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Res. 01639-2015 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/02/2015

Amparo for black water contamination in Lomas del Bosque urbanizationAmparo por contaminación de aguas negras en urbanización Lomas del Bosque

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted, ordering AyA and the Ministry of Health to conduct technical tests and issue corrective measures within set deadlines, with warning of criminal disobedience charges.Se declara con lugar el amparo y se ordena a AyA y al Ministerio de Salud ejecutar pruebas técnicas y dictar medidas correctivas en plazos determinados, bajo apercibimiento de desobediencia.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo filed by a resident of the Lomas del Bosque urbanization in Desamparados against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) and the Ministry of Health. The plaintiff reported a two-year leak of black water from the public sewer system that had not been addressed despite repeated complaints. The Chamber found that both AyA and the local Health Area failed to fulfill their monitoring and control duties, violating the rights to health and a healthy environment under Articles 21 and 50 of the Constitution. Evidence showed the spill resulted from illegal wastewater connections by residents to the stormwater network, and that authorities had not acted with due diligence. The ruling orders both entities to conduct technical tests to identify the responsible households and implement corrective measures within strict deadlines, warning of criminal sanctions for noncompliance. The State and AyA were also ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por una vecina de la urbanización Lomas del Bosque, en Desamparados, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Salud. La recurrente denunció una fuga de aguas negras en el alcantarillado público que persistía desde hacía dos años, pese a múltiples reportes. La Sala determinó que AyA y el Área Rectora de Salud de Desamparados omitieron ejercer sus funciones de vigilancia y control, lo que configura una violación a los derechos a la salud y a un ambiente sano, protegidos en los artículos 21 y 50 de la Constitución. Se acreditó que el derrame provenía de conexiones ilícitas de aguas residuales realizadas por vecinos a la red pluvial, y que las autoridades no actuaron con la diligencia debida. La sentencia ordena a ambas instituciones realizar pruebas técnicas para identificar las viviendas responsables y adoptar medidas correctivas en plazos perentorios, bajo apercibimiento de desobediencia. Además, condena al Estado y a AyA al pago de costas, daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

VI.- CONCLUSION: The Chamber concludes that in this case we are facing a serious health problem that affects the environment and the health of the inhabitants of the Lomas del Bosque Urbanization in Los Guidos, Desamparados, and in repeated case law the Chamber has said that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment and the right to health due to the inability of the relevant public authorities to effectively exercise the powers of surveillance and the solution to the problems granted by law. From the documents and sworn reports in the record, it follows that the respondent authorities, despite having full knowledge of the problem set forth herein, have not taken the necessary actions to guarantee the health of the inhabitants and the protection of the environment. In conclusion, this Chamber finds that both the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Ministry of Health have been negligent in the fulfillment of their duties, thus incurring in responsibility by omission in the exercise of those powers which, in turn, violates the unenumerated or atypical constitutional right of citizens to receive efficient and effective public services. VII.- NOTE OF JUDGES JINESTA LOBO AND SALAZAR ALVARADO, WITH THE FORMER DRAFTING. The undersigned Judges clarify that although environmental matters, when there is administrative intervention of any kind, they refer them to the contentious-administrative jurisdiction, the truth is that in the case of complaints alleging pollution from the flow of black water that affects, in turn, the occupants of several houses - as in the present case - they will not do so. This is because other rights of the neighbors of the polluting source are at stake, such as health and the enjoyment of a dignified quality of life.VI.- CONCLUSIÓN: La Sala concluye que en el presente caso, nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al ambiente y la salud de los habitantes de la Urbanización Lomas del Bosque en Los Guidos de Desamparados  y en reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley.  De los documentos y los informes rendidos bajo juramento que constan en el expediente, se desprende que las autoridades recurridas, a pesar de que tienen pleno conocimiento del problema aquí expuesto, no han realizado los actos necesarios para garantizar la salud de los habitantes y la protección al ambiente. En conclusión, estima esta Sala que tanto el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como del Ministerio de Salud han sido omisas en el cumplimiento de sus funciones, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesiona el derecho constitucional innominado o atípico de los ciudadanos a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces. VII.- NOTA DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y SALAZAR ALVARADO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Los suscritos Magistrados aclaran que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remiten a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de denuncias donde se alega contaminación proveniente del discurrir de aguas negras que afecta, a su vez, a los ocupantes de varias casas de habitación -como sucede en el caso concreto-, no lo harán así. Esto, por cuanto, se encuentran en juego otros derechos de los vecinos de la fuente contaminante, tales como la salud y a gozar de un nivel digno de calidad de vida.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La Sala concluye que en el presente caso, nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al ambiente y la salud de los habitantes ... no se ha realizado los actos necesarios para garantizar la salud de los habitantes y la protección al ambiente."

    "The Chamber concludes that in this case we are facing a serious health problem that affects the environment and the health of the inhabitants ... the necessary acts to guarantee the health of the inhabitants and the protection of the environment have not been carried out."

    Considerando VI

  • "La Sala concluye que en el presente caso, nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al ambiente y la salud de los habitantes ... no se ha realizado los actos necesarios para garantizar la salud de los habitantes y la protección al ambiente."

    Considerando VI

  • "Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental así como al derecho a la salud de los habitantes son de relevancia constitucional."

    "Furthermore, omissions in the duty to protect the environment and to comply with environmental regulations, as well as the right to health of the inhabitants, are of constitutional relevance."

    Considerando IV

  • "Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental así como al derecho a la salud de los habitantes son de relevancia constitucional."

    Considerando IV

  • "Se ordena a Eduardo Lezama Fernández ... y a Karla Obando Mata ... que dentro del plazo de DOS MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, ejecuten las pruebas técnicas requeridas ... Una vez efectuado lo anterior, ... deberán dictar las medidas pertinente a fin de resolver dicha situación en un plazo no mayor de SEIS MESES."

    "Eduardo Lezama Fernández ... and Karla Obando Mata ... are ordered to, within TWO MONTHS from notification of this judgment, carry out the required technical tests ... Once the above is completed, ... they must issue the pertinent measures to resolve the situation within a period not exceeding SIX MONTHS."

    Por tanto

  • "Se ordena a Eduardo Lezama Fernández ... y a Karla Obando Mata ... que dentro del plazo de DOS MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, ejecuten las pruebas técnicas requeridas ... Una vez efectuado lo anterior, ... deberán dictar las medidas pertinente a fin de resolver dicha situación en un plazo no mayor de SEIS MESES."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Res. No. 2015001639 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours five minutes on the sixth of February two thousand fifteen.

Amparo action filed by Jacqueline Griselda Ramírez Sánchez, residence ID card 155815904508, against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Whereas:

Having reviewed the case file; Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE ACTION: The petitioner alleges that for the past 2 years, in the Lomas del Bosque residential development in Desamparados, there has been a leak of raw sewage (aguas negras), which comes out through the public sewer system. She claims that this problem has been reported to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on many occasions; however, it has not provided any solution or response.

II.- PROVEN FACTS: The following facts are deemed duly proven as important for the decision in this matter, either because they have been credited as such or because the respondent omitted referring to them as provided in the initial order:

a. Sanitary sewer systems are collection networks that are requested from residential development builders for the purpose of having those systems placed underground at the time the development's roads and sidewalks are constructed (see electronic record).

b. On January 6, 2015, Engineer Juan Pablo Vargas, an official of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, conducted an inspection in the Lomas del Bosque Residential Development and verified a spill on one of the streets, a spill that apparently is due to illicit connections by the neighbors (see electronic record).

c. The Lomas del Bosque Residential Development located in Los Guidos, Desamparados, has a sanitary sewer network built since 2011 (see electronic record).

d. The disposal of wastewater (aguas residuales) was authorized by municipal authorities through the use of a septic tank (tanque séptico) (see electronic record).

e. Through official communication No. SB-GSGAM-RT-2014-0576, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados notified the Director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Desamparados of the existing environmental problem in the Lomas del Bosque Residential Development so that they would proceed to notify the responsible neighbors and thereby seal the intended sanitary network (see electronic record).

f. On January 26, 2015, the Health Governing Area conducted an inspection, and it was observed that the stormwater sewer (alcantarillado de aguas pluviales) was saturated and overflowing onto the public street (see inspection report CS-ARS-D-ERS-AI-0107-2015).

g. Through official communication SB-GSGAM-RT-2015-009 dated January 6, 2015, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requested the Health Governing Area of Desamparados for collaboration regarding the wastewater spill affecting the neighbors of the Lomas del Bosque Residential Development in Los Guidos, Desamparados – a communication in which it reiterated what was stated in official communication SB-GSGAM-RT-2014-0576 dated June 18, 2014 – (see electronic record).

h. The Lomas del Bosque residential development consists of an area of 400 meters, with houses on both sides and with five entrances, approximately 150 to 200 houses, on which the respective fluorescein dye tests must be performed to verify which of these illicitly discharge wastewater into the stormwater sewer, since the underground connections of said houses cannot be detected through simple observation by the inspector (see electronic record).

III.- ON THE RIGHT TO HEALTH: Article 21 of the Political Constitution states: "Human life is inviolable." It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being, undeniably derives, a human right that is inextricably linked to the right to health and the State's obligation to protect human life. The State is obliged to take the necessary measures to protect the environment and avoid levels of contamination that endanger the health of the inhabitants. Precisely, in matters of public health, the State, through its institutions, must always be vigilant of activities potentially harmful to public health, for which it must exercise constant and effective control.

IV.- ON THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: In the case under analysis, the petitioners report a leak of raw sewage (aguas negras), which comes out through the public sewer system, and constitutional jurisprudence has indicated that the protection of the environment is a task that corresponds to everyone equally, that is, there is an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid levels of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or inadequate use of natural resources, which endanger the health of the governed. In this task, by public institution, it must be understood to include both the Central Administration –Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized departments in the matter, and without forgetting, of course, the municipalities which have great responsibility regarding their territorial jurisdiction. It is for this reason that one might think this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber previously –and quite clearly– referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in the realization of common purposes –which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function–, for which it refers to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, at fourteen hours thirty minutes on the fourteenth of July nineteen ninety-nine):

"So that coordination is the ordering of the relationships among these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. As there is no hierarchical relationship of decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of certain conducts on these is not possible, with which the essential inter-institutional ‘agreement’ arises, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, which results in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of it (through the ‘administrative oversight’ of the State, and specifically, in the function of control of legality that it is responsible for, with powers of general oversight over the entire sector).” On the other hand, omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations, as well as the right to health of the inhabitants, are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration's inertia in these matters, serious damage can be caused to the health of a community, to the environment, and to natural resources.

V.- ON THE MERITS: By virtue of the participation of different administrative entities in this matter, an analysis of the actions of each of them will be carried out separately. REGARDING THE ACTIONS OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS: Through its Constitutive Law, Law No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the institution created by law to direct and supervise everything related to providing the inhabitants of the Republic with a service for the collection and evacuation of raw sewage (aguas negras), liquid industrial waste, and stormwater (aguas pluviales) in urban areas. In this regard, Article 2° states, in the pertinent part, the following:

"Article 2.- (*) The following corresponds to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

  • a)Direct and supervise everything related to providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection, and evacuation of raw sewage (aguas negras) and liquid industrial waste and stormwater (aguas pluviales) in urban areas; b) Determine the priority, convenience, and feasibility of the different projects proposed to construct, reform, expand, modify aqueduct and sewer works; which may not be executed without its approval; c) Promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination; d) Advise the other State agencies and coordinate public and private activities in all matters relating to the establishment of aqueducts and sewers and control of the contamination of water resources, its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations inexcusable; e) Prepare all plans for public works related to the purposes of this law, as well as approve all those for private works related to aqueduct and sewer systems, as determined by the respective regulations; (...)
  • g)Administer and directly operate the aqueduct and sewer systems throughout the country, which will be taken over gradually, taking into account convenience and availability of resources. Systems that are currently administered and operated by municipal corporations may continue under their charge, as long as they provide efficient service.

Under no circumstances may it delegate the administration of the aqueduct and sanitary sewer systems of the Metropolitan Area.

Nor may it delegate the administration of systems over which there is financial responsibility and while this corresponds directly to the Institute.

  • h)Enforce the General Potable Water Law, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the ministries and municipalities indicated in said law; i) Construct, expand, and reform aqueduct and sewer systems in those cases where it is necessary and so advised by the better satisfaction of national needs; and j) Control the adequate investment of all resources that the State allocates for aqueduct and sanitary sewer works." Thus, by legal imperative, it is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to administer and directly operate the aqueduct and sewer systems throughout the country. Although the partially transcribed norm indicates that systems that are currently being administered and operated by municipal corporations may continue under their charge, it is also clear in establishing that this is so "as long as they provide efficient service." Consequently, attending to the powers set forth in the Law, the respondent Institute is the competent body to direct and supervise everything related to providing the inhabitants of the Republic with an adequate service for the collection and evacuation of raw sewage (aguas negras) in urban areas. Certainly, those responsible for the reported events are the people who live in the Lomas del Bosque Residential Development in Los Guidos, Desamparados, since it was demonstrated, according to an inspection carried out on January 6, 2015, that there is a spill on one of the streets resulting from illicit connections that the neighbors of the site themselves have caused by connecting wastewater outlets from their dwelling houses to the intended network. However, it is not only the lack of oversight by other authorities, but also the negligence of this Institution that makes it co-responsible for the noted environmental violations and, therefore, it shall be its responsibility to provide technical advice and the required collaboration, so that, as they indicate, in coordination with the Ministry of Health and the corresponding local government, they notify the property owners so that within a reasonable period they eliminate the connection to the network and dispose of their wastewater through a septic tank (tanque séptico) and its respective drainage. REGARDING THE ACTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH: While it is true that the State must respect the rights of individuals, it is also true that it must ensure the well-being of the community. Public Health and the protection of the environment are principles protected both at the constitutional level (articles 21, 50, 73, and 89 of the Magna Carta), and through international regulations. In this case, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions, whereby the Ministry of Health not only has the duty to enforce the General Health Law, but also to protect public health, which is classified as a matter of public interest, since the rights to health and to a healthy environment free from contamination –at least below the limits tolerable for human beings– are fundamental, inalienable rights, whose violation cannot be legitimately consented to. Now, from the report submitted to this Chamber and the documentary evidence provided, it is taken as proven that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados had indeed previously requested the health authority's collaboration to solve the contamination problem presented in the Lomas del Bosque, Miracruz, and La Rosita Residential Developments before the petitioner came before this Chamber. However, it was not until the occasion of the filing of this amparo and the reiteration by the respondent Institute through official communication SB-GSGAM-RT-2015-009 dated January 6, 2015, that the Health Governing Area of Desamparados carried out the on-site inspection and determined that "at the site, there are around 150 to 200 houses on which the respective fluorescein dye tests must be performed to verify which of these illicitly discharge wastewater into the stormwater sewer (alcantarillado pluvial), since the underground connections of said houses cannot be detected through simple observation by the inspector." Therefore, it was on the occasion of the filing of this amparo that the respondent authority addressed the sanitary problem, an action that evidently put the health of the sector's neighbors at risk. In summary, the health authority did not give the importance the case warranted to the serious water contamination problem presented by the management of wastewater due to the action of some neighbors and has omitted to fulfill its obligation to ensure the population's right to health and, therefore, such omission has caused injuries to the fundamental rights of all the inhabitants of the place. It is appropriate to remind the respondent authority, as was done with the other respondent institutions, of its obligation –as part of the State– to guarantee, defend, and preserve everyone's right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. In its particular case, this is an even clearer duty, since constitutional protection covers and links the ecologically balanced environment with the fundamental right to health, both on the psychic and physical levels, with General Health Law number 5395 establishing, in its first article, that the health of the population is a matter of public interest protected by the State and, in its second article, that it corresponds to the Executive Branch, through the Ministry of Health, the definition of the national health policy, the regulation, planning, and coordination of all public and private activities relating to health, as well as the execution of those activities that correspond to it according to the law; likewise, that it shall have powers to enforce its orders even with the help of the public force in protection of the legal right it is called upon to safeguard.

VI.- CONCLUSION: The Chamber concludes that in the present case, we are faced with a serious sanitary problem that affects the environment and the health of the inhabitants of the Lomas del Bosque Residential Development in Los Guidos, Desamparados, and in reiterated jurisprudence, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the oversight powers and the solution to the problems granted by law. From the documents and the reports rendered under oath that are contained in the case file, it is clear that the respondent authorities, despite having full knowledge of the problem set forth here, have not performed the necessary acts to guarantee the health of the inhabitants and the protection of the environment. In conclusion, this Chamber finds that both the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health have been negligent in the fulfillment of their functions, thus incurring responsibility for omission in the exercise of those powers, which, in turn, injures the unnamed or atypical constitutional right of citizens to be provided with efficient and effective public services.

VII.- NOTE BY MAGISTRATES JINESTA LOBO AND SALAZAR ALVARADO, DRAFTED BY THE FORMER. The undersigned Magistrates clarify that although they refer environmental matters, when there is administrative intervention of any kind, to the contentious-administrative jurisdiction, the truth is that in the case of complaints alleging contamination from the flow of raw sewage (aguas negras) that affects, in turn, the occupants of several dwelling houses –as happens in the specific case–, they will not do so. This is because other rights of the neighbors of the contaminating source are at stake, such as health and the enjoyment of a dignified level of quality of life.

VIII.- ADDITIONAL REASONS BY MAGISTRATE HERNANDEZ LOPEZ. In the case of actions for environmental matters, I maintain as a general line that this Chamber should refrain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, to leave their hearing in the hands of the administrative justice system and the contentious-administrative jurisdiction. But I have also warned that my approach does not prevent recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would indeed be even better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infractions that also put people's health at direct risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a glaring absence of protection by state authorities is verified, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also believe that amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately addressed within it. In the specific case, it is observed that the situation raised falls within such exceptional cases because a noise pollution problem is claimed, the existence of which constitutes, without any doubt, an effect on people's health, and this is taken as proven in the list of proven facts, so that in this situation I concur with the majority that this Court must hear and decide on the merits of this case, as has been done.-

Therefore:

The action is granted for violation of Articles 21 and 50 of the Political Constitution. Eduardo Lezama Fernández, in his capacity as Deputy Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Karla Obando Mata, in her capacity as Acting Director of the Health Governing Area of Desamparados, or whoever holds those positions, are ordered to, within the period of TWO MONTHS counted from the notification of this judgment, carry out the required technical tests to determine in which houses of the Lomas del Bosque residential development in Los Guidos, Desamparados, wastewater and raw sewage (aguas residuales y negras) are being irregularly discharged. Once the foregoing is done, Eduardo Lezama Fernández and Karla Obando Mata, in their respective roles as Deputy Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and Acting Director of the Health Governing Area of Desamparados, or whoever holds those positions, must issue the pertinent measures to resolve said situation within a period not exceeding SIX MONTHS. The respondents are warned that failure to comply with said order will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The State and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify this resolution to Eduardo Lezama Fernández, in his capacity as Deputy Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and to Karla Obando Mata, in her capacity as Acting Director of the Health Governing Area of Desamparados, or to whoever holds those positions, IN PERSON. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado file a note. Magistrate Hernández gives separate reasons.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2015001639 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del seis de febrero de dos mil quince.

Recurso de amparo presentado por Jacqueline Griselda Ramírez Sánchez, cédula de residencia 155815904508, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Resultando:

Revisados los autos; Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente alega que desde hace 2 años, en la urbanización Lomas del Bosque en Desamparados existe una fuga de aguas negras, que salen por el alcantarillado público. Acusa que dicho problema ha sido reportado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en muchas oportunidades; sin embargo, éste no ha brindado solución ni respuesta alguna.

II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a. Los sistemas de alcantarillado sanitario son redes de recolección que se solicitan a los desarrolladores de urbanizaciones con el objetivo de dejar colocados bajo tierra esos sistemas al momento en el que se construyen las carreteras y las aceras de la urbanización (ver registro electrónico).

b. El 06 de enero del 2015 el Ing. Juan Pablo Vargas funcionario del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizó una inspección en la Urbanización Lomas del Bosque y constató un derrame en una de las calles, derrame que al parecer responde a conexiones ilícitas de los vecinos (ver registro electrónico).

c. La Urbanización Lomas del Bosque ubicada en Los Guidos de Desamparados cuenta con una red de alcantarillado sanitario construida desde el 2011 (ver registro electrónico).

d. La disposición de las aguas residuales fue autorizado por las autoridades municipales a través del uso de tanque séptico (ver registro electrónico).

e. Por oficio N°SB-GSGAM-RT-2014-0576 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le comunicó a la Directora del Área Rectora de Salud de Desamparados la problemática ambienta existente en la Urbanización Lomas del Bosque para que procedieran a noticiar a los vecinos responsables y de esa forma sella la red sanitaria prevista (ver registro electrónico).

f. En fecha 26 de enero del 2015 el Área Rectora de Salud realizó una inspección y se observó que el alcantarillado de aguas pluviales saturado y desbordándose a la calle pública (ver acta de inspección CS-ARS-D-ERS-AI-0107-2015).

g. Por oficio SB-GSGAM-RT-2015-009 de fecha 06 de enero del 2015 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le solicitó al Área Rectora de Salud de Desamparados la colaboración con el derrame de aguas residuales que enfrentan los vecinos de la Urbanización Lomas del Bosque en Los Guidos de Desamparados –oficio en el que se le reiteró lo expuesto mediante oficio SB-GSGAM-RT-2014-0576 de fecha18 de junio del 2014- (ver registro electrónico).

h. La urbanización Lomas del Bosque consta de una extensión de 400 mts, con vivienda a ambos lados y con cinco entradas, aproximadamente con 150 a 200 casas a las cuales deben realizarse las respectivas pruebas de coloración con fluoresceína para comprobar cuáles de éstas vierten de forma ilícita las aguas residuales al alcantarillado pluvial, ya que las conexiones subterráneas de dichas viviendas no son posibles detectarlas a través de una simple observación del inspector (ver registro electrónico).

III.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD: El artículo 21 de la Constitución Política señala: "La vida humana es inviolable." Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana. El Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente y evitar grados de contaminación que pongan en peligro la salud de los habitantes. Precisamente, en materia de salud pública, el Estado mediante sus instituciones, debe estar siempre vigilante de las actividades potencialmente lesivas de la salud pública, por lo que debe de ejercer un control constante y efectivo.

IV.- SOBRE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE: En el caso bajo análisis, los recurrente denuncian una fuga de aguas negras, que salen por el alcantarillado público y la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, y sin olvidar, por supuesto, las municipalidades que tienen gran responsabilidad, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental así como al derecho a la salud de los habitantes son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en estas materias, se pueden producir graves daños a la salud de una comunidad, al ambiente y a los recursos naturales.

V.- SOBRE EL FONDO: En virtud de la participación de diferentes entes administrativos en el presente asunto, se procederá a realizar el análisis de las actuaciones de cada uno de ellos en forma separada. EN CUANTO A LAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS: Mediante su Ley Constitutiva, Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, es la institución creada por ley para dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas. Sobre el particular, el artículo 2° señala en lo conducente, lo siguiente:

“Artículo 2.- (*) Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

  • a)Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación; c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas; d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones; e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos; (...)
  • g)Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.

Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.

Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.

  • h)Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley; i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario.” Así, por imperativo legal, compete al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país. Si bien la norma parcialmente transcrita señala que los sistemas que, actualmente, están siendo administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, también es clara al establecer que ello es así “mientras suministren un servicio eficiente.” En consecuencia, atendiendo a las competencias fijadas en la Ley, el Instituto accionado es el competente de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un adecuado servicio de recolección y evacuación de aguas negras en las áreas urbanas. Ciertamente, los responsables de los hechos denunciados son las personas que viven en la Urbanización Lomas del Bosque en Los Guidos de Desamparados, por cuanto se logró demostrar según inspección realizada el 06 de enero del 2015 que existe un derrame en una de las calles que responde a conexiones ilícitas que los mismos vecinos del sitio han provocado al conectar salidas de aguas residuales de sus casas de habitación a la red prevista. No obstante, no solo es la falta de vigilancia por parte de otras autoridades, sino también la desidia de esta Institución lo que la convierte en co- responsable de las violaciones al ambiente apuntadas y, por ende, le corresponderá brindar asesoría técnica y la colaboración requerida, para que tal y como lo indican, en coordinación con el Ministerio de Salud y el gobierno local correspondiente, notifiquen a los propietarios para que en un plazo razonable eliminen la conexión a la red y dispongan de sus aguas residuales a través de un tanque séptico y sus respectivos drenajes. EN CUANTO A LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD: Si bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad. La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional. En este caso, la Ley General de Salud, autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual el Ministerio de Salud no solo tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud, sino el de proteger la salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir. Ahora bien, del informe presentado a esta Sala y la prueba documental aportada, se tiene por demostrado que efectivamente el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados había solicitado a la autoridad sanitaria la colaboración para solventar el problema de contaminación presentado en la Urbanización Lomas del Bosque, Miracruz y La Rosita de previo a que el recurrente acudiera ante esta Sala. Sin embargo, no fue sino en ocasión a la interposición del presente amparo y le reiteración del Instituto recurrido mediante oficio SB-GSGAM-RT-2015-009 de fecha 06 de enero del 2015, que el Área Rectora de Salud de Desamparados realizó la inspección in situ y determinó que “en el sitio se ubican alrededor de 150 a 200 casas a las cuales deben realizarse las respectivas pruebas de coloración con fluoresceína para comprobar cuáles de éstas vierten de forma ilícita las aguas residuales al alcantarillado pluvial, ya que las conexiones subterráneas de dichas viviendas no son posibles detectarlas a través de una simple observación del inspector”. Por lo tanto, fue en ocasión a la interposición del presente amparo que la autoridad recurrida atendió el problema sanitario, actuación que evidentemente puso en riesgo la salud de los vecinos del sector. En resumen, la autoridad sanitaria no le dio la importancia que el caso amerita al grave problema de contaminación de aguas que presenta el manejo de aguas residuales por la acción de algunos vecinos y han omitido cumplir con su obligación de velar por el derecho a la salud de la población y por ende, tal omisión ha ocasionado lesiones a los derechos fundamentales de todos los habitantes del lugar. Conviene recordar a la autoridad recurrida, al igual que se hizo con las otras instituciones recurridas, su obligación –como parte del Estado- de garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En su caso particular se trata de un deber aún más claro, pues la protección constitucional cubre y vincula el ambiente ecológicamente equilibrado con el derecho fundamental a la salud, tanto en el plano psíquico como en el físico, siendo que la Ley General de Salud número 5395 establece, en su artículo primero, que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado y, en su artículo segundo, que corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley; de igual forma, que tendrá potestades para hacer cumplir sus órdenes incluso con ayuda de la fuerza pública en protección del bien jurídico que está llamado a tutelar.

VI.- CONCLUSIÓN: La Sala concluye que en el presente caso, nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al ambiente y la salud de los habitantes de la Urbanización Lomas del Bosque en Los Guidos de Desamparados y en reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. De los documentos y los informes rendidos bajo juramento que constan en el expediente, se desprende que las autoridades recurridas, a pesar de que tienen pleno conocimiento del problema aquí expuesto, no han realizado los actos necesarios para garantizar la salud de los habitantes y la protección al ambiente. En conclusión, estima esta Sala que tanto el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como del Ministerio de Salud han sido omisas en el cumplimiento de sus funciones, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesiona el derecho constitucional innominado o atípico de los ciudadanos a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.

VII.- NOTA DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y SALAZAR ALVARADO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Los suscritos Magistrados aclaran que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remiten a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de denuncias donde se alega contaminación proveniente del discurrir de aguas negras que afecta, a su vez, a los ocupantes de varias casas de habitación -como sucede en el caso concreto-, no lo harán así. Esto, por cuanto, se encuentran en juego otros derechos de los vecinos de la fuente contaminante, tales como la salud y a gozar de un nivel digno de calidad de vida.

VIII.- RAZONES ADICIONALES DE LA MAGISTRADA HERNANDEZ LOPEZ. En el caso de recursos por cuestiones ambientales sostengo como línea general que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Pero también he advertido que mi planteamiento no impide reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro tales casos de excepción pues se reclama un problema de contaminación sónica, lo cual de existir constituye, sin duda alguna en una afectación a la salud de las personas y así se tiene por demostrado en el elenco de hechos probados, de modo que en esta situación concuerdo con la mayoría en que este Tribunal debe conocer y decidir sobre el fondo de este caso, tal y como se ha hecho.-

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso por violación a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política. Se ordena a Eduardo Lezama Fernández en su calidad de Subgerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a Karla Obando Mata en su calidad de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados o a quienes ocupen los cargos que dentro del plazo de DOS MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, ejecuten las pruebas técnicas requeridas para determinar en qué viviendas de la urbanización Lomas del Bosque en Los Guidos de Desamparados se están vertiendo irregularmente las aguas residuales y negras . Una vez efectuado lo anterior, Eduardo Lezama Fernández y Karla Obando Mata, por su orden Subgerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados, o quienes ocupen esos cargos, deberán dictar las medidas pertinente a fin de resolver dicha situación en un plazo no mayor de SEIS MESES. Se le advierte a los recurridos, que de no acatar la orden dicha incurrirá en el delito de desobediencia y que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución a Eduardo Lezama Fernández en su calidad de Subgerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a Karla Obando Mata en su calidad de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Desamparados o a quienes ocupen los cargos, EN FORMA PERSONAL. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado ponen nota. La Magistrada Hernández da razones separadas.

Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano
    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 21
    • Constitución Política Art. 50
    • Ley N° 5395, Ley General de Salud Arts. 1 y 2
    • Ley N° 2726, Ley Constitutiva del AyA Art. 2
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 71

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