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Res. 00318-1999 Tribunal de Casación Penal de San José · Tribunal de Casación Penal de San José · 20/08/1999
OutcomeResultado
The court denied the sentence review and confirmed the conviction for unauthorized forestry use on private land under Article 61(a) of Forestry Law 7575, clarifying that the erroneous citation of subsection (c) in the operative clause was a clerical error that did not invalidate the conviction.El Tribunal rechazó la revisión de sentencia y confirmó la condena por aprovechamiento forestal en propiedad privada sin permiso de la Administración Forestal del Estado, conforme al artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal 7575, aclarando que la cita errónea del inciso c) en la parte dispositiva fue un error material que no afectó la validez de la condena.
SummaryResumen
The Criminal Cassation Tribunal of San José's Second Judicial Circuit denied a sentence-review petition filed by a man convicted of illegal tree felling in Turrialba. The petitioner argued his conduct did not fit any criminal type under Forestry Law 7575 because the land was neither protected forest nor subject to a forestry regime. The court clarified that although the trial court's operative paragraph mistakenly cited Article 61(c), the legal reasoning and proven facts clearly fit Article 61(a), which punishes the use of forest products on private land without a permit from the State Forestry Administration. Evidence aimed at showing the absence of forest was therefore irrelevant. The court also rejected challenges based on use of prior convictions, sound-criticism rules, and sentence prescription.El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito de San José rechazó un procedimiento de revisión de sentencia interpuesto por un condenado por tala ilegal en Turrialba. La revisión planteaba que la conducta no tenía adecuación típica en la Ley Forestal 7575 porque el terreno no era bosque protegido ni sometido a régimen forestal. El Tribunal aclaró que, si bien la parte dispositiva del fallo de primera instancia citó erróneamente el artículo 61 inciso c), la fundamentación jurídica y los hechos demostrados encuadraban claramente en el artículo 61 inciso a), que sanciona el aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada sin permiso de la Administración Forestal del Estado. Por ello la prueba ofrecida para demostrar la ausencia de bosque resultaba impertinente. También rechazó los alegatos sobre uso de antecedentes penales, sana crítica y prescripción de la pena.
Key excerptExtracto clave
...in the operative part of the conviction there is a clear clerical error: subsection (c) of Article 61 was cited, when the proper provision was subsection (a) of that rule. Evidence of this is that the legal reasoning of the judgment establishes that Article 61 of Forestry Law No. 7575 was violated by having used forest resources over half a hectare without the corresponding permit from the General Forestry Directorate. The concept of forestry use is defined in Article 3 of the Law: '...Timber use: the act of felling, eliminating standing timber trees or using fallen trees, carried out on private land not included under Article 1 of this Law, which generates or may generate any benefit, advantage, utility or gain for the person performing it or for whom that person represents...'. For its part, Article 61(a) of the same statute provides: '...Imprisonment of one month to three years shall be imposed on whoever: a) Uses one or more forest products on private property without the permit of the State Forest Administration...'. It is clear that the charge brought against the defendant in the judgment was that he felled trees on private land in order to use the land to grow cucumbers, without the required permits... The defendant's conduct corresponds to the concept of forestry use and does find criminal typification in the referenced provision. Therefore the trial court did not violate the legality principle by sanctioning him for that criminal act, nor did it violate due process. The evidence offered in the review petition... aims to demonstrate that the site where the act occurred is not a forest, does not form part of the Forest Cadastre, has not been voluntarily submitted to a forestry regime, is not subject to a Private Forestry Regime, and does not constitute a state forest, biological, or indigenous reserve. This evidence is irrelevant because the defendant was not convicted under Article 61(c) of the Forestry Law, but rather under subsection (a), which concerns forestry use on private land....en la parte dispositiva de la sentencia condenatoria existe un evidente error material, pues se citó el inciso c) del artículo 61, cuando lo propio era el inciso a) de esa norma. Prueba de ello es que en la fundamentación jurídica del fallo se establece que se ha violado el artículo 61 de la Ley Forestal número 7575, al haber aprovechado recursos forestales, en un espacio de media hectárea, sin contar con el permiso respectivo de la Dirección General Forestal. La acción de aprovechamiento está definida en el artículo 3 de la Ley '...Aprovechamiento maderable: Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda general algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa...'. Por su parte el artículo 61 inciso a) del mismo cuerpo normativo determina '...Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado...'. Es claro que el reproche que se le hace al imputado en la sentencia es haber talado árboles, en propiedad privada, con el fin de utilizar el terreno para cultivar pepino, sin contar con los permisos respectivos... La conducta del imputado corresponde al concepto de aprovechamiento forestal y sí encuentra adecuación típica en la norma referida. Por ello el A quo no ha violado el principio de legalidad al sancionarlo por ese hecho delictivo, y por ende tampoco el debido proceso. La prueba que se ofrece en el escrito de revisión... tiene como fin demostrar que el sitio donde ocurrió el hecho no es un bosque, no forma parte del Catastro Forestal, no ha sido sometida voluntariamente a régimen forestal, no está sometida a Régimen Forestal Privado y no constituye reserva forestal, biológica o indígena del Estado. Esta prueba resulta impertinente ya que al imputado no se le condenó con base en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, sino más bien el inciso a), referido a aprovechamiento forestal en terrenos privados.
Pull quotesCitas destacadas
"...para que una acción –u omisión- constituya delito, necesariamente, debe estar prevista en una ley previa en donde se establezca en forma clara y precisa la conducta a sancionar. Si una persona resultare condenada por una conducta no tipificada, obviamente se está en presencia de una grave vulneración al principio del debido proceso..."
"...for an act or omission to constitute a crime, it must necessarily be set forth in a prior law that clearly and precisely establishes the conduct to be sanctioned. If a person is convicted of conduct that is not typified, there is obviously a serious violation of the due-process principle..."
Considerando I — cita del voto 03375-99 de la Sala Constitucional
"...para que una acción –u omisión- constituya delito, necesariamente, debe estar prevista en una ley previa en donde se establezca en forma clara y precisa la conducta a sancionar. Si una persona resultare condenada por una conducta no tipificada, obviamente se está en presencia de una grave vulneración al principio del debido proceso..."
Considerando I — cita del voto 03375-99 de la Sala Constitucional
"La conducta del imputado corresponde al concepto de aprovechamiento forestal y sí encuentra adecuación típica en la norma referida. Por ello el A quo no ha violado el principio de legalidad al sancionarlo por ese hecho delictivo, y por ende tampoco el debido proceso."
"The defendant's conduct corresponds to the concept of forestry use and does find criminal typification in the referenced provision. Therefore the trial court did not violate the legality principle by sanctioning him for that criminal act, nor did it violate due process."
Considerando I
"La conducta del imputado corresponde al concepto de aprovechamiento forestal y sí encuentra adecuación típica en la norma referida. Por ello el A quo no ha violado el principio de legalidad al sancionarlo por ese hecho delictivo, y por ende tampoco el debido proceso."
Considerando I
"Valorar el hecho de que el imputado cuenta con una condenatoria anterior no es en sí mismo violatorio del debido proceso, pues constituye un elemento incluido en las condiciones personales del sujeto activo que han de tomarse en cuenta para la imposición de la pena..."
"Considering that the defendant has a prior conviction is not in itself a violation of due process, since it constitutes an element included in the personal circumstances of the offender that must be taken into account when imposing a sentence..."
Considerando II — cita del voto 03375-99 de la Sala Constitucional
"Valorar el hecho de que el imputado cuenta con una condenatoria anterior no es en sí mismo violatorio del debido proceso, pues constituye un elemento incluido en las condiciones personales del sujeto activo que han de tomarse en cuenta para la imposición de la pena..."
Considerando II — cita del voto 03375-99 de la Sala Constitucional
"Esta prueba resulta impertinente ya que al imputado no se le condenó con base en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, sino más bien el inciso a), referido a aprovechamiento forestal en terrenos privados."
"This evidence is irrelevant because the defendant was not convicted under Article 61(c) of the Forestry Law, but rather under subsection (a), which concerns forestry use on private land."
Considerando I
"Esta prueba resulta impertinente ya que al imputado no se le condenó con base en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, sino más bien el inciso a), referido a aprovechamiento forestal en terrenos privados."
Considerando I
Full documentDocumento completo
Res: 1999-00318 CRIMINAL CASSATION TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, GOICOECHEA. August twentieth, nineteen ninety-nine.
SENTENCE REVIEW PROCEEDING filed in the present case brought against [Nombre1], [Nombre1], adult, Costa Rican, thirty-five years of age, native of Cartago, born August thirtieth, nineteen sixty-two, national identity card No. CED1, married, for the offense of ILLEGAL FELLING OF TREES, to the detriment of NATURAL RESOURCES. The judges Rafael Ángel Sanabria Rojas, [Nombre2], and Guillermo Sojo Picado participate in the decision on the appeal. The defendant [Nombre1], his defense counsel Licenciado [Nombre3], and the representative of the Ministerio Público appeared before the cassation court.
BACKGROUND
1) That by judgment rendered at four-twenty p.m. on December fifth, nineteen ninety-seven, the Criminal Court of Turrialba ruled: "Por tanto: In accordance with the provisions of Articles 39 and 45 of the Political Constitution; 1, 3, 359, 415 and following and related, and 542 of the Code of Criminal Procedure; 1, 11, 12, 18 through 20, 30, 31, 45, 50, 53, 54, 59 and following, 71, 73, and 74 of the Criminal Code; Article 61(c) of the Ley Forestal No. 7575, [Nombre4]. [Nombre5] is declared CRIMINALLY RESPONSIBLE as the AUTHOR of the offense of ILLEGAL FELLING AND CLEARING (tala y roza ilegal) to the detriment of NATURAL RESOURCES and, in that capacity, is sentenced to ONE MONTH of imprisonment. The benefit of CONDITIONAL SUSPENSION OF SENTENCE (condena de ejecución condicional de la pena) is DENIED. Court costs are to be borne by the defendant. Once this ruling becomes final, IT SHALL BE REGISTERED in the Judicial Registry of Offenders and the corresponding certified copies shall be issued to the Sentence Enforcement Court and the National Institute of Criminology. Notice is hereby given by READING. Licda. [Nombre4]. CO-JUDGE." (SIC).
The opinion is drafted by Judge [Nombre6]; and,
CONSIDERING:
I.The first ground for review invokes a violation of due process (debido proceso) and the right of defense (derecho de defensa), on the grounds that the conviction is based on conduct that does not fall within the elements of the offense set forth in Article 61(c) of the Ley Forestal, No. 7575. It is argued that Article 1 of that law protects the forests of national parks, biological reserves, mangroves, protected zones, wildlife refuges, and forest reserves that are State property, as well as all forests or private lands voluntarily submitted to the Régimen Forestal (Articles 17 and 6). It is further argued that the land where cucumber was to be planted did not fall within the scope of Article 1 of the Ley Forestal, since it does not constitute a forest within the meaning of Article 3(d), it was not part of a Forest Cadastre (Catastro Forestal), it was not voluntarily submitted to the Régimen Forestal (Article 17 of the Ley Forestal), it was not private forest property nor land covered by forest nor defined as such (Title Three, Chapter One, Article 19 of the Ley Forestal), and it was not a protection area subject to the applicable prohibitions (Article 33 of the Ley Forestal).
Finally, it is argued that the property where cucumber was to be cultivated did not qualify as a forest, much less as private forest property, since corn and beans had already been grown there. It is also alleged that Article 45 of the Political Constitution was violated, as the right of property entitled the defendant to cultivate the area given that no restrictions of any kind existed for that purpose. The ground is not well-founded. In the mandatory referral (consulta preceptiva) made to resolve the present review proceeding, the Sala Constitucional ruled on the scope of the principle of legality (principio de legalidad): "…it is a fundamental component of due process. In the broad sense, both in its political and technical dimensions, it constitutes a guarantee for citizens against the punitive power of the State. It is expressed in four basic principles: no crime without a prior law—criminal legality—no punishment without a law—penal legality—the punishment must be imposed by virtue of a fair trial and in accordance with the provisions of the law—procedural legality—and the execution of the punishment must conform to what is provided by law and regulations—execution legality.
Therefore, for an act—or omission—to constitute an offense, it must necessarily be set forth in a prior law that clearly and precisely establishes the conduct to be punished. If a person is convicted of conduct that is not criminally defined, there is clearly a serious violation of the due process principle. The referring Chamber must determine whether, in the specific case, the alleged violation occurred…" (Voto 03375-99, at 9:15 a.m. of May 7, 1999). Now, as the representative of the Ministerio Público sets out (folios 163 to 166), there is a clear material error in the operative part of the conviction, since Article 61(c) was cited when Article 61(a) was the applicable provision. Evidence of this is found in the legal reasoning of the judgment, which establishes that Article 61 of the Ley Forestal No. 7575 was violated by having exploited forest resources over an area of half a hectare without the required permit from the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal).
The harvesting act is defined in Article 3 of the law as follows: "…Timber harvesting (aprovechamiento maderable): The act of felling or eliminating standing timber trees, or using fallen trees, carried out on private land not included in Article 1 of this law, which generates or may generate any benefit, advantage, utility, or profit for the person carrying it out or for whom that person represents…". For its part, Article 61(a) of the same body of law provides: "…A sentence of one month to three years of imprisonment shall be imposed on whoever: a) Exploits one or more forest products on private property without the permit of the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado)…". It is clear that what is charged against the defendant in the judgment is having felled trees on private property with the purpose of using the land to cultivate cucumber, without the corresponding permits (see folios 40 to 44); specifically, the following was established as a proven fact: "…on the property belonging to [Nombre7], located in Altos de Guineal de Tayutic de Turrialba, the existence of a felling over half a hectare of land was determined, in which trees such as burío, guarumo, anonillo, cantarillo, and guabos, with heights between twenty and thirty meters and diameters of up to thirty-five centimeters, all located on terrain with an eighty-five percent slope, were affected…".
That action was carried out on the orders of the defendant (folio 41). The defendant's conduct falls within the definition of forest harvesting (aprovechamiento forestal) and does find its criminal typification in the aforementioned provision. Therefore, the lower court (A quo) did not violate the principle of legality by sanctioning him for that criminal act, nor, consequently, did it violate due process. The evidence offered in the review brief (folios 97 and 98) is intended to demonstrate that the site where the act occurred is not a forest, does not form part of the Forest Cadastre, has not been voluntarily submitted to the Régimen Forestal, is not subject to a private forest regime, and does not constitute a State forest, biological, or indigenous reserve. This evidence is immaterial, since the defendant was not convicted under Article 61(c) of the Ley Forestal but rather under Article 61(a), which refers to forest harvesting on private land. This leads to its rejection.
II.The second ground alleges that the Trial Court took prior criminal records into account when imposing the one-month prison sentence. It is argued that this decision is contrary to the ruling of the Sala Constitucional and that the requested benefits should have been granted by applying the provisions of Article 66 of the Ley Forestal and Article 71 of the Criminal Code. The ground is rejected. The trial judge denied the benefit of conditional suspension of sentence because the defendant [Nombre1] had a prior criminal conviction, a fact recorded in the certification from the Judicial Registry at folio 20 ([Nombre1] was convicted on May twenty-second, nineteen ninety-six of the offense of violation of the Ley Forestal by the Criminal Court of Turrialba). The A quo imposed a sentence of one month of imprisonment, which is the minimum for the applicable criminal offense (tipo penal) (from one month to three years).
It is plainly evident that the prior record was used to deny the aforementioned benefit, which is consistent with the requirements of Article 60 of the Criminal Code, which requires that the defendant be a first-time offender (primario) for the granting of conditional suspension. Notwithstanding the foregoing, it should be clarified that, as the Sala Constitucional correctly established when ruling on the mandatory referral in this case, "…Considering the fact that the defendant has a prior conviction is not in itself a violation of due process, since it constitutes an element included in the personal circumstances of the active subject that must be taken into account when imposing the sentence…" (Voto 03375-99, at 9:15 a.m. of May 7, 1999). Although this is not the situation at hand, it is important to clarify for the appellant that it is permissible to use prior convictions as part of the reasoning for the sentence imposed.
III.Violation of the rules of sound criticism (sana crítica) is alleged, on the grounds that the defendant (imputado) was convicted for acts that do not constitute a criminal offense (tipo penal) and that he was not the person who felled the trees. The ground is denied. On this matter, the Sala Constitucional established: "...With respect to rational sound criticism, it must be said that the judge may not weigh the evidence according to his own subjectivity and conscience, but is rather obliged to adhere to the rules of logic, reasoning, common experience, and psychology — that is, to the rules of sound criticism. The fact that the judge is not bound by rules that pre-assign the evidentiary weight of the various elements of proof does not mean, in any way, that he may make arbitrary decisions lacking in rationality. This constitutes a guarantee both for the parties to the proceeding and for the community at large, and it legitimizes the work of judges in a democratic political system.
In conclusion, compliance with the rules of rational sound criticism is an integral part of due process..." (voto03375-99, already cited). As indicated in Considerando I of this ruling, and for reasons that need not be repeated here, the defendant's conduct does fall within a criminal offense. As to the second point, the judgment of the Tribunal de Juicio established that he was the person who ordered the felling (tala) and clearing of the land in order to grow cucumbers. Furthermore, it has been consistently held that it is not possible, through the review proceeding (procedimiento de revisión), to re-litigate matters that were already addressed through the cassation appeal (recurso de casación), or in a prior review proceeding. In this regard, Article 411, paragraph two, of the Code of Criminal Procedure provides: "...Nor shall it be admissible to raise, by way of review, matters that have already been discussed and resolved on cassation appeal, unless they are based on new grounds or new elements of evidence...".
For its part, Article 421 of the same code stipulates: "...The rejection of a review petition and the judgment confirming the prior decision shall not prejudice the right to file a new review petition, provided it is based on different grounds..." (emphasis added). The Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia has also been clear on this point: "...this Sala has repeatedly held that when the arguments contained in a review petition were previously raised in the cassation appeal, which was denied, it is not proper to analyze them again as alleged violations of due process...The Sala has sought, in this way, to prevent the review petition from becoming a means of senselessly repeating the same arguments, to the obvious detriment of the principle of prompt and effective justice and the administration of justice..." (votos 2552-95, of 9:15 a.m. of May 19, 1995, 00377-94 and 04700-99, of 8:33 a.m. of June 18, 1999).
The question of authorship was already challenged in the cassation appeal (case file pages (folios) 46 to 48) and the arguments were rejected by this Tribunal (folios 53 to 60), with Mr. [Nombre1] being found to be the responsible author of the offense attributed to him. For these reasons, the claim cannot be entertained.
IV.In the fourth ground, expiration of sentence (prescripción de pena) is invoked. This is based on the fact that the judgment was rendered on the fifth of December of nineteen ninety-seven and the detention occurred on the seventeenth of January of nineteen ninety-nine. It is argued that Article 84 of the Criminal Code establishes that the sentence expires after a period equal to the sentence plus one third, and that the detention is therefore not justified. The review petition is denied on this ground. The Sala Constitucional established in the mandatory consultation that "...The failure to observe or the erroneous application of substantive law may arise from several factors: namely, failure to apply the applicable legal rule, application of a rule to a situation not covered by it, open transgression of the rule, and in general, whenever a legal rule is disregarded, whether the error concerns its existence, validity, or meaning.
In this case, if it were to be determined that the sentence to be imposed on the accused had already expired and a criminal sanction was nonetheless imposed, this would obviously cause serious harm and would decisively undermine due process..." (voto 03375-99). This Chamber finds that the alleged expiration has not occurred. Article 84 of the Criminal Code provides that the sentence expires "...1) After a period equal to that of the sentence, plus one third, which may not exceed twenty-five years nor be less than three years, in the case of imprisonment...". The expiration period for a sentence begins to run from the day on which the judgment becomes final (Article 86 of the same code). The conviction became final on the third of July of nineteen ninety-eight, when this Tribunal rejected the cassation appeal (folios 53 to 60). Thus, the expiration of the sentence would occur three years later, pursuant to Article 84 of the Criminal Code — namely, on the second of July of two thousand and one — a period that was interrupted by the detention of the convicted person on the seventeenth of January of nineteen ninety-nine (folios 76 and 77, and Article 87 of the same code). Consequently, the sentence has not expired and the ground must be rejected.
Por tanto:
The review petition is denied.
LIC. RAFAEL ÁNGEL SANABRIA ROJAS LIC. [Nombre2] LIC. [Nombre7] Imp/dig/Rafa.-
Res: 1999-00318 TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA. Veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve.
PROCEDIMIENTO DE REVISION DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], [Nombre1], mayor, costarricense, de treinta y cinco años, nativo de Cartago, el treinta de agosto de mil novecientos sesenta y dos, con cédula de identidad Nº CED1, casado, por el delito de TALA ILEGAL DE ARBOLES, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES.- Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces Rafael Ángel Sanabria Rojas, [Nombre2] y Guillermo Sojo Picado. Se apersonaron en casación el imputado [Nombre1], su defensor Licenciado [Nombre3] y el representante del Ministerio Público.
RESULTANDO
1) Que mediante sentencia dictada a las dieciséis horas con veinte minutos del cinco de diciembre de mil de novecientos noventa y siete, el Juzgado Penal de Turrialba, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 45 de la Constitución Política; 1, 3, 359, 415 siguientes y concordantes y 542 del código de Procedimientos Penales; 1, 11, 12, 18 a 20, 30, 31, 45, 50, 53, 54, 59 y siguientes, 71, 73 y 74 del código Penal; artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal N. 7575 se declara a [Nombre4]. [Nombre5] como AUTOR RESPONSABLE del delito de TALA Y ROZA ILEGAL en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES y, en dicho condición, se le impone una pena de UN MES de prisión.- Se le DENIEGA el BENEFICIO DE CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL DE LA PENA. Son las COSTAS del proceso a cargo del imputado. Una vez firme esta resolución INSCRÍBASE en el Registro Judicial de Delincuentes y expídanse los testimonios respectivos para ante el Juzgado de Ejecución de la Pena y el Instituto Nacional de Criminología. Mediante LECTURA notifíquese.- Licda. [Nombre4]. CO-JUEZA."(SIC).
Redacta el juez [Nombre6]; y,
CONSIDERANDO:
I.En el primer motivo de revisión se invoca violación al debido proceso y el derecho de defensa, porque la condenatoria tiene como base un hecho que no encuentra adecuación típica en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, número 7575. Se indica que el artículo 1 de la ley citada protege los bosques de parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado y todos aquellos bosques o terrenos privados que se sometan voluntariamente al Régimen Forestal (artículos 17 y 6). Agrega que los terrenos donde iba a sembrar el pepino, no se encontraban dentro de los objetivos del artículo 1 de la Ley Forestal, ya que no constituye un bosque, según lo regulado por el artículo 3 inciso d), no era parte de un catastro forestal, ni voluntariamente se sometió al Régimen Forestal (artículo 17 de la Ley Forestal) y no era propiedad forestal privada, ni terreno cubierto de bosque ni definido como tal (Título Tercero, Capítulo Primero, artículo 19 de la Ley Forestal) y tampoco era una área de protección para las que rigen las prohibiciones (artículo 33 de la Ley Forestal).
Finalmente señala que la propiedad donde se cultivaría el pepino no calificaba como bosque y mucho menos como propiedad forestal privada, pues ya se había cultivado maíz y frijoles en ese sitio. Alega que también se violó el artículo 45 de la Constitución Política, ya que el derecho de propiedad le permitía cultivar la zona al no existir ningún tipo de limitación al efecto. El reproche no es de recibo. En la consulta preceptiva formulada para resolver la presente revisión, la Sala Constitucional se pronuncia sobre los alcances del principio de legalidad: “...es un componente fundamental del debido proceso. En sentido amplio, tanto en su dimensión política como técnica se constituye en una garantía del ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Se expresa en cuatro principios básicos: no hay delito sin una ley previa –legalidad criminal- no hay pena sin ley –legalidad penal- la pena debe ser impuesta en virtud de un juicio justo y de acuerdo a (sic) lo dispuesto en la ley –legalidad procesal- y la ejecución de la pena debe ajustarse a lo previsto a lo previsto en la ley y en los reglamentos –legalidad de ejecución-.
De manera que para que una acción –u omisión- constituya delito, necesariamente, debe estar prevista en una ley previa en donde se establezca en forma clara y precisa la conducta a sancionar. Si una persona resultare condenada por una conducta no tipificada, obviamente se está en presencia de una grave vulneración al principio del debido proceso. La Sala consultante deberá determinar si en el caso concreto se dio la violación alegada...” (voto 03375-99, de las 9:15 Hrs. del 7 de mayo de 1999). Ahora bien, tal y como lo expone la representante del Ministerio Público (folios 163 a 166), en la parte dispositiva de la sentencia condenatoria existe un evidente error material, pues se citó el inciso c) del artículo 61, cuando lo propio era el inciso a) de esa norma. Prueba de ello es que en la fundamentación jurídica del fallo se establece que se ha violado el artículo 61 de la Ley Forestal número 7575, al haber aprovechado recursos forestales, en un espacio de media hectárea, sin contar con el permiso respectivo de la Dirección General Forestal.
La acción de aprovechamiento está definida en el artículo 3 de la Ley “...Aprovechamiento maderable: Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda general algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa...”. Por su parte el artículo 61 inciso a) del mismo cuerpo normativo determina “...Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado...”. Es claro que el reproche que se le hace al imputado en la sentencia es haber talado árboles, en propiedad privada, con el fin de utilizar el terreno para cultivar pepino, sin contar con los permisos respectivos (ver folios 40 a 44), concretamente se tuvo como hecho demostrado: “...en el terreno propiedad de [Nombre7] ubicado en Altos de Guineal de Tayutic de Turrialba, se determinó la existencia de una tala de media hectárea de terreno en donde se afectaron árboles tales como burío, guarumo, anonillo, cantarillo y guabos, de alturas entre veinte y treinta metros y diámetros de hasta treinta y cinco centímetros, todos ellos ubicados en un terreno con una inclinación de un ochenta y cinco por ciento...”.
Esa acción se realizó por órdenes del imputado (folio 41). La conducta del imputado corresponde al concepto de aprovechamiento forestal y sí encuentra adecuación típica en la norma referida. Por ello el A quo no ha violado el principio de legalidad al sancionarlo por ese hecho delictivo, y por ende tampoco el debido proceso. La prueba que se ofrece en el escrito de revisión (folios 97 y 98) tiene como fin demostrar que el sitio donde ocurrió el hecho no es un bosque, no forma parte del Catastro Forestal, no ha sido sometida voluntariamente a régimen forestal, no está sometida a Régimen Forestal Privado y no constituye reserva forestal, biológica o indígena del Estado. Esta prueba resulta impertinente ya que al imputado no se le condenó con base en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, sino más bien el inciso a), referido a aprovechamiento forestal en terrenos privados. Lo anterior nos lleva a su rechazo.
II.Como segundo motivo se reprocha que el Tribunal de Juicio tomó en cuenta los antecedentes penales para fijar la sanción de un mes de prisión. Destacan que esa decisión va en contra de lo dispuesto por la Sala Constitucional y que debió otorgarse los beneficios solicitados, aplicando lo establecido al efecto por los artículos 66 de la Ley Forestal y 71 del Código Penal. El motivo se rechaza. La juzgadora denegó el beneficio de ejecución condicional de la pena porque el imputado [Nombre1] registraba una condenatoria penal, circunstancia que consta en la certificación del Registro Judicial de folio 20 ([Nombre1] fue condenado el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el delito de violación a la Ley Forestal, por el Juzgado Penal de Turrialba). El A quo fijo una pena de un mes de prisión, que es la mínima para el tipo penal aplicado (de un mes a tres años). Claramente se observa que los antecedentes fueron utilizados para denegar el beneficio apuntado, lo cual se ajusta a lo estipulado por el artículo 60 del Código Penal, que exige la condición de primario para otorgar la ejecución condicional.
No obstante lo expuesto, debe aclararse que, como bien lo ha establecido la Sala Constitucional al conocer de la consulta preceptiva sobre esta causa, “...Valorar el hecho de que el imputado cuenta con una condenatoria anterior no es en sí mismo violatorio del debido proceso, pues constituye un elemento incluido en las condiciones personales del sujeto activo que han de tomarse en cuenta para la imposición de la pena...” (voto 03375-99, de las 9:15 del 7 de mayo de 1999). Aunque esta no es la situación que nos ocupa, si es importante aclarar al recurrente que es posible utilizar las condenatorias anteriores como parte de la fundamentación de la pena.
III.Se alega violación a las reglas de la sana crítica, porque se le condenó por hechos que no tipifican como delito y no fue la persona que taló los árboles. El motivo se declara sin lugar. Sobre el tema la Sala Constitucional estableció “...Con relación a la sana crítica racional, debe decirse que el juzgador no puede valorar la prueba conforme a su subjetividad y conciencia sino que se encuentra obligado a sujetarse a las reglas de la lógica, el razonamiento, la experiencia común y la psicología, esto es, a las reglas de la sana crítica. El hecho de que no se encuentre sometido a reglas que prefijen el valor de los diferentes elementos probatorios no significa, en modo alguno, que pueda tomar decisiones arbitrarias y carentes de razonabilidad. Constituye ello una garantía tanto para las partes del proceso como para la colectividad en general y legitima la labor de los jueces en un sistema político democrático.
En conclusión, el respeto a las reglas de la sana crítica racional, integra el debido proceso...” (voto03375-99 ya citado). Conforme se indicó en el considerando I de este fallo, por las razones que no viene al caso repetir, la conducta del imputado sí encaja en un tipo penal. Sobre lo segundo, en la sentencia del Tribunal de Juicio se acreditó que él fue la persona que ordenó la tala y limpieza del terreno para cultivar pepino. Además, en forma reiterada se ha establecido que no es posible, a través del procedimiento de revisión, discutir aspectos que ya fueron conocidos a través del recurso de casación, o bien en otra revisión anterior. En tal sentido regula el artículo 411 párrafo segundo del Código Procesal Penal “...Tampoco será admisible plantear, por la vía de revisión, asuntos que ya fueron discutidos y resueltos en casación, salvo que se fundamenten en nuevas razones o nuevos elementos de prueba...”.
Por su parte el artículo 421 ibídem estipula “...El rechazo de una solicitud de revisión y la sentencia confirmatoria de la anterior, no perjudicarán la facultad de presentar un nuevo recurso de revisión, siempre y cuando se funde en razones diversas...” (la negrita es suplida). La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia también ha sido clara al respecto: “...esta Sala ha resuelto reiteradamente que cuando los argumentos contenidos en el recurso de revisión, fueron reclamados anteriormente en el recurso de Casación, el cual fuera resuelto sin lugar no es procedente analizarlos de nuevo como supuestas violaciones al debido proceso...Con lo anterior ha querido la Sala evitar que el recurso de revisión se convierta en una forma de reiterar sin sentido, los mismos argumentos, con el evidente perjuicio para el principio de justicia pronta y cumplida y la administración de justicia...” (votos 2552-95, de la 9:15 Hrs.
Del 19 de mayo de 1995, 00377-94 y 04700-99, de las 8:33 Hrs. Del 18 de junio de 1999). El problema de la autoría ya fue objetado en el recurso de casación (folios 46 a 48) y los argumentos fueron rechazados por este Tribunal (folios 53 a 60), teniéndose al señor [Nombre1] como autor responsable del delito que se le atribuyó. Por estas razones el reclamo no es atendible.
IV.En el cuarto motivo se invoca prescripción de pena. Se fundamenta lo anterior en que la sentencia fue dictada el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete y la detención se produjo el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve. Dice que el artículo 84 del Código Penal establece que la pena prescribe en un tiempo igual al de la condena más un tercio, por lo que no se justifica su detención. Se deniega la revisión por este motivo. La Sala Constitucional estableció en la consulta preceptiva que “...La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva puede producirse por varios factores; a saber, por falta de aplicación de la norma jurídica que corresponde, por aplicación de una norma a una hipótesis no contemplada en ella, por transgresión abierta a la norma y en general, siempre que se desconozca una norma jurídica, sea que el error verse sobre su existencia, validez o significado.
En este caso, si se llegara a determinar que la pena a imponer al acusado se encontraba prescrita y aún así se le impuso una responsabilidad penal, obviamente se le estaría causando un grave perjuicio y se vulneraría decididamente el debido proceso...” (voto 03375-99). Esta Cámara estima que no ha operado la prescripción alegada. El artículo 84 del Código Penal regula que la pena prescribe “...1) En un tiempo igual al de la condena, más un tercio, sin que pueda exceder de veinticinco años ni bajar de tres, si fuere prisión...”. La prescripción de la pena comienza a correr desde el día en que la sentencia quede firme (artículo 86 ibídem). La sentencia condenatoria adquirió firmeza el tres de julio de mil novecientos noventa y ocho, cuando este Tribunal rechazó el recurso de casación (folios 53 a 60 ). De tal forma que la prescripción de la pena operaría tres años después, según lo regulado en el artículo 84 del Código Penal, a saber, el dos de julio de dos mil uno, plazo que se interrumpió con la detención del condenado, el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve (folios 76 y 77 y artículo 87 Ibídem). Consecuentemente la pena no está prescrita y el motivo debe rechazarse.
POR TANTO:
Se declara sin lugar la revisión.
LIC. RAFAEL ÁNGEL SANABRIA ROJAS LIC. [Nombre2] LIC. [Nombre7] Imp/dig/Rafa.-
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