← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 07820-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/03/2024
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denies the unconstitutionality action against Articles 16 and 24(a) of Executive Decree No. 37801, considering the challenged norms constitutional and non-discriminatory toward indigenous persons migrating to another territory.La Sala Constitucional declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 24 inciso a) del Decreto Ejecutivo N° 37801, al considerar que las normas impugnadas son constitucionales y no discriminan a los indígenas que migran a otro territorio.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an unconstitutionality action against Articles 16 and 24(a) of Executive Decree No. 37801, regulating the integration of Local Indigenous Education Councils (CLEI) and teaching staff requirements in indigenous territories. The plaintiff, a Bribri indigenous person residing in a Cabécar territory, argues that the phrases "inhabitants of the corresponding territory" and "from their own territory" prevent him from being a member of the CLEI and are discriminatory, violating the right to vote and be elected, freedom of movement, and equality. In a majority ruling, the Chamber determines both norms to be constitutional. It interprets "inhabitant of the territory" to mean living or residing there, without requiring native origin, thus not excluding indigenous people from other territories. Regarding Article 24, it finds that the norm seeks to guarantee education in one's own language and culture as an allowable affirmative measure, without nullifying the possibility of hiring teachers from other territories. Judge Rueda Leal dissents on admissibility, arguing that no diffuse interests are at stake because the impact is on an identifiable group, not the national community.La Sala Constitucional conoce una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 24 inciso a) del Decreto Ejecutivo N.° 37801, que regulan la integración de los Consejos Locales de Educación Indígena (CLEI) y los requisitos para el personal docente en territorios indígenas. El accionante, indígena bribri residente en territorio cabécar, alega que las frases "habitantes del territorio correspondiente" y "de su propio territorio" le impiden ser miembro del CLEI y son discriminatorias, violentando el derecho a elegir y ser elegido, el libre tránsito y la igualdad. La Sala, en fallo de mayoría, determina que ambas normas son constitucionales. Interpreta que "habitante del territorio" significa residir o morar en él, sin exigir ser nativo, por lo que no excluye a indígenas de otros territorios. Respecto al artículo 24, considera que busca garantizar la educación en su propia lengua y cultura, como medida afirmativa permitida, sin anular la posibilidad de contratar docentes de otros territorios. El magistrado Rueda Leal disiente sobre la admisibilidad, señalando que no se configuran intereses difusos porque la afectación es a un grupo identificable, no a la colectividad nacional.
Key excerptExtracto clave
IV.- On the merits. Problem posed by the plaintiff: The underlying conflict argued by the plaintiff is his interpretation and understanding (based on what officials from the Turrialba education system told him) that Article 16 and subsection a) of Article 24 of the challenged Executive Decree establish that to be a member of the Local Indigenous Education Council, one must be a resident solely and exclusively of the corresponding territory, which he takes to mean that a Bribri person cannot participate in the popular election process for members of that Council if residing in another indigenous territory. His claim lies in the fact that, being Bribri, he was not allowed to join the Council where he resides, which is Cabécar territory. [...] The provision contained in the challenged Article 16 clearly establishes that the members of the Local Councils must be exclusively indigenous inhabitants of the territory. This implies two very important aspects: first, the candidate's requirement to join the Local Council, who must be indigenous by origin and ethnic condition; and second, the requirement that the indigenous person be a resident of the corresponding territory. [...] Now, the Chamber agrees with the reporting authorities that the provision serves a legitimate purpose within the educational framework for indigenous minors, who are subject to the indigenous education system. Specifically, it seeks to ensure the conventional right of indigenous children to education in their own language, as set forth in Article 28 of ILO Convention No. 169.IV.- Sobre el fondo. Problema planteado por el accionante: El conflicto de fondo que plantea el accionante es que interpreta y entiende (según dice le indicaron funcionarios del sistema educativo de Turrialba), que el artículo 16, y el inciso a), del numeral 24, ambos del Decreto Ejecutivo impugnado, establecen que para ser miembro del Consejo Local de Educación Indígena, se debe ser habitante, única y exclusivamente del territorio correspondiente, lo que entiende impediría que una persona bribri no pueda participar del proceso de elección popular de los miembros de ese Consejo si reside en otro territorio indígena. Su reclamo radica porque al ser bribri no se le permitió integrar el Consejo donde reside, que es territorio Cabécar. [...] Ahora bien, la disposición contenida en el artículo 16 impugnado, establece con toda claridad que los integrantes de los Consejos Locales deben ser exclusivamente personas indígenas habitantes del territorio. Esto implica dos cuestiones muy importantes: la primera es la condición del aspirante para integrar el Consejo Local, el cual debe ser indígena por procedencia (origen) y condición étnica; y, lo segundo, es que requiere que el indígena sea habitante del territorio correspondiente. [...] Ahora bien, coincide la Sala con las autoridades informantes, de que la disposición busca servir un propósito legítimo dentro del marco educativo de los indígenas menores de edad, y que estarían sujetos al proceso educativo en el sistema de educación indígena. Precisamente, se trata de asegurar el derecho convencional a la educación de los niños y de las niñas indígenas en su propio idioma, establecido en el artículo 28, del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo
Pull quotesCitas destacadas
"Ahora bien, la disposición contenida en el artículo 16 impugnado, establece con toda claridad que los integrantes de los Consejos Locales deben ser exclusivamente personas indígenas habitantes del territorio. (...) la primera es la condición del aspirante para integrar el Consejo Local, el cual debe ser indígena por procedencia (origen) y condición étnica; y, lo segundo, es que requiere que el indígena sea habitante del territorio correspondiente."
"Now, the provision contained in the challenged Article 16 clearly establishes that the members of the Local Councils must be exclusively indigenous inhabitants of the territory. (...) first, the candidate's requirement to join the Local Council, who must be indigenous by origin and ethnic condition; and second, the requirement that the indigenous person be a resident of the corresponding territory."
Considerando IV.- Sobre el fondo. B.- Conformación de los Consejos Locales de Educación Indígena.
"Ahora bien, la disposición contenida en el artículo 16 impugnado, establece con toda claridad que los integrantes de los Consejos Locales deben ser exclusivamente personas indígenas habitantes del territorio. (...) la primera es la condición del aspirante para integrar el Consejo Local, el cual debe ser indígena por procedencia (origen) y condición étnica; y, lo segundo, es que requiere que el indígena sea habitante del territorio correspondiente."
Considerando IV.- Sobre el fondo. B.- Conformación de los Consejos Locales de Educación Indígena.
"Interpretado el artículo 16 en el sentido propio de sus términos, dice que no exige que los integrantes del Consejo Local de Educación Indígena, sean nativos del respectivo territorio indígena. Es suficiente que sean indígenas habitantes del territorio correspondiente."
"When interpreted in the proper sense of its terms, it says that it does not require the members of the Local Indigenous Education Council to be natives of the respective indigenous territory. It is sufficient that they are indigenous inhabitants of the corresponding territory."
Resultando 5.- Informe de la Procuraduría General de la República.
"Interpretado el artículo 16 en el sentido propio de sus términos, dice que no exige que los integrantes del Consejo Local de Educación Indígena, sean nativos del respectivo territorio indígena. Es suficiente que sean indígenas habitantes del territorio correspondiente."
Resultando 5.- Informe de la Procuraduría General de la República.
"Ahora bien, coincide la Sala con las autoridades informantes, de que la disposición busca servir un propósito legítimo dentro del marco educativo de los indígenas menores de edad, y que estarían sujetos al proceso educativo en el sistema de educación indígena. Precisamente, se trata de asegurar el derecho convencional a la educación de los niños y de las niñas indígenas en su propio idioma"
"Now, the Chamber agrees with the reporting authorities that the provision serves a legitimate purpose within the educational framework for indigenous minors, who are subject to the indigenous education system. Specifically, it seeks to ensure the conventional right of indigenous children to education in their own language."
Considerando V.- Sobre el derecho a la educación en su propio idioma dentro de su propio territorio.
"Ahora bien, coincide la Sala con las autoridades informantes, de que la disposición busca servir un propósito legítimo dentro del marco educativo de los indígenas menores de edad, y que estarían sujetos al proceso educativo en el sistema de educación indígena. Precisamente, se trata de asegurar el derecho convencional a la educación de los niños y de las niñas indígenas en su propio idioma"
Considerando V.- Sobre el derecho a la educación en su propio idioma dentro de su propio territorio.
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL Date of Resolution: March 20, 2024 at 11:25 Case File: 21-003196-0007-CO Type of matter: Unconstitutionality action Constitutional control: Dismissive judgment Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with separate note Content of Interest:
Strategic Themes: Political Constitution, Indigenous Peoples Sustainable Development Goals: Quality Education (Goal 4) Type of content: Majority vote Branch of Law: 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL Topic: EDUCATION Subtopics:
NOT APPLICABLE.
Topic: MINORITIES Subtopics:
NOT APPLICABLE.
EDUCATION. REFORM TO THE INDIGENOUS EDUCATION SUBSYSTEM Case File: 21-003196-0007-CO Judgment: 007820-24 of March 20, 2024 Type of matter: Unconstitutionality action Challenged norm: Articles 16 and 24, subsection a) of Executive Decree No. 37801 of May 17, 2013. Reform to the Indigenous Education Subsystem. Operative part: The action is declared WITHOUT MERIT. Magistrate Rueda Leal records different reasons.- TOPICS ANALYZED Regarding the Local Councils of Indigenous Education.
Formation of the Local Councils of Indigenous Education.
Regarding the right to education in one's own language within one's own territory.
CO06/24 ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Sustainable Development Goals Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE Topic: 075- Prior matter in judicial or administrative venue pending resolution Subtopics:
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 75 OF THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. “…the plaintiff alleges that there is an affectation to the diffuse interest of the indigenous community due to the violation of the fundamental rights of the educational system (to elect and be elected, suffrage, non-discrimination, among others), which he estimates are affected both to him and to other indigenous persons if they change from one indigenous territory to another. In the Chamber's opinion, the plaintiff shares not only an individual interest, but also a collective one in conserving certain rights coinciding with the remaining indigenous persons who might move to reside or live in another indigenous territory. It must be admitted that the plaintiff's interest in being part of the Local Council of Indigenous Education could also be shared with other persons in the same situation in which he finds himself, being an inhabitant not born in the specific indigenous territory where he lives, and he is prevented from achieving said position. In turn, it must be admitted that there may exist different indigenous groups sharing similar interests and customs, and others not, as will be explained, which occurs due to the worldview, cosmogony, and customary law of indigenous peoples. The truth is that in following the cited precedent (No. 2023-22194), the admissibility rules must be interpreted favorably to give course to the action, and with a pro judgment sense whose meaning is to allow the Constitutional Chamber to examine the challenged provisions and expel the norms that could result offensive to the Law of the Constitution (norms, principles, and values), in accordance with the guarantee of constitutional supremacy and its direct efficacy…” CO06/24 ... See more Res. No. 2024-07820 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours and twenty-five minutes on March twenty, two thousand twenty-four.
Unconstitutionality action brought by JEFFRY REYNALDO VILLANUEVA VARGAS, of legal age, single, indigenous descendant of the Bribri warriors of the Uniwak clan (the great family), resident of the Cabécar population of Alto Chirripó, Grano de Oro Alto Chirripó, holder of identity card No. 07-0206-0545; against the phrases “inhabitants of the corresponding territory” and “of their own territory” contained in numerals 16, and 24, subsection a), of Executive Decree No. 37801 of May 17, 2013, called “Reform to the Indigenous Education Subsystem.”
Whereas:
1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:00 hours on February 17, 2021, the plaintiff requests that the unconstitutionality of the phrases “inhabitants of the corresponding territory” and “of their own territory” contained in numerals 16, and 24, subsection a), of Executive Decree No. 37801 of May 17, 2013, called “Reform to the Indigenous Education Subsystem,” be declared. He alleges that the challenged decree establishes that indigenous persons must elect the members of the Local Council of Indigenous Education every three years. Decree No. 37801 regulates who is qualified to be part of that council, who for all purposes of responsibilities, are considered public officials. The phrases "inhabitants of the corresponding territory" and "of their own territory" contained in articles 16 and 24, sub. a), of the challenged decree, are unconstitutional, because they limit the participation of some indigenous persons; they cause discrimination, violate the right to elect and be elected, affect human dignity, and injure democratic rights. The State must pave the way to fully exercise constitutional rights and duties. He considers that the challenged norms attempt against the family as a natural element and foundation of society, by circumscribing indigenous persons and delimiting them solely to the territory to which they correspond, to maintain their constitutional rights and guarantees unimpaired. If forced to migrate to another indigenous territory, they lose the possibility of being an active part in educational and democratic processes.
2.- By resolution at 10:19 hours on March 12, 2021, the plaintiff was warned that, within three days, counted from the notification of the resolution and under the warning of denying the proceeding in case of non-compliance, he should justify the standing that assisted him in filing the action. In that sense, he was instructed that he had to provide a certified copy of the brief in which he invoked the unconstitutionality in the prior matter, or indicate the reasons that confer standing upon him to take action directly. Likewise, he was warned to provide, duly paid, the stamp of the Colegio de Abogados for the sum of two hundred seventy-five colones (₡275.00), for the authentication of the initial brief, under the warning of not hearing the defaulter while not complying, without retroaction of terms. In compliance with the warning, by means of a brief presented at 10:15 hours on March 16, 2021, the plaintiff justifies his standing in a diffuse interest of indigenous persons for the infringement of the right to elect and be elected, suffrage, non-discrimination, among other arguments. Likewise, in the same brief he provides four stamps for ₡275.00 from the Colegio de Abogados, all duly paid.
3.- In order to substantiate the standing he holds to bring this unconstitutionality action, he states that he appears in defense of the diffuse interests established in paragraph 2, of article 75, of the Law of the Constitutional Jurisdiction, relating to the right to elect and be elected to public office.
4.- By resolution at 11:27 hours on March 24, 2024, the action was given course, granting a hearing to the Procuraduría General de la República, the Ministerio de Educación Pública, and the Executive Director of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.
5.- Julio Jurado Fernández, in his capacity as Procurador General de la República, rendered his report. He points out that the norms must be interpreted in their proper sense, since article 16, of Executive Decree No. 37801 of May 17, 2013, establishes the manner in which the Local Councils of Indigenous Education must be integrated. He says that the norm establishes that those Councils must be integrated solely by indigenous persons who are inhabitants of the corresponding territory, and that they must be integrated, equitably, between men and women.
He affirms that the meaning of the terms used by article 16 is univocal, there is no ambiguity in their signification. Its concepts are precise and clear. In the first place, it has established that only and exclusively indigenous persons can integrate the so-called Local Councils of Indigenous Education. Following this, it prescribes that they must be inhabitants of the corresponding territory; that is, they must dwell or reside in the territory to which the respective Local Council of Indigenous Education corresponds.
Understood in its literal tenor, it is sufficient that the indigenous person resides or dwells in the respective indigenous territory. He cites Judgment of the Constitutional Chamber No. 2016-7999 at 11:51 hours on June 10, 2016, insofar as it established that: “In accordance with articles 16, 17 and 18 of the challenged decree, its formation (including the number of members) and its regulation shall be established autonomously by each community. The only requirements that the decree demands are that they be integrated solely by indigenous persons who are inhabitants of the corresponding territory and, equitably, by women and men (underlining and bold added by the informant).
Interpreting article 16 in the proper sense of its terms, he says that it does not require that the members of the Local Council of Indigenous Education be natives of the respective indigenous territory. It is sufficient that they are indigenous inhabitants of the corresponding territory. In conclusion, the challenged numeral does not prevent an indigenous person, originally from another territory different from their domicile, from being legitimately elected, by the respective community, to integrate the Local Council of Indigenous Education of their host indigenous territory. This is congruent with the guarantee provided in article 8, of the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which establishes that indigenous persons have the right to belong to one or several indigenous peoples, in accordance with the identity, traditions, customs, and systems of belonging of each people, without the exercise of that right implying the suffering of any type of discrimination.
It is important to indicate that article 15, of the Decree of the Indigenous Education Subsystem, prescribes that the Local Councils of Indigenous Education have as their principal function, to promote the fulfillment of the objectives of indigenous education in the respective territory, for which the Local Council is conceptualized as a mandatory consultation body by the Ministerio de Educación Pública.
It was understood in Judgment No. 2016-7999, that the Local Councils of Indigenous Education are flexible liaison bodies between the indigenous community and the Ministerio de Educación Pública, whose formation and operation can be regulated by the very community that forms it, as long as gender equity and the condition of being indigenous and an inhabitant of the territory are respected. The extract of the resolution is transcribed, which indicates that “In reality, the council is a flexible structure that serves as a liaison with the MEP. Each community may give it the content that most closely aligns with the autochthonous institutions. In the second place, the functions of the councils are limited to very specific aspects and only in the field of education, so that they do not interfere with the governance functions of the associations. Finally, given the pointed-out flexibility, the communities that so decide may pair the formation of the council with the respective association, as long as gender equity and the condition of being indigenous and an inhabitant of the territory are respected” (bold added in the report). The creation of the Local Councils of Indigenous Education responds to the conventional obligation of the State to coordinate with indigenous communities the development and implementation of educational services and programs destined for indigenous communities. Article 27 of Convention 169, of the International Labour Organization, is transcribed, insofar as it is pertinent.
The Local Council of Indigenous Education is conceptualized as a participatory body, designed to be integrated by indigenous persons who are residents of a specific indigenous territory. It has been designed as a body whose members must be elected through an open call procedure to all members of the respective indigenous community.
According to article 18, of the Decree creating the Indigenous Education Subsystem, the election must be held in an Assembly with an open call to all members of the indigenous community, regardless of whether they are originally from the corresponding territory or have made it their domicile by migrating from other territories or from outside any of the territories.
With a procedure with an open call to all indigenous persons of the community, it is not valid to exclude indigenous persons who are not originally from the respective territory.
The Procuraduría General concludes that “The challenged regulations, consequently, do not breach the right to elect and be elected of indigenous persons. Nor their right to participation in the democratic bodies competent to coordinate indigenous education programs and services. The challenged regulations, on the contrary, broadly protect the right of indigenous persons to integrate and participate in the participatory bodies designed to protect the right provided in article 27.a of Convention 169, already transcribed.
It must be warned that article 24.a of the Decree creating the Indigenous Education Subsystem does not relate to the regulation on how to form the Local Councils of Indigenous Education, nor on their operation.
Article 24 of the Decree creating the Indigenous Education Subsystem protects the right of indigenous persons to receive an education in their own language – a right protected by article 28 of Convention No. 169 – as it establishes a guarantee so that the teaching and technical-teaching staff of the indigenous educational system is composed of indigenous persons of their own culture and of their own territory, and who are certified speakers of their mother tongue.
Subsection a) of article 24 – which is the norm attacked by the plaintiff – specifically provides that in initial, preschool, and first and second cycle education, it must be guaranteed that the teaching and technical-teaching staff at all educational levels is composed of indigenous persons of their own culture and of their own territory, and who are certified speakers of their mother tongue. Likewise, that the administrative, administrative-teaching, general services, and professional staff in educational centers must be indigenous persons of the same culture and certified speakers of the mother tongue of the territory”.
Article 24 is not absolute, nor does it prevent indigenous persons from an indigenous territory different from the one where the school is located from teaching in it.
Consequently, as an Advisory Body, it considers that the unconstitutionality action must be declared without merit. The Procuraduría General considers that even with “the fact that the administrative authorities of the educational system interpret and apply the norms in a manner different from that which derives from their proper sense, does not imply the unconstitutionality of the norms of the Decree creating the Indigenous Subsystem, therefore the fact alleged by the plaintiff that the administrative authorities erroneously apply the norms is not sufficient merit to declare their unconstitutionality. On the contrary, it is clear that a judgment of the Constitutional Chamber interpreting, in its proper sense and in accordance with the Constitution, the challenged norms, will be of great utility for their correct application and for the protection of the fundamental rights of indigenous persons”.
By way of conclusion, the Procuraduría General, as an Advisory Body, considers that article 16, as well as subsection a), of article 24, of the Decree creating the Indigenous Education Subsystem, do not violate the Law of the Constitution.
6.- Giselle Cruz Maduro, in her capacity as Ministra de Educación Pública, answers the granted hearing, stating that there is a clear confusion on the part of the plaintiff regarding the nature and meaning of the challenged norms, which can be elucidated in the amparo appeal. Article 16, of the challenged Decree, was established so that the community itself, through its local educational organization, can safeguard the cosmogony and worldview (cosmovisión) of its territory, protecting the autonomous development of its education, but it does not make any cultural differentiation. As for the treatment he says he received, he provides no evidence for its exhaustive analysis. Regarding subsection c), of article 24, of the challenged Executive Decree, he also does not individualize, substantiate, or provide evidence. It is not observed either that there is an infringement of articles 22, 33, 51, and 54, of the Political Constitution. Regarding the petition to declare the phrase “inhabitants of the corresponding territory” of article 16, of Executive Decree No. 37801-MEP, unconstitutional, she indicates that it only requires that it be occupied by persons who are inhabitants of the territory, to safeguard the cosmology and worldview (cosmovisión) of its territory, and to be able to guarantee the autonomous development of its education, but it does not make any cultural differentiation. She mentions that the Decree was examined by the Chamber in action No. 13-011311-0007-CO, in which it was determined that the CLEIs are autonomous figures, that the MEP has no interference, and they have their own regulation and structure. The action was declared without merit.
Regarding the plaintiff of this action requesting that the unconstitutionality of numeral 24, subsection a), of Decree No. 37801-MEP be declared, the ministry clarifies that this norm refers to the indigenous education staff. In it, reference is made to the priority of selecting staff in indigenous territories, with the objective of ensuring the maintenance and cultivation of national indigenous languages. Subsection a) refers to “inhabitants of their own territory,” while subsection b), opens the possibility of appointing teaching staff from other territories and other cultures, even non-indigenous persons, in any case considering a multiethnic and pluricultural education. Already in the mentioned action, resolved by Judgment No. 2016-07999 (without mentioning the resolution data), considering XVI, the learning of the language to new generations cannot be made difficult, and regarding article 24, that “it is neither unconstitutional nor contrary to the cited international instruments that the MEP seeks to impart a multiethnic and pluricultural education in indigenous territories and puts students in contact with teachers from other cultures”. This along the same lines, is a contribution for conventionality, requiring States to take affirmative rights measures for the defense of indigenous languages. She cites article 28, of Convention No. 169, of the ILO. Article 24, subsection a), represents that development on the part of the Costa Rican State. The plaintiff confuses the nature and meaning of article 16 for the CLEIs, with numeral 24, which is for teaching and other educational service staff, who are asked to be from their own territory and to be certified speakers of their mother tongue. She reaffirms that the condition for teachers that they be “from their own territory” is supported by constitutional law (articles 1, 76, and 89), as well as particularly by Convention No. 169, of the ILO, which makes room for the Indigenous Education Subsystem to achieve the cultivation and conservation of national indigenous languages, through education. The plaintiff takes the phrase “inhabitants of their own territory” out of context by omitting that it refers to teachers and the teaching-learning relationship; that it first refers to an ideal situation, to later refer to situations of lack. She cites Judgment No. 2016-07999 (without resolution data). Regarding the other subjective allegations of the plaintiff of discrimination, segregation, and apartheid, he provides no evidence whatsoever about those affirmations. She requests that the action be rejected due to the admissibility issues indicated, and without merit, if it comes to be heard on the merits.
7.- Daniela Gutiérrez Villanueva, in her capacity as Executive Director of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, stated that:
“My represented entity considers that said phrases do not attempt against the constitutional principles expressed in our Magna Carta, but rather protect the rights of the inhabitants of the different indigenous territories and their own culture, their language, their autonomy, and their identity, enshrined not only in the political constitution (sic), but also in the international legal instruments signed and ratified by the country, so that each of these communities can develop according to their own worldview (cosmovisión) and interests, without external agents imposing their personal interests and wanting to design modes and forms of education and cultures different from those of their communities.
These phrases are not a form of discrimination or violation of the principles of equality, non-discrimination, the right to participate and be elected, since at no time is the plaintiff being limited these general and absolute rights, said phrase (sic) pursues the respect and autonomy of each of the territories to choose their own representatives within the community so that they contribute to the development of their culture, worldview (cosmovisión), language, and others.
It is important to take into account that in our country there are 24 indigenous territories, where each of them has its own autonomy and different forms of development and customs, their own culture, and worldview (cosmovisión).
Precisely the different international legal instruments, especially Convention 169, seek to preserve those roots of the original peoples, those differences, that worldview (cosmovisión), their culture, their identity, and that they are not lost but rather that all this heritage and traditions can be maintained.
The Political Constitution itself clearly establishes that we are a multiethnic and pluricultural country, therefore that culture and the autonomy of each of those peoples must be respected, as well as the interest of them to establish themselves which are the forms they are going to establish to maintain them.
LACK OF ACTIVE STANDING My represented entity considers that there is a lack of active standing on the part of the plaintiff because he files this action for an injury he considers to be personal, as can be deduced from its filing. Therefore, he cannot arrogate to himself the representation of a collective such as all 24 territories of the country, in which case they must be represented by the ADIs, who are the ones that by law have the judicial and extrajudicial representation of their territories, and in which case their rights would be seen as injured by not expressing themselves regarding the norm they seek to be declared unconstitutional, with the eventual result that persons foreign to their territories, are appointed and come to impose, cultures, customs, and others, that are not native to their population, continuing to injure the own rights of these populations, as has been done since always, so much so that some have lost their own language”.
She requests that the action be declared without merit.
8.- The edicts referred to in the second paragraph of article 81, of the Law of the Constitutional Jurisdiction, were published in numbers 068, 069, and 070, of the Boletín Judicial, on the 9th, 12th, and 13th of April, 2021.
9.- By resolution at 14:22 hours on May 5, 2021, the hearings granted to the Procuraduría General de la República, the Ministerio de Educación Pública, and the Executive Director of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas were deemed answered. Likewise, the action was assigned to the office of magistrate Luis Fernando Salazar Alvarado for a merits study.
10.- By means of a brief presented at 9:35 hours on June 10, 2021, the plaintiff replies to the briefs presented by the authorities that rendered their reports, in the sense that this is not a matter of personal disagreement, but rather a problem at the level of all indigenous territories. Due to the foregoing, he requests that a report be ordered to the Ministerio de Educación Pública on the number of local education councils that are constituted and attached to the institution. Likewise, that the twenty-four Indigenous Development Associations be requested to report on the manner in which indigenous persons have been integrated into the Education Councils, if they are originally from the territory, if they are allowed to participate or have limitations, and if there is a priority for local persons over others of the same culture who are from another territory. He also provides Judgment No. 2020-02967 at 9:30 hours on February 14, 2020, in which he accuses the passive manner of the authorities of the Ministerio de Educación Pública in addressing issues of violations of fundamental rights among indigenous people. The judgment exposes the case of an indigenous person born in the place, and that in the resolution prevails over the appellant who is also indigenous of the same culture, but born in Ujarrás de Buenos Aires. She did not have the same years of experience, among other details he describes.
11.- By means of a brief at 9:45 hours on October 28, 2022, the appellant requests a precautionary measure to be able to participate in the election, the right to elect and be elected in the CLEI Alto Chirripó, but he is not allowed to.
12.- By interlocutory resolution No. 2022-29135 at 9:35 hours on December 7, 2022, the Chamber heard the petition and considered that what he is requesting is the suspension of the challenged norm for his specific case, and the granting of the right he seeks on the merits, which must be resolved on the merits. Due to the foregoing, the petition was denied.
13.- The hearing indicated in articles 10 and 85, of the Law of the Constitutional Jurisdiction is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by numeral 9 ibidem, deeming this resolution sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Tribunal.
14.- In the proceedings, the prescriptions of law have been complied with.
Magistrate Salazar Alvarado drafts; and,
Considering:
I.- On admissibility. Article 75, of the Law of the Constitutional Jurisdiction, regulates the presuppositions that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a pending matter to be resolved in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked, a requirement that is not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when by the nature of the norm there is no individual or direct injury, when it is grounded in the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole, or when it is filed by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes, in these latter cases, within their respective areas of competence. The text in question provides that it proceeds when "by the nature of the matter, there is no individual nor direct injury". In the second place, the possibility of appearing in defense of "diffuse interests" is provided for; this concept, whose content has been gradually outlined by the Chamber, could be summarized in the terms used in Judgment No. 1993-3750 at 15:00 hours on July 30, 1993:
"… Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law - as this Chamber has already said - merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that before them, determined or easily identifiable persons are identified, or personalized groups, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community as a whole. It therefore concerns individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive a damage, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them." That is, diffuse interests possess a dual nature, as they are simultaneously collective—because they are common to a generality—and individual, and therefore they can be asserted as such." In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united around a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights that it has qualified as "diffuse," such as: the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity and the sound management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups within it; an environmental harm does not affect only the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of the sound management of public funds authorized in the Budget of the Republic is an interest that concerns all the inhabitants of Costa Rica, not just any one group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is no more than a simple description inherent to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible, in any way, to be understood that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights.
II.- On the standing of the petitioner.
The petitioner argues that he files the action of unconstitutionality because the challenged articles do not allow him to exercise his right to elect and be elected, which not only affects him personally, but also the collectivity of indigenous persons. In this sense, the petitioner comes before the Chamber to discuss the constitutionality of Article 16, and subsection a), of numeral 24, of Executive Decree 37801-MEP of May 17, 2013, because from his interpretation, he understands that he is prevented from joining the Local Council of Indigenous Education of his territory, which clearly involves the right to elect or to be elected to a consultative body of the Ministry of Public Education. However, Article 18, of Executive Decree No. 37801, establishes that the appointment to these Local Councils of Indigenous Education must be guaranteed through an open call to all members of the community using a format guaranteed by Convention No. 169 and customary law. That is, it must occur through an act of democratic exercise, in which the participation of the indigenous community is integrated through the call, voting, and decision by majority, for the appointment of the persons who would integrate these Councils. From the previous point of view, when alleging impediments that could affect the right to access such positions through an election, the Presidency of the Chamber, by resolution at 11:27 a.m. on March 24, 2021, considered that there was indeed a diffuse interest of the petitioner in the right to elect and be elected, whose claim would find protection in paragraph 2, of Article 75, of the Law of Constitutional Jurisdiction. However, upon better agreement, the Chamber re-examines the premise of the petitioner's standing, given that in Judgment No. 2023-22194 at 4:16 p.m. on September 6, 2023, it was stated: "… the important thing is that whoever files an action of unconstitutionality possesses the standing for its admissibility, and not so much the fact of whether or not they made a correct invocation of it." In this regard, the standing that allows the filing of the action can be reviewed by the Chamber.
However, the petitioner alleges that there is an affectation of the diffuse interest of the indigenous community due to the violation of fundamental rights of the educational system (to elect and be elected, suffrage, non-discrimination, among others), which he considers are affected both for him and for other indigenous persons if they change from one indigenous territory to another. In the Chamber's view, the petitioner shares not only an individual interest but also a collective one in preserving certain rights coinciding with the other indigenous persons who might move to reside or live in another indigenous territory. It must be admitted that the petitioner's interest in forming part of the Local Council of Indigenous Education could also be shared with other persons in the same situation as him, being a resident not born in the specific indigenous territory where he lives, and he is prevented from attaining said position. In turn, it must be admitted that there may be different indigenous groups that share similar interests and customs, and others that do not, as will be explained, which occurs due to the worldview (cosmovisión), cosmogony (cosmogonía), and customary law of indigenous peoples. The fact is that, following the cited precedent (No. 2023-22194), the rules of admissibility must be interpreted favorably to allow the action to proceed, and with a pro sententia sense whose purpose is to allow the Constitutional Chamber to examine the challenged provisions and expel the norms that could prove offensive to the Law of the Constitution (norms, principles, and values), in accordance with the guarantee of constitutional supremacy and its direct effectiveness.
On the other hand, in the jurisprudence of this Chamber, an action of unconstitutionality was admitted for the claim of an indigenous person against regulatory norms that imposed an election system for positions in their indigenous representative organizations not chosen by the indigenous peoples. In this case, through Judgment No. 2010-18714 at 10:10 a.m. on November 12, 2010, the Chamber admitted the standing of the petitioner for filing the action under the premise of diffuse interests, due to the affectation of the norms on his condition as an indigenous person, in the following manner:
"The action of unconstitutionality is a process with certain formalities, which must be satisfied so that the Chamber can validly hear the merits of the challenge. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the admissibility prerequisites for actions of unconstitutionality, and regulates three different situations: in the first paragraph, it requires the existence of a matter pending resolution, whether in a judicial venue, including habeas corpus or amparo appeals, or in the administrative venue –in the phase of exhausting administrative remedies–, in which the unconstitutionality of the questioned norm is invoked, as a reasonable means of protecting the right considered injured in the main matter. In the second and third paragraphs, the direct action is regulated –without requiring the base matter–, in the following scenarios: a) when due to the nature of the matter there is no individual and direct injury, or it concerns the defense of diffuse interests, or those that concern the community as a whole; and b) when the action is brought by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, and the Ombudsperson. In relation to diffuse interests, this Tribunal has indicated that:
"Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law –as this Chamber has already stated– merely collective interests; nor so diffuse that their ownership blends with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in contrast, determined persons, or personalized groups, are identified or easily identifiable, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate interests that concern a community as a whole. They are, then, individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of persons who share an interest and, therefore, receive an actual or potential harm, more or less the same for all, which is why it is rightly said that they are equal interests of the groups found in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests possess a dual nature, as they are simultaneously collective –because they are common to a generality– and individual, and therefore they can be asserted as such. (...) In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united around a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc." (Judgment number 8239-01 at four hours seven minutes on August fourteenth, two thousand one).
In the present case, the petitioner asserts his standing via abstract constitutional review and invokes, in his condition as an indigenous person, interests that concern the indigenous community. It is admissible to hear and resolve this action of unconstitutionality via abstract review, insofar as the petitioner holds a diffuse interest, as it concerns a specific community –the indigenous one– and the alleged norms affect them in said condition" (In the same sense, Judgment No. 2012-007214 at 4:02 p.m. on May 30, 2012).
In the same sense, Judgment No. 2017-009549 at 11:10 a.m. on June 21, 2017, insofar as it affirms that the action is admissible under the premises established in paragraph 2, of Article 75, of the Law of Constitutional Jurisdiction, as "rights of all indigenous peoples are affected and especially the vulnerable population such as children and adolescents, as well as the working-class teachers of Costa Rican indigenous education." Therefore, the action is admissible due to the petitioner's diffuse interest coinciding with his condition and that of other indigenous persons, given that the affectation of the rights of indigenous peoples is discussed; thus, it is admissible, in accordance with paragraph 2, of Article 75, of the Law of Constitutional Jurisdiction. Consequently, the merits of this matter must be heard.
III.- Subject matter of the challenge. The action seeks the declaration of unconstitutionality of the following two articles of Executive Decree No. 37801 of May 17, 2013, denominated Reform of the Indigenous Education Subsystem, as they establish:
"Article 16.—Integration of the Local Councils of Indigenous Education. The Local Council of Indigenous Education shall be integrated solely by indigenous persons who are residents (habitantes) of the corresponding territory. Furthermore, it must be integrated equitably between indigenous men and women" (the underlining is not original).
Likewise, the constitutional regularity of the numeral transcribed below is discussed:
"Article 24.—Of the teaching, technical-teaching, administrative, administrative-teaching staff of the educational services of initial education, preschool, and the first and second cycle of general basic education belonging to Title II of the Civil Service Statute and of the general services and professional staff belonging to Title I of that same Statute.
With the objective of ensuring the maintenance and cultivation of national indigenous languages, which implies that indigenous education be a specialized education, focused on fulfilling the rights of indigenous peoples to preserve their identities, it shall be guaranteed that the teaching, technical-teaching, administrative, administrative-teaching staff of the educational services of initial education, preschool, and the first and second cycle of general basic education belonging to Title II of the Civil Service Statute and the general services and professional staff belonging to Title I of that same Statute, shall be:
Subsection a) In initial education, preschool, and the first and second cycle, it must be guaranteed that the teaching and technical-teaching staff at all educational levels is composed of indigenous persons of their own culture and their own territory and who are certified speakers of their mother tongue. The administrative, administrative-teaching, general services, and professional staff in educational centers must be indigenous persons of the same culture and certified speakers of the mother tongue of the territory. For all cases, among the offerors, those who demonstrate higher academic qualifications or, under equal conditions, greater experience in time worked shall prevail.
Subsection b) (…)"(the underlining is not original).
In the case at hand, the petitioner bases his claim of unconstitutionality on the substantive impossibility that would be established in these norms. What is challenged in the action are precisely the two phrases highlighted with underlining, which are related to what the petitioner states, that both numerals contain a bias or an illegitimate connotation that discriminates based on the origin of the indigenous person between indigenous territories, which would be prohibited by both human rights norms and the right to equality. Moreover, the petitioner alleges other presumed violations arising from the breach of discrimination he suffers, such as forms of apartheid, impossibility of migrating within the national territory, dignified work, free transit, among others.
IV.- On the merits.
Problem raised by the petitioner: The substantive conflict raised by the petitioner is that he interprets and understands (according to what officials of the educational system of Turrialba told him), that Article 16, and subsection a), of numeral 24, both of the challenged Executive Decree, establish that to be a member of the Local Council of Indigenous Education, one must be a resident (habitante), solely and exclusively, of the corresponding territory, which he understands would prevent a Bribri person from participating in the popular election process for the members of that Council if they reside in another indigenous territory. His claim arises because, being Bribri, he was not allowed to join the Council where he resides, which is Cabécar territory. Despite being able to migrate, marry, buy and sell his houses in indigenous territories, he is not allowed to form part of the Local Council of Indigenous Education for not being a "resident of the corresponding territory," in the place where the elections are held, as is his case in which he is Bribri, but lives in a Cabécar population, where he has had his roots for twelve years. He has been informed that he does not have the right to elect and be elected based on the challenged phrases. The same affectation to work and dignity occurs due to segregating indigenous ethnicities and cultures with the phrase "and of their own territory," but the same national literature already recognizes the Bribris and Cabécares as a single ethnicity and cultural matrix. In the same sense, he affirms the existence of judicial pronouncements, such as Judgment No. 2014-00542 of the Agrarian Tribunal. He says he migrated to improve his study opportunity, but that he has not been able to participate in decisions in the educational field for his descendants. That the act of applying caused him attacks based on the challenged phrases, all of which he regrets because he believes that since the Executive Decree of 2013, it operates as a system of apartheid, that one must be a resident of the corresponding territory, and of their own territory, to be able to elect and be elected, with the gravity that all this implies.
The Office of the Attorney General of the Republic points out that what is provided in Article 16, of the challenged Executive Decree, is unequivocal, there is no ambiguity in the meaning, but rather it uses precise and clear terms. It indicates that only indigenous persons can be members (integrar) of the Local Councils of Indigenous Education, and that they must be residents (habitantes), that is, they must dwell or reside in the territory. It does not mean they must be natives of the indigenous territory, so that it can be understood in accordance with Article 8, of the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and numeral 27, of Convention No. 169 of the International Labour Organization.
The Minister of Public Education points out that Article 16, of the challenged Decree, was established to safeguard the cosmogony and worldview (cosmovisión) of an indigenous territory, protecting the autonomous development of its education, but it does not make any cultural differentiation. This is in line with the jurisprudence of the Chamber, Judgment No. 2016-07999 (without indicating the resolution details).
The Executive Director of the National Commission for Indigenous Affairs stated that it "rather protects the rights of the inhabitants of the different indigenous territories and their own culture, their language, their autonomy, and their identity, enshrined not only in the political constitution (sic), but also in the international legal instruments signed and ratified by the country, so that each of these communities can develop according to their own worldview and interests, without external agents imposing their personal interests and wanting to design modes and forms of education and cultures different from those of their communities." A.- On the Local Councils of Indigenous Education.
However, the Chamber has referred to the Local Councils of Indigenous Education, as one of the different mechanisms that seek to implement the objectives of Convention No. 169, of the International Labour Organization. In this sense, its fundamental purpose is to materialize the mandatory consultation of its members so that they can intervene in the decisions of the public educational process of young indigenous persons. Precisely, in the recitals of Executive Decree No. 37801 of May 17, 2013, it explains: "VIII.-That said Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, repeatedly imposes on the Costa Rican State the duty to respect the cultures, ways of life, organizations, and institutions of indigenous peoples, as the correct way to meet their needs, for which it provides for their effective participation in decisions that affect or may affect them, as well as the establishment of adequate legal instruments and mechanisms and procedures for compliance with the Convention, in accordance with the particular circumstances of the country." Article 15, of the challenged Executive Decree, establishes these obligations in indigenous education for the national, regional, and circuit educational authorities of the Ministry of Public Education. This responds to the necessary indigenous participation and consultation mechanisms in decisions that could affect them, given that education is not only a vehicle for the preservation of the native language of the indigenous territories, but also for preserving their way of life, within the younger generations. Precisely, in Judgment No. 2017-009549 at 11:10 a.m. on June 21, 2017, the issue is addressed in the following manner:
"The Costa Rican State, through its institutions, has been taking concrete actions to ensure that the education of indigenous peoples comes as close as possible to the principles of Convention 169 of the ILO, which establishes a basic legal framework that guides state relations with indigenous and native peoples in this matter. For what is of interest in this case, both Executive Decree number 22072-MEP of February 25, 1993, at the time, and now number 37801-MEP of June 15, 2013, establish consultation processes to representative bodies of the respective indigenous communities, in aspects related to the appointments of teachers in educational centers located in their territories. This seeks precisely to ensure the greater intervention of the communities themselves in defining the general lines of education they wish to receive, all in accordance with their cultural and linguistic particularities, whose conservation and encouragement are of interest to the State. It is in this way that the recently cited Decree 37801 incorporates the creation and operation of the so-called Local Councils of Indigenous Education, whose main task is to serve as a mandatory consultation body regarding the appointments of indigenous teachers in indigenous educational centers. In this way, in the ideal situation designed normatively, such Councils receive, analyze, and channel to the Ministry of Education the proposals for interim appointments of teachers in educational centers located in their indigenous locality (Article 15, of Decree 37801). Precisely to develop in detail the steps and procedures related to the interim appointments of indigenous teachers in centers located in indigenous territories –naturally including the intervention process of the Local Councils of Indigenous Education– is that several circulars have been issued by the Ministry, including the two that are the subject of challenge and are described below." As observed, the jurisprudence of the Chamber makes clear the importance and purpose of these Councils, which obtains normative coverage from Convention No. 169, of the International Labour Organization itself, in its function as interlocutor between indigenous peoples and the Ministry of Public Education. By serving as a forum between both parties, the protection of indigenous interests is sought, cooperating with the Ministry of Public Education so that it can resolve the appointments of educators, in the manner most closely adhering to these high purposes, of respect for and preservation of the entire indigenous culture. All this, within the functions established in Article 15, subsection 1), but also, of collaboration with the supervisors of the indigenous circuits as indicated (subsection 2), in the organization of community and technical consultation processes that allow adapting study programs and educational services (subsection 3), of designating a representative of the Territory to the National Consultative Council of Indigenous Education (subsection 4), and of community dialogue and improvement in the quality of education and capacity development with seminars, workshops, etc. (subsection 5). With the mandatory consultation of the Local Councils of Indigenous Education, the obligation to consult is fulfilled, and at the same time, it allows fundamentally obtaining the contribution and vision of the indigenous people on the approach these peoples want in the educational formation of their community.
B.- Composition of the Local Councils of Indigenous Education.
The Chamber starts from the requirements demanded by Article 16, of Executive Decree No. 37801, which are primarily that "they shall be integrated solely by indigenous persons who are residents (habitantes) of the corresponding territory and, equitably, by women and men." But, in addition, in the matter at hand, there is Article 17, of that regulation, which establishes:
"Article 17.— Number of members and composition of the Local Councils of Indigenous Education. The number of members and the composition of the Local Councils of Indigenous Education shall be established autonomously by the communities of each indigenous territory, using procedures that take into account the provisions of Articles 5, 6, and 28 to 31 of Convention 169, and customary law." That is, each indigenous territory can establish the number of members and their composition within the parameters established in Article 16, of the Executive Decree (exclusively by indigenous residents (habitantes) of the corresponding territory and observing equity between men and women); but, additionally, other normative texts, which, because they deal with fundamental rights, cannot be excluded. Thus, one could not act contrary to Article 8, of Convention No. 169, of the International Labour Organization, as will be stated.
In the jurisprudence of the Chamber, it has been established regarding the composition of these Local Councils of Indigenous Education. In Judgment No. 2016-07999 at 11:51 a.m. on June 10, 2016, the issue of the election of the members of these consultation bodies was addressed, and it was held that:
"In accordance with Articles 16, 17, and 18 of the challenged decree, their composition (including the number of members) and regulation shall be established autonomously by each community. The only requirements demanded by the decree are that they be integrated solely by indigenous persons who are residents (habitantes) of the corresponding territory and, equitably, by women and men. In reality, the council is a flexible structure that serves as a liaison with the MEP. Each community may give it the content that most closely aligns with native institutions. Secondly, the councils' functions are limited to very specific aspects and solely in the field of education, so they do not interfere with the governmental functions of the associations. Finally, given the noted flexibility, communities that so decide may align the composition of the council with the respective association, provided that gender equity and the condition of being indigenous and a resident of the territory are respected. The members and the members of the indigenous development associations are not excluded from the councils, and it is entirely possible that the councils and the associations can establish means of coordination. In summary, this Tribunal does not observe the opposition pointed out by the petitioners." For now, the discussion of this action must concentrate on who is a resident (habitante) of the territory as the first aspect of the requirements sought by the challenged Article 16. The second requirement will not be addressed, given that it was not part of the challenge; that is, regarding the issue of equitable distribution between women and men.
However, the provision contained in the challenged Article 16 clearly establishes that the members of the Local Councils must be exclusively indigenous persons who are residents of the territory. This implies two very important issues: the first is the condition of the candidate for membership (integrar) in the Local Council, who must be indigenous by provenance (origin) and ethnic condition; and, the second, is that it requires that the indigenous person be a resident (habitante) of the corresponding territory.
The ethnic provenance comes directly from the implementation of the international obligations established in Convention No. 169, of the International Labour Organization, which was precisely developed to provide a framework of protection for indigenous and tribal peoples. In pursuit of the foregoing, the Executive Decree imposes the framework through which that integration must be formalized, within those international obligations. Thus, it is important to mention that the text of the norm is clear, it admits no other interpretation, that it must only involve an indigenous person, understood within the scope of application of the aforementioned Convention No. 169. Its Article 1 establishes the following:
"1. This Convention applies:
(a) to tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations; (b) to peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.
2. Self-identification as indigenous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion for determining the groups to which the provisions of this Convention apply.
3. The use of the term peoples in this Convention shall not be construed as having any implications as regards the rights which may attach to the term under international law." The definition of the indigenous person must subsume the cultural aspects of indigenous peoples, as well as be in accordance with indigenous custom and law. Of course, this definition must be consistent, well-founded, not arbitrary –and therefore– not capricious, so that it can be guaranteed that all indigenous persons can live their lives in indigenous territories. This clearly derives from the obligation of non-discrimination, inherent to the central ideals of the human rights systems that so protect the dignity of every person; in the context at hand, it is the indigenous person, within and outside their territories.
This Court is not oblivious to the difficulty that may exist internally within the different indigenous peoples of Costa Rica, where differences may arise in how lineage is transmitted, whether through matrilineal or patrilineal traditions, or others, which must be observed with a certain autonomy in favor of the peoples, provided that the distinctions cannot imply an infringement of fundamental rights.
For the foregoing, it is necessary to cite Article 8 of Convention No. 169 of the International Labour Organization, insofar as it establishes that:
"Article 8.
1. In applying national laws and regulations to the peoples concerned, due regard shall be had to their customs or customary law.
2. These peoples shall have the right to retain their own customs and institutions, where these are not incompatible with fundamental rights defined by the national legal system and with internationally recognized human rights. Procedures shall be established, whenever necessary, to resolve conflicts which may arise in the application of this principle.
3. The application of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent members of these peoples from exercising the rights granted to all citizens of the country and from assuming the corresponding duties." For the time being, according to what was argued by the petitioner, the conflict of constitutionality that he raises before this Constitutional Chamber does not necessarily lie in the problem of indigenous provenance or origin, since effectively Article 16 of the challenged Executive Decree incorporates what is established in Convention No. 169 of the International Labour Organization. However, it is necessary to address it, given that the Local Indigenous Education Councils (Consejos Locales de Educación Indígena) precisely fulfill the functions of mandatory consultation of indigenous peoples in educational matters implemented by the Ministry of Public Education (Ministerio de Educación Pública), and which concern them because it is exclusive to their interests of preserving their traditions, customs, governance, as well as the cosmogony and worldview of their peoples.
On the other hand, the phrase "inhabitant of the territory" (habitante del territorio) indigenous must be examined, which is essential to resolve the action of unconstitutionality. The dictionary of the Real Academia Española is responsible for establishing, in its first and second meanings as a definition, the following: "1. adj. That inhabits. U.t.c.s. (Also used as a noun) of settler, dweller, citizen, resident, compatriot, subject, burgher, provincial, villager, aldeano, local. 2. m. and f. Each of the persons that constitute the population of a neighborhood, city, province, or nation" (the text in parentheses is added). The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) considers that the inhabitant of the territory should be understood as corresponding to one who dwells or resides in the territory. In this sense, the Court agrees that the definition that best corresponds to the problem under discussion is the first meaning, because in the context of the regulations at hand, the function fulfilled by the inhabitant is related to the verb to inhabit, which is to live or dwell, occurring in a specific place with a sense of permanence. Thus, the reality is that when people migrate to different places within the national territory to settle in another, the meaning of inhabitant is understood to refer to the person who lives or dwells in a specific place, who is its settler. This occurs when one decides to settle in a specific territory, even if it is not the same one of birth, that person resides in that territory as an inhabitant or settler.
In sync with the foregoing, it is necessary to cite the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, insofar as it establishes in Article VIII, the following:
"Indigenous persons and communities have the right to belong to one or several indigenous peoples, in accordance with the identity, traditions, customs, and systems of belonging of each people. No discrimination of any kind may arise from the exercise of this right." This implies that the normative systems, including those of customs and customary law that would define the order of belonging to one or several indigenous peoples for indigenous persons, must be compatible with equality and non-discrimination; and, therefore, cannot be offensive to the fundamental rights that would be defined and established in the national system, including internationally recognized human rights. In this sense, systems must be sought to resolve the conflicts that arise.
Having said the foregoing, as interpreted by this Chamber, the problem denounced by the petitioner is not in the challenged Article 16, much less would it have the effects he excessively attributes to it by affirming that it would involve treatments equivalent to apartheid, because it prevents migration. As the Office of the Attorney General of the Republic rightly indicates, norms must be interpreted in their proper sense; therefore, the way in which Executive Decree No. 37801 is applied is not something that can be attributed to the letter of the norm. The Chamber, in Judgment No. 2014-001732 of 3:00 p.m. on February 11, 2014, when analyzing the provisions under examination, also alluded to the need to adhere to the letter of the normative texts, which is a rule of legal interpretation well established in legal systems. This judgment in turn cites the Supreme Court of the United States of America, which more than a century ago—when it ruled in 1917—delimited the need to abide by the letter of normative texts. The Chamber stated on that occasion that:
"In this sense, resorting to a culture and long legal tradition such as American constitutionalism, reveals that '… it is elementary that the meaning of a statute must, in the first instance, be sought in the language in which the act is framed, and if that is plain … the sole function of the courts is to enforce it according to its terms' or when the statutory text is 'plain and admits of no more than one meaning the duty of interpretation does not arise and the rules which are to aid doubtful meanings need no discussion…' (Caminetti v. United States, 242 U.S. 470, 485 (1917))." In this way, the Executive Decree is responsible for legitimizing the inhabitant or resident as the person who could occupy the position of the Local Indigenous Education Council, without prejudice to the fact that the indigenous territories may regulate it in an objective and reasonable manner, so that it is consistent with the fundamental rights of individuals. Furthermore, it should be remembered that the election of the members of these Councils is the product of a democratic exercise, a right of the majorities, in which the persons who postulate with the greatest acceptance are elected, which translates into number of votes, and through an open call to all members of the community (Article 18 of the Executive Decree).
In any case, the arguments put forth by the petitioner do not derive from the challenged regulations, and although they could have been produced by other provisions, these were not formally challenged in the action. That is, the petitioner did not clearly and precisely indicate other norms that would be excluding him, except for factual situations against which he complains. With this, he does not demonstrate that there exists any norm established in the indigenous territory where he resides that has been developed autonomously by the communities of each indigenous territory, which is contrary to equality and other superior norms of the legal system.
Now then, despite the foregoing, a warning must be made. The abstract analysis that this Chamber makes of the challenged regulations does not prejudge, of course, the definition of lineages and belonging to the peoples in particular. Moreover, it is to be expected that it would not be defined beforehand in the challenged regulations when trying to cover the twenty-four indigenous territories, with eight peoples inhabiting them (the Cabécar culture as the one with the most members, followed by: the Bribri, Gnöbe, Brunca, Teribe, Huetar, Maleku, and Chorotega), each one with forms of filiation defining the rules that would enable all their inhabitants in the election process. Evidently, this should be carried out casuistically, taking into account the cultural affinities of the inhabitants of the indigenous territories, all of which, while seeking equality among inhabitants, must be done in accordance with the cultural patterns that need to be analyzed, and which would involve the definition of kinship ties, authority, and ethnic ascription. What is clear is that there can be no discriminatory effects, and that the differences that are established must respond to an objective and reasonable analysis of the rights to equality of all indigenous persons. This could be known through other avenues, such as the administrative avenue before the authorities of the Ministry of Public Education, or in the avenue of administrative litigation, given that the action of unconstitutionality is a process of pure law, of control of constitutionality of norms, and not of factual situations like those denounced by the petitioner.
Consequently, in light of all the foregoing, this aspect of the action must be dismissed.
V.- On the right to education in one's own language within one's own territory.
The petitioner challenges the provision contained in Article 24, subsection a), of Executive Decree No. 37801, because he considers it contains an impact on work and dignity by segregating indigenous ethnicities and cultures with the phrase "and from their own territory" (y de su propio territorio), which he considers discriminatory.
The Office of the Attorney General of the Republic indicates that this numeral has no relation to the way in which the Local Councils are formed; furthermore, this challenged article protects the right of indigenous persons to receive education in their own language (Article 28 of Convention No. 169), but also, it does not exclude indigenous persons from another indigenous territory from teaching in a different one.
Among other things, the Minister of Public Education similarly informs that a reference is made to the priority of selection of personnel in indigenous territories, to give effect to the right contained in Article 28 of Convention No. 169 of the International Labour Organization. These are affirmative measures of rights for the defense of indigenous languages, and the petitioner confuses the nature and meaning of Article 16, which is for the CLEIs, with numeral 24, which is for teaching and other educational service personnel.
The Executive Director of the National Commission on Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) agrees that there is no violation of equality and non-discrimination, and that the aim is to preserve the roots of the original peoples, the differences, their worldview, their culture, their identity, and to ensure they are not lost.
Regarding the right to education, this Chamber, in Judgment No. 2013-011928 of 2:45 p.m. on September 10, 2013, established that:
"Articles 77 and 78 of the Political Constitution enshrine the fundamental right to education for every person, which supposes an integral, continuous, and correlated educational process in its diverse cycles, from preschool to university, where preschool, general basic, and diversified education in the public education system are free and paid for by the State. In order to guarantee this right to persons in special situations, numeral 76 of the Constitution and international Human Rights instruments (such as Convention 169 of the International Labour Organization), establish special regulations and content in favor of indigenous populations, so that the educational process serves both to transfer the predominant culture and to conserve their own. In this regard, the educational process must be a useful instrument both to reaffirm their identity and to provide the indigenous student with the opportunity for multicultural development and quality training, in which the same scientific knowledge with which the rest of society is educated is made available to them. To achieve these goals, the Law of the Constitution provides for the necessary participation of indigenous peoples in this educational process, which supposes an active and responsible indigenous community within the framework of a democratic system respectful of minority rights." Now then, subsection a) of Article 24 of the challenged Executive Decree establishes that for "initial education, preschool, and first and second cycle, it must be guaranteed that the teaching and technical personnel at all educational levels be composed of indigenous persons of their own culture and from their own territory (de su propia cultura y de su propio territorio) and who are certified speakers of their mother tongue" (the highlighting is not from the original). The Chamber transcribes the provision containing the phrase challenged as unconstitutional, to better unravel its meaning.
Now then, the Chamber agrees with the reporting authorities that the provision seeks to serve a legitimate purpose within the educational framework of indigenous minors, who would be subject to the educational process in the indigenous education system. Precisely, it is about ensuring the conventional right to education of indigenous boys and girls in their own language, established in Article 28 of Convention No. 169 of the International Labour Organization, which provides that "1. Whenever practicable, children of the peoples concerned shall be taught to read and write in their own indigenous language or in the language most commonly spoken by the group to which they belong." In turn, Article 29 establishes that: "A goal of the education of the children of the peoples concerned shall be to impart general knowledge and skills that will help them to participate fully and on an equal footing in the life of their own community and in that of the national community." A consequence of the foregoing is that it guarantees that indigenous students are immersed in their own culture, traditions, and customs, so that the phrase "and from their own territory" stands as that guarantee, although it is recognized that it has the effect of limiting the participation of other indigenous persons who do not belong to that territory. In this sense, the foregoing also guarantees to ensure the differentiations so that they do not lose identity among the different groups. By Judgment No. 2020-09198 of 9:15 a.m. on May 22, 2020, the Chamber indicated that: "The aim is then to preserve the indigenous languages that still exist, promoting their development and practice, and guaranteeing the command of Spanish as the official language; while integrating the local knowledge proper to their culture, worldview, political, social, and economic organization, with regional, national, and universal knowledge, through contextualized and pertinent study plans." In another Judgment, No. 2022-006164 of 9:30 a.m. on March 18, 2022, the Chamber established that: "… a person, by the mere fact of being indigenous or an inhabitant of the territory, cannot be appointed as a teacher, since it must be guaranteed that students receive education from suitable teachers. Note that the position this Chamber has maintained in relation to education in indigenous peoples is that such positions, in indigenous peoples, must be occupied, primarily, by persons who can appropriately transmit the indigenous culture of the area, and therefore, it is assumed that among the available candidates, the one who comes closest to that objective must be chosen, with the indigenous teachers of each area naturally being the most suitable candidates. But this cannot lead to understanding that any person, just by the fact of being indigenous, can be appointed as a teacher, because that would be far from guaranteeing the desired result; namely, the formation of cadres of trained teachers, with vocation and who, in addition, form part of the particular cultures that make up the Costa Rican indigenous population (in a similar sense, see Judgment No. 2014-20297, of 9:05 a.m. on December 11, 2014, reiterated in No. 2017-014969, of 9:15 a.m. on September 22, 2017)." On the other hand, in the case of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku vs. Ecuador (Judgment of June 27, 2012), the Inter-American Court of Human Rights established that:
"217. The Court considers that the right to cultural identity is a fundamental right and of a collective nature of indigenous communities, which must be respected in a multicultural, pluralistic, and democratic society. This implies the obligation of States to guarantee that indigenous peoples are duly consulted on matters that affect or may affect their cultural and social life, in accordance with their values, uses, customs, and forms of organization. In the same sense, ILO Convention No. 169 recognizes the aspirations of indigenous peoples to 'assume control of their own institutions and ways of life and of their economic development and to maintain and strengthen their identities, languages, and religions, within the framework of the States in which they live' (citation omitted)." The truth is that the right to education is recognized as a vehicle for the preservation of one's own particular culture; for this, it must be recognized as an affirmative measure for the conservation of indigenous languages and their culture, as indicated by the Minister of Education. In this sense, the difficulty that arises in establishing the differentiation can be accommodated by their common identity among some indigenous territories, but this can be understood in light of Judgment No. 2005-09974 of 11:14 a.m. on June 29, 2005, which indicated that equality:
"… consists of treating equally those who are in equal factual conditions, constituting, at the same time, a limit on the action of public power. Notwithstanding this and that, in principle, all are equal before the law, in reality, situations of inequality can arise. Here it is important to indicate that there are two basic concepts that are often confused when speaking of the issue of equality before the Law, such as discrimination and differentiation. The Constitution prohibits discrimination, but does not exclude the possibility that public power may grant differentiated treatments to different situations, provided it is based on an objective, reasonable, and proportionate basis. A differentiation of treatment is legitimate and even mandatory, when there is an inequality in the factual assumptions, which would imply that the principle of equality is only violated when equals are treated unequally and, therefore, unequal treatment for identical situations is unconstitutional." Therefore, it is proper to expect that the interpretation of that phrase "and from their own territory" must be made in accordance with the integral context of Article 24 of the challenged Executive Decree; that is, insofar as it seeks to establish levels of differentiated solution to the problems that the Ministry might face in ensuring the right of indigenous children to receive their education in their own indigenous language, by supplying human resources (teaching staff) with the most apt and suitable persons for the preservation of the ancestral worldview, transmission, and enculturation, including the differences among the territories. In the event that such human resources capable of giving content to the education of their own culture do not exist, it is possible to resort to the other mechanisms established in Article 24, subsections b), c), and d), of the challenged Decree so as not to frustrate that fundamental objective of the Indigenous Education System. In this sense, this Chamber agrees with the Ministry of Public Education in indicating that this is a provision that applies to the teaching area, which accommodates the Indigenous Education Subsystem to achieve the cultivation and conservation of national indigenous languages, through education.
Furthermore, the same provision continues by indicating that: "The administrative, administrative-teaching, general services, and professional personnel in educational centers must be indigenous of the same culture and certified speakers of the mother tongue of the territory." It is clear that these are complementary requirements concerning the administrative personnel of the educational center, who would be in the presence of and interacting with the student body. Referring to the workers of the educational center would not cover the members of the Local Indigenous Education Council due to the specific functions already listed in Article 15 of the challenged Executive Decree. Additionally, Judgment No. 2016-007999 of 11:51 a.m. on June 10, 2016, establishes with complete clarity that:
"One must not lose sight that the objective of the indigenous education system is, on the one hand, to ensure the right to consultation of indigenous peoples, and, also, to ensure the right to education of indigenous children." That is, it fulfills a fundamental function in the face of the educational challenges that the indigenous population and the Ministry of Public Education itself must confront as the competent authority responsible for organizing, coordinating, and providing the education required by indigenous peoples in the country. Thus, the act of materializing the educational service for indigenous boys and girls requires taking into account the right to have a comprehensive and bilingual educational induction that integrates their own language and Spanish, complementing the own culture of the territory to which they belong, which allows them to assimilate the local knowledge proper to their culture, worldview, political, social, and economic organization, with other regional, national, and universal knowledge.
By reason of the foregoing, the proper course is to dismiss the action on this point as well.
VI.- Conclusion. By reason of all the foregoing, the appropriate course is to declare the action without merit, as is hereby done.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 on August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 on January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The action is declared WITHOUT MERIT. Magistrate Rueda Leal records different reasons.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H.
Res. 2024007820 Different reasons of Magistrate Rueda Leal. With the customary respect, I separate myself from the majority criterion concerning the admissibility of this action.
I begin by making evident the position I expressed in judgment No. 2023-22194 of 4:16 p.m. on September 6, 2023, cited here by the majority:
"Regarding the majority's argumentation to accept the admissibility of this action, it is astonishing that this Tribunal relieves the party of the duty to substantiate its standing, under the pretext that '…the important thing is that the person filing an action of unconstitutionality possesses the standing for its admissibility, and not so much the fact of whether or not they made a correct invocation of it.' It is surprising because there is a quantity of pronouncements from this Chamber in which actions are summarily rejected for lack of substantiation of standing (for example, see judgments Nos. 2021-26488 of 9:20 a.m. on November 24, 2021, 2021-0617 of 9:15 a.m. on January 13, 2021, 2020-7708 of 9:20 a.m. on April 22, 2020, and 2020-3980 of 10:05 a.m. on February 26, 2020, among many others); on the contrary, it is difficult to find in the case law cases like the one sub examine, where the Chamber departs from the argued standing to itself justify the admissibility of the action. Curiously, the two judgments cited by the majority in relation to the principle pro judgment (2022-000994 and 2013-016944) are summary rejections. Nor should cases be ignored where the action has been rejected because the petitioner invoked collective interests, when they were diffuse (for example, judgment No. 2018-17661 of 9:40 a.m. on October 24, 2018); or conversely, invoked diffuse interests, when they were collective (e.g., judgment No. 2019-9192 of 9:30 a.m. on May 22, 2019)." I insist on the formal character of the action of unconstitutionality and the burden assigned to the petitioner in relation to the need for them to adequately substantiate their standing and the grounds of unconstitutionality. Such work should not be assumed by the Chamber, since, when it does so, as in the cited precedent, it leaves open the question of which are the cases in which the Chamber can motu proprio ignore the lack of substantiation of standing and when it rejects the action for that same reason.
In the case sub lite, I also do not consider it appropriate to recognize standing because it is an electoral matter, as a diffuse interest. As the Chamber indicated in judgment No. 2000-07158 of 2:59 p.m. on August 16, 2000, electoral matter, as a diffuse interest, must be understood as linked to general electoral processes:
"b.- The second paragraph of the same mentioned Article 75 exempts from fulfilling the requirement of the prior matter 'when by the nature of the matter there is no individual and direct injury, or it concerns the defense of diffuse interests, or those that concern the collectivity as a whole.' It is true, as the Advisory Body also indicates, that the Chamber has applied the concept of the defense of diffuse interests to matters such as environmental protection, historical or electoral values (in the latter case, starting from judgment number 980-91 of one thirty p.m. on May twenty-fourth, nineteen ninety-one). Precisely regarding these latter, one could then try to justify the appropriateness of this claim. However, it is necessary to clarify that this jurisprudential doctrine cannot be given such an extensive scope as to think that it includes any election process, because that would lead to what the law wanted to provide as an exception virtually becoming the rule. Indeed, in the opinion of the Chamber, the applicability of this concept must be reserved for those circumstances where democratic legitimacy or the political-electoral rights of citizens are at stake, in the context of the general processes in which they participate, and cannot be extended to special, institutional, or corporate election processes, as is the case to which this action is restricted." In my opinion, the only reason to accept the standing of the protected party is the existence of diffuse interests due to the alleged impact on his condition as an indigenous person, as indicated in the majority vote. However, I also record my particular position regarding the conceptualization of diffuse interests:
"V.- DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATE RUEDA LEAL SOLELY IN RELATION TO THE PETITIONER'S LACK OF STANDING DUE TO DIFFUSE INTERESTS. As I have expressed in other cases, I consider that a quality of the diffuse interest consists precisely in that its impact is general—that is, it affects an entire population or broad sectors of it—within a context where it is not necessary for the harmed subjects to know each other (they could even lack nexus or legal relationships among themselves), but the presence of the same situation of damage or danger to a constitutional good is required, which, equally and without the need for any individualization, comprises and agglomerates an entire society in the abstract. Its defense has the purpose of satisfying a need of society as such; therefore, it is transcendent to that of a human being individually or collectively considered. In judgment no.
2019-17397 of 12:54 p.m. on September 11, 2019, this Court reiterated the following:
"(…) Secondly, the possibility of appearing in defense of 'diffuse interests (intereses difusos)' is contemplated; this concept, the content of which has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in this court's judgment number 3750-93, of three o'clock p.m. on July thirtieth, nineteen ninety-three) \"… Diffuse interests (intereses difusos), although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership blends with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in relation to them, determined or easily identifiable specific persons, or personalized groups, are identified, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate interests that pertain to a community as a whole. It is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and, consequently, suffer a harm, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests participate in a dual nature, since they are at once collective—being common to a generality—and individual, and therefore can be claimed in that capacity\".
In summary, diffuse interests (intereses difusos) are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united based on a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could make, supported by paragraph 2 of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the classification of \"diffuse\", such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the proper management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups within it; environmental damage does not affect only the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather injures or puts at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of the proper management of public funds authorized in the National Budget is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not just any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is merely a simple description arising from its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to understand that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable overturning of the scope of the Rule of Law, and of its correlative 'State of rights', which—as in the case of the Costa Rican model—starts from the premise that what must be explicit are the limits on freedoms, since these underlie the very human condition and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction speaks of interests 'that concern the community as a whole,' it refers to the legal goods explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests in the very holders of sovereignty, in each of the inhabitants of the Republic. It is not, therefore, a matter of any person being able to appear before the Constitutional Chamber in protection of any interests (popular action), but rather that every individual may act in defense of those goods that affect the entire national community, without it being valid in this field either to attempt any exhaustive enumeration" (see judgment No. 2007-01145)." In accordance with what has been stated and maintained by this Court in its jurisprudence, it is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and, consequently, receive a harm, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. It is for this reason, precisely, that, as of judgment no. 2021-2185 of 12:51 p.m. on February 3, 2021, I consider, unlike the Majority of this Court, that some of these interests may be embodied in a particular, concrete case, without thereby losing their status as diffuse interests (intereses difusos), as occurs with environmental protection, whose impact affects one person and everyone in general; and such impact can be individualized in a particular situation, such as, for example, the construction of a factory in a specific neighboring sector, without the respective environmental impact assessments (estudios ambientales), whose negative effects affect the planet's ozone layer. Undoubtedly, the result of a claim or proceeding that a neighbor might bring against that factory will affect not only their own interests, but also those of the rest of the community. Therefore, it constitutes a diffuse interest; and, nevertheless, it is also the subject of a particular, individualized situation. Now, this does not mean, in any way, that in every situation invoked one can allege the existence of a diffuse interest, even though it may be the subject of a particular situation. Let us remember that for an interest to be considered "diffuse," it must not only affect a community, but must also be blurred, spread throughout that community. If it does not produce such an effect, it cannot be considered a diffuse interest. In the case of the plaintiff, as the Majority states, the challenged regulations do not produce a socially diffused impact, but rather a specific one, since it refers to the student population composed of the students of the University of Costa Rica, a group that is easily identifiable. So, in this case, what is discernible is a particular situation of the plaintiff that, although it may be shared by some group of persons, that effect is not of such magnitude as to consider it a diffuse interest. For the stated reason, I agree with the Majority in dismissing this action; however, with the reasoning set forth." (Judgment no. 2023-001728 of 9:30 a.m. on January 25, 2023).
Finally, I note that I dissented (salvé el voto) in judgment no. 2016-07999 of 11:51 a.m. on June 10, 2016, cited by the majority. However, the reason for my individual vote does not affect the transcription made in this judgment.
Paul Rueda L.
1 Observations of SALA CONSTITUCIONAL voted by ballot Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 17:27:12.
Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia desestimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Constitución Política,Pueblos Indígenas Objetivos de Desarrollo Sostenible: Educación de calidad (Obj 4) Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: EDUCACIÓN Subtemas:
NO APLICA.
Tema: MINORÍAS Subtemas:
NO APLICA.
EDUCACIÓN. REFORMA AL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN INDÍGENA Sentencia: 007820-24 del 20 de marzo del 2024 Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad Norma impugnada: Artículos 16 y 24 inciso a) del Decreto Ejecutivo No. 37801 de 17 de mayo de 2013. Reforma al Subsistema de Educación Indígena. Parte dispositiva: Se declara SIN LUGAR la acción. El magistrado Rueda Leal consigna razones diferentes.- TEMAS ANALIZADOS Sobre los Consejos Locales de Educación Indígena.
Conformación de los Consejos Locales de Educación Indígena.
Sobre el derecho a la educación en su propio idioma dentro de su propio territorio.
CO06/24 ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Objetivos de Desarrollo Sostenible Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 075- Asunto previo en vía judicial o administrativa pendiente de resolución Subtemas:
NO APLICA.
ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. “…el accionante alega que hay una afectación al interés difuso de la colectividad indígena por la violación a los derechos fundamentales del sistema educativo (elegir y ser elegido, el sufragio, no discriminación, entre otros), que estima le son afectados tanto a él como a otras personas indígenas si cambian de un territorio indígena a otro. En criterio de la Sala, el accionante comparte no solo un interés individual, sino que también colectivo en conservar ciertos derechos coincidentes con las restantes personas indígenas que pudieran trasladarse a residir o habitar en otro territorio indígena. Debe admitirse que el interés del accionante por formar parte del Consejo Local de Educación Indígena, podría ser también compartido con otras personas en la misma situación en la que él se encuentra, al ser habitante no nacido en el territorio indígena concreto donde vive, y se le impide alcanzar dicho cargo. A su vez, ha de admitirse que pueden existir diferentes grupos indígenas que comparten similares intereses y costumbres, y otros no, como será explicado, lo que ocurre por la cosmovisión, cosmogonía, y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Lo cierto es que al seguir el precedente citado (N° 2023-22194), las reglas de admisibilidad deben ser interpretadas favorablemente para darle curso a la acción, y con un sentido pro sentencia cuyo sentido es permitir que la Sala Constitucional pueda examinar las disposiciones impugnadas y expulsar las normas que pudieren resultar ofensivas al Derecho de la Constitución (normas, principios y valores), conforme a la garantía de la supremacía constitucional y de su eficacia directa…” CO06/24 ... Ver más Res. Nº 2024-07820 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y veinticinco minutos del veinte de marzo de dos mil veinticuatro.
Acción de inconstitucionalidad promovida por JEFFRY REYNALDO VILLANUEVA VARGAS, mayor, soltero, indígena descendiente de los guerreros bribri del clan Uniwak (la gran familia), vecino de la población Cabécar de Alto Chirripó, Grano de Oro Alto Chirripó, portador de la cédula de identidad N° 07-0206-0545; contra las frases “habitantes del territorio correspondiente” e “y de su propio territorio” contenidas en los numerales 16, y 24, inciso a), del Decreto Ejecutivo N° 37801 de 17 de mayo de 2013, denominado “Reforma al Subsistema de Educación Indígena”.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:00 horas del 17 de febrero de 2021, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de las frases “habitantes del territorio correspondiente” e “y de su propio territorio” contenidas en los numerales 16, y 24, inciso a), del Decreto Ejecutivo N° 37801 de 17 de mayo de 2013, denominado “Reforma al Subsistema de Educación Indígena”. Alega, que el decreto impugnado establece que las personas indígenas deben elegir cada tres años a los miembros del Consejo Local de Educación Indígena. El Decreto N° 37801 regula quienes están habilitados para formar parte de ese consejo, quienes para todos los efectos de responsabilidades, son considerados como funcionarios públicos. Las frases "habitantes del territorio correspondiente" e "y de su propio territorio" contenidas en los artículos 16 y 24, inc. a), del decreto impugnado, son inconstitucionales, pues limitan la participación de algunas personas indígenas; provocan discriminación, violentan el derecho de elegir y ser electo, afectan la dignidad humana y lesionan los derechos democráticos. El Estado debe allanar el camino para poder ejercer plenamente los derechos y deberes constitucionales. Estima que las normas impugnadas atentan contra la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, al circunscribir a las personas indígenas y delimitarlas únicamente al territorio al que corresponden, para mantener incólumes sus derechos y garantías constitucionales. De verse obligados a migrar a otro territorio indígena, pierden la posibilidad de ser parte activa en los procesos educativos y democráticos.
2.- Por resolución de las 10:19 horas del 12 de marzo de 2021, se previno al accionante para que, dentro de tercero día, contado a partir de la notificación de la resolución y bajo el apercibimiento de denegarle el trámite en caso de incumplimiento, justificara la legitimación que le asistía en la interposición de la acción. En ese sentido, se le indicó que debía aportar copia certificada del escrito en el que invocó la inconstitucionalidad en el asunto previo, o que indicara los motivos que le confieren la legitimación para accionar en forma directa. De igual manera, se le previno aportar debidamente cancelado el timbre del Colegio de Abogados por la suma de doscientos setenta y cinco colones (₡275.00), por la autenticación del escrito inicial, bajo el apercibimiento de no oír al omiso mientras no cumpla, sin retroacción de términos. En cumplimiento de la prevención, mediante escrito presentado a las 10:15 horas del 16 de marzo de 2021, el accionante justifica su legitimación en un interés difuso de las personas indígenas por la infracción al derecho a elegir y ser elegido, al sufragio, a la no discriminación, entre otros argumentos. De igual manera, en el mismo escrito aporta cuatro timbres por ₡275.00 del Colegio de Abogados, todos debidamente cancelados.
3.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que acude en defensa de los intereses difusos establecido en el párrafo 2°, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, relativos al derecho de elegir y ser electo a cargos públicos.
4.- Por resolución de las 11:27 horas del 24 de marzo de 2024, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Educación Pública, y a la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.
5.- Julio Jurado Fernández, en su condición de Procurador General de la República, rindió su informe. Señala que las normas deben ser interpretadas en su sentido propio, toda vez que el artículo 16, del Decreto Ejecutivo N° 37801 de 17 de mayo de 2013, establece la forma en que deben integrarse los Consejos Locales de Educación Indígena. Dice que, la norma establece que aquellos Consejos deben estar integrados únicamente por personas indígenas habitantes del territorio correspondiente, y que deben estar integrados, de forma equitativa, entre hombres y mujeres.
Afirma que el sentido de los términos que utiliza el artículo 16 es unívoco, no hay ambigüedad en su significación. Sus conceptos son precisos y claros. En primer lugar, ha establecido que solo y exclusivamente las personas indígenas pueden integrar los denominados Consejos Locales de Educación Indígena. De seguido, prescribe que deben ser habitantes del territorio correspondiente; es decir, que deben morar o residir en el territorio al que corresponda el respectivo Consejo Local de Educación Indígena.
Entendido en su tenor literal, basta que el indígena resida o more en el respectivo territorio indígena. Cita la Sentencia de la Sala Constitucional N° 2016-7999 de las 11:51 horas del 10 de junio de 2016, en cuanto estableció que: “ De conformidad con los artículos 16, 17 y 18 del decreto impugnado, su conformación (incluso el número de integrantes) y su reglamentación serán establecidas de manera autónoma por cada comunidad. Los únicos requisitos que exige el decreto es que estén integrados únicamente por personas indígenas habitantes del territorio correspondiente y, de manera equitativa, por mujeres y hombres (el subrayado y negrita agregado por el informante).
Interpretado el artículo 16 en el sentido propio de sus términos, dice que no exige que los integrantes del Consejo Local de Educación Indígena, sean nativos del respectivo territorio indígena. Es suficiente que sean indígenas habitantes del territorio correspondiente. En conclusión, el numeral impugnado no impide que un indígena, originario de otro territorio distinto al de su domicilio, pueda ser legítimamente electo, por la respectiva comunidad, para integrar el Consejo Local de Educación Indígena de su territorio indígena de acogida. Esto es congruente con la garantía prevista en el artículo 8, de la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que las personas indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o varios pueblos indígenas, de acuerdo con la identidad, tradiciones, costumbres y sistemas de pertenencia de cada pueblo, sin que el ejercicio de ese derecho implique el sufrimiento de algún tipo de discriminación.
Es importante indicar que el artículo 15, del Decreto del Subsistema de Educación Indígena, prescribe que los Consejos Locales de Educación Indígena tienen por función principal, el promover el cumplimiento de los objetivos de la educación indígena en el respectivo territorio, para lo cual se conceptualiza al Consejo Local como órgano de consulta obligatoria por parte del Ministerio de Educación Pública.
Se entendió en la Sentencia N° 2016-7999, que los Consejos Locales de Educación Indígena son órganos flexibles de enlace entre la comunidad indígena y el Ministerio de Educación Pública, cuya conformación y funcionamiento puede ser reglamentado por la propia comunidad que lo conforma, siempre y cuando se respete la equidad de género y la condición de indígena y habitante del territorio. Se transcribe, el extracto de la resolución, que indica que “En realidad, el consejo es una estructura flexible que sirve de enlace con el MEP. Cada comunidad podrá darle el contenido que más se acerque a las instituciones autóctonas. En segundo término, las funciones de los consejos se circunscriben a aspectos muy puntuales y únicamente en el campo de la educación, de manera que no interfieren con las funciones de gobierno de las asociaciones. Finalmente, dada la flexibilidad apuntada, las comunidades que así lo decidan, pueden aparejar la conformación del consejo con la respectiva asociación, siempre y cuando se respete la equidad de género y la condición de indígena y habitante del territorio” (la negrita agregada en el informe). La creación de los Consejos Locales de Educación Indígena responde a la obligación convencional del Estado de coordinar con las comunidades indígenas el desarrollo y aplicación de los servicios y programas educativos destinados a las comunidades indígenas. Se transcribe, en lo pertinente, el artículo 27, del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo.
El Consejo Local de Educación Indígena se conceptualiza como un órgano participativo, diseñado para integrarse por personas indígenas que sean residentes de un determinado territorio indígena. Ha sido diseñado como un órgano cuyos miembros deben ser elegidos a través de un procedimiento de convocatoria abierta a todos los miembros de la comunidad indígena respectiva.
Según el artículo 18, del Decreto de creación del Subsistema de Educación Indígena, la elección se debe celebrar en una Asamblea con convocatoria abierta a todos los miembros de la comunidad indígena, independientemente de si éstos son originarios del correspondiente territorio o si han hecho de él su domicilio migrando desde otros territorios o de afuera de cualquiera de los territorios.
Con un procedimiento con convocatoria abierta a todas las personas indígenas de la comunidad, no es válido excluir a las personas indígenas que no sean originarios del respectivo territorio.
Concluye la Procuraduría General que “La normativa impugnada, por consecuencia, no quebranta el derecho a elegir y ser elegido de las personas indígenas. Tampoco su derecho a la participación en los órganos democráticos competentes para coordinar los programas y servicios de educación indígena. La normativa impugnada, por el contrario, tutela ampliamente el derecho de las personas indígenas a integrar y participar en los órganos participativos diseñados para tutelar el derecho previsto en el artículo 27.a del Convenio 169, ya transcrito.
Se impone advertir que el artículo 24.a del Decreto de creación del Subsistema de Educación Indígena, no guarda relación con la regulación sobre la forma de integrar los Consejos Locales de Educación Indígena, tampoco sobre su funcionamiento.
El artículo 24 del Decreto de creación del Subsistema de Educación Indígena tutela el derecho de las personas indígenas a recibir una educación en su propia lengua – derecho tutelado por el artículo 28 del Convenio N.° 169 – pues establece una garantía para que el personal docente y técnico-docente del sistema educativo indígena esté compuesto por indígenas de su propia cultura y de su propio territorio, y que sean hablantes certificados de su idioma materno.
El inciso a) del artículo 24 – que es norma atacada por el actor – dispone específicamente que en la educación inicial, preescolar y del primero y segundo ciclo se debe garantizar que el personal docente y técnico-docente en todos los niveles educativos, esté compuesto por indígenas de su propia cultura y de su propio territorio, y que sean hablantes certificados de su idioma materno. Así mismo, que el personal administrativo, administrativo-docente, de servicios generales y profesional en los centros educativos deben ser indígenas de la misma cultura y hablantes certificados del idioma materno del territorio”.
El artículo 24 no es absoluto, como tampoco impide que personas indígenas de territorio indígena diferente a aquel en que la escuela se halle, enseñen en ella.
En consecuencia con lo anterior, como Órgano Asesor considera que la acción de inconstitucionalidad debe ser declarada sin lugar. La Procuraduría General considera que aún con “el hecho de que las autoridades administrativas del sistema educativo interpreten y apliquen las normas de una manera distinta a la que se desprende de su sentido propio, no implica la inconstitucionalidad de las normas del Decreto de creación del Subsistema Indígena, por lo que el hecho alegado por el actor de que las autoridades administrativas apliquen en forma errada las normas, no es mérito suficiente para declarar su inconstitucionalidad. Por el contrario, es claro que una sentencia de la Sala Constitucional interpretando, en su sentido propio y conforme la Constitución, las normas impugnadas, será de gran utilidad para su correcta aplicación y para la tutela de los derechos fundamentales de las personas indígenas”.
A manera de conclusión, la Procuraduría General, como Órgano Asesor, considera que el artículo 16, como también el inciso a), del artículo 24, del Decreto de creación del Subsistema de Educación Indígena, no violentan el Derecho de la Constitución.
6.- Giselle Cruz Maduro, en su condición de Ministra de Educación Pública, contesta la audiencia concedida, manifestando que hay una clara confusión del accionante en la naturaleza y significado de las normas impugnadas, lo que se puede dilucidar en el recurso de amparo. El artículo 16, del Decreto impugnado, fue establecido para que la propia comunidad, desde su organización educativa local pueda resguardar la cosmogonía y cosmovisión de su territorio, protegiendo el desarrollo autónomo de su educación, pero no hace diferenciación cultural alguna. En cuanto al tratamiento que dice haber recibido no aporta prueba para su análisis exhaustivo. En cuanto al inciso c), del artículo 24, del Decreto Ejecutivo impugnado, tampoco individualiza, fundamenta o aporta prueba. No se observa tampoco que haya infracción a los artículos 22, 33, 51, y 54, de la Constitución Política. Sobre la petición de declarar inconstitucional la frase “habitantes del territorio correspondiente” del artículo 16, del Decreto Ejecutivo N° 37801-MEP, indica que solo exige que sea ocupado por personas habitantes del territorio, para resguardar la cosmología y cosmovisión de su territorio, y que se pueda garantizar el desarrollo autónomo de su educación, más no hace diferenciación cultural alguna. Menciona que el Decreto fue examinado por la Sala en la acción N° 13-011311-0007-CO, en la que se determinó que los CLEI son figuras autónomas, que el MEP no tiene injerencia, y tienen su propia reglamentación y estructura. La acción fue declarada sin lugar.
En cuanto el accionante de esta acción pide declarar la inconstitucionalidad del numeral 24, inciso a), del Decreto N° 37801-MEP, el ministerio aclara que esta norma hace referencia al personal de la educación indígena. En ella hace referencia a la prioridad de selección del personal en territorios indígenas, con el objetivo de velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. En el inciso a) se refiere a “habitantes del propio territorio”, mientras que el inciso b), abre la posibilidad del nombramiento de personas docentes de otros territorios y otras culturas, incluso, personas no indígenas, en todo caso considerando una educación multiétnica y pluricultural. Ya en la mencionada acción, resuelta por Sentencia N° 2016-07999 (sin mencionar los datos de resolución), considerando XVI, no se puede dificultar el aprendizaje del idioma a las nuevas generaciones, y respecto del artículo 24, que “no resulta ni inconstitucional ni contrario a los instrumentos internacionales citados que el MEP procure impartir en los territorios indígenas una educación multiétnica y pluricultural y ponga en contacto a los estudiantes con docentes de otras culturas”. Esto en la misma línea, es un aporte para la convencionalidad cumpliendo a los Estados a tomar las medidas afirmativas de derechos para la defensa de las lenguas indígenas. Cita el artículo 28, del Convenio N° 169, de la OIT. El artículo 24, inciso a), representa ese desarrollo desde el Estado costarricense. El accionante confunde la naturaleza y significado del artículo 16 para los CLEI, con el numeral 24, que es para la docencia y otro personal del servicio educativo, a quienes se les pide que sean de su propio territorio y que sean hablantes certificados de su idioma materno. Reafirma que la condición de los docentes de que sean “de su propio territorio” está respaldado en el derecho constitucional (artículos 1, 76, y 89), como particularmente en el Convenio N° 169, de la OIT, que da cabida al Subsistema de Educación Indígena para lograr el cultivo y conservación de las lenguas indígenas nacionales, mediante la educación. El accionante saca de contexto la frase “habitantes del propio territorio” al omitir que se refiere a los docentes y la relación enseñanza-aprendizaje; que primero se refiere a una situación ideal, para luego referirse a situaciones de inopia. Cita la Sentencia N° 2016-07999 (sin datos de resolución). En cuanto a los otros alegatos subjetivos del accionantes de discriminación, segregación y apartheid, no aporta prueba alguna sobre esas afirmaciones. Pide rechazar la acción por los problemas de admisibilidad señalados, y sin lugar, si se llega a conocer por el fondo.
7.- Daniela Gutiérrez Villanueva, en su condición Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, manifestó que:
“Considera mi representada que dichas frases no atentan contra los principios constitucionales expresados en nuestra carta magna, sino que más bien protege los derechos de los pobladores de los diferentes territorios indígenas y su propia cultura, su idioma, su autonomía y su identidad, consagrado no sólo en la constitución política (sic), sino también en los instrumentos jurídicos internacionales firmados y ratificados por el país, con el fin de que cada una de estas comunidades pueda desarrollarse de acuerdo a su propia cosmovisión e intereses, sin que agentes externos, impongan sus intereses personales y quieran diseñar modos y formas de educación y culturas distintas a las de sus comunidades.
Estas frases no son forma de discriminación ni de violación a principios de igualdad, de no discriminación, derecho a participar y ser elegidos, ya que en ningún momento al accionantes se le está limitando esos derechos generales y absoluto, dichas frase (sic) persiguen el respeto y autonomía de cada uno de los territorios a elegir sus propios representantes dentro de la comunidad para que contribuyan al desarrollo de su cultura, cosmovisión, idioma y otros.
Es importante tomar en cuenta que en nuestro país hay 24 territorios indígenas, donde cada uno de ellos tiene su propia autonomía y diferentes formas de desarrollo y costumbres, su propia cultura, y cosmovisión.
Precisamente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales, especialmente el convenio 169 lo que busca es preservar esas raíces de los pueblos originarios, esas diferencias, esa cosmovisión, su cultura, su identidad y que la mismas (sic) no se pierdan sino que pueda mantenerse todo ese acervo y tradiciones.
La misma Constitución Política establece claramente que somos un país multiétnico y pluricultural, por lo cual debe de respetarse precisamente esa cultura y la autonomía de cada uno de esos pueblos y el interés de establecer ellos mismos cuales son las formas que van a establecer para mantenerlas.
FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Considera mi representada que hay una falta de legitimación activa de parte del accionante porque interpone esta acción por una lesión que considera es personal, así se deduce de la interposición de la misma. Por lo tanto, no puede arrogarse la representación de un colectivo como son todos los 24 territorios del país, en cuyo caso deben de estar representadas por las ADIS, que son quienes por ley tienen la representación judicial y extra judicial de sus territorios, y en cuyo caso verían lesionados sus derechos al no manifestarse respecto de la norma que pretenden sea declarada inconstitucional, con el eventual resultado que personas ajenas a sus territorios, sean nombradas y lleguen a imponer, culturas, costumbres y otros, que no son propias de su población, siguiendo lesionándose los derechos propios de estas poblaciones, como se ha venido haciendo desde siempre, tanto que algunos han perdido su propio idioma”.
Pide declarar sin lugar la acción.
8.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fueron publicados en los números 068, 069, y 070, del Boletín Judicial, de los días 09, 12, y 13 de abril de 2021.
9.- Por resolución de las 14:22 horas del 5 de mayo de 2021, se tuvo por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Educación Pública, y a la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Asimismo, se turnó la acción a la oficina del magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado para el estudio de fondo.
10.- Mediante escrito presentado a las 9:35 horas del 10 de junio de 2021, el accionante replica a los escritos presentados por las autoridades que rindieron sus informes, en el sentido de que no se trata de una disconformidad personal, sino que es un problema a nivel de todos los territorios indígenas. En razón de lo anterior, pide que se ordene un informe al Ministerio de Educación Pública sobre la cantidad de consejos locales de educación están constituidos y adscritos a la institución. Asimismo, que se solicite a las veinticuatro Asociaciones de Desarrollo Indígenas que informen la forma en que han integrado personas indígenas en los Consejo de Educación, si son originarios del territorio, si les permiten participar o tienen limitantes, y si hay prioridad de personas locales por sobre otras de la misma cultura que son de otro territorio. Aporta además la Sentencia N° 2020-02967 de las 9:30 horas del 14 de febrero de 2020, en que acusa la forma pasiva de las autoridades del Ministerio de Educación Pública en abordar temas de violaciones a derechos fundamentales entre indígenas. La sentencia expone el caso de una persona indígena nacida en el lugar, y que en la resolución prevalece por encima de la recurrente que también es indígena de la misma cultura, pero nacida en Ujarrás de Buenos Aires. No tenía los mismos años de experiencia, entre otros detalles que describe.
11.- Mediante escrito de las 9:45 horas del 28 de octubre de 2022, el recurrente solicita medida cautelar para poder participar en la elección, derecho a elegir y ser electo en el CLEI Alto Chirripó pero no se le permite.
12.- Por resolución interlocutoria N° 2022-29135 de las 9:35 horas del 7 de diciembre de 2022, la Sala conoció de la gestión y consideró que lo que solicita es la suspensión de la norma impugnada para su caso concreto, y el otorgamiento del derecho que pretende en el fondo, lo que deberá resolverse por el fondo. En razón de lo anterior, la gestión fue denegada.
13.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.
14.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- Sobre la admisibilidad. El artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa, cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. Dispone el texto en cuestión que procede cuando "por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa". En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la Sentencia N° 1993-3750 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993:
"… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como: el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés que atañe a todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda, de ninguna manera, llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales.
II.- Sobre la legitimación del accionante.
El accionante argumenta que la acción de inconstitucionalidad la interpone dado que los artículos impugnados no le permiten ejercer su derecho de elegir y ser elegido, lo que no solo le afecta a su persona, sino a la colectividad de las personas indígenas. En este sentido, el accionante acude a la Sala a discutir la constitucionalidad del artículo 16, y el inciso a), del numeral 24, del Decreto Ejecutivo 37801-MEP del 17 de mayo de 2013, porque de su interpretación, entiende que se le impide integrar el Consejo Local de Educación Indígenas de su territorio, lo que claramente involucra el derecho a elegir o de elegirse en un órgano consultivo del Ministerio de Educación Pública. Ahora bien, el artículo 18, del Decreto Ejecutivo N° 37801, establece que el nombramiento a estos Consejos Locales de Educación Indígena se debe garantizar mediante una convocatoria abierta a todos los miembros de la comunidad mediante un formato garantizado por el Convenio N° 169 y el derecho consuetudinario. Es decir, se debe dar mediante un acto de ejercicio democrático, en el que se integra la participación de la comunidad indígena mediante la convocatoria, votación y decisión por mayorías, para el nombramiento de las personas que integrarían estos Consejos. Desde el anterior punto de vista, al alegarse impedimentos que pudieran afectar el derecho a acceder a tales cargos mediante una elección, la Presidencia de la Sala, mediante resolución de las 11:27 horas del 24 de marzo de 2021, estimó que en efecto había un interés difuso del accionante en el derecho de elegirse y ser elegido, cuyo reclamo encontraría amparo en el párrafo 2°, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, de mejor acuerdo, la Sala aborda de nuevo el presupuesto de la legitimación del accionante, toda vez que en la Sentencia N° 2023-22194 de las 16:16 horas del 6 de septiembre de 2023, se dijo: “… lo importante es que quien presenta una acción de inconstitucionalidad posea la legitimación para su admisibilidad, y no tanto el hecho de si hizo o no una correcta invocación de esta”. En tal sentido, la legitimación que da cabida a la interposición de la acción puede ser revisado por parte de la Sala.
Ahora bien, el accionante alega que hay una afectación al interés difuso de la colectividad indígena por la violación a los derechos fundamentales del sistema educativo (elegir y ser elegido, el sufragio, no discriminación, entre otros), que estima le son afectados tanto a él como a otras personas indígenas si cambian de un territorio indígena a otro. En criterio de la Sala, el accionante comparte no solo un interés individual, sino que también colectivo en conservar ciertos derechos coincidentes con las restantes personas indígenas que pudieran trasladarse a residir o habitar en otro territorio indígena. Debe admitirse que el interés del accionante por formar parte del Consejo Local de Educación Indígena, podría ser también compartido con otras personas en la misma situación en la que él se encuentra, al ser habitante no nacido en el territorio indígena concreto donde vive, y se le impide alcanzar dicho cargo. A su vez, ha de admitirse que pueden existir diferentes grupos indígenas que comparten similares intereses y costumbres, y otros no, como será explicado, lo que ocurre por la cosmovisión, cosmogonía, y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Lo cierto es que al seguir el precedente citado (N° 2023-22194), las reglas de admisibilidad deben ser interpretadas favorablemente para darle curso a la acción, y con un sentido pro sentencia cuyo sentido es permitir que la Sala Constitucional pueda examinar las disposiciones impugnadas y expulsar las normas que pudieren resultar ofensivas al Derecho de la Constitución (normas, principios y valores), conforme a la garantía de la supremacía constitucional y de su eficacia directa.
Por otra parte, en la jurisprudencia de esta Sala, se admitió una acción de inconstitucionalidad por el reclamo de una persona indígena contra normas reglamentarias que imponían un sistema de elección a puestos de sus organizaciones de representación indígena no escogidas por los pueblos indígenas. En este caso, mediante la Sentencia N° 2010-18714 a las 10:10 horas del 12 de noviembre de 2010, la Sala admitió la legitimación del accionante para la interposición de la acción bajo el supuesto de los intereses difusos, por la afectación de las normas a su condición de persona indígena, de la siguiente manera:
“La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establece los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad, y se regulan tres situaciones distintas: en el párrafo primero, exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial, incluyendo los recursos de habeas corpus o de amparo, o en la administrativa –en fase de agotamiento administrativo-, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero, se regula la acción directa -no se requiere del asunto base-, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto; y b) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En relación con los intereses difusos, este Tribunal ha señalado que:
“Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. (...) En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc." (Sentencia número 8239-01 de las dieciséis horas siete minutos del catorce de agosto de dos mil uno).
En el presente caso, el accionante aduce su legitimación por vía del control de constitucionalidad abstracto e invoca, en su condición de indígena, intereses que atañen a la colectividad indígena. Resulta admisible el conocimiento y resolución de la presente acción de inconstitucionalidad por vía del control abstracto, por cuanto el accionante ostenta un interés difuso, al tratarse de una comunidad específica -la indígena- y las normas alegadas les afecta en dicha condición” (En este mismo sentido, la Sentencia N° 2012-007214 de las 16:02 horas del 30 de mayo de 2012).
En el mismo sentido, la Sentencia N° 2017-009549 de las 11:10 horas del 21 de junio de 2017, en cuanto afirma que la acción es admisible bajo los supuestos establecidos en el párrafo 2°, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto “se afectan derechos a todos los pueblos indígenas y en especial a la población vulnerable como lo es la niñez y del adolescente, como también a los profesores de la clase trabajadora de la educación indígena costarricense”.
Entonces, la acción es admisible por el interés difuso del accionante coincidente con su condición y de las demás personas indígenas, toda vez que se discute la afectación de los derechos de los pueblos indígenas; de modo, que es admisible, de conformidad con el párrafo 2°, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, debe es conocerse por el fondo este asunto.
III.- Objeto de la impugnación. La acción pretende la declaratoria de inconstitucionalidad de los siguientes dos artículos del Decreto Ejecutivo N° 37801 del 17 de mayo de 2013, denominado Reforma del Subsistema de Educación Indígena, en cuanto establecen:
“Artículo 16.-Integración de los Consejos Locales de Educación Indígena. El Consejo Local de educación Indígena estará integrado únicamente por personas indígenas habitantes del territorio correspondiente. Además, deberá estar integrado de manera equitativa entre hombres y mujeres indígenas” (lo subrayado no es del original).
De igual forma, se discute la regularidad constitucional del numeral que de seguido se transcribe:
“Artículo 24. -Del personal docente, técnico-docente, administrativo, administrativo-docente de los servicios educativos de la educación inicial, preescolar y del primero y segundo ciclo de la educación general básica pertenecientes al Título II del Estatuto del Servicio Civil y del personal de servicios generales y profesional pertenecientes al Título I de ese mismo Estatuto.
Con el objetivo de velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales, lo cual implica que la educación indígena sea una educación especializada, centrada en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas a preservar sus identidades, el personal docente, técnico-docente, administrativo, administrativo-docente de los servicios educativos de la educación inicial, preescolar y del primero y segundo ciclo de la educación general básica pertenecientes al Título II del Estatuto del Servicio Civil y del personal de servicios generales y profesional pertenecientes al Título I de ese mismo Estatuto, se garantizará que sea:
Inciso a) En la educación inicial, preescolar y del primero y segundo ciclo se debe garantizar que el personal docente y técnico-docente en todos los niveles educativos esté compuesto por indígenas de su propia cultura y de su propio territorio y que sean hablantes certificados de su idioma materno. El personal administrativo, administrativo-docente, de servicios generales y profesional en los centros educativos deben ser indígenas de la misma cultura y hablantes certificados del idioma materno del territorio. Para todos los casos, entre los oferentes prevalecerán quienes demuestren mayores calificaciones académicas o, en condiciones de igualdad, mayor experiencia en tiempo laborado.
Inciso b) (…)”(lo subrayado no es del original).
En el caso que nos ocupa, el accionante fundamenta su reclamo de inconstitucionalidad en la imposibilidad sustantiva que estaría establecida en estas normas. Lo que se impugna en la acción precisamente son las dos frases que se destacan con el subrayado, que tiene relación con lo que dice el accionante, de contener ambos numerales un sesgo o una connotación ilegítima que discrimina por el origen de la persona indígena entre territorios indígenas, lo que estaría prohibido tanto por la normativa de los derechos humanos, así como el derecho a la igualdad. Por otra parte, el accionante alega otras presuntas violaciones que surgen del quebranto a la discriminación que sufre, como formas de apartheid, imposibilidad de migrar dentro del territorio nacional, trabajo digno, libre tránsito, entre otros.
IV.- Sobre el fondo.
Problema planteado por el accionante: El conflicto de fondo que plantea el accionante es que interpreta y entiende (según dice le indicaron funcionarios del sistema educativo de Turrialba), que el artículo 16, y el inciso a), del numeral 24, ambos del Decreto Ejecutivo impugnado, establecen que para ser miembro del Consejo Local de Educación Indígena, se debe ser habitante, única y exclusivamente del territorio correspondiente, lo que entiende impediría que una persona bribri no pueda participar del proceso de elección popular de los miembros de ese Consejo si reside en otro territorio indígena. Su reclamo radica porque al ser bribri no se le permitió integrar el Consejo donde reside, que es territorio Cabécar. A pesar de poder migrar, casar, comprar y vender sus casas en territorios indígenas, no se le permite conformar el Consejo Local de Educación Indígena por no ser “habitante del territorio correspondiente”, en el lugar donde se hacen las elecciones, como es su caso en que es bribri, pero habita en una población Cabécar, donde tiene su arraigo desde hace doce años. Se le ha informado que no tiene derecho a elegir y ser elegido en razón de las frases impugnadas. La misma afectación al trabajo y dignidad ocurre por segregar las etnias y culturas indígenas con la frase “y de su propio territorio”, pero que la misma literatura nacional ya reconoce a los Bribris y Cabécares como una sola etnia y matriz cultural. En el mismo sentido, afirma la existencia de pronunciamientos judiciales, como la Sentencia N° 2014-00542 del Tribunal Agrario. Dice que migró para mejorar su oportunidad de estudio, pero que no ha podido participar de las decisiones en el ámbito educativo para sus descendientes. Que el hecho de postularse le valió ataques basado en las frases impugnadas, todo lo cual lamenta porque desde el Decreto Ejecutivo del año 2013 estima opera como un sistema del apartheid, se tiene que ser de los habitantes del territorio correspondiente, y de su propio territorio, para poder elegir y ser elegido, con la gravedad que todo ello implica.
La Procuraduría General de la República señala que lo dispuesto en el artículo 16, del Decreto Ejecutivo impugnado, es unívoco, no hay ambigüedad en el significado, sino que utiliza términos precisos y claros. Indica que pueden integrar los Consejos Locales de Educación Indígena única y exclusivamente personas indígenas, y que deben ser habitantes, es decir, que deben morar o residir en el territorio. No significa que deben ser nativos del territorio indígena, para que se pueda entender conforme al artículo 8, de la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, y numeral 27, del Convención N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La Ministra de Educación Pública señala que el artículo 16, del Decreto impugnado, fue establecido para resguardar la cosmogonía y cosmovisión de un territorio indígena, protegiendo el desarrollo autónomo de su educación, pero no hace diferenciación cultural alguna. Esto está en sintonía con la jurisprudencia de la Sala, Sentencia N° 2016-07999 (sin indicar los datos de resolución).
La Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, manifestó que “más bien protege los derechos de los pobladores de los diferentes territorios indígenas y su propia cultura, su idioma, su autonomía y su identidad, consagrado no sólo en la constitución política (sic), sino también en los instrumentos jurídicos internacionales firmados y ratificados por el país, con el fin de que cada una de estas comunidades pueda desarrollarse de acuerdo a su propia cosmovisión e intereses, sin que agentes externos, impongan sus intereses personales y quieran diseñar modos y formas de educación y culturas distintas a las de sus comunidades”.
A.- Sobre los Consejos Locales de Educación Indígena.
Ahora bien, la Sala se ha referido a los Consejos Locales de Educación Indígena, como uno de los diferentes mecanismos que buscan implementar los objetivos del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, tiene el propósito fundamental de materializar la consulta obligatoria a sus integrantes para que puedan intervenir en las decisiones del proceso público educativo de las personas jóvenes indígenas. Precisamente, en la fundamentación del Decreto Ejecutivo N° 37801 del 17 de mayo de 2013, explica “VIII.-Que dicho Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, reiterativamente impone al Estado costarricense el deber de respeto a las culturas, formas de vida, organizaciones e instituciones de los pueblos indígenas, como forma correcta de atender sus necesidades para lo cual prevé su participación efectiva en las decisiones que les afecten o puedan afectar, así como el establecimiento de instrumentos y mecanismos jurídicos adecuados y procedimientos para el cumplimiento del Convenio, conforme a las particulares circunstancias del país”. El artículo 15, del Decreto Ejecutivo impugnado, establece esas obligaciones en educación indígena para las autoridades educativas nacionales, regionales y circuitales del Ministerio de Educación Pública. Esto responde a la necesaria participación indígena y mecanismos de consulta en decisiones que podrían afectarles, dado que la educación no solo es un vehículo para la preservación del idioma autóctono de los territorios indígenas, sino para preservar su forma de vida, dentro de las generaciones más jóvenes. Precisamente, en Sentencia N° 2017-009549 de las 11:10 horas del 21 de junio de 2017, se aborda el tema de la siguiente manera:
“El Estado costarricense a través de sus instituciones ha venido tomando acciones concretas para lograr que la educación de los pueblos indígenas, se acerque los más posible a los postulados de la Convención 169 de la OIT donde se establece un marco jurídico básico que pauta las relaciones estatales con los pueblos indígenas y originarios en esta materia.- Para lo que interesa en este caso, tanto el Decreto Ejecutivo número 22072-MEP de 25 de febrero de 1993 en su momento, como ahora el número 37801-MEP de 15 de junio de 2013, fijan procesos de consulta a órganos representativos de las respectivas comunidades indígenas, en los aspectos relacionados con los nombramientos de docentes en centros educativos ubicados en sus territorios.- Con ello se busca asegurar precisamente la mayor intervención de las propias comunidades en la definición de las líneas generales de la educación que desean recibir, todo de acuerdo a sus particularidades culturales y lingüísticas, cuya conservación y estímulo es de interés del Estado. Es así como en el recién citado Decreto 37801 se recoge la creación y funcionamiento de los denominados Consejos Locales de Educación Indígena cuya principal labor es la de servir de órgano de consulta obligatoria en materia de nombramientos de docentes indígenas en centros educativos indígenas.- De tal forma, en la situación ideal diseñada normativamente, tales Consejos reciben, analizan y canalizan hacia el Ministerio de Educación las propuestas de nombramientos interinos de docentes en los centros educativos ubicados en su localidad indígena (artículo 15, del Decreto 37801). Justamente para desarrollar en detalle los pasos y procedimientos relativos a los nombramientos interinos de docentes indígenas en centros ubicados en territorios indígenas -incluyendo naturalmente el proceso de intervención de los Consejos Locales de Educación Indígena- es que se han emitido por parte del Ministerio varias circulares, entre las que se cuentan las dos que son objeto de impugnación y que se describen enseguida”.
Como se observa, la jurisprudencia de la Sala hace clara la importancia y el propósito de estos Consejos, que obtiene cobertura normativa del propio Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, en su función de interlocutor entre los pueblos indígenas y el Ministerio de Educación Pública. Al servir de foro entre ambas partes se busca la protección de los intereses indígenas coadyuvando con el Ministerio de Educación Pública para que pueda resolver los nombramientos de los educadores, de la forma más apegada a estos altos propósitos, de respeto y preservación de toda la cultura indígena. Todo ello, dentro de las funciones establecidas en el artículo 15, inciso1), pero también, de colaboración con los supervisores de los circuidos indígenas según se indica (inciso 2), en la organización de los procesos de consulta comunal y técnica que permita adecuar los programas de estudio y servicios educativos (inciso 3), de designar representante del Territorio ante el Consejo Consultivo Nacional de Educación Indígena (inciso 4), y de diálogo comunitario y de mejoramiento en la calidad de educación y el desarrollo de capacidades con seminarios, talleres, etc. (inciso 5). Con la consulta obligatoria a los Consejos Locales de Educación Indígena se cumple con la obligación de consulta, y a la vez, permite obtener de forma fundamental, la contribución y la visión del pueblo indígena sobre el enfoque que quieren estos pueblos en la formación educativa de su comunidad.
B.- Conformación de los Consejos Locales de Educación Indígena.
La Sala parte de los requisitos exigidos por el artículo 16, del Decreto Ejecutivo N° 37801, que principalmente son que “estén integrados únicamente por personas indígenas habitantes del territorio correspondiente y, de manera equitativa, por mujeres y hombres”. Pero, además, en el tema que nos ocupa, está el artículo 17, de esa normativa, que establece:
“Artículo 17.- Número de integrantes y conformación de los Consejos Locales de Educación Indígena. El número de integrantes y la conformación de los Consejos Locales de Educación Indígena será establecido de manera autónoma por las comunidades de cada territorio indígena, utilizando para ello procedimientos que tomen en cuenta lo dispuesto en los artículos 5°, 6° y 28 al 31 del Convenio 169, y el derecho consuetudinario”.
Es decir, cada territorio indígena puede establecer el número de integrantes y su conformación dentro de los parámetros establecidos en el artículo 16, del Decreto Ejecutivo (exclusivamente por indígenas habitantes del territorio correspondiente y observando la equidad entre hombre y mujer); pero, adicionalmente, otros textos normativos, que por tratarse de derechos fundamentales, no pueden ser excluidos. Así, no se podría ir en contra del artículo 8, del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, como se dirá.
En la jurisprudencia de la Sala, se ha establecido sobre la conformación de estos Consejos Locales de Educación Indígena. En la Sentencia N° 2016-07999 de las 11:51 horas del 10 de junio de 2016, se abordó el tema de la elección de los miembros de estos órganos de consulta, y se sostuvo que:
“De conformidad con los artículos 16, 17 y 18 del decreto impugnado, su conformación (incluso el número de integrantes) y su reglamentación serán establecidas de manera autónoma por cada comunidad. Los únicos requisitos que exige el decreto es que estén integrados únicamente por personas indígenas habitantes del territorio correspondiente y, de manera equitativa, por mujeres y hombres. En realidad, el consejo es una estructura flexible que sirve de enlace con el MEP. Cada comunidad podrá darle el contenido que más se acerque a las instituciones autóctonas. En segundo término, las funciones de los consejos se circunscriben a aspectos muy puntuales y únicamente en el campo de la educación, de manera que no interfieren con las funciones de gobierno de las asociaciones. Finalmente, dada la flexibilidad apuntada, las comunidades que así lo decidan, pueden aparejar la conformación del consejo con la respectiva asociación, siempre y cuando se respete la equidad de género y la condición de indígena y habitante del territorio. Los miembro (sic) y los integrantes de la asociaciones de desarrollo indígena no están excluidos de los consejos y es totalmente posible que los consejos y las asociaciones puedan establecer medios de coordinación. En suma no observa este Tribunal la oposición que apuntan los accionante”.
Por lo pronto, la discusión de esta acción se debe concentrar en quién es habitante del territorio como el primer aspecto de los requisitos que pide el artículo 16 impugnado. El segundo requisito no se abordará, dado que eso no fue parte de lo impugnado; es decir, sobre el tema de la distribución equitativa entre mujeres y hombres.
Ahora bien, la disposición contenida en el artículo 16 impugnado, establece con toda claridad que los integrantes de los Consejos Locales deben ser exclusivamente personas indígenas habitantes del territorio. Esto implica dos cuestiones muy importantes: la primera es la condición del aspirante para integrar el Consejo Local, el cual debe ser indígena por procedencia (origen) y condición étnica; y, lo segundo, es que requiere que el indígena sea habitante del territorio correspondiente.
La procedencia étnica viene directamente de la implementación de las obligaciones internacionales establecidas en el Convenio N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, que fue precisamente desarrollada para dar un marco de protección a los pueblos indígenas y tribales. En consecución de lo anterior, el Decreto Ejecutivo impone el marco mediante el cual se debe formalizar esa integración, dentro de aquellas obligaciones internacionales. Así, es importante mencionar que el texto de la norma es claro, no admite otra interpretación, que solo debe tratarse de una persona indígena, entendido dentro del ámbito de aplicación del mencionado Convenio N° 169. Su artículo 1, establece lo siguiente:
“1. El presente Convenio se aplica:
(a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; (b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”.
La definición de la persona indígena debe subsumir los aspectos culturales de los pueblos indígenas, así como estar conforme con la costumbre y la ley indígena. Por supuesto, que esta definición debe ser consistente, fundamentada, no arbitraria -y por ende- tampoco antojadiza, de manera que, se pueda garantizar que todas las personas indígenas puedan hacer sus vidas en los territorios indígenas. Esto se deriva, claramente, en la obligación de no discriminación, propio de los ideales centrales de los sistemas de derechos humanos que tanto protege a la dignidad de toda persona; en el contexto que nos ocupa, es de la persona indígena, dentro y fuera de sus territorios. No escapa a la Sala la dificultad que puede existir a lo interno de los diferentes pueblos indígenas de Costa Rica, que se marquen diferencias en cómo se transmite el linaje, sea mediante las tradiciones matrilineales y las patrilineales, u otras, lo que debe observarse con cierta autonomía en favor de los pueblos, siempre y cuando las distinciones no puedan implicar una infracción a los derechos fundamentales.
Para lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 8, de la Convención N° 169, de la Organización Internacional de Trabajo, en cuanto establece que:
“Artículo 8.
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes”.
Por lo pronto, según lo argumentado por el accionante, el conflicto de constitucionalidad que eleva a esta Sala Constitucional, no radica necesariamente en el problema de la procedencia u origen indígena, pues efectivamente el artículo 16, del Decreto Ejecutivo impugnado, recepta lo establecido en el Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, sí es necesario abordarlo, dado que los Consejos Locales de Educación Indígena precisamente cumplen las funciones de consulta obligatoria a los pueblos indígenas en las cuestiones educativas que implementa el Ministerio de Educación Pública, y que a ellos incumbe por ser privativo a sus intereses de preservación de sus tradiciones, costumbres, gobierno, además de la cosmogonía y cosmovisión de sus pueblos.
Por otro lado, se debe examinar la frase “habitante del territorio” indígena, el cual es primordial para resolver la acción de inconstitucionalidad. El diccionario de la Real Academia Española se encarga de establecer, en su primera y segunda acepción como definición lo siguiente: “1. adj. Que habita. U.t.c.s. (Usado también como sustantivo) de poblador, morador, ciudadano, vecino, compatriota, súbdito, burgués, provinciano, pueblerino, aldeano, lugareño. 2. m. y f. Cada una de las personas que constituyen la población de un barrio, ciudad, provincia o nación” (lo escrito entre paréntesis es agregado). La Procuraduría General de la República estima que se debe entender al habitante del territorio correspondiente a quien mora o reside en el territorio. En este sentido, coincide el Tribunal que la definición que más se corresponde con el problema que se discute es la primera acepción, porque en el contexto de la normativa que nos ocupa, la función que cumple el habitante está relacionado al verbo habitar, que es vivir o morar, lo que ocurre en un lugar determinado con un sentido de permanencia. Así, la realidad es que cuando las personas migran a diferentes lugares en el territorio nacional, para establecerse en otro, el significado de habitante se entiende que se refiere a la persona que vive o mora en algún lugar determinado, que es su poblador. Esto ocurre cuando decide establecerse en un determinado territorio, aunque no sea el mismo de nacimiento, reside en ese territorio como habitante o poblador.
En sincronía con lo anterior, es necesario traer a colación la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en cuanto establece en el artículo VIII, lo siguiente:
“Las personas y comunidades indígenas tienen derecho de pertenecer a uno o varios pueblos indígenas, de acuerdo con la identidad, tradiciones, costumbres y sistemas de pertenencia de cada pueblo. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo”.
Ello implica que los sistemas normativos, incluidos los de costumbres y de derecho consuetudinario que definirían el orden de pertenencia a uno o varios pueblos indígenas, de las personas indígenas, deben ser compatibles con la igualdad y no discriminación; y, por ende, no pueden ser ofensivos a los derechos fundamentales que estarían definidos y establecidos en el sistema nacional, incluidos también los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Debe, en este sentido, procurarse sistemas para solucionar los conflictos que surjan.
Dicho lo anterior, según interpreta esta Sala, el problema que denuncia el accionante no está en el artículo 16 impugnado, mucho menos tendría los efectos que le atribuye con desmesura al afirmar que se trataría de tratamientos equivalentes al apartheid, porque impide la migración. Como bien lo indica la Procuraduría General de la República, las normas deben ser interpretadas en su sentido propio, por todo ello, la forma en que es aplicado el Decreto Ejecutivo N° 37801, no es algo que pueda endilgarse a la letra de la norma. La Sala, en la Sentencia N° 2014-001732 de las 15:00 del 11 de febrero de 2014, al analizar las disposiciones bajo examen hizo también alusión a la necesidad de apegarse a la letra de los textos normativos, lo que es una regla de interpretación del derecho bien asentada en los sistemas jurídicos. En esta sentencia se cita a su vez a la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, quien hace más de un Siglo -cuando se pronunció en 1917- delimitó la necesidad de estarse a la letra de los textos normativos. La Sala dijo en esa oportunidad que:
“En este sentido, acudiendo a una cultura y larga tradición jurídica como el constitucionalismo estadounidense, revela que “… es elemental que el sentido de una ley debe, en primera instancia, ser buscado en el lenguaje con que ese acto se formó, y si las misma es claro … la única función de las Cortes es hacer cumplir de acuerdo con sus términos” o cuando el texto legal es “claro y no admite más que un solo significado el deber de interpretación no se configura y las reglas para esclarecer significados ambiguos no necesita discusión…” (Caminetti v. United States, 242 U.S. 470, 485 (1917)”.
De este modo, el Decreto Ejecutivo se encarga de legitimar al habitante o residente como la persona que podría ocupar el puesto del Consejo Local de Educación Indígena, lo anterior, sin perjuicio que los territorios indígenas lo puedan reglamentar de forma objetiva y razonable, de modo que sea acorde con los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, se debe recordar que la elección de los integrantes de estos Consejos es producto de un ejercicio democrático, un derecho de las mayorías, en el cual son electos las personas que se postulan con mayor aceptación, que se traduce en número de votos, y mediante una convocatoria abierta a todos los miembros de la comunidad (artículo 18, del Decreto Ejecutivo).
En todo caso, los argumentos que expone el accionante no se derivan de la normativa impugnada, y si bien, podría haberse producido por otras disposiciones, éstas no fueron impugnadas formalmente en la acción. Es decir, el accionante no señaló en forma clara y precisa otras normas que le estarían excluyendo salvo situaciones de hecho, contra las que se queja. Con ello, no demuestra que exista ninguna norma establecida en el territorio indígena en el que reside que haya sido desarrollada de manera autónoma por las comunidades de cada territorio indígena, que sea contraria la igualdad y demás normativa superior del ordenamiento jurídico.
Ahora bien, pese a lo anterior, se debe hacer con una advertencia. El análisis en abstracto que hace esta Sala de la normativa impugnada, no prejuzga por supuesto la definición de los linajes y pertenencia a los pueblos en particular. Además, es de esperar que no estaría definido de antemano en la normativa impugnada al tratar de cubrir los veinticuatro territorios indígenas, con ocho pueblos que la habitan (la cultura cabécar como la de más integrantes, le siguen: la bribri, gnöbe, brunca, teribe, huetar, maleku, y chorotega), cada uno pues con formas de filiación definiendo las reglas que habilitarían a todos sus habitantes en el proceso de elección. Evidentemente, esto debería llevarse a cabo casuísticamente tomando en cuenta las afinidades culturales de los habitantes de los territorios indígenas, todo lo cual al procurar la igualdad entre habitantes se debe hacer conforme a los patrones culturales que se tengan que analizar, y que involucraría la definición de las vinculaciones de parentesco, mando y adscripción étnica. Lo que es claro, es que no puede haber efectos discriminatorios, y que las diferencias que se establezcan deberán responder a un análisis objetivo y razonable de los derechos a la igualdad de todos los indígenas. Esto podrían ser conocido en otras vías como la vía administrativa ante las autoridades del Ministerio de Educación Pública, o en la vía de lo contencioso administrativo, dado que la acción de inconstitucionalidad es un proceso de puro derecho, de control de constitucionalidad de las normas, y no de situaciones fácticas como las que denuncia el accionante.
En consecuencia de todo lo anterior, se debe desestimar este extremo de la acción.
V.- Sobre el derecho a la educación en su propio idioma dentro de su propio territorio.
El accionante impugna la disposición contenida en el artículo 24, inciso a), del Decreto Ejecutivo N° 37801, porque considera que contiene una afectación al trabajo y dignidad por segregar las etnias y culturas indígenas con la frase “y de su propio territorio”, lo que considera discriminatorio.
La Procuraduría General de la República indica que este numeral no tiene relación con la forma de integrar los Consejo Locales, además, este artículo impugnado tutela el derecho de las personas indígenas de recibir la educación en su propia lengua (artículo 28, del Convenio N° 169), pero además, no excluye que personas indígenas de otro territorio indígena puedan enseñar en otro diferente.
Entre otras cosas, informa similarmente la Ministra de Educación Pública en cuanto que se hace una referencia a la prioridad de selección del personal en territorios indígenas, para dar lugar al derecho contenido en el artículo 28, del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo. Se trata de medidas afirmativas de derechos para la defensa de las lenguas indígenas, y que el accionante confunde la naturaleza y significado del artículo 16, que es para los CLEI, con el numeral 24, que es para la docencia y otro personal del servicio educativo.
La Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas coincide en que nos hay infracción a la igualdad y no discriminación, que se busca preservar las raíces de los pueblos originarios, las diferencias, esa cosmovisión, su cultura, su identidad y que la misma no se pierdan.
Sobre el derecho a la educación, esta Sala, en Sentencia N° 2013-011928 de las 14:45 horas del 10 de septiembre de 2013 estableció que:
“Los artículos 77 y 78 de la Constitución Política consagran el derecho fundamental a la educación a toda persona, lo que supone un proceso educativo integral, continuo y correlacionado en sus diversos ciclos, desde el preescolar hasta el universitario, donde la educación preescolar, general básica y diversificada en el sistema de educación pública son gratuitas y costeadas por el Estado. En aras de garantizar ese derecho a personas en situaciones especiales, el numeral 76 de la Constitución e instrumentos internacionales de Derechos Humanos (como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), establecen regulaciones y contenidos especiales a favor de las poblaciones indígenas, a fin de que el proceso educativo sirva tanto para transferir la cultura predominante, como para conservar la suya propia. Al respecto, el proceso educativo tiene que ser un instrumento útil tanto para reafirmar su identidad, como para brindarle al estudiante indígena la oportunidad de un desarrollo multicultural y una formación de calidad, en el que se ponga a su alcance los mismos conocimientos científicos con que se educa al resto de la sociedad. Para lograr estos cometidos, el Derecho de la Constitución dispone la necesaria participación de los pueblos indígenas en este proceso educativo, lo que supone una comunidad indígena activa y responsable en el marco de un sistema democrático y respetuoso de los derechos de las minorías”.
Ahora bien, el inciso a), del artículo 24, del Decreto Ejecutivo impugnado establece que para “la educación inicial, preescolar y del primero y segundo ciclo se debe garantizar que el personal docente y técnico en todos los niveles educativos esté compuesto por indígenas de su propia cultura y de su propio territorio y que sean hablantes certificados de su idioma materno” (lo resaltado no es del original). La Sala transcribe la disposición conteniendo la frase tachada de inconstitucionalidad, para desentrañar de mejor manera su sentido.
Ahora bien, coincide la Sala con las autoridades informantes, de que la disposición busca servir un propósito legítimo dentro del marco educativo de los indígenas menores de edad, y que estarían sujetos al proceso educativo en el sistema de educación indígena. Precisamente, se trata de asegurar el derecho convencional a la educación de los niños y de las niñas indígenas en su propio idioma, establecido en el artículo 28, del Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo, que dispone que “1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan”. A su vez, el artículo 29, establece que: “Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional”. Consecuencia de lo anterior, es que se garantiza que los educandos indígenas estén inmersos en su propia cultura, tradiciones y costumbres, de manera que, la frase “y de su propio territorio” se erige como esa garantía, aunque se reconoce que tiene un efecto de limitar la participación de otras personas indígenas que no pertenecen a ese territorio. En este sentido, lo anterior garantiza también velar por las diferenciaciones con el fin de que no pierdan identidad entre los diferentes grupos. Por Sentencia N° 2020-09198 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020, la Sala indicó que: “Se procura entonces preservar los idiomas indígenas que aún existen, promoviendo el desarrollo y la práctica de los mismos, y garantizando el dominio del español como idioma oficial; a la vez que se integran los conocimientos locales propios de su cultura, cosmovisión, organización política, social y económica, con los conocimientos regionales, nacionales y universales, a través de planes de estudio contextualizados y pertinentes”. En otra Sentencia, la N° 2022-006164 de las 9:30 horas de 18 de marzo de 2022, la Sala estableció que: “… una persona por el solo hecho de ser indígena o habitante del territorio no puede ser nombrada como docente, ya que, se debe garantizar que los estudiantes reciban educación por parte de maestros idóneos. Nótese, que la posición que esta Sala ha mantenido en relación con la educación en los pueblos indígenas, es que tales plazas, en pueblos indígenas, deben ser ocupadas, prioritariamente, por personas que puedan transmitir apropiadamente la cultura indígena de la zona, y por ello, se asume que entre los candidatos disponibles debe elegirse a quien se aproxime más a ese objetivo, siendo naturalmente los maestros indígenas de cada zona los candidatos más idóneos. Pero ello no puede llevar a entender que cualquier persona, solo por el hecho de ser indígena, pueda ser nombrado maestro, porque ello estaría lejos de garantizar el resultado que se quiere; a saber, la conformación de cuadros de maestros capacitados, con vocación y que, además, formen parte de las particulares culturas que integran la población indígena costarricense (en similar sentido ver la Sentencia N° 2014-20297, de las 9:05 horas del 11 de diciembre del 2014, reiterada en la N° 2017-014969, de las 9:15 horas del 22 de setiembre de 2017)”. Por otra parte, en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (Sentencia de 27 de junio de 2012), la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que:
“217. La Corte considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Esto implica la obligación de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social, de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización. En el mismo sentido, el Convenio Nº 169 de la OIT reconoce las aspiraciones de los Pueblos indígenas a “asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven” (cita omitida).
Lo cierto es que el derecho a la educación se reconoce como un vehículo para la preservación de una misma cultura en particular, para ello debe reconocerse como una medida afirmativa para la conservación de las lenguas indígenas y su cultura, como lo indica la Ministra de Educación. En este sentido, la dificultad que se presenta para establecer la diferenciación, puede ser acomodada por su identidad común entre algunos territorios indígenas, pero ello se puede entender a la luz de la Sentencia N° 2005-09974 de las 11:14 horas del 29 de junio de 2005, que indicó que la igualdad:
“… consiste en tratar de igual forma a los que se encuentren en iguales condiciones de hecho, constituyéndose, al mismo tiempo, en un límite a la actuación del poder público. No obstante ello y que, en tesis de principio, todos son iguales ante la ley, en la realidad se pueden dar situaciones de desigualdad. Aquí es importante indicar que existen dos conceptos básicos que suelen confundirse al hablar del tema de la igualdad ante la Ley, como lo son la discriminación y la diferenciación. La Constitución prohíbe la discriminación, pero no excluye la posibilidad de que el poder público pueda otorgar tratamientos diferenciados a situaciones distintas, siempre y cuando se funde en una base objetiva, razonable y proporcionada. Resulta legítima y hasta obligatoria, una diferenciación de trato cuando exista una desigualdad en los supuestos de hecho, lo que implicaría que el principio de igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales y, por ende, es inconstitucional el trato desigual para situaciones idénticas”.
Por ello, es propio esperar que la interpretación de esa frase “y de su propio territorio” se debe hacer conforme al contexto integral del artículo 24, del Decreto Ejecutivo impugnado; es decir, por cuanto procura establecer niveles de solución diferenciada a los problemas que pudiera enfrentar el Ministerio al asegurar el derecho de los niños indígenas a recibir su educación en su propia lengua indígena, al suplir al recurso humano (profesorado) con las personas más aptas e idóneas en la preservación de la cosmovisión ancestral, transmisión y culturización, incluidas las diferencias entre los territorios. En el caso de que no exista ese recurso humano que pudiera dar contenido a la educación de su propia cultura, es posible, acudir a los otros mecanismos establecidos en el artículo 24, incisos b), c) y d), del Decreto impugnado para no frustrar ese objetivo fundamental del Sistema de Educación Indígena. En este sentido, esta Sala coincide con el Ministerio de Educación Pública, al indicar que se trata de una disposición que se aplica al área de la docencia, que da cabida al Subsistema de Educación Indígena para lograr el cultivo y conservación de las lenguas indígenas nacionales, mediante la educación.
Además, la misma disposición continua al indicar que: “El personal administrativo, administrativo-docente, de servicios generales y profesional en los centros educativos deben ser indígenas de la misma cultura y hablantes certificados del idioma materno del territorio”, es claro que se trata de exigencias complementarias, concernientes al personal administrativo del centro educativo, que estaría en presencia e interacción con el alumnado. El tratarse de los trabajadores del centro educativo, no cubriría a los miembros del Consejo Local de Educación Indígena por las funciones específicas ya enumeradas en el artículo 15, del Decreto Ejecutivo impugnado. Además, la Sentencia N° 2016-007999 de las 11:51 horas del 10 de junio de 2016, establece con toda claridad que:
“No se puede perder de vista que el objetivo del sistema de educación indígena es, por un lado, asegurar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, y, también, asegurar el derecho a la educación de los niños indígenas”.
Es decir, se cumple con una función fundamental ante los retos educativos que debe enfrentar la población indígena y el propio Ministerio de Educación Pública como la autoridad competente responsable de organizar, coordinar y brindar la educación que requieren los pueblos indígenas en el país. Así, el hecho de materializar el servicio educativo para los niños y las niñas indígenas, requiere tener en cuenta el derecho de contar con una inducción educativa integral y bilingüe que integre su propio idioma y el español, completando la propia cultura del territorio al que pertenecen, que les permita asimilar los conocimientos locales propios de su cultura, cosmovisión, organización política, social y económica, con otro conocimiento regional, nacional y universal.
En razón de lo anterior, lo propio es desestimar la acción también en este extremo.
VI.- Conclusión. En razón de todo lo anterior, lo que procede es declarar sin lugar la acción, como en efecto se hace.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara SIN LUGAR la acción. El magistrado Rueda Leal consigna razones diferentes.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H.
Ana María Picado B. Alejandro Delgado F.
Res. 2024007820 Razones diferentes del magistrado Rueda Leal. Con el respeto acostumbrado, me separo del criterio de mayoría, en lo concerniente a la admisibilidad de esta acción.
Inicio por hacer patente la posición que expresé en la sentencia nro. 2023-22194 de las 16:16 horas del 6 de septiembre de 2023, citada aquí por la mayoría:
“Con respecto a la argumentación de la mayoría para aceptar la admisibilidad de esta acción, asombra que este Tribunal releve a la parte del deber de fundamentar su legitimación, so pretexto de que “…lo importante es que quien presenta una acción de inconstitucionalidad posea la legitimación para su admisibilidad, y no tanto el hecho de si hizo o no una correcta invocación de esta”. Es sorprendente porque existe cantidad de pronunciamientos de esta Sala, en los que se rechazan de plano acciones por falta de fundamentación de la legitimación (por ejemplo, ver las sentencias nros. 2021-26488 de las 9:20 horas del 24 de noviembre de 2021, 2021-0617 de las 9:15 horas del 13 de enero de 2021, 2020-7708 de las 9:20 horas del 22 de abril de 2020 y 2020-3980 de las 10:05 horas del 26 de febrero de 2020, entre muchas otras); más bien, lo difícil es encontrar en la jurisprudencia casos como el sub examine, donde la Sala se aparta de la legitimación argüida para justificar ella misma la admisibilidad de la acción. Curiosamente, las dos sentencias citadas por la mayoría en relación con el principio pro sentencia (2022-000994 y 2013-016944) son rechazos de plano. Tampoco deberían obviarse casos en que se ha rechazado la acción porque el accionante invocaba intereses colectivos, cuando se trataban de difusos (por ejemplo, la sentencia nro. 2018-17661 de las 9:40 horas del 24 de octubre de 2018); o a la inversa, invocaba intereses difusos, cuando eran colectivos (verbigracia, la sentencia nro. 2019-9192 de las 9:30 horas del 22 de mayo de 2019)”.
Insisto en el carácter formal de la acción de inconstitucionalidad y la carga asignada a la parte accionante con relación a la necesidad de que fundamente adecuadamente su legitimación y los motivos de inconstitucionalidad. Tal labor no debe ser asumida por la Sala, ya que, cuando lo hace, como en el precedente citado, deja abierta la interrogante de cuáles son los casos en que la Sala puede motu proprio obviar la falta de fundamentación de la legitimación y cuándo rechaza la acción por ese mismo motivo.
En el sub lite, tampoco estimo procedente el reconocer la legitimación por tratarse de materia electoral, en tanto interés difuso. Tal como indicó la Sala en la sentencia nro. 2000-07158 de las 14:59 horas del 16 de agosto de 2000, la materia electoral, como interés difuso, debe entenderse vinculada a los procesos electorales generales:
“b.- El párrafo segundo del mismo artículo 75 mencionado exonera del cumplimiento del requisito del asunto previo "cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto". Es cierto, como la indica también el Órgano Asesor, que la Sala ha aplicado el concepto de la defensa de los intereses difusos a materias tales como la protección del ambiente, los valores históricos o electorales (en este último caso, a partir de la sentencia número 980-91 de las trece horas y treinta minutos del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno). Precisamente respecto de estos últimos, se podría entonces intentar justificar la procedencia de esta demanda. Sin embargo, es necesario aclarar que no puede dársele a esa doctrina jurisprudencial un alcance tan extenso como para pensar que incluya a cualquier proceso eleccionario, porque ello conduciría a que lo que la ley quizo preveer como una excepción virtualmente se convierta en la regla. En efecto, en opinión de la Sala, la aplicabilidad de este concepto debe estar reservada para aquellas circunstancias en que se encuentre en juego la legitimación democrática o los derechos político–electorales de los ciudadanos, en función de los procesos generales en que ellos participen, no pudiendo extenderse a procesos eleccionarios especiales, de carácter institucional o corporativo, como es el caso a que se contrae esta acción.” En mi criterio, el único motivo para aceptar la legitimación del tutelado es la existencia de intereses difusos por la alegada afectación a su condición de persona indígena, como se indica en el voto de mayoría. Sin embargo, también dejo constando mi postura particular en cuanto a la conceptualización de los intereses difusos:
“V.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL ACCIONANTE POR INTERESES DIFUSOS. Tal como lo he expresado en otros casos, estimo que una cualidad del interés difuso consiste precisamente, en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto. Su defensa tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la sociedad como tal, por ello, es trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado. En sentencia nro. 2019-17397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019, este Tribunal reiteró lo siguiente:
“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (véase la sentencia No. 2007-01145).” En consonancia con lo expuesto y sostenido por este Tribunal en su jurisprudencia, se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es por ello, precisamente, que, a partir de la sentencia nro. 2021-2185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021, considero, a diferencia de la Mayoría de este Tribunal, que algunos de estos intereses pueden estar plasmados en un caso particular en concreto, sin perder por ello su condición de interés difuso, tal como ocurre con la protección al ambiente, cuyo impacto afecta a una persona y a todos en general; y puede ser individualizada tal afectación en una situación en particular, como por ejemplo, la construcción de una fábrica en un sector vecino determinado, sin los estudios ambientales respectivos, cuyos efectos negativos incidan en la capa de ozono del planeta. Indudablemente el resultado de un reclamo o proceso que pueda plantear un vecino contra esa fábrica, no solo incidirá en sus intereses propios, sino también en el resto de la colectividad. Por ello, constituye un interés difuso; y, sin embargo, también es objeto de una situación particular individualizada. Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que en toda situación invocada se pueda alegar la existencia de un interés difuso, aunque este pueda ser objeto de una situación particular. Recordemos que para que un interés sea considerado “difuso”, no solo debe afectar una colectividad, sino también debe difuminarse, difundirse en esa colectividad. Si no produce tal efecto, no puede ser considerado un interés difuso. En el caso del accionante, tal como refiere la Mayoría, la normativa impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, sino determinada, pues, este hace referencia a la población estudiantil integrada por los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, grupo que es fácilmente identificable. De modo que, en este caso, lo que se vislumbra es una situación particular del accionante que, si bien puede ser compartida por algún grupo de personas, ese efecto no es de tal magnitud como para considerarlo un interés difuso. Por el motivo expuesto coincido con la Mayoría en desestimar esta acción; empero, con la fundamentación expuesta”. (Sentencia nro. 2023-001728 de las 9:30 horas del 25 de enero de 2023).
Finalmente, hago notar que salvé el voto en la sentencia nro. 2016-07999 de las 11:51 horas del 10 de junio de 2016, citada por la mayoría. Empero, el motivo de mi voto particular no afecta la transcripción efectuada en esta sentencia.
Paul Rueda L.
1 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.