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Res. 00542-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/01/2014

Failure to remedy public-sewer contamination in SiquirresFalta de solución en focos de contaminación por alcantarillado público en Siquirres

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted against the Municipality of Siquirres; the Mayor and Council President are ordered to solve the water drainage problem affecting the petitioner's property within 4 months; one Justice dissents and would dismiss the amparo outright regarding Article 50 of the Constitution.Se declara con lugar el recurso contra la Municipalidad de Siquirres; se ordena a la Alcaldesa y al Presidente del Concejo Municipal solucionar en 4 meses el desfogue de aguas que afecta la propiedad del recurrente; una Magistrada salva el voto y rechaza de plano el recurso en cuanto al artículo 50 constitucional.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a resident of the Brooklyn neighborhood in Siquirres against INVU, the Ministry of Health, and the Municipality of Siquirres. The petitioner claimed that for over 15 years, black, soapy, and sewage water from the INVU Nuevo urbanization discharged onto his property, damaging a forest, water springs, and causing foul odors and pests. The Chamber finds that INVU is not liable, as the project dates from 1977–1979 and the problem stems from population growth and the Municipality's failure to provide proper drainage. The Ministry of Health did conduct inspections, issued health orders, and even criminally denounced the Mayor for disobedience, thus it did not violate fundamental rights. In contrast, the Municipality of Siquirres, despite being aware of the situation since at least 2011, did not take necessary action within a reasonable time, showing its inability to guarantee a healthy environment. The Chamber grants the amparo solely against the Municipality and orders the Mayor and Council President to definitively resolve the water discharge within four months. Justice Hernández López dissents and would dismiss the amparo outright regarding Article 50 of the Constitution, arguing that environmental protection belongs primarily to ordinary courts.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un vecino del barrio Brooklyn de Siquirres contra el INVU, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Siquirres. El recurrente denunció que durante más de 15 años, aguas negras, jabonosas y servidas provenientes de la Urbanización INVU Nuevo desfogan sobre su propiedad, dañando un bosque, nacientes de agua y generando malos olores y plagas. La Sala determina que el INVU no es responsable, pues el proyecto data de los años 1977–1979 y el problema obedece al crecimiento poblacional y la falta de canalización adecuada por parte de la Municipalidad. El Ministerio de Salud sí realizó inspecciones, giró órdenes sanitarias y hasta denunció penalmente a la Alcaldesa por desobediencia, por lo que no se le atribuye lesión a derechos fundamentales. En cambio, la Municipalidad de Siquirres, pese a conocer la situación desde al menos 2011, no ejecutó las obras necesarias dentro de un plazo razonable, mostrando incapacidad para garantizar un ambiente sano. La Sala declara con lugar el amparo únicamente contra la Municipalidad y ordena a la Alcaldesa y al Presidente del Concejo solucionar definitivamente el desfogue de aguas en un plazo de cuatro meses. La Magistrada Hernández López salva el voto y rechaza de plano el recurso en cuanto al artículo 50 constitucional, por considerar que la tutela ambiental corresponde prioritariamente a la justicia ordinaria.

Key excerptExtracto clave

Thus, it is clear that before this amparo was filed, the petitioner was aware of the works that the respondent Municipality planned to carry out and, furthermore, according to what was stated under oath by the respondent authority, it is recorded in the minutes signed by the petitioner at 12:15 on September 17, 2013, that he granted permission to perform the work corresponding to the agreed budget... the Chamber considers that the time elapsed since the petitioner filed the complaint is excessive and disproportionate, and to date, the Municipality has not resolved the problem. This situation requires that the amparo be granted, since despite the fact that the municipal authorities were aware of the reported situation, they did not adopt the pertinent measures or actions to definitively resolve the problem within a reasonable period. On the other hand, in the Chamber's view, the Municipality of Siquirres has shown an inability to enforce the law and its duty to guarantee the inhabitants of the area the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, there is no evidence that specific actions, for which the Municipality is empowered, have been taken, this because there is a state of imminent necessity to which the Administration must respond in order to protect the health of the residents of that community, who are being affected by a public health and contamination problem; however, in the case under study, this was not done, making it imperative to grant the amparo in this respect.Así las cosas, se desprende que previo a la interposición del presente recurso de amparo, el recurrente tenía conocimiento de las obras que tiene proyectado ejecutar la Municipalidad recurrida e incluso, según lo dicho bajo juramento por la autoridad recurrida consta en el acta rubricada por el recurrente de las 12:15 horas del 17 de septiembre del 2013, que otorgó el permiso para realizar el trabajo correspondiente al presupuesto acordado... la Sala considera que el tiempo transcurrido desde que el recurrente presentó la denuncia, es excesivo y desproporcionado y a la fecha, la Municipalidad no ha solucionado el problema. Tal situación hace que se deba acoger el amparo, toda vez que a pesar de que las autoridades municipales tenían conocimiento de la situación denunciada, no adoptaron las medidas o acciones pertinentes para solucionar definitivamente tal problemática dentro de un plazo razonable. Por otro lado, en criterio de la Sala, la Municipalidad de Siquirres ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este sentido, no se observa que se hayan ejecutado acciones concretas para las cuales se encuentra facultada dicha Municipalidad, esto por cuanto existe un estado de necesidad inminente ante lo cual la Administración debe responder a fin de resguardar la salud de los vecinos de esa comunidad que, se está viendo afectado debido a un problema de salud pública y contaminación; sin embargo, en el caso bajo estudio, no se procedió de tal manera, haciendo imperativa la estimatoria del recurso en cuanto este extremo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la Sala considera que el tiempo transcurrido desde que el recurrente presentó la denuncia, es excesivo y desproporcionado y a la fecha, la Municipalidad no ha solucionado el problema."

    "the Chamber considers that the time elapsed since the petitioner filed the complaint is excessive and disproportionate, and to date, the Municipality has not resolved the problem."

    Considerando IV

  • "la Sala considera que el tiempo transcurrido desde que el recurrente presentó la denuncia, es excesivo y desproporcionado y a la fecha, la Municipalidad no ha solucionado el problema."

    Considerando IV

  • "la Municipalidad de Siquirres ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    "the Municipality of Siquirres has shown an inability to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the inhabitants of the area the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment."

    Considerando IV

  • "la Municipalidad de Siquirres ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    Considerando IV

  • "no se observa que se hayan ejecutado acciones concretas para las cuales se encuentra facultada dicha Municipalidad, esto por cuanto existe un estado de necesidad inminente."

    "there is no evidence that specific actions, for which the Municipality is empowered, have been taken, this because there is a state of imminent necessity."

    Considerando IV

  • "no se observa que se hayan ejecutado acciones concretas para las cuales se encuentra facultada dicha Municipalidad, esto por cuanto existe un estado de necesidad inminente."

    Considerando IV

  • "voto por rechazar de plano el recurso [...] La Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento."

    "I vote to dismiss the appeal outright [...] The Chamber should abstain from hearing claims presented for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, leaving them to the administrative and contentious-administrative justice."

    Voto salvado de la Magistrada Hernández López

  • "voto por rechazar de plano el recurso [...] La Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento."

    Voto salvado de la Magistrada Hernández López

Full documentDocumento completo

Procedural marks

RES. No. 2014000542 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours five minutes on the seventeenth of January two thousand fourteen.

Amparo action processed in case file number 13-011876-0007-CO, filed by ROGELIO CROOKS THOMPSON, identity card 0700550535, of legal age, resident of Siquirres, against the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, the MINISTERIO DE SALUD, and the MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.

Whereas:

1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 11:48 hours on October 18, 2013, the petitioner files an amparo action against the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Ministerio de Salud, and the Municipalidad de Siquirres. He states that he is a resident of the Brooklyn neighborhood in Siquirres, a locality that for more than 15 years has presented serious problems with the public sewer system, because black, soapy, and wastewater discharge through underground sewers into the community's creeks. He says that the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) built the second phase of the Urbanización María Auxiliadora, with more than 150 housing units, and the vast majority of these houses have an urban sewer system, meaning that from these houses, the discharged and storm waters were channeled through gutters, which then lead to catch basins, and these in turn, to the underground sewers, thus forming an underground sewer system, waters that are then conducted toward the ravine known as Siquirrito. He indicates that in this urbanization, 32 of the dwellings were not connected to said water evacuation system and were initially discharged onto the street. He indicates that initially few people lived there, therefore the waters did not cause nuisances to other neighbors, but as the years passed the houses became inhabited and the family members also grew, consequently the production of discharged waters increased, coupled with the fact that in some of the units, instead of one house per lot, more houses were built or the buildings were expanded. He says that subsequently, the Municipality intervened, placing some sewers that throw these waters onto the property of Aida Francis, waters that flow due to the elevation until reaching other properties further down, including his, where at that time he had a forest with fruit trees such as caimito, soursop, cacao, lemon, coto, and other timber species, and the soapy waters were causing certain effects that he was unaware of. He indicates that when the urbanization was built, the street was a dead end, and on his property there are several water springs that he sometimes uses and it is the place where fish, turtles, and other species live. He points out that he reported the problem to the local Ministerio de Salud and requested an inspection of the site so that they could provide a viable solution to the problem; thus, in the visit that was carried out, the problem and the damage to the environment being generated in the neighborhood were verified, but they were never given a document outlining the possible solutions to definitively resolve the problem of the black, soapy, and wastewater. He says that on April 24, 2006, he went to the Tribunal Ambiental Administrativo and by official letter 495-2006-OSSM of November 22, 2006, the MINAET's Siquirres Matina Subregional Office detailed the affected area and determined the economic value of the affected timber, whereby it became evident that in the inquiries made by the Tribunal to the Municipalidad de Siquirres, the Mayor of that period mentioned that the waters were rainwater, but to date there is no solution to the problem. He indicates that in January 2011 he went to the Defensoría de los Habitantes and after several meetings with the representatives of the institutions that the Defensoría involved, an alternative solution was able to be initiated with the Ministerio de Salud and the Municipality; however, this has serious and major drawbacks, such as that the Municipality intends to divert the discharged waters toward a street that did not exist when the project was built, which exposes another forest to being destroyed just as happened with the first. Furthermore, they were asked for a copy of the project design to be carried out with its respective technical justification, but on the west side of the Municipalidad de Siquirres a ditch almost 2 meters wide was built, which destroyed the entrance to his dwelling house and they never repaired it, ditches that impede access in the event of having to enter the property with a vehicle and that are almost 2 meters deep, with the danger that this represents for any person if they were to fall in. In turn, the site where the waters originate is a pedestrian walkway, which is very close to the catch basins located on the other street of the urbanization, while the municipal proposal intends to make a 156-meter ditch, which obviously implies the expenditure of more public funds, presenting a solution not in accordance with the urban development built by the INVU. He complains that it is still not clear how the destruction will be avoided and who will assume this responsibility when attempting to repair the problem due to water saturation in this area. The petitioner requests that the action be granted and that the Municipality be ordered to discharge the waters into the underground piping of the Urbanization.

2.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:45 hours on October 28, 2013, Álvaro González Alfaro, in his capacity as Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, reports under oath that the correct name of the project developed by the INVU is "Urbanización Siquirres", which is a housing project created approximately between the years 1977/1979; however, due to its age, there are no institutional records. According to the report contained in official letter PT-003-2012 of January 2, 2012, the official in charge indicated that "over time the waters have been partially piped by the Municipality, but this is not done completely, also the topography of the place contributes, where Mr. Crooks' land is located is the lowest sector, another aspect that also affects is the amount of population in the area and there is no control over the wastewater outflow". Therefore, the respondent Institution has no responsibility for the drainage of waters toward the property of Aida Francis or that of the petitioner, as the problem is due to the existence of a slope in the lands of the area. Consequently, with the growth of the population settled in the surroundings of the project and the erection of new constructions - which should have construction permits from the local Municipality and therefore comply with the technical standards in the matter - an increase in wastewater has been produced, which, added to the lack of adequate channeling thereof by the local Municipality, is causing the problem reported by the petitioner. He requests that the filed action be dismissed.

3.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 11:41 hours on October 30, 2013, Geovanny Bonilla Bolaños, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud of Siquirres, Limón, reports under oath that the complaint filed by the protected party regarding the sanitary situation of stormwater was duly addressed. By virtue of this, an inter-institutional meeting was held with representatives from the Ministerio de Salud, Municipalidad de Siquirres, Defensoría de los Habitantes, CONAVI, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, the protected party, and some members of the community. In such a way that all those involved inspected the site; it was agreed to carry out a topographic survey and conduct joint Ministerio de Salud-Municipality visits in the INVU Nuevo and Brooklyn neighborhoods to identify the possible dwellings discharging wastewater into the storm drain. He points out that the reported sector is made up of the INVU Nuevo and Barrio Brooklyn neighborhoods, which have a pronounced topography where stormwater and other waters drain onto the petitioner's land. Said sectors were inspected by the health authorities and the corresponding sanitary orders were issued due to the inadequate disposal of wastewater that drains into the storm drain. In addition to the above, sanitary order HA-ARS-S-3142-2012 was issued to Mayoress Yelgi Lavignia Night of the Municipalidad de Siquirres, in which she was ordered: "... to carry out the necessary works to provide an adequate disposal of the stormwater coming from the INVU Nuevo urbanization, preventing the same from being directed through the property of Mr. Rogelio Crooks or neighboring properties ...", which was extended for 2 months. However, through report HA-ARS-S-2119-2013, non-compliance with sanitary order HA-ARS-S-3142-2012 was verified, for which reason a complaint was filed before the courts for the crime of disobedience to authority, and through summary proceedings numbers 12-201174-436-PE INT 2215-3-12 and case file 13-200264-486-PE INT1112-3-13, the complaint was received in the Fiscalía de Siquirres, which is in process. He considers that it is important that the Municipality must not only carry out the topographic survey, but also perform the necessary works in order to resolve the problem reported by the protected party. He requests that the action be dismissed.

4.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:42 hours on October 31, 2013, Arturo Castillo Valverde, in his capacity as Municipal President of the Municipalidad de Siquirres, reports under oath that the Defensoría de los Habitantes informed them of the proceedings that had been carried out before the Municipal Mayoress, of which the Municipal Council had no knowledge until June 19, 2013, when the Defensoría requested the convening of an extraordinary session, and that same day extraordinary session No. 122 was held, in which agreement No. 2495-19-06-2013 was adopted: "submitted to unanimous vote, it is agreed to request that the administration present a budget amendment for Monday, June 24, 2013, at 5:15 p.m., that the same be exclusively for allocating resources to the INVU Nuevo project for a wastewater solution, for which this Council provides an economic contribution of 1,000,000.00 (exactly one million colones) from the training budget line item, and the administration shall proceed to seek the remaining economic resources, agreement definitively approved." The foregoing with the aim of providing budget content for the solution of the problem posed by the wastewater. To date, he is unaware of the scope of the efforts made by the Mayoress's Office and there is no request from the Mayoress's Office to provide greater budget content. He requests that the action be dismissed.

5.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 15:31 hours on November 6, 2013, Yelgi Lavinia Verley Knight, in her capacity as Mayoress of the Municipalidad de Siquirres, reports under oath that not everything stated by the petitioner is true, since in Ordinary Session Number 112 of the Municipal Council of Siquirres at 17:00 hours on June 19, 2013, in article 11, attention was given to the Adjunto Defensor de los Habitantes, who expressed concern about a complaint made to the Ministry in 2009 and to the Defensoría de los Habitantes in 2011, in which the irregularity in the disposal of wastewater in the Urbanización Invu Nuevo was reported, as 17 dwellings discharge their wastewater into the gutter without receiving any treatment, they reach a point where they cross and stagnate through the center of a series of private properties, by virtue of the land topography, which generates bad odors and pests. To date, the Municipality is seeking a solution to the problem, and in extraordinary session number 112 at 17:15 hours on June 19, 2013, the Municipal Council adopted Agreement number 24925 and ordered that 2495-19-06-2013 "...request that the administration present a budget amendment for Monday, June 24, 2013, at 5:15 p.m., that the same be exclusively for allocating resources to the INVU Nuevo project for a wastewater solution, for which this Council provides an economic contribution of 1,000,000.00 (exactly one million colones) from the training budget line item, and the administration shall proceed to seek the remaining economic resources, agreement definitively approved." The foregoing gave rise to "Contratación Directa 2013-CD-000205-01 Proyecto Número 1 Mejoras al Salón Comunal Germania, 2. Evacuación Pluvial INVU" and as recorded in the Acta de Evacuación de Aguas INVU Nuevo, from 12:15 hours on September 17, 2013, it was agreed with the amparo-protected party to grant permission to proceed with the work corresponding to said budget. Likewise, the case file on folios 58 to 67 contains the Scope of the Budget Evacuación Pluvial INVU, the detail of the distance and elevations of said Project, project plans, stormwater evacuation reports, and a field inspection carried out where the technical specifications of the Project are established. For his part, the petitioner indicated to the Chamber that the municipal proposal is to make a 156-meter ditch, which obviously implies the expenditure of public funds, which is not true, given that the protected party is aware of the works to be carried out, and for the project a survey was previously made of 126 linear meters, excavation of 0.8 m x 0.8 m, 3 driveway crossings in 80 cm pipe, 3 register boxes of 0.85 x 0.85 m in 210 kg/cm concrete on a 95% Proctor ballast base with 10 cm thickness at its base with its 7-10 ends poured on site with #3 rebar @ 20 cm A-D. Said project was budgeted for an amount of ¢ 2,100,000.00 which was duly awarded for its execution. Likewise, the petitioner, when he signed the aforementioned record, committed to "grant permission to proceed with the work corresponding to the budget for said project." She requests that the action be dismissed.

6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Salazar Murillo; and,

Considering:

I.- Object of the action.- The petitioner alleges that the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo built an urbanization in which there are 32 houses that evacuate black, soapy, and wastewater directly into the gutter, which drains onto his property, causing bad odors and having damaged a forest and water spring located on his property. He points out that despite the foregoing, the respondent authorities have not solved his problem.

II.- Proven facts. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited thus or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)The Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo has no responsibility for the drainage of wastewater onto the amparo-protected party's property (see copy of memorandum PT-709-2012 of June 14, 2012, provided by the INVU representative).
  • b)Since 2011, the respondent Ministry has undertaken institutional coordination efforts with the other state entities related to the complaint filed by the petitioner: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Municipalidad de Siquirres, Defensoría de los Habitantes, and jointly they verified the existence of an inadequate drainage of stormwater and wastewater coming from dwellings in Urbanización INVU, which cross the petitioner's property and stagnate, producing bad odors, breeding grounds for vectors, and putting the health of the neighbors at risk (see official letters HA-ARS-S-1925-2011, A-ARS-S-1922-2011, A-ARS-S-1927-2011 all dated August 29, 2011, provided by the Director of the Área de Salud).
  • c)In the month of July 2012, the Área Rectora de Salud carried out an inspection of 27 dwellings in the Urbanización INVU Nuevo, it was detected that 17 were discharging wastewater into the stormwater drain, and the respective sanitary orders were issued so that the necessary works would be carried out to provide an adequate disposal of the wastewater; it was not possible to verify the situation for the other 9 houses (see report from the respondent, copy of official letter HA-ARS-S-3697-2012 of August 16, 2012).
  • d)By means of sanitary order HA-ARS-S-3142-2012, notified on August 6, 2012, the respondent Ministry ordered Mayoress Yelgi Lavignia Night of the Municipalidad de Siquirres to carry out the necessary works to provide an adequate disposal of the stormwater coming from the Urbanización INVU Nuevo, and prevent it from being directed through the property of Mr. Rogelio Crooks or neighboring properties, with an expiration date of October 6, 2012 (see copy of the sanitary order provided).
  • e)On October 31, 2012, personnel from the Área Rectora de Siquirres met with officials from the Municipality, the petitioner, and neighbors, for the purpose of rendering accounts to the affected neighbors (see copy of the documentation provided by the respondent Ministry).
  • f)On December 14, 2012, the respondent Área de Salud filed the respective complaints before the Fiscalía de Siquirres for non-compliance with the sanitary orders issued against the inhabitants of the dwellings of the Urbanización INVU for the inadequate drainage of stormwater and wastewater (see copy of official letter HA-ARS-S-6204-2012).
  • g)On January 28, 2013, the respondent Municipality requested that the Municipal Council incorporate economic content into the budget, which was known in ordinary session No. 143 of the same date and the official letter was transferred to the Comisión de Hacienda y Presupuesto (see copy of official letter DA-3-4019-2013).
  • h)On May 13, 2013, the Director of the respondent Área de Salud filed a complaint before the Fiscalía de Siquirres for non-compliance by the Mayoress of Siquirres with sanitary order HA-ARS-S-3142-2012 (see copy of the complaint and the record of the 15:30 hours on June 10, 2013).
  • i)The petitioner filed a complaint before the Tribunal Ambiental, which is being processed under case file 113-06-01-TAA (see copy of the documentation provided).

III.- On the merits. In the case under study, the Chamber holds it as proven that the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo built the Urbanización Siquirres more than 30 years ago, and given the growth of the population settled in the surroundings of the project and the erection of new constructions, an increase in wastewater was produced, which, added to the lack of adequate channeling thereof, is causing the problem reported by the petitioner. In turn, by virtue of the complaint filed since 2010 by the petitioner, the Área Rectora de Salud of Siquirres, Limón, undertook the corresponding steps and, in coordination with the Municipality, the Defensoría de los Habitantes, the Colegio Federado de Ingenieros, and the Instituto Costarricense de Acueductos, carried out in situ inspections in 2012, detected that the dwellings were disposing of wastewater into the stormwater gutter, and issued sanitary orders both to the owners of the dwellings and to the Municipal Mayoress Yelgi Lavignia Night, wherein she was precisely ordered that she must "... carry out the necessary works to provide an adequate disposal of the stormwater coming from the INVU Nuevo urbanization, preventing the same from being directed through the property of Mr. Rogelio Crooks or neighboring properties ...". However, the respondent party verified non-compliance with said sanitary orders, for which reason a complaint was filed before the Courts for the crime of disobedience to authority, processed through summary proceedings numbers 12-201174-436-PE INT 2215-3-12 and 13-200264-486-PE INT1112-3-13. That being the case, in relation to the respondent Institute and the respondent Ministry, the Chamber verifies that they have not violated the fundamental rights of the petitioner insofar as, prior to the filing of this amparo action, they performed the functions vested in them by the legal system to achieve a solution to the problem reported by the petitioner.

IV.- On the other hand, with respect to the actions of the respondent Municipal Entity, the President of the Municipal Council reported that he learned of the problem only on June 19, 2013, when the Defensoría requested the convening of an extraordinary session and that same day extraordinary session No. 122 was held, in which agreement No. 2495-19-06-2013 was adopted, ordering that the administration be requested to present a budget amendment by June 24, 2013, exclusively for allocating resources to the wastewater solution in the Urbanización del Invu, for which an economic contribution of ¢ 1,000,000.00 (exactly one million colones) was also approved for the solution of the problem posed by the wastewater. In turn, the Office of the respondent Mayoress indicated that, given the agreement adopted by the Municipal Council mentioned above, she carried out "Contratación Directa 2013-CD-000205-01 Proyecto Número 1 Mejoras al Salón Comunal Germania, 2. Evacuación Pluvial INVU" and as recorded in the Acta de Evacuación de Aguas INVU Nuevo, of 12:15 hours on September 17, 2013, the amparo-protected party agreed to grant permission to carry out the work corresponding to said budget. That being the case, it follows that prior to the filing of this amparo action, the petitioner was aware of the works that the respondent Municipality has planned to execute, and even, according to what was stated under oath by the respondent authority, it is recorded in the record signed by the petitioner at 12:15 hours on September 17, 2013, that he granted permission to carry out the work corresponding to the agreed budget which gave rise to Contratación Directa 2013-CD-000205-01 Proyecto Número 1 Mejoras al Salón Comunal Germania, 2. Evacuación Pluvial INVU". Although the aforementioned Contratación Directa is pending execution, the Chamber considers that the time elapsed since the petitioner filed the complaint is excessive and disproportionate, and to date, the Municipality has not solved the problem. This situation makes it necessary to grant the amparo, since despite the fact that the municipal authorities were aware of the reported situation, they did not adopt the pertinent measures or actions to definitively solve said problem within a reasonable time. On the other hand, in the Chamber's opinion, the Municipalidad de Siquirres has shown an inability to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the enjoyment of the inhabitants of the area of a healthy and ecologically balanced environment. In this sense, it is not observed that concrete actions, for which said Municipality is empowered, have been executed, this because there is a state of imminent necessity before which the Administration must respond in order to protect the health of the residents of that community, which is being affected due to a public health and contamination problem; however, in the case under study, such action was not taken, making the granting of the action imperative regarding this point.

V.- Finally, regarding the type of works that the respondent Municipality will carry out to alleviate the problem described, said claim is outside the scope of competence of this Jurisdiction; therefore, the amparo-protected party must express his disagreement before the competent authorities of the respondent Municipality itself, or failing that, through the competent jurisdictional channel, so that what is legally appropriate is resolved, since what has been raised refers to an ordinary legality conflict appropriate for resolution through such channels. The mere mention of an expert evidentiary proceeding reveals that what is sought in this case is for the Chamber to review the reasons and grounds on which the Municipality will execute the water drainage works, which is alien to the eminently summary nature of the amparo proceeding, which is incompatible with the practice of slow and complex evidentiary procedures, such as reviewing the challenged administrative and technical criteria. Consequently, the arguments put forward in this part of the action must be raised before the competent authorities, so that they resolve what is technically and legally appropriate.

VI.- Dissenting vote of Judge Hernández López regarding the claim for violation of Article 50 of the Political Constitution.

I concur with the reasoning of Judge Jinesta Lobo to dismiss this action for violation of Article 50 of the Political Constitution, and I add the following:

1. The historical context that initially motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable variation that compels this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as it has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation - characterized by a vast production of legal and regulatory norms that include substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter - is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed on the Chamber a role as the protagonist, almost the sole one, in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a "dense network" of environmental regulations - as accurately described by Judge Jinesta Lobo in his dissenting vote on this topic - which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was poorly or not at all ordered, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification - predominantly legislative and regulatory - brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction - primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural channels and inclusive means of legal standing have been regulated, so that the administered parties can enforce what is established in that broad legal order related to the environmental issue.

3.

In this context, it is neither legally appropriate, nor from a functional standpoint, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute for, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring effective compliance with laws and regulations. It is legally inappropriate because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its procedures is poorly suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of facts and acts that are technically and legally complex. On both issues, there are well-known examples in which the Chamber has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary friction and harm to legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have execution judges who can provide adequate follow-up to judgments—generally complex—that sometimes involve monitoring remedial plans, among other things, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.

5. From that perspective, the decision to step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of environmental matters, but rather, as their proper protection in the instance best suited to the nature of their complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance declining its task of protecting constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this area for specific cases. It is, rather, an exercise in readjusting the burdens and tasks corresponding to the different State bodies, so that each one can fully deploy its work within the sphere assigned to it, as well as an exercise in defining its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber is not contemplating abandoning to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is well-known that although any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires no more than the application of the law of the Constitution. The aim, then, is for the Chamber to become a protagonist alongside others, so that—among all and each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber should decline to hear claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution in order to leave their hearing in the hands of administrative justice and the administrative contentious jurisdiction. The foregoing is affirmed in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber should reserve hearing for situations such as, for example, claims for environmental infractions that also directly endanger people's health, or access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a glaring absence of protection by State authorities is verified, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of the amparo as a summary and special procedural remedy, since I also believe that the amparo should not be "ordinary-fied" to address, even in these cited cases, issues that exceed its capacity to be adequately handled within it.

8. In the specific case at hand, it is observed that the situation raised falls within those situations in which the intervention of the means of protection of ordinary justice proves to be a broader and more complete avenue, and therefore, in application of the foregoing reasoning and Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I vote to flatly reject the appeal.

Por tanto:

The appeal is upheld only with respect to the Municipality of Siquirres. Yelgi Lavinia Verley Knight and Arturo Castillo Valverde, in their order, Mayor and President of the Council, both of the Municipality of Siquirres, or whomever holds these positions in their stead, are ordered to, within a period of 4 months, proceed to definitively resolve the water drainage problem affecting the petitioner's property. This is under warning that if they fail to do so, they will incur the crime of disobedience to authority typified in Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. The Municipality of Siquirres is ordered to pay the costs, damages, and losses caused, which shall be liquidated in execution of judgment of the administrative contentious court. The present resolution is to be notified in person to the respondent parties. Judge Hernández López dissents and flatly rejects the appeal.- Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

ALCANTARILLADO.

000542-14. FALTA DE SOLUCION EN FOCOS DE CONTAMINACIÓN PRODUCTO DEL ALCANTARILLADO PÚBLICO. Señala el recurrente que es vecino del Barrio Brooklyn en Siquirres. Que dicha localidad presenta serios problemas del sistema de alcantarillado público, provocando focos de contaminación y el recurrido no realiza las obras necesarias para solucionar dicho problema. La Sala considera que la Municipalidad recurrida ha demostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes y su obligación, pues no se observa que se hayan ejecutado acciones concretas para solucionar la problemática en el plazo razonable. Se declara con lugar el recurso únicamente con respecto a la Municipalidad de Siquirres. Se le ordena a Alcaldesa y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Siquirres, que en el plazo de 4 meses procedan a solucionar en forma definitiva el problema de desfogue de aguas que afecta la propiedad del recurrente. La Magistrada Hernández López salvan el voto en relación con el artículo 50 de la Constitución y rechaza de plano el recurso.- CL LBH12/22 ... Ver más Res. Nº 2014000542 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil catorce.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 13-011876-0007-CO, interpuesto por ROGELIO CROOKS THOMPSON, cédula de identidad 0700550535, mayor, vecino de Siquirres contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.-

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:48 horas del 18 de octubre de 2013, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Siquirres. Manifiesta que es vecino del barrio Brooklyn en Siquirres, localidad que desde hace más de 15 años presenta graves problemas con el sistema de alcantarillado público, debido a que las aguas negras, jabonosas y servidas desfogan por medio de alcantarillas subterráneas en los riachuelos de la comunidad. Dice que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) construyó la segunda etapa de la Urbanización María Auxiliadora, de más de 150 unidades habitacionales, y la gran mayoría de estas casas tienen un sistema de alcantarillado urbano, sea que de estas casas, las aguas desfogadas y pluviales se encausaron mediante cunetas, que luego va a dar a los tragantes, y estas a su vez, a las alcantarillas subterráneas conformando esto un sistema de alcantarillado subterráneo, aguas que luego son conducidas hacia la quebrada conocida como Siquirrito. Indica que en esta urbanización 32 de las viviendas, no se conectaron a dicho sistema de evacuación de aguas que inicialmente eran arrojadas a la calle. Indica que inicialmente allí vivían pocas personas, por lo tanto las aguas no causaban molestias a otros vecinos, pero al pasar los años las casas fueron habitadas y los miembros que integran las familias también fueron creciendo, consecuentemente aumentó la producción de aguas desfogadas, aunado a que en algunas de las unidades en vez de una casa por lote se construyeron más casas o se ampliaron las edificaciones. Dice que posterior a ello, intervino la Municipalidad colocando unas alcantarillas que lanzan estas aguas a la propiedad de Aida Francis, aguas que discurren debido a la altura hasta llegar a otras propiedades más abajo, en cuenta la suya, donde en ese entonces tenía un bosque con árboles frutales como caimito, guanábana, cacao, limón, coto, y otros maderables, siendo que las aguas jabonosas fueron causando ciertos efectos que desconocía. Indica que cuando se construyó la urbanización la calle era ciega, y en su propiedad hay varias nacientes de agua que en algunas ocasiones utiliza y es el lugar donde viven peces, tortugas y otras especies. Señala que denunció el problema ante el Ministerio de Salud local y les solicitó una inspección en el lugar para que dieran una solución viable al problema, así en la visita que se realizó se comprobó la problemática y el daño al ambiente que se está generando en el barrio pero nunca les dieron un documento que señalara las posibles soluciones para solventar el problema de las aguas negras, jabonosas y servidas en forma definitiva. Dice que el 24 de abril de 2006 acudió ante el Tribunal Ambiental Administrativo y por oficio 495-2006-OSSM de 22 de noviembre de 2006, la Oficina Subregional Siquirres Matina del MINAET detalló el área afectada y se determinó el valor económico de la madera afectada, por lo que resultó notorio que en las consultas hechas por el Tribunal a la Municipalidad de Siquirres, el Alcalde de ese período mencionó que las aguas eran llovidas, pero a la fecha no hay solución alguna al problema. Indica que acudió en enero de 2011 a la Defensoría de los Habitantes y luego de varias reuniones con los representantes de las instituciones que la Defensoría involucró, se logró accionar con el Ministerio de Salud y la Municipalidad una alternativa de solución; sin embargo esta tiene graves y grandes inconvenientes, tales como que la Municipalidad pretende desviar las aguas desfogadas hacia una calle que no existía cuando se construyó el proyecto, lo que expone a otro bosque a ser destruido tal como sucedió con el primero. Además, se les solicitó copia del diseño del proyecto a realizar con su respectiva justificación técnica, pero al costado oeste de la Municipalidad de Siquirres se construyó un zanjón de casi 2 metros de ancho, el cual destruyó la entrada a su casa de habitación y nunca lo repararon, zanjones que impiden el acceso en caso de tener que entrar a la propiedad con un vehículo y que tienen casi 2 metros de profundidad, con el peligro que ello representa para cualquier persona si cayera ahí;. A su vez, el sitio donde se originan las aguas, es una alameda, que está muy cerca de los tragantes que se ubican en la otra calle de la urbanización , mientras que la propuesta municipal pretende hacer un zanjón de 156 metros lo que obviamente implica el gasto de más recursos del erario público, presentando una solución no acuerde con el desarrollo urbanístico construido por el INVU. Reclama que aún no tiene claro cómo se evitará la destrucción y quién asumirá esta responsabilidad al pretender reparar el problema debido a la saturación de agua en esta zona. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso y se ordene a la Municipalidad desfogar las aguas a la tubería subterránea de la Urbanización.

2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:45 horas del 28 de octubre de 2013, informa bajo juramento Álvaro González Alfaro, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que el nombre correcto del proyecto desarrollado por el INVU es "Urbanización Siquirres", el cual es un proyecto habitacional creado aproximadamente entre los años 1977/1979; sin embargo por la antigüedad del mismo, no se cuenta con registros institucionales. Según el informe que consta en el oficio PT-003-2012 de 2 de enero de 2012, el funcionario encargado indicó que "con el paso del tiempo las aguas en parte han sido entubadas por la Municipalidad, pero no se hace en forma completa también se suma la topografía del lugar, donde se ubican los terrenos del señor Crooks es el sector más bajo, otro aspecto que también afecta es la cantidad de población en la zona y no se tiene un control de la salida de las aguas servidas". De modo que la Institución accionada no tiene responsabilidad por el desfogue de las aguas hacia la propiedad de Aida Francis ni a la del recurrente, pues el problema se debe a la existencia de un desnivel en los terrenos de la zona. En consecuencia, con el crecimiento de la población asentada en los alrededores del proyecto y el levantamiento de nuevas construcciones, -que deberían contar con los permisos constructivos de la Municipalidad del lugar y por tanto ajustarse a las normas técnicas en la materia­ se ha producido un incremento de aguas residuales, lo que sumado a la no canalización de éstas en forma adecuada por parte de la Municipalidad del lugar, se está provocando el problema denunciado por el accionante. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 11:41 horas del 30 de octubre de 2013, informa bajo juramento Geovanny Bonilla Bolaños, en calidad de Director del Área Rectora de Salud de Siquirres, Limón, que la denuncia interpuesta por el tutelado por la situación sanitaria de aguas pluviales fue debidamente atendida. En virtud de ello se realizó una reunión interinstitucional con representantes el Ministerio de Salud, Municipalidad de Siquirres, Defensoría de los Habitantes, CONAVI, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el tutelado y algunos miembros de la comunidad. De tal forma que todos los involucrados inspeccionaron el sitio, se acordó realizar un levantamiento topográfico y realizar visitas en conjunto Ministerio de Salud-Municipalidad, en los Barrios INVU Nuevo y Brooklyn para identificar las posibles viviendas que desfoguen las aguas servidas hacia el caño pluvial. Señala que el sector denunciado es conformado por los Barrios INVU Nuevo y Barrio Brooklyn, que cuentan con una topografía pronunciada donde las aguas pluviales y otras van a desfogar en el terreno del recurrente. Dichos sectores fueron inspeccionados por las autoridades de salud y se giraron las ordenes sanitarias correspondientes debido a disposición inadecuada de aguas servidas que van a desfogar al caño pluvial. Además de lo anterior, se giró orden sanitaria HA-ARS-S-3142-2012 a la Alcaldesa Yelgi Lavignia Night de la Municipalidad de Siquirres, en la cual se le ordenó: " ... realizar las obras necesarias para brindar una adecuada disposición de las aguas pluviales provenientes de la urbanización INVU nuevo, evitando que las mismas se direccionen por la propiedad del señor Rogelio Crooks o propiedades vecinas ... " , la que fue prorrogada por 2 meses. Sin embargo, mediante informe HA-ARS-S-2119-2013, se verificó el incumplimiento a la orden sanitaria HA-ARS-S-3142-2012, por lo cual se interpuso denuncia ante los tribunales por el delito de desobediencia a la autoridad, y mediante sumarias números 12-201174-436-PE INT 2215-3-12 y expediente 13-200264-486-PE INT1112-3-13, se recibió la denuncia en la Fiscalía de Siquirres, la cual está en proceso. Considera que es importante que la Municipalidad no solo debe realizar el levantamiento topográfico, sino además que efectuar las obras necesarias a fin de resolver la problemática denunciada por el tutelado. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:42 horas del 31 de octubre de 2013, informa bajo juramento Arturo Castillo Valverde, en su condición de Presidente Municipal de la Municipalidad de Siquirres, que la Defensoría de los Habitantes les comunicó de las gestiones que se habían realizado ante la Alcaldesa Municipal, de las cuales el Concejo Municipal no tuvo conocimiento hasta el 19 de junio del 2013, cuando la Defensoría solicitó la celebración de una sesión extraordinaria y ese mismo día se efectúo la sesión extraordinaria No. 122, en la que se tomó el acuerdo No. 2495-19-06-2013 "sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitarle a la administración que presente una modificación presupuestaria para el ora lunes 24 de junio del 2013 al ser las 5:15 p,m, que la misma sea exclusiva para girar recursos al proyecto del INVU nuevo de solución de aguas servidas, para lo cual este Concejo da un aporte económico de 1.000.000,00 (un millón de colones exactos) de la partida presupuestaria de capacitaciones y la administración se avoque a buscar el recurso económico restante, acuerdo definitivamente aprobado." Lo anterior con el fin de dar contenido presupuestario para la solución del problema que presentaban las aguas servidas. A la fecha, desconoce el alcance de las gestiones realizadas por la Alcaldía y no existe ninguna solicitud de parte de la Alcaldía para dotar de mayor contenido presupuestario. Solicita se declare sin lugar el recurso.- 5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 15:31 horas del 6 de noviembre de 2013, informa bajo juramento Yelgi Lavinia Verley Knight, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, que no todo lo manifestado por el recurrente es cierto, pues en Sesión Ordinaria Numero 112 del Concejo Municipal de Siquirres a las 17:00 horas del 19 de junio del 2013, en el artículo 11 se dio atención al Defensor Adjunto de los Habitantes, quien manifestó la preocupación por una queja que se hizo en el Ministerio en el año 2009 y ante la Defensoría de los Habitantes en el 2011, en la que se denunció la irregularidad en la disposición de las aguas servidas en la Urbanización Invu Nuevo, pues 17 viviendas desfogan sus aguas servidas en el cordón del caño sin recibir ningún tratamiento, llegan a un punto que atraviesan y se estancan por el centro de una serie de propiedades privadas, en virtud de la topografía del terreno, lo cual general malos olores y plagas. A la fecha, la Municipalidad está buscando solución al problema y en la sesión extraordinaria número 112 de las 17 :15 horas del 19 de junio del 2013, el Concejo Municipal tomó el Acuerdo numero 24925 y dispuso que 2495-19-06-2013 "... solicitarle a la administración que presente una modificación presupuestaria para el ora lunes 24 de junio del 2013 al ser las 5:15 p,m, que la misma sea exclusiva para girar recursos al proyecto del INVU nuevo de solución de aguas servidas, para lo cual este Concejo da un aporte económico de 1.000.000,00 (un millón de colones exactos) de la partida presupuestaria de capacitaciones y la administración se avoque a buscar el recurso económico restante, acuerdo definitivamente aprobado." Lo anterior dio origen a la "Contratación Directa 2013-CD- 000205-01 Proyecto Número 1 Mejoras al Salón Comunal Germania, 2. Evacuación Pluvial INVU" y según consta en el Acta de Evacuación de Aguas INVU Nuevo, de las 12:15 horas del 17 de septiembre del 2013, se acordó con el amparado dar permiso para proceder hacer el trabajo correspondiente a dicho presupuesto. Asimismo, consta en el expediente a folios 58 a 67 el Alcance del Presupuesto Evacuación Pluvial INVU, el detalle de la distancia y elevaciones de dicho Proyecto, planos del trabajo, informes de evacuación pluvial, inspección de campo realizada donde se establece las especificaciones técnicas del Proyecto. Por su parte, el recurrente le indicó a la Sala, que la propuesta municipal es hacer un zanjón de 156 metros lo que obviamente implica el gastos de erario público, lo cual no es cierto, dado que es del conocimiento del amparado los trabajos a realizar y para el proyecto se hizo un levantamiento con anterioridad de 126 metros lineales, excavación de 0.8 mts. x 0.8 mts , 3 pasos domiciliares en tubo de 80 cm, 3 cajas de registro de 0.85 x 0.85 mts en concreto de 210 kg/cm sobre lastre proctor 95% con 10 cm de espesor en su base con sus extremos 7-10- chorreada en el sitio con varilla # 3@ 20 cm A-D. Dicho proyecto estaba presupuestado por un monto de ¢ 2.100.000,00 el cual fue debidamente adjudicado para su ejecución. Asimismo, el recurrente cuando firmó el acta mencionada se comprometió a "dar el permiso para proceder hacer el trabajo correspondiente al presupuesto para dicho proyecto." Solicita se declare sin lugar el recurso.- 6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso.- El recurrente alega que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo construyó una urbanización en la que existen 32 casas que evacuan las aguas negras, jabonosas y servidas directamente en la cuneta, la cual va a desfogar en su propiedad, lo que provoca malos olores y ha perjudicado un bosque y naciente de agua que se ubican en su inmueble. Señala que pese a lo anterior, las autoridades recurridas no ha solucionado su problema.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo no tiene responsabilidad por el desfogue de las aguas servidas en la propiedad del amparado (ver copia del memorando PT-709-2012 del 14 de junio de 2012 aportado por el representante del INVU).
  • b)Desde el año 2011, el Ministerio recurrido realizó gestiones de coordinación institucional con los demás entes estatales relacionados con la denuncia interpuesta por el recurrente: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Municipalidad de Siquirres, Defensoría de los Habitantes y entre todos verificaron la existencia de un desfogue iandecuado de aguas pluviales y servidas provenientes de viviendas de Urbanización INVU, que atraviesan la propiedad el recurrente y se estancan, lo que produce malos olores criadores de vectores y ponen en riesgo la salud de lo vecinos (ver oficios HA-ARS-S-1925-2011, A-ARS-S-1922-2011, A-ARS-S-1927-2011 todos del 29 de agosto de 2011 aportados por el Director del Área de Salud).
  • c)En el mes de julio de 2012, el Área Rectora de Salud realizó la inspección a 27 viviendas de la Urbanización INVU Nuevo, se detectó que 17 arrojaban las aguas servidas al caño de aguas pluviales y giró las ordenes sanitarias respectivas para que se realizaran las obras necesarias para brindar una adecuada disposición de las aguas servidas, las otras 9 casas no fue posible verificar la situación (ver informe de la recurrida, copia del oficio HA-ARS-S-3697-2012 del 16 de agosto de 2012).
  • d)Mediante orden sanitaria HA-ARS-S-3142-2012 notificada el 6 de agosto de 2012, el Ministerio recurrido ordenó a la Alcaldesa Yelgi Lavignia Night de la Municipalidad de Siquirres, efectuar las obras necesarias para brindar una adecuada disposición de las aguas pluviales provenientes de la urbanización INVU Nuevo, y evitar que se direccionen por la propiedad del señor Rogelio Crooks o propiedades vecinas, con fecha de vencimiento 6 de octubre de 2012 (ver copia de la orden sanitaria aportada).
  • e)El 31 de octubre de 2012, personal del Área Rectora de Siquirres se reunieron con funcionarios de la Municipalidad, el recurrente, vecinos, con el fin de rendir cuentas antes los vecinos afectados (ver copia de la documentación aportada por el Ministerio recurrido) f) El 14 de diciembre de 2012, el Área de Salud recurrida interpuso las denuncias respectivas ante la Fiscalía de Siquirres por incumplimiento de las ordenes sanitarias giradas en contra de los habitantes de las viviendas de la Urbanización INVU por el desfogue inadecuado de las aguas pluviales y servidas (ver copia del oficio HA-ARS-S-6204-2012).
  • g)El 28 de enero de 2013, la Municipalidad accionada solicitó al Concejo Municipal incorporar contenido económico en el presupuesto, lo cual fue conocido en la sesión ordinaria No. 143 de igual fecha y se trasladó el oficio a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (ver copia del oficio DA-3-4019-2013).
  • h)El 13 de mayo de 2013, la Directora del Area de Salud recurrida interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Siquirres por incumplimiento por parte de la Alcaldesa de Siquirres la orden sanitaria .HA-ARS-S-3142-2012(ver copia de la denuncia y acta de las 15:30 horas del 10 de junio de 2013).
  • i)El recurrente interpuso denuncia ante el Tribunal Ambiental, la cual se tramita bajo el expediente 113-06-01-TAA (ver copia de la documentación aportada) III.- Sobre el fondo. En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo construyó la Urbanización Siquirres hace más de 30 años y dado el crecimiento de la población asentada en los alrededores del proyecto y el levantamiento de nuevas construcciones, se produjo un incremento de aguas residuales, lo que sumado a la no canalización de éstas en forma adecuada, está provocando el problema denunciado por el accionante. A su vez, en virtud de la denuncia efectuada desde el año 2010 por el recurrente, el Área Rectora de Salud de Siquirres, Limón realizó las gestiones correspondientes y en coordinación con la Municipalidad, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio Federado de Ingenieros y el Instituto Costarricense de Acueductos, efectuaron en el año 2012 las inspecciones in situ, se detectó que las viviendas disponían de las aguas servidas a la cuneta pluvial y giró las ordenes sanitarias tanto a los propietarios de las viviendas como a la Alcaldesa Municipal Yelgi Lavignia Night, en la precisamente se le ordenó que debía" ... realizar las obras necesarias para brindar una adecuada disposición de las aguas pluviales provenientes de la urbanización INVU nuevo, evitando que las mismas se direccionen por la propiedad del señor Rogelio Crooks o propiedades vecinas ...". No obstante, la parte recurrida verificó el incumplimiento a dichas ordenes sanitarias, por lo cual se interpuso denuncia ante los Tribunales por el delito de desobediencia a la autoridad, tramitada mediante sumarias números 12-201174-436-PE INT 2215-3-12 y 13-200264-486-PE INT1112-3-13. Así las cosas, en relación con el Instituto recurrido y el Ministerio accionado, la Sala verifica que no han lesionado los derechos fundamentales del recurrente por cuanto, previo a la interposición del presente recurso de amparo realizaron las funciones que les fueron encomendadas en el ordenamiento jurídico para lograr solucionar el problema denunciado por el recurrente.

IV.- Por otra parte, con respecto a las actuaciones del Ente Municipal recurrido, el Presidente del Concejo Municipal informó que tuvo conocimiento de la problemática hasta el 19 de junio del 2013, cuando la Defensoría solicitó la celebración de una sesión extraordinaria y ese mismo día se llevó a cabo la sesión extraordinaria No. 122, en la que se tomó el acuerdo No. 2495-19-06-2013 en el que se dispuso solicitar a la administración que presentara una modificación presupuestaria para el 24 de junio del 2013 exclusiva para girar recursos para la solución de aguas servidas en la Urbanización del Invu, para lo cual también se aprobó un aporte económico de ¢ 1.000.000,00 (un millón de colones exactos) para la solución del problema que presentaban las aguas servidas. A su vez, el Despacho de la Alcaldía recurrida indicó que, dado el acuerdo tomado por el Concejo Municipal supraindicado, realizó la "Contratación Directa 2013-CD- 000205-01 Proyecto Número 1 Mejoras al Salón Comunal Germania, 2. Evacuación Pluvial INVU" y según consta en el Acta de Evacuación de Aguas INVU Nuevo, de las 12:15 horas del 17 de septiembre del 2013, el amparado acordó dar permiso para realizar el trabajo correspondiente a dicho presupuesto. Así las cosas, se desprende que previo a la interposición del presente recurso de amparo, el recurrente tenía conocimiento de las obras que tiene proyectado ejecutar la Municipalidad recurrida e incluso, según lo dicho bajo juramento por la autoridad recurrida consta en el acta rubricada por el recurrente de las 12:15 horas del 17 de septiembre del 2013, que otorgó el permiso para realizar el trabajo correspondiente al presupuesto acordado y que dio origen a la Contratación Directa 2013-CD- 000205-01 Proyecto Número 1 Mejoras al Salón Comunal Germania, 2. Evacuación Pluvial INVU". Si bien, se encuentra pendiente de ejecutar la Contratación Directa señalada, la Sala considera que el tiempo transcurrido desde que el recurrente presentó la denuncia, es excesivo y desproporcionado y a la fecha, la Municipalidad no ha solucionado el problema. Tal situación hace que se deba acoger el amparo, toda vez que a pesar de que las autoridades municipales tenían conocimiento de la situación denunciada, no adoptaron las medidas o acciones pertinentes para solucionar definitivamente tal problemática dentro de un plazo razonable. Por otro lado, en criterio de la Sala, la Municipalidad de Siquirres ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este sentido, no se observa que se hayan ejecutado acciones concretas para las cuales se encuentra facultada dicha Municipalidad, esto por cuanto existe un estado de necesidad inminente ante lo cual la Administración debe responder a fin de resguardar la salud de los vecinos de esa comunidad que, se está viendo afectado debido a un problema de salud pública y contaminación; sin embargo, en el caso bajo estudio, no se procedió de tal manera, haciendo imperativa la estimatoria del recurso en cuanto este extremo.

V.- Finalmente, en relación con el tipo de obras que la Municipalidad recurrida va a realizar para paliar la problemática expuesta, dicha pretensión es ajena al ámbito de competencia de esta Jurisdicción, por lo que el amparado deberá manifestar su inconformidad ante las propias autoridades competentes de la Municipalidad accionada, o en su defecto, en la vía jurisdiccional competente, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda, pues lo planteado hace referencia a un conflicto de legalidad ordinaria propio de resolverse en tales vías. La sola mención de una actividad probatoria pericial hace ver que en este caso lo que se pretende es que la Sala revise las razones y fundamentos con base en los cuales la Municipalidad va ejecutar las obras de desfogue de aguas, ello resulta ajeno al carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, que es incompatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, como lo sería revisar los criterios administrativos y técnicos impugnados. En consecuencia, el alegatos aducido en este extremo del recurso deberán plantearse ante las autoridades competentes, a efecto de que sean éstas las que resuelvan lo que técnicamente y en derecho corresponda.

VI.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política.

Coincido con los razonamientos del Magistrado Jinesta Lobo para desestimar este recurso por infracción del artículo 50 de la Constitución Política, y agrego lo siguiente:

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro de aquellas situaciones en las que la intervención de los medios de protección de la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa por lo cual, en aplicación de los anteriores razonamientos y el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, voto por rechazar de plano el recurso

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso únicamente con respecto a la Municipalidad de Siquirres. Se le ordena a Yelgi Lavinia Verley Knight y Arturo Castillo Valverde, por su orden Alcaldesa y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Siquirres, o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, que en el plazo de 4 meses procedan a solucionar en forma definitiva el problema de desfogue de aguas que afecta la propiedad del recurrente. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que si así no lo hicieren, incurrirán en el delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena a la Municipalidad de Siquirres al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a las partes recurridas la presente resolución, en forma personal. La Magistrada Hernández López salva el voto y rechaza de plano el recurso.- Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

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    • Constitución Política Art. 50
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 71

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