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Res. 17614-2016 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 02/12/2016

Basic services access on INDER land declared of public interestAcceso a servicios básicos en terreno del INDER declarado de interés público

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denies the amparo, finding no violation of fundamental rights in the denial of water and electric services, conditioned upon legal requirements and technical feasibility.La Sala declara sin lugar el amparo, al no encontrar violación a los derechos fundamentales en la negativa de servicios de agua y electricidad, condicionada a requisitos legales y factibilidad técnica.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber rejects an amparo appeal filed by a group of farmers occupying without title a plot of land owned by INDER known as Finca Diez, in Palmar Sur, declared of public interest for an international airport project. The appellants claimed violation of their rights to potable water and electricity due to AyA's and ICE's refusal to provide services. The Chamber found no constitutional violation: AyA has not formally denied service because appellants failed to submit a formal application meeting legal requirements, and there are also technical and legal impossibilities due to lack of public roads and easements. AyA installed a water tanker for basic needs. As for ICE, field study showed lack of energy capacity and non-compliance with technical standards; the project was included in the pending works list. The court reaffirms that the fundamental right to water is not unrestricted and may be subject to legal requirements and technical feasibility; regarding electricity, there is no arbitrary denial.La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo presentado por un grupo de agricultores que ocupan sin título un terreno propiedad del INDER conocido como Finca Diez, en Palmar Sur, el cual fue declarado de interés público para un proyecto de aeropuerto internacional. Los recurrentes alegan violación de sus derechos al agua potable y electricidad por la negativa de AyA e ICE a prestarles el servicio. La Sala concluye que no se acreditó violación constitucional: el AyA no ha negado formalmente el servicio, pues los recurrentes no presentaron solicitud con los requisitos legales, y además existe imposibilidad técnica y jurídica por carecerse de calles públicas y servidumbres. El AyA instaló un tanque cisterna para abastecer sus necesidades básicas. Respecto al ICE, tras el estudio de campo se determinó que no hay capacidad energética ni se cumplen normas técnicas, y la obra quedó en lista de pendientes. El tribunal reafirma que el derecho fundamental al agua no es irrestricto y puede sujetarse a requisitos legales y factibilidad técnica; en cuanto a electricidad, no hay negativa arbitraria.

Key excerptExtracto clave

V.- In the case under study, it appears, first of all, that the appellants have not made a formal request for potable water service to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. However, these are lands owned by INDER, agricultural settlements that have no public roads or easements, and therefore, from a technical point of view (urbanization standards), the installation of public networks is not feasible. Thus, according to this Chamber's case law, the violation of fundamental rights of the protected persons is ruled out, as they have not made any request that meets the requirements established in the current regulations in order to be provided potable water service. The Chamber notes that in order to guarantee the right to health of the appellants and their families, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers placed a tank near the settlement that is supplied daily by a tanker truck, so that they can meet their most basic potable water needs. For all the above, the appeal must be dismissed on this point. VI.- (...) In the case of the appellants, the Chamber notes that the request for the extension of electrical distribution networks for the sector known as Parcelas Finca 10 of Palmar Sur was made by a group of neighbors on September 27, 2016 at the ICE Agency of Palmar Norte. (...) once the field study was carried out (...) it was determined that the properties do not have electro-energetic availability to provide the requested service, since it is necessary to carry out an extension of the distribution system, and on the other hand, those dwellings do not comply with the current technical regulations governing the commercialization of electric service AR-NT-SUCOM of the Public Services Regulatory Authority (ARESEP), therefore the project is neither legally nor technically viable. From the foregoing, it follows that there has been no arbitrary denial by the Costa Rican Electricity Institute to provide electric service to the appellants, but rather, before a request made after the filing of this amparo appeal, the corresponding field study was promptly carried out and a response was given indicating the technical and legal reasons why the service cannot be provided by the institute.V.- En el caso de estudio se desprende, en primer término, los recurrentes no han hecho solicitud formal del servicio de agua potable ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Sin embargo, se trata de terrenos propiedad del INDER, asentamientos agrícolas que no tienen calles públicas ni servidumbres y por ende desde el punto de vista técnico (normas de urbanización) no es factible la instalación de redes públicas. De manera que, según la jurisprudencia de esta Sala, en el casi de análisis se descarta la vulneración de los derechos fundamentales de los amparado quienes no han hecho gestión que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente a fin de que se les suministre el servicio de agua potable. La Sala aprecia que a efecto de garantizar el derecho a la salud de los recurrentes y sus familias el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados colocó próximo al asentamiento un tanque que se abastece todos los días mediante camión cisterna, de manera que puedan satisfacer sus necesidades más básicas de agua potable. Por todo lo anterior, el recurso debe ser desestimado en cuanto a este extremo. VI.- (...) En el caso de los recurrentes, la Sala aprecia que la gestión para la extensión de redes de distribución eléctrica para el sector conocido como Parcelas Finca 10 de Palmar Sur fue formulada por un grupo de vecinos el 27 de setiembre de 2016 en la Agencia del Ice de Palmar Norte. (...) una vez hecho el estudio de campo (...) se determinó que las propiedades no cuentan disponibilidad electro-energética para brindar el servicio solicitado, pues es necesario realizar una extensión del sistema de distribución, y por otro lado dichas viviendas no cumplen la normativa técnica vigente que regula la comercialización del servicio eléctrico AR-NT-SUCOM de la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos (ARESEP) por lo que el proyecto no es viable jurídica ni técnicamente. De lo anterior se desprende que no ha habido una negativa arbitraria del Instituto Costarricense de Electricidad de brindar el servicio de electricidad a los recurrentes, sino que ante una gestión formulada después de la presentación de este recurso de amparo, en forma célere se hizo el estudio de campo correspondiente y se les dio respuesta indicando las razones técnicas y jurídicas por las cuales el servicio no puede ser brindado por el instituto.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La jurisprudencia de la Sala es reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento."

    "The Chamber's case law has consistently recognized the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility to access potable water services on equal terms, since water is essential for human life and health. However, this fundamental right nature does not imply unrestricted access to water services, since the administration may validly establish general requirements that each applicant must comply with in order to assess their particular request."

    Considerando IV

  • "La jurisprudencia de la Sala es reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento."

    Considerando IV

  • "Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable."

    "It is then understood that, although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide potable water service."

    Considerando IV

  • "Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable."

    Considerando IV

  • "frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad técnica o material (que es la falta de infraestructura), es razonable que, en los lugares donde se necesite la construcción de infraestructura, el interesado asuma los costos de su construcción e instalación."

    "in the face of legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulations) or technical or material impossibility (which is the lack of infrastructure), it is reasonable that, in places where infrastructure construction is needed, the interested party assumes the costs of its construction and installation."

    Considerando VI

  • "frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad técnica o material (que es la falta de infraestructura), es razonable que, en los lugares donde se necesite la construcción de infraestructura, el interesado asuma los costos de su construcción e instalación."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the second of December, two thousand sixteen.

Amparo action processed under expediente number 16-012838-0007-CO, filed by ARISTIDES MORA SÁNCHEZ, identity card 0602430412, EUGENIO DE LA TRINIDAD GRAJAL QUIRÓS, identity card 0601940299, HUGO HUMBERTO DE JESÚS NÚÑEZ CHINCHILLA, identity card 0600920105, JAVIER RICARDO RODRÍGUEZ CECILIANO, identity card 0106030690, JAVIER UMAÑA VILLANUEVA, identity card 0602720627, JESÚS ALBERTO SALAZAR VILLARREAL, identity card 0601640182, JESÚS MANUEL SIBAJA GUERRA, identity card 0603870969, JOSÉ MENARDO SERRACIN CHAVES, identity card 0602400664, MIRIAM DEL SOCORRO MENDOZA FALLAS, identity card 0601040204, ROBERTO DEL CARMEN PEREZ VÁSQUEZ, identity card 0501000757, against the GENERAL MANAGER OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT INDER, and the COSTA RICAN ELECTRICITY INSTITUTE.

Whereas:

1.- In a brief submitted to the Chamber on September 21, 2016, the appellants file an amparo action and state that they are part of the group called "Parceleros Agricultores de Finca 10"; some 80 families who have lived for 10 to 15 years on lands leased to the Compañía Bananera de Costa Rica, which were abandoned 35 years ago. They have dedicated themselves to agriculture for their own consumption. They indicate that they have tried to obtain a property title, first before the Ida and later before the Inder. However, their situation has not been resolved. They report that, both as a group and individually, they have appeared before the respondent institutions to obtain the public drinking water service and they have been told there would be no problem, provided that the INDER grants the corresponding authorization. However, when communicating with the representatives of this institution, they have shown no interest in helping them. They provide copies of requests submitted at the INDER Regional Office in Río Claro, dated July 13, 2014, and of official communication No. OSRC-0185-2016 of February 22, 2016, signed by the Assistant Manager of the Regional Office of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Head of the Subregional Office of the INDER, both of Río Claro, addressed to the central headquarters of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. They affirm they are aware that, to be owners or permit holders of the parcels they inhabit, they must follow the corresponding procedures, but, in the meantime, they wish to have the minimum services, which are essential for their quality of life and to carry out basic daily tasks of cleaning, food, and others, given that within their community there are minors, older adults, and persons with special needs.

2.- Having satisfied the warning issued by the resolution at 4:17 p.m. on September 21, 2016, the Presidency of the Chamber admitted the amparo action by resolution at 1:36 p.m. on September 30, 2016.

3.- Ricardo Valverde Castro, in his capacity as Head of the Río Claro Subregional Office of the Inder, submitted the statutory report and stated that the land indicated by the appellants, known as Finca Diez, has been the property of the Institute of Rural Development since 2003, and is registered in the Public Registry of Real Property, therefore any occupation and planting activity must be preceded by an agreement declaring suitability, adjudication (adjudicación), or lease, which allows them to remain on said lands, otherwise they are de facto occupants, who enter the lands illegitimately, contravening the Land and Colonization Law. At the time of acquiring the lands of “Finca Diez”, there was no knowledge of the existence of occupants, and some of them entered in 2004 and later in 2009, without authorization from the Institute, in bad faith, because they knew the lands belonged to the Institute of Agrarian Development, and they state they tried to obtain a property title, at the time, with the Ida and later with the Inder. He adds that the Civil Aviation Directorate is studying the possible construction of an International Airport on the land, and by decree number 36226-MOPT, published in gazette 212, of November 2, 2010, all administrative procedures necessary to analyze the feasibility of locating and building an international airport in the Zona Sur, on the land identified as Finca Diez, are declared of public interest, a situation that prevents the Inder from declaring suitable, assigning, and titling any occupant of said lands. The Airport Coordinating Commission and the Institute of Rural Development have sought a consensual solution to the problem of the occupants of Finca Diez, through relocation to a farm that meets adequate conditions, without evictions of the occupants. In this regard, studies for family selection were carried out for 76 precarious occupants of the farm in 2013, in order to provide them with a solution. He adds that the Institute of Rural Development is evaluating the possibility of leasing the occupied lands within Finca Diez, over which the declaration of public interest rests, until the results of the airport project study or execution are available. They request that the action be declared without merit.

4.- Eugenio Barrios Castillo, in his capacity as Coordinator of the Palmar Norte Agency of the Brunca Region of the Costa Rican Electricity Institute, stated that prior to the installation of electric service, ICE is empowered to request that the user meet the technical requirements established for this purpose by ARESEP, which are mandatory. In the present case, it is the "Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión" AR-NT-SUCOME, whose Article 32 "impediments to providing a new electric service", point "d", states the following: “d. There is no distribution network or there is no electrical capacity in the network. In the event that the problem can be resolved with a line extension or network upgrade, the company will charge the interested party the cost of carrying it out. i. When the person requesting the service is not the registered owner of the building for which it is requested, unless they have written authorization from the owner or demonstrate the processing of a possessory action.” He states that the present action refers to the administrative file for the application of Mrs. Miriam del Socorro Mendoza Fallas, case 2016-22-052, regarding the extension of electric distribution networks for the sector known as Parcelas Finca 10 in Palmar Sur. The other appellants have appeared individually and verbally, so there is only a record of the application by Miriam del Socorro Mendoza Fallas for the purpose of electrifying the sector of the parcels of Finca 10 in Palmar Sur. He indicates that on September 29, 2016, the Brunca Region Development Execution Area conducted a field study. On October 6, 2016, the Palmar Norte Agency issued official communication number 1725-137-2016 in response to the appellant, delivered and notified to Mrs. Miriam Mendoza Fallas that same day. She was informed that the project is included in the national list of pending works to be executed at the appropriate time when operational capacity is available, budget allocation, the procedures for external authorizations from other institutions, such as before SETENA and MINAET, plus another series of administrative requirements are fully met in accordance with the principle of legality. Based on the field study of September 29, 2016, it was determined that the properties lack electro-energetic availability to provide the requested service, as it is necessary to carry out an extension of the distribution system, and on the other hand, said dwellings do not comply with the current technical regulations governing the commercialization of the electric service AR-NT-SUCOM of the Regulatory Authority of Public Services (ARESEP), therefore the project is not legally viable. Therefore, the project request has not been incorporated into the National Electrification Works List. Finally, he highlights that from the field study conducted, none of the inhabitants of the 8 (dwellings) reported reasons of urgent need (such as, for example: disabled persons who are oxygen-dependent). For all the above, he considers that the appellants' right of access to electric service has not been violated.

5.- José Alberto Moya Segura, General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, submitted the statutory report and stated that the Institute has not denied the appellants the drinking water service, as it has not issued any administrative act approving or denying the provision of the public service. He states that the appellants have not submitted any document to the institute requesting the drinking water service. However, by mandate of the Law (of Drinking Water) in its Article 12, the drinking water debt imposes a legal mortgage on the property or properties on which the obligation to pay it falls; this is why every user of the service must possess a property title or, if the lands belong to a Public institution, it must take responsibility for the installation of the services (as is the case of the appellants). In this case, the lands are property of the INDER. On the other hand, they are agricultural settlements that have no public roads or easements (servidumbres) and, consequently, from a technical standpoint (urbanization standards), the installation of public networks is not feasible. Despite the above, for approximately 20 months, AyA has placed a tank near the settlement that is supplied daily by tanker truck; likewise, INDER officials have been asked to place some tanks on the public road in a location more accessible to the residents so they can go out to collect water, but INDER has not yet located them. Therefore, he indicates that AyA has not denied water to the appellants; what exists is a technical and legal impossibility to provide their homes with a public drinking water service.

6.- The legal requirements have been observed in these proceedings.

Drafted by Judge Hernández López; and,

Considering:

I.- Purpose of the action. The appellants claim they live in Palmar Sur, on land called Finca Diez, where they are farmers. They indicate they lack public services, and the competent institutions require authorization from the Inder, the landowner, which refuses to help them, for which they consider their fundamental rights violated.

II. Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven

a. The land known as Finca Diez has been the property of the Institute of Rural Development since 2003, and is registered in the Public Registry of Real Property with Registry for the Partido of Puntarenas 74848-000. By decree number 36226-MOPT, published in gazette 212, of November 2, 2010, all administrative procedures necessary to analyze the feasibility of locating and building an international airport in the Zona Sur, on the land identified as Finca Diez, are declared of public interest (report from the respondent and documentation provided); b. On September 27, 2016, at the Ice Agency of Palmar Norte, several neighbors, including Mrs. Miriam del Socorro Mendoza Fallas, submitted a request for electric service to the Costa Rican Electricity Institute, case 2016-22-052, regarding the extension of electric distribution networks for the sector known as Parcelas Finca 10 in Palmar Sur. On September 29, 2016, the Brunca Region Development Execution Area conducted a field study and on October 6, 2016, the Palmar Norte Agency issued official communication number 1725-137-2016, providing a response to the applicant, which was delivered and notified to Mrs. Miriam Mendoza Fallas that same day (report from the respondent).

c. There is a legal impediment to the installation of public drinking water networks in the sector where the appellants live, called Finca Diez, because the title to the land is not held by the appellants but rather the lands belong to the INDER. On the other hand, they are agricultural settlements that have no public roads or easements (servidumbres) and, consequently, from a technical standpoint (urbanization standards), the installation of public networks is not feasible (report from the respondents and documentation provided to the file).

d. AyA placed a tank near the settlement that is supplied daily by tanker truck (report from the respondent); III.- Regarding the conditions of the land where the appellants live. From the report submitted under oath by the Head of the Río Claro Subregional Office of the Institute of Rural Development and the documentation provided to the file, it is evident that the land known as Finca Diez, located in Palmar Sur, has been the property of the Institute of Rural Development since 2003, and is registered in the Public Registry of Real Property with Registry for the Partido of Puntarenas 74848-000. Furthermore, by decree number 36226-MOPT, published in gazette 212, of November 2, 2010, all administrative procedures necessary to analyze the feasibility of locating and building an international airport in the Zona Sur, on the land identified as Finca Diez, were declared of public interest, for which there is a legal limitation that prevents the assignment and titling of said properties, until the declaration of public interest that exists over it is rendered null and void.

IV.On the right to water and the requirements exigible for the request for drinking water service. The jurisprudence of the Chamber is reiterated in recognizing the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. However, this character of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, as the administration can validly establish general requirements that must necessarily be met by each applicant to evaluate their particular request. Thus, in judgment number 2006-1898, at nine hours fifty-three minutes on February 17, 2006 –reiterated, among others, by judgments numbers 2007-13310, at ten hours fifty-seven minutes on September 14, 2007, and 2008-16311, at seventeen hours thirty minutes on October 30, 2008– the Chamber established that:

“The appellant claims (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with drinking water service, arguing that it is a precarious settlement and that its inhabitants lack a segregation plan establishing that they are the owners of the properties. In this regard, it is proven in the record, based on the sworn report provided by the respondent authority, that there is an impossibility to install domiciliary drinking water services in the community inhabited by the appellant for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the lack of submission of applications satisfying legal requirements by the interested parties (…). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 at 1:31 p.m. on October 29, 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to compel the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to circumvent the provisions of its Customer Service Provision Regulations or the General Drinking Water Law. Hence, as long as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, even though the drinking water service must be within the reach of every person as it is an essential service, it cannot be provided to them on a regular basis. Given the existence of those two objective reasons for which it is not possible to supply a regular drinking water service to the plaintiff: their failure to meet the requirements for the connection of a new service, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason to understand that the denial of the regular service provision by the respondent Institute is due to the fact that the protected party and their neighbors lack property titles over the properties they possess. To the above, it should be added that, based on Article 33 of the referenced Regulation, the lack of a property title does not appear to be an obstacle to requesting the connection of a new drinking water service, provided the requirements indicated in that rule are met. In any case, it is also proven that although the regular drinking water service has not been supplied, the appellant and other neighbors have a public fountain that the Institute installed so they can supply themselves for their basic needs. Hence, this Court considers that it has been the omission of the appellant and the residents of the locality, who do not prove having submitted the applications for the installation of a new drinking water service in the community where they live, that has prevented an assessment of their situation to determine if, meeting, above all, the requirements of Article 33 of the Customer Service Provision Regulations, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with a regular drinking water service.” It is understood, then, that although a fundamental right to water exists that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service can well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the drinking water service. This situation means the administration lacks the obligation to provide the drinking water service if there are technical reasons that make it inadvisable or impossible, and must adequately inform the petitioner of the reasons why their request cannot be met.

V.- In the case under study, it is apparent, in the first place, that the appellants have not made a formal request for drinking water service before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. However, the lands are property of the INDER, agricultural settlements that have no public roads or easements (servidumbres) and, consequently, from a technical standpoint (urbanization standards), the installation of public networks is not feasible. Therefore, according to the jurisprudence of this Chamber, in the case under analysis, a violation of the fundamental rights of the protected parties, who have not completed a process that meets the requirements established in current regulations to obtain the drinking water service, is ruled out. The Chamber appreciates that, in order to guarantee the right to health of the appellants and their families, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers placed a tank near the settlement that is supplied daily by tanker truck, so they can meet their most basic drinking water needs. For all the above, the action must be dismissed regarding this point.

VI.- On access to electric energy service. This Court, in judgment number 2010-16655 at 10:57 a.m. on October 8, 2010, reiterated what was stated in vote number 2009-15961 at 11:09 a.m. on October 16, 2009, which, as relevant, provided:

\" (...) it must be evaluated, without losing sight of the meaning and the principles of every public service, that constitutional jurisprudence has sustained the thesis that, faced with legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulations) or faced with technical or material impossibility (which is the lack of infrastructure), it is reasonable that, in places where the construction of infrastructure is needed, the interested party assumes the costs of its construction and installation. Thus, it is not a matter of a denial of access to the service, but of the necessary participation and collaboration of the interested party in overcoming the technical impossibility, in this case the lack of infrastructure. Of course, the entities in charge of providing public services have the obligation to continuously expand their infrastructure so that more and more people have access; however, as long as gaps remain, the collaboration of the interested parties is essential (…)”.

In the case of the appellants, the Chamber appreciates that the procedure for the extension of electric distribution networks for the sector known as Parcelas Finca 10 in Palmar Sur was filed by a group of neighbors on September 27, 2016, at the Ice Agency of Palmar Norte. The application was recorded in the name of Mrs. Miriam del Socorro Mendoza Fallas, and was assigned case number 2016-22-052. Once the field study was conducted on September 29, 2016, by the Brunca Region Development Execution Area, on October 6, 2016, the Palmar Norte Agency issued official communication number 1725-137-2016, providing a response to the applicant, which was delivered and notified to Mrs. Miriam Mendoza Fallas that same day, indicating that the project is included in the national list of pending works to be executed at the appropriate time when operational capacity is available, budget allocation, the procedures for external authorizations from other institutions, such as before SETENA and MINAET, plus another series of administrative requirements are fully met in accordance with the principle of legality. The foregoing, because in the field study of September 29, 2016, it was determined that the properties lack electro-energetic availability to provide the requested service, as it is necessary to carry out an extension of the distribution system, and on the other hand, said dwellings do not comply with the current technical regulations governing the commercialization of the electric service AR-NT-SUCOM of the Regulatory Authority of Public Services (ARESEP), therefore the project is neither legally nor technically viable. From the foregoing, it appears that there has been no arbitrary refusal by the Costa Rican Electricity Institute to provide electricity service to the appellants, but rather that, in response to a procedure filed after the submission of this amparo action, the corresponding field study was promptly conducted and a response was provided indicating the technical and legal reasons why the service cannot be provided by the institute. Therefore, regarding this point, the action must be declared without merit.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The action is declared WITHOUT MERIT.

Ernesto Jinesta L.

President Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Jose Paulino Hernández G.

Alicia Salas T.

Yerma Campos C.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *160128380007CO* Res. Nº 2016017614 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dos de diciembre de dos mil dieciseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 16-012838-0007-CO, interpuesto por ARISTIDES MORA SÁNCHEZ, cédula de identidad 0602430412, EUGENIO DE LA TRINIDAD GRAJAL QUIRÓS, cédula de identidad 0601940299, HUGO HUMBERTO DE JESÚS NÚÑEZ CHINCHILLA, cédula de identidad 0600920105, JAVIER RICARDO RODRÍGUEZ CECILIANO, cédula de identidad 0106030690, JAVIER UMAÑA VILLANUEVA, cédula de identidad 0602720627, JESÚS ALBERTO SALAZAR VILLARREAL, cédula de identidad 0601640182, JESÚS MANUEL SIBAJA GUERRA, cédula de identidad 0603870969, JOSÉ MENARDO SERRACIN CHAVES, cédula de identidad 0602400664, MIRIAM DEL SOCORRO MENDOZA FALLAS, cédula de identidad 0601040204, ROBERTO DEL CARMEN PEREZ VÁSQUEZ, cédula de identidad 0501000757, contra el GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL INDER y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD.

Resultando:

1.- En memorial presentado a la Sala el 21 de setiembre de 2016 los recurrentes interponen recurso de amparo y manifiestan que forman parte del grupo denominado "Parceleros Agricultores de Finca 10"; unas 80 familias que tienen entre 10 y 15 años de habitar en terrenos arrendados a la Compañía Bananera de Costa Rica, que fueron abandonados desde hace 35 años. Se han dedicado a la agricultura para su propio consumo. Señalan que han tratado de obtener un título de propiedad, ante el Ida y luego ante el Inder. No obstante, su situación no ha podido ser resuelta. Refieren que, tanto de manera grupal, como individual, se han apersonado ante las instituciones recurridas, con tal de obtener el servicio público de agua potable y se les ha indicado que no tendrían problema, siempre y cuando, el INDER brinde la correspondiente autorización. Empero, al comunicarse con los personeros de esta institución, no han mostrado interés en ayudarlos. Aportan copia de gestiones presentadas en la Oficina Regional del INDER en Río Claro, con fecha 13 de julio de 2014 y del oficio No. OSRC-0185-2016 de 22 de febrero de 2016, suscrito por el Subgerente de la Oficina Regional del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Jefe de la Oficina Subregional del INDER, ambos de Río Claro, dirigidos a la sede central de la Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Afirman estar conscientes que, para ser dueños o permisionarios de las parcelas que habitan, deben seguir los procedimientos correspondientes, pero, mientras tanto, desean contar con los servicios mínimos, los cuales son indispensables para su calidad de vida y realizar las tareas básicas diarias de aseo, alimentación y otros, toda vez que, dentro de su comunidad hay menores de edad, adultos mayores y personas con necesidades especiales.

2.- Por cumplida la prevención realizada por resolución de las 16:17 del de 21 de setiembre de 2016, la Presidencia de la Sala le dio curso al amparo por resolución de las 13:36 horas del 30 de setiembre de 2016.

3.- Ricardo Valverde Castro, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de Río Claro del Inder, rindió el informe de ley y manifestó que el terreno en el cual indican los recurrentes, conocido como Finca Diez es propiedad del Instituto de Desarrollo Rural desde el 2003, y está inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, por lo que toda ocupación y actividad de siembra debe estar precedida por un acuerdo de declaratoria de idoneidad, adjudicación o arrendamiento, que permita permanecer en dichos terrenos, de lo contrario se trata de ocupantes de hecho, quienes ingresan a los terrenos en forma ilegítima contraviniendo la Ley de Tierras y Colonización. Al momento de la adquisición de los terrenos de “Finca Diez” no se tenía conocimiento de la existencia de ocupantes, y el ingreso de algunos de ellos ocurre en 2004 y luego en el 2009, sin contar con autorización por parte del Instituto de mala fe, pues sabían que eran terrenos pertenecientes al Instituto de Desarrollo Agrario, y manifiestan haber tratado de obtener un título de propiedad, en su momento, con el Ida y posteriormente en el Inder. Agrega que la Dirección de Aviación Civil estudia la posible construcción de un Aeropuerto Internacional en el terreno, y por decreto número 36226-MOPT, publicado en la gaceta 212, del 2 de noviembre del 2010, se declara de interés público todas las gestiones administrativas necesarias para analizar la factibilidad de ubicar y construir un aeropuerto internacional en la Zona Sur, en el terreno identificado como Finca Diez, situación que impide que el Inder pueda declarar idóneos, asignar y titular a cualquier ocupante de dichos terrenos. La Comisión Coordinadora del aeropuerto y el Instituto de Desarrollo Rural han procurado una salida consensuada al problema de los ocupantes de Finca Diez, mediante una reubicación a una finca que reúna condiciones adecuadas, sin que medie desalojos de los ocupantes. En este sentido se procedió a realizar estudios de selección de familias a 76 ocupantes en precario de la finca en el año 2013, con la finalidad de brindarles una solución. Agrega que el Instituto de Desarrollo Rural, valora la posibilidad de arrendar los terrenos ocupados dentro de Finca Diez, sobre el cual recae la declaratoria de interés público, hasta el tanto se tengan los resultados del estudio o la ejecución del proyecto del aeropuerto. Solicitan se declare sin lugar el recurso.

4.- Eugenio Barrios Castillo, en condición de Coordinador de Agencia Palmar Norte de la Región Brunca del Instituto Costarricense de Electricidad manifestó que previo a la instalación del servicio eléctrico el ICE está facultado para solicitar que el usuario cumpla los requisitos técnicos que al respecto establece la ARESEP, los cuales son de acatamiento obligatorio. En el presente caso, es la "Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión" AR-NT-SUCOME, cuyo artículo 32 "impedimentos para brindar un nuevo servicio eléctrico", punto "d", dice lo siguiente: “d. No exista red de distribución o no se tenga capacidad eléctrica en la red. En caso de que se pueda subsanar el problema con una extensión de línea o adecuación de la red, la empresa cobrará el costo de realizarla al interesado. i. Cuando la persona que solicita el servicio no sea el dueño registral de la edificación para la cual lo solicita, salvo que cuente con autorización escrita del propietario o demuestre el trámite de gestión posesional”. Manifiesta que el presente recurso se refiere al expediente administrativo de la solicitud de la señora Miriam del Socorro Mendoza Fallas, caso 2016-22-052 relativa a la extensión de redes de distribución eléctrica para el sector conocido como Parcelas Finca 10 de Palmar sur. Los demás recurrentes se han presentado en forma individual y verbal, por lo que solo se tiene registro de la solicitud de Miriam del Socorro Mendoza Fallas con el objeto de electrificar el sector de las parcelas de finca 10 de Palmar Sur. Indica que el 29 de setiembre de 2016 el Área de Ejecución de Desarrollo Región Brunca realiza estudio de campo. El 6 de octubre del 2016 la Agencia de Palmar Norte emite el oficio número 1725-137-2016 de respuesta para la parte recurrente, entregada y notificada a la señora Miriam Mendoza Fallas ese mismo día. Se le informa que la obra está incluida dentro de lista nacional de obras pendientes a ser ejecutadas en el momento oportuno en que se cuente con la capacidad operativa, la asignación de presupuesto, las diligencias de autorizaciones externas de otras instituciones, tales como ante SETENA y el MINAET, más otra serie de requisitos administrativos se cumplan a cabalidad conforme al principio de legalidad. Con base en el estudio de campo de 29 de setiembre del 2016 se determina que las propiedades no cuentan disponibilidad electro-energética para brindar el servicio solicitado, pues es necesario realizar una extensión del sistema de distribución, y por otro lado dichas viviendas no cumplen la normativa técnica vigente que regula la comercialización del servicio eléctrico AR-NT-SUCOM de la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos (ARESEP) por lo que el proyecto no es viable jurídicamente. Por ello, la solicitud de obra no ha sido incorporada en la Lista Nacional de Obras de Electrificación. Finalmente destaca que del estudio de campo que se realizó, ninguno de los habitantes de las 8 (viviendas) reportaron razones de urgente necesidad (como por ejemplo: personas discapacitadas con oxígeno-dependientes). Por todo lo anterior, considera que no se ha lesionado el derecho de acceso al servicio eléctrico de los recurrentes.

5.- José Alberto Moya Segura, Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados rindió el informe de ley y manifestó que el Instituto no ha negado a los recurrentes el servicio de agua potable pues no ha emitido acto administrativo alguno donde se le haya aprobado o negado la prestación del servicio público. Manifiesta que los recurrentes no han presentado documento alguno ante el instituto a fin de solicitar el servicio de agua potable. Sin embargo, por imperativo de Ley (de Agua Potable) en su artículo 12, la deuda de agua potable impone hipoteca legal sobre el bien o bienes en que recae la obligación de pagarlo, por esto es que todo usuario del servicio debe poseer título de propiedad o bien si los terrenos pertenecen a una institución Pública, esta debe hacerse responsable de la instalación de los servicios (como es el caso de los recurrentes). En este caso se trata de terrenos propiedad del INDER. Por otra parte son asentamientos agrícolas que no tienen calles públicas ni servidumbres y por ende desde el punto de vista técnico (normas de urbanización) no es factible la instalación de redes públicas. A pesar de lo anterior, desde hace aproximadamente 20 meses el AyA colocó próximo al asentamiento un tanque que se abastece todos los días mediante camión cisterna, igualmente se le ha solicitado a funcionarios del INDER que coloquen algunos tanques sobre la vía pública en donde les quede más accesible a los pobladores para que puedan salir a recoger agua, pero aun el INDER no los ha ubicado. Por lo anterior, indica que el Ay A no ha negado el agua a los recurrentes lo que existe es la imposibilidad de carácter técnico y legal para dotar a sus viviendas de un servicio público de agua potable.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso . Los recurrentes alegan que viven en Palmar Sur, en un terreno llamado Finca Diez, donde son agricultores. Indican que carecen de servicios públicos, y las instituciones competentes les exigen autorización del Inder, propietario de los terrenos, que no les quiere ayudar por lo que consideran violados sus derechos fundamentales.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a. El terreno conocido como Finca Diez es propiedad del Instituto de Desarrollo Rural desde el 2003, y está inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble con Matrícula del Partido de Puntarenas 74848-000. Por decreto número 36226-MOPT, publicado en la gaceta 212, del 2 de noviembre del 2010, se declara de interés público todas las gestiones administrativas necesarias para analizar la factibilidad de ubicar y construir un aeropuerto internacional en la Zona Sur, en el terreno identificado como Finca Diez, (informe del recurrido y documentación aportada); b. El 27 de setiembre de 2016 en la Agencia del Ice de Palmar norte varios vecinos entre ellos la señora Miriam del Socorro Mendoza Fallas hacen solicitud de servicio eléctrico ante el Instituto Costarricense de Electricidad, caso 2016-22-052, relativa a la extensión de redes de distribución eléctrica para el sector conocido como Parcelas Finca 10 de Palmar sur. El 29 de setiembre de 2016 el Área de Ejecución de Desarrollo Región Brunca realiza estudio de campo y el 6 de octubre del 2016 la Agencia de Palmar Norte emite el oficio número 1725-137-2016, donde se le da respuesta a la solicitante que fue entregada y notificada a la señora Miriam Mendoza Fallas ese mismo día (informe de la recurrida).

c. Existe impedimento jurídico para la instalación de redes públicas de agua potable en el sector donde habitan los recurrentes denominado Finca Diez pues la titularidad del terreno no la ostentan los recurrentes sino que son terrenos del INDER. Por otra parte son asentamientos agrícolas que no tienen calles públicas ni servidumbres y por ende desde el punto de vista técnico (normas de urbanización) no es factible la instalación de redes públicas (informe de los recurridos y documentación aportada al expediente).

d. El A y A colocó próximo al asentamiento un tanque que se abastece todos los días mediante camión cisterna (informe del recurrido); III.- Sobre las condiciones del terreno en que habitan los recurrentes. Del informe rendido bajo fe de juramento por el Jefe de la Oficina Subregional de Río Claro del Instituto de Desarrollo Rural y la documentación aportada al expediente se desprende que el terreno conocido como Finca Diez, ubicado en Palmar Sur, es propiedad del Instituto de Desarrollo Rural desde el 2003, y está inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble con Matrícula del Partido de Puntarenas 74848-000. Además, por decreto número 36226-MOPT, publicado en la gaceta 212, del 2 de noviembre del 2010, se declara de interés público todas las gestiones administrativas necesarias para analizar la factibilidad de ubicar y construir un aeropuerto internacional en la Zona Sur, en el terreno identificado como Finca Diez por lo que existe una limitante legal que impide asignar y titular dichos predios, hasta tanto no se deje sin efecto la declaratoria de interés público que existe sobre el mismo.

IV.Sobre el derecho al agua y los requisitos exigibles en la solicitud de servicio de agua potable. La jurisprudencia de la Sala es reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Así, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del 17 de febrero de 2006 –reiterada, entre otras, por sentencias números 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del 14 de setiembre de 2007, y 2008-16311, de las diecisiete horas treinta minutos del 30 de octubre de 2008- estableció la Sala que:

“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma. En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.” Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud.

V.- En el caso de estudio se desprende, en primer término, los recurrentes no han hecho solicitud formal del servicio de agua potable ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Sin embargo, se trata de terrenos propiedad del INDER, asentamientos agrícolas que no tienen calles públicas ni servidumbres y por ende desde el punto de vista técnico (normas de urbanización) no es factible la instalación de redes públicas. De manera que, según la jurisprudencia de esta Sala, en el casi de análisis se descarta la vulneración de los derechos fundamentales de los amparado quienes no han hecho gestión que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente a fin de que se les suministre el servicio de agua potable . La Sala aprecia que a efecto de garantizar el derecho a la salud de los recurrentes y sus familias el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados colocó próximo al asentamiento un tanque que se abastece todos los días mediante camión cisterna, de manera que puedan satisfacer sus necesidades más básicas de agua potable. Por todo lo anterior, el recurso debe ser desestimado en cuanto a este extremo.

VI.- Sobre el acceso al servicio de energía eléctrica. Este Tribunal en la sentencia número 2010-16655 de las 10:57 horas del 8 de octubre de 2010, reiteró lo señalado en el voto número 2009-15961 de las 11:09 horas del 16 de octubre de 2009, que en lo que interesa dispuso:

" (...) debe valorarse, sin perder de vista el significado y los principios de todo servicio público, que la jurisprudencia constitucional ha sostenido la tesis de que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad técnica o material (que es la falta de infraestructura), es razonable que, en los lugares donde se necesite la construcción de infraestructura, el interesado asuma los costos de su construcción e instalación. Así, no es que se trate de una negativa del acceso al servicio, sino de la necesaria participación y colaboración del interesado en el levantamiento de la imposibilidad técnica, en este caso la falta de infraestructura. Por supuesto, los entes encargados de la prestación de servicios públicos tienen la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso cada vez más personas; no obstante, mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados (…)”.

En el caso de los recurrentes, la Sala aprecia que la gestión para la extensión de redes de distribución eléctrica para el sector conocido como Parcelas Finca 10 de Palmar Sur fue formulada por un grupo de vecinos el 27 de setiembre de 2016 en la Agencia del Ice de Palmar Norte. La solicitud se consignó a nombre de la señora Miriam del Socorro Mendoza Fallas, y se le asignó el número de caso 2016-22-052. Una vez hecho el estudio de campo el 29 de setiembre de 2016 por parte del Área de Ejecución de Desarrollo Región Brunca el 6 de octubre del 2016 la Agencia de Palmar Norte emite el oficio número 1725-137-2016, donde se le da respuesta a la solicitante que fue entregada y notificada a la señora Miriam Mendoza Fallas ese mismo día, indicándole que la obra está incluida dentro de lista nacional de obras pendientes a ser ejecutadas en el momento oportuno en que se cuente con la capacidad operativa, la asignación de presupuesto, las diligencias de autorizaciones externas de otras instituciones, tales como ante SETENA y el MINAET, más otra serie de requisitos administrativos se cumplan a cabalidad conforme al principio de legalidad. Lo anterior, por cuanto en el estudio de campo de 29 de setiembre del 2016 se determinó que las propiedades no cuentan disponibilidad electro-energética para brindar el servicio solicitado, pues es necesario realizar una extensión del sistema de distribución, y por otro lado dichas viviendas no cumplen la normativa técnica vigente que regula la comercialización del servicio eléctrico AR-NT-SUCOM de la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos (ARESEP) por lo que el proyecto no es viable jurídica ni técnicamente. De lo anterior se desprende que no ha habido una negativa arbitraria del Instituto Costarricense de Electricidad de brindar el servicio de electricidad a los recurrentes, sino que ante una gestión formulada después de la presentación de este recurso de amparo, en forma célere se hizo el estudio de campo correspondiente y se les dio respuesta indicando las razones técnicas y jurídicas por las cuales el servicio no puede ser brindado por el instituto. De manera que en cuanto a este extremo, el recurso debe ser declarado sin lugar.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara SIN LUGAR el recurso.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Jose Paulino Hernández G.

Alicia Salas T.

Yerma Campos C.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *XM5RBDT5FRA61*

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