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Res. 00159-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 30/04/2024

Prenatal Death Reclassified as Negligent AbortionMuerte prenatal recalificada como aborto culposo

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Court reclassified the conduct as negligent abortion and held the criminal prosecution time-barred, but vacated the rulings on pecuniary and moral damages against the CCSS and ordered a retrial to determine them anew.El Tribunal recalificó los hechos como aborto culposo y declaró prescrita la acción penal, pero anuló lo resuelto sobre los daños patrimonial y moral contra la CCSS y ordenó un juicio de reenvío para fijarlos nuevamente.

SummaryResumen

The Court of Criminal Sentence Appeals reclassified the conduct associated with the investigated prenatal death as negligent abortion rather than negligent homicide after examining the distinction between dependent and independent human life and the doctrinal and judicial criteria concerning the beginning of labor and birth. As a result of that reclassification, it held that the criminal prosecution was time-barred and extinguished. The ruling nevertheless kept the Costa Rican Social Security Fund’s potential civil liability open for further adjudication: it vacated both the denial of the civil claimant’s pecuniary damages and the award of thirty million colones in moral damages, ordering a retrial to determine both forms of compensation and adjust costs accordingly. The Fund’s remaining appellate grounds and the claimant’s other challenges were denied, as was the appeal filed for the acquitted defendant. The Court found a plausible reason to litigate given the investigation’s complexity and directed that the retrial be scheduled immediately because the proceedings had already lasted excessively long.El Tribunal de Apelación recalificó como aborto culposo, y no homicidio culposo, los hechos relacionados con la muerte prenatal investigada, tras examinar la distinción entre vida humana dependiente e independiente y los criterios doctrinales y jurisprudenciales sobre el inicio del parto y el nacimiento. Como consecuencia de esa recalificación, declaró prescrita y extinguida la acción penal. No obstante, la decisión mantuvo abierta la discusión sobre la responsabilidad civil de la Caja Costarricense de Seguro Social: anuló tanto el rechazo del daño patrimonial solicitado por la actora civil como la suma de treinta millones de colones concedida por daño moral, y ordenó un juicio de reenvío para resolver nuevamente ambos extremos y ajustar las costas. Los demás agravios de la CCSS y de la querellante fueron rechazados, al igual que la apelación de la persona absuelta. El Tribunal consideró que existió razón plausible para litigar debido a la complejidad de la investigación y ordenó programar inmediatamente el reenvío ante la duración excesiva del proceso.

Key excerptExtracto clave

Two criminal offenses are under discussion: negligent abortion and negligent homicide. The boundary between them must be determined through interpretation, using criteria related to the legally protected interest under each offense: dependent human life, or prenatal life, and independent human life. As follows from the foregoing, except for Muñoz Conde, who identifies birth as the moment separating the two offenses, the other authors establish that the distinction arises once the process of labor begins, which is consistent with national case law, as will be discussed. The first ground of appeal raised by attorney Ronney Adrián Solano Díaz, acting as general judicial representative without monetary limitation for the Costa Rican Social Security Fund, is partially granted. Consequently, the investigated acts are reclassified as constituting the offense of negligent abortion, and the criminal prosecution is declared extinguished by prescription pursuant to Article 30(e) of the Code of Criminal Procedure.Dos figuras penales se encuentran en discusión: el aborto culposo y el homicidio culposo, cuyo deslinde debe efectuarse por vía de interpretación, acudiéndose a criterios atinentes al bien jurídico protegido en cada uno de esos tipos penales: la vida humana dependiente o vida prenatal y la vida humana independiente. Como se desprende de lo anterior, salvo el caso de Muñoz Conde, que plantea como el momento que divide ambas figuras el nacimiento, los demás autores establecen que ello ocurre una vez que inicia el proceso del parto, lo que coincide con la jurisprudencia nacional, tal y como se verá. Se declara parcialmente con lugar el primer motivo de impugnación planteado por el licenciado Ronney Adrián Solano Díaz, en su condición de Apoderado General Judicial sin límite de suma de la Caja Costarricense de Seguro Social. En consecuencia, se recalifican los hechos investigados como constitutivos del delito de aborto culposo declarándose extinguida la acción penal por prescripción, de conformidad con el artículo 30 inciso e) del Código Procesal Penal.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional en diversas resoluciones, la correcta calificación legal de los hechos sometidos al contradictorio forma parte del debido proceso."

    "As the Constitutional Chamber has stated in various decisions, the correct legal classification of the facts subjected to adversarial proceedings forms part of due process."

    Considerando II

  • "Tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional en diversas resoluciones, la correcta calificación legal de los hechos sometidos al contradictorio forma parte del debido proceso."

    Considerando II

  • "La investigación fue compleja y no fue sino, hasta la finalización de esta, en que se tuvo claridad sobre lo acontecido, tan es así que fue hasta la culminación del debate en que se determinó la ausencia de responsabilidad penal y civil de la querellada y de las demandadas civiles."

    "The investigation was complex, and clarity about what had occurred was achieved only upon its completion; indeed, it was not until the conclusion of the trial that the absence of criminal and civil liability on the part of the private defendant and the civil defendants was determined."

    Considerando IX

  • "La investigación fue compleja y no fue sino, hasta la finalización de esta, en que se tuvo claridad sobre lo acontecido, tan es así que fue hasta la culminación del debate en que se determinó la ausencia de responsabilidad penal y civil de la querellada y de las demandadas civiles."

    Considerando IX

  • "Igualmente, se anula el monto concedido en la sentencia recurrida por concepto de resarcimiento por daño moral a favor de la actora civil ([Nombre 002]) a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ordenándose el correspondiente juicio de reenvío para que se discuta nuevamente la suma a conceder por dicho rubro."

    "The amount awarded in the appealed judgment as compensation for moral damages in favor of the civil claimant ([Name 002]) and payable by the Costa Rican Social Security Fund is likewise vacated, and the corresponding retrial is ordered so that the amount to be awarded under that heading may be reconsidered."

    Por tanto

  • "Igualmente, se anula el monto concedido en la sentencia recurrida por concepto de resarcimiento por daño moral a favor de la actora civil ([Nombre 002]) a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ordenándose el correspondiente juicio de reenvío para que se discuta nuevamente la suma a conceder por dicho rubro."

    Por tanto

  • "Para la programación del juicio de reenvío que se está ordenando, debe considerar el Tribunal de Juicio de Cartago la duración excesiva que ha tenido este proceso, que inició desde el año dos mil once, con el fin de que se agende de forma inmediata."

    "When scheduling the ordered retrial, the Cartago Trial Court must consider the excessive duration of these proceedings, which began in 2011, so that the matter is scheduled immediately."

    Por tanto

  • "Para la programación del juicio de reenvío que se está ordenando, debe considerar el Tribunal de Juicio de Cartago la duración excesiva que ha tenido este proceso, que inició desde el año dos mil once, con el fin de que se agende de forma inmediata."

    Por tanto

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Procedural marks

EV Template Generation: D:\Srv-Archivos\MODELOS\TSGEN009.dpj Decision: 2024-159 Case File: 11-002561-0058-PE Cartago Criminal Judgment Appeals Court, Second Section. At eight o’clock on treinta de abril de dos mil veinticuatro.

Criminal case 11-002561-0058-PE brought against [Nombre 001] for the offense of negligent homicide (homicidio culposo) to the detriment of [Nombre 003].

Appeals from the criminal judgment filed by attorneys Guillermo Sojo Picado and Víctor Hugo Navarro Araya, acting as Special Judicial Attorneys-in-Fact (Apoderados Especiales Judiciales) for the private prosecutor (querellante), [Nombre 002]; by Ronney Adrián Solano Díaz, acting as General Judicial Attorney-in-Fact without monetary limitation (Apoderado General Judicial sin límite de suma) for the Caja Costarricense de Seguro Social; and by Gonzalo Castellón Vargas and attorney Lucía Castellón Jiménez, as privately retained defense counsel (defensores particulares) for the accused (encartada). Judges Marco Mairena Navarro and Jaime Robleto Gutiérrez, together with Judge Xiomara Gutiérrez Cruz, issue the decision; RESULTS:

1. By judgment 418-2023, issued at fifteen hours and one minute on veintiuno de junio de dos mil veintitrés, the Cartago Trial Court ruled: “THEREFORE: In accordance with all the foregoing, Articles 39 and 41 of the Constitución Política; Articles 8 and 9 of the Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Articles 1, 2, 11, 12, 18, 30, 45, 103 through 109, and 117 of the Código Penal; Articles 122 through 138 of the Código Penal de 1941, concerning the Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil; Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 37, 40, 41 and 42, 70, 71, 75 through 83, 91, 92, 94, 95, 97, 111 through 124, 142, 143, 180 through 184, 265 through 270, 308, 360 through 365, 366 and 368 of the Código Procesal Penal; Articles 16 and 39 of Decreto Ejecutivo número 41457-JP; and Articles 190 through 191 of Ley de Administracción Pública, the Court unanimously rules: 1) [Nombre 001] is acquitted of all punishment and liability for ONE OFFENSE OF NEGLIGENT HOMICIDE committed to the detriment of [Nombre 003]. 2) The statute-of-limitations defense (excepción de prescripción) is denied. 3) THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES (ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA) filed by the civil plaintiff (actora civil), [Nombre 002], against the civil defendant (demandada civil), CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, IS DECLARED PARTIALLY GRANTED; in that capacity, the latter is ordered to pay THIRTY MILLION COLONES for non-pecuniary damages (daño moral). The claim for pecuniary damages (daño material) alleged due to the death of Imnominada ([Nombre 002]) is denied. In addition, the civil defendant, CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, is ordered to pay FIVE MILLION THREE HUNDRED THOUSAND COLONES in costs (costas) arising from the civil action brought by the civil plaintiff against that institution. The foregoing amounts must be paid within fifteen business days after this judgment becomes final; otherwise, they shall be calculated through enforcement-of-judgment proceedings (ejecución de sentencia), plus statutory interest. 4) THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES filed by the civil plaintiff, [Nombre 002], against [Nombre 001] and LA UNIVERSIDAD DE IBEROAMERICA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA SALUD (UNIBE) IS DENIED. No special award of costs is entered because there was plausible cause to litigate. The costs of the criminal proceedings shall be borne by the State. Any type of precautionary measure (medida cautelar) is hereby vacated. THAT IS ALL. NOTICE SHALL BE GIVEN BY READING, SCHEDULED BEGINNING AT 16:00 HOURS ON VEINTIOCHO DE JUNIO 2023. REYNALDO ARAYA UCAÑAN, SAYLIN BALLESTERO MORA, KATTIA VEGA BRENES, TRIAL JUDGE AND TRIAL JUDGES. (sic).”

Judgment Appeals Judge Mairena Navarro authors the decision, and

CONSIDERING:

I.The oral hearing on the appeals filed was held beginning at 9:00 hours on 3 de octubre del 2023, in courtroom number 12 of the Tribunales de Justicia de Cartago building. On that occasion, the Second Section of the Cartago Criminal Judgment Appeals Court was composed of Judge Xiomara Gutiérrez Cruz and Judges Jaime Robleto Gutiérrez and Marco Mairena Navarro, who presided. Also appearing were attorneys Gonzalo Castellón Vargas and Adriana Castellón Jiménez, privately retained defense counsel for the accused, [Nombre 001], who did not participate in the proceeding; Ronney Solano Díaz, acting as General Judicial Attorney-in-Fact without monetary limitation for the Caja Costarricense de Seguro Social; Guillermo Sojo Picado and Víctor Hugo Navarro Araya, Special Attorneys-in-Fact (Apoderados Especiales) for the private prosecutor and civil plaintiff, [Nombre 002], who was also present; and Fabio Hernández Flores and María Lizeth Valverde Godínez, as representatives of the Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE).

II.Attorney Ronney Adrián Solano Díaz, in his capacity as general judicial attorney-in-fact with unlimited authority (Apoderado General Judicial sin límite de suma) for the Caja Costarricense de Seguro Social, challenges judgment number 418-2023 issued by the Tribunal de Juicio de Cartago at 15:01 on 21 de junio del 2023, in which, among other rulings, the civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed by the civil plaintiff (actora civil), ([Nombre 002]), against the entity he represents was partially granted, and the C.C.S.S. was ordered to pay thirty million colones in non-pecuniary damages (daño moral); it was also ordered to pay the sum of five million three hundred thousand colones for legal costs (costas) arising from the pursuit of the civil action. In his first ground of appeal (motivo de impugnación), he alleges a violation of the principles of legality (legalidad) and statutory definition (tipicidad) due to the erroneous application of substantive law (ley sustantiva).

He states that, during the trial, a motion to dismiss for lack of a right of action (excepción de falta de acción) was filed, asserting that the proper legal classification (calificación jurídica) of the alleged facts is the offense of negligent abortion (aborto culposo), rather than negligent homicide (homicidio culposo), as classified by both the Ministerio Público and the private prosecutor and civil plaintiff (parte querellante y actora civil). He indicates that, considering the penalty established for that offense, the criminal action (acción penal) is time-barred. He states that the investigation determined that the fetus died inside the uterine cavity and that the injured party had not gone into labor because she had no uterine contractions or false contractions; therefore, the death of the product of conception constitutes negligent abortion rather than negligent homicide. He transcribes part of the reasoning provided by the trial court when denying the motion, stating that its members incorrectly interpreted the case-law precedents cited in support of their ruling.

In support of his argument, he refers to the testimonial evidence, specifically the statements of expert witnesses Patricia Solano Calderón and Pablo David Navarro Villalobos, members of the Consejo Médico Forense, according to whom, when Ms. ([Nombre 002]) was admitted to Hospital Max Peralta, she had not gone into labor, as well as to the patient’s medical record, which noted that on that day she had no cervical effacement and no dilation, reiterating that the applicable criminal offense is negligent abortion rather than negligent homicide. He argues that this affects the extinguishment of the criminal action by expiration of the statute of limitations (prescripción), because the penalty for negligent abortion is established in day-fines (días multa); accordingly, the limitation period for that legal mechanism is two years once proceedings have begun, which is reduced to 1 year when any event interrupting that period occurs.

Thus, if the criminal prosecution began with the complaint dated 06 de setiembre del 2011, the case became time-barred on 06 de setiembre del 2013 and, consequently, the civil action for damages brought against the entity he represents was not validly pursued because the rules established for that purpose in articles 40 and 114 of the Código Procesal Penal were not met. The claim is partially granted. As the Sala Constitucional has stated in various decisions, the correct legal classification of the facts subjected to adversarial proceedings (contradictorio) forms part of due process (debido proceso). In other words, if, when issuing a judgment, the trial court considers, as part of the reasoning concerning the applicable provision, legal elements that do not exist or that do not actually fit within the selected statutory offense (figura típica), due process is violated. (Decisions of the Sala Constitucional 00860-96 at 9:39 on 16 de febrero de 1996; 2001-07648 at 15:15 on 8 de agosto del 2001; and decision 2021-615 at 11:00 on 4 de noviembre del 2021, from this same section, among others).

The appellant’s argument concerns that issue; that is, the existence of an incorrect legal classification of the facts found proven relates, as framed in the appeal, to the limitation period, which could also affect the finding of civil liability (responsabilidad civil) against the entity he represents. Two criminal offenses are at issue: negligent abortion and negligent homicide, and the boundary between them must be established through interpretation by applying criteria relating to the legally protected interest (bien jurídico protegido) under each of those criminal offenses: dependent human life, or prenatal life, and independent human life. In any event, to determine which criminal offense is appropriate for subsuming the factual circumstances (especie fática) established in the judgment, it is necessary to review what the leading legal scholarship on the subject has stated. Several authors identify the beginning of the mother’s labor as the point separating the offense of abortion from homicide.

In other words, the offense of abortion applies before labor begins and homicide applies from that point onward. Thus, the following has been stated: “The unborn child (nasciturus) is protected from the point at which its existence can be demonstrated, that is, from the implantation in the uterus of the fertilized ovum, which occurs between seven and fourteen days after fertilization. Likewise, its protection extends until the beginning of childbirth, which marks the end of the fetal stage (STS of 22 de enero de 1999, TOL272.625). Logically, this does not mean that criminal-law protection disappears at that point; rather, if an intentional or negligent act or omission occurs that may affect the life or health of the fetus or the already-born child, the offense would no longer be abortion or injury to the fetus, but homicide, murder, or bodily injury, depending on the circumstances” [sic].

(Moreno-Torres Herrera, M. R., Fernández Teruelo, J. G., Esquinas Valverde, P., García Amez, J., Elena Marín de Espinosa Ceballos, Fonseca Fortes Furtado, R. H., Juan J. Morcillo Jiménez, & ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. (2023). Lecciones de Derecho Penal. Parte especial. 4a Edición actualizada con las últimas reformas del Código Penal. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788411971898). That position is consistent with those who state that “…once childbirth has begun, the object subjected to the act is a human being (independent human life), in whom the offenses of homicide and bodily injury materialize” [sic]. (Mir Puig, S., Guillermo Ramírez Martín, Gabriel Rogé Such, & CORCOY BIDASOLO, M. (2024). Comentarios al Código Penal. Reformas LLOO 1/2023, 3/2023 y 4/2023, 2a Edición 2024. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788411978354).

Muñoz Conde, for his part, reinforces the view that the legally protected interest in the offense of abortion is dependent human life, but goes further regarding the distinction between the two offenses by proposing that the very moment of birth should mark the difference. In this regard, the Spanish author maintains: “…We are not, in fact, dealing here with a scientific problem that can be resolved using purely biological criteria, but with a legal problem that must be resolved using purely legal criteria based on biological data. The objective is to afford human life the protection of criminal law in a consistent manner, avoiding gaps in punishability that might arise from the inherent difficulty of distinguishing between independent human life and dependent human life. From the standpoint of the criminal law currently in force in Spain, independent human life and, with it, its destruction as ‘homicide,’ in the sense in which that term is used in the heading of Title I of Book II of the Código penal, begins at the moment of birth, understood as complete expulsion from the maternal womb, as is now expressly provided in art. 30 Cc.

This is the only criterion that makes it possible to distinguish clearly between these two stages of human life, regardless of whether the umbilical cord is cut after that expulsion, whether, in the case of a cesarean delivery, the expulsion occurs through extraction from the maternal abdomen, or whether the newborn has or has not yet begun breathing autonomously through the lungs. The important point is that, until birth occurs—the moment from which independent life is understood to begin—any criminal act against dependent life must be classified, at most, as abortion or, where applicable, as injury to the fetus” [sic]. (MUÑOZ CONDE, F. (2021). Derecho Penal Parte Especial 23a Edición, revisada y puesta al día con la colaboración de Carmen López Peregrín. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788413979076). The debate is further developed by Enrique Orts’s position, which states as follows: “…For criminal-law purposes, there is no concept of birth other than the natural one: having been born is necessary and sufficient to obtain legal protection, even if the requirements imposed by the Código Civil for personhood are not met.

This is therefore a descriptive, rather than normative, concept, which reflects the autonomous nature of Criminal Law in establishing its prerequisites. The traditional position in legal scholarship and case law has been that the decisive factor was whether autonomous pulmonary respiration existed, because it marks the beginning of one’s own life and the individual’s independence as a member of the species. This could admittedly create a legal gap: a death caused during childbirth (consider, for example, one caused intentionally or negligently by the physician or by a person assisting the physician) is very difficult to classify as abortion. De lege ferenda, it might be advisable to address this situation specifically, which the Código Penal does not do, as it includes only one offense dealing with fetal injuries. As we shall see below, it seems logical to classify these cases under the forms of abortion and to hold that the material object (objeto material) of homicide offenses begins with autonomous pulmonary respiration.

Nevertheless, current case law insistently maintains the opposite view, considering the moment of birth to be the beginning of childbirth and even moving that point forward to the onset of contractions and the dilation phase (STS 726/1998, of 22 de enero de 1999), and holding that a death during childbirth constitutes not abortion but homicide (STS 2252/2001, of 29 de noviembre). Thus, in accordance with the case law that is currently overwhelmingly dominant, independent life begins with the first manifestations of childbirth, meaning that we can no longer speak of postnatal life (as opposed to prenatal life, the object of abortion), but, at most, of life during and after birth” [sic]. (Orts Berenguer, E., GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., & VIVES ANTÓN, T. S. (2022). Derecho Penal Parte Especial 7a Edición. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788411473750).

As follows from the foregoing, except for Muñoz Conde, who identifies birth as the point separating the two offenses, the other authors establish that the distinction arises once the process of childbirth begins, which is consistent with national case law, as will be seen. At the national level, attorney María Ester Vargas Monge published an article in Revista El Foro (Vargas Monge, M. E. (2023, septiembre). El concepto de nacimiento, a la luz de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: entre aborto y el homicidio. El Foro, 25, 46-56. Recuperado de: https://www.abogados.or.cr/?r3d=el-foro-24-copy#2).

In that publication, he mentioned a series of doctrinal and jurisprudential approaches concerning birth (nacimiento) as the criterion distinguishing the two offenses (delitos), stating that this event must be analyzed from a legal standpoint “to provide the adjudicator with clarity as to how the provision should be interpreted, so that the adjudicator may determine whether, in a borderline case brought before him, the offense is abortion (aborto), in any of its forms, or homicide (homicidio)” [sic]. Vargas Monge discusses the analysis established in Costa Rican forensic medicine (medicina legal) regarding infanticide (infanticidio), explaining, on the basis of Eduardo Vargas’s book “Medicina Legal,” that “From a medical-legal standpoint, in addressing the subject of infanticide, which is the homicide of a newborn, it has been established that, for a physician to diagnose the newborn’s homicide, the following aspects must be verified: a) viability of the fetus (viabilidad del producto); b) signs of extrauterine life (signos de vida extrauterina); c) duration of extrauterine life; and d) cause of death; of these, the signs of extrauterine life are relevant, that is, the changes experienced by the body upon acquiring autonomous life.

This suggests that, before the fetus attains such autonomy, which occurs precisely upon birth, any attack against its life could not be classified as infanticide, but rather as conduct constituting abortion” [sic]. The existence of differing criteria for drawing this distinction is evidenced by Llobet Rodríguez, who recognizes that the prevailing criterion in Argentina and Germany is the onset of labor (inicio de las labores de parto), summarizing: “Some maintain that there is homicide rather than abortion when the product of conception is already viable, should it be born, particularly from the sixth month of pregnancy onward. Some state that the death of the child during birth constitutes homicide rather than abortion, that is, when labor pains begin; a special procedure to induce labor is initiated; or the child is surgically extracted. This is the prevailing position in Argentina and Germany (…) A third position requires, for homicide to exist, complete separation from the womb (claustro materno), evidenced by the cutting of the umbilical cord.

A fourth position maintains that there is homicide rather than abortion when complete expulsion from the mother’s womb has occurred. This position prevails in Spanish legal scholarship” [sic]. (LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Homicidio, femicidio y aborto. Editorial Jurídico Continental, San José, C.R., 2020, pág. 91-92). At the jurisprudential level, in voto 2004-2792 issued by the Sala Constitucional at 14:53 horas del 17 de marzo del 2004, it was established that birth is the element distinguishing the two criminal offenses. That ruling states as follows: “…the Chamber does not find that the legislature exceeded those limits by legally establishing a distinction between the situation of a human being who has been born and that of a human being who has not yet been born and, on the basis of that distinction, imposing different penalties for each form of injury inflicted upon their respective right to life.

First, the Chamber recognizes that, although both are human beings, it is also true that they are at clearly distinct stages of development, not only from a medical standpoint but also from a social perspective, such that there is an objective and perceptible basis for distinguishing between them” [sic]. On that basis, birth must be conceptualized as the “Act and effect of being born; of the being’s emergence from the womb.” (Osorio. Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires. Editorial Heliasta. 2004.) The Sala Tercera, however, developed this subject in voto 442-2004 de las 11:00 horas del 7 de mayo de 2004, stating as follows: “... this Chamber...has adopted the position prevailing in Argentina, which extends criminal-law protection somewhat further back by understanding that—for purposes of determining the proper legal classification of the act—birth exists from the moment when, the product of gestation having attained the necessary maturity, the process of delivery (proceso de alumbramiento) begins.

In this regard, it must be clarified that birth is not a single, specific, and determinate act, but rather an entire process that begins when the infant has attained the necessary maturity and uterine contractions occur; when such contractions are induced artificially; or when the process of surgical extraction begins.... As to the definition of abortion, for purposes of distinguishing it from homicide... the first element characterizing the offense of abortion is the termination of pregnancy or gestation (interrupción del embarazo o gestación), in which the woman gives birth before the time when the fetus can survive, such that, if the pregnancy has reached term, the gestational process has concluded, the fetus is mature, and the birth process (proceso de parto) begins, its death, when criminally relevant, cannot be considered abortion but instead constitutes homicide...” [sic]. That criterion reiterates what was stated in sentencia 2001-791 de las 10:10 del 20 de agosto del 2001.

However, in a more recent decision, the Sala Tercera, conducting a conventionality review (control de convencionalidad) and an analysis of the case law of the Corte Interamericana de Derechos Humanos, when ruling on a ground for cassation (motivo de casación) based on conflicting precedents, stated: “…that the difference between abortion and homicide lies precisely in the fact that it is a fetus while it remains inside the mother’s womb and another person—in the terms of the statutory definition of homicide (tipo penal de homicidio)—from the moment it is outside the mother’s womb. This conclusion, however, is hasty and erroneous because, upon a careful reading of the provision transcribed above, it is not possible to conclude that extrauterine life—outside the womb—was the parameter used by the legislature to distinguish abortion from homicide, since the intrauterine life referred to is used only as a parameter for grading the penalty, not as a means of distinguishing the criminal offenses under discussion…

From this perspective, it is indeed possible to distinguish between a fetus and a person in the terms indicated by the statutory definitions under discussion, and the decisive point for doing so is childbirth (parto), from which moment the product of conception ceases to be a fetus. For this purpose, it must be borne in mind that childbirth is a process and therefore must not be confused with extrauterine life, an issue on which the medical sciences provide guidance by stating that labor (trabajo de parto): ‘Is the physiological process, mediated by uterine contractions, that leads to childbirth’ (CARVAJAL CABRERA, Jorge Andrés; BARRIAGA COSMELLI, María Isabel. Manual de Obstetricia y Ginecología. Pontificia Universidad de Chile, Duodécima edición, 2021, pág. 44, consultado en https:// medicina.uc.cl/publicacion/manual-obstetricia-y-ginecologia/)… This is precisely the criterion that this Chamber has long maintained in the rulings invoked by the appellant in cassation (casacionista) as contradictory; specifically, in resolución 791-2001 de la Sala Tercera, del 20 de agosto de 2001, composed of Magistrados González, Ramírez, Castro, Vargas y Chávez, in a factual scenario in which the fetus died after labor had begun, this Chamber concluded: ‘We may therefore conclude that acts committed against the fetus during childbirth constitute homicide, while acts committed against the fetus before that process constitute abortion (…) On the contrary, the fetus’s death occurred during birth, which had already begun with labor pains that, though moderate, led its mother to the hospital, where she was admitted by order of the professional who initially treated her—doctora [Nombre 008]—and who recommended that a cesarean section be performed, given the medical history presented.

While it is true that abortion is the causing of a fetus’s death, it is important to bear in mind that the status of the victim (sujeto pasivo) of that offense changes when childbirth begins, that is, at the onset of birth, such that any life-destroying act occurring before that moment does qualify as abortion, “whether it entails the death of the fetus in the womb or death occurs as a consequence of premature expulsion”—Soler, Sebastián. Derecho Penal Argentino. Tomo III. TEA. Topográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1983, página 91—a circumstance not present in the case under discussion’ (underlining in the original)… The previously established criterion is reiterated: once labor has begun, the acts constitute the offense of homicide and not the offense of abortion.” (Sala Tercera. Voto 2021-00986 de las 11:54 horas del 20 de agosto del 2021). The criticism directed at that high court’s jurisprudential position is that it rests on Argentine legal scholarship analyzing legislation that has since been repealed in that country and, moreover, departs from the medical meaning of birth, which, as stated above, requires the fetus to emerge from the womb.

The fact remains, for purposes of this decision, that whether one adopts a position distinguishing the two criminal forms of conduct from the onset of childbirth or one requiring emergence from the mother’s womb, the proven facts and the evidence supporting them lead to their classification as constituting the offense of negligent abortion (aborto culposo). Thus, the trial court (tribunal de juicio) found that [Nombre 002], who was 37 weeks pregnant, went to Hospital Max Peralta on 5 de setiembre del 2011 because she was experiencing vomiting and high blood pressure, for which reason Doctora [Nombre 005], “who treated her,” admitted her with instructions that she be observed and monitored. The proven facts concerning the private criminal complaint (querella) further stated that this stage of pregnancy meant that her daughter could be born at any time. Nevertheless, throughout the judgment, the members of the trial court determined that the delivery process had not begun.

That conclusion was correctly derived from an analysis of the expert evidence (prueba pericial), specifically from the statements made in the first instance by doctora Patricia Solano Calderón, a forensic physician specializing in forensic medicine and a member of Consejo Médico Legal, who stated that “The patient had not begun labor… From the period between [Nombre 002]’s admission to Max Peralta and the moment when the baby’s death was determined, there is no indication that she had begun labor; the patient was admitted with a closed, formed, posterior cervix, and there is no record that she dilated; an irregular pattern of contractions was observed, but no genuine contractions were identified, and there is no indication in the clinical record that labor had begun…” [sic]. Likewise, médico Pablo David Navarro Villalobos, a member of Consejo Médico Forense, expressly stated that “…the patient was admitted with vomiting and hypertensive symptoms; her condition did not meet the criteria for labor.” The doctrinal and jurisprudential authorities discussed above so indicate.

Ms. ([Nombre 002]), from the time she was admitted to the aforementioned hospital until her daughter died in her womb, at no time exhibited signs of the onset of labor; therefore, this constitutes negligent abortion (aborto culposo). This offense is defined in Article 122 of the Criminal Code, which provides for a penalty of 60 to 120 fine-days (días multa), such that the limitation period (plazo de prescripción) is 2 years, as governed by Article 31(b) of the Code of Criminal Procedure, provided that no ground for tolling (causa de interrupción) that period arose. In this particular case, the conduct attributed to the accused (encartada), [Nombre 001], occurred on September 6, 2011, and the criminal investigation began that same day when Ms. [Nombre 008], the mother of [Nombre 002], appeared at the offices of the Judicial Police in Cartago to request an investigation into the death of her granddaughter, as recorded in report number 1585-DRC-SI-2011 dated September 12, 2011.

That report also detailed that, on September 7, both prosecutor Frankarlo Pessoa Solera and criminal judge José Alejandro Piedra Pérez appeared at the morgue of Hospital Max Peralta for the removal of the body, thereby commencing the proceedings. Subsequently, the first act tolling the limitation period (acto interruptor de la prescripción) occurred on September 13, 2017, when [Nombre 001] gave her investigative statement (declaración indagatoria) before the Deputy Prosecutor’s Office of the II Judicial Circuit of San José. By that time, the 2-year limitation period prescribed for the offense of negligent abortion had long since elapsed. Accordingly, the argument raised by attorney Solano Díaz concerning the erroneous legal classification (calificación legal) of the acts under investigation, as well as the rejection in the judgment of the objection based on lack of a right of action (excepción de falta de acción), must be upheld, and the criminal action (acción penal) must be declared extinguished by operation of the limitation period, pursuant to Article 30(e) of the Code of Criminal Procedure.

This affects the appeals filed by the parties against the acquittal entered in favor of [Nombre 001] for the offense of negligent homicide (homicidio culposo); no ruling will be made on those appeals because a decision by this Chamber regarding them would serve no procedural purpose, since the consequence of the limitation period is the accused’s acquittal for the acts attributed to her. In any event, because there is a civil claim concerning the same acts, this Chamber will rule on it in Considerando V. In addition, it is relevant to examine the statement made at the oral hearing held before this Criminal Judgment Appeals Court by attorneys Gonzalo Castellón Vargas and Adriana Castellón Jiménez, counsel for the accused, when they asserted that she waived the limitation period, a contention that this Chamber finds unacceptable. Although Article 35 of the Code of Criminal Procedure allows the accused person to waive the limitation period (renunciar a la prescripción), such waiver must be made expressly by that person.

In other words, it is procedurally improper for defense counsel to make such a request on behalf of the person represented unless the person subject to the proceedings has given a specific and unequivocal indication to that effect. This is because of the potential punitive consequences that could result from adjudication. In this particular case, counsel for [Nombre 001] assumed the exercise of that power, which criminal procedural law grants to their client, without anything in the case file showing that she agreed with such a request. It should be noted that the appeal filed by them was based “exclusively on the manner in which the Trial Court reasoned and ruled on the issue of costs, both those relating to the filing of the criminal PRIVATE PROSECUTION (QUERELLA) and those relating to the CIVIL CLAIM FOR DAMAGES (ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA) filed by Ms. [Nombre 002]” [sic]. In addition, there is a written submission signed by the accused in which she states that her counsel informed her of the appeal filed, which she “Ratify and adopt as my own the terms of that appeal for purposes of the judicial mandate.” In other words, neither the appeal nor this latter submission contains an express statement by [Nombre 001] waiving the limitation period, nor is there any record that her counsel advised her of the possible consequences of doing so in order for her to express her wishes in that regard.

It is therefore improper to accept the statement of counsel Castellón Vargas and Castellón Jiménez as constituting a waiver of the limitation period by their client. In any event, such a waiver would have had to be expressed before the criminal action became extinguished, which did not occur in this case. As to the effect that the declaration that the criminal action is time-barred has on the claim for damages (pretensión resarcitoria), it must be stated that nothing prevents a determination of civil liability (responsabilidad civil) arising from the acts under investigation after the criminal action has been declared extinguished at trial or at later stages, because the applicable limitation rules are distinct and this gives concrete effect to the principle of access to justice (principio de acceso a la justicia). In that regard, this Court is aware of the debate that has persisted over the years in case law concerning the effect of the limitation period for the criminal action on the civil claim for damages, with some decisions holding that, pursuant to Article 871 of the Civil Code, “Civil actions arising from a criminal offense or quasi-offense become time-barred together with the criminal offense or quasi-offense from which they arise.” In other words, under that provision, the extinguishment of the criminal action by operation of the limitation period has the same effect on the civil action.

Thus, the following has been stated: “…The issue proposed by the appellant for analysis has not been entirely settled either in legal scholarship or in case law. For some, if the criminal action has become time-barred, the civil claim for damages must meet the same fate. This is the view taken, for example, by Rosa Aldelnour, who explains: ‘As we have just seen, the Criminal Code provides that obligations relating to civil reparation are extinguished by the means and in the manner established by the Civil Code. The methods of extinguishment include the limitation period, and, referring us to the Civil Code, Article 868 states that “Every right and its corresponding action become time-barred after ten years. This rule is subject to the exceptions prescribed in the following articles and to any others expressly established by law where particular cases require a longer or shorter limitation period.” The exceptions in the following articles are those specified in Articles 869 and 870, which establish limitation periods of three years and one year, respectively.

Article 871, which is of great interest to us, provides as follows: “Civil actions arising from a criminal offense or quasi-offense become time-barred together with the criminal offense or quasi-offense from which they arise.” This is the article applicable to the limitation period for a claim for compensation, rather than Article 868 concerning the ten-year limitation period. This follows from the logical application of the Latin maxim “leges generales non debent etendi at leges, quae habent suam particularem provisionem” (general laws must not be extended to cases governed by their own special provisions). Indeed, because Article 871 specifically governs the matter, that provision, rather than Article 868, must apply’ ... According to what we have said thus far, when the limitation period for the criminal action begins, the limitation period for the civil claim for damages also begins; when the limitation period for the criminal action is interrupted, the limitation period for the civil action ex delicto is interrupted; when one is suspended, the other is also suspended.” (See in this regard: ALDELNOUOR GRANADOS, Rosa María: La Responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible.

San Jose Costa Rica. Editorial Juricentro 1984. pp 167- 168). As we can see, some take the view that once the criminal action is declared time-barred, the civil action meets the same fate, although this is pursuant to Article 871 of the Civil Code; others, however, maintain that this article was implicitly repealed by the second paragraph of Article 96 of the Criminal Code (cf. Por ZUÑIGA MORALES, Código Penal. Investigaciones Jurídicas. p. 60). Case law has also diverged on this issue. Thus, the Third Chamber, in connection with a referral concerning the constitutionality of Article 371 of the Civil Code, concluded—in summary—that the solution should differ from that provided in that rule when the liability arises from a criminal offense, because “On the contrary, the principle of equality also entails the need for differential treatment of different situations; consequently, the solution should be the opposite of that set forth in Article 871 of the Civil Code, because the period for claiming damages should be longer when the act constitutes a criminal offense, since it involves more serious conduct and infringes legally protected interests safeguarded by criminal law, which are generally the most important interests in the community, according to a scale of values reflected in a specific criminal policy...” (Third Chamber of the Court V- 297 A- at 14:55 hours on July 9, 1993.) (Voto 2001-195 of March 2, 2001 -no time stated-, issued by the Criminal Cassation Court of the II Judicial Circuit of San José).

Subsequently, the Criminal Cassation Chamber clarified the issue and adopted the position, which it continues to maintain, that the limitation period for the civil action must be assessed independently from the limitation period for the criminal action, reasoning as follows: “…the Third Chamber’s previous position did indeed correspond to that indicated by the court below, which literally applied Article 871 of the Civil Code, providing that: ‘... Civil actions arising from a criminal offense or quasi-offense become time-barred together with the criminal offense or quasi-offense from which they arise...’; this maintained the view that the criminal action becoming time-barred inescapably and automatically causes the civil action to become time-barred as well. Nevertheless, the effects of the limitation period for the criminal action on civil actions filed in the proceedings were reconsidered by this Chamber when ruling in another case.

In that case, following a more thorough, comprehensive analysis of the legal system, the Chamber concluded that the position previously maintained should be changed, stating, insofar as relevant: ‘... VI.- For the sake of completeness, it must be made clear that, contrary to the appellant’s interpretation, this Chamber has already ruled extensively on the effects of the criminal limitation period in relation to civil liability, noting—among other considerations—that: “... The limitation period naturally affects a substantive right that forms part of an obligation (in the case before us, the right to payment arising from harm caused by punishable conduct), and not merely the possibility of bringing or pursuing an action before a particular court—indeed, such an action may always be brought, even if it is later determined that no right exists or that it is time-barred, provided the corresponding defense has been raised.

Once the obligation becomes time-barred, it is logical to assume that it has that status before all courts of the Republic, and that there is only one limitation period, rather than two periods left to the selective preference of one of the parties.

The Chamber therefore concludes that the legislature in 1970 chose to eliminate every exception to the ordinary rules governing the extinguishment of obligations (extinción de las obligaciones) and to reinstate the general rules (bearing in mind that the provisions of the 1941 Criminal Code that remain in force do not address this specific issue, but rather methods for establishing liability); accordingly, the ancillary nature of the civil action for damages (acción resarcitoria) with respect to the criminal action is limited to procedural formalities and, in particular, to the timing of its filing and adjudication, but never to the substance of the obligations at issue. Moreover, there is no doubt that the principal exception in our legal system to the ordinary rules concerning the extinguishment of civil liability arising from a criminal act is that established in Article 871 under discussion, and here, once again, recognizing its continued validity would conflict with what the legislature ordered through Article 96 of the Criminal Code.

It should be noted that the latter body of law did not establish any specific limitation period for the obligations comprising civil liability (one that might, in some—but not all—cases, extend beyond or exceed that of the criminal action, as indicated by Article 96); hence, even if the provisions of Article 109 were unavailable, the only remaining option would be the ordinary ten-year period established by Article 868 of the Civil Code. [...] XI- Some relevant conclusions.- From the foregoing reasoning, the following general conclusions may be drawn, which the Chamber deems it prudent to identify in order to avoid potential misunderstandings purportedly based on what has been stated herein: a) Article 871 of the Civil Code was implicitly repealed by Article 96 of the Criminal Code. b) No award of compensation for damages and losses (daños y perjuicios) arising from criminal offenses is possible unless the civil action for damages was brought (except as provided by law regarding restitution and forfeiture (comiso)). c) The criminal action and the civil action arising from the punishable act (hecho punible) are not subject to limitation together and are governed by different rules: the former is governed by the provisions of the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure (which, it bears clarifying, did not repeal the aforementioned Article 96 or intrude upon matters concerning the injured party’s substantive rights), while the limitation of the civil action is governed by the ordinary rules established in the Civil Code. d) The limitation period for the “civil action” seeking the civil consequences of the punishable act—regardless of the offense involved or the forum selected, including the criminal forum—is the ordinary period established in Article 868 of the Civil Code: TEN YEARS, because the exceptional ground established by Article 871 is precisely the provision deemed repealed, with all the consequences that this entails. e) The acts that suspend or interrupt the “limitation period for the civil action for damages” are not those contemplated by criminal law provisions (which, since the 1996 Code, are now exclusively procedural in nature), but those prescribed by the Civil Code, insofar as they are applicable and compatible with the structure of criminal proceedings, including those described in Articles 879 and 880 of that body of law, in conjunction with the provisions of the Code of Civil Procedure (Articles 206 and 217), or other special laws (e.g., Ley de la Jurisdicción Constitucional)…g) Of course, when an acquittal determines that the conduct is not punishable but some form of civil liability nevertheless remains (e.g., strict liability (responsabilidad objetiva), liability based on civil “intent” or “fault,” negligence, lack of skill, the duty “in vigilando,” and so forth, or arising from the criminal wrong or, more precisely, grounds excluding culpability (causas de inculpabilidad)), the limitation period is and has always been TEN YEARS, because these are not the civil consequences of a “punishable act,” but merely non-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual), and criminal judges have the authority—and duty—to rule on it, provided that the claim for damages has been brought.” (Thus, Sala Tercera, N° 2002-00861, at 10:00 hours on 30 de agosto de 2.002).

Consistent with the foregoing, a review of the record in this case confirms that the interpretation sought to be enforced in this forum is incorrect and that, instead, the Tribunal’s actions are in accordance with law… From this perspective, it is evident that the expiration of the criminal action does not necessarily mean that the limitation period for the civil action has also expired; in any event, because the latter was pursued in the criminal proceedings until the trial was held, the Tribunal must adjudicate it when issuing the corresponding judgment.” (Voto 2003-00685 at 15:00 on 12 de agosto del 2003 and 2005-01116 at 16:10 hours on 29 de setiembre del 2005 of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, among others). Likewise, this panel considers that Article 96, paragraph 2°, of the Criminal Code, enacted after the Civil Code, implicitly repealed the aforementioned provision by establishing that the extinguishment of the criminal action and the penalty would have no effect on the obligation to compensate for the harm caused (In that regard, see voto 2022-273 at 10:36 hours on 26 de mayo del 2022, from this same section).

Article 868 of the Civil Code is therefore deemed applicable, under which every right and its corresponding action are subject to a ten-year limitation period, subject to the exceptions introduced by special legislation, including Article 984 of the Commercial Code, which establishes a limitation period of 4 years; Article 198 of the Ley General de la Administración Pública, which specifies a limitation period of 4 years for State liability; and the period of 4 years established by Article 129 of the Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. The appellant is therefore incorrect in arguing that the extinguishment of the criminal action by limitation also extinguishes the civil action. The appellant is likewise incorrect in asserting that the civil action for damages was filed after the criminal action had already become time-barred and that the formal requirements established in Article 40, paragraph 1°, and Article 114 of the Code of Criminal Procedure were therefore not satisfied.

In this case, the injured party filed two civil actions. She filed the first on 8 de octubre del 2020 through the Oficina de Defensa Civil de la Víctima, after delegating that authority to it, and the second on 13 de octubre of that same year through her special judicial attorneys-in-fact, which superseded the first. Those procedural acts were performed while the case concerning the offense of negligent homicide (homicidio culposo) was still pending and before any judgment had declared the criminal action extinguished by limitation. In other words, because such a ruling is declaratory rather than constitutive, it had to be issued before the criminal action could be considered terminated; accordingly, until that occurred, the civil plaintiff validly pursued her procedural claim. Nor does this Tribunal de Apelación overlook the fact that the Juzgado Penal de Cartago issued judgment number 872-2017-B at 10:15 hours on 24 de octubre del 2017, dismissing the case due to the extinguishment of the criminal action by limitation, which the Tribunal de Juicio of this city declared ineffective through voto 1275-2017 at 14:20 hours on 27 de noviembre del 2017; consequently, at no point in the proceedings was there a ruling that prevented the compensation claim (reclamo indemnizatorio) from being validly asserted.

In view of the foregoing, the first ground of appeal raised by the representative of the Caja Costarricense del Seguro Social must be partially upheld, solely with respect to the erroneous legal classification of the acts under investigation, which constitute the offense of negligent abortion (aborto culposo), not negligent homicide. The claim concerning the limitation of the civil action brought against the party represented by the appellant, which is asserted as a consequence of the limitation period applicable to the criminal action, is denied.

III.The second ground of appeal raised by the representative of the CCSS concerns disagreement regarding the complete absence of a ruling on the limitation period (prescripción) applicable to the civil action for damages (acción civil resarcitoria), with the court having failed to apply Article 198 of the Ley General de la Administración Pública. He states that, from the moment he entered an appearance in the proceedings and responded to the notice of the civil action, he raised the defenses (excepciones) of failure to state a legal right, lack of both standing to sue and standing to be sued, and expiration of the limitation period, but the judgment omitted any ruling on the latter. He asserts that, with respect to the strict liability (responsabilidad objetiva) of the public administration, Article 198 of the Ley General de la Administración Pública establishes a limitation period of 4 years for bringing a claim arising from harmful conduct caused by either the administration or public servants.

He states that the period is calculated from the event giving rise to liability, which in this specific case occurred when the injured party ([Nombre 002]) received healthcare services at the facilities of Hospital Max Peralta on 05 de septiembre del año 2011. He states that “…In view of the foregoing and taking into consideration that the actions brought against Caja Costarricense del Seguro Social by Ms. ([Nombre 002]) entered the judicial system on 13 de octubre del año 2020, this representation raised the defense that the limitation period had expired in its response to the notice of the civil action for damages, given that the deadline for claiming compensation would have been 05 de setiembre del año 2015, pursuant to the tacit application of Article 198 of the Ley General de Administración Pública” [sic]. Thus, the compensation claim was filed 6 years, 1 month and 8 days after the expiration of the statutory period, for which reason the civil action was time-barred when filed; accordingly, the trial court should have sustained the limitation defense, which it did not.

The claim is denied. The appellant states that, upon entering an appearance in the proceedings and responding to the notice of the civil action, he raised, among others, the defense that the compensation claim was time-barred, which was not decided in the judgment. However, upon listening to the closing arguments delivered by attorney Ronney Adrián Solano Díaz at the conclusion of the trial, specifically beginning at timestamp 1:21:41 of the audiovisual recording of the trial hearing held on 19 de junio del 2023, the representative of the CCSS stated as follows: “When the institution was notified of the civil action for damages, it raised the defense of failure to state a legal right and raised others that I am going to ask the court not to consider, which referred to lack of standing ad causam and lack of standing to be sued, and there was also some discussion of the limitation period. I analyzed those exceptional elements as defenses, and I find that Ms. [Nombre 002] did indeed have full standing to bring the action…um…the claim was not time-barred because that has been the line of precedent established by Sala Tercera; therefore, I do not invoke Article 198 of the Ley General de la Administración Pública, which refers to the limitation period, but I do maintain this one: ‘failure to state a legal right’…that the defense of failure to state a legal right be sustained, that the civil action for damages brought by [Nombre 002] against Caja Costarricense del Seguro Social be dismissed, and that she indeed be ordered to pay attorney’s fees and court costs…” [sic].

In other words, that defense was waived, as permitted by Articles 850 and 851 of the Código Civil. The latter article provides that “…such waiver results only from failure to raise the limitation defense before judgment, or from the fact that the person entitled to raise it acknowledges the creditor’s right through an act of his own…” which is what occurred in this case, as the representative of the defendant institution expressly stated that the civil action was not time-barred and that he therefore did not request the application of Article 198 of the Ley General de Administración Pública. This means that the trial court was not required to rule on the limitation defense, particularly because this is an issue that may not be decided sua sponte (de oficio) in civil matters. The claim is therefore denied.

IV.The third ground of appeal filed by the representative of the Caja Costarricense del Seguro Social challenges the legal reasoning and the “determination of the sentence” [sic] with respect to the compensatory civil action (acción civil resarcitoria). The appellant begins the claim by transcribing part of the judgment’s reasoning concerning the event giving rise to criminal liability, according to which the death of the injured party’s daughter resulted from a breach of the duty of care (deber de cuidado) by unidentified persons who worked at Hospital Max Peralta. The appellant contends that “…there is no evidence supporting what was established by the trial court, and an element of great importance is that, in this case, there is evidence showing that the personnel responsible for Mrs. ([Nombre 002]) acted properly on the dates of the events and, consequently, those who were initially accused were duly granted dismissals” [sic].

The appellant later reiterates that there is no evidence whatsoever establishing the existence of a breach of the duty of care that produced the harmful result and that, to the contrary, there is evidence supporting the conclusion that the personnel responsible for Mrs. ([Nombre 002]) acted properly on the date of the events, which is why a dismissal judgment (sentencia de sobreseimiento) was issued in favor of several of the defendants. The appellant adds that the trial court found that personnel at that hospital had failed to fulfill their obligations, determining that negligent acts and recklessness had been committed by persons who were not parties to the proceedings. The appellant specifies that the persons responsible for treating the injured party, ([Nombre 002]), were physicians [Nombre 005], [Nombre 013], [Nombre 014], [Nombre 022], and defendant [Nombre 001]. The appellant refers to forensic medical opinion (dictamen médico legal) N° 2019-0000549 dated 20 de diciembre de 2019, issued by the Consejo Médico Forense of the Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Medicina Legal, stating that the expert opinion indicated: “In the case of Dr. [Nombre 005], her sole intervention was appropriate in view of the condition presented by the injured party when care was provided, and she cannot be required to have acted differently.

As for Dr. [Nombre 013], at the time of the events he was completing his university internship; that is, he was a regular student in the final year of a licentiate degree program in Medical Sciences who had joined a university learning program centered on academic clinical training in a healthcare service under the supervision of other physicians. Because he was a university intern who performed only academic duties and was supervised by other physicians, he bears no responsibility whatsoever for the patient’s treatment or follow-up care or for any orders issued concerning her. As for Dr. [Nombre 014], it was clearly demonstrated that his actions were limited to treating the patient after the fetus had died, and therefore he bears no responsibility whatsoever. As for Dr. [Nombre 022], he did not even treat this patient on the date of the events. As for Dr. [Nombre 001], she was duly charged, prosecuted by the Ministerio Público, named as a defendant in the private prosecution (querella), and ultimately acquitted of criminal liability by the judges of the trial court.

As to the CONCLUSION, the following is stated: […] Based on the foregoing, this Consejo Médico Forense reached the following conclusion: in the case of [Nombre 003] (OCCISA), based on the matters set forth in the forensic medical reasoning, it concludes that the grounds of appeal submitted by the legal representatives of Dr. [Nombre 005], Dr. [Nombre 013], and Dr. [Nombre 014] are well-founded, since a review of the medical record does not establish a causal link between their actions and the resulting death of the fetus” [sic]. Accordingly, the appellant argues that the medical care provided to the injured party was appropriate and that the judges therefore erred in reasoning that the harmful result was caused by a breach of the duty of care by unidentified persons who worked at Hospital Max Peralta. From that premise, the appellant raises two questions. The first is the identity of the persons involved in the death of the injured party’s daughter; the second is what evidence admitted during the adversarial proceedings (contradictorio) made it possible to establish with certainty that CCSS officials acted negligently, thereby discrediting the aforementioned forensic medical opinion.

The appellant reiterates the objection concerning disagreement with the determination of the sentence in connection with the compensatory civil action. The appellant begins this claim by reproducing part of the reasoning given in the judgment for granting the claim for damages against CCSS, contending that the civil judgment was based on an erroneous interpretation of the evidence admitted and, moreover, on hypotheses unsupported by evidence admitted at trial, which, in the appellant’s view, constituted an overreach by the trial court in imposing civil liability. On that basis, the appellant raises the following questions: “…1.- Is there truly congruence between the facts and the relief sought in the compensatory civil action with respect to the manner in which my client was held liable? 2.- Are the considerations, assessments, and evidence truly sufficient to establish the statutory requirements for imposing civil liability?” [sic].

The claim is denied. The legal framework governing non-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual) in our country is divided into fault-based liability (responsabilidad subjetiva), governed by Article 1045 of the Código Civil, and strict liability (responsabilidad objetiva), set forth in Article 9 of the Constitución Política, Article 1048 of the Código Civil, and Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública, among other provisions. In this regard, the financial liability of the Public Administration (responsabilidad patrimonial de la Administración Pública) falls within a strictly objective framework requiring compensation for anyone who has suffered an injury attributable to a public organization. This framework abandons the examination of the party who caused the harm and the characterization of that party’s conduct and instead focuses on the victim, who, upon suffering harm or loss, is relieved from proving any subjective element concerning the public official involved, except in cases in which the official might incur some form of personal liability.

Thus, as a preliminary matter, it must be concluded that the State incurs financial liability whenever the victim has no legal duty to bear the harm and a causal link (nexo causal) is established between the Administration’s conduct—whether by act or omission, normal or abnormal, or lawful or unlawful—which serves as the basis for strict liability. The foregoing was explained by the Sala Constitucional in voto número 5207-04 at 14:55 on 18 de mayo del 2004, which stated: “IV.- CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE LIABILITY (PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA). Our Constitución Política does not expressly enshrine the principle of the financial liability of public administrations for unlawful injuries caused to private parties in the exercise of administrative functions. Nevertheless, this principle is implicitly contained in the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución), as it may be inferred from a systematic and contextual interpretation of several constitutional provisions, principles, and values.

Indeed, Article 9°, paragraph 1°, of the Carta Política provides that ‘The Government of the Republic is (...) accountable (...)’, thereby presupposing the liability of the principal public entity, or State, and its various branches—the Legislative, Executive, and Judicial Branches. Article 11°, in turn, establishes in its first paragraph the ‘(...) criminal liability (...)’ of public officials, while its second paragraph refers to ‘(...) the personal responsibility of officials in the performance of their duties (...)’. Article 34 of the Constitución Política protects ‘acquired property rights’ and ‘consolidated legal situations,’ which can be effectively and genuinely protected only through a broad system of administrative liability having no immune or exempt areas when such rights and situations are infringed by public administrations in the course of their public activities or functions.

Article 41 thereof provides that ‘By resorting to the laws, all persons shall obtain redress for injuries or harm suffered with respect to their person, property, or moral interests (...)’. This provision imposes upon the party that caused and is responsible for the harm the duty to compensate for unlawful injuries actually suffered by private parties as a consequence of the exercise of administrative functions through affirmative conduct by action or negative conduct by omission on the part of public entities. It thereby becomes the cornerstone, at the constitutional level, for the legislative development of a system of direct strict liability in which compensation does not depend upon moral and subjective blameworthiness arising from an official’s intentional or negligent conduct, but solely and exclusively upon the fact that the private party has actually sustained ‘(...) injuries or harm (...) with respect to their person, property, or moral interests (...)’; that is, an unlawful injury that the private party has no duty to bear and for which that party must therefore be compensated.

Article 41 of the Constitución Política establishes a fundamental right to compensation (derecho fundamental resarcitorio) in favor of a private party who has suffered an unlawful injury caused by an entity—through its normal or abnormal functioning or its lawful or unlawful conduct—and the entity’s corresponding obligation to provide full compensation or reparation. Access to the courts, as provided for in this same constitutional provision, thus becomes an instrumental right ensuring, by compulsion, the enjoyment and exercise of the injured party’s right to compensation when the party obligated to provide reparation voluntarily fails to fulfill that obligation. Article 45 of the Carta Magna embraces the principle of the inviolability of property (intangibilidad del patrimonio) by providing that ‘Property is inviolable; no person may be deprived of property except for a legally established public interest and upon prior compensation in accordance with the law (...)’.

In this manner, the fundamental text recognizes that special sacrifices or particular burdens that a private party has no duty to bear or tolerate must be compensated, even when they arise from a lawful activity—such as the exercise of eminent-domain authority (potestad expropiatoria). Article 49, paragraph 1°, of the Constitución Política, insofar as it implicitly recognizes the legal personality of public entities and, consequently, the possibility of suing them in court when they fail to fulfill their obligations, constitutes a clear foundation for administrative liability. In turn, the final paragraph of the aforementioned Article 49 provides that ‘The law shall protect, at a minimum, the individual rights and legitimate interests of private parties,’ one of the principal means of guaranteeing such rights and interests being a comprehensive, broad, direct, and objective system of administrative liability.”

The final paragraph of Article 50 of the Political Constitution, concerning environmental damage (daño ambiental), establishes that “The law shall determine the corresponding liabilities and penalties,” a liability regime (régimen de responsabilidad) from which, obviously, economically oriented public entities (known as public enterprises–public entities) and public enterprises (also known as public enterprises–private-law entities) cannot exempt themselves when they cause pollution in the course of industrial, commercial, or service activities, nor, in general, can the State when it fails to fulfill its obligations to defend and preserve the environment through inadequate oversight or control of public and private activities that are actually or potentially polluting… The principle of administrative liability (responsabilidad administrativa) of public entities and their officials is complemented by the constitutional enshrinement of the principle of equality in bearing public burdens (principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas) (Articles 18 and 33), which prevents imposing upon private parties a singular or special burden or sacrifice that they have no duty to bear, and by the principle of social solidarity (principio de la solidaridad social) (Article 74), according to which, if the administrative function is exercised and carried out for the benefit of the community, it is the community that must bear the unlawful injuries (lesiones antijurídicas) caused to one or more private parties and unjustly borne by them.

Finally, it must be taken into consideration that the Political Constitution recognizes an unnamed or atypical fundamental right (derecho fundamental innominado o atípico), namely, the right of private parties to the proper operation of public services, which is clearly inferred from the relationship among provisions 140, subsection 8°, 139, subsection 4°, and 191 of the fundamental law, interpreted a contrario sensu, insofar as they respectively establish the deontological parameters of the administrative function, such as the “proper operation of administrative services and offices,” the “proper conduct of Government,” and the “efficiency of the administration.” This fundamental right to the proper operation of public services requires public entities to act efficiently and effectively in exercising their powers and providing public services and, of course, entails the corresponding obligation to compensate for losses and damages caused when that constitutional guarantee is violated.

It is therefore evident that the original constituent assembly implicitly incorporated the principle of public-administration liability, which, as such, must serve all public authorities and legal practitioners as a standard for interpreting, applying, supplementing, and defining the limits of the entire legal system. Under this interpretation, a fundamental corollary of the constitutional principle of administrative liability is that the ordinary legislature may not exempt or release any public entity from liability for any unlawful injury caused to the property and non-property interests of private parties by its normal or abnormal operation or by its lawful or unlawful conduct” [sic]. —emphasis supplied—. Accordingly, it has been held that there is a duty to provide full compensation for damage (deber de resarcibilidad plena del daño), arising from Article 190.1 of the Ley General de la Administración Pública, insofar as it provides: “1.

The Administration shall be liable for all damage caused by its lawful or unlawful, normal or abnormal operation, except in cases of force majeure, fault of the victim, or the act of a third party,” a duty of the Administration to provide compensation that applies regardless of subjective standards of assessment (intent or fault) in the conduct of its personnel. Thus, the victim of the damage is the central focus of the system of State liability, because such liability arises whenever the Administration’s normal or abnormal operation causes property or non-property damage that the victim has no duty to bear, irrespective of the victim’s subjective legal position. Nevertheless, this compensatory duty “…is neither absolute nor unrestricted with respect to every type of damage; rather, where it arises from administrative conduct that is not lawful or normal, it must stem from the abnormality represented by a departure from good administration (in accordance with the concept used by the Ley General de la Administración Pública itself in Article 102, subsection d), which includes, among other things, effectiveness and efficiency), that is, from malfunctioning, delayed action, or a failure to act by the Administration, since that ‘failure to act’ or that inactivity (formal or material) on the Administration’s part may directly injure a legitimate interest or a subjective right, meaning damage that the private party has no reason to bear.

This abnormality will establish unlawfulness (antijuridicidad) as a prerequisite for compensability of the damage.” (Voto número 10-2015-V de las 10:00 del 30 de enero del 2015 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Quinta). In addition, it must be considered that strict liability (responsabilidad objetiva) is subject to other general provisions concerning State liability contained in the Ley General de la Administración Pública, such as that set forth in Article 196, which provides as follows: “In every case, the alleged damage must be actual, assessable, and identifiable with respect to a person or group.” Consequently, under the strict-liability regime established in our legislation, a finding of liability is contingent upon the existence of a causal link (nexo de causalidad) between the administrative conduct and the resulting damage, which must be certain, actual, assessable, compensable, and not conjectural, pursuant to provision 196 of the aforementioned statute.

Nor is it necessary to prove intent, fault, or the liability of any official; the only matter that must be established for the event giving rise to liability is that damage resulted from an act—whether an action or omission by the public entity—and that the private party is not obligated to bear it. (Votos números 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de enero de 1999 y 252-F-01 de las 16:15 horas del 28 de marzo del 2001, ambos de la Sala Primera de la Casación, entre otros). Legal scholarship has likewise been clear on this matter in developing the following idea: “It is strict liability, in which fault or negligence in causing the damage is entirely disregarded. Noncontractual liability (responsabilidad extracontractual) in the civil sphere centers on the subjective elements of fault or negligence by the person who caused the damage. In administrative liability, those subjective elements are irrelevant and are replaced by the concept of injury, understood as damage that the injured party has no legal duty to bear…

The injury is qualified damage: damage that the individual has no legal duty to bear, unlawful damage. It is important to note that the damage is not unlawful because the Administration’s conduct is illegal or contrary to law, but because the person suffering it has no legal duty to bear it, since there is no basis requiring that person to do so. What is relevant in determining the unlawfulness of the damage is not the unlawful nature of the administrative conduct, but the unlawfulness of the result” [sic] —boldface added—. (Ramón Pais Rodríguez, Montero Pascual, J. J., Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, & Jorge García Andrade Gómez. (2024). Derecho Administrativo III: Contratos, medios y responsabilidad. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788411977975). Therefore, the appellant’s argument that the inability to determine the identities of the persons who attended to the victim at Hospital Max Peralta would make it impossible to hold the CCSS liable for the harm she suffered is irrelevant.

What matters is that it was deemed proven, based on the criminal charge and the private criminal complaint (querella), that on 5 de setiembre del 2011, [Nombre 002], who was 37 weeks pregnant, went to that medical center because she was experiencing vomiting and high blood pressure and was admitted pursuant to the express instructions of Dr. [Nombre 005]. The following day, the defendant [Nombre 001], acting as a medical intern, performed fetal monitoring and placed the results in the medical record because she lacked the knowledge and medical authorization to interpret them; that monitoring revealed abnormal signs indicating the need for immediate delivery of the fetus by the fastest available means. However, because of the negligence of the staff at that hospital, who failed to monitor the victim and displayed an omissive and negligent attitude, the victim’s fetus died. The cause of death was established as “maternal arterial hypertension and a placenta with calcifications and hyalinized areas, without a timely medical order for delivery of the fetus, resulting in intrauterine fetal death,” and the manner of death as “accidental, from a forensic medical standpoint.” The adjudicators concluded that, had those actions been taken, the death of [Nombre 003] would not have occurred.

Thus, the issuance of a dismissal judgment (sentencia de sobreseimiento) in favor of [Nombre 014], [Nombre 005], [Nombre 013], and [Nombre 022] Schmicht does not mean that the CCSS, as a body forming part of the Public Administration, cannot be subject to the State’s strict civil liability. This is particularly so because the request to that effect made by the Ministerio Público and granted by the Juzgado Penal de Cartago was based on their individual actions, as described in forensic medical opinion number 2019- 0000549 dated 20 de diciembre de 201, issued by the Consejo Médico, which determined that the conduct of Dr. [Nombre 005] and [Nombre 013], who was then a medical intern, was proper because they confined themselves to issuing instructions that the victim be admitted to the delivery ward for strict electronic maternal-fetal monitoring and urgent laboratory testing; the same applies to defendant [Nombre 014], because he issued his instruction on 6 de setiembre at 09:09 hours, when the death of the product of conception had already been clinically confirmed, making it impossible to establish a causal link between his conduct and the death of the fetus; and, as to Dr. [Nombre 022] Schmicht, it was verified that he did not participate in the victim’s medical care.

The appellant now argues that the adjudicators did not identify the evidence from which they inferred conduct by the medical staff of that medical center constituting the event giving rise to the Administration’s civil liability. This reflects a biased and selective reading of the judgment. First, the judgment concluded from the victim’s own testimony that “…there were indeed staff members directly responsible for that monitoring, as follows from the testimony given by [Nombre 002] at trial: when she states that she was taken for monitoring, it was Hospital medical personnel who took her for that examination, and the person who was in the area containing the monitoring room even shared coffee with [Nombre 001] while the machine performed the monitoring, as observed by the witness.

It is clear that [Nombre 001] performed the monitoring, but the persons responsible for interpreting it correctly were the nursing or medical staff who were present at that time in the Gynecology ward where it was performed, not the accused, [Nombre 001], who was not responsible for the patient and was not qualified to interpret the Monitoring.” Likewise, after conducting a comprehensive weighing of the evidence received at trial, the trial court validly concluded that it was clear that the victim was under the care of a physician and that, due to her stage of pregnancy, this was not a general practitioner but an unidentified specialist, “…it being illogical that the patient would be admitted to the gynecology ward for pregnancy-induced hypertension so that she could be monitored and complications that might jeopardize her health, her life, or the health or life of the fetus could be avoided, yet there would be no specialized personnel to care for the patient…”.

It was evident to the judges that hospital personnel in that ward were observing the performance of that examination and were therefore responsible for verifying and interpreting the result; moreover, qualified personnel responsible for her care failed to perform their duties properly, thereby breaching their duty of care (deber de cuidado), and they were the persons responsible for bringing about the harmful result consisting of the death of [Nombre 003], even though they were not individually identified. Those arguments were reinforced through an analysis of the statements made at trial by the expert witness (perito), Dr. Luis Solorzano, who described the in-hospital procedure as follows: “(...) responsibility for the person performing monitoring would rest with the obstetrician, the obstetric nurse, and the general practitioner; at other facilities where there is no specialist, it may be performed by the general practitioner; when I was an intern, I performed fetal monitoring, and the intern must be supervised by the specialist physician; everything done by the intern must be interpreted by the specialist; obstetric nurses are trained to work in the delivery room, perform nursing duties, and have the professional qualifications to work in a gynecological-obstetric hospital (...)” [sic].

Similarly, the panel examined the statements of expert witness Patricia Solano Calderón, a forensic medicine specialist, who maintained that the notes must be reviewed by the nurse to determine the procedure to be followed. This argument was supported by expert witness Dr. Pablo Navarro Villalobos, also a forensic medicine specialist, who stated at trial: “(...)According to the study I conducted, given the patient’s condition, she should have been monitored by the ward’s head nurse and the physician in charge; at those hours, there are several nurses in the ward, as well as an on-call physician and a physician on duty; the intern carries out the instructions given to him or her and cannot interpret any result, as the intern has neither the license nor the clinical practice(...).” [sic]. The trial court observed that this conclusion was consistent with the findings of expert witness Dr. Roberto Brenes Esquivel, a Gynecologist and Obstetrician for 25 years and an O.I.J. expert witness for 3 years, who maintained that “…although a student may perform the monitoring, the student cannot and does not have the ability to interpret it in any way, since that function belongs exclusively to the medical staff of the hospital where the student is assigned, always under the supervision of the medical personnel responsible for the patients under their care…”.

On that basis, the judgment concluded that “…the persons clearly acting as guarantors (garantes) of the victim’s health—and Dr. [Nombre 005] so determined based on her analysis of [Nombre 002]’s medical record—were the personnel of the Gynecology Department of Hospital Max Peralta de Cartago. In other words, the Court can never—as the accusers seek to do—impose an obligation on someone who had neither the authority nor the skills to fulfill it, much less assign responsibility for communicating something that was outside her duties and that she always performed under the supervision of someone who did possess those skills but failed to perform the work correctly, namely the medical or nursing staff of the aforementioned Hospital, whose identities remain unknown in these criminal proceedings.” It was clearly established that interpreting the monitoring result “…was the responsibility of the personnel caring for the patient-victim, who should have correctly read the monitoring, and that proper interpretation should have been correctly performed by the nursing staff who were with [Nombre 001] when she performed the monitoring; the staff, who did have the training required to read the monitoring correctly, had a duty to inform the on-call physician, who in turn was required to inform the specialist so that, following an assessment, the medically appropriate action could be taken.

As the four experts analyzed above agreed, had the monitoring been read correctly, the patient should have undergone immediate intervention to deliver the fetus by cesarean section. Because of this clear omission by the medical personnel who were in fact responsible for the care of the victim, [Nombre 002], and her unborn child, and their failure to perform the appropriate medical procedure, her daughter died. The forensic physicians reached this conclusion in their testimony, and it was likewise recorded in autopsy report A:2011-0291, which concludes that performing a cesarean section would have increased the fetus’s likelihood of survival; in other words, the deceased fetus could have been kept alive. This finding is also supported by the opinions of the Medical Council 2019-549 and is consistent with the description in OIJ report 1585-DRC-SI, as well as seizure record 52437, which documents the removal of [Nombre 003]’s body at Hospital Max Peralta” [sic]—emphasis added—.

Accordingly, the evidentiary analysis conducted in the judgment establishes the existence of a causal nexus (nexo de causalidad) between the administrative conduct and the unlawful harm (daño antijuridico) caused to and suffered by the victim ([Nombre 002]). The judgment explained this as follows: “Having analyzed the evidence presented at trial, we unanimously find that the death of the victim, [Nombre 003], resulted from the negligent conduct (actuar culposo) of employees of the Caja Costarricense de Seguro Social and not from that of defendant [Nombre 001]. The analysis of the evidence supported the conclusion that correctly interpreting the monitoring and immediately performing a cesarean section would have changed the outcome and made it possible to deliver the fetus alive. This did not occur because the persons acting as guarantors for the civil plaintiff (actora civil) (who were not identified during the investigation) neglected the victim despite knowing and understanding their duties.

In the case of the obstetric nurse, he or she was required to know the condition of every patient, including the civil plaintiff, to perform her monitoring and properly interpret it, and therefore to take all preventive measures intended to safeguard the civil plaintiff’s physical integrity, health, and life, as well as those of her fetus. This included correctly interpreting the monitoring result and informing the physician in charge of any abnormalities, which clearly did not occur in this case. That was the reason leading to the fatal outcome of [Nombre 003]’s death. It is clear that the persons in charge at Hospital Max Peralta failed to observe their obligations as guarantors for the civil plaintiff, and it was that negligent omission, and even recklessness in incorrectly interpreting the monitoring result—which the accused, [Nombre 001], clearly did not do, for the reasons already analyzed in the criminal portion—that constituted the causal factors that precipitated and led to [Nombre 003]’s death.” The section addressing standing to be sued (legitimación pasiva) further stated: “C-2.3 Regarding the Civilly Sued Third Party (Tercero demandado civil), Caja Costarricense de Seguro Social.

As demonstrated at trial, the events occurred at Hospital Max Peralta, a C.C.S.S. medical facility. On 05 de septiembre del 2011, the civil plaintiff went to Hospital Max Peralta to request medical care for her condition, as she was 37 weeks pregnant. She was admitted there because she had pregnancy-induced hypertension, and on 06 de septiembre at 05:11, monitoring was performed, but it was not interpreted correctly. It was not determined who read that result, nor whether the obstetric nurse fulfilled his or her obligations to remain informed about the contents of the medical record and the patient’s condition, which the physician in charge also failed to do. Otherwise, a cesarean section would have been performed, as the experts properly determined when they stated that this was how the case should have been handled. These were the causal factors of the harm; therefore, the C.C.S.S. hired specialized personnel as public officials to provide patients who were pregnant, in cases such as the one before us, with appropriate and prompt care.

Those personnel failed to fulfill their obligations while on duty and responsible for the civil plaintiff as a patient who remained hospitalized for strict monitoring by the assigned personnel. It is clear that the harmful result is directly connected to the operation of the public service provided to the patient and civil plaintiff, [Nombre 002]. The causal connection between the harm and the omission by the unidentified hospital personnel was demonstrated at trial, and it was also shown that those persons were the obstetric nurse and physician in charge, acting as officials of the Administration because they had been hired by that Administration and entrusted with monitoring, caring for, managing, and treating pregnant patients, including the civil plaintiff. To that extent, the Administration assumes responsibility for the work performed by those persons, whether consisting of omissions or actions, and must therefore answer in this case for the harm caused to the plaintiff, since none of the exemptions from liability (eximentes de responsabilidad)—force majeure, acts of a third party, or fault of the victim—applied” [sic].

It should be added that the medico-legal opinion N° 2019-0000549 dated 20 de diciembre de 2019 sets forth two conclusions, one concerning the individual position of the accused persons against whom the proceedings were dismissed (sobreseídos), and the second, which the appellant did not mention, establishing an omission in breach of the duty of care by the professionals at Hospital Max Peralta, who should have monitored the condition of the victim and her daughter. That conclusion stated: “…However, this Forensic Medical Council agrees with the opinion expressed in the first-instance forensic assessment that there was a breach of the duty of care involving an erroneous interpretation of the fetal monitoring performed on 06 de setiembre de 2011 between 5:11 horas and 5:31 horas, which showed acute fetal distress warranting termination of the pregnancy by the most expeditious means; considering her cervical condition, a cesarean section was indicated” [sic].

This discredits the appellant’s contention that the medical care provided to the victim was adequate. Finally, regarding the complaint concerning the assessment of evidence not admitted at trial, it must be noted that the appellant does not identify which items of evidence were considered without having been subjected to adversarial examination (contradictorio), nor explain how they were erroneously assessed.

In any event, upon conducting a comprehensive review of the judgment, it is determined, as already indicated, that the judicial panel properly weighed the evidence in relation to the claim for damages brought by [Nombre 002], whose daughter died at 37 weeks’ gestation due to the improper medical care she received at Hospital Max Peralta, which is part of the CCSS, as described both in the medical expert reports admitted at trial and in the testimony given by the experts. This constituted legally wrongful harm (daño antijurídico), as described above, which caused emotional suffering to the civil claimant and gave her standing to seek compensation; the trial court found that all the legal requirements for granting the civil action brought against that institution had been met. For all the foregoing reasons, the claim is rejected.

V.Attorneys Guillermo Sojo Picado and Víctor Hugo Navarro Araya, acting on behalf of the victim (ofendida) and civil plaintiff (actora civil), ([Nombre 002]), challenge judgment number 418-2023 insofar as it acquitted [Nombre 001], also known as “[Nombre 001],” of all punishment and liability for the offense of negligent homicide (homicidio culposo) committed against [Nombre 003]; likewise, the civil damages action (acción civil resarcitoria) brought by ([Nombre 002]) against the C.C.S.S. was partially granted, while the claims against the accused and the Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE) were denied. In their first ground of appeal (motivo de impugnación), the victim’s legal representatives, ([Nombre 002]), object to the reasoning of the judgment on the ground that it is contradictory, because the statement of proven facts established that the defendant performed fetal monitoring on the victim and placed the result in the medical record, without it being determined that she communicated it to the appropriate person, yet it was not found that she was under no obligation to communicate it.

They add that the judgment accepted as true part of the facts alleged in the private complaint (querella), namely, that the accused performed that fetal monitoring and indicated that the next monitoring should be performed at 8:00 hours on 6 de setiembre of that year; that the patient was in the left lateral decubitus position, with external stimulation; and that the heart rate did not vary, with only a loss of signal, such that she interpreted the result. Another fact included in the private complaint was also established: that the monitoring performed at 05:11 hours showed category III fetal heart-rate abnormalities, which indicated acute fetal distress requiring delivery by the fastest available means and, when this was not done, resulted in death. They add that the results of forensic medical reports (dictámenes medicolegales) N°DA-2011- 02191-PF, dated Z9 de mayo de 2012, and N°2019-0000549 dated 20 de diciembre de 2019, were analyzed incorrectly because, although it was not established that the accused was not required to communicate the monitoring performed on the victim, the judgment stated that the accused performed the fetal monitoring and affixed it to the medical record, after which the judgment contradictorily added that she was not required to communicate the result of the monitoring performed on the patient and therefore did not breach the duty of care (deber de cuidado), a conclusion unsupported by the evidence submitted in the proceedings and by the defendant’s own statement that the physician in charge instructed her to perform the monitoring and report it so that it could be evaluated.

The appellants consider it inconsistent for the trial court to have held that the accused was required to communicate that the examination had been performed if she had been instructed to do so. They believe that the judges recognized the defendant’s obligation to communicate the monitoring result but exempted her from criminal liability because two individuals who were nurses were present and were responsible for relaying the result, one of whom was a nurse in the gynecology area when the accused performed the monitoring. That conclusion lacks evidentiary support, particularly in light of the victim’s statement that the accused was the only person who performed the monitoring and instructed her to press a button whenever she felt the baby move. They further state that, when the monitoring ended, the accused was outside the room drinking coffee with another woman, after which she reentered, took the paper strip, and wrote the word “abnormal.” They argue that no involvement by the nurse identified as “Pío” was established, other than that he transferred the victim to the monitoring room, yet the Court attributed responsibility to him in order to exonerate the accused.

On that basis, they contend that it was not possible to establish that the accused acted under supervision during the monitoring, much less that the interpretation of the monitoring was incorrectly made by the male or female nurse who was in the ward that day and that, in the judges’ view, this was the reason the cesarean section was not performed in a timely manner and, consequently, the death of the fetus occurred. They likewise state that this conclusion contradicts the proven facts, which attributed to the accused the handwritten preparation of the note stating that there was a loss of signal; it is therefore impossible to establish that another person was in the monitoring room, much less that a third party supervised the defendant’s work. Their second ground of appeal alleges insufficient reasoning (falta de fundamentación) due to the omission of essential evidence. They state that the trial court failed to assess forensic medical reports N°DA-2011-02191-PF, dated 29 de mayo de 2012, and N°2019-0000549 dated 20 de diciembre de 2019, issued by the Departamento de Medicina Legal, Consejo Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial, or the testimony of forensic medical experts Luis Solórzano Sandoval, Patricia Solano Calderón, and Pablo Navarro Villalobos, which established that it was the accused who performed the fetal monitoring on the victim, interpreted it, but did not report the result, even though bringing it to the appropriate person’s attention could have led to measures that would have prevented the death of the fetus carried by the victim.

They consider that the judgment selectively presented the statements of those experts to justify the acquittal. They refer to the contents of the aforementioned medical reports, which they consider valuable because they establish that the accused did not report the monitoring she performed, even though she herself acknowledged that she was required to do so. Moreover, there was no evidence that she communicated it to Dr. Flores, as she asserted in her defense, yet the court found that assertion credible without any basis. In addition, those medical expert reports established a breach of the duty of care arising from an erroneous interpretation of the fetal monitoring, which showed acute fetal distress warranting termination of the pregnancy by the most expeditious means. Furthermore, according to the experts, the note written and signed by the accused on the unreported monitoring record was incorrect.

The judgment omitted this assessment and instead hesitantly concluded that the accused was under no obligation to report the monitoring. They reiterate that the judgment did not rigorously analyze the experts’ statements concerning the accused’s obligations and the improper care she provided to the victim. They point out that the judges disregarded the retrospective note (nota retrospectiva) on page 374 of the hospital record (1134 of the digital case file), mentioned by Dr. Solano Calderón, which establishes that the accused did not make the report. Nevertheless, the judgment concluded, without any substantial intellectual effort, that the defendant was under no obligation to report the monitoring and therefore acquitted her, stating that responsibility for the fetal death lay with other persons in the Servicio de Ginecología del Hospital Max Peralta de Cartago. The appellant attorneys state that, according to forensic medical expert Pablo David Navarro Villalobos, the monitoring result had to be reported to the physician on duty; the record shows that the accused interpreted the fetal heart-rate deceleration as a loss of signal and did not report it because the record contains no evidence that she did so—that is, there is no note from the specialist physician to that effect—and it was the intern’s obligation to communicate the result.

They state that, despite the clarity of this assertion, the judges did not consider it and instead concluded, without evidentiary support, that the accused was not required to report that result. Their third ground of appeal alleges improper admission and assessment of the evidence and a violation of the rules of sound judicial reasoning (sana crítica) in the evaluation of evidence. Their claim concerns the manner in which the trial court assessed the documentary evidence, particularly the victim’s hospital record, as well as the testimony of the civil plaintiff and private complainant (querellante), ([Nombre 002]), because matters she had not recounted were inferred and added, according to the descriptive reasoning itself. This diminished the credibility accorded to documentary items in that record and produced conclusions that were technically and evidentially unreasoned, entirely subjective, and failed to assign each item of evidence its appropriate weight.

In this section, they reiterate their disagreement with the judges’ conclusion that, because the accused was a university intern at the time of the events, she was not required to communicate the result of the fetal monitoring she had performed on the victim, ([Nombre 002]); therefore, the accidental death of the fetus was not caused by a breach of the duty of care attributable to the defendant but was instead the responsibility of the Servicio de Ginecología del Hospital Max Peralta de Cartago; and, consequently, the accused did not occupy a guarantor position (posición de garante) with respect to the patient and the baby and was likewise not required to interpret the monitoring result. They also criticize the trial court’s finding that the accused performed the monitoring under the supervision of the nursing staff of that Servicio de Ginecología. In reaching that finding, the judgment questioned two documentary items contained in the hospital record belonging to the victim, ([Nombre 002]): 1) the tracing annotations, which the judges stated were not written in the accused’s own hand but by another unknown person, thereby assuming the role of experts; and 2) the retrospective note dated 6 de setiembre de 2011, at 22:50 hours, prepared by an unknown obstetric nurse, stating that at 5:10 hours that day the patient underwent monitoring, which was neither reported to her nor seen by her, and that the intern affixed it and made a note.

She did not report it to the ward’s attending physician, and the monitoring ended at 5:40 hours. According to the appellant attorneys, the panel violated the rules of sound judicial reasoning because, despite finding it established that the accused interpreted the fetal monitoring after performing it and entered annotations on it, the judges subsequently contradicted themselves by holding that the defendant did not interpret that test because she was not required to communicate the result of that technical procedure. In discrediting the documentary item concerning the monitoring and the handwritten note entered by the defendant, they stated that the tracing annotations on the monitoring paper strip were made not by the accused but by another person. Without the slightest technical support from a handwriting expert examination (grafoscopía), they determined that the handwriting differed and that, although the accused entered the note in the record, it was not a medical note and the interpretation was made not by the accused but by the institution’s nursing or medical staff.

This constitutes a clear violation of the rules of sound judicial reasoning, shifting the breach of the duty of care to a nurse named “Pío,” whose identity was unknown and whose duties and position were not established in the proceedings, and to another nurse who was likewise unknown. They state that the judges claimed this had been established through the account of the victim, ([Nombre 002]), even though she said none of what the judges asserted.

The appellants assert that what the injured party said was that the person identified as “Pío” merely took her to the monitoring room, told her to wait there and that someone would come to perform the monitoring, and then left; that the only person who came to perform the monitoring procedure was the accused and that no one else was present during that procedure; moreover, that she was able to observe the accused sitting at a counter, drinking coffee and chatting with a woman or nurse, and that when the monitoring ended, only the accused came into the room, took the paper strip, and she thought she saw her write the word “abnormal,” although she told her that everything was fine, that the baby was probably asleep and that was why she was not moving; that she took hold of her abdomen and moved it from side to side, telling her that she would order another monitoring; and that the accused examined the printout and left it on the table beside the “little machine.” The appellants consider that the victim’s statements leave unsupported the trial court’s assertions regarding the responsibility of two nurses and, above all, that the accused acted under supervision, did not interpret the monitoring, and had no obligation to report it, or regarding the interpretation by another person or persons in assessing the monitoring and the tracing details.

They reiterate their complaint concerning the trial judges’ assessment of the retrospective note (nota retrospectiva) mentioned above, whose credibility they discounted, even though the expert witness (perito) Roberto Brenes Esquivel stated that, in hospitals, given the workload and the emergencies that may arise and require attention, patient care is prioritized and the medical notes are subsequently entered in the medical record, and these are known as retrospective notes. They again state that the judgment did not mention that this retrospective note demonstrated that the accused did not report the monitoring to the obstetric nurse, but merely attached it and entered a note, nor did she inform the physician attending the ward of the result. They maintain that the judgment, based on the statements of Dr. Brenes Esquivel, discredited the content of that note, even though he acknowledged the evidentiary value of such documents.

In the fourth ground of appeal, they allege defective reasoning (errónea fundamentación) due to a violation of the rules of sound judicial reasoning (sana crítica), specifically the logical principle of derivation (principio lógico de derivación). They express their disagreement by indicating that the analytical reasoning mentioned portions of the injured party’s statement that she never made at trial, which were irregularly included in the descriptive reasoning, while omitting matters that she did state and that would be essential to the proper resolution of the case. They mention that the judgment asserted, based on the injured party’s statement, that medical or nursing personnel acting as supervisors were present when the monitoring was performed, which she never stated; rather, what she said in her testimony was that the accused placed the belt on her for the test and then walked away; she further stated that she saw the private defendant (querellada) drinking coffee and speaking with other people outside the monitoring room.

Indeed, to support their claim, they transcribe part of the judgment’s analytical reasoning in which the trial court asserts, based on what the injured party supposedly stated at trial, that while the monitoring was being performed the accused always acted under supervision because she was accompanied by nursing personnel from the gynecology ward and, in front of the ward, there were medical personnel who were drinking coffee with the accused. They characterize that reasoning as fallacious because ([Nombre 002]) never said that in her account, and therefore that conclusion cannot validly be derived from that evidence. They add that the trial court mentioned the existence of a nurse named “Pío,” who, according to the victim’s testimony, was identified as the person in charge of the gynecology ward, when in fact what she stated was that this person took her to that location at 3:00 am and that it was not until 5:00 am that the accused appeared and, according to the appellants, assumed complete control over the injured party, told her that the baby was asleep, made a notation, and even decided that another monitoring would be performed at 8 am.

In support of their claim, they transcribe part of the injured party’s testimony concerning the monitoring performed on her at 5:00 am, stating that the accused arrived alone, then walked over to a counter with another colleague or nurse, where they began drinking coffee and left her there alone. She stated that 20 minutes later the accused returned and the baby was not moving, and told her that this was because the baby was asleep and that this was why the monitoring appeared that way; she therefore moved her abdomen from one side to the other, said that she would schedule another monitoring, entered a note on the monitoring record, and wrote the word “abnormal” on the monitoring sheet. She stated that afterward she lay down on the examination table in that room and, at 7:00 in the morning, physicians and nurses came by and tried to listen to her daughter’s heartbeat, but nothing could be heard, and they indicated that an ultrasound had to be performed immediately.

On that basis, the appellants state that the trial court’s assertions differ from what the injured party testified to at trial. They note that the judgment also set forth a speculative argument, since it is not derived from any evidence, concerning the mention of two nurses at the time the monitoring was performed. In the fifth ground of disagreement, they allege that the judgment contains unlawful reasoning (fundamentación ilegítima) because it is contradictory and violates due process (debido proceso), insofar as the members of the trial court assumed the role of expert witnesses by issuing an improper opinion on an essential issue in the proceedings, namely, the interpretation of the electronic monitoring result entered by the accused; despite this, the judges reached a technical handwriting conclusion without expert support, stating that “…the notations on the monitoring tracing are not in her handwriting, something that this panel verified through comparison or with the naked eye, since it is clearly apparent that above the tracing there is handwriting different from that of [Nombre 001], notes in different handwriting referring to loss of signal.

Observe how the monitoring tracings contain cursive handwriting, whereas the handwriting in the intern’s note is script, even the letter ‘F’ being different: in the monitoring it is lowercase and cursive, while in the accused’s note it is uppercase and non-cursive; likewise, the letter ‘e’ in the phrase ‘perd’ appears in cursive and without an accent mark in the monitoring, whereas in the accused’s note it appears with an accent mark and is not cursive, and therefore the Court is satisfied that the handwriting is different” [sic]. According to the appellants, the trial court derived from this that, although the accused performed the monitoring, she did not interpret it and, furthermore, the note was not a medical note but rather a notation made by a university intern, which was corroborated by Dr. Brenes in his testimony; consequently, it was deemed proven that a third person entered the loss of signal on the monitoring tracings and that this person, who remains unidentified, was the one who reviewed and interpreted the monitoring performed by M/NO (sic).

They reiterate that this was a cursory and improper conclusion by the sentencing court (tribunal sentenciador), which reached a handwriting conclusion without supporting evidence, rendering the judgment null and void. The grounds are considered jointly and are denied. Before addressing the claims raised by counsel representing the private prosecutor and civil claimant (querellante y actora civil), it must be clearly stated that, as held in recital II (considerando II) of this decision, the acts investigated in these proceedings constituted the offense of negligent abortion (aborto culposo), prosecution of which is barred by the statute of limitations (prescrita), as previously stated. Accordingly, it is unnecessary to examine the reasons why the Tribunal de Juicio de Cartago decided to acquit the accused, [Nombre 001], of the offense charged against her, and the analysis of the grounds of appeal will therefore be confined to the civil claim.

In the case of this civil defendant (demandada civil), her liability to compensate the civil claimant for the damages and losses caused arises under section 1045 of the Código Civil, which provides: “Anyone who, through willful misconduct, fault, negligence, or recklessness, causes harm to another is obligated to repair that harm together with the resulting losses.” This provision supplies the legal basis for the system of fault-based civil liability (responsabilidad civil subjetiva), which applies insofar as an act has been established that is causally attributable to a person who acted willfully or negligently in the strict sense; that is, who breached the objective duty of care (deber objetivo de cuidado), thereby causing compensable harm. This type of liability is generally divided into contractual and non-contractual liability (responsabilidad contractual y extracontractual), depending on whether it arises from the breach of an obligation freely agreed upon by the parties or from the breach of the general duty not to cause harm to others.

Regarding the latter, it has been stated: “Non-contractual civil liability is the response to a breach of the general duty not to cause harm to another (neminem laedere). Both the harm and the conduct—whether an act or omission—that causes it must stand in a cause-and-effect relationship; that is, the attributed act or omission must explain why the impairment of a person’s interests occurred, whether as the sole cause or as one of several causes producing it (concurrence of causes). As a general rule—with exceptions—the attribution criterion (judgment of legal blameworthiness) applicable to this type of liability is fault, or any of its derivatives (fault, willful misconduct, negligence, recklessness). These elements are set forth in concise form in section 1045 of the Código Civil…” [sic]. (Sala Primera, judgment number 000873-F-2007, at 11:05 hours on 4 de diciembre de 2007, and Sala Tercera, judgment number 2022-0241, at 10:18 hours on 4 de marzo del 2022).

To determine the pecuniary obligation arising from fault-based civil liability, it is important to establish the presence of the substantive prerequisites (presupuestos materiales), namely: a) The right: this entails demonstrating the existence of moral or pecuniary harm; a causal relationship between the event and the harm; and, finally, a civil attribution criterion: subjective (willful misconduct or fault: art. 1045 of the Código Civil). b) Standing to sue and be sued (legitimación activa y pasiva); and c) A present interest (interés actual). According to the pecuniary claim brought by the civil claimant, the obligation imposed on [Nombre 001] to provide compensation was to arise from “her inactive and negligent conduct in providing care to the undersigned claimant ([Nombre 002])…” [sic]. The statement of facts in the instrument by which she entered the proceedings as a civil claimant stated that, on the date of the events, the civil defendant, as a student at the Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de la Salud (UNIBE), was completing her university rotating internship block in the Servicio de Obstetricia del Hospital Max Peralta Jiménez de Cartago; and that on 5 de setiembre del 2011, at approximately 20:00 hours, the civil claimant ([Nombre 002]), who was then 37 weeks pregnant, went to that medical center because she was experiencing vomiting, diarrhea, and high blood pressure, for which reason Dr. Roberto Flores Portuguez performed an obstetric ultrasound on her, after which Dr. [Nombre 005] ordered that she be admitted, with instructions that she be kept under observation and monitored.

Despite this, “with absolute indifference and in breach of the objective duty of care” [sic], the civil defendant allowed time to pass, and it was not until the following day, 6 de setiembre, between 5:11 hours and 5:30 hours, that she performed fetal monitoring, “recording, according to entries 96996 and 96997, four instances of loss of signal lasting a few seconds and, as an aggravating addition, noting that the next monitoring (NST) should not be performed until eight hours that same day, six de setiembre del año dos mil once, further noting that the patient, namely myself, was in the left lateral decubitus position (DLI), with external stimulation, and that the fetal heart rate did not change, concluding that there was only loss of signal” [sic]. That filing states that at 2:00 hours on that same day, 6 de setiembre, the nursing department had reported irregular uterine activity to the civil defendant, and at 5:30 hours a reading of 0 was recorded for such activity.

They state that at 9:00 hours on 6 de setiembre, Dr. Brenes Loría informed Dr. [Nombre 014], who was responsible for and supervised the work performed by the civil defendant, of those data, and ordered an obstetric ultrasound, which regrettably confirmed the death of the civil plaintiff’s daughter. They describe the breach of the duty of care as arising from the “improper and negligent management of the care provided to me, the injured party ([Nombre 002]), in the Delivery Ward of Hospital Max Peralta Jiménez de Cartago by the accused private complainant and civil defendant [Nombre 001], because, although fetal monitoring was performed on me at 5:11 hours on 06 de setiembre de 2011 and that examination showed abnormalities in the heart rate of my daughter [Nombre 003] (Category III monitoring), which reflects an abnormal acid-base status and indicated acute fetal distress requiring immediate assessment, as well as delivery by the fastest means (cesarean section), this was not done, because the accused private complainant and civil defendant [Nombre 001] disregarded that fetal-monitoring examination and failed to act with the urgency required by the case, thereby also breaching the requisite duty of care.

Had those actions been taken and had she acted in compliance with the requisite duty of care, the death of my daughter [Nombre 003] would not have occurred” [sic]. Likewise, the Public Prosecutor’s Office based the civil defendant’s negligent conduct on her failure to report the result of fetal monitoring to, or submit it for review by, any of the physicians in charge of the Gynecology Department. They state that the arguments of the representatives of Ms. ([Nombre 002]), as described in the aforementioned grounds for appeal (motivos de impugnación), will now be examined. The first complaint concerns the trial judges’ decision not to establish, in the statement of facts, that the civil defendant was under no obligation to report the result of the fetal monitoring she performed on the civil plaintiff to the appropriate person, even though it was found as proven that she did not bring it to anyone’s attention.

According to the appellants, this constitutes a logical flaw of contradiction that invalidates the judgment. Their objection, however, arises from a selective reading of the judgment, overlooking that it must be understood as a whole—that is, by considering each of its parts as components of a single unit—because, had they proceeded in that manner, they would have understood that the analytical reasoning extensively explained that the civil defendant was under no obligation to report the result of that examination and the reasons why. Within the logical progression (iter lógico) followed in the judgment to release defendant [Nombre 001] from criminal and civil liability, the court determined the proven facts concerning the civil action for damages (acción civil resarcitoria), according to which, once the injured party was admitted to the medical center, she underwent an obstetric ultrasound performed by Dr. Roberto Flores Portuguez, the result of which prompted Dr. [Nombre 005] to order her hospitalization, with instructions that she be observed and monitored and that laboratory tests be performed to rule out pregnancy-induced hypertension, together with blood-pressure measurements and other studies.

It was further stated that, pursuant to “…those express instructions, duly documented in the medical record, the accused and civil defendant [Nombre 001], who was a student of the Universidad Iberoamérica (UNIBE) at the Caja Costarricense del Seguro Social, on the following day, seis de setiembre del año dos mil once, between cinco horas once minutos and cinco horas treinta minutos, proceeded to perform the fetal monitoring and noted that the next monitoring (NST) should not be performed until ocho horas that same day, seis de setiembre del año dos mil once, further noting that the patient was in the left lateral decubitus position (DLI), with external stimulation, that the fetal heart rate did not change, and that there was only loss of signal. 5. At cinco y treinta horas on the aforementioned day, seis de setiembre del año dos mil once, the obstetric nursing department recorded zero uterine activity, that is, the neglect and breach of the objective duty of care by officials of Hospital Max Peralta de Cartago, who failed to act, were negligent, and breached the requisite duty of care owed to [Nombre 002] and her daughter [Nombre 003]” [sic].

It was added that “…The breach of the requisite duty of care occurred as a result of improper and negligent management of the care provided to the injured party ([Nombre 002]) in the delivery ward of Hospital Max Peralta Jiménez de Cartago because, although fetal monitoring was performed on her at 5:11 hours on 06 de setiembre de 2011 and that examination showed abnormalities in the heart rate of [Nombre 003] (Category III monitoring), which reflects an abnormal acid-base status and indicated acute fetal distress requiring immediate assessment, as well as delivery by the fastest means (cesarean section), this was not done. Had those actions been taken and had the requisite duty of care been observed, the death of [Nombre 003] would not have occurred” [sic]. That conclusion by the trial court clearly establishes that the civil defendant was not the person who neglected the injured party because, as will be seen, her role was limited to performing the fetal monitoring; the responsibility for interpreting it, bringing the results to the attention of medical or nursing personnel specializing in gynecology, and deciding upon urgent intervention for the injured party belonged to those personnel and not to [Nombre 001].

This is properly explained at length throughout the judgment, contrary to the appellants’ position. The first factor considered for this purpose was the regulations governing the work of university interns, an issue that was not challenged in the appeal. According to that analysis, and as a starting point, it was established that the civil defendant was not a physician at the time of the events but was completing her practicum as a medical student, which is governed by artículo 2° of the Reglamento de la Actividad Clínica Docente en la Caja Costarricense de Seguro Social, which establishes that an intern is a “regular final-year student who joins a learning program, the central component of which is clinical-academic training in a teaching unit under the supervision of a university faculty member.” The sentencing court considered artículo 13 of those regulations relevant; it sets forth the intern’s responsibilities, subsections 2 and 3 of which state: “2.

The intern must be under the supervision and tutelage of a professor appointed by the teaching institution. The intern must not perform any procedure without that professor’s supervision. 3. Undergraduate and degree students are not authorized to sign any official Caja document (prescriptions, examinations, diagnostic procedures, requests, referrals, or any other document of a legal nature).” Based on those articles, the judgment logically concluded that a person completing an internship as part of medical training is neither responsible for the patient nor required to report the result of a procedure assigned to that person; instead, “…to the contrary, it is determined that the intern must always be supervised by a person responsible for the student’s conduct, and therefore the charges do not support a finding that the accused breached the duty of care, in accordance with the principle of congruence between the charges and the judgment (principio de correlación acusación y sentencia).” [sic].

It is important to note that, on some occasions, “…the objective rules of care that must be observed are set forth in regulatory provisions…” [sic]. (García Arán, M., & Muñoz Conde, F. (2022). Derecho Penal. Parte general. 11a Edición. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788411307840. To the same effect, Roxin, C. (1997). Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito (2ª ed., Vol. I). España: Civitas, S. A.). In this case, the governing regulations exclude any obligation on the part of the university intern to have reported the result of the electronic monitoring she performed on the injured party; consequently, that omission did not breach the duty of care attributed to her by the indictment, the private prosecution (querella), and the civil action. Thus, the conduct that, according to the appellants, the intern was required to undertake arises solely from their own opinions about how they believe she should have acted; at the time of the event, however, there was no objective duty to act in that manner, the breach of which could be attributed to her.

Indeed, it is apparent that the civil defendant’s actions should have been supervised at all times by the person responsible for her work within the medical center. The trial judges so concluded when they stated that the civil defendant was under no obligation to report the result of the electronic monitoring because she “…always acted under supervision, since the Court finds it proven that nursing staff were working as the persons responsible for the ward where the injured party underwent the monitoring. This conclusion is drawn from the testimony of [Nombre 002], who stated categorically that, when the accused arrived to perform the monitoring, medical personnel were present at the site opposite them and were drinking coffee with the accused, and she even referred to a nurse whose first or last name was Pío, who transferred her during the early morning hours from a gurney to a bed in the ward that had just become available…” [sic].

Regarding that assessment, the appellants argued that the injured party never gave such testimony, alleging a violation of the logical principle of derivation (principio lógico de derivación) and the improper admission of evidence. This Chamber, however, listened to the testimony of the injured party ([Nombre 002]) and verified that the trial court’s finding derived from that evidence. Thus, at the beginning of her testimony at trial, the injured party stated that at approximately 3:00 a.m., a nurse came to where she was and told her that a gurney had become available and that she would be moved. At 5:00 a.m., while she was on the gurney, she was awakened and told that the monitoring would be performed; she was taken to the monitoring room, where the civil defendant [Nombre 001] arrived and told her that she was responsible for that procedure, prepared her by placing a band around her abdomen, and instructed her to press a switch each time she felt her baby move.

The medical intern moved away from the room and stood at a counter opposite it with another person, whom she believes was a nurse, and they began drinking coffee. That procedure lasted 20 minutes, after which the civil defendant returned, they discussed its result, and she told her that she was going to reschedule another monitoring session and wrote the word “abnormal” on the monitoring sheet. In response to questions from one of the attorneys participating in the trial, she reiterated that the person who prepared her for the monitoring was the civil defendant, who was alone inside the room, but when she left the monitoring room she was with another doctor or nurse at a counter located opposite it, which the victim could see. (110025610058PE-31052023014027-2_Multi—0 beginning at timestamp 8:45). Subsequently, in response to questions from one of the judges on the trial court, she stated that from 7:00 a.m. onward, after she was told that the baby had died, no physician or obstetric nurse was with her.

Nor did she know who the physician responsible for monitoring her was. She also did not know which staff members were responsible for the area where she was located from 3:00 a.m. to 7:00 a.m., because she was completely isolated in a monitoring room; however, at 3:00 a.m. the gynecology nurse, whom she identified as “Pío,” arrived and told her that a stretcher had become available and that he was going to move her there, which he did, but she had no contact with any physician. Then, in response to questions from the presiding judge, the victim added that at 5:00 a.m. the nurse “Pío” again instructed her to go back to the nearby monitoring room, took her there, told her to wait for that test to be performed, and left. She stated that 5 minutes later the civil defendant [Nombre 001] arrived, told her that she was going to perform the monitoring, and placed the band on her. There was another woman outside the monitoring room at a nearby counter—the witness indicated a distance between the witness chair and the judges’ bench—whom she did not know, but who had a view of what was happening in the monitoring room and was also dressed in medical attire.

After the monitoring, the civil defendant left the room and approached this other person; she then returned, told her that she would perform another monitoring session later, and left. A printout of the monitoring was also produced; the defendant looked at it, tore it from the machine, and placed it on top of the machine. At 7:00 a.m., two nurses came to the bed where she was and told her that they were listening to the babies’ heartbeats, and when they reached her, they told her that something was not right. (110025610058PE-31052023031803-2_Multi—0 beginning at timestamp 25:33). In other words, the judges’ conclusion that the civil defendant was not alone and was being supervised at that time follows from the victim’s testimony. This is likewise consistent with what the civil defendant [Nombre 001] stated at trial: “…the supervising Dr., whose name I do not remember, told me that I had to go perform a monitoring session, and the Dr. who was with me told me, perform the monitoring and I’ll come down shortly so that we can review it; I remained a few steps away from her, together with an obstetric nurse, and we watched her to make sure she was all right and not uncomfortable; I tore off the sheet, which is like the one produced when someone has a cardiogram, and I wrote that it belonged to the patient, bed 12, C-12; the obstetric nurse looked at it and told me it looked like signal losses, write that down; I wrote it down and looked for the supervising physician who had asked me to perform the monitoring and told him that I had already done it; and we were always told to leave a note so that it could be seen who had performed the monitoring, which is what I did; it was not an interpretation of the monitoring; and I left the medical record on the medical-record cart…in my case, the obstetric nurse was there, and it was always done upon instruction…we interns could not do much, not even take blood pressure without permission, and someone had to be watching me; for example, it did not occur to me on my own to perform monitoring to see how she was doing; that is not how it works; one is given the task and given 5 to 10 minutes” [sic]—boldface added—.

The judges supported their conclusion by citing Article 2 of the Reglamento del Interno Universitario en las Instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, which refers to Article 27 of the Reglamento de la Actividad Clínica Docente. The latter does not include among the duties of a university intern the conduct that [Nombre 001] is alleged to have omitted; rather, Article 30 of the Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica states that “A physician must not abandon his or her responsibilities toward a patient, even temporarily, without leaving another qualified and informed physician to replace him or her in caring for that patient, except for a fully proven event of force majeure (fuerza mayor).” All of the foregoing made it possible for the judgment to establish clearly that “…the accused [Nombre 001], as a student without a medical license to practice medicine, was present in that capacity at the C.C.S.S facilities and was not responsible for the patient, in this case the victim [Nombre 002], since it is clear that the victim was under the care of a physician and, given her pregnancy, not a general practitioner but a specialist, whom the investigation did not identify.

It would be illogical for the patient to have been admitted to the gynecology ward for pregnancy-induced hypertension so that she could be monitored and complications that might endanger her health or life, or the health or life of the fetus, could be prevented, yet for there to have been no specialized staff to care for her. As demonstrated, there were staff members directly responsible for that monitoring, as follows from [Nombre 002]’s testimony at trial: when she states that she was taken for monitoring, it was Hospital medical staff who took her for that examination, and the person who was in the ward where the monitoring room was located even shared coffee with [Nombre 001] while the machine performed the monitoring, as the witness observed. It is clear that [Nombre 001] performed the monitoring, but the nursing or medical staff present at that time in the Gynecology ward where it was performed were responsible for interpreting it correctly, not the accused [Nombre 001], who was not responsible for the patient and was not qualified to interpret the monitoring” [sic].

Nor is the claim concerning an erroneous assessment of the retrospective note dated 6 de setiembre de 2011, at 22:50 horas, prepared by an unidentified obstetric nurse, well-founded. That note states that at 5:10 horas that day, the patient underwent monitoring, that it was not reported to her and she did not see it, and that the intern attached it and made a note. First, it is unknown whether the obstetric nurse who made that entry was the same person who accompanied the civil defendant outside the monitoring room when the monitoring was performed on the victim. There are two possibilities: if it was she, she was required to acquaint herself with the examination result right there; if it was not she, the result may have been communicated to the nurse who was in fact with the civil defendant at that time, as the victim recounted at trial, corroborating what [Nombre 001] stated during the trial.

In addition, the judges considered important the statement of Dr. Luis Solórzano Sandoval, who affirmed that “…responsibility for a person who performs monitoring would rest with the obstetrician, the obstetric nurse, and the general practitioner; at other facilities where there is no specialist, the general practitioner may perform it; as an intern, I performed fetal monitoring, and the intern must be supervised by the specialist; everything the intern does must be interpreted by the specialist; obstetric nurses are trained to work in the delivery room, they perform nursing duties and have the professional qualifications to work in a gynecological-obstetric hospital” [sic]. Within the analysis conducted, this is consistent with the Reglamento de Enfermería Ginecobstetricia y Perinatal de Costa Rica, particularly point 8, which states: “High-Risk Obstetric and Perinatal Care ... Evaluates the results of clinical tests... evaluates maternal-fetal well-being through the use of noninvasive fetal techniques and reports findings using national and institutional instruments... after assessing the woman and based on conditions requiring more complex obstetric and perinatal intervention, transfers her to the appropriate service,” and with the “…Guía de Atención Integral a la mujeres, niños y niñas en el período prenatal parto y pos-parto, particularly point number four on page 76 concerning normal-delivery activities, establishing who is competent to perform each of the tasks and making clear that they always designate the obstetric nurse, physician/general practitioner/resident/gynecologist-obstetrician, including the general nurse/nursing assistant for certain duties” [sic].

Another point raised by the appellants is that, in their view, the civil defendant herself stated that the physician who instructed her to perform the monitoring asked her to report the result to him, and she was therefore required to do so. However, the appellants’ argument rests on a mistaken premise, because the physician instructed her to perform the test and said that he would later come to review the data obtained. In that regard, the civil defendant stated: “…the supervising Dr., whose name I do not remember, told me that I had to go perform a monitoring session, and the Dr. who was with me told me, perform the monitoring and I’ll come down shortly so that we can review it…I looked for the supervising physician who had asked me to perform the monitoring and told him that I had already done it, and we were always told to leave a note so that it could be seen who had performed the monitoring, which is what I did; it was not an interpretation of the monitoring; and I left the medical record on the medical-record cart, left it open at the monitoring page, and there was a shift change, so I went to look for Dr. Flores so that he could see the monitoring for Mrs. [Nombre 002]; I looked for him in the wards and did not find him; one of the nursing assistants told me that he was in the Gynecology room, on the third or fourth floor; I knocked and knocked for a while; it seemed that he had been sleeping because he came out with his hair disheveled; and I told him that I had performed a monitoring session and had attached the printout, and he told me, I’ll come down shortly…” [sic].

The members of the trial court supported their analysis by correctly examining the information provided by the forensic physicians who served as expert witnesses (peritos) in this case, explaining that “…the expert Patricia Solano Calderón, a specialist with 28 years of experience in forensic medicine, states, ‘(...)when a physician enters a note, the nurse must review the note to see what must be done(...)’. This point was also supported by the expert Dr. Pablo Navarro Villalobos, a specialist with 29 years of experience in forensic medicine, whom this Court finds entirely credible and who stated at trial, ‘(...)According to the study I conducted, given the patient’s condition she should have been monitored by the head ward nurse and the physician in charge; at those hours there are several nurses in the ward, as well as an on-call physician and a physician on duty; the intern carries out the instructions given to him or her and cannot interpret any result, because the intern has neither the license nor the professional practice experience(...)’.” This point was also made clear by the expert witness (perito), Dr. Roberto Brenes Esquivel, in his trial testimony.

As a gynecologist and obstetrician for 25 years, an OIJ expert witness for 3 years, and the coordinator of the medical internship (Interno) in the gynecology unit at Hospital de Heredia San Vicente de Paul for 5 years, he is fully qualified to address the matter under investigation and is entirely credible to this Court; he was in no way accommodating, as the prosecution claimed, since his account was wholly consistent with that of the other expert witnesses heard at trial. Dr. Brenes supports the conclusion that, although a student may perform the monitoring, the student cannot and does not have the capacity to interpret it, as that function belongs exclusively to the medical staff of the hospital where the student is assigned, always under the supervision of the medical personnel responsible for the patients under their care. In other words, the expert witness, who works directly with patients in the condition in which the victim was on the date of the events, clearly explained the role of a student in a gynecology ward and how the student may perform monitoring only under the supervision of the hospital staff then present in the ward responsible for the patient.

Regarding this matter, the expert witness stated at trial: “(...) the intern is not part of the operational structure of the maternity service; the patient is received by the obstetric nurse, who interviews her; we perform monitoring on her; we would have the intern place the monitor belts, but we remain there; we sign prescriptions for the intern; the obstetric nurse remains there. Under the current C.C.S.S regulations, there are 2009 standards for prelabor, labor, and postpartum care; the word ‘monitoring’ does not appear in those standards, but they do mention the obstetric nurse, the general practitioner, the resident physician, and the attending specialist physician. An IU can perform monitoring; placing the device is one thing, and explaining what the report shows is another. The intern can place the device—we teach them how. Within the Caja, the person responsible for the patient is the nurse; the only time the obstetric nurse relinquishes control of her patient is when I take over the delivery to apply forceps, or because I decide to take her for a cesarean section together with the anesthesiologist.

Therefore, the obstetric nurse is 100% responsible for the patient. Fetal monitoring has two components: one is printing the fetal-monitoring tracing, and the other is interpreting the report. Printing means putting on the belts and producing the printout; that is easy and involves nothing technical, so it can be taught. The tracing must be interpreted by the specialist physician and the obstetric nurse, who is the first person required to know the condition of her patients (...) From a review of the medical record in 2011, 2023, or 2005, the patient is under the nurse’s care and, in this particular case, she is under the obstetric nurse’s care. In the ward, she will be under the care of two obstetric nurses, who are required at all times throughout the shift to safeguard the medical record on the nursing cart, prepare the nursing notes, and conduct periodic reviews. They may enlist the assistance of the nursing assistant, but the person who signs is the head nurse, meaning the obstetric nurse...” [sic].

On that basis, the triers of fact (personas juzgadoras) validly reached several conclusions: A. The civil defendant (demandada civil) did not allow time to elapse before performing the monitoring after the patient-victim entered the gynecology ward; B. She did not have the capacity to interpret that monitoring; C. She was not required to communicate the monitoring results when hospital staff were present in the ward observing the examination, since those staff members were responsible for verifying and interpreting the results. Nor is there any violation of the rules of sound human understanding (reglas del correcto entendimiento humano) or of due process (debido proceso) regarding the notes appearing on the sheet containing the monitoring results. In this regard, the analysis of that aspect of the judgment, which forms part of the appellants’ arguments, was based on the civil defendant’s own statement that she wrote the bed number and the patient’s name on it and, at the instruction of the obstetric nurse beside her, wrote “loss of signal,” which, according to her, did not amount to an interpretation of the result.

This explanation is consistent with the expert witnesses’ statements that the data could be interpreted only by the specialist physician or the obstetric nurse. The relevant portion of [Nombre 001]’s testimony was as follows: “I want to clarify that I never interpreted the monitoring; I did not know enough, nor did I attempt to do so. The obstetric nurse who was with me told me that they were losses of signal, and one believes her; she was explaining it to me there during the monitoring. There is something marked there that I did not write; I only entered bed 12, where the patient was, and only stated that she was lying on her left side. Nor did I give any instructions, because the medical record has a section for instructions, which must be numbered one or two; that is on the right-hand side, the physician completes it, and I did not write anything there... On the document I wrote, ‘perform NTS at 08am; there are losses of signal’; that is my signature” [sic].

This is consistent with the testimony of expert witness Brenes Esquivel, who expressly stated that the interpretation of that test must bear the signature of the obstetric nurse or physician interpreting it, because performing the monitoring is not a medical act (acto médico), whereas interpreting it is, and therefore those persons must sign it. He added that, in this particular case, he had the opportunity to view the result, “...and it contains no interpretation because it bears none of the signatures...” [sic]. That explanation allowed the trial court (tribunal de juicio) to determine that “...This note is not a medical note but a note by the university intern, as established by Dr. Brenes’s testimony; therefore, it is not a medical interpretation, as the private complainant (querella) attempts to portray it” [sic]. Regarding the remaining notes appearing on the monitoring result, the trial court ruled out that they had been made by the civil defendant.

The appellants challenged that conclusion, alleging a breach of due-process rules on the ground that the trial court members had assumed functions not belonging to them; this Chamber finds that no such defect exists. The claim asserted that an important issue litigated in the adversarial proceedings (contradictorio) was whether the university intern, in addition to performing the electronic monitoring, also interpreted it, “...assuming the role as though she were solely and absolutely responsible for decision-making, instead recording losses of signal...” [sic]. First, it must be noted that [Nombre 001] acknowledged having entered, at the bottom of the electronic-monitoring results sheet, the date, the time at which it was performed, that external stimuli were applied to the patient without any change in her heart rate, and that “there is only loss of signal,” an entry she made at the direction of the obstetric nurse accompanying her at the time, as already stated.

However, that document contains three notes reading “loss of signal” above the lines comprising the heart-rate tracing. The civil defendant denied writing them, and no evidence discredits her statement. Moreover, the trial court’s conclusion was based on the indisputable difference between the handwriting characteristics of the notes that the civil defendant acknowledged having written and those appearing above the heart-rate tracing lines. The handwriting is completely different, as explained in the judgment, and an expert examination (peritaje) on that matter was neither necessary nor indispensable, contrary to the appellants’ contention, because the immediacy of the evidence (inmediación de la prueba) allows the triers of fact to examine what is before them and permits the parties to scrutinize their conclusions. In this case, the difference between the handwriting styles is evident, particularly when combined with the defendant’s denial that she made the other notes.

On this point, the judgment concluded that this “...is consistent with the defendant’s account at trial, when she stated that the nurse responsible for the ward instructed her to make the entry in the record, but that it was this third person who wrote on the monitoring sheet, indicating the loss of signal on the tracing, and that was why she affixed it; this can be inferred from the two handwriting styles visible on the monitoring sheet, both in its interpretation and in the note at the bottom of the record where [Nombre 001] affixed the monitoring sheet” [sic]. Thus, contrary to what was emphasized in the appeal (recurso de apelación), the challenged judgment does not contain contradictory reasoning (fundamentación contradictoria). In that judgment, the triers of fact consistently found that the civil defendant was not required to report the electronic-monitoring results. Instead, the medical staff of the gynecology and obstetrics department at Hospital Max Peralta, under whose supervision the victim had been placed, were responsible for interpreting the results and taking the urgent measures warranted by them.

All of the foregoing led the trial court to conclude as follows: “It is clear to this Court that such interpretation was the responsibility of the personnel caring for the patient-victim, who were required to read the monitoring correctly, and that this proper interpretation should have been correctly performed by the nursing staff who were with [Nombre 001] when she performed the monitoring. It was the duty of those staff members, who did possess the training needed to read the monitoring correctly, to inform the physician on duty, who in turn was required to inform the specialist so that, following an assessment, the medically appropriate action could be taken. As the four expert witnesses analyzed above agreed, if the monitoring had been read correctly, the patient should have undergone immediate intervention to deliver the fetus by cesarean section. Because of this clear omission by the medical personnel who were in fact responsible for the care of the victim, [Nombre 002], and her unborn child, and their failure to perform the appropriate medical procedure, her daughter died.

The forensic physicians reached this conclusion in their testimony, and it was also recorded in autopsy report A:2011-0291, which concluded that performing a cesarean section would have increased the fetus’s likelihood of survival; in other words, the deceased fetus could have been kept alive. This point is also supported by the opinions of Consejo Médico 2019-549 and is consistent with the description in OIJ report 1585-DRC-SI... In summary, the evidence analyzed supports the conclusion that, in this specific case, the persons responsible by virtue of their duty as guarantors (obligación como garante) were the nurses and the physicians on duty or the obstetrician-gynecologist who, in the early hours of 06 de setiembre del año 2011, were required to supervise and monitor any tests, developments, or complications that might arise regarding the health of [Nombre 002] or her unnamed daughter. [Nombre 001], in her capacity as a university student, was not and could not have been the person responsible for the patient’s care, much less the person required to perform the examinations ordered by Dr. [Nombre 005], and still less to interpret them.

The sole act of [Nombre 001], which formed the basis of the accusations in these summary proceedings (sumaria), was the fact that she monitored patient [Nombre 002]; but, as we have seen, she did not do so without supervision from the staff assigned that night to the Gynecology Department of Hospital Max Peralta, nor was she the person who interpreted the document, much less did she have an obligation to report it…” [sic]. The appellants seek to establish a contradiction in the judgment based on the following conclusion by the trial judges: “The Court is clear that she was required to report that the examination had been performed if she was asked to do so, but it was established that two persons who were in fact nurses were present in connection with this examination, which shows that such reporting was not attributable to [Nombre 001], but rather to the nurse who brought [Nombre 002] for monitoring and to the nurse who was in the Gynecology ward when [Nombre 001] monitored [Nombre 002], as follows from the injured party’s account…” [sic]—emphasis added.

This does not constitute the alleged logical defect, since no item of evidence shows that any member of the medical or obstetric staff made such a request of the civil defendant (demandada civil); rather, the physician who ordered the test told her that he would go and review the result, which he did not do, while she confined herself to carrying out her instructions, according to [Nombre 001]’s testimony. The appellants likewise challenge the judgment’s failure to assess: A) medicolegal expert reports (dictámenes medicolegales) numbers número DA-2011-02191-PF, dated 29 de mayo de 2012, which, in their view, identified the relevant elements of the case management that should have been implemented: a) from the time the patient was admitted, her condition required strict medical monitoring and supervision; b) following the monitoring performed on 6 de setiembre de 2011, at 5:11, which yielded an abnormal result, immediate delivery of the fetus was warranted; B) and number 2019-0000549 dated 20 de diciembre de 2019, which, according to the appellants’ reading, established a breach of the duty of care (deber de cuidado) due to an erroneous interpretation of the fetal monitoring that showed acute fetal distress, warranting termination of the pregnancy by the most expeditious means; C) or the testimony of the forensic medical experts, doctors Luís Solórzano Sandoval—who, according to the appellants, stated that, because of the monitoring result, the university intern (interna universitaria) should have immediately notified the specialist physician, which she failed to do, yet the judgment did not assess that statement—or Patricia Solano Calderón, who stated, according to the appellants, that the monitoring result indicated fetal distress and therefore the intern should have reported it, and also that, when performing that test, one must remain “at the patient’s bedside”; nor did it assess the statement by Pablo Navarro Villalobos, who, according to the representatives of the civil plaintiff (actora civil), maintained that the hospital record reflected the result of the monitoring performed by the defendant, which showed problems involving deceleration of the fetal heart rate and therefore should have been reported to the physician on duty; and that, moreover, she was the person who interpreted the data and failed to report it.

In this regard, although Solórzano Sandoval stated that the civil defendant should have communicated the result to the specialist physician, he also maintained in his testimony that “…with respect to responsibility for performing monitoring, it would lie with the obstetrician, the obstetric nurse, and the general practitioner…everything an intern does must be interpreted by the specialist…A Medical Intern is a University Intern who is there to learn, and if the intern does anything, it must be controlled and supervised; it is the final year of medical school.” [sic]. Regarding the claim that expert Solano Calderón’s testimony was not assessed, it should be noted that the judgment referred to her statements, particularly concerning the obstetrician’s obligation to review the entry relating to the result of the monitoring performed; moreover, the appellants fail to mention that the doctor addressed other significant aspects concerning the conduct of university interns, explaining that they are “…under the regulations, prohibited from acting on their own initiative and must always be supervised by a licensed physician; the intern knows that he or she is under the authority of another physician…interns are supervised by a licensed physician; the matter must be reported because, as a student, I am prohibited from taking any action; what the record shows is that she ([Nombre 001]) performed the monitoring and attached it; there is a medical note indicating that she did not review the monitoring but attached it, and that she did not report it, but this is confusing because she did not review it, yet it states that she attached it; what we know is that the intern performed the monitoring, attached it, and did not report it…at the time of the events, she was a regular undergraduate medical-sciences student and was under the supervision of other physicians and performed only academic duties, so improper management cannot be established because she was under the supervision of Dr. [Nombre 005].

There is no distinction among interns; they merely depend on the rotation to which they are assigned…when a physician makes an entry, the nurse must review the note to determine what needs to be done…” [sic]. Finally, regarding the statement by expert Navarro Villalobos, in addition to the matters noted by the appellants, this physician stated at trial that “…the monitoring report was to be given to the attending physician on duty or the physician providing treatment; as for the acts of this medical intern, she has no qualifying license and does not yet possess all the techniques; it is a year for developing skills; she must consult the assigned physician about every medical act; she should have reported it to the physician on duty; Dr. [Nombre 001] merely attached it, and she interpreted the monitoring as interruptions or losses of signal…the University Intern regulations govern the intern’s actions…The Monitoring was not reported because the intern performed the monitoring and did not communicate it to the person evaluating her, and she attached it to the record; there is no indication that she communicated it…According to the study I performed, given the patient’s condition, she should have been monitored by the head ward nurse and the physician in charge; at those hours there are several nurses in the ward, as well as an on-call physician and a shift physician; the intern carries out the instructions given to him or her and cannot interpret any result, lacking both the license and the practical expertise; she should have reported that monitoring…” [sic].

With respect to the entries concerning loss of signal included in the monitoring result, the reasons why the trial judges, on substantiated grounds, rejected the possibility that they had been made by the civil defendant have already been analyzed; as to the interpretation, it was also stated that, when the examination was performed, [Nombre 001] was accompanied by the medical or obstetric staff responsible for reaching any conclusion. It must be borne in mind that expert reports constitute only one element within the total body of evidence (acervo demostrativo), which must be analyzed as a whole; thus, assigning them the evidentiary weight proposed by the appellants would amount to applying a predetermined weighting of the evidence (tasar la prueba). The fact that these are expert opinions is not disregarded; nevertheless, as maintained throughout the judgment, their statements were weighed in light of the regulations governing the conduct of university interns, which relieve them of the responsibility alleged by the appellants on the basis of the expert evidence; moreover, when the monitoring was performed, the civil defendant was not alone but was accompanied by someone who appeared to be an obstetric nurse.

Finally, contrary to the argument in the appeal, the judgment assessed medicolegal report number DA-2011-02191-PF, dated 29 de mayo de 2012, corresponding to the autopsy of [Nombre 003]; indeed, based on the conclusions recorded in that document concerning the medical or obstetric procedure that should have been followed, the judgment stated that “…such interpretation was the responsibility of the staff in charge of the patient-injured party, who should have correctly read the monitoring; that proper interpretation should have been correctly performed by the nursing staff who were with [Nombre 001] when she performed the monitoring; it was the staff’s obligation, as they did have the training required to read the monitoring correctly, to inform the physician on duty, who in turn was to inform the specialist so that, following an assessment, the medically appropriate procedure could be performed; as the four experts analyzed above agreed, had the monitoring been read correctly, the patient should have undergone immediate intervention to deliver the fetus by cesarean section.

Because of this clear omission by the medical staff who were in fact responsible for the care of the injured party [Nombre 002] and her unborn child, and their failure to perform the appropriate medical procedure, her daughter died, a conclusion reached by the forensic physicians in their testimony and likewise recorded in autopsy report A:2011-0291, which concludes that performing a cesarean section would have increased the fetus’s likelihood of survival; that is, it would have kept the deceased fetus alive, a point also supported by the Medical Council reports 2019-549 and consistent with the description in OIJ report 1585-DRC-SI…” [sic]. For all the foregoing reasons, the asserted grounds for appeal (motivos de impugnación) are denied.

VI.The sixth ground of appeal raised by counsel for the civil claimant (actora civil) alleges inadequate reasoning and erroneous legal reasoning concerning the denial of compensation for pecuniary damage (daño material). They base their claim on Articles 41 of the Constitución Política; 1045 of the Código Civil; 103 of the Código Penal; 37, 70 subsection b), and 71 point 3; and 122, 124, and 126 of the Reglas de Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil Código Penal de 1941 and Ley 4891 de 8 de setiembre de 1971. They state that the judgment neither assessed nor analyzed the civil claim for pecuniary or financial damage (daño patrimonial), which did not concern the deceased, [Nombre 003], but rather the civil claimant, ([Nombre 002]), the injured party’s mother, who appeared in the proceedings as a victim and harmed party (damnificada). They contend that the judgment dismissed the claim for pecuniary damage on the basis of purely speculative arguments, which, according to appellants, consisted of the following: “…(a) That damages were claimed for the death of [Nombre 003] and that, with respect to that issue, there is no evidence establishing such damages to the civil claimant.

(b) That physical damage or damage to one’s assets must be established where the person remains alive or, with respect to third parties, where death in one form or another has diminished the assets of the person making the claim, or alternatively where, as a result of that death, the person ceased to receive some type of assets from the person making the claim, or alternatively where, as a result of that death, the person ceased to receive some type of assets. (c) The appealed judgment states that [Nombre 003] was not economically productive because she died in her mother’s uterine cavity after not being delivered as required. (d) That, according to the expert report (peritaje) of Luis Rodríguez Astúa and the variables indicated in that document (life expectancy of 80 years, technical interest rate of 5%, salary of an unskilled worker), the amount stated therein cannot be awarded because it concerns uncertain future circumstances.

It is unknown whether [Nombre 003] would have entered the workforce or whether the salary she might have earned would have directly benefited the claimant, since it is unknown how the deceased would have managed that salary—for example, whether she would have pursued studies and needed that income, whether she would have become independent and started a family and invested the income in that family unit, or whether [Nombre 003] would have engaged in paid work or become a homemaker.” [sic]. They contend that the adjudicators minimized and gave little credence to the expert witness (perito) Luis Rodríguez Astúa, stating that he was a witness when he actually appeared as an expert witness, thereby also violating the principles of objectivity and impartiality, since the judgment does not even “transcribe or refer to his credentials and experience, as it does with respect to Roberto Brenes Esquivel, the defense expert, who, it says (see image 71 of the judgment), has a certain aptitude to address the subject of the investigation.

The fact is that Luis Rodríguez Astúa is also an expert with outstanding technical qualifications, as he is an economist and actuary with more than 25 years of experience; even so, the Tribunal de Juicio de Cartago considers him entirely lacking in value, since it does not explain why his testimony as an expert (he did not appear as a witness, as the judgment erroneously states) is insufficient to determine the variables that must be considered when setting the amount of pecuniary damage.” [sic]. They reiterate that the civil action (acción civil), and its basis for claiming pecuniary damage, was brought by the injured party (ofendida), ([Nombre 002]), in her capacity as mother, which gives her standing to seek the corresponding compensation and recovery for financial damage, provisionally quantified pursuant to Article 308 of the Código Procesal Penal in her capacity as victim and harmed party, based on an expectation of “…future assistance arising from the death of her unborn daughter…” [sic].

They argue that the holder of the right to compensation for damage arising from that expectation is the civil claimant and that it is therefore improper to deny that head of damages because “it is difficult to determine what that person’s life would have been,” which they consider a speculative argument. They contend that case law has recognized the concept of “loss of opportunity” (pérdida de oportunidad), which is also discussed in legal scholarship, citing in support judgment number 1040-F-51-2013 de las 8:40 horas del 14 de agosto de 2013 of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, and that this claim was proven through the expert report of Luis Rodríguez Astúa. They cite foreign legal scholarship, legislation, and case law as the basis for their claim. They note that the trial court itself found that there had been a breach of the duty of care (deber de cuidado) that caused the death of the civil claimant’s daughter, and therefore that there was a “…loss of opportunity for [Nombre 003] eventually to provide assistance to the civil claimant, without the certainty demanded by the Tribunal de Juicio de Cartago in the appealed judgment being required” [sic].

They further state that the calculation was based on a minimum wage rather than on an excessive benchmark. They request that the judgment be vacated on this point and that the claim described above, set at cien millones de colones, be granted or, alternatively, that a remand trial (juicio de reenvío) be ordered for new proceedings. The claim is well-founded, but only with respect to the Caja Costarricense del Seguro Social. In her filing seeking recognition as a civil claimant, ([Nombre 002]) stated that she was appearing in the proceedings as a “direct harmed victim and on behalf of my daughter, who died as a result of the acts attributed to those defendants and to the institution Caja Costarricense de Seguro Social” [sic], which caused her not only psychological and emotional harm but also pecuniary harm, and she extended that claim to the Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE).

The ground raised by appellants must initially be analyzed through the doctrine of “loss of chance” (pérdida de oportunidad). A historical account of this doctrine appears in the academic work by Ricardo Antonio Batalla Robles entitled “La Teoría de la Pérdida del Chance o de Oportunidad y su aplicabilidad en Costa Rica,” which describes the following: “France was the country in which the first decision invoking a loss of chance was issued, on 17 de julio de 1889, and it concerned a judicial officer who prevented a case from proceeding. Subsequently, “the same loss-of-chance doctrine was applied by the Civil Chamber of the Court of Cassation in a judgment of 17 de marzo de 1911, concerning a procedural representative who refrained from bringing the action, and it was definitively consolidated in the ruling of the Chambre de Requétes de 26 de mayo de 1932 regarding a notary’s negligent conduct.”22 Subsequently, the French case involving a jockey whose chance or likelihood of winning a race was impaired because the carrier did not arrive with the horse in time to compete became the classic example in legal scholarship.

In England, the first judgment awarding compensation for loss of chance dates back to 1911 and was the Court of Appeal case of Chaplin v. Hichs, which recognized that compensation could be awarded for the frustrated possibility of winning a competition. The case is highly illustrative and interesting: “A theatrical agent organized such a competition, undertaking to employ as actresses for three years the 12 candidates he would select from among the 50 receiving the most votes from newspaper readers, paying the first 4 candidates 20 pounds sterling per month, the next 4 candidates 16 pounds, and the remaining 4 candidates 12 pounds. The claimant was one of those shortlisted, but the agent did not inform her of the date of the personal interview required by the competition rules, and she therefore was not among the 12 ultimately selected; her claim was upheld and she was awarded compensation of 100 pounds.

The technical explanation of the case is that the claimant had a one-in-four chance of being selected, and that chance therefore constituted an economic value which, having been taken from her, had to give rise to the corresponding compensation. The United States attributes the introduction of the doctrine to the aforementioned English case of Chaplin v. Hichs, since it provided a new approach to loss-of-opportunity issues throughout the Common Law. Subsequently, important decisions included the 1917 judgment of the Texas Court of Civil Appeal in Kansas City M. & O. Ry. Co. V. Bell: “which awarded the claimant the value of the opportunity to win the prize contested at a livestock fair, an opportunity frustrated by the delay in transporting the animals”; and the 1921 judgment of the Supreme Court of Iowa in Wachtel v. National Alfalfa Journal Co., “which protected, on that basis, a person who was unable to obtain the award for best salesperson because his company canceled the competition, depriving him of a possibility of victory…” [sic].

(Batalla Robles, R. A. (2010). La Teoría de la Pérdida del Chance o de Oportunidad y su aplicabilidad en Costa Rica (Tesis para optar por el título de licenciado en derecho). Universidad de Costa Rica). This doctrine has been understood to “…encompass all cases in which the affected person might have obtained an advantage, gain, or benefit, or avoided a loss, but those outcomes were prevented by a third party’s unlawful act, thereby creating uncertainty as to whether the beneficial result would have occurred and giving rise to an expectation or likelihood of financial advantage…” [sic]. (López Mesa, Marcelo. (2008). “Responsabilidad Civil Médica y Pérdida da Chance de Curación”. En Revista de Derecho de Daños. Editorial, Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires: Argentina). Costa Rican legal scholarship has developed this subject by identifying the most common potential applications of the concept of loss of chance.

These include: 1- Loss of employment and professional opportunities. 2- Loss of the opportunity to obtain earnings or profit. 3- Loss of the opportunity to receive income. 4- Loss of the opportunity to prevail in a lawsuit. 5- Loss of the opportunity to win a prize or competition. 6- Loss of administrative opportunities. 7- Loss of the opportunity to avoid economic harm. 8- Loss of opportunities for recovery or survival. 9- Loss of opportunities arising from the refusal to acknowledge a child. 10- Loss of opportunities to receive maintenance assistance (asistencia alimentaria). With respect to this last point, it has been stated: “French case law commonly grants claims for loss of the opportunity to receive maintenance assistance, both in matters involving legal family relationships and those involving de facto relationships. Examples include opportunities to receive maintenance assistance lost by spouses, children, unmarried partners, and de facto children of direct victims of traffic accidents.

However, French case law is notably hostile regarding opportunities to receive maintenance assistance from descendants. Argentine case law has developed an approach under which, upon the death of a [Nombre 001], parents are recognized as having a right to compensation for the loss of the chance to receive maintenance assistance from the deceased child when the passage of time would have reversed the generational roles of economic productivity. This judicial doctrine, now accepted by the majority in Argentina, is distinctive in that it encompasses not only the loss of present opportunities to receive maintenance, but also the loss of future opportunities to receive maintenance, including from an unborn child.

This doctrine historically originated at a time when, for reasons particular to the prevailing positive law (Derecho positivo), compensation for non-pecuniary damage (daño moral) was contingent upon proof of a criminal offense (delito penal). In order not to leave parents without compensation in cases where, because no criminal offense was involved, compensation for non-pecuniary damage was unavailable, case law found an avenue toward justice in the concept of loss of a chance (pérdida de chance) to obtain a financial benefit. Subsequently, the criminal-offense requirement was removed from Argentine positive law for purposes of allowing compensation for emotional non-pecuniary damage (daño moral de afección); but by then, the theory that the loss of a chance of future support (pérdida de chance de alimentación futura) was compensable had already become deeply rooted in Argentine legal culture” [sic].

(Torrealba Navas, F. (s.f.). LOSS OF OPPORTUNITY OR CHANCE. Escuela Judicial de Costa Rica. Retrieved from https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/rev_jud_98/articulos/07_per.html). Although it did not rely on that concept, but rather on the concept of pecuniary damage (daño material), the Sala de Casación Penal, in judgment number 2009-01208, issued at 17:20 on 18 de setiembre del 2009, addressed the possibility of awarding a woman compensation for that type of damage due to the death of her daughter, on the ground that one consequence of the minor’s death would be her inability to generate financial resources once she reached economically productive age. In that decision, it was stated that “…the basis on which that plaintiff seeks recognition of pecuniary damage is not the concept of maintenance payments (renta alimentaria) referred to in Articles 128 and 129 of the Código Penal de 1941 (applicable for those purposes), but rather the damage caused by the loss of a person and the elimination of the earning opportunities that person would have had if she had not died...The Court was required to decide the matter in accordance with section 127 of that body of law, which concerns pecuniary damage generally and not merely the specific issue of maintenance payments.

Regarding this issue, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has had occasion to distinguish between the two concepts, establishing that pecuniary damage must be examined in its full scope and not solely in terms of maintenance. In that regard, it stated: “…the transcribed text of the aforementioned Article 129 does not support its direct application to the case under consideration, because that provision concerns the convicted person’s obligation to pay maintenance to the lawful heirs (herederos legítimos) of the deceased, which is neither debated nor challenged in the appeal at issue. The plaintiff’s claim is for pecuniary damage, not for the maintenance entitlement (crédito alimentario) referred to in Article 129 of the Código Penal. It is therefore true that the rule contained in that article is specific, but it is not applicable to the claim for pecuniary damage, because its content concerns maintenance creditors (acreedores alimentarios), an issue unrelated to the plaintiff’s claims, which specifically seek pecuniary damage.

Article 124 of the Código Penal, also cited and specifically concerning pecuniary damage, makes no reference whatsoever to the need for a declaration of heirs (declaratoria de herederos) conferring standing on the injured party to bring the action… The appellant alleges that Article 1045 of the Código Civil was violated through erroneous application, arguing that it is a general provision on non-contractual fault (culpa extracontractual), as opposed to a concrete, specific provision—Article 129 of the Código Penal de 1941—which establishes compensation, but only for heirs who have been declared the lawful heirs of the deceased. In this regard, it should be noted that neither the general rule in Article 1045 nor the specific rule in Article 129 of the Código Penal was violated as alleged. There is no question that our legal system permits compensation for pecuniary damage without a prior declaration of heirs; accordingly, Article 1045 of the Código Civil speaks of damage in general terms and is unequivocal regarding the person who caused the damage and that person’s duty to provide reparation.

The rule set forth in this provision is fully applicable to the present matter, which concerns the appellant’s Aquilian or non-contractual liability (responsabilidad aquiliana o extracontractual). The cited article of the Código Civil is confined to the regime of non-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual). This liability does not arise from the breach of a specific legal relationship, but from the violation of the general duty not to harm others. The rule concerning the damage suffered, to which this article refers, is also supported by subsection one of Article 137 of the Código Penal de 1941” (decision #10, issued at 14 horas 45 minutos on 22 de marzo de 1994). Consequently, Mrs. Y. did have legal grounds to be awarded pecuniary damage under that concept, because unquestionably one consequence of the minor’s death will be that she cannot generate the financial resources she could have produced had she reached economically productive age, which will not be possible (as is known) because of the events under investigation.

Accordingly, the claim must be granted, the judgment must be quashed on cassation (casar el fallo), and the Caja Costarricense de Seguro Social must be ordered to compensate Y. for the pecuniary damage caused by her daughter’s death…” [sic] —boldface added—. In this case, it was determined that healthcare professionals at Hospital Max Peralta had breached their duty of care (deber de cuidado), causing the death of [Nombre 003], the civil plaintiff’s ([Nombre 002]) unborn child (producto gestacional); she therefore has standing to bring an action seeking compensation for that damage, meaning that the reasoning stated in the recital (considerando) addressing the rejection of that head of damages is erroneous. It is evident that the deceased was not “economically productive,” as stated in the judgment; nevertheless, the expert report (peritaje) provided estimates beginning at the time when she could have entered the labor market, and calculations were made from that point until the age at which a person generally ceases working.

On that basis, the loss resulting from the financial contribution the plaintiff could have received from her daughter can be assessed and quantified. The reasons given by the Trial Court for rejecting this claim therefore lack the necessary reasoning, because the matters mentioned in this recital were not evaluated; consequently, it was possible not only to award this item as pecuniary damage, but also to quantify it specifically. The observations concerning how any earnings or income might have been managed, their source, whether she would have had to share them with her own family, or whether she might not have entered the labor market are assertions lacking any objective basis and cannot properly support denial of the claim. Whether this compensatory item (rubro indemnizatorio) is accepted must be determined on the basis of a prognosis supported by evidence admitted at trial, including the aforementioned expert report and the victim’s testimony.

Accordingly, the judgment is declared ineffective insofar as it denied the property damage (daño patrimonial) sought by the civil plaintiff ([Nombre 002]); that issue must be litigated anew in the retrial (juicio de reenvío) hereby ordered, together with the issue of the costs (costas) applicable in light of the determination made regarding that claim. It must be borne in mind that this claim is to be brought solely against the C.C.S.S., and not against the civil defendants [Nombre 001] Talishvili or Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE), because no subjective or strict civil liability (responsabilidad civil subjetiva u objetiva), respectively, was established on their part.

VII.The seventh ground of appeal is based on a violation of the principles of reasonableness, proportionality, and justice in the judgment with respect to the amount awarded as compensation for non-pecuniary damage (daño moral). They base their claim on Articles 41 of the Political Constitution; 1045 of the Civil Code; 103 of the Criminal Code; 37, 70 subsection b), and 71 point 3; Articles 122, 124, and 126 of the Rules in Force on Criminal Liability under the 1941 Criminal Code; and 202 of the General Public Administration Act. They state that the amount of 30 million colones awarded under this heading is neither reasonable, proportionate, nor just. They note that the justification provided in the judgment regarding the existence of non-pecuniary damage describes an immeasurable impact, finding in this regard the “…emotional harm to the victim, that is, the harm inherent in her family relationships, which were affected, as was her life plan with her daughter and the hope arising from everything that this would entail, as well as the elements concerning the inhumane treatment at the hospital and everything relating to the cesarean section and her hospitalization, and obviously the aftereffects following the death of [Nombre 003]…” [sic].

They consider the amount awarded in the judgment to be merely symbolic and insufficient to compensate for the non-pecuniary damage suffered; indeed, even today, more than 11 years after the events, the victim continues to experience indelible aftereffects. They add that, although the applicable rules permit the adjudicator to determine the amount of such compensation prudently, this does not mean that the determination may be arbitrary; rather, it must arise from sound reasoning based on proportionality to the magnitude of the harm. They reproduce excerpts from legal scholarship and case law in support of their claim. They request that the judgment be vacated on this point and that the corresponding retrial on remand (juicio de reenvío) be ordered or, alternatively, that this Chamber determine the amount under this heading. The claim is well-founded. Not only is the defect described by the appellants present, but there is also a lack of reasoning because the reasoning set forth in the judgment is contradictory.

In the section devoted to explaining the amount of compensation for the non-pecuniary damage suffered by the civil plaintiff (actora civil), the trial court took the following circumstances into consideration: “…the non-pecuniary damage was established, given the suffering caused by the death of her daughter [Nombre 003], due to the C.C.S.S. officials’ breach of their duty of care…this Chamber has weighed the fact that the death of a family member is always painful for any person, particularly when that death is sudden and unexpected, as was the death suffered by the victim…especially since the person now seeking compensation for the harm is her mother, who eagerly and joyfully awaited her because she was her first daughter, whom she longed to hold in her arms and with whom she hoped to share the experiences of mother and daughter, including upbringing and education. The psychological impact suffered by the civil plaintiff from the moment she received the fateful news until today has caused aftereffects that, as she stated at trial, she has been unable to overcome…this panel of adjudicators finds that the plaintiff has suffered not only because her daughter is not alive and with her, but also because of the manner in which she died; she kept her dead inside her uterine cavity for two days, met her days later when she was already deceased, and was unable to say goodbye to her or accompany her at the funeral, which causes her even greater grief than an ordinary person might experience, it being understood that the Court is fully aware of the love and hope with which the plaintiff and her family awaited the deceased, who was her daughter.

The Court was able to discern from her account the anguish caused by that loss and the pain she continues to experience despite the passage of more than eleven years; this absence has caused her to lose her optimism because, for the rest of her life, she must remember not only that her daughter is not here because she died in her womb, but also the pain of seeing how her daughter died while she was hospitalized many hours beforehand, even in a place considered safe for childbirth. From the testimony of the civil plaintiff and her mother, Pastora, it is clear that the victim cried constantly over her daughter and had to seek treatment at the Ebais because she could not sleep as a result of the events, where she was prescribed medication and took antidepressants for one year; as a consequence of the harm caused, her life was not the same for three years, because she did not want to go out or speak to anyone…” [sic].

Despite all those elements or parameters for determining the amount of compensation, which underscore the severity of the emotional consequences suffered by the victim and her family, the trial court’s reasoning takes an inexplicable, unsupported, and contradictory turn and concludes that “…the amounts sought in the civil action (acción civil) are entirely unjustified in the case of non-pecuniary damage…” [sic]—emphasis added—and proceeds to set the compensation payable under this heading at 30 million colones. Although it is true that quantifying subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo), by its very nature, does not require direct evidence—that is, it is subject to the adjudicator’s equitable assessment—this is because it concerns harm occurring within the affected person. In this regard, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia stated in judgment number 537 at 10:40 hours on September 3, 2003: “…it is deduced through presumptions inferred from circumstantial evidence, since the unlawful event giving rise to the claim reveals the non-pecuniary damage, because when the psyche, health, physical integrity, honor, privacy, etc. are harmed, the damage may readily be inferred; it is therefore said that proof of non-pecuniary damage exists ‘in re ipsa.’ Nor must its value be proven, because it has no specific value.

It is assessed prudently. The issue, therefore, is not to quantify suffering, since it is incapable of valuation, but to set monetary compensation for the injury, the only mechanism available to the law to redress, at least in part, the wrong suffered.” From this point, case law has established certain criteria or clarifications for determining the amount for this type of damage and the evidence thereof:

  • 1)Implications of the maxim “in re ipsa.” Establishing subjective non-pecuniary damage does not require direct evidence; rather, it may be inferred on the basis of the rules of human experience. This entails the possibility of inferring that an internal injury occurred in the person who suffered it, without making such a finding conditional upon direct evidence, but instead upon circumstantial evidence, while preserving the possibility of submitting evidence to establish not only the occurrence of the non-pecuniary damage but also its intensity in each specific case, such as testimony from the victim providing details about the impact that the harmful event had on the victim’s emotional sphere, thereby offering a more detailed basis for assessing the resulting impact.
  • 2)Duty to establish the cause of the internal injury. The causal link (nexo causal) between the event giving rise to the non-pecuniary damage and the damage itself must be established, and the person claiming it has the burden of proving the harmful cause.
  • 3)Rules of proportionality. Although evidence is not required to determine the existence of the damage, as opposed to the cause that produced it, the amount awarded is subject to the principles of reasonableness and proportionality. Accordingly, in each case, the judicial authority must weigh the particular features and scope of the dispute so that the award and its quantification conform to those criteria and do not result in excessive damages producing unjustified benefits or insufficient damages that fail to compensate for the harm. Thus, “being subject to rules of reasonableness and proportionality requires that the assessment of damages also conform to logical and rational processes, so that, in each specific case, the full set of elements underlying the assignment of a particular compensatory quantum by equivalence for this type of suffering may be understood. If the assessment of subjective non-pecuniary damage is to be proportionate, that requirement is determined by the circumstances in which it occurred and the intensity of the harm caused to the person. Accordingly, every proportionality analysis requires an examination of the aspects (or distinct assessments) of suitability and necessity. At the first stage, suitability concerns the consistency of the measure adopted with the protected purpose or legally protected interest, such that the decision enables that purpose to be fulfilled.” (Judgment number 00080-2019 at 14:20 hours on June 28, 2019. Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI). Those are precisely the parameters omitted from the challenged judgment. After describing the victim’s emotional harm, the adjudicators find that the amount sought is unjustified and, without explaining their decision, conclude that the appropriate award for the non-pecuniary damage suffered is 30 million colones. It is evident that no reasoning whatsoever exists to justify that amount, thereby violating the requirement under Article 142 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the amount awarded as compensation for non-pecuniary damage is vacated, and the corresponding retrial on remand is ordered so that the amount to be awarded under that heading may be reconsidered, together with an adjustment of costs in accordance with the amount awarded.

VIII.The eighth ground of appeal is raised by counsel for the civil plaintiff on the basis of insufficient and erroneous reasoning (fundamentación) in denying the civil judgment against the accused civil defendant and the Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE). They rely on Articles 142 of the Código Procesal Penal; 1045 of the Código Civil; 103 of the Código Penal; 37, 70 subsection b), and 71 point 3; and 122, 124, and 126 of the Reglas de Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil of the Código Penal de 1941 and Ley 4891 de 8 de setiembre de 1971. They contend that the civil action for damages (acción civil resarcitoria) was brought not only against the Caja Costarricense de Seguro Social, but also against the accused [Nombre 001] in her personal capacity and on the basis of fault-based civil liability (responsabilidad civil subjetiva), “…the foregoing because of the failure to report in a timely manner the monitoring performed on the victim ([Nombre 002]) at 5:11 hours on 6/setiembre/2011, with the consequences already known in these proceedings, which caused the death in utero of [Nombre 003].

In the civil-action file (Images 116 to 135 of the civil-action file), under point III LEGAL RELATIONSHIP, the following is expressly stated: ‘…with regard to the death of my daughter [Nombre 003], who was at thirty-seven weeks’ gestation, thereby causing, in turn, psychological, emotional, physical, moral, and financial harm to me—non-pecuniary and pecuniary damage (daño moral y material)—an action that I also bring against the Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) and Universidad de Iberoamérica (UNIBE), arising from the account of the facts contained in this pleading, there indisputably being a causal nexus (nexo causal) between the accused and the civil defendants with respect to the extremely serious and regrettable death of my daughter. With respect to the civil defendant [Nombre 001] Gonesnashvili Tolishvili, it is evident that she bears fault-based liability for her omission and negligent conduct in treating the undersigned ([Nombre 002]), as follows from the provisions of Article 111 of the Ley General de la Administración Pública, because the status of public servant arises solely from the circumstance of providing a service on behalf of the Public Administration, regardless of the authoritative, representative, remunerated, or permanent nature of the activity.

It follows from the foregoing that, if the clinical placement of a university intern, as in the case of the complainant [Nombre 001] Gonesnashvili Talishvili, is carried out at the facilities of the Caja Costarricense de Seguro Social, liability rests not only with that university intern but also with the aforementioned private professional-training institution. The former is liable because, where fault exists, as it does here, and damage is caused, liability must be imposed under the Ley General de Administración Pública; moreover, joint and several liability (responsabilidad solidaria) arises for the state entity Caja Costarricense de Seguro Social, on the basis of strict liability (responsabilidad objetiva), and, as stated, for the educational institution under whose auspices the internship is carried out, in this case UNIBE…’” [sic]. They state that the civil action against [Nombre 001] arose because the trial court did not find a causal nexus between her conduct and the resulting death, particularly because she was released from criminal liability, which does not preclude granting the monetary claim, pursuant to Article 40 of the Código Procesal Penal.

They reiterate the arguments outlined in the grounds on which they challenge [Nombre 001]’s criminal acquittal. With respect to the dismissal of the claim for damages against the Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE), they consider that this decision lacks adequate reasoning, as the judges merely stated that “…there is no basis for establishing strict liability under Article 35 of the Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, since the civil plaintiff did not prove that she had consumed products or services of UNIBE, and there was no direct or adequate causation between the harm suffered by [Nombre 002] and UNIBE’s activity or omission, nor was it proven that a healthcare service was sold or offered to the civil plaintiff…” [sic]. The origin of that conclusion was not explained, and the court also disregarded the statement made during closing arguments by counsel directing the civil action that “…in these cases involving university interns, that fact alone does not make it possible to rule out civil liability, since they are already in the final year of their degree program and assume duties and perform medical acts…” [sic].

They add: “…The judgment states that, upon admission to Hospital Max Peralta, UNIBE complied with all protocols so that the accused could undertake her university placement, an assertion that is not entirely accurate, since the judgment itself maintains that [Nombre 001] lacked sufficient training to interpret the monitoring; this shows that the cited university did not prepare her sufficiently well, and that is where its civil liability arises, yet the judgment analyzes none of this. Nor did Unibe ever take care to adequately supervise the duties performed by the accused in her role as an intern; she was simply left to fend for herself at that hospital, committing, whether by act or omission as in this case, acts that ultimately cost [Nombre 003] ([Nombre 002]) her life. The Court does not analyze that, although the work of intern students is or should be supervised by the teaching medical staff, the university profits from that activity; indeed, as the accused herself stated at trial, a fee is paid to Unibe, in this case, for the medical-practice course, which instead demonstrates that the educational institution must also be held liable for the damage caused.” [sic].

Finally, they argue that the judgment failed to assess the students’ malpractice civil-liability insurance policy, appearing at folio 71 of the civil-action file and admitted into evidence, as well as a list of the students covered by that policy, including the civil defendant [Nombre 001], a document demonstrating the possibility of strict civil liability on the part of that educational institution. They request that the asserted ground be granted, that the challenged judgment be vacated as to the matters appealed here, and that the case be remanded for new proceedings concerning the dismissal of the civil action brought against the Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE) and the civil defendant [Nombre 001], with the record returned to the court of origin for new proceedings on that issue. The claim is denied. With respect to the absence of civil liability on the part of the defendant [Nombre 001], the appellants are referred to the ruling in recital V (considerando V) of this decision.

As for the potential strict civil liability of the aforementioned higher-education institution, it must be analyzed on the basis of Article 35 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor number 7472, which states the following regarding the liability regime: “The producer, supplier, and merchant must be concurrently liable, regardless of the existence of fault, if the consumer suffers harm because of the good or service, inadequate or insufficient information concerning it, or its use and risks. Only a person who proves that he or she had no connection to the harm shall be released from liability. The legal representatives of commercial establishments or, as applicable, the persons in charge of the business are liable for their own acts or conduct and for those of their employees or assistants. Technicians and persons responsible for production and oversight are jointly and severally liable, where applicable, for violations of this Law to the detriment of the consumer.” This provision was analyzed in the challenged judgment to determine whether the civil plaintiff consumed products or services provided by the civil defendant Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE), and the judgment concluded that “…this institution did not sell or offer a healthcare service to the civil plaintiff.

UNIBE was the university at which the accused was pursuing her medical degree, and as part of her academic training she completed her placement at the C.C.S.S, as a UNIBE student; UNIBE, as an educational institution, complied with all protocols required for the accused’s corresponding admission as a medical student at the C.C.S.S. for the purpose of completing the placement required by her degree program…” [sic]. Although brief, the explanation provided in the judgment is correct. This analysis must begin with the rules established in the Reglamento de la Actividad Clínica Docente en la Caja Costarricense de Seguro Social, which “…governs teaching activity at the Caja Costarricense de Seguro Social at the pre-degree, degree, and postgraduate levels, for the purpose of guaranteeing patients that their rights to privacy, intimacy, and quality healthcare services are not impaired by the teaching and learning process conducted at its facilities.” (Article 1°)—boldface added.

Likewise, Article 2 defines a university intern (interno universitario) as a person who is a “…Regular student in the final year of a degree program who joins a learning program, the central element of which is clinical-academic training in a teaching unit, under the supervision of a university instructor…”—emphasis added. The latter is a professional who works in a teaching unit and holds a university appointment as a professor, whose function is to coordinate the teaching activities of a specific course; a teaching unit (unidad docente) is defined as a “CCSS unit in which teaching and learning activities in the different disciplines are carried out.” In other words, the relationship of the rotating university intern and the educational institution to which the intern belongs with the Caja Costarricense del Seguro Social is limited to training intended to complete the intern’s academic preparation under the supervision of a university instructor who must also be an employee of the CCSS, as stated in Article 19 of those regulations.

In this respect, the Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud does not provide a service to patients who, by virtue of that training process, are treated by a student while completing the internship; the provision of such a service is precisely one of the circumstances that would permit application of Article 35 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Indeed, the civil-liability insurance policy mentioned in Article 11 of the aforementioned regulations is taken out in favor of the CCSS to cover the damages that its students and instructors may cause, in connection with that placement, both to users and patients and to physical resources; it also covers accidents occurring during the teaching and learning process. This establishes that the relationship is among the university, the student, and the CCSS, the institution that provides patient-care services. Accordingly, the trial court’s decision not to impose civil liability on the Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud is deemed consistent with law.

IX.Attorneys Gonzalo Castellón Vargas and Adriana Lucía Castellón Jiménez, legal representatives of the private defendant and civil defendant (querellada y demandada civil) [Nombre 001], challenge the judgment with respect to the assessment of the costs (costas) relating to the filing of the private criminal complaint (querella) and the civil action for damages (acción civil resarcitoria). They state that the reasoning used in the judgment is insufficient, as it merely relies on the concept of “plausible grounds for litigation (razón plausible para litigar).” They add that “…the PRIVATE CRIMINAL COMPLAINT is brought indiscriminately against our client and Doctor [Nombre 014]. The pleading by which the respective claim was filed states that both private defendants ([Nombre 001] and [Nombre 016]) deliberately delayed the performance of the fetal monitoring recommended for such purposes. The contradictory reasoning arises from the remainder of the JUDGMENT OF ACQUITTAL, since it is based on our client’s lack of a legal duty to act (condición de garante).

As was clearly stated at the beginning of the trial—and expressly brought to the attention of the private prosecuting party—the claimant’s legal representatives did not amend the text of the relevant pleading, as they were required to do, even though the private defendant [Nombre 014] had expressly benefited from a DISMISSAL (SOBRESEIMIENTO) during the intermediate stage. Despite such a flagrant circumstance, the private complainant’s legal representatives proceeded with their ACCUSATION and consequently attributed the relevant acts to our client. How, in such a case, can this be described as good-faith litigation? The private prosecuting party was required to correct the factual allegations of the complaint and limit the aforementioned accusation to the acts attributed exclusively to Dr. [Nombre 001]. The failure to do so automatically resulted in our client being formally notified of the ENTIRE original factual account, which, as the judgment itself states, could not have been carried out by a person who did not have the aforementioned legal duty to act.

Consequently, unless such an enormous contradiction is accepted, the decision not to award costs is inconsistent with the reasoning underlying the acquittal, since the claimants (the private complainant, civil plaintiff, and legal advisers) were aware of that lack of a legal duty to act even before the aforementioned actions (Private Criminal Complaint and Civil Action) were filed” [sic]. They request that the judgment be reversed with respect to the payment of costs and that the private complainant and civil plaintiff be ordered to bear them. The claim is denied. Contrary to the appellants’ assertions, the judgment set forth the reasoning that properly led the judges to adjudicate the complaint filed against [Nombre 001] and the civil action for damages brought against the latter and the Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE). They did not merely mention the existence of plausible grounds for litigation as the basis for their decision; they gave substantive meaning to that procedural concept by stating that: “…the Civil Plaintiff had compelling grounds to bring both criminal and civil proceedings in search of a response from the justice system; this case concerns the death of her daughter and negligence in the services provided to her at Hospital Max Peralta de Cartago.

There is no maliciousness in seeking an answer regarding the liability of [Nombre 001] in her capacity as a student, much less that of Universidad UNIBE, with which [Nombre 001] was affiliated when she completed her internship at that Hospital; the only way to provide this answer was through the criminal proceeding, which today concludes with this first-instance judgment, without the civil plaintiff having acted recklessly toward the accused and UNIBE” [sic]. This is consistent with what this same Section, sitting with a different panel, has held on the matter. Thus, in voto 2017-637, issued at 10:57 on November 30, 2017, it stated: “For purposes of clarity in the analysis, that term must first be conceptualized. Legal scholarship has stated that: ‘Plausible grounds for litigation are grounds that warrant consideration; that is, it was reasonable to decide to file a private criminal complaint or a civil action, or to oppose the admissibility of such an action.

This must be assessed on a case-by-case basis.’ (Llobet Rodríguez Javier, Proceso Penal Comentado, Código Procesal Penal Comentado, 5th edition, first reprinting, Editora Dominza and Editorial Jurídica Continental, San José Costa Rica, 2014, page 441). It is also important to note that the rule established by Articles 267 and 270 of the Código Procesal Penal is that costs are borne by the party that loses the proceeding. That provision contains an exception where the conduct of the proceeding demonstrates plausible grounds for litigation. Legal scholarship identifies the following parameters for applying that exclusion: ‘a) uncertainty regarding the factual circumstances that may have led the parties to believe they were entitled to litigate; b) the existence of a complex or difficult situation, whether factual or legal, that could have prompted the parties to defend the position asserted at trial in the belief that their right was legitimate … d) interpretive difficulties arising from the application of a provision or doubtful questions of law; e) the existence of conflicting legal scholarship and case law… g) the justness of the claim, despite its rejection; h) a reasonable belief in one’s right; that is, where the nature of the issue submitted for adjudication may have led the parties to believe in the legitimacy of their rights; i) kinship between the parties, because the dispute entails a divergence of interests and, therefore, when close relatives are involved, the judgment should not contribute to deepening that division by imposing costs.’ (Loutayf Ranea, R., & Costas, L. F. (cited by Sanabria Rojas, R. A. (2016)).

La Acción Civil en Sede Penal. Buenos Aires: Editorial Astrea. In Reparación Civil en el Proceso Penal (2nd ed., p. 420). Editorama S.A.).” Each of those requirements was indeed present throughout this lengthy proceeding. The investigation was complex, and what had occurred did not become clear until it was completed; indeed, the lack of criminal and civil liability on the part of the private defendant and the civil defendants was not determined until the conclusion of the trial. The victim consistently acted with the firm conviction that they bore criminal and/or civil liability in connection with her daughter’s death, and there is no indication that she acted contrary to that belief. Nor is the appellants’ argument that ([Nombre 002]) should bear the costs generated by the processing of the complaint and the civil actions—because she failed to amend their statements of facts to exclude the name and participation of one of the persons who appeared as an accused and who was ultimately granted a dismissal—well-founded, since the requirements for finding that she had plausible grounds for litigation are not altered by that circumstance, which, in any event, did not prejudice the appellants in any way.

POR TANTO

The first ground of appeal raised by attorney Ronney Adrián Solano Díaz, in his capacity as General Judicial Attorney-in-Fact without a monetary limit (Apoderado General Judicial sin límite de suma) for the Caja Costarricense de Seguro Social, is partially granted. Consequently, the acts under investigation are reclassified as constituting the offense of negligent abortion (aborto culposo), and the criminal action is declared extinguished due to the statute of limitations (prescripción), pursuant to Article 30(e) of the Código Procesal Penal. The remaining grounds of appeal raised by attorney Solano Díaz are denied. The sixth and seventh grounds of the appeal filed by attorneys Guillermo Sojo Picado and Víctor Hugo Navarro Araya, representatives of the victim and civil plaintiff ([Nombre 002]), are granted. Consequently, the judgment is declared ineffective insofar as it denied the pecuniary damages (daño patrimonial) sought by the civil plaintiff ([Nombre 002]) against the Caja Costarricense del Seguro Social, and that issue must be heard again in the retrial (juicio de reenvío) hereby ordered, taking into consideration the statement at the end of Considerando VI of this decision.

Likewise, the amount awarded in the challenged judgment as compensation for non-pecuniary damages (daño moral) in favor of the civil plaintiff ([Nombre 002]), payable by the Caja Costarricense del Seguro Social, is vacated, and the corresponding retrial is ordered so that the amount to be awarded under that heading may be reconsidered. The amount of costs awarded in favor of the civil plaintiff shall be adjusted in accordance with the ruling on the matters for which the retrial will be held. In all other respects, the appeal by the private prosecuting party and civil plaintiff is denied. The appeal filed by attorneys Gonzalo Castellón Vargas and Adriana Lucía Castellón Jiménez, legal representatives of the private defendant and civil defendant [Nombre 001], is likewise denied. In scheduling the retrial hereby ordered, the Tribunal de Juicio de Cartago must consider the excessive duration of this proceeding, which began in two thousand eleven, so that it may be scheduled immediately. NOTICE SHALL BE GIVEN.

MARCO MAIRENA NAVARRO - DECIDING JUDGE XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - DECIDING JUDGE JAIME ROBLETO GUTIERREZ - DECIDING JUDGE Circuito Judicial de Cartago Telephone numbers: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Email: [email protected]

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EV Generación de Machote: D:\Srv-Archivos\MODELOS\TSGEN009.dpj Res: 2024-159 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Segunda. A las ocho horas del treinta de abril de dos mil veinticuatro.

Causa penal 11-002561-0058-PE seguida contra [Nombre 001] por el delito de Homicidio culposo en perjuicio de [Nombre 003].

Recursos de apelación de sentencia penal formulados por los licenciados Guillermo Sojo Picado y Víctor Hugo Navarro Araya en calidad de Apoderados Especiales Judiciales de la querellante [Nombre 002], por Ronney Adrián Solano Díaz en su condición de Apoderado General Judicial sin límite de suma de la Caja Costarricense de Seguro Social, y por Gonzalo Castellón Vargas y la licenciada Lucía Castellón Jiménez como defensores particulares de la encartada. Resuelven los jueces Marco Mairena Navarro y Jaime Robleto Gutiérrez, así como la jueza Xiomara Gutiérrez Cruz;

RESULTANDO:

1. Que mediante sentencia 418-2023 de las quince horas un minuto del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal de Juicio de Cartago, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con todo lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 8 y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículos 1, 2, 11, 12, 18, 30, 45,103 al 109, 117 del Código Penal, artículos 122 al 138 del Código Penal de 1941 que se refieren a las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 37, 40, 41 y 42 , 70, 71, 75 a 83, 91, 92, 94, 95, 97, 111 al 124, 142, 143, 180 al 184, 265 a 270, 308, 360 a 365, 366 y 368 del Código Procesal Penal, artículos 16 y 39 Decreto Ejecutivo número 41457-JP, artículos 190 a 191 de Ley de Administracción Pública, por uninamidad de votos el tribunal resuelve: 1) Se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001]" de UN DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO cometido en perjuicio de [Nombre 003]. 2) Se rechaza la exepción de prescripción. 3) SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA interpuesta por la actora civil ([Nombre 002]), en contra de la demandada civil CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, en tal caracter se condena al pago por daño moral en la suma de TREINTA MILLONES DE COLONES. Se declara sin lugar el daño material alegado por la muerte en de Imnominada ([Nombre 002]). Además, se condena a la demandada civil CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, al pago de la suma CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL COLONES, por concepto de las costas en razón del ejercicio de la acción civil incoada por la actora civil contra dicha institución. Las sumas anteriores deberán cancelar dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza del presente fallo, de lo contrario deberan ser liquidadas vía ejecución de sentencia, más los interés de ley. 4) SE DECLARA SIN LUGAR LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA interpuesta por la actora civil ([Nombre 002]), en contra de [Nombre 001], y en contra de LA UNIVERSIDAD DE IBEROAMERICA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA SALUD (UNIBE). Se resuelve sin especial condedatoria en costas por existir razón plausible para litigar. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Se ordena dejar sin efecto cualquier tipo de medida cautelar. ES TODO. NOTIFÍQUESE POR LECTURA, SEÑALANDO A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO 2023. REYNALDO ARAYA UCAÑAN, SAYLIN BALLESTERO MORA, KATTIA VEGA BRENES, JUEZ Y JUEZAS DE JUICIO. (sic)."

Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Mairena Navarro, y

CONSIDERANDO:

I.La audiencia oral para conocer los recursos de apelación planteados se celebró a partir de las 9:00 horas del 3 de octubre del 2023, en la sala de debates número 12 del edificio de los Tribunales de Justicia de Cartago. En dicha oportunidad, la sección segunda del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago se conformó con la jueza Xiomara Gutiérrez Cruz y los jueces Jaime Robleto Gutiérrez y Marco Mairena Navarro, quien la presidió. Intervinieron, además, los licenciados Gonzalo Castellón Vargas y Adriana Castellón Jiménez, defensores particulares de la encartada [Nombre 001], quien no participó en la diligencia; Ronney Solano Díaz, en su condición de Apoderado General Judicial sin límite de suma de la Caja Costarricense de Seguro Social; Guillermo Sojo Picado y Víctor Hugo Navarro Araya, Apoderados Especiales de la parte querellante y actora civil [Nombre 002], quien también se hizo presente; Fabio Hernández Flores y María Lizeth Valverde Godínez, como representantes de la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE).

II.El licenciado Ronney Adrián Solano Díaz, en su condición de Apoderado General Judicial sin límite de suma de la Caja Costarricense de Seguro Social, impugna la sentencia número 418-2023 dictada por el Tribunal de Juicio de Cartago a las 15:01 horas del 21 de junio del 2023, en la cual, entre otros extremos, se declaró parcialmente con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la actora civil ([Nombre 002]), en contra de su representada, condenándose a la C.C.S.S. al pago de treinta millones de colones por daño moral; además, a cancelar la suma de cinco millones trescientos mil colones, por concepto de las costas en razón del ejercicio de la acción civil. En su primer motivo de impugnación alega una violación a los principios de legalidad y tipicidad por errónea aplicación de la ley sustantiva. Señala que, en el transcurso del debate, se interpuso una excepción de falta de acción, mencionándose que la calificación jurídica de los hechos acusados corresponde al delito de aborto culposo y no de homicidio culposo, como lo calificaron tanto el Ministerio Público, como la parte querellante y actora civil.

Indica que, tomando en consideración la pena establecida para aquel ilícito, la acción penal se encuentra prescrita. Refiere que, de la investigación se derivó que el feto falleció dentro de la cavidad uterina y que la ofendida no había entrado en labor de parto al no presentar contracciones uterinas o falsas contracciones, por lo que la muerte del producto corresponde a un aborto culposo y no un homicidio culposo. Transcribe parte de los argumentos brindados por el tribunal de juicio al rechazar la excepción planteada, indicando que sus integrantes interpretaron erróneamente los antecedentes jurisprudenciales mencionados en apoyo de su resolución. Como soporte de su planteamiento hace referencia al contenido de la prueba testimonial, específicamente de lo dicho por los peritos Patricia Solano Calderón y Pablo David Navarro Villalobos, miembros del Consejo Médico Forense, de acuerdo con los cuales, al ingreso de la señora ([Nombre 002]) al Hospital Max Peralta, no había iniciado labores de parto, así como lo referido en el expediente clínico de la paciente, en el cual se anotó que ese día no presentó borramiento del cuello ni registró dilatación, reiterando que la figura penal a aplicar es aborto culposo y no homicidio culposo.

Sostiene que ello tiene incidencia con la extinción de la acción penal por prescripción, pues la sanción para el delito de aborto culposo se establece en días multa, de allí que el plazo de dicho instituto sea de dos años iniciado el procedimiento, el cual se reduce a 1 año al presentarse alguna causa de interrupción de ese plazo, por lo que, si la persecución penal inició con la denuncia de fecha 06 de setiembre del 2011, la causa prescribió el 06 de setiembre del 2013 y, en consecuencia, la acción civil resarcitoria incoada en contra de su representada no fue válidamente ejercida por cuanto no se cumplió con las reglas establecidas para dicho fin en los artículos 40 y 114 del Código Procesal Penal. El reclamo se declara parcialmente con lugar. Tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional en diversas resoluciones, la correcta calificación legal de los hechos sometidos al contradictorio forma parte del debido proceso.

En otras palabras, si al dictar un fallo el tribunal de juicio toma en consideración, dentro de la fundamentación de la norma a aplicar, elementos jurídicos que no existen o que no encuadran en realidad en la figura típica que se escogió, se incurre en violación al debido proceso. (Votos de la Sala Constitucional 00860-96 de las 9:39 horas del 16 de febrero de 1996; 2001-07648 de las 15:15 horas del 8 de agosto del 2001; y voto 2021-615 de las 11:00 horas del 4 de noviembre del 2021, de esta misma sección, entre otros). Lo planteado por el recurrente guarda relación con dicho tema, es decir, la existencia de una incorrecta calificación legal de los hechos tenidos por demostrados se relaciona, tal y como se formula en el recurso, con el plazo de prescripción, que podría incidir, también, con la declaratoria de responsabilidad civil de la entidad que representa. Dos figuras penales se encuentran en discusión: el aborto culposo y el homicidio culposo, cuyo deslinde debe efectuarse por vía de interpretación, acudiéndose a criterios atinentes al bien jurídico protegido en cada uno de esos tipos penales: la vida humana dependiente o vida prenatal y la vida humana independiente.

En todo caso, para establecer cuál de los tipos penales es el adecuado para subsumir la especie fática establecida en el fallo, es necesario repasar lo que la doctrina más importante sobre el tema ha planteado. Son varios los autores que establecen como el momento que divide la existencia del delito de aborto con el homicidio, el inicio de las labores de parto de la madre. Es decir, antes de que ello ocurra se aplica la figura del aborto y, a partir de ese momento la del homicidio. Así, se ha indicado lo siguiente: “El nasciturus se protege desde que es demostrable su existencia, es decir, desde la anidación en el útero del óvulo fecundado, que se produce entre siete y catorce días después de la fecundación. Así mismo, su protección se extiende hasta el inicio del parto, que pone fin al estadio fetal (STS de 22 de enero de 1999, TOL272.625). Lógicamente, no se trata de que en ese momento desaparezca la protección penal, sino de que, en el caso de producirse una acción u omisión dolosa o imprudente que pueda afectar a la vida o la salud del feto o del niño ya nacido, ya no estaríamos ante un delito de aborto o de lesiones al feto, sino ante un delito de homicidio, asesinato o lesiones, según las circunstancias” [sic].

(Moreno-Torres Herrera, M. R., Fernández Teruelo, J. G., Esquinas Valverde, P., García Amez, J., Elena Marín de Espinosa Ceballos, Fonseca Fortes Furtado, R. H., Juan J. Morcillo Jiménez, & ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. (2023). Lecciones de Derecho Penal. Parte especial. 4a Edición actualizada con las últimas reformas del Código Penal. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788411971898). Dicha postura coincide con quienes afirman que “…cuando se ha iniciado el parto el objeto que sufre la acción es el ser humano (vida humana independiente) en el que se materializan los delitos de homicidio y lesiones” [sic]. (Mir Puig, S., Guillermo Ramírez Martín, Gabriel Rogé Such, & CORCOY BIDASOLO, M. (2024). Comentarios al Código Penal. Reformas LLOO 1/2023, 3/2023 y 4/2023, 2a Edición 2024. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788411978354).

Por su parte, Muñoz Conde refuerza la tesis de que el bien jurídico protegido en el delito de aborto es la vida humana dependiente, pero va más allá en cuanto a la división de ambos delitos proponiendo que sea el momento mismo del nacimiento el que marque la diferencia. Al respecto, dicho autor español sostiene: “…Realmente, no estamos aquí ante un problema científico que se pueda resolver con criterios puramente biológicos, sino ante un problema jurídico que hay que resolver con criterios puramente jurídicos a partir de los datos biológicos. De lo que se trata es de dispensar a la vida humana la protección del Derecho penal de forma coherente, evitando lagunas de punibilidad que pudieran surgir de la propia dificultad inherente a la distinción entre vida humana independiente y vida humana dependiente. Desde el punto de vista del Derecho penal vigente en España, la vida humana independiente y, con ella, su destrucción como «homicidio» en el sentido en que se emplea este término en la rúbrica del Título I del Libro II del Código penal, comienza desde el momento del nacimiento, entendiendo por tal la total expulsión del claustro materno, como recoge ahora expresamente el art. 30 Cc.

Éste es el único criterio que permite distinguir con claridad uno y otro momento de la vida humana, siendo indiferente que tras esta expulsión se produzca el corte del cordón umbilical, o que en el caso de parto por cesárea la expulsión se produzca por extracción del vientre materno, o que se haya producido ya o no la respiración pulmonar autónoma del recién nacido. Lo importante es destacar que en tanto no se produzca el nacimiento, momento a partir del cual se entiende comienza la vida independiente, cualquier actuación delictiva contra la vida dependiente tiene que ser calificada, todo lo más, como aborto o, en su caso, como lesiones al feto” [sic]. (MUÑOZ CONDE, F. (2021). Derecho Penal Parte Especial 23a Edición, revisada y puesta al día con la colaboración de Carmen López Peregrín. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788413979076). La discusión se fortalece con la posición de Enrique Orts, quien plantea lo siguiente: “…A efectos penales, no hay más concepto de nacimiento que el natural: basta y sobra con haber nacido para obtener la tutela jurídica, aunque no se den los requisitos que el Código Civil exige para ser persona.

Este es, pues, un concepto descriptivo, no normativo, lo que recuerda el carácter autónomo del Derecho Penal en el establecimiento de sus presupuestos. La tesis tradicional en la doctrina y la jurisprudencia ha sido la de que el dato decisivo era la existencia o no de respiración pulmonar autónoma, pues ésta es la que comporta el comienzo de la vida propia y la independencia del individuo como miembro de su especie. Con ello, ciertamente podía darse una laguna legal: la muerte producida durante el parto, (piénsese en la verificada dolosa o imprudentemente por el médico o médica y quien le asiste) encaja muy difícilmente en el aborto. De lege ferenda podría ser aconsejable contemplar específicamente el supuesto, lo que no hace el Código Penal que tan sólo incluye un tipo dedicado a las lesiones fetales. Como más adelante veremos, parece lógico encajar estos supuestos en las modalidades de aborto y afirmar que el objeto material de los delitos de homicidio comienza con la respiración pulmonar autónoma.

Sin embargo, la jurisprudencia mantiene actualmente de manera insistente el criterio opuesto, al considerar momento del nacimiento el del comienzo del parto, incluso adelantando éste al comienzo de las contracciones y de la fase de dilatación (STS 726/1998, de 22 de enero de 1999) y afirmar que la muerte durante el parto no será aborto sino homicidio (STS 2252/2001, de 29 de noviembre). Así pues, y de acuerdo con la Jurisprudencia absolutamente dominante en la actualidad, la vida independiente comienza con las primeras manifestaciones del parto, por lo que ya no podemos hablar de vida postnatal (frente a la prenatal, objeto del aborto), sino, como máximo de natal y postnatal” [sic]. (Orts Berenguer, E., GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., & VIVES ANTÓN, T. S. (2022). Derecho Penal Parte Especial 7a Edición. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788411473750).

Como se desprende de lo anterior, salvo el caso de Muñoz Conde, que plantea como el momento que divide ambas figuras el nacimiento, los demás autores establecen que ello ocurre una vez que inicia el proceso del parto, lo que coincide con la jurisprudencia nacional, tal y como se verá. A nivel nacional, la abogada María Ester Vargas Monge, publicó un artículo en la Revista El Foro (Vargas Monge, M. E. (2023, septiembre). El concepto de nacimiento, a la luz de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: entre aborto y el homicidio. El Foro, 25, 46-56. Recuperado de: https://www.abogados.or.cr/?r3d=el-foro-24-copy#2). En dicha publicación, mencionó una serie de planteamientos doctrinales y jurisprudenciales en torno al nacimiento como criterio distintivo de ambos delitos, indicando que ese evento debe analizado desde el punto de vista legal “para brindar claridad al juzgador sobre cómo interpretar la norma, a fin de que pueda instituir, si ante un caso límite que se ponga en su conocimiento, se encuentra ante un delito de aborto, en cualquier de sus modalidades o uno de homicidio” [sic].

Menciona Vargas Monge el análisis que a nivel de medicina legal en Costa Rica se ha establecido con relación al infanticidio, exponiendo con base en el libro de Eduardo Vargas “Medicina Legal”, que “Desde el punto de vista médico-legal, al desarrollar el tópico del infanticidio, que es el homicidio del recién nacido, se ha instituido que, para que el médico diagnostique el homicidio de este, deben comprobarse los siguientes aspectos: a) viabilidad del producto; b) signos de vida extrauterina; c) duración de la vida extrauterina y d) causa de la muerte; de los cuales interesan los signos de la vida extrauterina, es decir, los cambios que el organismo experimenta al adquirir vida autónoma. Lo que deja entrever que, antes de que el producto logre dicha autonomía, lo cual precisamente sucede con el nacimiento, cualquier ataque que se realice contra la vida de este no podría calificarse como infanticidio sino una acción típica de aborto” [sic].

La existencia de la diversidad de criterios para la delimitación apuntada es evidenciada por Llobet Rodríguez quien reconoce que el criterio dominante en Argentina y Alemania es el inicio de las labores de parto, resumiendo: “Algunos sostiene que hay homicidio y no aborto, cuando el producto de la concepción es ya viable, en el caso de que naciera, en particular a partir del sexto mes de embarazo. Unos indican que es homicidio, y no aborto, la muerte de la criatura durante el nacimiento, o sea cuando comienzan los dolores del parto; se inicia el procedimiento especial para inducirlo; o se extrae quirúrgicamente al niño. Se trata de la posición dominante en Argentina y en Alemania (…) Una tercera posición exige para la existencia del homicidio, la total separación de claustro materno, evidenciada por el corte del cordón umbilical. Una cuarta posición sostiene que hay homicidio y no aborto, cuando se ha producido la total expulsión del vientre materno.

Esta posición es dominante en la doctrina española” [sic]. (LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Homicidio, femicidio y aborto. Editorial Jurídico Continental, San José, C.R., 2020, pág. 91-92). A nivel jurisprudencial, en el voto 2004-2792 dictado por la Sala Constitucional a las 14:53 horas del 17 de marzo del 2004, se estipuló que es el nacimiento el elemento distintivo entre ambas figuras delictivas. Dicho pronunciamiento indica lo siguiente: “…no encuentra la Sala que se haya dado un franqueo de esos límites por parte del legislador, en el acto de establecer normativamente una diferencia entre la situación de un ser humano nacido y la de un ser humano que aún no ha nacido, para, con base en dicha distinción, imponer sanciones diferentes para cada una de las modalidades de lesión que se produce al derecho a la vida de ambos. En primer lugar, reconoce la Sala que aunque en los dos casos se trata de seres humanos, es también verdad que se encuentran en etapas de desarrollo claramente diferenciadas, no solo desde el punto de vista médico, sino desde una perspectiva social, de modo que existe una base objetiva y perceptible para diferenciar” [sic].

Partiendo de ello, es necesario conceptualizar el nacimiento entendiéndose por tal la “Acción y efecto de nacer; de salir el ser del claustro materno.” (Osorio. Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires. Editorial Heliasta. 2004.) Ahora bien, la Sala Tercera ha desarrollado este tema indicando en el voto 442-2004 de las 11:00 horas del 7 de mayo de 2004, lo siguiente: "... esta sala...se ha inclinado por la tesis que impera en Argentina, la que lleva la protección jurídico penal un poco más atrás, al entender que -a efectos de determinar la correcta calificación jurídica del hecho- existe nacimiento desde aquel momento en que, habiendo adquirido el producto de la gestación la madurez necesaria, se da inicio al proceso de alumbramiento. En este sentido debe aclarase que el nacimiento no es un acto único, concreto y determinado, sino todo un proceso que da inicio cuando el infante ha adquirido la madurez necesaria y se presentan contracciones uterinas; cuando estas se inducen artificialmente; o cuando se da inicio al proceso de extracción quirúrgica.... la figura del aborto, a efecto de poder distinguirlo del homicidio... el primer elemento que caracteriza al delito de aborto es la interrupción del embarazo o gestación, en donde la mujer pare antes del tiempo en que el feto puede vivir, de modo que, si el embarazo está completo, el proceso de gestación ha concluido, el feto está maduro e inicia el proceso de parto, su muerte con relevancia penal no puede ser considerada como aborto, sino que constituye homicidio..." [sic].

Dicho criterio reitera lo indicado en la sentencia 2001-791 de las 10:10 del 20 de agosto del 2001. Sin embargo, en una resolución más reciente, la Sala Tercera, llevando a cabo un control de convencionalidad y de análisis de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolviendo un motivo de casación por precedentes contradictorios, indicó: “…que la diferencia entre el aborto y homicidio radica precisamente en que es feto, hasta el momento en que permanece dentro del vientre de la madre y otra persona – en los términos del tipo penal de homicidio-, a partir del momento en que se encuentra fuera del vientre materno. Sin embargo, esta conclusión es apresurada y errónea, porque a partir de una lectura minuciosa del numeral transcrito, no es posible concluir que la vida extra uterina -fuera del vientre- haya sido el parámetro utilizado por el legislador para diferenciar el aborto del homicidio, ya que la vida intrauterina a la que se hace referencia, sólo se utiliza como un parámetro para graduación de la pena, no así, como un medio para deslindar los tipos penales en comentario…

Desde esta óptica, sí es posible diferenciar entre feto y persona en los términos señalados por los tipos penales en comentario, resultando que el punto determinante para ello, es el parto, momento a partir del cual el producto de la concepción deja de ser feto. Con esta finalidad, debe considerarse que el parto es un proceso y por ello, no debe confundirse parto con vida extra uterina, aspecto sobre el cual informa las ciencias médicas, al señalar que el trabajo de parto: “Corresponde al proceso fisiológico, mediado por las contracciones uterinas, que conduce al parto” (CARVAJAL CABRERA, Jorge Andrés; BARRIAGA COSMELLI, María Isabel. Manual de Obstetricia y Ginecología. Pontificia Universidad de Chile, Duodécima edición, 2021, pág. 44, consultado en https:// medicina.uc.cl/publicacion/manual-obstetricia-y-ginecologia/)… Precisamente, este ha sido el criterio que ha sostenido esta Cámara desde vieja data en los votos que la casacionista invoca como contradictorios, concretamente en resolución 791-2001 de la Sala Tercera, del 20 de agosto de 2001, con integración de los Magistrados González, Ramírez, Castro, Vargas y Chávez, en un supuesto de hecho en el que el feto murió una vez iniciadas las labores de parto, esta Cámara concluyó: “De allí que podamos concluir que las acciones ejercidas contra el feto durante el proceso del parto constituyen Homicidio y las acciones ejercidas contra el feto, con anterioridad a ese proceso, constituyen aborto (…) Por el contrario, su deceso se produce durante el nacimiento , el cual ya se había iniciado con los dolores de parto, que en forma moderada, llevaron a su madre al hospital, donde queda internada por orden de la profesional que inicialmente la atiende – doctora [Nombre 008] – quien recomienda la práctica de una cesárea, dada la historia clínica presentada.

Si bien es cierto el aborto es la muerte a un feto, es importante tomar en cuenta que la condición de sujeto pasivo de dicho delito, cambia si nos encontramos ante el comienzo del parto , es decir, al inicio del nacimiento, de modo que, toda acción destructiva de la vida, anterior a ese momento, sí califica como aborto, “sea que importe la muerte del feto en el claustro materno, sea que la muerte se produzca como consecuencia de la expulsión prematura” – Soler, Sebastián. Derecho Penal Argentino. Tomo III. TEA. Topográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1983, página 91 – circunstancia que no se presenta en el caso de comentario” (el subrayado corresponde al original)… Se reitera el criterio sostenido previamente según el cual, una vez iniciadas las labores de parto, los hechos constituyen el delito de homicidio y no el delito de aborto.” (Sala Tercera. Voto 2021-00986 de las 11:54 horas del 20 de agosto del 2021).

La crítica que se despliega contra la posición jurisprudencial de ese alto tribunal es que se sustenta en doctrina argentina que analizaba legislación derogada en ese país y, además, que se aparta al contenido médico del nacimiento, que tal y como se indicó, exige la salida del feto del claustro materno. Lo cierto del caso y para efectos de esta resolución, sea que se opte por una posición que deslinda ambos comportamientos delictivos a partir del inicio del parto o por una que exija la salida del vientre materno, los hechos probados y la prueba que los sustenta conducen a calificarlos como constitutivos del delito de aborto culposo. Es así como el tribunal de juicio estableció que [Nombre 002], quien contaba con 37 semanas de gestación, se presentó al Hospital Max Peralta el día 5 de setiembre del 2011, pues presentaba vómitos y la presión alta, razón por la cual la Doctora [Nombre 005] “que la atendió” la dejó internada con la indicación de que fuese vigilada y monitoreada.

Agregándose, en los hechos probados con relación a la querella, que, además, ese periodo de embarazo implicaba que su hija podría nacer en cualquier momento. Sin embargo, determinaron las personas integrantes del tribunal de juicio a lo largo del fallo, que el proceso de alumbramiento no había comenzado. Tal conclusión derivó, correctamente del análisis de la prueba pericial,concretamente por lo indicado en primer término por la doctora Patricia Solano Calderón, médico forense especialista en medicina legal e integrante del Consejo Médico Legal, quien afirmó que “La paciente no había iniciado labor del parto… El rango de atención desde que [Nombre 002] ingreso al Max Peralta y el momento en que se determina la muerte del bebé, no se tiene que ella iniciara la labor de parto, la paciente entró con cuello posterior cerrado formado, y no consta que haya dilatado, se nota una dinámica irregular de contracciones, pero no se determina contracciones reales no se tiene que haya iniciado labor de parto en expediente clínico…” [sic].

Igualmente, el médico Pablo David Navarro Villalobos, integrante del Consejo Médico Forense, indicó expresamente que “…la paciente ingreso con cuadro de vómitos con síntomas hipertensivos, el cuadro no cumplía con la labor de parto, el asunto es que a ella, dentro de los tactos el cuello estaba cerrado…” [sic]. Esas manifestaciones concuerdan, tal y como lo indicó el recurrente, con el expediente clínico de la paciente en el cual se anotó que ella no se encontraba en labores de parto. Es decir, la calificación legal de homicidio culposo que se le ha dado a los hechos investigados y que se ha venido sosteniendo a lo largo del proceso, misma que fue ratificada en el fallo al resolverse la excepción de falta de acción y prescripción, resulta errónea. La base doctrinal y jurisprudencial así lo indican. La señora ([Nombre 002]), desde que ingresó al mencionado nosocomio y hasta que su hija muriera dentro de su vientre, en ningún momento presentó inicios de labor de parto, razón por la cual nos encontramos ante un aborto culposo.

Ahora bien, este delito se encuentra descrito en el artículo 122 del Código Penal, previéndose una sanción de 60 a 120 días multa, de manera que el plazo de prescripción es de 2 años, según lo regula el artículo 31 inciso b) del Código Procesal Penal, siempre y cuando no se haya presentado alguna causa de interrupción de dicho conteo. En este caso en concreto, la conducta que se le atribuyó a la acusada [Nombre 001], ocurrió el 6 de setiembre del 2011, dando inicio la investigación penal ese mismo día cuando la señora [Nombre 008], madre de [Nombre 002], se presentó a las oficinas de la Policía Judicial en Cartago solicitando una investigación por la muerte de su nieta, tal y como se consignó en el informe número 1585-DRC-SI-2011 de fecha 12 de setiembre del 2011, en el cual se detalló, además, que el día 7 de setiembre, tanto el fiscal Frankarlo Pessoa Solera, como el juez penal José Alejandro Piedra Pérez se apersonaron a la morgue del Hospital Max Peralta al levantamiento del cuerpo, dando inicio al proceso.

Posteriormente, el primer acto interruptor de la prescripción ocurrió el día 13 de setiembre del 2017 cuando a la encartada [Nombre 001] se le recibió su declaración indagatoria en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José. Para ese momento había transcurrido sobradamente el plazo de prescripción de 2 años previsto para el delito de aborto culposo. Debido a ello, el alegato planteado por el licenciado Solano Díaz en cuanto a la errónea calificación legal de los hechos investigados, así como el rechazo en sentencia de la excepción de falta de acción debe acogerse declarándose extinguida la acción penal por prescripción, de conformidad con el artículo 30 inciso e) del Código Procesal Penal, lo que tiene incidencia con relación con los recursos presentados por las partes contra la absolutoria dictada a favor de [Nombre 001] por el delito de homicidio culposo, los cuales se omite resolver por carecer de interés procesal un pronunciamiento de esta Cámara con relación a estos, ya que la consecuencia de la prescripción es la absolturia de la imputada por los hechos atribuidos.

En todo caso, al existir reclamo civil sobre los mismos hechos, esta Cámara se pronunciará al respecto en el Considerando V. Aunado a ello, resulta relevante examinar la manifestación dada en la audiencia oral celebrada ante este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, por los abogados Gonzalo Castellón Vargas y Adriana Castellón Jiménez, defensores de la imputada, cuando sostuvieron que ella renunciaba a la prescripción, lo cual, a criterio de esta Cámara no resulta de recibo. Si bien es cierto el numeral 35 del Código Procesal Penal permite que la persona acusada renuncie a la prescripción, tal indicación debe ser efectuada de manera expresa por esta. Es decir, resulta procesalmente improcedente que el defensor sea quien plantee dicha petición a nombre de su representada, a no ser que exista una indicación concreta y evidente en ese sentido por parte de la persona sometida a proceso.

Lo anterior por las posibles consecuencias punitivas que podrían derivarse del juzgamiento. En este caso en concreto los defensores de [Nombre 001] se arrogaron el ejercicio de esa facultad que la legislación procesal penal le concede a su patrocinada, sin que conste en el expediente que ella estaba de acuerdo con tal petición. Nótese que el recurso de apelación incoado por ellos se basó “exclusivamente, sobre la forma en que el Tribunal de Juicio argumentó y resolvió el tema de las costas, tanto relativas a la interposición de la QUERELLA penal, como ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA interpuesta por la señora [Nombre 002]” [sic]. Además, existe un escrito suscrito por la imputada en el cual manifiesta que sus defensores la pusieron en conocimiento del recurso planteado el cual “Ratifico y hago propios los términos de dicha apelación para los efectos del mandato judicial.” Es decir, ni en la impugnación ni en este último escrito existe una indicación expresa de parte de [Nombre 001] renunciando a la prescripción, ni tampoco consta que sus defensores le hayan advertido de las posibles consecuencias de ello para que externara su voluntad en ese sentido, por lo que resulta improcedente acoger la manifestación de los defensores Castellón Vargas y Castellón Jiménez para tener por renunciado el plazo de prescripción por parte de su defendida.

En todo caso, tal renuncia tendría que haberse manifestado antes de que la acción penal se extinguiera, lo que no ocurrió en este caso. En cuanto a la incidencia que tiene la declaratoria de prescripción de la acción penal en la pretensión resarcitoria, debe indicarse que no existe ningún obstáculo para que, habiéndose declarado la extinción de la acción penal en el debate o en fases posteriores, se proceda a la determinación de la responsabilidad civil que se derive del hecho investigado, puesto que se trata de regulaciones distintas de prescripción y una concreción del principio de acceso a la justicia. En ese sentido, este Tribunal conoce la discusión que a lo largo de los años se ha mantenido a nivel jurisprudencial con relación al efecto que produce la prescripción de la acción penal sobre la acción civil resarcitoria, estableciéndose en algunos pronunciamientos que, de conformidad con el numeral 871 del Código Civil “Las acciones civiles procedentes de delito o cuasi-delito se prescriben junto con el delito o cuasi-delito de que proceden.” Es decir, según este, la extinción de la acción penal por prescripción provoca el mismo efecto con relación a la acción civil.

Así, se ha indicado lo siguiente: “…El tema propuesto por el recurrente para su análisis no ha sido de todo pacífico en doctrina ni tampoco en la jurisprudencia. Para algunos si la acción penal ha prescrito, igual suerte ha de correr la acción civil resarcitoria. Así lo considera por ejemplo Rosa Aldelnour cuando expone: "El Código Penal indica, como acabamos de ver, que las obligaciones correspondientes a la reparación civil se extinguen por los medios y en la forma determinada por el Código Civil. Dentro de los modos de extinción se encuentra la prescripción remitiéndonos al código civil (sic) el artículo 868 nos dice que "Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben en diez años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás expresamente establecidas por la ley, cuando determinados casos exigen para la prescripción más o menos tiempo".

Las excepciones de los artículos siguientes son las que señalan los numerales 869 y870 que establecen una prescripción de tres y un año respectivamente. El artículo 871 de gran interés para nosotros, dice así: "Las acciones civiles procedentes de delito o cuasidelito se prescriben junto con el delito o cuasidelto de que proceden". Este artículo es el aplicable para efectos de la prescripción de la acción de resarcimiento, y no el 868 de la prescripción decenal. Ello por lógica aplicación del aforismo latino "leges generales non debent etendi at leges, quae habent suam particularem provisionem (las leyes generales no deben extenderse a los casos que tienen sus especiales disposiciones. En efecto, existiendo la norma del 871, específica para el caso, esa debe ser la norma aplicable y no la del 868" ... Según lo que hasta ahora hemos dicho, cuando comienza la prescripción de la acción penal, comienza la de la acción civil de resarcimiento; cuando se interrumpe la acción penal, se interrumpe la acción civil ex delicto, cuando se suspende la una, se suspende, también, la otra".

(véase al respecto: ALDELNOUOR GRANADOS, Rosa María: La Responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible. San Jose Costa Rica. Editorial Juricentro 1984. pp 167- 168). Como vemos, para algunos declarada la prescripción de la acción penal igual suerte corre la acción civil, más sin embargo, ello a tenor del numeral 871 del Código Civil, pero para otros, en realidad este numeral quedó derogado implícitamente por el numeral 96 párrafo segundo del Código Penal, (cf. Por ZUÑIGA MORALES, Código Penal. Investigaciones Jurídicas. p. 60). La jurisprudencia también ha sido divergente sobre este tema. Así la Sala Tercera con ocasión de una consulta que se hizo sobre la constitucionalidad del articulo 371 del Código Civil, al estimar -en resumen- que la solución debería ser distinta a la señalada en esa norma cuando se trata de la responsabilidad proveniente de un delito pues "Por el contrario, el principio de igualdad también deriva la necesidad de tratamiento diferenciado ante situaciones distintas, en consecuencia, la solución debiera ser inversa a la señalada en el numeral 871 del Código Civil, porque el plazo para reclamar los daños y perjuicios debiera ser mayor cuando el hecho es constitutivo de delito , por tratarse de una conducta más grave, y por lesionarse bienes jurídicamente tutelados por el derecho penal, que por lo general son los más importantes en la comunidad, de acuerdo con una escala de valores reflejada en una concreta política criminal...( Sala Tercera de la Corte V- 297 A- de las 14:55 horas del 9 de julio de 1993.) (Voto 2001-195 del 2 de marzo del 2001 -sin hora-, del Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San José).

Posteriormente, la Sala de Casación Penal aclaró el tema y tomó posición, la cual se mantiene actualmente, en el sentido de que la prescripción de la acción civil debe valorarse de forma independiente de la prescripción de la acción penal, argumentando lo siguiente: “…ciertamente la anterior posición de la Sala Tercera correspondía a la indicada por el a quo, aplicando en forma literal lo dispuesto por el artículo 871 del Código Civil, que establece que: “... Las acciones civiles procedentes de delito o cuasidelito, se prescriben junto con el delito o cuasidelito de que proceden...”, con lo que se mantenía el criterio de que la prescripción de la acción penal, conlleva en forma ineludible y automática, la de la acción civil; no obstante, los efectos de la prescripción de la acción penal en cuanto a las acciones civiles interpuestas, fue un tema nuevamente replanteado en esta instancia al pronunciarse en otro proceso, en el cual, luego de un mejor análisis integral del ordenamiento jurídico, la Sala concluyó que correspondía variar el criterio que se había venido manteniendo, señalando en lo que interesa: “...

VI.- A mayor abundamiento, corresponde dejar claro, que en contrario a la interpretación del recurrente, ya esta Sala se ha pronunciado ampliamente en torno a los efectos de la prescripción penal en relación con la responsabilidad civil, señalando –entre otras consideraciones- que: “... La prescripción, naturalmente, afecta a un derecho de fondo que es parte de un vínculo obligacional (en el caso que nos ocupa: el derecho de crédito surgido a raíz del daño producto de una conducta punible) y no solo a la posibilidad de ejercitar o materializar la acción ante un tribunal determinado –es más, esta puede ejercerse siempre, aunque con posterioridad se establezca la falta de derecho, o que se encuentra prescrito si se opuso la respectiva defensa-. Una vez que el vínculo obligacional prescribe, parece lógico suponer que esa condición ha de revestir ante todos los tribunales de la República, así como que el plazo es uno solo y no dos librados a la voluntad selectiva de una de las partes.

Concluye la Sala, entonces, que el legislador de 1970 optó por eliminar toda excepción a las reglas ordinarias que sobre el extremo de extinguir las obligaciones existiese y reasumir las normas comunes (téngase en cuenta que los artículos aún vigentes del Código Penal de 1941 no se refieren a este tema concreto, sino a modos de establecer la responsabilidad); de manera que la accesoriedad de la acción resarcitoria (respecto de la penal) se restringe a cuestiones de forma ritual y, en particular, de oportunidad para su ejercicio y conocimiento, mas nunca al fondo de las obligaciones que se discuten. Por otra parte, es indudable que la principal excepción a las reglas ordinarias que, en materia de extinguir la responsabilidad civil por hecho delictivo, puede hallarse en nuestro ordenamiento, es la establecida en el artículo 871 que se comenta y aquí, de nuevo, admitir su vigencia contraría lo que el legislador ordenó por vía del artículo 96 del Código Penal.

Vale acotar que este último cuerpo de normas no se ocupó de expresar ningún plazo específico para que prescriban las obligaciones que conforman la responsabilidad civil (uno que eventualmente –no en todos los casos- pueda trascender o superar al de la acción penal, según lo indica el artículo 96 y de allí que, incluso en el evento de que no se contase con las previsiones del 109, la única opción resultante es el plazo ordinario (decenal) que fija el artículo 868 del Código Civil. [...] XI- Algunas conclusiones de interés.- A partir de los razonamientos expuestos, pueden extraerse las siguientes conclusiones generales que la Sala estima prudente señalar, a fin de evitar eventuales equívocos que pretendan sustentarse en lo que aquí se indicó: a) el artículo 871 del Código Civil fue tácitamente derogado por el 96 del Código Penal. b) No es posible ninguna condena a reparar daños y perjuicios, en materia de delitos, si no se ejerció la acción civil resarcitoria (y salvo lo dispuesto en cuanto a la restitución y el comiso, según lo indica la ley). c) La acción penal y la civil derivada del hecho punible no prescriben de manera conjunta y poseen reglas diferentes: la primera se rige por las normas contenidas en el Código punitivo y en el Procesal Penal (que, valga aclarar, no derogó el citado artículo 96 ni se inmiscuyó en cuestiones relativas al derecho de fondo del damnificado) y la prescripción de la acción civil se remite a las normas ordinarias que establece el Código Civil. d) El término para que prescriba la “acción civil” a fin de reclamar las consecuencias civiles del hecho punible –con prescindencia del ilícito de que se trate y de la sede que se escoja, incluida la penal- es el ordinario fijado en el artículo 868 del Código Civil: DIEZ AÑOS, pues la causa excepcional que establecía el artículo 871 es precisamente la que se entiende derogada, con todos los efectos que ello apareja. e) Los actos que suspenden o interrumpen la “prescripción de la acción civil resarcitoria” no son los que contemplan las normas penales (ahora solo de carácter procesal, a partir del código de 1996), sino los que determina el Código Civil, en lo que resulten aplicables por su compatibilidad con el diseño del proceso penal, entre ellos los descritos en los artículos 879 y 880 de dicho cuerpo normativo, en concordancia con lo regulado en el Código Procesal Civil (artículos 206 y 217), u otras leyes especiales (v. gr.: Ley de la Jurisdicción Constitucional)…g) Desde luego, cuando se determine en sentencia absolutoria que la conducta no es punible, pero subsiste alguna forma de responsabilidad civil (v. gr.: objetiva, por “dolo” o culpa “civiles”, negligencia, impericia, deber “in vigilando”, etcétera, o a partir del injusto penal o, para ser precisos, causas de inculpabilidad), el término de prescripción es y siempre ha sido de DIEZ AÑOS, por no tratarse de consecuencias civiles de un “hecho punible”, sino de mera responsabilidad civil extracontractual y los juzgadores penales tienen la potestad (poder-deber) de pronunciarse en cuanto a ella, siempre que la demanda resarcitoria haya sido ejercida.” (Así, Sala Tercera, N° 2002-00861, de las 10:00 horas del 30 de agosto de 2.002).

Acorde con lo expuesto, analizados los autos en este caso, se comprueba que la interpretación que se pretende hacer valer en esta sede no es adecuada y más bien es la actuación del Tribunal la que resulta conforme a derecho… Desde esta perspectiva, resulta evidente que el hecho de que prescriba la acción penal, no implica necesariamente que haya operado también la prescripción de la acción civil, que en todo caso, habiéndose ejercido ésta en la vía penal hasta el momento de celebrarse el juicio, debe resolverla el Tribunal al momento de dictar el fallo correspondiente.” (Voto 2003-00685 de las 15:00 del 12 de agosto del 2003 y 2005-01116 de las 16:10 horas del 29 de setiembre del 2005 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, entre otros). Igualmente, esta integración considera que el artículo 96 párrafo 2° del Código Penal, emitido con posterioridad al Código Civil, derogó tácitamente la norma mencionada, al establecer que la extinción de la acción penal y de la pena no producirá efectos con respecto a la obligación de reparar el daño causado (En ese sentido ver voto 2022-273 de las 10:36 horas del 26 de mayo del 2022, de esta misma sección).

De modo que se estima aplicable el artículo 868 del Código Civil, según cual, todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años con las excepciones introducidas en normativas especiales, entre las cuales se puede mencionar el artículo 984 del Código de Comercio que establece un plazo de prescripción de 4 años; el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública que señala un plazo de prescripción de 4 años por responsabilidad del Estado y de 4 años previsto por el numeral 129 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. De manera que no lleva razón el impugnante cuando plantea que la extinción de la acción penal por prescripción provoca, a su vez, la extinción de la acción civil. Tampoco lleva razón el impugnante en cuanto a que la acción civil resarcitoria se presentó cuando la acción penal ya había prescrito, por lo que se incumplió con las exigencias formales establecidas en el artículo 40 párrafo 1° y 114 del Código Procesal Penal.

En este caso, la ofendida presentó dos acciones civiles. La primera de ellas el día 8 de octubre del 2020 por intermedio de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima al haberle sido delegada por ella esa facultad y la segunda el día 13 de octubre de ese mismo año por intermedio de sus apoderados especiales judiciales, lo cual sustituyó la primera. Esos actos procesales se efectuaron mientras se tramitaba la causa por el delito de homicidio culposo y sin que hubiese existido una sentencia que estableciera la extinción de la acción penal por prescripción. Es decir, tratándose de una resolución declarativa y no constitutiva, resultaba necesario que esta hubiese sido emitida para dar por finalizada la acción penal, de manera que, mientras ello no ocurrió, la pretensión procesal de la actora civil se ejerció válidamente. Tampoco desconoce este Tribunal de Apelación que el Juzgado Penal de Cartago dictó la sentencia de sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción número 872-2017-B de las 10:15 horas del 24 de octubre del 2017, la cual fue declarada ineficaz por el Tribunal de Juicio de esta ciudad mediante el voto 1275-2017 de las 14:20 horas del 27 de noviembre del 2017, por lo que en ningún momento procesal existió un pronunciamiento que impidiera ejercer válidamente el reclamo indemnizatorio.

Debido a lo expuesto el primer motivo de impugnación establecido por el representante de la Caja Costarricense del Seguro Social debe acogerse parcialmente, únicamente en cuanto a la errónea calificación legal de los hechos investigados, los cuales constituyen el delito de aborto culposo y no de homicidio culposo. El reclamo referente a la prescripción de la acción civil dirigida en contra de su representada, el cual plantea como una consecuencia del plazo de prescripción de la acción penal, se declara sin lugar.

III.El segundo motivo de apelación planteado por el representante de la CCSS se relaciona con una inconformidad con respeto al nulo pronunciamiento con respeto a la prescripción de la acción civil resarcitoria, omitiéndose aplicar el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública. Indica que desde el mismo momento en que se apersonó al proceso y contestó el traslado de la acción civil interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación tanto activa como pasiva y prescripción, siendo que sobre esta última se omitió pronunciamiento en el fallo. Refiere que con relación a la responsabilidad objetiva de la administración pública el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública establece un plazo de prescripción de 4 años para emprender la acción de reclamo por conductas lesivas ocasionadas tanto por la administración como por los servidores públicos. Indica que el plazo se computa a partir del hecho que motiva la responsabilidad, que en el caso concreto se produjo cuando la afectada ([Nombre 002]) recibió la prestación del servicio de salud en las instalaciones del Hospital Max Peralta en fecha del 05 de septiembre del año 2011.

Señala que “…Debido a lo anterior y tomando en consideración que las acciones ejercidas en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social, por la señora ([Nombre 002]), surgen a la corriente judicial en fecha del 13 de octubre del año 2020, es que esta representación interpuso la excepción de prescripción en el escrito de contestación del traslado de la acción civil resarcitoria, dado que la fecha límite para reclamar la indemnización sería el 05 de setiembre del año 2015, en aplicación tácita de lo establecido en el artículo 198 de la Ley General de Administración Pública” [sic]. De manera que la interposición del reclamo indemnizatorio se produjo 6 años, 1 mes y 8 días después del vencimiento del plazo establecido por ley, razón por la cual la acción civil se encontraba prescrita al momento de su interposición, por lo que la excepción de prescripción debió ser acogida por el tribunal sentenciador, situación que no se produjo.

Sin lugar el reclamo. Indica el impugnante que al apersonarse al proceso y contestó el traslado de la acción civil interpuso, entre otras, la excepción de prescripción de la pretensión indemnizatoria, la que no fue resuelta en el fallo. Sin embargo, al escuchar las conclusiones que el licenciado Ronney Adrián Solano Díaz emitió al finalizar el debate, concretamente a partir del marcador horario 1:21:41 del registro audiovisual de la audiencia de debate celebrada el 19 de junio del 2023, el representante de la CCSS, indicó lo siguiente: “Cuando a la institución se le puso en conocimiento la acción civil resarcitoria manifestó como excepción falta de derecho, introdujo otras de las cuales le voy a solicitar al tribunal que no las tome en consideración, las cuales indicaba sobre falta de legitimación ad causam y falta de legitimación pasiva, y se hablaba por ahí de prescripción. Yo hice un análisis de esos elementos excepcionales como excepciones y tengo que doña [Nombre 002] pues si efectivamente tenía toda la legitimidad para accionar…este…la causa no estaba prescrita porque así ha sido la línea jurisprudencial y establecida por Sala Tercera entonces por eso yo no invoco el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública que es el que hace alusión a la prescripción, pero si me quedo con esta: “falta de derecho”…que se acoja la excepción de falta de derecho, se declare sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por [Nombre 002] en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social y se condene si efectivamente al pago de las costas personales y procesales…” [sic].

Es decir, se produjo una renuncia de dicha defensa, tal y como lo permiten los artículos 850 y 851 del Código Civil. Este último artículo establece que “…tal renuncia solo resulta de no oponerse la excepción de prescripción antes de la sentencia, o del hecho de que, quien pueda oponerla manifieste por un hecho suyo reconocer el derecho del acreedor…” que es lo que ocurre en este caso en que el representante de la institución demandada indicó, expresamente, que la acción civil no estaba prescrita por lo que no solicitaba la aplicación del artículo 198 de la Ley General de Administración Pública. Ello implica que el tribunal de juicio no estaba obligado a pronunciarse sobre la excepción de prescripción, sobre todo porque ese es un tema del cual no puede existir resolución oficiosa en materia civil. Por ello no se acoge el reclamo.

IV.El tercer motivo de apelación interpuesto por el representante de la Caja Costarricense del Seguro Social, se dirige a cuestionar la fundamentación jurídica y la “fijación de la pena” [sic] con respecto a la acción civil resarcitoria. Inicia su reclamo transcribiendo parte de la fundamentación del fallo con relación al hecho generador de responsabilidad penal, según la cual, la muerte de la hija de la ofendida se debió a una infracción al deber de cuidado de personas no identificadas que laboraban en el Hospital Max Peralta, considerando el impugnante que “…no hay prueba que acredite lo establecido por el tribunal sentenciador y como elemento de alta importancia es que dentro de la presente causa existe prueba que acredita que el personal a cargo de la señora ([Nombre 002]), para los días de los hechos actuó correctamente y por ende quienes preliminarmente eran personas imputadas fueron debidamente sobreseídas” [sic].

Más adelante reitera que no existe prueba alguna que acredite la existencia de una falta al deber de cuidado que produjo el resultado dañoso y, contrario a ello, existen elementos de convicción que permiten concluir que el personal a cargo de la señora ([Nombre 002]), para el día de los hechos, actuó correctamente, razón por la cual se dictó la sentencia de sobreseimiento a favor de varios de los acusados. Añade que el tribunal de juicio estableció una inobservancia de sus obligaciones de parte del personal de dicho nosocomio, estableciendo la existencia de actos negligentes e imprudencia de parte de personas que no formaron parte del proceso. Puntualiza que las personas a cargo de la atención de la ofendida ([Nombre 002]) fueron: los médicos [Nombre 005], [Nombre 013], [Nombre 014], [Nombre 022] y la encartada [Nombre 001]. Señala que en el dictamen médico legal N° 2019-0000549 de fecha 20 de diciembre de 2019, emitido por el Consejo Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Medicina Legal, señalando el impugnante que en dicha pericia se indicó que “En el caso de la Dra. [Nombre 005], la única intervención que tuvo fue adecuada conforme a la patología que presentaba la ofendida al momento que se le brinda la atención y no es posible exigir una conducta distinta a la realizada.

En cuanto al Dr. [Nombre 013], para el momento de los hechos estaba realizando su internado universitario, es decir un estudiante regular de último año de licenciatura, en una carrera universitaria de Ciencias Médicas, que se incorpora a un programa de aprendizaje universitario, cuyo elemento central es el entrenamiento clínico académico en un servicio de salud, bajo la supervisión de otros médicos. Que por tratarse de un interno universitario, quien únicamente realiza funciones académicas y está bajo supervisión de otros médicos, no cabe responsabilidad alguna en cuanto al tratamiento, seguimiento u ordenes giradas con respecto a la paciente. En cuanto al Dr. [Nombre 014], claramente queda demostrado que sus actuaciones se limitaron a atender la paciente una vez que el producto estaba obitado, por lo que no existe ninguna responsabilidad. En cuanto al Dr. [Nombre 022] , ni siquiera atendió a esta paciente para el día de los hechos.

En cuanto a la Dra. [Nombre 001], misma que si fue debidamente imputada, acusada por el Ministerio Público, querellada y finalmente absuelta penalmente por los jueces del tribunal de juicio. En cuanto a la CONCLUSIÓN, se extrae: […] Con base en lo anterior este Consejo Médico Forense llegó a la siguiente conclusión: dictaminar para el caso de [Nombre 003] (OCCISA), con base a lo expuesto en la fundamentación médico legal dictamina que los agravios de apelación presentados por los representantes legales de la Dra. [Nombre 005], del Dr. [Nombre 013] y del Dr. [Nombre 014] son de recibo, ya que de acuerdo al estudio del expediente médico no se puede demostrar un nexo causal entre su actuación con el resultado de muerte del producto” [sic]. De acuerdo con ello, el impugnante plantea que la atención médica que se le brindó a la ofendida fue la adecuada por lo que existió un error en el razonamiento de las personas juzgadoras al determinar que el resultado dañoso se debió a una falta al deber de cuidado de personas no identificadas que laboraban en el Hospital Max Peralta.

A partir de allí, el recurrente plantea dos interrogantes. La primera es que se desconoce quiénes son esas personas que tuvieron relación con la muerte de la hija de la ofendida y, la segunda, cuál fue la prueba recibida en el contradictorio que permitió establecer, con certeza, que existió un actuar culposo de funcionarios de la CCSS que desacredite el dictamen médico legal mencionado. Reitera su reclamo con relación a la inconformidad con respeto a la fijación de la pena con respecto a la acción civil resarcitoria. Inicia dicho reclamo copiando parte de la fundamentación dada en el fallo para declarar con lugar el reclamo indemnizatorio en contra de la CCSS, considerando que la condena civil se basó en una errónea interpretación de la prueba recibida y, además, se partió de hipótesis que no se sustentan en elementos de convicción recibidos en el debate, existiendo, según su criterio, una extralimitación por parte del tribunal de juicio en cuanto a la condena civil.

A partir de ello plantea las siguientes interrogantes: “…1.- Realmente existe congruencia entre los hechos y lo solicitado en la acción civil resarcitoria con respecto a la forma en que se condena a mí representada. 2.- Si realmente con los elementos de juicio, de valor y prueba alcanzan para acreditar los requisitos que por ley se exigen para condenar civilmente” [sic]. Sin lugar el reclamo. El régimen jurídico de la responsabilidad civil extracontractual en nuestro país se divide en la subjetiva, regulada en el artículo 1045 del Código Civil, y la objetiva, contenida en el numeral 9 de la Constitución Política, el ordinal 1048 del Código Civil, y los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, entre otros. En ese sentido, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública se ubica dentro de una estructura estrictamente objetiva, que conlleva la reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a la organización pública, abandonándose el examen relacionado al sujeto productor del daño y la calificación de su conducta, para ubicarse en la posición de la víctima, que sufrido el daño o detrimento se le exime de la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del funcionario actuante, excepto en aquellos casos en que pudiese existir algún tipo de responsabilidad personal de este.

De manera que, preliminarmente debe concluirse que existirá responsabilidad patrimonial del Estado siempre que la víctima no tenga el deber de soportar el daño y se demuestre un nexo causal entre la actuación de la Administración, activa u omisiva, normal o anormal o lícita o ilícita, que sirva de base de la responsabilidad objetiva. Lo anterior ha sido explicado por la Sala Constitucional, en el voto número 5207-04 de las 14:55 horas del 18 de mayo del 2004, al indicar: "IV.- PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Nuestra Constitución Política no consagra explícitamente el principio de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por las lesiones antijurídicas que, en el ejercicio de la función administrativa, le causen a los administrados. Empero, este principio se encuentra implícitamente contenido en el Derecho de la Constitución, siendo que puede ser inferido a partir de una interpretación sistemática y contextual de varios preceptos, principios y valores constitucionales.

En efecto, el artículo 9°, párrafo 1°, de la Carta Política dispone que “El Gobierno de la República es (...) responsable (...)”, con lo cual se da por sentada la responsabilidad del ente público mayor o Estado y sus diversos órganos -Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial-. El ordinal 11°, de su parte, establece en su párrafo primero la “(...) responsabilidad penal (...)”de los funcionarios públicos y el segundo párrafo nos refiere la “(...) responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes (...)”. El artículo 34 de la Constitución Política ampara los “derechos patrimoniales adquiridos” y las “situaciones jurídicas consolidadas”, los cuales solo pueden ser, efectiva y realmente, amparados con un sistema de responsabilidad administrativa de amplio espectro sin zonas inmunes o exentas cuando sean vulnerados por las administraciones públicas en el despliegue de su giro o desempeño público.

El numeral 41 ibídem, estatuye que “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales (...)”, este precepto impone el deber al autor y responsable del daño de resarcir las lesiones antijurídicas efectivamente sufridas por los administrados como consecuencia del ejercicio de la función administrativa a través de conductas positivas por acción o negativas por omisión de los entes públicos, con lo cual se convierte en la piedra angular a nivel constitucional para el desarrollo legislativo de un sistema de responsabilidad objetiva y directa en el cual el resarcimiento no depende del reproche moral y subjetivo a la conducta del funcionario público por dolo o culpa, sino, única y exclusivamente, por habérsele infringido o recibido, efectivamente, “(...) injurias o daños (...) en su persona, propiedad o intereses morales (...)”, esto es, una lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar y, por consiguiente, debe serle resarcida.

El numeral 41 de la Constitución Política establece un derecho fundamental resarcitorio a favor del administrado que haya sufrido una lesión antijurídica por un ente -a través de su funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita- y la obligación correlativa, de éste de resarcirla o repararla de forma integral, el acceso a la jurisdicción previsto en este mismo precepto constitucional, se convierte, así en un derecho instrumental para asegurar, forzosamente, el goce y ejercicio del derecho resarcitorio del damnificado cuando el sujeto obligado a la reparación incumpla voluntariamente con la obligación referida. El artículo 45 de la Carta Magna acoge el principio de la intangibilidad del patrimonio al disponer que “La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley (...)”, se reconoce, de esta forma, por el texto fundamental que los sacrificios especiales o las cargas singulares que el administrado no tiene el deber de soportar o tolerar, aunque devengan de una actividad lícita -como el ejercicio de la potestad expropiatoria- deben resarcirse.

El artículo 49, párrafo 1°, de la Constitución Política en cuanto, de forma implícita, reconoce la personalidad jurídica y, por consiguiente, la posibilidad de demandar en estrados judiciales a los entes públicos, cuando incumplan con sus obligaciones constituye un claro basamento de la responsabilidad administrativa. De su parte el párrafo in fine del ordinal 49 ya citado dispone que “La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados “, siendo que una de las principales formas de garantía de éstos lo constituye un régimen de responsabilidad administrativa objetivo, directo, amplio y acabado. El párrafo final del artículo 50 de la Constitución Política, en materia del daño ambiental, establece que “La ley determinará las responsabilidad y las sanciones correspondientes “, régimen de responsabilidad del que, obviamente, no pueden abstraerse los entes públicos de carácter económico (denominados empresas públicas-ente público) y empresas públicas (llamadas también empresas públicas-ente de Derecho privado) cuando contaminan al desplegar una actividad industrial, comercial o de servicios y, en general, el Estado cuando incumple sus obligaciones de defensa y preservación del medio ambiente a través de una deficiente actividad de fiscalización o de control de las actividades públicas y privadas actual o potencialmente contaminantes…El principio de responsabilidad administrativa de los entes públicos y de sus funcionarios resulta complementado con la consagración constitucional del principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas (artículos 18 y 33) que impide imponerle a los administrados una carga o sacrificio singular o especial que no tienen el deber de soportar y el principio de la solidaridad social (artículo 74), de acuerdo con el cual si la función administrativa es ejercida y desplegada en beneficio de la colectividad, es ésta la que debe soportar las lesiones antijurídicas causadas a uno o varios administrados e injustamente soportadas por éstos.

Finalmente, es menester tomar en consideración que la Constitución Política recoge un derecho fundamental innominado o atípico que es el de los administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos, el que se infiere claramente de la relación de los numerales, interpretados, a contrario sensu, 140, inciso 8°, 139, inciso 4° y 191 de la Ley fundamental en cuanto recogen, respectivamente, los parámetros deontológicos de la función administrativa tales como el “buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas ”, “buena marcha del Gobierno “y “eficiencia de la administración”. Este derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos le impone a los entes públicos actuar en el ejercicio de sus competencias y la prestación de los servicios públicos de forma eficiente y eficaz y, desde luego, la obligación correlativa de reparar los daños y perjuicios causados cuando se vulnere esa garantía constitucional.

De esta forma, queda en evidencia que el constituyente originario recogió de forma implícita el principio de la responsabilidad de las administraciones públicas, el que, como tal, debe servir a todos los poderes públicos y operadores del Derecho como parámetro para interpretar, aplicar, integrar y delimitar el entero ordenamiento jurídico. Bajo esta inteligencia, un corolario fundamental del principio constitucional de la responsabilidad administrativa lo constituye la imposibilidad para el legislador ordinario de eximir o exonerar de responsabilidad a algún ente público por alguna lesión antijurídica que le cause su funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita a la esfera patrimonial y extrapatrimonial de los administrados" [sic]. -se suple el destacado-. Derivado de lo anterior, se ha sostenido que existe un deber de resarcibilidad plena del daño, que surge del artículo 190.1 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto dispone que: "1.

La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero", deber de indemnización de la Administración que se aplica con independencia de criterios de valoración subjetiva (dolo o culpa), en la actuación de sus servidores. Así, el eje central del sistema de responsabilidad estatal es la víctima del daño, ya que aquélla surge, siempre que su funcionamiento normal o anormal, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva. No obstante, este deber resarcitorio “…no es tampoco pleno, ni tiene un carácter irrestricto para cualquier tipo de daño, sino que el mismo debe proceder, en el caso de que se origine de una conducta administrativa no lícita o normal, de la anormalidad que significa el apartarse de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la propia Ley General de la Administración Pública en el artículo 102 inciso d), que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o sea con motivo de un mal funcionamiento, o un actuar tardío o inexistencia del mismo, por parte de la Administración, puesto que ese "no hacer" o esa inactividad (formal o material) de la Administración puede generar una lesión directa de un interés legítimo o de un derecho subjetivo , sea un daño que no tiene por qué soportar el administrado.

Esta anormalidad determinará la antijuricidad como presupuesto para la resarcibilidad del daño.” (Voto número 10-2015-V de las 10:00 del 30 de enero del 2015 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Quinta). Además, debe valorarse que la responsabilidad objetiva se sujeta a otras disposiciones generales sobre la responsabilidad del Estado que contiene la Ley General de la Administración Pública, como la descrita en el artículo 196 que dispone lo siguiente: "En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo". En consecuencia, conforme al régimen de responsabilidad objetiva establecido en nuestra legislación, su determinación queda sujeta a la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa y el daño producido, el que deberá ser cierto, efectivo, evaluable, indemnizable y no conjeturable, conforme a la regulación del numeral 196 del citado cuerpo legal.

Tampoco se precisa la demostración de dolo, culpa, ni responsabilidad de ningún funcionario, sino que lo único que debe acreditarse para que surja el hecho generador de la responsabilidad, es que haya existido un daño producto de una actuación -sea por acción u omisión del ente público- y que el administrado no está en la obligación de soportar. (Votos números 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de enero de 1999 y 252-F-01 de las 16:15 horas del 28 de marzo del 2001, ambos de la Sala Primera de la Casación, entre otros). Igualmente, la doctrina ha sido clara al respecto al desarrollar la siguiente idea: “Es una responsabilidad objetiva, en la que se prescinde completamente de la culpa o negligencia en la causación del daño. La responsabilidad extracontractual en el ámbito civil tiene su centro de gravedad en los elementos subjetivos de la culpa o la negligencia del autor del daño. En la responsabilidad administrativa esos elementos subjetivos son irrelevantes y se sustituyen por el concepto de lesión, entendido como daño que el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar…

La lesión es un daño cualificado, un daño que el particular no tiene el deber jurídico de soportar, un daño antijurídico. Es importante señalar que el daño no es antijurídico porque la actuación de la Administración sea ilícita o contraria a Derecho, sino porque quien lo padece no tiene el deber jurídico de soportarlo ya que no existe causa alguna por la que deba hacerlo. Lo relevante para determinar la antijuridicidad del daño no es el carácter antijurídico de la actuación administrativa, sino la antijuridicidad del resultado” [sic] -se agrega la negrita-. (Ramón Pais Rodríguez, Montero Pascual, J. J., Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, & Jorge García Andrade Gómez. (2024). Derecho Administrativo III: Contratos, medios y responsabilidad. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788411977975). Por ello, el planteamiento del recurrente cuando cuestiona que al no lograrse determinar la identidad de las personas que atendieron a la ofendida en el Hospital Max Peralta imposibilitaría responsabilizar a la CCSS por el daño sufrido por esta carece de relevancia.

Lo importante fue que se tuvo por demostrado, derivado de la acusación y la querella, que el 5 de setiembre del 2011, [Nombre 002], quien presentaba 37 semanas de gestación, acudió ese centro médico pues presentaba un cuadro de vómitos y presión alta, quedando internada por indicación expresa de la doctora [Nombre 005]. Al día siguiente, la imputada [Nombre 001], como interna universitaria, le realizó un monitoreo fetal el cual procedió a incluirlo en el expediente, al no tener los conocimientos ni las autorizaciones médicas para su interpretación, siendo que dicho monitoreo evidenciaba signos anormales que indicaban la necesidad de la evacuación inmediata del producto por la vía más pronta. Sin embargo, debido a la negligencia de los funcionarios de dicho nosocomio, quienes desatendieron la vigilancia de la ofendida, mostrando una actitud omisiva y negligente, el producto de la ofendida murió, estableciéndose como causa de muerte “hipertensión arterial materna y placenta con calcificaciones y áreas hialinizadas, sin la indicación médica oportuna para la evacuación del producto, con muerte fetal intrauterina”, y como manera de muerte “accidental, desde el punto de vista médico legal”.

Considerando las personas juzgadoras que de haberse ejecutado tales acciones no se hubiera producido el resultado muerte de [Nombre 003]. Entonces, el de una sentencia de sobreseimiento a favor de [Nombre 014], [Nombre 005], [Nombre 013] y [Nombre 022] Schmicht, ello no implica que la CCSS, como órgano que forma parte de la Administración Pública, no conduce a afirmar que no existe responsabilidad civil objetiva del Estado. Sobre todo, porque la petición que en ese sentido formuló el Ministerio Público y fue acogida por el Juzgado Penal de Cartago, se basó en actuaciones particulares de estos, descritas en el dictamen médico legal número 2019- 0000549 de fecha 20 de diciembre de 201, emitido por el Consejo Médico, en el que se determinó que la actuación de la doctora [Nombre 005] y el, en ese momento, interno universitario [Nombre 013] fue correcta al limitarse a girar indicaciones para el internamiento en sala de partos, para control y vigilancia estricta materno fetal electrónica y laboratorio urgente a la ofendida; misma situación ocurre con el imputado [Nombre 014] pues su indicación la giró el 6 de setiembre a las 09:09 horas, cuando ya se había constado clínicamente la muerte del producto de la concepción, por lo que, no es posible establecer nexo causal entre su actuación y el resultado de muerte del producto; y en cuanto al doctor [Nombre 022] Schmicht, se verificó que no participó en la atención médica de la víctima.

Ahora bien, el recurrente menciona en su alegato que las personas juzgadoras no mencionaron elementos probatorios de los cuales derivaron la existencia de una actuación del personal médico del referido centro médico que se constituyera como el hecho generador de responsabilidad civil de la Administración. Ello refleja una lectura sesgada y parcializada del fallo. En primer término, de la misma deposición de la ofendida se concluyó en la sentencia que “…sí había personal que estaba directamente encargado de esa vigilancia, así se deriva de la declaración de [Nombre 002] en juicio, al momento en que ella refiere es trasladada para el monitoreo, quien la traslada para este examen es el personal médico del Hospital, y quien se encuentra en el salón donde está el cuarto de monitoreo, incluso estuvo compartiendo café con [Nombre 001], mientras la máquina realizaba el monitoreo, esto visualizado por la testigo.

Es claro que [Nombre 001] realizó el monitoreo, pero quien debía interpretarlo correctamente era el personal de enfermería o médico que estaba en aquel momento en el salón de Ginecología donde se realizaba, y no la imputada [Nombre 001], quien no tenía a cargo la paciente, ni estaba en la capacidad de interpretar el Monitoreo.” Asimismo, el tribunal de juicio, haciendo una ponderación completa de la prueba recibida en el juicio, se permitió concluir, de manera válida, que resultaba claro que la ofendida estaba a cargo de un médico y en razón del estado de gestación, no era un médico general sino un médico especialista no individualizado, “…no siendo lógico que la paciente ingresara al salón de ginecología por una hipertensión inducida por embarazo con el fin de que fuese vigilada y evitar complicaciones que comprometieran su salud, su vida o la integridad o vida del producto, y no hubiese personal especializado para la atención de la paciente…”.

Resultó evidente para las personas juzgadoras que en dicho salón existía personal hospitalario observando la realización de dicho examen, siendo estos los obligados a verificar e interpretar el resultado, además había personal calificado y a cargo de ella que no hizo su trabajo como correspondía, faltando al deber de cuidado, y fueron las personas responsables de conllevar al resultado dañoso de la muerte de [Nombre 003], aunque no se hayan individualizado. Esos argumentos fueron reforzados al analizar lo indicado por el perito Dr. Luis Solorzano en juicio, quien describió la forma del procedimiento intrahospitalario: "(...) la responsabilidad sobre quien realiza un monitoreo, sería la médico obstetra, la enfermera obstetra, y médico general, en otros centros donde no hay especialista lo pude realizar el médico general, yo de interno realizaba monitoreo fetales y debe el interno estar supervisado por el médico especialista, todo lo que haga el interno debe estar interpretado por el especialista, las enfermeras obstetras están entrenadas para trabajar en sala de partos, se desempeñan en capacidades de enfermeras y con calidad de desempeño para actuar en un hospital genecobstetrico (...)" [sic].

Igualmente, el cuerpo colegiado examinó lo indicado por la perita Patricia Solano Calderón, especialista en medicina forense quien sostuvo que las anotaciones deben ser revisadas por la enfermera para conocer cuál es el procedimiento a seguir, argumento abonado por el perito Dr. Pablo Navarro Villalobos, también especialista en medicina forense al señalar en el juicio que: "(...)Según el estudio que realice, con las condiciones de la paciente debía ser vigilada por la enfermera jefe de salón y el médico a cargo, en el salón a esas horas hay varios enfermeras, hay médico de guardia y de turno, el interno realiza las indicaciones que a él le dicen, no puede interpretar ningún resultado, no tiene la licencia ni la praxis(...)" [sic]. Observó el tribunal de juicio que dicha conclusión coincidió con lo establecido por el perito doctor Roberto Brenes Esquivel, médico Ginecólogo y Obstetra desde hace 25 años, y desde hace 3 años perito para la O.I.J. al sostener que “…si bien un estudiante puede realizar el monitoreo, este no puede ni tiene la capacidad de realizar interpretación alguna, siendo que dicha función es exclusiva del personal médico del nosocomio donde se encuentra la estudiante, siempre bajo la supervisión del personal médico que se encuentra encargado de los pacientes bajo su control…” A partir de ello, en el fallo se concluyó que “…claramente quien estaba como garante de la salud de la ofendida, -y así lo dictaminó la doctora [Nombre 005], según el análisis del expediente clínico de [Nombre 002],- era el personal del área de Ginecología del Hospital Max Peralta de Cartago.

Es decir, jamás, -como lo pretenden los acusadores- puede el Tribunal atribuir una obligación a alguien que no tenía ni las facultades, ni las destrezas para cumplir una obligación, y mucho menos atribuir una responsabilidad de hacer una comunicación de algo que no estaba dentro de sus funciones, y que siempre la realizó mediante supervisión de quien sí tenía tales destrezas, y no realizó correctamente su trabajo, sea el personal médico o de enfermería del citado Nosocomio, hoy desconocidos dentro de este proceso penal.” Se estableció claramente que la interpretación del resultado del monitoreo “…le corresponde al personal a cargo de la paciente-ofendida, quienes debían haber hecho la lectura correcta del monitoreo y en esa adecuada interpretación debía realizarla de manera correcta el personal de enfermería que estaba con [Nombre 001] al momento de que ella realizará el monitoreo, era obligación del personal, quien si tenía la capacitación para realizar la lectura correcta del monitoreo, informar al médico de guardia y este a su vez al especialista para que bajo una valoración, realizar lo que en medicina correspondía, que como concordaron los cuatro peritos arriba analizados, de haberse leído correctamente el monitoreo, se debía intervenir de manare inmediata a la paciente para la extracción del producto mediante la cesarea.

Al existir esta omisión clara del personal médico que sí estaba bajo el cuidado de lo ofendida [Nombre 002] y de su hijo en vientre, y no realizar el procedimiento médico que correspondía, se produjo la muerte de su hija, conclusión que los galenos forenses arribaron en sus relatos, y así se consignó en el dictamen de autopsia A:2011-0291, que concluye que, de haberse hecho una cesárea se hubiese aumentado la posibilidad de sobrevida del producto, es decir se hubiere mantenido con vida al producto fallecido, aspecto que también se respalda en los dictámenes del Consejo Médico 2019-549, y concuerda con lo descrito en el informe OIJ 1585-DRC-SI, además del acta de secuestro 52437, donde consta el levantamiento del cadáver de [Nombre 003] en el Hospital Max Peralta” [sic] -se agrega el resaltado-. De manera que el análisis probatorio llevado a cabo en la sentencia permite establecer la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa y el daño antijuridico producido y sufrido por la ofendida ([Nombre 002]), lo que fue desarrollado en la sentencia de la siguiente manera: “Una vez analizada la prueba vertida en debate, consideramos de manera unánime que la muerte producida a la ofendida [Nombre 003] fue producto del actuar culposo de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social y no de la demandada [Nombre 001].

Del análisis de la prueba se pudo concluir que el haber realizado una correcta interpretación del monitoreo y una cesárea de manera inmediata hubiese cambiado el panorama y hubiese permitido extraer el producto con vida, lo que no se hizo porque las personas garantes de la actora civil (quienes no fueron identificadas en la investigación), desatendieron a la ofendida sabiendo y conociendo cuales eran sus funciones, como en el caso de la enfermera o enfermero obstetra, debía conocer las condiciones de cada paciente no siendo la excepción la actora civil quien debía hacerle el monitoreo y su debida interpretación, por ende tomar toda medida preventiva en busca de salvaguardar la integridad, salud y vida de la actora civil y su producto, debiendo interpretar de manera correcta el resultado del monitoreo e informar ante anomalías al médico encargado, lo que es evidente en este caso no se dio, y es esa la razón que desencadena el fatal resultado de la muerte de [Nombre 003], claro es que la inobservancia de sus obligaciones de parte de encargados en el Hospital Max Peralta, como garantes de la actora civil, y es en esa negligencia omisiva e incluso de una imprudencia al interpretar erróneamente el resultado del monitoreo, lo que claro es no hizo la acusada [Nombre 001] (por fundamentos ya analizados en la parte penal), siendo estas últimas las causas generadoras que propiciaron y conllevaron a la muerte de [Nombre 003].” Agregándose, en el apartado dedicado a verificar la legitimación pasiva que: “C-2.3 Del Tercero demandado civil Caja Costarricense de Seguro Social.

Como se demostró en el plenario los hechos acontecen en las instalaciones del Hospital Max Peralta, centro médico de la C.C.S.S. Para el día 05 de septiembre del 2011 la actora civil se apersonó al hospital Max Peralta a efectos de solicitar atención médica por su condición, en estado de 37 semanas de gestación, lugar donde fue internada por presentar una hipertensión inducida por embarazo, y el día 06 de septiembre a las 05:11 se le realiza un monitoreo más el mismo no fue interpretado correctamente, y no se determina quien hizo la lectura de dicho resultado ni tampoco que la enfermera o enfermero obstetra haya cumplido con sus obligaciones de estar al tanto del contenido del expediente médico y de la paciente como tal, lo que tampoco hizo el médico a cargo, de lo contrario se habría procedido con la cesárea como bien lo determinaron los peritos, quienes refirieron que era como debía procederse en este caso, siendo estas las causas generadoras del daño, por lo cual, la C.C.S.S, contrató como funcionarios públicos, personal especializado a efectos de brindar en estos casos -como el que nos ocupa- la debida y pronta atención a las pacientes en estado de gestación, quienes omitieron cumplir con sus obligaciones mientras se encontraban en horario laboral y bajo el cuidado de la actora civil como paciente que permanecía internada para su vigilancia estricta por personal a cargo, quedando claro el resultado dañoso se conecta de manera directa con el funcionamiento del servicio público brindado a la paciente y actora civil [Nombre 002], demostrándose en el debate la causalidad entre el daño y la omisión del personal hospitalario no identificado, pero si demostrado que eran la enfermera o enfermo obstetra y médico a cargo, como funcionario de la Administración, por haber sido contratados por dicha Administración a quienes les confió el trabajo de vigilancia, cuido, abordaje e intervención de las pacientes en gestación entre ellas la actora civil, en ese tanto asume la responsabilidad del trabajo realizado por dichas personas, llámese omisiones o acciones, y por ende debe responder en este caso ante el daño provocado a la actora, caso en el que no opero ninguna de las eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, hechos de un tercero o culpa de la víctima)” [sic].

Debe agregarse que el dictamen médico legal N° 2019-0000549 de fecha 20 de diciembre de 2019, establece dos conclusiones, una de las cuales guarda relación con la posición particular de los imputados que fueron sobreseídos, y la segunda no mencionada por el recurrente, en la que se acredita una actuación omisiva lesiva al deber de cuidado de los profesionales del Hospital Max Peralta, que debieron vigilar el estado de la ofendida y de su hija. Se indicó en esa conclusión lo siguiente: “…Sin embargo, este Consejo Médico Forense comparte criterio con lo expuesto en la primera instancia forense en el sentido que hubo falta al deber de cuidado en relación a una errónea interpretación del monitoreo fetal del 06 de setiembre de 2011 entre las 5:11 horas y 5:31 horas, el cual arrojaba un sufrimiento fetal agudo que ameritaba la interrupción del embarazo por la vía más expedita que considerando las condiciones cervicales que tenía era indicativo de cesárea” [sic].

Con ello se desacredita lo indicado por el impugnante al plantear que la atención médica dada a la ofendida fue la adecuada. Finalmente debe indicarse, con relación a la queja relacionada con la valoración de prueba no incorporada al debate, que el impugnante no menciona cuáles fueron esos elementos de convicción que se tomaron en cuenta sin haber sido sometidos al contradictorio, ni tampoco en qué consistió la errónea valoración de estos. De todos modos, al llevar a cabo una revisión integral del fallo, se determina, tal y como ya se indicó, que el cuerpo colegiado llevó a cabo una correcta ponderación de la prueba, de frente a la pretensión indemnizatoria promovida por [Nombre 002], quien, debido a la incorrecta atención médica recibida en el Hospital Max Peralta, que forma parte de la CCSS, murió su hija teniendo ella 37 semanas de gestación, tal y como se describió tanto en las pericias médicas incorporadas al debate como en los testimonios vertidos por los expertos.

Fue un daño antijurídico en los términos ya reseñados, que provocó un sufrimiento anímico en la actora civil que la legitimó para pedir su resarcimiento, comprobando el tribunal de juicio la existencia de todos los requisitos legales exigidos para declarar con lugar la acción civil promovida en contra de dicha institución. Por todo lo anterior el reclamo no es de recibo.

V.Los abogados Guillermo Sojo Picado y Víctor Hugo Navarro Araya, actuando en representación de la ofendida y actora civil ([Nombre 002]), impugnan la sentencia número 418-2023 en cuanto se absolvió de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001] c.c “[Nombre 001]" de un delito de homicidio culposo cometido en perjuicio de [Nombre 003]; igualmente se acogió parcialmente la acción civil resarcitoria interpuesta por ([Nombre 002]) en contra de la C.C.S.S. y sin lugar en contra de la imputada y la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE). En su primer motivo de impugnación, los representantes legales de la ofendida ([Nombre 002]) plantean una inconformidad con la fundamentación de la sentencia por considerarla contradictoria pues en la relación de hechos probados se tuvo por acreditado que la encausada llevó a cabo un monitoreo fetal a la ofendida insertando el resultado en el expediente médico, no determinándose que lo comunicara a quien correspondía, pero no se tuvo por demostrado que no estuviera obligada a comunicarlo.

Añaden que en la sentencia se tuvo por cierto parte de los hechos querellados en cuanto a que la acusada llevó a cabo ese monitoreo fetal e indicó que el próximo debería hacerse a las 8:00 horas del 6 de setiembre de ese año, que la paciente estuvo en decúbito lateral izquierdo, con estímulos externos y que la frecuencia cardíaca no varió, existiendo sólo pérdida de foco, de manera que interpretó el resultado. Además, se acreditó otro hecho incluido en la querella referente a que el monitoreo llevado a cabo a las 05:11 horas mostraba alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal categoría III, que implicaba sufrimiento fetal agudo que requería realizar el parto por vía rápida y al no cumplirse provocó el resultado muerte. Agregan que se analizó incorrectamente el resultado de los dictámenes medicolegales N°DA-2011- 02191-PF, de fecha Z9 de mayo de 2012, y N°2019-0000549 de fecha 20 de diciembre de 2019, pues, a pesar de no tenerse por demostrado que la imputada no estaba obligada a comunicar el monitoreo realizado a la ofendida, se indicó en el fallo que la acusada realizó el monitoreo fetal y lo pegó en el expediente médico, luego de lo cual, de manera contradictoria se agregó en la sentencia que la acusada no estaba obligada a comunicar el resultado del monitoreo efectuado a la paciente, por lo que no faltó al deber de cuidado, lo que no surge de la prueba aportada al proceso y de la misma declaración de la encausada cuando indicó que el médico jefe le indicó que hiciera el monitoreo y que lo reportara para valorarlo.

Consideran los impugnantes que, en forma incoherente, el tribunal de juicio sostuvo que la acusada debía comunicar la realización del examen si así se lo solicitaron. Consideran que las personas juzgadoras reconocieron la obligación de la justiciable de comunicar el resultado del monitoreo, pero la eximen de responsabilidad penal por la presencia de dos personas que sí son enfermeros que eran los encargados de transmitir el resultado, dentro de la cuales estaba una enfermera que estaba en el área de ginecología al momento en que la imputada hizo el monitoreo, conclusión sin respaldo probatorio, sobre todo de lo dicho por la ofendida quien aseguró que la persona que efectuó el monitoreo fue solo la acusada, quien le dijo que cada vez que sintiera a la bebé moverse apretara un botón. Además, que cuando finalizó el monitoreo la imputada estuvo fuera del cuarto tomando café con otra mujer, luego de lo cual volvió a ingresar, tomó la cinta de papel y que anotó la palabra “anormal”.

Plantean que no se demostró la participación del enfermero identificado como “Pío”, además de haber trasladado a la ofendida al cuarto de monitoreo, a pesar de lo cual el Tribunal le otorga responsabilidad, para exculpar a la imputada. Establecen, a partir de allí que no fue posible demostrar que la acusada durante el monitoreo actuó con supervisión y, menos aún, que la interpretación que se hizo del monitoreo, no fue correcta por parte del enfermero o la enfermera que estuvo ese día en el salón, y que, a juicio de los juzgadores, fue la causa de que no se hiciera la cesárea oportunamente y, por ende, que se produjera la muerte del producto gestado. Igualmente, mencionan que esa conclusión entra en contradicción con los hechos probados, en los cuales se le atribuyó a la imputada la confección, de su puño y letra, de la nota donde indicó pérdida de foco, por lo que no es posible establecer la existencia de otra persona en el cuarto de monitoreo y menos que un tercero haya supervisado la labor de la encartada.

El segundo motivo de apelación lo establecen por la existencia de una falta de fundamentación por omisión de prueba esencial. Indican que el tribunal de juicio no valoró los dictámenes medicolegales números N°DA-2011-02191-PF, de fecha 29 de mayo de 2012, y N°2019-0000549 de fecha 20 de diciembre de 2019 emitidos por el Departamento de Medicina Legal, Consejo Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial ni las declaraciones de los peritos médicos forenses, doctores Luis Solórzano Sandoval, Patricia Solano Calderón y Pablo Navarro Villalobos, mediante los cuales se estableció que fue la acusada quien realizó el monitoreo fetal a la ofendida, lo interpretó pero no reportó el resultado, pues si puesto en conocimiento podría haber incidido en acciones que evitaran la muerte del producto gestado por la ofendida. Consideran que en el fallo se sesgó lo dicho por los peritos señalados para justificar la absolutoria.

Hacen mención del contenido de los dictámenes médicos reseñados, el cual consideran valioso pues determinan que la acusada no reportó el monitoreo que ella hizo, cuando la misma acusada aceptó que debía hacerlo, además, no existió evidencia de que se lo hubiera comunicado al doctor Flores como lo dijo en su defensa, siendo creíble para el tribunal sin fundamento alguno. Además, esas pericias médicas acreditaron la existencia de una falta al deber de cuidado por una errónea interpretación del monitoreo fetal que arrojaba sufrimiento fetal agudo, que ameritaba la interrupción del embarazo por la vía más expedita y, además, la nota suscrita y firmada por la imputada en el monitoreo que no fue reportado fue incorrecta a criterio de los peritos, valoración que fue omitida por en la sentencia decantándose, en forma titubeante, sobre la no obligación de la imputada de reportar el monitoreo. Reiteran que en el fallo no se llevó a cabo un análisis riguroso de lo dicho por los peritos en cuanto a las obligaciones de las imputada y la errónea atención que le prestó a la ofendida.

Advierten que las personas juzgadoras no prestaron atención a la nota retrospectiva de folio 374 del expediente hospitalario (1134 del expediente digital de la causa), la que mencionó la doctora Solano Calderón, la que determina que la imputada no llevó a cabo el reporte, a pesar de lo cual se concluyó en la sentencia sin mayor esfuerzo intelectual que la encausada no tenía obligación de reportar el monitoreo, y por ende la absuelven a la encartada, señalando que la responsabilidad en la muerte fetal, es de otras personas del Servicio de Ginecología del Hospital Max Peralta de Cartago. Mencionan los abogados impugnantes que el el perito médico forense Pablo David Navarro Villalobos el resultado del monitoreo debía reportarse al médico de guardia, que del expediente se desprende que fue la imputada quien interpretó como pérdida de foco, la desaceleración cardíaca fetal y no lo reportó, porque no hay evidencia en el expediente de que lo hiciera, es decir, no existe nota del médico especialista en ese sentido, siendo obligación del interno comunicar el resultado.

Indican que a pesar de la claridad de esa manifestación los juzgadores no la tomaron en consideración y, en su lugar, sin sustento probatorio concluyeron que la imputada no estaba obligada a reportar ese resultado. El tercer motivo de apelación lo interponen por una inconformidad en cuanto a la incorporación y valoración de las pruebas y por un quebranto a las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria. Dirigen su reclamo sobre la forma en que el tribunal de juicio valoró la prueba documental, especialmente el expediente hospitalario de la ofendida, así como la declaración de la actora civil y querellante ([Nombre 002]), pues se interpretaron y adicionaron aspectos no relatados por ella, según la misma fundamentación descriptiva, con lo cual se le restó credibilidad a elementos documentales de dicho expediente, obteniendo conclusiones no razonadas, técnica y probatoriamente, totalmente subjetivos, sin asignar a cada prueba evaluada el valor correspondiente.

Reiteran en este apartado su disconformidad con relación a la conclusión de las personas juzgadoras en cuanto a que por ser la acusada al momento de los hechos una interna universitaria, no estaba obligada a comunicar el resultado del monitoreo fetal que le había realizado a la ofendida ([Nombre 002]), por ende, la muerte accidental del producto gestado no se debió a una falta al deber de cuidado atribuible a la justiciable, sino que fue responsabilidad del Servicio de Ginecología del Hospital Max Peralta de Cartago; y que, por ello, la acusada no tenía una posición de garante frente a la paciente y la bebé, y tampoco estaba obligada a interpretar el resultado del monitoreo. También critican la determinación del tribunal de juicio en cuanto a que la acusada realizó el monitoreo bajo supervisión del personal de enfermería de dicho Servicio de Ginecología, para lo cual en el fallo se cuestiona dos elementos documentales contenidos en el expediente hospitalario perteneciente a la ofendida ([Nombre 002]): 1) las anotaciones de trazado del, señalando los jueces que no son de puño y letra de la imputada, sino de otra persona desconocida, asumiendo funciones de peritos y 2) la nota retrospectiva de fecha 6 de setiembre de 2011, a las 22:50 horas, elaborado por una enfermera obstetra desconocida, que da cuenta que a las 5:10 horas de ese día, la paciente se sometió a un monitoreo, que no se le reportó a ella ni lo ve, que la interna lo pegó y realiza nota.

No lo reporta al médico asistente del salón, terminando el monitoreo a las 5:40 horas. Para los abogados impugnantes, el órgano colegiado vulneró las reglas de la sana crítica, pues pese a que tuvo por demostrado que la imputada, luego de realizar el monitoreo fetal lo interpretó e insertó en el mismo anotaciones posteriormente se contradicen al sostener que la justiciable no interpretó dicha prueba, pues no está obligada a comunicar el resultado de dicha práctica técnica y, demeritar ese elemento documental atinente a dicho monitoreo y a la nota que de su puño y letra insertó la encartada, indican que las anotaciones de trazado en la cinta de papel del monitoreo, no fueron puestas por la imputada, sino por otra persona, y sin el mayor respaldo técnico pericial en grafoscopía determinan que las letras son distintas y que a pesar de que la imputada puso la nota en el expediente, que no es una nota médica, la interpretación no es de la acusada sino del personal de enfermería o médico de la institución, lo que constituye un claro quebranto a las sana critica, trasladando la infracción al deber de cuidado, a un enfermero de nombre "Pío", de identidad desconocida y sin que se demostraran en el proceso sus funciones y cargo, y a una enfermera también desconocida.

Indican que los juzgadores manifestaron que ello se demostró con el relato de la ofendida ([Nombre 002]), quien no manifestó nada de los que las personas juzgadoras afirmaron. Los recurrentes afirman que lo dicho por la ofendida fue que esa persona identificada como “Pío”, solamente la Ilevó al cuarto de monitoreo, y le dijo que esperara allí y que vendría una persona a hacer el monitoreo, y se marchó y que la única persona que llegó a hacer el proceso de monitoreo fue la imputada y que durante es proceso no hubo nadie más; además, que pudo observar a la acusada sentada en un mostrador tomando café y departiendo con una mujer o enfermera y que cuando el monitoreo terminó solo la imputada llegó al cuarto, tomó la cinta de papel y le pareció percibir que escribió la palabra “anormal”, aunque a ella le indicó que todo estaba bien que seguro la bebé estaba dormida y por eso no se movía, que le tomó el vientre y lo movió de un lado a otro, indicándole que le mandaría otro monitoreo, que la imputada revisó la impresión y la dejó en la mesa de la “maquinita”.

Estiman los impugnantes que lo indicado por la víctima deja sin sustento las afirmaciones del tribunal de juicio sobre la responsabilidad de dos enfermeros, y sobre todo que la imputada actuó bajo supervisión y que no interpretó el monitoreo, y que no tenía obligación de reportarlo, o bien la interpretación de otra u otras personas en la valoración del monitoreo, en los detalles de trazado. Reiteran la queja con relación a la valoración que las personas juzgadoras hicieron de la nota retrospectiva mencionada anteriormente, a la cual le restaron credibilidad, a pesar de que el perito Roberto Brenes Esquivel señaló la viabilidad de que, en los hospitales, dado el volumen de trabajo y las urgencias que se puedan presentar y deben ser atendidas, se prioriza la atención al paciente y luego se realizan las notas médicas en el expediente, que se denominan notas retrospectivas. Refieren, nuevamente, que en el fallo no se mencionó que dicha nota retrospectiva demostraba que imputada no reportó a la enfermera obstetra el monitoreo, sólo lo pegó y consignó una nota, y tampoco informó al médico asistente del salón el resultado.

Sostienen que, en la sentencia, con base en lo dicho por el doctor Brenes Esquivel, se demeritó el contenido de dicha nota, a pesar de que este reconoció el valor de esos documentos. En el cuarto motivo de apelación reclaman una errónea fundamentación por violación a las reglas de la sana crítica, específicamente el principio lógico de derivación. Muestran su inconformidad indicando que en la fundamentación analítica se mencionó partes de la declaración de la ofendida que nunca fueron indicadas por ella en el debate, las que fueron incluidas en la fundamentación descriptiva de una forma irregular, además de omitir aspectos que sí manifestó, los cuales serían esenciales para la correcta solución del caso. Mencionan que en la sentencia se aseguró, a partir de la declaración de la ofendida, que al momento de llevarse a cabo el monitoreo estaba presente personal médico o de enfermería fungiendo como encargados, lo cual nunca fue afirmado por ella, sino que lo indicado en su declaración fue que la acusada le colocó la faja para la prueba y que luego se alejó de ahí; además afirmó que observó a la querellada tomando café y hablando con otras personas fuera del cuarto de monitoreo.

Incluso, para sustentar su reclamo transcriben parte de la fundamentación analítica del fallo en la cual el tribunal de juicio asegura, a partir de lo que supuestamente indicó la ofendida en el debate, que al momento de llevar a cabo el monitoreo la imputada siempre actuó bajo supervisión al estar acompañada de personal de enfermería del salón de ginecología y frente al salón había personal médico que estaban tomando café con la imputada. Catalogan como falaz dicha fundamentación por cuanto en el relato llevado a cabo por ([Nombre 002]) nunca se dijo eso por lo que dicha conclusión no puede derivarse válidamente de esa prueba. Añaden que el tribunal de juicio mencionó la existencia de un enfermero de nombre “Pío” a quien se señala, de acuerdo con la deposición de la víctima, como el encargado del salón de ginecología, cuando en realidad lo que ella mencionó fue que esa persona la trasladó hasta ese lugar a las 3:00 am y no fue sino hasta las 5:00 am en que aparece la acusada y, según los recurrentes, tomó el control absoluto de la ofendida e indicarle a la misma que la bebé estaba dormida y anota y aun dispone efectuar otro monitoreo hasta las 8 am.

En apoyo de su reclamo transcriben parte de la deposición de la perjudicada con relación al monitoreo que le practicó a las 5:00 am, indicando que la acusada llegó sola, luego se alejó a un mostrador con otra compañera o enfermera y se pusieron a tomar café y la dejaron ahí sola. Indicó que 20 minutos después regresó la encartada y la bebé no se está moviendo, indicándole que era porque estaba dormida y que por eso el monitoreo estaba así, por lo que le movió el vientre de un Iado a otro y que iba a reprogramar otro monitoreo y confeccionó una nota en el monitoreo y escribió la palabra “anormal” en la hoja de monitoreo. Indicó que luego de eso se acostó en la camilla en ese cuarto y a las 7:00 de la mañana pasaron médicos y enfermeros y trataron de escuchar el corazón de su hija, pero no se escuchó nada indicando que había que hacerle un ultrasonido de inmediato. A partir de ello indican los impugnantes que lo afirmado por el tribunal de juicio resulta distinto con lo declarado en juicio por la ofendida.

Señalan que también en la sentencia se plasmó un argumento especulativo, pues no deriva de ninguna prueba, y es referente a la mención de dos enfermeros al momento de la realización del monitoreo. En el quinto motivo de disconformidad señalan la existencia de una fundamentación ilegítima del fallo por ser contradictoria y por un quebranto al debido proceso al asumir los integrantes del tribunal de juicio un rol como peritos al emitir un criterio ilegitimo sobre un tema esencial objeto del proceso, como lo es la interpretación del resultado del monitoreo electrónico, el cual fue consignado por la acusada, a pesar de lo cual, las personas juzgadoras emiten una conclusión técnica caligráfica sin apoyo pericial, al indicar que “…las anotaciones en el trazado del monitoreo no son de su puño, algo que esté colegiado cotejó o simple vista, cuando se observa claramente que encima del trazado existe una letra diferente a la indicación de [Nombre 001], notas con letra diferente que refieren la pérdida de foco.

Véase como en los trazos del monitoreo existe una letra cursiva mientras la letra de la nota de la interna es una letra que en script, siendo distintas incluso la letra “F", en el monitoreo es minúscula y cursiva y en la noto de la imputada es letra no cursiva y en mayúscula, así como la letra "e" de la frase "perd", en el monitoreo se lee en cursiva y sin tilde, más en la noto de la acusada se lee con tilde y sin cursiva, por lo que el Tribunal tiene claro que son letros diferentes” [sic]. De allí derivó el tribunal de juicio, según los recurrentes, que si bien la acusada realizó el monitoreo, no lo interpretó e, incluso, la nota no corresponde a una nota médica, sino a una anotación de una interna universitaria, lo que fue corroborado por el doctor Brenes en su testimonio, por lo que se tuvo por demostrado que fue una tercera persona la que consignó en los trazos del monitoreo lo pérdida de foco, y fue esa persona, hoy desconocida, quien hizo la observación e interpretación del monitoreo realizado por M/NO (sic).

Reiteran que esa fue una conclusión ligera e ilegítima del tribunal sentenciador al llevar a cabo una conclusión caligráfica sin sustento lo que torna en nula la sentencia. Los motivos se conocen conjuntamente y se declaran sin lugar. Antes se abordar los reclamos planteados por los abogados representantes de la querellante y actora civil, debe indicarse, de forma clara, que tal y como se sostuvo en el considerando II de esta resolución, los hechos que se investigaron en este proceso constituyeron el delito de aborto culposo, cuya acción procesal se encuentra prescrita, tal y como se indicó. En ese sentido, se torna innecesario examinar las razones por las cuales el Tribunal de Juicio de Cartago decidió absolver a la acusada [Nombre 001] por el delito que se le atribuyó, de manera que el análisis de los motivos de apelación se circunscribirá al extremo civil. En el caso de esta demandada civil, su responsabilidad para resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la actora civil surge del numeral 1045 del Código Civil, según la cual: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.” Esta norma sustenta el fundamento jurídico del régimen de responsabilidad civil subjetiva, la cual se aplica en el tanto se haya comprobado una acción causalmente atribuible a quien ha obrado con dolo o culpa en sentido estricto; es decir, habiendo incurrido en una falta al deber objetivo de cuidado productora de un daño resarcible.

Este tipo de responsabilidad generalmente es dividida en contractual y extracontractual, según provenga del incumplimiento de una obligación convenida libremente por las partes, o del incumplimiento del deber general de no causar daño a los demás. Sobre esta última se ha indicado: “La responsabilidad civil extracontractual es la respuesta al quebranto del deber genérico de no causar daño a otro (neminem laedere). Tanto el daño como la conducta –activa u omisiva- que lo ocasiona han de responder a una relación de causa-efecto, esto es, la acción u omisión imputada es lo que explica que el menoscabo de los intereses de un sujeto tuviere lugar, bien como única causa, o como una de las que lo generan (concurrencia de causas). Por regla general –con excepciones- el criterio de imputación (juicio de reproche jurídico) que aplica para este tipo de responsabilidad es la culpa, o cualquiera de sus derivados (falta, dolo, negligencia, imprudencia).

Estos elementos están contenidos, de manera sintética, en el ordinal 1045 del Código Civil…)" [sic]. (Sala Primera, sentencia número 000873-F-2007, de las 11:05 horas del 4 de diciembre de 2007 y Sala Tercera sentencia número 2022-0241 de 10:18 horas del 4 de marzo del 2022). Para determinar la obligación patrimonial surgida de la responsabilidad civil subjetiva es importante comprobar la presencia de los presupuestos materiales, a saber: a) El derecho: lo que implica demostrar la existencia de un daño, moral o patrimonial; una relación de causalidad entre el evento y el daño y, finalmente, un criterio de imputación civil: subjetivo (dolo o culpa: art. 1045 del Código Civil). b) La legitimación activa y pasiva y c) El interés actual. De acuerdo con la pretensión patrimonial planteada por la actora civil, la obligación al resarcimiento establecida en contra de [Nombre 001], debía surgir debido a “su omisa y negligente actuación en la atención de la suscrita accionante ([Nombre 002])…” [sic], estableciendo en la relación de hechos del escrito de constitución como actora civil que para el día de los hechos, la demandada civil como estudiante de la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de la Salud (UNIBE), se encontraba realizando su bloque de internado rotatorio universitario en el Servicio de Obstetricia del Hospital Max Peralta Jiménez de Cartago, siendo que el 5 de setiembre del 2011, al ser aproximadamente las 20:00 horas, la actora civil ([Nombre 002]), quien para ese momento cursaba 37 semanas de embarazo, acudió al referido centro médico ya que presentaba vómitos, diarrea y presión alta, razón por la cual fue sometida a un ultrasonido obstétrico por el doctor Roberto Flores Portuguez, luego de lo cual la doctora [Nombre 005] ordenó su internamiento con la advertencia de que fuese vigilada y monitoreada.

Pese a ello “con absoluta indiferencia y falta al deber objetivo de cuidado” [sic] la demandada civil dejó transcurrir el tiempo y fue hasta el día siguiente 6 de setiembre entre las 5:11 horas y las 5:30 horas que le practicó un monitoreo fetal “consignando según numeraciones 96996 y 96997, marcas de cuatro pérdidas de foco de pocos segundos de duración y como complemento gravoso, inserta que el próximo monitoreo (NST) debería realizarse hasta las ocho horas de ese mismo día seis de setiembre del año dos mil once acotando además, que la paciente, es decir mi persona, estaba en decúbito lateral izquierdo (DLI) con estímulos externos y que la frecuencia cardiaca fetal no cambió, concluyendo que sólo existía pérdida de foco” [sic]. Se indica en dicho escrito que a las 2:00 horas de ese mismo día 6 de setiembre, el área de enfermería le había reportado a la demandada civil la existencia de una dinámica uterina irregular y a las 5:30 horas se indicó un marcador de 0 en esta.

Refieren que a las 9:00 horas del 6 de setiembre, el doctor Brenes Loría, puso en conocimiento de esos datos al doctor [Nombre 014], responsable y supervisor de las labores efectuadas por la demandada civil, y ordena realizar un ultrasonido obstétrico mediante el cual lamentablemente se constata la muerte de la hija de la actora civil. Describen la infracción al deber de cuidado debido al “manejo inadecuado y negligente en el proceso de atención en el Salón de Partos del Hospital Max Peralta Jiménez de Cartago a mi persona ofendida ([Nombre 002]), esto por parte de la querellada y demandada civil [Nombre 001], pues pese a que a que me fue realizado un monitoreo fetal a las 5:11 horas del 06 de setiembre de 2011 y que dicho examen mostraba alteraciones de la frecuencia cardiaca de mi hija [Nombre 003], (monitoreo Categoría III) y que se traduce en un estado ácido base anormal y era indicativo de sufrimiento fetal agudo que requería evaluación inmediata así como realizar el parto por la vía más rápida (cesárea) lo cual no se cumplió, pues dicho examen de monitoreo fetal, la querellada y demandada civil [Nombre 001] lo desatendió y omitió proceder conforme la urgencia del caso, incurriendo también de ese modo en violación al debido cuidado.

De haber ejecutado tales acciones y actuar conforme al cumplimiento del debido cuidado, no se hubiera producido el resultado muerte de mi hija [Nombre 003]” [sic]. Igualmente, el Ministerio Público sustentó el comportamiento culposo de la demandada civil en no haber comunicado ni sometido a supervisión de alguno de los médicos a cargo del servicio de Ginecología el resultado de un monitoreo fetal. Frente a los alegatos de los representantes de la señora ([Nombre 002]) que se describen en los motivos de impugnación mencionados, se procederá al examen señalan. La primera queja guarda relación con la decisión de las personas juzgadoras de no establecer, en la relación de hechos, que la demandada civil no estuviera obligada a comunicar a quien correspondiera el resultado del monitoreo fetal que practicó a la actora civil, a pesar de que si se tuvo por acreditado que no lo puso en conocimiento de alguna persona.

Para los recurrentes ello implica un vicio lógico de contradicción que invalida el fallo. Sin embargo, su reproche surge de una lectura sesgada de la sentencia, olvidando que la misma debe ser comprendida de forma integral, es decir, considerando cada una de sus partes como constitutivas de una unidad, pues de haber procedido de esa manera hubiesen podido comprender que en la fundamentación analítica se explicó ampliamente que la demandada civil no estaba obligada a transmitir el resultado de ese examen y las razones de ello. Ahora bien, dentro del iter lógico seguido en la sentencia para liberar de responsabilidad penal y civil a la demandada [Nombre 001], se cuenta con la determinación de los hechos acreditados con relación a la acción civil resarcitoria, de acuerdo con los cuales, una vez que la ofendida ingresó al centro médico fue sometida a un ultrasonido obstétrico que fue practicado por el doctor Roberto Flores Portuguez, cuyo resultado provocó que la doctora [Nombre 005] ordenara su internamiento con la advertencia de que fuese vigilada y monitoreada, y con la orden de que se debían realizar exámenes de laboratorio para descartar hipertensión inducida por el embarazo, medición de presión arterial y demás estudios.

Se indicó, además, que a partir de “…esas indicaciones expresas y debidamente documentadas en el expediente clínico, la imputada y demandada civil [Nombre 001] quien era estudiante de la Universidad Iberoamérica (UNIBE), en la Caja Costarricense del Seguro Social, el día siguiente seis de setiembre del año dos mil once, entre las cinco horas once minutos y las cinco horas treinta minutos procedió a realizar el monitoreo fetal, e insertó que el próximo monitoreo (NST) debería realizarse hasta las ocho horas de ese mismo día seis de setiembre del año dos mil once, acotando además, que la paciente, estaba en decúbito lateral izquierdo(DLI) con estímulos externos y que la frecuencia cardiaca fetal no cambió, que sólo existía pérdida de foco. 5. Al ser las cinco y treinta horas del referido día seis de setiembre del año dos mil once, se registra según el área de enfermería obstétrica, cero en la dinámica uterina, es decir, la desatención y falta al deber objetivo de cuidado de funcionarios del Hospital Max Peralta de Cartago, quienes fueron omisivos, negligentes y violatorios al debido cuidado respecto a [Nombre 002] y su hija [Nombre 003]” [sic].

Agregándose que “…La violación al debido cuidado ocurre como consecuencia de un manejo inadecuado y negligente en el proceso de atención en el salón de partos del Hospital Max Peralta Jiménez de Cartago, a la ofendida ([Nombre 002]), pues pese a que le fue realizado un monitoreo fetal a las 5:11 horas del 06 de setiembre de 2011 y que dicho examen mostraba alteraciones de la frecuencia cardiaca de [Nombre 003], (monitoreo categoría III) y que se traduce en un estado ácido base anormal y era indicativo de sufrimiento fetal agudo que requería evaluación inmediata, así como realizar el parto por vía más rápida (cesárea) lo cual no se cumplió. De haber ejecutado tales acciones y actuar conforme al cumplimiento del debido cuidado, no se hubiera producido el resultado muerte de [Nombre 003]” [sic]. Esa conclusión del tribunal de juicio establece claramente que la desatención a la ofendida no fue de la demandada civil quien, tal y como se verá, tenía limitada su función en llevar a cabo el monitoreo fetal, pero su interpretación y puesta en conocimiento de los resultados al personal médico o de enfermería especializado en ginecología para decidir la intervención urgente a la ofendida, era de estos y no de [Nombre 001], lo cual se explica ampliamente a lo largo del fallo de manera correcta, es decir, contrario a lo planteado por los recurrentes.

El primer elemento tomado en consideración para ello fue la normativa que regula la actividad de los internos universitarios, aspecto que no se cuestionó en el recurso de apelación. De acuerdo con ese análisis, y como punto de partida, se estableció que la demandada civil no era médica para el momento de los hechos, sino que ella se encontraba realizando su práctica como estudiante de medicina, la cual se encuentra regulada en el artículo 2° del Reglamento de la Actividad Clínica Docente en la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual establece que interno es el o la "estudiante regular de último año de carrera que se incorpora a un programa de aprendizaje, cuyo elemento central es el entrenamiento clínico-académico en una unidad docente, bajo la supervisión de un docente universitario.” Para el tribunal sentenciador resulta de relevancia el artículo 13 de dicho cuerpo normativo, el cual señala las responsabilidades del interno, cuyos incisos 2 y 3 indican lo siguiente: “2.

Deberá estar bajo la supervisión y tutoría de un profesor nombrado por la entidad docente. No deberá realizar procedimiento alguno sin contar con la supervisión de éste. 3. El estudiante de pregrado y grado no está autorizado para firmar ningún documento oficial de la Caja, (recetas, exámenes, procedimientos diagnósticos, solicitudes, referencias o cualquier otro documento de índole legal).” A partir de esos artículos se concluyó en la sentencia, de forma lógica, que la persona que está llevando a cabo el internado como parte de su formación en medicina, no es responsable por el paciente, ni tampoco que deba comunicar el resultado de un procedimiento que se le encargó hacer, sino que “…por el contrario se determina que el interno debe ser siempre supervisado por una persona encargada del actuar del estudiante, por lo que no se extrae de lo acusado que la encartada haya faltado al deber cuidado, cumpliendo con el principio de correlación acusación y sentencia.” [sic].

Es importante indicar que, en algunas ocasiones, “…las reglas objetivas de cuidado que deben observarse vienen descritas en preceptos normativos…” [sic]. (García Arán, M., & Muñoz Conde, F. (2022). Derecho Penal. Parte general. 11a Edición. Tirant lo Blanch. https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788411307840. En igual sentido Roxin, C. (1997). Derecho Penal Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito (2ª ed., Vol. I). España: Civitas, S. A.). En este caso, la normativa reglamentaria excluye la obligación de la interna universitaria de haber comunicado el resultado del monitoreo electrónico que le practicó a la ofendida y, por ende, con dicha omisión no se incumple el deber de cuidado que la acusación, la querella y la acción civil le atribuyeron, de manera que la conducta que, según los recurrentes, tenía que realizar la interna solo surge de sus propias opiniones sobre la manera en que consideran que esta debió de actuar, pero no existía, al momento del hecho, un deber objetivo de hacerlo de esa manera, cuyo incumplimiento pueda reprochársele.

Incluso, se vislumbra que la actuación que la demandada civil llevó a cabo debió estar supervisada en todo momento por el encargado de su actuar dentro del centro médico. Así lo concluyeron las personas juzgadoras al indicar que no existió la obligación de la demandada civil de comunicar el resultado del monitoreo electrónico ya que “…siempre actuó bajo supervisión, por cuanto el Tribunal tiene por demostrado que existía personal de enfermería laborando como encargados del salón donde se le realizó el Monitoreo a la ofendida, derivada esta conclusión de la declaración de [Nombre 002], quien señaló categóricamente como, cuando la imputada llega a realizar el monitoreo, en el sitio frente a ellas estaba personal médico, que estaban tomando café con la imputada, e incluso hace referencia a un enfermero de nombre o apellido Pío quien la trasladó en la madrugada de una camilla a una cama del salón que en ese momento se había desocupado…” [sic].

Sobre esa apreciación, los impugnantes cuestionaron que la ofendida nunca brindó esa declaración, alegando la existencia de una violación al principio lógico de derivación y una errónea incorporación probatoria. Sin embargo, esta Cámara procedió a escuchar la deposición de la ofendida ([Nombre 002]), comprobando que lo considerado por el tribunal de juicio surge de esa prueba. Así, al inicio de su declaración en el debate la ofendida sostuvo que como a las 3:00 a.m. llegó un enfermero al lugar donde ella se encontraba y le dijo que se había desocupado una camilla y que la iban a pasar de lugar. A las 5:00 a.m., encontrándose en la camilla la despertaron y le dijeron que le iban a hacer el monitoreo, la trasladaron al cuarto de monitoreo donde llegó la demandada civil [Nombre 001] y le dijo que ella era la encargada de ese procedimiento y la preparó poniéndole una banda alrededor del vientre y le dio como instrucción de que cada vez que sintiera que su bebé se moviera accionara un interruptor.

La interna se alejó del cuarto y se colocó en un mostrador que estaba enfrente con otra persona, cree que era una enfermera, y se pusieron a tomar café. Ese procedimiento duró 20 minutos, luego de lo cual la demandada regresó, conversaron sobre el resultado de este y le indicó que iba a reprogramar otro monitoreo y en la hoja de monitoreo anotó la palabra “anormal”. A preguntas de uno de los abogados participantes en el debate reiteró que la persona que la preparó para el monitoreo fue la demandada civil, quien dentro del cuarto estaba sola, pero cuando salió del cuarto de monitoreo estaba con otra doctora o enfermera en un mostrador ubicado al frente, lo cual la ofendida podía ver. (110025610058PE-31052023014027-2_Multi—0 a partir del marcador horario 8:45). Posteriormente, ante preguntas de una de las juezas integrantes del tribunal de juicio afirmó que a partir de las 7:00 a.m., luego de que le dicen que la bebé falleció, no estuvo ningún médico u enfermero obstetra con ella.

Tampoco supo quién era el médico encargado de vigilarla. Tampoco supo cuál fue el personal encargado del área en donde ella se encontraba desde las 3:00 a.m. a las 7:00 a.m., porque ella estaba aislada totalmente en un cuarto de monitoreo, pero a las 3:00 a.m. llegó el enfermero de ginecología, que identificó como “Pío”, y le dijo que ya se había desocupado una camilla y que la iba a pasar, lo que efectivamente hizo, pero no tuvo contacto con ningún médico. Luego, a preguntas del presidente del tribunal, agregó la ofendida que a las 5:00 a.m. el enfermero “Pío” le volvió a indicar que fuera de nuevo al cuarto de monitoreo que se ubica a una distancia cercana y este la traslada, y le dijo que se esperara a que le hicieran esa prueba y se retiró. Manifestó que 5 minutos después llegó la demandada civil [Nombre 001] y le dijo que ella le iba a hacer el monitoreo y le puso la banda. Había otra mujer fuera del cuarto del monitoreo en un mostrador cercano -la deponente señala una distancia entre la silla de los testigos y el escritorio de los jueces- que no sabe quién era, pero tenía visión de lo que ocurría en el cuarto de monitoreo, además estaba vestida con ropa de médico, que luego del monitoreo la demandada civil sale del cuarto y se dirige donde esta otra persona y luego regresó y le indica que le va a hacer otro monitoreo más tarde y se retira.

También se sacó una impresión del monitoreo, la demandada la ve, la arranca de la maquina y la colocó sobre esta. A las 7:00 a.m. llegaron dos enfermeras a la cama donde ella estaba y le dijeron que estaban escuchando los corazones de los bebés y cuando llegaron donde ella le dijeron que algo no estaba bien. (110025610058PE-31052023031803-2_Multi—0 a partir del marcador horario 25:33). Es decir, la conclusión de las personas juzgadoras en el sentido de que la demandada civil no se encontraba sola y que estaba siendo supervisada en ese momento se desprende del testimonio de la ofendida. Ello concuerda, igualmente, con lo dicho por la demandada civil [Nombre 001] en el debate cuando afirmó: “…el Dr. jefe no recuerdo el nombre él me dijo que tenía que ir a hacer un monitoreo, y el Dr que estaba conmigo me dijo hace el monitoreo y ahorita bajo para que lo que revisemos, yo me quede a unos pasos de ella y junto a una enfermera obstetra, y la vigilamos que estuviera bien y no incomoda, yo arranque la hoja que es como cuando a uno le hacen el cardiograma y le escribí que era de la paciente, cama 12, C-12, lo vio la enfermera obstetra y me dijo parecen perdidas de focos, anótelo, lo anote y busqué al médico jefe que me pidió que hiciera el monitoreo y le dije que ya lo había hecho, y siempre se nos decía que dejáramos una nota para que se viera quien había hecho el monitoreo así lo hice no es una interpretación del monitoreo, y deje el expediente en el carrito de expedientes…estaba en mi caso la enfermera obstetra, y era siempre por indicación…los internos no podíamos hacer mucho, ni siquiera tomar una presión sin permiso, y alguien me tenía que estar viendo, por ejemplo a mí no se me ocurrió hacer un monitoreo para ver cómo estaba, eso no se hace, a uno le dan la tarea y le dan 5 a 10 minutos” [sic] -se agrega la negrita-.

Las personas juzgadoras refuerzan su conclusión mencionando lo establecido en el artículo 2 del Reglamento del Interno Universitario en las Instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, que remite al artículo 27 del Reglamento de la Actividad Clínica Docente, que no señala dentro de los deberes del interno universitario, cumplir con la actuación que se señala que [Nombre 001] omitió, sino que el artículo 30 del Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, señala que "El médico no debe hacer abandono de sus responsabilidades hacia su paciente, aún de manera temporal, sin dejar a otro médico capacitado e informado que lo sustituya en la atención de aquel, salvo motivo de fuerza mayor plenamente demostrado". Todo lo anterior, permitió que se estableciera claramente en el fallo que “…la imputada [Nombre 001], como estudiante sin licencia médica para ejercer la medicina, estaba en esa calidad, en las instalaciones de la C.C.S.S, no tenía la responsabilidad de la paciente, en este caso de la ofendida [Nombre 002], pues claro es que la ofendida estaba a cargo de un médico y en razón del estado de gestación no era un médico general sino un médico especialista, médico que la investigación no individualizó, no siendo lógico que la paciente ingresara al salón de ginecología por una hipertensión inducida por embarazo con el fin de que fuese vigilada y evitar complicaciones que comprometieran su salud, su vida o la integridad o vida del producto, y no hubiese personal especializado para la atención de la paciente.

Como se demostró, sí había personal que estaba directamente encargado de esa vigilancia, así se deriva de la declaración de [Nombre 002] en juicio, al momento en que ella refiere es trasladada para el monitoreo, quien la traslada para este examen es el personal médico del Hospital, y quien se encuentra en el salón donde está el cuarto de monitoreo, incluso estuvo compartiendo café con [Nombre 001], mientras la máquina realizaba el monitoreo, esto visualizado por la testigo. Es claro que [Nombre 001] realizó el monitoreo, pero quien debía interpretarlo correctamente era el personal de enfermería o médico que estaba en aquel momento en el salón de Ginecología donde se realizaba, y no la imputada [Nombre 001], quien no tenía a cargo la paciente, ni estaba en la capacidad de interpretar el Monitoreo” [sic]. Tampoco es de recibo el reclamo atinente a una errónea valoración de la nota retrospectiva de fecha 6 de setiembre de 2011, a las 22:50 horas, elaborado por una enfermera obstetra desconocida, que da cuenta que a las 5:10 horas de ese día, la paciente se sometió a un monitoreo, que no se le reportó a ella ni lo ve, que la interna lo pegó y realiza nota.

En primer término se desconoce si la enfermera obstétrica que confeccionó esa anotación era la misma que acompañaba a la demandada civil frente al cuarto de monitoreo al momento en que este se le practicó a la ofendida, existiendo dos posibilidades: si hubiese sido ella, su obligación era imponerse del resultado del examen allí mismo y, sino era ella, cabe la posibilidad de que el resultado se comunicó a la enfermera que sí estaba junto a la demandada civil en ese momento, tal y como la ofendida lo narró en el juicio, respaldando lo dicho por [Nombre 001] en el debate. Además de ello, fue importante para los juzgadores lo indicado por el doctor Luis Solórzano Sandoval, quien afirmó que "…la responsabilidad sobre quien realiza un monitoreo, sería la médico obstetra, la enfermera obstetra, y médico general, en otros centros donde no hay especialista lo pude realizar el médico general, yo de interno realizaba monitoreo fetales y debe el interno estar supervisado por el médico especialista, todo lo que haga el interno debe estar interpretado por el especialista, las enfermeras obstetras están entrenadas para trabajar en sala de partos, se desempeñan en capacidades de enfermeras y con calidad de desempeño para actuar en un hospital genecobstetrico" [sic], lo cual concuerda, dentro del análisis efectuado, con el Reglamento de Enfermería Ginecobstetricia y Perinatal de Costa Rica, especialmente el punto 8 que señala: “Atención de Alto Riesgo Obstétrico y Perinatal ...

Evalúa los resultados de pruebas clínicas... evalúa el bienestar feto materno por medio de la aplicación fetal no invasivas y reporta hallazgos en los instrumentos nacionales e institucionales... previa valoración de la mujer y de acuerdo a condiciones que requieran intervención obstétrica y perinatal más complejas, la traslada al servicio pertinente.", y con la “…Guía de Atención Integral a la mujeres, niños y niñas en el período prenatal parto y pos-parto y en los que interesa en el punto número cuatro de la página 76 sobre actividades del parto normal, estableciendo quien es la persona competente para cada una de la tareas a realizar, dejando claro que siempre postulan el enfermero o enfermera obstetra, medico/general/residente/ginecobstetra incluyendo en algunas labores a la enfermera o enfermero general /auxiliar” [sic]. Otro de los puntos reclamados por los impugnantes es que, según su apreciación, la misma demandada civil indicó que el doctor que le encargó hacer el monitoreo le pidió que le reportara el resultado, por lo que estaba obligada a hacerlo.

Sin embargo, el planteamiento de los recurrentes parte de una base errónea, pues lo que le indicó el médico fue que llevara cabo esa prueba y que luego él iría a ver los datos obtenidos. Al respecto, la demandada civil manifestó: “…el Dr. jefe no recuerdo el nombre él me dijo que tenía que ir a hacer un monitoreo, y el Dr que estaba conmigo me dijo hace el monitoreo y ahorita bajo para que lo que revisemos…busqué al médico jefe que me pidió que hiciera el monitoreo y le dije que ya lo había hecho, y siempre se nos decía que dejáramos una nota para que se viera quien había hecho el monitoreo así lo hice no es una interpretación del monitoreo, y deje el expediente en el carrito de expedientes, lo deje abierto en el monitoreo, y había cambio de guardia y fui a buscar al Dr. Flores para que viera el monitoreo de la señora [Nombre 002], lo busque en los salones y no lo encontré uno de los auxiliares de enfermería me dijo que estaba en el cuarto de Ginecología, en la tercera o cuarta planta, le toque y toque un raro parecía que estaba durmiendo porque salió despeinado, y le dije que hice un monitoreo y que lo había pegado, y me dijo ahorita en un rato bajo…” [sic].

Los integrantes del tribunal de juicio reforzaron su análisis examinando correctamente lo informado por los médicos forenses que sirvieron como peritos en esta causa, detallándose que “…la perito Patricia Solano Calderón como especialista desde hace 28 años en medicina forense, indica "(...)cuando un médico pone una anotación la enfermera debe revisar la nota para ver qué es lo que hay que hacer(...)", Este punto también fue respaldado por el perito Dr. Pablo Navarro Villalobos, especialista en medicina forense desde hace 29 años, quien es de total credibilidad para este Tribunal y señaló en debate "(...)Según el estudio que realice, con las condiciones de la paciente debía ser vigilada por la enfermera jefe de salón y el médico a cargo, en el salón a esas horas hay varios enfermeras, hay médico de guardia y de turno, el interno realiza las indicaciones que a él le dicen, no puede interpretar ningún resultado, no tiene la licencia ni la praxis(...)".

Punto que también deja claro el perito doctor Roberto Brenes Esquivel en su deposición en juicio, quien como médico Ginecólogo y Obstetra desde hace 25 años, y desde hace 3 años perito para la OIJ, y como coordinador del Interno, en el Hospital de Heredia San Vicente de Paul en el bloque de ginecología desde hace 5 años, lo cual da todo un talante para referirse al tema en investigación y es de total credibilidad para este Tribunal, y para nada complaciente como lo señaló la parte acusadora, ya que su relato en todo fue simil con relación al resto de peritos recibidos en juicio. El doctor Brenes respalda el hecho de que si bien un estudiante puede realizar el monitoreo, este no puede ni tiene la capacidad de realizar interpretación alguna, siendo que dicha función es exclusiva del personal médico del nosocomio donde se encuentra la estudiante, siempre bajo la supervisión del personal médico que se encuentra encargado de los pacientes bajo su control, es decir, el Perito quien labora directamente con pacientes en la condición en que se encontraba la ofendida para el día de los hechos, nos aclara de manera contundente cual es la posición de una estudiante dentro de un salón de Ginecología y el como esta puede realizar un monitoreo siempre bajo la supervisión del personal hospitalario que se encuentra en ese momento en el salón al cual está a cargo la paciente.

Sobre este tema, el perito refirió en juicio: "(...)el interno no es parte del engranaje del servicio en maternidad, la paciente la recibe la enfermera obstetra, la entrevista, nosotros le hacemos monitoreo, al interno le pondríamos las fajas del monitor pero nosotros seguimos ahí, nosotros le firmamos recetas, la enfermera obstetra sigue ahí, con las normas vigentes de la C.C.S.S, existen normas para preparto, labores de parto y posparto del 2009, en esas normas no existe la palabra monitoreo, pero si se menciona la enfermera obstetra, le médico general, médico residente y médico asistente especialista. Si puede un IU, hacer un monitoreo, una cosa es poner el aparato y otra es decir como sale el reporte, poner el aparato si puede nosotros le enseñamos, en la Caja existe un encargado de la paciente es la enfermera, el único momento cuando la enfermera obstetra pierde el control de su paciente es cuando yo asumo el parto para poner fórceps, o porque decido llevármela para cesárea junto al anestesiólogo, por lo que el encargado 100% de la paciente es la enfermera obstetra.

El monitoreo fetal tiene dos divisiones, una en la impresión del trazo del monitoreo fetal y otra en la interpretación del reporte, la impresión es poner la fajas e imprimir, eso es fácil no tiene nada técnico, uno lo enseña, el trazo tiene que ser interpretado por el médico especialista y la enfermera obstetra, quien es la primera que debe de saber cómo están sus pacientes (...) Del estudio del expediente médico en el 2011, 2023 o 2005, el paciente está a cargo de la enfermera y en el caso en particular esta a cargo de la enfermera obstetra, en el salón estará a cargo de dos enfermeras obstetras, y están obligadas en todo momento a custodiar en todo el turno el expediente en el carrito de enfermería, hacer las notas de enfermería, la revisión periódica la hace las enfermeras, hecha mano de la enfermera de auxiliar, pero quien firma es la enfermera jefe sea la enfermera obstetra..." [sic].

A partir de ello, las personas juzgadoras arribaron válidamente a varias conclusiones: A. Que la demandada civil no dejó transcurrir el tiempo para hacer el monitoreo desde que ingresó al salón de ginecología la paciente-ofendida; B. Ella no tenía la capacidad de interpretar ese monitoreo. C. No tenía la obligación de comunicar el resultado del monitoreo, cuando en el salón donde ella estaba, existía personal hospitalario observando la realización de dicho examen, siendo estos los obligados a verificar e interpretar el resultado. Incluso, tampoco se observa lesión a las reglas del correcto entendimiento humano ni al debido proceso con relación a las anotaciones que se observan en la hoja que contiene el resultado del monitoreo. Al respecto, el análisis sobre ese extremo de la sentencia, que forma parte de los alegatos de los impugnantes, partió de lo dicho por la propia demandada civil quien señaló que en el mismo anotó el número de cama, el nombre de la paciente y, por instrucciones de la enfermera obstetra que estaba a su lado, anotó “pérdida de foco”, lo cual no implica, según lo indicado por ella, una interpretación del resultado, explicación que coincide con lo dicho por los peritos en cuanto a que los datos solo pueden ser interpretados por el médico especialista o por la enfermera obstetra.

Parte de la deposición de [Nombre 001] sobre el particular fue lo siguiente: “Quiero aclarar que yo nunca interprete el monitoreo, no sabía tanto, tampoco quise hacerlo, la enfermera obstetra que estaba conmigo me dijo que eran perdidas de foco y uno le cree, ella me iba explicando, ahí con el monitoreo, hay algo marcado que no lo hice yo, ahí solo puse la cama 12 donde estaba la paciente, solo dije que ella estaba del lado izquierdo, y tampoco di indicación, porque el expediente clínico tiene el lado para las indicaciones tienen que ir número uno o número dos, eso es al lado derecho eso lo pone el médico y ahí yo no escribí nada…yo en el documento escribí realizar NTS a las 08am, hay pérdidas de foco, esa es mi firma” [sic]. Punto que coincide con lo depuesto por el perito Brenes Esquivel cuando indicó expresamente que la interpretación de esa prueba debe tener la firma del enfermero obstetra o médico que lo está interpretando, pues la práctica del monitoreo no es un acto médico, como sí lo es su interpretación, por eso esas personas deben firmarlo.

Agregando que en este caso en particular él tuvo la posibilidad de ver el resultado “…y no tiene interpretación porque no tiene ninguna de las firmas…” [sic]. Esa explicación le sirvió al tribunal de juicio determinar que “…Esta nota no corresponde a una nota médica sino a una nota de la interno universitaria, así se estableció de la declaración del doctor Brenes, por ende no es una interpretación médica como lo trata de hacer ver la querella” [sic]. Con relación al resto de las anotaciones que aparecen en el resultado del monitoreo, el tribunal de juicio descartó que hayan sido efectuadas por la demandada civil, conclusión que fue cuestionada por los impugnantes aduciendo un quebranto a las reglas de debido proceso al asumir sus integrantes funciones que no les corresponden, determinando esta Cámara que tal vicio no existe. El reclamo establecido señala que un elemento importante discutido en el contradictorio fue si la interna universitaria, además de llevar a cabo el monitoreo electrónico también lo interpretó “…asumiendo el rol como si fuese la encargada de forma absoluta en la toma de decisiones, consignando más bien pérdidas de foco…” [sic].

En primer término, debe señalarse que [Nombre 001] aceptó haber insertado al final de la hoja del resultado del monitoreo electrónico la fecha, la hora en que se practicó, que se le hicieron estímulos externos a la paciente sin que la frecuencia cardiaca cambiara y que “solo hay pérdida de foco”, indicación que le giró la enfermera obstetra que la acompañaba en ese momento, tal y como ya se indicó. Sin embargo, en dicho documento, sobre las líneas que componen el trazado de la frecuencia cardiaca existen tres anotaciones que indican “pérdida de foco”, las que la demandada civil negó haber puesto y sin que exista ningún elemento de prueba que desacredite esa manifestación de ella. Pero, además, la conclusión del tribunal de juicio parte de lo indiscutible que resulta la diferencia de los rasgos caligráficos entre las anotaciones que aceptó haber plasmado la demandada civil y los que existen sobre las líneas del trazado de la frecuencia cardíaca.

Son letras completamente diferentes, tal y como se explicó en el fallo, sin que resulte necesario o indispensable contar con un peritaje en ese sentido, como lo aducen los impugnantes, pues la inmediación de la prueba permite que las personas juzgadoras estudien lo que está a la vista y que sus conclusiones sean controladas por las partes y, en este caso, es evidente la diferencia que existe entre los tipos de letra, unido a que la imputada rechazó haber efectuado las otras anotaciones. Sobre este punto se concluyó en el fallo que ello “…concuerda con lo narrado por la imputada en juicio cuando señala que fue la enfermera encargada del salón quien le indicó hacer la anotación en el expediente, pero fue esta tercera persona la que hizo la anotación sobre el monitoreo indicando en el trazo la perdida de foco, y por eso ella lo pegó, así se deja entrever en los dos tipos de letras que se observan en el monitoreo, tanto en su interpretación, como en la anotación que está al pie del expediente donde [Nombre 001] pega el monitoreo” [sic].

De tal manera que, contrario a lo resaltado en el recurso de apelación, no existe una fundamentación contradictoria en la sentencia que cuestionan. En esta, las personas juzgadoras consideraron, consistentemente, que la demandada civil no estaba obligada a reportar el resultado del monitoreo electrónico, sino que el personal médico del área de ginecología y obstetricia del Hospital Max Peralta, bajo cuya supervisión se encontraba la ofendida, era responsable de la interpretación del resultado y de adoptar las medidas urgentes de acuerdo con estos. Todo lo anterior, condujo al tribunal de juicio a concluir lo siguiente: “Está claro para este Tribunal que dicha interpretación le corresponde al personal a cargo de la paciente-ofendida, quienes debían haber hecho la lectura correcta del monitoreo y en esa adecuada interpretación debía realizarla de manera correcta el personal de enfermería que estaba con [Nombre 001] al momento de que ella realizará el monitoreo, era obligación del personal, quien si tenía la capacitación para realizar la lectura correcta del monitoreo, informar al médico de guardia y este a su vez al especialista para que bajo una valoración, realizar lo que en medicina correspondía, que como concordaron los cuatro peritos arriba analizados, de haberse leído correctamente el monitoreo, se debía intervenir de manare inmediata a la paciente para la extracción del producto mediante la cesarea.

Al existir esta omisión clara del personal médico que sí estaba bajo el cuidado de lo ofendida [Nombre 002] y de su hijo en vientre, y no realizar el procedimiento médico que correspondía, se produjo la muerte de su hija, conclusión que los galenos forenses arribaron en sus relatos, y así se consignó en el dictamen de autopsia A:2011-0291, que concluye que, de haberse hecho una cesárea se hubiese aumentado la posibilidad de sobrevida del producto, es decir se hubiere mantenido con vida al producto fallecido, aspecto que también se respalda en los dictámenes del Consejo Médico 2019-549, y concuerda con lo descrito en el informe OIJ 1585-DRC-SI…En resumen, de la prueba analizada se deriva en conclusión que la responsabilidad por obligación como garante en el caso concreto lo era los/las enfermeros y los/las médicos de guardia o ginecólogo obstetra, que para esa madrugada del 06 de setiembre del año 2011, estaban en la obligación de supervisar y controlar los exámenes, avances o desavenienzas que se pudieran presentar en la salud de [Nombre 002] o su hija Innominada.

No es, ni podía ser [Nombre 001] en su calidad de estudiante universitario quien estaba al cuido de la paciente, y mucho menos quien estaba con la obligación de realizar los exámenes ordenados por la doctora [Nombre 005], y mucho menos interpretarlos. La única actuación de [Nombre 001], y que fue la base de las acusaciones en esta sumaria, lo es el hecho de haber realizado el monitoreo a la paciente [Nombre 002], pero como vimos, no lo hizo sin supervisión del personal del área de Ginecología del Hospital Max Peralta, que estaba asignado esa noche, tampoco fue ella quien hizo la interpretación del documento, y mucho menos tenía la obligación de comunicarlo…” [sic]. Los impugnantes pretenden acreditar una contradicción en la sentencia a partir de esta conclusión de las personas juzgadoras: “El Tribunal tiene claro, que debía comunicar la realización del examen si así se lo solicitaron, pero quedó acreditado que alrededor de este examen hubieron dos personas que si eran enfermeros, lo cual hace ver que dicha comunicación no le era atribuible a [Nombre 001], si no al enfermero que condujo a [Nombre 002] para el monitoreo, y a la enfermera que estaba en el salón de Ginecología al momento de que [Nombre 001] le realizara el monitoreo a [Nombre 002], esto derivado del relato de la ofendida…” [sic] -se agrega el resaltado.

Ello no constituye el vicio lógico planteado, pues de ningún elemento probatorio se desprende que alguien del personal médico u obstetra le hicieron tal petición a la demandada civil, siendo más bien que el doctor que ordenó esa prueba le indicó que él iría a ver el resultado, lo cual no hizo, limitándose a hacer lo que le ordenaron según la declaración de [Nombre 001]. Igualmente, los recurrentes cuestionan que en la sentencia se omitió valorar: A) los dictámenes medicolegales números número DA-2011-02191-PF, de fecha 29 de mayo de 2012, el cual señaló, según su criterio, los elementos atinentes al manejo del caso, que debieron haberse implementado: a) desde el momento del ingreso de la paciente, su condición requería control y vigilancia médica estricta; b) a partir del monitoreo del 6 de setiembre de 2011, de las 5:11 horas, que resultó anormal, ameritaba la evacuación inmediata del producto de la gestación; B) y el número 2019-0000549 de fecha 20 de diciembre de 2019 el que estableció, de acuerdo a la lectura de los impugnantes, una falta al deber de cuidado por una errónea interpretación del monitoreo fetal que arrojaba sufrimiento fetal agudo, que ameritaba la interrupción del embarazo por la vía más expedita, C) ni tampoco las declaraciones de los peritos médicos forenses, doctores Luís Solórzano Sandoval, quien, de acuerdo con los recurrentes, afirmó que debido al resultado del monitoreo la interna universitaria debió comunicar de inmediato al médico especialista, lo cual se omitió, a pesar de lo cual en el fallo no se valoró tal afirmación; ni de la doctora Patricia Solano Calderón la cual afirmó, según lo señalado por los impugnantes, que el resultado del monitoreo alertaba sobre un sufrimiento fetal por lo que la interna debió comunicarlo y, además, que al momento de practicar esa prueba se debe estar “al pie del paciente”; así como tampoco lo afirmado por el doctor Pablo Navarro Villalobos, quien sostuvo, según los representantes de la actora civil, que del expediente hospitalario se desprende el resultado del monitoreo llevado a cabo por la demandada el cual mostró problemas de desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal, por lo que se debía reportar al médico de guardia; que además, fue ella quien interpretó los datos y no lo reportó.

Al respecto se tiene que si bien el doctor Solórzano Sandoval afirmó que la demandada civil debió comunicar al médico especialista el resultado, también sostuvo en su deposición que “…con respecto a la responsabilidad sobre quien realiza un monitoreo, sería la médico obstetra, la enfermera obstetra, y médico general…todo lo que haga el interno debe estar interpretado por el especialista…Médico Interno es el Interno Universitario esta para aprender y si hace algo debe ser controlado y supervisado, es el último año de estudio de medicina.” [sic]. Referente al reclamo de la ausencia de valoración de la perito Solano Calderón, debe señalarse que en el fallo se hizo mención a lo indicado por ella, sobre todo a la obligación de la obstetra de revisar la anotación referente al resultado del monitoreo practicado; pero, además, los impugnantes olvidan mencionar que dicha doctora mencionó otros aspectos transcendentales con relación a la actuación de los internos universitarios, al detallar que estos “…de acuerdo a los reglamentos está vedado de tomar iniciativa propia, siempre bajo supervisión de un médico titulado, el interno conoce que está bajo la tutela de otro médico…los internos están bajo la supervisión de un médico titulado, se debe comunicar por que como estudiante estoy vedado de realizar alguna acción, lo que consta en el expediente que ella ([Nombre 001]) hizo el monitoreo y lo pegó, hay una nota médica que indica que no ve el monitoreo pero que lo pega, que no comunico, pero es confuso porque no lo ve pero se indica que lo pegó, lo que se tiene es que la interno hizo el monitoreo, lo pego y no comunico…para el momento de los hechos era un estudiante regular de licenciatura de las ciencias médicas y estaba bajo supervisión de otros médicos y solo realizaba funciones académicas, por lo que no se puede determinar un mal manejo por estar él a cargo de la Dra [Nombre 005].

Para los internos no hay distinción, solo dependen del bloque donde se encuentren…cuando un médico pone una anotación la enfermera debe revisar la nota para ver qué es lo que hay que hacer…” [sic]. Finalmente, en cuanto a lo dicho por el perito Navarro Villalobos, aparte de lo indicado por los impugnantes, este galeno informó en el debate que “…con el reporte del monitoreo era al médico asistente de guardia o galeno que estaba atendiendo, los actos de ésta médico interno ella no tiene título habilitante, aún no tiene todas las técnicas, es un año de desestresas, todos los actos médicos debe consultarlos con el médico asignado, ella debió reportar al médico de guardia, la Dra. [Nombre 001] simplemente lo pega y ella interpreta el monitoreo como interrupciones o pérdidas de foco… del Interno Universitario que rige los actos del interno… El Monitoreo no se reportó, porque la interno hizo el monitoreo y no lo comunico a quien la estaba evaluando, y lo pego en el expediente no hay reporte de que lo haya comunicado…Según el estudio que realice, con las condiciones de la paciente debía ser vigilada por la enfermera jefe de salón y el médico a cargo, en el salón a esas horas hay varios enfermeros, hay médico de guardia y de turno, el interno realiza las indicaciones que a él le dicen, no puede interpretar ningún resultado, no tiene la licencia ni la praxis, debió reportar ese monitoreo…” [sic].

En cuanto las anotaciones relacionadas con pérdida de foco insertas en el resultado del monitoreo, ya se analizaron las razones por las cuales las personas juzgadoras, de manera fundamentada, rechazaron la posibilidad de que hayan sido hechas por la demandada civil; y en cuanto a la interpretación, también se indicó que en el momento de ese examen [Nombre 001] se hacía acompañar por personal médico u obstetra responsable de emitir cualquier conclusión. No puede perderse de vista, que los informes periciales constituyen un elemento más dentro de la totalidad del acervo demostrativo, el cual debe ser analizado de manera conjunta, por lo que atribuirles el peso probatorio que plantean los impugnantes constituye una forma de tasar la prueba. No se deja de lado que se trata de voces expertas, sin embargo, tal y como se sostuvo a lo largo del fallo, lo dicho por ellos se aquilató a través de la normativa que rige la actuación de los internos universitarios, que los releva de la responsabilidad mencionada por los impugnantes con apoyo de la prueba pericial; además, que en el momento de realizar el monitoreo la demandada civil no estaba sola, sino que estaba acompañada por quien parecía ser una enfermera obstétrica.

Finalmente, contrario a lo sostenido en el recurso, en el fallo se valoró el dictamen médico legal número DA-2011-02191-PF, de fecha 29 de mayo de 2012, que corresponde a la autopsia de [Nombre 003], pues incluso, partiendo de las conclusiones que se anotaron en dicho documento con relación al procedimiento médico u obstetra que debió llevarse a cabo, se indicó en el fallo que “…dicha interpretación le corresponde al personal a cargo de la paciente-ofendida, quienes debían haber hecho la lectura correcta del monitoreo y en esa adecuada interpretación debía realizarla de manera correcta el personal de enfermería que estaba con [Nombre 001] al momento de que ella realizará el monitoreo, era obligación del personal, quien si tenía la capacitación para realizar la lectura correcta del monitoreo, informar al médico de guardia y este a su vez al especialista para que bajo una valoración, realizar lo que en medicina correspondía, que como concordaron los cuatro peritos arriba analizados, de haberse leído correctamente el monitoreo, se debía intervenir de manare inmediata a la paciente para la extracción del producto mediante la cesarea.

Al existir esta omisión clara del personal médico que sí estaba bajo el cuidado de lo ofendida [Nombre 002] y de su hijo en vientre, y no realizar el procedimiento médico que correspondía, se produjo la muerte de su hija, conclusión que los galenos forenses arribaron en sus relatos, y así se consignó en el dictamen de autopsia A:2011-0291, que concluye que, de haberse hecho una cesárea se hubiese aumentado la posibilidad de sobrevida del producto, es decir se hubiere mantenido con vida al producto fallecido aspecto que también se respalda en los dictámenes del Consejo Médico 2019-549, y concuerda con lo descrito en el informe OIJ 1585-DRC-SI…” [sic]. Por todo lo anterior se desestiman los motivos de impugnación planteados.

VI.El sexto motivo de apelación interpuesto por los representantes de la actora civil es por una falta de fundamentación y errónea fundamentación jurídica respecto al rechazo del pago por daño material. Sustentan su reclamo en los artículos 41 de la Constitución Política; 1045 del Código Civil; 103 del Código Penal; 37, 70 inciso b) y 71 punto 3; 122, 124 y 126 de las Reglas de Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil Código Penal de 1941 y Ley 4891 de 8 de setiembre de 1971. Indican que en el fallo no se valoró ni se analizó el reclamo civil por daño material o patrimonial, el cual no se enfocó respecto a la persona fallecida [Nombre 003], sino respecto de la actora civil ([Nombre 002]) madre de la ofendida, quien se apersona al proceso como víctima y damnificada. Sostienen que en el fallo se declaró sin Iugar el daño material sobre la base de argumentos puramente especulativos, consistentes, según los recurrentes en: “…(a) Que se ha reclamado un daño por la muerte de [Nombre 003] y que sobre ese extremo no se tienen elementos mediante los cuales se hayan acreditado estos daños a la parte actora civil.

(b) que el daño físico o en el peculio se debe establecer para el caso de que la persona se encuentre con vida o bien para terceros, en el caso de que alguna u otra forma de muerte haya degradado el patrimonio de quien lo reclama o en su defecto que producto esta muerte, la persona haya dejado de percibir algún tipo de patrimonio de quien lo reclama o en su defecto que producto de esta muerte, la persona haya dejado de percibir algún tipo de patrimonio. (c) Se argumenta en el fallo recurrido que [Nombre 003], no era un ser productivo económicamente, debido a que muere en la cavidad intrauterina de su madre, por no ser evacuada como correspondía. (d) Que, conforme al peritaje de Luis Rodríguez Astúa, y las variables indicadas en ese documento (esperanza de vida de 80 años, interés técnico del 5%, salario de una trabajadora no calificada), no es posible acceder al monto ahí indicado por cuanto, se trata de situaciones inciertas y a futuro.

Se desconoce si [Nombre 003] se sumaría a la actividad productiva, y que el salario que pudiere percibir sea en afectación directa a la actora, pues se desconoce cómo iba administrar ese salario la persona fallecida, por ejemplo, si iba a estudiar y requerir de ese ingreso, y si iba a ser una persona independiente y formar una familia, e invertir el ingreso en dicho núcleo familiar, o si [Nombre 003] iba a dedicarse a una labor o llegar a ser ama de casa.” [sic]. Sostienen que las personas juzgadoras minimizaron y otorgaron poco crédito al perito Luis Rodríguez Astúa, afirmando que es testigo, cuando en realidad este compareció como perito, con lo cual, además se violentaron los principios de objetividad e imparcialidad, ya que incluso no se “transcribe o hace alusión a sus atestados y experiencia, como si lo hace respecto a Roberto Brenes Esquivel, perito de la defensa, quien dice que tiene (ver imagen 71 del fallo) un talante, para referirse al tema de investigación.

El caso es que también Luis Rodríguez Astúa es un perito con altas cualidades técnicas que lo califican pues es economista y actuario, y con más de 25 años de experiencia, pero aun así para el Tribunal de Juicio de Cartago, no tiene valor alguno, pues no motiva porqué es que su declaración como perito (no compareció como testigo, como lo consigna erróneamente el fallo), no sirve para dictaminar esas variables que deben considerarse para fijar el daño material.” [sic]. Reiteran que la acción civil, y su justificación para reclamar el daño material, fue planteada por la ofendida ([Nombre 002]), en su calidad de madre, lo cual la legitima para reclamar el resarcimiento y cobro correspondiente por el daño patrimonial, cuya liquidación provisional efectúo al amparo del numeral 308 del Código Procesal Penal en su condición de víctima y damnificada, reclamando una expectativa de “…ayuda futura derivado de la muerte de su hija por nacer…” [sic].

Plantean que la titular del daño, derivado de esa expectativa, es la actora civil, de modo que no resulta válido negar dicho extremo por “ser difícil determinar qué hubiese sido de la vida de esa persona”, lo cual, consideran un argumento especulativo. Sostienen que jurisprudencialmente se ha reconocido el concepto de “pérdida de oportunidad”, el cual se menciona doctrinalmente, agregando en su apoyo el voto número 1040-F-51-2013 de las 8:40 horas del 14 de agosto de 2013 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, pretensión que se logró demostrar a partir del peritaje de Luis Rodríguez Astúa. Mencionan doctrina, legislación y jurisprudencia extranjera como base de su reclamo. Señalan que el propio tribunal de juicio tuvo por demostrada la existencia de una infracción al deber de cuidado que generó la muerte de la hija de la actora civil, por lo que existe una “…pérdida de oportunidad de que [Nombre 003], pudiese llegar a asistir a la actora civil, sin que sea necesaria la existencia de una certeza como lo está exigiendo el Tribunal de Juicio de Cartago en el fallo recurrido” [sic].

Incluso, señalan que el cálculo se efectúa tomando como base un salario mínimo y no con un parámetro excesivo. Solicitan se anule el fallo en este punto y se acoja el reclamo que se describe, el cual se fijó en cien millones de colones o, en su defecto se ordene el juicio de reenvío para nueva sustanciación. Con lugar el reclamo, pero únicamente con relación a la Caja Costarricense del Seguro Social. En el escrito de constitución como actora civil, la señora ([Nombre 002]), indicó que se apersonaba al proceso como “víctima damnificada directa y en representación de mi hija que falleció producto de los hechos imputados a dichos justiciables y a la institución Caja Costarricense de Seguro Social” [sic], lo cual le provocó una afectación no sólo psicológica y emocional, sino también pecuniaria, reclamo que extendió a la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE).

El motivo planteado por los recurrentes debe analizarse, inicialmente, a partir de la figura de la “pérdida de oportunidad”. Un desarrollo histórico de esta figura la encontramos en el trabajo académico de Ricardo Antonio Batalla Robles, titulado “La Teoría de la Pérdida del Chance o de Oportunidad y su aplicabilidad en Costa Rica”, en el cual describió los siguientes datos: “Francia fue el país al que se le conoce la primera resolución que invoca una pérdida de chance, del 17 de julio de 1889 y tenía que ver con un auxiliar judicial que impide la tramitación de un proceso. Posteriormente “la misma doctrina del chance fue utilizada por la Sala de lo Civil del Tribunal de Casación en sentencia de 17 de marzo de 1911, relativa a un mandamiento procesal que se abstuvo de ejercitar la acción, consolidándose definitivamente en el arret de la Chambre de Requétes de 26 de mayo de 1932, sobre la actuación negligente de un notario”.22 Posteriormente, el caso de la jurisprudencia francesa del jinete que ve lesionado el chance o la probabilidad de ganar una carrera, debido a que el transportista no se presentó con el caballo a tiempo para concursar, se llegó a convertir en el ejemplo clásico en doctrina.

En Inglaterra, la primera sentencia que indemnizó la pérdida de un chance se remonta a 1911 y era el caso Chaplin v. Hichs, de la Court of Appeal, que admite la resarcibilidad de la posibilidad frustrada de ganar un concurso. El caso es muy ilustrativo y resulta interesante: “Un agente teatral convocó un concurso de tal signo, con el compromiso de contratar como actrices durante tres años a las 12 candidatas que él eligiera entre las 50 más votadas por los lectores de un periódico, abonando 20 libras esterlinas mensuales a las 4 primeras, 16 a la 4 siguientes y 12 a las otras 4. La demandante fue una de las preseleccionadas, pero el agente no le comunicó la fecha de la entrevista personal prevista en las reglas del concurso, de modo que no fue una de las 12 finalmente elegidas; y su demanda fue acogida con el reconocimiento de una indemnización de 100 libras. La explicación técnica del caso es que la demandante tenía una posibilidad entre cuatro de ser escogida, por lo que ese chance constituía un valor económico que, al serle sustraído, debía dar lugar a la correspondiente indemnización.

Estados Unidos atribuye la introducción de la doctrina al caso inglés citado anteriormente de Chaplin v. Hichs, ya que este proporcionó una nueva aproximación a los problemas de pérdida de oportunidad en todo el ámbito del Common Law. Posteriormente resultan importantes las sentencias de la Texas Court of Civil Appeal de 1917, en el caso Kansas City M. & O. Ry. Co. V. Bell: “que reconoció al demandante el valor de la oportunidad de ganar el premio disputado en una feria ganadera frustrada por el retraso en el transporte de los animales”; y la sentencia del Tribunal Supremo de Iowa, de 1921, en el caso Wachtel v. National Alfalfa Journal Co. “que tutela por este concepto a un sujeto que no pudo obtener el galardón al mejor vendedor porque su empresa anuló el certamen, privándole de una posibilidad de victoria…” [sic]. (Batalla Robles, R. A. (2010). La Teoría de la Pérdida del Chance o de Oportunidad y su aplicabilidad en Costa Rica (Tesis para optar por el título de licenciado en derecho).

Universidad de Costa Rica). Se ha entendido que esta figura “…comprende todos aquellos casos en los cuales el sujeto afectado podría haber realizado un provecho, obtenido una ganancia o beneficio o evitado una pérdida, resultados que fueron impedidos por el hecho antijurídico de un tercero, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido o no, creando una expectativa, una probabilidad de ventaja patrimonial…” [sic]. (López Mesa, Marcelo. (2008). “Responsabilidad Civil Médica y Pérdida da Chance de Curación”. En Revista de Derecho de Daños. Editorial, Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires: Argentina). La doctrina nacional ha desarrollado este tema puntualizando las posibles aplicaciones más recurrentes de la noción de pérdida de chance. Dentro de estas se señala: 1- La pérdida de oportunidades laborales y profesionales. 2- La pérdida de oportunidad de obtener ganancias o lucro. 3- La pérdida de oportunidad de recibir rentas. 4- La pérdida de oportunidad de ganar un juicio. 5- La pérdida de oportunidad de ganar un premio o un concurso. 6- La pérdida de oportunidades administrativas. 7- La pérdida de oportunidad de evitar daños económicos. 8- La pérdida de oportunidades de curación o de supervivencia. 9- La pérdida de oportunidades a raíz de la negativa al reconocimiento de un hijo. 10- Pérdida de chances de asistencia alimentaria.

Con relación a este último punto se ha indicado: “La jurisprudencia francesa suele acoger los reclamos de pérdida de oportunidad de asistencia alimentaria, tanto en materia de vínculos familiares de derecho, como en materia de vínculos de facto. Por ejemplo, las oportunidades de asistencia alimentaria perdidas por cónyuges, hijos, parejas de hecho e hijos afectivos de las víctimas directas de accidentes de tránsito. Sin embargo, en materia de oportunidades de asistencia alimentaria de parte de descendientes, la jurisprudencia francesa se manifiesta bastante hostil. La jurisprudencia argentina ha desarrollado una línea conforme a la cual, en caso de fallecimiento de un [Nombre 001], se reconoce a los padres el derecho a una indemnización por la pérdida de chance de recibir asistencia alimentaria de parte del hijo perdido, cuando, por virtud del paso del tiempo, los roles generacionales de productividad se hubieren invertido.

Esta tesis jurisprudencial, hoy de aceptación mayoritaria en la Argentina, tiene la particularidad de que cobija la pérdida de chances alimentarias actuales, sino también la pérdida de chances futuras de recibir alimentos, incluso, de un hijo en gestación. Esta doctrina se originó, históricamente, en una época en la que, por razones particulares del Derecho positivo imperante, la indemnización de daño moral estaba condicionada a la comprobación de un delito penal. A fin de no dejar a los padres sin indemnización, en los casos en que, por no haber delito penal de por medio, no cabía indemnización de daño moral, la jurisprudencia halló una válvula de escape hacia la justicia en la figura de la pérdida de chance de un lucro. Posteriormente, el requisito del delito penal fue eliminado del Derecho positivo argentino, a los fines de la procedencia de la indemnización del daño moral de afección; pero, para entonces la tesis de la resarcibilidad de la pérdida de chance de alimentación futura ya estaba muy arraigada en la cultura jurídica argentina” [sic].

(Torrealba Navas, F. (s.f.). LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD O CHANCE. Escuela Judicial de Costa Rica. Recuperado de https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/rev_jud_98/articulos/07_per.html). Aunque no se amparó en ese concepto, sino en la figura del daño material, la Sala de Casación Penal, mediante la sentencia número 2009-01208, de las 17:20 horas del 18 de setiembre del 2009, desarrolló el tema relacionado con la posibilidad de conceder una indemnización por ese tipo de daño a una mujer por la muerte de su hija, considerándose que una de las consecuencias de la muerte de la menor, será la imposibilidad de que esta produzca recursos materiales una vez inicie su edad económicamente productiva. Al respecto, se indicó en ese voto que “…que el título por el que dicha actora solicita que le sea reconocido el daño material, no es por el concepto de renta alimentaria aludida en los artículos 128 y 129 del Código Penal de 1941 (vigente a esos efectos), sino por el daño que implica la desaparición de una persona y la supresión de las posibilidades de ingreso que esta hubiera tenido de no producirse su deceso...El Tribunal debía resolver el asunto de conformidad con el numeral 127 de ese cuerpo normativo, que se refiere al daño material en general, y no sólo al específico de las rentas alimentarias.

Acerca del tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de deslindar ambos conceptos, estableciendo la necesidad de que el daño material sea examinado tomando en cuenta todo su alcance y no solo el alimentario. Al respecto, señaló: “…del texto transcrito del artículo 129 ya citado, no se infiere su aplicación directa al caso de estudio, ya que dicho numeral se refiere a la obligación del condenado, de pagar alimentos a los herederos legítimos del difunto, lo que no es motivo de debate, ni cuestionamiento en el recurso de referencia. La pretensión de la actora es el daño material que reclama y no el crédito alimentario a que hace referencia el artículo 129 del Código Penal. Por ello es cierto que la norma contenida en ese artículo es específica, pero no de aplicabilidad en el reclamo del daño material, ya que su contenido se refiere al caso de acreedores alimentarios que es tema ajeno a las pretensiones de la actora, que reclama concretamente el daño material.

Por su parte el artículo 124 del Código Penal, también aludido y que se refiere específicamente al daño material, en nada hace referencia a la necesidad de una declaratoria de herederos, que legitime el accionar del ofendido… El recurrente alega como violado el artículo 1045 del Código Civil por aplicación errónea, aduciendo que se trata de una disposición general sobre la culpa extracontractual frente a una disposición concreta, específica que es el artículo 129 del Código Penal de 1941, que establece la indemnización pero para los herederos que hayan sido declarados herederos legítimos del occiso. Al respecto cabe advertir, que no existe la violación indicada ni a la norma general del artículo 1045 ni a la específica del artículo 129 del Código Penal. Es indudable que nuestro ordenamiento jurídico admite el resarcimiento del daño material sin la previa declaratoria de herederos, por ello el artículo 1045 del Código Civil habla del daño en sentido general y es tajante en cuanto al deber que tiene el causante del daño de su reparación.

La norma plasmada en este numeral es de plena aplicabilidad en el presente asunto, en que se ventila la responsabilidad aquiliana o extracontractual del recurrente. El citado artículo del Código Civil, se circunscribe al régimen de la responsabilidad civil extracontractual. Esta responsabilidad no nace del incumplimiento de un vínculo determinado, sino a raíz de la violación del deber general de no dañar a los otros. La norma del daño sufrido, a que alude este artículo es acuerpada, además, por el inciso primero del artículo 137 del Código Penal de 1941” (voto #10, de las 14 horas 45 minutos del 22 de marzo de 1994). En consecuencia, sí ostentaba la señora Y. título jurídico para que se le concediera el daño material por tal concepto, porque incuestionablemente una de las secuelas del deceso de la menor, será que esta no podrá generar los recursos materiales que habría podido producir de alcanzar su edad económicamente productiva, cosa que no será posible (como se sabe) a raíz de los hechos investigados.

Siendo así, debe declararse con lugar el reclamo y casar el fallo condenando a la Caja Costarricense de Seguro Social a indemnizar a Y., por el daño material generado por la muerte de su hija…” [sic] -se suple la negrita-. En este caso, se determinó la existencia de una infracción al deber de cuidado de parte de profesionales en el área de la salud del Hospital Max Peralta, lo que ocasionó la muerte de [Nombre 003], producto gestacional de la actora civil ([Nombre 002]), razón por la cual se encuentra legitimada para accionar pretendiendo el resarcimiento de ese daño, de manera que el fundamento expuesto en el considerando dedicado al rechazo de ese extremo resulta erróneo. Resulta evidente que la fallecida no era alguien “productivo económicamente”, como se dijo en la sentencia, sin embargo, el peritaje brindó estimaciones a partir del momento en que se hubiese podido incorporar al mercado laboral, a partir de allí y hasta la edad en que generalmente finaliza la actividad laboral de una persona se efectuaron los cálculos, con base en lo cual puede estudiarse el perjuicio derivado por el aporte económico que habría podido recibir de su hija y cuantificarlo, de manera que las razones dadas por el Tribunal de Juicio para rechazar este reclamo, carecen de la fundamentación necesaria, al no haberse valorado los aspectos mencionados en este considerando, por lo que resultaba posible no solo acceder a dicho rubro, a título de daño material, sino, además, estimarlo de manera concreta.

Las consideraciones con relación a la eventual forma de administrar las ganancias o ingresos económicos, el origen de estos, si debía compartirlo con su propia familia, o que no se hubiese incorporado al mercado laboral, constituyen aseveraciones sin base objetiva que no resultan de recibo para denegarlo. La aceptación o no de ese rubro indemnizatorio debe partir de una prognosis sustentada en prueba recibida en el debate, dentro de la cual se encuentra el referido peritaje y la declaración de la víctima. Así las cosas, se declara la ineficacia del fallo en cuanto a la denegatoria del daño patrimonial pretendido por la actora civil ([Nombre 002]), debiéndose discutir nuevamente dicho extremo en el juicio de reenvío que se ordena, así como lo correspondiente a las costas que correspondan según lo que se resuelva en cuanto a este extremo. Tómese en consideración que dicha pretensión se debe dirigir únicamente con relación a la C.C.S.S. y no de las demandadas civiles [Nombre 001] Talishvili ni de la de la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE), al no haberse acreditado ningún tipo de responsabilidad civil subjetiva u objetiva de estas respectivamente.

VII.El sétimo motivo de impugnación lo plantean por una violación al principio de razonabilidad, proporcionalidad y justicia del fallo respecto al monto concedido por indemnización por daño moral. Fundan su reclamo en los artículos 41 de la Constitución Política; 1045 del Código Civil; 103 del Código Penal; 37, 70 inciso b) y 71 punto 3; artículos 122, 124 y 126 de las Reglas de Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Penal del Código Penal de 1941 y 202 de la Ley General de Administración Pública. Indican que el monto concedido por este extremo de 30 millones de colones no resulta racional, proporcional ni justo. Refieren que la justificación que se dio en la sentencia con relación a la existencia del daño moral describe una afectación inconmensurable, estimándose, al respecto, la “…afectación moral a la víctima, esto es, los propios de su relación familiar que se vio afectada, así su proyecto de vida con su hija, y la esperanza de todo lo que ello venía a implicar, al igual que los elementos sobre el trato inhumano en el hospital, y todo lo relativo a la cesárea y a su internamiento, y obviamente las secuelas posteriores a la muerte de [Nombre 003]…” [sic].

Consideran que la suma acordada en el fallo resulta simbólica, lo que no compensa el daño moral sufrido e, incluso, hoy en día, más de 11 años después de los hechos, la víctima presenta secuelas imborrables. Agregan que, si bien la normativa permite al juzgador fijar prudencialmente la suma para dicha compensación, eso no significa que sea arbitraria, sino que la misma debe surgir de un adecuado razonamiento, que tenga como base una proporción con relación a la magnitud del daño. Transcriben extractos doctrinarios y jurisprudenciales en apoyo de su reclamo. Solicita se anule la sentencia en dicho punto y se ordene el correspondiente juicio de reenvío o, en su defecto, que esta Cámara proceda a la fijación de dicho extremo. El reclamo es de recibo. No solo se detecta el vicio descrito por los impugnantes, sino, además, existe una ausencia de fundamentación por ser la plasmada en la sentencia contradictoria.

En el apartado dedicado a la fundamentación del monto por concepto de resarcimiento por el daño moral sufrido por la actora civil, el tribunal de juicio tomó en consideración las siguientes circunstancias: “…se logró establecer el daño moral, ello ante el sufrimiento ocasionado por la muerte de su hija [Nombre 003], por la falta al deber de cuidado de los funcionarios de la C.C.S.S…esta Cámara ha ponderado que la muerte de un familiar siempre es dolorosa para cualquier persona, en especial cuando dicha muerte es repentina e inesperada como la sufrida por la ofendida…máxime que quien hoy reclama la indemnización del daño es su madre, quien la esperaba con ansias e ilusión por ser su primera hija, y anhelaba tener en sus brazos, y compartir vivencias de madre e hija, entre ellas crianza y educación. El impacto psicológico sufrido por la actora civil desde el momento en que recibió la fatídica noticia hasta el día de hoy ha generado secuelas que como ella indico en juicio, no las han podido superar…estimanado esta cámara de juzgadores que la actora ha sufrido no solo porque su hija no está con vida y con ella, si no porqué la forma en que falleció a quien mantuvo por dos días muerta dentro de su cavidad uterina, a quien conoció días después ya fallecida, y a quien no pudo despedir ni acompañar en el funeral, lo que le genera aun mayor aflicción de lo que una persona normal pueda tener, ello en el entendido que el Tribunal tiene claro el amor, ilusión con que la actora y su familia esperaban a la fallecida, quien fuere su hija.

El Tribunal pudo denotar de su relato el desconsuelo ante tal partida, el dolor que experimenta pese haber pasado más de once años, está ausencia le ha hecho perder el optimismo, al tener que recordar para toda su vida no solo que su hija no está por que murió en su vientre, si no el dolor de ver como le fue la muerte de su hija, estando internada en un Hospital con muchas horas de antelación incluso en un lugar seguro para la atención de un parto. De la declaración de la actora civil y su madre Pastora, se tiene claro que la ofendida lloraba constantemente por su hija, que tuvo que buscar consulta en el Ebais por que no podía dormir a razón de los hechos, donde le medicaron y tomo antidepresivos por un años, como consecuencia del daño causado su vida por espacio de tres años, no fue la misma, dado que ella no quería salir ni hablar con nadie…” [sic]. A pesar de todos esos elementos o parámetros para establecer la suma del resarcimiento, los cuales resaltan por la gravedad de las consecuencias anímicas sufridas por la víctima y su familia, el razonamiento del tribunal de juicio da un giro inexplicable, infundado y contradictorio, y concluye que “…los montos solicitados por la acción civil están completamente injustificados en el caso del daño moral…” [sic] -se agrega el resaltado-, y procede a fijar el monto a cancelar por concepto de resarcimiento por este rubro en 30 millones de colones.

Si bien es cierto la cuantificación del daño moral subjetivo, por su naturaleza misma, no requiere de una prueba directa, es decir, es de valoración equitativa del juzgador, esto obedece a que se trata de una afectación que se produce en el seno interno de la persona afectada. Con relación a ello, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia número 537 de las 10:40 horas del 3 de septiembre del 2003, señaló: “…se deduce a través de las presunciones inferidas de indicios, ya que, el hecho generador antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del daño moral existe “in re ipsa”. Tampoco se debe probar su valor porque no tiene un valor concreto. Se valora prudencialmente. No se trata, entonces, de cuantificar el sufrimiento, pues es inapreciable, sino de fijar una compensación monetaria a su lesión, único mecanismo al cual puede acudir el derecho, para así reparar, al menos en parte, su ofensa.” A partir de allí jurisprudencialmente se han establecido algunos criterios o precisiones para la concreción del monto por este tipo de daño y su prueba:

  • 1)Implicaciones de la máxima "in re ipsa". La acreditación del daño moral subjetivo no requiere de prueba directa, sino que se puede inferir sobre la base de las reglas de la experiencia humana. Supone la posibilidad de deducir la ocurrencia de una lesión interna en el sujeto que lo ha padecido, y no condicionarle a elementos de convicción directos, sino de indicios, sin que se elimine la posibilidad de aportar pruebas para acreditar no solamente la ocurrencia del daño moral, sino, además, su intensidad en cada caso concreto, como sería el testimonio de la víctima que puede ofrecer detalles de la incidencia que el hecho dañoso generó en su esfera emocional y con ello tener una base más detallada del impacto generado.
  • 2)Deber de acreditar la causa de la lesión interna. Se debe establecer el nexo causal entre el hecho generador del daño moral y este, siendo deber de quien lo reclama, acreditar la causa dañosa.
  • 3)Reglas de proporcionalidad. A pesar de que no se exige prueba para determinar la existencia del daño, aunque si de la causa que lo provocó, su fijación está sujeta a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, por lo que en cada caso, la autoridad jurisdiccional debe ponderar las particularidades y alcances del conflicto, a efectos de que su otorgamiento y cuantificación se ajuste a dichos criterios y no culmine con indemnizaciones excesivas que lleven a beneficios injustificados o insuficientes que no permitan compensar el daño. De manera que “la sujeción a reglas de razonabilidad y proporcionalidad obligan a que la tasación del daño se ajuste, además, a procesos lógicos y racionales, de suerte que pueda comprenderse, en cada caso concreto, el conjunto de elementos sobre los cuales se asigna determinado quantum retributivo por equivalencia para este tipo de padecimientos. Si la tasación del daño moral subjetivo ha de ser proporcional, tal condición se concreta respecto de las condiciones en que se ha producido y la intensidad de afectación que se ha ocasionado al sujeto. De ahí que todo juicio de proporcionalidad exige el examen de los aspectos (o juicios propios) de adecuación y necesidad. En un primer estadio, la adecuación dice de coherencia de la medida adoptada respecto del fin o bien jurídico tutelado, de manera que esa decisión permita la satisfacción del fin.” (Sentencia número 00080-2019 de las 14:20 horas del 28 de junio del 2019. Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI). Precisamente esos parámetros fueron omitidos en el fallo impugnado. Tras describir la afectación moral de la ofendida, las personas juzgadoras estiman que la suma pretendida es injustificada y, sin razonar su decisión, consideran que lo procedente es conceder por el daño moral sufrido 30 millones de colones. Resulta evidente que no existe fundamentación alguna para justificar ese monto, lesionándose la exigencia del artículo 142 del Código Procesal Penal, razón por la cual se anula el monto concedido por concepto de resarcimiento por daño moral, ordenándose el correspondiente juicio de reenvío para que se discuta nuevamente la suma a conceder por dicho rubro, así como el ajuste de las costas conforme la suma que se conceda.

VIII.El octavo motivo de apelación lo establecen los representantes de la actora civil por una falta de fundamentación y errónea fundamentación por denegatoria de la condena civil en contra de la imputada demandada civil y de la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE). Se sustentan en los artículos 142 del Código Procesal Penal; 1045 del Código Civil; 103 del Código Penal; 37, 70 inciso b) y 71 punto 3; y 122, 124 y 126 de las Reglas de Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941 y Ley 4891 de 8 de setiembre de 1971. Sostienen que la acción civil resarcitoria fue dirigida no solo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, sino también contra la imputada [Nombre 001] en su carácter personal y por responsabilidad civil subjetiva, “…lo anterior por la omisión de no reportar a tiempo el monitoreo realizado a la ofendida ([Nombre 002]) a las 5:11 horas del 6/setiembre/2011, con las consecuencias ya conocidas en este proceso y que causaron la muerte dentro del vientre materno de [Nombre 003].

En el legajo de acción civil (Imágenes 116 a 135 del legajo de acción civil) en el punto III VÍNCULO JURÍDICO, expresamente se indica lo siguiente: “…en cuanto al resultado muerte de mi hija [Nombre 003], quien contaba con treinta y siete semanas de gestación, ocasionando en eslabón, afectación psicológica, emocional, física, moral y pecuniaria a mi persona - daño moral y material- , acción que su vez dirijo contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Universidad de Iberoamérica (UNIBE) derivada de la relación de hechos implícita en esta pieza, existiendo indiscutiblemente nexo causal entre los imputados y demandados civiles respecto del gravísimo y lamentable resultado muerte de mi hija. Con respecto a lo demandada civil [Nombre 001] Gonesnashvili Tolishvili, es evidente que tiene responsabilidad subjetiva por omisa y negligente actuación en la atención de la suscrita ([Nombre 002]), lo cual deriva de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública, pues la condición de servidor público surge de la solo circunstancia de prestar un servicio a nombre de la Administración Público, independientemente del carácter imperativo, representativo remunerado o permanente de lo actividad.

Derivada de lo anterior que, si lo práctica de un interno universitario, como es el caso de la querellada [Nombre 001] Gonesnashvili Talishvili, se realiza en las instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social no solo hay responsabilidad de esa interna universitaria, sino de lo citada entidad privada de formación profesional. De la primera porque cuando media culpa como sucede en especie, y se causa un daño, se debe responder conforme a la Ley General de Administración Pública, y, además, surge lo responsabilidad solidaria del ente estatal Coja Costarricense de Seguro Social, por responsabilidad objetiva, y como se dijo del mismo ente de enseñanza bajo cuyo patrocinio se realiza el internado, en este caso la UNIBE…” [sic]. Indican que la acción civil en contra de [Nombre 001] se debió a que el tribunal de juicio no consideró la existencia de un nexo causal entre la actuación de ella y el resultado muerte acaecido, sobre todo porque se le liberó de responsabilidad penal, lo que no impide acoger el reclamo patrimonial, de acuerdo con el artículo 40 del Código Procesal Penal.

Reiteran los argumentos esbozados en los motivos en los cuales critican la absolutoria penal de [Nombre 001]. Con relación a la declaratoria sin lugar del reclamo resarcitorio en contra de la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE), estiman que dicha decisión carece de una adecuada fundamentación, limitándose a indicar las personas juzgadoras que “…no existe base para establecer una responsabilidad objetiva con base en el artículo 35 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, pues no se demostró por parte de la actora civil que hubiese consumido productos o servicios de la UNIBE, sin existir causalidad directa o adecuada entre el daño sufrido por [Nombre 002] y la actividad u omisión de UNIBE y no se probó que se realizara la venta u oferta de un servicio de salud a la actora civil…” [sic]. Sin explicarse el origen de esa conclusión y, además, soslayando lo indicado por los abogados directores de la acción civil en conclusiones al referir que “…en estos casos de los internos universitarios, por esa sola razón, no es posible descartar la responsabilidad civil, pues se encuentran ya en un nivel de último año de carrera y asumen funciones y realizan actos médicos…” [sic].

Agregan: “…Dice el fallo que al ingreso al Hospital Max Peralta, la UNIBE cumplió con todos los protocolos, a fin de que la imputada realizara la practica universitaria, extremo que no es tan cierto, pues véase que el mismo fallo sostiene que [Nombre 001] no tenía la preparación suficiente para hacer interpretaciones del monitoreo, lo que evidencia que la Universidad citada no la preparó lo suficientemente bien, y es ahí donde surge esa responsabilidad civil, pero el fallo nada de esto analiza. Tampoco la Unibe se preocupó nunca de vigilar adecuadamente las funciones que desempeñaba la imputada en sus funciones de interna, ahí quedó en ese hospital al garete, cometiendo, sea por acción u omisión como en este caso, hechos que al final le costaron la vida a [Nombre 003] ([Nombre 002]). No analiza el Tribunal que, si bien las labores de los estudiantes internos están o deber estar bajo la vigilancia del cuerpo médico docente, la Universidad al tener un lucro con esa actividad, e inclusive como lo dijo la misma imputada en el debate, se paga una suma por el curso de la práctica médica a la Unibe en este caso, ello más bien evidencia que el ente docente debe también responsabilizarse de los daños causados.” [sic].

Finalmente, aducen que no se valoró en el fallo la póliza de responsabilidad civil por mala praxis de los estudiantes, visible a folio 71 del legajo de acción civil e incorporada como prueba, así como una la lista de los estudiantes cubiertos por esa póliza entre ellos la demandada civil [Nombre 001], documento que demuestra la posibilidad de una responsabilidad civil objetiva de esa casa de enseñanza. Solicitan se declare con lugar el motivo invocado, se anule la sentencia cuestionada en los aspectos aquí recurridos y se ordene el reenvío de la causa para una nueva sustanciación con respecto a la denegatoria sin lugar de la acción civil que se ha sido planteada contra la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE) y la demandada civil [Nombre 001], remitiéndose los autos al Tribunal de origen para nueva sustanciación sobre ese extremo. Sin lugar el reclamo.

Con relación a la ausencia de responsabilidad civil de la demandada [Nombre 001], se remite a los recurrentes a lo resuelto en el considerando V de esta resolución. En cuanto a la eventual responsabilidad civil objetiva del centro de enseñanza superior mencionado, debe analizarse a partir de lo indicado por el numeral 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472, que con respecto al régimen de responsabilidad señala: “El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares.

Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.” Norma que fue analizada en el fallo cuestionado para determinar si la actora civil consumió productos o servicios de la demandada civil Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE), concluyéndose en el fallo que “…esta institución no realizó la venta u oferente de un servicio de salud a la actora civil. La UNIBE era la universidad en la que se mantenía la imputada estudiando su carrera de medicina, y como parte de su preparación académica hizo su práctica en la C.C.S.S, como estudiante de la UNIBE, quien como centro educativo cumplió con todos los protocolos para el ingreso respectivo de la imputada como estudiante de medicina en la C.C.S.S. con el fin de realizar la práctica en su carrera…” [sic].

Aunque escueta, la explicación dada en el fallo es correcta. Para ello, debe partirse de la regulación establecida en el Reglamento de la Actividad Clínica Docente en la Caja Costarricense de Seguro Social, que “…regula la actividad docente en la Caja Costarricense de Seguro Social a nivel de pregrado, grado y posgrado, con el propósito de garantizar a los pacientes que sus derechos a la privacidad, intimidad y calidad de los servicios de salud no se vean menoscabados por el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en sus instalaciones.” (Artículo 1°) -se agrega la negrita-. Igualmente, en el numeral 2 se define al interno universitario como la persona “…Estudiante regular de último año de carrera que se incorpora a un programa de aprendizaje, cuyo elemento central es el entrenamiento clínico – académico en una unidad docente, bajo la supervisión de un docente universitario…” -se suple el destacado-.

Este último es un profesional que labora en una unidad docente y que tiene un nombramiento universitario como profesor, cuya función es coordinar las acciones docentes de un curso específico, siendo que la unidad docente se define como la “Unidad de la CCSS en donde se realizan actividades de enseñanza – aprendizaje en las diferentes disciplinas.” Es decir, la relación entre el interno rotativo universitario y la casa de enseñanza a la que pertenece con la Caja Costarricense del Seguro Social se limita a una formación para culminar su preparación académica bajo la supervisión de un docente universitario que, además, debe ser funcionario de la CCSS, tal y como se indica en el artículo 19 de ese reglamento. No existe, en ese sentido, el suministro de un servicio por parte de la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud a los pacientes que, en virtud de ese proceso de capacitación, son atendidos por un estudiante mientras realiza el internado, que es, precisamente uno de los supuestos que permitiría aplicar el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Incluso, la póliza de responsabilidad civil que se menciona en el numeral 11 del referido reglamento, se suscribe a favor de la CCSS para cubrir los daños y perjuicios que con motivo de dicha práctica ocasionen sus estudiantes y docentes, tanto a los usuarios y pacientes como a los recursos físicos, cubriendo, además los accidentes que ocurran durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo cual determina que la relación es entre la universidad, el estudiante y la CCSS, institución que da el servicio de atención a los pacientes. En virtud de ello, se estima que la decisión del tribunal de juicio de no condenar civilmente a la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud se encuentra justada a derecho.

IX.Los abogados Gonzalo Castellón Vargas y Adriana Lucía Castellón Jiménez, representantes legales de la querellada y demandada civil [Nombre 001], impugnan la sentencia en cuanto a la fijación de las costas relativas a la interposición de la querella y de la acción civil resarcitoria. Indican que el razonamiento empleado en el fallo resulta insuficiente limitándose a justificarlo en el concepto de “razón plausible para litigar”. Agregan que “…la QUERELLA se incoa indistintamente contra nuestra representada y el Doctor [Nombre 014]. En el libelo de presentación de la respectiva articulación, se indica que ambos querellados ([Nombre 001] y [Nombre 016]) retardaron ex profeso la realización del monitoreo fetal recomendado para tales efectos. El razonamiento contradictorio se genera con el resto de la SENTENCIA ABSOLUTORIA puesto que ésta se fundamenta en la carencia de una condición de garante en la persona de nuestra representada.

Como bien fue indicado en los inicios del debate —y expresamente advertido a la parte querellante—, los representantes legales de la accionante no modificaron el texto del libelo respectivo, conforme era su obligación, puesto que el querellado [Nombre 014] había sido expresamente beneficiado con un SOBRESEIMIENTO, durante la etapa intermedia. Pese a tan flagrante condición, los representantes legales de la querellante siguieron adelante con su IMPUTACIÓN, y atribuyeron en consecuencia los hechos respectivos a nuestra patrocinada. ¿Cómo puede hablarse, en tal caso, de un litigio de buena fe? La parte querellante tenía la obligación de corregir fácticamente la querella y limitar la susodicha imputación a los hechos que se atribuían exclusivamente a la Dra. [Nombre 001]. La omisión a tales efectos, provoca automáticamente que nuestra representada haya sido intimada por la TOTALIDAD del cuadro fáctico original que, como indica la propia sentencia, no podía ser realizado por quien no reunía la susodicha condición de garante.

Por consiguiente, a menos que se admita tan mayúscula contradicción, la absolutoria en costas se opone al razonamiento de la absolutoria, puesto que tal ausencia de condición de garante era conocida por los accionantes (querellante, actora civil y asesores legales) desde antes de la formulación de las referidas acciones (Querella y Acción Civil)” [sic]. Solicitan se revoque el fallo en cuanto al pago de las costas y se obligue a la querellante y actora civil a sufragarlas. Sin lugar el reclamo. Contrario a lo aducido por los impugnantes, en la sentencia se desplegó el razonamiento que, de forma acertada, condujo a las personas juzgadoras a resolver la querella establecida en contra de [Nombre 001] la acción civil resarcitoria dirigidas en contra de esta última y la Universidad de Iberoamérica Especializada en Ciencias de La Salud (UNIBE). No se limitaron a mencionar la existencia de una razón plausible para litigar, como base de su decisión, llenaron de contenido ese concepto procesal, al indicar que: “…había razón de peso para la Actora Civil para accionar tanto en la vía penal como civil en busca de una respuesta del sistema de justicia, estamos ante la muerte de su hija, y ante una negligencia cometida en el servicio que se le brindó dentro del Hospital Max Peralta de Cartago.

No hay malidicencia en buscar una respuesta de la responsabilidad de [Nombre 001] en su calidad de estudiante y mucho menos de la Universidad UNIBE a la cual pertenecía [Nombre 001] al momento de hacer su internado en dicho Nosocomio, la única manera de logra brindar esta respuesta fue mediante el proceso penal, que hoy culmina con esta sentencia en primera instancia, sin que la actora civil haya actuado de manera temeraria para con la imputada y la UNIBE” [sic]. Ello concuerda con lo que esta misma sección, con diferente integración, ha considerado sobre el particular. Así, en el voto 2017-637 de las 10:57 horas del 30 de noviembre del 2017, se indicó: “Es necesario de inicio y para mayor claridad en la argumentación, conceptualizar ese término. Así la doctrina ha indicado que: "Razón plausible para litigar es aquella que es atendible, es decir es razonable que se haya decidido querellar o presentar la acción civil o bien oponerse a la procedencia de dicha acción.

Ello debe ser valorado caso por caso". (Llobet Rodríguez Javier, Proceso Penal Comentado, Código Procesal Penal Comentado, 5 edición, primera reimpresión, Editora Dominza e Editorial Jurídica Continental, San José Costa Rica, año 2014, página 441). A su vez, es importante indicar que la regla establecida por los artículos 267 y 270 del Código Procesal Penal, es que las costas corren a cargo de la parte vencida en el proceso. Tal disposición contiene una excepción, la cual consiste en que de la tramitación del proceso se pueda evidencia una razón plausible para litigar. Dentro de los parámetros para establecer tal exclusión, señala la doctrina los siguientes: “a) la incertidumbre sobre la situación fáctica que pudo hacer creer a las partes de su derecho para litigar. b) la existencia de una situación compleja o dificultosa, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, que bien puede hacer inducir a las partes a defender la posición sustenta en juicio, creyendo en la legitimidad de su derecho … d) Las dificultades interpretativas a que ha dado lugar la aplicación de una norma o las cuestiones dudosas de derecho. e) La existencia de doctrina y jurisprudencia contradictorias...g) la justicia de su reclamo, pese a su rechazo. h) la creencia razonable en su derecho; esto es, cuando la índole de la cuestión sometida a juicio pudo haber inducido a las partes a creer en la legitimidad de sus derechos. i) el parentesco entre las partes, ya que la litis supone una divergencia de intereses y, por lo tanto, tratándose de parientes próximos, la sentencia no debe de contribuir a ahondar la diferencia con la imposición de costas.” (Loutayf Ranea, R., & Costas, L. F. (citado por Sanabria Rojas, R. A. (2016)).

La Acción Civil en Sede Penal. Buenos Aires: Editorial Astrea. En Reparación Civil en el Proceso Penal (2da ed., p. 420). Editorama S.A.).” Precisamente cada uno de esos requisitos se encuentran presentes en el transcurso de este largo proceso. La investigación fue compleja y no fue sino, hasta la finalización de esta, en que se tuvo claridad sobre lo acontecido, tan es así que fue hasta la culminación del debate en que se determinó la ausencia de responsabilidad penal y civil de la querellada y de las demandadas civiles. Siempre la ofendida actuó con la firme convicción de que estas tuvieron responsabilidad penal y/o civil con relación a la muerte de su hija, sin que se haya detectado que haya actuado en contra de esa creencia. Tampoco es de recibo el argumento de los impugnantes al plantear que ([Nombre 002]) se haga cargo de las costas generadas por la tramitación de la querella y de las acciones civiles, a partir de no haber corregido la relación de hechos de ambas para que se excluyera el nombre y participación de una de las personas que aparecía como acusado y que, finalmente fue sobreseído, pues los requisitos exigidos para considerar que tenía una causa plausible para litigar no se ve alterados por esa circunstancia, que en todo caso, no perjudicó en modo alguno a los apelantes.

POR TANTO

Se declara parcialmente con lugar el primer motivo de impugnación planteado por el licenciado Ronney Adrián Solano Díaz, en su condición de Apoderado General Judicial sin límite de suma de la Caja Costarricense de Seguro Social. En consecuencia, se recalifican los hechos investigados como constitutivos del delito de aborto culposo declarándose extinguida la acción penal por prescripción, de conformidad con el artículo 30 inciso e) del Código Procesal Penal. Los demás motivos de impugnación planteados por el licenciado Solano Díaz se declaran sin lugar. Se acogen el sexto y sétimo motivos del recurso de apelación interpuesto por los abogados Guillermo Sojo Picado y Víctor Hugo Navarro Araya, representantes de la ofendida y actora civil ([Nombre 002]). En consecuencia, se declara la ineficacia del fallo en cuanto a la denegatoria del daño patrimonial pretendido por la actora civil ([Nombre 002]) contra la Caja Costarricense del Seguro Social, debiéndose discutir nuevamente dicho extremo en el juicio de reenvío que se ordena, tomándose en consideración lo indicado al final del considerando VI de esta resolución.

Igualmente, se anula el monto concedido en la sentencia recurrida por concepto de resarcimiento por daño moral a favor de la actora civil ([Nombre 002]) a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ordenándose el correspondiente juicio de reenvío para que se discuta nuevamente la suma a conceder por dicho rubro. Deberá ajustarse el monto de las costas concedidas en favor de la parte actora civil, de conformidad con lo que se resuelva en cuanto a los extremos por los cuales se realizará el juicio de reenvío. En lo demás, la impugnación de la parte querella y actora civil se declara sin lugar. Asimismo, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por los abogados Gonzalo Castellón Vargas y Adriana Lucía Castellón Jiménez, representantes legales de la querellada y demandada civil [Nombre 001]. Para la programación del juicio de reenvío que se está ordenando, debe considerar el Tribunal de Juicio de Cartago la duración excesiva que ha tenido este proceso, que inició desde el año dos mil once, con el fin de que se agende de forma inmediata. NOTIFÍQUESE.

MARCO MAIRENA NAVARRO - JUEZ/A DECISOR/A XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A JAIME ROBLETO GUTIERREZ - JUEZ/A DECISOR/A Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [email protected]

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      • Ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor
      • Ley 4573 Código Penal

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