Res. 00754-2017 Sala Constitucional — Amparo on works threatening water source in La Perla, Guácimo

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber dismissed the amparo as it was not proven that the works authorized by the Municipality of Guácimo were illegal or exceeded the road improvement and earthworks permits, which had SETENA approval. An in-depth analysis of the works' correctness falls outside the summary nature of the amparo remedy.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo porque no se probó que las obras autorizadas por la Municipalidad de Guácimo fueran ilegales o excedieran los permisos de mejora vial y movimiento de tierras, que contaban con viabilidad de SETENA. El análisis de fondo de la corrección de las obras escapa a la naturaleza sumaria del amparo.

SummaryResumen

A resident of La Perla in Guácimo, Limón, filed an amparo against the Municipality of Guácimo, claiming that municipal permits for road improvements and earthworks were enabling a high-density urban development threatening the community's water source and environment. He alleged non-compliance with environmental assessment requirements and damage to trees and a stream's protected zone. The Constitutional Chamber dismissed the appeal, finding that the permits were strictly for public road and aqueduct improvements, that a SETENA environmental viability permit had been obtained, and that a municipal inspection in December 2016 found no works beyond those authorized. The Chamber added that assessing whether the works were properly carried out falls outside the summary nature of the amparo proceeding. In separate notes, Justices Jinesta Lobo and Salazar Alvarado clarified that, given the administrative involvement, the case should ordinarily go to the contentious-administrative jurisdiction, but they reached the merits because rights to health, quality of life, and a healthy environment were at stake.Un vecino del caserío La Perla en Guácimo, Limón, interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Guácimo, alegando que las autorizaciones municipales para mejoras viales y movimientos de tierra estaban permitiendo un proyecto urbanístico de alta densidad que ponía en riesgo el recurso hídrico y el ambiente de la zona. Señaló que no se cumplieron los requisitos de evaluación ambiental, que las obras implicaban socavación de árboles y afectación de zonas protegidas de una quebrada, y que la municipalidad no ejerció control de campo. La Sala Constitucional desestimó el recurso al considerar que las autorizaciones otorgadas se limitaban a mejoras de calle pública y acueducto, que se obtuvo viabilidad de SETENA y que en inspección de diciembre de 2016 no se constataron obras distintas a las autorizadas. Agregó que el análisis de fondo sobre la corrección de las obras escapa a la naturaleza sumaria del amparo. Los magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado aclararon en notas separadas que, existiendo intervención administrativa, el caso correspondería a la jurisdicción contenciosa, pero que conocieron el fondo porque estaban en juego derechos como la salud, la calidad de vida y el derecho a un ambiente sano.

Key excerptExtracto clave

III.- On the merits. In the case under study, the petitioner claims that the Municipality of Guácimo has allowed works that endanger the hamlet known as La Perla and are carried out in violation of urban planning and environmental legislation. However, after analyzing the evidence presented, the Chamber cannot find the petitioner's claim proven, since the evidence and the sworn report by the respondents show that only permits for improving a public road and aqueduct, and the corresponding earthworks, have been granted, and these were issued after compliance with legal requirements. It is also proven that during the inspection by a municipal officer on January 5, 2017, no works other than those previously authorized were found, so the petitioner's claim in this regard cannot be upheld. Furthermore, it should be noted that it is not for this Court to determine whether the works were carried out correctly, as that involves analyses beyond the summary nature of the amparo remedy. Therefore, the appeal must be dismissed.III.-Sobre el fondo. En el caso en estudio, el recurrente acusa que la Municipalidad de Guácimo ha permitido la realización de una serie de obras que ponen en riesgo el caserío denominado La Perla, y que se ejecutan en detrimento de la legislación en materia urbanística y ambiental. Ahora bien, tras analizar los elementos aportados a los autos, la Sala no puede tener probado el reclamo del accionante, pues de la prueba y el informe rendido bajo juramento por los recurridos, se desprende que a la fecha únicamente se han otorgado permisos tendientes al mejoramiento de un camino público y acueducto, así como los respectivos movimientos de tierra, los cuales fueron dados luego de que se cumplieran con los requerimientos establecidos para tal efecto por el ordenamiento jurídico. Asimismo, se tiene por demostrado que en la inspección efectuada por un funcionario municipal el 5 de enero de 2017, no fue posible constatar la existencia de alguna obra distinta a las que ya habían sido autorizadas previamente, por lo que no logra comprobarse el reclamo planteado por el accionante en cuanto a ese extremo. Por otra parte, conviene indicar que no corresponde a este Tribunal entrar a analizar si la forma en que se han llevado a cabo las obras en el sector, es la correcta o no, pues ello implica una serie de análisis que escapan de la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Por lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.

Pull quotesCitas destacadas

"no corresponde a este Tribunal entrar a analizar si la forma en que se han llevado a cabo las obras en el sector, es la correcta o no, pues ello implica una serie de análisis que escapan de la naturaleza sumaria del recurso de amparo."

"It is not for this Court to determine whether the works were carried out correctly, as that involves analyses beyond the summary nature of the amparo remedy."

Considerando III

"no corresponde a este Tribunal entrar a analizar si la forma en que se han llevado a cabo las obras en el sector, es la correcta o no, pues ello implica una serie de análisis que escapan de la naturaleza sumaria del recurso de amparo."

Considerando III

"si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remite a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de denuncias donde se alega la realización de una serie de obras irregulares –que, presuntamente, no respetan la normativa ambiental–, en terrenos de donde proviene el recurso hídrico que abastece a los pobladores de la zona, no lo hará así."

"While environmental matters involving any kind of administrative action are referred to the contentious-administrative jurisdiction, in cases of complaints alleging irregular works —presumably violating environmental regulations— on land from which the water source that supplies local residents originates, I will not do so."

Nota del Magistrado Jinesta Lobo

"si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remite a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de denuncias donde se alega la realización de una serie de obras irregulares –que, presuntamente, no respetan la normativa ambiental–, en terrenos de donde proviene el recurso hídrico que abastece a los pobladores de la zona, no lo hará así."

Nota del Magistrado Jinesta Lobo

"sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."

"I do reach the merits when other rights of the affected persons are at stake, including health, quality of life, and the right to a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)."

Nota del Magistrado Salazar Alvarado

"sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."

Nota del Magistrado Salazar Alvarado

Full documentDocumento completo

Constitutional Chamber Date of Resolution: January 20, 2017 at 09:05 Case File: 16-017421-0007-CO Type of matter: Amparo appeal *160174210007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours five minutes on the twentieth of January two thousand seventeen.

Amparo appeal processed in case file number 16-017421-0007-CO, filed by UBALDO ROJAS ARIAS, identity card 0602350268, of legal age, against THE MUNICIPALITY OF GUÁCIMO.

Whereas:

1Through a document received at the Secretariat of the Chamber at 14:26 on December 9, 2016, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Guácimo, and states that in the Guácimo district, of the canton of Guácimo, Limón, the hamlet called La Perla is located, which is affected due to the damages caused by earthworks (movimiento de tierra) and land-use change (cambio de uso de suelo), which the respondent Municipality authorized without foundation, nor any control whatsoever for the development of an urban development project. He indicates that in administrative file No. 013-2013, there is no documentation on the requirements for field visits and other parameters related to the protected zone of the ravine (quebrada) and the existing trees in the area. He points out that the Department of Constructions of the Municipality of Guácimo issued the permit called "Mejoras de Calle Pública de la Perla".However, he argues that in the execution of that permit in the field, the respondent municipality permits earthworks in the entire area, without environmental precautions. He notes that excavations are carried out throughout the designed areas of the sites to be urbanized, including the undercutting (socavación) of the foundations of 23 trees on the site. He states that on December 6, 2016, the municipal inspector, Mr. Steven Mauricio Mora Castro, appeared in the affected area and indicated that everything was in order, thus allowing the extraction of soil from the upper part. He adds that through official letter No. PU003 of August 29, 2012, the respondents pointed out the need to adhere to current environmental legislation; however, far from taking the necessary precautions, they do not implement it in the field, affecting the upper area of the Canton of Guácimo from which the water resource that supplies the community's inhabitants originates.He relates that the respondent authority did not consider the hydrogeological map and the geological and hydrological information of the area, in order to allow works in a high-density urban design, in a very narrow strip parallel to the ravine, where according to official letter No. AT-3391-2012, issued by the forestry authority, a body of water exists parallel to the entirety of plan No. L-1404532. He adds that the initial works present passage easements (servidumbres de paso) and landlocked lots parallel to the ravine, for which it was necessary to incorporate into the file the administrative act justifying it. He concludes that the respondent authority, despite having knowledge of the facts, chooses not to take measures in the field, nor does it issue preventive measures regarding the environmental impact, failing to act with due diligence. For the foregoing reasons, he requests that the appeal be granted, with its corresponding competences.
2Rolando López Rodríguez, in his capacity as head of the Engineering Department of the Municipality of Guácimo, reports under oath that in the months of January and November 2013, the respondent corporation granted permits for improvements to a public road and aqueduct, as well as for the respective earthworks on the land mentioned by the plaintiff. He states that as of the date he renders his report, no permit for an urbanization or housing construction had been processed or approved. He affirms that the authorizations granted in 2013 were supported by the construction plans processed under the contract registered before the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos with number OC-562500, as well as SETENA resolution number 2771-2012-SETENA. He argues that in inspections carried out at the site, it has not been possible to verify the execution of works that do not correspond to those processed and approved at the time.He claims that the Council appointed a Special Monitoring Commission, with the purpose of bringing the parties together and investigating with officials from other public institutions, such as SETENA and the Tortuguero Conservation Area (Área de Conservación Tortuguero), and that to date no formal written communication has been made by other public institutions regarding the existence of irregularities or environmental impacts. He reports that the municipal inspector Steven Mora conducted a field visit together with the appellant, and was unable to find works other than those previously authorized. For the foregoing, he requests that the appeal be dismissed.
3Gerardo Fuentes González, in his capacity as mayor of the Municipality of Guácimo, reports under oath, and reiterates what was stated by the head of the Engineering Department of that corporation in his report.
4In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considering:

I.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, whether because they have been accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:

a)On December 6, 2012, an application for a construction permit was submitted before the Municipality of Guácimo, for the realization of improvements to a public road and aqueduct in the La Perla sector. As a result, on January 17, 2013, the respondent corporation granted construction permit number PC-013-2013. (Report and evidence from the respondent authority).
b)On November 27, 2013, the Municipality of Guácimo granted construction permit number PC-534-2013, for the realization of earthworks in the sector where construction permit number PC-013-2013 had been granted. (Report and evidence from the respondent authority).
c)On December 5, 2016, an official of the Municipality of Guácimo conducted an inspection of the sector where construction permit number PC-013-2013 was granted, accompanied by the appellant. During said proceeding, the cited official could not verify the execution of works other than those authorized by the Municipality of Guácimo. (Report and evidence from the respondent authority).

II. Unproven facts. None of relevance for the resolution of this matter

III.On the merits. In the case under study, the appellant accuses the Municipality of Guácimo of having permitted the execution of a series of works that endanger the hamlet called La Perla, and that are carried out in detriment of the legislation on urban planning and environmental matters. Now, after analyzing the evidence brought to the case file, the Chamber cannot deem the plaintiff's claim as proven, since from the evidence and the report rendered under oath by the respondents, it follows that to date, only permits aimed at the improvement of a public road and aqueduct, as well as the respective earthworks, have been granted, which were given after the requirements established for that purpose by the legal system were met. Likewise, it has been demonstrated that in the inspection carried out by a municipal official on January 5, 2017, it was not possible to verify the existence of any work other than those that had already been previously authorized, and therefore the claim raised by the appellant regarding that point cannot be proven. On the other hand, it is appropriate to indicate that it does not fall to this Court to analyze whether the manner in which the works have been carried out in the sector is correct or not, as this involves a series of analyses that are beyond the summary nature of the amparo appeal. For the foregoing, the appeal must be dismissed.

IV. NOTE OF JUDGE JINESTA LOBO

The undersigned Judge clarifies that, although in environmental matters, when there is administrative intervention of any kind, he refers them to the contentious-administrative jurisdiction, the truth is that in cases of complaints alleging the realization of a series of irregular works –which, presumably, do not respect environmental regulations–, on lands from which the water resource that supplies the residents of the area originates, he will not do so. This is because other rights of the neighbors of the pollution source are at stake, such as health and the enjoyment of a decent level of quality of life.

V. NOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO

I have concurred with the position held by Judge Jinesta Lobo in this matter, so, in environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the affected persons are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50, of the Political Constitution), as is the case here, where the execution of works in an irregular manner is alleged, due to non-compliance with environmental regulations, affecting the land from which the water resource that supplies the residents of the area originates.

VI. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE

The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is dismissed. Judges Jinesta Lobo and Salazar Alvarado state their notes.

Ernesto Jinesta L.

President Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jose Paulino Hernández G.

*DNDWIBV69WY61* CASE FILE No. 16-017421-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:25:37.

*160174210007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veinte de enero de dos mil diecisiete .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 16-017421-0007-CO, interpuesto por UBALDO ROJAS ARIAS, cédula de identidad 0602350268, mayor, LA MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO.

Resultando:

1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:26 del 9 de diciembre de 2016, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Guácimo, y expresa que en el distrito Guácimo, del cantón de Guácimo, Limón, se ubica el caserío denominado la Perla, el cual se ve afectado debido a los daños que ocasiona el movimiento de tierra y el cambio de uso de suelo, que la Municipalidad recurrida autorizó sin fundamento, ni control alguno para el desarrollo de un proyecto urbanístico. Indica que en expediente administrativo No. 013-2013, no consta documentación sobre los requisitos de visitas de campo y demás parámetros relacionados a la zona protegida de la quebrada y los árboles existentes en la zona. Señala que el Departamento de Construcciones de la Municipalidad de Guácimo, emitió el permiso denominado "Mejoras de Calle Pública de la Perla". No obstante, aduce que en la ejecución de ese permiso en el campo, el municipio recurrido permite movimientos de tierras en toda el área, sin previsiones al medio ambiente.Acota que se realizan excavaciones en toda el área de diseños de sitios a urbanizar, que incluyen la socavación de los cimientos de 23 árboles en el lugar. Manifiesta que el pasado 6 de diciembre de 2016, se apersonó a la zona afectada el inspector municipal, el Sr. Steven Mauricio Mora Castro, quién indicó, que todo estaba al día, permitiendo así, la extracción de tierra de la parte alta. Agrega que por oficio No. PU003 de 29 de agosto de 2012, los recurridos señalaron la necesidad de apegarse a la legislación ambiental vigente; sin embargo, lejos de tomar las previsiones necesarias, no lo ejecutan en el campo, afectando la zona alta del Cantón de Guácimo de donde proviene el recurso híbrido de los habitantes de la comunidad. Refiere que la autoridad recurrida, no previó el mapa hidrogeológico y la información geológica e hidrológica de la zona, a fin de permitir trabajos en un diseño de urbanización de características de alta densidad, en una franja muy angosta paralela a la quebrada, donde según oficio No. AT-3391-2012, emitido por la autoridad forestal, existe un cuerpo de agua en forma paralela a todo el plano No. L-1404532.Agrega, que los trabajos iniciales presentan servidumbres de paso y lotes enclavados en forma paralela a la quebrada, por lo que era necesario incorporar al expediente, el acto administrativo que lo justifique. Concluye que la autoridad accionada, a pesar de tener conocimiento de los hechos, opta por no tomar medidas en el campo, ni emite medidas preventivas en relación a la afectación del medio ambiente, actuando sin la diligencia debida. Por lo expuesto, pide que se acoja el recurso, con sus competencias.
2Informa bajo juramento Rolando López Rodríguez, en su calidad de jefe del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Guácimo, que en los meses de enero y noviembre de 2013, la corporación accionada concedió permisos para mejoras de calle pública y acueducto, así como para el movimiento o de tierras respectivo en el terreno mencionado por el accionante. Manifiesta que a la fecha en que rinde su informe, no se había tramitado ni aprobado permiso alguno para una urbanización o construcción de viviendas. Afirma que las autorizaciones otorgadas en el año 2013, tuvieron como respaldo los planos de construcción tramitados bajo el contrato registrado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con número OC-562500, así como la resolución de SETENA número 2771-2012-SETENA. Aduce que en inspecciones realizadas al sitio, no se ha logrado constatar la realización de obras que no correspondan a las tramitadas y aprobadas en su momento.Alega que el Concejo nombró una Comisión Especial de Seguimiento, con el objeto de reunir a las partes e indagar con funcionarios de otras instituciones públicas, como lo son la SETENA y el Área de Conservación Tortuguero, siendo que hasta el momento no se ha hecho comunicación escrita formal por parte de otras instituciones públicas sobre la existencia de irregularidades o afectaciones sobre el medio ambiente. Informa que el inspector municipal Steven Mora realizó una visita de campo junto con el recurrente, y no logró encontrar obras distintas a las autorizadas previamente. Por lo anterior, pide que se desestime el recurso.
3Informa bajo juramento Gerardo Fuentes González, en su calidad de alcalde de la Municipalidad de Guácimo, y reitera lo dicho por el jefe del Departamento de Ingeniería de esa corporación en su informe.
4En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones seguidas se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)El 6 de diciembre de 2012, se presentó una solicitud de permiso de construcción ante la Municipalidad de Guácimo, para la realización de mejoras en calle pública y acueducto en el sector de La Perla. A raíz de lo anterior, el 17 de enero de 2013 la corporación accionada otorgó el permiso de construcción número PC-013-2013. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
b)El 27 de noviembre de 2013, la Municipalidad de Guácimo otorgó el permiso de construcción número PC-534-2013, para la realización de un movimiento de tierra en el sector en que se había otorgado el permiso de construcción número PC-013-2013. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).
c)El 5 de diciembre de 2016, un funcionario de la Municipalidad de Guácimo realizó una inspección al sector donde se otorgó el permiso de construcción número PC-013-2013, en compañía del recurrente. Durante dicha diligencia, el servidor de cita no pudo constatar la realización de obras distintas a las autorizadas por la Municipalidad de Guácimo. (Informe y prueba de la autoridad recurrida).

II. Hechos no probados. Ninguno de relevancia para la resolución de este asunto

III.Sobre el fondo. En el caso en estudio, el recurrente acusa que la Municipalidad de Guácimo ha permitido la realización de una serie de obras que ponen en riesgo el caserío denominado La Perla, y que se ejecutan en detrimento de la legislación en materia urbanística y ambiental. Ahora bien, tras analizar los elementos aportados a los autos, la Sala no puede tener probado el reclamo del accionante, pues de la prueba y el informe rendido bajo juramento por los recurridos, se desprende que a la fecha únicamente se han otorgado permisos tendientes al mejoramiento de un camino público y acueducto, así como los respectivos movimientos de tierra, los cuales fueron dados luego de que se cumplieran con los requerimientos establecidos para tal efecto por el ordenamiento jurídico. Asimismo, se tiene por demostrado que en la inspección efectuada por un funcionario municipal el 5 de enero de 2017, no fue posible constatar la existencia de alguna obra distinta a las que ya habían sido autorizadas previamente, por lo que no logra comprobarse el reclamo planteado por el accionante en cuanto a ese extremo.

Por otra parte, conviene indicar que no corresponde a este Tribunal entrar a analizar si la forma en que se han llevado a cabo las obras en el sector, es la correcta o no, pues ello implica una serie de análisis que escapan de la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Por lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.

IV. NOTA DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO

El suscrito Magistrado aclara que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remite a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de denuncias donde se alega la realización de una serie de obras irregulares –que, presuntamente, no respetan la normativa ambiental–, en terrenos de donde proviene el recurso hídrico que abastece a los pobladores de la zona, no lo hará así. Esto, por cuanto, se encuentran en juego otros derechos de los vecinos de la fuente contaminante, tales como la salud y a gozar de un nivel digno de calidad de vida.

V. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO

He coincidido con la posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que, en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa la realización de obras de manera irregular, por incumplimiento de la normativa ambiental, con afectación del terreno de donde proviene el recurso hídrico que abastece a los pobladores de la zona.

VI. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado ponen notas.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.