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Res. 04639-2024 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 18/07/2024
OutcomeResultado
The claim is partially granted against CHEC, ordering it to pay compensation for subjective moral damage and the updated value of the felled timber, to be determined in the enforcement stage. The State and CONAVI are absolved.Se declara parcialmente con lugar la demanda contra CHEC, condenándola a indemnizar daño moral subjetivo y el valor actualizado de la madera talada, determinable en ejecución de sentencia. Se absuelve al Estado y al CONAVI.
SummaryResumen
The Costa Rican Contentious-Administrative Court decides a claim for damages brought by the owner of a property affected by the expansion of National Route 32. The plaintiff alleged that the contractor China Harbour Engineering Company (CHEC) and the National Roads Council (CONAVI) caused harm by entering his land without authorization before judicial handover of possession, building a slope that blocked access, and felling trees. The Court analyzes the objective liability of the Administration and the contractor, concluding that CHEC is solely liable for cutting 30 trees without permission, due to gross negligence of its employees. Other claimed damages, such as the slope construction, are dismissed for lack of proof. A partial award for subjective moral damages is granted. The State is absolved for lack of passive standing, and CONAVI for failure to prove breach of its supervisory duty. The economic quantification of the felled timber is deferred to the enforcement stage.Este fallo del Tribunal Contencioso Administrativo resuelve una demanda de indemnización por daños y perjuicios presentada por el propietario de una finca afectada por las obras de ampliación de la Ruta Nacional 32. El actor alegó que la empresa contratista China Harbour Engineering Company (CHEC) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) le causaron daños al ingresar a su propiedad sin autorización antes de la puesta en posesión judicial, construir un talud que impedía el acceso y talar árboles. El Tribunal analiza la responsabilidad objetiva de la Administración y del contratista, concluyendo que CHEC es única responsable de la tala de 30 árboles realizada sin permiso, por negligencia grave de sus empleados. Se rechazan otros daños reclamados, como la construcción del talud, por falta de prueba. Se concede una indemnización parcial por daño moral subjetivo. El Estado es absuelto por falta de legitimación pasiva y CONAVI por no acreditarse incumplimiento de su deber de vigilancia. La cuantía económica de la madera talada se remite a ejecución de sentencia.
Key excerptExtracto clave
In the present matter, CHEC's express acknowledgment of the alleged material action was proven in its response to the seventh fact of the complaint, as seen in image 101 of the judicial file, where it literally stated: “[...] It is true that, in April 2019, my represented party felled trees in the right of way. Additionally, and due to an error by the laborers who could not differentiate the demarcation of the right of way from the demarcation of the area to be expropriated, it felled trees in the expropriated area. It is also true that Mr. [Name 001] met with CHEC representatives, specifically with Engineer Luis León, and CHEC undertook to instruct its laborers and operators not to carry out any further activity on his land […].” The accused conduct is deemed proven, as an inexcusable error by the employees of the contractor CHEC intervened, a result of negligence and gross fault in reviewing the location coordinates of properties with “Voluntary Possession Entry granted by the owner” (EPV) and of properties that had not been expropriated, which lacked the handover of possession that would enable them to enter the land; consequently, this was not even claimed to the contrary by this defendant, and the owners' permission was not obtained. CHEC acknowledged that, without first consulting CONAVI authorities, it entered the plaintiff's property without the owner's permission and without the judicial handover of possession being formally served, and proceeded to fell trees on the property in question. In this same line, the causal link is proven between the material action of the contractor CHEC in entering private property without the owner's permission and the harm of felling trees without prior authorization, thus causing patrimonial harm that the property owner should not have to bear. Regarding the liability of the contractor CHEC, the contract executed and endorsed by the Comptroller General of the Republic specifically established a clause for the contractor's exclusive assumption of liability for all damages caused to third parties' property, which is in force and fully applicable to the case under study. Specifically, clause 17.1 provides: “17. Risks and Liabilities. 17.1 Indemnities: The Contractor, being responsible for the execution of the Works, shall be liable for all claims, damages, losses and expenses (including attorneys' fees and expenses) related to damage to or loss of any property, whether real or personal, to the extent that such damage or loss occurs as a result of or in the course of the Contractor's design, execution and completion of the Works and the repair of any defects. / The Contractor undertakes towards third parties, for acts or events arising from its operation, for fault, negligence or lack of skill of its employees or third parties that occur during the performance of the purpose of this contract.En el presente asunto, se acreditó el reconocimiento expreso de CHEC de la actuación material acusada en su contestación al hecho sétimo de la demanda, visible en imagen 101 del expediente judicial, donde literalmente se indicó: “[...] Sí es cierto que, en abril del 2019, mi representada realizó corta de árboles en el derecho de vía. Adicionalmente y por error de los peones que no supieron diferenciar la demarcación del derecho de vía con la demarcación del área a expropiar, realizó corta de árboles en el área expropiada. Es cierto también que el Señor [Nombre 001] se reunió con representantes de CHEC, específicamente con el Ingeniero Luis León, y CHEC se comprometió a instruir a sus peones y operarios para que no se volviera a realizar actividad alguna en su terreno [...]”. Se tiene por acreditada la conducta acusada al mediar un error inexcusable de los empleados de la empresa contratista CHEC, producto de negligencia y culpa grave en la revisión de las coordenadas de ubicación de las propiedades con “Entrada en Posesión Voluntaria otorgada por el propietario” EPV y de las fincas que no habían sido expropiadas, no contaban con la puesta en posesión que les habilitaba ingresar al terreno en consecuencia, lo anterior ni siquiera se afirmó por esta parte demandada en sentido contrario, sin que se contaran con el permiso de sus dueños. La empresa CHEC reconoció que sin consultar previamente a las autoridades del CONAVI ingresó a la finca del actor y sin tener permiso del dueño y sin que la puesta en posesión judicial estuviera formalmente notificada y que procedieron a la tala de árboles dentro de la finca en cuestión. En esta misma línea, se acredita el nexo causal entre la actuación material de la contratista CHEC de ingresar a la propiedad privada sin permiso del propietario y el daño de talar árboles sin autorización previa, provocando así un perjuicio patrimonial que no debe soportar el dueño de la finca. En lo que se refiere a la responsabilidad del contratista CHEC el contrato suscrito y refrendado por la Contraloría General de la República, estableció de manera particular una claúsula de asunción exclusiva de la responsabilidad por el contratista de todos los daños ocasionados a la propiedad de terceros, que se encuentra vigente y de plena aplicación al caso bajo estudio. En concreto en la cláusula 17.1 se establece: “17. Riesgos y Responsabilidades. 17.1 Indemnizaciones: El Contratista por ser el responsable de la ejecución de las Obras se hará responsable de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado con daños a (sic) o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales, en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como resultado o en el curso del diseño del Contratista, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos. / El Contratista se compromete frente a terceros, por actos o hechos con ocasión de su funcionamiento, por culpa, negligencia o impericia de sus funcionarios o terceros que se presenten durante el cumplimiento del objeto de este contrato.
Pull quotesCitas destacadas
"La empresa CHEC reconoció que sin consultar previamente a las autoridades del CONAVI ingresó a la finca del actor y sin tener permiso del dueño y sin que la puesta en posesión judicial estuviera formalmente notificada y que procedieron a la tala de árboles dentro de la finca en cuestión."
"CHEC acknowledged that, without first consulting CONAVI authorities, it entered the plaintiff's property without the owner's permission and without the judicial handover of possession being formally served, and proceeded to fell trees on the property in question."
Considerando IX.2
"La empresa CHEC reconoció que sin consultar previamente a las autoridades del CONAVI ingresó a la finca del actor y sin tener permiso del dueño y sin que la puesta en posesión judicial estuviera formalmente notificada y que procedieron a la tala de árboles dentro de la finca en cuestión."
Considerando IX.2
"En lo que se refiere a la responsabilidad del contratista CHEC el contrato suscrito y refrendado por la Contraloría General de la República, estableció de manera particular una claúsula de asunción exclusiva de la responsabilidad por el contratista de todos los daños ocasionados a la propiedad de terceros..."
"Regarding the liability of the contractor CHEC, the contract executed and endorsed by the Comptroller General of the Republic specifically established a clause for the contractor's exclusive assumption of liability for all damages caused to third parties' property..."
Considerando IX.2
"En lo que se refiere a la responsabilidad del contratista CHEC el contrato suscrito y refrendado por la Contraloría General de la República, estableció de manera particular una claúsula de asunción exclusiva de la responsabilidad por el contratista de todos los daños ocasionados a la propiedad de terceros..."
Considerando IX.2
"Se estima que la empresa CHEC y sus funcionarios no guardaron la diligencia mínima necesaria al momento de ingresar a las propiedades privadas para cerciorarse de que contaban con el permiso del dueño o con la puesta en posesión judicial, como le correspondía y era su deber."
"It is deemed that CHEC and its employees did not exercise the minimum necessary diligence when entering private properties to ensure they had the owner's permission or the judicial handover of possession, as it was their responsibility and duty to do so."
Considerando IX.2
"Se estima que la empresa CHEC y sus funcionarios no guardaron la diligencia mínima necesaria al momento de ingresar a las propiedades privadas para cerciorarse de que contaban con el permiso del dueño o con la puesta en posesión judicial, como le correspondía y era su deber."
Considerando IX.2
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Contentious-Administrative Tribunal Case File: 19-004698-1027-CA Type of Matter: Proceeding for a declaratory judgment Rulings from the same case file Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Law Topic: Objective liability of the Administration Subtopics:
Compensation for an invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the strip expropriated for road construction. Necessary demonstration of damage and causal link.
Topic: Civil liability of the Administration Subtopics:
Compensation for an invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the strip expropriated for road construction. Necessary demonstration of damage and causal link.
Topic: Compensation to the administered party Subtopics:
Compensation for an invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the strip expropriated for road construction. Necessary demonstration of damage and causal link.
Topic: Damages arising from the civil liability of the Administration Subtopics:
Compensation for an invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the strip expropriated for road construction. Necessary demonstration of damage and causal link.
Topic: Highways and public roads Subtopics:
Compensation for an invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the strip expropriated for road construction.
"IX.- Regarding the specific case: The filed lawsuit consists of a civil treasury proceeding whose object is circumscribed to the compensatory claim of the plaintiff, who demands compensation for the alleged invasion suffered on the private property prior to the official transfer of possession of the expropriated strip and the damages derived from such material actions" .
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CASE FILE:
\t PROCEEDING:
\t Declaratory judgment PLAINTIFF:
\t [Name 001] DEFENDANTS:
\t The State, Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) and China Harbour Engineering de C.R.
No. 2024004639 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, FOURTH SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and fifty-one minutes on the eighteenth of July, two thousand twenty-four.- Proceeding for a declaratory judgment filed by Mr. [Name 001], [...], against the following defendants: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (hereinafter CONAVI), represented by its special judicial attorney, licensed attorney Dixa Córdoba Gómez, professional ID six thousand four hundred seventy-three, THE STATE, represented by its prosecutor, licensed attorney Omar Rojas Valverde Cordero, professional ID twenty-one thousand two hundred eighty-nine, and the company CHINA HARBOUR ENGINEERING DE C.R. (hereinafter CHEC), represented by its special judicial attorneys, licensed attorneys Raúl Guevara Villalobos, professional ID ten thousand six hundred, and John A. Brenes Rodríguez, professional ID twenty-seven thousand sixty-two. Appearing as the special judicial attorney for the plaintiff is licensed attorney Donald Picado Angulo, professional ID nine thousand six hundred three.
WHEREAS
Drafted by Judge Reyes Castillo;
WHEREAS:
I.Arguments of the plaintiff: The plaintiff argued that he is the owner of a property with the following characteristics: Province: Limón Property: [Value 008] Duplicate: Horizontal: Right: 001 Segregations: none, Nature: Lot 269-139 for agriculture, located in District 2 Batan, Canton 5 Matina of the Province of Limón, Boundaries: North: Street, South: Porfirio Espinoza, East: Emanuel Araya, West: Porfirio Espinoza, measures: fifteen thousand six hundred thirty-five square meters and forty-seven square decimeters, PLAT: [Value 006]. He indicates that said property is located, with exactness of [...]. He alleges that the property contains a large number of timber and fruit tree species. He states that over that property, there is no valid permit for tree felling issued by the Ministerio de Ambiente y Energía. He indicates that said property borders route 32, so an area of 1,982 square meters will be expropriated and used for its expansion.
He referred to case file 20-0013-1028-CA. He clarifies, however, that, up to the moment of filing this lawsuit, the transfer of possession of the property has not been authorized, nor has the delivery of any amount for expropriation been authorized. He maintains that the plaintiff has not given any authorization for work of any nature to be carried out on the property, neither to Conavi, nor to Chec. He explains that during the first months of 2019, the plaintiff had not been notified in any way of the existence of any expropriation proceeding regarding his property. However, reiterating that he was never notified by CONAVI, he informally learned that an engineer from CHEC, as the company responsible for the expansion of said route, was looking for the owners of the properties so that they could provide formal permission for entry and cleaning of the properties, without having to wait for the expropriation process.
It was thus that said Engineer contacted him, and told him that I had to approach them, and start the procedure to know the exact area that they were going to expropriate. Once the information indicated above was provided to him, the plaintiff went to his property to carry out a field inspection, and discovered that the property had already been invaded and intervened by CHEC, without any permission from him, to the point that CHEC built a huge slope that materially prevents entry to it, as can be seen in the photographs and videos in the case file, which is also evidenced by the attached topographic report and the testimony of the witnesses offered. To be able to enter, the plaintiff must request authorization from the adjoining neighbor, as access via route 32 was no longer possible. Furthermore, it is verified that a large number of timber and fruit trees had been felled and piled up on his property, besides the original topography of the place having been affected with heavy construction machinery, leaving evidence of large earthworks (movimientos de tierra), causing effects not only in the area eventually to be expropriated but also in an area of almost seven hundred additional square meters.
See attached photographs and videos provided to the case file, as well as the survey report, conducted on March 5 of this year. He maintains that from the moment of CHEC's intervention, the plaintiff is prevented from entering his property, unable as the owner to use and enjoy his property right, being unable to perform usual tasks such as entering by vehicle, performing cleaning tasks, or planting species of any kind. He explains that upon realizing this, the plaintiff went to seek those responsible from both companies, as well as from CONAVI, with the aim of denouncing what had been done and demanding that they take responsibility for the evident usurpation and affectation of his property. Upon meeting later with representatives of those companies and CONAVI, they indicated to him that, indeed, the entry to his property was illegally carried out with CHEC machinery, due to ignorance of the Costa Rican legal system, given that CHEC's representatives are citizens of Chinese origin who were unaware that they had to wait for the authorization of the property owner.
Likewise, they indicated that before the invasion, they did not even have a forest inventory (inventario forestal) of the intervened area and that, despite the felling carried out, they omitted to carry out said inventory. That as a consequence of the complaints, on April 19 of last year, at the request of CHEC and with the knowledge of CONAVI, the Environmental Manager, Luis Meneses Valverde, CDG. CIA 2233, prepared a report – already in the case file - on the environmental damage caused by CHEC on the property, after a field investigation, expressly acknowledging therein the environmental damages caused by this company, when he states: "Presentation: The present study is the economic valuation of the environmental damages, which the company CHEC caused, in part of the land (fundo) (approximately 0.30 hectares), registered under the real estate folio number of the Province of Limón [Value 008], with cadastral plat [Value 006], owned by Mr. [Name 001], identity card No. [Value 007], by cutting 30 trees of 12 different species outside the right-of-way in the expansion of national route No. 32".
He indicates that in that same study, it is detailed that there are at least 30 species that were felled by the company CHEC, considering that this study was carried out by verifying those trunks and roots that allow reconstructing, without being exact, the number of trees that existed there. He maintains that on June 12 of last year, the plaintiff participated in a meeting with representatives of CHEC and CONAVI, in which he expressed his concern about the environmental and personal damages caused by their material actions. There, they committed not to carry out more works on the property until the transfer of possession is formally authorized in the ongoing expropriation process. However, the plaintiff immediately goes to his property and verifies that earthworks (movimientos de tierra) were once again carried out on it, expanding the environmental damage, by performing major works without regard for the vegetation, fauna, and existing trees on said property, as seen in the attached videos and photographs.
He adds that, worried about the exposed situation, the plaintiff resorted by means of a request for a precautionary measure before this jurisdiction, which, although rejected, demonstrated the invasion by the company CHEC of his property, as well as the consequent damages caused to his land, a situation that led the judge to issue a warning against the defendants here. To that effect, it was established in Ruling No. 551-2019-T at sixteen hours on October twenty-third, two thousand nineteen: "Regarding the material damage argued, it must be said that it is not a disputed fact within this precautionary process that the property in dispute suffered the entry of machinery from the co-defendant company (removal of vegetation cover, tree cutting, and earthworks (movimientos de tierra)), without specifying a specific date, but between the months of January, February, and March of this year and subsequently, between the months of June and July, where a smaller-scale incident occurred, but apparently of the same nature, as is clear from the lawsuit, its answers, the numerous writings of October of this year, and the documentary evidence visible in images 54 to 67, 308, 311 to 313, 318 to 320, 324 to 326, 336 to 338 of the judicial case file, as well as the 36 photographs and six videos on three compact discs attached to the digital case file…
In any case, on the merits of the foregoing and without prejudice to the way in which it is resolved, a strong call of attention is made to the co-defendants, urging them not to engage in conduct such as that denounced, accordingly respecting the regulatory framework and private property". The following are raised: "Considerations on the damages caused by the defendants: REASON FOR ORIGIN: This lawsuit seeks compensation for damages caused by the material actions or omissions of CONAVI and CHEC to my client, which generated and continue to generate severe damage to his property, harming him in the legitimate enjoyment of the right to property and, consequently, his patrimony. The act giving rise to liability consisted, in the case of CHEC, of entering on at least two occasions – see cited ruling, where it is demonstrated that in the first months of last year, as well as in June and July of that same year - onto a private property and disposing of it in its entirety, causing severe damage, without prior authorization from its legitimate owner, and violating the legal system by disobeying the provisions of the Ley de Expropiaciones, which establishes that only at the moment when the owner expressly authorizes it, or when the transfer of possession is ordered by the competent judicial authority, can one proceed to enter such property, regardless of the urgency and necessity of a project.
In the case of CONAVI, there is an evident failure in its duty of vigilance, as the Administration tasked with supervising the Contract for the Expansion of Route 32. Its omission encouraged CHEC to act in the arbitrary way it did to the detriment of my client and did not exercise its obligation to ensure that CHEC's actions, in relation to entry onto private property, were carried out as required by the Ley de Expropiaciones. On the contrary, CONAVI limited itself to passively observing as CHEC was proceeding to break into private property, without there being evidence of timely intervention on its part to prevent the contractor from continuing its illegitimate conduct, who, as stated, intervened not only once but re-offended months later on my client's property, as was demonstrated by the judge who heard the precautionary measure. This generates joint and several liability for CONAVI with CHEC, inasmuch as it is their duty to verify that the contract is executed in accordance with the current legal system.
As can be seen in the evidence provided by CONAVI itself, its representatives participated in meetings where the damages that occurred were discussed together with my client and CHEC, without any action being seen to reprimand what CHEC acted, nor to prevent another intervention by it on the property from occurring again, such as the one that arose in the months of June of last year, just as was stated in the cited ruling. Both CONAVI and the contractor CHEC have shown disrespect for the legal system, by ignoring the right to property and the effects on the right to a healthy and ecologically balanced environment, by entering time and again to carry out work, without a prior forest inventory (inventario forestal), without notification of the expropriation process, without a ruling in said process, and without authorization from my client, at least, as already indicated. As Your Honor may appreciate in the evidence already provided, MINAE indicates that there is no permit whatsoever to cut trees on my client's property, and despite this, flagrant damage to the environment was carried out by proceeding with the total felling of the existing trees.
WHAT THEY CONSIST OF: What CHEC did, as well as the omission in CONAVI's conduct, generates a serious injury to the legal situation of my client, which consists of the damage caused by the unauthorized invasions of his property, in which its value has been strongly affected by the destruction carried out, which generates patrimonial and moral damages to my client. CHEC arbitrarily enters the property and takes total control, as if it were the owner, introducing heavy machinery to proceed to destroy at will everything that existed there. CHEC decides to indiscriminately deforest the entirety of the existing trees, without even having a forest inventory (inventario forestal). CHEC destroyed the existing entrance to the property, making it so that it is no longer possible to enter either by vehicle or on foot, thanks to the slope it built in front of the property. CHEC, not satisfied with abusing the Rule of Law, violating the sacred constitutional right of private property, breaks into an area larger than what will eventually be expropriated, of approximately 700 square meters, generating damages such as deforestation, change of vegetation, in short, destroying everything that was on that property.
CHEC decides to cut down the trees and subsequently, arbitrarily dispose of the majority of the cut species, for a use unknown to my client, curtailing that right as the legitimate owner. PATRIMONIAL DAMAGE CAUSED: CHEC, by arbitrarily entering the property and taking total control, as if it were the owner, introducing heavy machinery to proceed to destroy at will everything that existed there, absolutely devalued my property, to the point of leaving it in a state of total deterioration. This because its first action consisted of creating a slope of approximately 12 meters that prevents, from CHEC's first intervention, entry to the property, a defect that persists to this day. Likewise, an area larger – almost 700 meters - than that which will be expropriated was intervened, which was totally destroyed. This is evidenced by the attached expert report, prepared by Engineer Jimmy Madrigal Mora IT-28958, dated March 5 of this year, which indicates: "The comparison of the boundary line facing the public street from the plat with respect to the area used by the company to carry out earthworks (movimiento de tierra), shows that the work carried out directly affects the property of Mr. [Name 001], since work was not only carried out in the right-of-way indicated by the plat, but also within the land intended to be expropriated.
From the stakes placed by the entity interested in the expropriation of the land, according to the property owner, five were located that serve to determine that the area to be expropriated is approximately 2,660 square meters, this considering the road width indicated on the plat. It is indicated to the applicant that in addition to there being a direct affectation since the worked part belongs to his property, it is also important that an assessment be made by the entity in charge of the indirect affectation on the rest of the land, this due to the formation of the slope in front of the public street, which prevents direct access to the property, the same that limited our work until entry permission was requested and granted from the owner of the adjoining property on the east side, however according to the cadastral plat and the deed, the property only has entrance from the front facing the public street and not through any neighboring property, a reason which makes a considerable depreciation of the property possible.
It should be considered that the slope present on the property after the work performed exceeds 12.50 meters in height with respect to the public street, this without taking into account what may increase when full use is made of the part intended to be expropriated. The observation is made that if no work is done to remedy the access defects present on the property, the use of this land for any income-generating activity could be rendered impossible. In conclusion, the area where the earthworks (movimiento de material) were carried out represents a direct affectation to the interested party's property, since work was not only carried out in the area comprised within what is established according to the plats as the right-of-way of the national highway, but work was also carried out on the area planned to be expropriated. On the other hand, the rest of the property was indirectly affected by limiting access to it and compromising its value in case of a possible sale, therefore it is important to request the entity responsible for the appraisals that, in case of a possible expropriation, not only is the land being considered for expropriation valued, but also the affectation to the rest of the property of Mr. [Name 001], which shows an evident depreciation due to the residual damage caused by the work carried out on the site".
In summary, the damages caused to my client's property and patrimony are consistent with: CHEC destroyed the existing entrance to the property, making it so that it is no longer possible to enter either by vehicle or on foot, thanks to the slope it built in front of the property. CHEC decides to indiscriminately deforest the entirety of the existing trees, without even having a forest inventory (inventario forestal). CHEC, not satisfied with abusing the Rule of Law, violating the sacred constitutional right of private property, breaks into an area larger than what will eventually be expropriated, of approximately 700 square meters, generating damages such as deforestation, change of vegetation, in short, destroying everything that was on that property. CHEC decides to cut down the trees and subsequently, arbitrarily dispose of the majority of the cut species, for a use unknown to my client, curtailing that right as the legitimate owner.
CHEC destroys the property and renders it valueless for use and commercialization, making it so that it can no longer be utilized, nor can it be the object of sale or mortgage, insofar as the slope prevents its entry, and; moreover, it practically destroyed the entire frontage of the property, making the rest – more than 80% - a landlocked plot (fundo enclavado), lacking any value. In the case of CONAVI, as stated, it limited itself to passively observing as CHEC was proceeding to break into private property, without there being evidence of timely intervention on its part to prevent the contractor from continuing its illegitimate conduct, who, as stated, intervened not only once but re-offended months later on my client's property, as was demonstrated by the judge who heard the precautionary measure. This generates joint and several liability for CONAVI with CHEC, inasmuch as it is their duty to verify that the contract is executed in accordance with the current legal system.
It is clear that if CONAVI had acted in a timely manner, adhering to its obligations, the damage to my client's property would not have been consummated. MORAL DAMAGE: The current situation causes my client severe subjective moral damages, due to the destruction of which the property is the object, the same he received as a donation from his grandmother, being a family asset of great value to his family. This causes my client emotional distress, a product of pain and emotional suffering, originating from the illicit administrative conducts, the object of the current process, which he has suffered from the moment the first of those administrative conducts occurred, with the first intervention in the first months of last year.
It is from that moment that an unjust disturbance absolutely falls upon his emotional conditions, associated with discouragement, displeasure, despair, and offense against his honor and dignity. That is, from the moment he learns of the damages suffered to the property as a result of CHEC's actions, I am accompanied by a constant, incessant, stressful disturbance, since this put my assets and those of my family at risk, insofar as the donated asset constituted a very valuable asset, which would obviously increase in value with the expansion of Route 32. The increase in value (plusvalía) was going to be evident; however, everything changes now due to the actions of the defendants, now having a destroyed, useless family asset with no commercial value at this moment, due to the conditions in which CHEC left the property after its disastrous and illegal intervention. Another no less important aspect is that this property constituted half of my client's assets, given that he only owns in his name another property in the Canton of Pococí.
The jurisprudence of our courts is consistent in recognizing this type of damage, as is evident from the following jurisprudential citations, the first of which emanated from this Court: Resolution 120 of one hour forty minutes on May 16, 2011, of the Administrative Litigation Tribunal Section VI [...] For its part, the First Chamber has defined this type of damage, among others, through resolution 000206-F-S1-2009 of sixteen hours twenty minutes on February twenty-sixth, two thousand nine. [...]. In light of the jurisprudential citations presented, it is extracted that in the case of my client, all the elements that this type of damage must have to be considered as such, ergo certain, effective, assessable, and individualizable, occur. The certain damage, already produced – intervention on the property without my client's authorization, construction of a slope (talud) that prevents any type of access, use of heavy machinery that totally destroyed the area, increased by almost 700 meters beyond what is to be expropriated, tree cutting, removal of trees which makes it impossible to use the timber, leaving the remaining property as a landlocked property (fundo enclavado) – makes it real, that is, effective and financially assessable, based on what expert studies determine that include the value of the property before its condition of destruction to which CHEC subjected it, and the current value, considering that this can be economically appreciable, and "individualizable" since its acting agents are widely located at CHEC and CONAVI, that is, from whom I have the right to demand reparation for the injury caused, who will be jointly and severally liable for the damages caused.
The damages must be covered seventy percent by CHEC and thirty percent by CONAVI. DAMAGES: The actions of the defendants have caused a loss in the future value of the property and the value of the use of said property since CHEC's first intervention, rendering the property completely unusable. Since the first months of the previous year, it has not been possible to enter, so it cannot be used for agriculture of any kind, nor can it be built upon, mortgaged, or commercially sold. ESTIMATION Due to its special nature, the present claim is of an inestimable nature. Without prejudice to this, as a result of the expert studies that will be submitted in due course, I prudently estimate the present claim, for damages, at the sum of [Value 001] million colones, broken down in the following order: 1.- Damages to the property inflicted by construction of a slope (talud) that prevents access and full use of the property since the first months of 2019: [Value 003] million colones\n\n2.-Total damages in an area of 2600 square meters, with total deforestation and destruction of the cut timber, which prevents enjoyment and use of that land and the use of the timber, from the first months of 2019 to today's date: [Value 003] million colones. 3.- Damages to the rest of the property, which since the first months of the previous year, remains as a landlocked property (fundo enclavado): [Value 004] million colones, without vehicular or pedestrian access, without the possibility of being built upon, mortgaged, or commercialized.
Value per square meter according to the value set in the expropriation process: 4129.00 colones. Rest of the property not expropriated in square meters: 13653.47. 4.- Damages for not being able to use timber, nor the entirety of the property since the first months of the previous year: 15 million colones. 5.- Subjective moral damages: 5 million colones. LEGAL BASIS. I base the current action on what is established in numeral 58 and following and concordant articles of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). In the conclusions rendered at the oral and public trial, it was emphasized that 2 invasions by CHEC on private property without the owner's permission were accredited and that Conavi did not exercise its duty of surveillance. As material damage, the commercial uselessness of the farm due to alteration of the property's topography that prevents any entry from the public street was reiterated, due to the construction of a slope (talud) with a steep incline, which constitutes a typical case of damage to the remainder due to CHEC's intervention.
It indicates that the farm is unusable because it is inaccessible. It was argued that in any case, the Administration and CHEC are obliged to provide access to the expropriated person's property, without being able to leave a landlocked property (fundo enclavado). It pointed out that the causal link is delimited by the omission of the duty of surveillance owed under the construction contract that generated the damages caused to the plaintiff. It requests that the claim be granted in all its aspects with an award of costs.\n\nII.- Arguments of Conavi: CONAVI rejected the facts of the claim and presented the following exceptions: “1. EXCEPTION OF LACK OF RIGHT: a) Act of a third party, lack of causal link. The plaintiff seeks compensation for damages allegedly caused by the material actions or omissions of CONAVI and CHEC, which allegedly generated and continue to generate severe damages to his property, harming him in the legitimate enjoyment of the right to property and, consequently, his assets, a situation that is not attributable to this Council for the following reasons: Through Law No. 9293 of March 10, 2015, financing is approved for the rehabilitation and extension project of national route No. 32, section intersection route 4-Limón.
On February 18, 2013, Eng. Pedro Castro, in his dual capacity as Minister of Public Works and Transport and president of the Board of Directors, signed a memorandum with the company CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (VOLUME I Folios 81 to 82 and annex from folio 83 to 144 of administrative file Project: \"Design, Rehabilitation and Expansion of National Route No. 32 Braulio Carrillo highway, Section: Intersection National Route No. 4 (Sarapiquí-Limón Crossing)'' in which it was established that the contractor must take out the following Insurance and Liability policies. ''[...] Civil liability insurance: it will be the obligation of THE COMPANY to take out a policy from the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros, INS) or from any duly authorized insurer for civil liability attributable to the insured (THE COMPANY) for injuries or death to third parties or for damage to third-party property; ... \" [...].
Subsequently, the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad) signed a contract with the company CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, which was approved by the Comptroller General of the Republic with official letter No. 5662-2016, in which the General obligations of the contractor were established in the general conditions point 4.1 subsection 3. [...]. 4.1. General obligations of the contractor. Apart from the obligations set forth in the memorandum of agreement for the Design, rehabilitation and expansion project of national route 32 Braulio Carrillo Highway, section intersection national route 4 (Sarapiquí Limón Crossing) and its annexes, the contractor shall have, among others, the following obligations: 1 (...) 3. The contractor shall be responsible for all loss, expense, and claims for loss or damages suffered by material goods, injuries, and death that occur as a consequence of its own acts or omissions in the execution of the contract being signed...” [...].
Additionally, in the complementary obligations in point 39, it was specified that the contractor must comply with all current laws in the republic of Costa Rica, indicating the following: 39. The Contractor shall comply with all current laws in the Republic of Costa Rica, such laws shall include all local, state, national, or other laws that affect the fulfillment of the Contract and are mandatory for the Contractor. The Contractor shall exempt the Contracting Party from all liability for damages, claims, fines, sanctions, and expenses of any nature arising from or as a consequence of the violation of those laws by the Contractor or its personnel, including Subcontractors and their personnel. [...] Then in points 4.12 and 4.16 of the contract, the following was established as the contractor's responsibility: 4.12. No interference. The contractor shall not interfere unnecessarily or improperly with: a) the comfort of the public, b) the access, use, and occupation of all roads and paths, regardless of whether they are public or in the possession of the Contracting Party or others.
The Contractor shall indemnify and hold the Contracting Party harmless from all damages and expenses (including attorneys' fees and expenses) generated as a result of unnecessary or improper interference of that nature. 4.16. Environmental Protection (Compliance with Environmental Feasibility and its obligations). The contractor must faithfully comply with the provisions of the Environmental Legislation of the Republic of Costa Rica; and shall take all necessary measures to protect the environment (both inside and outside the Place of Works) and to avoid the environmental damages and alterations that may be created to people and property as a consequence of its operations. [...] Complementing the above, via official letter UE-DRA-RN32-002-2017-119 (2199) dated June 14, 2017, CONAVI diligently informed the legal representative of the CHEC company of the procedure prior to the start of the construction phase that must be carried out for tree cutting. [...] Likewise, with official letter UE-DRA-RN32-001-2017-321 (855) dated October 25, 2017, the Project Manager, Mr.
Zhou Jingxiong, is informed about the coordination actions with the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) to develop the protocol for the procedures associated with tree cutting that the project entails, and the draft protocol is sent to him. With service order No. 3 dated November 16, 2017, the order is given to start the construction phase as of November 20, 2017. [...] Via official letter UE-DRA-RN32-001-2017-333 (855) dated November 1, 2017, the Project Manager, Mr. Zhou Jingxiong, is notified about environmental follow-up and that he must update the documentation based on SETENA resolution 2207-2016 regarding the environmental approval (otorgamiento ambiental) prior to the start of works. [...]. Subsequently, via official letter UE-DRA-RN32-002-2018-104 (855) dated March 2, 2018, the Project Manager, Mr. Zhou Jingxiong, is notified about environmental follow-up; the following is transcribed where relevant: ''Regarding the start of Tree Cutting that will be carried out by your represented company [...] It should be remembered that said work cannot begin until all required permits have been obtained... [...].
Then, via official letter UE-DRA-RN32-002-2018-104 (855) dated March 2, 2018, the Project Manager, Mr. Zhou Jingxiong, is notified about tree cutting and is reiterated what is established in point 4.16 of the complementary obligations of the contractor; it is also indicated that \"The forest inventory is an inexorable technical input for the \"Tree cutting permit\" a permit that according to what is stipulated in point 10 (c) of the scope document of the Contract ... \" [...]. From what has been indicated so far, it is clear that if a potential damage exists, the party responsible is not the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad), but rather the CHEC company, as established by the memorandum, the contract, and its addenda. CONAVI has not only been diligent in warning the contractor of various procedures and compliance with laws, but did so with due anticipation. It is necessary to indicate that the CHEC company attempted to reach an agreement with Mr. [Name 001] to compensate him in accordance with the inventory carried out by Eng.
Luis Femando Meneses Valverde; it even proposed using the company's machinery to restore the land to its original conditions; however, the owner indicated that \"...he is not interested since he does not want to depend on CHEC's timelines and prefers to do it when he desires''. In addition to the above, the CHEC company proposed paying rent for the affected land from the moment the machinery entered the land until July 2019 and proceeding with the improvement works on the land\", but Mr. [Name 001] did not accept the proposal, indicating that he preferred the money. Note that the CHEC company tried to provide a solution to the problem; however, the property owner was only interested in the money, which clearly shows that the owner's interest is purely economic and that the CHEC company understands and accepts that it is the only party responsible for the alleged damages claimed. On the other hand, the existence of environmental damage is rejected because the project has environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted through Resolution of the Ministry of Environment and Energy, the National Environmental Technical Secretariat Nº 2207-2016-SETENA at 15 hours 30 minutes on December 2, 2016, so we would be facing an environmental impact that is configured when environmental feasibility exists since it is already foreseen that a certain event such as tree felling can be caused.
The plaintiff seeks compensation for alleged moral and material damages for alleged damages from cutting certain trees on his property by the CHEC company, which must be proven in this process. Regarding the causal relationship, there must be a connection, and the damage produced is an indispensable condition for attributing the duty to compensate said damage to that party; this only proceeds when there is certainty in the proof of the causal link. In the present case, the plaintiff omits presenting the corresponding evidence that can prove the causal link with the alleged damage and the link with the administration, especially since the plaintiff herself indicates that the alleged invasion of the land was executed by the company CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (CHEC). 2. EXCEPTION OF LACK OF STANDING: This exception is filed because, as the plaintiff herself indicates, the alleged invasion of the property was carried out by the company CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (CHEC), and according to what is established in the contract, addenda, and complementary documentation, should damage or injury occur, the company will be responsible for it.
Coupled with this, the property for which damages are claimed was duly expropriated and was already placed in the possession of the Ministry of Public Works and Transport, via notification at fifteen hours and twenty-eight minutes on April thirtieth, two thousand twenty, corresponding to File 20-000013-1028-CA-0” (The bolding and underlining are ours). It requests that the plaintiff be ordered to pay the costs of this process, as well as the respective interest.\n\nIII.- Arguments of the State: It rejects the claim; regarding the facts, it clarified that: “The State has decided to expropriate an area of land measuring one thousand nine hundred eighty-two square meters (1,982.00 square meters), according to cadastral plan No. [Value 009], which is part of the property registered in the Party of Limón, Real Folio Registration [Value 010]. Said expropriation is processed before the Administrative Litigation Court under file No. 20-13-1208-CA, wherein entry into possession of the strip to be expropriated has already been authorized and the disbursement of the administrative appraisal amount was ordered. [...] In the first place, the alleged invasion of the plaintiff's property is not proven to us, nor that the alleged damages have been caused.
In that sense, the co-defendant parties have stated and provided evidence that proves work was being done on the right-of-way. In the second place, according to the evidence in the case file, it is not proven to us that the works carried out by the company China Harbour Engineering Company de Costa Rica Sociedad Anónima (hereinafter CHEC) prevent access to the plaintiff's property, since entry was made via a small lateral access to the farm. In that sense, according to administrative appraisal No. SABI-2019-117 of August 12, 2019, visible on folios 44 to 59 of the file related to the expropriation, it can be seen that the plaintiff's land is located 4-5 meters above the level of the public road, without there having been access through the front of the lot, as seen in the photographs visible on folio 51 of said file. [...] Thirdly, it is rejected that works were carried out in an area larger than the one subject to expropriation, as well as the tree cutting in the terms and dimensions set forth by the plaintiff.
Finally, without prejudice to the foregoing, it is clear that the alleged actions and invasion reported by the plaintiff were carried out directly by CHEC, as the contractor for the work that is under execution, without any actions or omissions on the part of the National Road Council (hereinafter CONAVI) or the State in this case. [...]” (the bolding is ours). The claims made by the plaintiff were rejected, and the following exceptions were filed: “I. Lack of right and lack of standing: The General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) in its seventh title regulates matters related to the Administration's liability. Said title in its numeral 190 orders that the Administration shall be liable and shall answer for all damage produced by its legitimate, illegitimate, normal, or abnormal functioning. For this liability to apply, three essential elements must concur:
It was necessary to remove a large amount of earth in order to clear the right-of-way and shape the temporary slope. Once possession of the expropriated land is taken, it will be necessary to continue with the earthworks (movimiento de tierra) and shape the permanent slope. It indicates that all works and activities carried out are contemplated in the Environmental Impact Study as part of the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process that resulted in the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. The evaluated project area is made up of what is called the Project Area (AP), which is the right-of-way fifty meters wide and the areas to be expropriated, the Project's Direct Influence Area made up of the following fifty meters adjacent to the right-of-way, and the Project's Indirect Influence Area, which consists of the 250 meters adjacent to the Direct Influence Area.
It is for this reason that the felling of trees and any eventual earthworks (movimiento de tierras) activity that must be carried out on the expropriated land is authorized from an environmental standpoint in the environmental feasibility. It clarified that it is not true that Mr. Luis Meneses is the project's environmental regent, nor that there was any impact to fruit trees or tree species of commercial importance. It rejected that there was any usurpation of the plaintiff's property. It maintains that it is not true that CHEC carried out any construction work on Mr. [Name 001]'s property. It clarifies that one of the activities carried out before undertaking any construction activity on a highway is the felling of trees. It was expressly acknowledged that it is indeed true that, in April 2019, CHEC felled trees in the right-of-way. Additionally and due to an error by the laborers who did not know how to differentiate the demarcation of the right-of-way from the demarcation of the area to be expropriated, it felled trees in the expropriated area.
It is also true that Mr. [Name 001] met with representatives of CHEC, specifically with Engineer Luis León, and CHEC undertook to instruct its laborers and operators not to carry out any activity on his land again. In June 2019, CHEC finished the earth removal works in the right-of-way and the slope shaping, but all within the right-of-way. No activity was carried out on the expropriated land or on the farm where Mr. [Name 001] is the bare owner. It was indicated that it is not true that forestry engineer Luis Meneses is the project's environmental regent. It was accepted as true that CHEC asked forestry engineer Luis Meneses to carry out a quick review of the area and determine, under a methodology that started from the existence of environmental damage, the amount that integral repair would amount to, even though such repair is not applicable, in order to have an objective parameter to indemnify Mr. [Name 001], all this despite the fact that the area was going to be expropriated and that, in accordance with the Environmental Impact Study, CHEC is authorized to carry out construction activities in the expropriated area.
Based on the foregoing, Mr. [Name 001] was offered compensation even higher than what resulted from the report prepared by engineer Luis Meneses, which Mr. [Name 001] rejected. It states that the report prepared by forestry engineer Luis Meneses is not proof of the damage caused because it starts from a series of assumptions and, therefore, reaches conclusions that are not accurate, since they were proposed by CHEC in good faith to facilitate negotiation that would allow avoiding litigation and seeking to accelerate the placing in possession, which was not achieved. It was accepted that on June 12, a meeting was held with Mr. [Name 001] and representatives of the Consejo Nacional de Vialidad. At that meeting, CHEC again assumed the commitment to carry out activities solely in the right-of-way. In reality, since the tree incident in April 2019, no new activity had been carried out on Mr. [Name 001]'s property.
After the meeting, Mr. [Name 001] held a telephone conversation with the general supervisor of CHEC's branch 1, Mr. Luis Yogseng León Villagra, to whom he indicated that work was being done on his property again. Mr. Luis León explained that no work was being done on his property, but rather that work was being done on shaping the temporary slope within the right-of-way, which in total is 50 meters. It is absolutely false that earthworks (movimientos de tierra) were carried out on Mr. [Name 001]'s property, that environmental damage was caused, that vegetation, fauna, and existing trees on Mr. [Name 001]'s property were affected. In the strip of land under discussion, there was not and is not any forest, nor forestry or fruit tree plantations. It adds that it is true that Mr. [Name 001] resorted to the precautionary channel and his request was rejected, but it is not true that damages to his property were demonstrated.
The damages must be demonstrated in ordinary proceedings. It raised the following substantive defenses: “Lack of standing to be compensated for environmental damage: The right to a healthy environment has been considered a fundamental right, whose affectation can not only impact one person, but by its nature affects the community. That is why standing in this matter tends to extend and broaden, justified by the doctrine of diffuse interests, according to which the original standing of the legitimate interested party or even the simple interested party is diffused among all members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them, so that practically any person can file administrative and jurisdictional remedies against an action or omission by any natural or legal person, private or public, that threatens to cause environmental damage. The foregoing was included in the Biodiversity Law in its Article 105, by granting standing to every person to take action in administrative or judicial venues in defense of biodiversity.
However, because the protection of the right to the environment is of public interest and in many cases the affected environmental element is of public domain, standing to claim compensation for environmental damage is restricted; the contrary would be to accept the possibility that a private individual represents the public interest in terms of compensation. Mr. [Name 001] confuses 'procedural standing (which allows filing a claim), with the substantive right (what is sought), which must be held concretely to obtain a favorable decision, and that the damage caused to the community does not imply the automatic existence of personal damage nor standing to claim it' (Ruling 834-2015 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Therefore, although national regulations grant broad standing to take action, this is not the case for a person to receive the amount of compensation: 'Thus, despite the breadth in standing to claim environmental damage, compensation for collective damage cannot be awarded in favor of the specific private or public persons who have filed the claim.
The holder entitled to receive them is the State (represented by the PGR) or those expressly determined by law. Compensation for indirect impact on private property or interests (individually borne damage) can be claimed only by the one who has suffered it, and it is such person, under the common rules of liability, who has the right to compensation' (Administrative Appeals Court. Judgment No. 00045-2016 of May 6, 2016). Although the claim does not clearly indicate what the environmental damage consists of, in the facts of the claim it refers to the report prepared by forestry engineer Luis Meneses, in addition to presenting another document with estimates of environmental damage which it claims to be compensated for. In both reports, economic estimates are mixed of damage that could have been individually borne by Mr. [Name 001], as well as others that, although inappropriate as will be demonstrated in this proceeding, would pertain to compensation for collective damage.
However, the only body with standing to claim collective-type compensation is the Procuraduría General de la República, in its capacity as representative of the State as provided for in Articles 1, 3.a) and 3.i) of the Organic Law of the Procuraduría General de la República, and the Forest Law indicates in its Article 58 [...]. From the foregoing, it is clear that the plaintiff does not have standing to request compensation for the alleged environmental damage regarding its collective elements, such as environmental services, because by law that representation corresponds solely to the Procuraduría General de la República. Defense of Lack of Right: (...) 1. Regarding the compensatory claims. Preliminarily, it is necessary to reiterate that we reject the existence of any generating event that can be considered as causing any damage. The plaintiff's subjective assessment that CHEC has 'destroyed' his property is absolutely unfounded because my client's actions have been carried out one hundred percent within the right-of-way, so it is incorrect to consider that it has exceeded its authority regarding the geographical scope of the works it executes.
Nor does it delve into describing—or even indicating—the criterion of imputation of subjective civil liability under which CHEC would supposedly be responsible. It should be remembered that CHEC is a subject of private law, so the plaintiff must prove the criterion of imputation or the subjective attribution factor that justifies CHEC's alleged civil liability; it must be justified by whoever requests compensation such as that sought by the plaintiff. The connotation of the term 'destroy' may mislead the court, as a negative sense is attributed to the statement, implying that it is a serious harm or affliction that one should not have to endure. When the reality of things is that actions have been carried out that, from an objective point of view, cannot be considered an arbitrary impact but rather the legitimate exercise of a public interest activity, namely, the execution of public works of vital importance for the State, on lands that legally belong to or are in the possession thereof. a. Non-existence of the alleged material damage: The plaintiff claims, recklessly, that our client caused material damages that practically rendered the farm of the Partido de Limón [Value 008], of which he holds right 001, to the entirety of the bare property, unusable. [...] Although in the present case a jurisdictional attraction of administrative contentious jurisdiction operates due to the existence of a public procedural party, the truth is that for the liability that the plaintiff attributes to CHEC to be applicable, it would have to fehaciently demonstrate that an act was carried out that harms his rights and interests, that there is an effective causal relationship between our client's actions and the causation of that damage, and that such actions were carried out with intent or fault.
The plaintiff should also prove the amount of said injury, and there should not exist an ideal and special procedural channel for the discussion of such issues. [...] (ii) The damage alleged by the plaintiff has not been generated [...] The plaintiff does nothing but recount a series of facts mixed with personal assessments. He does not demonstrate how the work carried out by CHEC within the right-of-way could have affected the property of which he is the bare owner. He does not substantiate the existence of a causal relationship, and it is clear that the reason for this deficiency is only one. Such damages do not exist, nor does a possible causal link exist between them (if they had occurred) and the works carried out by CHEC. (iii) CHEC has not acted with intent or fault. Although this is an administrative contentious proceeding, CHEC is a party in its condition as a third party that maintains a contractual relationship with the State.
In this case, it participates in this proceeding due to the jurisdictional attraction provided for in the Administrative Contentious Procedure Code. However, it has not lost its status as a subject of Private Law, so the substantive rules provided for such natural and legal persons are applicable. Articles 190 and following of the General Public Administration Law contain the preconditions under which the liability of the Public Administration and its officials must be determined. Based on said regulations, strict liability is established for the Administration, which is liable to third parties for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation. And on the other hand, unlike said field of strict liability imputation, the liability of the public official is subjective in nature, since it is based on the existence of intentional or negligent conduct that causes damage to a third party or to the Administration. [...] In the present case, CHEC has acted within the right-of-way, carrying out the engineering actions necessary for its recovery and use in the expansion of Route 32.
Our client acts as a State contractor, complying with the obligations assumed in the contract, in accordance with the designs made and the schedule agreed upon with the State. There is no evidence whatsoever from the plaintiff demonstrating that any of CHEC's construction interventions were carried out with the intention of affecting the property of which the plaintiff is the bare owner, nor that it employed inadequate methods, incorrect plans, or unsuitable machinery to carry out the works. It has not demonstrated that the personnel in charge of the work were negligently selected and supervised. The plaintiff relies on simple presumptions, which cannot give rise to the assignment of liability to CHEC. On the contrary, my client has acted in absolute adherence to best construction practices, paying attention to every detail to avoid causing the governed parties more inconvenience than they must inevitably tolerate due to the construction of infrastructure such as this. [...]”.
It continues stating, in essence: b. Non-existence of environmental damage: it affirms that “CHEC has in good faith acknowledged its responsibility for the felling of trees in the area to be expropriated, which is very different from there having been an impact on the local fauna and flora and great environmental damage. CHEC has acknowledged, both in the negotiation process with Mr. [Name 001] and in the precautionary measure, that by mistake, it cut down the 30 trees indicated in the document prepared by forestry engineer Luis Meneses. However, that action is totally independent and different from the earthworks (movimiento de tierras) works carried out in the right-of-way. As is well known, when a highway is being built, once all the engineering work has been done (topographic surveys, forestry inventories, designs, field marking), one of the first activities carried out is the clearing of vegetation and felling of trees.
For those activities, machinery that removes earth is not required; rather, trees are cut down and stacked at a site where a truck later comes to collect them and take them to sites authorized by SETENA for disposal of that material. Tree felling is also carried out in sections. That is, the highway has a length of 107 kilometers, so it is divided into several sections of several kilometers to carry out the work. In the case of the tree felling carried out for the right-of-way that passes in front of [Name 001]'s property, work had been underway on all the farms between the Madre Dios River and the Barbilla River, that is, within a perimeter of a little over 5 kilometers. [...] In the case of Mr. [Name 001]'s property, CHEC has accepted that it did cut down 30 trees that are in the area to be expropriated, so it has agreed to pay for the stumpage value of the wood. However, at no time did it carry out earthworks (movimientos de tierras) or major impacts on Mr. [Name 001]'s property.
Nor has there been environmental damage as such. Note that the document prepared by engineer Luis Meneses for CHEC clearly states that 'I must clarify that this tree felling is covered by the Environmental Feasibility approved by SETENA for the expansion of national route No. 32'. Likewise, the document omits to refer to the type of ecosystem present at the site, as well as the destination of that already expropriated land, which has been recognized by [Name 001] himself as forming part of the highway. [...]”. c. Non-existence of moral damages: It alleges that “it gives the impression that what is sought is compensation for material damage under a disguise of moral damages because, in the statement of claim, it is limited to saying that this property represents a high value for his family, without substantiating the basis for saying such a thing [...] Finally, it must be emphasized that since there is no detailed and coherent line of argument as to what the generating event for this or these damages is, and since no causal link whatsoever is demonstrated, the appropriate action is to dismiss this part of the claim.” d. On the apportionment of damages: “We cannot fail to refer to the whimsical and unfounded apportionment that the plaintiff maintains, establishing a 70/30 ratio regarding the distribution of civil liability.
The regime of joint and several liability, which would govern in matters of extracontractual civil liability in accordance with Article 1046 of the Civil Code and Article 201 of the General Public Administration Law, indicates that the compensatory obligation is of a joint and several nature among the participants. Therefore, given the impossibility of finding the regulatory support that justifies the plaintiff's request, the appropriate action is to reject the claim and abide by the existing legal regime”. It is argued that part of the claims raised are typical of the expropriation proceeding in which he is a party as the bare owner of the property in question. Aspects such as the extent of the area to be expropriated, the impact this may have on the property's value as well as the impact on the non-expropriated remainder, are aspects that will determine the fair price that the State must pay the owner to compensate for the material loss suffered as a result of the expropriation.
This is clearly defined in Articles 29, 30, 39 and following of the Comprehensive Reform of Law No. 7495, Expropriations Law No. 9286, as well as in Article 110.4 of the Organic Law of the Judiciary. e. Non-existence of consequential damages: On this point, it was alleged: “Similarly, we vehemently reject the plaintiff's scarce and confusing argumentation regarding the alleged consequential damages. As a main point, he alleges the future loss of added value, which he does not even attempt to prove, given the impossibility of the task. There is no evidence of any certain future damage that all this activity causes him, since there is not even any basis to sustain real and current damage, and, since the future can only be a consequence of the present damage, it is not possible to grant this compensatory item”. Finally, it raises the “Opposition to the estimation: We oppose the estimation of the claim because it is a confusing operation as indicated in the opening lines of this response.
In addition to this, in any case, there is a disproportion, as well as a lack of specificity and technical substantiation of the economic content of the process, sufficient reasons to oppose the estimation made by the plaintiff”. It requests that the claim be dismissed and that the plaintiff be ordered to pay both sets of costs.
V.Regarding the evidence offered for a better resolution: During the preliminary hearing, the co-defendant company CHEC offered documentary evidence as evidence for a better resolution, visible in images 398 to 422 of the judicial file, consisting of documentation provided in the expropriation file No. 20-00013-1028-CA of the Administrative Contentious and Civil Treasury Court, which is why the Case Management Judge granted a written hearing to all parties and reserved admissibility for the Trial Court in accordance with subsection 50(2) of the Administrative Contentious Procedure Code. The State representation referred to the evidence offered in a brief dated July 14, 2023, visible in image 431 of the main file. Additionally, during the oral and public trial, the plaintiff offered evidence for a better resolution consisting of photographs taken in June 2024 to observe the current state of the property once the infrastructure works in the expropriated area were completed, noting that it is useful for providing a real and definitive perspective of the slope facing the street, which materially makes pedestrian and vehicular access to the property impossible, rendering it an unusable tract of land.
The Court granted an oral hearing to the defendant parties and reserved admissibility in accordance with subsection 50 CPCA. Regarding the discretionary admission of evidence for a better resolution, it is a reiterated criterion of the jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice that its rejection does not cause the defenselessness of the parties (see Rulings No. 547-F-S1-2002 and No. 29-F-S1-1995, both from the First Chamber of the Supreme Court of Justice). As for the evidence for a better resolution offered by the company CHEC, it is admitted because it constitutes an update of pieces from the expropriation file No. 20-00013-1028-CA of the Administrative Contentious and Civil Treasury Court, given that it is evidence admitted during the preliminary hearing. Regarding the photographs offered by the plaintiff as evidence for a better resolution, they are rejected because they lack usefulness and relevance to the procedural object for the substantive resolution of the present matter, because they are not linked to the facts that are the object of the claim nor to the historical moment in which they occurred.
VI.Proven facts. The following proven facts are of relevance for the purposes of this proceeding:
Regarding unproven facts: Of relevance for the resolution of this matter, the following are deemed unproven: 1- That the co-defendant company CHEC built an embankment (talud) on the plaintiff's property prior to the official transfer of possession (puesta en posesión) of the expropriated strip. 2- That the co-defendant company CHEC destroyed the access route to the plaintiff's property. 3- That the co-defendant CHEC destroyed and rendered the property valueless for use and commercialization, such that it cannot be sold or mortgaged because it is a landlocked estate (fundo enclavado). 4- That the plaintiff carried out harvesting activities on the farm and of timber located on the property. 5- That the updated amount of the commercial value of the felled timber within the plaintiff's property was determined. 6- That CONAVI incurred in faults and omissions regarding its duty of supervision and oversight of the contractor CHEC.
VIII.Regarding the strict liability (responsabilidad objetiva) of the Public Administration: To impose liability on the Public Administration, it is necessary to prove, together with the real, effective, and individualizable damage, the causal link (nexo causal) with the administrative conduct accused of having caused the damage, pursuant to Article 190 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). As for the term administrative conduct, it includes all forms of manifestation of the will of the Public Administration, be it material actions, which are those not supported by an administrative act or mere normal activity, omissive conduct, failing to do something obligated by the block of legality, and formal conduct, which would be the administrative act proper. Thus, the concurrence of four elements is required, namely: a) An injury (lesión), which consists of unlawful patrimonial damages, because the person suffering them has no duty to bear them; b) An administrative conduct to which the production of the alleged damage is linked; c) A causal link (nexo causal), formed by the existence of a direct cause-and-effect relationship between the act (administrative conduct) being attributed and the damage produced; and d) That no justifications exist, as their existence can legally disconnect the damage produced from the conduct of the Public Administration, such that the harmful effect is not attributable to it, breaking the causal link (nexo de causalidad) upon the occurrence of an exempting situation such as force majeure (fuerza mayor), the fault of the victim (culpa de la víctima), or the act of a third party (hecho de un tercero).
The regime of patrimonial liability of the State and its institutions, provided for in Articles 9 and 41 of the Political Constitution, and 190 et seq. of the General Law of Public Administration, is therefore essentially strict in nature, so for liability to arise, it is sufficient that there is compensable damage, an administrative conduct, and a causal link between them. There is a clear need to demonstrate the existence of a relationship between the claimed damage and the conduct displayed by the Public Administration, that is, the causal link. In doctrine, different criteria for objective imputation have been indicated, but adequate causation (causalidad adecuada) must be highlighted. Regarding this criterion of causation, the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice, in its ruling 251-F-06 at 10:30 a.m. on May 25, 2006, in conjunction with the theory of efficient cause, explained that: "XIV.- The causal link as a prerequisite for liability.
The diverse typology of causes. (...) it remains to be established whether the administrative inaction of the Ministry of Health, by not verifying, prior to issuing the health and operating permit, whether the roundabout complied with the standards provided by the General Health Law, was the direct or indirect cause of the damage, given that the estimation of the claim depends on the demonstration of the existence of a causal link, in its traditional notion of cause-effect. In this regard, it should be recalled that in the production of damage, multiple factors often concur, within which it is necessary to determine those that are the direct or indirect efficient and adequate cause of the harm caused (...) In that confluence of factual or legal elements surrounding the harmful situation, the Judge must establish, based on the evidence in the proceeding, whether the specific action consisting of an administrative operation, or the abstention from deploying the functional framework imposed by the Legal System, is a suitable cause for the generation of the damage (...).
That is, to infer the efficiency of the cause deemed adequate, it is essential to deduce if it is the producer of the injury, so that if it were eliminated, it is rational to deduce that the damage would not have occurred. The foregoing presupposes an evaluative exercise to displace from the framework of consideration those causes that had no influence on the result (foreign causes), from those which, had they not occurred, would have prevented the harm. It is a kind of objective prognosis, through which it can be affirmed that with such action or omission it is logical or probable that the specific damage will occur. In this understanding, the causal link imposes itself as the inexorable relational bond between the damage and the administrative conduct, such that without the latter, the former probably would not have occurred. It is clear that the determination of this factor depends to a high degree on the examination of the evidence brought to the proceeding by the litigating parties.
From this evidence, the Judge can deduce whether, within the particular factual picture, the actions of the State entail its liability, for having associated its operation with the generation of the injuries." The First Chamber leans towards the theory of causation of damage in conjunction with the theory of the efficiency of the cause, to establish the one that presents the greatest aptitude to generate the damage with greater efficacy and selects from all the conditions that which supposes a maximum possibility in the contribution to the harmful result (greater intrinsic power to cause the damage). In this way, the aim is to individualize the facts or omissions that have an effective influence on the harm claimed by the injured party or that at least sustain a degree of objective probability in their influence on it (judgment of probability of the result based on the facts deemed proven, carried out according to the rules of experience).
In any case, it is necessary to indicate that the party invoking it bears the burden of the respective demonstration of the existence of said causal link between the act considered to be the generator of the damage and the damage itself. It is based on these considerations that liability is to be determined. In liability for administrative omission (omissive conduct), what is analyzed is whether the Public Administration has a legal duty to perform a conduct and whether it breached that duty. In those cases of omission, the exemptions from liability of force majeure (fuerza mayor), fault of the victim (culpa de la víctima), and the act of a third party (hecho de un tercero) equally apply; therefore, should any of them concur, it is understood that the public entity to which the administrative omission is attributed is not responsible, and therefore, there is no liability. From the foregoing, it is clear that it is not sufficient to invoke damage, but its existence and the causal link that unites it with the conduct or omission of the responsible entity must be convincingly demonstrated.
IX.Regarding the specific case: The filed claim consists of a civil treasury proceeding whose object is circumscribed to the indemnity claim of the plaintiff, who demands compensation for the alleged invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the expropriated strip and the damages derived from such material actions. The foregoing, as was established in the resolutions that settled the filed plea of lack of jurisdiction (excepción de incompetencia), specifically resolution No. 76-2021 at 11:55 a.m. on January 20, 2021, of this Court and resolution No. 2441-C-S1-2022 at 2:40 p.m. on November 3, 2022, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which in its core stated: "[...] In the case under study, compensation is requested against the defendants, on the grounds that, apparently, they illegally entered the plaintiff's property without yet having the respective permits, and built an embankment (talud) on the property, and caused environmental and material damages that prevented the plaintiff from entering his property.
In accordance with what was requested, since patrimonial and moral liability is sought against the State (Article 190 et seq. of the General Law of Public Administration), this proceeding falls within the matters cognizable by the Administrative and Civil Treasury Court." (images 288 to 292 of the judicial file. Underlining is ours). It is highlighted that no annulment claim, nor any claim related to the expropriation proceeding or the items pertaining to the fair price (justiprecio), forms part of the object of this proceeding. Based on what has been clarified, this Court will issue a ruling in strict adherence to what was requested by the plaintiff and will omit any argument lacking a claim clearly deduced in the complaint. By reason of the foregoing, this Court deems the claims of the complaint to be partially admissible, based on the analysis set forth below.
"[...] IV.- ON THE CONSTITUTIONALITY OF SUBSECTION B) OF ARTICLE 2 OF THE ADMINISTRATIVE CONTRACTING LAW. Although this action does not directly challenge the exception contained in subsection b) of Article 2 of the Administrative Contracting Law, the truth is that prior to resolving the alleged constitutionality in this action, it is necessary to carry out an analysis of this subsection, given that the direct contracting referred to by Law 9293 challenged here was authorized based on this norm. Article 2 subsection b) of the Administrative Contracting Law provides that:
"Article 2.- Exceptions The following activities shall be excluded from the competitive bidding procedures established in this law:
[...]" As indicated in the previous considering (considerando), there are highly qualified cases in which, for reasons of urgency, necessity, or due to their nature, the use of competitive bids or bidding procedures hinders or undermines the possibility of satisfying the public interest. Within the exceptions for reasons of urgency or necessity, one can cite, for example, cases where due to events of nature such as earthquakes and floods, the need arises to contract for the restoration of road structures or the purchase of supplies, among others, which, due to their urgent nature, cannot wait for the completion of bidding procedures. However, as for exceptions based on the nature of the act, international negotiations with other States are included, which is precisely the one established by subsection b) of Article 2 of the Administrative Contracting Law. In the judgment of this Chamber, the exception contained in said subsection is constitutionally valid, since it refers to cases of contracting in the field of Public International Law, which, by its nature and characteristics, is an autonomous legal order, governed by rules and principles different from those of the domestic system, among them the principle of good faith, reciprocity, sovereignty, autonomy of will, and cooperation, but mainly, it is based on the full consent of the States." Thus, in accordance with those principles, States, through their representatives, may enter into negotiations and conclude cooperation agreements or arrangements and contract public works, in order to obtain in this manner the support, resources, advantages, and conditions offered by international cooperation relations, with the aim of satisfying a public interest in an agile, efficient, and timely manner.
It is clear, of course, that in order to execute and enforce the agreement within the domestic legal order, it must be incorporated through a legal mandate, which effectively corresponds to the Legislative Assembly. By reason of the foregoing, when dealing with negotiations between two entities of Public International Law, one State cannot impose on another its internal contracting system, nor the use of competitive bidding procedures (procedimientos licitatorios); it is rather a matter of consensus between both States at the time of contracting, and therefore the legislator chose to exclude this type of contracting from the competitive bidding procedures established in the Ley de Contratación Administrativa, not only because of the special nature of these acts, but also to avoid hindering and obstructing international cooperation relations with other countries, and consequently, affecting the public interest sought to be satisfied.
In any case, it should be recalled that the fact that the contracting is authorized directly does not exempt the State from the responsibility of controlling, supervising, and adopting the necessary and timely measures so that the works are executed in accordance with the Law, with what was agreed, and efficiently. Under such circumstances, this Chamber considers that the exception contained in subsection b) of Article 2 of the Ley de Contratación Administrativa is consistent with Constitutional Law.
Having analyzed the constitutional conformity of subsection b) of Article 2 of the Ley de Contratación Administrativa, it is appropriate to analyze the rule challenged in this action, namely Law 9293, in order to determine if the direct contracting it regulates falls within the exception presupposition referred to in said subsection b), given that the plaintiff's allegation is, precisely, that the rule directly violates Article 182 of the Constitución Política, which requires a competitive bidding procedure for contracting, since in his opinion, it authorizes direct contracting with a public company even though it is not a State, nor a subject of international law of those mentioned in subsection b) of Article 2 of the Ley de Contratación Administrativa, the foregoing, without a competitive bidding procedure existing. However, this Chamber notes that Law 9293, from its first article, establishes that:
"Se aprueba el Convenio Marco entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China sobre el Otorgamiento de una Línea de Crédito Preferencial a la Parte Costarricense por la Parte China." (Highlighting is not original) Likewise, in accordance with Article 2 of the same Law, it is established that:
"ARTÍCULO 2.- Aprobación del financiamiento. Se aprueban el Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura, el Contrato de Préstamo Concesional por seiscientos veintiocho millones de yuanes (¥628 millones) y el Contrato de Préstamo Comercial y sus respectivas adendas por un monto de doscientos noventa y seis millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$296 millones), suscritos entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco de Importación y Exportación de China, el 3 de junio de 2013, y que financian el Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 32, Sección Cruce Ruta 4-Limón.
[…]
"Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura sobre PROYECTO DE DISEÑO, REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA RUTA NACIONAL NO. 32 Entre El Gobierno de la República de Costa Rica Representado por el Ministerio de Hacienda como Prestatario y El Banco de Exportación e Importación de China como Prestamista El presente Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura al que de aquí en adelante nos referimos como "el presente Contrato") se celebra entre el Gobierno de la República de Costa Rica representado por el Ministerio de Hacienda y el Banco de Exportación e Importación de China.
Por cuanto: ------------------------------------------------------- 1) El 3 de junio del 2013, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) formalizaron el Contrato Comercial ( CC ) sobre la implementación del Proyecto para el Diseño, Rehabilitación y Extensión de la Ruta Nacional No. 32 (en adelante el "Proyecto"), con un monto total de 465,593,387.06 dólares de EE.UU. (US$ Cuatrocientos sesenta y cinco mil millones quinientos noventa y tres mil trescientos ochenta y siete con seis centavos). El Gobierno de la República de Costa Rica (GRCR) representado por el Ministerio de Hacienda (el Prestatario) solicita un Préstamo del Gobierno de la República Popular de China (GPRC) para financiar en parte el Proyecto.[…]" (Highlighting is not original) In that sense, from a simple reading of the challenged law, it is evident, in the first place, that the object of the law is, on one hand, to approve the financing agreed upon between the Government of the People's Republic of China and the Government of Costa Rica, to finance the project for the rehabilitation and extension of national route No. 32, section cruce ruta 4-Limón, as well as the terms and conditions under which said financing will be carried out.
In that sense, this Chamber notes that contrary to what the plaintiff claims, the negotiation approved in the challenged law does occur between two States –Costa Rica and China– and not between Costa Rica and an international public company; a situation that clearly falls within the exception case contained in subsection b) of Article 2 of the Ley de Contratación Administrativa. Likewise, it is verified that the approved financing is for the rehabilitation and extension of Route 32, a work that is of clear public interest, since it is the national route that connects the Capital with the province of Limón, which besides being one of the main routes of the country, has great economic and commercial importance as it constitutes a channel for the transport and distribution of products and goods unloaded at the port of Moín in Limón. Now, regarding the subjects involved in the project, as indicated in the preceding recital (considerando), from the point of view of international relations, States, in exercise of their autonomy of will, may agree on the terms and conditions under which the financing will be carried out, which includes the designation of the bodies and subjects that will physically be in charge of executing the agreements.
With greater reason, when dealing with financing of public works –as occurs in this case– the lending State, like any other creditor, can validly establish certain conditions or requirements with the purpose of protecting its funds and reducing credit risks, and therefore it may even choose the company that will carry out the work, not only due to its condition as creditor, but also as part of the negotiation reached by both States. In the particular case, it is observed that as a result of the agreements reached by both Governments, everything related to the financing resources will be handled by the Ministerio de Hacienda on behalf of the Government of the Republic of Costa Rica, and the Export-Import Bank of China on behalf of the Government of the People's Republic of China. Now, regarding the execution of the public works for which the financing was requested, both States agreed to designate the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) on behalf of the Government of Costa Rica and the company China Harbour Engineering Company Ltd.
(CHEC), on behalf of the Government of China; all of the foregoing, as a direct consequence of the negotiation and the agreements reached by both States. It is not, therefore, a matter of the isolated contracting of a public company to carry out a specific work, but rather one of the points agreed upon between two States in the sphere of international negotiation. In this way, it is observed that the contracting and intervention of the company CHEC mentioned by the plaintiff and upon which his challenge is centered, is nothing more than the product of the negotiation carried out by the Government of China and the Government of Costa Rica, who, upon agreeing on the financing terms, designated the bodies and subjects that would be in charge of disbursing and controlling the funds, and those that were to execute the work, which in the case of the former are the Ministerio de Hacienda and the Bank of China, and in the latter, CONAVI and the company China Harbour Engineering Company Ltd.
Consequently, this Chamber considers that the challenged law is not contrary to the provisions of Article 182 of the Constitución Política, since it is one of the cases of exception previously, expressly, and exhaustively authorized by the legislator in Article 2, subsection b) of the Ley de Contratación Administrativa; given that what was authorized by the legislator in Law 9293 is a financing agreed upon between States, as part of the international cooperation relations between both countries, the purpose of which is to satisfy a public interest; therefore, the exception to competitive bidding procedures in this case is constitutionally valid. [...]". (Underlining is ours).
From the foregoing, it is deduced that the contract signed between CONAVI and the company CHEC is framed as a special type of negotiation, with regulations and particular terms agreed upon by the contracting parties of mandatory application. In the same vein, the Contraloría General de la República, through official communication No. 05262 of April 26, 2016, DCA-1062, granted approval (refrendo) to the contract and to Addenda 1, 2, 3, and 4 of the "Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón", signed between the Consejo Nacional de Vialidad and the companies China Harbour Engineering Company Limited and China Harbour Engineering Company de Costa Rica, S.A., for an amount of $[Valor 012], under the lump sum (suma alzada) modality, emphasizing the differences of said contracting:
“[...] Particularly, in relation to the selection of the contractor, China Harbour Engineering Company Limited, it is necessary to point out that its designation as the company in charge of the execution of this project is given by the legislator itself, through Law No. 9293 with which the “Aprueba financiamiento al proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional N° 32 sección cruce ruta 4-Limón” is approved. In this regard, it is noted that as part of the conditions established by the Export-Import Bank of China to grant the financing, it was stipulated that the company in charge of the project execution had to be a Chinese company; this is recorded in document DCI-406-13 of September 4, 2013, which shows that within the negotiation, it was the Government of the People's Republic of China itself that initially proposed the company China Harbour Engineering Company Limited for the execution of the project. As part of the negotiation, our country accepted such designation, which materialized in a Commercial Agreement and was later validated by the legislator, through the enactment of Law No. 9293. [...]”. (Underlining is ours).
Regarding CONAVI's responsibility, the indicated approval (refrendo) by the Contraloría made special reference to the issue of expropriations of private properties and specified the following:
“[...] Consequently, the Council will timely structure a strategy to address the risk associated with expropriations, in the functions corresponding to each party. The foregoing because this is an extremely sensitive issue for the success of the project, such that it would impact not only construction times but could also affect the financing obligations. It is for this reason that the Council is reiterated that it is its exclusive responsibility that the different activities relating to this issue are developed in a timely and efficient manner, defining for this purpose those in charge of managing the indicated risk and enhancing the possibility of meeting the set dates.
For this purpose, given the relevance this issue represents in the project in question, CONAVI must define the general guidelines for managing the risks inherent to the processing of expropriations, all in order to avoid delays in the execution of the work program, particularly its critical path, and to comply with the execution period defined by the parties, namely a total of 42 months (design stage 8 months counted from the design start date and construction stage 34 months counted from the construction start date and provided that environmental viability (viabilidad ambiental) is available, granted by SETENA), and that the properties necessary for the execution of the works are attended to in a timely manner, as well as to avoid possible claims that could be caused by the contractor if considered to be compensable events. [...]”. (Underlining is ours).
With respect to the responsibility of the contractor CHEC, the contract signed and approved (refrendado) by the Contraloría General de la República specifically established a clause of exclusive assumption of responsibility by the contractor for all damages caused to third-party property, which is in force and fully applicable to the case under study. Specifically, clause 17.1 establishes:
“17. Risks and Responsibilities. 17.1 Indemnities: The Contractor, being responsible for the execution of the Works, shall be responsible for all claims, damages, losses, and expenses (including legal fees and expenses) related to damages to or loss of any properties, whether real or personal, to the extent that said damage or loss occurs as a result of or during the course of the Contractor's design, the execution and completion of the Works, and the repair of any defects. / The Contractor undertakes towards third parties, for acts or events arising from its operations, due to fault, negligence, or lack of skill of its employees or third parties that occur during the fulfillment of the object of this contract. The Contractor shall be solely responsible for the work risks of all its personnel, as well as any injury, death, or harm to third parties, in addition to damages to the property of third parties, regardless of whether the damages and losses caused by these events exceed or not the amounts defined in the insurance policies available to the Contractor or its subcontractors” (underlining is ours).
In the particular case, the damage caused by the material action of the company CHEC in entering the plaintiff's property without his permission and cutting down the trees due to an inexcusable error resulting from the negligence of its employees, who acted without previously verifying the location coordinates of the properties that did have permission from their owners, was proven. The foregoing qualifies as gross negligence (culpa grave) by the contractor CHEC due to the disrespect for private property and the patrimonial damages caused by the cutting down of trees without the owner's permission, which it must fully assume. The Diccionario Usual del Poder Judicial defines gross negligence (culpa grave) as follows: “Highest degree of negligence in the fulfillment of obligations. There is doctrine that, by virtue of the great lack of diligence, equates gross negligence to willful misconduct (dolo). || Total carelessness or absolute disregard of precaution to avoid harm. || Inexcusable ineptitude”.
It is estimated that the company CHEC and its employees did not exercise the minimum diligence necessary when entering private properties to ensure they had the owner's permission or judicial possession, as was its responsibility and duty. In order to determine the updated amount of the timber, the matter is referred to the Judgment Enforcement phase so that, with expert assistance, the amount owed for the trees cut down on private property can be quantified, according to the inventory conducted by engineer Luis Gerardo Meneses Valverde on April 19, 2020, visible in images 32 to 36 of the main case file. It is not appropriate to recognize payment for reforestation or for forest services (servicios forestales) for forest maintenance, as it was not proven that the plaintiff carried out such actions. Regarding the liability claimed against CONAVI, the alleged failure in the duty of oversight and supervision of the contractor CHEC was not proven in the case file.
Nor were any of the communications made by the Council to the company CHEC, aimed at informing, communicating, and organizing the execution of the work together with the Project Supervising Consortium, refuted by the plaintiff. Additionally, the plaintiff did not argue with clarity and sufficiency the alleged failures in CONAVI's duty of oversight and supervision, nor did he provide the rigorous proof, which mandates the rejection of this claim. Finally, the claimed distribution of percentage liability distributed 70% to the company CHEC and 30% to CONAVI is rejected because it lacks any regulatory support, given that the valid contractual norm, approved (refrendada) by the controlling body, establishes 100% liability on the contractor CHEC for damages to third-party property, without any contractual clause having been challenged.
IX.Regarding the defenses raised: the defendants raised the defenses of lack of standing (falta de legitimación) and Lack of Right (Falta de Derecho). The passive lack of standing (falta de legitimación pasiva) of the State is accepted, as it was proven that there is no state conduct in the facts of the complaint and that its participation is due to joinder in accordance with numeral 12, subsection 2) of the CPCA. The active lack of standing (falta de legitimación activa) based on the plaintiff's status as a bare owner (nudatario) is rejected; in accordance with Article 316 of the Código Civil, the owner of the bare ownership (nuda propiedad) has the power to claim in court the object of his property, and the free enjoyment of each and every one of the rights it encompasses. Consequently, during the enjoyment of the usufruct, the bare owner (nudo propietario) may sell his bare ownership (nuda propiedad), mortgage it, assign it, or in any other way transfer it, performing the necessary acts to preserve the thing.
The bare owner (nudatario) is obliged to refrain from the right of transformation; from destroying and imposing easements (servidumbres) on the property. Additionally, Article 363 of the Código Civil provides: “When there is expropriation of the thing under usufruct due to public utility, the price of the property shall be placed at interest, and the usufructuary shall enjoy the income, for the time for which his right was constituted”, a situation that does not arise in the case under study and is not applicable. The active lack of standing (falta de legitimación activa) based on environmental damage is rejected, given that a ruling on that claim was omitted as there is no linked claim. Given that the plaintiff holds the status of registered owner of the property that is the subject of the litis and borders national route 32, and that a contract was signed between the company CHEC and CONAVI for the expansion of the indicated route, the procedural legal relationship between the parties and the claims deduced in the complaint is proven, which is why the lack of standing (falta de legitimación) in its dual modality, active and passive, is rejected.
The CONAVI Representation raised the defense of Lack of Right (Falta de Derecho), which must be accepted as the claims raised by the plaintiff against it were not proven. Finally, the Lack of Right (falta de derecho) defense raised by CHEC is partially accepted in accordance with the considerations given in this Judgment, as the plaintiffs' claims were partially granted, and the complaint is declared partially with merit against the co-defendant company CHEC.
X.Regarding costs (costas). Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that procedural and personal costs (costas procesales y personales) are imposed on the losing party by the mere fact of being so. Dispensation from this condemnation is only viable when there is, in the Tribunal's opinion, sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence unknown to the opposing party. In this case, no reasons are observed that allow an exception to the rule of condemning the losing party. Therefore, both costs (costas) of this process are imposed on the co-defendant company CHEC in favor of the plaintiff. No special condemnation for costs (costas) is ordered in relation to the State, as there is a legal obligation to be joined to the litis, and in relation to CONAVI, as it is considered there was sufficient reason to litigate, with each party assuming their own. The determination of the amount corresponding to costs (costas) shall be set by the competent judge in the judgment enforcement phase at the request of the defendant party.
POR TANTO
The evidence for better judgment offered by the co-defendant company CHEC is admitted, and that offered by the plaintiff is rejected. Regarding the portion of the complaint directed against the State, the passive lack of standing (falta de legitimación pasiva) is accepted, and the complaint is dismissed in all its claims. A ruling on the Lack of Right (falta de derecho) is omitted. No special condemnation for costs (costas) is ordered. With respect to the complaint pursued against the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), the lack of standing (falta de legitimación) in its dual modality is rejected, and the defense of Lack of Right (Falta de Derecho) is accepted. The complaint is dismissed in all its claims. No special condemnation for costs (costas) is ordered. Regarding the complaint filed against the contractor company China Harbour Engineering de C.R. (CHEC), the defense of active lack of standing (falta de legitimación activa) is rejected, and the Lack of Right (falta de derecho) is partially accepted.
Consequently, the complaint filed by Mr. [Nombre 001] against CHEC is declared partially with merit, with anything not expressly granted considered denied: i) The company CHEC is ordered to pay three million colones in total, as subjective moral damages (daño moral subjetivo) in favor of the plaintiff. ii) The company CHEC is ordered to pay the updated value of the trees cut down on the plaintiff's property without his permission and prior to possession being granted, according to the inventory prepared by forestry expert (perito forestal) Luis Gerardo Meneses Valverde on April 19, 2019, as economic damages, an amount that must be determined in the judgment enforcement phase with expert assistance. iii) The costs (costas) of this process are borne by the co-defendant company CHEC in favor of the plaintiff, which will be determined in the Judgment Enforcement Stage.- NOTIFÍQUESE.
JUDITH REYES CASTILLO JOSÉ IVÁN SALAS LEITÓN FELIPE CÓRDOBA RAMÍREZ ???????????????
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Tribunal Contencioso Administrativo Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Responsabilidad objetiva de la Administración Subtemas:
Indemnización ante invasión sufrida en propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada para construcción de carretera. Necesaria demostración de daño y nexo causal.
Tema: Responsabilidad civil de la Administración Subtemas:
Indemnización ante invasión sufrida en propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada para construcción de carretera. Necesaria demostración de daño y nexo causal.
Tema: Indemnización al administrado Subtemas:
Indemnización ante invasión sufrida en propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada para construcción de carretera. Necesaria demostración de daño y nexo causal.
Tema: Daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil de la Administración Subtemas:
Indemnización ante invasión sufrida en propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada para construcción de carretera. Necesaria demostración de daño y nexo causal.
Tema: Carreteras y caminos públicos Subtemas:
Indemnización ante invasión sufrida en propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada para construcción de carretera.
"IX.- Sobre el caso concreto: La demanda interpuesta consiste en un proceso civil de hacienda cuyo objeto está circunscrito a la pretensión indemnizatoria de la parte actora que reclama la supuesta invasión sufrida en la propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada y los daños derivados de tales actuaciones materiales" .
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Conocimiento ACTOR:
[Nombre 001] El Estado, Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y China Harbour Engineering de C.R.
N° 2024004639 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN CUARTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con cincuenta y uno minutos del dieciocho de Julio del dos mil venticuatro.- Proceso de conocimiento establecido por el señor [Nombre 001], [...], contra las siguientes partes demandadas: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (en adelante CONAVI), representada por su apoderada especial judicial la licenciada Dixa Córdoba Gómez, carné profesional seis mil cuatrocientos setenta y tres, EL ESTADO, representada por su procurador el licenciado Omar Rojas Valverde Cordero, carné profesional veintiún mil doscientos ochenta y nueve y la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING DE C.R. (en adelante CHEC), representada por sus apoderados especiales judiciales los licenciados Raúl Guevara Villalobos, carné profesional diez mil seiscientos y John A. Brenes Rodríguez, carné profesional veintisiete mil sesenta y dos. Figura como apoderado especial judicial de la parte actora el licenciado Donald Picado Angulo, carné profesional nueve mil seiscientos tres.
RESULTANDO
Redacta la Jueza Reyes Castillo;
CONSIDERANDO:
I.Alegatos de la parte actora: La parte actora alegó que es propietario de una finca con las siguientes características: Provincia: Limón Finca: [Valor 008] Duplicado: Horizontal: Derecho: 001 Segregaciones: no hay, Naturaleza: Lote 269-139 para la agricultura, situada en el Distrito 2 Batan, Cantón 5 Matina de la Provincia de Limón, Linderos: Norte: Calle, Sur: Porfirio Espinoza, Este: Emanuel Araya, Oeste: Porfirio Espinoza, mide: quince mil seiscientos treinta y cinco metros con cuarenta y siete decímetros cuadrados, PLANO: [Valor 006]. Señala que dicha propiedad, se ubica, con exactitud de [...]. Alega que la finca contiene una gran cantidad de especies de árboles maderables y frutales. Manifiesta que sobre esa propiedad, no existe permiso vigente para la tala de árboles, otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía. Indica que dicha propiedad colinda con la ruta 32, por lo que un área de 1982 metros cuadrados, va a ser expropiada y utilizada en la ampliación de la misma.
Hizo referencia al expediente 20-0013-1028-CA. Aclara, sin embargo, que, hasta el momento de la interposición de la presente demanda, no se ha autorizado la puesta en posesión de la propiedad y que tampoco se ha autorizado la entrega de monto alguno por concepto de expropiación. Sostiene que el actor no ha dado ninguna autorización para que se realicen trabajos de ninguna naturaleza en la propiedad, ni al Conavi, ni a Chec. Expone que durante los primeros meses del 2019, el actor no había sido notificado en modo alguno, de la existencia de algún proceso expropiatorio sobre su propiedad. No obstante, reiterando que nunca fue notificado por parte del CONAVI, de modo informal, se enteró que un ingeniero de CHEC, como empresa responsable de la ampliación de dicha ruta, andaba en busca de los dueños de las propiedades para que le suministraran un permiso formal para el ingreso y limpieza en las propiedades, sin tener que esperar el proceso de expropiación.
Fue así, como dicho Ingeniero le contacta, y le indica que debía acercarme a ellos, e iniciar el trámite para conocer el área exacta que le iban a expropiar. Que una vez que se le brindó la información indicada anteriormente, el actor se dirige a su propiedad para hacer una inspección de campo, quien descubre que la propiedad ya había sido invadida e intervenida por parte de Chec, sin permiso alguno del mismo, al punto que Chec realizó un enorme talud que le impide materialmente el ingreso a la misma, como puede observarse en las fotografías y videos que obran en el expediente, de lo cual, da cuenta además, el informe topográfico adjunto y el testimonio de los testigos ofrecidos. Para poder ingresar, el actor debe pedir autorización al vecino colindante, siendo que ya no era posible el acceso por la ruta 32. Además, se constata que, una gran cantidad de árboles maderables y frutales, habían sido talados y apilados en su propiedad, amén de haberse afectado la topografía original del lugar con maquinaria pesada de construcción, dejando evidencias de grandes movimientos de tierra, provocando afectaciones no solamente en el área eventualmente a expropiar, sino en un área de casi setecientos metros cuadrados adicionales.
Ver fotografías y videos adjuntos aportados al expediente, así como informe de topografía, realizado en fecha 5 de marzo del presente año. Sostiene que desde el momento de la intervención de CHEC, se le imposibilita el ingreso a la propiedad al actor, sin que pueda como propietario, hacer uso y disfrute de su derecho de propiedad, quedando imposibilitado de realizar tareas habituales como ingresar en vehículo, realizar tareas de limpieza, sembrar plantas de cualquier especie. Explica que al darse cuenta de lo anterior, el actor se dirigió a buscar a los responsables de ambas empresas, así como de CONAVI, con la finalidad de denunciar lo realizado y que se responsabilizaran por la evidente usurpación y afectación de su propiedad. Al reunirse luego con representantes de tales empresas y el CONAVI, le indicaron que, efectivamente, el ingreso a su propiedad fue realizado ilegalmente con maquinaria de CHEC, por desconocimiento del ordenamiento jurídico en Costa Rica, dado que los representantes de CHEC son ciudadanos de origen Chino, que no tenían conocimiento de tener que esperar la autorización del propietario del inmueble.
Asimismo, le indican que antes de hacer la invasión, no contaban al menos con un inventario forestal del área intervenida y que, pese a la tala realizada, omitieron realizar dicho inventario. Que como consecuencia de los reclamos, el 19 de abril del año anterior, a pedido de CHEC y con el conocimiento de CONAVI, el Regente Ambiental, Luis Meneses Valverde, CDG. CIA 2233, realizó un informe –que ya obra en el expediente - sobre el daño ambiental realizado por CHEC en la propiedad, previa investigación de campo, reconociendo expresamente allí los daños ambientales ocasionados por esta empresa, cuando indica: “Presentación: El presente estudio es la valorización económica de los daños ambientales, que ocasionó la empresa CHEC, en parte del fundo (aproximadamente 0,30 hectáreas), inscrita al folio real de la provincia de Limón N° [Valor 008], con plano catastrado N° [Valor 006], propiedad del señor [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 007], al cortar 30 árboles de 12 diferentes especies fuera del derecho en la ampliación de la ruta nacional N°32”.
Señala que en ese mismo estudio, se detalla que son, al menos, 30 especies, las que fueron taladas por parte de la empresa CHEC, considerando que este estudio se realiza sobre la constatación de aquellos troncos y raíces que permiten reconstruir, sin ser exacto, la cantidad de árboles que allí existía. Sostiene que el 12 de junio del año anterior, el actor participó en una reunión con personeros de CHEC y CONAVI, en la cual manifiesta su preocupación por los daños ambientales y personales causados por sus actuaciones materiales. Allí, estos se comprometieron a no realizar más obras en la propiedad, hasta que no se autorice formalmente la puesta en posesión en el proceso de expropiación que se sigue. Sin embargo, el actor se dirige inmediatamente a su propiedad y constata que nuevamente, se hicieron movimientos de tierras en la misma, expandiendo el daño ambiental, al realizarse obras mayores sin reparar en el respeto a la vegetación, fauna y a los árboles existentes en dicha propiedad, conforme se aprecia de los videos y fotografías adjuntos.
Agrega que preocupado por la situación expuesta, el actor acudió mediante solicitud de medida cautelar ante esta jurisdicción, misma que aunque fue rechazada, tuvo por demostrado la invasión por parte de la empresa CHEC a su propiedad, así como los consecuentes daños causados a su terreno, situación que llevó a la juzgadora a emitir una advertencia contra los aquí demandados. Al efecto, se estableció en el Voto Nº 551-2019-T de las dieciséis horas del día veintitrés de octubre de dos mil diecinueve: “En cuanto al daño material argumentado, debe decirse que, no es un hecho controvertido dentro de este proceso cautelar, que la propiedad en discusión, sufrió el ingreso de maquinaria de la empresa codemandada (remoción de cobertura vegetal, corta de árboles y movimientos de tierra), sin precisarse una fecha concreta, pero entre los meses de enero, febrero y marzo del presente año y posteriormente, entre los meses de junio y julio, donde se dio un incidente de menor escala, pero en apariencia, de igual naturaleza, tal y como se desprende de la demanda, sus contestaciones, los numerosos escritos de octubre del presente año y la prueba documental visible a imágenes 54 a 67, 308, 311 a 313, 318 a 320, 324 a 326, 336 a 338 del expediente judicial, así como las 36 fotografías y seis videos en tres discos compactos adjuntos al expediente digital…
En todo caso, en mérito de lo expuesto anteriormente y sin perjuicio de la forma en que se resuelve, se llama fuertemente la atención a los codemandados, instándolos a no incurrir en conductas como las denunciadas, atendiendo al respecto al bloque normativo y a la propiedad privada”. Se plantean las siguientes: “Consideraciones sobre los daños y perjuicios ocasionados por las demandadas: MOTIVO QUE LOS ORIGINA: La actual demanda, pretende el resarcimiento de daños y perjuicios causados por las actuaciones materiales u omisiones de CONAVI y CHEC, a mi poderdante, que le generaron y le siguen generando, severos daños a su propiedad, perjudicándole en el legítimo goce del derecho a la propiedad y, consecuentemente su patrimonio. El hecho generador de la responsabilidad, consistió, en el caso de CHEC, ingresar en al menos dos ocasiones – ver sentencia citada, donde se tiene por demostrado que en los primeros meses del año anterior, así como en junio y julio de ese mismo año - a una propiedad privada y disponer a su totalidad de la misma, causando severos daños, sin previa autorización de su legítimo propietario y, violentar el ordenamiento jurídico, al desobedecer lo dispuesto en la Ley de Expropiaciones que establece que solamente en el momento en que el propietario lo autorice expresamente, o bien, sea girada la puesta en posesión por la autoridad judicial competente, puede procederse a ingresar a tal propiedad, indistintamente de la urgencia y necesidad que revista un proyecto.
Para el caso de CONAVI, existe una evidente falta a su deber de vigilancia, en tanto Administración encomendada para la fiscalización del Contrato de Ampliación de la ruta 32. Su omisión, propició que CHEC actuara en la forma tan arbitraria en que lo hizo detrimento de mi poderdante y no ejerció su obligación de vigilar porque las actuaciones de CHEC, en relación con el ingreso a la propiedad privada, se realizar conforme lo demanda la Ley de Expropiaciones. Por el contrario, CONAVI se limitó a observar pasivamente como CHEC estaba procediendo a irrumpir en la propiedad privada, sin que conste intervención oportuna de su parte, para impedir que se continuara con el proceder ilegítimo del contratista que, tal como se expuso, no solamente intervino una ocasión, sino que reincidió meses después en la propiedad de mi poderdante, conforme lo tuvo por demostrado la juzgadora que conoció la medida cautelar.
Esto le genera una responsabilidad de orden solidaria a CONAVI con CHEC, por cuanto, es su deber, constatar que el contrato se ejecute en resguardo del ordenamiento jurídico vigente. Como puede observarse en la prueba aportada por el propio CONAVI, sus personeros participaron en reuniones donde se discutió junto con mi poderdante y CHEC sobre los daños acaecidos, sin que se vislumbre acción alguna para reprimir lo actuado por CHEC, ni para impedir, que se volviera a dar otra intervención de ésta en la propiedad, como la que se suscitó en los meses de junio del año anterior, tal cual, se expuso en la sentencia citada. Tanto CONAVI como la contratista CHEC, han evidenciado el irrespeto del ordenamiento jurídico, al desconocer el derecho de propiedad y las afectaciones al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al ingresar una y otra vez a realizar trabajos, sin inventario forestal previo, sin notificación del proceso expropiatorio, sin sentencia de dicho proceso y sin autorización de mi poderdante, al menos, como ya se indicó.
Conforme Su Autoridad podrá apreciar en la prueba ya aportada, el MINAE indica que no hay permiso alguno para talar árboles en la propiedad de mi poderdante, y que pese a esto, se realizaron flagrantes daños al ambiente, al proceder con la tala total de los árboles existentes. EN QUÉ CONSISTEN: Lo actuado por CHEC, así como lo omiso de la conducta de CONAVI, genera una lesión grave a la situación jurídica de mi poderdante, las cuales consisten en el daño provocado por las invasiones no autorizadas por mi poderdante a su propiedad, en las que se ha afectado fuertemente el valor de la misma por las destrucciones realizadas, las cuales le generan daños patrimoniales y morales, a mi poderdante. CHEC, ingresa arbitrariamente a la propiedad y toma el control total, cual propietario, introduciendo maquinaria pesada, para proceder a destruir a su antojo todo lo que allí existía. CHEC decide deforestar indiscriminadamente la totalidad de árboles existentes, sin contar con al menos un inventario forestal.
CHEC, destruyó el ingreso existente a la propiedad, haciendo que nunca más se pueda ya ingresar ni en vehículo ni caminando a la misma, merced al talud que construyó al frente de la propiedad. CHEC, no conforme con abusar del Estado de Derecho, violentado el sagrado derecho constitucional de propiedad privada, irrumpe en un área superior a la que eventualmente se va a expropiar, de aproximadamente 700 metros cuadrados, generando daños tales como deforestación, cambio de vegetación, en definitiva, destruyendo todo lo que se encontraba en esa propiedad. CHEC decide talar los árboles y posteriormente, disponer antojadizamente de la mayoría de especies cortadas, para un aprovechamiento que desconoce mi poderdante, cercenándole ese derecho como legítimo propietario. DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO: CHEC, al ingresar arbitrariamente a la propiedad y tomar el control total, cual propietario, introduciendo maquinaria pesada, para proceder a destruir a su antojo todo lo que allí existía, desvalorizó absolutamente mi propiedad, al punto que la dejó en un estado de deterioro total.
Esto por cuanto, su primera acción, consistió en crear un talud de aproximadamente 12 metros que impide, a partir de la primera intervención de CHEC, el ingreso a la propiedad, defecto que persiste hasta este momento. Asimismo, se intervino un área superior – casi 700 metros - a la que se va a expropiar, a la cual se le causó una destrucción total. Así lo evidencia el informe pericial, adjunto, realizado por el Ing. Jimmy Madrigal Mora IT-28958, de fecha 5 de marzo del presente año, que indica: “La comparación de la línea de colindancia frente a la calle pública del plano con respecto al área utilizada por la empresa para realizar el movimiento de tierra, muestra que el trabajo realizado afecta directamente la propiedad del señor [Nombre 001], puesto que no solamente se realizaron trabajos en el derecho de vía que indica el plano, sino también dentro del terreno que se pretende expropiar.
De las estacas colocas por el ente interesado en la expropiación del terreno según el propietario del inmueble, se lograron ubicar cinco que sirven para determinar que el área a expropiar es de aproximadamente 2660 metros cuadrados esto considerando el ancho de vía indicado en el plano. Se hace indicación al solicitante que además de existir afectación directa ya que la parte trabajada es de su propiedad, también es importante que se haga una valoración por parte de ente encargado de la afectación indirecta sobre el resto del terreno, esto debido a la conformación del talud frente a calle pública, que impide el acceso directo a la propiedad, mismo que nos limitó el trabajo hasta tanto no se solicitara y se concediera el permiso de entrada por parte del propietario de la finca colindante al costado este, sin embargo según el plano catastrado y la escritura, la propiedad solo tiene entrada por el frente a calle pública y no por alguna propiedad vecina, razón que hace posible una considerable depreciación de bien.
Es de considerar que el talud presente en la propiedad después de los trabajos realizados supera los 12.50 metros de altura con respecto a la calle publica, esto sin tomar en cuenta lo que pueda aumentar al hacer uso completo de la parte que se pretende expropiar. Se hace la observación, que de no realizarse un trabajo que logre subsanar los defectos de acceso presentes en la propiedad, el uso de este terreno para cualquier actividad generadora de ingresos se podría ver imposibilitado. En conclusión, el área donde se realizaron los trabajos de movimiento de material representa una afectación directa a la finca del interesado, puesto que no solo se trabajó en el área comprendida dentro de lo establecido según los planos como derecho de vía de la carretera nacional, si no también se realizaron trabajos sobre el área prevista para ser expropiada. Por otra parte, se afectó de forma indirecta el resto de la propiedad limitando el acceso a la misma y comprometiendo el valor en caso de una posible venta, por tanto es importante solicitar al ente responsable de los avalúos, que en caso de una posible expropiación, no solo se valore el terreno que se está considerando para ser expropiado, si no también, la afectación al resto del inmueble del señor [Nombre 001], el cual muestra una evidente depreciación por el daño remanente causado por los trabajos realizados en el lugar”.
En resumen, los daños causados a la propiedad y al patrimonio de mi poderdante, concuerdan con: CHEC, destruyó el ingreso existente a la propiedad, haciendo que nunca más se pueda ya ingresar ni en vehículo ni caminando a la misma, merced al talud que construyó al frente de la propiedad. CHEC decide deforestar indiscriminadamente la totalidad de árboles existentes, sin contar con al menos un inventario forestal. CHEC, no conforme con abusar del Estado de Derecho, violentado el sagrado derecho constitucional de propiedad privada, irrumpe en un área superior a la que eventualmente se va a expropiar, de aproximadamente 700 metros cuadrados, generando daños tales como deforestación, cambio de vegetación, en definitiva, destruyendo todo lo que se encontraba en esa propiedad. CHEC decide talar los árboles y posteriormente, disponer antojadizamente de la mayoría de especies cortadas, para un aprovechamiento que desconoce mi poderdante, cercenándole ese derecho como legítimo propietario.
CHEC destruye y deja sin valor de utilización y comercialización la propiedad, haciendo que esta no pueda aprovecharse más, ni pueda ser objeto de venta o hipoteca, en tanto el talud impide su ingreso, y; además, destruyó prácticamente todo el frente de la propiedad, haciendo que el resto – más del 80 % - se constituya en un fundo enclavado, carente de cualquier valor. Para el caso de CONAVI, como se expuso, se limitó a observar pasivamente como CHEC estaba procediendo a irrumpir en la propiedad privada, sin que conste intervención oportuna de su parte, para impedir que se continuara con el proceder ilegímito (sic) del contratista que, tal como se expuso, no solamente intervino una ocasión, sino que reincidió meses después en la propiedad de mi poderdante, conforme lo tuvo por demostrado la juzgadora que conoció la medida cautelar. Esto le genera una responsabilidad de orden solidaria a CONAVI con CHEC, por cuanto, es su deber, constatar que el contrato se ejecute en resguardo del ordenamiento jurídico vigente.
Es claro que si CONAVI hubiese actuado oportunamente apegado a sus obligaciones, el daño en la propiedad del poderdante no se hubiera consumado. DAÑO MORAL: La actual situación, le acarrea a mi poderdante severos daños de orden moral subjetivo, por la destrucción de la que es objeto la propiedad, misma que recibe por donación de su abuela, siendo un activo familiar de mucho valor para su familia. Esto, le origina a mi poderdante, afectación anímica, producto del dolor y sufrimiento emocional, originada en las conductas administrativas ilícitas, objeto del actual proceso, las cuales padeció desde el momento en que la primera de aquellas conductas administrativas se suscita, con la primera intervención en los primeros meses del año anterior. Es desde ese momento en que recae en él, una perturbación injusta absolutamente de sus condiciones anímicas, asociadas con desánimo, disgusto, desesperación, agravio contra su honor y dignidad.
Esto es, desde el momento en que se entera de los daños sufridos en la propiedad, producto de la acción de CHEC, me acompaña una perturbación constante, incesante, estresante, toda vez que esto ponía en riesgo mi patrimonio y el de mi familia, en tanto el activo donado, constituía un activo de mucho valor, el cual se incrementaría obviamente con la ampliación de la ruta 32. La plusvalía iba a ser evidente, sin embargo, ahora todo cambia por la actuación de las demandadas, teniendo ahora un activo familiar destruido, inutilizado y sin valor comercial en este momento, por las condiciones en que CHEC deja la propiedad posterior a su desastrosa e ilegal intervención. Otro aspecto no menos importante, es que esta propiedad conformaba la mitad del patrimonio de mi poderdante, siendo que solamente posee a su nombre otra propiedad en el Cantón de Pococí. La jurisprudencia de nuestros tribunales, en conteste en reconocer este tipo de daño, así se desprende de las siguientes citas jurisprudenciales, la primera de ellas, emanada en este Despacho: Resolución 120 de la una hora cuarenta minutos del 16 de mayo de 2011 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI [...] Por su parte, la Sala Primera, ha definido este tipo de daño, entre otras, mediante resolución 000206-F-S1-2009 de las dieciséis horas veinte minutos del veintiséis de febrero de dos mil nueve. [...].
Al tenor de las citas jurisprudenciales expuestas, se extrae que en el caso de mi poderdante, acontecen la totalidad de los elementos que este tipo de daño debe tener, para ser considerado como tal, ergo cierto, efectivo, evaluable e individualizable. El daño cierto, ya producido, - intervención de la propiedad sin autorización de mi poderdante, construcción de un talud que impide cualquier tipo de acceso, utilización de maquinaria pesada, que destruyó totalmente el área, aumentada en casi 700 metros sobre lo que se va a expropiar, corta de árboles, retiro de los árboles que hacen que no pueda utilizarse la madera, dejar la propiedad restante como un fundo enclavado - lo convierte en real, es decir, efectivo y patrimonialmente evaluable, a partir de lo que determinen estudios periciales que incluyan el valor de la propiedad antes de su condición de destrozo a la que la sometió CHEC, y el valor actual, considerando que este puede ser apreciable económicamente, e “individualizable” toda vez que sus agentes actores están ampliamente localizados en CHEC y CONAVI, es decir, a quien tengo el derecho a exigir la reparación de la lesión causada, quienes responderán solidariamente por los daños causados.
Los daños deben ser cubiertos en un setenta por ciento por CHEC y en un treinta por cierto por CONAVI. PERJUICIOS: Las actuaciones de las demandadas, han ocasionado una pérdida en el valor futuro de la propiedad y el valor de aprovechamiento de dicha propiedad desde que se realiza la primera intervención de CHEC, dejando inutilizable totalmente la propiedad. Desde los primeros meses del año anterior, no se puede ingresar, por lo que no se puede aprovechar para agricultura de ninguna especie, ni tampoco es objeto de construcción, ni hipotecarse o bien de poder comercializarse. ESTIMACION Por su especial naturaleza, la presente demanda es de carácter inestimable. Sin perjuicio de esto, producto de los estudios periciales que oportunamente se aportarán, prudencialmente, estimo la presente demanda, por concepto de daños y perjuicios en la suma de [Valor 001] millones de colones, desglosados en el siguiente orden: 1.- Daños a la propiedad infringidos por construcción de talud que impide acceso y aprovechamiento total de la propiedad desde los primeros meses del año 2019: [Valor 003], millones de colones
II.Alegatos de Conavi: El CONAVI rechazó los hechos de la demanda y presentó las siguientes excepciones: “1. EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO: a) Hecho de un tercero, falta de nexo causal. El actor pretende el resarcimiento de daños y perjuicios supuestamente causados por las actuaciones materiales u omisiones de CONAVI y CHEC, que supuestamente le generaron y le siguen generando, severos daños a su propiedad, perjudicándole en el legítimo goce del derecho a la propiedad y, consecuentemente su patrimonio, situación que no es imputable a este Consejo por los siguientes motivos: Mediante ley No. 9293 de fecha 10 de marzo de 2015, Aprueba financiamiento al proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional Nº 32 sección cruce ruta 4-Limón. El 18 de febrero de 2013, el Ing. Pedro Castro en su doble condición de ministro de Obras Públicas y Transportes y presidente del Consejo de Administración suscribió un memorándum con la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (TOMO I Folios 81 al 82 y anexo de folio 83 al 144 del expediente administrativo Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional Nº32 carretera Braulio Carrillo, Sección: Intersección Ruta Nacional Nº 4 (Cruce a Sarapiquí-Limón)'' en el cual se dispuso que el contratista debe suscribir las siguientes pólizas de Seguros y Responsabilidad. ''[...] Seguros por responsabilidad civil: será obligación de LA EMPRESA tomar una póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS) o de cualquier ente asegurador de responsabilidad civil debidamente imputable al asegurado (LA EMPRESA) por lesiones o muerte a terceros o por daños a la propiedad de terceros; ...
" [...]. Posteriormente, el Consejo Nacional de Vialidad suscribió un contrato con la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, mismo que fue refrendo por la Contraloría General de la República con oficio No. 5662-2016, en el cual se estableció en las condiciones generales punto 4.1 inciso 3 las obligaciones Generales del contratista. [...]. 4.1. Obligaciones generales del contratista. Aparte de las obligaciones dispuestas en el memorándum de acuerdo para el proyecto de Diseño, rehabilitación y ampliación de la ruta nacional 32 Carretera Braulio carrillo, sección intersección ruta nacional 4 (Cruce Sarapiquí Limón y sus anexos. El contratista tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 1 (...) 3. El contratista será el responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdida o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecución del contrato que se suscribe ...” [...].
Adicionalmente, en las obligaciones complementarias en el punto 39 se especificó que el contratista debe cumplir con todas las leyes vigentes en la república de Costa Rica indicándose lo siguiente: 39. El Contratista cumplirá todas las leyes vigentes en la República de Costa Rica, esas leyes incluirán todas las leyes locales, estatales, nacional o de otra índoles que afecten el cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el Contratista. El Contratista eximirá al Contratante de toda responsabilidad por daños y perjuicios, demanda, multas, sanciones y gastos de cualquier índole que surjan o sean consecuencia de la violación de esas leyes por el Contratista o su personal, incluidos los Subcontratistas y su personal. [...] Luego en el punto 4.12 y 4.16 del contrato se estableció como responsabilidad del contratista lo siguiente: 4.12. No interferencia El contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con: a) la comodidad del público, b) el acceso, uso y ocupación de todos los caminos y senderos, independientemente que sean públicos o estén en posesión del Contratante o de otros.
El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los daños y perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raíz de una interferencia innecesaria o inadecuada de ésa índole. 4.16. Protección del Medio Ambiente (Cumplimiento con la Viabilidad Ambiental y sus obligaciones. El contratista deberá cumplir fielmente con lo dispuesto en la Legislación Ambiental de la República de Costa Rica; así tomará todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para evitar los daños y las alteraciones ambientales que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de sus operaciones. [...] Como complemento a lo anterior, mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2017-119 (2199) de fecha 14 de junio de 2017, el CONAVI de forma diligente le informó al representante legal de la empresa CHEC, el procedimiento previo al inicio de la etapa de construcción que hay que realizar para la corta de árboles. [...] Asimismo, con oficio UE-DRA-RN32-001-2017-321 (855) de fecha 25 de octubre de 2017, se le informa al Gerente del Proyecto señor Zhou Jingxiong, sobre las acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para desarrollara (sic) el protocolo para los trámites asociados a la corta de árboles (sic) que conlleva el proyecto y se le remite el borrador del protocolo.
Con orden de servicio No. 3 de fecha 16 de noviembre de 2017, se da orden de inicio a partir del 20 de noviembre de 2017, la etapa de construcción. [...] Mediante oficio UE-DRA-RN32-001-2017-333 (855) de fecha 01 de noviembre de 2017, se le comunica al Gerente del Proyecto señor Zhou Jingxiong sobre el seguimiento ambiental y que debe actualizar la documentación con base al (sic) la resolición (sic) 2207-2016 SETENA del otorgamiento ambiental previamente a dar inicio de las obras. [...]. Posteriormente, mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-104 (855) de fecha 02 de marzo de 2018, se le comunica al Gerente del Proyecto señor Zhou Jingxiong sobre el seguimiento ambiental, se trascribe en lo conducente lo siguiente: ''En relación con el inicio de la Corta de Árboles que se realizará por parte de su representada [...] Cabe recordar que, dicha labor no podrá dar inicio hasta que no se cuentr (sic) con todos los permisos requeridos... [...].
Luego mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-104 (855) de fecha 02 de marzo de 2018, se le comunica al Gerente del Proyecto señor Zhou Jingxiong sobre la corta de árboles se se (sic) le reitera lo establecido en el punto 4.16. de las obligaciones complementarias del contratista, además se le indica que "El inventario forestal es un insumo técnico inexorable para el "Permiso de corta de árboles" permiso que de acuerdo a lo estipulado en el punto 10 (c) del documento de alcance del Contrato ... " [...]. De lo hasta aquí indicado se tiene que de existir un eventual daño el responsable no es el Consejo Nacional de Vialidad, sino la empresa CHEC, tal y como dispone el memorando y el contrato, y sus adendas. El CONAVI no solo ha sido diligente en advertir al contratista de diversos trámites y cumplimiento de leyes, sino que lo hizo con la antelación debida. En (sic) necesario indicar que la empresa CHEC intentó llegar a un acuerdo con el señor [Nombre 001], de indemnizarlo de conformidad con lo indicado en el inventario realizado por el Ing. Luis Femando Meneses Valverde inclusive propuso que con la maquinaria de la empresa restablece el terreno a las condiciones originales, sin embargo el propietario indicó que "...no le interesa ya que no quiere depender de los tiempos del CHEC y prefiere hacerlo en el momento que el desea''.
Aunado a lo anterior, la empresa CHEC propuso pagar un alquiler del terreno afectado desde el momento en que ingresó la maquinaria al terreno hasta el mes de julio de 2019 y de una vez realizar los trabajos de mejora en el terreno", pero el señor [Nombre 001] no aceptó la propuesta, indicando que él prefiere el dinero. Nótese que la empresa CHEC intentó dar una solución al problema, sin embargo, el dueño de la propiedad solo estaba interesado en el dinero, por lo que claramente se evidencia que el interés del propietario es meramente económico y que la empresa CHEC entiende y acepta que es la única responsable de los supuestos daños y perjuicios reclamados. Por otra parte, se rechaza la existencia de un daño ambiental por cuanto el proyecto cuenta con la viabilidad ambiental otorgada mediante Resolución el ministerio de ambiente y energía, la secretaría técnica nacional ambiental Nº 2207-2016-SETENA las 15 horas 30 minutos del 02 de diciembre del 2016, por lo que se estaría ante un impacto ambiental que se configura cuando existe una viabilidad ambiental por cuanto se tiene ya previsto que puede ocasionarse determinado evento como lo es la tala de árboles.
La parte actora pretende se le indemnice los supuestos daños moral y material por supuestos daños al cortar ciertos árboles en su propiedad por parte de la empresa CHEC, lo que deberá acreditarse en este proceso. Respecto a la relación de causalidad debe existir conexidad y el daño producido es una condición indispensable para que pueda atribuirse a aquella el deber de resarcir dicho daño, este solo procede cuando existe certeza en la prueba del nexo causal. En el presente caso la parte actora omite presentar la prueba correspondiente que logre acreditar el nexo de causalidad con el daño alegado y el nexo con la administración, máxime que la propia actora indica que la supuesta invasión al terreno fue ejecutada por la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (CHEC). 2. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN: Se interpone esta excepción, por cuanto como lo indica la propia parte actora, la supuesta invasión a la propiedad fue realizada por la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (CHEC) y de acuerdo a lo establecido en el contrato adendas y documentación complementaria, de darse un daño o perjuicio la empresa responderá por ello.
Aunado a ello que en la propiedad en la que se reclama los daños y perjuicios fue debidamente expropiada y ya fue puesta en posesión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante notificación de las quince horas y veintiocho minutos del treinta de abril de 2020, correspondiente al Expediente 20-000013-1028-CA-0” (La negrita y subrayado son nuestros). Solicita condenar al actor al pago de las costas de este proceso, así como los intereses respectivos.
III.Alegatos del Estado: Rechaza la demanda en cuanto a los hechos aclaró que: “El Estado ha decidido expropiar un área de terreno con una medida de mil novecientos ochenta y dos metros cuadrados (1,982.00 metros cuadrados), según plano catastro Nº [Valor 009], el cual forma parte del inmueble inscrito en el Partido de Limón, Folio Real Matrícula [Valor 010]. Dicha expropiación se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo bajo el expediente N° 20-13-1208-CA, siendo que en el mismo ya se autorizó la entrada en posesión de la franja a expropiar y se dispuso el giro del monto del avalúo administrativo. [...] En primer término, no nos consta la supuesta invasión de la propiedad del actor, ni tampoco que se hayan ocasionado los daños que se alegan. En ese sentido, las partes codemandadas han manifestado y aportado pruebas que acreditan que se estuvo trabajando en el derecho de vía. En segundo término, según la prueba que consta en autos, no nos consta que los trabajos realizados por la empresa China Harbour Engineering Company de Costa Rica Sociedad Anónima (en adelante CHEC) no permitan el ingreso a la propiedad del actor, toda vez que el mismo se realizaba por un pequeño acceso lateral a la finca.
En ese sentido, conforme al avalúo administrativo N° SABI-2019-117 del 12 de agosto del 2019, visible a folios 44 al 59 del expediente relativo a la expropiación, se puede apreciar que el terreno del actor se encuentra a 4-5 metros sobre el nivel respecto de la vía pública, sin que existiera un acceso por el frente del lote, según se observa en las fotografías visibles a folio 51 de dicho expediente. [...] En tercer lugar, se rechaza que se hayan realizado obras en un área mayor a la que es objeto de expropiación, así como la corta de árboles en los términos y dimensiones que expone el actor. Finalmente, sin perjuicio de lo anterior, es claro que las supuestas actuaciones e invasión denunciadas por el accionante fueron realizadas directamente por CHEC, como contratista de la obra que se encuentra en ejecución, sin que existan actuaciones u omisiones por parte del Consejo Nacional de Vialidad (en adelante CONAVI) o del Estado en este caso. [...]” (la negrita es nuestra).
Se rechazaron las pretensiones formuladas por el actora y se interpusieron las siguientes excepciones: “I. Falta de derecho y falta de legitimación: La Ley General de la Administración Pública en su título sétimo regula lo relacionado con la responsabilidad de la Administración. Tal título en su numeral 190 ordena que la Administración será responsable y responderá por todo daño que produzca su funcionamiento legítimo, ilegítimo, normal o anormal. Para que quepa esta responsabilidad deben concurrir tres elementos esenciales:
IV.Alegatos de la empresa co-demandada CHEC: Se indica que la finca objeto del proceso se encuentra en derechos y le corresponde al actor solamente la nuda propiedad. Aclara que el proceso expropiatorio de la finca del actor se tramita ante el Juzgado Contencioso con el expediente Nº20-0013-1028-CA donde autorizó el giro del monto del avalúo administrativo y mediante auto de las 15:28 horas del 30 de abril de 2020 se autorizó la puesta en posesión del inmueble pasado 2 meses desde la notificación, siendo el área a expropiar de 1.982,00 metros cuadrados. Señala que las obras constructivas realizadas por CHEC se efectuaron en el derecho de vía propiedad del Estado que es de 50 metros frente a la propiedad del señor [Nombre 001] sin que a la fecha se haya efectuado obra constructiva en la propiedad del actor. Alega que el actor confunde el derecho de vía con su propiedad. Reiteró que las obras constructivas se efectuaron cien por ciento en el derecho de vía y que no se ha realizado ningún talud en propiedad del Señor [Nombre 001].
Tampoco es cierto que existiera un acceso a la finca del Señor [Nombre 001] que se haya afectado. La finca del Señor [Nombre 001] si bien da frente a la ruta 32, no tenía construido ningún camino de acceso. Por el contrario, la parte que se intervino del derecho de vía no estaba a la altura de la carretera. Fue necesario remover gran cantidad de tierra para poder liberar el derecho de vía y conformar el talud provisional. Una vez que se entre en posesión del terreno expropiado, será necesario continuar con el movimiento de tierra y conformar el talud definitivo. Indica que todas las obras y actividades realizadas se encuentran contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que resultó en el otorgamiento de la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. El área de proyecto evaluada está formada por lo que se denomina Área de Proyecto (AP) que es el derecho de vía de cincuenta metros de ancho y las áreas a expropiar, el Área de Influencia Directa del Proyecto conformada por los siguientes cincuenta metros adyacentes al derecho de vía y el Área de Influencia Indirecta del Proyecto que la constituyen los 250 metros adyacentes al Área de Influencia Directa.
Es por ello que la corta de árboles y cualquier eventual actividad de movimiento de tierras que se deba realizar en el terreno expropiado, se encuentra autorizada desde el punto de vista ambiental en la viabilidad ambiental. Aclaró que no es cierto que el señor Luis Meneses sea el regente ambiental del proyecto, ni que haya habido afectación a árboles frutales o a especies arbóreas de importancia comercial. Rechazó que haya habido una usurpación a la propiedad del actor. Sostiene que no es cierto que CHEC haya realizado obra constructiva alguna en la propiedad del Señor [Nombre 001]. Aclara que una de las actividades que se realizan previo a efectuar cualquier actividad constructiva en una carretera, es la corta de árboles. Se reconoció expresamente que sí es cierto que, en abril del 2019, CHEC realizó corta de árboles en el derecho de vía. Adicionalmente y por error de los peones que no supieron diferenciar la demarcación del derecho de vía con la demarcación del área a expropiar, realizó corta de árboles en el área expropiada.
Es cierto también que el Señor [Nombre 001] se reunió con representantes de CHEC, específicamente con el Ingeniero Luis León, y CHEC se comprometió a instruir a sus peones y operarios para que no se volviera a realizar actividad alguna en su terreno. En junio del 2019 CHEC finalizó con las obras de remoción de tierra en el derecho de vía y de conformación de talud, pero todo en el derecho de vía. Ninguna actividad se realizó en el terreno expropiado ni en la finca donde el Señor [Nombre 001] es nudo propietario. Se indicó que no es cierto que el ingeniero forestal Luis Meneses sea el regente ambiental del proyecto. Se aceptó como cierto que CHEC solicitó al ingeniero forestal Luis Meneses que realizara una revisión rápida del área y determinara bajo una metodología que partiera de la existencia de un daño ambiental para que se calculara a cuánto ascendería la reparación integral, aún y cuando ésta no es procedente, con el fin de tener un parámetro objetivo para indemnizar al señor [Nombre 001], todo eso a pesar de que el área iba a ser expropiada y que, conforme al Estudio de Impacto Ambiental, CHEC está autorizada para realizar actividades constructivas en el área expropiada.
Con base en lo anterior, se le ofreció al Señor [Nombre 001] una indemnización incluso más alta de lo que arrojó el informe elaborado por el ingeniero Luis Meneses, lo cual el Señor [Nombre 001] rechazó. Manifiesta que el informe elaborado por el ingeniero forestal Luis Meneses no es prueba del daño ocasionado porque parte de una serie de supuestos y, por lo tanto, llega a conclusiones que no son exactas, ya que fueron planteadas por CHEC de buena fe para facilitar la negociación que permitiera evitar procesos litigiosos y buscar acelerar la puesta en posesión, lo que no se logró. Se aceptó que el día 12 de junio sostuvo una reunión con el Señor [Nombre 001] y con representantes del Consejo Nacional de Vialidad. En esa reunión CHEC asumió nuevamente el compromiso de realizar actividades únicamente en el derecho de vía. En realidad, desde el incidente de los árboles en abril del 2019, no se había realizado ninguna nueva actividad en la propiedad del Señor [Nombre 001].
Posteriormente a la reunión, el Señor [Nombre 001] sostuvo una comunicación telefónica con el supervisor general de la rama 1 de CHEC, señor Luis Yogseng León Villagra, a quien le indicó que se estaba trabajando nuevamente en su propiedad. El Señor Luis León le explicó que no se estaba haciendo ningún trabajo en su propiedad sino que se estaba trabajando en la conformación del talud provisional dentro del derecho de vía que en total es de 50 metros. Es absolutamente falso que se hicieran movimientos de tierra en la propiedad del Sr. [Nombre 001], que se causara daño ambiental, que se afectara la vegetación, la fauna y los árboles existentes en la propiedad del Sr. [Nombre 001]. En la franja de terreno en discusión no había ni hay bosque, ni plantaciones forestales o de árboles frutales. Adiciona, que es cierto que el Señor [Nombre 001] acudió a la vía cautelar y su solicitud fue rechazada, pero no es cierto que se haya demostrado daños a su propiedad.
Los daños deben ser demostrados en el procedimiento ordinario. Interpuso las siguientes excepciones de fondo: “Falta de legitimación activa para ser indemnizado por daño ambiental: El derecho a un ambiente sano ha sido considerado como un derecho fundamental, cuya afectación no solo puede incidir en una persona, sino que por su naturaleza afecta a la colectividad. Es por eso que la legitimación en esta materia tiende a extenderse y ampliarse justificada en la doctrina de los intereses difusos, según la cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran, por lo que prácticamente cualquier persona puede entablar los remedios administrativos y jurisdiccionales ante una acción u omisión de alguna persona física o jurídica, privada o pública, que amenace con causar un daño ambiental.
Lo anterior fue recogido por la Ley de Biodiversidad en su artículo 105, al legitimar a toda persona a accionar en sede administrativa o jurisdiccional en defensa de la biodiversidad. Sin embargo, por ser la tutela del derecho al ambiente de interés público y en muchos de los casos el elemento del ambiente afectado es de dominio público, la legitimación para reclamar indemnizaciones por daño ambiental se restringe, lo contrario sería aceptar la posibilidad de que un particular represente el interés público en materia de resarcimiento. El Señor [Nombre 001] confunde "la legitimación procesal (que permite plantear una demanda), con el derecho de fondo (lo pretendido), que se debe tener en concreto para obtener una decisión favorable y que el daño causado a la colectividad no implica la existencia automática de un daño personal ni legitimación para reclamarlo" (Voto 834-2015 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).
Por lo tanto, aunque la normativa nacional concede amplia legitimación para accionar, no así lo es para que una persona pueda recibir el monto de la indemnización: ‘Así, pese a la amplitud en la legitimación para reclamar el daño ambiental, las indemnizaciones por daño colectivo no pueden ser otorgadas a favor de las personas privadas o públicas específicas que hayan planteado el reclamo. El titular para recibirlas es el Estado (representado por la PGR) o quienes la ley determine expresamente. La indemnización por afectación indirecta a bienes o intereses privados (daño individualmente soportado), puede reclamarla sólo quien lo ha sufrido y es tal, por las reglas comunes de responsabilidad, quien tiene derecho a la indemnización" (Tribunal Contencioso Administrativo. Sentencia Nº 00045 -2016 del 06 de Mayo del 2016). Aunque la demanda no indica de manera clara en qué consiste el daño ambiental, en los hechos de la demanda hace referencia al informe realizado por el ingeniero forestal Luis Meneses, además de presentarse otro documento con estimaciones del daño ambiental el cual reclama que se le indemnice.
En ambos informes se mezclan estimaciones de económicas del daño que pudo individualmente ser soportado por el Señor [Nombre 001], así como de otras, aunque improcedentes según se demostrará en este proceso, serían propias de la indemnización por daño colectivo. No obstante, el único órgano legitimado para reclamar indemnizaciones de tipo colectivo es la Procuraduría General de la República, en su calidad de representante del Estado según así lo dispone los artículos 1, 3.a) y 3.i) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Forestal indica en su artículo 58 [...]. De lo anteriormente expuesto, queda claro que la demandante no se encuentra legitimada para solicitar que se le indemnice el supuesto daño ambiental en cuanto a los elementos colectivos de éste como puede ser los servicios ambientales, debido a que por ley esa representación corresponde únicamente a la Procuraduría General de la República.
Excepción de Falta de derecho: (...) 1. De las pretensiones indemnizatorias. Preliminarmente, es menester reiterar que rechazamos la existencia de cualquier hecho generador que pueda considerarse causante de daño alguno. La apreciación subjetiva del actor en torno a que CHEC haya 'destruido' su propiedad es absolutamente infundada pues la actuación de mi representada se ha efectuado cien por ciento en el derecho de vía por lo que es incorrecto considerar que se ha extralimitado en cuanto al alcance geográfico de las obras que ejecuta. Tampoco se ahonda en describir -o siquiera indicar- el criterio de imputación de responsabilidad civil subjetiva bajo el cuál CHEC sería -supuestamente- responsable. Debe recordarse que CHEC es un sujeto de derecho privado por lo que el actor debe acreditar el criterio de imputación o el factor subjetivo de atribución que justifica la supuesta responsabilidad civil de CHEC debe ser justificado por quien solicite una indemnización como la que pretende el actor.
La connotación del término 'destruir' puede inducir a error al tribunal, por cuanto, se atribuye un sentido negativo al enunciado dando a entender que se trata de un grave daño o aflicción, que no se debería estar soportando. Cuando, la realidad de las cosas es que se han llevado a cabo acciones que, desde un punto de vista objetivo, no pueden considerarse una afectación arbitraria sino el ejercicio legítimo de una actividad de interés público, a saber, la ejecución de obra pública de vital importancia para el Estado, en terrenos que legalmente pertenecen o se encuentran en posesión de este. a Inexistencia del alegado daño patrimonial: Afirma la parte actora, en forma temeraria, que nuestra representada causó daños patrimoniales que, prácticamente, dejaron inutilizable la finca del Partido de Limón [Valor 008], de la cual es titular del derecho 001, a la totalidad de la nuda propiedad. [...] Pese a que en el presente caso opera un fuero de atracción de la competencia contencioso administrativo por existir una parte procesal pública, lo cierto es que para que fuera aplicable a CHEC la responsabilidad que el actor le indilga, debería demostrar fehacientemente que se ha realizado un acto que lesiona sus derechos e intereses, que existe un efectiva relación de causalidad entre acciones de nuestra representada y la causación de ese daño, y que tales actuaciones fueron desarrolladas en forma dolosa o culposa.
Debería también el actor comprobar el importe de dicha lesión y no debería existir una vía procesal idónea y especial para la discusión de tales extremos. [...] (ii) No se ha generado el daño acusado por la parte actora [...] El actor no hace sino relatar una serie de hechos mezclados con apreciaciones personales. No demuestra cómo los trabajos desarrollados por CHEC dentro del derecho de vía podrían haber afectado la propiedad de la cual es nudatario. No fundamenta la existencia de una relación de causalidad, y es claro que la razón de esta deficiencia en solo una. No existen tales daños ni existe un nexo causal posible entre aquellos (si se hubieran dado) y los trabajos desarrollados por CHEC. (iii) CHEC no ha actuado de forma dolosa o culposa. Si bien este es un proceso contencioso administrativo, CHEC es parte en su condición de tercero que mantiene una relación contractual con el Estado.
En este caso participa de este proceso debido al fuero de atracción previsto en el Código Procesal Contencioso Administrativo. No obstante, no ha perdido su condición de sujeto de Derecho Privado, por lo que le son aplicables las reglas de fondo previstas para tales personas físicas y jurídicas. Los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública contienen los presupuestos bajo los cuales debe determinarse la responsabilidad de la Administración Pública y de sus funcionarios. A partir de dicha normativa se establece una responsabilidad objetiva para la Administración, que responde frente a terceros por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Y por otro lado a diferencia de dicho campo de imputación objetiva, la responsabilidad del funcionario público es de naturaleza subjetiva, toda vez que se fundamenta en la existencia de una conducta dolosa o culposa que cause daño a un tercero o a la Administración. [...] En el presente caso, CHEC ha actuado dentro del derecho de vía, realizado las acciones ingenieriles necesarias para su recuperación y uso en la ampliación de la ruta 32.
Nuestra representada actúa como contratista del Estado, acatando las obligaciones asumidas en el contrato, de acuerdo con los diseños efectuados y la programación acordada con el Estado. No existe, por parte del actor, ningún elemento de prueba que demuestre que alguna de las intervenciones constructivas de CHEC haya sido realizada con la intención de afectar la propiedad de la que el demandante es nudatario, ni tampoco que haya empleado métodos inadecuados, planos incorrectos o maquinaria inidónea para llevara (sic) a cabo las obras. No ha demostrado que el personal a cargo de los trabajos haya sido negligentemente seleccionado y supervisado. El actor se basa en simples presunciones, que no pueden dar lugar a la asignación de responsabilidad a CHEC. Por el contrario, mi representada ha actuado en absoluto apego a las mejores prácticas constructivas, poniendo atención en cada detalle para evitar que el desarrollo de una importante obra pública, ocasiones a los administrados más molestias de las que inevitablemente debe tolerar, ante la construcción de una infraestructura como esta. [...]”.
Continúa manifestado en lo esencial: b. Inexistencia de daño ambiental: afirma que “CHEC de buena fe ha reconocido su responsabilidad por la corta de árboles en el área a ser expropiada, lo cual es muy diferente a que haya habido impacto en la fauna y flora del lugar y gran daño ambiental. CHEC ha reconocido tanto en el proceso de negociación con el Señor [Nombre 001] como en la medida cautelar que por error, cortó los 30 que se indican en el documento elaborado por el ingeniero forestal Luis Meneses. Sin embargo, esa acción es totalmente independiente y diferente de las obras de movimiento de tierras realizadas en el derecho de vía. Como bien se sabe, cuando se está construyendo una carretera, una vez que se han realizado todas las labores de ingeniería (levantamientos topográficos, inventarios forestales, diseños, trazos en campo), una de las primeras actividades que se realiza es la limpieza de vegetación y corta de árboles.
Para esas actividades, no se requiere maquinaria que remueva la tierra, sino que se cortan los árboles y se aglomeran en un sitio donde después pasa un camión a recoger y llevar a los sitios autorizados por la SETENA para disponer de ese material. La corta de árboles igualmente se realiza por secciones. Es decir, la carretera tiene una extensión de 107 kilómetros, así que se divide en varias secciones de varios kilómetros para hacer los trabajos. En el caso de la corta de árboles realizada para el derecho de vía que pasa por frente de la propiedad de [Nombre 001], se venía trabajando en todas las fincas que están entre el río Madre Dios y río Barbilla, es decir, en un perímetro de poco más de 5 kilómetros. [...] En el caso de la propiedad del señor [Nombre 001], CHEC ha aceptado que sí cortó 30 árboles que están en el área a expropiar, por lo que sí ha aceptado pagar por el valor en pie de la madera.
No obstante, en ningún momento realizó movimientos de tierras o afectación mayor en propiedad del señor [Nombre 001]. Tampoco ha habido un daño ambiental como tal. Obsérvese que el documento elaborado por el ingeniero Luis Meneses para CHEC, claramente indica que "He de aclarar que esta corta de árboles se encuentra cubierta por la Viabilidad Ambiental aprobada por SETENA para la ampliación de la ruta nacional Nº 32". Igualmente, el documento omite hacer referencia al tipo de ecosistema presente en el lugar, así como al destino que tiene ese terreno ya expropiado, el cual ha sido reconocido por el mismo [Nombre 001] que formará parte de la carretera. [...]”. c. Inexistencia del daño moral: Alega que “da la impresión de que lo que se pretende es una indemnización del daño patrimonial bajo un disfraz de daño moral pues, en el escrito de demanda, se limita a decir que ese inmueble representa un alto valor para su familia, sin fundamentar en que se basa para decir tal cosa [...] Finalmente, debe remarcarse que al no haber una línea argumentativa circunstanciada y coherente en cuanto a cuál es el hecho que funge como generador de este o estos daños, y al no demostrarse vínculo de causalidad alguno, lo procedente es declarar sin lugar este extremo de la demanda.” d. Sobre la distribución de daños: “No podemos dejar de referirnos a la antojadiza e infundada distribución que el actor sostiene, en cuanto establece la proporción 70/30 en cuanto a la distribución de la responsabilidad civil.
El régimen de responsabilidad solidaria, que sería el regente en materia de responsabilidad civil extracontractual de conformidad con el artículo 1046 del Código Civil y 201 de la Ley General de la Administración Pública indica que la obligación resarcitoria es de carácter solidaria entre los partícipes. Por ello, ante la imposibilidad de encontrar el sustento normativo que justifique la solicitud del actor, lo procedente es desechar la pretensión y regirse por el régimen legal existente”. Se sostiene que parte de las pretensiones planteadas son propios del procedimiento de expropiación en el cual es parte como nudatario de la propiedad en cuestión. Aspectos tales como la amplitud del área a expropiar, la afectación que esta pueda generar en el valor de la propiedad así como a la afectación del resto no expropiado, son aspectos que determinarán el justiprecio que el Estado deba cancelar al propietario para compensar la pérdida patrimonial sufrida producto de la expropiación.
Esto es claramente definido en los artículos 29, 30, 39 y siguientes de la Reforma integral de la ley Nº 7495, Ley de Expropiaciones Nº 9286, así como en el artículo 110.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. e. Inexistencia de los perjuicios: En este extremo se alegó: “De igual manera, rechazamos vehementemente la escasa y confusa argumentación del actor en lo referente a los perjuicios alegados. Como punto principal, alega la pérdida futura de plusvalía, lo cual no intenta siquiera probar, ante la imposibilidad de la tarea. No queda en evidencia ningún daño futuro cierto que toda esta actividad le genere, dado que ni siquiera hay base alguna para sostener un daño real y actual, y, como el futuro solo puede ser consecuencia del daño presente, no es posible concederle este extremo indemnizatorio”. Por último se plantea la “Oposición a la estimación: Nos oponemos a la estimación de la demanda por tratarse de una operación confusa tal y como se indicó en las líneas iniciales de esta contestación.
Además de esto, de cualquier forma, existe una desproporción, así como una falta de concreción y fundamentación técnica del contenido económico del proceso, razones suficientes para oponernos a la estimación hecha por el actor”. Se solicita declarar sin lugar la demanda y se condene a la actora al pago de ambas costas.
V.Sobre la prueba para mejor resolver ofrecida: Durante la audiencia preliminar la empresa co-demandada CHEC ofreció prueba documental en carácter de prueba para mejor resolver visibles a imágenes 398 a 422 del expediente judicial consistente en documentación aportada en el expediente de expropiación Nº20-00013-1028-CA del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, motivo por el cual la Jueza de Trámite concedió audiencia por escrito a todas las partes y reservó la admisibilidad para el Tribunal de Juicio conforme al numeral 50 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo. La representación Estatal se refirió a la prueba ofrecida en memorial del 14 de julio de 2023 visible a imagen 431 del principal. Adicionalmente, la parte actora durante la celebración del juicio oral y público ofreció prueba para mejor resolver consistente en fotografías tomadas en junio 2024 para observar el estado actual de la propiedad una vez concluidas las obras de infraestructura en el área expropiada, señala que es útil para dar una perspectiva real y definitiva del talud frente a calle, que imposibilita materialmente el acceso peatonal y vehiculara la propiedad convirtiéndolo en un fundo inutilizable.
El Tribunal confirió audiencia oral a las partes demandadas y se reservó la admisibilidad conforme el numeral 50 CPCA. Respecto a la admisión facultativa de la prueba para mejor resolver, es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que su rechazo no produce la indefensión de las partes (véase los votos Nº547-F-S1-2002 y Nº29-F-S1-1995, ambas de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). En cuanto a la prueba para mejor resolver ofrecida por la empresa CHEC, se admite por tratarse de la actualización de piezas del expediente expropiatorio Nº20-00013-1028-CA del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, toda vez que se trata de prueba admitida durante la audiencia preliminar. Con respecto a las fotografías ofrecidas por la parte actora como prueba para mejor resolver se rechazan por carecer de utilidad y relevancia con el objeto procesa para la resolución de fondo del presente asunto debido a que no están vinculadas con los hechos objeto de la demanda ni con el momento histórico en que sucedieron.
VI.Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes hechos demostrados:
VII.Sobre hechos no probados: De relevancia para la resolución del presente asunto se tienen como indemostrados los siguientes: 1- Que la empresa co-demandada CHEC construyera un talud en la propiedad del actor antes de la puesta en posesión de la franja expropiada. 2- Que la empresa co-demandada CHEC hubiera destruido el acceso de ingreso a la propiedad del actor. 3- Que la co-demandada CHEC hubiera destruido y dejado sin valor de utilización y comercialización la propiedad sin que pueda ser objeto de venta o hipoteca por tratarse de un fundo enclavado. 4- Que el actor hubiera realizado labores de aprovechamiento de la finca y de madera ubicada en la propiedad. 5- Que se haya determinado el monto actualizado del valor comercial de la madera talada dentro de la propiedad del actor. 6- Que el CONAVI incurriera en faltas y omisiones al deber de supervisión y vigilancia de la contratista CHEC.
VIII.Sobre la responsabilidad objetiva de la Administración Pública: Para imponer la responsabilidad a la Administración Pública se requiere acreditar junto con el daño real, efectivo e individualizable, el nexo causal con la conducta administrativa acusada de haber ocasionado el daño, al tenor del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública. En cuanto al término ce conducta administrativa, comprende todas las formas de manifestación de la voluntad de la Administración Pública, sea las actuaciones materiales que son aquellas no amparadas a un acto administrativo o mera actividad normal, la conducta omisiva, no hacer algo que está obligado por el bloque de legalidad y la conducta formal, sería el acto administrativo propiamente. De este modo, se requiere de la concurrencia de cuatro elementos, a saber: a) Una lesión, que consiste en los perjuicios patrimoniales antijurídicos, porque el que los padece no tiene el deber de soportarlos; b) Una conducta administrativa en relación con la cual se encuentre vinculada la producción del daño reprochado; b) Un nexo causal, conformado por la existencia de una relación directa de causa a efecto entre el hecho (conducta administrativa) que se imputa y el daño producido; y c) Que no existan las causas de justificación, siendo que la existencia de las mismas puede desvincular jurídicamente el perjuicio producido con la conducta de la Administración Pública, de modo tal que el efecto dañoso no le sea imputable, rompiendo el nexo de causalidad al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero.
El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y sus instituciones previsto en los artículos 9, y 41 de la Constitución Política, y 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, es entonces de naturaleza esencialmente objetiva, por lo que para nacer basta con que exista un daño indemnizable, una conducta administrativa y un nexo causal entre ambas. Existe una clara necesidad de demostrar la existencia de una relación entre el daño reclamado y la conducta desplegada por la Administración Pública, sea el nexo causal. En doctrina se han indicado diferentes criterios de imputación objetiva, pero debe destacarse, la causalidad adecuada. Con respecto a este criterio de causalidad, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su voto 251-F-06 de las 10 horas 30 minutos del 25 de mayo del 2006, en conjunto con la teoría de la causa eficiente, explicó que: "XIV.- El nexo causal como presupuesto de responsabilidad.
La diversa tipología de las causas. (…) resta por establecer si la inacción administrativa del Ministerio de Salud por no verificar, de previo a emitir el permiso de salud y de funcionamiento, si el redondel cumplía con los estándares que dispone la Ley General de Salud, fue la causante directa o indirecta del daño, dado que la estimación de la demanda depende de la demostración de la existencia de un nexo causal, en su tradicional noción de causa-efecto. Al respecto cabe recordar que en la producción del daño suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los cuales es preciso determinar aquellos que directa o indirectamente son causa eficiente y adecuada del mal causado (…) En esa confluencia de elementos fácticos o jurídicos que rodean la situación dañosa, el Juzgador debe establecer, con base en las pruebas del proceso, si la acción concreta que consiste en un funcionamiento administrativo, o bien la abstención de desplegar el marco funcional que le impone el Ordenamiento Jurídico, es causa apta para la generación del daño (…)..
Es decir, para inferir la eficiencia de la causa que se tiene por adecuada, es indispensable deducir si es la productora de la lesión, de manera que de eliminarse, es racional deducir que el daño no se hubiera producido. Lo anterior supone un ejercicio valorativo para desplazar del marco de consideración, las causas que no han tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Se trata de una especie de prognosis objetiva, a través de la cual se pueda afirmar que con tal acción u omisión es lógico o probable que se produzca el daño específico. En esta inteligencia, el nexo causal se impone como el inexorable vínculo relacional entre el daño y la conducta administrativa, de modo que sin esta, aquel probablemente no se hubiese producido. Claro está que la determinación de este factor depende en alto grado del examen de las pruebas traídas al proceso por las partes litigantes.
A partir de ellas, el Juzgador puede deducir si dentro del cuadro fáctico particular, las acciones del Estado conllevan a su responsabilidad, por haberse asociado su funcionamiento a la generación de las lesiones”. La Sala Primera se decanta por la teoría de la causalidad del daño en conjunto con la teoría de la eficiencia de la causa, para establecer aquella que presenta mayor aptitud para generar con mayor eficacia el daño y selecciona de todas las condiciones aquella que supone una posibilidad máxima en la contribución al resultado dañoso (mayor poder intrínseco de causación del daño). De esta manera se busca individualizar los hechos u omisiones que tengan efectiva influencia en la afectación que invoca la parte lesionada o que al menos sustente un grado de probabilidad objetiva en su influencia en el mismo (juicio de probabilidad del resultado basado en los hechos tenidos por demostrados que se realiza conforme las reglas de la experiencia).
En todo caso, es menester indicar que será carga de la parte que la invoca, la respectiva demostración de la existencia de dicho vínculo causal entre el hecho que se estima generador del daño y éste. Es con base en estas consideraciones que procede determinar la responsabilidad. En la responsabilidad por omisión administrativa (conducta omisiva), lo que se analiza es si la Administración Pública se encuentra en el deber legal de realizar una conducta y si incumplió ese deber. En esos casos de omisión, igualmente aplican los eximentes de responsabilidad de la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, por lo que en caso de concurrir cualquiera de ellas se entiende que el sujeto público a quien se le atribuye la omisión administrativa no es imputable y, por ende, no existe responsabilidad. De lo expuesto, resulta claro que no es suficiente invocar un daño, sino que se debe demostrar fehacientemente su existencia y el nexo de causalidad que le une con la conducta u omisión del ente responsable.
IX.Sobre el caso concreto: La demanda interpuesta consiste en un proceso civil de hacienda cuyo objeto está circunscrito a la pretensión indemnizatoria de la parte actora que reclama la supuesta invasión sufrida en la propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada y los daños derivados de tales actuaciones materiales. Lo anterior, según fue establecido en las resoluciones que resolvieron la excepción de incompetencia interpuesta, en concreto la resolución Nº76-2021 de las 11:55 horas del 20 de enero de 2021 de este Tribunal y la resolución Nº2441-C-S1-2022 de las 14:40 horas del 3 de noviembre de 2022 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que en lo medular señaló: “[...] En el caso de estudio, se solicita indemnización en contra de los demandados, por motivo que, en apariencia, estos ingresaron ilegalmente a la propiedad del actor sin contar aún con los respectivos permisos, y realizaron un talud en la propiedad, y provocaron daños ambientales como materiales que le impidieron al accionante ingresar a su propiedad.
De conformidad con lo solicitado, al pretenderse una responsabilidad patrimonial y moral en contra del Estado (artículo 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública), el presente proceso se enmarca dentro de los asuntos de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.” (imágenes 288 a 292 del expediente judicial. El subrayado es nuestro). Se destaca que no forma parte del objeto de este proceso, ninguna pretensión anulatoria ni relacionada con el proceso expropiatorio ni con los rubros propios del justiprecio. A partir de lo aclarado, este Tribunal hará pronunciamiento en estricto apego a lo solicitado por la parte actora y se omitirá respecto de cualquier argumento que carezca de una pretensión claramente deducida en la demanda. En razón de lo anterior, este Tribunal estima que las pretensiones de la demanda resultan parcialmente procedentes, con fundamento en el análisis que de seguido se expone.
“[...] IV.- SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Si bien, en esta acción no se impugna directamente la excepción contenida en el inciso b) del Artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, lo cierto es que previo a resolver la constitucionalidad alegada es esta acción, es preciso efectuar un análisis de este inciso, dado que fue con base en esta norma, que se autorizó la contratación directa a la que se refiere la ley 9293 aquí cuestionada. El artículo 2 inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa, dispone que:
“Artículo 2°.-Excepciones Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades:
[…]” Tal como se indicó en el considerando anterior, existen casos muy calificados en los que por razones de urgencia, necesidad o por su naturaleza, la utilización de concursos o procedimientos licitatorios obstaculizan o enervan la posibilidad de satisfacer el interés público. Dentro de las excepciones por razones de urgencia o necesidad, se pueden citar, por ejemplo, los casos en que por eventos de la naturaleza como terremotos e inundaciones, surge la necesidad de contratar para la restauración de estructuras viales o la compra de insumos, entre otros, que por su carácter urgente, no puede esperar a la realización de trámites de licitación. Ahora bien, en cuando a las excepciones en atención a la naturaleza del acto, se enmarcan las negociaciones internacionales con otros Estados, que es precisamente, la que establece el inciso b) del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa.
A juicio de esta Sala, la excepción contenida en dicho inciso resulta constitucionalmente válida, toda vez, que se refiere a los casos de contratación en el ámbito del Derecho Público Internacional, el cual por su naturaleza y características, es un orden jurídico autónomo, que se rige por reglas y principios diferentes a las del ordenamiento interno, entre ellos el principio de buena fe, de reciprocidad, soberanía, autonomía de la voluntad y cooperación, pero principalmente, está basado en el pleno consentimiento de los Estados. Es así, como de acuerdo con esos principios, los Estados a través de sus representantes, pueden entablar negociaciones y realizar convenios o acuerdos de cooperación y contratación de obras públicas, para obtener de esta forma el apoyo, los recursos, las ventajas y las condiciones que ofrecen las relaciones de cooperación internacional, con el fin de satisfacer un interés público de manera ágil, eficiente y oportuna.
Claro está, que para ejecutar y hacer valer el acuerdo en el ordenamiento interno, éste debe ser incorporado a través de un mandato legal, lo cual efectivamente, corresponde a la Asamblea Legislativa. En razón de lo anterior, al tratarse de negociaciones entre dos entes de Derecho Público Internacional, un Estado no puede imponer a otro, el sistema interno de contratación, ni la utilización de procedimientos licitatorios, se trata más bien de una cuestión de consensos entre ambos Estados al momento de pactar, por lo que el legislador optó por excluir este tipo de contrataciones de los procedimientos licitatorios establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, no solo por la especial naturaleza de estos actos, sino también, para evitar el entorpecimiento y obstaculización de las relaciones internacionales de cooperación con otros países, y consecuentemente, la afectación del interés público que se pretende satisfacer.
En todo caso, cabe recordar, que el hecho de que la contratación se autorice en forma directa, no exime al Estado de la responsabilidad de controlar, fiscalizar y adoptar las medidas necesarias y oportunas, para que las obras se ejecuten conforme a Derecho, a lo pactado y de forma eficiente. Bajo tales circunstancias, estima esta Sala que la excepción contenida en el inciso b) del Artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa resulta acorde con el Derecho de la Constitución.
Una vez analizada la conformidad constitucional del inciso b) del Artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, procede analizar la norma cuestionada en esta acción, sea la Ley 9293, a efecto de determinar, si la contratación directa que regula, se enmarca dentro del presupuesto de excepción al que hace referencia el citado inciso b), toda vez, que el alegato del accionante es, precisamente, que la norma quebranta en forma directa el artículo 182 de la Constitución Política, que exige un procedimiento de licitación para contratar, pues a su juicio, autoriza la contratación directa con una empresa pública pese a que no es un Estado, ni un sujeto de derecho internacional de los que menciona el inciso b) del Artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, lo anterior, sin que exista un procedimiento de licitación. No obstante, observa esta Sala que la Ley 9293, desde su artículo primero, establece que:
“Se aprueba el Convenio Marco entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China sobre el Otorgamiento de una Línea de Crédito Preferencial a la Parte Costarricense por la Parte China.”. (El resaltado no es original) Asimismo, de conformidad con el artículo 2 de la misma Ley, se establece que:
“ARTÍCULO 2.- Aprobación del financiamiento. Se aprueban el Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura, el Contrato de Préstamo Concesional por seiscientos veintiocho millones de yuanes (¥628 millones) y el Contrato de Préstamo Comercial y sus respectivas adendas por un monto de doscientos noventa y seis millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$296 millones), suscritos entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco de Importación y Exportación de China, el 3 de junio de 2013, y que financian el Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 32, Sección Cruce Ruta 4-Limón.
[…]
"Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura sobre PROYECTO DE DISEÑO, REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA RUTA NACIONAL NO. 32 Entre El Gobierno de la República de Costa Rica Representado por el Ministerio de Hacienda como Prestatario y El Banco de Exportación e Importación de China como Prestamista El presente Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura al que de aquí en adelante nos referimos como "el presente Contrato") se celebra entre el Gobierno de la República de Costa Rica representado por el Ministerio de Hacienda y el Banco de Exportación e Importación de China.
Por cuanto: ------------------------------------------------------- 1) El 3 de junio del 2013, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) formalizaron el Contrato Comercial ( CC ) sobre la implementación del Proyecto para el Diseño, Rehabilitación y Extensión de la Ruta Nacional No. 32 (en adelante el "Proyecto"), con un monto total de 465,593,387.06 dólares de EE.UU. (US$ Cuatrocientos sesenta y cinco mil millones quinientos noventa y tres mil trescientos ochenta y siete con seis centavos). El Gobierno de la República de Costa Rica (GRCR) representado por el Ministerio de Hacienda (el Prestatario) solicita un Préstamo del Gobierno de la República Popular de China (GPRC) para financiar en parte el Proyecto.[…]” (El resaltado no es original) En ese sentido, de la simple lectura de la ley impugnada, se desprende, en primer término, que el objeto de la ley, es por un lado, aprobar el financiamiento acordado entre el Gobierno de la República Popular de China y el Gobierno de Costa Rica, para financiar el proyecto de proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional N° 32 sección cruce ruta 4-Limón, así como los términos y condiciones en que se llevará a cabo dicho financiamiento.
En ese sentido, observa esta Sala que contrario a lo que afirma el accionante, la negociación que se aprueba en la ley impugnada sí se produce entre dos Estados –Costa Rica y China- y no entre Costa Rica y una empresa pública internacional; situación que claramente se enmarca dentro del caso de excepción contenido en el inciso b del Artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, se constata que el financiamiento aprobado es para la rehabilitación y extensión de la ruta 32, obra que reviste un claro interés público, toda vez, que se trata de la ruta nacional que conecta la Capital con la provincia de Limón, la cual además de ser una de las rutas principales del país, tiene una gran importancia económica y comercial pues constituye un canal de transporte y distribución de los productos y bienes que se desembarcan en el puerto de Moín en Limón. Ahora bien, en cuanto a los sujetos que intervienen en el proyecto, tal como se indicó en el considerando anterior, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, los Estados en ejercicio de su autonomía de la voluntad, pueden pactar los términos y condiciones en que se llevará a cabo el financiamiento, lo que incluye la designación de los órganos y sujetos que se encargarán físicamente, de ejecutar los acuerdos.
Con mayor razón, cuando se trata de un financiamiento de obra pública –tal como ocurre en este caso- el Estado prestamista, como cualquier otro acreedor puede, válidamente, establecer ciertas condiciones o requisitos con la finalidad de proteger sus fondos y disminuir los riesgos del crédito, por lo que incluso puede escoger la empresa que llevará a cabo la obra, no solo por su condición de acreedor, sino también como parte de la negociación a la que llegaron ambos Estados. En el caso particular, se observa, que producto de los acuerdos a los que llegaron ambos Gobiernos, todo lo relacionado con los recursos del financiamiento, será tramitado por el Ministerio de Hacienda en representación del Gobierno de la República de Costa Rica, y el Banco de Exportación e Importación de China por parte del Gobierno de la República Popular de China. Ahora bien, en cuanto a la ejecución de las obras públicas para la cual se solicitó el financiamiento, ambos Estados acordaron designar al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) por parte del Gobierno de Costa Rica y a la empresa China Harbour Engineering Company Ltd.
(CHEC), por parte del Gobierno de China; todo lo anterior, como consecuencia directa de la negociación y los acuerdos a los que llegaron ambos Estados. No se trata entonces, de la contratación aislada de una empresa pública, para la realización de determinada obra, sino de uno de los puntos acordados entre dos Estados en el ámbito de negociaron internacional. De esta forma, se observa que la contratación e intervención de la empresa CHEC mencionada por el actor y sobre la cual se centra su impugnación, no es más que el producto de la negociación que llevaron a cabo el Gobierno de China y el Gobierno de Costa Rica, quienes al pactar los términos del financiamiento designaron los órganos y sujetos que se encargarían de girar y controlar los fondos, y los que debían ejecutar la obra, que en el caso de los primeros es el Ministerio de Hacienda y el Banco de China, y en el segundo, el CONAVI y la empresa China Harbour Engineering Company Ltd.
En consecuencia, estima esta Sala que la ley impugnada no es contraria a lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política, pues se trata de uno de los casos de excepción previa, expresa y taxativamente autorizados por el legislador en el artículo 2 inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa; dado que lo autorizado por el legislador en la ley 9293 es un financiamiento acordado entre Estados, como parte de las relaciones de cooperación internacional entre ambos países, cuyo fin es satisfacer un interés público; por lo que la excepción a los procedimientos de licitación en este caso, resulta constitucionalmente válida. [...]”. (El subrayado es nuestro).
De lo expuesto, se extrae que el contrato suscrito entre el CONAVI y la empresa CHEC se enmarca como un tipo especial de negociación, con regulaciones y términos particulares pactados por las partes contratantes de aplicación obligatoria. En la misma línea, la Contraloría General de la República mediante oficio Nº05262 del 26 de abril de 2016 DCA-1062 otorgó el refrendo al contrato y a los Adendas 1, 2, 3 y 4 del "Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón", suscritos entre el Consejo Nacional de Vialidad y las empresas China Harbour Engineering Company Limited y China Harbour Engineering Company de Costa Rica, S.A, por un monto de $[Valor 012], bajo la modalidad de suma alzada, enfatizando en las diferencias de dicha contratación:
“[...] Particularmente, en relación con la selección del contratista, China Harbour Engineering Company Limited, es preciso apuntar que su designación como empresa encargada de la ejecución del presente proyecto, viene dada por el propio legislador, mediante la Ley No. 9293 con la que se “Aprueba financiamiento al proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional N° 32 sección cruce ruta 4-Limón”. Al respecto, se tiene que como parte de las condiciones establecidas por el Banco de Exportación e Importación de China para otorgar el financiamiento, se dispuso que la empresa encargada de la ejecución del proyecto debía ser una empresa china, lo anterior queda constando en el documento DCI-406-13 del 04 de setiembre del 2013, en la que se muestra que dentro de la negociación fue el propio Gobierno de la República Popular de China quien propone inicialmente a la empresa China Harbour Engineering Company Limited para la ejecución del proyecto. Como parte de la negociación, nuestro país aceptó tal designación, lo que se materializó en un Acuerdo Comercial y luego se validó por parte del legislador, mediante la promulgación de la Ley No.9293. [...]”. (El subrayado es nuestro).
En materia de la responsabilidad del Conavi, el indicado refrendo de la Contraloría hizo especial referencia al tema de las expropiaciones de las propiedades privadas y puntualizó lo siguiente:
“[...] Por consiguiente, el Consejo estructurará oportunamente una estrategia para el abordaje del riesgo asociado a las expropiaciones, en las funciones que le correspondan a cada parte. Lo anterior por ser un tema extremadamente sensible para el éxito del proyecto, de forma que impactaría no solo tiempos de la construcción sino también podría afectar las obligaciones del financiamiento. Es por ello que se le reitera al Consejo que es de su exclusiva responsabilidad que las diferentes actividades atinentes a este tema sean desarrolladas de forma oportuna y eficiente, definiendo para ello los encargados de administrar el riesgo señalado y potenciar la posibilidad de cumplir con las fechas fijadas.
Para ello, en función de la relevancia que representa este tema en el proyecto en cuestión, el CONAVI deberá definir los lineamientos generales para el manejo de los riesgos inherentes a la tramitación de las expropiaciones, todo en aras de que no se presenten atrasos en la ejecución del programa de trabajo, particularmente de su ruta crítica, y se cumpla el plazo de ejecución definido por las partes, a saber un total de 42 meses (etapa de diseño 8 meses contados a partir de la fecha de inicio del diseño y etapa de construcción 34 meses contados a partir de la fecha de inicio de construcción y que se disponga de viabilidad ambiental otorgada por Setena), y que se atiendan oportunamente los predios que resultan necesarios para la ejecución de las obras, así como que se eviten posibles reclamos que podrían ocasionarse por parte de la contratista al considerarse que podrían tratarse de eventos compensables. [...]”. (El subrayado es nuestro).
En lo que se refiere a la responsabilidad del contratista CHEC el contrato suscrito y refrendado por la Contraloría General de la República, estableció de manera particular una claúsula de asunción exclusiva de la responsabilidad por el contratista de todos los daños ocasionados a la propiedad de terceros, que se encuentra vigente y de plena aplicación al caso bajo estudio. En concreto en la cláusula 17.1 se establece:
“17. Riesgos y Responsabilidades. 17.1 Indemnizaciones: El Contratista por ser el responsable de la ejecución de las Obras se hará responsable de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado con daños a (sic) o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales, en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como resultado o en el curso del diseño del Contratista, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos. / El Contratista se compromete frente a terceros, por actos o hechos con ocasión de su funcionamiento, por culpa, negligencia o impericia de sus funcionarios o terceros que se presenten durante el cumplimiento del objeto de este contrato. El Contratista será el único responsable de los riesgos del trabajo de todo su personal, así como, cualquier lesión, muerte o perjuicio a terceros, además por daños a la propiedad de terceros independientemente que los daños y perjuicios provocados por esos eventos, superen o no los montos definidos en las pólizas de seguros de las que disponga el Contratista o sus subcontratistas” (el subrayado es nuestro).
En el caso particular, se acreditó el daño causado por la actuación material de la empresa CHEC de ingresar sin el permiso del actor a su propiedad y talar los árboles por un error inexcusable producto de la negligencia de sus funcionarios, quienes actuaron sin verificar previamente las coordenadas de ubicación de los predios que sí contaban con permisos de sus propietarios. Lo anterior califica como culpa grave del contratista CHEC debido al irrespeto a la propiedad privada y a los daños patrimoniales provocados por la tala de árboles sin permiso del dueño, que deberá asumir en su totalidad. El Diccionario Usual del Poder Judicial define la culpa grave así: “Grado altísimo de negligencia en el cumplimiento de las obligaciones. Hay doctrina que, en virtud de la gran falta de diligencia, equipara la culpa grave al dolo. || Descuido total o desprecio absoluto de precaución para evitar un daño. || Ineptitud inexcusable”.
Se estima que la empresa CHEC y sus funcionarios no guardaron la diligencia mínima necesaria al momento de ingresar a las propiedades privadas para cerciorarse de que contaban con el permiso del dueño o con la puesta en posesión judicial, como le correspondía y era su deber. A efecto de determinar el monto actualizado de la madera, se remite el asunto a la fase de Ejecución de Sentencia para que con auxilio pericial se cuantifique el monto que deberá por los árboles talados en propiedad privada según el inventario realizado por el ingeniero Luis Gerardo Meneses Valverde del 19 de abril de 2020 visible a imágenes 32 a 36 del expediente principal. No procede reconocer el pago de reforestación ni de servicios forestales por mantenimiento de bosque, por cuando no se acreditó que el actor realizara tales acciones. En cuanto a la responsabilidad reclamada al CONAVI, no se acreditó en el expediente la supuesta falta al deber de vigilancia y supervisión del contratista CHEC.
Tampoco fueron desvirtuadas por el actor ninguna de las comunicaciones realizadas por el Consejo a la empresa Chec, tendientes a informar, comunicar y organizar la ejecución de la obra en conjunto con el Consorcio Supervisor del proyecto. Adicionalmente, la parte actora no argumentó con claridad y suficiencia las supuestas faltas al deber de vigilancia y supervisión del Conavi ni aportó la prueba de rigor, lo que impone el rechazo del extremo. Por último, se rechaza la pretendida distribución de responsabilidad porcentual repartida en el 70% a la empresa CHEC y 30% al Conavi por carecer de soporte normativo alguno, siendo que la norma contractual vigente y refrendada por el órgano contralor dispone la responsabilidad del 100% al contratista CHEC por daños a la propiedad de terceros, sin que se haya cuestionado ninguna contractual.
IX.En cuanto a las excepciones planteadas: las partes demandadas opusieron las excepciones de falta de legitimación y Falta de Derecho. Se acoge la falta de legitimación pasiva del Estado al acreditarse que no existe conducta estatal en los hechos de la demanda y que la participación obedece a integración conforme al numeral 12 inciso 2) del CPCA. Se rechaza la falta de legitimación activa sustentada en la condición de nudatario del actor, de conformidad con el artículo 316 del Código Civil el dueño de la nuda propiedad tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que ésta comprende. En consecuencia, durante el goce del usufructo el nudo propietario puede vender su nuda propiedad, hipotecarla, cederla o de cualquier otro modo traspasarla, ejecutando los actos necesarios para conservar la cosa. El nudatario está obligado a abstenerse del derecho de transformación; de destruir e imponer servidumbres sobre el bien.
Adicionalmente, el artículo 363 del Código Civil dispone: “Cuando hubiere expropiación de la cosa usufructuada por causa de utilidad pública, el precio de la finca se colocará a interés, y el usufructuario gozará de la renta, durante el tiempo por que se constituyó su derecho”, supuesto que no se presenta en el caso bajo estudio y no resulta de aplicación. Se rechaza la falta de legitimación activa con base en un daño ambiental, toda vez que se sobre ese extremo se omitió pronunciamiento al no existir una pretensión vinculada. Siendo que el actor ostenta la condición de propietario registral de la finca objeto de litis que colinda con la ruta nacional 32, siendo que entre la empresa CHEC y el Conavi se suscribió para la ampliación de la indicada ruta, se acredita la relación jurídica procesal entre las partes y las pretensiones deducidas en la demanda, motivo por el cual se rechaza la falta de legitimación en su doble modalidad, activa y pasiva.
La Representación Conavi opuso la excepción de falta de Derecho que debe ser acogida al no acreditarse los reclamos planteados por el actor en su contra. Por último, se acoge parcialmente la falta de derecho interpuesta por Chec conforme a las consideraciones dadas en esta Sentencia, al haberse concedido de forma parcial las pretensiones de los actores y se declara parcialmente con lugar la demanda en contra de la empresa co-demandada CHEC.
X.Sobre las costas. El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria. En este caso, no se observan motivos que permitan excepcionar la máxima de condena al vencido. Por ello, se imponen ambas costas del proceso a cargo de la empresa co-demandada Chec en favor del actor. Se dicta sin especial condenatoria en costas con relación al Estado por existir obligación legal de ser integrado a la litis y al Conavi por estimar que había motivo suficiente para litigar, debiendo asumir cada parte las suyas. La determinación de lo correspondiente a las costas en cuanto a su importe, habrá de ser fijado por el juez competente en la fase de ejecución de sentencia a ruego de la parte demandada.
POR TANTO
Se admite la prueba para mejor resolver ofrecida por la empresa co-demandada CHEC y se rechaza la ofrecida por el actor. En lo que la demanda se dirigió contra el Estado, se acoge la falta de legitimación pasiva y se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se omite pronunciamiento sobre la falta de derecho. Se dicta sin especial condenatoria en costas. Respecto de la demanda seguida contra Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), se rechaza la falta de legitimación en su doble modalidad y se acoge la excepción de Falta de Derecho. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se dicta sin especial condenatoria en costas. Sobre la demanda interpuesta en contra de la empresa contratista China Harbour Engineering de C.R. (CHEC) se rechaza la excepción de falta de legitimación activa y se acoge parcialmente la falta de derecho. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el señor [Nombre 001] contra CHEC, entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido: i) Se condena a la empresa CHEC al pago de tres millones de colones en total, por concepto de daño moral subjetivo en favor del actor. ii) Se condena a la empresa CHEC al pago del valor actualizado de los árboles talados en la propiedad del actor sin su permiso y de previo a la puesta posesión, según el inventario levantado por el perito forestal Luis Gerardo Meneses Valverde en fecha 19 de abril de 2019, por concepto de daño económico, monto que deberá ser determinado en la fase de ejecución de sentencia con auxilio pericial. iii) Son las costas de este proceso a cargo de la empresa CHEC co-demandada en favor del actor, que se determinarán en la Etapa de Ejecución de Sentencia.- NOTIFÍQUESE.
JUDITH REYES CASTILLO JOSÉ IVÁN SALAS LEITÓN FELIPE CÓRDOBA RAMÍREZ ???????????????
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