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Res. 05406-2023 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 15/11/2023

Invalid Land Grant Within Kekoldi Indigenous TerritoryNulidad de adjudicación dentro del Territorio Indígena Kekoldi

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OutcomeResultado

Lesividad upheldLesividad declarada

The Court upheld the lesividad action, annulled the parcel’s grant, deeds, and registry entries, ordered its return and eviction in favor of ADITIK, and dismissed the registered owner’s compensation action in full.Se acogió la lesividad, se anularon la adjudicación, las escrituras y los asientos registrales de la parcela, se ordenó su devolución y desalojo a favor de ADITIK, y se rechazó íntegramente la demanda indemnizatoria de la titular registral.

SummaryResumen

The Court decided two consolidated proceedings concerning parcel 7-A-107, which had formed part of the Bribri Indigenous Territory of Kekoldi since 1977. It fully upheld INDER’s lesividad action and annulled the former IDA’s 1999 decision authorizing the parcel’s subdivision and conveyance to Felicia Cantillano Obando and her spouse, as well as the resulting deeds and land-registry entries. It ordered the parcel returned to the parent property, maintained the notice of pending litigation until the judgment became final, and required eviction and transfer of possession to the Indigenous development association within one month. The Court also dismissed Cantillano’s claims for expropriation compensation, proceeds allegedly associated with FONAFIFO contracts, and damages. It concluded that annulment of her title defeated the good-faith requirement under the Indigenous Law and that the purported acquisition occurred after the territory had already been established. Compensation or damages would therefore lack a valid proprietary basis.El Tribunal resolvió dos procesos acumulados relativos a la parcela 7-A-107, ubicada dentro del Territorio Indígena Bribrí de Kekoldi desde 1977. Acogió íntegramente la demanda de lesividad del INDER y anuló el acuerdo del antiguo IDA de 1999 que autorizó la segregación y el traspaso del terreno a Felicia Cantillano Obando y su cónyuge, junto con las escrituras y los asientos registrales derivados. Ordenó que la parcela retornara a la finca madre, mantuvo la anotación cautelar hasta la firmeza de la sentencia y dispuso el desalojo y la puesta en posesión a favor de la asociación indígena dentro de un mes. Paralelamente, rechazó la demanda de Cantillano, quien pretendía indemnización por expropiación, pagos relacionados con contratos de FONAFIFO y daños y perjuicios. El Tribunal concluyó que la nulidad del título desvirtuaba la buena fe exigida por la Ley Indígena y que la adquisición era posterior a la constitución de la reserva.

Key excerptExtracto clave

Having declared null and void the decision under which the parcel for which compensation is now sought was awarded to the plaintiff and her late husband, and as stated in the preceding considerations, it is necessary to revisit whether the plaintiff meets the requirements established by Article 5 of the Indigenous Law to receive compensation as the good-faith holder of a right predating the establishment of the reserve. As is readily apparent, the declaration of nullity of the title supporting the party’s legal position defeats her presumption of good faith for compensation purposes. Applications or even documents from CONAI or the Municipality of Talamanca authorizing particular uses or purportedly recognizing a legal situation cannot be asserted against this declaration, given the special protection regime established in Articles 3 and 5 of the Indigenous Law; accordingly, the second element required for compensation must be deemed unsatisfied. Consistently with the foregoing, it has been established that parcel 7-A-107 has formed part of the Bribri Indigenous Reserve of Kekoldi (Cocles) since Executive Decree No. 7267 of August 9, 1977, while the parcel was awarded to the plaintiff and her late spouse on October 13, 1999—the earliest date for which evidence of use or possession exists. It is therefore clear that the parcel was already entirely within the reserve at that time, so the required temporal element is likewise unmet. Consequently, upon reviewing the claims, the request to recognize a right to expropriation compensation under the Indigenous Law must be denied, and no corresponding obligation may be imposed upon CONAI or INDER.Declarada la nulidad del acuerdo conforme al cual se adjudicó a la actora y a su difunto esposo la parcela cuya indemnización ahora se reclama y tal y como se indicó en los considerandos previos, es necesario retomar la discusión sobre si la actora cumple con los parámetros fijados por el artículo 5 de la Ley Indígena para ser indemnizada, como titular de buena fe de un derecho previo a la constitución de la reserva. Tal y como es claramente constatable, la declaratoria de nulidad del título que sustentaba la posición jurídica de la parte se trae abajo su presunción de buena fe a los efectos indemnizatorios. La existencia de gestiones o incluso de documentos de Conai o la Municipalidad de Talamanca autorizando determinados usos o supuestamente reconociendo una situación jurídica no pueden ser oponibles a esta declaratoria, en virtud del régimen de protección especial establecido en los artículos 3 y 5 de la Ley Indígena, con lo que ha de tenerse por no satisfecho el segundo de los elementos requeridos para ser indemnizado. De la mano con lo anterior, teniéndose por acreditado que la parcela número 7-A-107 forma parte de la Reserva Indígena Bribrí Kekoldi (Cócles) desde el Decreto Ejecutivo número 7267, de fecha 9 de agosto de 1977 y que la adjudicación de la parcela a favor de la actora y su difunto cónyuge se dio el 13 de octubre de 1999 (momento más antiguo del que existen pruebas de uso o posesión), es claro que para ese momento ya la parcela integraba en su totalidad la reserva, por lo que tampoco se cumple con el elemento temporal requerido. Así las cosas, y revisando las pretensiones de la demanda, debe rechazarse la que busca que se declare a su favor un derecho indemnizatorio por expropiación en el marco de la Ley Indígena, por lo que sobre este tema tampoco es posible imponer a la Conai y al Inder obligación alguna.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En todo caso, en virtud de la nulidad del acuerdo de adjudicación, tampoco correspondería a la actora el cobro de suma alguna por una parcela que se encuentra dentro del Territorio Indígena desde 1977."

    "In any event, because the grant decision is null and void, the plaintiff would not be entitled to collect any amount for a parcel that has been within the Indigenous Territory since 1977."

    Corolario en relación a la pretensión indemnizatoria

  • "En todo caso, en virtud de la nulidad del acuerdo de adjudicación, tampoco correspondería a la actora el cobro de suma alguna por una parcela que se encuentra dentro del Territorio Indígena desde 1977."

    Corolario en relación a la pretensión indemnizatoria

  • "Por último, en cuanto a los daños y perjuicios alegados, por la imposibilidad de utilizar la tierra y de disponer del bien, por la forma en la que se resuelve este asunto resulta absolutamente improcedente el reconocimiento de suma alguna por estos rubros, en tanto se ha acreditado que nunca debió de darse la adjudicación de la parcela a su favor y en consecuencia, nunca surgió ningún derecho de disposición del bien, por lo que el pago de lo reclamado constituiría un enriquecimiento sin causa."

    "Lastly, regarding the damages claimed for the inability to use the land and dispose of the property, awarding any amount is wholly improper given the disposition of this matter, because it has been established that the parcel should never have been granted to her and, consequently, no right to dispose of the property ever arose; payment of the claim would therefore constitute unjust enrichment."

    Corolario en relación a la pretensión indemnizatoria

  • "Por último, en cuanto a los daños y perjuicios alegados, por la imposibilidad de utilizar la tierra y de disponer del bien, por la forma en la que se resuelve este asunto resulta absolutamente improcedente el reconocimiento de suma alguna por estos rubros, en tanto se ha acreditado que nunca debió de darse la adjudicación de la parcela a su favor y en consecuencia, nunca surgió ningún derecho de disposición del bien, por lo que el pago de lo reclamado constituiría un enriquecimiento sin causa."

    Corolario en relación a la pretensión indemnizatoria

  • "Hasta que la presente sentencia adquiera firmeza, deberá mantenerse la medida cautelar de anotación de demanda sobre los derechos de la finca en cuestión, ordenados en auto de las 8:57 horas del 6 de diciembre de 2018, con el fin de darle la protección adecuada a la propiedad indígena objeto de este asunto."

    "Until this judgment becomes final, the interim measure recording the pending action against the interests in the property shall remain in place, as ordered at 8:57 a.m. on December 6, 2018, to provide adequate protection to the Indigenous property at issue."

    Por tanto

  • "Hasta que la presente sentencia adquiera firmeza, deberá mantenerse la medida cautelar de anotación de demanda sobre los derechos de la finca en cuestión, ordenados en auto de las 8:57 horas del 6 de diciembre de 2018, con el fin de darle la protección adecuada a la propiedad indígena objeto de este asunto."

    Por tanto

  • "Adicionalmente, por ser una consecuencia ineludible de lo dispuesto en esta resolución, se ordena a la señora Cantillano Obando o a cualquier otra persona física o jurídica que se encuentre en el inmueble, el desalojo de la parcela 7-A-107, correspondiente a la provincia de Limón matrícula 90980, derechos 001 y 002, número de plano L-0505554-1998, así como la respectiva puesta en posesión de la misma a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), dentro del plazo de un mes, firme esta resolución."

    "Additionally, as an unavoidable consequence of this decision, Ms. Cantillano Obando or any other natural or legal person occupying the property is ordered to vacate parcel 7-A-107, recorded in Limón under property number 90980, interests 001 and 002, survey plan L-0505554-1998, and possession shall be transferred to the Development Association of the Kekoldi (Cocles) Indigenous Reserve within one month after this decision becomes final."

    Por tanto

  • "Adicionalmente, por ser una consecuencia ineludible de lo dispuesto en esta resolución, se ordena a la señora Cantillano Obando o a cualquier otra persona física o jurídica que se encuentre en el inmueble, el desalojo de la parcela 7-A-107, correspondiente a la provincia de Limón matrícula 90980, derechos 001 y 002, número de plano L-0505554-1998, así como la respectiva puesta en posesión de la misma a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), dentro del plazo de un mes, firme esta resolución."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

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CASE FILE:

PROCEEDING:

PLENARY PROCEEDING PLAINTIFF:

FELICIA MARIA CANTILLANO OBANDO DEFENDANT:

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDIGENA DE BRIBRI DE KEKOLDI No. N° 2023005406 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at six forty-three on quince de Noviembre del dos mil ventitres.- Administrative judicial review plenary proceeding brought by FELICIA CANTILLANO OBANDO, a widow residing in Puerto Viejo, Talamanca, holder of identity card number 7-0122-0048, a senior citizen, represented by her special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial), Juan Ávila Abrahams, attorney, bar membership number 3115 (img. 26 of the folder), against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), acting through Ms. Argerie Centeno Guzmán, attorney, bar membership number 23286, in her capacity as special judicial attorney-in-fact (img. 413 of the folder); the COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI), acting through Ms.

Karla Rivas Reyes, attorney, bar membership number 30668, in her capacity as special judicial attorney-in-fact (img. 440 of the folder); and the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA BRIBRÍ DE KEKOLDI COCLES (ADITIK), participating in this matter through its president, Ms. Signia Villanueva Morales, holder of identity card number 7-0251-0388, with legal representation by Ms. Jeniffer Ureña Fernández, bar membership number 32037, in her capacity as public defender appointed by the Unidad de Defensa Contencioso Administrativa de la Defensa Pública (img. 448 of the folder). Case file 18-009473-1027-CA, an action seeking a declaration of injury to the public interest (proceso de lesividad) brought by INDER against FELICIA CANTILLANO OBANDO, both having the particulars already described and represented by the same professionals, has been consolidated with this proceeding.

WHEREAS

PRELIMINARY MATTERS.- The following forms part of the procedural history (íter procesal):

Case file number 15-007359-1027-CA By means of a complaint filed on 13 de agosto de 2015, the plaintiff seeks the following: “Based on the facts stated and the legal grounds I have cited, I appear to bring an action against INDER, through its Executive President, against [sic] CONAI, and against the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Kokeldi [sic] (Cocles), through their respective presidents, seeking a judgment declaring: / 1.- This action granted in all respects as prayed for. / 2.- My right to receive compensation [sic] for expropriation under the Ley Indígena. / 3.- That INDER and CONAI be compelled to [sic] adopt the conduct required under the cited law. / 4.- That INDER and CONAI be ordered immediately to commence expropriation proceedings (procedimientos expropiatorios) in accordance with the Ley de Expropiaciones, to prevent further encumbrances on my property right. / 5.- That the Association be ordered to remit to me the amounts collected under the contracts signed with FONAFIFO, in an amount corresponding to the area of my property and on the same terms as the contract. / 6.- That they be ordered to pay the damages and losses caused. / a.- Damages: consist of the material impossibility of disposing of the property for a period of 37 years.

For now, I assess them at ¢100,000,000.00. / b.- Lost profits: The impossibility of working the land in the ordinary manner, that is, making it productive. For now, I assess them at ¢25,000,000.00. / 7.- That they be ordered to pay both categories of costs in this action” (img. 2-35 of the folder).

Within the time granted by the Court to appear and respond (emplazamiento), in a brief filed on 1 de marzo de 2016, CONAI’s legal representative opposed the complaint, alleging that the plaintiff lacked a legal right and that both passive and active standing were lacking. She also alleged the improper joinder of the parties (indebida integración de la litis), requesting that the State be joined in the proceeding (img. 62-68 of the folder).

INDER did likewise in a brief filed on 2 de marzo de 2016, also opposing the relief sought by the plaintiff and alleging lack of a legal right, lack of passive standing, and improper joinder with respect to the State. INDER additionally stated that it had no administrative case file for this matter (img. 70-91 of the folder).

In a brief received on 6 de mayo de 2016, Aditik’s president at that time informed the Court that the time granted to her organization to respond had expired on 5 de mayo and that “… by that date it was not possible for me to submit the response […] because we did not have a licensed attorney with expertise concerning Indigenous peoples within the applicable deadlines [sic],” and requested an extension (img. 141 of the folder).

In a brief dated 26 de mayo de 2016, Aditik’s president proceeded to answer the complaint, alleging lack of a legal right and lack of passive and active standing. She also requested that all claims be dismissed and that “The absolute nullity of registration 90980-000 of the Limón Registry District, identified by survey plan L-0505554-1998, be declared….” Additionally, two witnesses were offered, as was the conduct of a judicial inspection (reconocimiento judicial). For filing purposes, that document was authenticated by one of Conai’s attorneys (img. 145-150 of the folder).

In a brief received on 12 de agosto de 2016, Aditik’s representative again stated: “To date, our association does not have attorneys to handle this plenary proceeding because our resources are limited; consequently, we have been unable to answer the complaint served upon us [sic]. The undersigned is unfamiliar with the legal procedure governing these matters; nevertheless, out of responsibility and concern, I appear to report what is happening, in the sense that if we have not answered the complaint, it is because we do not have an attorney and for no other reason. / I request that we be granted additional time to respond until our association is able to resolve this matter; we are seeking alternatives for assistance to that end” (img. 163 of the folder). A second brief to similar effect was filed with the Court on 12 de diciembre de 2016, requesting “the appointment of an attorney” and the vacatur of any orders declaring the Association in default (img. 191 of the folder).

In an order issued at 16:05 on 6 de junio de 2017, the Case-Management Judge ruled: “Given that a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) is pending under case file number 17-000373-0007-CO for the corresponding assessment of the possible unconstitutionality of section 86 of the Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural (Law Number 9036), because it is contrary to articles 9, 41, 49, 105, 121 subsections 1) and 20), 122 to 127, 128, 129, 152, 153 and 167 of the Constitución Política, as well as the consistent holdings issued by the trial sections of this Court and by the Case-Management Division, this proceeding is stayed until that challenge is decided” (img. 196 of the folder).

After the referenced constitutional challenge had been decided, the Court stated in an order issued at 9:49 on 14 de mayo de 2018: “Continuing with the processing of this proceeding, the following is ordered: Because the answer to the complaint submitted by the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE BRIBRÍ DE KEKOLDI was filed outside the period granted for that purpose, that answer is deemed untimely, and all facts alleged in the complaint are deemed admitted. It has been considered that the request to extend the period for answering the complaint was made after the granted period had expired, and the request is therefore inadmissible. As inadmissible, the aforementioned Association’s request that defense counsel be appointed for it is denied, since such an application is unavailable in this field of law. Now, as the corresponding opportunities to be heard have been granted, the record shall be submitted for consideration of the pending preliminary defenses” (img. 207 of the folder).

By decision number 1016-2018, issued at 15:45 on 15 de junio de 2018, the preliminary defense (defensa previa) of improper joinder was addressed, with the operative portion stating: “The preliminary defense alleging failure to join a necessary defendant (falta de integración de la Litis Consorcio Pasivo Necesaria), raised by the representatives of INDER and CONAI, is denied” (img. 216-218 of the folder). This decision was affirmed by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda in decision number 298-2018-II, issued at 14:14 on 23 de julio de 2018 (img. 227 of the folder).

On 20 de septiembre de 2018, the preliminary hearing was held in the presence of the representatives of the plaintiff, INDER, and CONAI. As stated at the hearing, CONAI’s representative also represented the Association. No procedural defects requiring correction (aspectos de saneamiento) were identified during this proceeding, and the plaintiff’s representative reaffirmed the claims, clarifying that compensation was sought from all defendants. No preliminary defenses were examined because improper joinder had already been resolved in writing; the disputed facts in the proceeding were identified; and documentary evidence was admitted. Regarding testimonial evidence, the Case-Management Judge agreed to hear testimony from Mr. Edward Stward Jackson, identity card number 7-0282-0634, offered by Aditik, which would concern all facts alleged in the complaint. At the same hearing, CONAI’s representative withdrew the request for a judicial inspection. The plaintiff also submitted new evidence appearing at images 291 through 304 of the folder, regarding which the Case-Management Judge made no ruling (img. 305-311 of the folder and the digital recording of the hearing).

In a brief received on 14 de diciembre de 2018, INDER’s representative requested that this proceeding be stayed due to the filing of the action seeking a declaration of injury to the public interest processed under case file 18-009473-1027-CA, which seeks a declaration of nullity of the resolution adopted by the Board of Directors of the former IDA under article XIV of session number 074-99, held on 13 de octubre de 1999, approving, among other matters, the segregation and conveyance of parcel 7-A-107 to the plaintiff and her late husband (img. 313-316 of the folder).

In a brief added to the case file on 25 de marzo de 2019, the Coordinator of the Defensa Agraria de la Defensa Pública del Poder Judicial stated: “… I hereby inform you that, in accordance with articles 152 of the Ley Orgánica del Poder Judicial and 7 of Law 9593/2018 Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, and Article L of session 13-19 of 15 de febrero del 2019 of the Consejo Superior del Poder Judicial, I appoint Dr. Roberto Montero García, Lic. Esp. Mario Alberto Rosales Vargas, and Lic. Esp. Jesús Chaves Mora as Public Defenders for the defendant Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kekoldi” (img. 320 of the folder).

In ruling number 09-2020-V, issued at 7:35 a.m. on 5 de febrero de 2020, the Fifth Section of this Tribunal ruled regarding the consolidation of proceedings (acumulación de procesos): “The proceeding conducted under expediente number 18-009437-1027-CA is hereby consolidated with the proceeding conducted under expediente Nº15-007359-1027-CA; henceforth, they shall be conducted as a single proceeding under the latter expediente. Accordingly, the expedientes shall be physically joined on the Escritorio, and once this ruling becomes final, the legally appropriate proceedings shall continue. All parties shall be notified once the expedientes have been physically joined” (img. 331-336 of the folder).

By order (auto) issued at 07:30 hours on 1 de marzo del 2022, the Tribunal ruled regarding a second motion to stay the proceedings due to an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad): “In view of the Acción de Inconstitucionalidad being processed under expediente N°21-017138-0007-CO before the Sala Constitucional, which challenges the case law issued by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia concerning its interpretation of artículo 3 of the Ley Indígena and when an owner must be considered an acquirer in good or bad faith—an issue that, contrary to what the plaintiff stated at the hearing granted to him, is indeed connected with the subject matter of this case—the appropriate course, for reasons of procedural economy (economía procesal), is to vacate the trial hearing scheduled for 03 de marzo del 2022 and stay the proceedings until the aforementioned action is resolved” (img. 387 of the folder).

In an order issued at 14:00 hours on 23 de diciembre de 2022, the Fifth Section of the Tribunal scheduled an oral trial for 8:30 a.m. on 16 de diciembre de 2024 (img. 404-406 of the folder).

In a certification dated 5 de septiembre de 2023, the expediente stated: “This court, in all its areas, is implementing the process redesign proposed by the Dirección de Planificación del Poder Judicial and approved by the Consejo Superior, pursuant to agreements XXVIII of Sesión N°84-2021, held on 28 de setiembre de 2021, and XXXIX of Sesión N°95-2021, held on 04 de noviembre de 2021. This process entails a redistribution of personnel and expedientes that changed the composition of certain work teams, as well as the judge responsible for many matters, which could result in changes to the order in which cases are decided or the date on which hearings are scheduled. The change was implemented beginning on 17 de julio del 2023 and is being carried out according to a schedule established by the Dirección de Planificación and approved by the Consejo Superior. Through agreement 12.VI.2023 of 27 de julio del 2023 of the Comisión de la Contencioso Administrativo, the criteria for distributing the pending caseload were established, pursuant to which the Tribunal’s Coordinación reassigned a large number of expedientes, with this matter involving a Pure Question of Law [sic] being assigned to the judge Lic. José Martín Conejo Cantillo as of 29 de agosto de 2023” (img. 415 of the folder).

That certification was supplemented on 25 de septiembre de 2023 as follows: “In addition to the certification issued on 05 de setiembre of the current year, it is stated that, by order of the Comisión de lo Contencioso Administrativo, a new redistribution of expedientes was carried out, and therefore this matter was assigned to Lic. José Martín Conejo Cantillo as of 12 de setiembre del año 2023” (img. 430 of the folder).

In an order issued at 11:10 hours on 19 de septiembre de 2023, the multi-judge panel (tribunal colegiado) of Grupo de Trabajo VII scheduled an oral trial for 8:30 a.m. on 25 de octubre de 2023 (img. 430 of the folder).

In a filing received on 20 de octubre de 2023, the current representative of ADITIK stated that she authorized Licda. Jenniffer Ureña Fernández, a Public Defender, to represent Aditik “… and that she be deemed duly entered as an appearance in these proceedings” (img. 430 of the folder).

Through a filing entered into the system on 25 de octubre de 2023, the plaintiff submitted evidence to assist adjudication (prueba para mejor resolver), consisting of a historical account of ancestral rights and the settlement of the Southern Caribbean region, authored by the party’s attorney (img. 453-462).

The oral trial was held on 25 de octubre de 2023, during which arguments were heard concerning the evidence to assist adjudication submitted by the plaintiff. The parties were also heard regarding the manner in which ADITIK had been represented in this matter, resolving any discussion on the issue through the statements of that party’s public defender, who indicated that she had no objection on grounds of denial of a defense (indefensión) arising from the processing of the expediente or the declaration of default (declaratoria de rebeldía). Additionally, the Tribunal clarified that the claim outlined by Aditik in its answer did not satisfy the formal requirements of a counterclaim (contrademanda) and therefore could not be considered a motion filed by that party. Once the procedural review phase (fase de saneamiento) had concluded, the Tribunal formally declared the trial proceedings open, and the parties delivered their opening statements. Testimony was then received from witness Edward Stward Jackson, who was questioned by all parties. Finally, the participants’ closing arguments were heard during the hearing itself, after which the matter was declared complex and the proceeding was concluded (img. 464-467 of the folder and the digital recording of the hearing).

Through an action seeking annulment of an administrative act declared harmful to the public interest (demanda de lesividad), filed on 2 de noviembre de 2018, Inder seeks a judgment declaring: “1) Absolutely null and void and harmful to the public interest the decision adopted by the Junta Directiva del IDA in artículo XIV of Sesión No. 074-99, held on 13 de octubre de 1999, solely insofar as it approved the segregation (segregación) and conveyance of parcel 7-A-107, Proyecto de Titulación BIRF 2764 CR) [sic], in favor of Ms. Felicia María Cantillano Obando, identity card 7-122-060, and the now-deceased Eugene Rose Calphen, residence card 8-048-333, currently registered under Folio Real matrícula 7-00090980-001 and 002, survey plan number L-0505554-1998. /

  • 2)That public deed number thirty (30), executed at 10 hours on 29 de octubre de 1999, in volume twenty-three (23) of the notarial protocol of Notary Federico Villalobos Chacón, be annulled with respect to the segregation and sale [sic] of parcel 7-A-107 by IDA in favor of Felicia María Cantillano Obando, identity card number 7-122-060, and the now-deceased Mr. Eugene Rose Calphen, residence card number 8-048-333, through the Proyecto de Titulación "BIRF 2764 CR". /
  • 3)That the registry entries giving rise to Folio Real matrícula 7-00090980-001 and 002 be canceled. /
  • 4)That the eviction (desalojo) of parcel 7-A-107, corresponding to Folio Real matrícula 7-00090980-001 and 002, survey plan number L-0505554-1998, be ordered against the defendant or any other natural or legal person occupying the property, and that possession thereof be duly awarded to the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles).” As interim relief (medida cautelar), Inder’s representative requested that notice of the action be entered in the margin of the disputed property’s registry record and that Aditik be recognized as an interested third party (tercero interesado) in the proceeding (img. 2-9 of the folder).

Together with service of the complaint, in an order issued at 8:57 hours on 6 de diciembre de 2018, the Case Management Judge stated: “… as standard interim relief and to ensure the effectiveness of the subject matter of the proceeding, as well as the interests of third parties, the Registro Nacional is hereby ordered to IMMEDIATELY ENTER NOTICE of this action in the margin of the registration entry for the property in the PARTIDO DE LIMÓN, FOLIO REAL MATRÍCULA NINETY THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-ZERO ZERO ONE AND ZERO ZERO TWO (90980-001 AND 002). The corresponding writ (mandamiento) shall be issued for that purpose and made available to the interested party for proper processing before the Registro Nacional” (img. 171-173 of the folder). This writ was issued at 9:23 hours on 6 de diciembre de 2018 (img. 175 of the folder) and was registered by the Registro Nacional against interests 001 and 002 in the Limón property, number 90980, on 21 de diciembre de 2018 (electronic inquiry with the Registro Nacional).

Within the time allowed by the summons (emplazamiento) issued by the Tribunal, in a filing submitted on 5 de marzo de 2019, the plaintiff’s special attorney-in-fact (apoderado especial) denied the complaint, alleging that the plaintiff lacked a legal right to relief, as well as prescription (prescripción) and expiration (caducidad) (img. 186-195 of the folder).

Aditik was notified of this matter on 19 de marzo de 2019 (img. 250 of the folder), with no filing by it appearing in this expediente.

On 18 de junio de 2019, the preliminary hearing (audiencia preliminar) was held in the presence of the representatives of Inder and Ms. Cantillano Obando. During this proceeding, Inder identified minor procedural corrections in its filings and maintained its claim in the terms set forth in the action. Regarding the preliminary defenses (defensas previas), the defendant withdrew the defenses of expiration and prescription; the disputed facts in the proceeding were determined, and only documentary evidence was admitted. Consequently, the matter was declared to present a pure question of law (puro derecho), and closing arguments were heard at the same hearing (img. 252-255 of the folder and the digital recording of the hearing).

This matter is being decided pursuant to the priority policies established by Corte Plena because one of the participants is an older adult. Judge Conejo Cantillo authors the decision, which is unanimous, with the affirmative votes of Judges Hidalgo Rueda and Irías Obando, and is issued within the statutory period.

PROVEN FACTS.- As a starting point, it should be clarified that, because these are two consolidated cases, the Tribunal will refer to the proven facts from both expedientes in a unified manner to avoid unnecessary repetition. Accordingly, the following facts, which are material to this matter and to the manner in which it is resolved, are deemed proven:

The Junta Directiva of the then Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, now the Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, at its sesión number 074-99, held on 13 de octubre del 1999, artículo number XIV, adopted a decision approving the award (adjudicación), segregation, and conveyance of 42 lots or parcels located in Talamanca, including a tract identified as parcel number 7-A-107, with no cadastral plan (plano catastrado) specified and an area of 11 Ha and 4782 m2, in favor of Mr. Eugene Rose Calphen, holder of identity card number 8-0048-0333, and the plaintiff, Ms. Cantillano Obando, identity card number 7-0122-0048 (img. 100-102 folder 18-009473-1027-CA).

Through public deed number thirty, executed before Notary Federico Villalobos Chacón at 10:00 hours on 29 de octubre del 1999, the segregation and conveyance of, among others, parcel number 7-A-107 of proyecto BIRF were formalized, with a total area of 11 Ha and 1782 m², as described in plan number L-505554-98, in the names of Mr. Eugene Rose Calphen and Ms. Felicia Cantillano Obando, pursuant to the provisions of Ley 7599 (img. 73-102 and 106-128 folder 18-009473-1027-CA and 301-304 folder 15-007359-1027-CA).

On 16 de marzo de 2000, the Registro Nacional registered interest 002 in property number 90980 in favor of the plaintiff. The property is located in district 2, Sixaola, canton 4, Talamanca, Provincia de Limón, and corresponds to plan L-0505554-1998. This interest represents one-half of the property; no basis of acquisition was recorded, and it appears subject to artículo 16 of Ley 7599 (img. 17-18 folder 18-009473-1027-CA).

By means of a document dated 2 de junio de 2008, the Executive Director of Conai addressed the Municipalidad de Talamanca, stating: “By means of this instrument, I hereby certify that the property recorded in the Registro Público de la Propiedad under real-property folio registration No. 7-90980-001 and 002, with cadastral plan number L-0505554-1998, located within the territorial boundaries of the Reserva Indígena de Keköldi and belonging respectively to Mr. Eugere Rose Calphen, identity card number 8-0048-0333, and Ms. Felicia Cantillano Obando, identity card number 7-0122-0060, currently retains all the attributes of the private-property regime, including the possibility of sale and transfer without any limitation other than possible expropriation by the State for the purpose of incorporating said property into the ownership and possession of the comunidad indígena de Keköldi. The foregoing is based on opinion No. C-395-2003 of the Procuraduría General de la República. / In view of the foregoing, the comunidad Indígena, and particularly the Asociación de Desarrollo Integral of that locality in its capacity as the Local Government of the aforementioned indigenous territory, would be entitled to dispose of the cited property only after its lawful owners have been compensated pursuant to Article 45 of the constitución Política and Article 5 of Ley Indígena N° 6172” (img. 11 carpeta 15-007359-1027-CA).

Similarly, by means of a written communication dated 19 de mayo de 2008, the Executive Director of Conai addressed the Municipalidad de Talamanca, stating: “At the request of Mr. [sic] Felicia Cantillano Obando, holder of identity card 7-0122-0060, we hereby certify that, according to opinion number C-395-2003 of the Procuraduría, the property belonging to the applicant, under Real-Property Folio number 7-90980-002 and cadastral plan L-0505554-1998, having been acquired through a transfer from the IDA to its current owners before it became subject to the Indigenous Reserve decree, retains its status as private property and enjoys all rights arising from that status, including the possibility of sale and transfer, provided that the transfer is from a non-indigenous person to a non-indigenous person or to an indigenous person. It is important to clarify that only if the property belonged to an indigenous person would it be subject to the restriction and could not be sold to a non-indigenous person. Therefore, the Asociación de Desarrollo Indígena would be entitled to dispose of the cited property only if compensation for it had been paid in favor of the Community it represents” (img. 14 carpeta 15-007359-1027-CA).

In deed number 171, executed before Notary Public Rigoberto Jiménez Vega at 11:00 hours on 23 de febrero de 2012, Ms. Felicia Cantillano Obando appeared for the purpose of notarizing the extrajudicial distribution of the estate of her late husband, Mr. Eugene Rose Calphen, in which she was appointed provisional executor and sole heir to the plaintiff’s assets, including interest 001 in property number 90980, located in district 2, Sixaola, canton 4, Talamanca, Province of Limón, with plan L-0505554-1998, requesting in that deed that it be registered in the name of the awardee (img. 64-72 carpeta 18-009473-1027-CA).

On 6 de marzo de 2012, the Registro Nacional registered in favor of the plaintiff interest 001 in property 90980, located in district 2, Sixaola, canton 4, Talamanca, Province of Limón, with plan L-0505554-1998. This interest represents one-half of the property; “inheritance and assignment” was recorded as the basis of acquisition, and it appears encumbered under Article 16 of the annulled Ley 7599 (img. 15-16 carpeta 18-009473-1027-CA).

By official letter number IRT-0836-2018, dated 4 de octubre de 2018, Eng. Jimmy Garita Hernández, Head of Land Information and Registration at INDER, stated: “In response to official letter AJ-L-284-2018, related to court case No. 15-007359-1027-CA, which concerns property 90980 in the Limón registry district, I hereby report the following: / I do not know when the parcel was created on the land with the form and dimensions under which it was ultimately registered. / According to the location shown on the plan representing it, the parcel is affected by the Kekoldi Indigenous Territory, in the sector governed by decree number 7267 dated 9 de agosto de 1977. / The registry study indicates that property 90980 derives from property 39050; however, at the location of the former, there is another property registered in the name of Inder, namely property 1050. / A sketch showing the location of the plan and of each of the Indigenous Territory decrees is attached” (folio 3 del expediente administrativo aportado por el Inder en el expediente 18-009473-1027-CA).

By Article number XXXVI of Ordinary Session 31, dated 8 de octubre de 2018, the Board of Directors of Inder resolved: “To adopt the recommendation contained in official letters AJ-L-288-2018 AND AJ-425-2018, signed by Lic. Francisco Villegas Ramírez, Legal Affairs Attorney, and Máster Patricia Calderón Rodríguez, Director of Legal Affairs, and on that basis, it is resolved: / 1) The resolution adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (now Instituto de Desarrollo Rural), through Article XIV of Session No 074-99, held on 13 de octubre de 1999, approving the subdivision and transfer of 42 parcels and lots from the ‘BIRF 2764 CR’ Titling Project, is declared injurious to the public interest (lesivo a los intereses públicos), solely with respect to parcel 7-A-107, granted in favor of Eugene Rose Calphen, residence card 8-048-333 (now deceased), and Felicia María Cantillano Obando, identity card 7-122-060, because it was improperly titled despite forming part of the Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), whose property, pursuant to Article 3 of the Ley Indígena, is not subject to acquisitive prescription and is inalienable, and must be registered in the name of the Asociación de Desarrollo Integral of the respective reserve. / 2) To instruct the Dirección de Asuntos Jurídicos to institute the corresponding public-interest injury proceeding (proceso de lesividad) before the Tribunal Contencioso Administrativo” (img. 13 carpeta 18-009473-1027-CA).

UNPROVEN FACTS.—Because no evidence was submitted regarding the following matters, and because they are material to this proceeding, the following are deemed unproven: 1. That the plaintiff performed acts of possession (actos posesorios) before Inder awarded the parcel in 1999, or that she had been at the site since 1982. 2. The existence of the contracts allegedly signed by Aditik with Fonafifo, as well as the allegation that they were executed with respect to parcel number 7-A-107. 3. That any of the entities participating in this litigation caused the losses and damages claimed by Ms. Cantillano.

ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF.— In summary, and without prejudice to the entirety of the statements made, counsel for the plaintiff stated in the complaint that she owns a property registered in the National Registry under registration number 90980-001 in the Province of Limón, located in Talamanca, which was acquired by her late husband “long before the Ley Indígena of 1977.” She stated that they carried out agricultural work on that property to support their family because they have “… always lived there [...] maintaining an excellent relationship with the Indigenous people, with whom we have lived in complete camaraderie. They worked on those properties for my husband.” The plaintiff stated that, beginning in 2010, she began to experience serious violations of her property rights by members of the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi, who claimed title to that property.

This led them to prohibit the construction of internal roads on the property and to prevent the sale of the property to Mr. Alfredo Sancho Morales, even resorting to intimidation through constant visits to the property and threats to evict them from it. She stated that her attorney determined that the property became part of the Reserva Indígena pursuant to the Executive Decree of 1996. Additionally, she stated that her inquiries revealed that Aditik entered into an agreement with FONAFIFO to carry out a forest-protection project covering an area of 300 Ha, for which it receives $80/Ha per year in arrears, beginning on July 1, 2010, on land located between latitude coordinates 9-6528 degrees and 9-6130 degrees, and longitude coordinates 82-7714 degrees and 82-7407 degrees. She also confirmed that, on August 27, 2014, Aditik entered into another agreement with FONAFIFO concerning an area of land within that jurisdiction, for which it receives ¢202.000,00/Ha, payable annually in arrears for 5 years, encompassing the area between latitude coordinates: 631000-636000 and longitude coordinates 1063500-1066000.

She further stated that it was through Law number 6172 (Ley Indígena), of November 29, 1977, that certain parts of the territory of Cócles, Puerto Viejo, Talamanca were declared Indigenous reserves; there, in her view, Aditik has imposed a regime of terror throughout all lands that it considers part of the territory, without regard for the provisions of the law itself, because, in her case, she has been the sole possessor of that land since 1982, having acquired it by purchase. She cited and relied upon Article 5 of the aforementioned Ley Indígena, alleging that none of the institutions bound by the Law had fulfilled their duties, despite the passage of 37 years, “… and the indolence and inaction of the administrations have served to impair rights and guarantees protected by the Constitution and to facilitate the unlawful enrichment of the Association, which profits [sic] from the aforementioned agreements concerning my property and those of other owners and possessors,” thereby harming her assets and those of her children.

She stated that case law exists protecting the rights of good-faith possessors (poseedores de buena fe) and cited as legal grounds Articles 1, 2, 7, 10, 12, and 35 in relation to Articles 118 and 36, all of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso-Administrativo); Articles 33, 34, 41, 45, 50, 65, and 74 of the Political Constitution (Constitución Política); Articles 5, 8, and 11; and Articles 1, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 22,24, and 25 of the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones). During the trial hearing, the plaintiff’s representative stated in closing arguments that there had been a serious dispossession (desposesión) of the Afro-descendant inhabitants, who had lived peacefully with the Indigenous people for years, and that the problems began with the 1977 Law, which was interpreted as carte blanche to expel all non-Indigenous persons, burn down huts, and “attack people with machetes.” He stated that the plaintiff’s late husband wanted to regularize title to his lands and initiated a possessory-information proceeding (proceso de información posesoria), which culminated in registration.

He further stated that good faith had to be presumed; in other words, bad faith had to be proven by the party alleging it, which was not possible based on the evidence gathered. He reiterated that the property had been acquired through a possessory title (título de posesión), asserting that there had been original possession (posesión originaria) because they were the first inhabitants. He argued that the ILO Convention that entered into force in Costa Rica in 1992 was applied almost immediately to Indigenous peoples, but Afro-descendant tribal peoples were forgotten. He further stated that the plaintiff’s late husband was Afro-descendant and that Doña Felicia was “white,” and that they had lived there their entire lives. He stated that they had submitted evidence verifying the existence of petitions filed with institutions, authorizations and certifications issued by Conai, and the Inder property title, demonstrating that not even Inder knew that they were within Indigenous territory.

Finally, he requested justice for the original Afro-descendant inhabitants who had been denied the protection of the international convention, that the complaint be granted in all respects as requested, and that the plaintiff be awarded compensation. With respect to the adverse-to-the-public-interest action (acción de lesividad), Mrs. Cantillano responded by acknowledging the acts of Inder through which title had been granted to her and her late husband; she clarified the dates on which the rights to the property were registered and stated that she had no personal knowledge of the existence of the Conai official communication, the Inder study concerning the property’s location within the reserve, or a declaration that her title was adverse to the public interest (declaratoria de lesividad). She raised limitation and expiration defenses (prescripción y caducidad), which she waived at the preliminary hearing, as well as lack of legal entitlement (falta de derecho).

On the merits, she challenged the proceeding conducted by Inder to declare the title adverse to the public interest as absolutely null and void, because, in her view, the requirements of Article 173 LGAP had not been followed. She objected to the failure to conduct an ordinary proceeding (procedimiento ordinario) in which her right of defense would have been guaranteed and the opinion of the PGR would have been requested. Furthermore, Mrs. Cantillano’s attorney stated that the act authorizing registration of the title subject to annulment originated under the Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reserva Nacional, number 7599 of September 29, 1996, repealed by Constitutional Chamber decision number 8560-2001 at 15:37 hours on August 28, 2001. Thus, they contend that, by the time the law was declared unconstitutional, Mrs. Cantillano’s right and that of her husband had already been registered in the National Registry and had also exceeded the 3-year validation period (plazo de convalidación), which, as expressly stated in Article 15 of that law, is the negative limitation period (prescripción negativa); their rights are even protected by the annulment judgment itself issued by the Constitutional Chamber, which limits the effects of the decision in its operative portion (parte dispositiva).

In closing arguments, counsel for the party added that the plaintiff’s title was not null and referred to the testimonial evidence, which indicated that there were no boundary markers defining the limits of the Reserva. He reiterated that the adverse-to-the-public-interest proceeding conducted by Inder violated Article 173 LGAP in its entirety, objected that they had never been notified of anything concerning the proceeding—neither its commencement nor the final act—and that the mandatory consultation with the PGR had not been conducted; accordingly, he further considered that the officials who carried out those actions should be prosecuted.

ARGUMENTS OF THE DEFENDANT.— In answering the action, INDER’s litigation counsel (mandatario judicial), in summary, denied the allegations, objecting to the claimant’s evidence because its contents were of doubtful credibility (as they were simple copies). INDER referred at length to the requirements set forth in Article 5 for receiving compensation (indemnización) (being non-Indigenous and a good-faith possessor (poseedor de buena fe) of land located within the reserve). Regarding the second of these requirements, INDER stated that the owners or possessors must have held that status before the declaration of the Indigenous Reserve, before the boundaries of an existing Reserve were modified, or before the enactment of an Executive Decree establishing a new Indigenous Reserve. In this case, INDER stated that the claimant asserted that the Indigenous Reserve in question was created in 1996, although she submitted no evidence in that regard.

It further stated that the National Registry showed that interest 001 in her property was registered in her name on March 6, 2012, while interest 002 was registered on March 16, 2000; therefore, when the claimant acquired interests 001 and 002 in the property, the Reserve had already been created. Thus, in its view, what the claimant acquired was a portion of the Reserve and, as such, it is legally impossible to grant her any right, because, according to the case law, good or bad faith depends on when the Reserve was created and when the claimant acquired the property, which in this case was after the Reserve was created; consequently, that acquisition is deemed to have been made in bad faith. It cited judgment number 000920-F-S1-2015 of the First Chamber, which decided a case very similar to the present one and held that only original owners or possessors may be classified as acting in good faith.

Those who acquired property after the enactment of the Ley Indígena are deemed to have acted in bad faith and therefore are ineligible for compensation or relocation. INDER identified a third requirement, namely, proving in administrative and judicial proceedings that they had exercised acts of possession (actos posesorios) over the property since before the creation of the Indigenous Reserve. In the specific case, INDER stated that it is impossible for the claimant to prove acts of possession exercised before the Reserve was created, since it was confirmed by Ley Indígena 6172 of November 29, 1977 (although the claimant uses 1996 as her starting point, that being the year of the penultimate modification), because, according to the registry information, the claimant registered one of her interests in 2000 and the other in 2012. Thus, for INDER it is clear that, whether the analysis begins in 1977 or 1996, the result is the same: the claimant did not exercise acts of possession before the enactment of the Ley Indígena or before the latest modification made through Decreto Ejecutivo No. 25296-G, published in Gaceta 134 on July 15, 1996.

INDER subsequently provided an extensive discussion of how Article 5 of the Law should be construed, based on legislative intent, with respect to the mechanisms for financing and carrying out expropriations (expropiaciones) involving good-faith residents, emphasizing the Executive Branch’s obligation to provide the funds needed to perform this activity, which INDER is not responsible for financing. In its conclusions, INDER recalled the approval of ILO Convention 107, reiterated that full title to the property was not registered in the claimant’s name until 2012, and stated that the Ley Indígena recognizes relocation and compensation rights only for good-faith non-Indigenous owners. The party pointed out contradictions in the claimant’s statements regarding when and how she acquired the property. It also asserted that compensation cannot be paid when the original title is void because it disposed of land belonging to an Indigenous Reserve, which has held inalienable status since 1939.

As claimant in harmfulness proceeding (proceso de lesividad) number 18-009473-1027-CA, the institution stated that, by resolution approved by the Board of Directors of the former Instituto de Desarrollo Agrario, Article XIV of Session No. 074-99, of October 13, 1999, the subdivision and conveyance (segregación y traspaso) of parcel 7-A-107 to Ms. Felicia María Cantillano Obando and the now-deceased Mr. Eugene Rose Calphen, under the “BIRF 2754 CR” Titling Project, was approved, among other matters; and that, by public deed (escritura pública) number 30, executed at 10:00 a.m. on October 29, 1999, in volume 23 of the notarial protocol of Notary Federico Villalobos Chacón, IDA subdivided and sold parcel 7-A-107 to those persons. The parcel has been registered in the claimant’s name since March 6, 2012, and corresponds to Real Property Folio (Folio Real) registration 7-00090980, interests 001 and 002, plan number L-0505554-1998.

It added that on July 23, 2015, the claimant filed an Administrative Litigation claim (demanda Contenciosa Administrativa) under expediente number 15-007359-1027-CA, seeking recognition of her right to compensation for expropriation within Indigenous territory, pursuant to Article 5 of Law No. 6172 of November 29, 1977, because her property is located within the territory corresponding to the Reserva Indígena Bibrí de Kekoldi (Cocles). It stated that, by certification number 046-07, issued at 12:00 noon on December 3, 2007, the head of the Department of Territorial Studies of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas certified that cadastral plan (plano catastrado) L-0505654-98, which forms part of Folio Real 7039050-000, is located within the Reserva Indígena de Kekoldi, provided that it is in fact situated where the draftsperson placed it on the attached grid. It further stated that, by official letter IRT-0836-2018 of October 4, 2018, Eng.

Jimmy Garita Hernández, Head of Land Information and Registration at INDER, reported that the parcel in question, according to the location shown on its plan (L-0595554-1998), is affected by the Territorio Indígena Kekoldi, in the sector covered by decree number 7267, dated August 9, 1977. This led the Institute’s Board of Directors, by resolution adopted under Article 36 of Ordinary Session 31, held on October 8, 2018, to declare adverse to the public interest (lesivo a los intereses públicos) the resolution adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (now Instituto de Desarrollo Rural) under Article XIV of Session No. 074-99, held on October 13, 1999, which approved the subdivision and conveyance of 42 parcels and lots from the “BIRF 2764 CR” Titling Project, solely with respect to parcel 7-A-107, granted to Eugene Rose Calphen and Felicia Cantillano Obando, because it had been improperly titled even though it formed part of the Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), whose property, by virtue of Article 3 of the Ley Indígena, is not subject to acquisitive prescription (imprescriptible) and is inalienable (inalienable), and must be registered in the name of the Asociación de Desarrollo Integral of the respective reserve.

On the merits, INDER listed the regulations governing the protection of land within Indigenous Reserves, beginning with Ley de Terrenos Baldíos number 13 of January 10, 1939, expanded by Decree number 45 of December 3, 1945, which created the Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación. It stated that shortly thereafter, through Executive Decree number 34 of November 15, 1956, the Boruca Térraba, Salitre Cabagra, and China Kichá Indigenous Reserves were declared, pursuant to which the Reserves were declared inalienable and the exclusive property of Indigenous persons under the terms of the Ley de Terrenos Baldíos. It continued by stating that, through Law number 2330 of April 9, 1959, the Assembly approved Convention number 107 of the International Labour Organization concerning the “Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations,” which recognized their legitimate right to hold ownership of their lands individually or collectively.

Subsequently, it stated, a special regime was created through Executive Decree number 5904-G of March 11, 1976 (for the Chirripó, Guaymí, Coto Brus, Estrella, Guatuso, and Talamanca Indigenous Reserves), which acquired statutory status through Article 1 of Ley Indígena number 6172 of November 29, 1977, followed by the Reglamento de la Ley Indígena, Executive Decree number 8487-G of April 26, 1978. In connection with this account, INDER cited the case of Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingny v. Nicaragua before the Inter-American Court of Human Rights, as well as the provisions of Articles 3, 4, and 5 of the Ley Indígena, which established that the territories encompassed by Indigenous Reserves are inalienable and not subject to acquisitive prescription, and restricted transactions involving such land exclusively to Indigenous persons, who in turn are protected against encroachment by non-Indigenous third parties, who may be evicted without any right to compensation for improvements (mejoras).

In INDER’s view, the land titled by the former Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), parcel 7-A-107, plan number L-0505554-1998, is located within the territory encompassed by the Reserva Indígena Kekoldi (Cócles), according to certification 046-07, issued at 12:00 noon on December 3, 2007, by the Department of Territorial Studies of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, and confirmed by official letter IRT-0836-2018 of October 4, 2018, from Eng. Jimmy Garita Hernández, Head of Land Information and Registration at INDER. Consequently, the titling carried out by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario contravened the legal provisions cited above, since it granted title to land that, because it was located within the territory encompassed by the Reserva Indígena Kekoldi (Cócles), was subject to the restrictions established in the Ley Indígena, rendering the substance of the act unlawful.

It continued by stating that, because the Instituto de Desarrollo Rural is a public-law entity (entidad de derecho público), subject to the principle of legality (principio de legalidad) and therefore required to apply the regulations in force in all its actions—and, in this particular case, those governing Indigenous matters—and because the defect arising from improperly titling the property as though it formed part of the titling project when it was actually part of Indigenous territory had been established, it must bring a harmfulness proceeding so that the absolute nullity (nulidad absoluta) of the administrative act (acto administrativo) issued by the Board of Directors under Article XIV of Session No. 074-99, held on October 13, 1999, may be declared in these proceedings, with the objective of formally and materially transferring the land to its true owner: Aditik. In its conclusions, INDER reiterated its request to annul the resolution conveying the parcel, as well as the property’s registry entries (asientos registrales), and to transfer the property to the Association.

For its part, in answering the claim, Conai essentially denied all the allegations and stated that the claim did not refer to facts as such, but rather to a series of subjective assessments. It stated that the Ley Indígena was clear regarding the requirements necessary to qualify for compensation and that it was untrue that the claimant possessed the attributes she claimed, because a person could qualify as a good-faith possessor only by holding an ownership or possessory right before the creation of the reserve. That was not the case for the claimant and her husband, since they acquired the property after the reserve was created, rendering those sales void; therefore, she could not claim a right that had never vested in them.

Regarding the certifications issued by Conai that the plaintiff submitted as evidence, the institution stated that it was clear that they indicated that those territories are located within a reserve and are therefore subject to the restrictions established by the Ley Indígena, articles 3 and 5, “… even if the property were protected by notice in the Land Registry (publicidad registral), which is not the case, since there is no record that the property was protected by notice in the Land Registry before the reserve was created.” It rejected the claim that the alleged possession (posesión) conferred any right on the plaintiff, because the statutory requirements had not been met. Conai reiterated the requirements that must be met for them to qualify as good-fa possessors (poseedores de buena fe): a.- They must be non-Indigenous persons who own or possess in good faith real property located within the reserves, in accordance with the provisions of the Civil Code. b.- The expropriation studies (estudios de expropiación) should have been conducted by INDER in coordination with CONAI, but these two institutions were not the only entities responsible for determining which non-Indigenous persons owned or possessed in good faith real property located within the reserves declared in article 1 of the Ley Indígena; that determination must be made jointly with the Indigenous Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Indígena). c.- The ADIS must participate in determining who meets the requirements established in article 5 of the Law. d.) It must be proven in administrative and judicial proceedings that they actually exercised possessory acts (actos posesorios) over the property before the Law entered into force.

It insisted that the plaintiff’s rights had not been infringed because those sales were absolutely null and void, as the property had been acquired after the reserve was created: “… at the time of the transfer, the plaintiffs [sic] were fully aware that the property was affected by the decree creating the Indigenous reserve, and therefore the possession cannot be considered to have been in good faith.” In its closing arguments, the institution’s representative insisted that there were contradictions in the plaintiff’s assertions regarding the date of acquisition and argued that it was certain that the community had made it clear that the property was located in Indigenous territory and that the land could not be the subject of transactions, since the Law had existed for 35 years before the property was acquired through the Land Registry. It alleged that Inder should have known that the property was Indigenous territory, again noted the deficiencies in the timeline of possession that the plaintiff sought to establish, and pointed out that the plaintiff’s own attorney acknowledged that she was not a person of African descent.

It objected to treating the plaintiff’s evidence as proof of lawful possession (posesión legítima) and cited constitutional case law supporting its position regarding the nullity of transactions disposing of Indigenous land. Lastly, it referred to the testimonial evidence obtained, noting that the witness stated that there were no crops or signs of subsistence activities on the property, only a shelter, and that it had not been shown to be an inhabited place. Finally, in its response to the complaint, Aditik stated that it essentially disputed all the alleged facts and asserted that the registration of the plaintiff’s property “… carries with it problems of registration and basic legality that violate the Ley Indígena. The Court should note that the property was registered on 06 de marzo del 2012 under survey plan 055554-1998, which was surveyed in the field in abril de 1998 and recorded in the cadastre on 23 de julio de 1998, more than twenty years after the enactment of the Ley Indígena de 1977.” The Association also challenged the possession alleged by the plaintiff because, in its view, legal transactions (negocios jurídicos) carried out after the enactment of the Ley Indígena are absolutely null and void.

It stated that the alleged existence of crops, rather than demonstrating possessory acts, would demonstrate acts disturbing the forest that were contrary to the interests of the Indigenous community. In any event, it denied the existence of those crops, as well as any intimidating or violent acts or the imposition of a regime of terror. It stated that it had merely exercised the lawful defense of its territory, preventing the plaintiff from making alterations to the property through legitimate inspection and monitoring activities. In its closing arguments, Aditik, represented by the Public Defense Office (Defensa Pública), recalled that the Reserva Indígena de Kekoldi was created in 1976 and demarcated in 1977 by Executive Decree. It emphasized that there was no doubt that the plaintiff’s property was located in Indigenous territory. It reiterated the statements of the other representatives that the plaintiff’s chain of possession and means of acquisition contained serious contradictions and that, in its view, there was no evidence establishing when the acquisition occurred.

It further stated that the plaintiff was fully aware that her possessory right (derecho de posesión) concerned Indigenous land and that the allegedly frustrated sale was therefore not compensable because the property was Indigenous territory. It added that, in any event, Inder and Conai were the entities responsible for making compensation payments and that this was not Aditik’s responsibility. It stated that the evidence submitted by the plaintiff herself (img. 21 de la carpeta 15-007359-1027-CA) indicated that the property was Indigenous territory. It cited case law from the First Chamber regarding bad faith (mala fe) and from the Constitutional Chamber regarding the prohibition against disposing of such property (indisponibilidad de estos bienes), and emphatically stated that the plaintiff, Felicia Cantillano, had not possessed the property before 1977, because the IDA deed, through which title was granted to the plaintiff, clearly postdated the creation of the reserve, which must lead to a declaration that those acts of disposition (actos de disposición) by Inder are null and void.

It reiterated that the community’s reaction to the attempt to open a road was not abusive, but rather a normal exercise of its property rights. Regarding the contracts signed with Fonafifo, Aditik stated that the plaintiff had never proven that the land she claimed was covered by those contracts. It added that there was no evidence of the cause of the damages or of specific conduct by the Association that produced a harmful and unlawful effect, and therefore requested that the property be registered in Aditik’s name.

EVIDENCE FOR A BETTER DETERMINATION.- At the preliminary hearing held in expediente 15-007359-1027-CA, the plaintiff submitted three new items of evidence: 1. Public deed number 171 executed before notary public Rigoberto Jiménez Vega (img. 291-299 of folder 15-007359-1027-CA). 2. Letter addressed to the Municipalidad de Talamanca dated 03 de julio del 2008 (img. 300 of folder 15-007359-1027-CA). and 3. Deed from the Instituto de Desarrollo Rural (img. 301-304 of folder 15-007359-1027-CA). Pursuant to artículo 50.2 CPCA, the Case Management Judge afforded the parties an opportunity to be heard regarding this evidence, took note of the proffer, and deferred the determination of its admissibility until judgment. Additionally, on the day before the trial hearing, the plaintiff submitted to the court a document signed by señora Cantillano’s attorney (img. 453-462 of folder 15-007359-1027-CA), regarding which the parties were afforded an opportunity to be heard; in their closing arguments, they stated their objection to it because it consisted merely of statements by the party and was not a cultural expert report (peritaje cultural).

As to the first three documents, they are rejected because they are included in the administrative record (expediente administrativo) in folder 18-009473-1027-CA (img. 11-37), which was duly admitted at the preliminary hearing, and therefore do not constitute new documents. As to the document submitted on the day before trial, this Panel agrees with the objections orally raised by the defendants that the document has no scientific value, since it is merely a collection of statements made by the party’s attorney, lacking the technical support or rigor required for them to be regarded as a cultural expert opinion (pericia cultural). Accordingly, because what was proffered is not technically a means of evidence from which proof of any of the allegations in the complaint may be derived, its admission is denied.

LEGAL FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF INDIGENOUS TERRITORIES.- This Court has addressed this matter in general terms on multiple occasions. As stated in the decisions of Section Five, number 00029-2018-V, at 08:10 hours on 4 de abril del 2018, and Section Six, number 00105-2020-VI, at 14:15 hours on 28 de agosto del 2020, this body of law is summarized in decision number 00074-2013-VII of this Section (with a differently constituted panel), at 10:30 hours on 29 de octubre del 2013, which stated:

“Because the following is essential for the analysis to be conducted in resolving this matter, we proceed to address the legal framework for the protection of Indigenous reserves (reservas indígenas), particularly as it concerns artículo 5 of the Ley Indígena, as well as the regulations defining the boundaries of the Indigenous reserve owned by the plaintiffs.

  1. 1) On the evolution of the legal framework governing Indigenous territories (territorios indígenas). The first legislative precedent on the subject—after the Nation had already entered its Republican era—is found in the formerly effective Ley Sobre Terrenos Baldíos number 13 of diez de enero de mil novecientos treinta y nueve (1939), published in the Colección de Leyes y Decretos for that year, first half, volume two, page ten, Article 8 of which provided, in relevant part, as follows: “... a reasonable area, as determined by the Executive Branch, in places inhabited by Indigenous tribes, is declared inalienable (inalienable) and the exclusive property (propiedad exclusiva) of the Indigenous people, in order to preserve our Indigenous race and protect them from future injustices.” (Emphasis not in the original). As may be observed, this first regulatory precedent recognized, from the outset and as of that date, the exclusive ownership right held by Indigenous communities, although at that time only over territorial areas to be defined “as determined by the Executive Branch,” insofar as these would be the places where those groups were located.From that time onward, one can discern at least the inalienable nature conferred upon this type of property vested in a minority but defined group of persons united by particular cultural ties. This amounted to a safeguard intended to protect their community property right (derecho de propiedad comunitaria)—even if only once formalized through an act of the Executive Branch—against possible attempts by either third parties or the Indigenous groups themselves to transfer title (dominio) to those assets and, of course, by establishing that persons outside those groups within the national population could not claim rights or title (titularidad) over them. A distinctive feature, therefore, is that from the outset these assets were “outside the stream of commerce” (fuera del comercio de los hombres). The provision, however, said nothing about the possibility that, before it entered into force and after subsequent acts adopted pursuant to it by the Executive Branch had defined the identity of those territorial areas, there might be third-party possessors or titleholders in good faith (buena fe) over those same surface areas.It would therefore have to be assumed that the Executive Branch would not establish reserves on lands other than those possessed exclusively by Indigenous people. Accordingly, in the exercise of the authority conferred by the legislature upon the Executive Branch as described above, it was not until several years after the related Ley Sobre Terrenos Baldíos entered into force that the first Executive Decree on the subject was issued, namely, number 45 of tres de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco (1945). Nevertheless, this decree did not define any specific area as an Indigenous territory for the purposes established by the law and, notwithstanding the text of Article 8 of the Ley Sobre Terrenos Baldíos, its first article provided as follows: “The public wastelands (terrenos baldíos) occupied by the Indigenous native tribes are hereby declared inalienable and their exclusive property, except for the strips allocated to the Carretera Interamericana.” (Emphasis not in the original).Thus, although the Executive Branch repeated what the law already provided, it went beyond the law by establishing that the areas in question would not necessarily correspond to those designated for these purposes by the Executive Branch “at its discretion.” Instead, it was established that the Executive Branch was to recognize as such all areas of the Nation’s territory occupied by Indigenous communities. Stated differently, the effective possession (posesión efectiva) exercised by Indigenous communities over those lands was the criterion or variable according to which the legal protection to be afforded by the central government to those communities, as a guarantee of their property right, was to be defined. Even so, as of that date the determination of which areas of the Nation’s surface belonged to these groups of persons was governed by a generic and indeterminate formula, since they would be the lands occupied by those groups “insofar as they were public wastelands.” This was contradictory if the lands had previously been occupied by those communities and were subject to a preexisting ownership right recognizable through the acts of possession (actos posesorios) exercised pursuant to it.According to its first article, the same Decree also created what would become the first organization tasked with undertaking efforts to give effect to the statutory mandate cited above, known as the “Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación,” assigning it the task of demarcating the areas of land that were, for the first time, called “Indigenous reserves” (reservas indígenas). For its part, the first act of the Executive Branch actually directed toward locating an Indigenous territory did not occur in legal terms until several years later, upon the promulgation of Executive Decree number 34 of quince de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis (1956), which identified three separate reserves that did not include that of the plaintiff herein, namely, “Boruca-Térraba,” “Ujarrás-Salitre-Cabagra,” and “China Kichá.” Because what was recognized in this specific case was a property right (derecho de propiedad), this must refer us to the constitutional provision identifying it as a fundamental right (derecho fundamental), as follows from Article 45 of the Constitution (Carta Magna).The subsequent consolidation of this ownership right—private insofar as it is exclusive and exclusionary, as well as communal or collective—which was legally “recognized,” since it could not be said to have been “established” or created upon the entry into force of the Ley de Terrenos Baldíos, occurred before the international community when the contents of Convention number 107 of the Organización Internacional del Trabajo were adopted as domestic law under Law of the Republic number 2330 of nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), identified as the “Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribuales y Semitribales en los Países Independientes.” Article 2.1 of the Convention at issue provided: “Governments shall have the primary responsibility for developing coordinated and systematic programs aimed at protecting the populations concerned and progressively integrating them into the life of their respective countries.” (Emphasis not in the original).Thus, having voluntarily acceded to the cited instrument, the Costa Rican State undertook, before the international community and these Indigenous groups, to carry out those coordinated and systematic actions aimed, insofar as relevant here, at protecting these populations of the Nation in the broadest terms, which were also minorities and vulnerable at that time, in accordance with what its legal system already required of it, for example through the Ley de Terrenos Baldíos and the Executive Decrees cited above. This obligation must be read in conjunction with Article 5 of that same body of suprastatutory law (normativa supra legal), which provides: “In applying the provisions of this Convention concerning the protection and integration of the populations concerned, governments shall: a) Seek the cooperation of those populations and their representatives; (...).” (Emphasis not in the original).With respect to what the national legal system identified at that time as Indigenous reserves, Article 11 of the cited Convention stated that, in the States bound by it: “The collective or individual ownership right of the members of the populations concerned over the lands traditionally occupied by them shall be recognized.” (Emphasis not in the original). It was thus established in positive law (normativo positivo) that governments—the State as a whole in our case—had undertaken, since mil novecientos cincuenta y nueve, to conduct coordinated and systematic processes within the Nation, among other things, in order to answer to the international community and the Indigenous communities themselves by guaranteeing their preexisting property right. For those purposes, the State itself was even required to “seek,” rather than wait for the opposite to occur, the cooperation of the Indigenous populations concerned and their representatives.It must also be noted that these are suprastatutory provisions under Article 7 of our Constitución Política. Consequently, in accordance with the principle of hierarchy of norms (principio de jerarquía de las normas) and the principle of conventionality control (principio de control de la convencionalidad) (Articles 1, 26 and 27 of the Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Law of the Republic number 1615 of veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, and Article 6.1.b) of the Ley General de la Administración Pública), they must systematically inform the remainder of the legal rules having lower force and resistance, as well as serve as a benchmark for the legal decision-maker (operador jurídico) when applying the legal system to the specific case (Article 10 of both the Ley General de la Administración Pública and the Código Civil). Furthermore, according to the extensive case law (jurisprudencia) of the Sala Constitucional, including, by way of example, judgment number 1995-02313, issued at dieciséis horas dieciocho minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, it has been held that, as a consequence of Article 48 of the Constitución Política, insofar as instruments of international law provide greater protection for fundamental rights, they must be regarded as having the same rank as the Constitution.Accordingly, the provisions of the cited Convention may also be said to inform the proper scope that Article 45 of our Constitución Política and the subconstitutional legal system (ordenamiento jurídico infra constitucional) must be understood to have in these particular cases. Given its relevance, we deem it appropriate to quote the pertinent part of Article 13 of the Convention of the Organización Internacional del Trabajo under consideration, subsection 2 of which states: “... Measures shall be adopted to prevent persons who do not belong to those populations from taking advantage of those customs or of their members’ lack of knowledge of the laws to obtain ownership or use of the lands belonging to them.” (Emphasis not in the original). From that time onward, important features of this type of community property have been that its legal regime (régimen jurídico) resembles that of the public domain (dominio público), although it is not public-domain property, because while it is community property and, to that extent, collective, exclusive, and exclusionary, it is also vested in a vulnerable group within the population that therefore warrants the State’s special protection.

Indeed, notwithstanding what the legal system at that time clearly provided regarding these communities’ property rights (derecho de propiedad) in the terms stated, with the adoption and entry into force of Ley de Tierras y Colonización number 2825 of May fourteenth, nineteen sixty-one (1961), published in the Colección de Leyes y Decretos for that year, second semester, volume one, page three hundred ninety-four, which repealed the Ley de Terrenos Baldíos, Article 75 provided, in flagrant contravention of Convention number 107 of the International Labour Organization, as follows with respect to the entity identified by that body of law as the Instituto de Tierras y Colonización: “The Institute, in coordination with the relevant agencies, shall oversee the settlement of indigenous communities or families in accordance with the spirit of this law. The extensive areas in which these communities live in isolation shall not be declared to belong exclusively to them; however, efforts shall be made to bring all these communities together, forming a single agrarian center in the area that the Institute deems suitable, for which purpose the necessary land area shall be used.” The provision refers to the entity formerly known as ITCO (1961), subsequently IDA, Instituto de Desarrollo Agrario (1982), and currently INDER Instituto de Desarrollo Rural (2012).

The cited provision simply disregarded outright the property rights of indigenous communities enshrined in a rule of superior rank, force, and resistance. Subsequently, more than a decade later, while this unsystematic regulation remained in force, Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas number 5251, of July eleventh, nineteen seventy-three (1973), was enacted and published in the Colección de Leyes y Decretos for that same year, second semester, volume one, page sixty-five. Upon examining this body of law, and bearing in mind the obligation incumbent upon the State following the entry into force of Convention number 107 of the International Labour Organization, under Articles 2.1, 5, 11, and 13.2 thereof, the legislature designated this new domestic public organization associated with indigenous communities, pursuant to Article 4 of the aforementioned law, for general purposes and, as relevant here, to: “…b) Serve as an instrument of coordination among the various public institutions required to carry out works and provide services for the benefit of indigenous communities; (…) e) Ensure respect for the rights of indigenous minorities by encouraging State action to guarantee indigenous persons individual and collective ownership of land; timely access to credit; proper marketing of production; and efficient technical assistance; (…).” (Emphasis and underlining not in the original).

Nevertheless, as will be seen below, these coordination duties were not assigned exclusively to CONAI, since ITCO was already involved in this function, albeit in a different manner. Furthermore, the State’s obligation to guarantee these communities’ property rights over the land was reiterated. Regarding the assigned coordination duties, Article 9 of the same body of law cannot be overlooked; it provides as follows: “For the purposes of subsection b) of Article 8, the State and the country’s autonomous or semi-autonomous institutions are hereby authorized to provide assistance of any kind to the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.” (Emphasis not in the original). Separately, this law provided—again, unsystematically—for a single transitional provision (transitorio), apparently inspired by Ley de Tierras y Colonización, which read: “No later than six months following the effective date of this law, the Instituto de Tierras y Colonización shall conduct possessory-information proceedings (informaciones posesorias) for all plots occupied by indigenous persons in the various areas, so that they may immediately be registered in the Registro de la Propiedad in the names of the occupants of those plots.

Indigenous persons who are not occupying plots shall be included in a census so that their lack of land may be resolved as soon as possible. The Instituto de Tierras y Colonización shall maintain a substantial reserve of land suitable for cultivation, which it shall lease and which shall be allocated exclusively for the future expansion of indigenous communities,” (emphasis not in the original), which—once again—reflects a dispossession of title to those lands contrary to international law. On the other hand, in what might be regarded as an aspect favorable to indigenous interests, it was stated that, from the enactment of that law onward, that Institute was to have secured at least sufficient land to be allocated exclusively to these communities and that, as a logical and necessary consequence of that power and duty, it should have undertaken the appropriate tasks to clearly determine and define the boundaries or demarcation (deslinde) of the land comprising those territories.

One year after its entry into force, this transitional provision was amended pursuant to Article 1 of Law number 5651 of December thirteenth, nineteen seventy-four (1974), in the following terms and in complete disregard of indigenous ownership guaranteed by Convention number 107 of the International Labour Organization: “Transitional Provision.- Indigenous reserves registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) are hereby declared inalienable and shall be allocated exclusively for the settlement of indigenous communities, essential public services, and the use, habitation, and usufruct of indigenous persons who lack land of their own, whether registered or unregistered, outside those reserves. Within such reserves, ITCO may grant leases to those indigenous persons for a limited term and on a non-transferable basis, except to other indigenous persons in the same circumstances.

The Sistema Bancario Nacional and the other State institutions, jointly with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), shall regulate special systems through which members of indigenous communities may obtain credit for the proper development of the lands referred to in this transitional provision.” It bears repeating that ITCO was therefore required to delimit and register the corresponding land areas, even if in its own name. This amounted to a complete denial of the indigenous ownership that the State had undertaken to guarantee before the international community and those peoples. Returning to the original text of Law number 5251 creating the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, under its Article 1 that organization was endowed with its own legal personality (personería jurídica) and assets. It should be emphasized that, from its creation, the Commission—and, accordingly, its general assembly—was composed, among others, pursuant to Article 2, subsection a), of: “…the representatives of the following agencies and institutions: Presidencia de la República; Universidad de Costa Rica; Universidad Nacional; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Gobernación y Policía; Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Seguridad Pública; Instituto Mixto de Ayuda Social; Instituto de Tierras y Colonización; Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; Instituto Nacional de Aprendizaje; and Servicio Nacional de Electricidad; (…).” (Emphasis not in the original).

This demonstrates the necessary relationship that was to exist between the Poder Central and, among other entities, ITCO itself, until the judgment of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia number 3485-2003, issued at fourteen hours and seventeen minutes on May second, two thousand three. We shall not analyze the content of that ruling; it is sufficient to indicate that it deemed the Commission’s inclusion of those public authorities unconstitutional. It should be noted that the aforementioned institutions and Ministries formed part of the general assembly of CONAI, with powers to establish its general policy by acting as members of that collegial body (órgano colegiado), as well as to approve or reject both its ordinary and extraordinary budgets. The purpose of this organization bears repeating because of its relevance: among other things and as noted, it was to serve as an instrument of interinstitutional coordination and to ensure respect for the rights of indigenous minorities by encouraging State action to guarantee individual ownership to indigenous persons and ownership of their territories to their communities, as provided in Article 4, subsection e), of that body of law.

With respect to CONAI’s assets, as of the date on which it commenced operations, they were to consist of the annual subsidy that had been granted under the Ley de Presupuesto General Ordinario de la República to the former Junta de Protección a las Razas Aborígenes; extraordinary contributions approved by the State and the autonomous and semi-autonomous institutions of the Republic; property belonging to the former Junta; donations from private individuals, foreign States, international agencies and foundations, or any other entity; the use of indigenous names, symbols, and figures; and the proceeds from rights granted for the commercial use of those indigenous names, symbols, and figures (Article 8, subsection a), of Ley de Creación de la CONAI). Continuing with budgetary matters, Article 9 of this law provided that the State and the autonomous and semi-autonomous institutions of the Republic were authorized to provide assistance of any kind to CONAI, naturally, for the achievement of its purposes.

Furthermore, and still along the same lines, Article 28 of the law at issue stated: “So that the Poder Ejecutivo may be in a position to set, in the proposed Ley de Presupuesto General de la República, such subsidy as it deems appropriate, no later than July 31 of each year the Junta Directiva shall submit to the Oficina de Planificación de la Presidencia de la República a reasoned estimate of its needs for the next fiscal period. It is understood that this provision shall not apply to fiscal year 1973. The Institution’s budgets shall likewise be submitted to the Contraloría General de la República for approval and liquidation in accordance with the law.” (Emphasis not in the original). The Cabécar de Talamanca indigenous reserve was first described in the terms of Executive Decree number 5904 of March eleventh, nineteen seventy-six, published in the Diario Oficial “La Gaceta” number seventy, of April tenth, nineteen seventy-six (1976).

That regulatory instrument declared, among other things, the following: “Whereas: (…)5°- There still exist territories populated exclusively by indigenous persons, making it possible to delimit those Reserves; (…) 10.- It is the duty of the State to safeguard the security of its citizens and prevent injustice and mistreatment, particularly in the case of indigenous minorities that are currently marginalized.” (Emphasis and underlining not in the original). Furthermore, Article 1 ordered that: “Its exact delimitation shall be carried out by ITCO, in coordination with CONAI.” Thus, the entity then known as the Instituto de Tierras y Colonización (now INDER) was again designated as the agency responsible for the territorial demarcation (demarcación territorial) of the reserve thus created, a task that was to begin two months after the Decree entered into force.

(Among these reserves, the Talamanca reserve had already been identified under the terms of the aforementioned Executive Decree number 5904 of once de marzo de mil novecientos setenta y seis). Furthermore, pursuant to Articles 14 and 15 of the Decree under consideration, the Executive Branch stated that the matters regulated thereby were of public interest and that CONAI had the duty to prepare a census of Costa Rica’s Indigenous population as soon as possible, which was also to be kept permanently up to date. Accordingly, the land owned by these communities having been recognized as indicated, just over a year later the Ley Indígena, number 6172 of veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), was enacted; pursuant to Article 11 thereof, it repealed all prior legislation insofar as such legislation conflicted with it. On that occasion, and without prejudice to what the legislature had enacted when the Ley de Tierras y Colonización entered into force—which would otherwise have been rendered unsystematic by deeming it repealed—Article 1, read in conjunction with Article 2 of this subsequent statute, now in accordance with the provisions of Convention 107 of the International Labour Organization concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations, provided that the Indigenous reserves (reservas indígenas) are owned by those communities and that all of them were to be registered in the Registro Nacional in their names, rather than in the name of ITCO.

It was likewise established that, once the boundaries of those territories had been “recognized” by the State, their area could not be reduced except by means of a law of the Republic. It was further stipulated that these communities would have full legal capacity (capacidad jurídica) to act and would not be considered State entities (Article 4 of the law refers to the Consejos Directivos, administrators, and representatives of these communities). It was also reiterated that these territories are inalienable (inalienables), not subject to acquisitive prescription (imprescriptibles), nontransferable, and reserved exclusively for the Indigenous communities inhabiting them; non-Indigenous persons are not permitted to rent, lease, purchase, or otherwise acquire land or properties located within these reserves, and any conveyance or transaction involving land or improvements thereon within the Indigenous reserves between Indigenous and non-Indigenous persons is absolutely null and void (absolutamente nulo), with the corresponding legal consequences.

Separately, pursuant to the regulations implementing the Ley Indígena, Executive Decree number 8487 of veintiséis de abril de mil novecientos setenta y ocho, published in the Diario Oficial “La Gaceta” number 89 of diez de mayo de mil novecientos setenta y ocho, Article 3 stated: “For the exercise of the rights and fulfillment of the obligations referred to in Article 2 of the Ley Indígena, the Indigenous Communities shall adopt the organizational structure provided for in Law No. 3859 governing the Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad and its Regulations.” Article 10 of those same regulations stated: “To guarantee the rights governed by Articles 3 and 5 of the Law, the President of the Asociación de Desarrollo Integral shall appear, personally or through an attorney-in-fact or Delegate, as soon as possible after the violation has occurred, submitting the certification showing the registration of the Reserve, in order to institute the corresponding legal action before the competent official.” Subsequently, pursuant to Executive Decree number 13568 of 30 de abril de 1982, published in the Diario Oficial “La Gaceta” number 94 of diecisiete de mayo del mil novecientos ochenta y dos, Article 1 provided that the Asociaciones de Desarrollo Integral have legal representation (representación legal) of the Indigenous Communities and act as their local governments.

Reinforcing all of the foregoing, on tres de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992), Law number 7316, published in the Diario Oficial “La Gaceta” number 234 of cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, was enacted, approving the International Labour Organization’s “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,” which specifically regulates the matter of Indigenous property. Article 2.1 of that instrument reads as follows: “Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, coordinated and systematic action to protect the rights of those peoples and to guarantee respect for their integrity.” Subsection 2) of the same article states: “2. Such action shall include measures: (a) ensuring that members of those peoples benefit on an equal footing from the rights and opportunities that national laws and regulations grant to other members of the population; (b) promoting the full realization of the social, economic, and cultural rights of those peoples, with respect for their social and cultural identity, their customs and traditions, and their institutions; (c) assisting the members of the peoples concerned in eliminating socioeconomic disparities that may exist between Indigenous members and other members of the national community, in a manner compatible with their aspirations and ways of life.” Other provisions of the Convention that are relevant are quoted below.

Article 3 states: “Article 3.- 1. Indigenous and tribal peoples shall fully enjoy human rights and fundamental freedoms, without hindrance or discrimination. The provisions of this Convention shall apply without discrimination to the men and women of those peoples; 2. No form of force or coercion shall be used that violates the human rights and fundamental freedoms of the peoples concerned, including the rights contained in this Convention.” Article 4 provides that the State shall ensure that: “1. Such special measures as may be necessary shall be adopted to safeguard the persons, institutions, property, labor, cultures, and environment of the peoples concerned. 2. Such special measures shall not be contrary to the freely expressed wishes of the peoples concerned. 3. The enjoyment, without discrimination, of the general rights of citizenship shall not be impaired in any way as a consequence of such special measures.” Article 5 states that governments shall act as follows: “In applying the provisions of this Convention: (a) the social, cultural, religious, and spiritual values and practices of these peoples shall be recognized and protected, and due account shall be taken of the nature of the problems they face both collectively and individually; (b) the integrity of the values, practices, and institutions of these peoples shall be respected; (c) policies aimed at mitigating the difficulties experienced by these peoples in facing new conditions of life and work shall be adopted with the participation and cooperation of the peoples concerned.” The ownership of these groups over the areas comprising their territories was specifically addressed in this Convention, and in this regard Article 13 states: “1.

In applying the provisions of this Part of the Convention, governments shall respect the special importance to the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both, as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of that relationship. 2. The use of the term ‘lands’ in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which covers the entire habitat of the regions that the peoples concerned occupy or otherwise use.” (Emphasis not in the original). Article 14, subsection 2), reads: “2. Governments shall take such measures as may be necessary to identify the lands traditionally occupied by the peoples concerned and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession (propiedad y posesión). 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims (reivindicaciones de tierras) submitted by the peoples concerned.”-

  1. 2) On the scope of Article 5 of the Ley Indígena. As most relevant for purposes of this ruling, Article 5 of the Ley Indígena provided: “In the case of non-Indigenous persons who are owners or good-faith possessors (poseedores de buena fe) within Indigenous reserves, ITCO shall relocate them to other similar lands if they so desire; if it is not possible to relocate them or they do not accept relocation, it shall expropriate their property and compensate them in accordance with the procedures established in the Ley de Expropiaciones. / The expropriation and compensation studies and procedures shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. / If non-Indigenous persons subsequently invade the reserves, the competent authorities shall immediately proceed with their eviction (desalojo), without payment of any compensation whatsoever. / The expropriations and compensation shall be financed through a cash contribution of one hundred million colones, to be allocated in four annual installments of twenty-five million colones each, the first beginning in 1979; those installments shall be included in the general budgets of the Republic for 1979, 1980, 1981 and 1982.The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Contraloría General de la República.” In the majority opinion of this Court, the following considerations are necessary. As regards this article, the law appears to have acknowledged—or at least is worded in such a manner as to presuppose a fact deemed certain by the Legislature—namely, that when it entered into force there were indeed non-Indigenous persons possessing or holding title, in good or bad faith (mala fe), to areas within the territories of Indigenous reserves, and that, in order to fulfill the commitments undertaken by the State, particularly those stipulated in Article 11 of Convention No. 107 of the International Labour Organization, they had to be removed. Thus, assuming that the reserve had been duly delimited, the article under consideration established, as a matter of logical inference, that these non-Indigenous possessors first had to be identified as possessors of land within the reserve.For these purposes, this judicial authority understands with complete clarity that the Administration must have a clear delimitation of the land areas comprising the Indigenous reserve, exclusively in accordance with the respective Executive Decree issued for that purpose recognizing it as such, and wholly independently of the registry information derived from the Registro Nacional; although, of course, the preparation of the corresponding survey plans and the registration of the properties in the names of the respective associations are prerequisites for subsequently determining which non-Indigenous person is located within the reserve, or any potential legal situations arising from the property’s registry status. Before the Ley Indígena entered into force, delimitation of those lands was the responsibility of INDER, in coordination with CONAI, as it is now under the regulations currently in force and, of course, in coordination with the Indigenous communities themselves and every other public authority involved, including the State itself, through the proper exercise of conventionality control (control de convencionalidad) in the field of human rights.Second, based on the areas comprising the reserve, once duly delimited, population censuses would then have to be conducted to identify the presence of non-Indigenous persons therein (a task incumbent upon CONAI, together with the Indigenous communities), whether those third parties exercise acts of possession or appear in the registry as holders of any right over the territories—including possible registry overlaps—so the property’s registry and/or cadastral status is mandatory. Third, for purposes of carrying out physical removal through police action, administrative eviction (desalojo administrativo), or, as applicable, before eviction or placement in possession (puesta en posesión), paying compensation through expropriation proceedings (proceso expropiatorio) to every non-Indigenous person in the reserves, the variables established in Article 5 of the Ley Indígena as determining whether one course of action or another must be followed would first have to be established, depending on whether the acts or rights exercised by third parties were carried out in good or bad faith.The rules contained in Articles 17 through 22 of the Código Civil undoubtedly provide the standard for that determination, without prejudice to the body of rules systematically analyzed up to this point in this instrument, under which every act performed after the Ley Indígena entered into force and, at least by virtue of its provisions, becomes, as a matter of principle and by operation of law, null and void (nulo), because it concerns property outside the stream of commerce (inmuebles fuera del comercio de los hombres). Of course, the date on which each reserve was created is also a factor that must be weighed, as is whether, despite the absence of demarcation, the non-Indigenous person could have known that the property might form part of Indigenous territory. Fourth, in the case of bad-faith possessors, their removal (a police action) or immediate eviction must be carried out through the legal channels provided for that purpose (administrative ejectment proceedings (desahucio administrativo)); no compensation whatsoever would be payable for this purpose.In the case of persons who are registered holders of title or of any real right (derecho real), who possess a title and hold it in bad faith, the action provided for by the legal system should be pursued to remove the corresponding title from the legal order, so that the respective eviction may subsequently be carried out. If the title was granted in the exercise of an administrative power—titling by a public authority, among other means—this would require, as applicable, an action for declaration of injury to the public interest (acción por la vía de la lesividad), without prejudice to the provisions of Article 173 of the Ley General de la Administración Pública or to a direct action brought by the holder of the affected right. In the case of non-Indigenous persons, whether mere possessors or registered holders of title and/or any real right over the property, provided that they are acting in good faith, INDER must offer them an alternative for relocation to lands that are, insofar as possible, equivalent to those within the Indigenous reserves affected by those third parties.The lands used for relocation must undoubtedly be selected from those available to the Instituto de Desarrollo Rural, both for its ordinary statutory purposes and for these particular purposes under the Ley Indígena, since the authority to allocate lands for the protection of Indigenous communities had long been vested in the then ITCO, even before the Ley Indígena entered into force, as noted supra. Relocation, however, is appropriate only if voluntarily accepted by the private party and if it is possible; otherwise, expropriation proceedings must be initiated, and the ensuing procedure and any subsequent judicial proceedings would be the responsibility of the Instituto de Desarrollo Rural, using its own budget for that purpose, except solely as regards payment of compensation when appropriate, which shall be charged against the funds to be administered by CONAI. For those purposes, INDER must carry out the procedures necessary to complete the preparatory acts for the respective administrative procedure and judicial expropriation proceedings, including full identification of the property concerned, its valuation, and, where applicable, the declaration of public interest (declaratoria de interés público), without prejudice to the assistance that other public entities and, of course, the Poder Ejecutivo itself may provide; in the opinion of the majority of the members of this Court, the legal system has never understood the latter to be detached from these duties in the direct application of international law.Thus, the funds allocated by the Poder Ejecutivo to CONAI pursuant to the final paragraph of that provision shall be used exclusively for payment of compensation, so that, while properly administered by the Commission, it must keep them available for use when it becomes appropriate to compensate the corresponding person, upon INDER’s request and when legally warranted, all within an appropriate and efficient framework of coordination. Accordingly, it may be said that the Legislature made use of what was then called the Instituto de Tierras y Colonización—presumably because of the operational platform available to its organization—later the Instituto de Desarrollo Agrario and now the Instituto de Desarrollo Rural, whose legal duties remain in force to delimit the lands comprising the Indigenous reserves in accordance with [sic] Executive Decree No. 5904 of once de marzo de mil novecientos setenta y seis, and to provide the lands necessary to relocate non-Indigenous persons when appropriate, for which purpose it must draw upon the lands available to it.In the event of expropriation, account must be taken of the particular interest to be pursued by the declaration of public interest, which is an indispensable prior action. In these cases, the public interest, certainly pursuant to Article 45 of the Constitution, reflects the discharge of State obligations imposed by the body of applicable law (bloque de legalidad) and, to that extent, the protection of the public interest associated with safeguarding Indigenous culture in connection with property rights; but it also simultaneously serves a private community or collective interest, insofar as it seeks to preserve the integrity of the exclusive property right vested in Indigenous communities through their representative organizations. It is therefore not an institutional interest, but rather a means of preserving the property rights of specific vulnerable groups within the population that have traditionally faced risk and constant violations of their property rights, as the Legislature and the Poder Ejecutivo themselves have expressly acknowledged.As regards the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, that public organization is responsible, as stated, for conducting population censuses within Indigenous reserves, once those reserves have, of course, been clearly delimited by INDER, without prejudice to the manner in which it must proceed when there is no doubt as to the areas comprising the reserve concerned. In this regard, the majority of this Court considers that CONAI’s administration of the funds with which it should have been provided by the Poder Ejecutivo in accordance with Article 5 of the Ley Indígena, and the availability of those funds exclusively for payment of compensation in proceedings handled by INDER, were intended to provide the financial basis for such payments. The foregoing presupposes that INDER must submit a formal request to CONAI for those purposes when appropriate, and for as long as the funds allocated for that purpose by the Legislature and charged to the Poder Ejecutivo remain available. If they prove insufficient, the shortfall must be provided by the Poder Ejecutivo, following the same legislative formula and to the extent necessary.

The possibility that the originally projected budget may prove insufficient merely means that this circumstance does not extinguish the original obligation, attributable solely to the central government, to provide the resources necessary to ensure full compliance with the Ley Indígena and international law. Once there are no non-Indigenous persons remaining to be compensated within the reserves, it is clear to this Court that the provision contained in the cited section—a programmatic provision—will cease to be in force, insofar as its intended purpose will already have been fulfilled. Should that eventual situation arise, it should be possible to affirm that the Indigenous communities’ exclusive right of ownership, to the exclusion of all others, has been effectively realized, without prejudice to future oversight of its integrity. Accordingly, fulfillment of these specific purposes requires the State, CONAI, and INDER to undertake intensive and systematic coordination in discharging obligations and exercising powers that are neither exclusive nor mutually exclusive, but rather joint, coordinated, and interdependent.

None of these authorities may neglect the active role imposed upon them by the legal system, including the legal, registry, and physical delimitation of the reserves; the conduct of population censuses; and the identification and location of non-Indigenous possessors or holders of any right over the properties concerned. In each specific case, they must determine whether such right or possession is held in good faith, so as to proceed, where appropriate, with compensation alone and/or, as applicable, with compensation following the corresponding expropriation (expropiación) proceedings and the subsequent removal or eviction (desalojo) of the person from the property, as well as placing the titleholder in effective possession of the land. It should be noted that if any of the authorities involved fails to fulfill its legal role or duty, it will prevent, or at least substantially impair, the others from doing so.—” This Court fully adopts everything transcribed above, which makes it possible to understand the evolution of the protection afforded to the territories occupied by Indigenous populations in Costa Rica.

Based on the foregoing, it is essential in this matter to determine whether the plaintiff falls within the circumstances contemplated in Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), since Ms. Cantillano’s claim for compensation may be granted only if those elements are established. Regarding the requirements set forth in the aforementioned Article 5, and in addition to what has already been transcribed, judgment number 00105-2020-VI of the Sixth Section, issued at 14:15 hours on 28 de agosto del 2020, held:

“VI.- REQUIREMENTS FOR COMPENSATION FOR LAND RIGHTS LOCATED IN INDIGENOUS RESERVES.- In analyzing the matter, we must consider the provisions of the national legal system concerning the requirements for compensating the rights of non-Indigenous persons located in Indigenous reserves, according to the boundaries established for that purpose, whether by statute or by Executive Branch decrees. This issue has already been addressed consistently and repeatedly by this Court on various occasions, including, for example, judgment number 74-2013-VII, issued at diez horas treinta minutos on veintinueve de octubre del dos mil trece, by the Seventh Section; judgments 38-2016-VI, issued at diez veinticinco minutos on ocho de marzo, and 66-2016-VI, issued at quince horas on veintiuno de abril, the latter two issued in el año dos mil dieciséis; judgments 15-2019-VI, issued at ocho horas treinta minutos on trece de febrero del dos mil diecinueve, and 86-2020-VI, issued at quince horas cincuenta minutos on treinta de junio del dos mil veinte, the latter judgments issued by the Sixth Section; and judgment number 23-2019-IV, issued at once horas dieciocho minutos on veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, by the Fourth Section, all of the Administrative Litigation Court (Tribunal Contencioso Administrativo). The following guidelines governing the decision in this matter may be inferred from those precedents.

First: With respect to the Indigenous reserves established and recognized in our country, it must be reiterated that these lands are designated for the exclusive use of Indigenous peoples and, as such, are withdrawn from private commerce; that is, they are inalienable, not subject to acquisitive prescription (imprescriptibles), and ‘non-transferable,’ because by statutory mandate they are designated ‘... exclusively for the Indigenous communities that inhabit them,’ and it is clarified that ‘(N)on-Indigenous persons may not rent, lease, purchase, or otherwise acquire lands or properties located within these reserves’; pursuant to Article 3 of the Indigenous Law (Ley Indígena), number 6172, dated veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y siete. Consequently, this is a special system of ownership, insofar as it differs from the concept of private property established in the national legal system under Article 45 of the Constitution (Carta Fundamental) and ordinary legislation—whether civil, urban-development, or agrarian law—and, because of the restrictions it imposes on non-Indigenous persons, it entails limitations on the ordinary incidents of the right of (private) ownership, under the terms established in Article 264 of the Civil Code (Código Civil), since, as stated, it is a distinct system that excludes non-Indigenous persons.

Second: As this Court has already indicated, entitlement to compensation is contingent upon the concurrence of several elements, as provided by the regulations governing this subject. In this regard, insofar as relevant to this matter, judgments number 15-2019-VI, issued at ocho horas treinta minutos on tres de febrero, number 23-2019-VI, issued at once horas dieciocho minutos on veintinueve de marzo, both from dos mil veinte, and 86-2020-VI, issued at quince horas cincuenta horas on treinta de julio del dos mil veinte, stated the following:

‘a) Material element: The first requirement, which is logically of paramount importance in this type of case, is that the land whose expropriation and compensation are sought must be geographically located within the area of an Indigenous Reserve. This requires a case-by-case analysis to determine that geographic correspondence. This aspect may be established in various ways, as it may be supported by a certificate issued by the relevant administrative authorities, as well as by technical evidence, including expert topographic analyses, satellite topographic surveys, and documents from the Instituto Geográfico Nacional, among others. What is decisive in this regard is determining that the land belongs to an Indigenous-reserve area, a conclusion that cannot be limited to any particular type of evidence. b) Subjective element: On the one hand, the person whose property is expropriated must be a non-Indigenous person who holds title to, or possession of, a parcel of land located within the boundaries of the Indigenous Reserve; in the latter case, provided that possession was exercised in good faith (buena fe) under the Civil Code.

This means that where possession was exercised in bad faith (mala fe), there is no right to compensation whatsoever, an issue that must be assessed in each case based on the evidence entered into the case file (expediente). In this regard, one example is the acquisition of land from an Indigenous person, in which case that circumstance would give rise to a presumption of knowledge that the lands formed part of the communal property (propiedad comunitaria) system applicable in this area. Accordingly, if the possessors are not in good faith, the administrative authorities must immediately proceed with eviction from the property, without recognizing any right to compensation. c) Temporal element: Likewise, the provision implies a temporal rule that conditions the granting of the corresponding compensation, in the sense that registered title to the land or the exercise of possession must have commenced before the area in which the specific property is located was included within the Indigenous Reserve zone.

Thus, the date of registration of the property or its corresponding acquisition (provided that the transfer was made by a person who was not Indigenous), or the commencement of possessory acts (actos posesorios), must have occurred before the respective area was declared an Indigenous reserve. Following that declaration, made through Law No. 6172, or an expansion of the boundaries of the respective reserve (where the land at issue did not form part of the original area of those reserves), pursuant to the restriction imposed by the aforementioned Article 3, those acts transferring title or possessory rights (derechos de posesión) shall be absolutely null and void and, therefore, unenforceable in the compensation proceeding discussed herein, because their subject matter would be property already subject to a statutorily imposed restriction and therefore withdrawn from private commerce. This follows from the aforementioned Article 3, which provides: “...

Non-Indigenous persons may not rent, lease, purchase, or otherwise acquire lands or properties located within these reserves. (...)” That provision allows property transactions only among Indigenous persons and renders void contracts entered into between Indigenous and non-Indigenous persons, as well as acquisitions by non-Indigenous persons of land that has been declared part of a reserve. Therefore, once the reserve has been established and its area delimited, it is not possible to obtain title to land or transfer title to property located within that area. For this purpose, the governing reference is none other than the statute or Executive Decree defining the boundaries of each reserve, or the provision expanding the territorial parameters previously established. In other words, for these purposes, it is necessary to consider the formal act that subjects the non-Indigenous person’s lands to the restriction, through an administrative declaration of intent (declaración de voluntad administrativa) defining that portion of land as part of the Indigenous zone.

It bears reiterating that, regardless of the date of acquisition, Article 3 itself establishes that transfers from an Indigenous person to a non-Indigenous person are ipso jure null and void (de pleno derecho); in such a case, it is evident that, because the instrument transferring title (título traslativo de dominio) is invalid, the compensation at issue would not be available. Likewise, this element also affects the analysis of the good-faith component because, once the declaration subjecting the property to the restriction has been made and that circumstance appears as a notation in the property registry (margen registral), acts acquiring title or possession shall not be deemed to have been undertaken in good faith and, therefore, no monetary compensation shall be available. …’ (Emphasis in the original.)

Third: Thus, the national legal system itself established mechanisms or instruments for the benefit of owners or possessors “in good faith” of real property incorporated into Indigenous reserves, in accordance with the boundary demarcation established for each Indigenous reserve by law or by the Executive Branch. First, it provided for relocation “to other similar lands” and, if this were not possible or the affected party did not consent, for expropriation and compensation through the ordinary procedures established in the Ley de Expropiaciones. For this reason, it is important to define what is meant by an owner or possessor in good faith, since satisfaction of this prerequisite gives rise to the corresponding compensation, safeguarding the right to property under Article 45 of the Political Constitution. Thus, registered ownership or possession of the property is not sufficient to create this obligation on the part of the Administration.

In this regard, the principles contained in Articles 17 through 22 of the Civil Code, in relation to Articles 10 and 131.3 of the Ley General de la Administración Pública, serve as a reference (benchmark). Under those principles, it is absolutely prohibited to seek legal effects that are not permitted or are prohibited by the legal system, such as attempting an antisocial exercise or abuse of rights with respect to private parties, or misuse of powers (desviación de poder) in the case of the Public Administration. In the field of Administrative Law, and therefore in legal-administrative relationships, a rule “… must be interpreted [and applied] in the manner that best ensures fulfillment of the public purpose toward which it is directed, with due respect for the rights and interests of the private party,” as stated in the aforementioned Article 10 of the Ley General de la Administración Pública.

In this matter, and pursuant to the governing regulations, only rights (of ownership or possession) acquired by non-Indigenous persons before that demarcation—and, consequently, before those lands became subject to the legal regime of Indigenous ownership—may be deemed to have been acquired in good faith and therefore give rise to the corresponding compensation for the private-property right and for the damages caused by that designation. Conversely, it may reasonably be concluded that any act transferring or disposing of property within Indigenous reserves, carried out after the lands comprising the respective Indigenous reserve have been identified—pursuant to a demarcation made either by the Legislative Assembly through legislation or by the Executive Branch through a decree issued for that purpose—is, as a matter of principle and by operation of law—Article 5 of the Ley Indígena—null and void because it concerns real property that is not subject to private commerce.

In this regard, it must be specified that a direct effect of this restriction on the disposition of territories declared to be Indigenous reserves is that non-Indigenous persons may not lease, rent, purchase, or acquire land or properties located within Indigenous reserves; and if acts of disposition (purchase, sale, or any other kind) are carried out after a territory has been declared an Indigenous reserve, those acts are absolutely null and void, as expressly provided by Article 3 of the Ley Indígena […]

In this regard, we must recall that decrees creating Indigenous reserves, like all other regulatory provisions, are published in the Official Gazette, La Gaceta, and such publication is sufficient to provide notice to the citizens and population of the Nation. In principle, in view of the principle of initial registration (inmatriculación) of public-domain property, this designation would not require any subsequent notation in the Public Property Registry. Nevertheless, because this is a special property regime—as already noted, it differs from the private-property regime, since it has a special legal character, is communal to Indigenous peoples, and permits transfers between Indigenous persons—it is understood that this designation must at least be defined and recorded in a public document, such as the respective designation decrees, and, accordingly, specified at least in some study or survey plan.

Therefore, any transfer or occupation occurring after the area of the Indigenous reserve has been demarcated must be deemed to have been undertaken in bad faith, in which case the person must be expelled (police action) or immediately evicted through the legal procedures established for that purpose (administrative eviction [desahucio administrativo]); consequently, no compensation whatsoever may be awarded.” This quotation is relevant because it makes it possible to systematize the need to prove three elements in order to grant the requested compensation: a substantive element, a subjective element, and a temporal element, which we will analyze below.

As to the substantive element—namely, that the land for which expropriation and compensation are sought must be territorially located within the area of an Indigenous reserve—in this case, the plaintiff acknowledged in the complaint itself that the entirety of her land lies within the territory of the Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles). This is corroborated by the document dated 2 de junio de 2008 from the Executive Director of Conai and addressed to the Municipalidad de Talamanca (proven fact number 4), and by official letter number IRT-0836-2018, dated 4 de octubre de 2018, from Eng. Jimmy Garita Hernández, Head of Land Information and Registration at INDER, which stated: “In response to official letter AJ-L-284-2018, concerning judicial case file N.º 15-007359-1027-CA, which relates to property 90980 in the Limón registry district, I hereby report the following: / I do not know when the parcel was created on the land with the shape and dimensions under which it was ultimately registered. / Based on the location shown on the survey plan representing it, the parcel is affected by the Kekoldi Indigenous territory, in the sector covered by decree number 7267 dated 9 de agosto de 1977. / The registry study indicates that property 90980 derives from property 39050; however, in the place where it is located, there is another property registered in the name of Inder, namely property 1050. / A sketch showing the location of the survey plan and each of the Indigenous Territory decrees is attached” (proven fact number 8).

In view of the foregoing, this panel has no difficulty finding that this first element has been proven. The situation is more complicated with respect to the subjective and temporal elements. As follows from the quoted text, the subjective element contains two constituent requirements: first, the person must be non-Indigenous; and second, the person must hold title to or possession of a tract of land, provided that possession was exercised in good faith under the Civil Code. The temporal element, in turn, requires that registered title to the land or the exercise of possession have begun before the area in which the specific property is located was included within the Indigenous Reserve zone. We say that proof of these elements is complicated because the plaintiff bases her title, among other things, on the award made in favor of both her and her late husband by the former IDA, now the Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, at session number 074-99 held on 13 de octubre del 1999, Article number XIV, concerning the land identified as parcel number 7-A-107 (proven fact number 1), as well as on the subsequent registration process carried out through public deed number thirty, executed before notary Federico Villalobos Chacón at 10:00 on 29 de octubre del 1999 (proven fact number 2).

This led to the registration, dated 16 de marzo de 2000, in the plaintiff’s favor of right 002 over property number 90980, located in district 2, Sixaola, canton 4, Talamanca, Province of Limón, under survey plan L-0505554-1998, corresponding to one-half of the property disputed in this case (proven fact 3). These original actions by what is now Inder—approving the awards—by the notary responsible for formalizing the transfers, and by the Registro Nacional in creating the property at issue are precisely what is being challenged through the action seeking annulment of a favorable administrative act (acción de lesividad) joined to the present case. Inder maintains that it should never have awarded that parcel to the plaintiffs because it has formed part of the reserve since the demarcation established by Decreto Ejecutivo number 7267 dated 9 de agosto de 1977. In light of this situation, this Chamber considers that, in order to determine whether the plaintiff’s possession and title were held in good faith and whether the land was included in the Reserve at the time it was acquired, it is first necessary to clarify whether Inder’s original actions complied with the law.

To that end, the action filed by Inder must be analyzed. Accordingly, and to make the reasoning underlying this decision clear, the general principles governing such an action will be discussed below, followed by an analysis of whether the requirements have been met in this specific case, as well as of the objections raised by the plaintiff regarding the procedure followed and the validation of title through the passage of time. Once those issues have been resolved, the analysis of the subjective and temporal elements will be resumed in order to determine whether the plaintiff, Cantillano Obando, is entitled to compensation.

GENERAL FEATURES OF PROCEEDINGS FOR ANNULMENT OF AN ADMINISTRATIVE ACT PREJUDICIAL TO THE PUBLIC INTEREST (PROCESO DE LESIVIDAD).- As a starting point, it should be emphasized that, in general terms, proceedings for annulment of an administrative act prejudicial to the public interest are a judicial mechanism through which the legislature authorized Public Administrations to seek the annulment of acts conferring subjective rights (actos declaratorios de derechos subjetivos) that they themselves had issued. In these types of judicial proceedings, the validity of specific formal administrative conduct (conducta formal concreta) that has created subjective rights in favor of an affected party—whether a natural or legal person—is examined. It is precisely for this reason that the mandatory participation of the addressee of the act whose nullity is sought is necessary, in order to guarantee not only adversarial proceedings (contradictorio), but also the timely exercise of the right of defense.

In our legal system, Article 34 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA) establishes the preliminary requirements and procedural rules governing this mechanism; however, that provision must be read in conjunction with sections 173.6 and 183 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP) in order to obtain a complete overview of the subject under consideration. A harmonious reading of those provisions leads to the conclusion that, in this type of proceeding, active standing (legitimación activa) is granted to the Administration that issued the challenged act, while passive standing (legitimación pasiva) rests with the affected party to whom the effects of that formal administrative conduct are addressed. This is because, as stated above, proceedings for annulment of an administrative act prejudicial to the public interest constitute a mechanism for the legal elimination of specific administrative acts that create subjective rights, insofar as they are substantively inconsistent with the legal system—acts vitiated by absolute or relative nullity (nulidad absoluta o relativa)—(Articles 128, 158, 165, and related provisions of the LGAP).

Thus, proceedings for annulment of an administrative act prejudicial to the public interest provide an additional safeguard for the affected party: pursuant to the principle that an Administration’s own acts may not be disregarded (principio de intangibilidad de los actos propios), the Administration may not, on its own, eliminate the effects of an act conferring subjective rights. Rather, only through these proceedings and by a judicial body independent of the Administration that issued the act sought to be annulled as prejudicial to the public interest may such rights-creating acts be eliminated. It is also important to recall that, in addition to the foregoing, the highest-ranking hierarchical authority (superior jerárquico supremo) of the respective Public Administration—which issued the challenged formal administrative conduct—must declare the act prejudicial to the public interest (declarar la lesividad del acto) when public, economic, or other interests have been adversely affected.

Furthermore, under our body of applicable law (bloque de legalidad), when the act originates from the Central Administration, the action may be brought only by the Procuraduría General de la República (Article 16 of the CPCA). With respect to the time available both to declare the act prejudicial to the public interest and to bring the judicial proceedings at issue, the CPCA establishes a one-year period, calculated from the day following issuance of the act, within which to make that declaration in administrative proceedings (sede administrativa). This is subject to an exception where the formal administrative conduct in question is vitiated by absolute nullity, in which case, pursuant to section 34.1 of the CPCA, that internal declaration may be made for as long as the effects of the act continue. In such a case, as mandated by that provision, the one-year period is calculated from the cessation of those effects, and any judgment declaring nullity shall do so solely for purposes of annulment and the future inapplicability of the challenged conduct.

Following the declaration that the act is prejudicial to the public interest, the CPCA grants the respective Public Administration a one-year period—calculated from the day after that declaration becomes final—within which to institute administrative litigation proceedings for annulment of the act as prejudicial to the public interest (proceso contencioso administrativo de lesividad)—Article 39 of the CPCA. In summary, as stated above, instituting proceedings for annulment of an administrative act prejudicial to the public interest and obtaining a ruling on the merits (pronunciamiento sobre el fondo) require: i) the existence of a specific, final administrative act conferring subjective rights; ii) that such formal administrative conduct be vitiated by absolute or relative nullity; iii) that the act in question have been declared prejudicial to public, economic, or other interests in administrative proceedings by the highest-ranking hierarchical authority of the Administration that issued it; iv) that such declaration be made within the one-year period established in section 34 of the CPCA—except with respect to the protection of public-domain property (bienes de dominio público), which is not subject to a limitation period—section 34.2 of the CPCA; v) that the administrative litigation proceedings for annulment of the act as prejudicial to the public interest be brought by the Public Administration that issued the act within the one-year period established in section 39.1.e) of the CPCA—subject to the aforementioned exception concerning public-domain property—and/or that the act contain defects of absolute nullity whose effects continue over time. The Tribunal will examine compliance with precisely these requirements concerning prejudice to the public interest at a later stage in order to determine whether the request for nullity is warranted.

HARMFULNESS TO THE PUBLIC INTEREST (LESIVIDAD) IN THE SPECIFIC CASE.- From an exhaustive analysis of the record and the evidence submitted by the parties and appended to the judicial case file, this Tribunal concludes that Article XIV of Session 074-99, held by the former IDA on October 13, 1999, insofar as it concerns the titling of the property in the Limón Registry District, Real Property Folio number 90980, interests 001 and 002, granted at the time in favor of Mr. Eugene Rose Calphen, holder of identity card number 8-0048-0333, and the plaintiff, Ms. Cantillano Obando, identity card number 7-0122-0048, with the corresponding registered survey plan (plano catastrado) number L-0505554-1998, and through which the award, segregation, and transfer of parcel number 7-A-107 of the BIRF project were approved, must necessarily be annulled because it was issued in contravention of the legal system.

The foregoing will also entail the partial annulment of the public deed through which the segregation and transfer of the property were authorized, insofar as it concerns Mr. Eugene Rose Calphen and Ms. Felicia Cantillano Obando, as well as the registration of the property in their names and its subsequent transfers, as will be indicated below, since the initial award made in favor of the plaintiff and her now-deceased husband did not comply with the regulatory requirements established for that purpose by the legal system. Accordingly, after examining the indispensable prerequisites required in proceedings of this type, as emphasized in the preceding recital (considerando), this Chamber determines that the declaration of harmfulness to the public interest made by the plaintiff Administration satisfies the stated requirements, as explained below: i) As noted, there is a specific, final administrative act declaring rights in favor of the person summoned before the courts, namely Ms.

Felicia Cantillano Obando, as well as her now-deceased husband, Eugene Rose Calphen—a right subsequently transferred to Ms. Cantillano—adopted by the IDA Board of Directors in Article XIV of Session 074-99, dated October 13, 1999, which ordered the segregation and transfer of several parcels of the BIRF Project, including parcel number 7-A-107, which ultimately resulted in the titling of the property in the Limón Registry District, Real Property Folio number 90980, interests 001 and 002, described in registered survey plan number L-0505554-1998, with an area of 11 Ha and 4782 m2. Thus, the first prerequisite for harmfulness to the public interest is clearly present: a specific, final administrative act declaring subjective rights (derechos subjetivos) in favor of the awardees of the identified parcel. ii) The aforementioned resolution is precisely the formal administrative conduct sought to be annulled through these proceedings, because INDER considers that it is affected by defects rendering it absolutely null and void (vicios de nulidad absoluta) due to failure to comply with the requirements necessary for its adoption.

In this regard, this Tribunal finds that, as argued by the plaintiff entity, the resolution adopted at the time by the Board of Directors of the former IDA contravened the legal system and therefore contains defects rendering it absolutely null and void that have persisted over time and must be reversed. First, it should be emphasized that although the Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, number 7599 of April 29, 1996, was declared unconstitutional by decision number 8560-2001 at 15:37 hours on August 28, 2001, it was in force when the former IDA awarded parcel identified as number 7-A-107 and therefore served as the basis for that administrative act. However, based on the evidence submitted by INDER and described in proven fact 4, but particularly in proven fact 8 (official letter number IRT-0836-2018, dated October 4, 2018, from Eng. Jimmy Garita Hernández, Head of Información y Registro de Tierras of INDER), it must be deemed established in this matter that “According to the location shown on the plan representing it, the parcel is affected by the Kekoldi Indigenous Territory, in the sector covered by decree number 7267 dated August 9, 1977.” In other words, when IDA resolved to transfer parcel number 7-A-107 to the plaintiff and her deceased husband, those properties already formed part of the Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles) and were protected by the inalienability (inalienabilidad) established in Articles 3 and 5 of the Ley Indígena.

That protection results in the annulment of any transaction seeking to dispose of those properties, even if it originates from a public authority such as INDER. As this Tribunal stated in decision 0074-2013, transcribed above, “Where title has been granted in the exercise of an administrative power (titling by a public authority, among others), this would require an action for annulment based on harmfulness to the public interest, where appropriate, without prejudice to the provisions of Article 173 of the Ley General de la Administración Pública or to a direct action brought by the holder of the affected right.” Within the scope of its authority, INDER has determined that the plaintiff’s entire property has formed part of the Reserve since 1977. The party has presented no evidence against the evidence submitted that would cast doubt upon, or directly contradict, INDER’s determination. As the original defendants asserted, the allegations in the complaint reveal a series of inconsistencies in the plaintiff’s account, since Registry records show that interest 001 in the property at issue was not registered in her name until March 6, 2012 (proven fact 7), whereas interest 002 was registered in her name on March 16, 2000 (proven fact 3).

The record contains no evidence whatsoever of the possession alleged since 1982, of acts of use and enjoyment of the property, or of original possession predating 1977 that was transferred to the plaintiff or her husband. Nor is there evidence that, as the party alleges, the property was incorporated into the Reserva Indígena through its penultimate modification in 1996. The evidence submitted by INDER, on the other hand, establishes with sufficient credibility that parcel number 7-A-107, corresponding to property number 90980, interests 001 and 002, has formed part of the Reserva Indígena Kekoldi since 1977. This renders the content of the administrative act transferring the property to the plaintiff and her deceased husband unlawful, and the award based thereon is therefore null and void. In addition to the foregoing, and in response to the arguments of the plaintiff’s representative, it is important to emphasize that the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, in decision 8560-2001 of August 28, 2001, annulled Ley N° 7599 in its entirety, limiting the effects of the judgment “in the sense that the declaration of unconstitutionality does not affect persons who obtained title to their lands under the Law now declared unconstitutional, provided that the three-year period for challenging the effects of that declaration has elapsed.” Consequently, the three-year validation period (plazo de convalidación) from the date of the award in favor of the plaintiff, which occurred on October 13, 1999, was likewise not satisfied, because by the date on which the aforementioned Ley N° 7599 was annulled, namely August 28, 2001, that period had not elapsed, contrary to the argument made by Ms.

Cantillano’s representative. Those arguments must therefore be rejected as unfounded. iii) This Tribunal also deems established, as previously described, the declaration of harmfulness to the public interest made by INDER’s highest-ranking authority, pursuant to Article 34.2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and section 176 et seq. of the Ley General de la Administración Pública. The record shows that, by a resolution adopted by its Board of Directors in Article number XXXVI of Ordinary Session 31, dated October 8, 2018, the following was provided: “Official letter AJ-425-2018, signed by Lic. Francisco Villegas Ramírez, Attorney for Asuntos Jurídicos, and Máster Patricia Calderón Rodríguez, Director of Asuntos Jurídicos, is submitted for the information and consideration of the members of the Board, concerning an Urgent Request for Proceedings for Harmfulness to the Public Interest regarding Lot 7-A-107, ‘BIRF’ Titling Project, in connection with the Contentious-Administrative proceeding being processed under case file number 15-007359-1027-CA.

Official letter AJ-L-288-2018 is also attached in response to the Resolution adopted by the Board of Directors in Article 48, Ordinary Session 30, held on October 1, 2018, in which, pursuant to the requested expansion of the opinion, official letter IRT-0836-2018, signed by Eng. Jimmy Garita Hernández, Head of Información y Registro de Tierras, is also attached, establishing the location of property 90980, which is the subject of the proposed declaration of harmfulness to the public interest. / Lic. Francisco Villegas Ramírez, Attorney for Asuntos Jurídicos, enters the Meeting Room to provide an explanation regarding the Contentious-Administrative proceeding being processed under case file number 15-007359-1027-CA.” Accordingly, it was decided: “To adopt the recommendation contained in official letters AJ-L-288-2018 AND AJ-425-2018, signed by Lic. Francisco Villegas Ramírez, Attorney for Asuntos Jurídicos, and Máster Patricia Calderón Rodríguez, Director of Asuntos Jurídicos, and, on that basis, it is resolved: / 1) The resolution adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (now Instituto de Desarrollo Rural), through Article XIV of Session No 074-99, held on October 13, 1999, approving the segregation and transfer of 42 parcels and lots of the ‘BIRF 2764 CR’ Titling Project, is declared harmful to the public interest solely insofar as it concerns parcel 7-A-107, granted in favor of Eugene Rose Calphen, residence card 8-048-333 (now deceased), and Felicia María Cantillano Obando, identity card 7-122-060, because it was improperly titled, as it forms part of the Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), ownership of which, pursuant to Article 3 of the Ley Indígena, is not subject to acquisitive prescription (imprescriptible) and is inalienable, and must be registered in the name of the Asociación de Desarrollo Integral of the respective reserve. / 2) To instruct the Dirección de Asuntos Jurídicos to institute the corresponding proceedings for annulment based on harmfulness to the public interest before the Tribunal Contencioso Administrativo.” As is plainly evident, the INDER Board of Directors fully intended to reverse the award made in contravention of the law and, consequently, to annul the resolution initially adopted through the declaration of harmfulness to the public interest at issue in these proceedings.

In this regard, it should be recalled that the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has stated that “that declaration, at the administrative level, is a mandatory prerequisite to proceedings for annulment based on harmfulness to the public interest, through which the Administration seeks the annulment of one of its own final acts. Without it, the act cannot be challenged in court, because doing so would violate fundamental principles of constitutional origin, such as respect for acquired rights and the doctrine of prior acts (teoría de los actos propios), as well as the principles of legal security and certainty. Accordingly, that declaration predetermines and limits the scope of the complaint” (see in this regard decision N° 415-2003 at 8:30 hours on July 18, 2003, and decision Nº 232-F-2005 at 9:50 hours on April 14, 2005).

  • iv)Now, as to the prescribed period for initiating proceedings to declare an act adverse to the public interest (proceso de lesividad), it must be recalled that, as a general rule, it is one year—according to the circumstances established in subsection 1 of Article 34 of the CPCA—; however, in the case under consideration, the applicable legal basis is Article 34.2 of the CPCA, which specifically provides that no limitation period applies (imprescriptibilidad) where the protection of public-domain property (bienes de dominio público) is concerned, whose characteristics of inalienability (inalienabilidad) and immunity from prescription are shared by lands comprising Indigenous Reserves. By way of clarification, this Court states that it is by no means saying that Indigenous territories constitute public-domain property (bienes demaniales). It has merely noted that the Indigenous collective-property system shares with public-domain property the characteristics of being inalienable and immune from prescription, which makes it possible to extend the provisions of Article 34.2 of the CPCA to this case.

Therefore, in the present case, the declaration that the unlawfully adopted act was adverse to the public interest (declaratoria de lesividad) is not subject to any time limit (a fact tacitly accepted by the party when she withdrew her defenses based on expiration (caducidad) and prescription (prescripción)), much less is its annulment subject to any such limit, because, since the lands are inalienable by virtue of being part of an Indigenous Reserve, no limitation or expiration period could operate against their recovery, as they are subject to a special legal regime and allocated or designated for the specific purpose of protecting the Indigenous population; consequently, they are outside the stream of commerce, in accordance with the judicial precedents extensively cited above. v) In the case under review, we therefore reaffirm that the proceedings were instituted in a timely and proper manner, because, prior to the filing of this action, the highest-ranking authority of the Instituto de Desarrollo Rural declared the agreement sought to be annulled adverse to the public interest.

That declaration is not subject to any time limit because it concerns the recovery of property that had formed part of an Indigenous reserve since before the award and that, as discussed in this judgment, is therefore nontransferable. In accordance with the foregoing, this Court finds it established that the award of parcel number 7-A-107, described in registered survey plan number L-0505554-1998 and measuring 11 Ha and 4782 m2, did not satisfy the requirements prescribed by the legal system. This warrants granting the requested declaration of adverse effect on the public interest and this collegiate body’s declaration of nullity (declaratoria de nulidad) of the act transferring the aforementioned property. By connection, this ultimately includes the deed that gave rise to the registration of parcel number 7-A-107 in favor of Ms. Cantillano and her late husband, as well as the deed ordering the transfer to her of the interest held by her former spouse (solely with respect to that matter), together with the registrations resulting from those deeds.

As an unavoidable consequence in the registry, parcel number 7-A-107 must therefore be restored as part of the parent property, for which purpose the customary court orders shall be issued. The nullity declared herein is based on this Court’s finding that, in the initial award and the authorization of the transfer and registration carried out by the former IDA, the overriding fact was disregarded that parcel number 7-A-107 lay entirely within the Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles) as described in Decreto Ejecutivo 7267 del 9 de agosto de 1977. This removed the parcel from the stream of commerce and rendered the subject matter of the award act impossible. Consequently, because the unlawfulness of the subject matter of the act and therefore its absolute nullity (nulidad absoluta) have been demonstrated, the declaration of adverse effect on the public interest sought by INDER must be granted.

Lastly, and merely for the sake of completeness, this Chamber must rule on the arguments advanced by Ms. Cantillano’s attorney to the effect that the procedure followed by INDER to declare the agreement awarding parcel number 7-A-107 adverse to the public interest is void because it failed to comply with the rules of Article 173 LGAP. That argument must clearly be rejected because the party has confused the two principal avenues available to the Public Administration for reviewing its own acts. Under the rules established in Chapter Six of Title Six of the LGAP, the Administration is, as a matter of principle, barred from annulling through administrative proceedings its own acts that have declared or conferred a right in favor of an administered party (principle of the inviolability of one’s own acts (principio de intangibilidad de los actos propios)). Generally speaking, to set aside an act of this nature, the Administration must seek judicial relief and request that a court declare the act void through the proceedings to declare an act adverse to the public interest governed by Articles 10.5, 34, and 39.2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, as well as Article 183 LGAP.

As previously stated, an indispensable prerequisite is a declaration of adverse effect on the public interest issued by the highest-ranking superior authority of the Administration responsible for the conduct, as occurred in this case. We are not referring to ordinary proceedings (procedimiento ordinario), but solely to a declaration of adverse effect on the public interest as a prerequisite for seeking judicial review to determine, in adversarial proceedings against the holder of the rights granted by the act whose annulment is sought, whether annulment is warranted. Thus, the rights to a defense, a hearing, and due process (derechos de defensa, audiencia y debido proceso) that Ms. Cantillano alleges were violated in the administrative forum are not protected at that stage, but rather before the Contentious-Administrative Court through these proceedings, because the declaration of nullity—that is, the decision that would curtail her sphere of rights by removing from the legal system the agreement under which parcel number 7-A-107 was awarded to her—does not occur through the act declaring the award adverse to the public interest, but through the judgment issued in judicial proceedings after the adversarial process.

Accordingly, to declare an act adverse to the public interest, the Administration is not required to follow the rules of Art. 173 LGAP, because that procedure governs an exceptional mechanism for annulling acts through administrative proceedings without seeking judicial assistance to modify the legal position of the administered party. Under the procedure established by that provision, the Administration may annul through administrative proceedings one of its own acts conferring rights, provided that the act is affected by a nullity that is not only absolute but also evident and manifest. In that instance, because it is an exceptional avenue, the Administration must indeed conduct ordinary proceedings and guarantee at that stage due process and the right of defense of the holder of the right sought to be annulled, and it must then obtain a favorable opinion from the PGR. But the matter before us does not concern review of INDER’s exercise of that authority.

It should be noted that the institution’s Board of Directors merely proceeded to declare the act adverse to the public interest; it did not annul the act administratively. The claims of nullity raised by Ms. Cantillano’s representative therefore lack foundation because of the party’s confusion regarding the procedure employed, and those arguments must accordingly be rejected.

In conclusion, the foregoing requires the annulment of agreement number XIV adopted by the Board of Directors of the then Instituto de Desarrollo Agrario, at Ordinary Session number 074-99, of October 13, 1999, as well as the corresponding deed of conveyance (escritura del traspaso) of the parcel, number 30 of volume 23 of the notarial record (protocolo) of Notary Federico Villalobos Chacón, executed at 10 hours on October 29, 1999, which gave rise to the registration of the property (finca) in the Limón Registry District under property number 90980, rights 001 and 002, right 001 initially in the name of Eugene Rose Calphen and currently registered in favor of Mrs. Cantillano Obando, and right 002 remaining in favor of Mrs. Cantillano, with an area of 11 Ha and 4782 m2, the annulment of which is also ordered herein. By connection (conexidad), deed number 171, executed before Notary Public Rigoberto Jiménez Vega at 11:00 hours on February 23, 2012, must also be annulled, solely insofar as it awarded Mrs.

Cantillano right 001 over property number 90980, located in district 2, Sixaola, canton 4 Talamanca, Province of Limón, under survey plan (plano) L-0505554-1998; as an unavoidable consequence of the registration, parcel number 7-A-107 must revert to and form part of the parent property (finca madre), for which purpose the customary writs (mandamientos de estilo) shall be issued. Until this judgment becomes final (adquiera firmeza), the precautionary measure (medida cautelar) consisting of the notice of pending litigation (anotación de demanda) against the rights in the property in question, ordered by ruling at 8:57 hours on December 6, 2018, shall remain in place in order to provide adequate protection to the indigenous property at issue in this matter. Additionally, as an unavoidable consequence of the provisions of this decision, the third claim in the complaint is granted, and Mrs. Cantillano Obando, or any other natural or legal person occupying the property, is therefore ordered to vacate (desalojo) parcel 7-A-107, corresponding to the Province of Limón, property number 90980, rights 001 and 002, survey plan number L-0505554-1998, and possession thereof shall be delivered to the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), within one month after this decision becomes final.

COROLLARY REGARDING THE CLAIM FOR COMPENSATION.— Having declared null and void the agreement pursuant to which the claimant and her late husband were awarded the parcel for which compensation is now sought, and as indicated in the preceding recitals (considerandos), it is necessary to return to the question of whether the claimant satisfies the parameters established by Article 5 of the Ley Indígena in order to receive compensation as the good-faith holder of a right predating the establishment of the reserve. As is readily apparent, the declaration of nullity of the title supporting the party’s legal position defeats her presumption of good faith for compensation purposes. The existence of applications or even documents from Conai or the Municipalidad de Talamanca authorizing certain uses or purportedly recognizing a legal status cannot be asserted against this declaration, by virtue of the special protection regime established in Articles 3 and 5 of the Ley Indígena; accordingly, the second element required for compensation must be deemed unsatisfied.

Consistent with the foregoing, it having been established that parcel number 7-A-107 has formed part of the Reserva Indígena Bribrí Kekoldi (Cócles) since Executive Decree number 7267, dated August 9, 1977, and that the parcel was awarded to the claimant and her late spouse on October 13, 1999 (the earliest time for which evidence of use or possession exists), it is clear that by then the parcel was already entirely within the reserve, and therefore the required temporal element is likewise not satisfied. Accordingly, upon reviewing the claims in the complaint, the claim seeking a declaration in her favor of a right to compensation for expropriation under the Ley Indígena must be denied, and thus no obligation regarding this issue may be imposed on Conai or Inder. Regarding payment of the amounts corresponding to the Fonafifo contracts, it is sufficient to state that the party failed to prove the existence of the contracts or that they were entered into with respect to the parcel in question.

In any event, by virtue of the nullity of the award agreement, the claimant would not be entitled to collect any amount for a parcel that has been within the Territorio Indígena since 1977. Finally, as to the alleged damages (daños y perjuicios) arising from the inability to use the land and dispose of the property, given the disposition of this matter, recognition of any amount under these heads of damages is wholly improper, since it has been established that the parcel should never have been awarded to her and, consequently, no right to dispose of the property ever arose; payment of the amount claimed would therefore constitute unjust enrichment (enriquecimiento sin causa). Accordingly, this claim must also be denied, resulting in the complaint filed in expediente 15-007359-1027-CA being dismissed in its entirety.

DEFENSES (EXCEPCIONES).— As recounted in this judgment, in response to the action seeking a declaration of injury to the public interest (acción de lesividad), Mrs. Cantillano Obando raised the defenses of lack of legal entitlement (falta de derecho), as well as prescription (prescripción) and expiration (caducidad). The latter two were withdrawn at the preliminary hearing. As to lack of legal entitlement, it is clear from the disposition reached that Inder has satisfied all requirements for the action seeking a declaration of injury to the public interest and that, consequently, the declaration of nullity and its resulting consequences are proper; the defense of lack of legal entitlement is therefore denied. With respect to the complaint filed by Mrs. Cantillano Obando, Inder raised lack of legal entitlement, lack of standing as a defendant (falta de legitimación pasiva), and improper joinder of the State as a party (indebida integración de la litis).

Conai, for its part, raised lack of legal entitlement, lack of standing as both defendant and claimant (falta de legitimación pasiva y activa), and improper joinder of parties (indebida integración de la litis), requesting that the State be joined. Aditik, notwithstanding the entry of default (declaratoria de rebeldía), raised lack of legal entitlement and lack of standing as both defendant and claimant. The issue of joinder of parties was resolved during the procedural stage. The defense of lack of standing as a defendant raised by the three defendants must be denied because the claimant alleges that each defendant directly caused damages, whether through its acts (Aditik) or omissions (Conai and Inder), and they therefore possess the standing necessary and sufficient to be parties to this litigation. As to the lack of standing as a claimant asserted by Conai and Aditik, the claimant, until this decision, held a title to the property she claims that enjoyed a presumption of validity, and her position was therefore sufficiently established for her to be a party to this litigation.

Finally, regarding legal entitlement, for the reasons explained in the preceding recitals, none of Mrs. Cantillano Obando’s claims may be granted; the aforementioned defense must therefore be sustained and her complaint dismissed in its entirety.

COSTS (COSTAS).— Under Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, attorneys’ fees and litigation costs (costas personales y procesales) constitute a burden imposed on the unsuccessful party by reason of having lost, and may be waived only when, in the Tribunal’s judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. Because two proceedings have been consolidated in this matter, each must be addressed separately. Regarding the action seeking a declaration of injury to the public interest (exp. 18-009473-1027-CA), we find valid grounds for departing from the presumption that costs should be awarded, since the award and registration made in favor of the claimant and her spouse resulted from an order issued by the Public Administration itself. Therefore, we consider it appropriate to resolve that matter without a special award of costs. Regarding the complaint in expediente 15-007359-1027-CA, we find no valid grounds for departing from that presumption; accordingly, the claimant is ordered to pay both categories of costs, to be assessed in enforcement proceedings (vía de ejecución), in favor of the three co-defendants.

POR TANTO

All evidence submitted by the claimant for purposes of further adjudication (prueba para mejor resolver) is DENIED, the first three items as unnecessary and the last as manifestly improper. A) Regarding the action seeking a declaration of injury to the public interest (exp. 18-009473-1027-CA): The defense of lack of legal entitlement raised by Mrs. Cantillano Obando is denied, and the action seeking a declaration of injury to the public interest filed by Inder against Felicia Cantillano Obando is therefore granted in its entirety. Consequently, agreement number XIV adopted by the Board of Directors of the then Instituto de Desarrollo Agrario, at Ordinary Session number 074-99, of October 13, 1999, is annulled, as is the corresponding deed of conveyance of the parcel, number 30 of volume 23 of the notarial record of Notary Federico Villalobos Chacón, executed at 10 hours on October 29, 1999, which gave rise to the registration of the property in the Limón Registry District under property number 90980, rights 001 and 002, with an area of 11 Ha and 4782 m2, the annulment of which is also ordered herein.

By connection, deed number 171, executed before Notary Public Rigoberto Jiménez Vega at 11:00 hours on February 23, 2012, is also annulled, solely insofar as it awarded Mrs. Cantillano right 001 over property number 90980, located in district 2, Sixaola, canton 4 Talamanca, Province of Limón, under survey plan L-0505554-1998; as an unavoidable consequence of the registration, parcel number 7-A-107 must revert to and form part of the parent property, for which purpose the customary writs shall be issued. Until this judgment becomes final, the precautionary measure consisting of the notice of pending litigation against the rights in the property in question, ordered by ruling at 8:57 hours on December 6, 2018, shall remain in place in order to provide adequate protection to the indigenous property at issue in this matter. Additionally, as an unavoidable consequence of the provisions of this decision, Mrs.

Cantillano Obando, or any other natural or legal person occupying the property, is ordered to vacate parcel 7-A-107, corresponding to the Province of Limón, property number 90980, rights 001 and 002, survey plan number L-0505554-1998, and possession thereof shall be delivered to the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), within one month after this decision becomes final. No special award of costs. B) Regarding the complaint in the principal proceeding (exp. 15-007359-1027-CA): The defense of lack of standing is denied, and the defense of lack of legal entitlement raised by the representatives of Inder, Conai, and Aditik is sustained. Consequently, the complaint is dismissed in its entirety. Costs shall be borne by the claimant, to be assessed in enforcement proceedings, in favor of the three co-defendants. José Martín Conejo Cantillo. Francisco Hidalgo Rueda. Gustavo Irías Obando. Judges.— ???????????????

JOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, DECIDING JUDGE FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, DECIDING JUDGE GUSTAVO IRIAS OBANDO, DECIDING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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CONOCIMIENTO ACTOR/A:

FELICIA MARIA CANTILLANO OBANDO DEMANDADO/A:

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDIGENA DE BRIBRI DE KEKOLDI Nº N° 2023005406 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las seis horas con cuarenta y tres minutos del quince de Noviembre del dos mil ventitres.- Proceso de conocimiento contencioso administrativo incoado por FELICIA CANTILLANO OBANDO, viuda, vecina de Puerto Viejo, Talamanca, con cédula de identidad número 7-0122-0048, adulta mayor, representada por su apoderado especial judicial Juan Ávila Abrahams, quien es abogado, carné número 3115 (img. 26 de la carpeta), contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), quien actúa por intermedio de la señora Argerie Centeno Guzmán, abogada, carné número 23286, en su carácter de apoderada especial judicial (img. 413 de la carpeta), la COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI), quien actúa por intermedio de la señora Karla Rivas Reyes, abogada, carné número 30668, en su carácter de apoderada especial judicial (img. 440 de la carpeta) y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA BRIBRÍ DE KEKOLDI COCLES (ADITIK), que interviene en este asunto a través de su presidenta, la señora Signia Villanueva Morales, portadora de la cédula de identidad número 7-0251-0388, con el patrocinio letrado de la señora Jeniffer Ureña Fernández, carné número 32037, en su condición de defensora pública designada por la Unidad de Defensa Contencioso Administrativa de la Defensa Pública (img. 448 de la carpeta).

A este proceso se encuentra acumulado el expediente 18-009473-1027-CA, que es proceso de lesividad incoado por el INDER contra FELICIA CANTILLANO OBANDO, ambas de calidades ya descritas y representadas por los mismos profesionales.

CONSIDERANDO

ASPECTOS PRELIMINARES.- Como parte del íter procesal se tiene lo siguiente:

Mediante escrito de demanda presentado el 13 de agosto de 2015, la parte actora pretende: “Según los hechos expuestos y fundamentos de derecho que he señalado, me apersono a demandar al INDER, en la persona de su Presidente Ejecutivo, al [sic] CONAI, y a la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Kokeldi [sic] (Cocles) en la persona de sus respectivos presidentes, para que en sentencia se declare: / 1.- Con lugar la presente demanda en todos sus extremos petitorios. / 2.- Mi derecho a ser indemnizado [sic] por expropiación según la Ley Indígena. / 3.-Que se obligue al INDER y CONAI ha [sic] adoptar la conducta debida conforme a la ley citada. / 4.- Que se ordene al INDER y a la CONAI a dar inicio de forma inmediata a los procedimientos expropiatorios de conformidad con la Ley de Expropiaciones para evitar más gravámenes a mi derecho de propiedad. / 5.- Que se condene a la Asociación a hacerme entrega de las sumas cobradas por los contratos firmados con FONAFIFO en cantidad igual a la cabida de mi propiedad en los mismos términos del contrato. / 6.- Que sean condenados al pago de los daños y perjuicios ocasionados. / a.- Daños: consisten en la imposibilidad material de disponer del inmueble por espacio de 37 años.

Los valoro por ahora en la suma de ¢100,000,000.00. / b.- Perjuicios: La imposibilidad de trabajar la tierra como es natural, sea haciéndola producir. La valoro por ahora en la suma de ¢25,000,000.00. / 7.- Que sean condenados al pago de ambas costas de esta acción” (img. 2-35 de la carpeta).

Dentro del emplazamiento conferido por el Tribunal, por escrito presentado el 1 de marzo de 2016, la representación judicial de la CONAI contestó en forma negativa la demanda, alegando la falta de derecho de la parte actora y falta de legitimación pasiva y activa. Además, alegó la indebida integración de la litis, solicitando la integración del Estado al proceso (img. 62-68 de la carpeta).

El Inder hizo lo propio en escrito presentado el 2 de marzo de 2016, oponiéndose también a lo pretendido por la actora, alegando falta de derecho, falta de legitimación pasiva e indebida integración de la litis con el Estado. Adicionalmente, indicó el Inder que no tenía expediente administrativo en este asunto (img. 70-91 de la carpeta).

En escrito recibido el 6 de mayo de 2016, la presidenta de ese entonces de Aditik indicó al Tribunal que el traslado girado a su representada había vencido el 5 de mayo y que “… para esa fecha no me fue posible enviar el escrito de la contestación […] al no tener un defensor colegiado en plazos sobre pueblos indígena [sic]”, solicitando una ampliación del mismo (img. 141 de la carpeta).

En escrito del 26 de mayo de 2016 la presidenta de la Aditik procedió a contestar la demanda, alegando la falta de derecho y falta de legitimación pasiva y activa. Además, solicitó el rechazo de todas las pretensiones, así como que “Se declare la nulidad absoluta de la matrícula 90980-000 del Partido de Limón identificada con plano L-0505554-1998…”. Adicionalmente, se ofrecieron dos testigos y la realización de un reconocimiento judicial. Dicho documento fue autenticado, a efectos de presentación, por uno de los abogados de Conai (img. 145-150 de la carpeta).

En escrito recibido el 12 de agosto de 2016 la representante de Aditik insistió en indicar que: “Nuestra asociación no cuenta a la fecha con abogados para atender el presente caso de conocimiento dado que nuestros recursos son escasos, por lo anterior no se ha podido responder la demanda que nos fue notificado [sic]. La suscrita desconoce el trámite legal de estos asuntos, no obstante por un tema de responsabilidad y preocupación, me apersono a informar lo que está ocurriendo en el sentido de que si no hemos contestado demanda es porque no tenemos abogado y no por otra razón. / Solicito se nos conceda más tiempo para contestar hasta que nuestra asociación pueda resolver este asunto, estamos buscando alternativas de ayuda a ese efecto” (img. 163 de la carpeta). Un segundo escrito, en un sentido similar, fue presentado al despacho el 12 de diciembre de 2016, en el que se solicitó al Tribunal “la asignación de un abogado” y que se deje sin efecto las resoluciones en las que se les haya declarado rebeldes (img. 191 de la carpeta).

En auto de las 16:05 horas del 6 de junio de 2017, el Juez de Trámite dispuso: “Siendo que se encuentra en curso una acción de inconstitucionalidad bajo el expediente numero 17-000373-0007-CO para la respectiva valoración de una posible inconstitucionalidad del numeral 86 de la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural (Ley Número 9036), por resultar el mismo contrario a los artículos 9, 41, 49, 105, 121 inciso 1) y 20), 122 a 127, 128, 129, 152, 153 y 167 de la Constitución Política, y así como los reiterados criterios emanados por la secciones de juicio de este Tribunal y por el área de Trámite; se dispone suspender el presente proceso hasta tanto no se resuelva dicha acción” (img. 196 de la carpeta).

Resuelta la acción de inconstitucionalidad referida, el Tribunal indicó mediante auto de las 9:49 horas del 14 de mayo de 2018: “Continuando con el trámite del presente proceso, se resuelve lo siguiente: Por haberse presentado la contestación de la demanda de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE BRIBRÍ DE KEKOLDI fuera del plazo concedido al efecto, se tiene por extemporánea dicha contestación y se tienen por contestados de forma afirmativa todos los hechos de la demanda, se ha ponderado que la solicitud de ampliación del plazo para contestar la demanda se realizó una vez vencido el plazo otorgado para contestar la demanda, por lo que resulta improcedente dicha solicitud. Por improcedente, se rechaza la solicitud hecha por la Asociación mencionada respecto a que se le nombre un abogado defensor, toda vez que dicha gestión no es procedente en esta materia. Ahora bien, habiéndose concedido las audiencias correspondientes, se ordena pasar los autos a conocer las defensas previas pendientes de resolver” (img. 207 de la carpeta).

Mediante resolución número 1016-2018, de las 15:45 horas del 15 de junio de 2018, se conoció la defensa previa de indebida integración de la litis, indicando la parte dispositiva: “Se rechaza la defensa previa de falta de integración de la Litis Consorcio Pasivo Necesaria, interpuesta por la representación del INDER y el CONAI” (img. 216-218 de la carpeta). Esta resolución fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en resolución número 298-2018-II, de las 14:14 horas del 23 de julio de 2018 (img. 227 de la carpeta).

En fecha 20 de septiembre de 2018 se celebró la audiencia preliminar, en presencia de los representantes de la actora, el Inder y la Conai. Según se indicó en la audiencia, el representante de la Conai ejercía además la representación de la Asociación. En esta diligencia no se indicaron aspectos de saneamiento y la representación del accionante ratificó sus pretensiones, aclarando que el reclamo indemnizatorio era contra todos los demandados. No se analizaron defensas previas, siendo que la indebida integración de la litis ya había sido resuelta por escrito, se determinaron los hechos controvertidos del proceso y se admitió prueba documental. En cuanto a la prueba testimonial, el juez de trámite admitió recibir el testimonio del señor Edward Stward Jackson, cédula número 7-0282-0634, ofrecido por la Aditik, el cual se referiría a todos los hechos de la demanda. En esa misma audiencia el representante de la Conai desistió del reconocimiento judicial. Asimismo, la parte actora aportó prueba nueva, que se encuentra visible a imágenes 291 a 304 de la carpeta, sobre la cual el juez de trámite no hizo manifestación alguna (img. 305-311 de la carpeta y respaldo digital de la audiencia).

Mediante escrito recibido el 14 de diciembre de 2018, el representante del Inder solicitó la suspensión de este proceso en virtud de la interposición del proceso de lesividad tramitado en el expediente 18-009473-1027-CA, en el que se busca la declaratoria de nulidad del acuerdo de Junta Directiva del entonces IDA tomado en el artículo XIV de la sesión número 074-99, del 13 de octubre de 1999, por el que se aprobó, entre otros, la segregación y traspaso de la parcela 7-A-107, a favor de la actora y de su difunto esposo (img. 313-316 de la carpeta).

Mediante escrito incorporado al expediente el 25 de marzo de 2019, el Coordinador de la Defensa Agraria de la Defensa Pública del Poder Judicial indicó: “… hago de su conocimiento que, de conformidad con los artículos 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 7 de la Ley 9593/2018 Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica y el Artículo L de la sesión 13-19 del 15 de febrero del 2019 del Consejo Superior del Poder Judicial, designo al Dr. Roberto Montero García, al Lic. Esp. Mario Alberto Rosales Vargas y al Lic. Esp. Jesús Chaves Mora como Defensores Públicos de la parte demandada Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kekoldi” (img. 320 de la carpeta).

En resolución número 09-2020-V, de las 7:35 horas del 5 de febrero de 2020 la sección quinta de este Tribunal resolvió en cuanto a la acumulación de procesos: “Se ordena acumular el proceso tramitado bajo el expediente número 18-009437-1027-CA, al tramitado en el expediente Nº15-007359-1027-CA, los cuales se tramitarán en adelante como uno sólo, bajo el segundo de estos expedientes, por lo que se debe proceder a la unión material de los expedientes en el Escritorio y una vez firme esta resolución continúese con el trámite que en derecho corresponda. Notifíquese a todas las partes, una vez que ocurra la reunión material de los expedientes” (img. 331-336 de la carpeta).

Mediante auto de las 07:30 horas del 1 de marzo del 2022, el Tribunal resolvió, respecto de una segunda solicitud de suspensión por acción de inconstitucionalidad: “Con ocasión de la Acción de Inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente N°21-017138-0007-CO ante la Sala Constitucional, en la cual se cuestiona la jurisprudencia emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, respecto de su interpretación del artículo 3 de la Ley Indígena, y cuándo el propietario debe ser considerado adquirente de buena o de mala fe, aspecto que, contrario a lo indicado por el demandante en la audiencia que le fue conferida, sí está vinculado con el objeto de este asunto, lo procedente, por razones de economía procesal es dejar sin efecto la audiencia de juicio señalada para el día 03 de marzo del 2022 y suspender las actuaciones hasta tanto sea resuelta la referida acción” (img. 387 de la carpeta).

En auto de las 14:00 horas del 23 de diciembre de 2022 la sección quinta del Tribunal convocó para juicio oral para las 8:30 horas del 16 de diciembre de 2024 (img. 404-406 de la carpeta).

En constancia del 5 de septiembre de 2023, se indicó en el expediente: “Este despacho, en todas sus áreas, se encuentra en proceso de implementación del rediseño de procesos propuesto por la Dirección de Planificación del Poder Judicial y aprobado por el Consejo Superior, según los acuerdos XXVIII de la Sesión N°84-2021, celebrada el 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N°95-2021, celebrada el 04 de noviembre de 2021. Este proceso conlleva una redistribución de personal y de expedientes que varió algunas integraciones en los equipos de trabajo, así como la persona juzgadora responsable de muchos de los asuntos, lo que podría traer como consecuencia modificaciones en el orden de resolución o la fecha de señalamiento a audiencia. El cambio se implementó a partir del 17 de julio del 2023 y se está realizando conforme a un cronograma establecido por la Dirección de Planificación y aprobado por el Consejo Superior.

Mediante el acuerdo 12.VI.2023 del 27 de julio del 2023 de la Comisión de la Contencioso Administrativo, se determinaron los criterios de distribución del circulante, conforme a los cuales la Coordinación del Tribunal ejecutó la reasignación, de una gran cantidad de expedientes, quedando el presente asunto de Puro Derecho [sic] a cargo de la persona juzgadora el Lic. José Martín Conejo Cantillo, a partir del día 29 de agosto de 2023” (img. 415 de la carpeta). Dicha constancia fue adicionada el 25 de septiembre de 2023, en lo siguientes términos: “En adición a la constancia emitida en fecha 05 de setiembre del año en curso, se indica que por órdenes de la Comisión de lo Contencioso Administrativo se realizó una nueva redistribución de expedientes, por lo que este asunto fue turnado al Lic. José Martín Conejo Cantillo a partir del 12 de setiembre del año 2023” (img. 430 de la carpeta).

En auto de las 11:10 horas del 19 de septiembre de 2023 el tribunal colegiado del Grupo de Trabajo VII convocó para realización de juicio oral para las 8:30 horas del 25 de octubre de 2023 (img. 430 de la carpeta).

En escrito recibido el 20 de octubre de 2023 la representante actual de la ADITIK manifestó que autorizaba a la Licda. Jenniffer Ureña Fernández, Defensora Pública, para que representara a la Aditik “… y se tenga debidamente apersonada al presente proceso” (img. 430 de la carpeta).

Mediante escrito incorporado al sistema el 25 de octubre de 2023, la parte actora aportó prueba para mejor resolver, consistente en un recuento histórico de los derechos ancestrales y del poblamiento del Caribe Sur, de autoría del abogado de la parte (img. 453-462).

El juicio oral se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2023, en el cual se escucharon alegatos en cuanto a la prueba para mejor resolver presentada por la parte actora. Además se escuchó a las partes respecto a la forma en que la ADITIK ha sido representada en este asunto, zanjando cualquier discusión al respecto con las manifestaciones de la defensora pública de dicha parte, que indicó no tener ningún reparo en términos de indefensión por el trámite del expediente o la declaratoria de rebeldía. Adicionalmente, el Tribunal aclaró que la pretensión esbozada por Aditik en su contestación no cumple con las formalidades de una contrademanda, por lo que la misma no podrá ser tomada en cuenta como una gestión de dicha parte. Concluida la fase de saneamiento, se procedió a declarar formalmente abierto el debate y las partes realizaron su alegato de apertura, procediendo a recibir al testigo Edward Stward Jackson, quien fue interrogado por todas las partes, para finalmente proceder a escuchar en la propia audiencia las conclusiones de los intervinientes, posterior a lo cual se declaró el asunto como complejo y se dio por concluida la diligencia (img. 464-467 de la carpeta y respaldo digital de la audiencia).

Mediante escrito de demanda de lesividad, presentado el 2 de noviembre de 2018, el Inder pretende que en sentencia se declare: “1) Absolutamente nulo y lesivo al interés público el acuerdo tomado por la Junta Directiva del IDA en el artículo XIV, de la Sesión No. 074-99, celebrada el 13 de octubre de 1999, únicamente en cuanto a que se aprobó la segregación y traspaso de la parcela 7-A-107, Proyecto de Titulación BIRF 2764 CR) [sic], a favor de la señora Felicia María Cantillano Obando, cédula de identidad 7-122-060 y del hoy fallecido Eugene Rose Calphen, cédula de residencia 8-048-333, hoy inscrita bajo Folio Real matrícula 7-00090980-001 y 002, número de plano L-0505554-1998. /

  • 2)Que se anule la escritura pública, número treinta (30) de las 10 horas de 29 de octubre de 1999, del tomo veintitrés (23) del protocolo del Notario Federico Villalobos Chacón, en relación la segregación y venda [sic] la parcela 7-A-107 que hiciera el IDA a favor de Felicia María Cantillano Obando, cédula de identidad número 7-122-060 y al hoy fallecido señor Eugene Rose Calphen, cédula de residencia número 8-048-333, por medio del Proyecto de Titulación "BIRF 2764 CR". /
  • 3)Que se cancelen los asientos registrales que dieron origen al Folio Real matrícula 7-00090980-001 y 002. /
  • 4)Que se ordene el desalojo de la parcela 7-A-107, correspondiente al folio real matrícula 7-00090980-001 y 002, número de plano L-0505554-1998, en contra de la demandada o cualquier otra persona física o jurídica que se encuentre en el inmueble y se ordene la respectiva puesta en posesión de la misma a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles)”. Como medida cautelar, la representación del Inder solicitó la anotación de la demanda al margen del inmueble en disputa y solicitó tener a la Aditik como tercero interesado en el proceso (img. 2-9 de la carpeta).

Junto con el traslado de la demanda, en auto de las 8:57 horas del 6 de diciembre de 2018 el Juez tramitador indicó: “… con carácter de medida cautelar típica y con el fin de garantizar la efectividad del objeto del proceso, así como intereses de terceros, se ordena al Registro Nacional la ANOTACIÓN inmediata de la presente demanda al margen del asiento de inscripción de la finca del PARTIDO DE LIMÓN, FOLIO REAL MATRÍCULA NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS (90980-001 Y 002). Expídase para ello el mandamiento respectivo, el cual queda a disposición de la interesada para su correspondiente diligenciamiento ante el Registro Nacional” (img. 171-173 de la carpeta). Este mandamiento fue expedido a las 9:23 horas del 6 de diciembre de 2018 (img. 175 de la carpeta) y fue inscrito por el Registro Nacional sobre los derechos 001 y 002 de la finca de Limón, número 90980 el 21 de diciembre de 2018 (consulta electrónica al Registro Nacional).

Dentro del emplazamiento conferido por el Tribunal, por escrito presentado el 5 de marzo de 2019, el apoderado especial de la actora contestó en forma negativa la demanda, alegando la falta de derecho de la parte actora así como prescripción y caducidad (img. 186-195 de la carpeta).

La Aditik fue notificada del presente asunto el 19 de marzo de 2019 (img. 250 de la carpeta), sin que conste en este expediente gestión alguna de su parte.

En fecha 18 de junio de 2019 se celebró la audiencia preliminar, en presencia de los representantes del Inder y de la señora Cantillano Obando. En esta diligencia el Inder indicó aspectos menores de saneamiento en sus escritos y mantuvo la pretensión en los términos establecidos en la demanda de lesividad. En cuanto a las defensas previas, la parte demandada desistió de las de caducidad y prescripción, se determinaron los hechos controvertidos del proceso y se admitió únicamente prueba documental, en virtud de lo cual se declaró el asunto de puro derecho y se escucharon las conclusiones en la misma audiencia (img. 252-255 de la carpeta y respaldo digital de la audiencia).

Este asunto se procede a resolver al amparo de las políticas de prioridad establecidas por Corte Plena, por tratarse de un interviniente adulto mayor. Redacta el Juez Conejo Cantillo, por unanimidad, con el voto afirmativo de los jueces Hidalgo Rueda e Irías Obando y dentro del plazo de Ley.

HECHOS PROBADOS.- Como punto de partida, valga aclarar que al tratarse de dos causas acumuladas, el Tribunal hará referencia a los hechos probados de ambos expedientes de manera unificada, con el fin de evitar reiteraciones innecesarias. Así las cosas, de importancia para este asunto, y por la forma en que se resuelve, se tienen por demostrados los siguientes:

La Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, hoy día Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, en su sesión número 074-99, celebrada el 13 de octubre del 1999, artículo número XIV, adoptó acuerdo mediante el cual aprobó la adjudicación, segregación y traspaso de 42 lotes o parcelas ubicados en Talamanca, entre las que se incluyó un terreno identificado como parcela número 7-A-107, sin indicar plano catastrado, con una superficie de 11 Ha y 4782 m2; a favor del señor Eugene Rose Calphen, titular de la cédula de identidad número 8-0048-0333 y la señora actora Cantillano Obando, cédula número 7-0122-0048 (img. 100-102 carpeta 18-009473-1027-CA).

Mediante escritura pública número treinta, otorgada ante el notario Federico Villalobos Chacón a las 10:00 horas del 29 de octubre del 1999, se formalizó la segregación y traspaso, entre otras, de la parcela número 7-A-107 del proyecto BIRF, con un total de 11 Ha y 1782 m²; según se describió en plano número L-505554-98, a nombre del señor Eugene Rose Calphen y la señora Felicia Cantillano Obando, con base en las disposiciones de la Ley 7599 (img. 73-102 y 106-128 carpeta 18-009473-1027-CA y 301-304 carpeta 15-007359-1027-CA).

Con fecha 16 de marzo de 2000 el Registro Nacional inscribió a favor de la actora el derecho 002 sobre la finca número 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998. Este derecho corresponde a un medio de la finca, no se consignó causa de adquisición y aparece con afectación del artículo 16 de la Ley 7599 (img. 17-18 carpeta 18-009473-1027-CA).

Mediante documento fechado 2 de junio de 2008, el Director Ejecutivo de la Conai se dirigió a la Municipalidad de Talamanca indicando “Por medio del presente instrumento hago constar, que la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, matrícula de folio real N° 7-90980-001 y 002, con plano catastrado número L-0505554-1998, situada dentro de los límites territoriales de la Reserva Indígena de Keköldi, perteneciente a los señores Eugere Rose Calphen cédula de identidad número 8-0048-0333 y Felicia Cantillano Obando, cédula de identidad número 7-0122-0060, respectivamente, actualmente conserva todos los atributos del régimen de propiedad privada, los cuales incluyen la posibilidad de venta y traspaso sin más limitación que una eventual expropiación por parte del Estado, con el fin de incorporar dicha finca al dominio y posesión de la comunidad indígena de Keköldi. Lo anterior, con fundamento en el criterio de la Procuraduría General de la República N° C-395-2003. / En ocasión de lo anterior la comunidad Indígena, y en especial la Asociación de Desarrollo Integral del lugar en su condición de Gobierno Local del referido territorio indígena, únicamente tendría derecho a disponer de la propiedad citada, una vez que sus legítimos propietarios hayan sido indemnizados conforme a los artículos 45 de la constitución Política y 5 de la Ley Indígena N° 6172” (img. 11 carpeta 15-007359-1027-CA).

En el mismo sentido, mediante escrito fechado 19 de mayo de 2008 el Director Ejecutivo de Conai se dirigió a la Municipalidad de Talamanca indicando “Ha [sic] solicitud del señor [sic] Felicia Cantillano Obando, portadora de la cédula de identidad 7-0122-0060, hacemos constar, que según criterio de la Procuraduría número C-395-2003, la finca propiedad de la solicitante, con número de Folio Real 7-90980-002, y plano catastrado L-0505554-1998 por haber sido adquirida gracias a un traspaso por parte del IDA a sus actuales dueños de previo a ser afectada por el decreto de Reserva Indígena, conserva su condición de propiedad privada y goza de todos los derechos que se derivan de dicha condición los cuales incluyen posibilidad de venta y traspaso siempre y cuando se trate de un traspaso de no indígena, a un no indígena o a un indígena. Es importante aclarar que solamente en el caso en que la propiedad perteneciera un [sic] indígena estaría afectada y no podría ser vendida a un no indígena. Por lo tanto la Asociación de Desarrollo Indígena sólo tendría derecho a disponer de la propiedad citada si la misma hubiera sido indemnizada a favor de la Comunidad que representa” (img. 14 carpeta 15-007359-1027-CA).

En escritura número 171, otorgada ante el Notario Público Rigoberto Jiménez Vega a las 11:00 horas del 23 de febrero de 2012, compareció la señora Felicia Cantillano Obando, a efectos de protocolizar la adjudicación extrajudicial de la sucesión de quien en vida fuera su esposo, el señor Eugene Rose Calphen, de la que fue nombrada como albacea provisional y heredera única de los bienes del actor, entre ellos el derecho 001 sobre la finca número 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998, solicitando en dicha escritura su inscripción a nombre de la adjudicataria (img. 64-72 carpeta 18-009473-1027-CA).

Con fecha 6 de marzo de 2012 el Registro Nacional inscribió a favor de la actora el derecho 001 sobre la finca 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998. Este derecho corresponde a un medio de la finca y se consignó como causa de adquisición “herencia y cesión” y aparece con afectación del artículo 16 de la anulada Ley 7599 (img. 15-16 carpeta 18-009473-1027-CA).

Mediante oficio número IRT-0836-2018, del 4 de octubre de 2018, el Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe Información y Registro de Tierras del INDER, señaló: "En atención al oficio AJ-L-284-2018; relacionado con el expediente judicial N.º 15-007359-1027-CA, el que se relaciona con la finca 90980, del partido de Limón, me permito informar lo siguiente: / Desconozco el momento en que se creó el predio en el terreno, con la forma y dimensiones, con que finalmente fue inscrito. / El predio según la ubicación del plano que lo representa, se encuentra afectado por territorio Indígena Kekoldi, en el sector con decreto número 7267 de fecha 9 de agosto de 1977. / El estudio de registro indica que la finca 90980 proviene de la finca 39050, sin embargo en el lugar donde se localiza esta, existe otra finca a nombre del Inder, que es la 1050. / Se adjunta croquis con la ubicación del plano y de cada uno de los decretos del Territorio Indígena" (folio 3 del expediente administrativo aportado por el Inder en el expediente 18-009473-1027-CA).

Mediante el artículo número XXXVI de la Sesión Ordinaria 31, del 8 de octubre de 2018, la Junta Directiva del Inder acordó: “Acoger la recomendación contenida en los oficios AJ-L-288-2018 Y AJ-425-2018, suscritos por el Lic. Francisco Villegas Ramírez, Abogado Asuntos Jurídicos y la Máster Patricia Calderón Rodríguez, Directora Asuntos Jurídicos y con fundamento en ella; se acuerda: / 1) Se declara lesivo a los intereses públicos, el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural), mediante el Artículo XIV de la Sesión No 074-99, celebrada el 13 de octubre de 1999, en el cual se aprueba la segregación y traspaso de 42 parcelas y lotes del Proyecto de Titulación "BIRF 2764 CR", únicamente en lo referente a la parcela 7-A-107, otorgada a favor de Eugene Rose Calphen, cédula de residencia 8-048-333 (hoy fallecido) y Felicia María Cantillano Obando, cédula de identidad 7-122-060; por haberse titulado la misma de forma indebida al formar parte de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), cuya propiedad es en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3 de la Ley Indígena, imprescriptible e inalienable y debe ser inscrita a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de la respectiva reserva. / 2) Instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos con el fin de que se interponga ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el proceso de lesividad correspondiente” (img. 13 carpeta 18-009473-1027-CA).

HECHOS NO PROBADOS.- De tal naturaleza por no haberse aportado prueba y ser de trascendencia para este proceso, se tiene por indemostrado: 1. Que la actora ejerciera actos posesorios previos a la adjudicación de la parcela por parte del Inder en 1999, o que estuviera en el sitio desde 1982. 2. La existencia de los contratos supuestamente firmados por la Aditik con Fonafifo, así como la alegación de que se suscribieron sobre la parcela número 7-A-107. 3. Que alguna de las entidades participantes en este litigio le ocasionaran los daños y perjuicios que reclama la señora Cantillano.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA.- En forma resumida y sin perjuicio de la totalidad de manifestaciones expresadas, señaló la representación de la parte actora en su demanda, que es propietaria de una finca inscrita en el Registro Nacional, matrícula número 90980-001 de la Provincia de Limón, ubicada en Talamanca, adquirida por su difunto esposo “mucho antes de la Ley Indígena de 1977”. Indicó que en esa propiedad realizaron labores agrícolas para el sostén de su familia pues han “… vivido ahí desde siempre [...] manteniendo una excelente relación con los indígenas, con quienes hemos convivido en completa camaradería. Trabajaron en esas fincas para mi esposo”. Señaló la actora que a partir del 2010, empezó a sentir graves violaciones a su derecho de propiedad, por parte de los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi, quienes reclamaban la titularidad sobre esa finca, lo que los llevó a prohibir la construcción de caminos internos en la propiedad, frenar la venta de la propiedad al señor Alfredo Sancho Morales, llegando incluso a la intimidación, producto de visitas constantes a la finca, amenazando de echarlos del inmueble.

Señaló que su abogado determinó que fue a partir del Decreto Ejecutivo de 1996, que entró a formar parte de la Reserva Indígena. Adicionalmente, indicó que de sus averiguaciones determinó que la Aditik firmó con FONAFIFO un contrato para ejecutar un proyecto de protección de bosque en un área de 300 Ha, por el cual percibe $80/Ha por año vencido, a partir del 1 de julio de 2010, en terrenos que se sitúan entre las coordenadas latitud 9-6528 grados a 9-6130 grados, y longitud 82-7714 grados a 82-7407 grados. Además constató que el 27 de agosto del 2014, la Aditik, firmó con FONAFIFO otro contrato sobre un área de terreno en esa circunscripción, por la cual recibe la suma de ¢202.000,00/Ha, que se cancelan por año vencido por 5 años, abarcando el área comprendida entre las coordenadas latitud: 631000-636000 y longitud 1063500-1066000. Indicó además que fue mediante Ley número 6172 (Ley Indígena), del 29 de noviembre de 1977, que se declararon reservas indígenas algunas partes del territorio de Cócles, Puerto Viejo, Talamanca; donde la Aditik en su criterio ha impuesto un régimen de terror en todas las tierras consideradas por ellos parte del territorio, sin atender a lo establecido en la propia ley, pues en su caso, es la única poseedora de dicha tierra desde 1982, adquirida por compra.

Citó y se amparó en el artículo 5 de la Ley Indígena ya indicada, alegando que ninguna de las instituciones obligadas por la Ley ha cumplido sus deberes, habiendo transcurrido 37 años “… y la indolencia y la falta de acción de las administraciones han servido para perjudicar derechos y garantías tuteladas por la constitución y servir para el enriquecimiento ilícito de la Asociación que se lucra [sic] con los contratos dichos sobre mi propiedad y de otros propietarios y poseedores”, lo que ha perjudicado su patrimonio y el de sus hijos. Señaló la existencia de jurisprudencia que ampara el derecho de los poseedores de buena fe y citó como fundamento de derecho los artículos 1, 2, 7, 10, 12, 35 en relación con el 118 y 36, todos del Código Procesal Contencioso-Administrativo, artículo 33, 34, 41, 45 50, 65, 74 de la Constitución Política, artículos 5, 8, 11 y en los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 22,24, 25, de la Ley de Expropiaciones.

Durante la audiencia de juicio el representante de la parte actora indicó en sus conclusiones que ha existido una grave de desposesión de los pobladores afrodescendientes, que habían por años convivido pacíficamente con los indígenas y que los problemas empezaron con la Ley 1977, que se interpretó como carta blanca para sacar a todos los no indígenas, quemar ranchos y “volar machetazos”. Indicó que el difunto esposo de la actora quería poner sus tierras en orden, y empezó un proceso de información posesoria que terminó en inscripción. Además, señaló que la buena fe debía presumirse, es decir, que la mala fe debía probarse por parte de quien la alegaba, lo cual no fue posible con la prueba recabada. Reiteró que esa propiedad se adquirió por título de posesión, siendo que había, según su dicho, una posesión originaria por ser primeros moradores. Alegó que el Convenio de la OIT que entró en vigencia en Costa Rica en 1992 se aplicó casi de inmediato de pueblos indígenas, pero se olvidaron de pueblos tribales afrodescendientes.

Señaló además que el difunto esposo de la actora fue afrodescendiente, y que doña Felicia era “blanca”, que habían vivido ahí toda la vida. Señaló que aportaron pruebas que verifican la existencia de peticiones ante instituciones, autorizaciones y certificaciones de la Conai y el título de propiedad del Inder, lo que denota que ni siquiera el Inder sabía que estaban en territorio indígena. Finalmente, pidió justicia para los pobladores originarios afrodescendientes a quienes se les desconoció el amparo del convenio internacional, que se acogiera la demanda planteada en todos sus extremos petitorios y que se ordenara indemnizar a la actora. Respecto de la acción de lesividad, la señora Cantillano contestó reconociendo los actos del Inder mediante los cuales se tituló a favor de ella y su difunto esposo, aclaró las fechas de las inscripciones de los derechos sobre la finca y señaló que no le constaba la existencia del oficio de Conai, del estudio del Inder sobre la ubicación de la propiedad dentro de la reserva o la existencia de una declaratoria de lesividad de su título.

Alegó prescripción y caducidad (a las que renunció en la audiencia preliminar) y falta de derecho. Por el fondo acusó el proceso de declaratoria de lesividad seguido por el Inder como absolutamente nulo, pues en su criterio no se siguieron los preceptos del artículo 173 LGAP. Echó de menos la realización de un procedimiento ordinario donde se le garantizara el derecho de defensa y donde se procediera a requerir la opinión a la PGR. Por otro lado, el abogado de la señora Cantillano indicó que el acto que autorizó la inscripción del título objeto de anulación se originó en la Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reserva Nacional, número 7599 del 29 de setiembre de 1996, derogada por resolución de la Sala Constitucional número 8560-2001 de las 15:37 horas del 28 de agosto del 2001. Así, consideran que para la época en que se produjo la inconstitucionalidad de la ley, el derecho de la señora Cantillano y el de su esposo ya se había inscrito en el Registro Nacional y había además superado el plazo de convalidación de 3 años que por expresa mención del artículo 15 de la dicha ley es el plazo de la prescripción negativa; que incluso encuentra amparo en la misma sentencia de nulidad dictada por la Sala Constitucional, que dimensiona sus efectos en la parte dispositiva.

En las conclusiones el abogado de la parte agregó que el título de la actora no es nulo, hizo referencia a la prueba testimonial, que indicó que no había mojones que describieran los límites de la Reserva. Reiteró que el procedimiento de lesividad seguido por el Inder violaba todo el artículo 173 LGAP, increpó que nunca se les comunicó nada del mismo, ni del inicio ni del acto final y que no se hubiera realizado la consulta obligatoria a la PGR, por lo que además consideró que debía perseguirse a los funcionarios que realizaron esas actuaciones.

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA.- Al contestar la acción, el mandatario judicial del INDER, en síntesis, rechazó los hechos, oponiéndose a las pruebas del actor por considerar su contenido de dudosa credibilidad (tratándose de copias simples). El Inder refirió en extensión a los requisitos señalados por el artículo 5 para ser indemnizado (ser no indígena y poseedor de buena fe de terreno que se encuentre dentro de la reserva). Sobre el segundo de estos requisitos, señaló el Inder que los propietarios o poseedores deben serlo desde antes de la declaratoria de Reserva Indígena o desde antes de que se hayan modificado los límites de la Reserva ya existente o desde antes de la promulgación de un Decreto Ejecutivo que haga nacer una nueva Reserva Indígena. En este caso, indicó el Inder que la actora afirmó que la Reserva Indígena de marras fue creada en 1996, aunque no presenta prueba alguna al respecto.

Indicó además que constaba en el Registro Nacional, que el derecho 001 de su finca fue inscrito a su nombre, el 6 de marzo de 2012, mientras que el derecho 002 fue inscrito el día 16 de marzo de 2000, así que cuando la actora adquirió, tanto el derecho 001 y el derecho 002 del inmueble, la Reserva ya había sido creada. Así, en su criterio la actora lo que adquirió fue una parte de la Reserva y como tal, es imposible legalmente que se le pueda conceder algún derecho, pues según la jurisprudencia, la buena o mala fe depende del momento en que se creó la Reserva y el momento en que la actora adquirió el inmueble, que en este caso fue después de la creación de la Reserva y por ende esa adquisición se considera de mala fe. Citó la resolución de la Sala Primera, número 000920-F-S1-2015, que resolvió un caso muy similar al actual, en el que se consideró que solo los propietarios o poseedores originales pueden ser catalogados de buena fe.

Los que adquirieren después de la promulgación de la Ley Indígena, son considerados de mala fe y por ende no aptos para calificar para ser indemnizados o reubicados. Señaló el Inder un tercer requisito, que era probar administrativa y judicialmente que ejercían actos posesorios sobre el inmueble, desde antes de la creación de la Reserva Indígena. Para el caso concreto, indicó el Inder que es imposible que la actora pueda probar los actos posesorios que ejercieron antes de la creación de la Reserva, pues esta fue confirmada por la Ley Indígena 6172 del 29 de noviembre de 1977 (aunque la actora parte de 1996, año en que se efectuó la penúltima modificación), pues según la información registral, la actora inscribió sus derechos, uno en el año 2000 y el otro en el año 2012. Así, para el Inder es claro que, aunque el análisis se haga partiendo de 1977 o 1996, el resultado será el mismo, o sea que la actora no ejerció actos posesorios antes de la creación de la Ley Indígena o antes de la última modificación que se hizo a través de Decreto Ejecutivo No. 25296-G, publicado en Gaceta 134 del 15 de julio de 1996.

Posteriormente el Inder hizo un amplio desarrollo acerca de cómo debía entenderse el artículo 5 de la Ley, con base en la voluntad del legislador, sobre los mecanismos de financiamiento y ejecución de las expropiaciones a pobladores de buena fe, haciendo hincapié en la obligación del Poder Ejecutivo de aportar los recursos para realizar esta actividad, financiamiento que no corresponde al Inder. En las conclusiones, el Inder recordó la aprobación del Convenio 107 de la OIT, reiteró que la integralidad de la finca sólo es inscrita a favor de la actora hasta el 2012 y que la Ley Indígena solo le reconoce derechos de reubicación e indemnización a los propietarios no indígenas de buena fe. La parte hizo ver la existencia de contradicciones en el dicho de la actora en cuanto al momento y modo en que adquirió la propiedad. Además dejó sentado que no se puede proceder a indemnizar cuando el título de origen es nulo por haber dispuesto de tierra perteneciente a una Reserva Indígena, que ostenta la condición de inalienabilidad desde 1939.

Como actora del proceso de lesividad número 18-009473-1027-CA la institución indicó que por acuerdo aprobado por la Junta Directiva del anterior Instituto de Desarrollo Agrario, artículo XIV de la Sesión No. 074-99, del 13 de octubre de 1999, se aprobó entre otros, la segregación y traspaso de la parcela 7-A-107, a favor de la señora Felicia María Cantillano Obando y al hoy fallecido señor Eugene Rose Calphen, Proyecto de Titulación "BIRF 2754 CR", y que por escritura pública, número 30 de las 10:00 horas de 29 de octubre de 1999, del tomo 23 del protocolo del Notario Federico Villalobos Chacón, el IDA segregó y vendió a los mencionados la parcela 7-A-107, ahora inscrita a nombre de la actora, desde el 6 de marzo de 2012, y corresponden al Folio Real matrícula 7-00090980, derechos 001 y 002, número de plano L-0505554-1998. Agregó que el 23 de julio de 2015, la actora presentó demanda Contenciosa Administrativa bajo el número de expediente 15-007359-1027-CA, con el fin de que se declare su derecho a indemnización por expropiación en territorio indígena, al amparo de lo que establece el artículo 5 de la Ley No. 6172 de 29 de noviembre de 1977, por encontrarse su propiedad ubicada dentro del territorio correspondiente a la Reserva Indígena Bibrí de Kekoldi (Cocles).

Señaló que mediante certificación número 046-07 de las 12 horas del día 3 de diciembre de 2007, la jefatura del Departamento de Estudios Territoriales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, hizo constar que el plano catastrado L-0505654-98 y que es parte del Folio Real 7039050-000, se encuentra ubicado dentro de la reserva indígena de Kekoldi, en el tanto esté efectivamente localizada donde el dibujante la ubicó en la cuadrícula anexa. Además que por oficio IRT-0836-2018 de 4 de octubre 2018, el Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe de Información y Registro de Tierras del INDER, informó que el predio en cuestión, según la ubicación del plano que la representa (L-0595554-1998), se encuentra afectado por el Territorio Indígena Kekoldi, en el sector con decreto número 7267, de fecha 9 de agosto de 1977, lo que llevó a la Junta Directiva del Instituto, mediante acuerdo tomado en el artículo 36 de la Sesión Ordinaria 31, celebrada el 8 de octubre de 2018 a declarar lesivo a los intereses públicos, el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural) mediante el artículo XIV, de la Sesión No. 074-99, celebrada el 13 de octubre de 1999, en el que se aprobó la segregación y traspaso de 42 parcelas y lotes del Proyecto de Titulación "BIRF 2764 CR", únicamente en lo referente a la parcela 7-A-107, otorgada a favor de Eugene Rose Calphen, y Felicia Cantillano Obando, por haberse titulado la misma de forma indebida al formar parte de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), cuya propiedad es, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Indígena, imprescriptible e inalienable y debe ser inscrita a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de la respectiva reserva.

Por el fondo, el Inder enumeró las regulaciones sobre protección de terrenos dentro de las Reservas Indígenas, iniciando con la Ley de Terrenos Baldíos número 13 de 10 de enero de 1939, ampliada por el Decreto número 45 de 3 de diciembre de 1945, al crear la Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación. Mencionó que poco después, por Decreto Ejecutivo número 34 de 15 de noviembre de 1956 se declararon las reservas indígenas Boruca Térraba, Salitre Cabagra y China Kichá, en virtud de la cual las Reserva fueron declaradas inalienables, propiedad exclusiva de los indígenas en los términos de la Ley de Terrenos Baldíos. Prosiguió indicando que mediante Ley número 2330 del 9 de abril de 1959 la Asamblea aprobó el convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la "Protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales", que reconoció su legítimo derecho a tener bajo su dominio las tierras de su propiedad, en forma individual o colectiva.

Posteriormente, indicó, se creó un régimen especial a través del Decreto Ejecutivo número 5904-G del 11 de marzo de 1976 (para las Reservas Indígenas de Chirripó, Guaymí, Coto Brus, Estrella, Guatuso y Talamanca), adquiriendo rango legal con el artículo 1 de la Ley Indígena número 6172 del 29 de noviembre de 1977, al que le siguió el Reglamento de la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo número 8487-G del 26 de abril de 1978. Junto a este recuento, citó el Inder el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingny vs. Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las regulaciones de los artículos 3, 4 y 5 de la Ley Indígena, que establecieron el carácter inalienable e imprescriptible de los territorios que abarcan las reservas indígenas, y restringieron la negociación de dichos terrenos solamente entre personas indígenas, quienes a su vez se encuentran protegidos de invasiones de terceras personas no indígenas, que podrán ser desalojados sin derecho a mejoras.

En criterio del Inder, el terreno titulado por parte del entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), parcela 7-A-107, número de plano L-0505554-1998, se encuentra dentro del territorio que comprende la Reserva Indígena Kekoldi (Cócles), según certificación 046-07 de las 12 horas del día 3 de diciembre de 2007, el Departamento de Estudios Territoriales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y ratificado por el oficio IRT-0836-2018 de 4 de octubre 2018, del Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe de Información y Registro de Tierras del INDER. Por consiguiente, la titulación hecha por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, se realizó en contravención a las disposiciones legales indicadas anteriormente, toda vez que se tituló un terreno que por encontrarse dentro del territorio que comprende la Reserva Indígena Kekoldi (Cócles), se encontraba limitada por las disposiciones de la Ley Indígena, lo que vuelve ilícito el contenido del acto.

Continuó diciendo que siendo el Instituto de Desarrollo Rural, una entidad de derecho público, sujeta al principio de legalidad y por ende compelido a aplicar la normativa vigente en todas sus actuaciones y en este caso particular, en materia indígena, y comprobado el vicio en que se incurrió al haber titulado indebidamente propiedad como si formara parte del proyecto de titulación cuando en realidad era parte de territorio indígena, debe interponer el proceso de lesividad, con el fin de que en esta vía se declare la nulidad absoluta del acto administrativo dictado por la Junta Directiva en el artículo XIV, de la Sesión No. 074-99, celebrada el 13 de octubre de 1999, con el fin de que dicho terreno pase a manos formal y materialmente de su verdadero dueño: la Aditik. En las conclusiones, el Inder reiteró su solicitud de anular el acuerdo que traspasó la parcela así como los asientos registrales de la finca y trasladar esa propiedad a la Asociación.

Por su parte, la Conai indicó al contestar la demanda el rechazo básicamente a todos los hechos e indicó que la demanda no se refería a hechos como tal sino una serie de apreciaciones subjetivas. Señaló que la Ley Indígena era clara respecto a los presupuestos necesarios para ser sujeto de indemnización y que no era cierto que la accionante tuviera los atributos que ellos se arrogaban, pues para que una persona fuera poseedora de buena fe, requería tener un derecho de propiedad o de posesión antes de la creación de la reserva, lo cual no es el caso de la actora y su esposo ya que adquirieron después de la creación de la reserva, siendo nulas esas compraventas, por lo que no podía alegar un derecho que nunca les había asistido. En cuanto a las certificaciones emitidas por la Conai que la parte actora presentó como prueba, indicó la institución que era claro que lo que indicaban es que esos territorios están dentro de reserva, por lo cual tienen las limitaciones que establece la Ley Indígena, artículos 3 y 5, “… aunque estuviera amparada la finca a la publicidad registral, situación que no se da, pues no consta que la finca estuviera amparada a la publicidad registral antes de la creación de la reserva”.

Rechazó que la posesión que se alega le dé algún derecho a la actora por incumplir con los requisitos legales. Reiteró la Conai los requisitos que se deben de cumplir para que sean poseedores de buena fe: a.- Deben de ser personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe de inmuebles ubicados dentro de las reservas, según las normas del Código Civil. b.- Los estudios de expropiación los debió realizar el INDER en coordinación con La CONAI, pero no solo estas dos instituciones eran las encargadas de determinar que personas no indígenas eran las propietarias o las poseedoras de buena fe de inmuebles ubicados dentro de las reservas declaradas en el artículo 1 de la Ley Indígena, le corresponde hacerlo en conjunto con la Asociaciones de Desarrollo Indígena. c.- Las ADIS tienen que participar en determinar quienes cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley. d.) Se deben probar administrativa y judicialmente que realmente ejercían actos posesorios sobre el inmueble antes de entrar en vigencia la Ley.

Insistió que no hay lesión de los derechos de la parte actora ya que esas ventas son absolutamente nulas, pues adquirieron la propiedad después de la creación de la reserva, “… los actores [sic] al momento de realizar el traspaso tenían amplio conocimiento de que la propiedad estaba afectada por el decreto de creación de reserva indígena, por lo que no se puede considerar una posesión de buena fe”. En las conclusiones insistió la representación institucional en que había contradicciones en lo señalado por la parte actora en cuanto a la fecha de adquisición y alegó que había certeza de que el pueblo le había dejado claro que estaba en territorio indígena, y que eran tierras sobre las cuales no se podía negociar, pues la Ley existía 35 años antes de que se adquirieran registralmente. Acusó que el Inder debió saber que era territorio indígena, señaló de nuevo las falencias en la línea del tiempo de la posesión que pretende acreditar la parte actora y evidenció que el propio abogado de la actora aceptó que ella no es persona afrodescendiente.

Se opuso a que se considerara la prueba del actor como prueba de posesión legítima, y citó jurisprudencia constitucional que sustentaba su posición en cuanto a la nulidad de negocios que dispongan sobre terreno indígena. Por último, hizo referencia a la prueba testimonial recabada, en cuanto este indicó que dentro de la propiedad no habían cultivos ni demostración de actividades de subsistencia, sólo un rancho, y que no se demostró que fuera un lugar habitado. Por último, la Aditik señaló, al contestar la demanda, que se oponía básicamente a todos los hechos, y alegó que la inscripción de la finca de la actora “… arrastra problemas legales de inscripción y de legalidad básica que atenta contra la ley Indígena. Note el despacho que la finca se inscribe en fecha 06 de marzo del 2012 con el plano 055554-1998 que se mide en el campo en fecha abril de 1998 y se catastra en fecha 23 de julio de 1998, más de veinte años después de promulgada la Ley Indígena de 1977”.

Cuestionó también la Asociación la posesión alegada por la parte actora, por cuanto los negocios jurídicos realizados después de la promulgación de la Ley Indígena son a su criterio absolutamente nulos. Señaló que la supuesta existencia de cultivos, en vez de demostrar actos posesorios, demostrarían actos perturbadores del bosque contrarios al interés de la comunidad indígena. Rechazó en todo caso la existencia de esos cultivos, así como de acciones intimidatorias o violentas o la imposición de un régimen de terror. Señaló que sólo han ejercido la legítima defensa de su territorio, evitando alteraciones al bien por parte de la actora, en acciones legítimas de fiscalización y vigilancia. En sus conclusiones, la Aditik, representada por la Defensa Pública, recordó que la Reserva Indígena de Kekoldi se creó en 1976 y fue delimitada en 1977 vía Decreto Ejecutivo. Destacó que no hay duda de que la propiedad de la actora está en territorio indígena.

Reiteró las indicaciones de otras representaciones en cuanto a que la actora tenía serias contradicciones en su línea de posesión y mecanismo de adquisición, no existiendo en su criterio prueba de cuándo se dio esta circunstancia. Señaló además que la actora tenía pleno conocimiento de que su derecho de posesión estaba en terreno indígena, por lo que la supuesta venta frustrada no era indemnizable, porque era territorio indígena. Acotó que en todo caso, eran el Inder y la Conai los llamados a realizar los pagos indemnizatorios, que no era responsabilidad de la Aditik. Indicó que la propia prueba aportada por la parte actora (img. 21 de la carpeta 15-007359-1027-CA) indicaba que la propiedad era territorio indígena. Refirió a jurisprudencia de la Sala Primera sobre la mala fe y de Sala Constitucional sobre la indisponibilidad de estos bienes y fue enfática al indicar que la actora Felicia Cantillano no tenía posesión antes de 1977, pues la escritura del IDA, que es cuando le da titulación a la actora, claramente es posterior a la creación de la reserva, lo que debe llegar a declarar la nulidad de esos actos de disposición por parte del Inder.

Reiteró que la reacción de la comunidad ante el intento de apertura de un camino no es abusiva, sino ejercicio normal de sus derechos de propiedad. En cuanto a los contratos firmados con Fonafifo, señaló la Aditik que la actora nunca comprobó que el terreno que reclama formara parte de esos contratos. Agregó que no había prueba de la causa de los daños, o de conductas concretas de la Asociación que produjeran un efecto dañoso e ilegítimo, por lo que solicitó que se procediera a inscribir el bien a nombre de la Aditik.

PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.- En la audiencia preliminar llevada a cabo en el expediente 15-007359-1027-CA, la parte actora presentó como prueba nueva, tres elementos: 1. Escritura pública número 171 realizada ante el notario público Rigoberto Jiménez Vega (img. 291-299 de la carpeta 15-007359-1027-CA). 2. Carta dirigida a la Municipalidad de Talamanca en fecha 03 de julio del 2008 (img. 300 de la carpeta 15-007359-1027-CA). y 3. Escritura del Instituto de Desarrollo Rural (img. 301-304 de la carpeta 15-007359-1027-CA). De conformidad con el artículo 50.2 CPCA, el Juez Tramitador confirió audiencia a las partes sobre esta prueba, tomó nota del ofrecimiento y trasladó su admisibilidad para sentencia. Adicionalmente, el día previo a la audiencia de juicio la parte actora aportó al despacho un documento rubricado por el abogado de la señora Cantillano (img. 453-462 de la carpeta 15-007359-1027-CA), del cual se dio audiencia a las partes, quienes en las conclusiones manifestaron su rechazo a la misma, por tratarse de meras manifestaciones de la parte y no de un peritaje cultural.

En cuanto a los tres primeros documentos, los mismos se rechazan, en tanto constan en el expediente administrativo de la carpeta 18-009473-1027-CA (img. 11-37), que fue debidamente admitido en la audiencia preliminar, no constituyendo documentos novedosos. En cuanto al documento presentado el día previo al juicio, concuerda esta Integración con las oposiciones esbozadas en forma oral por los demandados, en cuanto a que dicho documento no tiene ningún valor científico, en tanto se trata meramente de un conjunto de manifestaciones realizadas por el abogado de la parte, sin sustento ni rigor técnico como para que puedan ser consideradas como una pericia cultural. En esos términos, siendo que lo propuesto no es técnicamente un medio del que pueda extraerse la acreditación de alguno de los hechos de la demanda, se rechaza su admisión.

RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.- Este Tribunal se ha referido en términos generales a este tema en múltiples ocasiones. Tal y como se indica en las resoluciones de la sección Quinta, número 00029-2018-V, de las 08:10 horas del 4 de abril del 2018 y de la sección Sexta, número 00105-2020-VI, de las 14:15 horas del 28 de agosto del 2020, este desarrollo se condensa en la resolución de esta sección (con diversa integración) número 00074-2013-VII, de las 10:30 horas del 29 de octubre del 2013, en la que se indicó:

“Resultando de rigor lo que sigue a los efectos del análisis que habrá de efectuarse a fin de resolver el presente asunto, procedemos a abordar el régimen jurídico de protección a las reservas indígenas, particularmente en lo que toca al artículo 5 de la Ley Indígena, así como a la regulación que define el emplazamiento de la reserva indígena propiedad de los accionantes.

  1. 1) Sobre la evolución normativa en la materia de territorios indígenas. El primer antecedente legislativo en la materia -ya entrada la Nación en su época Republicana- se ubica en la otrora vigente Ley Sobre Terrenos Baldíos número 13 del diez de enero de mil novecientos treinta y nueve (1939), publicada en la Colección de Leyes y Decretos de ese año, en su primer semestre, tomo segundo, página diez, que en su artículo 8 rezaba como sigue y en lo conducente: "... se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de éstos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias". (El resaltado no es del original). Este primer antecedente normativo como se puede observar, de entrada reconoció a esa data el derecho de propiedad exclusiva del que son titulares las comunidades indígenas, pero para entonces, en un tanto de áreas territoriales a ser definidas “a juicio del Poder Ejecutivo”, en la medida de que se trataría de los sitios en que estos grupos se encontrasen emplazados.Desde entonces, se observa al menos el carácter inalienable que le fue dado a este tipo de propiedad residenciada en un grupo minoritario, pero determinado de personas, unidas por lazos culturales particulares, lo que no fue otra cosa que un blindaje con el que se pretendió proteger su derecho de propiedad comunitaria -aunque lo fuese hasta una vez materializado por un acto el Poder Ejecutivo-, y esto, frente a posibles intentos ya de terceros, como de los propios grupos indígenas, de trasladar el dominio de esos bienes y por supuesto, disponiendo la imposibilidad de que personas ajenas a estos grupos de la población nacional, pudiesen alegar derechos o titularidad sobre los mismos. Singular nota entonces, lo es que se trató desde sus inicios de bienes que se encontraron "fuera del comercio de los hombres". La norma sin embargo nada expresó sobre la posibilidad de que previo a la entrada en vigencia de la misma y luego de adoptados, en aplicación de ésta, actos posteriores que definiesen la identidad de esas áreas de territorio por parte del Poder Ejecutivo, existiesen terceros poseedores o titulares de buena fe sobre esas las mismas áreas de superficie, por lo que habría de suponerse, que el Poder Ejecutivo no constituiría reservas en terrenos, que no fuesen los poseídos exclusivamente por indígenas.Pues bien, en ejercicio de la competencia referida por el legislador al Poder Ejecutivo como se ha informado, no fue si no hasta algunos años después de entrada en vigencia la Ley Sobre Terrenos Baldíos relacionada, que se emitió el primer Decreto Ejecutivo en la materia, a saber, el número 45 del tres de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco (1945). Este decreto no obstante no se definió ningún área específica como un territorio indígena a los propósitos definidos por la ley y pese al texto del artículo 8 de la Ley Sobre Terrenos Baldíos, en su artículo primero consignó lo siguiente: “Declárense inalienables y de propiedad exclusiva de las tribus indígenas autóctonas, los terrenos baldíos por ellas ocupados; con excepción de las fajas destinadas a Carretera Interamericana". (El resaltado no es del original). De esta forma, aunque el Poder Ejecutivo replicó lo que ya disponía la ley, fue más allá de ésta al establecer que las zonas en cuestión no habrían de corresponder con aquellas que a juicio del Poder Ejecutivo fuesen designadas para estos fines, “según su criterio”.En su lugar, se estableció que el Poder Ejecutivo habría de reconocer como tales todas esas áreas del territorio de la nación, en tanto se encontrasen ocupadas por las comunidades indígenas. Sea en otros términos dicho lo anterior, que era la posesión efectiva ejercida sobre esos terrenos por las comunidades indígenas, el criterio a partir del cual como variable, habría de haberse definido la protección legal que por parte del poder central, debía de darse a estas comunidades en garantía de su derecho de propiedad. Con todo y ello, la definición de qué áreas de la superficie de la Nación pertenecerían a estos grupos de personas, contó con una fórmula genérica e indeterminada a esa fecha, pues se trataría de los terrenos que ocupen estos grupos, “en tanto terrenos baldíos” , lo que comprendió un contrasentido, si se trataba de terrenos previamente ocupados por estas comunidades y sobre las que mediaba una propiedad preexistente, reconocible en tanto actos posesorios se ejerciesen en virtud de la misma.El mismo Decreto conformó también según su artículo primero, lo que sería la primera organización dirigida a realizar esfuerzos para materializar el mandato de ley anteriormente citado, en lo que se denominó como la "Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación", asignándole a ésta la tarea de delimitar aquellas áreas de terreno, que por primera vez se denominaron “reservas indígenas”. Por su parte, el primer acto del Poder Ejecutivo efectivamente dirigido a la localización de un territorio indígena, se produjo en términos jurídicos hasta algunos años después, con ocasión de la promulgación del Decreto Ejecutivo número 34 de quince de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis (1956), que identificó tres reservas distintas que no incluyeron a la de la aquí actora, a saber, la “Boruca-Térraba”, “Ujarrás-Salitre-Cabagra” y “China Kichá”. Por tratarse de un derecho de propiedad en el caso concreto el que se reconoció de esta manera, nos debe remitir ello a la disposición constitucional que lo relaciona como un derecho fundamental, según se extrae del artículo 45 de la Carta Magna.La posterior consolidación de este derecho de propiedad, privativa en la medida que es exclusiva y excluyente, además de comunitaria o colectiva, “reconocido” jurídicamente -pues no podría afirmarse que se trató de un derecho “constituido” o creado a partir de la vigencia de la Ley de Terrenos Baldíos- se produjo frente a la comunidad internacional al adoptarse como regulación interna el contenido del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en los términos de la Ley de la República número 2330 de nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), identificado como el "Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribuales y Semitribales en los Países Independientes". En su artículo 2.1 el convenio de interés dispuso: “Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países”.(El resaltado no es del original). De esta forma, adherido que lo fue por su voluntad el Estado costarricense al instrumento de cita y frente a la comunidad internacional, así como frente a estos grupos indígenas, se comprometió como tal a ejecutar esas acciones coordinadas y sistemáticas, dirigidas en lo que nos interesa a este punto, a proteger en los términos más generales a estas poblaciones de la Nación, minoritarias y vulnerables en aquel momento también, conforme lo que ya su ordenamiento jurídico legal le imponía verbigracia de la Ley de Terrenos Baldíos y Decretos Ejecutivos antes citados. Debe relacionarse esta obligación con lo comprendido en el artículo 5 del mismo cuerpo normativo supra legal, que reza: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e integración de las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán: a) Buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes; (…)”.(El resaltado no es del original). En lo que corresponde con las que para ese momento a nivel del ordenamiento jurídico nacional fueron identificadas como reservas indígenas, el artículo 11 del convenio de cita indicó que en los Estados vinculados: “Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas”. (El resaltado no es del original). Así quedó planteado a nivel normativo positivo, que los gobiernos -el Estado como un todo en nuestro caso-, se habrían comprometido desde el año de mil novecientos cincuenta y nueve a desplegar a lo interno de la Nación, procesos coordinados y sistemáticos, entre otras cosas, para responder ante la comunidad internacional y las propias comunidades indígenas en garantía de su preexistente derecho a la propiedad, incluso, debiendo a esos propósitos de ser el propio Estado, quien debía de “buscar”, y no esperar que suceda lo contrario, la colaboración de las poblaciones indígenas de interés y sus representantes.Por lo demás debe advertirse, que se trata de normas supra legales en los términos del artículo 7 de nuestra Constitución Política, por lo que conforme al principio de jerarquía de las normas, así como el principio de control de la convencionalidad (artículos 1, 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ley de la República número 1615 del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis y el 6.1.b) de la Ley General de la Administración Pública), habrían éstas de informar de forma sistemática el resto de la normativa de potencia y resistencia inferior, así como servir de parámetro para el operador jurídico a la hora de aplicar el ordenamiento al caso concreto, (artículos 10, tanto de la Ley General de la Administración Pública como del Código Civil). Por lo demás, conforme abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional, como a título de ejemplo, su sentencia número 1995-02313, de las dieciséis horas dieciocho minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se ha dicho que como derivación del artículo 48 de la Constitución Política, que en tanto los instrumentos de derecho internacional proporcionen mayor protección a los derechos fundamentales, habrán de considerarse éstos de igual rango que la Constitución, de manera que lo relacionado en el convenio de cita, bien puede afirmarse, informa además los adecuados alcances que para estos casos particulares, debe de entenderse tiene el artículo 45 de nuestra Constitución Política y el ordenamiento jurídico infra constitucional.Por su relevancia, estimamos pertinente la cita en lo conducente, del artículo 13 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo en estudio, en lo que indica en su inciso 2 que: “...Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan”. (El resaltado no es del original). Desde ese momento, rasgos importantes de este tipo de propiedad comunitaria lo son que su régimen jurídico se acerca al del dominio público, aunque no lo es, porque se trata de una propiedad si bien comunitaria y en ese tanto colectiva, exclusiva y excluyente, al tiempo lo es residenciada en un grupo de la población vulnerable, que por esa razón amerita la protección especial del Estado. Pues bien, muy a pesar de lo que en esos momentos el ordenamiento jurídico con claridad reglaba en torno al derecho de propiedad de estas comunidades en los términos dichos, con la adopción y entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del catorce de mayo de mil novecientos sesenta y uno (1961), publicada en la Colección de Leyes y Decretos de ese año en su segundo semestre, tomo primero, página trescientos noventa y cuatro, que derogó la Ley de Terrenos Baldíos, se dispuso conforme su artículo 75, en grosera contravención con el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo como sigue, en relación con la entidad que identificó ese cuerpo normativo como el Instituto de Tierras y Colonización: “El Instituto, de acuerdo con los organismos pertinentes, velará por el acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas, de conformidad con el espíritu de esta ley.No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente, pertenecen exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a todas estas comunidades, formando un solo centro agrario, en la zona que el Instituto considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de terreno que sea necesaria”. Refiere la norma al otrora conocido como ITCO (1961) luego IDA, Instituto de Desarrollo Agrario (1982) actualmente INDER Instituto de Desarrollo Rural (2012). La norma de cita simplemente desconoció de tajo el derecho de propiedad de las comunidades indígenas consagrado en norma de rango, potencia y resistencia superior. Posteriormente y a más de una década después, encontrándose vigente esta asistemática regulación, se promulgó la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas número 5251, del once de julio de mil novecientos setenta y tres (1973), publicada en la Colección de Leyes y Decretos del mismo año en su segundo semestre, tomo primero, página sesenta y cinco.Visto este cuerpo normativo, si se tiene presente el compromiso que se encontraba residenciado en el Estado a partir de la vigencia del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 2.1, 5, 11 y 13.2, a esta nueva organización pública interna vinculada con las comunidades indígenas conforme el artículo 4 de la ley mencionada, se le designó por el legislador, con propósitos generales y en lo que interesa para: “…b) Servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas obligadas a la ejecución de obras y a la prestación de servicios en beneficio de las comunidades indígenas; (…) e) Velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra; el uso oportuno de crédito; mercadeo adecuado de la producción y asistencia técnica eficiente; (…)”.(El resaltado y subrayado no es del original). Con todo y ello como se verá adelante, estas tareas de coordinación no fueron designadas con exclusividad en la CONAI, pues ya se encontraba vinculado a esta función, aunque de diversa forma, el ITCO. Por otra parte, se reiteró la obligación del Estado de garantizar el derecho de propiedad de estas comunidades sobre la tierra. En torno a estas labores de coordinación asignadas, no puede pasarse por alto el artículo 9 del mismo cuerpo legal, que dice así: “Para los efectos del inciso b) del artículo 8, se faculta al Estado, a las instituciones autónomas o semiautónomas del país para prestar ayuda de cualquier índole a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas” . (El resaltado no es del original). Punto aparte lo es que esta ley contempló –nuevamente de forma asistemática- un único transitorio, al parecer inspirado en la Ley de Tierras y Colonización, que rezaba: “A más tardar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, el Instituto de Tierras y Colonización procederá a levantar informaciones posesorias de todas las parcelas ocupadas por los indígenas en las diferentes zonas, a fin de inscribirlas en el Registro de la Propiedad en forma inmediata a nombre de los ocupantes de dichas parcelas.Los indios que no estuvieren ocupando parcelas, deberán ser censados para resolverles el problema de la carencia de tierras a la mayor brevedad posible. El Instituto de Tierras y Colonización deberá mantener una reserva considerable de tierras aptas para el cultivo, en las cuales dará arrendamiento; y que serán destinadas exclusivamente para futuras expansiones de las comunidades indígenas” , (el resaltado no es del original) lo que habla –se insiste- de un despojo de la titularidad de esas tierras contra lo establecido por el derecho internacional. De otra parte, en lo que podría estimarse que constituye algún aspecto favorable a los intereses indígenas, se indicó que a partir de la promulgación de esa ley, era ese Instituto el que habría de haberse provisto al menos de los terrenos suficientes para destinarlos exclusivamente a estas comunidades, así como que, como consecuencia lógica y necesaria de esa atribución-deber, de haber emprendido las tareas pertinentes a fin de determinar y definir con claridad la limitación o deslinde de los terrenos que comprenderían esos territorios.Al año de su entrada en vigencia, fue reformado este transitorio conforme el artículo 1 de la Ley número 5651 de trece de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974), en los siguientes términos y con desconocimiento absoluto de la propiedad indígena garantizada por el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo: “Transitorio.- Se declaran inalienables las reservas indígenas inscritas a nombre del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), las cuales se destinarán exclusivamente al asentamiento de las comunidades indígenas, servicios públicos indispensables, y al uso, habitación y usufructo de los aborígenes que carezcan de tierras de su propiedad, inscritas o no inscritas fuera de esas reservas. En éstas el ITCO podrá otorgar arrendamientos a dichos aborígenes, por tiempo limitado e intransferible, salvo a otros aborígenes que se encuentren en las mismas condiciones.El Sistema Bancario Nacional y las demás instituciones del Estado, conjuntamente con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), reglamentarán sistemas especiales para que los miembros de las comunidades aborígenes puedan obtener créditos para la adecuada explotación de las tierras, a que se refiere este transitorio”. Se insiste en que el ITCO debía entonces de delimitar y registrar, aunque lo fuese a su nombre, las áreas de terreno correspondientes. Lo anterior importó el desconocimiento pleno de la propiedad indígena que el Estado se habría comprometido a garantizar ante la comunidad internacional y esos pueblos. Tornando otra vez al texto original de la Ley número 5251 que crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, dicha organización según su artículo primero, fue dotada de personería jurídica y patrimonio propios. Se destaca que la Comisión desde su creación -y en ese tanto su asamblea general- se encontraba conformada entre otros según su artículo 2, inciso a), por: "… los representantes de las dependencias e instituciones siguientes: Presidencia de la República; Universidad de Costa Rica; Universidad Nacional; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Gobernación y Policía ; Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Ganadería ; Ministerio de Seguridad Pública; Instituto Mixto de Ayuda Social; Instituto de Tierras y Colonización; Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; Instituto Nacional de Aprendizaje; y Servicio Nacional de Electricidad; (…)” .(El resaltado no es del original). Lo anterior da cuenta del vínculo necesario que debía de existir entre el Poder Central y entre otros entes, el mismo ITCO, esto, hasta el dictado de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 3485-2003, de las catorce horas diecisiete minutos del dos de mayo del dos mil tres, fallo cuyo contenido no entramos a analizar, bastando con indicar que estimó inconstitucional que la comisión estuviese integrada con dichas autoridades públicas. Debe tomarse nota de que las instituciones y Ministerios referidos conformaban parte de la asamblea general de la CONAI, con facultades para fijar su política general actuando como componentes de dicho órgano colegiado, así como para aprobar o improbar su presupuesto, tanto ordinario como extraordinario. La finalidad de esta organización se reitera por su relevancia, lo fue entre otras cosas y como se advirtió, la de servir de instrumento de coordinación interinstitucional, así como la de velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indígena la propiedad individual y a su comunidad, la propiedad de sus territorios según reza el artículo 4 inciso e) de dicho cuerpo legal.En lo que toca al patrimonio de la CONAI, se habría de encontrar constituido a la fecha de su entrada en operación, por la subvención anual que se venía dando en la Ley de Presupuesto General Ordinario de la República a la anterior Junta de Protección a las Razas Aborígenes; las contribuciones extraordinarias acordadas por el Estado e instituciones autónomas y semiautónomas de la República; los bienes pertenecientes a la anterior Junta; las donaciones de particulares, de Estados extranjeros, agencias y fundaciones internacionales o cualquiera otra entidad; el uso de nombres, símbolos y figuras indígenas; y el importe de los derechos otorgados para el uso comercial de esos nombres, símbolos y figuras indígenas, (artículo 8, inciso a) de la Ley de Creación de la CONAI). Siempre en lo que corresponde con temas presupuestarios, el artículo 9 de esta ley dispuso que el Estado e instituciones autónomas y semiautónomas de la República, se encontrarían autorizados para prestar ayuda de cualquier índole a la CONAI, claro está, para la consecución de sus fines.De otra parte y siempre en esta misma línea de ideas, en su artículo 28, la ley que nos ocupa indicó que: “A fin de que el Poder Ejecutivo pueda estar en condiciones de fijar en el proyecto de ley de Presupuesto General de la República, la subvención que a bien tuviere, a más tardar el 31 de julio de cada año, la Junta Directiva remitirá a la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, una estimación razonada de sus necesidades para el próximo período fiscal. Es entendido que para el período fiscal de 1973 no rige esta disposición. Asimismo los presupuestos de la Institución serán sometidos a la Contraloría General de la República para su aprobación y liquidación conforme a la ley”. (El resaltado no es del original). La reserva indígena Cabécar de Talamanca, fue descrita por primera vez en los términos del Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número setenta, del diez de abril de mil novecientos setenta y seis (1976).En este instrumento normativo, se declaró entre otras cosas lo que sigue: “ Considerando: (…)5°- Que aún existen territorios poblados exclusivamente por indígenas haciendo posible la delimitación de dichas Reservas; (…) 10.- Que es deber del Estado vigilar la seguridad de sus ciudadanos, e impedir las injusticias y malos tratos, especialmente en el caso de minorías indígenas actualmente marginadas”. (El resaltado y subrayado no es del original). Además, en su artículo primero se ordenó que: “Su delimitación exacta será efectuada por el ITCO, en coordinación con la CONAI”. Así, al para entonces denominado Instituto de Tierras y Colonización, (hoy INDER) se le reitera su designación como el organismo que tendría bajo su cargo la demarcación territorial de la reserva así creada, tarea que habría de iniciar dos meses luego de puesto en vigencia el Decreto. (Entre estas reservas, la de Talamanca ya se encontraba identificada con los términos del arriba citado Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis).Además, conforme los artículos 14 y 15 del Decreto en análisis, se expresó por parte del Poder Ejecutivo que lo que se encontraba normado por esa vía lo es de interés público, así como que la CONAI tendría el deber de elaborar un censo de la población indígena de Costa Rica a la brevedad posible, que debería además de encontrarse permanentemente actualizado. Pues bien, encontrándose reconocido el terreno propiedad de estas comunidades de la forma que se indicó, apenas algo más de un año después, se promulgó la Ley Indígena, número 6172 del veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), que conforme su artículo 11 derogó toda otra anterior en lo que se le oponga. En esta oportunidad y sin perjuicio de lo que el legislador promulgó con ocasión de la puesta en vigencia de la Ley de Tierras y Colonización que habría en lo asistemática que resultó de tenerse por derogada, se dispuso conforme el artículo primero en relación con el 2 de este cuerpo legal sobreviniente -ahora sí, acorde con lo dispuesto en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 107 sobre Protección de Pueblos Indígenas y Tribales- que las reservas indígenas son propiedad de esas comunidades y que se habrían de encontrar todas inscritas en el Registro Nacional a su nombre, ya no del ITCO.Asímismo, se estableció que los límites de esos territorios una vez “reconocidos” por el Estado, no podrán ser variados en disminución en su cabida si no lo es mediante ley de la República. Además, se advirtió que estas comunidades tendrían plena capacidad jurídica para actuar y que no se considerarían estatales (el artículo 4 de la ley habla de los Consejos Directivos, administradores y representantes de estas comunidades). Además, se reitera que se trata de territorios inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos de las comunidades indígenas que los habitan, no encontrándose permitido a los no indígenas, alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas, siendo todo traspaso o negociación de tierras o las mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, absolutamente nulo con las consecuencias legales del caso.Nota aparte, conforme el reglamento a la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo número 8487, del veintiséis de abril de mil novecientos setenta y ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 89, del diez de mayo de mil novecientos setenta y ocho, en su artículo 3, se indicó que: “Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 2° de la Ley Indígena, las Comunidades Indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley No 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento”. En tanto, el artículo 10 del mismo reglamento indicó que: “Para garantizar los derechos regulados en los artículos 3° y 5° de la Ley, el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral comparecerá, por sí o a través de su apoderado o Delegado, a la mayor brevedad posible, después de producida la infracción, acompañando la certificación donde aparezca la inscripción de la Reserva, para incoar, ante el funcionario competente, la acción legal correspondiente”.Posteriormente, conforme el Decreto Ejecutivo número 13568 del 30 de abril de 1982, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 94 del diecisiete de mayo del mil novecientos ochenta y dos, se dispuso en su artículo primero que las Asociaciones de Desarrollo Integral tienen la representación legal de las Comunidades Indígenas y actúan como gobierno local de éstas. En refuerzo de todo lo anterior, el día tres de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992) fue promulgada la Ley número 7316 publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” número 234, del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo, conforme el cual se regula puntualmente el tema de la propiedad indígena. En su artículo 2.1, reza este instrumento como sigue: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.Por su parte, el inciso 2) del mismo numeral indica: “2. Esta acción deberá incluir medidas: a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida”. Otros numerales del convenio que resultan de interés, los pasamos a citar, su artículo 3 dice así: “Artículo 3.- 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos; 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”. Su numeral 4, que por parte del Estado: “1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales”. El artículo 5, indica que los gobiernos: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.La temática de la propiedad de estos grupos sobre las áreas que comprenden sus territorios, fue específicamente contemplada en este convenio y en esta línea, su artículo 13, indica así: “1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. (El resaltado no es del original). El artículo 14, inciso 2), reza: “2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.-
  2. 2) Sobre los alcances el artículo 5 de la Ley Indígena. En lo que mayor relevancia tiene a los efectos de este fallo, el artículo 5 de la Ley indígena dispuso: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. / Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. / Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982.El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República”. Se estima necesario hacer las siguientes consideraciones en criterio mayoritario, de este Tribunal. La ley en lo que toca a este artículo, parece haber reconocido o al menos se encuentra expresada de tal forma, que supone un hecho tenido como cierto por el Legislador, a saber, que a su entrada en vigencia efectivamente existían personas no indígenas poseedoras o titulares de buena o mala fe, sobre áreas de los territorios de las reservas indígenas, en relación con las cuales para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado, particularmente con lo estipulado en el artículo 11 del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, debía de procederse a su desalojo. Así, debiéndose suponer que la reserva se encontrase debidamente delimitada, se definió conforme el artículo en estudio y por lógica deducción, que en torno estas personas poseedoras no indígenas, primero, debían ser estas identificadas, como poseedoras de terrenos dentro de la reserva.A estos propósitos, con claridad plena entiende esta autoridad judicial que se impone que la Administración tenga clara la delimitación de las áreas de terreno que conforman la reserva indígena, exclusivamente conforme el respectivo Decreto Ejecutivo que dictado al efecto, así lo haya reconocido y esto, con absoluta independencia de la información registral derivada del Registro Nacional, aunque claro está, el levantamiento de los planos correspondientes y la inscripción registral de las fincas a nombre de las asociaciones respectivas, es presupuesto para la determinación posterior, de qué persona no indígena se encuentra dentro de la reserva, o de situaciones jurídicas eventuales derivadas de la situación registral del inmueble. La delimitación de esos terrenos correspondía antes de entrada en vigencia la Ley Indígena al INDER, en coordinación con la CONAI, como lo es ahora conforme la normativa vigente y claro está, en coordinación con las comunidades indígenas mismas y toda otra autoridad pública vinculada, incluyendo al propio Estado conforme un adecuado ejercicio de control de convencionalidad en materia de derechos humanos.Segundo, partiendo de las áreas que comprenden la reserva, una vez debidamente delimitadas, habría entonces de procederse a efectuar los censos poblacionales que permitan identificar la existencia de no indígenas en ella, (tarea que corresponde a la CONAI, en concurso con las comunidades indígenas, ya sea que esos terceros ejerzan actos de posesión o resulten titulares a nivel registral de algún derecho sobre los territorios (posibles traslapes registrales incluidos), por lo que la situación registral y/o catastral del inmueble resulta mandatoria. Tercero, a los efectos de proceder a la expulsión material por medio de una actuación de policía, al desalojo administrativo, o en su caso, previo al desalojo o puesta en posesión, la indemnización, si es del caso por la vía del proceso expropiatorio, de todo no indígena en las reservas, habría de procederse con la determinación previa de las variables que conforme el artículo 5 de la Ley Indígena, hacen depender obrar de una u otra forma, sea, según se trate del ejercicio de actos o derechos de terceros desplegados de buena o mala fe.Parámetro para ello sin duda lo son las reglas comprendidas en el Código Civil, artículos del 17 al 22, sin perjuicio de la normativa que de forma sistemática ha sido analizada a este punto del presente instrumento, al tenor de la cual, todo acto realizado posterior a la vigencia de la Ley Indígena y por virtud de lo dispuesto en ésta al menos, deviene, en tesis de principio y por disposición de ley, en nulo, tratándose de inmuebles fuera del comercio de los hombres. Por supuesto que la data de creación misma de cada reserva es parámetro que debe ponderarse también, y pese a la ausencia de demarcación, si podía conocer la persona no indígena que el inmueble podía encontrarse siendo parte del territorio indígena. Cuarto, para el caso de poseedores de mala fe, se debe proceder con su expulsión (acto de policía) o desalojo inmediato por las vías legales previstas al efecto (desahucio administrativo), esto a efecto de lo cual, no habría de proceder indemnización alguna.En el caso de las personas que se encuentren siendo titulares registrales del dominio o de algún derecho real, que cuenten con título y que lo sea de mala fe, debería procederse con la acción prevista por el ordenamiento jurídico para la remoción de mundo jurídico del título correspondiente, para posteriormente lograr el desalojo respectivo. En el caso de que el título haya sido otorgado en el ejercicio de alguna potestad administrativa (titulación por parte de una autoridad pública entre otros), habría ello de importar la acción por la vía de la lesividad si es del caso, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o la acción directa ejercida por parte del titular del derecho afectado. Para el supuesto de los no indígenas, ya sean simples poseedores, ya sean titulares registrales del dominio y/o algún derecho real sobre el inmueble, en tanto se encuentren actuando de buena fe, debe procederse por el INDER a proponerles una alternativa para su reubicación en terrenos que habrían de resultar equivalentes en lo posible, con los así afectados por estos terceros en las reservas indígenas.Los terrenos para reubicar, deberán de serlo sin duda de entre los que se encuentren en disposición del Instituto de Desarrollo Rural, tanto para sus fines ordinarios de ley, como para estos particulares propósitos, al amparo de la Ley Indígena, dado que la disposición de terrenos a ser destinados a los propósitos de la protección de las comunidades indígenas es de vieja data residenciado en el entonces ITCO, previo incluso a la entrada en vigencia de la Ley Indígena como fue advertido supra. Ahora bien, la reubicación sólo procede de resultar voluntaria por el particular y de ser posible, de lo contrario, debe procederse con el trámite de expropiación, cuyo procedimiento, luego y eventual proceso judicial, habría de encontrarse a cargo del Instituto de Desarrollo Rural, haciendo para ello mano de su propio presupuesto, salvo en lo que corresponde exclusivamente con el pago de las indemnizaciones cuando procedan, con cargo en los fondos que habría de administrar la CONAI.El INDER a esos efectos deberá efectuar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento con los actos preparatorios del procedimiento administrativo respectivo y de expropiación en sede judicial, incluyendo la identificación plena del inmueble de que se trate, su valoración y la declaratoria de interés público en su caso, sin perjuicio de la coadyuvancia que puedan suministrar otras entidades públicas y claro está, el propio Poder Ejecutivo, que en criterio de la mayoría de los integrantes de este Tribunal, nunca se ha entendido por el orden jurídico, desvinculado de estas tareas en aplicación directa del derecho internacional. Así, será exclusivamente para el pago de las indemnizaciones entonces, que deberán destinarse los fondos direccionados a la CONAI por parte del Poder Ejecutivo conforme el párrafo final de dicho numeral, de forma que encontrándose ellos en buena administración de la Comisión, deberá esta mantenerlos disponibles para cuando resulte oportuno proceder a la indemnización a favor de quien corresponda, de conformidad a requerimiento del INDER y cuando jurídicamente así proceda, todo, en un marco de coordinación adecuado y eficiente.De la forma dicha, es dable decir que el legislador instrumentalizó al denominado en aquel momento Instituto de Tierras y Colonización –podría suponerse que dada la plataforma con que contaba su organización- luego Instituto de Desarrollo Agrario, hoy, Instituto de Desarrollo Rural, en relación con el cual existen aún vigentes sus deberes legales de delimitar los terrenos que conforman las reservas indígenas conforme [sic] el Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis, y de proveer de los terrenos que resulten necesarios para reubicar a los no indígenas cuando ello proceda -a lo que deberá proceder echando mano de aquellos terrenos que tenga en disposición-. En el supuesto de la expropiación, debe tenerse en cuenta el particular interés que ha de perseguir la declaratoria de interés público que corresponde a una actuación previa indispensable. El interés público en estos casos, ciertamente conforme el artículo 45 constitucional responde al despliegue de obligaciones estatales impuestas por el bloque de legalidad y en esa medida, en protección del interés público relacionado con la protección de la cultura indígena asociada al derecho de propiedad, pero también atiende y al tiempo, a un interés comunitario o colectivo de corte privativo, en tanto perseguirá la integridad del derecho de propiedad, exclusivo y excluyente, residenciado en las comunidades indígenas a través de sus organizaciones representativas, por lo que no se trata de un interés institucional, como sí medio para la preservación del derecho de propiedad de grupos particulares y vulnerables de la población que se han tradicionalmente encontrado en riesgo y constantes violaciones a su derecho de propiedad, tal y como el mismo legislador y el Poder Ejecutivo lo han reconocido expresamente.En cuanto a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, corresponde a esta organización pública como se dijo, la realización de los censos poblacionales dentro de las reservas indígenas, claro está, una vez que se encuentren claramente delimitadas por el INDER, sin perjuicio de la forma en que haya de proceder cuando no quepa duda de las áreas de la reserva de que se trate. En este sentido, para este Tribunal por mayoría, la administración de los fondos con que debió de ser dotada la CONAI por parte del Poder Ejecutivo en ajuste con el artículo 5 de la Ley Indígena y la puesta a disposición de éstos, exclusivamente para los efectos de pagar las indemnizaciones cuyo trámite se encuentran a cargo del INDER, habría de servir como presupuesto para financiar las mismas. Lo anterior hace suponer que habrá de privar formal requerimiento por parte del INDER a la CONAI a esos propósitos cuando proceda, y hasta que el dinero designado a ese efecto por el legislador con cargo en el Poder Ejecutivo subsista.De no resultar suficiente, el faltante debería de ser provisto por el Poder Ejecutivo siguiendo la misma fórmula legislativa dispuesta y en la medida necesaria. La posibilidad de que no resulte suficiente el presupuesto previsto originariamente, no impone otra cosa que decir, que no enerva esa circunstancia la obligación originaria únicamente endosable al poder central, de dotar de los recursos que resulten necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Indígena y el derecho internacional. En el momento en que no existan no indígenas que indemnizar en las reservas, queda claro para este Tribunal que la norma comprendida en el numeral -norma de corte programático- de cita habrá de perder vigencia en función de haberse ya cumplido el fin que persigue la misma en ese tanto. En ese estado de las cosas eventual, debería de poderse afirmar que se habría de haber materializado de forma efectiva el ejercicio del derecho exclusivo y excluyente de propiedad del que son sus titulares las comunidades indígenas, sin perjuicio de la vigilancia futura en torno a su integridad.De esta manera, se hace suponer que para el cumplimiento de estos específicos fines, que tanto el Estado como la CONAI y el INDER deben de ejercer tareas intensas y sistemáticas de coordinación, en el ejercicio de obligaciones y competencias que no son ni exclusivas ni excluyentes, antes bien, conjuntas y coordinadas e interdependientes, no pudiéndose desatender por ninguna de estas autoridades, el rol activo e impuesto por el ordenamiento jurídico que deben desempeñar, desde la delimitación, legal, registral y material de las reservas, la realización de censos poblacionales y ubicación de no indígenas poseedores o titulares de algún derecho sobre los inmuebles de interés, debiendo en cada caso concreto determinar si ese derecho o posesión lo es de buena fe, para proceder cuando corresponda a la mera indemnización y/o en su caso a la indemnización previo trámite de la expropiación correspondiente y su posterior expulsión o desalojo del inmueble, así como la puesta en posesión efectiva del terreno en su titular. Se hace notar que cualquiera de las administraciones involucradas, de no cumplir con su rol o deber legal, impide o al menos afectaría sustancialmente al resto.-”.

Esta integración comparte en un todo lo transcrito previamente, que permite entender la evolución de la protección que se ha dado a los territorios ocupados por las poblaciones indígenas en Costa Rica. A partir de lo anteriormente desarrollado, resulta esencial en este asunto determinar si la actora se encuentra en los supuestos contemplados en el artículo 5 de la Ley Indígena, pues sólo a partir de la acreditación de esos elementos es posible acoger la pretensión indemnizatoria de la señora Cantillano. Sobre los requisitos establecidos en el artículo 5 ya referido, y junto a lo ya transcrito, la resolución de la sección Sexta número 00105-2020-VI, de las 14:15 horas del 28 de agosto del 2020 estableció:

“VI.- DE LOS PRESUPUESTOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE DERECHOS DE TIERRAS UBICADAS EN RESERVAS INDÍGENAS.- Para el análisis de la cuestión, debemos atender a lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional, respecto de los presupuesto para las indemnizaciones de derechos de personas no indígenas, que se ubican en reservas indígenas, conforme a las delimitaciones dadas a tal efecto, ya sea mediante ley o en decretos del Poder Ejecutivo. Este ha sido un tema ya abordado de manera consistente y reiterada por este Tribunal en diversas ocasiones, así por ejemplo, la número 74-2013-VII, de las diez horas treinta minutos del veintinueve de octubre del dos mil trece, de la Sección Sétima, 38-2016-VI, de las diez veinticinco minutos del ocho de marzo y 66-2016-VI, de las quince horas del veintiuno de abril, las dos últimas dictadas en el año dos mil dieciséis; 15-2019-VI, de las ocho horas treinta minutos del trece de febrero del dos mil diecinueve y 86-2020-VI, de las quince horas cincuenta minutos del treinta de junio del dos mil veinte, los últimos de la Sección Sexta y la número 23-2019-IV, de las once horas dieciocho minutos del veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, de la Sección Cuarta, todos del Tribunal Contencioso Administrativo. De los anteriores precedentes es posible inferir lo siguiente: lineamientos que orientan la decisión en este asunto.

Primero: Tratándose de las reservas indígenas establecidas y reconocidas en nuestro país, es necesario reiterar que se trata de terrenos que son destinados para uso exclusivo de los pueblos indígenas y en tal virtud, están abstraídos del comercio de los hombres, es decir son inalienables y además son imprescriptibles, y "no transferibles", dado que por mandato legal están destinados "... exclusivamente para las comunidades indígenas que las habitan", y se aclara que "(L)os no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas"; conforme al numeral 3 de la Ley Indígena, número 6172, del veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y siete. Consecuentemente, se trata de un régimen especial de propiedad, en tanto difiere del concepto de propiedad privada previsto en el ordenamiento jurídico nacional conforme a la previsión del numeral 45 de la Carta Fundamental y en la legislación ordinaria -sea la de orden civil, urbana y agraria-; y que por las limitaciones que implica para los no indígenas, se traduce en limitaciones a los atributos ordinarios del derecho de propiedad (privada), en los términos previstos en el artículo 264 del Código Civil, dado que es un régimen diverso, según se ha indicado, y que excluye a las personas no indígenas.

Segundo: Ahora bien, en la forma ya indicada por este Tribunal, la procedencia de la indemnización está condicionada a la concurrencia de varias elementos, conforme lo dispone la normativa que rige esta materia. En este sentido, en lo que interesa a este asunto, en las sentencias números 15-2019-VI, de las ocho horas treinta minutos del tres de febrero, número 23-2019-VI, de las once horas dieciocho minutos del veintinueve de marzo, ambos del dos mil veinte y 86-2020-VI, de las quince horas cincuenta horas del treinta de julio del dos mil veinte, se ha expuesto lo siguiente en lo que es de interés:

"a) Elemento material: El primer presupuesto que resulta de lógica preponderancia en este tipo de casos, es que el terreno cuya expropiación e indemnización se peticiona, se encuentre territorialmente, dentro del área de una Reserva Indígena. Esto exige un análisis casuístico a fin de determinar esa correspondencia geográfica. La acreditación de este aspecto puede realizarse de diversas formas, pues bien puede sustentarse en una constancia expedida por las autoridades administrativas correspondientes, así como mediante prueba técnica, entre otras, análisis periciales de topografía, levantamientos topográficos satelitales, documentos del Instituto Geográfico Nacional, entre otros. Lo determinante en cuanto a este aspecto, es definir esa pertenencia del terreno a un área de reserva indígena, deducción que no puede limitarse a un tipo de probanza en particular. b) Elemento subjetivo: Por un lado, el expropiado debe ser un no indígena que sea titular del derecho de dominio o de la posesión de un fundo que se encuentra dentro de los límites de la Reserva Indígena, en este último caso, siempre que la posesión haya sido ejercitada de buena fe en los términos del Código Civil.

Lo anterior implica que en los casos en que esa posesión lo haya sido de mala fe, no existe derecho alguno a la indemnización, aspecto que en cada caso ha de ser analizado conforme a los elementos de prueba aportados al expediente. En este punto, puede citarse el caso de la adquisición de terrenos de parte de un indígena, caso en el cual, ese aspecto haría presumir el conocimiento de que las tierras formaban parte de la propiedad comunitaria que aplica en esta materia. Desde este plano, en caso de no ser poseedores de buena fe, las autoridades administrativas deberán proceder de inmediato al desalojo del inmueble sin derecho indemnizatorio alguno a reconocer. c) Elemento Temporal: De igual manera, la norma hace inferir una regla de temporalidad que condiciona el otorgamiento de la indemnización correspondiente, en el sentido de que la titularidad registral del terreno o el ejercicio posesorio, ha de haber iniciado de previo a que el área en que se encuentra ubicada la finca en concreto, fuese incluida dentro de la zona de Reserva Indígena.

Así, la fecha de inscripción del bien o correspondiente adquisición (siempre que la enajenación fuese de quien no era indígena) o el inicio de actos posesorios, ha de haberse producido antes de que la zona respectiva fuese declarada como reserva indígena. Luego de esa declaratoria que se realiza mediante la Ley No. 6172, o bien, de la ampliación de límites de la reserva respectiva (cuando el terreno en debate no formara parte del área original de esas reservas), al tenor de la restricción impuesta por el canon 3 señalado ut supra, esos actos de traslado de dominio o de derechos de posesión serán absolutamente nulos, y por ende, inoponibles al trámite de indemnización comentado, por cuanto tendrían como objeto un bien sobre el cual ya ha recaído una limitación legalmente impuesta y que por ende, no forma parte del comercio. Así se desprende del canon 3 de marras en cuanto indica: "... Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas.

(...)". Esa norma posibilita el comercio de bienes solo entre indígenas, sancionando la nulidad de contratos suscritos entre indígenas y no indígenas, así como la adquisición de parte de no indígenas de terrenos que hayan sido declarados parte de alguna reserva. Ergo, constituida la reserva y delimitada su área, no será posible la titulación de terrenos, o traspasos de dominio sobre bienes que formen parte de esa cobertura. Para ello, el referente no es otro que la norma legal o el Decreto Ejecutivo en el que se definen los límites de cada reserva, o bien, la norma que amplié los parámetros territoriales previamente establecidos. Es decir, para esos efectos, es necesario considerar el acto formal que afecta las heredades del no indígena, mediante una declaración de voluntad administrativa que define esa porción de terreno como parte de la zona indígena. Cabe reiterar que, con independencia de la fecha de adquisición, el mismo ordinal 3 establece la nulidad ipso iure (de pleno derecho) de los traspasos de un indígena a favor de un no indígena, caso en el cual, es evidente que, por la invalidez del título traslativo de dominio, no procedería la indemnización de comentario.

De igual modo, este elemento guarda incidencia a su vez en el análisis del componente de la buena fe, pues una vez realizada la declaratoria de afectación, y constando tal circunstancia en el margen registral del terreno, los actos de adquisición de dominio o de posesión no serán tenidos como de buena fe, por ende, no cabrá reparación monetaria. …” (Resaltado es del original.)

Tercero: Así pues, el mismo ordenamiento nacional estableció mecanismos o instrumentos en favor de los propietarios o poseedores "de buena fe" de inmuebles incorporados en reservas indígenas, conforme a la delimitación limítrofe que la ley o el Poder Ejecutivo haga de cada reserva indígena. Así, en primer lugar, la reubicación, "en otras tierras similares" y si ello no fuere posible o no hubiere consentimiento de parte del afectado, con la expropiación e indemnización, a través de los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley de Expropiaciones. Por este motivo, interesa definir lo que se entiende por propietario o poseedor de buena fe, ya que del cumplimiento de este presupuesto, se infiere que da lugar a la indemnización correspondiente, en resguardo del derecho de propiedad, conforme al numeral 45 de la Constitución Política. Así, no basta la propiedad registral o la posesión del inmueble para que se genere esta obligación a cargo de la Administración.

En este sentido, resultan de referencia (parámetro) los principios comprendidos en los numerales 17 a 22 del Código Civil en relación al 10 y 131.3 de la Ley General de la Administración Pública, al tenor de los cuales, resulta absolutamente prohibido el pretender efectos jurídicos no permitidos o prohibidos por el ordenamiento jurídico, como lo sería el procurar un ejercicio antisocial o un abuso del derecho en relación a particulares y desviación de poder en el caso de la Administración Pública, siendo que en el ámbito del Derecho Administrativo y con ello de las relaciones jurídico-administrativas, la norma "... deberá ser interpretada [y aplicada] en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular", según reza el citado canon 10 de la Ley General de la Administración Pública. En esta materia, y al amparo de la normativa que la rige, sólo los derechos (de propiedad o de posesión) adquiridos por personas no indígenas previo a aquella delimitación -y con ello, de la afectación de tales terrenos al régimen jurídico de propiedad indígena- es que se puede calificar como de buena fe, y con ello, da lugar a la correspondiente indemnización del derecho de propiedad privada y de los daños y perjuicios ocasionados con aquella afectación.

Al contrario, bien puede concluirse que todo acto de traspaso o disposición de bienes comprendidos en reservas indígenas, realizado con posterioridad a la determinación de las tierras que conforman en la respectiva reserva indígena -según delimitación realizada ya sea por la Asamblea Legislativa a través de la ley o por el Poder Ejecutivo, mediante decreto dictado al efecto-, deviene, en tesis de principio y por disposición de ley -artículo 5 de la Ley Indígena-, en nulo, por tratarse de inmuebles que están fuera del comercio de los hombres. En este sentido es necesario precisar que un efecto directo de esta afectación en la disposición de los territorios declarados reservas indígenas, es que las personas no indígenas, no podrán alquilar, arrendar, comprar o adquirir terrenos o fincas ubicadas dentro de las reservas indígenas y si se realizan actos de disposición (compra, venta, o de cualquier tipo), después de una declaratoria de un territorio como reserva indígena, serán actuaciones absolutamente nulas, como lo dispone de manera expresa el numeral 3 de la Ley Indígena […]

En este sentido, debemos recordar que los decretos de creación de reservas indígenas, al igual que el resto de las disposiciones normativas, son publicados en el Diario Oficial La Gaceta, bastando con esta publicitación para su puesta en conocimiento de la ciudadanía y población de la Nación. En principio, en atención al principio de inmatriculación de los bienes de dominio público, esta afectación no requeriría ulterior indicación en el Registro Público de la Propiedad; no obstante, siendo que es un régimen especial de propiedad -ya se indicó, diversa al régimen de propiedad privada, al tener una connotación jurídica especial, de carácter comunitario de los pueblos indígenas, y que permite la transmisión entre indígenas-, se entiende que esta afectación al menos debe estar determinada y consignada en algún documento público, como lo son los respectivos decretos de afectación y derivado de esto, especificado al menos en algún estudio o plano. Por eso, cualquier traspaso u ocupación que se haga luego de demarcada el área de la reserva indígena, deberá ser considerado de mala fe, supuesto en el cual se debe proceder con su expulsión (acto de policía) o desalojo inmediato por las vías legales previstas al efecto (desahucio administrativo), y consecuentemente, no podría procederse a indemnización alguna”.

Esta transcripción resulta relevante porque permite sistematizar la necesidad de acreditar tres elementos para proceder con la indemnización solicitada, un elemento material, uno subjetivo y uno temporal, que analizaremos a continuación.

En cuanto al elemento material, sea, que el terreno cuya expropiación e indemnización se peticiona, se encuentre territorialmente dentro del área de una reserva indígena, se tiene que, en el presente asunto, desde la propia demanda la parte actora reconoció que la integralidad de su terreno se encuentra dentro del territorio de la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles), situación que se corrobora con el documento fechado 2 de junio de 2008, del Director Ejecutivo de Conai y dirigido a la Municipalidad de Talamanca (hecho probado número 4) y con el oficio número IRT-0836-2018, del 4 de octubre de 2018, del Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe Información y Registro de Tierras del INDER, en el que se señaló: "En atención al oficio AJ-L-284-2018; relacionado con el expediente judicial N.º 15-007359-1027-CA, el que se relaciona con la finca 90980, del partido de Limón, me permito informar lo siguiente: / Desconozco el momento en que se creó el predio en el terreno, con la forma y dimensiones, con que finalmente fue inscrito. / El predio según la ubicación del plano que lo representa, se encuentra afectado por territorio Indígena Kekoldi, en el sector con decreto número 7267 de fecha 9 de agosto de 1977. / El estudio de registro indica que la finca 90980 proviene de la finca 39050, sin embargo en el lugar donde se localiza esta, existe otra finca a nombre del Inder, que es la 1050. / Se adjunta croquis con la ubicación del plano y de cada uno de los decretos del Territorio Indígena" (hecho probado número 8).

En virtud de lo anterior, esta integración no tiene ningún obstáculo en tener por acreditado este primer elemento. La situación deviene más complicada para el elemento subjetivo y el temporal. Como se deriva de lo trascrito, el elemento subjetivo contiene dos requisitos constitutivos, por un lado, la persona debe ser no indígena y por el otro lado, que sea titular del derecho de dominio o de la posesión de un fundo, siempre que la posesión haya sido ejercitada de buena fe en los términos del Código Civil. El elemento temporal, por su parte, exige que la titularidad registral del terreno o el ejercicio posesorio, haya iniciado de previo a que el área en que se encuentra ubicada la finca en concreto, fuese incluida dentro de la zona de Reserva Indígena. Decimos que la acreditación de estos elementos se complica, porque la parte actora basa su titularidad, entre otras cosas, en la adjudicación que tanto a su favor como el de su difunto esposo hiciera el entonces IDA, hoy día Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, en su sesión número 074-99 celebrada el 13 de octubre del 1999, artículo número XIV, del terreno identificado como parcela número 7-A-107 (hecho probado número 1), así como su posterior trámite registral mediante escritura pública número treinta, otorgada ante el notario Federico Villalobos Chacón a las 10:00 horas del 29 de octubre del 1999 (hecho probado número 2), que llevó a su inscripción con fecha 16 de marzo de 2000 a favor de la actora del derecho 002 sobre la finca número 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998, correspondiente a un medio de la finca que se disputa en este asunto (hecho probado 3).

Precisamente, estas actuaciones originarias por parte del ahora Inder, acordando las adjudicaciones, del notario encargado de materializar los traspasos y del Registro Nacional generando la finca en cuestión, se encuentran cuestionadas a través del proceso de lesividad acumulado a la presente causa, al considerar el Inder que nunca debió adjudicar a los actores dicha parcela, en el tanto esta forma parte de la reserva desde la delimitación establecida mediante el Decreto Ejecutivo número 7267 del 9 de agosto de 1977. Ante esta situación, es la consideración de esta Cámara que para poder determinar si hay buena fe en la posesión y titularidad de la actora y si el terreno estaba o no incluido en la Reserva al momento de ser adquirido, es necesario esclarecer primero si las actuaciones originarias del Inder se encuentran apegadas a derecho, para lo cual debe procederse a analizar la acción de lesividad interpuesta por el Inder.

Así las cosas, y a fin de tener claro el hilo conductor de esta resolución, a continuación se tocarán las generalidades del proceso de lesividad, para después analizar el cumplimiento de requisitos para el caso concreto, así como las objeciones presentadas por la parte actora en cuanto al procedimiento efectuado y la convalidación del título por el paso del tiempo. Resueltas esas cuestiones, se retomará el análisis de los elementos subjetivo y temporal, con el fin de determinar si procede o no indemnizar a la actora Cantillano Obando.

GENERALIDADES DEL PROCESO DE LESIVIDAD.- Como punto de partida es menester resaltar, que en términos generales, el proceso de lesividad es un mecanismo jurisdiccional, por medio del cual el legislador ordinario autorizó a las Administraciones Públicas, a deducir pretensiones anulatorias respecto de actos declaratorios de derechos subjetivos dictados por ellas. En estos tipos de procesos judiciales, se analiza la validez de una conducta formal concreta, que ha generado derechos subjetivos a favor de un administrado -persona física o jurídica-. Justamente por ello, es que se hace necesaria la obligada participación del destinatario del acto cuya nulidad se pretende, a efectos de garantizar no solamente el contradictorio, sino el ejercicio oportuno de su derecho de defensa. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA-, es la norma que fija los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura; sin embargo, dicho precepto normativo debe concordarse con los numerales 173.6 y 183, ambos de la Ley General de la Administración Pública -LGAP-, a efecto de tener un panorama completo sobre la temática que se aborda.

De la combinación armónica de dichas normas, se concluye que en este tipo de procesos la legitimación activa se concede a la Administración emisora del acto atacado, en tanto que el legitimado pasivo es el administrado destinatario de los efectos de esa conducta formal. Ello es así, por cuanto como se indicó líneas atrás, la lesividad se constituye en un instrumento de supresión jurídica de actos administrativos concretos creadores de derechos subjetivos, en el tanto los mismos sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico -actos viciados de nulidad absoluta o relativa- (artículos 128, 158, 165 y concordantes de la LGAP). Así entonces, el proceso de lesividad es una garantía más para el administrado, en el que en aplicación del principio de intangibilidad de los actos propios, la Administración no puede por sí misma eliminar los efectos de un acto declaratorio de derechos subjetivos, sino que es a través de este proceso y por parte de un órgano jurisdiccional, que pueden suprimirse tales actos generadores de derechos, independiente de la Administración autora del acto que se pide anular por lesivo al interés público.

Ahora bien, es importante recordar que además de lo ya señalado, resulta esencial que el superior jerárquico supremo de la Administración Pública respectiva -emisora de la conducta formal que se ataca- declare la lesividad del acto, cuando se hayan visto afectados intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. Además, conforme a nuestro bloque de legalidad, cuando el acto emane de la Administración Central, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República (artículo 16 del CPCA). En lo que respecta al tiempo con que se cuenta, tanto para declarar lesivo el acto como para interponer el proceso judicial de comentario, el CPCA, establece el plazo de un año computado a partir del día siguiente al de la emisión del acto, para declararlo lesivo en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que la referida conducta formal tenga vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34.1 del CPCA, esa declaratoria interna puede hacerse mientras perduren los efectos del acto.

En tal caso, por mandato de dicha norma, el año se computa desde el cese de sus efectos y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta impugnada. Luego de la declaratoria de lesividad, el CPCA otorga el plazo de un año a la Administración Pública respectiva -computado a partir del día siguiente a la firmeza de tal declaratoria- para incoar el proceso contencioso administrativo de lesividad -artículo 39 del CPCA-. En síntesis, conforme lo señalado, para la instauración de un proceso de lesividad y consecuente pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se requiere: i) la existencia de un acto administrativo concreto, firme y declaratorio de derechos subjetivos; ii) que dicha conducta formal, tenga vicios de nulidad absoluta o relativa; iii) que el referido acto haya sido declarado lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza en sede administrativa por el superior jerárquico supremo de la Administración emisora del mismo; iv) que tal declaratoria de lesividad se realice dentro del plazo del año previsto en el numeral 34 del CPCA -salvo en lo relativo a la tutela de bienes de dominio público que no está sujeto a plazo -artículo 34.2 del CPCA; v) que el proceso contencioso de lesividad se incoe por la Administración Pública emisora del acto, en el plazo del año previsto por el artículo 39.1.e) del CPCA -con la salvedad dicha en cuanto a los bienes de dominio público- y/o que el acto contenga vicios de nulidad absoluta perpetuados en el tiempo.

Justamente el cumplimiento de tales presupuestos en torno a la lesividad, serán analizados más adelante por el Tribunal para verificar si resulta o no procedente el requerimiento de nulidad realizado.

LESIVIDAD EN EL CASO CONCRETO.- Del análisis exhaustivo de los autos y de las probanzas aportadas por las partes que constan anexadas en el expediente judicial, concluye este Tribunal que el artículo XIV de la sesión 074-99, celebrada por el otrora IDA el 13 de octubre del 1999, en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Limón, Folio Real número 90980, derechos 001 y 002; otorgada en su momento a favor del señor Eugene Rose Calphen, titular de la cédula de identidad número 8-0048-0333 y la señora actora Cantillano Obando, cédula número 7-0122-0048, con el correspondiente plano catastrado número L-0505554-1998 y mediante el cual se aprobó la adjudicación, segregación y traspaso de la parcela número 7-A-107 del proyecto BIRF, necesariamente debe anularse, por haberse dictado a contrapelo del ordenamiento jurídico. Lo anterior implicará además, la anulación parcial de la escritura pública mediante la cual se autorizó la segregación y traspaso del inmueble, en lo que concierne al señor Eugene Rose Calphen y la señora Felicia Cantillano Obando, así como la inscripción registral del inmueble a su nombre y sus posteriores traspasos, según se indicará más adelante, toda vez que la adjudicación inicial realizada en favor de la actora y quien en vida fue su marido, no cumplió con los requisitos normativos establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico.

Ante ello, una vez realizado el examen de los presupuestos indispensables que resultan de rigor en este tipo de procesos, tal y como se destacó en el considerando previo, determina esta Cámara que la declaratoria de lesividad realizada por la Administración demandante cumple con los requisitos señalados, lo cual se explica de seguido: i) Según se ha referenciado, existe un acto administrativo concreto, firme y declarativo de derechos, en favor de la persona llamada a estrados judiciales, sea la señora Felicia Cantillano Obando, así como a favor de quien en vida fuera su esposo, Eugene Rose Calphen (derecho que posteriormente le fue trasladado a la señora Cantillano), tomado por la Junta Directiva del IDA en su artículo XIV de la sesión 074-99, del 13 de octubre de 1999, que dispuso segregar y traspasar varias parcelas del Proyecto BIRF, entre ellas, la número 7-A-107, que a la postre generó la titulación de la finca del Partido de Limón, Folio Real número 90980, derechos 001 y 002, descrita en el plano catastrado número L-0505554-1998, con una medida de 11 Ha y 4782 m2.

Evidentemente entonces, el primer presupuesto para la lesividad está presente, sea el acto administrativo concreto, firme y declaratorio de derechos subjetivos en favor de los adjudicatarios de la parcela señalada. ii) El acuerdo referido supra, es justamente la conducta administrativa formal que se pretende anular mediante este proceso, por estimar el INDER que contiene vicios de nulidad absoluta por el incumplimiento de requisitos necesarios para su adopción. Al respecto estima este Tribunal, que tal y como lo argumentó la entidad accionante, el acuerdo adoptado en su momento por la Junta Directiva del entonces IDA, transgredió el ordenamiento jurídico y por ende contiene vicios de nulidad absoluta perpetuados en el tiempo que es menester revertir. Primeramente hay que destacar, que pese a que la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, número 7599 del 29 de abril de 1996 fue declarada inconstitucional mediante voto número 8560-2001 de las 15:37 horas del 28 de agosto del 2001, estaba vigente a la hora de que el otrora IDA, realizara la adjudicación de la parcela identificada con el número 7-A-107, y por ende, fue la que sirvió de base para dicho acto administrativo.

Sin embargo, con base en la prueba aportada por el Inder y reseñada en el hecho probado 4, pero especialmente en el hecho probado 8 (oficio número IRT-0836-2018, del 4 de octubre de 2018, del Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe Información y Registro de Tierras del INDER), debe tenerse por acreditado en el presente asunto que “El predio según la ubicación del plano que lo representa, se encuentra afectado por territorio Indígena Kekoldi, en el sector con decreto número 7267 de fecha 9 de agosto de 1977”. Es decir, que para el momento en el que el IDA procedió a acordar el traspaso de la parcela número 7-A-107 a favor de la actora y su difunto marido, ya esos bienes integraban la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles), dotados de la protección de inalienalibidad contenida en los artículos 3 y 5 de la Ley Indígena, protección que tiene como consecuencia la anulación de cualquier negocio que pretenda disponer de dichos bienes, aunque el mismo provenga de una autoridad pública como el Inder.

Según ha indicado este Tribunal en la resolución 0074-2013 ya transcrita, “En el caso de que el título haya sido otorgado en el ejercicio de alguna potestad administrativa (titulación por parte de una autoridad pública entre otros), habría ello de importar la acción por la vía de la lesividad si es del caso, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o la acción directa ejercida por parte del titular del derecho afectado”. El Inder ha determinado, dentro de sus competencias, que la integralidad de la propiedad de la actora es parte de la Reserva desde 1977. Contra esta prueba aportada, la parte no ha presentado elementos de convicción que hagan dudar o que abiertamente se contrapongan a lo indicado por el Inder. De los hechos de la demanda se desprende, tal y como acusaron los demandados originales, una serie de inconsistencias en la historia de la parte actora, pues registralmente se tiene que el derecho 001 sobre la finca de marras fue inscrito a su nombre hasta el 6 de marzo de 2012 (hecho probado 7), mientras que el derecho 002 fue inscrito registralmente a su nombre el 16 de marzo de 2000 (hecho probado 3).

No consta en el expediente prueba alguna de la posesión que se alega desde 1982, ni de los actos de uso y disfrute de la propiedad, ni de posesiones originarias, previas a 1977, trasladadas a favor de la parte actora o su marido. Tampoco hay pruebas de que, como alega la parte, la finca haya ingresado a la Reserva Indígena con su penúltima modificación en 1996. La prueba aportada por el Inder, por otro lado, establece con suficiente credibilidad que la parcela número 7-A-107, que corresponde a la finca número 90980, derechos 001 y 002, forma parte de la Reserva Indígena Kekoldi desde 1977, lo que torna en ilícito el contenido del acto administrativo de traspaso del bien a favor de la actora y su difunto marido, motivo por el cual la adjudicación basada en la misma deviene en nula. En suma de lo anterior, y atendiendo a las argumentaciones del representante de la actora, es importante resaltar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 8560-2001 del 28 de agosto del año 2001, anuló en su totalidad la Ley N° 7599 dimensionando los efectos de la sentencia “en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta a las personas que hayan titulado sus tierras al amparo de la Ley que se declara ahora inconstitucional siempre y cuando haya transcurrido el término de tres años para impugnar los efectos de esa declaratoria”.

Efecto de lo anterior, tampoco se cumplió con el plazo de convalidación de tres años a partir de la fecha del acto de adjudicación en favor de la parte actora, ocurrido el 13 de octubre del 1999, pues para la fecha en que se anuló la referida Ley N° 7599, sea el 28 de agosto del 2001, no había transcurrido dicho plazo, tal y como alega la representación de la señora Cantillano, por lo que estos argumentos deben rechazarse por improcedentes. iii) Tiene acreditado además este Tribunal, conforme se reseñara en su momento, la declaratoria de lesividad que ha realizado el superior jerárquico supremo del INDER, con base en el artículo 34.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo y numeral 176 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, constando en autos que mediante acuerdo tomado por su Junta Directiva en el artículo número XXXVI de la Sesión Ordinaria 31, del 8 de octubre de 2018 se dispuso lo siguiente: "Se presenta para conocimiento y consideración de las y los señores Directores el oficio AJ-425-2018, suscrito por el Lic. Francisco Villegas Ramírez, Abogado Asuntos Jurídicos y la Máster Patricia Calderón Rodríguez, Directora Asuntos Jurídicos, referente Solicitud Urgente de Proceso Lesividad Lote 7-A-107, Proyecto de Titulación "BIRF" en atención al proceso Contencioso Administrativo, que se tramita bajo el número de expediente 15-007359-1027-CA.

Se adjunta además el oficio AJ-L-288-2018, en atención al Acuerdo tomado por Junta Directiva en su Artículo 48, Sesión Ordinaria 30, celebrada el 1 de octubre de 2018, en donde según ampliación de criterio solicitado, se adjunta también el oficio IRT-0836-2018, suscrito por el Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe Información y Registro de Tierras, por medio del cual se establece la ubicación de la finca 90980, objeto de la propuesta de lesividad. / Ingresa a la Sala de Sesiones el Lic. Francisco Villegas Ramírez, Abogado Asuntos Jurídicos; a fin de brindar una explicación al proceso Contencioso Administrativo, que se tramita bajo el número de expediente 15-007359-1027-CA". Ante ello, se decidió: "Acoger la recomendación contenida en los oficios AJ-L-288-2018 Y AJ-425-2018, suscritos por el Lic. Francisco Villegas Ramírez, Abogado Asuntos Jurídicos y la Máster Patricia Calderón Rodríguez, Directora Asuntos Jurídicos y con fundamento en ella; se acuerda: / 1) Se declara lesivo a los intereses públicos, el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural), mediante el Artículo XIV de la Sesión No 074-99, celebrada el 13 de octubre de 1999, en el cual se aprueba la segregación y traspaso de 42 parcelas y lotes del Proyecto de Titulación "BIRF 2764 CR", únicamente en lo referente a la parcela 7-A-107, otorgada a favor de Eugene Rose Calphen, cédula de residencia 8-048-333 (hoy fallecido) y Felicia María Cantillano Obando, cédula de identidad 7-122-060; por haberse titulado la misma de forma indebida al formar parte de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), cuya propiedad es en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3 de la Ley Indígena, imprescriptible e inalienable y debe ser inscrita a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de la respectiva reserva. / 2) Instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos con el fin de que se interponga ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el proceso de lesividad correspondiente".

Como vemos de manera diáfana, consta la plena intención de la Junta Directiva del INDER, de revertir la adjudicación realizada a contrapelo de la ley, y por ende, el interés de anular el acuerdo adoptado inicialmente, por medio de la declaratoria de lesividad que en este proceso se conoce. Al respecto ha de recordarse que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que "esa declaratoria, en sede administrativa, es el precedente obligado del proceso de lesividad, mediante el cual, la Administración busca la nulidad de un acto propio firme, de manera que sin ella es imposible atacarlo en sede jurisdiccional, pues se atentaría contra los principios elementales de raigambre constitucional como son el respeto a los derechos adquiridos y la teoría de los actos propios, así como los de seguridad y certeza jurídica. Por ende, esa declaratoria predetermina y condiciona los alcances de la demanda" (ver al respecto el voto N° 415-2003 de las 8:30 horas del 18 de julio del 2003 y el voto Nº 232-F-2005 de las 9:50 horas del 14 de abril del 2005). iv) Ahora bien, en cuanto al plazo normado para incoar el proceso de lesividad, hay que recordar que por regla general es de un año -según los supuestos establecidos en el inciso 1 del artículo 34 del CPCA-; empero, en el caso de estudio, el sustento jurídico aplicable es el del artículo 34.2 del CPCA, que justamente dispone la imprescriptibilidad tratándose de la tutela de bienes de dominio público, cuyas características de inalienabilidad e imprescriptibilidad comparten los terrenos integrantes de las Reservas Indígenas.

A modo de aclaración, se indica que este Tribunal no está diciendo ni por asomo que los territorios indígenas constituyan bienes demaniales. Únicamente se ha referenciado que el sistema de propiedad colectiva indígena comparte con los bienes demaniales las características de inalienable e imprescriptible, lo que permite extender a este caso las regulaciones del artículo 34.2 del CPCA. Por ello, en el presente caso, no existe sujeción a plazo alguno para la declaratoria de lesividad del acto adoptado ilegítimamente (lo que tácitamente aceptó la parte al retirar sus defensas de caducidad y prescripción), ni mucho menos para declarar su nulidad, pues tratándose de terrenos inalienables, por ser parte de una Reserva Indígena, ningún plazo de prescripción ni de caducidad podría operar para su recuperación, ya que están sujetos a un régimen jurídico especial y afectados o destinados a un fin específico de protección de la población indígena, por lo que que están fuera del comercio de los hombres, de conformidad con los antecedentes jurisprudenciales ampliamente citados previamente. v) En el caso de examen, reafirmamos entonces que el proceso ha sido entablado en tiempo y forma, al haberse declarado de previo a la interposición de esta demanda, por parte del órgano superior jerárquico del Instituto de Desarrollo Rural, la lesividad del acuerdo que se pretende anular, el cual no está sujeto a plazo alguno, por tratarse de la recuperación de bienes que integraban una reserva indígena desde antes de la adjudicación, por lo que, según se ha reseñado en esta sentencia, resulta intransmisible.

Acorde con lo expuesto precedentemente, tiene por acreditado este Tribunal, que en la adjudicación de la parcela número 7-A-107, descrita en el plano catastrado número L-0505554-1998, con una medida de 11 Ha y 4782 m2, no se cumplimentaron los requisitos necesarios normados en el ordenamiento jurídico, lo que conduce a la admisión de la lesividad requerida y a la declaratoria de nulidad por parte de este órgano colegiado, del acto de traspaso de la finca supra mencionada, lo que incluye a la postre, por conexidad, la escritura que originó la inscripción de la parcela número 7-A-107 a favor de la señora Cantillano y su difunto marido y la que ordenó el traspaso a su favor del derecho de quien fuera su cónyuge (únicamente en cuanto a este extremo), así como las inscripciones derivadas de estas escrituras, debiendo retornar, por consecuencia registral ineludible, la parcela número 7-A-107 a formar parte de la finca madre, para lo cual habrán de emitirse los mandamientos de estilo.

La nulidad aquí declarada, obedece a que ha tenido por acreditado este Tribunal, que en la adjudicación inicial y autorización de traspaso e inscripción realizada por el otrora IDA, se obvió el hecho mayor de que la parcela número 7-A-107 se encontraba en su integralidad dentro de la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles) desde la descripción que se hiciera en el Decreto Ejecutivo 7267 del 9 de agosto de 1977, lo cual extraía del comercio esta parcela, tornando en imposible el contenido del acto de adjudicación. Por consiguiente, quedando demostrada la ilicitud del contenido del acto y por ende su nulidad absoluta, la lesividad solicitada por el INDER debe ser acogida. Por último, y sólo a mayor abundamiento, esta Cámara debe hacer pronunciamiento respecto de los argumentos del abogado de la señora Cantillano, en el sentido de que el procedimiento seguido por el Inder para declarar lesivo el acuerdo de adjudicación de la parcela número 7-A-107 es nulo por incumplir con las reglas del artículo 173 LGAP, argumento que claramente debe rechazarse por confundir la parte las dos vías más importantes con las que cuenta la Administración Pública para revisar sus propios actos.

De conformidad con las reglas establecidas en el capítulo sexto del título sexto de la LGAP, como tesis de principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos suyos que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados (principio de intangibilidad de los actos propios). En términos generales, para dejar sin efecto un acto de esta naturaleza, la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad mediante el proceso de lesividad regulado en los artículos 10.5, 34 y 39.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como 183 LGAP, para lo cual es un requisito indispensable, como ya se indicó previamente, que exista una declaratoria de lesividad por parte del superior jerárquico supremo de la Administración autora de la conducta, tal y como se ha hecho en este caso.

No estamos hablando de un procedimiento ordinario, sino únicamente de una declaratoria de lesividad, como requisito previo para acudir a sede judicial a discutir, frente al titular de los derechos otorgados por el acto que se pide anular, si la nulidad es procedente. Así, los derechos de defensa, audiencia y debido proceso que alega la señora Cantillano le fueron conculcados en sede administrativa, no se tutelan en esa instancia, sino ante el Tribunal Contencioso a través de este proceso, puesto que la declaratoria de nulidad, es decir, la decisión que cercenaría su esfera de derechos al eliminar del mundo jurídico el acuerdo mediante el cual se le adjudicó la parcela número 7-A-107, no se da con el acto que declara lesivo la adjudicación, sino con la sentencia dictada en sede judicial, después del contradictorio. Así, para declarar lesivo un acto la Administración no requiere seguir las reglas del art. 173 LGAP, pues este procedimiento regula un mecanismo excepcional de anulación de actos en sede Administrativa, sin acudir al auxilio judicial para la modificación de la situación jurídica del administrado.

De conformidad con el procedimiento fijado en esa norma, la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que aquél presente una nulidad que además de absoluta, sea evidente y manifiesta. En este caso, y tratándose de una vía excepcional, la Administración sí debe seguir un procedimiento ordinario y garantizar en esa sede el debido proceso y el derecho de defensa a favor del titular del derecho que se intenta anular, requiriendo, ahí sí, el criterio favorable de la PGR. Pero no estamos frente a la revisión del ejercicio de esa facultad por parte del Inder. Véase que la Junta Directiva de la institución únicamente procedió a declarar lesivo el acto, no a anularlo en su propia sede, con lo que las nulidades alegadas por la representación de la señora Cantillano carecen de sustento, por la confusión de la parte en cuanto al procedimiento que ha sido utilizado, lo que lleva al rechazo de estos argumentos.

En conclusión de lo anterior, deberá anularse el acuerdo número XIV tomado por la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, en la Sesión Ordinaria número 074-99, del 13 de octubre del 1999, así como la correspondiente escritura del traspaso de la parcela, número 30 del tomo 23 del protocolo del Notario Federico Villalobos Chacón, otorgada a las 10 horas de 29 de octubre de 1999 y que dio origen a la inscripción de la finca del Partido de Limón matrícula 90980, derechos 001 y 002, el derecho 001 primeramente a nombre de Eugene Rose Calphen, y hoy día registrado en favor de la señora Cantillano Obando y el derecho 002 siempre a favor de la señora Cantillano, con una medida de 11 Ha y 4782 m2, cuya anulación se dispone también en este acto. Por conexidad, deberán anularse también la escritura número 171, otorgada ante el Notario Público Rigoberto Jiménez Vega a las 11:00 horas del 23 de febrero de 2012, únicamente en cuanto adjudicó a la señora Cantillano el derecho 001 sobre la finca número 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998, debiendo retornar, por consecuencia registral ineludible, la parcela número 7-A-107 a formar parte de la finca madre, para lo cual habrán de emitirse los mandamientos de estilo.

Hasta que la presente sentencia adquiera firmeza, deberá mantenerse la medida cautelar de anotación de demanda sobre los derechos de la finca en cuestión, ordenados en auto de las 8:57 horas del 6 de diciembre de 2018, con el fin de darle la protección adecuada a la propiedad indígena objeto de este asunto. Adicionalmente, por ser una consecuencia ineludible de lo dispuesto en esta resolución, se acoge la pretensión tercera de la demanda y en consecuencia se ordena a la señora Cantillano Obando o a cualquier otra persona física o jurídica que se encuentre en el inmueble, el desalojo de la parcela 7-A-107, correspondiente a la provincia de Limón matrícula 90980, derechos 001 y 002, número de plano L-0505554-1998, así como la respectiva puesta en posesión de la misma a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), dentro del plazo de un mes, firme esta resolución.

COROLARIO EN RELACIÓN A LA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA.- Declarada la nulidad del acuerdo conforme al cual se adjudicó a la actora y a su difunto esposo la parcela cuya indemnización ahora se reclama y tal y como se indicó en los considerandos previos, es necesario retomar la discusión sobre si la actora cumple con los parámetros fijados por el artículo 5 de la Ley Indígena para ser indemnizada, como titular de buena fe de un derecho previo a la constitución de la reserva. Tal y como es claramente constatable, la declaratoria de nulidad del título que sustentaba la posición jurídica de la parte se trae abajo su presunción de buena fe a los efectos indemnizatorios. La existencia de gestiones o incluso de documentos de Conai o la Municipalidad de Talamanca autorizando determinados usos o supuestamente reconociendo una situación jurídica no pueden ser oponibles a esta declaratoria, en virtud del régimen de protección especial establecido en los artículos 3 y 5 de la Ley Indígena, con lo que ha de tenerse por no satisfecho el segundo de los elementos requeridos para ser indemnizado.

De la mano con lo anterior, teniéndose por acreditado que la parcela número 7-A-107 forma parte de la Reserva Indígena Bribrí Kekoldi (Cócles) desde el Decreto Ejecutivo número 7267, de fecha 9 de agosto de 1977 y que la adjudicación de la parcela a favor de la actora y su difunto cónyuge se dio el 13 de octubre de 1999 (momento más antiguo del que existen pruebas de uso o posesión), es claro que para ese momento ya la parcela integraba en su totalidad la reserva, por lo que tampoco se cumple con el elemento temporal requerido. Así las cosas, y revisando las pretensiones de la demanda, debe rechazarse la que busca que se declare a su favor un derecho indemnizatorio por expropiación en el marco de la Ley Indígena, por lo que sobre este tema tampoco es posible imponer a la Conai y al Inder obligación alguna. En cuanto al pago de las sumas correspondientes a los contratos de Fonafifo, baste indicar que la parte no logró demostrar la existencia de los contratos o que estos se suscribieran sobre la parcela en cuestión.

En todo caso, en virtud de la nulidad del acuerdo de adjudicación, tampoco correspondería a la actora el cobro de suma alguna por una parcela que se encuentra dentro del Territorio Indígena desde 1977. Por último, en cuanto a los daños y perjuicios alegados, por la imposibilidad de utilizar la tierra y de disponer del bien, por la forma en la que se resuelve este asunto resulta absolutamente improcedente el reconocimiento de suma alguna por estos rubros, en tanto se ha acreditado que nunca debió de darse la adjudicación de la parcela a su favor y en consecuencia, nunca surgió ningún derecho de disposición del bien, por lo que el pago de lo reclamado constituiría un enriquecimiento sin causa. Siendo así, este reclamo también debe rechazarse, lo que lleva a declarar la demanda presentada dentro del expediente 15-007359-1027-CA, sin lugar en todos sus extremos.

EXCEPCIONES.- Conforme se ha reseñado en esta sentencia, contra la acción de lesividad la señora Cantillano Obando opuso las defensas de falta de derecho, así como prescripción y caducidad. Estas dos últimas fueron retiradas en la audiencia preliminar. En cuanto a la falta de derecho, es claro, por la forma en que se resuelve, que el Inder ha cumplido con todos los presupuestos para la lesividad y que por consiguiente la declaratoria de nulidad, con sus consecuencias derivadas es procedente, por lo que se rechaza la defensa de falta de derecho. En cuanto a la demanda presentada por la señora Cantillano Obando, el Inder opuso falta de derecho, falta de legitimación pasiva e indebida integración de la litis con el Estado. La Conai por su parte interpuso falta de derecho, falta de legitimación pasiva y activa e indebida integración de la litis, solicitando la integración del Estado. La Aditik, pese a la declaratoria de rebeldía interpuso falta de derecho y falta de legitimación pasiva y activa.

Respecto de la integración de litis, el tema fue zanjado en fase de trámite. En cuanto a la falta de legitimación pasiva de los tres demandados, la misma ha de rechazarse, toda vez que la parte reclama de cada uno de los demandados la provocación directa de daños sea por su hacer (Aditik) como por su no hacer (Conai e Inder), con lo que gozan de la legitimación pasiva suficiente y necesaria para ser parte procesal de esta litis. Respecto a la falta de legitimación activa opuesta por Conai y Aditik, se indica que la actora, hasta esta decisión, ostentaba un título con presunción de validez sobre la finca que reclama, con lo que su posición está suficientemente afianzada como para ser parte procesal de esta litis. Finalmente, en cuanto al derecho, por lo explicado en los considerandos que anteceden, ninguna de las pretensiones de la señora Cantillano Obando resulta de recibo y por ello se impone acoger la excepción aludida, rechazando su demanda en todos sus extremos.

COSTAS.- Según regulación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. Existiendo dos procesos acumulados en este asunto, corresponde disponer sobre cada uno de ellos por separado. En cuanto a la demanda de lesividad (exp. 18-009473-1027-CA), estimamos que existe causa válida para variar la premisa de condena, toda vez que la adjudicación e inscripción registral realizada en favor de la actora y su cónyuge, obedeció a una disposición realizada por la propia Administración Pública. Ergo, lo que consideramos procedente es resolver dicho asunto sin especial condenatoria en costas. En cuanto a la demanda del expediente 15-007359-1027-CA, estimamos que no existe causa válida para variar la premisa y por ende, se impone el pago de ambas costas a la parte actora, a liquidar en vía de ejecución, a favor de los tres codemandados.

POR TANTO

Se RECHAZA toda la prueba para mejor resolver presentada por la parte actora, los tres primeros elementos por innecesarios y la última por abiertamente improcedente. A) En cuanto a la demanda de lesividad (exp. 18-009473-1027-CA): Se rechaza la defensa de falta de derecho opuesta por la señora Cantillano Obando, por lo que se declara con lugar en todos sus extremos de demanda de lesividad interpuesta por el Inder contra Felicia Cantillano Obando. En consecuencia, se anula el acuerdo número XIV tomado por la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, en la Sesión Ordinaria número 074-99, del 13 de octubre del 1999, así como la correspondiente escritura del traspaso de la parcela, número 30 del tomo 23 del protocolo del Notario Federico Villalobos Chacón, otorgada a las 10 horas de 29 de octubre de 1999 y que dio origen a la inscripción de la finca del Partido de Limón matrícula 90980, derechos 001 y 002, con una medida de 11 Ha y 4782 m2, cuya anulación se dispone también en este acto.

Por conexidad, se anula también la escritura número 171, otorgada ante el Notario Público Rigoberto Jiménez Vega a las 11:00 horas del 23 de febrero de 2012, únicamente en cuanto adjudicó a la señora Cantillano el derecho 001 sobre la finca número 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998, debiendo retornar, por consecuencia registral ineludible, la parcela número 7-A-107 a formar parte de la finca madre, para lo cual habrán de emitirse los mandamientos de estilo. Hasta que la presente sentencia adquiera firmeza, deberá mantenerse la medida cautelar de anotación de demanda sobre los derechos de la finca en cuestión, ordenados en auto de las 8:57 horas del 6 de diciembre de 2018, con el fin de darle la protección adecuada a la propiedad indígena objeto de este asunto. Adicionalmente, por ser una consecuencia ineludible de lo dispuesto en esta resolución, se ordena a la señora Cantillano Obando o a cualquier otra persona física o jurídica que se encuentre en el inmueble, el desalojo de la parcela 7-A-107, correspondiente a la provincia de Limón matrícula 90980, derechos 001 y 002, número de plano L-0505554-1998, así como la respectiva puesta en posesión de la misma a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), dentro del plazo de un mes, firme esta resolución.

Sin especial condena en costas. B) En cuanto a la demanda del proceso principal (exp. 15-007359-1027-CA): Se rechaza la defensa de falta de legitimación y se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por las representaciones del Inder, el Conai y la Aditik. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son las costas a cargo de la parte actora, a liquidar en vía de ejecución, a favor de los tres codemandados. José Martín Conejo Cantillo. Francisco Hidalgo Rueda. Gustavo Irías Obando. Jueces.- ???????????????

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

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