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Res. 01233-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 31/01/2014
OutcomeResultado
The Chamber partially granted the amparo only regarding aquifer protection by virtue of the precautionary principle, ordering authorities to comply with SENARA recommendations.La Sala declara parcialmente con lugar el amparo únicamente en cuanto a la protección de los acuíferos de la zona en virtud del principio precautorio, ordenando a las autoridades cumplir las recomendaciones de SENARA.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by residents of San Rafael de Heredia against several administrative authorities regarding the operation of the Jucarza Quarry, a mining extraction site using explosives. The claimants alleged failure to close the quarry, lack of public consultation, risks from dynamite and fuel storage, and aquifer impact. The Chamber dismissed claims on public consultation (the concession dates to 1998, under regulations that left public hearings to SETENA discretion), failure to close (preventive measures were complied with), and explosives use (permits held from the Arms Control Department). However, it partially granted the appeal regarding aquifer protection, applying the precautionary principle, given SENARA reports indicating high recharge vulnerability and lack of certainty of no impact. It ordered the authorities, coordinated by SENARA, to implement recommendations from report DIGH-UI-OF-112-2013, including hydrogeological and hydrological studies, reassessment of reserves, and sedimentation pond design. The State was ordered to pay costs, damages, and losses. Two justices dissented, arguing the matter was one of legality, not suitable for amparo.La Sala Constitucional conoció un amparo de vecinos de San Rafael de Heredia contra varias autoridades administrativas por la operación del Tajo Jucarza, una cantera de extracción de materiales con uso de explosivos. Los recurrentes alegaron omisión en la clausura de la actividad, falta de consulta popular, riesgos por dinamita y almacenamiento de combustibles, y afectación de acuíferos. La Sala desestimó los alegatos sobre consulta popular (la concesión data de 1998, bajo normativa que dejaba la audiencia a criterio de SETENA), la omisión de clausura (las prevenciones se han cumplido) y el uso de explosivos (se cuenta con permisos del Departamento de Control de Armas). Sin embargo, estimó parcialmente el recurso en cuanto a la protección de acuíferos, aplicando el principio precautorio, ante informes de SENARA que señalan alta vulnerabilidad de recarga y la falta de certeza de no afectación. Ordenó a las autoridades coordinar bajo SENARA para cumplir las recomendaciones del informe DIGH-UI-OF-112-2013, incluyendo estudios hidrogeológicos, hidrológicos, reevaluación de reservas y diseño de laguna de sedimentación. Se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. Dos magistrados salvaron el voto por considerar que el asunto es de legalidad y no correspondía al amparo.
Key excerptExtracto clave
In this sense, it is appropriate to apply in this case the precautionary principle or 'principle of prudent avoidance,' a concept developed in judgments number 2806-98, 2003-06322, 2004-1923 and 2005-12039 of this Court, which is based on Article 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, of nineteen ninety-two, which refers to the necessary action and effect of preventing in advance possible damages to the constituent elements of the environment; thus, it advocates for the implementation of actions aimed at the proper protection, conservation and adequate management of resources, that is, the adoption of all precautionary measures to avoid or contain the possible affectation of the environment or people's health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage—or an objective doubt in this regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question should be postponed; because subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in most cases, the biological effects are irreversible, where repression may have moral significance, but will hardly compensate the damages caused to the environment. However, regarding the risk to the area's aquifers, there is no certainty of non-affectation, despite the hydrogeological study that the Directorate of Geology and Mines says was carried out. On the contrary, the response of the Directorate of Research and Water Management to SETENA is that 'The area where the Jucarza Quarry is located is in a zone of high vulnerability and recharge and the exploitation of material extraction quarries is not recommended...', and SETENA failed to prove that it had followed up on letter ASUB-452-03 of October 8, 2003 from SENARA regarding the protection of the aquifer recharge area, despite the fact that this Chamber warned it in the request for evidence for a better decision.En este sentido, cabe aplicar en este caso el principio precautorio o "principio de la evitación prudente", concepto desarrollado en sentencias número 2806-98, 2003-06322, 2004-1923 y 2005-12039 de este Tribunal, que se sustenta en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, de mil novecientos noventa y dos, el cual alude a la necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente a los posibles daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda objetiva al respecto–, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Sin embargo, sobre el riesgo a los acuíferos de la zona, no existe certeza de su no afectación, pese al estudio hidrogeológico que dice la Dirección de Geología y Minas que se realizó. Antes bien, la respuesta de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica a SETENA es que “El área donde se ubica el Tajo Jucarza se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad y recarga y no se recomienda la explotación de tajos de extracción de materiales…”, y SETENA no logró acreditar que le hubieran dado seguimiento al oficio ASUB-452-03 del 08 de octubre del 2003 del SENARA referente a la protección del área de recarga acuífera, pese a que esta Sala se lo previno en la solicitud de prueba para mejor resolver.
Pull quotesCitas destacadas
"En caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda objetiva al respecto–, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles."
"If there is a risk of serious or irreversible damage—or an objective doubt in this regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question should be postponed; because subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in most cases, the biological effects are irreversible."
Considerando IV
"En caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda objetiva al respecto–, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles."
Considerando IV
"El área donde se ubica el Tajo Jucarza se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad y recarga y no se recomienda la explotación de tajos de extracción de materiales."
"The area where the Jucarza Quarry is located is in a zone of high vulnerability and recharge and the exploitation of material extraction quarries is not recommended."
Considerando IV
"El área donde se ubica el Tajo Jucarza se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad y recarga y no se recomienda la explotación de tajos de extracción de materiales."
Considerando IV
"Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad."
"From the moment a public authority has intervened exercising its legal and regulatory powers, conducting a procedure and issuing administrative acts, the matter is outside the scope of constitutional control."
Voto salvado
"Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad."
Voto salvado
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Constitutional Chamber Case File: 13-002046-0007-CO Type of matter: Amparo appeal Ruling with protected data, in accordance with current regulations Case: 13-002046-0007-CO Case: 13-002046-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on the thirty-first of January, two thousand fourteen.
Amparo appeal filed by ERICK CARVAJAL GONZÁLEZ, identity card 0109000418, JOHNNY ESPINOZA VARELA, identity card 0700920451, JOSÉ FRANCISCO ALFARO CARVAJAL, identity card 0105180468, LAURA CASTILLO CAMPOS, identity card 0111330459, LEDMIS VÍQUEZ ORTÍZ, identity card 0109510261, MIRIAM GONZÁLEZ BRENES, identity card 0401140699, against the MUNICIPAL MAYOR and the DIRECTOR OF THE GOVERNING HEALTH AREA, both of SAN RAFAEL DE HEREDIA; as well as, the DIRECTOR OF THE DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINES and the SECRETARY OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT.
Whereas:
Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,
Considering:
I.Object of the appeal.- The appellants, neighbors of San Rafael de Heredia, challenge the project called "TAJO JUCARZA S.A.", consisting of the development of the quarry, because: 1) a popular consultation was not carried out; 2) the respondent administrative authorities have omitted to close down the operation of the open-pit mine (tajo) despite having verified the existence of a lack of technical and formal requirements for it; and 3) it operates without controlling the use of dynamite, fuel storage, and transport.
II.Proven facts.- Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
a. That in SETENA, the administrative file FEAP-259-1999-SETENA for the Tajo Jucarza project is on record (see SETENA report).
b. That through resolution no.1252-98-MINAE of December 22, 1998, the Directorate of Geology and Mines granted a concession for mining exploitation of a quarry for a period of five years, within file no.2512. That prior to obtaining the exploitation concession for the quarry (Tajo), the concessionaire met the requirements demanded by the Mining Code, the publications of the edict are on record, and no opposition is recorded (see SETENA and Directorate General of Geology and Mines report).
c. That through resolution no.572-2000-SETENA of June 20, 2000, SETENA approved the Environmental Impact Study and the Declaration of Environmental Viability (Declaratoria de Viabilidad Ambiental) of the project (see SETENA report).
d. That on August 1, 2000, the Ministry of Health granted a sanitary operating permit. That on March 31, 2009, permit no.116 was granted for a period of five years, expiring on March 31, 2014 (see Ministry of Health report).
e. That through official letter SG-0033-2002 of January 9, 2002, SETENA granted Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) for the installation of the crusher at the Tajo Jucarza (see SETENA report).
f. That the requirements were satisfied for the granting of the commercial license, and at that time only the land use (uso de suelo) issued by the Ministry of Health, and not by the Municipality, was necessary (see report from the Municipality of San Rafael de Heredia).
g. That through resolution no.038-2002, the Department of Arms and Explosives Control of the Ministry of Public Security granted the authorization for explosives as part of the extraction method, and it has operated this way all these years. That recently, through resolution no.1992-2010-GDA-OT of August 23, 2010, the General Directorate of Armament authorized EXPLOTEC S.A. to use explosives from its inventory at the Tajo Jucarza. Similarly, through resolution 418-2011-DGA-OT of February 2011 (see SETENA report).
h. That there have been multiple complaints from neighbors against the quarry (Tajo), which SETENA has addressed. That in a complaint from June 2013 about the irrational use of dynamite, SETENA forwarded it and requested an inspection from SENARA. The response from the Directorate of Water Research and Management is that “The area where the Tajo Jucarza is located is in a zone of high vulnerability and recharge, and the exploitation of open-pit mines (tajos) for material extraction is not recommended, and if they are permitted, it must be ensured that hydrocarbon storage activities, the crusher, and machinery are located in a waterproofed area…”. That through resolution no.126-2010-SETENA at 08:20 hours on January 20, 2010, several orders are given, referring to building an exclusive fuel storage area, an additional report containing the delimitation of the hydrological basin and a schedule for the use of explosives, and others (see SETENA report).
i. That through official letter DGM-CRC2-021-2012 of February 8, 2012, a geologist from the Directorate of Geology and Mines issued some additional recommendations for the protection of the aquifers associated with the area where Tajo Jucarza S.A. is located (see report from the Directorate of Geology and Mines).
j. That since 2003, the Ministry of Health has addressed complaints without determining physical-sanitary problems or nuisances to neighbors. That on December 14, 2012, a complaint from the Asociación Ambiental del Norte was received, where it was indicated that several documents would be requested from the project developer. That on February 6, 2013, the complaint signed by several neighbors was received again, and it was reported that operating permit no.116-09 of March 31, 2009 is in order (see Ministry of Health report).
k. That SETENA has had pronouncements from various institutions on the aquifer vulnerability of the zone where the Tajo Jucarza project is located, which endorse the project as long as the activities are developed under certain special recommendations and commitments (see SETENA report). Follow-up on such recommendations ¿??
l. That the Environmental Manager in official letter CN-ARS-SRB-733-2013 of March 18, 2013, indicates that being present at the site, there are only two detonations per week and the noise does not exceed the established parameters, and also that dynamite is not stored at the site (see Ministry of Health report).
m.
That the Ministry of Health issued sanitary order no. 018-13-S of March 7, 2013, ordering the representative of the Quarry in question, among other things, to present: MINAET approval of the fuel storage system, and to condition the spill control system (see Ministry of Health report).
n. That after the filing of this appeal, on April 3, 2013, SETENA conducted a site visit to verify compliance with environmental commitments and concluded that the Jucarza Quarry project is complying with the environmental commitments undertaken before SETENA. That the only unfulfilled commitment is the reforestation of the project area, since this must be carried out upon the technical closure of the project (see SETENA report).
o. That at the Corporación Jucarza S.A. Quarry, production blasts have been carried out to obtain aggregates (controlled detonations within the quarry boundaries to extract blocks of material that can be taken to its internal crushers and obtain raw material for construction) by two different companies whose technicians are duly authorized by the Dirección General de Armamento to use industrial explosives, namely: the company Explotec S.A. and Exploinsa S.A. (see Dirección General de Armamento report).
p. That through a certification from the Dirección de Geología y Minas dated February 7, 2013, the existence of resolution 321 of April 27, 2001, which authorizes the use of explosives as an extraction method, is expressly indicated (see Dirección General de Armamento report).
q. That in an inspection carried out on May 2, 2013, by SENARA, it was determined that the area where the Jucarza Quarry is located sits on the geological formation called Barva, which, due to its hydraulic characteristics, infiltration, soil type, precipitation, evapotranspiration, land use, and slope, defines the area as an important recharge zone for this aquifer. That SENARA made the following recommendations through report DIGH-UI-OF-112-2013 of June 3, 2013: if hydrocarbon storage is maintained in the zone, hydrogeological contamination (hidrocarburos) studies must be carried out and a permit must be obtained from the Dirección de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos; a comprehensive hydrological study must be conducted, defining the drainages (streams, rivers) appearing on the property under study, defining where the protection zones begin and their influence or inflow; reassess the rock material reserves through the Dirección de Geología y Minas, as well as the depth level of exploitation, in order to evaluate the impact of the quarry on underground resources; with respect to the sedimentation pond, a design must be available (see SENARA report).
a. That despite the respondents having been aware of the irregularities of the Jucarza Quarry, they did not take actions to correct them.
b. That there are physical-sanitary problems among the neighbors of the Jucarza Quarry due to the exploitation of said Quarry.
IV.On the merits.- As resolved by resolution number 2013-002941 of 2:30 p.m. on March 5, 2013, verification of compliance with the legal, formal, and technical requirements by Jucarza S.A. to operate the quarry is not for examination in this Constitutional Jurisdiction, as it is a matter of ordinary legality. Thus, the following allegations by the appellant, being matters of legality, must be raised through ordinary channels and not before this Court: that the project lacks a land-use permit (uso de suelo), is within a special protection zone of the GAM, no noise measurements are recorded, the road infrastructure is inadequate, no authorization for fuel storage is recorded, fuel storage has been permitted without supervision by the Dirección de Expendio y Almacenamiento de Combustible of MINAE, SETENA has not conducted genuine supervision but rather reaches conclusions based on logs. Therefore, as indicated in the aforementioned resolution, this Chamber’s only purview is “to verify whether the respondent authorities have effectively omitted to act, despite having materially verified the presence of the risks and dangers that the appellants allege in their initial brief.” Proceeding to the examination of the constitutional claims made by the appellant, grouped by this Chamber into three points:
Thus, it is not possible to verify a requirement that was not demanded at that time. In summary, given that at the time the concession in question was granted, the applicable regulations left it to SETENA’s discretion to determine the need for a public hearing, the fact that there is no record that SETENA held a public consultation prior to granting the environmental viability (viabilidad ambiental) cannot be deemed a violation of fundamental rights, and therefore, on this aspect, the appeal must be dismissed. However, this Chamber does not fail to remind SETENA that, should a new Viability be requested to expand or modify the operations of the Quarry in question, it must take into account the regulatory provisions on public consultation in such cases.
If what the appellants seek is the closure of the quarry and the annulment of all permits granted, as previously stated, this is a matter that must be brought before the ordinary channels where it must be verified whether there are sufficient grounds to consider all granted permits null. Therefore, on this aspect as well, the appeal must be dismissed.
Furthermore, the authorization for explosives involves a permit from the Department of Arms and Explosives Control (Departamento de Control de Armas y Explosivos) of the Ministry of Public Security, and the use of dynamite is the purview of said department. It is also reported that the methodology used for the material exploitation corresponds to that recommended by the Dirección de Geología y Minas (DGM), through the establishment of terraces and fronts for the material exploitation; that explosives are currently being detonated once a week, with the explosion taking place at midday (fixed schedule) to ensure most residents are in their homes or respective workplaces; prior to the explosion, it is announced through an alarm to alert residents about the process about to begin; that the project developer does not store or carry out the blasts, which is why it contracts companies responsible for supplying the explosives, transporting them, and carrying out the blasts; and that the tanks for storing oil for machinery operation are located far from the material exploitation sector.
It is also reported that SETENA verified compliance with the orders contained in resolution no. 126-2010-SETENA, regarding the construction of an exclusive fuel storage area and a schedule for the use of explosives. Likewise, the orders given in resolution no. 914-2003-SETENA of 1:25 p.m. on August 8, 2003, regarding the construction of an exclusive storage area, demonstrating that explosives do not affect housing structures, and the protection of groundwater. Therefore, regarding this aspect, no irregularity is observed that would endanger the lives of the neighbors. As stated, if the appellants oppose the permits granted by the Department of Arms and Explosives Control of the Ministry of Public Security, they must present their objections through ordinary channels. Thus, on this other aspect, the appeal must be dismissed. b) Regarding fuel storage and aquifer protection: Concerning fuel storage, it is evident that after the filing of this appeal, the Ministry of Health issued sanitary order no. 018-13-S of March 2013, and provides follow-up.
However, regarding the risk to the area's aquifers, there is no certainty of their non-affectation, despite the hydrogeological study that the Dirección de Geología y Minas states was conducted. On the contrary, the response from the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica to SETENA is that “The area where the Jucarza Quarry is located is in a zone of high vulnerability and recharge, and the exploitation of material extraction quarries is not recommended…”, and SETENA failed to prove that it had followed up on official communication ASUB-452-03 of October 8, 2003, from SENARA regarding the protection of the aquifer recharge area, even though this Chamber ordered it to do so in the request for evidence for a better resolution. Moreover, after the inspection carried out by SENARA on May 2, 2013, it was indicated that the area where the Jucarza Quarry is located sits on the geological formation called Barva, which, due to its hydraulic characteristics, infiltration, soil type, precipitation, evapotranspiration, land use, and slope, defines the area as an important recharge zone for this aquifer.
In this sense, they recommended the following: if hydrocarbon storage is maintained in the zone, hydrogeological contamination (hidrocarburos) studies must be carried out and a permit must be obtained from the Dirección de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos; a comprehensive hydrological study must be conducted, defining the drainages (streams, rivers) appearing on the property under study, defining where the protection zones begin and their influence or inflow; reassess the rock material reserves through the Dirección de Geología y Minas, as well as the depth level of exploitation, in order to evaluate the impact of the quarry on underground resources; with respect to the sedimentation pond (laguna de sedimentación), a design must be available. In this sense, the precautionary principle (principio precautorio) or "principle of prudent avoidance" must be applied in this case, a concept developed in judgments number 2806-98, 2003-06322, 2004-1923, and 2005-12039 of this Court, which is based on Article 15 of the 1992 United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which refers to the necessary action and effect of preventing potential damages to the constituent elements of the environment in advance; thereby advocating for the implementation of actions aimed at the proper protection, conservation, and adequate management of resources, that is, the adoption of all precautionary measures to avoid or contain the possible affectation of the environment or human health.
Consequently, if there is a risk of serious or irreversible damage—or objective doubt about it—a precautionary measure must be adopted and the activity in question may even be postponed; since subsequent coercion proves ineffective in this matter, given that, in most cases, biological effects are irreversible, where repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damages caused to the environment. Therefore, on this aspect, this Chamber rules in favor of granting this appeal, with the consequences indicated in the operative part of this resolution.
V.Conclusions,
Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado dissent and dismiss the appeal for the following reasons:
The amparo proceeding, ultimately, cannot be converted into an ordinary proceeding of full cognition (“ordinariarlo”), inasmuch as it is denatured and perverted in its ends and purposes; hence, when a public authority has intervened by conducting studies, endorsing or homologating expert reports presented by the interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or, in general, substantiating one or more administrative procedures, the amparo proceeding is not the avenue to oversee such actions but rather the contentious-administrative proceeding. The administrative intervention that can be verified or confirmed is decisive in considering that the matter lies on the plane or level—in itself abstract and open—of constitutionality, or on the denser one of legality. Nor should this Constitutional Court proceed to hear and resolve the breach of obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, given that, for that purpose, there are powerful and efficient instruments in the administrative sphere (sanctioning regime, complaints, the Tribunal Ambiental Administrativo) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), within which figure legal or regulatory omissions, material or formal; an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.
Por tanto:
The petition is declared PARTIALLY WITH merit, solely with respect to the protection of the aquifers of the zone and by virtue of the precautionary principle. Consequently, SISY CASTILLO RAMIREZ, in her capacity as Vice-Minister of Health, ANA LORENA SANCHEZ HERNANDEZ, in her capacity as Director of the Health Governing Area of San Rafael-Barva, JORGE ISAAC HERRERA PANIAGUA, in his capacity as Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, MARLENE SALAZAR ALVARADO, in her capacity as Acting General Director of the Dirección de Geología y Minas, WILLIAM HIDALGO ECHAVARRIA, in his capacity as General Director of Armament, JUAN CARLOS MORA MONTERO, in his capacity as Deputy General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, URIEL JUAREZ BALTODANO, in his capacity as General Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and ZAIDA VIQUEZ RAMIREZ, in her capacity as President with powers of generalísima attorney-in-fact without limit of amount of Corporación Jucarza S.A., or whomever occupies those positions in their stead, are ordered, each within the scope of their competences and under the coordination of the representative of SENARA, to take all corresponding actions so that all activities carried out at the Tajo Jucarza are performed following the recommendations of SENARA contained in report DIGH-UI-OF-112-2013, in strict adherence to the protection of the aquifers of the zone, pertaining to: conducting hydrogeological studies of contamination by hydrocarbons and obtaining a permit from the Dirección de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos; conducting an exhaustive hydrological study that defines the drainages (streams, rivers) appearing on the property under study, defining where they originate, the protection zones, and their influence or inflow; re-evaluating the rock material reserves through the Dirección de Geología y Minas, as well as the depth level of exploitation, with the objective of evaluating the impact of the quarry (tajo) on underground resources; regarding the sedimentation pond, a design must be in place.
To this end, JUAN CARLOS MORA MONTERO, in his capacity as Deputy General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, or whomever occupies this position in his stead, is further ordered to proceed, within a maximum period of ONE calendar month counted from the notification of this resolution, to prepare and present to this Chamber an action plan, with a schedule containing compliance dates and the names of those responsible, to give effective compliance to the recommendations of SENARA contained in the aforementioned report, number DIGH-UI-OF-112-2013. The foregoing, under warning that he could incur the crime typified in Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides that imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whomever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished.
The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence of the contentious-administrative proceeding. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado issue a dissenting vote and declare the petition without merit. Notify personally SISY CASTILLO RAMIREZ, in her capacity as Vice-Minister of Health, ANA LORENA SANCHEZ HERNANDEZ, in her capacity as Director of the Health Governing Area of San Rafael-Barva, JORGE ISAAC HERRERA PANIAGUA, in his capacity as Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, MARLENE SALAZAR ALVARADO, in her capacity as Acting General Director of the Dirección de Geología y Minas, WILLIAM HIDALGO ECHAVARRIA, in his capacity as General Director of Armament, JUAN CARLOS MORA MONTERO, in his capacity as Deputy General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, URIEL JUAREZ BALTODANO, in his capacity as General Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and ZAIDA VIQUEZ RAMIREZ, in her capacity as President with powers of generalísima attorney-in-fact without limit of amount of Corporación Jucarza S.A., or whomever occupies those positions in their stead.
Magistrates Jinesta and Salazar issue a dissenting vote and declare the petition without merit. Also notify the Defensoría de los Habitantes so that it follows up on compliance with the orders issued by this Chamber. Notify all parties.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil catorce.
Recurso de amparo interpuesto por ERICK CARVAJAL GONZÁLEZ, cédula de identidad 0109000418, JOHNNY ESPINOZA VARELA, cédula de identidad 0700920451, JOSÉ FRANCISCO ALFARO CARVAJAL, cédula de identidad 0105180468, LAURA CASTILLO CAMPOS, cédula de identidad 0111330459, LEDMIS VÍQUEZ ORTÍZ, cédula de identidad 0109510261, MIRIAM GONZÁLEZ BRENES, cédula de identidad 0401140699 , contra el ALCALDE MUNICIPAL y la DIRECTORA DEL ÁREA RECTORA DE SALUD, ambos de SAN RAFAEL DE HEREDIA; así como, la DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS y el SECRETARIO DE LA SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Resultando:
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso.- Los recurrentes, vecinos de San Rafael de Heredia, impugnan el proyecto denominado "TAJO JUCARZA S.A." consistente en el desarrollo de la cantera, por cuanto: 1) no se realizó una consulta popular; 2) las autoridades administrativas recurridas han omitido clausurar la operación del tajo a pesar de haberse constatado la existencia de falta de requisitos técnicos y formales para ello; y 3) opera sin controlar el uso de la dinamita, almacenamiento de combustible y transporte.
II.Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
<![if !supportLists]>a. <![endif]>Que en SETENA consta el expediente administrativo FEAP-259-1999-SETENA del proyecto Tajo Jucarza (ver informe de Setena).
<![if !supportLists]>b. <![endif]>Que mediante resolución no.1252-98-MINAE del 22 de diciembre de 1998 la Dirección de Geología y Minas otorga concesión de explotación minera de una cantera por un plazo de cinco años, dentro del expediente no.2512. Que de previo a la obtención de la concesión de explotación del Tajo la concesionaria cumplió con los requisitos exigidos por el Código de Minería, constan las publicaciones del edicto, y no consta oposición alguna (ver informe de Setena y Dirección General de Geología y Minas).
<![if !supportLists]>c. <![endif]>Que mediante resolución no.572-2000-SETENA del 20 de junio del 2000 la SETENA aprueba Estudio de Impacto Ambiental y Declaratoria de Viabilidad Ambiental del proyecto (ver informe de Setena).
<![if !supportLists]>d. <![endif]>Que el 01 de agosto del 2000 el Ministerio de Salud otorgó permiso sanitario de funcionamiento. Que el 31 de marzo del 2009 se dio el permiso no.116 por un periodo de cinco años, a vencer el 31 de marzo del 2014 (ver informe del Ministerio de Salud).
<![if !supportLists]>e. <![endif]>Que mediante oficio SG-0033-2002 del 09 de enero del 2002 la SETENA otorga Viabilidad Ambiental a la instalación del quebrador en el Tajo Jucarza (ver informe de Setena).
<![if !supportLists]>f. <![endif]>Que los requisitos fueron satisfechos para el otorgamiento de la patente comercial, y para aquel momento solo era necesario el uso de suelo emitido por el Ministerio de Salud y no de la Municipalidad (ver informe de la Municipalidad de San Rafael de Heredia).
<![if !supportLists]>g. <![endif]>Que mediante resolución no.038-2002 el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública otorgó la autorización de explosivos como parte del método extractivo, y así ha funcionado durante todos estos años. Que recientemente mediante la resolución no.1992-2010-GDA-OT del 23 de agosto del 2010 la Dirección General de Armamento autoriza a EXPLOTEC S.A. a utilizar explosivos de su inventario en el Tajo Jucarza. De igual forma mediante la resolución 418-2011-DGA-OT de febrero del 2011 (ver informe de Setena).
<![if !supportLists]>h. <![endif]>Que se han dado múltiples denuncias de vecinos en contra del Tajo, las cuales SETENA ha atendido. Que en denuncia de junio del 2013 por el uso irracional de dinamita, la SETENA le dio traslado y solicitó a SENARA una inspección. La respuesta de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica es que “El área donde se ubica el Tajo Jucarza se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad y recarga y no se recomienda la explotación de tajos de extracción de materiales y en caso de permitirlos, debe asegurarse que las actividades de almacenamiento de hidrocarburos, quebrador y maquinaria, lo hagan en una zona impermeabilizada…”. Que mediante resolución no.126-2010-SETENA de las 08:20 horas del 20 de enero del 2010 se dan varias órdenes, referidas a construir un área exclusiva de almacenamiento de combustible, informe adicional que contenga delimitación de cuenca hidrológica y cronograma de uso de explosivos, y demás (ver informe de Setena).
<![if !supportLists]>i. <![endif]>Que mediante oficio DGM-CRC2-021-2012 del 08 de febrero del 2012 un geólogo de la Dirección de Geología y Minas emitió algunas recomendaciones adicionales para la protección de los acuíferos asociados al área en que se ubica el Tajo Jucarza S.A. (ver informe de la Dirección de Geología y Minas).
<![if !supportLists]>j. <![endif]>Que desde el año 2003 el Ministerio de Salud ha atendido denuncias sin que se hayan determinado problemas físico-sanitarios o molestias a los vecinos. Que el 14 de diciembre del 2012 ingresó denuncia de la Asociación Ambiental del Norte, allí se indicó que se iban a pedir varios documentos al desarrollador del proyecto. Que el 06 de febrero del 2013 ingresó nuevamente la denuncia firmada por varios vecinos, informándose que el permiso de funcionamiento no.116-09 del 31 de marzo del 2009 se encuentra a derecho (ver informe del Ministerio de Salud).
<![if !supportLists]>k. <![endif]>Que la SETENA ha contado con pronunciamientos de varias instituciones sobre la vulnerabilidad acuífera de la zona donde está el proyecto Tajo Jucarza, los cuales avalan el proyecto siempre y cuando las actividades se desarrollen bajo ciertas recomendaciones y compromisos especiales (ver informe de Setena). Seguimiento a tales recomendaciones ¿??
<![if !supportLists]>l. <![endif]>Que el Gestor Ambiental en oficio CN-ARS-SRB-733-2013 del 18 de marzo del 2013 indica que estando presente en el sitio sólo hay dos detonaciones por semana y el ruido no sobrepasa los parámetros establecidos, además que en el sitio no se almacena dinamita (ver informe del Ministerio de Salud).
<![if !supportLists]>m. <![endif]>Que el Ministerio de Salud giró orden sanitaria no.018-13-S del 07 de marzo del 2013, donde se ordena a la representante del Tajo en cuestión, entre otros, presentar: visto bueno del MINAET sobre el sistema de almacenamiento de combustible, acondicionar sistema de control de derrames (ver informe del Ministerio de Salud).
<![if !supportLists]>n. <![endif]>Que con posterioridad a la presentación de este recurso, el 03 de abril del 2013 SETENA realizó visita con la finalidad de verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales y concluyó que el proyecto Tajo Jucarza se encuentra cumpliendo con los compromisos ambientales que se adquirieron ante SETENA. Que el único compromiso que no se ha cumplido corresponde a la reforestación del área del proyecto debido a que este se debe ejecutar una vez el cierre técnico del proyecto (ver informe de Setena).
<![if !supportLists]>o. <![endif]>Que en el Tajo de Corporación Jucarza S.A. se han realizado voladuras de producción para obtener agregados (detonaciones controladas dentro de los linderos del tajo para extraer bloques de material que puedan ser llevados a sus quebradores internos y obtener materia prima para construcción) con dos distintas empresas cuyos técnicos se encuentran debidamente autorizados por la Dirección General de Armamento para utilizar explosivos industriales, a saber: la empresa Explotec S.A.. y Exploinsa S.A (ver informe de la Dirección General de Armamento).
<![if !supportLists]>p. <![endif]>Que mediante certificación de la Dirección de Geología y Minas del 07 de febrero del 2013, se indica expresamente la existencia de la resolución 321 del 27 de abril del 2001, con la que se autoriza el uso de explosivos como método de extracción (ver informe de la Dirección General de Armamento).
<![if !supportLists]>q. <![endif]>Que en inspección realizada el 02 de mayo del 2013 por parte de SENARA, se determinó que la zona en la que localiza el Tajo Jucarza se ubica sobre la formación geológica denominada Barva, que por las características hidráulicas, infiltración, tipo de suelos, precipitación, evapotranspiración, uso del suelo y pendiente definen el área como de recarga importante para este acuífero. Que SENARA hizo las siguientes recomendaciones mediante informe DIGH-UI-OF-112-2013 del 03 de junio del 2013: en caso de mantener almacenamiento de hidrocarburos en la zona, se debe realizar estudios hidrogeológicos de contaminación por medio de hidrocarburos y obtener un permiso de la Dirección de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos; realizar un estudio hidrológico exhaustivo, que defina los drenajes (quebradas, ríos) que aparecen en la finca en estudio, definir dónde inicial, las zonas de protección y la influencia o afluencia de los mismos; revaluar las reservas de material rocoso por medio de la Dirección de Geología y Minas, como también el nivel de profundidad de explotación con el objetivo de evaluar el impacto del tajo sobre los recursos subterráneos; con respecto a la laguna de sedimentación se debe de contar con un diseño (ver informe de SENARA).
<![if !supportLists]>a. <![endif]>Que pese a que los recurridos hayan sido conocedores de las irregularidades del Tajo Jucarza, no hubieran tomado acciones para corregirlas.
<![if !supportLists]>b. <![endif]>Que existan problemas físico-sanitarios en los vecinos del Tajo Jucarza, con ocasión de la explotación de dicho Tajo.
IV.Sobre el fondo.- Conforme se resolvió mediante resolución número 2013-002941 de las 14:30 horas del 05 de marzo del 2013 la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, formales y técnicos por parte de Jucarza S.A. para operar el tajo, no corresponden examinarse en esta Jurisdicción Constitucional pues ello es un asunto de legalidad ordinaria. Así que las siguientes manifestaciones del recurrente por ser cuestiones de legalidad, debe plantearlas en la vía ordinaria y no ante esta Sede: que el proyecto no cuenta con uso de suelo, está dentro de una zona especial de protección del GAM, no constan mediciones del ruido, la infraestructura vial no es la adecuada, no consta autorización para almacenamiento de combustible, se ha permitido el almacenamiento de combustibles sin la supervisión de la Dirección de Expendio y Almacenamiento de Combustible del MINAE, SETENA no ha hecho una verdadera supervisión sino que llega a conclusiones a partir de bitácoras.
Por lo tanto, tal como se indica en la resolución mencionada, lo único que compete a esta Sala es “verificar si efectivamente las autoridades recurridas han omitido actuar, a pesar de haber verificado materialmente la presencia de los riesgos y peligros que los recurrente acusan en su memorial inicial”. Procediéndose al examen de los alegatos de constitucionalidad realizados por el recurrente, agrupados por esta Sala en tres puntos:
Así entonces no se puede entrar a verificar un requisito que no era exigido, en aquel momento. En síntesis, en vista de que al momento en que se otorgó la concesión en cuestión, la normativa vigente dejaba a criterio de SETENA determinar la necesidad o no de una audiencia pública, el hecho de que no conste que SETENA haya hecho una consulta popular con anterioridad al otorgamiento de la viabilidad ambiental, no puede reputarse como una violación de derechos fundamentales, y por ello, en cuanto a este aspecto, el recurso debe desestimarse. Sin embargo, no omite esta Sala recordarle a SETENA que, de solicitarse una nueva Viabilidad para ampliar o modificar las operaciones del Tajo en cuestión, debe tomar en cuenta las disposiciones normativas sobre la consulta popular en estos casos.
Si lo que los recurrentes pretenden en el cierre del tajo y anular todos los permisos dados, tal como se dijo, ello es una cuestión que deberá llevarse a la vía ordinaria donde corresponderá verificarse si existen los suficientes argumentos como para tener por nulos todos los permisos dados. Por lo tanto, también en cuanto a este aspecto, el recurso debe desestimarse.
Además de que, para la autorización de explosivos se cuenta con el permiso del Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, y que el uso de dinamita es competencia de dicho departamento. Se informa además que la metodología utilizada para la explotación del material corresponde a la recomendada por la Dirección de Geología y Minas (DGM), a través del establecimiento de terrazas y frentes para la explotación de los materiales; que actualmente están realizando explosivos una vez por semana, la explosión se realiza al medio día (horario fijo) a fin de asegurarse que la mayoría de pobladores se encuentren en sus casas de habitación o respectivos trabajos, previo a la explosión esta es anunciada a través de una alarma con la finalidad de alertar a los pobladores sobre el proceso que está por dar inicio; que la desarrolladora del proyecto no almacena ni realiza las voladuras, razón por la cual contrata a unas empresas que se encargan de suministrar los explosivos, transportarlos y realizar las voladuras; y que los tanques para el almacenamiento de aceite para la operación de la maquinaria, se localizan lejos del sector de explotación del material.
Además se informa que SETENA verificó el cumplimiento de las órdenes contenidas en la resolución no.126-2010-SETENA, referidas a construir un área exclusiva de almacenamiento de combustible, y cronograma de uso de explosivos. Asimismo las órdenes dadas en la resolución no.914-2003-SETENA de las 13:25 horas del 08 de agosto del 2003 sobre construcción de área exclusiva de almacenamiento, referidos a demostrar que explosivos no afectan estructura de viviendas y protección de las aguas subterráneas. Por lo tanto, tampoco en cuanto a este aspecto se observa que se esté dando irregularidad alguna que ponga en peligro la vida de los vecinos. Siendo que, como se dijo, si los recurrentes están en contra de los permisos dados por el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, deberán plantear sus inconformidades en la vía ordinaria. Así que, en cuanto a este otro aspecto, el recurso debe desestimarse. b) Sobre el almacenamiento de los combustibles y la protección de los acuíferos: Sobre almacenamiento de combustible, consta que con posterioridad a la presentación de este recurso, el Ministerio de Salud emite la orden sanitaria no.018-13-S de marzo del 2013, y le da seguimiento.
Sin embargo, sobre el riesgo a los acuíferos de la zona, no existe certeza de su no afectación, pese al estudio hidrogeológico que dice la Dirección de Geología y Minas que se realizó. Antes bien, la respuesta de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica a SETENA es que “El área donde se ubica el Tajo Jucarza se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad y recarga y no se recomienda la explotación de tajos de extracción de materiales…”, y SETENA no logró acreditar que le hubieran dado seguimiento al oficio ASUB-452-03 del 08 de octubre del 2003 del SENARA referente a la protección del área de recarga acuífera, pese a que esta Sala se lo previno en la solicitud de prueba para mejor resolver. Además, luego de la inspección realizada por SENARA el 02 de mayo del 2013 se indica que la zona en la que localiza el Tajo Jucarza se ubica sobre la formación geológica denominada Barva, que por las características hidráulicas, infiltración, tipo de suelos, precipitación, evapotranspiración, uso del suelo y pendiente definen el área como de recarga importante para este acuífero.
En ese sentido recomendaron lo siguiente: en caso de mantenerse almacenamiento de hidrocarburos en la zona, se debe realizar estudios hidrogeológicos de contaminación por medio de hidrocarburos y obtener un permiso de la Dirección de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos; realizar un estudio hidrológico exhaustivo, que defina los drenajes (quebradas, ríos) que aparecen en la finca en estudio, definir dónde inicia las zonas de protección y la influencia o afluencia de los mismos; revaluar las reservas de material rocoso por medio de la Dirección de Geología y Minas, como también el nivel de profundidad de explotación con el objetivo de evaluar el impacto del tajo sobre los recursos subterráneos; con respecto a la laguna de sedimentación se debe de contar con un diseño. En este sentido, cabe aplicar en este caso el principio precautorio o "principio de la evitación prudente", concepto desarrollado en sentencias número 2806-98, 2003-06322, 2004-1923 y 2005-12039 de este Tribunal, que se sustenta en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, de mil novecientos noventa y dos, el cual alude a la necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente a los posibles daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas.
De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda objetiva al respecto–, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. De forma tal que, en cuanto a este aspecto, esta Sala opta por la estimatoria de este recurso, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.
V.Conclusiones,
Los sMagistrado Jinesta Lobo y Salazar Alvardo salvan el voto y declaran sin lugar el recurso por las razones siguientes:
Por tanto:
Se declara PARCIALMENTE CON lugar el recurso, únicamente en cuanto a la protección de los acuíferos de la zona y en virtud del principio precautorio. En consecuencia se ordena a SISY CASTILLO RAMIREZ, en su calidad de Viceministro de Salud, ANA LORENA SANCHEZ HERNANDEZ, en su calidad de Directora del Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva, JORGE ISAAC HERRERA PANIAGUA, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, MARLENE SALAZAR ALVARADO, en su calidad de Directora General a.i de la Dirección de Geología y Minas, WILLIAM HIDALGO ECHAVARRIA, en su calidad de Director General de Armamento, JUAN CARLOS MORA MONTERO, en su calidad de Subgerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, URIEL JUAREZ BALTODANO, en su calidad de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y ZAIDA VIQUEZ RAMIREZ, en su calidad de Presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de Corporación Jucarza S.A, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que cada uno dentro del ámbito de sus competencias, y bajo la coordinación del representante del SENARA, tomen todas las acciones que correspondan para que todas las actividades que se desarrollen en el Tajo Jucarza se hagan siguiendo las recomendaciones de SENARA contenidas en el informe DIGH-UI-OF-112-2013, en estricto apego a la protección de los acuíferos de la zona, referidas a: realizar estudios hidrogeológicos de contaminación por medio de hidrocarburos y obtener un permiso de la Dirección de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos; realizar un estudio hidrológico exhaustivo, que defina los drenajes (quebradas, ríos) que aparecen en la finca en estudio, definir dónde inicial, las zonas de protección y la influencia o afluencia de los mismos; revaluar las reservas de material rocoso por medio de la Dirección de Geología y Minas, como también el nivel de profundidad de explotación con el objetivo de evaluar el impacto del tajo sobre los recursos subterráneos; con respecto a la laguna de sedimentación se debe de contar con un diseño.
Para ello, se ordena además a JUAN CARLOS MORA MONTERO, en su calidad de Subgerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, o a quien en su lugar ocupe este cargo, proceder, dentro del plazo máximo de UN mes calendario contado a partir de la comunicación de esta resolución a, elaborar y presentar a esta Sala, un plan de acción, con un cronograma que contenga fechas de cumplimiento y los nombres de los responsables, para dar efectivo cumplimiento a las recomendaciones de SENARA contenidas en el informe mencionado, número DIGH-UI-OF-112-2013. Lo anterior, bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. Notifíquese de forma personal a SISY CASTILLO RAMIREZ, en su calidad de Viceministro de Salud, ANA LORENA SANCHEZ HERNANDEZ, en su calidad de Directora del Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva, JORGE ISAAC HERRERA PANIAGUA, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, MARLENE SALAZAR ALVARADO, en su calidad de Directora General a.i de la Dirección de Geología y Minas, WILLIAM HIDALGO ECHAVARRIA, en su calidad de Director General de Armamento, JUAN CARLOS MORA MONTERO, en su calidad de Subgerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, URIEL JUAREZ BALTODANO, en su calidad de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y ZAIDA VIQUEZ RAMIREZ, en su calidad de Presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de Corporación Jucarza S.A, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos.
Los Magistrados Jinesta y Salazar salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. Notifíquese además a la Defensoría de los Habitantes para que le de seguimiento al cumplimiento de las órdenes emitidas por esta Sala. Comuníquese a todas las partes.
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