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Res. 07309-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 21/07/2025
OutcomeResultado
The court dismissed the entire action because the plaintiff proved no right over the municipal property, SINAC had not ordered her eviction, and neither the requested donation, exclusion from future proceedings, nor compensation was warranted.El Tribunal rechazó íntegramente la demanda porque la actora no demostró derecho alguno sobre la finca municipal, el SINAC no ordenó su desalojo y tampoco procedían la donación, la exclusión de futuras gestiones ni la indemnización solicitada.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court dismissed a Río Sarchí settlement resident’s action seeking to compel the Municipality of Sarchí to donate and register the municipally owned land occupied by her home, prevent any eviction, determine the home’s location relative to water-resource protection areas, and award damages. The court concluded that the plaintiff had proved no right over the municipal property and that the municipality’s tolerance of her occupancy did not create a subjective right to receive the land. The municipality had already prepared a site plan identifying which homes were inside or outside the protection areas; the plaintiff’s home was listed as outside them. SINAC’s administrative notice, issued under Articles 33 and 34 of the Forestry Law, was addressed solely to the municipality as owner and did not order the plaintiff’s eviction. The court therefore rejected every claim, including the derivative compensation claim, and ordered the unsuccessful plaintiff to pay litigation costs and the resulting interest.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda de una residente del caserío Río Sarchí que pretendía obligar a la Municipalidad de Sarchí a donarle e inscribir el terreno municipal ocupado por su vivienda, impedir cualquier desalojo, determinar la ubicación de la casa respecto de las áreas de protección hídrica y obtener daños y perjuicios. Concluyó que la actora no demostró un derecho sobre la finca municipal y que la tolerancia de su ocupación no generó un derecho subjetivo a recibir el inmueble. La Municipalidad ya había identificado mediante un croquis cuáles viviendas estaban dentro o fuera de las áreas de protección; la casa de la actora figuraba fuera de ellas. La prevención del SINAC, basada en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, fue dirigida exclusivamente a la Municipalidad como propietaria y no ordenó desalojar a la actora. Por ello se rechazaron todas las pretensiones, incluida la indemnización accesoria, y se impusieron costas e intereses a la demandante.
Key excerptExtracto clave
Considering the action filed, the Court observes that this request is linked to the principal claim, which seeks an order compelling the Municipality of Sarchí to complete the transfer of title through a donation in her favor and to register and grant the corresponding cadastral plan, based on a right she claims to hold over property recorded in the Province of Alajuela under folio real number 224094-000. In this regard, the Court determines that this monetary claim is closely tied to the effects and conditions that would result from granting the principal claim. Nevertheless, as explained in the preceding findings, the plaintiff’s arguments are unfounded; consequently, the requested relief and payment are unavailable. The Court therefore finds the claim improper because, as an ancillary claim, it follows the rejected principal claim, in accordance with the principle that the ancillary follows the principal. Accordingly, the action is declared improper in all respects. For the reasons stated, the defenses of lack of active and passive standing raised by SINAC and the State are upheld, and it is unnecessary to analyze their defenses based on lack of substantive right. Regarding the Municipality of Sarchí, the defense of lack of active standing is rejected and the defense of lack of substantive right is upheld. Consequently, the action is denied in all respects. Both categories of litigation costs, together with the resulting interest, shall be borne by the unsuccessful plaintiff.En atención a la demanda interpuesta, se observa que esta petición se encuentra vinculada con la pretensión principal, misma que consiste en que se ordene a la Municipalidad de Sarchí, finalizar con la entrega registral mediante la donación a su favor y se inscriba y otorgue el plano correspondiente, en relación a un derecho que aduce tener respecto de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000. En este entendido, se determina que este extremo patrimonial está ampliamente ligado a los efectos y condiciones que generaría el acoger la pretensión, no obstante, tal y como se expuso en los considerandos previos, no lleva razón la parte actora en sus alegatos, de allí que no es procedente dicha gestión, lo que implica que, no procede el pago peticionado. En consecuencia, estima el Tribunal que la pretensión -por accesoria- es improcedente, en el tanto fue objeto de rechazo la pretensión principal formulada por la parte actora, lo anterior, siguiendo el principio que lo accesorio sigue lo principal. Así las cosas, se declara improcedente la demanda interpuesta en todos sus extremos. Por las razones expuestas, se acoge la defensa de falta de legitimación ad causam activa y pasiva opuesta por las representaciones del SINAC y del Estado y por innecesario se omite el análisis de la defensa de falta de derecho interpuesta por ambas representaciones. En relación con la Municipalidad de Sarchí se rechaza la falta de legitimación activa y se acoge la falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas del proceso a cargo de la parte actora y perdidosa, así como los intereses que de ellos se deriven.
Pull quotesCitas destacadas
"Al respecto, es claro para este Tribunal que, al no demostrar la existencia de derecho alguno sobre la propiedad de la Municipalidad de Sarchí, los reproches y peticiones que formule al respecto, son improcedentes, en el tanto, las mismas dependen directamente de éste."
"The Court finds it clear that, because the plaintiff failed to demonstrate any right over the property of the Municipality of Sarchí, her objections and requests concerning it are improper, as they depend directly on the existence of such a right."
Considerando VII
"Al respecto, es claro para este Tribunal que, al no demostrar la existencia de derecho alguno sobre la propiedad de la Municipalidad de Sarchí, los reproches y peticiones que formule al respecto, son improcedentes, en el tanto, las mismas dependen directamente de éste."
Considerando VII
"La parte actora no ostenta derecho alguno en relación a la finca objeto del proceso, tal y como se acreditó anteriormente, de allí que no puede argumentarse que las disposiciones emitidas por el SINAC le hayan causado perjuicio alguno o hayan afectado de manera alguna sus derechos."
"The plaintiff holds no right whatsoever in relation to the property at issue, as previously established; she therefore cannot argue that SINAC’s directives caused her any harm or affected her rights in any way."
Considerando IX
"La parte actora no ostenta derecho alguno en relación a la finca objeto del proceso, tal y como se acreditó anteriormente, de allí que no puede argumentarse que las disposiciones emitidas por el SINAC le hayan causado perjuicio alguno o hayan afectado de manera alguna sus derechos."
Considerando IX
"En un tercer punto, es claro que esta institución no ha girado ninguna orden de desalojo dirigida a la parte actora o bien que la misma le haya sido comunicada a ésta."
"Third, it is clear that this institution issued no eviction order against the plaintiff, nor was any such order communicated to her."
Considerando IX
"En un tercer punto, es claro que esta institución no ha girado ninguna orden de desalojo dirigida a la parte actora o bien que la misma le haya sido comunicada a ésta."
Considerando IX
"La vivienda de la señora Morales Arce se encuentra fuera de la zona de protección determinada e informada por el SINAC en la prevención administrativa OG-1026-2018 de las catorce horas dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central del SINAC."
"Ms. Morales Arce’s home is located outside the protection area identified and reported by SINAC in Administrative Notice OG-1026-2018, issued at 2:02 p.m. on August 29, 2018, by the Grecia Office of SINAC’s Central Conservation Area."
Considerando IX
"La vivienda de la señora Morales Arce se encuentra fuera de la zona de protección determinada e informada por el SINAC en la prevención administrativa OG-1026-2018 de las catorce horas dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central del SINAC."
Considerando IX
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Case file: 20-005185-1027-CA Matter: Ordinary proceedings (proceso de conocimiento) Plaintiff: Gloria Morales Arce Defendants: Municipalidad de Sarchí, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and the State N° 2025007309 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEGUNDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and thirty-eight minutes on the twenty-first of July, two thousand twenty-five.- Administrative litigation proceedings (proceso contencioso administrativo) brought by Ms. Gloria Morales Arce, identification card 2-0430-0390, against Municipalidad de Sarchí, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and the State. Attorney Jorge Chaves López appears on behalf of the plaintiff, and attorneys Lineth Arce Valverde, Christian Barrero Godínez, and Gloria Solano Martínez appear on behalf of the respective defendants. This Collegiate Court now proceeds to render the first-instance judgment, by unanimous vote of its members, following the required deliberation.
Drafted by Judge Hernández Vargas.
Whereas.
I.Procedural background. For purposes of deciding these administrative litigation proceedings, the relevant background is set forth below:
II.Arguments of the plaintiff. Regarding the formulation of the complaint, the statements made by the plaintiff are transcribed below: FACTS. FIRST: At ordinary session number 20 held by the Concejo Municipal de Valverde Vega at twenty-two hours and ten minutes on 7 de noviembre de 1986, folios number 2171 and 2172, thirteenth article: Council members Rodríguez Rodríguez, Alfaro Camacho, Quesada Esquivel, and Chaverri Murillo submitted a motion, which was unanimously approved and reads verbatim as follows: “we move for the purpose of requesting from Ifam (sic) the technical assistance necessary to conduct the topographic survey and execute the corresponding deeds for the lots that form part of the property located on the banks of the Río Sarchí, donated by Mr. Luis Castro Monge to the municipalidad (sic) de Valverde Vega, for the purpose of constructing affordable housing. Final resolution (sic).” (see evidence one).
SECOND: On 23 de enero de 1988, the property, measuring 8145 square meters and 87 square decimeters, was registered in the name of the Municipalidad de Valverde Vega; Alajuela registry district, property recorded under real folio 224094-000, cadastral plan A-0721701-1987, donated by Mr. Luis Castro Monge to be used for the construction of social-interest housing. (see evidence 2). THIRD: The property recorded under real folio 224094-000 has cadastral plan number A-0721701-1987, from which the following derivative cadastral plans were created at the time: A-99944-92, A-88069-92, A-92495-93, A-88071-92, A-89972-92, A-89600-92, A-93584-93, A-92496-93, A-92499-93, A-93582-93, A-87791-92, A-89780-92, A-87662-92, A-87661-92, A-594734, A-89782-92, A-87795-92, A-87289-92, A-93583-93, A-89781-92, A-87792-92, A-92497-93, A-87794-92, A-88068-92, A-87793-92, which were processed and delivered to each beneficiary by the Municipalidad de Sarchí itself for the purpose of registering the land in the names of the petitioners herein.
(see evidence 3). FOURTH: At ordinary session number 74 held by the Concejo Municipal de Valverde Vega, in the city of Sarchí norte at eighteen hours on 18 de marzo de 1988, folios number 2419 and 2420, its fourth article established: “in view of the fact that a residential settlement called ‘Ciudadela Río Sarchí’ was established in Sarchí sur Valverde Vega and has approximately 18 social-interest dwellings that lack electrical service, the Concejo Municipal de Valverde Vega therefore unanimously resolves: to most respectfully request from the instituto costarricense de electricidad (sic) ice (sic) the aforementioned electrical service, as well as the possibility of installing a public telephone at the aforementioned location. final resolution (sic). fifth article (sic): the Consejo (sic) Municipal de Valverde Vega unanimously resolves: to most respectfully request from the departamento de planeamiento del ministerio de educación pública (sic) the opening of an educational center in alto de centro Sarchí sur, for the purpose of benefiting the residents of that location and the inhabitants of Ciudadela Rio (sic) Sarchí, who must attend the school in san juan (sic) de Grecia or Sarchí sur, which poses a degree of danger to the children because of the distances involved. final resolution.” (see evidence 4).
FIFTH: At ordinary session number 85 held by the Concejo Municipal de Valverde Vega, in the city of Sarchí norte at eighteen hours on 24 de junio de 1988, folio number 2470, eighth article, it established: “in view of the fact that the municipality needs to subdivide the property it owns in alto de castro (sic) de Valverde Vega, intended for the housing project, the concejo municipal (sic) unanimously resolves; to respectfully request from the engineering department of lfam (sic) the segregation (segregación) of the lots on said municipally owned property, for the purpose of continuing with the purpose of continuing (sic) the affordable-housing project. final resolution.” (see evidence 5). SIXTH: At ordinary session number 92 held by the Concejo Municipal de Valverde Vega, in the city of Sarchí norte at eighteen hours on 19 de agosto de 1988, folio number 2494, third article: the Concejo Municipal de Valverde Vega unanimously resolves to contact the Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS to respectfully request that it conduct a socioeconomic assessment of 18 families who are constructing or have constructed their homes in a housing project sponsored by this municipality in Alto de Castro de Sarchí sur, in order to determine their ability to pay, for the purpose of creating a revolving fund to assist more people.
Final resolution. (see evidence 6). SEVENTH: At ordinary session number 144 held by the concejo municipal de Valverde Vega at eighteen hours on 1 de diciembre de 1989, folio number 2793, residents of the hamlet known as Villa Sarchí appeared before the Concejo Municipal and requested assistance in obtaining 212 meters of culverts, thereby resolving a water problem affecting them. The presiding officer informed them that there was every willingness to assist them and that an estimate would therefore be requested from the municipal executive. (see evidence 7). EIGHTH: At ordinary session number 65 held by the Concejo Municipal de Valverde Vega in the city of Sarchí norte at eighteen hours on 16 de setiembre de 1991, folio number 3214, it is stated that the residents of Río Sarchí appeared before the Concejo Municipal to obtain clarification as to the truth of the claim that the municipality was going to take away the lots granted to them by the previous municipal administration; the municipal presiding officer informed them that the claim that they were going to be evicted from said land was false.
(see evidence 8). NINTH: On 29 de agosto del 2018, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) issued administrative warning (prevención administrativa) number OG-1026-2018, notifying Óscar Quesada Esquivel, legal representative of the Municipalidad de Valverde Vega, and specifying prohibitions applicable to the property of the Municipalidad de Valverde Vega located in the Río Sarchí hamlet: the prohibition against encroaching upon the protection area (área de protección) of the spring (naciente) and the Río Sarchí, for which he was advised of the need to take the necessary steps before the appropriate authorities to eliminate the encroachment upon the municipally owned land, which could be affecting the water resource located there, because encroachment within the protection area extending 100 meters in radius around permanent springs and 15 meters or 50 meters along both sides of rivers, creeks, or streams is prohibited by the Ley Forestal.
The third article of that administrative warning also stated that “the presence of a type of squatter settlement (precario), which had been established on that land belonging to the municipalidad de Valverde Vega, was confirmed.” However, as demonstrated by the cadastral plans identified above and the electricity bills in the names of the persons living on said property, it is NOT a squatter settlement. (see evidence 9). TENTH (sic): (The plaintiff requested its deletion) ELEVENTH: The Río Sarchí hamlet located on the property recorded under real folio 224094-000 is inhabited predominantly by families comprising minors and older adults with documented medical conditions who have been established at the site for more than 30 years; this is demonstrated by official letter MVV-VA-OF-047-2019 of 23 de abril de 2019, as well as by the Municipalidad de Valverde Vega’s communication of that report to the Instituto Mixto de Ayuda Social, which stated that, as of that date, Caserío Río Sarchí had approximately 40 families.
(see evidence 10 and 11). TWELFTH: The inhabitants of Río Sarchí currently have their own separate electricity meters in each house, as demonstrated by the following examples: (…) THIRTEENTH: In official letter MVV-VA-OF-012-2019 dated 11 de febrero del 2019, Deputy Mayor Norma Zeledón Pérez, in her request to the Instituto Mixto de Ayuda Social, refers to the urgent need to conduct a census of the inhabitants of Río Sarchí because of the administrative warning issued by MINAE and the alleged eviction; we have not been formally notified of the latter, and this situation concerns us because the Municipalidad does not accept responsibility for those of us who have inhabited Caserío Río Sarchí for more than 30 years. FOURTEENTH: By resolution of the Concejo Municipal de Sarchí, minutes number 102, folio 236, dated 14 de noviembre del 2019, it was stated that: “until 20 de julio del 2021, the eviction of persons, demolition of structures, suspension of commercial and agricultural activities, and any other activity within the State’s natural heritage (patrimonio natural del estado) are stayed, following the designation as forest-suitability protection areas of the 100 mts radius protecting the permanent spring and the 15 meters measured from the bank of the Río Sarchí, for the benefit of the occupants of the human settlement located on property number 2-224094-000, owned by the municipalidad and known as urbanización Río Sarchí”; this clearly establishes that a date already exists for evicting us and demolishing our homes, without our having been informed of this situation in any way.
(see evidence 12). FIFTEENTH: In a report from the Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Valverde Vega issued by the director of that department, architect Sergio Bolaños Alfaro, he stated that, following an analysis of the 35 houses located at the site, “... some dwellings are located outside the areas affected by watershed setbacks (retiros de cuenca), the 100-meter diameter measured in relation to the spring, and the building restriction applicable to the national route as established by MOPT (in addition to the minimum front-yard setback established for the area); the structures identified by numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 are outside the affected areas indicated. however (sic), the feasibility of creating subdivisions (fraccionamientos) remains in question after considering whether a legally valid property frontage can be created for them.” (see evidence 15) II. ANALYSIS OF THE FACTUAL BACKGROUND (CUADRO FACTICO) (sic).
On 29 de agosto del 2018, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) issued administrative warning number OG-1026-2018, notifying Óscar Quesada Esquivel, legal representative of the Municipalidad de Valverde Vega, and specifying prohibitions applicable to the property of the municipalidad de Valverde Vega located in Caserío Río Sarchí: “the prohivition (sic) against encroaching upon the protection area of the spring and the Río Sarchí, for which he is advised of the need to take the necessary steps before the appropriate authorities to eliminate the encroachment upon the municipally owned land, which could be affecting the water resource located there, because encroachment within the protection area extending 100 meters in radius around permanent springs and 15 meters or 50 meters along both sides of the river, creeks, or streams is prohibited by the Ley Forestal; the third article of said administrative warning also stated that ‘the presence of a type of squatter settlement, which had been established on that land belonging to the municipalidad de Valverde Vega, was confirmed.’”
However, as evidenced by the above-mentioned cadastral plats (planos catastrados); the electricity bills in the names of the persons living on said property; photographs of the site and the adequate housing located there; the property does not constitute a squatter settlement (precario), even in the legal sense of precarious occupancy (ocupación en precario), because there is indeed a legal relationship between the property and its occupants, given that the residents of the Río Sarchí hamlet (cacerío) (sic) have inhabited said property for more than 30 years, with all the urban-planning, municipal, and public-service requirements for their homes having been lawfully obtained (sic). (See evidence 9). Furthermore, the facts stated in this complaint show that the possession (posesión) of the residents of the Río Sarchí hamlet has been lawful from its inception, and, as Article 50 of the Constitución Política de Costa Rica states (sic), every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Likewise, Article 45 of the same body of law provides that property is inviolable and that no one may be deprived of their property except for a legally established public interest and upon prior compensation in accordance with the law. Nevertheless, despite the foregoing, since 2018 SINAC has issued a formal notice (prevención) instructing the Municipalidad de Sarchí not to encroach upon the protection area (área de protección) of the permanent spring (naciente permanente) and the Río Sarchí, warning of the need to take the necessary steps to protect the area and its residents. The local government has interpreted this as an eviction order (orden de desalojo) against our community, thereby directly and flagrantly violating our rights to property, health, a healthy environment, and adequate housing, and even our legal certainty (seguridad jurídica), because the Municipalidad de Sarchí induced us to invest our entire lives’ efforts in our homes, working jointly with us to regularize and register the land in our names; and now, because of a disagreement between State entities, it intends to evict us from our homes without providing any remedy whatsoever for the extremely serious losses and damages caused.
Another aspect that the respondent entities, specifically the Municipality, fail to consider is that not all the houses are located within the area deemed protected; that is, no analysis based on technical and scientific criteria is conducted to determine with certainty which homes are within that area. Quite the contrary, they intend to carry out a blanket sweep without considering the individual circumstances of each resident, making such action arbitrary and disregarding the fact that the Ley General de la Administración Pública states: “Under no circumstances may acts be issued that are contrary to unequivocal rules of science or technical practice, or to elementary principles of justice, logic, or expediency.” (Article 16). The evidence submitted clearly demonstrates the violation of constitutional and statutory rights by the Municipality and SINAC; for more than 30 years, we have peacefully inhabited the land from which they now, without any hesitation, seek to evict us.
In this regard, Section 190 of the Ley General de la Administración Pública provides: “1. The Administration shall be liable for all damage caused by its lawful or unlawful, normal or abnormal operation, except in cases of force majeure, fault of the victim, or the act of a third party. / 2 ...”. III. LEGAL GROUNDS. This complaint is based on Articles 277, 278, 279.1, 279.2, 280, 282, 284, 285, 286, and related provisions of the Código Civil; Articles 11, 39, 41, 45, 49, and 50 of the Constitución Política de Costa Rica; Articles 11, 16, 190 et seq. and related provisions of the Ley General de la Administración Pública; and Articles 12, 16, 17, 40, 14, 42, 43, and 58 of the Código Procesal Contencioso Administrativo.
III.Arguments of the defendant parties. Regarding the responses filed, the statements made by the defendants are transcribed below: A) State. The substantive claims asserted in the complaint consist of the following: (…) Lack of a legal basis, lack of the State’s passive standing on the merits (legitimación ad causam pasiva), and lack of active standing (legitimación activa): the plaintiff does not demonstrate how the State has affected her legitimate interests. The first point that must be made regarding this complaint is that it is undisputed that property 224094, registered in the name of the co-defendant Municipalidad, whose associated cadastral plan is A-0721701-1987, is subject to restrictions arising from Article 33 of the Ley Forestal (Ley N° 7575 del 13 de febrero de 1996). That provision declares as a protection area (área de protección) “the areas bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally” (subsection a), as well as a fifteen-meter strip in rural areas, measured horizontally on both sides of riverbanks (subsection b).
Regarding the protection regime applicable to permanent springs and the consequences arising from that legal classification, the Sala Primera has stated: [Transcribes judgment 000199-F-S1/2010 del 04 de febrero de 2010] As is well known, protection areas constitute legitimate general restrictions on the right to property because they serve a compelling public interest through reasonable, useful, and appropriate criteria; consequently, they do not require prior compensation (Article 45 of the Constitution, second paragraph). Likewise, the Tribunal Constitucional has reiterated that “the right to property is neither absolute nor unrestricted.” Constitutionally valid restrictions may be imposed upon it for reasons of social interest through legislation approved by a qualified majority; such restrictions “define the content of the right to property itself and its exercise and therefore, in principle, are not compensable, except when they render the right ineffective.” (Sala Constitucional, judgments 4878/2002, 9077/2002, 5725/2004, 4926/2005, 2380/2006, 16972/2008, 3180/2014, etc.).
By themselves and by definition, those restrictions “are not compensable because they do not entail expropriation, that is, where the property is not divided in a manner that causes the right to disappear” (Sala Constitucional, judgments 2666/2005 and 4926/2005). “The substance of this property-as-a-social-function concept (propiedad-función) is that the owner has the power to use the property subject to ownership to satisfy the owner’s own needs, but also has the duty to place it at the service of social needs when such conduct is essential” (Sala Constitucional, judgments 5725/2004, 2666/2005, 4926/2005, and 3180/2014). Having clarified the foregoing, and with respect to the land at issue in these proceedings, the existence and location of the publicly owned permanent spring have been established. Specifically, the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía states the following in official letter DA-UHTPCOSR-0067-2017, del 24 de marzo de 2017: [Transcribes] Once that point has been established, the next step is to determine the plaintiff’s position with respect to the legal protection established by the Ley Forestal.
In this regard, it is essential to refer to official letter MVV-OA-OF-360-2019 of the Municipalidad de Sarchí, del 14 de junio del 2019. That document constitutes the formal request for an extension of the deadline established in administrative compliance order (prevención administrativa) OG-1026-2018 issued at 14:02 hours del 29 de agosto de 2018 by the Área de Conservación Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Oficina de Grecia. The significance of that document is that it provides a detailed analysis of the property’s circumstances, from which it can be concluded with considerable clarity that the dwelling where señora Morales Arce is presumed to reside (identified as number 3) is not affected by the environmental restrictions. Let us examine it: [Shows photograph of house] The location of this dwelling in relation to the individual study conducted by the Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad is as follows: [Shows sketch] According to the information collected by the Municipalidad de Sarchí, the structures identified by numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, and 17 are outside the scope of all watershed setbacks (retiros de cuenca) and the spring’s one-hundred-meter protection radius: Following the analysis of the location of the statutory restrictions, the information currently processed indicates that some dwellings are outside the areas affected by the watershed setbacks, the 100-meter diameter around the spring, and the building restriction established by MOPT for the national route (in addition to the minimum front-yard setback established for the area); apparently, the structures identified by numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 are outside the specified affected areas.
As a consequence of the foregoing, and in light of the existing evidence, the substantive claims in this complaint relating to the alleged threat of eviction, from which the multimillion compensation claim arises, are manifestly unfounded. Neither is the dwelling in which the plaintiff resides affected by the restrictions of the Ley Forestal, nor did the plaintiff establish the existence of threats against her by the defendant administrative authorities: señora Morales Arce failed to meet her burden of proof (carga de la prueba) (41.1.1 of the Código Procesal Civil, applied supplementally). What has been established is that, in response to the administrative compliance order grounded in environmental law, the Municipalidad de Sarchí—acting in a clearly coordinated and participatory manner—defined a course of action to comply with the provisions of that measure while remedying the condition of the infrastructure affected by the statutory restrictions.
For that reason, no good faith is evident in this complaint (sic). I reiterate that the evidence contained in SINAC’s administrative case file shows that the plaintiff’s particular circumstances do not correspond to the account set forth in the statement of facts. It likewise rules out the existence of the threats of eviction alleged by the plaintiff. Consequently, the substantive claims in this complaint lack both factual and legal support. Furthermore, it is plain and evident that my client cannot be deemed to have engaged in any conduct capable of constituting the subject matter of these proceedings. Accordingly, there is no basis whatsoever for linking it to the legal and material effects of the claims asserted by señora Morales Arce concerning alleged (sic) actions that, in fact, never occurred. Nor can it be considered that the State has passive standing (legitimación pasiva) under the terms of Article 12.2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, because no act of SINAC is challenged here as the cause of the damages claimed.
In any event, that would be procedural standing, from which it cannot in any way be inferred that the State, as a litigant distinct from SINAC, engaged in conduct affecting the plaintiff’s legitimate interests. Finally, should the party seek to have the Court extend its ruling on the merits to other residents of the community who are not parties to these proceedings, I hereby raise the defense of lack of active standing. B) SINAC. SPECIFIC CASE. As demonstrated by the administrative case file submitted herewith, my client, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, proceeded to address a complaint concerning environmental damage at a site that proved to be real property registered as municipally owned and identified under Folio Real No. 224094, with cadastral plan No. A-0721701-1987. The inspection determined that this property is affected by the restrictions of Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996, specifically Articles 33 and 34, which govern water-resource protection areas and, in this particular case, concern two of the situations covered by the provision, since the presence of a river and a spring was verified.
Report OG-916-2018, issued by Ing. Maikol Rodríguez Gómez, a SINAC official, dated 7 de agosto del 2018, was prepared in response to a complaint concerning encroachment upon protection areas. The report concludes: “Vegetation was cut and burning took place within the protection area of the spring and río Sarchí by the squatters living on land owned by the municipalidad de Valverde Vega; It was not possible to identify the persons responsible for the acts; The (sic) pruning of the Poró tree does not constitute any offense; The (sic) cutting of understory vegetation within the protection areas is prohibited by the Ley de Conservación de Vida Silvestre; It (sic) is recommended that an administrative compliance order be issued to the municipalidad de Valverde Vega so that, pursuant to its duty of supervision (deber invigilando), it regulates and prevents the cutting of understory vegetation and burning within the protection area of the spring and río Sarchí.” Additionally, the record contains Report OG-816-2019, issued by Ing. Maikol Rodríguez Gómez, a SINAC official, dated 4 de julio del 2019, in response to a complaint concerning encroachment upon protection areas.
The report concludes: “There is a new elevated slab structure with an area of 19.5 m ² located 8 meters from the spring, as well as the renovation of a house located 10 meters from the spring; Two trees located within the protection area of the naciente La Fuente and within the protection area of Río Sarchí were removed; The (sic) cutting of understory vegetation continues within the protection area of the naciente La Fuente; There (sic) has been a failure to comply with Administrative Compliance Order Official Letter OG-1026-2018; It (sic) is recommended that a report of facts be filed with the Fiscalía de Grecia concerning encroachment, tree removal, and the cutting of understory vegetation within the protection area.” As demonstrated by the cited reports and the administrative case file submitted herewith, the handling of the environmental complaint by officials of my client falls within the statutory limits and powers assigned to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación pursuant to Article 22 of Ley de Biodiversidad No. 7788 de 30 de abril de 1998, Articles 33,34, 58 of Ley Forestal No. 7575, and Article 90 of Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317.
LEGAL BASIS (sic). Under Costa Rican environmental legislation, water-resource protection areas have been established by statute since the preceding forestry laws, first appearing in 1969 in Ley Forestal No. 4465 de 25 de noviembre de 1969, where they were governed by Article 68, and continuing in the subsequent forestry laws No. 4573 and No. 7174, under the same conditions as in the currently applicable (sic) Ley Forestal No. 7575 de 1996. In particular, Article 33 of Ley No. 7575 establishes a fixed protection area whose measurement and setback are specified differently for each body of water, as follows: [Transcribes Article 33] These regulations are supplemented by Articles 34 and 58 of Ley No. 7575, which establish the prohibitions against removing trees and the offense of encroaching upon such areas, as well as by Article 90 of Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317, which prohibits the removal of understory plant species from water-resource protection areas.
Constitutionally, these restrictions have been deemed legitimate; they arise from the law and are general limitations imposed on property rights because they protect a public interest and the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they do not require compensation, in accordance with Articles 45 and 50 of the Constitution. (sentencias 4878/2002, 9077/2002, 5725/2004, 4926/2005, 2380/2006, 16972/2008, 3180/2014 entre otras) In this particular case, it is relevant that the property is owned by the Municipalidad and, under the legislation, property of this type is directly subject to environmental regulations. The status of the registered owner remains unchanged, since what the Ley Forestal imposes are use restrictions on the owner. With regard to the property registered in the Alajuela Registry District under Real Property Folio No. 24094-000, MINAE’s Departamento de Aguas also performed identification and classification work, as recorded in DAUHTPCOSR-0067-2017, which determined the existence of a permanent spring (naciente).
For this type of body of water, the protection areas (áreas de protección) are established in Article 33(a), cited above. In this regard, it should be noted that the co-defendant Municipality has conducted a study and analysis concerning the status of the dwellings located on its property and has determined that several of them are not within the protection radii or strips provided for in Article 33 of the Ley Forestal. Those properties include the dwelling occupied by the plaintiff (see MV-OA-OF-360-2019 of the Municipalidad de Sarchí); therefore, no actual harm or threat arising from the actions of the party I represent has been demonstrated. The evidence submitted in the administrative record shows that there is no actual threat of eviction arising from the actions of the party I represent in connection with addressing the environmental complaint and issuing the administrative preventive order (prevención administrativa), which complies with the legal limits and powers assigned by the legal system.
On the contrary, the Municipality, as owner of the property and co-defendant, has proceeded to conduct studies and analyze the situation in an effort to remedy the environmental damage that was identified and that is the subject of the administrative preventive order issued. In that process, quite contrary to the plaintiff’s assertions, it was determined that the dwelling she occupies is not affected under the terms of the Ley Forestal. It is not possible to infer from the administrative order issued by the Oficina de Grecia either the content alleged by the plaintiff or an intention to dispossess her. None of the provisions infringes her rights, nor are they even directed at her, but rather at the Municipality, which must conduct the analyses and studies necessary to address the site’s environmental problems. In this full proceeding (proceso de conocimiento), no SINAC act related to the facts and claims asserted by the plaintiff in the complaint has been challenged; therefore, the necessary connection among the facts, the claims, and the administrative action is absent.
There is no reason whatsoever to link the Sistema Nacional de Áreas de Conservación to the legal and material effects of the claims asserted by the plaintiff, particularly when the alleged actions never occurred and the facts are based on the party’s assumptions and expectations, most of which cannot be attributed to the party I represent. C) Municipalidad de Sarchí. Regarding the factual and legal considerations supporting the opposition. The plaintiff’s claims are emphatically rejected, since the party I represent has taken no action aimed at evicting the occupants of the human settlement known as Río Sarchí, located on municipal property 2-224094-000, including the housing unit of Ms. Morales Arce. On the contrary, acting in good faith, transparently, and in coordination with those occupants, the party I represent has undertaken the necessary steps to seek a comprehensive solution following notification of the SINAC Administrative Preventive Order.
Those efforts are intended to restore and regularize the protection zones or areas that must be observed in accordance with the Ley Forestal, taking into account the existing human settlement on the municipal property, in keeping with the Municipality’s actual material capabilities; the constitutional principle of guaranteeing every person a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitución Política; the constitutional rights and guarantees protected by our Carta Magna; the pursuit of the greatest possible well-being and protection for residents; the utmost respect for human life and dignity; the right to adequate housing; the constitutional protection established in Article 51 of that same body of law, which affords special State protection to the family and to vulnerable populations such as mothers, children, and older adults; the best interests of the child, which entail the protection of minors; the rights recognized for older adults and persons with disabilities; and, above all, recognition of the fundamental rights of the families residing at the site, as well as application of the principle of inter-administrative coordination (principio de coordinación interadministrativa) inherent in Administrative Law (Derecho Administrativo).
In other words, the party I represent has not formally pursued the eviction of the persons residing on the municipal property through due process. Having stated the foregoing, the factual considerations relevant to the case, which demonstrate that the complaint filed by the plaintiff is factually and legally unfounded, are set forth below: -On September 14, 2018, Administrative Preventive Order OG-1026- 2018, issued on August 29, 2019 by Lic. Juan José Rodríguez Jiménez, Head of the Oficina de Grecia of the Área de Conservación Central, Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central, was served. It prohibits new construction, cutting, or burning of low vegetation within the protection area of the spring and Río Sarchí; prohibits encroachment upon the protection area of the spring and Río Sarchí; and calls for the necessary measures to be undertaken before the appropriate authorities to eliminate the encroachment. - On November 15, 2018, through coordination by the Ministerio de la Presidencia de la República, it was agreed to establish an Interinstitutional Commission (Comisión lnterinstitucional) to address the problem comprehensively, so that the Municipalidad, with institutional support and the assistance of its technical personnel, could undertake the corresponding measures and submit the Action Plan (Plan de Acciones).
It should be noted that, at this level of coordination, the ministries recommended submitting an action plan, not pursuing the eviction of the human settlement. [Lists a series of actions carried out during 2019 and 2020] The foregoing demonstrates that the party I represent has not carried out acts of eviction against the plaintiff or any other occupant of the municipal property, but instead has exercised its powers in search of a comprehensive solution, observing due process and involving the occupants and the State institutions responsible for resolving the underlying matter and the problems it presents, while balancing the social interest and the guarantee of respect for human rights. With regard to the legal considerations, the provisions of law supporting our opposition, as well as the actions taken by the party I represent in this case at the administrative level, are cited below: [Cites legal provisions] Having set forth the foregoing, the following are additional reasons for my opposition to the complaint: The property 2-224094-000, on which the human settlement known as Urbanización Río Sarchí is located and where the plaintiff resides, is public-domain property (bien demanial) owned by the Municipalidad de Sarchí and is therefore subject to all restrictions inherent in that legal status.
Accordingly, the plaintiff’s arguments and legal grounds are unfounded because this particular case does not concern private property, but rather municipal real property. The inalienability of public-domain property precludes its voluntary or compulsory transfer, whether in whole or in part, as well as possession under private law. Numerous decisions of the Sala Constitucional reaffirm that public-domain property cannot be privately possessed and that administrative action replaces possessory proceedings (interdictos) for the recovery of ownership (or possession). (Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815- 96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001) Property 2-224094-000 is subject to the following restrictions: - A 100-meter protection radius around a permanent spring not tapped for human consumption.
Its existence is established by a binding determination from the competent entity, namely MINAE’s Dirección de Aguas. - A 15-meter river setback (alineamiento fluvial) along the channel of Río Sarchí, according to registered survey plan A-721701-87, granted by INVU within the scope of its authority. - A 24-meter road reservation (previsión vial) for National Route No. 118, specifying that the future property line would be parallel to and 12 meters from the centerline of the roadway, and that the building line would be parallel to and 15 meters from the centerline of the roadway. This was granted by MOPT pursuant to its authority over the national route bordering the property. The following figure shows a map combining all the encumbrances and setback lines affecting this municipal property. [Shows figure] Regarding access, according to memorandum MVV-TOP-OF-023-2019 from the municipal surveyor, it consists of “an alleyway” with an average width of 4.50 meters and a length of 130 meters, which is partially paved and lacks a functional stormwater drainage system.
Nevertheless, much of this access lies within the spring’s affected zone. In the action plan contained in memorandum MVV-OA-OF-360-2019, the party I represent stated (page 54) that it would seek technical and legal solutions for the families located outside the spring protection areas and the river protection zone, which are presumed to include the plaintiff, although this must be confirmed once the remaining actions have been completed. This indicates that the solution may include parcel segregation (segregación), removal from the public domain (desafectación), or donation, subject to proper legislative authorization and prior approval by the Concejo Municipal. Regarding the latter, consideration must be given to where access could be established and whether the segregated parcels comply with urban-planning and cadastral regulations. Furthermore, we oppose the complaint because, far from carrying out an eviction, the party I represent has sought to implement the aforementioned action plan, even though it was rejected by SINAC, and has sought application of the moratorium established by the Ley de Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, Ley N.º 9577 del 27/06/2018.
It should be noted that Article VII, Agreement No. 1 of Ordinary Session 185 held by the Concejo Municipal on November 19, 2019, stated that the moratorium was applied because “occupants” are understood to mean persons residing in zones classified as special, including the zone known as Patrimonio Natural de Estado, which in this specific case refers to the spring protection-radius areas and the riverbanks.
Accordingly, by requesting the application of that law, a provisional solution is being provided for the families currently located in that settlement while the Municipal Administration continues the proceedings necessary to achieve a permanent solution. In the same vein, since Ley 9577 will remain in effect until July 20, 2021, my client has taken steps before the corresponding authorities to secure the enactment of a new provision, which is currently before the Legislative Assembly and corresponds to the bill being processed under expediente N.º 22.309. The bill was exempted from standard legislative procedure and approved on first reading on June 21, 2021; it was reviewed by the Drafting Committee, and its approval on second reading is scheduled for Thursday, June 24, 2021. Therefore, once the new law protecting the occupants of areas classified as special zones has been published, my client will take the appropriate steps to avail itself of that legislation; that is, the eviction or demolition of structures on municipal property 2-224094-000 will be suspended for a period of forty-eight months in order to continue protecting the occupants of that property and to pursue the comprehensive solutions proposed in the work plan contained in official letter MVV-OA-OF-360-2019.
Based on the foregoing, the appropriate course of action is to oppose the claims brought against my client (those described on pages 10 through 12 of the filing dated December 10, 2020), as all of them are inadmissible because: 1. No eviction proceeding has been initiated by the Municipality or SINAC; 2. No survey plans have resulted in the registration of a parcel on the municipal property due to its legal status; 3. No acts interfering with possession or ownership have been carried out, and those legal concepts are inapplicable to public-domain property (bienes demaniales); 4. The plaintiff cannot request administrative action against other persons without having authority to represent them; 5. The subdivision (segregación) of public-domain property and its corresponding donation are subject to a special procedure that falls outside the scope of declaratory proceedings (proceso de conocimiento), since the necessary technical opinions regarding access have not been obtained, nor has due approval been granted by the Concejo Municipal and the Asamblea Legislativa; 6.
The process for providing social-welfare housing solutions (soluciones de vivienda de bien social) is likewise subject to a special procedure that falls outside the jurisdiction of declaratory proceedings. With respect to the claim for compensation, it is manifestly inadmissible, untimely, and unfounded because it lacks factual, legal, and evidentiary support, as explained below: - In principle, the plaintiff’s dwelling unit is not located within the protection zones surrounding the spring (naciente) or the river, or within the national-route setback line (alineamiento de ruta nacional), but it is located within the municipal property; therefore, the implications of that property’s legal status must be applied. - My client has not dispossessed or evicted the plaintiff, as demonstrated by the attached administrative record and by the plaintiff’s failure to submit evidence, notwithstanding the burden of proof borne by the plaintiff.
It should even be noted that the Municipality provides solid-waste collection services at the site without the occupants paying any amount for them; the same applies to all matters related to property-tax charges, building permits, and other urban services. - There is no pecuniary damage, non-pecuniary damage, or loss, because my client has taken no action to evict the plaintiff.
IV.Proven Facts (hechos probados). To determine the proven facts in this case, the judicial case file (expediente judicial), the digital administrative case file (expediente administrativo) submitted by SINAC, the evidence submitted with the complaint, and the audio recordings of the hearings in the proceeding were reviewed. Accordingly, for purposes of deciding this matter, based on the evidence admitted and assessed, the following facts are deemed established:
The foregoing segregation (segregación) is made pursuant to cadastral plan number A-seven hundred twenty-one (sic) thousand seven hundred one – eighty-seven, which has been approved by the Municipalidad de Valverde Vega. The remainder reserved by the donor is described as follows: (…) Ramón Antonio Rodríguez Rodríguez, in the capacity in which he appears, accepts the donation, which he values at the sum of one hundred colones. No fees are charged.” (image 316 of the judicial case file) 3) In Articles Four and Five of ordinary session number 74, held at eighteen hours on 18 de marzo de 1988, the Concejo Municipal de Valverde Vega resolved: “ARTICLE (sic) FOUR: / Whereas a housing development known as ‘Ciudadela Río Sarchí’ was established in Sarchí Sur, Valverde Vega, and contains approximately 18 social-interest homes that lack electrical service, the Concejo Municipal de Valverde Vega unanimously resolves: To respectfully request from the Instituto Costarricense de Electricidad ICE the electrical service indicated, as well as the possibility of installing a public telephone at the aforementioned location. / Final resolution. / ARTICLE (sic) FIVE: The Concejo Municipal de Valverde Vega unanimously resolves: To respectfully request from the Departamento de Planeamiento del Ministerio de Educación Pública the opening of an Educational Center in Alto Castro Sarchí Sur, for the purpose of benefiting the residents of that location and the inhabitants of Ciudadela Río Sarchí, who must attend the Escuela de San Juan de Grecia or Sarchí Sur, which poses a degree of danger to the children because of the distances involved. / Final resolution.” (image 276 of the judicial case file).
V.Unproven facts. Of relevance to this case, based on the evidence admitted and evaluated, the following is deemed unproven:
VI.Subject matter of the proceeding. The subject matter of the proceeding is to order the Municipalidad de Sarchí to take the steps necessary to complete the registration transfer through the donation made in its favor and to issue and register the cadastral plan for the portion of land that Ms. Gloria Morales Arce considers to be her property. In this regard, she states that the property at issue in this proceeding was registered in the name of the Municipalidad de Sarchí in 1988, but that the municipal authorities always made clear that the property had been donated for the construction of social-interest housing and that numerous administrative steps had been taken, including processing the issuance of subdivision plans, to formalize that donation; nevertheless, they have been unable to regularize and register the land in their names. In this regard, the local government has stated that the land is a public-domain asset (bien de dominio público), with the limitations that this entails.
The plaintiff states that they are under threat of eviction as a result of various actions taken by SINAC and the Municipalidad de Sarchí, because those institutions indicate that part of the land, where many dwellings are located, is affected by a permanent spring and by the Río Sarchí; she further states, however, that a group of those dwellings is located outside the protection zone. She therefore requests that the defendant entities be ordered to cease any eviction action against her and that it be definitively established whether her dwelling lies within the protection strip (franja de protección). The defendants have clearly stated that no eviction proceedings are pending, that Ms. Morales Arce’s dwelling is outside the protection zone, and, according to the local government, that it is taking steps to find technical and legal solutions for the families located outside the protection zones. Lastly, she requests that the Municipalidad de Sarchí, SINAC, and the State be ordered to pay damages, losses, and costs for their actions to her detriment.
VII.On the merits. For purposes of addressing the action filed, it is determined that the central issue in this matter lies in claim number 2 asserted by the plaintiff, in which the plaintiff requests that the Municipality of Sarchí be ordered to complete the conveyance through a donation in the plaintiff’s favor and to register and issue the corresponding survey plan. The remaining claims and arguments depend entirely on this claim; therefore, the argument asserted regarding this requested relief will be analyzed first. As a first argument, the plaintiff states that there is a legal connection between the property and its occupants (including the plaintiff), since the plaintiff has inhabited said property for more than 30 years with all urban-planning, municipal, and public-utility requirements lawfully obtained for the dwelling, asserting that possession has been lawful and that Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment, while Article 45 provides that property is inviolable and that no one may be deprived of it except for a legally established public interest and upon prior compensation in accordance with the law.
The Court’s assessment: With respect to this argument, the plaintiff offers no evidence reliably establishing that the Municipality of Sarchí issued an administrative act in the plaintiff’s favor granting a right or an expectation of a right over the property registered in the Province of Alajuela under the real-property folio system as registration number 224094-000, with cadastral plan A-0721701-1987, which belongs to the aforementioned local government, particularly when the relief sought is completion of the donation. Regarding the evidence submitted in support of this request, the record contains a series of municipal resolutions acknowledging the existence of a housing development on property located along the banks of the Sarchí River, which is presumed to be the same property—since none of the resolutions expressly states the property number. Nevertheless, their contents show that the statements made are general descriptions concerning the establishment of the housing development and do not imply or demonstrate that an administrative act was issued recognizing the plaintiff’s ownership right over said property.
In addition, Article Thirteen of Regular Session No. 20, held at 10:10 p.m. on November 7, 1986 (proven fact 1), is offered as evidence and refers to the property having been donated for the construction of low-income housing. However, when the donation was made to the Municipality of Sarchí, it was not stated that the property was intended for the construction of low-income housing, as evidenced by Deed No. 154, executed at 8:00 a.m. on October 13, 1987, before Notary Public Francisco Rodríguez Rodríguez (proven fact 2). It is also observed that the cited resolution was issued before the aforementioned donation. Furthermore, with respect to the contents of Articles Four and Five of Regular Session No. 74, held at 6:00 p.m. on March 18, 1988 (proven fact 3); Article Eight of Regular Session No. 85, held at 6:00 p.m. on June 24, 1988 (proven fact 4); and Article Three of Regular Session No. 92, held at 6:00 p.m. on August 19, 1988 (proven fact 5), it is observed that, although reference is made to the establishment of the housing development and the local government’s intentions regarding its disposition, those intentions were neither implemented nor embodied in an administrative act in favor of the plaintiff—or, at least, the plaintiff has not proven that they were.
They therefore amount merely to tolerance by the local government concerning the use of the property registered in the Province of Alajuela under the real-property folio system as registration number 224094-000, which creates no right in favor of the plaintiff, much less a donation as alleged. In this regard, it has been established that the property at issue in these proceedings is registered in the name of the Municipality of Sarchí (proven fact 10); accordingly, any use thereof by the plaintiff constitutes an act of mere tolerance that may be terminated at any time because it creates no right of possession, as provided in Article 279(1) of the Civil Code: “Independently of the right of ownership, the right of possession is acquired: 1.—By consent of the owner. Permissive acts or acts of mere tolerance do not confer the right of possession....” In view of the foregoing, the plaintiff is incorrect in asserting lawful possession because Article 277 of the Civil Code provides that “The right of possession consists of the authority vested in a person to hold under that person’s power and will the thing that is the object of the right.” This cannot occur here because the property over which possession is alleged is registered in the name of the defendant, making it entirely impossible for the plaintiff to hold it under the plaintiff’s power and control.
Likewise, this means that the plaintiff cannot allege a violation of the private-property right enshrined in Article 45 of the Political Constitution, since the land at issue does not belong to the plaintiff and the plaintiff holds no right over it. Lastly, the argument concerning Article 50 of the Political Constitution is irrelevant to this case because the central issue in the proceedings is ownership of the repeatedly referenced real property, rather than the rights set forth in that article. Accordingly, the argument asserted must be rejected because the plaintiff has no legal title whatsoever granting any right over the property registered in the Province of Alajuela under the real-property folio system as registration number 224094-000. As to the remaining claims, concerning the cessation and exclusion of any eviction proceedings in the plaintiff’s name and the determination of the dwelling’s location in relation to the protected area (set forth in items 3, 4, and 5), the same objection is asserted: namely, that by virtue of the right the plaintiff believes the plaintiff holds, no eviction action may be taken and it must also be determined whether the plaintiff’s dwelling is located within the protected area.
In this regard, it is clear to this Court that, because the plaintiff has failed to demonstrate the existence of any right over the property belonging to the Municipality of Sarchí, the related objections and requests are unfounded insofar as they depend directly upon such a right. Furthermore, it must be noted that, given the municipality’s tolerance of the use of the property, in official communication MVV-OA-OF-360-2019 dated June 14, 2019, issued by the Office of the Municipal Mayor, the local government prepared a sketch identifying and describing all housing units and indicating which dwellings are located within the protected area and which are outside it. This establishes that the action sought has already been performed by the local government.
VIII.On the claim for compensation. The plaintiff requests that the Municipality of Sarchí, SINAC, and the State be ordered to pay damages, losses, and costs caused by their conduct. Upon review of the action filed, it is observed that this request is connected to the principal claim, which seeks an order requiring the Municipality of Sarchí to complete the conveyance through a donation in the plaintiff’s favor and to register and issue the corresponding survey plan based on a right the plaintiff alleges over the property registered in the Province of Alajuela under the real-property folio system as registration number 224094-000. It is therefore determined that this monetary claim is closely tied to the effects and circumstances that would result from granting the principal claim. Nevertheless, as explained in the preceding considerations, the plaintiff’s arguments are without merit; consequently, the requested relief is unfounded, and the payment sought is likewise unavailable. The Court therefore finds that this claim, being ancillary, is unfounded because the principal claim asserted by the plaintiff was rejected, in accordance with the principle that the ancillary follows the principal. Accordingly, the action filed is dismissed in its entirety.
IX.Regarding the defenses asserted. The representatives of the State and SINAC assert the defense of lack of active and passive standing ad causam (falta de legitimación ad causam activa y pasiva). The representative of the State argues that the claimant does not demonstrate how the State has adversely affected her legitimate interests, nor the existence of threats originating from the respondent administrations, and that there is no indication that the State has engaged in any conduct that could constitute the subject matter of the proceeding; consequently, there is no reason to bind it to the legal and material effects of the relief sought by Ms. Morales Arce. The representative further adds that the State cannot be considered to have passive standing either, under the terms established in section 12.2 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), because no act of SINAC is being challenged here as the cause of the damages claimed.
The representative of SINAC states that, in this proceeding on the merits (proceso de conocimiento), no act of the institution relating to the facts and claims set forth by the claimant in the complaint has been challenged; therefore, the necessary connection among the facts, the claims, and the administrative action has not been established, and there is consequently no reason to bind SINAC to the legal and material effects of the relief sought by the claimant, particularly when the alleged actions never occurred and the facts are based on the claimant’s assumptions and expectations, most of which cannot be attributed to the representative’s client. Tribunal’s determination: Having reviewed the relief sought in the complaint and in accordance with the arguments presented, this Tribunal determines that the claimant does not, in fact, challenge any conduct by SINAC and that SINAC has taken no action affecting any subjective right (derecho subjetivo) or legitimate interest of the claimant.
Additionally, it is necessary to address the relief sought. Claim number 2 is directed against the Municipalidad de Sarchí. In claims 3 and 4, she requests that the respondent entities be ordered to immediately cease any administrative order intended to evict her and that it be determined whether her dwelling is located within the protection buffer of the springs (franja de protección de las nacientes). The first point to note is that the actions taken by SINAC were issued in response to a complaint concerning environmental damage on the property registered in the Alajuela Property Registry under real-property folio registration number 224094-000, with registered survey plan No. A-0721701-1987, owned by the Municipalidad de Sarchí (proven fact 12), where it was determined that the property is subject to the restrictions of Ley Forestal No. 7575 of 13 de febrero de 1996, established in Articles 33 and 34 concerning water-resource protection areas (áreas de protección del recurso hídrico), due to the presence of both a river and a spring (naciente) (proven fact 11).
This resulted in administrative notice (prevención administrativa) OG-1026-2018, issued at catorce horas dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho by the Grecia Office of SINAC’s Área de Conservación Central (proven fact 6), which falls within its statutory authority and is addressed solely to the local government as the owner of the aforementioned property. Second, it must be taken into account that the claimant holds no right whatsoever in relation to the property at issue in the proceeding, as previously established; therefore, it cannot be argued that the directives issued by SINAC caused her any harm or affected her rights in any manner. Third, it is clear that this institution has issued no eviction order directed at the claimant, nor has any such order been served on her. Fourth, regarding the request to determine whether her dwelling is located within the protection buffer, it is clear that the property at issue in the proceeding concerns the local government and that it is not SINAC’s responsibility to assess matters arising from the relationship between the claimant and the Municipalidad de Sarchí.
Indeed, in official letters DDU-OF-174-2019 of 20 de mayo de 2019 from the Dirección de Desarrollo Urbano and MVV-OA-OF-360-2019 of 14 de junio del 2019 from the Alcaldía Municipal (proven fact 4), the latter reports that Ms. Morales Arce’s dwelling is located outside the protection zone identified and reported by SINAC in administrative notice OG-1026-2018, issued at catorce horas dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho by the Grecia Office of SINAC’s Área de Conservación Central. For the foregoing reasons, it is appropriate to uphold the defenses of lack of active and passive standing ad causam asserted by the representatives of SINAC and the State, making it unnecessary to analyze the defenses of failure to state a legally cognizable right (falta de derecho) asserted by both representatives. The representative of the Municipalidad de Sarchí asserts lack of active standing (falta de legitimación activa) and failure to state a legally cognizable right.
With respect to lack of active standing, it is determined that the relief sought by the claimant is directed—in accordance with her particular circumstances—against the local government; therefore, it is evident that standing exists in both respects. Based on the considerations set forth in the preceding recitals (considerandos previos), the defense of failure to state a legally cognizable right asserted by the representative of the Municipalidad de Sarchí is upheld.
X.Costs. Pursuant to Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, attorneys’ fees and litigation costs (costas personales y procesales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of having lost. Such an award is not imposed when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party or when, in the Tribunal’s judgment, sufficient grounds existed to litigate. In view of the foregoing, this Tribunal finds no basis for exempting this case under the stated terms; accordingly, the claimant must be ordered to pay both categories of costs in the proceeding, together with the interest accruing thereon.
Por tanto
For the reasons stated, the defense of lack of active and passive standing ad causam asserted by the representatives of SINAC and the State is upheld, and because it is unnecessary, the analysis of the defense of failure to state a legally cognizable right asserted by both representatives is omitted. With respect to the Municipalidad de Sarchí, the defense of lack of active standing is rejected and the defense of failure to state a legally cognizable right is upheld. Consequently, the complaint is dismissed in its entirety. Both categories of costs in the proceeding shall be borne by the claimant and losing party, together with the interest accruing thereon. Eduardo González Segura. Lourdes Vargas Castillo. Marco Antonio Hernández Vargas.
Case file: 20-005185-1027-CA Matter: Proceeding on the merits Claimant: Gloria Morales Arce Respondents: Municipalidad de Sarchí, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and the State ????????????????
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, DECIDING JUDGE EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, DECIDING JUDGE LOURDES VARGAS CASTILLO, DECIDING JUDGE Page 1 of 30.
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Asunto: Proceso de conocimiento Actor: Gloria Morales Arce Demandado: Municipalidad de Sarchí, Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Estado N° 2025007309 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEGUNDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de julio del dos mil veinticinco.- Proceso contencioso administrativo interpuesto por la señora Gloria Morales Arce, cédula 2-0430-0390, contra la Municipalidad de Sarchí, Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Estado. Intervienen el licenciado Jorge Chaves López, en representación de la parte actora y los licenciados Lineth Arce Valverde, Christian Barrero Godínez y Gloria Solano Martínez, en representación de las partes demandadas, respectivamente. A continuación, procede este Tribunal Colegiado a dictar la sentencia de primera instancia, con el voto unánime de sus miembros, previa deliberación de rigor.
Redacta el juez Hernández Vargas.
Considerando.
I.Antecedentes procesales. A efectos de resolver el presente proceso contencioso administrativo, en las siguientes líneas se expondrán los antecedentes de relevancia:
II.Argumentos de la parte actora. En cuanto a la formulación de la demanda, se transcribe lo indicado por la parte actora: HECHOS. PRIMERO: En sesión ordinaria número 20 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega de las veintidós horas con diez minutos del día 7 de noviembre de 1986, folio número 2171 y 2172, artículo décimo tercero: los señores regidores, Rodríguez Rodríguez, Alfaro Camacho, Quesada Esquivel y Chaverri Murillo, presentan moción la que fue aprobada por unanimidad y a la letra dice: "mocionamos con el propósito de solicitar al Ifam (sic), la asesoría técnica necesaria con el fin de realizar el levantamiento topográfico y la escrituración respectiva de los lotes que forman parte de la propiedad situada a orillas del Río Sarchí, donada por el señor Luis Castro Monge a la municipalidad (sic) de Valverde Vega, con el fin de construir viviendas de tipo popular. Acuerdo (sic) firme".
(ver prueba uno). SEGUNDO: El 23 de enero de 1988 se inscribió a nombre de la Municipalidad de Valverde Vega, la propiedad con una cabida de 8145 metros con 87 decímetros cuadrados; partido de Alajuela finca inscrita en folio real 224094-000, plano catastrado A-0721701-1987, donada por el señor Luis Castro Monge para ser destinada a la construcción de viviendas de interés social. (ver prueba 2). TERCERO: Que la finca inscrita en folio real 224094-000, cuenta con plano catastrado número A-0721701-1987; del cual nacieron en su momento, como planos hijos del mismo los siguientes planos catastrados: A-99944-92, A-88069-92, A-92495-93, A-88071-92, A-89972-92, A-89600-92, A-93584-93, A-92496-93, A-92499-93, A-93582-93, A-87791-92, A-89780-92, A-87662-92, A-87661-92, A-594734, A-89782-92, A-87795-92, A-87289-92, A-93583-93, A-89781-92, A-87792-92, A-92497-93, A-87794-92, A-88068-92, A-87793-92, mismos que fueron tramitados y entregados a cada uno de los beneficiarios por parte de la propia Municipalidad de Sarchí, con el fin de inscribir los terrenos a nombre de los aquí recurrentes.
(ver prueba 3). CUARTO: En sesión ordinaria número 74 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega, en la ciudad de Sarchí norte de las dieciocho horas del día 18 de marzo de 1988, folio número 2419 y 2420, estableció en su artículo cuarto: "en vista que en Sarchí sur Valverde Vega, se instaló una ciudadela denominada "Ciudadela Río Sarchí" y la misma cuenta con aproximadamente 18 casas de habitación de interés social, las cuales no cuentan con el servicio de instalación eléctrica, por lo tanto, el Concejo Municipal de Valverde Vega por unanimidad, acuerda: solicitar muy respetuosamente al instituto costarricense de electricidad (sic) ice (sic) el servicio eléctrico indicado, así como la posibilidad de instalar un teléfono público en el lugar citado. acuerdo (sic) firme. artículo (sic) quinto: el Consejo (sic) Municipal de Valverde Vega por unanimidad, acuerda: solicitar muy respetuosamente al departamento de planeamiento del ministerio de educación pública (sic), la apertura de un centro educativo en alto de centro Sarchí sur, con el propósito de favorecer a los vecinos de ese lugar y a los pobladores de la ciudadela Rio (sic) Sarchí, quienes deben asistir a la escuela de san juan (sic) de Grecia o Sarchí sur, lo cual representa a los niños un grado de peligrosidad debido a las distancias. acuerdo firme.'' (ver prueba 4).
QUINTO: En sesión ordinaria número 85 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega, en la ciudad de Sarchí norte de las dieciocho horas del día 24 de junio de 1988, folio número 2470, artículo octavo, estableció: “en vista de que la municipalidad necesita lotificar la finca propiedad suya en el alto de castro (sic) de Valverde Vega, destinan el proyecto de vivienda el concejo municipal (sic) por unanimidad acuerda; solicitar respetuosamente al departamento de ingeniería del lfam (sic) la segregación de los lotes en dicha finca propiedad de la municipalidad, con el objetivo de continuar con el objetivo de continuar (sic) con el proyecto de vivienda popular. acuerdo firme.” (ver prueba 5). SEXTO: Que en sesión ordinaria número 92 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega, en la ciudad de Sarchí norte de las dieciocho horas del día 19 de agosto de 1988, folio número 2494, artículo tercero: el Concejo Municipal de Valverde Vega por unanimidad acuerda dirigirse al Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, para solicitarles respetuosamente, realizar un estudio socio-económico a 18 familias que construyen o construyeron sus casas de habitación en un proyecto de vivienda auspiciado por esta municipalidad en el Alto de Castro de Sarchí sur, para determinar sus condiciones de pago con el fin de crear un fondo rotario para poder ayudar a más personas.
Acuerdo firme. (ver prueba 6). SÉTIMO: Que en sesión ordinaria número 144 celebrada por el concejo municipal de Valverde Vega, de las dieciocho horas del día 1 de diciembre de 1989, folio número 2793; fueron recibidas por el Concejo Municipal, vecinos del Caserío denominado Villa Sarchí quienes solicitan cooperación para obtener 212 metros de alcantarillas y solucionar así un problema que se les presenta con el agua. El señor presidente les indica que se está en la mayor disposición de brindarles la colaboración por lo que se le solicitará un presupuesto al señor ejecutivo municipal. (ver prueba 7). OCTAVO: Que en sesión ordinaria número 65 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega en la ciudad de Sarchí norte de las dieciocho horas del día 16 de setiembre de 1991, folio número 3214, se indica que los vecinos del Río Sarchí, se hicieron presentes ante el Concejo Municipal para que les aclaren la veracidad de que la municipalidad les va a quitar los lotes que la municipalidad anterior les había concedido, se les comunicó por parte por parte (sic) del señor presidente municipal que en cuanto a que se les va a desalojar de dichos terrenos es mentira.
(ver prueba 8). NOVENO: Que el 29 de agosto del 2018 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitió la prevención administrativa número OG-1026-2018, notificando a Óscar Quesada Esquivel, representante legal de la Municipalidad de Valverde Vega, indicando prohibiciones específicas para la propiedad de la Municipalidad de Valverde Vega localizada en el caserío Río Sarchí: la prohibición de invadir el área de protección de la naciente y el Río Sarchí, para lo cual se le advierte de la necesidad de realizar gestiones necesarias ante las autoridades que correspondan, para eliminar la invasión de que es objeto el terreno de su propiedad, y que podría estar afectando el recurso hídrico que ahí existe, pues la invasión en el área de protección de los 100 metros de radio alrededor de las nacientes permanentes y 15 metros o 50 metros a ambos lados de ríos, quebradas o arroyos, es prohibida por la ley forestal.
También se indicó en el artículo tercero de dicha prevención administrativa que "se constató la presencia de una especie de precario, que se instaló en ese terreno de la municipalidad de Valverde Vega". Sin embargo, como se acredita mediante los planos catastrados supra indicados, los recibos eléctricos a nombre de las personas que viven en dicha propiedad, la misma NO es ningún precario. (ver prueba 9). DECIMO (sic): (La parte actora peticionó eliminarlo) DÉCIMO PRIMERO: El caserío Río Sarchí ubicado en la finca inscrita en folio real 224094-000, está habitado en su gran mayoría por familias conformadas por personas menores de edad y personas adultas mayores con padecimientos médicos comprobados consolidadas en el sitio desde hace más de 30 años; lo cual se acredita mediante oficio MVV-VA-OF-047-2019 del 23 de abril de 2019; así como en comunicado de dicho informe realizado por parte de la Municipalidad de Valverde Vega, al Instituto Mixto de Ayuda Social; donde se indicó que a esa fecha el Caserío Río Sarchí contaba con un aproximado de 40 familias.
(ver pruebas 10 y 11). DÉCIMO SEGUNDO: Actualmente los habitantes de la localidad Río Sarchí cuentan con medidores de electricidad propios e independientes en cada una de las casas; tal y como se acredita a modo de ejemplo a continuación: (…) DÉCIMO TERCERO: En el oficio MVV-VA-OF-012-2019 de fecha 11 de febrero del 2019, la Vicealcaldesa Norma Zeledón Pérez, mediante la solicitud al Instituto Mixto de Ayuda Social, hace referencia a la urgencia de realizar el censo a los habitantes de Río Sarchí por motivos de la prevención administrativa emitida por el MINAE y del supuesto desalojo, de esto último nosotros no hemos sido notificados formalmente y dicha situación nos preocupa, ya que la Municipalidad no se hace responsable de las personas que hemos habitado el Caserío Río Sarchí desde hace más de 30 años. DÉCIMO CUARTO: Que mediante acuerdo del Concejo Municipal de Sarchí, acta número 102, folio 236, del 14 de noviembre del 2019; se indicó que: “se suspenden hasta el 20 de julio del 2021 el desalojo de las personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra parte del patrimonio natural del estado, al ser declaradas áreas de protección de aptitud forestal el radio de 100 mts de protección de la naciente permanente y 15 metros a partir de la ribera del Río Sarchí, en favor de las personas ocupantes del asentamiento humano ubicado en el inmueble número 2-224094-000 propiedad de la municipalidad, conocido como urbanización Río Sarchí” lo cual plasma claramente que ya existe fecha para desalojar y demoler nuestras viviendas, sin que se nos haya informado de modo alguno esta situación.
(ver prueba 12). DÉCIMO QUINTO: Que mediante informe de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Valverde Vega emitido por el Director de dicho Departamento el arquitecto Sergio Bolaños Alfaro dijo que; tras el análisis a las 35 casas ubicadas en el sitio, “... existen algunas viviendas fuera de la afectación por retiros de cuenca, de diámetro de 100 metros con respecto a naciente, y de restricción constructiva de acuerdo a ruta nacional establecido por MOPT (sumado al mismo el retiro de ante jardín mínimo establecido para la zona); que las unidades constructivas identificadas con la numeración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 están fuera de las afectaciones señaladas. sin (sic) embargo, queda en cuestión la viabilidad de generar fraccionamientos tras tomar en consideración la viabilidad de generar para las mismas un frente de propiedad válido." (ver prueba 15) II. ANÁLISIS DEL CUADRO FACTICO (sic).
El 29 de agosto del 2018 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitió la prevención administrativa número OG-1026-2018, notificando a Óscar Quesada Esquivel, representante legal de la Municipalidad de Valverde Vega, indicando prohibiciones específicas para la propiedad de la municipalidad de Valverde Vega localizada en el Caserío Río Sarchí: "la prodición (sic) de invadir el área de protección de la naciente y el Río Sarchí, para lo cual se le advierte de la necesidad de realizar gestiones necesarias ante las autoridades que correspondan, para eliminar la invasión de que es objeto el terreno de su propiedad, y que podría estar afectando el recurso hídrico que ahí existe, pues la invasión en el área de protección de los 100 metros de radio alrededor de las nacientes permanentes y 15 metros o 50 metros a ambos lados del río, quebradas o arroyos, es prohibida por la Ley Forestal, también se indicó en el artículo tercero de dicha prevención administrativa que "se constató la presencia de una especie de precario, que se instaló en ese terreno de la municipalidad de Valverde Vega".
Sin embargo, como se acredita mediante los planos catastrados supra indicados, los recibos eléctricos a nombre de las personas que viven en dicha propiedad; fotografías del sitio y las viviendas dignas que existen en el lugar; el mismo no constituye un precario ni siquiera en el sentido jurídico de la ocupación en precario, pues si existe vinculación legal entre el bien y los ocupantes del mismo, toda vez que los vecinos del cacerío (sic) Río Sarchí han habitado dicha propiedad por más de 30 años con todos los requerimientos urbanísticos, municipales, y de servicios públicos obtenidos de modo licito (sic) para sus viviendas. (ver prueba 9). Por otra parte, los hechos mencionados en esta demanda reflejan que la posesión de los habitantes del caserío Río Sarchí desde su inicio ha sido legítima, y como los (sic) cita el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Así mismo el artículo 45 del mismo cuerpo normativo indica que la propiedad es inviolable y a nadie puede privarse de la suya, sino por el interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la Ley, pero a pesar de lo dicho, desde el año 2018 existe una prevención por parte del SINAC indicando a la Municipalidad de Sarchí, la orden de no invadir el área de protección de la naciente permanente y el Río Sarchí, advirtiendo la necesidad de realizar las gestiones necesarias para proteger la zona y sus habitantes, lo cual se ha interpretado por parte del gobierno local, como una orden de desalojo en contra de nuestra comunidad; con lo cual se violenta directa y flagrantemente nuestros derechos de propiedad, salud, derecho a un ambiente sano y a una vivienda digna, e incluso a nuestra seguridad jurídica, pues la Municipalidad de Sarchí nos hizo invertir el esfuerzo de nuestra vida entera en nuestras casas, gestionando conjuntamente con nosotros para regularizar e inscribir los terrenos a nuestro nombre; y ahora, resulta que pretende, por un desacuerdo entre entidades estatales, desalojarnos de nuestras casas, sin dar solución alguna a los gravísimos daños y perjuicios ocasionados.
Otro aspecto que los entes demandados no contemplan, específicamente el Municipio, es que, no todas la casas están ubicadas en la zona considerada como protegida, es decir, no se hace un análisis según la técnica y la ciencia, para determinar de forma certera que viviendas están dentro de dicha zona, todo lo contrario, se pretende hacer un barrido general sin considerar las circunstancias individuales de cada habitante, constituyendo dicha actuación en acto arbitrario, sin considerar que la Ley General de la Administración Pública, señala que, “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”. (artículo 16) Que con las pruebas que se aportan es clara la violación a derechos constitucionales y legales, que presente el municipio y el SINAC, por más de 30 años hemos habitado de forma pacífica los terrenos que hoy sin ningún reparo, quieren desalojar, al respecto, la Ley General de la Administración Pública, en su ordinal 190 dispone: “1.
La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. / 2 ...”. III. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Fundamento la presente demanda en los artículos 277, 278, 279.1, 279.2, 280, 282, 284, 285, 286 y concordantes del Código Civil, artículos 11, 39, 41, 45, 49 y 50 de la Constitución Política de Costa Rica, artículos 11, 16, 190 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, y artículos, 12, 16, 17, 40, 14, 42, 43, y 58 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
III.Argumentos de las partes demandadas. En cuanto a la contestación realizada, se transcribe lo indicado por las demandadas: A) Estado. Las pretensiones materiales deducidas de la demanda consisten en lo siguiente: (…) Falta de derecho, falta de legitimación ad causam pasiva del Estado y falta de legitimación activa: la actora no demuestra cual es la afectación a sus intereses legítimos por parte del Estado. Lo primero que hay que decir respeto a esta demanda, es que no es un hecho controvertido que en la finca 224094 inscrita a nombre de la Municipalidad codemandada, cuyo plano castrado asociado es el A-0721701-1987, tiene limitaciones que derivan del artículo 33 de la Ley Forestal (Ley N° 7575 del 13 de febrero de 1996). Dicho numeral declara como área de protección “las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” (inciso a), así como una franja de quince metros en zona rural medidas horizontalmente a ambos lados de las riberas de los ríos (inciso b).
Sobre el régimen de protección de las nacientes permanentes y las consecuencias que se desprenden de esa calificación legal, la Sala Primera ha dicho: [Transcribe sentencia 000199-F-S1/2010 del 04 de febrero de 2010] Como se sabe, las áreas de protección constituyen limitaciones legítimas de carácter general al derecho de propiedad, pues satisfacen un interés público imperativo, a través de criterios razonables, útiles y oportunos; por ello las mismas no requieren indemnización previa (artículo 45 Constitucional, párrafo segundo). De igual forma, el Tribunal Constitucional ha reiterado que “el derecho de propiedad no es absoluto ni irrestricto”. Es posible imponerle limitaciones constitucionalmente válidas, por motivos de interés social, mediante ley aprobada por votación calificada, las que “definen el contenido del derecho de propiedad en sí y su ejercicio, por lo que, en principio, no son indemnizables, salvo cuando hagan nugatorio el derecho”.
(Sala Constitucional, sentencias 4878/2002, 9077/2002, 5725/2004, 4926/2005, 2380/2006, 16972/2008, 3180/2014, etc.). Esas limitaciones, en sí mismas y por definición “no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho” (Sala Constitucional, sentencias 2666/2005 y 4926/2005). “El contenido de esta propiedad-función, consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible” (Sala Constitucional, sentencias 5725/2004, 2666/2005, 4926/2005 y 3180/2014). Aclarado lo anterior, y en lo que respecta al terreno objeto de este proceso, está comprobada la existencia de la naciente permanente de dominio público, así como su ubicación.
Concretamente, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, en el oficio de DA-UHTPCOSR-0067-2017, del 24 de marzo de 2017, indica lo siguiente: [Transcribe] Constatado ese punto, el paso siguiente es determinar cuál es la situación de la actora respecto a la tutela legal que establece la Ley Forestal. Pues bien, sobre este aspecto resulta esencial hacer referencia al oficio de la Municipalidad de Sarchí MVV-OA-OF-360-2019, del 14 de junio del 2019. Dicho escrito consiste en la solicitud formal de prórroga del plazo previsto en la prevención administrativa OG-1026-2018 de las 14:02 horas del 29 de agosto de 2018, dictada por el Área de Conservación Central, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Oficina de Grecia. La importancia que reviste ese documento, es que allí se hace un detallado análisis de la situación de la finca, el cual permite concluir con meridiana claridad que, la vivienda donde se presume que habita la señora Morales Arce (identificada como la número 3), no está afectada por las limitaciones de carácter ambiental.
Veamos: [Muestra foto de casa] La localización de esta vivienda respecto al estudio individual realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, es la siguiente: [Muestra croquis] Pues bien, de acuerdo a la información recabada por la Municipalidad de Sarchí, las unidades constructivas identificadas con la numeración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 17 están fuera de toda afectación por retiros de cuenca, y del radio de protección de cien metros de la naciente: Tras el análisis de la ubicación de las restricciones de ley, se identifica que con la información procesada actualmente existen algunas viviendas fuera de la afectación por retiros de cuenca, de diámetro de 100 metros con respecto a naciente, y de restricción constructiva de acuerdo a ruta nacional establecido por MOPT (sumado al mismo el retiro de antejardín mínimo establecido para la zona); que aparentemente las unidades constructivas identificadas con la numeración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 están fuera de las afectaciones señaladas.
Consecuencia de lo expuesto, y de cara a la prueba existente, las pretensiones materiales de esta demanda relacionadas con la supuesta amenaza de desalojo, de la cual deriva el motivo del reclamo millonario de indemnización, resultan abiertamente improcedentes. Ni la vivienda donde habita la actora está afectada por las limitaciones de la Ley Forestal, ni la actora logró demostrar la existencia de amenazas provenientes de las administraciones demandadas, en su contra: la señora Morales Arce no asumió la carga de la prueba que le corresponde (41.1.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria). Lo que sí está acreditado es que, frente a la prevención administrativa que se sustenta en el ordenamiento jurídico ambiental, la Municipalidad de Sarchí -en forma claramente coordinada y participativa- definió una ruta a seguir a fin de acatar las disposiciones de ese acto, y a su vez, subsanar la condición de las infraestructuras afectadas con las limitaciones legales.
Es por lo anterior, que no se vislumbra buena fe en de esta (sic) demanda. Reitero que la prueba que consta en el expediente administrativo del SINAC da cuenta de que la situación particular de la actora no corresponde a lo narrado en los hechos. Y, de igual forma, descarta la existencia de las amenazas de desalojo que acusa la actora. Lo anterior tiene como consecuencia, que las pretensiones materiales de esta demanda no tienen sustento fáctico ni jurídico. De otra parte, es evidente y manifiesto que no es posible desprender que mi representado haya emitido alguna conducta que pueda tenerse como objeto del proceso. Bajo ese entendido, no existe motivo alguno para vincularle con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas por la señora Morales Arce, en contra de supuestos (sic) acciones que, en realidad, nunca se produjeron. Tampoco puede considerarse que estamos ante una legitimación pasiva del Estado, en los términos que establece el numeral 12.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que aquí no se cuestiona ningún acto del SINAC como motivo de los daños reclamados.
En todo caso, esa sería una legitimación de orden procesal, que en modo alguno permite desprender que el Estado, como sujeto procesal diverso al SINAC, ha emitido una conducta que afecte los intereses legítimos de la actora. Finalmente, en el caso de que la parte pretenda que el Tribunal extienda su pronunciamiento de fondo, respecto a otros vecinos de la comunidad que no son parte de este proceso, dejo planteada la excepción de falta de legitimación activa. B) SINAC. CASO CONCRETO. Como se demuestra en el expediente administrativo que se aporta, mi representado el Sistema Nacional de Áreas de Conservación procedió a atender una denuncia por daños ambientales en el sitio que resultó ser un inmueble de propiedad municipal a nivel registral e identificado con el Folio Real No. 224094 con plano catastrado No. A-0721701-1987. En la inspección se determinó que este inmueble se encuentra afectado por las limitaciones de la Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996, específicamente el artículo 33 y 34 que dispone lo relativo a las áreas de protección del recurso hídrico y que para el caso específico se refiere a dos de los supuestos contenidos en la norma, por cuanto se verifica la presencia de un río y de una naciente.
El Informe OG-916-2018, emitido por el Ing. Maikol Rodríguez Gómez, funcionario del SINAC, de fecha 7 de agosto del 2018, en atención a queja por invasión en áreas de protección. En dicho informe se concluye: “Se realizó la corta de vegetación y quemas dentro del área de protección de la naciente y el río Sarchí por parte de los precaristas que viven en terrenos que son propiedad de la municipalidad de Valverde Vega; No se pudo individualizar los responsables de los hechos; La (sic) poda del árbol de Poró no constituye ningún delito; La (sic) corta de vegetación menor en las áreas de protección, están prohibidas por la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Se (sic) recomienda hacer un prevención administrativa a la municipalidad de Valverde Vega, para que con su deber invigilando, regule y evite que se realice corta de vegetación menor y quemas dentro del área de protección de la naciente y el río Sarchí.” Adicionalmente consta el Informe OG-816-2019 emitido por el Ing. Maikol Rodríguez Gómez, funcionario del SINAC, de fecha 4 de julio del 2019, en atención a queja por invasión en áreas de protección.
En dicho informe se concluye: “Existe una nueva construcción de una loza elevada con un área de 19.5 m ² que se encuentra a 8 metros de la naciente y una remodelación de una casa que se encuentra a 10 metros de la naciente; Se eliminaron dos árboles que se encuentran dentro del área de protección de la naciente La Fuente y dentro del área de protección del Río Sarchí;La (sic) corta de vegetación menor se sigue desarrollando dentro del área de protección de la naciente La Fuente; Existe (sic) un incumplimiento de la Prevención Administrativa Oficio OG-1026-2018; Se (sic) recomienda realizar un informe de Hechos ante la Fiscalía de Grecia, por invasión, eliminación de árboles y corta de vegetación menor en el área de protección”. Como se evidencia con los informes citados y el expediente administrativo que se aporta, la atención de la denuncia ambiental por funcionarios de mi representado se encuentra dentro de los límites y competencias de ley asignados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación de conformidad con los artículos 22 de la Ley de Biodiversidad No. 7788 de 30 de abril de 1998 y 33,34, 58 de la Ley Forestal No. 7575 y el artículo 90 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317.
FUNDAMENTO JURIDICO (sic). Conforme con la legislación ambiental de Costa Rica las áreas de protección del recurso hídrico han sido establecidas por ley desde las anteriores leyes forestales siendo que aparece en el año 1969 con la Ley Forestal No. 4465 de 25 de noviembre de 1969 reguladas en el artículo 68 y se mantiene en las siguientes leyes forestales No. 4573, No. 7174 y en las mismas condiciones en la actualmente vigente (sic) Ley Forestal No. 7575 de 1996. En particular se dispone en el artículo 33 de la Ley No. 7575 un área rígida de protección cuya medición y distanciamiento se establece en forma diferenciada para cada cuerpo de agua de la siguiente forma: [Transcribe artículo 33] Estas regulaciones se complementan legislativamente con los artículos 34 y 58 de la Ley No. 7575 que disponen las prohibiciones de eliminación de árboles y el delito de invasión de dichas áreas, adicionalmente con el artículo 90 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317 que prohíbe la eliminación de especies de flora menor en las áreas de protección del recurso hídrico.
Constitucionalmente estas limitaciones se han considerado legitimas, nacen de la ley y son de carácter general impuestas al derecho de propiedad por estar tutelando un interés público y un derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por lo tanto no requiere de indemnización, de conformidad con los artículos 45 y 50 Constitucionales. (sentencias 4878/2002, 9077/2002, 5725/2004, 4926/2005, 2380/2006, 16972/2008, 3180/2014 entre otras) En el caso en particular resulta relevante que el inmueble es propiedad de la Municipalidad y conforme con la legislación ese tipo de bienes están afectados por la normativa ambiental en forma directa. La condición de propietario registral se mantiene, ya que lo que impone la ley forestal son limitaciones de uso para el propietario. En cuanto a la propiedad inscrita en el Partido de Alajuela al Folio Real No. 24094-000 adicionalmente se realizaron las labores de identificación y clasificación por el Departamento de Aguas de MINAE que consta en el DAUHTPCOSR-0067-2017 mediante la cual se dictamina la existencia de una naciente permanente.
Para este tipo de cuerpo de agua las áreas de protección están establecidas en el artículo 33 inciso a) antes citado. Al respecto se debe indicar que el Municipio codemandado ha realizado un estudio y análisis relacionado con la situación de las viviendas presente (sic) en la finca de su propiedad y ha dictaminado que varias de estas (sic) no se encuentran dentro de los radios o franjas de protección del artículo 33 de la Ley Forestal. Entre esas propiedades se encuentra la vivienda que habita la actora (véase MV-OA-OF-360-2019 de la Municipalidad de Sarchí) por lo que no se ha demostrado afectación o amenaza real por las actuaciones de mi representado. De la prueba aportada en el expediente administrativo se demuestra que no existe una amenaza real de desalojo que se derive de las actuaciones de mi representado con relación a la atención de la denuncia ambiental y la emisión de la prevención administrativa que respeta los límites y competencias legales asignados por el ordenamiento jurídico.
Por el contrario, el Municipio propietario del inmueble y codemandado, ha procedido a realizar los estudios y el análisis de la situación en busca de corregir los daños ambientales encontrados y objeto de la prevención administrativa girada. Dentro de ese proceso muy por el contrario a lo señalado por la actora, se ha dictaminado la no afectación de la vivienda que habita en los términos que dispone la Ley Forestal. No es posible derivar de la orden administrativa girada por la Oficina de Grecia un contenido como el que señala la actora, ni una intención de despojo en su contra. Ninguna de las disposiciones vulnera en sus derechos y ni siquiera está dirigida a ella, sino al Municipio que deberá realizar los análisis y estudios para atender la problemática ambiental del sitio. En este proceso de conocimiento no se ha impugnado acto alguno del SINAC relacionado con los hechos y pretensiones planteadas por la actora en la demanda, por lo que no se cumple con el necesario vínculo que debe existir entre los hechos, las pretensiones y la actuación administrativa.
No existe motivo alguno para vincular al Sistema Nacional de Áreas de Conservación con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas por la actora, más aún cuando las acciones acusadas nunca se dieron y los hechos se basan en presunciones y expectativas de la parte, que en su mayoría no son atribuibles a mi representado. C) Municipalidad de Sarchí. Sobre las consideraciones fácticas y jurídicas que sustentan la oposición. Enfáticamente, se rechazan las pretensiones de la parte actora, ya que mi representada no ha ejercido acciones tendientes al desalojo de los ocupantes del asentamiento humano conocido como Río Sarchí, que se ubica en el bien inmueble municipal 2-224094-000, lo cual incluye la unidad habitacional de la señora Morales Arce. Por el contrario, de buena fe, de manera transparente y coordinada con dichos ocupantes, mi representada ha realizado las gestiones necesarias para buscar una solución integral a partir de la notificación de la Prevención Administrativa del SINAC, las cuales están orientadas a restablecer y regularizar las zonas o áreas de protección que se deben respetar conforme lo dispuesto en la Ley Forestal, tomando en consideración el asentamiento humano existente en el bien inmueble municipal, esto en concordancia con las posibilidades materiales -reales- de la Municipalidad, el respeto al principio constitucional de garantizar a toda persona un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, los derechos y garantías constitucionales tutelados en nuestra Carta Magna, como procurar el mayor bienestar y protección a los habitantes, el máximo respeto a la vida y dignidad humana, el derecho a la vivienda digna, la tutela constitucional que se establece en el numeral 51 de este mismo cuerpo normativo, donde se brinda especial protección estatal a la familia, las poblaciones vulnerables como la madre, el niño y las personas adultas mayores, el interés superior del menor que deriva en la protección de las personas menores de edad, los derechos que se reconocen a las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, sobre todo el reconocimiento de los derechos fundamentales de las familias que habitan en el sitio así como la aplicación del principio de coordinación interadministrativa propio del Derecho Administrativo.
Es decir, mi representada no ha gestionado de manera formal, y siguiendo el debido proceso, el desalojo para las personas que habitan en el bien inmueble municipal. Indicado lo anterior, se exponen las consideraciones fácticas de interés al caso, que demuestran la improcedencia fáctica y jurídica de la demanda incoada por la parte actora, a saber: -El día 14 de septiembre del 2018, se notificó la Prevención Administrativa OG-1026- 2018, emitida el 29 de agosto del 2019 por el Lic. Juan José Rodríguez Jiménez, Jefe Oficina de Grecia del Área de Conservación Central, Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central, en la que se prohíbe realizar obras nuevas, cortas o quemas de vegetación menor, dentro del área de protección de naciente y río Sarchí, se prohíbe invadir el área de protección de naciente y el río Sarchí, y se insta a realizar las gestiones necesarias ante las autoridades que correspondan, para eliminar la invasión. - El día 15 de noviembre del 2018, mediante la coordinación del Ministerio de la Presidencia de la República, se acordó conformar una Comisión lnterinstitucional para abordar la problemática en forma integral, todo ello con el fin de que el Ayuntamiento con la colaboración institucional y sus funcionarios técnicos pudieran realizar las gestiones correspondientes, así como presentar el Plan de Acciones.
Nótese que, en este nivel de coordinación, la recomendación de los ministerios fue presentar un plan de acciones y no gestionar un desalojo del asentamiento humano. [Enlista una serie de acciones realizadas durante los años 2019 y 2020] Lo anterior, demuestra que mi representada no ha ejercido actos de desalojo contra la parte actora ni contra ningún otro de los ocupantes del bien inmueble municipal, sino que ha ejercido sus competencias en busca de una solución integral respetando el debido proceso y haciendo participes a los ocupantes y a las instituciones estatales encargadas de resolver el asunto de fondo, así como la problemática que representa, ponderando el interés social y la garantía de respeto a los derechos humanos. En relación a las consideraciones jurídicas, a continuación, se citan los preceptos de derecho que fundamentan nuestra oposición, así como las actuaciones de mi representada en éste caso en sede administrativa, a saber: [Cita normas] Una vez expuesto lo anterior, otras razones por las cuales me opongo a la demanda son las siguientes: El bien inmueble 2-224094-000 dónde se encuentra el asentamiento humano conocido como Urbanización Río Sarchí, en el cual habita la parte actora, consiste en un bien demanial propiedad de la Municipalidad de Sarchí, por lo que está cubierto por todas las limitaciones propias de esa naturaleza jurídica.
Por lo que, las argumentaciones y fundamentación jurídica de la parte actora es improcedente, ya que en el caso particular no corresponde a una propiedad privada, sino a un bien inmueble municipal. La inalienabilidad de los bienes demaniales imposibilita su traspaso, parcial o total, voluntario o forzoso, y la posesión en los términos del derecho privado. Múltiples resoluciones de la Sala Constitucional reafirman que los bienes de dominio público no pueden ser objeto de posesión privada y que la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio (o la posesión). (Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815- 96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001) El bien inmueble 2-224094-000 tiene las siguientes limitaciones: - Radio de 100 metros de protección de naciente permanente no captada para consumo humano.
La cual cuenta con dictamen vinculante del ente competente para determinar su existencia, es decir, la Dirección de Aguas del MINAE. - Alineamiento fluvial de 15 metros sobre el cauce del Río Sarchí, según plano catastrado A-721701-87, el cual fue otorgado por el INVU, conforme a los alcances de su competencia. - Previsión vial de 24 metros para la Ruta Nacional N.º 118, señalando que la futura línea de propiedad sería una línea paralela al centro de la vía distante 12 metros, y la línea de construcción sería una línea paralela al centro de la vía distante 15 metros. El cual fue otorgado por el MOPT conforme sus competencias sobre la ruta nacional con la que colinda el bien inmueble. En la siguiente figura se puede apreciar un mapa que combina todas las afectaciones y alineamientos que presenta esta propiedad municipal. [Muestra figura] En relación con el acceso, según el oficio MVV-TOP-OF-023-2019 del topógrafo municipal, este consiste en "un callejón" de 4.50 metros de ancho promedio y 130 metros de longitud, que se encuentra parcialmente asfaltado y sin un sistema de drenaje pluvial funcional.
No obstante, gran parte de este acceso se ubica dentro de la zona de afectación de la naciente. En el plan de acciones contenido en el oficio MVV-OA-OF-360-2019 mi representada incluyó (página 54) que buscará soluciones técnicas y legales para las familias que están fuera de las áreas de protección de naciente y de zona de protección de río, dentro de las cuales se presume se encuentra la parte actora, pero que debe de tenerse certeza una vez que la demás acciones se ejecuten, ya que esto indica que se puede incluir la segregación, desafectación o donación, mediante la debida autorización legislativa, previa aprobación del Concejo Municipal. Sobre lo último, considérese que debe definirse por dónde podría realizarse el acceso y que las segregaciones cumplan con las normas urbanas y catastrales. Por otra parte, nos oponemos a la demanda, porque mi representada lejos de realizar un desalojo, lo que ha buscado es ejecutar el plan de acciones mencionado anteriormente, aunque este haya sido rechazado por el SINAC, y ha buscado la aplicación de la moratoria de la Ley de Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, Ley N.º 9577 del 27/06/2018.
Nótese que el Artículo VII, Acuerdo Nº.1 de la Sesión Ordinaria 185 celebrada por el Concejo Municipal el 19 de noviembre de 2019, indicó que se aplicó la moratoria debido a que se entiende como ocupantes las personas que habitan en las zonas clasificadas como especiales, entre ellas la zona denominada Patrimonio Natural de Estado, que en el caso concreto se refiere a las áreas de radio de protección de naciente y de las riveras (sic) de río. Con lo cual, al solicitar la aplicación de dicha ley, se está dando una solución provisional para las familias que actualmente están ubicadas en dicho asentamiento, mientras la Administración Municipal puede continuar con los procesos para lograr una solución definitiva. En este mismo orden de ideas, como la Ley 9577 estará vigente hasta el 20 de julio de 2021, mi representada ha gestionado con las instancias correspondientes la emisión de una nueva norma, misma que en éste momento está en la corriente legislativa, la cual corresponde al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente N.º 22.309, el cual fue dispensado de trámite y se votó en primer debate el 21 de junio del 2021, fue conocido por la Comisión de Redacción y se dispone como fecha de aprobación en segundo debate el jueves 24 de junio de 2021.
Por lo que, una vez publicada la nueva ley para proteger a las personas ocupantes de las zonas clasificadas como especiales, mi representada realizará lo pertinente para acogerse al contenido de dicha normativa, es decir, que por el plazo de cuarenta y ocho meses se suspenderá el desalojo o demolición de obras en el bien inmueble municipal 2-224094-000, con el objeto de seguir protegiendo a los ocupantes de dicho bien y buscar las soluciones integrales propuestas en el plan de trabajo que consta en el oficio MVV-OA-OF-360-2019. Con fundamento en lo anterior, lo procedente es oponerme a las pretensiones incoadas (las descritas en las páginas que van de la 10 al 12 del escrito del 10 de diciembre de 2020) contra mi representada, ya que todas son improcedentes, debido a: 1. La inexistencia de un proceso de desalojo de parte de la Municipalidad o el SINAC; 2. No existen planos que hayan generado finca sobre el bien inmueble municipal debido a la naturaleza jurídica que ostenta; 3.
No se han ejercido actos que perturben la posesión o la propiedad, y dichas figuras son improcedentes para los bienes demaniales; 4. La actora no puede solicitar actuaciones administrativas contra otras personas sin ostentar representación; 5. La segregación de bienes demaniales y la respectiva donación tiene un trámite especial que trasciende un proceso de conocimiento, ya que no se cuentan con los criterios técnicos sobre el acceso y la debida aprobación del Concejo Municipal y la Asamblea Legislativa; 6. El proceso de soluciones de vivienda de bien social también tiene un proceso especial que trasciende las competencias de un proceso de conocimiento. En relación con el reclamo indemnizatorio, este resulta evidentemente improcedente, inoportuno e infundado, por carecer de sustento fáctico, jurídico y probatorio, como se expone a continuación: - En principio, la unidad habitacional de la actora no se encuentra en los radios de protección de la naciente, del río o del alineamiento de ruta nacional, pero si se encuentra dentro del bien inmueble municipal, por lo que deben aplicarse los alcances de la naturaleza jurídica de dicho bien. - No existe un despojo o desalojo de parte de mi representada contra la parte actora, lo cual se demuestra con el expediente administrativo anexo y con la omisa prueba de la parte actora, en contraposición con la carga de la prueba que le corresponde.
Incluso se puede indicar que la Municipalidad realiza el servicio de recolección de residuos sólidos en el sitio sin que los ocupantes cancelen monto alguno por el mismo, de igual forma sucede con todo lo relacionado al cobro de bienes inmuebles, permisos de construcción y demás servicios urbanos. - No existe daño material, moral o perjuicios, ya que mi representada no ha realizado actos de desalojo contra la parte actora.
IV.Hechos probados. Para determinar los hechos probados de la presente causa, se realizó la revisión del expediente judicial, el expediente administrativo digital aportado por el SINAC, la prueba aportada en la demanda y audios de las comparecencias del proceso; de forma que, de interés para la resolución del presente asunto, con base en los elementos de prueba admitidos y valorados, se tienen por acreditados los siguientes hechos:
La anterior segregación se hace según plano catastrado número A-setecientos veintiun (sic) mil setecientos uno – ochenta y siete, el cual cuenta con el visto bueno de la Municipalidad de Valverde Vega. El resto que se reserva el donante se describe así: (…) Ramón Antonio Rodríguez Rodríguez, en el carácter en el que comparece acepta la donación, la cual estima en la suma de cien colones. No se cobran honorarios.” (imagen 316 del expediente judicial) 3) En los artículos cuarto y quinto de la sesión ordinaria número 74 celebrada a las dieciocho horas del día 18 de marzo de 1988, el Concejo Municipal de Valverde Vega, acordó: "ARTICULO (sic) CUARTO: / En vista que en Sarchí Sur Valverde Vega, se instaló una Ciudadela denominada "Ciudadela Río Sarchí" y la misma cuenta con aproximadamente 18 casas de habitación de Interés Social, las cuales no cuentan con el servicio de instalación eléctrica.
Por lo tanto, el Concejo Municipal de Valverde Vega por unanimidad, acuerda: Solicitar muy respetuosamente al Instituto Costarricense de Electricidad ICE el Servicio Eléctrico indicado, así como la posibilidad de instalar un teléfono público en el lugar citado. / Acuerdo firme. / ARTICULO (sic) QUINTO: El Concejo Municipal de Valverde Vega por unanimidad, acuerda: Solicitar muy respetuosamente al Departamento de Planeamiento del Ministerio de Educación Pública, la apertura de un Centro Educativo en Alto Castro Sarchí Sur, con el propósito de favorecer así a los vecinos de ese lugar y a los pobladores de la Ciudadela Río Sarchí, quienes deben asistir a la Escuela de San Juan de Grecia o Sarchí Sur, lo cual representa a los niños un grado de peligrosidad debido a las distancias. / Acuerdo firme.'' (imagen 276 del expediente judicial).
V.Hechos no probados. De relevancia para la presenta causa, con base en los elementos de prueba admitidos y valorados, se tiene por no probado:
VI.Objeto del proceso. El objeto del proceso es que se ordene a la Municipalidad de Sarchí que realice las acciones tendientes a finalizar la entrega registral mediante la donación hecha a su favor y se otorgue e inscriba el plano catastrado sobre el espacio de terreno que considera la señora Gloria Morales Arce, que es de su propiedad. Al respecto, señala que la propiedad objeto del presente proceso se inscribió a nombre de la Municipalidad de Sarchí desde el año 1988 pero siempre fue claro por parte de las autoridades municipales que dicha propiedad fue donada para construcción de viviendas de interés social y que se realizaron muchas gestiones administrativas, incluyendo el trámite de emisión de planos para segregación, para materializar dicha donación, no obstante no han podido regularizar e inscribir los terrenos a su nombre. En este sentido, la corporación local ha señalado que el terreno es un bien de domino público con las limitaciones que ello conlleva.
La parte actora señala que se encuentran amenazados de desalojo por diversas acciones realizadas por el SINAC y la Municipalidad de Sarchí, ya que estas instituciones indican que parte del terreno, donde hay muchas viviendas, se encuentra afectado por una naciente permanente y por el Río Sarchí, pero que, además, hay un grupo de esas viviendas que se encuentran fuera de la zona de protección, por lo que solicita que se ordene a las entidades demandadas, el cese de cualquier gestión de desalojo en su contra y que se establezca de modo definitivo, si su vivienda se encuentra dentro de la franja de protección. Las demandadas han sido claras en señalar que no existen gestiones de desalojo en trámite, que la vivienda de la señora Morales Arce se encuentra fuera del área de protección y, señala la corporación local, que esa entidad se encuentra realizando gestiones para buscar soluciones técnicas y legales para las familias que están fuera de las áreas de protección. Por último, solicita que condene a la Municipalidad de Sarchí, al SINAC y al Estado, al pago de daños, perjuicios y costas; por su actuar en su perjuicio.
VII.Sobre el fondo. A efectos de atender la demanda interpuesta, se determina que el eje central del presente asunto, recae en la pretensión número 2 formulada por la parte actora, en la cual requiere que se ordene a la Municipalidad de Sarchí, finalizar con la entrega registral mediante la donación a su favor y se inscriba y otorgue el plano correspondiente. Las restantes pretensiones y argumentos formulados dependen completamente de ésta, de allí que en primera instancia se realizará el análisis del argumento formulado sobre este extremo petitorio. Como primer argumento señala que existe una vinculación legal entre el bien y los ocupantes del mismo (incluyéndose a la parte actora), toda vez que ha habitado dicha propiedad por más de 30 años con todos los requerimientos urbanísticos, municipales y de servicios públicos obtenidos de modo lícito para su vivienda, señalando que la posesión ha sido legítima, y que el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que el artículo 45 indica que la propiedad es inviolable y a nadie puede privarse de la suya, sino por el interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la Ley.
Criterio del Tribunal: En relación a este argumento, la parte actora no aporta elemento probatorio alguno en donde se acredite, fehacientemente, que la Municipalidad de Sarchí haya emitido un acto administrativo a su favor, concediéndole sobre la propiedad inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000, con plano catastrado A-0721701-1987 perteneciente a la citada corporación local, un derecho o una expectativa de derecho, máxime cuando la pretensión formulada es que se finalice la donación. En relación a la prueba aportada para formular dicha petición, constan una serie de acuerdos municipales que reconocen la existencia de una Ciudadela en una propiedad ubicada a orillas del río Sarchí y sobre la cual se presume se trata de la misma propiedad -dado que ninguno de los acuerdos indica expresamente el número de finca-, no obstante, en virtud de su contenido se determina que lo manifestado son precisiones genéricas sobre la constitución de la Ciudadela, pero que no implican o demuestran que se haya emitido un acto administrativo reconociéndole un derecho de propiedad a la parte actora en la finca dicha.
Además, se ofrece el artículo décimo tercero de la sesión ordinaria número 20 celebrada a las veintidós horas con diez minutos del día 7 de noviembre de 1986 (hecho probado 1) que hace referencia a que la finca fue donada para construir viviendas de interés social, no obstante, al realizarse la donación a la Municipalidad de Sarchí no se indicó que la misma era para construir viviendas de interés social, tal y como se desprende de la escritura número ciento cincuenta y cuatro de las ocho horas del trece de octubre de mil novecientos ochenta y siete, otorgada por el Notario Público Francisco Rodríguez Rodríguez (hecho probado 2) y además se observa que el acuerdo citado se emitió en forma anterior a la citada donación. Por otro lado, respecto del contenido de los artículos cuarto y quinto de la sesión ordinaria número 74 celebrada a las dieciocho horas del día 18 de marzo de 1988 (hecho probado 3), artículo octavo de la sesión ordinaria número 85 celebrada a las dieciocho horas del 24 de junio de 1988 (hecho probado 4) y artículo tercero de la sesión ordinaria número 92 celebrada a las dieciocho horas del día 19 de agosto de 1988 (hecho probado 5), se observa que, si bien es cierto se hace referencia a la constitución de la Ciudadela y las intenciones de la corporación local sobre la disposición de la misma, ésta no se materializó ni concretó en un acto administrativo en favor de la parte actora -o al menos no lo prueba-, constituyendo así una simple tolerancia del el gobierno local en cuanto al uso de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000, que no genera derecho alguno en favor de la parte actora, menos aún en una donación como se informa.
En este sentido, se tiene por acreditado que la propiedad objeto del presente proceso se encuentra inscrita registralmente a nombre de la Municipalidad de Sarchí (hecho probado 10), de forma que cualquier uso que pueda darse a ésta por la parte actora, implica un acto de mera tolerancia, al cual se le puede poner fin en cualquier momento, dado que no genera un derecho de posesión, tal y como lo dispone el inciso 1) del artículo 279 del Código Civil: “Independientemente del derecho de propiedad, se adquiere el de posesión: 1º.- Por consentimiento del propietario. Los actos facultativos o de simple tolerancia no dan el derecho de posesión...". Atendiendo a lo anterior, no lleva razón la parte actora en afirmar que ha realizado una posesión legítima, por cuanto, el numeral 277 del Código Civil señala que “El derecho de posesión consiste en la facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del derecho”, lo cual no puede ocurrir de forma alguna dado que la propiedad sobre la cual se indica ha realizado la posesión se encuentra inscrita a nombre de la parte demandada, de allí que hay una imposibilidad total de tenerla bajo su poder y disposición; situación, que en igual término implica que no es posible argumentar la violación de la propiedad privada contenida en el artículo 45 de la Constitución Política, en el tanto, el terreno objeto del proceso no es de su propiedad y no ostenta derecho alguno sobre el mismo.
Por último, respecto del argumento sobre el artículo 50 de la Constitución Política el mismo es irrelevante para la presente causa por cuanto el eje central del proceso es la propiedad del bien inmueble de repetida cita y no los derechos allí consignados. Así las cosas, el argumento formulado debe ser rechazado por cuanto la parte actora no cuenta con título habilitante alguno que le conceda un derecho respecto de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000. En lo que respecta a las restantes pretensiones, relativas al cese y exclusión de cualquier gestión de desalojo a su nombre y la determinación de la ubicación de su vivienda respecto de la zona de protección (consignadas en los numerales 3, 4 y 5), se observa la formulación de un reproche en el mismo sentido, es decir, que en virtud del derecho que considera ostentar no puede realizarse ningún acto de desalojo y que, además, debe definirse si su casa de habitación se encuentra o no en la zona de protección.
Al respecto, es claro para este Tribunal que, al no demostrar la existencia de derecho alguno sobre la propiedad de la Municipalidad de Sarchí, los reproches y peticiones que formule al respecto, son improcedentes, en el tanto, las mismas dependen directamente de éste. A mayor abundamiento, es necesario señalar que, en virtud de la tolerancia municipal respecto del uso del bien, la corporación local en el oficio MVV-OA-OF-360-2019, del 14 de junio del 2019, emitido por la Alcaldía Municipal ha elaborado un croquis con la numeración de todas unidades habitacionales y descripción de las mismas, en donde ha señalado cuáles casas de habitación se encuentran dentro de la zona de protección y cuáles fuera de la misma, lo que acredita que la conducta de hacer que se peticionaba ya ha sido realizada por el gobierno local.
VIII.Sobre la pretensión indemnizatoria. La parte actora solicita que se condene a la Municipalidad de Sarchí, al SINAC y al Estado, al pago de daños, perjuicios y costas ocasionados por su actuar. En atención a la demanda interpuesta, se observa que esta petición se encuentra vinculada con la pretensión principal, misma que consiste en que se ordene a la Municipalidad de Sarchí, finalizar con la entrega registral mediante la donación a su favor y se inscriba y otorgue el plano correspondiente, en relación a un derecho que aduce tener respecto de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000. En este entendido, se determina que este extremo patrimonial está ampliamente ligado a los efectos y condiciones que generaría el acoger la pretensión, no obstante, tal y como se expuso en los considerandos previos, no lleva razón la parte actora en sus alegatos, de allí que no es procedente dicha gestión, lo que implica que, no procede el pago peticionado. En consecuencia, estima el Tribunal que la pretensión -por accesoria- es improcedente, en el tanto fue objeto de rechazo la pretensión principal formulada por la parte actora, lo anterior, siguiendo el principio que lo accesorio sigue lo principal. Así las cosas, se declara improcedente la demanda interpuesta en todos sus extremos.
IX.Sobre las defensas formuladas. Las representaciones del Estado y del SINAC interponen la defensa de falta de legitimación ad causam activa y pasiva. La representación del Estado argumenta que la parte actora no demuestra cuál es la afectación a sus intereses legítimos por parte del Estado, tampoco la existencia de amenazas provenientes de las administraciones demandadas, y no se desprende que su representado haya emitido alguna conducta que pueda tenerse como objeto del proceso, de forma que no existe motivo alguno para vincularle con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas por la señora Morales Arce. Adiciona que tampoco puede considerarse que estamos ante una legitimación pasiva del Estado, en los términos que establece el numeral 12.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que aquí no se cuestiona ningún acto del SINAC como motivo de los daños reclamados.
La representación del SINAC señala que en este proceso de conocimiento no se ha impugnado acto alguno de la institución relacionado con los hechos y pretensiones planteadas por la actora en la demanda, por lo que no se cumple con el necesario vínculo que debe existir entre los hechos, las pretensiones y la actuación administrativa, de forma que no existe motivo alguno para vincular al SINAC con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas por la actora, más aún cuando las acciones acusadas nunca se dieron y los hechos se basan en presunciones y expectativas de la parte, que en su mayoría no son atribuibles a mi representado. Criterio del Tribunal: Vistas las pretensiones formuladas en la demanda y de conformidad con los argumentos planteados, determina este Tribunal que efectivamente la parte actora no impugna ninguna conducta del SINAC y no hay ninguna actuación de este último que haya afectado algún derecho subjetivo o interés legítimo de la accionante.
Adicionalmente, se hace necesario hacer alusión a las pretensiones formuladas. La pretensión número 2 se encuentra dirigida a la Municipalidad de Sarchí. En las pretensiones 3 y 4 solicita que se ordene a las entidades accionadas el cese de inmediato de cualquier orden administrativa tendiente a su desalojo y que se defina si su vivienda se encuentra dentro de la franja de protección de las nacientes. El primer aspecto a señalar es que las actuaciones realizadas por el SINAC fueron emitidas en atención a una denuncia por daños ambientales en la propiedad inscrita al Partido de Alajuela al folio real matrícula 224094-000 con plano catastrado No. A-0721701-1987, propiedad de la Municipalidad de Sarchí, (hecho probado 12) en donde se determinó que el inmueble se encuentra afectado por las limitaciones de la Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996, establecidas en los artículos 33 y 34, relativos a las áreas de protección del recurso hídrico, tanto por presencia de un río como de una naciente, (hecho probado 11) originando la prevención administrativa OG-1026-2018 de las catorce horas dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho de la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central del SINAC (hecho probado 6), la cual se encuentra dentro de sus competencias legales y se dirige únicamente a la corporación local como propietaria del inmueble citado.
En un segundo punto, debe tenerse en cuenta que la parte actora no ostenta derecho alguno en relación a la finca objeto del proceso, tal y como se acreditó anteriormente, de allí que no puede argumentarse que las disposiciones emitidas por el SINAC le hayan causado perjuicio alguno o hayan afectado de manera alguna sus derechos. En un tercer punto, es claro que esta institución no ha girado ninguna orden de desalojo dirigida a la parte actora o bien que la misma le haya sido comunicada a ésta. Como cuarto punto, en cuanto a la pretensión para determinar si su vivienda se encuentra dentro de la franja de protección, es claro que el bien objeto del proceso incumbe a la corporación local y no le corresponde al SINAC realizar la valoración de cuestiones propias de la relación entre la parte actora y la Municipalidad de Sarchí; incluso, véase que mediante oficios DDU-OF-174-2019 del 20 de mayo de 2019 de la Dirección de Desarrollo Urbano y MVV-OA-OF-360-2019, del 14 de junio del 2019 de la Alcaldía Municipal (hecho probado 4), ésta informa que la vivienda de la señora Morales Arce se encuentra fuera de la zona de protección determinada e informada por el SINAC en la prevención administrativa OG-1026-2018 de las catorce horas dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central del SINAC.
Por los motivos dichos, lo procedente es acoger las defensas de falta de legitimación ad causam activa y pasiva opuestas por las representaciones del SINAC y del Estado, por lo que se hace innecesario ingresar al análisis de las defensas de falta de derecho interpuestas por ambas representaciones. La representación de la Municipalidad de Sarchí interpone la falta de legitimación activa y falta de derecho. Respecto de la falta de legitimación activa, se determina que las pretensiones formuladas por la parte actora se encuentran dirigidas -conforme a su situación particular- hacia la corporación local, por lo que, se evidencia que sí ostenta legitimación en ambas vías. Con fundamento en las consideraciones expuestas en los considerandos previos, se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la representación de la Municipalidad de Sarchí.
X.Costas. De conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. Se exceptúa de dicha condena cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia no haya conocido la parte contraria o cuando, a juicio del Tribunal, haya existido motivo suficiente para litigar. Atendiendo a lo expuesto, no observa este Tribunal que la presente causa pueda ser exceptuada en los términos indicados, por lo que, lo procedente, es condenar a la parte actora al pago de ambas costas del proceso, así como los intereses que de ellos se deriven.
Por tanto
Por las razones expuestas, se acoge la defensa de falta de legitimación ad causam activa y pasiva opuesta por las representaciones del SINAC y del Estado y por innecesario se omite el análisis de la defensa de falta de derecho interpuesta por ambas representaciones. En relación con la Municipalidad de Sarchí se rechaza la falta de legitimación activa y se acoge la falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas del proceso a cargo de la parte actora y perdidosa, así como los intereses que de ellos se deriven. Eduardo González Segura. Lourdes Vargas Castillo. Marco Antonio Hernández Vargas.
Asunto: Proceso de conocimiento Actor: Gloria Morales Arce Demandado: Municipalidad de Sarchí, Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Estado ????????????????
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