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Res. 00032-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · 25/04/2022
OutcomeResultado
The Court fully dismisses the nullity claim against the CGR resolutions that sanctioned the plaintiff with a six-year prohibition from holding public office, for approving the titling of properties that were Natural State Heritage.El Tribunal rechaza íntegramente la demanda de nulidad contra las resoluciones de la CGR que sancionaron al actor con prohibición de ingreso a cargos de la Hacienda Pública por seis años, por aprobar la titulación de inmuebles que eran Patrimonio Natural del Estado.
SummaryResumen
The Administrative and Civil Treasury Court, Section VII, reviews the validity of the Comptroller General's Office (CGR) resolution PA-22-2013 and its confirming resolution R-DC-032-2014, which imposed a six-year prohibition from holding public office on the plaintiff, a former Executive President and member of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development (IDA, now INDER). The CGR sanctioned the plaintiff for voting to approve the titling of several properties that, due to their forest nature, constituted Natural State Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE) and were inalienable under Articles 13, 14, and 15 of Forestry Law No. 7575, and for failing to require a land-use capacity study and PNE classification from MINAE-SINAC, violating the Soil Use, Management and Conservation Law. The Court examines each of the plaintiff's challenges: inadequate factual findings, lack of analysis of his duties, insufficient legal reasoning, lack of clarity on the prohibited conduct, and lack of proportionality. It concludes that the CGR's resolution meets the requirements of motivation, sufficiently describes the facts and breached norms, treats the conduct as grave, and justifies the sanction's duration. It rejects all claims, dismisses the State's objection of lack of passive standing, upholds the objection of lack of right, and imposes costs on the plaintiff. The ruling reaffirms the Court's judicial review over CGR acts concerning administrative liability for harm to the Public Treasury and Natural State Heritage.El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Séptima, revisa la validez de la resolución PA-22-2013 de la Contraloría General de la República (CGR) y su confirmatoria R-DC-032-2014, que impuso al actor una prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por seis años, como sanción por faltas graves contra el ordenamiento de control y fiscalización superior. La CGR sancionó al actor, expresidente ejecutivo y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, hoy INDER), por aprobar con su voto la titulación de varios inmuebles que, por su naturaleza forestal, constituían Patrimonio Natural del Estado (PNE) y eran inalienables según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal N.º 7575, así como por omitir el estudio de capacidad de uso de suelos y la clasificación de PNE ante el MINAE-SINAC, contraviniendo la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. El Tribunal analiza cada uno de los reclamos del actor: inadecuada exposición de los hechos probados, inexistencia de análisis de sus obligaciones, falta de fundamentación normativa, ausencia de tipicidad y falta de proporcionalidad en la sanción. Concluye que la resolución de la CGR cumple con los requisitos de motivación, contiene una descripción suficiente de los hechos y las normas infringidas, valora la conducta como grave y justifica la duración de la sanción. Rechaza la demanda en todos sus extremos, declara sin lugar la excepción de falta de legitimación pasiva del Estado, acoge la excepción de falta de derecho y condena en costas al actor. La sentencia reafirma el control de legalidad del Tribunal sobre los actos de la CGR en materia de responsabilidad administrativa por lesión a la Hacienda Pública y al Patrimonio Natural del Estado.
Key excerptExtracto clave
For this Chamber, the narrative of proven facts allows the establishment of factual situations that led to the plaintiff's participation in the investigated matters, and based on that description the decision-maker proceeded to assess the acts specifically carried out by the plaintiff, as recorded in the reasoning part of the contested final act (...) In that analysis, the decision-maker in the operative part issues a single pronouncement regarding the temporal period of validity of the sanction of disqualification or prohibition from entering or re-entering public treasury positions for six years for the plaintiff (...) and does so as a conclusion of the substantive elements set out in the respective reasoning; this Chamber considers that the exposition in the reasoning highlighted as "Reasonableness and proportionality of the quantum of the prohibition" provides an assessment of the sanction to be imposed, clearly sets out the elements that justify the decision, attributes a temporal period of validity of the sanction to each conduct, and consequently the alleged defect is not present (...) Corollary. In accordance with this exposition and analysis of the defects pointed out by the plaintiff in his claim, each of them lacks support when the reading of the final resolution issued by the decision-making body reveals compliance with the legal requirements of motivation and content required for the final act of the procedure, and when it clearly, precisely, and justifiably sets out the conduct attributed to the plaintiff, the sanction applied, and its temporal validity, so that the plaintiff's claims (...) are not admissible and consequently the claim is rejected in its entirety.Para esta Cámara, la narrativa de hechos probados, permite establecer situaciones fácticas que llevaron a la participación del aquí actor en los investigados y a partir de esa descripción procedió el decisor, a dar una valoración de los actos desplegados propiamente por el aquí actor conforme consta en la parte considerativa del acto final impugnado (...) En ese análisis el decisor en la parte dispositiva procede a emitir un pronunciamiento único en cuanto al lapso temporal de vigencia de la sanción de inhabilitación o prohibición de ingreso y reingreso a los cargo de hacienda pública de seis años al aquí actor (...) y lo hace como conclusión de los elementos de fondo expuestos en el considerando respectivo; estima esta Cámara que la exposición emitida en el considerando que se destaca como "Razonabilidad y proporcionalidad del quantum a de la prohibición" el decisor da una valoración de la sanción a imponer, expone claramente los elementos que justifican su decisión, atribuye a cada conducta un lapso temporal de vigencia de la sanción y en consecuencia el vicio reclamado no se encuentra presente (...) Corolario. Acorde con esta exposición y análisis en cuanto a los vicios que señaló en su demanda el actor, carece cada uno de ellos de sustento al apreciarse con la lectura de la resolución final emanada del órgano decisor, el cumplimiento de los requisitos legales de motivación, y contenido requeridos por el acto final del procedimiento y disponerse en forma clara, precisa y justificada sobre las conductas atribuidas al aquí actor, la sanción aplicada, y la vigencia temporal de la misma por lo que las pretensiones del actor (...) no son de recibo y en consecuencia se rechaza la demanda en su totalidad.
Pull quotesCitas destacadas
"los investigados incumplieron su deber de vigilancia y de preservación de patrimonio público, función que les correspondía ejercer como jerarcas de esa institución, en cuyo caso no solo debilitaron el control interno del cual son responsables, sino que también sus actuaciones ocasionaron como efecto la materialización de un menoscabo de la hacienda pública."
"the investigated persons breached their duty of oversight and preservation of public patrimony, a function they were required to exercise as heads of that institution, whereby they not only weakened the internal control for which they are responsible, but their actions also resulted in actual harm to the public treasury."
Hecho probado 4 – Resolución PA-22-2013
"los investigados incumplieron su deber de vigilancia y de preservación de patrimonio público, función que les correspondía ejercer como jerarcas de esa institución, en cuyo caso no solo debilitaron el control interno del cual son responsables, sino que también sus actuaciones ocasionaron como efecto la materialización de un menoscabo de la hacienda pública."
Hecho probado 4 – Resolución PA-22-2013
"no hay duda de que la actuación imputada a los investigados revista de una culpa grave, en el tanto no solo no puede ser considerada apegada al ordenamiento jurídico (...) por lo que su actuación no puede más que ser reputada como ilegítima e irregular así como sumamente descuidada y negligente."
"there is no doubt that the conduct imputed to the investigated persons constitutes gross negligence, insofar as it cannot be considered in conformity with the legal order (...) so their conduct cannot but be deemed illegitimate, irregular, and extremely careless and negligent."
Hecho probado 4 – Consideraciones de la CGR sobre la culpa grave
"no hay duda de que la actuación imputada a los investigados revista de una culpa grave, en el tanto no solo no puede ser considerada apegada al ordenamiento jurídico (...) por lo que su actuación no puede más que ser reputada como ilegítima e irregular así como sumamente descuidada y negligente."
Hecho probado 4 – Consideraciones de la CGR sobre la culpa grave
"carece cada uno de ellos de sustento al apreciarse con la lectura de la resolución final emanada del órgano decisor, el cumplimiento de los requisitos legales de motivación, y contenido requeridos por el acto final del procedimiento y disponerse en forma clara, precisa y justificada sobre las conductas atribuidas al aquí actor, la sanción aplicada, y la vigencia temporal de la misma"
"each of them is without merit, as the reading of the final resolution issued by the decision-making body shows compliance with the legal requirements of motivation and content required for the final act of the procedure, and clearly, precisely, and justifiably sets out the conduct attributed to the plaintiff, the sanction applied, and its temporal validity"
Sentencia – Corolario
"carece cada uno de ellos de sustento al apreciarse con la lectura de la resolución final emanada del órgano decisor, el cumplimiento de los requisitos legales de motivación, y contenido requeridos por el acto final del procedimiento y disponerse en forma clara, precisa y justificada sobre las conductas atribuidas al aquí actor, la sanción aplicada, y la vigencia temporal de la misma"
Sentencia – Corolario
Full documentDocumento completo
**SENTENCE WITH PROTECTED DATA, IN ACCORDANCE WITH CURRENT REGULATIONS** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority Vote **Branch of Law:** Administrative Law **Topic:** Administrative disciplinary procedure **Subtopics:** Considerations on the applicable regulatory framework in public finance.
"V.- REGULATORY SUMMARY APPLICABLE TO THE ADMINISTRATIVE SANCTIONING PROCEDURE FOR PUBLIC FINANCE. Given the plaintiff's claims, this Chamber considers it essential to establish the regulatory framework applicable to the sanctioning procedure followed in the specific case in order to then evaluate the plaintiff's claims on the merits. Article 68 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic (hereinafter LOCGR) establishes that the Office of the Comptroller General shall have the power to order and recommend sanctions and states in this regard that such a possibility arises: 'when in the exercise of its powers it determines that a servant of the passive subjects has committed infractions of the norms that make up the control and oversight system contemplated in this Law or has caused injury to the Public Treasury' (see procedural rule); the same article indicates that a procedure shall be instituted and a final act shall be issued in which it 'shall recommend to the competent administrative body or authority, through its technical criterion, which is binding, (emphasis not in original) the application of the corresponding sanction according to the merits of the case. The Office of the Comptroller General shall open a file against the potential offender, guaranteeing them, at all times, due process and sufficient opportunity for a hearing and defense in their favor. The competent authority of the required passive subject must comply, within the term established by the Office of the Comptroller General, with the recommendation issued by it; unless, within a period of eight business days counted from the notification of the act, a review petition is filed, duly motivated and reasoned, by the head of the required passive subject. In this case, and once the indicated petition has been resolved, they must comply, without delay, with the provisions of the final technical-legal pronouncement of the Office of the Comptroller General, under penalty of incurring the crime of disobedience, without prejudice to the statute of limitations regime contemplated in this Law. The expiration of the deadline set by the Office of the Comptroller General of the Republic for the passive subject to impose the ordered sanction shall not, in itself, cause the servant's responsibility to prescribe or extinguish the passive subject's right to impose said sanction, without prejudice to the statute of limitations regime contemplated in this Law. The right of the Office of the Comptroller General of the Republic to exercise, in the specific case, the power to recommend or order the application of sanctions shall prescribe within two years from the initiation of the respective file. The initiation of the file shall be understood with the order of the competent office of the Office of the Comptroller General to begin the investigation of the case, in relation to specific servants'; according to the ORGANIC REGULATIONS OF THE OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC (hereinafter ROCGR), the competent office for this procedure is the Legal Division, and in accordance with article 16 of said regulations: 'The Legal Division depends organically on the Office of the Comptroller and is under the charge of a Division Management. It executes exclusive functions of superior oversight contained in the regulations that attribute substantive powers to the comptroller body and exercises legal stewardship in the processes of the comprehensive oversight macroprocess, for which purpose it directs, manages, and provides legal advice in institutional processes, with the purpose that all activity carried out by the institution is developed in accordance with the legal system,' and 'leads the processes of: (...) b. Administrative procedures (...) d. Issuance of binding criteria.' (see referred regulations). Specifically regarding the administrative procedure under the charge of said directorate, article 18 of the same regulations states: 'The officials of the Legal Division may resolve, individually or collegially, the acts that initiate and terminate the administrative procedures aimed at determining civil and administrative responsibilities in matters of Public Treasury or declaring the absolute nullity of acts and contracts.' [...]
Regarding the validity of administrative acts, the General Law of Public Administration (hereinafter LGAP) regulates the administrative act, as it is a manifestation of the will of the Administration directed at fulfilling the purposes imposed upon it by the legal system; consequently, the acts generated by the directing body of the sanctioning procedure and by the deciding body of the same are governed by these elements. According to the LGAP, the administrative act must be issued in accordance with the current rules of the legal system; if the established requirements are omitted, the so-called defect of the act arises, which generates its invalidity, either partially or absolutely; when the invalidity, or absence of requirements, falls on the substantive elements of the act (competence of the agent, purpose, grounds, and content), the act is absolutely null and void and has no effect; when the defect falls on accessory elements of the act (such as external formalities), it is relative and/or correctable. Thus, nullity is the condition of invalidity that the administrative act presents, such that the annulment is produced by the resolution issued by the competent body—whether jurisdictional or administrative, in this case this Chamber of the Tribunal—to declare that a formal action is inconsistent with the legal system.
The administrative act so declared cannot produce any type of effect, as regulated by Articles 165 to 172, and 176 to 179 of the General Law of Public Administration (hereinafter LGAP). For acts issued by the administration to be annulled, a confrontation of the act with the validity elements prescribed by the legal system must be carried out, a review of legality or 'contentious nullity trial' (formerly ordinary trials). It is, therefore, a process in which the plaintiff is called upon to demonstrate the infraction or infractions of the legal system that are alleged to have been committed and to be operative in the act whose eradication from that same legal system is requested in the lawsuit. The issuer of the act must demonstrate compliance with the requirements and demands imposed by the legal system for the full validity of the issued act (see Art. 122 of the Contentious-Administrative Procedure Code, hereinafter CPCA) [...]".
... See more **Citations of Legislation and Doctrine** **Text of the resolution** ** PROCESS:
KNOWLEDGE PLAINTIFF:
Name154104 DEFENDANT:
STATE AND OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC Nº32-2022-VII CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL PUBLIC FINANCE TRIBUNAL. SEVENTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- Goicoechea, at thirteen hours fifty minutes on the twenty-fifth of April of the year two thousand twenty-two.
A Knowledge Proceeding filed by Name154104, of legal age, married once, politician, resident of the province of Limón, identity card number CED116924, against the OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC (hereinafter Office of the Comptroller General) represented by Name3879, in her capacity as Comptroller General, identity card CED122311, and against the STATE represented by Name29420, in her capacity as Attorney General, identity card CED118298. The following attorneys appear as special judicial representatives: for the plaintiff, Name13856, identity card CED122312 (power of attorney in image 255 of the precautionary measure file) and [Name62 015] identity card [Valor 007] (power of attorney visible in image 286 main folder of the judicial file, hereinafter judicial file); for the State, Name113439, identity card CED116985; for the Office of the Comptroller General, attorneys Hansel Arias Ramírez, identity card CED122313, Paula Serra Brenes, identity card CED116893, and Name154105 Name7296, identity card CED116505 (powers of attorney visible in their order in images 156, 330, 255, 329 of the electronic precautionary measure folder).
WHEREAS
I.- PRELIMINARY ASPECTS. As part of the procedural history, we have the following:
II.- REGARDING THE PROVEN FACTS. The review of the arguments and documents provided by the parties allows the following facts to be considered as accredited:
III.- ON THE ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF. At the time of filing his action, by way of summary and without prejudice to the entirety of the statements expressed and studied by this Chamber, the plaintiff indicated in his factual account that he was a member of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario between 2002 and 2005, and also has 27 years of career in the public service. That by resolution PA-22-2013 of ten hours on November 1, 2013, several directors of said institute were sanctioned, including his person, ordering the prohibition on entry and re-entry to exercise any position in the public treasury, in the terms contemplated by Article 72 of Law No. 7428, for a term of six years from the finality of that resolution. He indicates that this resolution was issued within the administrative disciplinary procedure DJ-32-2013, and that in his opinion said procedure violated the general principles governing due process; he states it lacked objective assessment of the evidence and other elements that both he and the other investigated directors presented in the proceeding, and despite this, the comptroller entity arrived at a conclusion of false cause and hasty generalization; he considers that this led to a very severe and disproportionate sanction for the investigated parties for several administrative acts that he describes in his complaint, which were analyzed in the criminal sphere within the process followed in case file 07-000026-621-PE, in which, by judgment, they were considered in compliance with the block of legality and were exonerated from all liability for exactly the same facts according to his criterion; he considers that the Comptroller General and the Decision-Making Body of the disciplinary proceeding did not give due importance to the evidence submitted and dismissed it without further reasoning, sanctioning for a second time some of the investigated parties for the same five acts that, according to that judicial judgment, were deemed issued in compliance with the block of legality in force at the time they were taken. He explains that he challenged the sanction in a timely manner, offering abundant evidence and, in his opinion, excellent arguments that were not considered in resolution PA-22-2013 of ten hours on November 1, 2013, and therefore the appeals for reconsideration filed were declared without merit, and by resolution R-DC-32-2014 rendered at thirteen hours on April 23, 2014, the Comptroller Body declared his appeal without merit, reiterating in this last resolution, on the part of the Comptroller General, the same grounds and arguments issued in the resolution subject to appeal; this resolution was communicated to him through official letter 03988-DC-0134 dated April 23, 2014. The plaintiff states that he works as an advisor to the parliamentary fraction of the Partido Unidad Social Cristiana and that the imposed sanction, if executed, would cause him evident harm since the only source of economic income he has and with which he covers his personal expenses and credit payments and is the support of his mother and family is that job; he argues that his age and current health conditions would make it difficult for him to find new employment; as he sets forth, the execution of the sanction would bring a cascade effect on his credit record and, in his condition as a public figure, would be muddied, with the sanction affecting all aspects of his current and future life; that part of those mentioned damages to his image as a public figure and politician are of national knowledge, given information in written, radio, and television press. He alleges that through certifications ACOPAC-OT-C-001-10 of May 7, 2010, ACOPAC-OT-C002-10 of May 7, 2010, and ACOPAC-OT-C-003-2010 of May 7, 2010, the Conservation Area of MINAET certified that farms number [Valor 001], [Valor 004], and [Valor 003] are not State Natural Heritage. As legal reasons, he points out regarding the facts imputed to him, that there is no clear, precise, and circumstantial narration of the facts attributable to the plaintiff here, since a series of titlings in which numerous officials participated are narrated, thus there is no clarity about the facts attributed to him; he affirms that there is no causal nexus between such actions and the liability attributed to his person, so that in relation to each of the titlings approved by the Board of Directors of the entity indicated above, he alleges that there is no conduct attributable to him, that he is sanctioned for "presumptions" and not for actions; he argues that there was no adequate substantiation to impose the sanction, nor an analysis of his functions and obligations, nor is he clearly shown which of his duties were breached nor the norm applied to him, thus alleging a lack of specificity (tipicidad); furthermore, in his opinion, the sanction to be imposed was not duly assessed, the elements taken into account to set the duration of the sanction imposed are not explained to him, nor are the omissions presumably committed clearly indicated to him, for which he claims the nullity of the final act and the resolution rejecting his appeal.
IV.- ON THE ARGUMENTS OF THE DEFENDANTS. All parties having been notified of the existence of this complaint, the representation of the Contraloría responds opposing it, indicating in summarized form that in the final resolution of the sanctioning procedure followed against the plaintiff, it was clearly established that he participated in the adoption of the agreements contained in Articles 32 and 31 of the board of directors sessions 16-04 of May 13, 2004, and 05-05 of February seven, two thousand five, and it was established that there was a breach of the duty of vigilance and preservation of public patrimony with those agreements, weakening internal control and allowing the materialization of the detriment to the Public Treasury; it states that the duty of probity was also infringed by failing to ensure that the agreements complied with the proper objectives of the then IDA. It considers that the challenged act specifies, in its opinion, the facts attributable to the plaintiff when in recital three, under point A, it was stated that the directors had at their disposal "a series of documents" and it was indicated regarding this that "allowed the authorities of IDA to realize the forestry and not agrarian nature of the lands they intended to title, despite which they agreed to the titlings." It alleges that the absence of the land-use certificate was clearly stated and that, contrary to what the plaintiff claims regarding this, there was no violation of the principle of specificity because the decision-maker clearly indicates the gross fault that arises because the titling agreements "depart from the provisions of numerals 6 and 10 of the cited regulations in harmonious relation with Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law" and that this rendered the activity illegitimate and irregular as well as careless and negligent; furthermore, the application of numerals 6 and 10 of the regulations for the titling of lands in National Reserves is analyzed, which prevented titlings of assets that by their nature could not leave the public domain, and that in the statement of charges it was indicated that such circumstances would be assessed. In its opinion, the final resolution of the procedure carried out adequate reasoning regarding the legal consequences attributed to the investigated conduct and the sanction to be imposed. As for the plaintiff's argument that it was decided based on presumptions, this because the final resolution stated that "the legal requirement may have been breached," it considers this an observation taken out of context, and that on the contrary, in the decision taken it is clearly established the conclusion of the existence of conducts that were classified as serious fault and the elements that were taken into account to consider them as serious in various assessments throughout the administrative act that is the object of this process. In relation to a presumed res judicata that should have been assessed to impose the sanction, given the pronouncement of dismissal in criminal matters, it states that vote 16001-2011 of 9:30 a.m. on November 25, 2011, from the Constitutional Chamber allows establishing that no such situation exists. Regarding the claim of absence of analysis of the proportionality of the sanction, it affirms that such assessment does exist and that it was adequately justified why that grading of the sanction was applied; it affirms that the resolution clearly indicates it is due to the concurrence of a reiteration of the infringing conduct according to the facts that gave rise to the proceeding. It requested that the damages and losses be rejected as there is no cause-and-effect relationship that allows establishing a direct consequence of what was resolved with the presumed damages claimed, ratifying all that was set out in its conclusions where it also reiterates that the plaintiff's arguments are made using an isolated and fragmented analysis of each of the imputed facts. It asserts lack of right and requests that all claims be rejected, and that a condemnation for costs be imposed on the plaintiff with interest on said costs. For its part, the representation of the State in its response indicates that there is no reproachable state conduct or conduct that generates damages and losses since what is being challenged is a procedure carried out by the Comptroller Entity in exercise of its oversight function, which is independent of the State, and that in its opinion, in accordance with the content of vote 714-F-2002 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice rendered at 4:20 p.m. on September 18, two thousand two, the complaint against it must be dismissed as there is no causal nexus nor passive legal standing in this case. It points out that the dismissal of a criminal case does not generate res judicata applicable to this case because the criminal court dismisses due to the lack of criminal specificity of the investigated conduct, and it requests that lack of passive legal standing be declared. In its conclusions, it reiterates said arguments and adds that since the action against the State was not separated from the complaint against the Contraloría, it must be dismissed, with the plaintiff bearing the payment of costs and their respective interest.
V.- NORMATIVE REVIEW APPLICABLE TO THE ADMINISTRATIVE SANCTIONING PROCEDURE OF THE PUBLIC TREASURY. Given the plaintiff's claims, this Chamber considers it essential to establish the normative framework applicable to the sanctioning procedure followed in the specific case in order to later assess the merits of the plaintiff's claims. Article 68 of the Organic Law of the Contraloría General de la República (hereinafter LOCGR) establishes that the Contraloría shall have the power to order and recommend sanctions and states in that regard that such possibility arises: "when in the exercise of its powers it determines that a servant of the passive subjects has committed infractions of the norms that make up the control and oversight framework contemplated in this Law or has caused injury to the Public Treasury" (see norm in question); the same numeral indicates that a proceeding shall be instituted and a final act shall be issued in which "it shall recommend to the competent body or administrative authority, through its technical criterion, which is binding, (underlining is not from the original) the application of the corresponding sanction according to the merits of the case. The Contraloría shall form a case file against the eventual offender, guaranteeing them, at all times, due process and sufficient opportunity for a hearing and defense in their favor. The competent authority of the required passive subject must comply, within the period established by the Contraloría, with the recommendation issued by it; unless, within a term of eight business days counted from the communication of the act, a request for review is filed, duly motivated and reasoned, by the head of the required passive subject." In this case and once the indicated procedure has been resolved, it must comply, without delay, with the provisions of the final technical-legal pronouncement of the Office of the Comptroller General (Contraloría), under penalty of incurring the crime of disobedience, without prejudice to the statute of limitations regime provided for in this Law. The expiration of the deadline set by the Office of the Comptroller General of the Republic for the passive subject to impose the ordered sanction shall not, in itself, cause the liability of the server to prescribe nor cause the right of the passive subject to impose said sanction to lapse, without prejudice to the statute of limitations regime provided for in this Law. The right of the Office of the Comptroller General of the Republic to exercise, in the specific case, the power to recommend or order the application of sanctions shall prescribe within a term of two years counted from the initiation of the respective case file (expediente). The initiation of the case file shall be understood with the order of the competent office of the Office of the Comptroller General to begin the investigation of the case, in relation to certain servers"; according to the ORGANIC REGULATIONS OF THE OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC (REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, hereinafter ROCGR), the competent office for this procedure is the Legal Division (División Jurídica) and pursuant to numeral 16 of said regulations "The Legal Division reports organically to the Office of the Comptroller (Despacho Contralor) and is headed by a Division Manager. It performs exclusive superior oversight functions contained in the regulations that grant substantive powers to the oversight body and exercises legal authority in the processes of the macroprocess of comprehensive oversight for which it directs, manages, and provides legal advice in institutional processes, with the purpose that all activity carried out by the institution is developed in accordance with the legal system," and "leads the processes of: (...) b. Administrative procedures (procedimientos administrativos) (...) d. Issuance of binding criteria (criterios vinculantes)." (see referenced regulation) Specifically regarding the administrative procedure in charge of said division, numeral 18 of the same regulation states: "The officials of the Legal Division may resolve individually or collectively the acts that initiate and conclude administrative procedures aimed at determining civil and administrative responsibilities in matters of Public Treasury (Hacienda Pública) or declaring the absolute nullity of acts and contracts." In turn, the REGULATIONS OF ORGANIZATION AND SERVICE OF THE DISCIPLINARY AND ANNULLING POWERS IN PUBLIC TREASURY OF THE OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC (REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DE LAS POTESTADES DISCIPLINARIA Y ANULATORIA EN HACIENDA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, hereinafter Regulations of Organization) states in its numeral 3: "The fulfillment of the functions entrusted to the Office of the Comptroller General in matters of administrative procedures aimed at declaring responsibilities in the administrative sanctioning or civil orders, or to declare the absolute, evident, and manifest nullity of the acts or contracts issued by the passive subjects of the system of control and oversight of the Public Treasury (ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública), shall be in charge of the Legal Division, without prejudice to the powers of the Office of the Comptroller" and according to numeral 49 of the same regulation, "Once the hearing is concluded, the decision-making body may issue the final act immediately," an act that according to numeral 52 of the same regulation, within a period of five business days, counted from its finality, must be communicated to the competent authority of the passive subject, so that the respective sanction is applied, which must execute what is indicated therein, unless, within the term of eight business days counted from the communication of the act, the hierarchical superior of the entity or required body files a request for review, duly grounded and reasoned. For cases related to the public treasury, numeral 71 of the LOCGR establishes that "The administrative liability of the public official for the infractions provided for in this Law and in the superior oversight and control regulations shall prescribe according to the following rules: a) In cases where the irregular fact is notorious, liability shall prescribe in five years, counted from the occurrence of the fact. b) In cases where the irregular fact is not notorious—understood as that fact which requires an inquiry or an audit study to report its possible irregularity—liability shall prescribe in five years, counted from the date on which the report on the respective inquiry or audit is brought to the attention of the hierarchical superior or the competent official to initiate the respective procedure. (underlining not in original). The statute of limitations shall be interrupted, with continued effects, by the notification to the alleged responsible party of the act agreeing to the initiation of the administrative procedure." (underlining not in original). Once a sanction is imposed through the final act of said procedure, according to article 72 of the LOCGR, the prohibition of entry or re-entry of the offender must be ordered if the required elements concur. In this sense, the cited numeral provides: "No one who has committed a crime or serious fault against the norms that make up the oversight system, contemplated in this Law, or against property or good faith in business may be appointed to a position in the Public Treasury. This prohibition shall be in force for a period that shall not be less than two years nor greater than eight years, at the judgment of the Contraloría General de la República, which shall resolve upon review of the evidence of the case. Likewise, the prohibition shall apply, for the same period, against former public servants who attempt to re-enter the Public Treasury, when they have committed a crime or serious fault such as those mentioned in the previous numerals, even if their previous service relationship with the Public Treasury ended without liability on their part. Furthermore, the prohibition established herein shall be applied against the public servant who has been dismissed for having committed a crime or serious fault such as those already cited. When applying the above prohibition, the Contraloría shall set its duration within the indicated limits and shall compute, in favor of the affected person, the time during which they have remained outside the Public Treasury, after their last position therein." (see norm cited); therefore, there is a procedure before the CGR to determine the administrative liability of the public official when it is estimated that "infractions" relating to the "control and oversight" of public funds have occurred, a procedure that is carried out by the Legal Division of the Contraloría, and is governed by that special regulation, which must set, by legal mandate, not only the type of fault deemed committed, but also a sanction of prohibition of entry and re-entry to public functions related to the public treasury. Regarding the nullity regime. In relation to the validity of administrative acts, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, hereinafter LGAP), regulates the administrative act, as it is a manifestation of the will of the Administration aimed at achieving the purposes imposed upon it by the legal system; consequently, the acts generated by the directing body of the sanctioning procedure and by the decision-making body thereof are governed by these elements. According to the LGAP, the administrative act must be issued in accordance with the current rules of the legal system; if the established requirements are omitted, the so-called defect of the act arises, causing its invalidity, either partially or absolutely; when the invalidity, or absence of requirements, falls on the substantive elements of the act (authority of the agent, purpose, cause, and content), the act is absolutely null and void and has no effect; when the defect falls on accessory elements of the act (such as external formalities), it is relative and/or correctable. Thus, nullity is the condition of invalidity of the administrative act, so that the annulment is the resolution issued by the competent body—be it jurisdictional or administrative, in this case this Chamber of the Court (Tribunal)—to declare that a formal action is not in conformity with the legal system. The administrative act so declared cannot have any type of effect as regulated by articles 165 to 172, 176 to 179 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, hereinafter LGAP). To annul acts issued by the administration, a comparison of the act must be made with the elements of validity prescribed by the legal system, a review of legality or "judicial review of nullity" (juicio contencioso de nulidad) (formerly ordinary proceedings). It is thus a process in which the plaintiff is called upon to demonstrate the infraction(s) of the legal system alleged to have been committed and present in the act whose removal from that same system is requested in the complaint. The issuer of the act must demonstrate compliance with the requirements and demands imposed by the legal system for the full validity of the issued act (see art. 122 of the Administrative Contentious Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, hereinafter CPCA). It is not possible to presume nullity; rather, it must first be proven by the party alleging it (according to the onus probandi, or burden of proof, incumbent on the alleging party), and then declared in a judgment by a competent judge. (similar criteria have been issued in rulings Votos 37-2014-IV, 108-2013-V, 70-2019-VI of the Administrative Contentious Court). The administrative procedure carried out prior to the issuance of the administrative act must be verified, as the procedure is the instrument used to adopt a decision, and thus guarantee the legality, timeliness, and appropriateness of the administrative decision, as well as the proper functioning of the public function, since according to what numeral 214 of the LGAP states, the purpose of the procedure is to establish the real truth of the facts that serve as the cause for the case, in accordance with the contents of articles 225.1, 216.1, 217, 218, 219, 297, 317, of the same LGAP, among others. Once the non-compliance of the required elements in the act is determined, according to numeral 223 of the LGAP, that omission of substantial formalities shall cause nullity of the procedure. In relation to the final act of a procedure, according to numerals 136, 335, 336, of the LGAP, it must be "grounded" (motivado) and must respect the application of the rules of sound critical reasoning in the assessment of evidence, as has been considered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia), in judgment number 1994-03374 at nine hours twelve minutes on May seventh, nineteen ninety-nine; furthermore, the final resolution must be issued duly considered, with the necessary formal expression of the grounds both of law that constitute the legal basis and of fact, as provided for in articles 39 and 41 of the Political Constitution (Constitución Política) and 136 of the LGAP, elements that in practice are materialized under diverse expressions such as "questions of fact," "facts not proven," "facts proven," "questions of law," "questions of substance," "elements of conviction," among other forms of expression; regardless of how they are stated in the decision-making act, they must always allow knowledge of the analytical process carried out by the issuer. That act must have reasoning (motivación), whether DIRECT, when the act contains in its literal text the basis for the decision, or INDIRECT, when the administrative conduct refers as support for its content, provided that such reference is made in an explicit and unequivocal manner, to prior opinions or resolutions that have determined the adoption of the act. It must be understood that there is a legal requirement to indicate in a clear, certain, and detailed manner the relevant, decisive, and probative findings that justify the act; an analysis of the evidence must be presented, which has led to the conclusion according to numeral 334 of the LGAP, requiring for its efficacy, a proper communication to the administrated party, so that it "is opposable to the latter" according to numeral 345 of the LGAP, such that the regulations establish the possibility of challenging through remedies (recursos), limiting to the final act of the hierarchical superior the appeal for reconsideration (recurso de revocatoria) in accordance with the rules of the motion for reconsideration (reposición) of the Administrative Contentious Procedural Code. Regarding the liability regime. Given that the administrative procedure in which the acts whose nullity is claimed in this judicial process are generated is an administrative liability procedure, the elements governing this matter must also be considered. It must be borne in mind that liability is attributed to a subject against whom the obligation to repair, indemnify, or compensate a damage inflicted on the legal sphere of another subject has been established; it is divided into subjective and objective, according to the criterion of imputation used in each case: in the former, the will of the obligor, who acts culpably; in the latter, objective criteria such as risk, expressly established by law. For subjective liability to occur, the demonstration of the damage, the willful misconduct (dolo) or fault (culpa) on the part of the author of the harmful act, and the causal relationship between the conduct that produces it and the harm are required; on the other hand, objective liability requires the demonstration of the damage and the causal relationship to attribute liability to the subjects who must objectively respond. There exists, in turn, contractual and non-contractual liability, depending on whether it arises from the breach of an obligation freely agreed upon by the parties, or arises from the breach of the general duty not to cause harm to others. To define its existence, an assessment of the evidence related to the breach must be made, and once that is determined, a culpable party is presumed, in accordance with article 702 of the Civil Code (Código Civil) (for further elaboration, reference is made to judgments of the First Chamber (Sala Primera) numbers 320 at 14:20 hrs. on November 9, 1990, 354 at 10:00 hrs. on December 14, 1990, 103 at 14:50 hrs. on June 28, 1991, 17 at 15:00 hrs. on the 27th, and 20 at 14:45 hrs. on the 31st, both of January 1992, 45 at 14:15 hrs. on June 11, 1997, 53 at 15:10 hrs. on May 27, 1998, 589 at 14:20 hrs. on October 1, 1999, 36 at 15:40 hrs. on January 10, 509 at 14:25 hrs. on July 11, both of 2001, and 875-2010 at 9 hours 35 minutes on July 22, 2010). For liability to exist there must be "causation" (causalidad); this arises from a casuistic assessment based on the facts, an assessment that allows a cause-and-effect relationship between the claimed damage and the conduct displayed to be determined, to establish a link between the damage and the conduct as a result of the analysis of the probability of the specific circumstances affecting the matter, (in this sense, see, among others, resolutions 1008-F-2006 at 9 hours 30 minutes on December 21, 2006, 467-F-2008 at 14 hours 25 minutes on July 4, 2008, and 875-2010 at 9 hours 35 minutes on July 22, 2010, all from the First Chamber). In an ordinary liability procedure, the aim is therefore, as explained, to establish an obligation to repair, indemnify, or compensate a damage inflicted on the legal sphere, if it is determined that there is "liability" on the part of the subject of the procedure; liability that in the specific case was sought to be demonstrated within the administrative liability procedure carried out against the plaintiff. The obligation declared upon the determination of "liability" must be imposed through a decision (act), which is produced internally within the administrative procedure under the figure of the so-called "final act" or final resolution. The final act of the ordinary procedure, as it determines obligations, when it pertains to liability in accordance with numerals 134 to 136 of the LGAP, must be in writing, grounded, with mention, at least succinct, of its foundations; it must clearly and precisely define the liability of the subject and its consequences. Once that liability is defined, the application of numeral 150 of the LGAP shall proceed, which states: "1. Administrative execution may not be prior to the proper communication of the principal act, under penalty of liability." As a corollary of the foregoing, this Chamber understands that there are necessary elements for the validity of administrative acts related to the determination of liability, where the legal system requires the issuance of a written, grounded pronouncement that clearly and precisely establishes the existence of a causal nexus between conduct or omission and the injurious fact that generates liability, with the consequent duty of compensation or restitution of the legal situation to its original state. Thus understood the administrative act, these elements must be applied to the specific case and, through the reading of the evidence admitted in this matter, it must be defined whether it allows the existence of the nullities claimed by the plaintiff to be established.
VII- ON THE SPECIFIC CASE SUBMITTED FOR ASSESSMENT BY THE COURT (TRIBUNAL). Pursuant to the arguments put forth by the parties and the claims outlined by the plaintiff that have continued to judgment, for this Chamber it is clear that the point to be elucidated in the present litigation (litis) is whether resolution PA-22-2013 at ten hours on November first, 2013, complies with the formal and substantive requirements for its validity, because even though the plaintiff also seeks the declaration of nullity of resolution R-DC-032-2014 at thirteen hours on April twenty-third of that same year, they did not specify regarding this latter resolution any specific claim additional to the non-acceptance of their arguments and the reiteration of the grounds argued in the final act issued by resolution PA-22-2013. The plaintiff claims the nullity of resolution PA-22-2013 for lacking certain elements; given the extensive exposition by the plaintiff, this Chamber summarizes from the reading of their complaint, that the elements causing the claimed nullity can be materialized as follows: i) inadequate exposition of the facts held as demonstrated against the plaintiff herein; ii) non-existence of an analysis of the plaintiff's obligations and absence of analysis regarding their non-compliance; iii) Lack of legal basis regarding the application of the norms to the specific case; iv) inadequate assessment of the displayed conduct that prevents the determination of the prior norm that sanctions the conduct and consequently a lack of specificity (tipicidad); v) lack of analysis of the reasons for imposing the sanction and lack of proportionality in its graduation. In that exposition, according to the arguments put forth in the complaint filed in this judicial venue, this Chamber proceeds to resolve on the merits of what is sought.
In the final act, the Comptroller General's Office expressly indicates that, in relation to the five agreements adopted by those investigated, there was legislation in force (Ley Forestal, Ley de uso de suelos) that set parameters regarding the real estate, which established limits on the IDA's activity regarding titling. That final act established that in none of the agreements related to the titling of properties detailed in the proceeding of interest did those investigated request the land-use study necessary to determine, at that moment, whether the properties subject to titling fell outside or within the titling powers of the Board of Directors (see image 1032 of file DJ-32-2013). For this Chamber, with that express statement, the deciding body clearly and precisely establishes the conduct deemed to have been carried out by the plaintiff here, and the same substantive considering section states that such conduct violates sections "6 and 10 of the cited Reglamento in harmonious relation with Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal," and applies to such conduct "sections 50, 89, and 121 subsection 14 of the Constitution and Articles 8 and 9 of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República," in addition to "subsection b) of Article 110 of Ley 8131" and "Article 12 subsection a)" of the law of Internal Control. From the resolution of interest, given this express determination of applicable rules, in order to impose the corresponding penalty, for this Chamber the plaintiff's claim lacks any basis and its rejection is warranted.
Corollary. In accordance with this statement and analysis regarding the defects that the plaintiff indicated in his complaint, each one of them lacks any basis when assessed by reading the final resolution issued by the deciding body, as it complies with the legal requirements of reasoning (motivación) and content required for the final act of the proceeding, and clearly, precisely, and justifiably sets forth the conduct attributed to the plaintiff here, the penalty applied, and its time validity, therefore the plaintiff's claims seeking a declaration of non-conformity with the legal system and nullity of resolutions PA-22-2013 of ten o'clock on November 1, 2013, and R-DC-032-2014 of thirteen o'clock on April 23 of that same year, are not admissible, and consequently, the complaint is rejected in its entirety.
VII.- ON THE DEFENSES RAISED. The representation of the Comptroller General's Office claims against the plaintiff lack of right (falta de derecho), and the State's representation claims lack of passive standing (falta de legitimación pasiva). Regarding the lack of passive standing, it must be kept in mind that standing (legitimación) is a substantive presupposition of every judicial proceeding—together with interest and right—and as such, its analysis is obligatory for the Judges, even ex officio, when the respective defense has not been filed. Precisely regarding such presuppositions, the First Chamber of the Supreme Court of Justice stated in its Voto number 465-F-S1-2009, of 10:45 a.m. on May 7, 2009: "…These are necessary conditions for the issuance of an estimatory judgment, so they must be preserved throughout the entire proceeding. Thus, if the absence of one or more of them is detected, the Judge cannot rule on the merits of the litigation, thereby generating what in doctrine is known as an inhibitory judgment." Specifically, standing refers to the aptitude of the intervening subjects to be a party in a proceeding, which derives or originates from the relationship existing between their sphere of interests and rights in direct relation to the challenged administrative conduct. For this reason, it has been said that: "a subject has standing in a procedure or a specific proceeding by virtue of the prior impact suffered in their qualified interests or rights." (Nombre137195, Nombre25610. El nuevo proceso contencioso administrativo. Collective Work. Poder Judicial. Judicial School. San José. Costa Rica. p. 79.). And also that: "standing, ultimately, will indicate to us in each case who are the true holders of the material relationship that is intended to be clarified in the context of the proceeding; who are the subjects whose procedural participation is necessary for the Judgment to be 'effective'." (Nombre71661, Nombre71662; , Nombre136773; , Nombre344 and Nombre71664, Nombre9069. Derecho Procesal Administrativo Costarricense. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162). Regarding the State's standing, section 12 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in its subsection 5) paragraph a), establishes that the State shall be a defendant party when the proceeding concerns the administrative conduct of the Contraloría General de la República related to the exercise of its constitutional and legal competence. Consequently, the State has passive standing that authorizes its participation in this proceeding, since it is in that exercise of the Comptroller General's Office's competence that this complaint arises; it is therefore irrelevant whether or not an act emanated from the State as an entity exists in relation to the claims of the complaint, since this standing of the State is imperative, so this defense must be rejected. Regarding the lack of right claimed by the Comptroller General's Office, based on the analyses set forth in the substantive considering section of this resolution, it has been determined that the final resolution of the public finance punitive proceeding brought against the plaintiff does not suffer from the defects claimed by the plaintiff party, and consequently, their arguments have been rejected; it is appropriate to consider that the plaintiff party is not protected by legislation justifying its claims and pretensions in this matter, so it is proper to grant the defense of lack of right alleged by both defendant parties.
VIII.- ON COSTS. Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that procedural and personal costs are imposed on the losing party solely for that reason. Exemption from this condemnation is only viable when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence unknown to the opposing party. In the case analyzed, this Tribunal does not consider that there is reason to apply the exemption established in the rule, so it is appropriate to condemn the losing plaintiff party to pay the procedural and personal costs, as well as the interest they generate from their fixing until their effective payment, as requested by both defendants; and considering it opportune, the interest is fixed in accordance with the provisions of section 1163 of the Código Civil, at the same rate that applies to six-month term certificates in colones of the Banco Nacional de Costa Rica.
POR TANTO
The defense of lack of passive standing raised by the State is rejected; the defense of lack of right raised by the Contraloría General de la República and by the State is granted. The complaint filed by Nombre154104 against the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA and against the ESTADO is declared without merit in all its respects. The losing party is condemned to pay both costs, as well as the interest they generate until their effective payment. NOTIFÍQUESE.- Nombre125798 Francisco Hidalgo Rueda Gustavo Irías Obando *BJX47JC1VAQ061* Nombre125798 , JUEZ/A DECISOR/A
Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Procedimiento administrativo disciplinario Subtemas:
Consideraciones sobre el marco normativo aplicable en en la hacienda pública..
"V.-RECUENTO NORMATIVO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE HACIENDA PÚBLICA. Ante los reclamos de la actora, estima esta Cámara que es primordial establecer el marco normativo aplicable al procedimiento sancionatorio seguido en el caso concreto para luego valorar por el fondo las pretensiones de la demandante. Establece el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (en adelante LOCGR), que la Contraloría, tendrá la potestad de ordenar y recomendar sanciones y expresa sobre ello, que tal posibilidad se da: "cuando en el ejercicio de sus potestades determine que un servidor de los sujetos pasivos ha cometido infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esta Ley o ha provocado lesión a la Hacienda Pública" (ver norma de rito); el mismo numeral señala que se instaurará un procedimiento y se emitirá un acto final en el cual "recomendará al órgano o autoridad administrativa competente, mediante su criterio técnico, que es vinculante, (subrayado no es del original) la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con el mérito del caso. La Contraloría formará expediente contra el eventual infractor, garantizándole, en todo momento, un proceso debido y la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa en su favor. La autoridad competente del sujeto pasivo requerido deberá cumplir, dentro del plazo que le establezca la Contraloría, con la recomendación impartida por esta; salvo que, dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la comunicación del acto, se interponga una gestión de revisión, debidamente motivada y razonada, por parte del jerarca del sujeto pasivo requerido. En este caso y una vez resuelta la gestión indicada, deberá cumplir, sin dilación, con lo dispuesto en el pronunciamiento técnico jurídico final de la Contraloría, so pena de incurrir en el delito de desobediencia, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado en esta Ley. La expiración del plazo fijado por la Contraloría General de la República para que el sujeto pasivo imponga la sanción ordenada, no hará prescribir, por sí, la responsabilidad del servidor ni caducar el derecho del sujeto pasivo a imponer dicha sanción, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado en esta Ley. El derecho de la Contraloría General de la República a ejercer, en el caso concreto, la potestad para recomendar u ordenar la aplicación de sanciones prescribirá en el término de dos años contados a partir de la iniciación del expediente respectivo. El inicio del expediente se entenderá con la orden de la oficina competente de la Contraloría para comenzar la investigación del caso, en relación con determinados servidores"; según el REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (en adelante ROCGR), la oficina competente para este procedimiento es la División Jurídica y atendiendo al numeral 16 de dicho reglamento "La División Jurídica depende orgánicamente del Despacho Contralor y se encuentra a cargo de una Gerencia de División. Ejecuta funciones exclusivas de fiscalización superior contenidas en la normativa que le atribuye competencias sustantivas al órgano contralor y ejerce la rectoría jurídica en los procesos del macroproceso de fiscalización integral para lo cual dirige, gestiona y asesora jurídicamente en los procesos institucionales, con el propósito de que toda la actividad que ejerce la institución se desarrolle de conformidad con el ordenamiento jurídico," y "lidera los procesos de: (...) b. Procedimientos administrativos (...) d. Emisión de criterios vinculantes. " (ver reglamento referido) Propiamente en cuanto al procedimiento administrativo a cargo de dicha dirección, señala el numeral 18 del mismo reglamento: "Los funcionarios de la División Jurídica podrán resolver de forma unipersonal o colegiadamente los actos que den inicio y pongan fin a los procedimientos administrativos tendentes a determinar las responsabilidades civiles y administrativas en materia de Hacienda Pública o a declarar la nulidad absoluta de actos y contratos." [...]
En relación a la validez de los actos administrativos, la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), regula el acto administrativo, por ser este manifestación de la voluntad de la Administración dirigida a realizar los fines que le han sido impuestos por el ordenamiento; en consecuencia, los actos generados por el órgano director del procedimiento sancionatorio y por el órgano decisor del mismo se rigen por estos elementos. Según la LGAP, el acto administrativo debe emitirse conforme a las reglas vigentes del ordenamiento, en caso de omitirse los requisitos establecidos surge el llamado vicio del acto, que genera la invalidez del mismo, sea en forma parcial o absoluta; cuando la invalidez, o ausencia de requisitos, recae en los elementos sustantivos del acto (competencia del agente, fin, motivo, y contenido), el acto es absolutamente nulo y no surte efectos; cuando el vicio recae sobre elementos accesorios del acto (como las formalidades exteriores), es relativa y/o subsanable. Así, la nulidad es la condición de invalidez que presenta el acto administrativo, de forma que la anulación la produce la resolución que emite el órgano competente -sea jurisdiccional o administrativo en este caso esta Cámara del Tribunal-, para declarar que una actuación formal resulta disconforme con el ordenamiento jurídico.
El acto administrativo que así es declarado, no puede surtir ningún tipo de efecto según regulan los artículos 165 al 172, 176 a 179 de la Ley General de la Administración Pública, (en adelante LGAP). Para que se anulen actos emitidos por la administración, se debe efectuar una confrontación del acto con los elementos de validez que le prescribe el ordenamiento jurídico, una revisión de la legalidad o “juicio contencioso de nulidad” (antes juicios ordinarios). Se trata entonces de un proceso en el que la parte actora está llamada a demostrar la o las infracciones al ordenamiento jurídico que se alegan cometidas y actuantes en el acto cuya erradicación de ese mismo ordenamiento se solicita en la demanda. La emisora del acto, habrá de demostrar el cumplimiento de los requisitos y exigencias que le impone el ordenamiento jurídico para su plena validez del acto emitido (véase art. 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo en adelante CPCA) [...]".
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina ** CONOCIMIENTO ACTOR/A:
Nombre154104 DEMANDADO/A:
ESTADO Y CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Nº32-2022-VII TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SÉTIMA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos del veinticinco de abril del año dos mil veintidós.
Proceso de Conocimiento incoado por Nombre154104 , mayor de edad, casado una vez, político, vecino de la provincia de Limón, cédula de identidad número CED116924, contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (en adelante Contraloría) representada por Nombre3879 , en su condición de Contralora General, cédula de identidad CED122311 y contra el ESTADO representado por Nombre29420 , en su condición de Procuradora General, cédula de identidad CED118298. Figuran los siguientes abogados como apoderados especiales judiciales: de la actora Nombre13856 cédula de identidad CED122312 (poder en imagen 255 del legajo de medida cautelar) y [Nombre62 015] cédula de identidad [Valor 007] (poder visible en imagen 286 carpeta principal del expediente judicial en adelante expediente judicial), del Estado Nombre113439 cédula de identidad CED116985; de la Contraloría los abogados Hansel Arias Ramírez, cédula de identidad CED122313, Paula Serra Brenes, cédula de identidad CED116893 y Nombre154105 Nombre7296, cédula de identidad CED116505 (poderes visibles por su orden en imágenes 156, 330, 255, 329 de la carpeta electrónica de medida cautelar)
CONSIDERANDO
I.- ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal tenemos lo siguiente:
II.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. La revisión de los alegatos y documentos aportados por las partes, permiten tener como acreditados los siguientes hechos:
III.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. A la hora de presentar su acción, a modo de resumen y sin perjuicio de la totalidad de manifestaciones expresadas y estudiadas por esta Cámara, señaló el demandante en su cuadro fáctico, que fue miembro de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, entre el año 2002 y 2005, además que tiene 27 años de carrera en la función pública. Que por resolución PA-22-2013 de diez horas del 1 de noviembre del 2013, se sancionó a varios directivos del instituto dicho, incluyendo a su persona, ordenando la prohibición de ingreso y reingreso para ejercer cualquier cargo de la hacienda pública, en los términos contemplados por el artículo 72 de la ley n° 7428, por el plazo de seis años a partir de la firmeza de esa resolución. Señala que esa resolución se dictó dentro del procedimiento administrativo disciplinario DJ-32-2013, y que en su criterio dicho procedimiento fue violatorio de los principios generales que rigen la materia del debido proceso, señala que fue carente de valoración objetiva de la prueba y otros elementos que expuso en el procedimiento tanto él como los restantes directivos investigados, y pese a ello el ente contralor arribó a la conclusión de causa falsa y de generalización apresurada, considera que ello llevó a una sanción muy severa y desproporcionada a los investigados por varios actos administrativos que describe en su escrito de demanda como que fueron analizados en sede penal dentro del proceso seguido en expediente 07-000026-621-PE en el cual por sentencia se tuvieron como apegados al bloque de legalidad y fueron eximidos de toda responsabilidad por exactamente los mismos hechos según su criterio; considera que la señora Contralora y el Órgano decisor del procedimiento disciplinario no le tomaron la importancia que se debe a la prueba aportada y la desdeñan sin mayor razonamiento sancionando por segunda vez a algunos de los investigados por los mismos cinco actos que según aquella sentencia judicial estimó fueron dictados en apego al bloque de legalidad vigente en el momento en que se tomaron. Explica que se impugnó la sanción oportunamente ofreciendo abundante prueba, y en su criterio excelentes argumentos que no fueron considerados en la resolución PA-22-2013 de diez horas del 1 de noviembre de 2013 y por ello se declararon sin lugar los recursos de revocatoria interpuestos y por resolución R-DC-32-2014 dictada a las trece horas del 23 de abril del 2014 el Órgano Contralor declaró sin lugar su apelación reiterándose en ésta última por parte de la señora Contralora, los mismos fundamentos y argumentos emitidos en la resolución objeto de recurso, esa resolución se le comunicó mediante oficio 03988-DC-0134 de fecha 23 de abril de 2014. Señala el actor que labora como asesor de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana y que la sanción impuesta de ejecutarse, le ocasionaría un daño evidente pues la única fuente de ingresos económicos que tiene y con la cual sufraga sus gastos personales y pagos de créditos y es sostén de su madre y familia, es ese trabajo; argumenta que su edad y condiciones actuales de salud le dificultarían encontrar nueva ocupación; según expone la ejecución de la sanción traería un efecto cascada en su récord crediticio, y en su condición de figura pública que se vería enlodado afectando la sanción todos los aspectos de su vida actuales y futuros, que parte de esos daños mencionados a su imagen como figura pública y político son de conocimiento nacional, ante informaciones de prensa escrita radial y televisiva. Aduce que mediante certificaciones ACOPAC-OT-C-001-10 del 07 de mayo de 2010, ACOPAC-OT-C002-10 del 07 de mayo de 2010 y ACOPAC-OT-C-003-2010 del 07 de mayo de 2010, el Área de Conservación del MINAET certificó que las fincas número [Valor 001], [Valor 004] y [Valor 003] no son Patrimonio Natural del Estado. Como razones de derecho señala sobre los hechos que le fueron imputados, que no existe una narración clara precisa y circunstanciada de los hechos atribuibles al aquí actor, pues se narra una serie de titulaciones en las que participaron numerosos funcionarios por lo que no hay claridad de los hechos que se le atribuyen; afirma que no existe nexo de causalidad entre tales actuaciones y la responsabilidad endilgada a su persona por lo que en relación a cada una de las titulaciones aprobadas por la Junta Directiva de la entidad antes indicada, aduce que no existe ninguna conducta que le sea atribuible, que se le sanciona por "presunciones" y no por actuaciones, argumenta que no se dio una adecuada fundamentación para imponer la sanción, tampoco un análisis de sus funciones y de sus obligaciones, ni se le señala en forma clara cuáles de sus deberes se incumplieron ni la norma que se le aplica por lo que aduce una falta de tipicidad, además en su criterio no fue debidamente valorada la sanción a imponerse, no se le explican los elementos tomados en cuenta para fijar el tiempo de vigencia de la sanción que se le impone ni se le indican claramente las omisiones presuntamente cometidas por lo que reclama la nulidad del acto final y de la resolución que rechaza su apelación.
IV.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEMANDADAS. Notificadas todas las partes de la existencia de esta demanda, la representación de la Contraloría contesta oponiéndose a la misma indicando en forma resumida, que en la resolución final del procedimiento sancionatorio seguido contra el actor, se estableció en forma clara que participó en la adopción de los acuerdos contenidos en los artículos 32 y 31 de las sesiones de junta directiva 16-04 del 13 de mayo de 2004 y 05-05 del siete de febrero del dos mil cinco, y se estableció que se dio incumplimiento al deber de vigilancia y preservación del patrimonio público, con esos acuerdos, debilitando el control interno y permitiendo la materialización del menoscabo de la Hacienda Pública; señala que se infringió también el deber de probidad por no asegurarse de que los acuerdos cumplieran con los objetivos propios del entonces IDA. Estima que el acto impugnado especifica en su criterio, los hechos imputables al actor cuando en el considerando tercero en el punto A se enunció que los directivos tuvieron a su disposición "una serie de documentos" y se indicó sobre ello que "permitía a las autoridades del IDA darse cuenta de la naturaleza forestal y no agraria de los terrenos que se pretendían titular pese a lo cual acordaron las titulaciones. Aduce que se dispuso con claridad sobre la ausencia del certificado de uso de suelo y que contrario a lo que reclama el actor respecto a esto, no hubo violación al principio de tipicidad porque el decisor indica en forma clara sobre la culpa grave que se produce porque los acuerdos de titulación se "apartan de lo que disponen los ordinales 6 y 10 del reglamento de cita en relación armónica con los artículos 13, 14, y 15 de le Ley Forestal" y que ello afectó de ilegítima e irregular la actividad así como descuidada y negligente, además que se analiza la aplicación de los numerales 6 y 10 del reglamento de titulación de tierras en Reservas Nacionales que impedían titulaciones en bienes que por su naturaleza no podrán salir del dominio público y que en la imputación de cargos se indicó que se valorarían tales circunstancias. En su criterio la resolución final del procedimiento efectuó un adecuado razonamiento sobre las consecuencias jurídicas atribuidas a las conductas investigadas y la sanción a imponerse. En cuanto al argumento del actor de que se decidió sobre presunciones, ello por señalar la resolución final que "se pudo incumplir con el requisito legal", estima que es una observación sacada de contexto, y que por el contrario en la decisión tomada se establece en forma clara que se concluye la existencia de conductas que fueron calificadas como falta grave y los elementos que se tomaron en cuenta para considerar como grave a las mismas en diversas valoraciones a lo largo del acto administrativo objeto de este proceso. En relación a una presunta cosa juzgada que debió ser valorada para imponer la sanción, ante el pronunciamiento de sobreseimiento en materia penal, expone que el voto 16001-2011 de 9.30 horas del 25 de noviembre del 2011 de Sala Constitucional permite establecer que no existe tal situación. Ante el reclamo de ausencia de análisis de la proporcionalidad de la sanción, afirma que sí existe tal valoración y que se justificó adecuadamente porque se dio esa graduación a la sanción, afirma que la resolución claramente indica que se da por la concurrencia de una reiteración de la conducta infractora según los hechos que originaron el procedimiento. Solicitó fueran rechazados los daños y perjuicios al no darse una relación causa efecto que permita establecer una consecuencia directa de lo resuelto con los presuntos daños reclamados, ratificando todo lo expuesto en sus conclusiones donde reitera además que los argumentos del actor se efectúan haciendo uso de un análisis aislado y fragmentado de cada uno de los hechos imputados. Excepciona la falta de derecho y solicita se rechacen todas las pretensiones, y se dicte una condenatoria en costas a cargo del actor con imposición de intereses sobre dichas costas. Por su parte el representante del Estado en su contestación, indica que no existe ninguna conducta estatal reprochable o que genere daños y perjuicios ya que se impugna un procedimiento llevado a cabo por el ente Contralor en ejercicio de su función fiscalizadora que es independiente del Estado y que en su criterio acorde con el contenido del voto 714-F-2002 de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dictado a las 16.20 horas del 18 de setiembre del dos mil dos, debe rechazarse la demanda en su contra al no existir un nexo causal ni legitimación pasiva en este caso. Señala que el sobreseimiento de una causa penal no genera cosa juzgada aplicable a este caso por cuanto el Juzgado penal sobresee debido a la falta de tipicidad penal de la conducta investigada, y solicita se declare falta de legitimación pasiva. En sus conclusiones reitera dichos argumentos, y adiciona que al no haberse separado la acción contra el Estado de la demanda contra la Contraloría, debe ser rechazada con cargo a la actora del pago de costas y sus respectivos intereses .
V.-RECUENTO NORMATIVO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE HACIENDA PÚBLICA. Ante los reclamos de la actora, estima esta Cámara que es primordial establecer el marco normativo aplicable al procedimiento sancionatorio seguido en el caso concreto para luego valorar por el fondo las pretensiones de la demandante. Establece el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (en adelante LOCGR), que la Contraloría, tendrá la potestad de ordenar y recomendar sanciones y expresa sobre ello, que tal posibilidad se da: "cuando en el ejercicio de sus potestades determine que un servidor de los sujetos pasivos ha cometido infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esta Ley o ha provocado lesión a la Hacienda Pública" (ver norma de rito); el mismo numeral señala que se instaurará un procedimiento y se emitirá un acto final en el cual "recomendará al órgano o autoridad administrativa competente, mediante su criterio técnico, que es vinculante, (subrayado no es del original) la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con el mérito del caso. La Contraloría formará expediente contra el eventual infractor, garantizándole, en todo momento, un proceso debido y la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa en su favor. La autoridad competente del sujeto pasivo requerido deberá cumplir, dentro del plazo que le establezca la Contraloría, con la recomendación impartida por esta; salvo que, dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la comunicación del acto, se interponga una gestión de revisión, debidamente motivada y razonada, por parte del jerarca del sujeto pasivo requerido. En este caso y una vez resuelta la gestión indicada, deberá cumplir, sin dilación, con lo dispuesto en el pronunciamiento técnico jurídico final de la Contraloría, so pena de incurrir en el delito de desobediencia, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado en esta Ley. La expiración del plazo fijado por la Contraloría General de la República para que el sujeto pasivo imponga la sanción ordenada, no hará prescribir, por sí, la responsabilidad del servidor ni caducar el derecho del sujeto pasivo a imponer dicha sanción, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado en esta Ley. El derecho de la Contraloría General de la República a ejercer, en el caso concreto, la potestad para recomendar u ordenar la aplicación de sanciones prescribirá en el término de dos años contados a partir de la iniciación del expediente respectivo. El inicio del expediente se entenderá con la orden de la oficina competente de la Contraloría para comenzar la investigación del caso, en relación con determinados servidores"; según el REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (en adelante ROCGR), la oficina competente para este procedimiento es la División Jurídica y atendiendo al numeral 16 de dicho reglamento "La División Jurídica depende orgánicamente del Despacho Contralor y se encuentra a cargo de una Gerencia de División. Ejecuta funciones exclusivas de fiscalización superior contenidas en la normativa que le atribuye competencias sustantivas al órgano contralor y ejerce la rectoría jurídica en los procesos del macroproceso de fiscalización integral para lo cual dirige, gestiona y asesora jurídicamente en los procesos institucionales, con el propósito de que toda la actividad que ejerce la institución se desarrolle de conformidad con el ordenamiento jurídico," y "lidera los procesos de: (...) b. Procedimientos administrativos (...) d. Emisión de criterios vinculantes. " (ver reglamento referido) Propiamente en cuanto al procedimiento administrativo a cargo de dicha dirección, señala el numeral 18 del mismo reglamento: "Los funcionarios de la División Jurídica podrán resolver de forma unipersonal o colegiadamente los actos que den inicio y pongan fin a los procedimientos administrativos tendentes a determinar las responsabilidades civiles y administrativas en materia de Hacienda Pública o a declarar la nulidad absoluta de actos y contratos.". Por su parte el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DE LAS POTESTADES DISCIPLINARIA Y ANULATORIA EN HACIENDA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (en adelante Reglamento de organización) señala en su numeral 3: "El cumplimiento de las funciones encomendadas a la Contraloría General en materia de procedimientos administrativos tendentes a declarar responsabilidades en el orden administrativo sancionador, civil o para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos o contratos que emiten los sujetos pasivos del ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública, estará a cargo de la División Jurídica, sin perjuicio de las potestades del Despacho Contralor" y acorde al numeral 49 del mismo reglamento, "Concluida la comparecencia, el órgano decisor podrá dictar el acto final inmediatamente", acto que acorde al numeral 52 del mismo reglamento en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de su firmeza, deberá comunicarse a la autoridad competente del sujeto pasivo, para que se aplique la respectiva sanción que deberá ejecutar lo indicado en ella, salvo que, dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la comunicación del acto, el jerarca de la entidad u órgano requerido, interponga una gestión de revisión, debidamente fundamentada y motivada. Para el caso de los asuntos relacionados con hacienda pública, establece el numeral 71 de la LOCGR que "La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas: a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo. (el subrayado no es del original). La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo". (el subrayado no es del original). Impuesta una sanción a través del acto final de dicho procedimiento acorde al artículo 72 de la LOCGR se deberá disponer en caso de concurrir los elementos requeridos la prohibición de ingreso o de reingreso del infractor. En ese sentido dispone el numeral citado: "No podrá ser nombrado en un cargo de la Hacienda Pública quien haya cometido un delito o falta grave contra las normas que integran el sistema de fiscalización, contemplado en esta Ley o contra la propiedad o la buena fe de los negocios. La presente prohibición tendrá vigencia por un plazo que no será menor de dos años ni mayor de ocho años, a juicio de la Contraloría General de la República, la cual resolverá con vista de la prueba del caso. Asimismo regirá la prohibición, por igual plazo, en contra de ex servidores públicos que intenten reingresar a la Hacienda Pública, cuando hayan cometido un delito o falta grave como los mencionados en los numerales anteriores, aunque su relación de servicio anterior con la Hacienda Pública haya terminado sin responsabilidad de su parte. Además, se aplicará la prohibición aquí establecida contra el servidor público que haya sido despedido, por haber cometido un delito o falta grave como los ya citados. Al aplicar la prohibición anterior, la Contraloría fijará su duración dentro de los límites indicados y computará, en favor del afectado, el tiempo durante el cual haya permanecido fuera de la Hacienda Pública, después de su último cargo en ella." (ver norma de rito); entonces existe un procedimiento ante la CGR para determinar la responsabilidad administrativa del funcionario público cuando se estime que se han producido "infracciones" relativas al "control y fiscalización" de fondos públicos, procedimiento que se lleva a cabo por la Dirección Jurídica de la Contraloría, y que se rige por esa normativa especial, que debe fijar por imperio de ley no solo el tipo de falta que se estima como cometida, sino una sanción de prohibición de ingreso y reingreso a las funciones públicas relacionadas con hacienda pública. Sobre el régimen de nulidades. En relación a la validez de los actos administrativos, la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), regula el acto administrativo, por ser este manifestación de la voluntad de la Administración dirigida a realizar los fines que le han sido impuestos por el ordenamiento; en consecuencia, los actos generados por el órgano director del procedimiento sancionatorio y por el órgano decisor del mismo se rigen por estos elementos. Según la LGAP, el acto administrativo debe emitirse conforme a las reglas vigentes del ordenamiento, en caso de omitirse los requisitos establecidos surge el llamado vicio del acto, que genera la invalidez del mismo, sea en forma parcial o absoluta; cuando la invalidez, o ausencia de requisitos, recae en los elementos sustantivos del acto (competencia del agente, fin, motivo, y contenido), el acto es absolutamente nulo y no surte efectos; cuando el vicio recae sobre elementos accesorios del acto (como las formalidades exteriores), es relativa y/o subsanable. Así, la nulidad es la condición de invalidez que presenta el acto administrativo, de forma que la anulación la produce la resolución que emite el órgano competente -sea jurisdiccional o administrativo en este caso esta Cámara del Tribunal-, para declarar que una actuación formal resulta disconforme con el ordenamiento jurídico. El acto administrativo que así es declarado, no puede surtir ningún tipo de efecto según regulan los artículos 165 al 172, 176 a 179 de la Ley General de la Administración Pública, (en adelante LGAP). Para que se anulen actos emitidos por la administración, se debe efectuar una confrontación del acto con los elementos de validez que le prescribe el ordenamiento jurídico, una revisión de la legalidad o “juicio contencioso de nulidad” (antes juicios ordinarios). Se trata entonces de un proceso en el que la parte actora está llamada a demostrar la o las infracciones al ordenamiento jurídico que se alegan cometidas y actuantes en el acto cuya erradicación de ese mismo ordenamiento se solicita en la demanda. La emisora del acto, habrá de demostrar el cumplimiento de los requisitos y exigencias que le impone el ordenamiento jurídico para su plena validez del acto emitido (véase art. 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo en adelante CPCA). No es posible suponer la nulidad, sino que ésta debe ser primero probada por la parte que la alega (acorde con el onus probandi, o deber de probar, que incumbe a quien alega), y luego ser declarada en sentencia de juez competente. (en similar criterio se han dictado los votos 37-2014-IV, 108-2013-V, 70-2019-VI del Tribunal Contencioso Administrativo). Debe verificarse el procedimiento administrativo llevado a cabo de previo a la emisión del acto administrativo, por ser el procedimiento el instrumento utilizado para adoptar una decisión, y así garantizar la legalidad, oportunidad y conveniencia de la decisión administrativa, así como el correcto funcionamiento de la función pública pues acorde a lo que señala el numeral 214 de la LGAP, el procedimiento tiene como objeto establecer la verdad real de los hechos que sirven de motivo al caso, conforme los contenidos de los artículos 225.1, 216.1, 217, 218, 219, 297, 317, de la misma LGAP, entre otros. Determinado el incumplimiento de los elementos requeridos en el acto, acorde al numeral 223 de la LGAP, esa omisión de formalidades sustanciales causará nulidad del procedimiento. En relación con el acto final de un procedimiento, acorde a los numerales 136, 335, 336, de la LGAP, éste debe ser "motivado" y debe respetar la aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la valoración de la prueba, tal y como como lo ha considerado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia número 1994-03374 de las nueve horas con doce minutos del siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve; además se debe emitir la resolución final debidamente considerada, con la necesaria expresión formal de los motivos tanto de derecho y que configuran la base legal, como los de hecho, ello por estar así dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política y 136 de la LGAP, elementos que en la práctica se materializan bajo expresiones diversas como por ejemplo "cuestiones de hecho", "hechos no probados", "hechos probados", "cuestiones de derecho", "cuestiones de fondo", "elementos de convicción" entre otras formas de expresión; sin importar como se enuncien en el acto decisor, siempre deben permitir conocer el proceso analítico efectuado por el emisor. Ese acto debe tener una motivación, sea DIRECTA, cuando el acto contenga en su literalidad, el fundamento para la decisión, o INDIRECTA, cuando la conducta administrativa refiera como respaldo de su contenido, siempre y cuando esa referencia se haga de manera explícita e inequívoca, en relación a dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado la adopción del acto. Debe entenderse, que existe una necesidad legal de que se indique en forma clara cierta y detallada los hallazgos relevantes, determinantes, y probatorios que justifican el acto, debe exponerse un análisis de las probanzas, que han llevado a la conclusión acorde al numeral 334 de la LGAP, tiene como requisito para su eficacia, una debida comunicación al administrado, para que "sea oponible a éste" según el numeral 345 de la LGAP, de forma que la normativa establece la posibilidad de reclamar contra recursos, limitando al acto final del jerarca el recurso de revocatoria conforme a las reglas de la reposición del Código Procesal Contencioso-Administrativo. Sobre el régimen de responsabilidad. Siendo que el procedimiento administrativo en el que se generan los actos cuya nulidad se reclama en este proceso judicial, es un procedimiento administrativo de responsabilidad, debe considerarse además los elementos que rigen esta materia. Téngase presente que la responsabilidad se atribuye a un sujeto contra quien se ha establecido la obligación de reparar, indemnizar o compensar un daño infringido a la esfera jurídica de otro sujeto, se divide en subjetiva y objetiva, de acuerdo con el criterio de imputación que se utiliza en cada caso: en el primero, la voluntad del obligado, quien actúa en forma culpable; en el segundo, criterios objetivos tales como el riesgo, expresamente establecidos por la ley. Para la concurrencia de la responsabilidad subjetiva, se requiere la demostración del daño, el dolo o culpa por parte del autor del hecho dañoso y la relación de causalidad entre la conducta que lo produce y el menoscabo; por otro lado la responsabilidad objetiva requiere que se demuestre el daño y la relación de causalidad para atribuir responsabilidad a los sujetos quienes objetivamente deben responder. Existe a su vez responsabilidad contractual y extracontractual, dependiendo de si surge del incumplimiento de una obligación convenida libremente por las partes, o surge del incumplimiento del deber general de no causar daño a los demás. Para definir su existencia, debe efectuarse la valoración de prueba relacionada con el incumplimiento y una vez determinado aquél, se presume un culpable, conforme el artículo 702 del Código Civil (a mayor abundamiento se refiere a las sentencias de Sala Primera númeors 320 de las 14:20 hrs. del 9 de noviembre de 1990, 354 de las 10 hrs. del 14 de diciembre de 1990, 103 de las 14:50 hrs. del 28 de junio de 1991, 17 de las 15 hrs. del 27, 20 de las 14:45 hrs. del 31, ambas de enero de 1992, 45 de las 14:15 hrs. del 11 de junio de 1997, 53 de las 15:10 hrs. del 27 de mayo de 1998, 589 de las 14:20 hrs. del 1 de octubre de 1999, 36 de las 15:40 hrs. del 10 de enero, 509 de las 14:25 hrs. del 11 de julio, ambas de 2001 y 875-2010 de las 9 horas 35 minutos del 22 de julio de 2010). Para que se dé la responsabilidad debe existir "causalidad", ésta surge de la valoración casuística con base en los hechos, valoración que permite determinar una relación de causa efecto entre el daño reclamado y la conducta desplegada, para determinar una vinculación entre daño y la conducta como resultado del análisis de probabilidad de las circunstancias específicas que incidan en la materia, (en este sentido, pueden verse, entre otras, las resoluciones 1008-F-2006 de las 9 horas 30 minutos del 21 de diciembre de 2006, 467-F-2008 de las 14 horas 25 minutos del 4 de julio de 2008, y 875-2010 de las 9 horas 35 minutos del 22 de julio de 2010, todas de Sala Primera). En un procedimiento ordinario de responsabilidad se pretende entonces, acorde a lo expuesto, establecer una obligación de reparar, indemnizar o compensar un daño infringido a la esfera jurídica, si se determina que existe "responsabilidad" de parte del sujeto objeto del procedimiento; responsabilidad que en el caso concreto se pretendía demostrar dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad seguido contra la parte actora. La obligación declarada ante la determinación de "responsabilidad", debe ser impuesta a través de una decisión (acto), que se produce a lo interno del procedimiento administrativo bajo la figura del llamado "acto final" o resolución final. El acto final del procedimiento ordinario, por determinar obligaciones, cuando se trata de responsabilidad conforme los numerales 134 a 136 de la LGAP debe ser por escrito, motivado, con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos, debe definir en forma clara y precisa la responsabilidad del sujeto y sus consecuencias. Una vez definida esa responsabilidad, procederá entonces la aplicación del numeral 150 de la LGAP que señala: " 1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad". Corolario de lo anterior entiende esta Cámara que existen elementos necesarios para la validez de los actos administrativos relacionados a la determinación de la responsabilidad, donde el ordenamiento exige que se emita pronunciamiento escrito, motivado, que establezca en forma clara y precisa, la existencia de un nexo de causalidad entre una conducta u omisión y el hecho lesivo que genere la responsabilidad, con el consecuente deber de resarcimiento o restitución de la situación jurídica al estado original. Entendido así el acto administrativo, para el caso concreto deben aplicarse esos elementos y definir con la lectura de las pruebas admitidas en este asunto, si las mismas permiten establecer la existencia de las nulidades reclamadas por la actora.
VII- SOBRE EL CASO CONCRETO SOMETIDO A VALORACIÓN DEL TRIBUNAL. Conforme a los alegatos esgrimidos por las partes y las pretensiones esbozadas por el demandante que han continuado hasta sentencia, para esta Cámara es claro que el punto a dilucidar en la presente litis, es si la resolución PA-22-2013 de diez horas del primero de noviembre del 2013, cumple con los requisitos de forma y fondo para su validez, ello porque el actor pese a que pretende también la declaratoria de nulidad de la resolución R-DC-032-2014 de trece horas del veintitrés de abril de ese mismo año, no especificó respecto a esta reclamo específico adicional a la falta de aceptación de sus argumentos y reiteración de los sustentos esgrimidos en el acto final emitido por resolución PÄ-22-2013. La parte actora reclama nulidad de la resolución PA-22-2013 por carecer de ciertos elementos, ante la extensa exposición de la actora, esta Cámara resume de la lectura de su demanda, que los elementos generadores de la nulidad que se reclama se pueden materializar de la siguiente manera: i) inadecuada exposición de los hechos tenidos por demostrados contra el aquí actor; ii) inexistencia de un análisis de las obligaciones del actor y ausencia de análisis sobre el incumplimiento de las mismas; iii) Falta de fundamentación en cuanto a la aplicación de las normas al caso concreto; iv) inadecuada valoración de la conducta desplegada que impide la determinación de la norma previa que sanciona la conducta y en consecuencia falta de tipicidad; v) falta de análisis de los motivos para imponer la sanción y falta de proporcionalidad en la graduación de la misma. En esa exposición, acorde a los argumentos esgrimidos en la demanda presentada en esta sede judicial, procede esta Cámara a resolver sobre el fondo de lo pretendido.
Corolario. Acorde con esta exposición y análisis en cuanto a los vicios que señaló en su demanda el actor, carece cada uno de ellos de sustento al apreciarse con la lectura de la resolución final emanada del órgano decisor, el cumplimiento de los requisitos legales de motivación, y contenido requeridos por el acto final del procedimiento y disponerse en forma clara, precisa y justificada sobre las conductas atribuidas al aquí actor, la sanción aplicada, y la vigencia temporal de la misma por lo que las pretensiones del actor en cuanto a declarar la disconformidad con el ordenamiento y nulidad de las resoluciones PA-22-2013 de diez horas del primero de noviembre del 2013, y R-DC-032-2014 de trece horas del veintitrés de abril de ese mismo año, no son de recibo y en consecuencia se rechaza la demanda en su totalidad .
VII.- SOBRE LAS EXCEPCIONES INCOADAS. Reclama la representación de la Contraloría contra la actora la falta de derecho y la representación estatal la falta de legitimación pasiva; en cuanto a la falta de legitimación pasiva debe tenerse presente que la legitimación es un presupuesto de fondo de todo proceso jurisdiccional -junto con el interés y el derecho-, y como tal, su análisis resulta obligado para los Juzgadores, aún de oficio, cuando no se haya presentado la respectiva excepción. Precisamente sobre tales presupuestos, indicó la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su voto número 465-F-S1-2009, de las 10:45 horas del 7 de mayo del 2009: "…Se trata de condiciones necesarias para la emisión de una sentencia estimatoria, por lo que deben conservarse durante todo el proceso. De modo que si se detecta la ausencia de uno o más de ellos, el Juzgador no podrá pronunciarse sobre el fondo de litigio, generándose de esta forma lo que en doctrina se conoce como sentencia inhibitoria." Concretamente la legitimación, refiere la aptitud de los sujetos intervinientes para ser parte en un proceso; la que deriva o se origina de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de los mismos en relación directa con la conducta administrativa impugnada. Por ello se ha dicho que: "un sujeto queda legitimado en un procedimiento o en un determinado proceso por virtud de la afectación previa sufrida en sus intereses o derechos cualificados". (Nombre137195 , Nombre25610. El nuevo proceso contencioso administrativo. Obra Colectiva. Poder Judicial. Escuela Judicial. San José. Costa Rica. p. 79.). Y también que: "la legitimación, en definitiva, nos va a indicar en cada caso quiénes son los verdaderos titulares de la relación material que se intenta dilucidar en el ámbito del proceso; quiénes los sujetos cuya participación procesal es necesaria para que la Sentencia resulte “eficaz". (Nombre71661 , Nombre71662; , Nombre136773; , Nombre344 y Nombre71664 , Nombre9069. Derecho Procesal Administrativo Costarricense. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162). Establece en cuanto a la legitimación del Estado, el numeral 12 del código procesal contencioso administrativo en su inciso 5) acápite a), que será parte demandada el Estado, cuando el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de la Contraloría General de la República, relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal, en consecuencia el Estado tiene legitimación pasiva que faculta su participación en este proceso ya que es en ese ejercicio de la competencia de la Contraloría que se produce esta demanda, no interesa entonces si existe o no acto emanado del Estado como ente, en relación a las pretensiones de la demanda, ya que esta legitimación del Estado, es imperativa por lo que debe rechazarse dicha excepción. En cuanto a la falta de derecho reclamada por la Contraloría, atendiendo a los análisis expuestos en el considerando de fondo de esta resolución se ha estimado que la resolución final del procedimiento sancionatorio de hacienda seguido contra el actor no padece los vicios reclamados por la parte actora, y en consecuencia se han rechazado sus argumentos, siendo procedente estimar que la parte actora no se encuentra amparada en una normativa que justifique sus reclamos y pretensiones en este asunto siendo procedente declarar con lugar la falta de derecho alegada por ambas partes demandadas.
VIII.- SOBRE LAS COSTAS. El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria. En el caso analizado, no estima este Tribunal que exista razón para aplicar la exención establecida en la norma, por lo que lo procedente es condenar a la parte actora vencida al pago de las costas procesales y personales, así como los intereses que éstas generen desde su fijación y hasta su efectivo pago, por haberse solicitado por ambas demandadas, y al considerarlo oportuno se fijan los intereses acorde a lo establecido en el numeral 1163 del Código Civil, en el mismo tipo que rija para los certificados a seis meses plazo en colones del Banco Nacional de Costa Rica.
POR TANTO
Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva incoada por el Estado, se acoge la excepción de falta de derecho incoada por la Contraloría General de la República y por el Estado. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por Nombre154104 , contra CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y contra el ESTADO. Se condena a la parte perdidosa, al pago de ambas costas, así como los intereses que éstas generen hasta su efectivo pago. NOTIFÍQUESE.- Nombre125798 Francisco Hidalgo Rueda Gustavo Irías Obando *BJX47JC1VAQ061* Nombre125798 , JUEZ/A DECISOR/A
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