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Res. 00143-2023 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 20/02/2023

Indirect Exploitation Revokes INDER Land AwardExplotación indirecta revoca adjudicación de parcela del INDER

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Tribunal rejected the grounds of appeal and affirmed the title revocation because the beneficiaries permitted indirect exploitation of the parcel without INDER authorization.El Tribunal rechazó los agravios y confirmó la revocatoria del título porque los adjudicatarios permitieron la explotación indirecta de la parcela sin autorización del INDER.

SummaryResumen

The Agrarian Tribunal affirmed the judgment revoking title to parcel M-7 in the Coyolar Settlement, awarded under the Land and Colonization Law, and rejected every ground raised on appeal. It found that the beneficiaries had allowed a third party to partially exploit the parcel’s mango grove through an oral share-working arrangement for approximately three or four years without INDER authorization. This conduct constituted indirect exploitation and breached the social-interest restrictions imposed by Article 67 of the Land and Colonization Law. The Tribunal explained that the constitutional recognition of rural sharecropping does not permit beneficiaries to disregard restrictions governing publicly funded land-allocation programs. It also held that agrarian property rights are not absolute and remain subject to the property’s social function. The annulment of the testamentary legacy concerning the parcel was treated as a consequence of the established principal ground of indirect exploitation, rather than as the independent basis for revoking the award.El Tribunal Agrario confirmó la sentencia que revocó el título de propiedad de la parcela M-7 del Asentamiento Coyolar, adjudicada bajo la Ley de Tierras y Colonización, y rechazó todos los agravios de la parte apelante. Determinó que los adjudicatarios permitieron que un tercero explotara parcialmente la plantación de mangos mediante un acuerdo verbal de trabajo “a medias”, durante aproximadamente tres o cuatro años y sin autorización del INDER. Esa conducta constituyó explotación indirecta e incumplió las limitaciones de interés social del artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización. El Tribunal explicó que el reconocimiento constitucional de la aparcería rural no permite desconocer las restricciones aplicables a parcelas adjudicadas con fondos públicos. También sostuvo que el derecho de propiedad agraria no es absoluto y está sujeto a su función social. La nulidad del legado otorgado sobre la parcela fue considerada una consecuencia de la causal acreditada de explotación indirecta.

Key excerptExtracto clave

As previously stated in Consideration V, the fact that the agreement—which the plaintiff characterizes as Rural Sharecropping—is not above the social-interest restrictions contained in Article 67 of the Land and Colonization Law means that the ground of indirect exploitation was not only proven but also spontaneously acknowledged by the appellant in the seventh and eighth factual allegations of the complaint; therefore, this final ground of appeal is likewise inadmissible and must be rejected, affirming the judgment as to the matters challenged on appeal. THEREFORE The judgment is affirmed as to the matters challenged on appeal.Ya anteriormente, en el Considerando V, se indicó que el hecho de que dicho pacto, que la parte actora califica de Aparcería Rural, no está por encima de las limitaciones de interés social contenidas en el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización, por lo que la causal de explotación indirecta no solo ha sido acreditada sino también reconocida espontáneamente por el recurrente en los hehcos sétimo y octavo de la demanda; por lo que este último agravio tampoco es de recibo y debe rechazarse el mismo, confirmando la sentencia en lo que fue objeto de apelación.- POR TANTO Se confirma la sentencia en lo que fue objeto del recurso.-

Pull quotesCitas destacadas

  • "El derecho de propiedad tiene el rango de derecho fundamental, el cual no es absoluto y permite precisamente que limitaciones como la del artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización limiten el atributo primario del dominio, específicamente el de enajenación bajo la premisa de que la tierra es para quien real y materialmente la trabaje (artículo 4 de la LTC)."

    "The right to property has the status of a fundamental right, but it is not absolute and therefore permits restrictions such as Article 67 of the Land and Colonization Law to limit the primary attribute of ownership—specifically, the power of transfer—on the premise that land belongs to the person who actually and materially works it (Article 4 of the Law)."

    Considerando V

  • "El derecho de propiedad tiene el rango de derecho fundamental, el cual no es absoluto y permite precisamente que limitaciones como la del artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización limiten el atributo primario del dominio, específicamente el de enajenación bajo la premisa de que la tierra es para quien real y materialmente la trabaje (artículo 4 de la LTC)."

    Considerando V

  • "Las limitaciones para la venta de la propiedad son válidas en armonía con la función socio económica de la propiedad agraria que pretende por un lado evitar la acumulación de tierras y riquezas en algunas personas en detrimento del bienestar patrimonial del colectivo."

    "Restrictions on the sale of property are valid in harmony with the socioeconomic function of agrarian property, which seeks, among other things, to prevent the accumulation of land and wealth by a few persons to the detriment of the community’s economic well-being."

    Considerando V, cita del Voto 014-F-19

  • "Las limitaciones para la venta de la propiedad son válidas en armonía con la función socio económica de la propiedad agraria que pretende por un lado evitar la acumulación de tierras y riquezas en algunas personas en detrimento del bienestar patrimonial del colectivo."

    Considerando V, cita del Voto 014-F-19

  • "Por ende, no es constitucionalmente correcto interpretar que el adjudicatario puede pasar por alto dicha limitación para celebrar un contrato de aparcería rural por el hecho de que el mismo también esté en la normativa constitucional, máxime si su celebración constituye un incumplimiento del contrato de asignación de tierras y sea una causal de revocatoria de adjudicación."

    "Accordingly, it is not constitutionally correct to interpret that a beneficiary may disregard that restriction in order to enter into a rural sharecropping agreement merely because such an agreement is also recognized by the Constitution, particularly when entering into it breaches the land-allocation contract and constitutes grounds for revoking the award."

    Considerando V

  • "Por ende, no es constitucionalmente correcto interpretar que el adjudicatario puede pasar por alto dicha limitación para celebrar un contrato de aparcería rural por el hecho de que el mismo también esté en la normativa constitucional, máxime si su celebración constituye un incumplimiento del contrato de asignación de tierras y sea una causal de revocatoria de adjudicación."

    Considerando V

  • "La nulidad decretada por la a quo (potestad que le confiere de oficio el artículo 868 del Código Civil) sobre la escritura pública numero 34-10, otorgada ante la notaría Pía Picado González a las 18 horas del 06 de junio del 2000, legaron la parcela M-7, del Asentamiento Coyolar a Pablo Solorzano Alvarado, Gabriela Solorzano Alvarado, Roxana Solorzano Alvarado y Guadalupe Alvarado Flores es consecuencia del hecho de haberse tenido por demostrada la causal principal de explotación indirecta."

    "The annulment ordered by the court below—under the ex officio authority conferred by Article 868 of the Civil Code—of public deed number 34-10, executed before notary Pía Picado González at 6:00 p.m. on June 6, 2000, by which parcel M-7 of the Coyolar Settlement was bequeathed to Pablo Solórzano Alvarado, Gabriela Solórzano Alvarado, Roxana Solórzano Alvarado, and Guadalupe Alvarado Flores, follows from the finding that the principal ground of indirect exploitation had been proven."

    Considerando VI

  • "La nulidad decretada por la a quo (potestad que le confiere de oficio el artículo 868 del Código Civil) sobre la escritura pública numero 34-10, otorgada ante la notaría Pía Picado González a las 18 horas del 06 de junio del 2000, legaron la parcela M-7, del Asentamiento Coyolar a Pablo Solorzano Alvarado, Gabriela Solorzano Alvarado, Roxana Solorzano Alvarado y Guadalupe Alvarado Flores es consecuencia del hecho de haberse tenido por demostrada la causal principal de explotación indirecta."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

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CASE FILE:

PROCEEDING:

ORDINARY PLAINTIFF:

ANAIS SALAS MESEN DEFENDANT:

ALVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA DECISION N° N° 2023000143 AGRARIAN COURT (TRIBUNAL AGRARIO). SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fifteen hours and ten minutes on February twentieth, two thousand twenty-three.- ORDINARY PROCEEDING brought by CARLOS MONTERO MONTERO, of legal age, married, agricultural entrepreneur, resident of Coyolar, Orotina, identity card number two - two hundred eight - seven hundred forty-seven; ANAIS SALAS MESÉN, of legal age, homemaker, identity card number two - one hundred ninety-four - four hundred thirty-one; both residents of Orotina, against ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, of legal age, single, merchant, resident of Orotina, identity card number six - three hundred thirty-five - zero thirty; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, represented by Carlos Enrique García Anchía, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number two - three hundred fifty-four - two hundred sixty-five.

The latter also filed a counterclaim (reconvención) against CARLOS MONTERO MONTERO AND ANAIS SALAS MESÉN, whose particulars are stated above. The following participate as JOINT PARTIES (LITISCONSORTES): ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, whose particulars and residence are stated above; 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its general attorneys-in-fact without limitation as to amount, Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen, both whose particulars are stated above; PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, of legal age, single, entrepreneur, identity card number two - four hundred eighty-seven - five hundred twenty; GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, of legal age, married once, pharmacist, identity card number two - five hundred six - four hundred eleven; ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, single, architect, identity card number one - one thousand one hundred ninety-nine - four hundred sixty-eight; GUADALUPE ALVARADO FLORES, homemaker, widowed once, identity card number one - three hundred eighty-five - eight hundred seventy.

Attorney José Luis Ramos Castellón, identity card number two three hundred seventy-nine - seven hundred thirty-six, acts as special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial) for the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén and for 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA; attorney Sebastián Calderón Cerdas, bar registration number twenty thousand four hundred forty-six, acts for the defendant and joint party Álvaro Sandoval Araya; attorney Adán Gómez Calvo, bar registration number seven thousand three hundred seventy, and attorney María Isabel Escalante Gutiérrez act for INDER; and attorney Reina Ester Ramos Madriz, identity card number six - three hundred ninety-four - five hundred fifty-four, bar registration number twenty-seven thousand five hundred twenty-seven, acts as special judicial attorney-in-fact for the joint parties Pablo Solórzano Alvarado, Gabriela Solórzano Alvarado, Roxana Solórzano Alvarado, and Guadalupe Alvarado Flores. Heard before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, Alajuela.

PROCEDURAL BACKGROUND (RESULTANDO):

  1. 1The plaintiff filed an ordinary action valued at fifty million colones, seeking a judgment declaring: “a) That my clients are the owners of the property recorded in the Real Property Registry, Alajuela division, under property registration number TWO EIGHT FOUR FOUR TWO EIGHT - ZERO ZERO ZERO, sequences ZERO ZERO ONE and ZERO ZERO TWO, respectively; b) That the entire property was unlawfully taken by the defendant beginning on May 14, 2009; c) That the defendant must restore to my clients the aforementioned property, which he possesses unlawfully and in bad faith, and refrain from disturbing the entirety of the property belonging to my clients, which, as stated, my clients have possessed and continue to possess lawfully and not in bad faith, as the defendant seeks to appropriate it; d) That the defendant be ordered to pay the damages, costs, and losses he has caused my client, as well as the emotional distress suffered by CARLOS MONTERO MONTERO AND ANAIS SALAS MESÉN, whose health has been affected through serious disorders and depressive states resulting from the harmful acts consisting of the dispossession (despojo) of the property belonging to them, as well as from the position taken by the defendant ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA in refusing to restore said property to my clients; e) That both categories of costs (ambas costas) be borne by the defendant.” (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, electronic main case file, Part I, images 38 and 39).
  2. 2Attorney José Luis Ramos Castellón, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén, withdraws item d) of the relief sought in the complaint, concerning damages and losses. (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, main case file, Part II, image 7, added on 09/09/2011 18:18:00).
  3. 3The defendant Álvaro Enrique Sandoval Araya, having been duly served with this complaint, denied it and raised the defenses (excepciones) of compulsory joinder of passive or active parties (litis consorcio necesaria pasiva o activa), lack of a legal right (falta de derecho), lack of standing (falta de legitimación), sine actione agit, and failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa). (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, main case file, Part IV, added on 09/09/2011 18:19:06, images 11 through 20)
  4. 4In ruling number 01-2011, issued at ten hours on January twelfth, two thousand eleven, the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela ordered the compulsory joinder of the Instituto de Desarrollo Agrario as a defendant and rejected the defense of failure to exhaust administrative remedies. (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, main case file, Part V, images 2 through 6, added on 09/09/2011 18:19:54)
  5. 5The defendant Instituto de Desarrollo Rural denied the complaint filed against it and raised the defenses of lack of a legal right, lack of standing, and sine actione agit. (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, main case file, Part VIII, added on 09/09/2011 18:22:00, images 36 through 40, and main case file, Part IX, added on 09/09/2011 18:22:33, images 1 through 3)
  6. 6The Instituto de Desarrollo Rural also filed a counterclaim in the amount of two hundred thousand colones against Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén and requested a judgment declaring: “a) That this counterclaim against Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén be granted in full because it is consistent with the law and because the counterclaim defendants have failed to comply with the obligations imposed upon them, as neither they nor their family have possessed parcel N° 7 of settlement sector M in Coyolar de Orotina for several years, it having been established that the parcel is worked and exploited, its production promoted, and its cleaning, maintenance, harvesting, and marketing carried out by a third party unrelated to them; b) That the ordinary recovery-of-property action (demanda ordinaria de reivindicación) filed by Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen against my client be dismissed in its entirety; c) That the grounds consisting of the plaintiffs’ unjustified abandonment of the parcel, through their physical and permanent absence therefrom, indirect exploitation, and change of use from the purposes for which parcel M7 of the Coyolar settlement, property registration number Alajuela 284428, was granted be deemed proven; d) That Montero Montero and Salas Mesen failed to comply with the obligations imposed upon them, which is sufficient cause for loss of their right to the parcel, and that the parcel, together with its entire endowment, must revert to the assets of the Instituto de Desarrollo Agrario pursuant to article 66 ibídem, so that it may be awarded anew to whomever is entitled to it by law; e) That the award (adjudicación) of parcel 7 of the Coyolar settlement, sector M, to the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen be revoked and, consequently, that their title deed, recorded with the Registro Inmobiliario, División Registral, under Alajuela property registration N° 284.248-001-002, be canceled and the property registration reverted to the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, domiciled in the city of Moravia, legal-entity identification number 4-000-42143, so that a new award cycle may proceed; f) That, regarding payment for improvements (mejoras), should Your Honor deem it appropriate, such payment be limited to improvements useful and necessary for the exploitation and development of the parcels, pursuant to article 66 of law 2825, made by the awardees using their own funds, which shall be valued taking into account the criteria of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia in decision number 13 issued at 10 hours on January 29, 1993, with the proviso that necessary improvements shall not be reimbursed, even if any exist, because they are not eligible for such recognition under Agrarian Law; g) That Montero Montero and Salas Mesén be ordered to pay both categories of costs in this action or, otherwise, that my client be exempted from paying both categories of costs in this action because its conduct is consistent with the law.” (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, main case file, Part IX, added on 09/09/2011 18:22:33, images 5 through 17).-
  7. 7The counterclaim defendants Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén answered the counterclaim filed against them and raised the defenses of expiration (caducidad), lack of a legal right, lack of active standing ad causam (falta de legitimación ad causam activa), lack of passive standing ad causam (falta de legitimación ad causam pasiva), and generic actione agit, (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, main case file, Part IX, added on 09/09/2011 18:22:3 3, images 21 through 40, and main case file, Part X, added on 09/09/2011 18:23:07, images 1 through 24).
  8. 8Through Voto 346-F-113, issued at fourteen hours and thirty-eight minutes on April ninth, two thousand thirteen, the Tribunal Agrario de Segundo Circuito Judicial de la San José, Goicoechea, vacated the judgment issued by the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, number 126-2012, at fifteen hours and twenty minutes on December twelfth, two thousand twelve, and ordered the counterclaimant defendant INDER to join the compulsory defendant parties (litisconsorcio pasivo necesario). (see virtual desktop of the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, associated documents, second-instance judgment added on 28/06/2018 14:11:49).-
  9. 9The Instituto de Desarrollo Rural joined Álvaro Enrique Sandoval Araya as a necessary co-defendant (litisconsorte pasivo necesario), requesting that the judgment declare the following: “a) That this complaint against álvaro Sandoval Araya be granted in full, as it is in accordance with law. b) That it be declared that the property located in the Province of Alajuela, registration number 284.428-001 and 002, was awarded under Law number 2825, Ley de Tierras y Colonización, by virtue of which its disposition and possession are governed by a special regime, and any type of contract or possession must be authorized by this Instituto. C- That the judgment declare that the defendant herein, Álvaro Sandoval Araya, was fully aware that parcel 7 M of Asentamiento Coyolar, which is the subject matter of this litigation, was conveyed under Ley 2825 and was therefore subject to the regulations established therein; that his presence on the parcel was without authorization from this Instituto; and that this constitutes grounds for indirect exploitation (explotación indirecta).D. That, in view of the failure by both the award recipients and Mr. Álvaro Sandoval Araya to comply with the obligations established in Law number 2825, the Organic Law (Ley Constitutiva) of this Instituto, because he occupied the parcel without authorization from this Instituto, it is appropriate for this Instituto to recover said property, such that the title deed granted in favor of the counterclaim defendants, Mr. Montero Montero and Anais Salas Mesen, be annulled and the property located in the Province of Alajuela, registration number 248-428-001-002, be registered in favor of this Instituto. E. That the eviction (desalojo) from said property of the defendant herein, Mr. Álvaro Sandoval Araya, and of any other person in possession of parcel 7 M of Asentamiento Coyolar be ordered, and that my client be placed in possession of said property, because they have no right whatsoever to occupy the parcel.F. That it be declared that it was established in these proceedings that the legal principles and provisions of Ley de Tierras y Colonización were violated while the period of legal restrictions remained in effect. G- That, as regards any improvements (mejoras), should their existence be established, they be compensated in accordance with Article 66 of Ley de Tierras y Colonización. H- That the defendant be ordered to pay the costs of these proceedings and, otherwise, that my client be exempted from paying the costs of this complaint because its actions were in accordance with law. (see escritorio virtual de Alajuela, filing incorporated on 23/04/2013 04:09:22).-
  10. 10The co-defendant Álvaro Enrique Sandoval Araya, having been duly served with this complaint, denied it and raised the defenses (excepciones) of lack of a legal right, lack of standing to sue and be sued, failure to exhaust administrative remedies, and sine actione agit. (see escritorio virtual de Alajuela, filing incorporated on 27/05/2013 09:06:30).-
  11. 11In compliance with the order contained in the ruling issued at las once horas y cinco minutos del veintinueve de junio de dos mil quince, the Instituto de Desarrollo Rural joins the corporation 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA as a necessary co-defendant, requesting that the judgment declare: A) That this complaint against 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by Mr. Carlos Montero Montero, identity card number 2-0208-00747, in his capacity as president vested with the powers of an unrestricted general attorney-in-fact (apoderado generalísimo sin límite de suma) of said corporation, be granted in full. B) That it be declared that the property located in the Province of Alajuela, registration number 284.428-001 and 002, currently interest 001, was awarded under Law number 2825, Ley de Tierras y Colonización, by virtue of which its disposition and possession are governed by a special regime, and any type of contract or possession must be authorized by that Instituto; C) That the judgment declare that the defendant corporation herein, identified by its legal-entity identification number 3- 101-0689148, unlawfully acquired the parcel at issue from the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen, who are themselves the representatives of that corporation and, as such, were aware of these proceedings; D) That the representatives of the defendant herein are fully aware that parcel 7 M of Asentamiento Coyolar, which is the subject matter hereof, was conveyed under Ley 2825 and was therefore subject to the regulations established therein, and that it was acquired in bad faith because they knew that the registered ownership (titularidad registral) of the transferors—who are the same representatives of the defendant corporation herein—was being challenged in these proceedings; E) That, in view of the failure by the award recipients and plaintiffs herein, Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen, to comply with the obligations established in the aforementioned special legislation, as well as the actions of the co-defendant/counterclaim defendant Álvaro and of the corporation now joined as a co-defendant—the former being in possession and the latter having unlawfully acquired registered ownership—it is appropriate for that Instituto to recover that real property, such that the title deeds granted in favor of the counterclaim defendants, Mr.Montero Montero and Anais Salas Mesen, be annulled; that the transfer made by the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen in favor of 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA and its registration in the Property Registry likewise be annulled; and that registration of the property at issue in favor of the Instituto be ordered; F) That the eviction of the co-defendant corporation from said property be ordered and that the Instituto be placed in possession thereof because the corporation has no right to occupy the parcel; g) That it be declared established that the legal principles and provisions of Ley de Tierras y Colonización were violated while the period of legal restrictions remained in effect; H) That, as regards any improvements, should their existence be established, they be compensated pursuant to Article 66 of that Law; I) That the defendant be ordered to pay the costs of these proceedings and, otherwise, that the Instituto be exempted from costs because its actions were in accordance with law. (see escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, filing incorporated on 09/07/2015 15:26:23).-
  12. 12The defendant co-party 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA denies the complaint and raises the defenses of expiration (caducidad), lack of a legal right, lack of standing to sue, and lack of standing to be sued. (see escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, filing incorporated on 07/09/2015 11:45:28 ).- In its ruling of las quince horas treinta minutos del veintidós de febrero del dos mil dieciséis, the Juzgado Agrario de Alajuela reserved until judgment its ruling on the defense of expiration raised by the defendant corporation. (see escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, filing incorporated on 23/02/2016 10:12:09).-
  13. 13In its ruling of las diez horas y dieciocho minutos del diez de abril de dos mil dieciocho, the Juzgado Agrario del Alajuela orders the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL to join the beneficiaries of said legacy—namely, PABLO SOLÓRZANO ALVARADO; GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO; ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO; and GUADALUPE ALVARADO FLORES—as necessary co-defendants to its counterclaim (reconvención). (see escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, ruling incorporated on 10/04/2018 10:18:44).-
  14. 14In compliance with the order, the Instituto de Desarrollo Rural joins PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, and GUADALUPE ALVARADO FLORES as necessary co-defendants, requesting that the judgment declare: A) That this complaint against the legatees (legatarios), PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, identity card 2-0478-0520, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, identity card 2-0506-0411, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, identity card 1-1199-0468, and GUADALUPE ALVARADO FLORES, identity card 1-0385-0870, be granted in full; B) That it be declared that the property located in the Province of Alajuela, registration number 284.428-001 and 002, currently interest ,000, was awarded under Law number 2825, and any type of contract or possession must be authorized by that Instituto; C) That the judgment declare that the defendant legatees hold that status unlawfully because the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen could not dispose of the property at issue without authorization from the Instituto; D) That the defendants are fully aware that parcel 7 M of Asentamiento Coyolar was conveyed under Ley 2825 and was therefore subject to the regulations established therein, and that the establishment of the legacy in their favor was carried out in bad faith because they knew that the parcel could not be disposed of in favor of third parties; E) That, in view of the failure by the award recipients and plaintiffs herein, Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen, to comply with the obligations established in the aforementioned special legislation, as well as the actions of the co-defendants PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, and GUADALUPE ALVARADO FLORES in becoming legatees of the property at issue, it is appropriate for that Instituto to recover that real property, such that the title deeds granted in favor of the counterclaim defendants, Mr.Montero Montero and Anais Salas Mesen, be annulled; that the legacy established in favor of PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, and GUADALUPE ALVARADO FLORES by the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen through public deed number 34-10 executed at las 18 horas del y 6 de junio del dos mil before Notary Pía Picado González likewise be annulled; and that registration of the property at issue in favor of the Instituto be ordered; F) That the eviction of the defendants and any other person occupying said property be ordered and that the Instituto be placed in possession thereof; G) That it be declared established that the legal principles and provisions of Ley de Tierras y Colonización were violated while the period of legal restrictions remained in effect; H) That, as regards any improvements, should their existence be established, they be compensated pursuant to Article 66 of that Law; I) That the defendants be ordered to pay the costs of these proceedings and, otherwise, that the Instituto be exempted from costs because its actions were in accordance with law. (see escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, filing incorporated on 19/04/2018 10:46:50).
  15. 15The defendants PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, and GUADALUPE

ALVARADO FLORES deny the complaint and raise the defenses of lack of a legal right, lack of standing to sue and be sued, and expiration. (see escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, filing incorporated on 25/06/2018 02:00:04 .

  1. 16Judge Zoila Flor Ramírez Arce, of the Agrarian Court (Juzgado Agrario) of the First Judicial Circuit of Alajuela, by judgment number 2021-000227 issued at thirteen hours thirteen minutes on thirty November two thousand twenty-one, ruled: “WHEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing and the cited provisions of law, AS TO THE TWO CLAIMS FILED BY THE PLAINTIFFS: the defenses (excepciones) of Lack of Right, Lack of Standing, and Sine Actiones Agit raised by Álvaro Enrique Sandoval Araya and the Instituto de Desarrollo Rural are sustained. The CLAIM filed by plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén against Alvaro Enrique Sandoval Araya and the Instituto de Desarrollo Rural is DISMISSED. REGARDING INDER’S COUNTERCLAIM AND THE THREE CLAIMS FOR JOINDER OF PARTIES (integración de litis). The defenses of Time Bar, Lack of Right, Lack of Active Standing Ad Causam, Lack of Passive Standing Ad Causam, and the General Defense Sine Actione Agit, raised by plaintiff-counterclaim defendants Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén against INDER’s counterclaim, are denied.The defenses of Lack of Right, Lack of Standing, and Sine Actiones Agit raised by Alvaro Enrique Sandoval Araya are denied. The defenses of lack of right, lack of active and passive standing, and time bar, raised by defendant joint litigant (litisconsorte) 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA and by the defendant joint litigant legatees PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, and GUADALUPE ALVARADO FLORES, are denied. Consequently, the counterclaim against plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén is GRANTED, as is the claim for joinder of parties filed by the Instituto de Desarrollo Rural against ALVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, DEFENDANT JOINT LITIGANT 3-101-689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, and the defendant joint litigant legatees PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, and GUADALUPE ALVARADO FLORES. It shall be deemed denied in all respects not expressly stated. Accordingly, it is declared:1) That plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén breached the obligations imposed by Articles 67 and 68 of the Ley de Tierras y Colonización number 2825 of 14 de octubre de 1961, as amended.2) That plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén unjustifiably abandoned the parcel, entered into an association with Pablo Solórzano Alvarado, a third party outside their family unit, to work the parcel, and unlawfully executed a public deed (escritura pública) bequeathing the parcel to joint litigants PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, and GUADALUPE ALVARADO FLORES, and transferred the property at issue in this proceeding without holding full title to their registered right, to the defendant company, which was fully aware thereof; all of the foregoing without INDER’s permission, while the restrictions under Ley 2825 remained in effect with respect to all three events and, as to the last, knowing that they did not hold full title to their property right. Likewise, joint litigant Alvaro Enrique Sandoval Araya remained unlawfully on the parcel in dispute and must therefore vacate it immediately once this ruling becomes final. Joint litigant Alvaro Enrique Sandoval Araya is authorized to remove the warehouse-type structure described in established fact 13 of this ruling; the structure shall not be deemed an improvement (mejora), and its removal is authorized solely to prevent unjust enrichment of INDER upon recovering the parcel with that warehouse, which did not exist when the parcel was awarded to the unsuccessful plaintiffs.3) That, due to the violation of Articles 67 and 68 of the Ley de Tierras y Colonización and pursuant to Article 66 of Ley 2825, Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén’s right to parcel M-7 of Asentamiento Coyolar is declared forfeited; consequently, the award of parcel 7 of Asentamiento Coyolar, sector M, made in their favor must be revoked, and the title deed granted to them under the land-allocation agreement (contrato de dotación de tierras) pursuant to the Ley de Tierras y Colonización is annulled, as is the resulting transfer of the parcel in dispute to 3-101-689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, recorded under entries 2014- 00278499-01; the land is ordered to revert to the Instituto de Desarrollo Rural, meaning that the real property must be registered in INDER’s name.4) The bequest (legado) established in favor of PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, and GUADALUPE ALVARADO FLORES by plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen through public deed number 34-10, executed at 18 hours on y 6 de junio del dos mil before Notary Pía Picado González, is annulled.5) The plaintiff-counterclaim defendants are ordered to pay the attorneys’ fees and procedural costs (costas personales y procesales) of this action.6) Once this ruling becomes final, defendant Alvaro Sandoval Araya shall be evicted and the parcel shall be effectively placed in the possession of the Instituto de Desarrollo Rural for the appropriate action. (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, trial-court judgment entered on 30/11/2021 13:13:38) 17.- Attorney José Luis Ramos Castellón, in his capacity as special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial) for the plaintiff-counterclaim defendant and for 3-101-689148 S.A, filed an appeal (recurso de apelación), expressly stating the grounds relied upon to challenge the trial court’s position. (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, filing entered on 08/12/2021 11:19:28).
  2. 18The statutory requirements were not observed in the conduct of the proceeding, and errors or omissions capable of rendering the judgment null and void are apparent.-

Drafted by Judge Picado Vargas; and, RECITALS (CONSIDERANDO)

I. The list of facts deemed established is adopted because it is consistent with the body of evidence (acervo probatorio).-

II. The body of facts deemed unproven is endorsed because there is no evidence establishing them.-

III.Attorney José Luis Ramos Castellón, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff-counterclaim defendant and for 3-101-689148 S.A, filed an appeal against that ruling, stating essentially as follows: “GROUNDS FOR APPEAL (AGRAVIOS): 1.- The ruling under appeal states that my clients committed the first violation of the special rules governing the parcel in dispute because they verbally agreed with Pablo Solórzano Alvarado to work ‘on shares’ the mango grove located within the portion in dispute. There is nothing improper about this, nor does it violate the special rules governing the parcel at issue in this proceeding, because what my clients and Pablo Solórzano Alvarado established was a ‘Rural Sharecropping Agreement’ (Contrato de Aparcería Rural), which is contemplated in Article 69 of La Constitución Política and therefore constitutes a rule superior in rank to Article 67 of La Ley de Tierras y Colonización and to that law generally. 2.- As a second violation of the special rules governing the parcel in dispute, the ruling under appeal states that, without Inder’s authorization, my clients CARLOS MONTERO MONTERO AND ANAIS SALAS MESEN, by public deed number 34-10 executed before Notary Pía Picado González at 18 hours on 06 de junio del 2000, bequeathed parcel M-7 of Asentamiento Coyolar to Pablo Solorzano Alvarado, Gabriela Solorzano Alvarado, Roxana Solorzano Alvarado, and Guadalupe Alvarado Flores. 3.- The ruling under appeal states that my client Carlos Montero Montero abandoned the parcel ten years before the trial held on 05 de marzo de 2021, which is untrue, as we have conclusively demonstrated in this proceeding and will explain further below. 4.- The ruling under appeal states that the plaintiffs transferred the property in question to the defendant company before their title had become fully vested, which is untrue, as we will conclusively refute in the corresponding section. 5.- The award of the parcel cannot be revoked, my clients’ resulting title cannot be annulled, and the parcel in dispute cannot be reverted to INDER because, by the date of INDER’s intervention in this proceeding, the restrictions encumbering that parcel had already expired; the parcel had therefore become property held by my clients in full ownership and was registered in the name of a family-owned commercial company.” (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, filing entered on 08/12/2021 11:19:28).-

IV.ON THE FOURTH AND FIFTH SUBSTANTIVE GROUNDS OF APPEAL CONCERNING THE INADMISSIBILITY OF THE COUNTERCLAIM FILED BY THE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL BECAUSE THE PUBLIC-INTEREST RESTRICTIONS HAD EXPIRED BY THE TIME IT WAS FILED: The appellant’s argument is unfounded. A chronological account of the events is appropriate in order to resolve this ground of appeal: The Instituto de Desarrollo Rural (hereinafter INDER) initiated an administrative proceeding (procedimiento administrativo) against the plaintiffs for revocation of title to the property and revocation of the parcel award on 24 de agosto del 2008, two days before the fifteen-year term of the public-interest restrictions under the land-allocation agreement expired. That administrative proceeding was conducted under expediente 246-08 for noncompliance with Articles 67 and 68 of Ley 2825. On the same day the restrictions expired, the property at issue in this proceeding was encumbered by an annotation under filing references 0578-00005971-001, “EXHORTO DE NULIDAD DEL IDA,” filed on 26 de noviembre del 2008.

(See image 35, part VII of the electronic case file, submission added on 04/07/2014 10:50:19). The plaintiffs herein filed this action on seis de octubre del 2010, and notice of it was entered in the margin of the registration for the property at issue in this proceeding on 30 de junio del 2015, pursuant to the decision issued on 29 de junio del 2015. (See acknowledgment of receipt at image 78 of the case file converted into book format as a PDF, image 21, part I of the scanned physical case file added to the record on 09/09/2011 18:17:23, and the aforementioned decision ordering the annotation of the complaint, which was associated with the record on 29 de junio del 2015). INDER was served with the complaint upon joinder of the necessary party (integración de litis) and filed a counterclaim (reconvención) in setiembre del 2011, seeking revocation of the title on the same grounds asserted in the administrative proceeding (see the virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, main case file, part IX, added on 09/09/2011 18:22:33, images 5 through 17).

Subsequently, by a decision issued in that forum at 09:05 hours on 09 de junio del 2014, the administrative proceeding’s directing body ordered the administrative case file closed, without prejudice to the decision to be rendered in this proceeding (Submissions Tray, 04/07/2014 10:50:19). This historical account shows that INDER initiated the revocation proceeding while the restrictions remained in force, kept the matter pending through the Exhorto de Nulidad by annotating the parcel, and even filed the counterclaim while the property remained subject to that annotation. Indeed, from 9 de setiembre del 2011 to 9 de junio del 2014, its revocation claim was processed concurrently in the administrative and judicial forums, until, on the latter date, that entity ordered the administrative proceeding closed so that the matter could ultimately be resolved through declaratory proceedings (vía declarativa).

Accordingly, this ground of appeal is without merit, because the cited exhorto interrupted the limitations period, preserving INDER’s authority to seek the nullity of the title and revocation of the award through the present day. In this regard, this Court has held: “Irrespective of whether the restrictions had expired when this action was brought, that does not cure the defect in the agreement, which has an object prohibited by law and is therefore absolutely null and void (nulidad absoluta). Recently, in a similar case, this Court ruled: ‘(...) what occurred was a sale transaction, an act prohibited by Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización, which provides, insofar as relevant: “Any agreement entered into without compliance with the foregoing provisions shall be absolutely null and void,” given that authorization from the Instituto de Desarrollo Agrario, now the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), was required and was not obtained in this specific case.

Because the property remained subject to restrictions imposed by that Institute, the awardee did not yet hold full ownership rights permitting its unrestricted conveyance, since the Institute could still recover it for its social purposes. Consequently, because the awardee lacked full power to dispose of the property, the transaction entered into, styled as an option to purchase and sell (opción de compra venta), is null and void because the required authorization from the aforementioned Institute was not obtained, as provided by the cited statute.- Nor can the appellant’s theory that the transaction was subject to a condition precedent (condición suspensiva) be accepted, because accepting that position would constitute a flagrant violation of rules of public policy (normas de orden público), such as the Ley de Tierras y Colonización, which establishes the legal regime governing the property in question.

Accordingly, disposition of this type of property does not operate as it would in an ordinary private transaction, as the appellant maintains in this ground of appeal; rather, that system of restrictions constitutes the legal framework governing the right, which is precisely why those restrictions are recorded in the Registro Público de la Propiedad. Any contrary interpretation would create interpretive loopholes that beneficiaries of the Programa de Asignación de Tierras of the Instituto de Desarrollo Rural could exploit to disregard the imposed restrictions under the guise of options to sell or sales subject to the condition precedent that the existing restrictions expire, which, as stated, contravenes rules of public policy. This would validate transactions through which an economic benefit would be obtained from the social welfare system itself, a system intended for persons with a particular economic and social profile and funded by the State with public funds, whose objectives are set forth in Articles 1 and 2 of the Ley de Tierras y Colonización.- V.- The appellant asserts that the court may not declare the legal transaction null and void on its own motion (declaratoria oficiosa), because the opposing party did not request such relief.

However, determining whether the plaintiff was entitled to the relief sought requires an analysis of the legal nature of the transaction and whether the conditions of validity existed when it was executed. As stated, an essential element was lacking—namely, authorization from the aforementioned Institute—and omission of that requirement mandates nullity as a matter of law under Article 67 ibídem.- Article 835 of the Código Civil provides: ...“Acts or agreements are absolutely null and void: 1.- When any condition essential to their formation or existence is lacking. 2. When any requirement or formality that the law demands for the validity of certain acts or agreements is lacking, having regard to the nature of the act or agreement rather than the status or condition of the person participating therein....” This provision establishes the nullity of a transaction lacking any such condition.

In the present case, because the agreement is governed by rules of public policy rather than private-law rules, absolute nullity under the Código Civil, which cannot be declared by the court on its own motion, is not applicable in isolation. Instead, the civil-law provision must be read together with Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización (a rule of public policy), which categorically establishes the absolute nullity of any agreement entered into without the required authorization from the aforementioned Institute; nullity is therefore mandatory as a matter of law.- The appellant argues that there is a legal gap on the part of INDER regarding the means of preventing this type of commitment between awardees and private parties, and that only an amendment to the Law incorporating an option-to-purchase mechanism into its provisions could create a legal instrument barring a private transaction between the parties.

The appellant contends that, absent such an amendment, it is improper to declare this legal instrument, which is intended to produce future legal effects, null and void. As to this ground of appeal, the preceding recital explained why, notwithstanding the name given to the agreement as asserted by the appellant, what the parties actually agreed upon was a purchase and sale; nullity is therefore mandatory. In any event, the cited Article 67 provides that any agreement is absolutely null and void, which encompasses the transaction at issue regardless of the name assigned to it.- (TRIBUNAL AGRARIO. VOTO N° 981-F-16 de las quince horas y cuarenta y uno minutos del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis).’ Under this reasoning, any possession exercised by the plaintiff after entering into that agreement with the defendant, as well as any debts paid to INDER, are irrelevant arguments for resolving the claim asserted in the complaint, because no registrable legal effects may arise from a conveyance agreement (contrato traslativo) whose object is property that was outside the stream of commerce (fuera del comercio), based on a purpose contrary to law.

The exercise of the property’s social function (función social), offered as an argument legitimizing the plaintiff’s right, is unavailing, because the very law cited by the appellant, in Article 67, establishes the prohibition against conveyance. That restriction is specifically intended to ensure that property allocated by the State to award programs for social and productive purposes is not used by persons who have not qualified as awardees, since those programs are financed with public funds. Allowing otherwise, on the ground that the property has been made productive, would undermine the integrity of the objectives of the Ley de Tierras y Colonización, namely, to provide land to persons meeting a particular socioeconomic and technical profile so that they may make it productive while assuming a comprehensive legal relationship with that entity. If the plaintiff wished to succeed the defendant as awardee of the property, the plaintiff was required to apply to that Institute to formalize the authorization, since the aforementioned Article 67 provides for that possibility; the plaintiff failed to show that such an application was made or that authorization was obtained.” TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 1065-F-16 de las 13:59 horas del 15 de noviembre del 2016.- In accordance with the foregoing, the appellant is incorrect in asserting that his ownership right had become vested, because the claim for revocation of the award has remained pending since 24 de noviembre del 2008, when the restrictions were still in force.

Therefore, the transfer to the co-defendant corporation (whose officers are the plaintiffs themselves) occurred while this proceeding was pending before the courts and the present complaint was annotated in the property registry (see registry certification at image 112 of the electronic case file). Consequently, the fourth and fifth substantive grounds of appeal are rejected.-

V.REGARDING THE FIRST SUBSTANTIVE GROUND OF APPEAL (agravio de fondo), ALLEGING THAT THE AGREEMENT ENTERED INTO BY THE PLAINTIFFS WITH CO-DEFENDANT PABLO SOLORZANO CONSTITUTES A SHARECROPPING AGREEMENT (contrato de aparcería) HAVING A CONSTITUTIONAL RANK SUPERIOR TO THE PUBLIC-INTEREST RESTRICTIONS (limitaciones de interés social) OF THE LAND AND COLONIZATION LAW (Ley de Tierras y Colonización): The appellant’s interpretation on which this ground of appeal is based is likewise incorrect. The “Rural Sharecropping Agreement” (“Contrato de Aparcería Rural”) is indeed provided for in Article 69 of the Political Constitution; however, the public-interest restrictions under Article 67 of the Land and Colonization Law also have a constitutional basis in Article 45, second paragraph, of our Constitution, and the latter, concerning the right to property and the social function of agricultural property (función social de la propiedad agraria), is a programmatic provision of higher rank than the aforementioned Article 69.

This is because the right to property has the status of a fundamental right, which is not absolute and specifically permits restrictions such as that under Article 67 of the Land and Colonization Law to limit the primary attribute of ownership, specifically the right of alienation, based on the premise that land belongs to those who actually and physically work it (Article 4 of the LTC). This Tribunal has interpreted it accordingly: “The Tribunal’s reasoning reinforces some of the ideas supporting the declaration of nullity of agreements entered into in contravention of Article 67 of the Land and Colonization Law: a) Restrictions on the sale of property are valid insofar as they accord with the socioeconomic function of agricultural property, which seeks, on the one hand, to prevent the accumulation of land and wealth by certain persons to the detriment of the collective’s economic well-being. b) This interventionist legislation is reflected in the systemic body of rules set forth in the Land and Colonization Law. c) Consequently, the restriction is a matter of public policy (orden público), and we may therefore reasonably link it to the second part of Article 45 of the Constitution, in the sense of establishing a restrictive regime governing the right to property when warranted by the circumstances of the case in pursuit of the common welfare of society as a whole. d) The restriction would have ceased to have any effect if the Instituto de Desarrollo Agrario had expressly authorized the sale made by the allottee (adjudicatario), since in that event it would have to be presumed that the regulatory entity considered the alienation consistent with the system, principally because the third-party purchaser met the conditions required by the social function of property for the land to be used satisfactorily and rationally by persons or microenterprises possessing the technical capacity for agricultural activity and warranting state support.” TRIBUNAL AGRARIO, Vote No. 014-F-19 at 11:08 hours on January 29, 2019.- Consequently, it is not constitutionally correct to interpret that the allottee may disregard that restriction in order to enter into a rural sharecropping agreement merely because such an agreement is also contemplated in constitutional law, particularly where its execution constitutes a breach of the land-allocation agreement (contrato de asignación de tierras) and is grounds for revocation of the allotment (revocatoria de adjudicación). The first substantive ground of appeal is rejected.-

VI.REGARDING THE SECOND SUBSTANTIVE GROUND OF APPEAL, ALLEGING THAT THE BEQUEST MADE BY THE PLAINTIFFS IN A PUBLIC DEED (escritura pública) IN FAVOR OF CO-DEFENDANTS PABLO SOLORZANO ALVARADO, GABRIELA SOLORZANO ALVARADO, ROXANA SOLORZANO ALVARADO, AND GUADALUPE ALVARADO FLORES SHOULD NOT BE DEEMED A VIOLATION OF THE PUBLIC-INTEREST RESTRICTIONS: The appellant is incorrect. The reason INDER requested that the challenged judgment revoke the parcel allotment was different, as reflected in the relief sought in its counterclaim (reconvención): “a) That this counterclaim or cross-claim against Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén be granted in its entirety because it is legally well-founded and because the defendants failed to comply with the obligations imposed upon them, given that neither they nor their family have been in possession of parcel No. 7 of the Sector M settlement in Coyolar de Orotina for several years, and it was established that the parcel is worked, exploited, brought into production, cleared, maintained, harvested, and commercially operated by an unrelated third party” (see the virtual case file of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, main case file, Part IX, added on 09/09/2011 18:22:33, images 5 through 17).

In other words, the asserted ground was the indirect exploitation (explotación indirecta) of the parcel. The nullity ordered by the court below (a power conferred upon it ex officio under Article 868 of the Civil Code) with respect to public deed number 34-10, executed before Notary Pía Picado González at 18 hours on June 06, 2000, whereby parcel M-7 of the Asentamiento Coyolar was bequeathed to Pablo Solorzano Alvarado, Gabriela Solorzano Alvarado, Roxana Solorzano Alvarado, and Guadalupe Alvarado Flores, is a consequence of the principal ground of indirect exploitation having been deemed proven; the assessment of the evidence is the subject of the third ground of appeal and will be analyzed in the following recital (considerando). Consequently, the second ground of appeal is rejected.-

VII.REGARDING THE THIRD AND FINAL GROUND OF APPEAL CONCERNING THE ABANDONMENT OF THE PARCEL ATTRIBUTED TO THE APPELLANT IN THE CHALLENGED JUDGMENT: The appellant is likewise incorrect. The judgment grants the counterclaim insofar as it seeks revocation of the title to the allotted parcel on the ground of indirect exploitation, finding the following proven: “3-) Without establishing an exact date, but sometime between 2000 and 2001, plaintiff and counterclaim defendant Carlos Montero Montero verbally agreed to work ‘on a half-share basis’ the mango grove located within the disputed portion; that is, they agreed with co-litigant (litisconsorte) Pablo Solórzano Alvarado to a partial exploitation of the parcel at issue in these proceedings. They did so without the corresponding authorization from INDER and for a period of approximately 3 or 4 years. (testimony under examination of plaintiffs and counterclaim defendants Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén; testimony of Pablo Solórzano Alvarado, in the audio recording added on 06/03/2012 08:32:32, under tab 16 of the procedural-history details in the Virtual Case File, and its backup added on 30-11-2021 because the system does not permit the first recording to be heard).” It should be noted that the appellant does not challenge this fact and, moreover, in their complaint, specifically in the seventh and eighth allegations of fact, the plaintiffs admit that they entered into an agreement with defendant Pablo Solórzano to work the parcel “on a half-share basis,” without authorization from INDER, which constitutes a spontaneous admission (confesión espontánea) under Article 341 of the 1990 Code of Civil Procedure, applied supplementarily to this matter because it was the law in force when this complaint was filed.

It was previously stated in Considerando V that the fact that this agreement, which the plaintiffs characterize as Rural Sharecropping, does not place it above the public-interest restrictions contained in Article 67 of the Land and Colonization Law. Accordingly, the ground of indirect exploitation has not only been proven but was also spontaneously acknowledged by the appellant in the seventh and eighth allegations of fact in the complaint; therefore, this final ground of appeal is likewise without merit and must be rejected, and the judgment must be affirmed as to the matters appealed.-

POR TANTO

The judgment is affirmed as to the matters appealed.- ???????????????

CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECIDING JUDGE ???????????????

ENRIQUE ULATE CHACÓN - DECIDING JUDGE ???????????????

ANTONIO DARCIA CARRANZA - DECIDING JUDGE

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Firmar Documento ????????????????

ORDINARIO ACTOR/A:

ANAIS SALAS MESEN DEMANDADO/A:

ALVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA VOTO N° N° 2023000143 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas diez minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés.- PROCESO ORDINARIO promovido por CARLOS MONTERO MONTERO, mayor, casado, empresario agrario, vecino de Coyolar, orotina, cédula de identidad número dos - doscientos ocho - setecientos cuarenta y siete; ANAIS SALAS MESÉN, mayor, administradora de hogar, cédula de identidad número dos - ciento noventa y cuatro - cuatrocientos treinta y uno; ambos vecinos de Orotina, contra ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, mayor, soltero, comerciante, vecino de Orotina, cédula de identidad número seis - trescientos treinta y cinco - cero treinta; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, representado por Carlos Enrique García Anchía, mayor, casado, abogado, vecino de Alajuela, cédula de identidad número dos - trescientos cincuenta y cuatro - doscientos sesenta y cinco.

Asimismo el último presentó reconvención contra CARLOS MONTERO MONTERO Y ANAIS SALAS MESÉN, de calidades antes mencionadas. Intervienen como LITISCONSORTES: ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, de calidades y vecindario antes mencionados; LA SOCIEDAD 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por sus apoderados generalísimos sin límite de suma Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen, ambos de calidades antes citados; PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, mayor, soltero, empresario, cédula de identidad número dos - cuatrocientos ochenta y siete - quinientos veinte; GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, mayor, casada una vez, farmacéutica, cédula de identidad número dos - quinientos seis - cuatrocientos once; ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, soltera, arquitecta, cédula de identidad número uno - mil ciento noventa y nueve - cuatrocientos sesenta y ocho; GUADALUPE ALVARADO FLORES, administradora del hogar, viuda una vez; cédula de identidad número uno - trescientos ochenta y cinco - ochocientos setenta.

Actúa como apoderado especial judicial de los actores Carlos Montero Montero, Anais Salas Mesén y de la sociedad 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, el licenciado José Luis Ramos Castellón, cédula de identidad dos trescientos setenta y nueve - setecientos treinta y seis; del demandado y litisconsorte Álvaro Sandoval Araya, el letrado Sebastián Calderón Cerdas, colegiado veinte mil cuatrocientos cuarenta y seis; del INDER, el licenciado Adán Gómez Calvo, colegiado siete mil trescientos setenta; y la licenciada María Isabel Escalante Gutiérrez; como apoderada especial judicial de los Litisconsortes Pablo Solórzano Alvarado, Gabriela Solórzano Alvarado, Roxana Solórzano Alvarado y Guadalupe Alvarado Flores, la Licenciada Reina Ester Ramos Madriz, cédula de identidad seis - trescientos noventa y cuatro - quinientos cincuenta y cuatro, colegiada veintisiete mil quinientos veintisiete. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela Alajuela.

RESULTANDO:

  1. 1La parte actora presentó demanda ordinaria estimada en la suma de cincuenta millones de colones, para que en sentencia se declare: "a) Que mis representados son los propietarios de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble partido de Alajuela, matrícula DOS OCHO CUATRO CUATRO DOS OCHO - CERO CERO CERO, secuencias CERO CERO UNO y CERO CERO DOS respectivamente; b) Que la totalidad de la finca fue tomada ilegítimamente por parte del demandado desde el día 14 de mayo del 2009; c) Que debe el demandado restituir a mis representados la finca referida que posee ilegítimamente y de mala fe y abstenerse de perturbar la totalidad de la finca que le corresponde a mis representados los cuales como hemos mencionado mis representados la han poseído y posee en forma legítima y no de mala fe como se lo quiere apropiar el demandado; d) Se condene al demandado al pago de los daños, costas y perjuicios que le ha ocasionado a mi representada, así como el daño moral que han sufrido los señores CARLOS MONTERO MONTERO Y ANAIS SALAS MESÉN, quienes se han visto afectados en su salud, al sufrir serios trastornos y sometidos a estados depresivos a consecuencia de los hechos dañosos consistentes en el despojo de que han sido objeto, de la finca que les pertenece,así como por la actitud que ha tomado el demandado ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA en la negativa de restituir a mi representados dicha propiedad; e) que son ambas costas a cargo del demandado." (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal parte I electrónico, imágenes 38 y 39).
  2. 2El licenciado José Luis Ramos Castellón en su condición de apoderado especial judicial de Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, renuncia al punto d) de las pretensiones de la demanda referidos a rubro de daños y perjuicios. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal, parte II, imagen 7, incorporado el 09/09/2011 18:18:00).
  3. 3El demandado Álvaro Enrique Sandoval Araya debidamente notificado de la presente demanda, contestó de manera negativa, e interpuso las excepciones de litis consorcio necesaria pasiva o activa, falta de derecho, falta de legitimación, sine actione agit y falta de agotamiento de la vía administrativa. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal, parte IV, incorporado el 09/09/2011 18:19:06, imágenes 11 a 20)
  4. 4El Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela en resolución número 01-2011, de las diez horas del doce de enero del dos mil once ordenó integrar la litis consorcio pasiva necesaria contra el Instituto de Desarrollo Agrario y se rechazó la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal, parte V, imágenes del 2 al 6, incorporado el 09/09/2011 18:19:54)
  5. 5El demandado Instituto de Desarrollo Rural, contestó la demanda incoada en su contra de manera negativa e interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación y sine actione agit. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal parte VIII, incorporada el 09/09/2011 18:22:00, imágenes 36 a 40 y expediente principal parte IX, incorporada el 09/09/2011 18:22:33, imágenes 1 a 3)
  6. 6Asimismo el Instituto de Desarrollo Rural, contrademanda en la suma de doscientos mil colones a los señores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén y, solicita que en sentencia se declare: "a) Que se acoge en un todo, la presente reconvención o contrademanda en contra de Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, por estar ajustada a derecho y por no cumplir los demandados con las obligaciones impuestas, al no estar ellos ni su familia desde hace varios años en posesión la parcela N° 7 del asentamiento sector M en Coyolar de Orotina, por quedar corroborado que la parcela es trabajada, explotada, inducida su producción, limpieza, mantenimiento, recolección de cosecha y comercialización por un tercero ajeno a ellos; b) Sin lugar en todos sus extremos la demanda ordinaria de reivindicación, interpuesta por Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen en contra de mi representada; c) Por comprobada, de parte de los actores, las causales de abandono injustificado de la parcela, al ausentarse de la misma física y permanentemente, explotación indirecta y cambio de uso para los fines que se le otorgó la parcela M7 del asentamiento Coyolar, finca matrícula de Alajuela 284428; d) Que los señores Montero Montero y Salas Mesen, incumplieron con las obligaciones impuestas, motivo suficiente que causa la pérdida del derecho sobre la parcela, la cual debe regresar con toda su dotación al patrimonio del Instituto de Desarrollo Agrario, conforme al artículo 66 ibídem, a fin de que se adjudique de nuevo a quien por Ley Corresponda; e) Que se revoque la adjudicación de la parcela 7 del asentamiento Coyolar, sector M hecha a favor de los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen y subsecuentemente se anule su título de propiedad, inscrito en el Registro Inmobiliario, División Registral, bajo la matrícula de la Alajuela N° 284.248-001-002 y sea revertido registralmente a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, con domicilio en la ciudad de Moravia cédula de persona jurídica 4-000-42143 para que se prosiga con su nuevo ciclo de adjudicación; f) Que en cuanto al pago de mejoras, si así lo cree conveniente su Autoridad, sea sobre las mejoras útiles y necesarias para la explotación y desarrollo de las parcelas, conforme al artículo 66 ley 2825, hechas por los adjudicatarios y de su propio peculio, las cuales se valorarán tomando en cuanta los criterios de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en voto número 13 de las 10 horas del 29 de enero de 1993, advirtiéndose que las necesarias no se cancelarán, aún cuando las hubiera, pues no son susceptibles de tal reconocimiento en el Derecho Agrario; g) Que se condene al pago de ambas costas de la presente demanda a los señores Montero Montero y Salas Mesén y en caso contrario, se exima del pago de ambas costas en la presente demanda a mi representada, por ser su accionar conforme a derecho." (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal parte IX, incorporada el 09/09/2011 18:22:33, imágenes 5 a 17).-
  7. 7Los actores reconvenidos Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, contestaron la reconvención planteada en su contra e interpusieron las excepciones de caducidad, falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa, falta de legitimación ad causam pasiva y genérica actione agit, (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal parte IX, incorporada el 09/09/2011 18:22:3 3, imágenes 21 a 40 y expediente principal pare X, incorporada el 09/09/2011 18:23:07, imágenes del 1 a 24).
  8. 8El Tribunal Agrario de Segundo Circuito Judicial de la San José, Goicoechea, mediante el Voto 346-F-113, las catorce horas y treinta y ocho minutos del nueve de abril de dos mil trece, anuló la sentencia dictada por el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, numero 126-2012 de las quince horas veinte minutos del doce de diciembre de dos mil doce, y ordena al demandado reconventor INDER integrar la litisconsorcio pasivo necesario. ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, documentos asociados, sentencia de segunda instancia incorporada el 28/06/2018 14:11:49).-
  9. 9El Instituto de Desarrollo Rural integró litis consorcio pasivo necesario contra Álvaro Enrique Sandoval Araya, solicitando que en sentencia se declare lo siguiente: "a) Que se acoge en un todo, la presente demanda en contra el álvaro Sandoval Araya, por estar ajustada a derecho b) Que se declare que la finca partido de la provincia de Alajuela matricula número 284.428-001 y 002, fue adjudicada al amparo de la Ley número 2825, de Tierras y Colonización en virtud de los cual la disposición de la misma y posesión del inmueble se encuentra regulada bajo un régimen especial debiendo cualquier tipo de contratación o posesión estar autorizada por este Instituto. C- Que se declare en sentencia que el aquí demandado Álvaro Sandoval Araya, conocía plenamente que la parcela7 M del Asentamiento Coyolar, objeto de esta litis fue entregada al amparo de la Ley 2825, y por ende sometida a las regulaciones que dicha normativa y que su presencia en la parcela lo fue sin autorización de este Instituto, y que constituye la causal de explotación indirecta.D. Que ante el incumplimiento de la obligaciones establecidas en la Ley Constitutiva de este Instituto numero 2825, por parte de los adjudicatarios como del señor Álvaro Sandoval Araya al estar en la parcela sin autorización de este Instituto, lo procedente es la recuperación por parte de este Instituto de dicho inmueble, de forma tal que el titulo de propiedad otorgado favor de los actores reconvenidos, señores Montero Montero y Anais Salas Mesen, sea anulado y se Inscriba la finca de la provincia de Alajuela matricula numero 248-428-001-002, a favor de este Instituto. E Que se ordene al desalojo de dicho predio del aquí demandado señor Álvaro Sandoval Araya , y de cualquier otra persona que se encuentre en posesión de la parcela 7 M del Asentamiento Coyolar y se ponga en posesión a mi representada de dicho predio, por cuanto no les asiste derecho alguno para estar en la parcela. F. Que se declare que se tuvo por comprobado en el presente proceso, que los principios y preceptos legales de la Ley de Tierras y Colonización fueron violentados estando en vigencia el período de las limitaciones legales.G- Que en cuanto a posibles mejoras de comprobarsela existencia de las mismas sean canceladas de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Tierras y Colonización. H- Que se condene al demandado al pago las costas de este proceso y en caso contrario, se exima del pago de las costas en la presente demanda a mi representada por ser su accionar conforme a derecho. ( ver escritorio virtual de Alajuela, escrito incorporado el 23/04/2013 04:09:22).-
  10. 10El Litisconsorte y demandado Álvaro Enrique Sandoval Araya debidamente notificado de la presente demanda, contestó de manera negativa y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de agotamiento de la vía administrativa y sine actione agit. ( ver escritorio virtual de Alajuela, escrito incorporado el 27/05/2013 09:06:30).-
  11. 11El Instituto de Desarrollo Rural, en cumplimiento de lo ordenado en resolución dictada las once horas y cinco minutos del veintinueve de junio de dos mil quince, integra la litis consorcio pasivo necesaria contra la sociedad 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, para que en sentencia se declare: A) Se acoja en un todo la presente demanda, en contra LA SOCIEDAD 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por el Señor Carlos Montero Montero , cédula de identidad número 2-0208-00747, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la indicada sociedad. B) Que se declare que la finca del Partido de Alajuela, matrícula número 284.428-001 y 002, actualmente derecho 001, fue adjudicada al amparo de la Ley número 2825, de tierras y Colonización en virtud de los cual la disposición de la misma y la posesión del inmueble se encuentra regulado bajo régimen especial debiendo cualquier tipo de contratación o posesión estar autorizada por ese Instituto; C) Que se declare en sentencia que la sociedad anónima, aquí demandada, denominada con su número de cédula de persona jurídica 3- 101-0689148, adquirió ilegalmente dicha, de parcela en litis, de parte de los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen, siendo los mismos los representantes de dicha sociedad, teniendo en tales condiciones, conocimiento del proceso.; D) Que los representantes de la aquí demandada, tienen pleno conocimiento que la parcela 7 M del asentamiento Coyolar, objeto de esta fue entregada al amparo de la Ley 2825, por ende sometida a las regulaciones de dicha normativa y que su adquisición se a realizado de mala fe, en el tanto son conocedores que la titularidad registral de los transmitentes que son los mismos representantes de la sociedad aquí demandada), está siendo cuestionada en el presente proceso; E) Que ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la referida normativa especial, por parte de los adjudicatarios, aquí actores, Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen, así como las actuaciones del litisconsorte del demandado- reconvenido Álvaro y de la sociedad ahora litisconsorte, al estar en posesión el primero y de haber adquirido ilegalmente las segundas la titularidad registral, lo procedente es la recuperación por parte de ese Instituto de ese bien inmueble, de forma tal que el título de propiedad otorgado a favor de los actores reconvenidos, señores Montero Montero y Anais Salas Mesen, sean anulados, de igual forma sea anulado el traspaso realizado por los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen a favor de la sociedad 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, así como su inscripción registral y se ordene la inscripción de la finca en litis a favor del Instituto; F) Que se ordene el desalojo de la sociedad litisconsorte de dicho predio y se le ponga en posesión al Instituto de la misma por no asistirle derecho para estar en la parcela; g) Que se declare que se tuvo por probado que los principios y preceptos legales de la Ley de Tierras y Colonización fueron violentados estando en vigencia el período de las limitaciones legales; H) Que en cuanto a posibles mejoras de comprobarse la existencia de las mismas, sean canceladas conforme al numeral 66 de esa referida Ley; I) Que se condene al demandado al pago de las costas de este proceso, y en caso contrario, se le exima de las costas por ser su accionar conforme a derecho. ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 09/07/2015 15:26:23).-
  12. 12La sociedad litisconsorte demandada 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, contesta negativamente la demanda e interpone las excepciones de Caducidad, Falta de Derecho, Falta de Legitimación Activa, Falta de Legitimación Pasiva. ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 07/09/2015 11:45:28 ).- El Juzgado Agrario de Alajuela en resolución de las quince horas treinta minutos del veintidós de febrero del dos mil dieciséis reservó para sentencia la excepción de caducidad opuesta por la sociedad accionada. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 23/02/2016 10:12:09).-
  13. 13El Juzgado Agrario del Alajuela en resolución de las diez horas y dieciocho minutos del diez de abril de dos mil dieciocho ordena al INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, integrar en su reconvención la litis consorcio pasiva necesaria contra los beneficiarios de dicho legado, es decir contra PABLO SOLÓRZANO ALVARADO; GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO; ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO; y GUADALUPE ALVARADO FLORES, ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, resolución incorporada el 10/04/2018 10:18:44).-
  14. 14El Instituto de Desarrollo Rural en cumplimiento de lo ordenado integra la litis consorcio pasivo necesaria contra PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, para que en sentencia se declare: A) Se acoja en un todo la presente demanda en contra los legatarios señores PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, cédula de identidad 2-0478-0520, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, cédula de identidad 2-0506-0411, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, cédula de identidad 1-1199-0468 y GUADALUPE ALVARADO FLORES, cédula de identidad 1-0385-0870; B) Que se declare que la finca del Partido de Alajuela, matrícula número 284.428-001 y 002, actualmente derecho ,000 fue adjudicada al amparo de la Ley número 2825, debiendo cualquier tipo de contratación o posesión estar autorizada por ese Instituto; C) Que se declare en sentencia, que los legatario demandados, lo son en tal sentido en forma ilegal, por cuanto por parte de los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen, no podía disponerse del predio en litis sin autorización del Instituto; D) Que los demandados, tienen pleno conocimiento que la parcela 7 M del asentamiento Coyolar, fue entregada al amparo de la Ley 2825, por ende sometida a las regulaciones de dicha normativa y que la constitución del legado a su favor, se ha realizado de mala fe, en el tanto conocían que la misma no podía ser dispuesta a favor de terceros; E) Que ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la referida normativa especial, por parte de los adjudicatarios, aquí actores, Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen, así como las actuaciones de los litisconsortes PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, de ser legatarios del bien en litis, lo procedente es la recuperación por parte de ese Instituto de ese bien inmueble, de forma tal que el título de propiedad otorgado a favor de los actores reconvenidos, señores Montero Montero y Anais Salas Mesen, sean anulados, de igual forma sea anulado el legado constituido a favor de PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, realizado por los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen mediante escritura pública número 34-10 otorgada a las 18 horas del y 6 de junio del dos mil, ante la Notaría de Pía Picado González y se ordene la inscripción de la finca en litis a favor del Instituto; F) Que se ordene el desalojo de los demandados, de dicho predio, a los demandados y de cualquier otra persona que se encuentre en el mismo y se le ponga en posesión al Instituto de la misma; G) Que se declare que se tuvo por probado que los principios y preceptos legales de la Ley de Tierras y Colonización fueron violentados estando en vigencia el período de las limitaciones legales; H) Que en cuanto a posibles mejoras de comprobarse la existencia de las mismas, sean canceladas conforme al numeral 66 de esa referida Ley; I) Que se condene a los demandados al pago de las costas de este proceso, y en caso contrario, se le exima de las costas por ser su accionar conforme a derecho.(ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 19/04/2018 10:46:50).
  15. 15Los demandados PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE

ALVARADO FLORES, contestan la demanda en forma negativa e interponen las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, excepción de caducidad ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 25/06/2018 02:00:04 .

  1. 16La jueza Zoila Flor Ramírez Arce, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, mediante sentencia número 2021-000227 de las trece horas trece minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, resolvió: " POR TANTO:De conformidad con lo expuesto y citas de Ley, EN CUANTO A LAS DOS DEMANDAS POR PARTE DE LOS ACTORES: se acogen las excepciones de Falta de Derecho, Falta de Legitimación y Sine Actiones Agit opuestas por Álvaro Enrique Sandoval Araya y el Instituto de Desarrollo Rural. Se declara SIN LUGAR LA DEMANDA interpuesta por los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén contra Alvaro Enrique Sandoval Araya y el Instituto de Desarrollo Rural. RESPECTO A LA CONTRADEMANDA DEL INDER Y EN CUANTO A LAS TRES DEMANDAS POR INTEGRACIÓN DE LITIS. Se rechazan las excepciones de Caducidad, Falta de Derecho, Falta de Legitimación Ad Causan Activa,Falta de Legitimación Ad Causan Pasiva y Genérica Sine Actione Agit, interpuestas por los accionantes- reconvenidos Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén en contra de la contrademanda del INDER.Se rechazan las las excepciones de Falta de Derecho, Falta de Legitimación y Sine Actiones Agit opuestas por Alvaro Enrique Sandoval Araya. Las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, excepción de caducidad, interpuestas por la sociedad litisconsorte demandada 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, y los demandados - litisconsortes legatarios PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, se rechazan. Consecuentemente, se declara CON LUGAR la reconvención en contra los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, así como la demanda de integración de litis, interpuesta por el Instituto de Desarrollo Rural contra ALVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, LA SOCIEDAD LITISCONSORTE DEMANDADA 3-101-689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, y los demandados - litisconsortes legatarios PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES. Entiéndase por rechazada en lo que no se indique expresamente. En consecuencia se declara:1) Que los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén incumplieron con las obligaciones, impuestas por los artículos 67 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización número 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas.2) Que los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, abandonaron la parcela de manera injustificada, se asociaron con un tercero ajeno a su núcleo familiar para trabajar la parcela de nombre Pablo Solórzano Alvarado y, suscribieron una escritura pública, en forma ilegal, legando la parcela a los litisconsortes PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, y traspasaron el bien objeto de este proceso sin contar con el dominio pleno de su derecho registral, a la sociedad demandada quien tenía pleno conocimiento de ello; todo lo anterior, sin permiso del INDER, estando vigentes las limitaciones de la Ley 2825, en cuanto a los tres acontecimientos y respecto al último a sabiendas que no contaban con el dominio pleno de su derecho de propiedad. Asimismo, el litisconsorte Alvaro Enrique Sandoval Araya, se mantuvo en la parcela en litis en forma ilegítima, por lo que deberá desalojar la misma inmediatamente se encuentre firme la presente resolución. Se autoriza al litisconsorte Alvaro Enrique Sandoval Araya para que retire la construcción tipo bodega que se describe en el hecho probado 13 de la presente resolución, sin que se considere la misma constituye una mejora, sino con el un único fin de evitar un enriquecimiento ilícito por parte del INDER, al recuperar la parcela con esa bodega que no existía al momento de la adjudicación a la parte actora perdidoso.3) Que en razón del quebranto de los artículos 67 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización y, al tenor de lo establecido por el artículo 66 de la Ley 2825, se declara la pérdida del derecho de Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén sobre la parcela M-7 del Asentamiento Coyolar y, por ende se deberá revocar la adjudicación de la parcela 7 del asentamiento Coyolar, sector M hecha a favor de los mismos y subsecuentemente se ordena la nulidad del título de propiedad que le fuera otorgado en virtud del contrato de dotación de tierras al amparo de la Ley de Tierras y Colonización, así como el consecuente traspaso de la parcela en litis a favor de la sociedad 3-101-689148 SOCIEDAD ANÓNIMA inscrito bajo las citas 2014- 00278499-01, ordenándose la reversión del terreno a nombre del Instituto de Desarrollo Rural, entiéndase que se deberá inscribir dicho bien inmueble a nombre del INDER.4) Se ordena la nulidad del legado constituido a favor de PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, realizado por los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen mediante escritura pública número 34-10 otorgada a las 18 horas del y 6 de junio del dos mil, ante la Notaría de Pía Picado González.5) Se condena a los actores reconvenidos al pago de las costas personales y procesales de la presente acción.6) Firme la presente, procédase al desalojo del accionado Alvaro Sandoval Araya y a la efectiva puesta en posesión de la parcela a favor del Instituto de Desarrollo Rural, para lo de su cargo. ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, sentencia de primera instancia incorporada el 30/11/2021 13:13:38) 17.- El licenciado José Luis Ramos Castellón, en su condición de apoderado especial judicial de la parte actora - reconvenido y de la sociedad 3-101-689148 S.A, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyaron para refutar la tesis del juzgado de instancia. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 08/12/2021 11:19:28).
  2. 18En la substanciación del proceso no se han observado las prescripciones legales, y se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-

Redacta el juez Picado Vargas, y;

CONSIDERANDO

I. Se prohíja el elenco de hechos tenidos por demostrados por ser acordes al acervo probatorio.-

II. Se comparte el cúmulo de hechos indemostrados por estar ayunos de medios de prueba que los demuestren.-

III.El licenciado José Luis Ramos Castellón, en su condición de apoderado especial judicial de la parte actora - reconvenido y de la sociedad 3-101-689148 S.A, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, manifestando en lo medular lo siguiente: "AGRAVIOS: 1.- Indica la resolución recurrida que mis representados cometen la primer violación a la normativa especial que regula la parcela en pleito, dado que convienen, verbalmente trabajar “a medias” la arboleda de mangos existente dentro de la parte en litis”, con el señor Pablo Solórzano Alvarado, lo cual no es nada irregular, ni viola tampoco la normativa especial que regula la parcela objeto de este proceso, por cuanto lo que establecieron mis representados y el señor Pablo Solórzano Alvarado, fue un “Contrato de Aparcería Rural” el cual está contemplado en el artículo 69 de La Constitución Política y por ende es norma de rango superior al artículo 67 de La Ley de Tierras y Colonización y dicha ley en general. 2.- Indica la resolución recurrida como una segunda violación a la normativa especial, que regula la parcela en litis, que mis representados CARLOS MONTERO MONTERO Y ANAIS SALAS MESEN, sin contar con autorización del Inder, mediante escritura pública numero 34-10, otorgada ante la notaría Pía Picado González a las 18 horas del 06 de junio del 2000, legaron la parcela M-7, del Asentamiento Coyolar a Pablo Solorzano Alvarado, Gabriela Solorzano Alvarado, Roxana Solorzano Alvarado y Guadalupe Alvarado Flores. 3.- Indica la resolución recurrida que mi representado Carlos Montero Montero abandonó la parcela diez años anteriores a la celebración del juicio llevado a cabo el día 05 de marzo de 2021, lo cual no es cierto como contundentemente lo hemos demostrado en el presente proceso y lo aclararemos más adelante. 4.- La resolución recurrida indica que los actores traspasan el inmueble de marras a la sociedad demandada, sin que su título estuviera consolidado, lo cual no es cierto como contudententemente lo refutaremos en el punto correspondiente. 5.- No es posible revocar la adjudicación de la parcela y su consecuente nulidad de título a mis representados y revertir la parcela en litis al INDER, por cuanto a la fecha de intervención del INDER en el presente proceso, las limitaciones que soportaba dicha parcela ya habían vencido y por lo tanto dicha parcela se había consolidado como una propiedad plena de dominio en favor de mis representados inscrita a nombre de una sociedad mercantil de carácter familiar." (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 08/12/2021 11:19:28).-

IV.SOBRE LOS AGRAVIOS CUARTO Y QUINTO AGRAVIO DE FONDO REFERIDO A LA IMPROCEDENCIA DE LA RECONVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL POR ENCONTRARSE VENCIDAS LAS LIMITACIONES DE INTERES SOCIAL AL MOMENTO DE SU INTERPOSICIÓN: No lleva razón el recurrente en su argumento. Conviene hacer una narración cronológica de cómo se dieron los acontecimientos para resolver este agravio: El Instituto de Desarrollo Rural (en adelante INDER) inició un procedimiento administrativo de revocatoria de título de propiedad y adjudicación de parcela contra los actores el día 24 de agosto del 2008, dos días antes de que vencieran los quince años de plazo de limitaciones de interés social del contrato de asignación de tierras, procedimiento administrativo que se tramitó tramitado bajo expediente 246-08 por incumplimiento de los artículos 67 y 68 de la Ley 2825. El mismo día que vencían las limitaciones, la finca objeto de este proceso, quedó anotada bajo las citas 0578-00005971-001 "EXHORTO DE NULIDAD DEL IDA", presentado el 26 de noviembre del 2008.

(Ver imagen 35 parte VII del expediente electrónico, escrito incorporado el 04/07/2014 10:50:19). Los aquí actores presentaron la presente demanda el seis de octubre del 2010 y la misma fue anotada al margen de la finca objeto de este proceso, el 30 de junio del 2015 en cumplimiento de resolución dictada el 29 de junio del 2015. ( ver razón de recibo a imagen 78 del expediente convertido a modo de libro en formato en pdf, a imagen 21 parte I del expediente físico escaneado e incorporado a los autos en fecha: 09/09/2011 18:17:23 y referida resolución que ordenó la referida anotación de demanda asociada a los autos el día 29 de junio del 2015). El INDER fue notificado de la demanda por integración de litis y presentó reconvención en setiembre del 2011 solicitando la revocatoria del título por las mismas causales que había sustentado en el procedimiento administrativo (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal parte IX, incorporada el 09/09/2011 18:22:33, imágenes 5 a 17).

Posteriormente, el órgano director del procedimiento administrativo mediante resolución dictada en esa sede, a las 09:05 horas del 09 de junio del 2014, ordenó el archivo del expediente administrativo sin perjuicio de la decisión que se dicte en el presente proceso (Bandeja de escritos 04/07/2014 10:50:19). Este recuento histórico arroja que el INDER entabló el procedimiento de revocatoria estando vigentes las limitaciones, manteniendo bajo la palestra el mismo con el Exhorto de Nulidad anotando la parcela e incluso presentó la reconvención estando anotada la finca, al punto que del 9 de setiembre del 2011 al 9 de junio del 2014 su pretensión de revocatoria estuvo paralelamente tramitada en sede administrativa y sede judicial, hasta que es esa última fecha dicho ente ordenó el archivo del procedimiento administrativo para terminar de resolverlo en la vía declarativa. Por ende, el agravio no es de recibo, ya que el exhorto citado es un acto interruptor de la prescripción, manteniendo viva la potestad del INDER de perseguir la nulidad del título y la revocatoria de la adjudicación hasta el día de hoy.

Al respecto ha dicho este Tribunal: "Independientemente que las limitaciones estén vencidas al momento de incoarse la presente demanda, ello no elimina el vicio de esa contratación, al contener un objeto prohibido por ley, lo que conlleva a la nulidad absoluta. Recientemente, este Tribunal, en caso similar resolvió: " (...) lo que se realizó fue el negocio de la venta, lo cual es un acto prohibido por el numeral 67 de la Ley de Tierras y Colonización, que establece en lo conducente: "Será absolutamente nulo cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las disposiciones anteriores", siendo que se requería de la autorización del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER), lo cual en el caso concreto no ocurrió. Al soportar limitaciones del referido Instituto, el adjudicatario aún no tenía dominio pleno del derecho de propiedad como para enajenarlo libremente, pues aún el Instituto podría recuperarlo para sus fines sociales.

Debido a ello, al no tener esa disposición plena del bien, el negocio celebrado denominado opción de compra venta, es nulo al no contarse con la autorización requerida por parte del Instituto dicho, según la norma citada.- Tampoco es factible considerar la tesis del recurrente en cuanto la negociación se da bajo una condición suspensiva, pues de admitir este criterio se estaría ante una flagrante contravención de las normas de orden público como lo es la Ley de Tierras y Colonización, régimen jurídico impuesto sobre el inmueble en cuestión, de manera que la disposición de ese tipo de bienes no opera como en cualquier negocio privado, conforme lo sostiene el apelante en su agravio, sino que ese régimen de limitaciones conforman el marco jurídico que regula ese derecho, y precisamente por ello se publicitan en el Registro Público de la Propiedad. Interpretar lo contrario, es abrir portillos interpretativos de los cuales se puedan servir los beneficiarios del Programa de Asignación de Tierras del Instituto de Desarrollo Rural, haciendo caso omiso de la limitaciones impuestas, bajo el disfraz de opciones de ventas o ventas con la condición suspensiva del vencimiento temporal de las limitaciones existentes, lo cual como se indicó, va en contravención a la normativa de orden público.

Ello implicaría validar negociaciones, en las que se obtendría un beneficio económico del propio sistema social benefactor, que va dirigido a personas de determinado perfil económico y social y que el Estado provee con fondos públicos, cuyos objetivos son plasmados en los artículos 1 y 2 de la Ley de Tierras y Colonización.- V.- Aduce el apelante, no es factible la declaratoria oficiosa de la nulidad del negocio jurídico, pues así no fue solicitado por la contraparte. Sin embargo, para conocer si el actor tenía o no derecho sobre sus pretensiones, es necesario analizar la naturaleza jurídica del negocio y si las condiciones de validez estuvieron presentes al momento de la negociación, y como se dijo faltó un elemento esencial, el cual es la falta de autorización del Instituto referido y al ser omitido ese requisito, deviene la nulidad como un imperativo legal establecido en el artículo 67 ibídem.- Dispone el artículo 835 del Código Civil: ..."Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2.

Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no la calidad o estado de la persona que en ellas interviene...". Se establece en esta norma la nulidad del negocio al que le falta alguna de las condiciones, y en el caso de marras, al ser un contrato regulado por normas de orden público y no por normas de orden privado, no es de aplicación la nulidad absoluta en los términos del Código Civil que no es declarable de oficio, si no que debe complementarse la norma civil, con lo estipulado en el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización (norma de orden público), en la que se establece de manera categórica la nulidad absoluta del contrato que se celebre sin la autorización debida del Instituto referido, por lo cual se impone la nulidad como un imperativo legal.- Arguye el apelante, que se está ante un vacío legal por parte del INDER, para poder evitar este tipo de compromiso entre adjudicados y particulares, solo en el caso de una modificación a la Ley en la que se integre al articulado el mecanismo de opción de compra venta, como instrumento legal que se opone a un negocio privado entre partes.

Considera que sin esa modificación, deviene en improcedente el declarar nulo este instrumento legal que tiene efectos jurídicos con efectos a futuro. Respecto a este agravio, nótese se indicó en el considerando anterior las razones por las que se considera que aunque se haya denominado el contrato como indica el recurrente, en realidad lo pactado fue una compra venta, por lo que la nulidad se impone. En todo caso, dispone el citado artículo 67, que es absolutamente nulo cualquier contrato, lo cual comprende el negocio de marras, independientemente de la nominación que se le haya dado.-(TRIBUNAL AGRARIO. VOTO N° 981-F-16 de las quince horas y cuarenta y uno minutos del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis). Bajo esta tesitura, la posesión ejercida por el actor que haya desplegado con posterioridad a ese convenio realizado con la demandada, y deudas que haya cancelado ante el INDER, resulta argumentos irrelevantes para resolver la pretensión deducida en la demanda, pues no es dable derivar efectos jurídicos registrales de un contrato traslativo cuyo objeto sea un bien que estaba fuera del comercio, siendo una causa contraria a la ley.

El ejercicio de la función social sobre el inmueble, como argumento para legitimar su derecho, es inatendible, pues la misma ley que cita el apelante, en su artículo 67, es la que establece la prohibición de enajenación, limitación que es precisamente contemplada para regular que los bienes destinados por el Estado para programas de adjudicación con fines sociales y productivos, no sean utilizados por quienes no han calificado como adjudicatarios, toda vez esos programas son financiados con fondos públicos. Permitir lo contrario, bajo la justificación de que se ha puesto a producir el bien, atenta contra la integridad de los objetivos de la Ley de Tierras y Colonización, que es el dotar de tierras a personas bajo cierto perfil socio económico y técnico, para que las pongan a producir, asumiendo toda una relación jurídica con esa entidad. Si la parte actora deseaba suceder a la demandada en la adjudicación del bien, debía de acudir ante dicho Instituto para formalizar la autorización, ya que la ley prevé esa posibilidad en el mencionado artículo 67, lo cual no demostró haber hecho o bien obtenido una autorización." TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 1065-F-16 de las 13:59 horas del 15 de noviembre del 2016.- Conforme a lo aquí expuesto, no lleva razón el recurrente en cuanto a que su derecho de propiedad se había consolidado, pues la pretensión de revocatoria de la adjudicación se ha mantenido pendiente desde el 24 de noviembre del 2008, estando vigentes las limitaciones, por lo que el traspaso realizado a la sociedad codemandada (cuyos personeros son los mismos actores) se realizó estando este proceso en estrados judiciales y anotada la presente demanda (Ver certificación registral a imagen 112 del expediente electrónico). En consecuencia, se rechaza el cuarto y quinto agravio de fondo.-

V.SOBRE EL PRIMER AGRAVIO DE FONDO REFERIDO A QUE EL ACUERDO TOMADO POR LOS ACTORES CON EL CODEMANDADO PABLO SOLORZANO CONSTITUYE UN CONTRATO DE APERCERÍA CON RANGO CONSTITUCIONAL SUPERIOR A LAS LIMITACIONES DE INTERES SOCIAL DE LA LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN: Tampoco lleva razón el recurrente en la interpretación en que funda su agravio. Ciertamente, el “Contrato de Aparcería Rural” está contemplado en el artículo 69 de La Constitución Política; pero las limitaciones de interés social del artículo 67 de La Ley de Tierras y Colonización también tiene su fundamento constitucional en el artículo 45 párrafo segundo de nuestra Carta Magna y ésta, referida al derecho de propiedad y la función social de la propiedad agraria es una norma programática de mayor nivel que el referido artículo 69. Ello por cuanto el derecho de propiedad tiene el rango de derecho fundamental, el cual no es absoluto y permite precisamente que limitaciones como la del artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización limiten el atributo primario del dominio, específicamente el de enajenación bajo la premisa de que la tierra es para quien real y materialmente la trabaje (artículo 4 de la LTC).

Asi lo ha interpretado este Tribunal: "De lo esbozado por el tribunal se refuerzan algunas de las ideas que respaldan la declaratoria de nulidad de los contratos celebrados en contravención al ordinal 67 de la Ley de Tierras y Colonización: a) Las limitaciones para la venta de la propiedad son válidas en armonía con la función socio económica de la propiedad agraria que pretende por un lado evitar la acumulación de tierras y riquezas en algunas personas en detrimento del bienestar patrimonial del colectivo. b) Esta legislación intervencionista se refleja en el conjunto sistémico de normas expuesto por la Ley de Tierras y Colonización. c) Por ende, la limitación es de orden público y de ahí que podríamos vincularla razonablemente con la segunda parte del artículo 45 constitucional en el sentido de formular un régimen restrictivo del derecho de propiedad cuando las circunstancias del caso lo ameriten en boga del bienestar común del conjunto social. d) La limitación hubiese quedado sin efecto alguno si el Instituto de Desarrollo Agrario hubiese autorizado expresamente la venta realizada por el adjudicatario, pues ante tal supuesto habría que suponer que la entidad reguladora hubiese considerado que la enajenación resulta congruente con el sistema, principalmente porque el tercero comprador reúne las condiciones que la función social de la propiedad exige para que la tierra sea aprovechada satisfactoria y racionalmente por personas o microempresas con capacidad técnica para la actividad agraria que ameriten el apoyo estatal." TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 014-F-19 de las 11:08 horas del 29 de enero del 2019.- Por ende, no es constitucionalmente correcto interpretar que el adjudicatario puede pasar por alto dicha limitación para celebrar un contrato de aparcería rural por el hecho de que el mismo también esté en la normativa constitucional, máxime si su celebración constituye un incumplimiento del contrato de asignación de tierras y sea una causal de revocatoria de adjudicación. Se rechaza el primer agravio de fondo.-

VI.SOBRE EL SEGUNDO AGRAVIO DE FONDO RELATIVO A QUE NO DEBE TOMARSE COMO VIOLACIÓN A LAS LIMITACIONES DE INTERES SOCIAL EL LEGADO QUE EN ESCRITURA PUBLICA REALIZARON LOS ACTORES A FAVOR DE LOS CODEMANDADOS PABLO SOLORZANO ALVARADO, GABRIELA SOLORZANO ALVARADO, ROXANA SOLORZANO ALVARADO Y GUADALUPE ALVARADO FLORES: No lleva razón el recurrente. La razón por la cual el INDER pidió que en la sentencia impugnada se revocara la adjudicación de parcela fue otra, de lo cual consta en su petitoria de reconvención: "a) Que se acoge en un todo, la presente reconvención o contrademanda en contra de Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, por estar ajustada a derecho y por no cumplir los demandados con las obligaciones impuestas, al no estar ellos ni su familia desde hace varios años en posesión la parcela N° 7 del asentamiento sector M en Coyolar de Orotina, por quedar corroborado que la parcela es trabajada, explotada, inducida su producción, limpieza, mantenimiento, recolección de cosecha y comercialización por un tercero ajeno a ello" (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal parte IX, incorporada el 09/09/2011 18:22:33, imágenes 5 a 17).

Es decir, la causal invocada fue la explotación indirecta de la parcela. La nulidad decretada por la a quo (potestad que le confiere de oficio el artículo 868 del Código Civil) sobre la escritura pública numero 34-10, otorgada ante la notaría Pía Picado González a las 18 horas del 06 de junio del 2000, legaron la parcela M-7, del Asentamiento Coyolar a Pablo Solorzano Alvarado, Gabriela Solorzano Alvarado, Roxana Solorzano Alvarado y Guadalupe Alvarado Flores es consecuencia del hecho de haberse tenido por demostrada la causal principal de explotación indirecta, cuya valoración de la prueba es objeto del tercer agravio y que será analizado en el próximo considerando. En consecuencia, se rechaza el segundo agravio.-

VII. SOBRE EL TERCER Y ÚLTIMO AGRAVIO REFERIDO AL ABANDONO DE LA PARCELA QUE LE IMPUTA LA SENTENCIA IMPUGNADA

Tampoco lleva razón el recurrente. La sentencia acoge la reconvención en cuanto a la revocatoria de tírulo de propiedad de la parcela adjudicada por la causal de explotación indirecta, al tener por demostrado lo siguiente: "3-) Sin precisar fecha exacta, pero entre los años 2000 y 2001, el actor y reconvenido Carlos Montero Montero convienen, verbalmente, trabajar "a medias" la arboleda de mangos existente dentro de la parte en litis, es decir, acuerdan una explotación parcial de la parcela objeto de este proceso, con el Litisconsorte Pablo Solórzano Alvarado. Ello, sin contar con la respectiva autorización del INDER y por un espacio de tiempo aproximado a los 3 ó 4 años. (confesional de los actores- reconvenidos, Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, testimonial de Pablo Solórzano Alvarado, en registro de audio incorporado en fecha 06/03/2012 08:32:32, en la pestaña 16 del detalle de actuaciones del Escritorio Virtual y su respaldo incorporado el 30-11-2021 por cuanto el primer registro el sistema no permite escucharlo)." Cabe indicar que este hecho no es protestado por el recurrente, además de que en su demanda, específicamente en los hechos sétimo y octavo, los actores admiten que celebraron con el demandado Pablo Solórzano el trabajar "a medias" la parcela, sin mediar autorización del INDER, lo cual constituye confesión espontánea de acuerdo al numeral 341 del Código Procesal Civil de 1990, aplicado supletoriamente a esta materia por ser la norma vigente al interponerse esta demanda.

Ya anteriormente, en el Considerando V, se indicó que el hecho de que dicho pacto, que la parte actora califica de Aparcería Rural, no está por encima de las limitaciones de interés social contenidas en el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización, por lo que la causal de explotación indirecta no solo ha sido acreditada sino también reconocida espontáneamente por el recurrente en los hehcos sétimo y octavo de la demanda; por lo que este último agravio tampoco es de recibo y debe rechazarse el mismo, confirmando la sentencia en lo que fue objeto de apelación.-

POR TANTO

Se confirma la sentencia en lo que fue objeto del recurso.- ???????????????

CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????

ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????

ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

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      • Ley 2825 Land and Colonization Law

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      • Ley 2825 Ley de Tierras y Colonización

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