba impide a este Tribunal valorar intrínsicamente el valor probatorio de los elementos conviccionales. El juzgador afirma que el testigo indicó que los trasmallos los había colocado, el día anterior el inculpado a una "distancia prudente" de la desembocadura del río, esto es en una zona permitida para realizar la actividad de pesca, pero que como a las once de la noche los pudo observar en la desembocadura del río, área vedada para ese tipo de acciones. Esta apreciación del juzgador en el análisis de ese testimonio, no puede censurarse en esta instancia, pues escapa de la competencia excepcional de casación. Debe tomarse en cuenta que la sentencia se estructura como unidad lógica, y si bien el cuadro fáctico asentado debe corresponder al material de prueba recibido, tal apreciación surge de todo el contexto del fallo y no en partes fragmentadas. Pero, además, aún cuando pudiera asistirle, por vía de hipótesis, alguna razón a la recurrente, lo cierto es que el dispositivo consigna, en base al resto de elementos conviccionales, sobre todo testimonial, que el justiciable fue sorprendido con los trasmallos realizando la pesca en zona no permitida. Y, esencialmente, lo que parece discutir la recurrente, es que el incriminado podía tener algún permiso u autorización para hacerlo en ese sector de la desembocadura del río, o haber dudado del área en que se encontraba cuando realizaba la pesca. Al respecto la juzgadora dice con acierto: «A todo lo anterior debemos agregar que los aquí imputados no eran aprendices o inexpertos, conocían bien su oficio -y lo conocen- al igual que conocen la normativa vigente en relación a pesca porque en ese oficio han trabajado por más de doce años, de ahí que no pueda decirse que no sabían la prohibición de pescar en las bocanas de los ríos, ni de la señalización fija -el rancho- fijado por los guardaparques del lugar antes de que se delimitara con boyas y bambú, delimitación de todas formas irrelevantes toda vez que las embarcaciones deben proveerse de los instrumentos necesarios que les indiquen su ubicación..." (sic). No se aprecia, en consecuencia, el vicio echado de menos por la recurrente.

2. Un segundo reproche lo fundamenta en la incorporación, como prueba decisiva para resolver, lo haber externado opinión extrajudicialmente. Estima quebrantados los artículos 41 de la Constitución Política, 29 inciso 8), 34 y 242 siguientes y concordantes del Código de Procedimientos Penales. No es de recibo el reclamo. Del acta de debate, del documento-sentencia, ni del recurso, aprecia este Tribunal pueda desprenderse que el señor [[Nombre15]] hubiese manifestado con anterioridad alguna opinión referente a los hechos investigados y que motivan la acusación. Y si es porque [Nombre16] afirmó, según el dispositivo, que "la gente en la zona ha tomado conciencia porque se ha explicado que la captura masiva y sin control acarreará en el futuro la desaparición de las especies y como consecuencia la desaparición de la actividad pesquera en el lugar, lo que creó preocupación entre los pescadores de Barra del Colorado, ahora están dispuestos a colaborar", no puede afirmarse que sea ello un anticipo de criterio. Simplemente está expresando lo que a los pescadores se les hizo de su conocimiento para prevenir la extinción de especies, como hecho futuro a acontecer si no se consideraba la posibilidad de restringir la masiva captura. Y si es por algún comentario que vertió a la representación del Ministerio Público, no está consignado qué tipo de manifestaciones realizó y si versaban sobre alguna cuestión técnica que incidiría posteriormente en su deposición ulterior. Además la aseveración que hizo el señor [Nombre16] en el debate, como testigo y no como perito, consistió en la apreciación de que las especies capturadas eran de agua dulce y que raramente se encuentran en aguas salinas, no sólo resultaba de sus declaración sino, dice la juzgadora, de los testigos [Nombre17], [Nombre18] y [Nombre19], quienes afirmaron que "entre lo capturado había muchos pescados listos para desovar, lo que viene a darnos un indicio preciso grave y serio el que sumado a la prueba directa receptada nos da el juicio de certeza positivo necesario para el dictado de una condenatoria" (sic). Los testigos en referencia aseveraron, según la sentencia, que los trasmallos colocados para la pesca estaban en las inmediaciones de la desembocadura del río, lo que, con lógica, la jueza concluye, como se indicó, que la actividad ilegal de pesca la efectuaba el imputado en zona prohibida, porque ahí, casualmente, es a donde llegan los peces a desovar. En ese sentido no sólo por la opinión de [[Nombre15]] resultaba acreditada la participación del inculpado en los hechos, sino del resto de elementos de probatorios citados, examen crítico que no puede revalorar este Tribunal. Lo que resulta cierto, en definitiva, y es el hecho esencial de la acusación, es que el imputado pescaba con trasmallo en áreas prohibidas, pues lo hacía en la desembocadura de un río, poniendo en riesgo la continuidad de la especie, conducta subsumida en el ordinal 102 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.

3. El tercero y último motivo de la recurrente lo sustenta en fundamentación ilegítima del fallo, en contravención de lo dispuesto por los numerales 106, 226 y 400 inciso 4 del Código de Procedimientos Penales. Indica que al ser recusado en el debate el señor [[Nombre15]], y apoyarse la Jueza en su deposición, tornó en nula la sentencia por tratarse aquélla de prueba ilegítima. Se rechaza también el agravio. La declaración de [Nombre16] [Nombre17] no fue obtenida ilícitamente. Fue recusada su participación pero el a-quo consideró inexistente la causal. No aprecia este Tribunal ningún procedimiento irregular en la deposición del citado deponente. El que hubiese externado alguna opinión extrajuicio sobre generalidades de corte científico en relación a la zona donde se dieron los hechos, no descalifica necesariamente la fidedignidad de su dicho. Si se asumiera por vía de hipótesis que antes de dar su versión en estrados judiciales [[Nombre15]] había especies existentes en esa área, es un aspecto que en nada afecta la validez de su testimonio. Y si es así no es censurable la actitud del juzgador de darle mayor crédito a esa manifestación, para restarle a otras declaraciones, si se toma en cuenta que el criterio selectivo escogido por la jueza es exclusivo de su exclusiva competencia. A quien corresponde determinar el valor de la prueba es al juzgador, aún cuando se apreciare al tenor de la declaración de [[Nombre15]] como informe pericial. No observa este Tribunal que la a-quo incurriera en absurdo notorio al tratar ese dato, ni que se haya apreciado la deposición aisladamente como se expresó supra, de manera que pudiera dejar el fallo infundamentado. Consecuentemente no se dieron las infracciones legales reclamadas.

POR TANTO:

Se declara CON LUGAR el recurso de casación del Ministerio Público interpuesto por el fondo, decretándose el comiso de las embarcaciones, sus accesorios y demás elementos secuestrados a los imputados. Se declara SIN LUGAR la impugnación presentada por la Defensora Licenciada [Nombre5]. Vuelvan las actuaciones a la oficina de procedencia. (Exp. 177-4-95) Lic. [Nombre2].

Licda. [Nombre3]. Lic. [Nombre4].

[Nombre21].

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Wildlife Conservation Law 7317Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 7317 Art. 102
    • Ley 7317 Art. 123
    • Código Penal Art. 110

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