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Res. 08770-2008 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/05/2008

Delayed Expropriation and Environmental Approval in Las BaulasDemora en expropiación y viabilidad ambiental en Las Baulas

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber granted the amparo because MINAE unjustifiably delayed the expropriation and SETENA delayed deciding the administrative challenges, ordering the State either to pursue expropriation within a reasonable time or allow the exercise of property rights subject to the necessary environmental studies and permits.La Sala acogió el amparo por las demoras injustificadas del MINAE en el procedimiento expropiatorio y de SETENA en resolver los recursos, y ordenó tramitar la expropiación en plazo razonable o permitir el ejercicio de la propiedad con los estudios y licencias ambientales necesarios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted the amparo filed on behalf of the owner of private property located within Las Baulas National Marine Park. It held that MINAE violated the right to prompt and effective justice by failing to correct, in a timely manner, the administrative defects that prevented initiation and processing of the expropriation, even though acquisition of the land had been declared in the public interest to protect the leatherback turtle. The Chamber also found that SETENA’s delay of nearly seven months in deciding challenges to the suspension of environmental-impact-assessment proceedings was excessive. It ordered that, if MINAE chose to expropriate, it must continue the necessary proceedings within a reasonable time. If sufficient budgetary resources were unavailable, the owners had to be allowed to exercise their property rights through the applicable permits and authorizations, subject to an environmental impact study and environmental licenses ruling out risks to endangered species. The State was also ordered to pay costs and compensation for damages.La Sala Constitucional acogió el amparo interpuesto por la propietaria de un inmueble privado situado dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. Determinó que el MINAE lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida al no corregir oportunamente los vicios administrativos que impedían iniciar y tramitar la expropiación, pese a que la adquisición del terreno había sido declarada de interés público para proteger a la tortuga baula. También concluyó que SETENA incurrió en una demora excesiva, de casi siete meses, al resolver los recursos contra la suspensión de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. La Sala ordenó que, si el MINAE optaba por expropiar, continuara las actuaciones dentro de un plazo razonable; si carecía de recursos presupuestarios suficientes, debía permitir el ejercicio efectivo de la propiedad mediante los permisos correspondientes, sujetos al estudio de impacto ambiental y a licencias que descartaran riesgos para especies en peligro de extinción. Además, condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

The foregoing factual record reveals an excessive delay by the Administration in initiating the expropriation proceeding ordered by Resolution No. R-421-MINAE of 10:30 a.m. on November 8, 2004, and violates the constitutional principle of prompt and effective justice contained in Article 41 of the Political Constitution. Nearly 18 months elapsed between the resolution declaring the acquisition of part of Ms. Marion Edith Unglaube’s property to be in the public interest and the filing of the amparo, without initiation of the expropriation proceeding. This is not justified—as the respondent authority mistakenly argues—by errors attributable to the Administration, such as granting eight days in appraisal AA-46-2004 to appeal before the Administrative Tax Tribunal, even though that remedy no longer existed because Article 26 of the Expropriations Law had been repealed by Article 1 of Law No. 7757 of March 10, 1998, or failing throughout that period to register the survey plans as required. In light of the foregoing, the amparo must be granted insofar as it is directed against the Ministry of Environment and Energy for its failure to initiate and process, with due promptness, the expropriation proceeding concerning the petitioner’s property affected by Law No. 7524 of July 10, 1995. Nearly seven months elapsed between the challenge filed by the petitioner and the decision on the remedies submitted. This delay was unquestionably excessive and violated the principle of prompt and effective justice; the amparo must therefore also be granted on this ground.El cuadro fáctico anterior revela tardanza excesiva de la Administración de iniciar el procedimiento expropiatorio, que se ordenó por resolución NºR–421–MINAE de las 10:30 hrs. de 8 de noviembre de 2004 y resulta lesivo del principio constitucional que contiene el artículo 41 de la Constitución Política, de justicia pronta y cumplida, pues ha trascurrido un plazo de casi de 18 meses entre la emisión de la resolución que declaró de interés público la adquisición de parte del inmueble de la señora Marion Edith Unglaube y la fecha de interposición del recurso, sin que se haya iniciado el trámite expropiatorio, lo que no encuentra justificación, - como equivocadamente expone la autoridad recurrida-, en errores atribuibles a la Administración, tales como que el avalúo AA-46-2004, en que se le otorgó un plazo de ocho días para presentar recurso de apelación contra el avalúo ante el Tribunal Fiscal Administrativo, recurso que no existe por haberse derogado el artículo 26 de la Ley de Expropiaciones que otorgaba dicha posibilidad, mediante el artículo 1 de la Ley n°7757 de 10 de marzo de 1998 o que en todo ese tiempo no se hayan catastrado los planos como corresponde. En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el amparo en cuanto se dirige contra el Ministerio de Ambiente y Energía –por su omisión de iniciar y tramitar, con la celeridad debida, el procedimiento de expropiación de la amparada afectado por la Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995. Han trascurrido casi de 7 meses, de la impugnación planteada por la recurrente a la fecha de resolución de los recursos presentados, lo que indudablemente resulta excesivo, y es violatorio del principio de justicia pronta y cumplida, por lo que procede acoger el recurso en cuanto a este extremo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta; pero esto último no necesariamente significa una contestación favorable. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, lo que se garantiza."

    "That guarantee is complemented by the right to receive a prompt response, but this does not necessarily mean a favorable answer. In other words, what is guaranteed is the right to ask, not the right to obtain what is requested."

    Considerando IV

  • "Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta; pero esto último no necesariamente significa una contestación favorable. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, lo que se garantiza."

    Considerando IV

  • "Sin embargo, como lo ha señalado repetidamente la Sala, no es el artículo 27 constitucional el aplicable sino el 41 cuando se trata de reclamos o recursos."

    "However, as the Chamber has repeatedly held, when claims or administrative remedies are involved, the applicable constitutional provision is not Article 27 but Article 41."

    Considerando IV

  • "Sin embargo, como lo ha señalado repetidamente la Sala, no es el artículo 27 constitucional el aplicable sino el 41 cuando se trata de reclamos o recursos."

    Considerando IV

  • "En caso de no contar con los recursos presupuestarios suficientes para expropiar, concederle a los propietarios privados los permisos y autorizaciones para que puedan ejercer efectivamente su derecho de propiedad en el tanto cuenten con el estudio de impacto ambiental necesario y las licencias ambientales que descarten la posibilidad de poner en riesgo la conservación de especies en peligro de extinción."

    "If sufficient budgetary resources for expropriation are unavailable, the private owners must be granted the permits and authorizations needed to exercise their property rights effectively, provided they have the necessary environmental impact study and environmental licenses ruling out any risk to the conservation of endangered species."

    Por tanto

  • "En caso de no contar con los recursos presupuestarios suficientes para expropiar, concederle a los propietarios privados los permisos y autorizaciones para que puedan ejercer efectivamente su derecho de propiedad en el tanto cuenten con el estudio de impacto ambiental necesario y las licencias ambientales que descarten la posibilidad de poner en riesgo la conservación de especies en peligro de extinción."

    Por tanto

  • "Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios por el congelamiento al que se sometió el fundo del amparado, sin que se definiera en un plazo razonable el trámite de la expropiación."

    "The State is ordered to pay costs and compensation for the damages caused by freezing the petitioner’s property without determining the course of the expropriation proceeding within a reasonable time."

    Por tanto

  • "Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios por el congelamiento al que se sometió el fundo del amparado, sin que se definiera en un plazo razonable el trámite de la expropiación."

    Por tanto

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Sections

Procedural marks

*060036140007CO* *060036140007CO* Decision No.: 2008-008770 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten thirty-six a.m. on May twenty-seven, two thousand eight.- Writ of amparo (recurso de amparo) filed by CARLOS ALBERTO RAMÍREZ AGUILAR, identity card number 104500628, on behalf of MARION EDITH UNGLAUBE, passport number 6522016523, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Background:

  1. 1In a written submission received by the Chamber’s Secretariat at 11:40 on March 28, 2006, the petitioner filed a writ of amparo against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA and stated that the party he represents owns the property registered in the Guanacaste registry district under registration No. 066513-000. Through MINAE, the Executive Branch published Resolution No. R 421 of 10:30 on November 8, 2004, which declared the protection of leatherback turtle nesting to be in the public interest and therefore declared the expropriation of that property to be in the public interest; it also ordered the issuance of a provisional annotation order (mandamiento provisional de anotación) to the Property Registry to consolidate the Parque Nacional Marino Las Baulas in Guanacaste, although no expropriation proceeding (proceso de expropiación) exists. On November 2, 2004, a challenge was filed against administrative appraisal (avalúo administrativo) AA-46-2004.On February 28, 2005, MINAE issued official letter DM-305-2005, ordering that environmental approvals (viabilidades ambientales) not be granted to the aggrieved party. On the following July 13, the Park Administrator issued official letter ACT-106-05 PNMB, expressly stating that he did not agree with granting environmental approvals to projects located within the Park’s boundaries, particularly emphasizing properties already affected by publication of the “expropriation decree” (“decreto expropiatorio”). On August 30, 2005, SETENA issued Resolution No. 2238-2005-SETENA, in which it agreed to comply with the Minister’s orders requesting suspension of the procedures for granting environmental approvals sought by the petitioner. On September 7, 2005, a motion for reconsideration or revocation with appeal (recurso de reconsideración o revocatoria con apelación) was filed against that SETENA resolution.As of the filing date of this proceeding, it had not been decided, nor had any attempt been made to pay the aggrieved party compensation for the expropriation, which the petitioner considers a violation of the rights to property and prompt and effective justice.
  2. 2Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath (folio 74) that the Ministerio de Ambiente y Energía, as the governing body for environmental matters and for the purpose of reducing the direct impact on the nesting sites of the leatherback turtle, which is currently endangered, has formally initiated expropriation proceedings within the Parque Marino las Baulas de Guanacaste, where that species’ most important nesting beaches in the Pacific Ocean are located. He adds that the expropriation proceedings (diligencias expropiatorias) were thus commenced through Resolution R-421-MINAE of 10:30 on November 8, 2004, published in La Gaceta No. 237 on December 3, 2004, which declares the acquisition of part of the property recorded in the National Registry under Real Folio registration 5066513-000, owned by Ms. Marion Edith Unglaube, to be in the public interest, and orders the issuance of a provisional annotation order to the National Property Registry; however, that annotation was not entered.This was because, after the administrative acts intended to effect the expropriation had been completed, official letter DM-069-2005 of January 13, 2005 requested the Procuraduría General de la República to initiate special expropriation proceedings (proceso especial de expropiación), to which that institution responded in official letter ADPb-116-2005 of January 21, 2005 that, pursuant to the rules governing expropriations, those proceedings could not be brought because of a series of procedural errors. One of the errors identified by the Procuraduría was that Resolution R-388-2004 of 8:45 on October 11, 2004 notified Ms. Unglaube of appraisal AA-46-2004 and granted her eight days to appeal that appraisal before the Tribunal Fiscal Administrativo. However, no such appeal exists because Article 26 of the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones), which had provided that possibility, was repealed by Article 1 of Law No. 7757 of March 10, 1998.He explains that, through official letter DM-305-2005 of February 28, 2005, he instructed the Secretaría Técnica Nacional Ambiental that any development application within the Parque Nacional Marino las Baulas must be denied, since for more than a year the State had been issuing sufficient acts to consolidate that Park. The Secretaría Técnica Nacional Ambiental issued Resolution No. 2238-2005-SETENA at 14:20 on August 30, 2005, in which it complied with the Chamber’s ruling of 20:32 on March 9, 2005, issued in case number 05-002756-0007-CO, and agreed to suspend environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) proceedings until the Chamber ordered otherwise. With respect to the appeal filed against the resolution, a review of the Legal Department’s records established that it had not yet reached that Office. As for the petitioner’s assertion that no attempt had been made to pay the compensation, he is mistaken, because Agreement A-249-2004-MINAE of 9:00 on December 6, 2004 initiated the expropriation of that property and instructed that Ministry’s Financial and Accounting Department to deposit the appraisal amount into Banco de Costa Rica account No. 2993-9 in the name of the Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.The amount was deposited by means of a payment voucher for goods and services charged against resource reserve No. 1900001286 of December 20, 2004; that is, the appraisal amount has been on deposit since that date, but for the reasons stated, payment has not been made effective. In light of the foregoing, the Ministry has an expropriation proceeding concerning part of the property registered in the name of Ms. Marion Edith Unglaube; however, to comply with the procedure established by the Expropriations Law, as indicated by the Procuraduría General de la República, all steps toward carrying out that expropriation were initiated anew. Accordingly, a review of the administrative record (expediente administrativo) also established that the survey plan (plano) of the property to be expropriated had not been recorded in the cadastre, although this is an essential procedural requirement. For that reason, through the Oficina de Atención al Usuario, the Ministry initiated the procedures necessary to register the relevant plan in the cadastre.However, when asked about the progress of that process, Mr. Luis Ureña Villalobos reported in official letter SINAC-DS-OFAU-031-2006 of March 24, 2006 that it had not been possible to register it with the Catastro Nacional because several filings corresponding to possible parcel segregations (segregaciones) from the property overlapped with the document submitted for registration, and the plan could not be registered until those filings were canceled. Those filings all concern plans belonging to Ms. Marion Edith Unglaube, which demonstrates that the Ministry is taking every necessary step to continue the aforementioned expropriation proceeding, but that circumstances beyond the institution’s control have made it impossible to continue in this particular case. At that time, the Procuraduría General de la República had three expropriation proceedings concerning properties located within the boundaries of the Parque Nacional Marino las Baulas de Guanacaste pending before the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, and proceedings concerning eight properties were nearly ready to be sent to the Procuraduría for the corresponding processing. He requests that the petition be denied.
  3. 3Patricia Campos Mesén, in her capacity as Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reports under oath (folio 116) that the petitioner owns the property identified by cadastral plan (plano catastrado) number 867037-89. Law 7524 of July 10, 1995 created the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste and declared measures to protect that critically endangered animal species to be in the public interest. The Park’s extent was clarified by opinion OJ-015-2004 of February 10, 2004 of the Procuraduría General de la República, which stated that the Park extends 125 meters inland from the ordinary high-tide line. With respect to Resolution R 421 of November 8, 2004, it is for the Minister to address that matter. Regarding the allegation that no expropriation procedure actually exists, it must be clarified that the Minister exercised the authority granted to him by Article 4 of the Expropriations Law.Through official letters DM-305-2005 of February 28, 2005 and DM-394-2005 of the following March 10, the Minister of Environment and Energy exercised the authority granted to him by Article 4 of the Expropriations Law and imposed a precautionary measure (medida precautoria) concerning the land in question, prohibiting any alteration of the environmental conditions of that property in view of the public interest expressed in the expropriation proceeding in protecting a critically endangered species. Through official letter ACT-106-05 PNMB of July 13, 2005, he opposed the granting of environmental approvals within the strip of land included in the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. SETENA issued Resolution number 2238-2005-SETENA of August 30, 2005 in compliance with the Chamber’s ruling of 20:32 on March 9, 2005, contained in the order to proceed (resolución de curso) issued in case number 05-002756-0007-CO.Environmental impact assessment proceedings were suspended until the Constitutional Chamber decided proceeding 05-002756-0007-CO. Resolution number 2238-2005-SETENA was challenged by several developers who were the holders of various files pending before that Secretariat. Because all the appeals presented convergent arguments, they were processed jointly in order to provide a consistent response. Through official letters number SG-2464-2005-setena of October 3, 2005 and SG-2474-2005-SETENA of the same date, the holders of two files were required to submit certain documentation necessary to process the appeals. It was submitted, and some of the documentation is being analyzed by the Technical Department. The appeals were decided by Resolution number 680-2006–SETENA of April 5, 2006.
  4. 4In a brief filed at 14:00 hours on 26 de abril de 2006 (folio 131), the appellant refers to the report submitted by the Ministry and the Secretariat of SETENA and states that, although it is true that the notation has not been entered, it is also true that environmental approvals and construction permits must be granted while simultaneously ensuring that the projects will not affect the species in question. Indeed, any action by the Administration that entails rendering the right to property ineffective, in fact or in law, without proceeding through expropriation proceedings in accordance with the applicable legislation, would constitute an illegal, disguised expropriation in violation of the right to property. The dismissal of applications for any type of development has been ordered, and even the environmental impact studies that might eventually demonstrate that the proposed projects would not affect the leatherback sea turtle species have been suspended; however, solely for the purpose of freezing the properties, whether in fact or in law, such studies cannot be carried out due to the acknowledged orders.It is unacceptable for MINAE to state that an expropriation process exists but has been delayed by factors “beyond” its control, when in fact the defects that the Office of the Attorney General of the Republic may have identified cannot be cured, because the General Expropriations Law cannot apply to that expropriation; instead, in the present case, the Treaty between Germany and Costa Rica concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments and its Protocol must apply.
  5. 5By note dated 18 de julio de 2006 (folio 135), the Reporting Justice refers to the appellant’s request for a hearing dated 11 de mayo de 2006.
  6. 6By order issued at 9:18 hours on 19 de abril de 2007 (folio 360), the Reporting Justice requests that the Office of the Attorney General of the Republic, as evidence to assist in adjudicating the matter, address the amparo proceeding filed and indicate the stage reached in the expropriation proceedings concerning the property in question.
  7. 7In a brief dated 27 de abril de 2007 (folio 361), submitted as evidence to assist in adjudicating the matter, Ana Lorena Brenes Esquivel, in her capacity as Attorney General of the Republic, states that, by official letter N°DM-069-2005 dated 13 de enero de 2005, the then Minister of Environment and Energy, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, requested that the Office of the Attorney General initiate special proceedings for the expropriation of a portion of the property registered in the name of the protected party, Marion Edith Unglaube, located in Las Baulas Marine Park. She adds that, by official letter ADPb-116-2005 dated 21 de enero de 2005, addressed to Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, the Office of the Attorney General responded to the official letter cited in the first fact, stating that, following a review of the administrative record and based on the provisions governing expropriations, it had concluded that it was impossible to institute the special proceedings as requested because a series of defects, which it described in detail, had been found in the administrative procedure.She adds that, by official letter N°DM-171-2005 dated 3 de enero de 2005 (sic), a new request was submitted to the Office of the Attorney General to institute judicial expropriation proceedings relating to the property owned by Ms. Marion Edith Unglaube. By official letter ADPb-476-2005 dated 28 de febrero de 2005, addressed to Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, the Office of the Attorney General advised MINAE that, after reviewing the administrative record forwarded with the referenced official letter, it had concluded that it was legally impossible to grant the request because of defects in the administrative procedure reflected in the record. She states that the matter is currently pending before the Administrative and Civil Court of the Treasury under case number 05-000060-130-CA, Ordinary Administrative-Law Proceedings brought by Ms. Marion Edith Unglaube against the State, and is at the procedural stage of concise closing arguments.She notes that a search of the computer system in which requests to process expropriation proceedings are recorded confirmed that no new request from MINAE has been processed concerning the institution of judicial expropriation proceedings against Ms. Marion Edith Unglaube.
  8. 8The statutory requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Cruz Castro drafts the opinion; and,

Whereas:

I.Subject matter of the proceeding. The appellant alleges a violation of her fundamental rights arising from the failure of the authorities of the Ministry of Environment and Energy to expropriate the property owned by the protected party, and from the failure of the National Environmental Technical Secretariat to rule on the appeals filed against order number 2238-2005-SETENA dated 30 de agosto de 2005, which suspends the environmental impact assessment procedure until the Constitutional Chamber rules on proceeding 05-002756-0007-CO.

II.Proven facts. The following facts are deemed duly established and material to the determination of this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial order:

  • a)The appellant owns the property identified by cadastral plan number 867037-89 (report of the respondent authority, folio 116).
  • b)By Law 7524 dated 10 de julio de 1995, Las Baulas de Guanacaste Marine National Park was created, and measures to protect this animal species, which is critically endangered, were declared to be in the public interest (report of the respondent authority, folio 116).
  • c)By order R-421-MINAE issued at 10:30 hours on 8 de noviembre de 2004 and published in La Gaceta N°237 on 3 de diciembre de 2004, the acquisition of a portion of the property recorded in the National Registry under Real Property Folio registration 5066513-000, owned by Ms. Marion Edith Unglaube, was declared to be in the public interest (report of the respondent authority, folio 74).
  • d)By official letter DM-069-2005 dated 13 de enero de 2005, the Office of the Attorney General of the Republic was requested to initiate special expropriation proceedings. In response, by official letter ADPb-116-2005 dated 21 de enero de 2005, that institution stated that, pursuant to the provisions governing expropriations, such proceedings could not be instituted because of a series of errors in the procedure (report of the respondent authority, folio 74).
  • e)By official letter ADPb-476-2005 dated 28 de febrero de 2005, addressed to Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echando, the Office of the Attorney General of the Republic advised MINAE that, after reviewing the administrative record, it had concluded that it was legally impossible to institute the requested special expropriation proceedings because of defects in the administrative procedure reflected in the record (report of the Office of the Attorney General of the Republic, folio 361).
  • f)By official letters DM-305-2005 dated 28 de febrero de 2005 and DM-394-2005 dated 10 de marzo following, the Minister of Environment and Energy imposed a precautionary measure concerning the land in question, prohibiting any alteration of the environmental conditions of the aforementioned property in view of the public interest expressed in the expropriation proceedings for the purpose of protecting a critically endangered species (report of the respondent authority, folio 116).
  • g)By official letter ACT-106-05 PNMB dated 13 de julio de 2005, an objection was raised to the granting of environmental approvals within the strip of land located inside Las Baulas de Guanacaste Marine National Park (report of the respondent authority, folio 116).
  • h)By order N.° 2238-2005-SETENA dated 30 de agosto del 2005, SETENA agreed to suspend the proceedings for granting the environmental approvals requested by the appellant (order SG-1044-2006-SETENA, folio 116).
  • i)On 7 de setiembre del 2005, a motion for reconsideration or revocation, with an appeal in the alternative, was filed against that SETENA order (undisputed fact).
  • j)The appeals filed by the protected party were decided by order number 680- 2006–SETENA dated 5 de abril de 2006 (folio 121).

III.Merits.- In this matter, the complaint concerns, on the one hand, the respondent Ministry’s failure to expropriate the privately owned land belonging to the protected party and located within Las Baulas National Park, despite the fact that the law creating that National Park, Law Nº7524 dated 10 de julio de 1995, establishes that obligation in order to safeguard the nesting of the leatherback sea turtle, and despite the fact that, by order R-421-MINAE issued at 10:30 hours on 8 de noviembre de 2004 and published in La Gaceta N°237 on 3 de diciembre de 2004, the acquisition of a portion of the property recorded in the National Registry under Real Property Folio registration 5066513-000, owned by Ms. Marion Edith Unglaube, was declared to be in the public interest. In this regard, Article 2 of Law Nº7524 provides:

“ARTICLE 2.- Expropriations. To implement this Law, the competent institution shall undertake the expropriation of all or part of the properties located within the area delimited in the preceding article.

The privately owned lands located within that boundary shall be subject to expropriation and shall be considered part of Las Baulas Marine National Park until acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, the owners shall enjoy the full exercise of the incidents of ownership.” Regarding the processing of the expropriation of the property belonging to the amparo petitioner (amparada), the respondent Minister reports that, by Resolution NºR–421–MINAE of 10:30 hrs. on 8 de noviembre de 2004, published in the Official Gazette La Gaceta Nº237 of 3 de diciembre de 2004, the acquisition of part of the property belonging to Ms. Marion Edith Unglaube was declared to be in the public interest (interés público). Nevertheless, this Constitutional Court notes that Ley Nº7524 entered into force on 16 de agosto de 1995; therefore, almost ten years elapsed before the Executive Branch began the expropriation of those properties, which is excessive and unjustified.

Although the acquisition of part of the property owned by the amparo petitioner and recorded in the National Registry under Real Property Folio (Folio Real), registration number 5066513-000, was declared to be in the public interest, the expropriation was not ordered until December 2004 and has not been carried out to date. Rather, the Office of the Attorney General of the Republic states in the report submitted to the Chamber (folio 361) that the request filed in 2005 by the respondent MINAE with the Office of the Attorney General, for the purpose of initiating judicial expropriation proceedings (diligencias judiciales expropiatorias) concerning the property belonging to Ms. Marion Edith Unglaube, was not processed because it was legally impossible to grant the request due to defects in the administrative procedure (procedimiento administrativo) reflected in the case file (as indicated in official letter ADPb-476-2005 of 28 de febrero de 2005, addressed to Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Minister of Environment and Energy).

Added to the foregoing is the statement made by the Attorney General of the Republic in her report, according to which: “...a review of the computer system in which requests to process expropriation cases are recorded confirmed that no new request from MINAE has been processed concerning the filing of judicial expropriation proceedings against Ms. Marion Edith Unglaube.” The foregoing factual circumstances reveal an excessive delay by the Administration in initiating the expropriation procedure (procedimiento expropiatorio), which was ordered by Resolution NºR–421–MINAE of 10:30 hrs. on 8 de noviembre de 2004, and violate the constitutional principle contained in Article 41 of the Political Constitution requiring prompt and full justice (justicia pronta y cumplida), because almost 18 months elapsed between the issuance of the resolution declaring the acquisition of part of Ms. Marion Edith Unglaube’s property to be in the public interest and the date on which this action was filed, without the expropriation process having begun.

This delay cannot be justified—as the respondent authority mistakenly argues—by errors attributable to the Administration, such as the fact that appraisal (avalúo) AA-46-2004 granted her eight days to file an appeal against the appraisal before the Administrative Tax Court, even though no such appeal exists because Article 26 of the Expropriations Act, which provided for that possibility, was repealed by Article 1 of Ley n°7757 of 10 de marzo de 1998, or the fact that the survey plans were not properly registered during all that time. On the contrary, the facts deemed duly established in this matter, together with the evidence obtained to facilitate adjudication (prueba para mejor resolver), namely the report submitted by the Office of the Attorney General of the Republic (folio 361), show that the respondent MINAE has repeatedly urged the Office of the Attorney General to initiate the expropriation proceeding sought by the amparo petitioner.

The Office of the Attorney General has been unable to process the matter because of procedural errors that it specifically identified to MINAE, without MINAE, in almost two years, having taken the necessary steps to correct the defects identified by that Office. In view of the foregoing, the appropriate course is to grant the amparo insofar as it is directed against the Ministry of Environment and Energy—for its failure to initiate and process, with due diligence, the expropriation procedure concerning the amparo petitioner affected by Ley Nº7524 of 10 de julio de 1995.

IV.Violation of Articles 27 and 41 of the Political Constitution by the National Environmental Technical Secretariat. The appellant (recurrente) further alleges that, although in September 2005 she filed a motion for reconsideration or revocation (recurso de reconsideración o de revocatoria) and an appeal (apelación) against Resolution N.° 2238-2005-SETENA 30 de agosto del 2005, by which SETENA agreed to suspend the processing of environmental approvals (viabilidades ambientales), as of the date this action was filed the respondent authority had neither decided nor communicated its decision on the remedies filed. As this Court has held in its case law, the right established in Article 27 of the Political Constitution refers to every citizen’s right to submit a written petition to any public official or government entity for the purpose of presenting a matter of interest. That guarantee is complemented by the right to receive a prompt response, although the latter does not necessarily mean a favorable response.

In other words, what is guaranteed is the right to ask, not the right to obtain what is requested, even though the public official must decide in strict accordance with the law, because freedom of petition rests on another principle: the Administration may not restrict the right of the governed to address public bodies. Thus, the petition procedure makes it possible to submit to the Administration matters that cannot be obtained through an administrative remedy, provided that the Administration is not barred from acting because the matter is governed by mandatory rules (materia reglada). However, as the Chamber has repeatedly stated, when claims or remedies are involved, the applicable constitutional provision is not Article 27 but Article 41: “By resorting to the laws, everyone shall obtain redress for injuries or damage suffered to their person, property, or moral interests. They must receive prompt and full justice, without denial and in strict accordance with the laws.” This is because administrative claims and remedies, unlike ordinary petitions, require a procedure to verify the facts that will constitute the grounds for the final administrative act (acto final), as well as the adoption of the pertinent evidentiary measures.

With respect to the period granted to the Administration to respond, Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act provides as follows: “When the amparo concerns the right of petition and the right to obtain a prompt decision, established in Article 27 of the Political Constitution, and no period for responding has been specified, the violation shall be deemed to occur once ten business days have elapsed from the date on which the request was submitted to the administrative office, without prejudice to consideration, in deciding the action, of the reasons asserted for deeming that period insufficient, in light of the circumstances and nature of the matter.” In this case, the documentary evidence entered into the record, as well as the report submitted by the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, establishes that the remedies filed by the amparo petitioner in September 2005 were decided by Resolution number 680-2006–SETENA, of 5 de abril de 2006 (folio 121).

Almost 7 months elapsed between the challenge filed by the appellant and the date on which the remedies were decided, which is unquestionably excessive and violates the principle of prompt and full justice; accordingly, the action must be granted on this issue.

V.Conclusion. Consequently, the appropriate course is to grant the amparo insofar as it is directed against the Ministry of Environment and Energy because of the delay in initiating and processing the expropriation procedure concerning the amparo petitioner’s private parcel of land (fundo privado), affected by the provisions of Ley Nº7524 of 10 de julio de 1995, and against SETENA because of the delay in deciding the remedies filed by the amparo petitioner against Resolution number 680-2006–SETENA, of 5 de abril de 2006. On this point, the appellant is advised that it is not for this Court to instruct the respondent Administration as to which body of law must be applied in the expropriation procedure, because this is a question of ordinary legality that must be argued before the Administration itself or, where appropriate, before the corresponding ordinary court.

Por tanto:

The action is granted. Insofar as it is directed against the Ministry of Environment and Energy, it is granted because the Ministry delayed for more than 10 years in pursuing the expropriation procedures for private parcels of land located within Parque Nacional Marino Las Baulas, under the terms of Ley Nº7524 of 10 de julio de 1995. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds that office, is ordered, if he deems it appropriate, to proceed with the expropriation of the amparo petitioner’s private parcel of land affected by Ley 7524 of 10 de junio de 1995, in which case the corresponding actions must be continued within a reasonable period. If sufficient budgetary resources are unavailable for the expropriation, the private owners must be granted the permits and authorizations necessary for them to exercise their property rights effectively, provided they have the necessary environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and environmental licenses (licencias ambientales) ruling out the possibility of endangering the conservation of endangered species.

As to SETENA, the action is granted for violation of the principle of prompt and full justice due to the delay in deciding the motions for revocation with appeal (recursos de revocatoria con apelación) filed against Resolution N.° 2238-2005-SETENA 30 de agosto del 2005. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds that office, is advised that failure to comply with this order will constitute the offense of disobedience and that, pursuant to Article 71 of the Law governing this jurisdiction, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that must be complied with or enforced, and who fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State is ordered to pay costs and compensation for damages arising from the freezing of the amparo petitioner’s parcel of land without the expropriation process being determined within a reasonable period. This decision shall be served personally upon Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds that office. LET IT BE COMMUNICATED.

Ana Virginia Calzada M.

Acting President Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Federico Sosto L. Jorge Araya G.

FCC/68/car.-

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*060036140007CO* *060036140007CO* Res: 2008-008770 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con treinta y seis minutos del veintisiete de mayo del dos mil ocho.- Recurso de amparo interpuesto por CARLOS ALBERTO RAMÍREZ AGUILAR, cédula de identidad número 104500628, a favor de MARION EDITH UNGLAUBE, pasaporte número 6522016523, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:40 horas del 28 de marzo del 2006, el recurrente interpone recurso de amparo contra MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA y manifiesta que su representada es propietaria del inmueble inscrito en el partido Guanacaste bajo matrícula N.° 066513-000. El Poder Ejecutivo a través del MINAE publicó la resolución N.° R 421 de las 10:30 horas del 8 de noviembre del 2004 que declaró de interés público proteger el desove de la tortuga Baula por lo que declaró de interés público la anotación ante el Registro de la Propiedad para consolidar el Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste, aunque no existe proceso de expropiación. El 2 de noviembre del 2004 se interpuso recurso contra el avalúo administrativo AA-46-2004. El 28 de febrero del 2005 el MINAE emitió el oficio DM-305-2005 que ordena no conceder viabilidades ambientales a la agraviada.El 13 de julio posterior, el Administrador del Parque emite el oficio ACT-106-05 PNMB donde ambientales de los proyectos que se ubiquen en los límites del Parque, muy particularmente destaca aquellas propiedades que ya se han visto afectadas por la publicación del "decreto expropiatorio". El 30 de agosto del 2005 SETENA emite la resolución N.° 2238-2005-SETENA en la que acuerda acatar las órdenes del Ministro que solicita suspender los trámites para otorgar viabilidades ambientales solicitadas por la recurrente. El 7 de setiembre del 2005 se presenta recurso de reconsideración o revocatoria con apelación contra dicha resolución del SETENA, que a la fecha de interposición de este recurso, no ha resuelto, y no ha realizado ningún intento de pago de la indemnización a la agraviada por la expropiación, lo que estima lesiona los derechos de propiedad y de justicia pronta y cumplida.
  2. 2Informa bajo juramento Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su calidad de Ministro de Ambiente y Energía (folio 74), que el Ministerio de Ambiente y Energía como ente rector en materia ambiental, y con el fin de reducir el impacto directo sobre los sitios de desove de la tortuga Baula, actualmente en peligro de extinción, ha iniciado formalmente los procesos de expropiación dentro el Parque Marino las Baulas de Guanacaste, en el cual se encuentran las playas más importantes de anidación de esa especie en el Océano Pacífico. Añade que de esa forma, el inicio de las diligencias expropiatorias se da a través de la resolución R-421-MINAE de las 10:30 horas del 8 de noviembre de 2004, publicada en La Gaceta N°237 de 3 de diciembre de 2004, que declara de interés público la adquisición de parte del inmueble inscrito en el Registro Nacional al Folio Real matrícula 5066513-000 propiedad de las señora Marion Edith Unglaube, ordenándose mandamiento provisional de anotación al Registro Nacional de la Propiedad, sin embargo dicha anotación no se materializó.Ello debido a que una vez concluidos los actos administrativos tendientes a la solicitó a la Procuraduría General de la República iniciar proceso especial de de 21 de enero de 2005, que de conformidad con la normativa que rige las en el procedimiento. Que uno de los errores señalados por la Procuraduría, fue que mediante la resolución R-388-2004 de las 8:45 horas del 11 de octubre de 2004, se le notifica a la señora Unglaube el avalúo AA-46-2004, otorgándosele un plazo de ocho días para presentar recurso de apelación contra dicho avalúo ante el Tribunal Fiscal Administrativo. No obstante, no existe tal recurso ya que el artículo 26 de la Ley de Expropiaciones que otorgaba dicha posibilidad fue derogado mediante el artículo 1 de la Ley n°7757 de 10 de marzo de 1998. Explica que por oficio DM-305-2005 de 28 de febrero de 2005, le indica a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que cualquier solicitud de desarrollo dentro del Parque Nacional Marino las Baulas, debe ser desestimado, dado que desde hace más de un año el Estado ha venido dictando los actos suficientes para la consolidación de dicho Parque.Que la Secretaria Técnica Nacional Ambiental emitió la resolución n°2238-2005- SETENA, de las 14:20 horas del 30 de agosto de 2005, en la cual acata lo dispuesto por la Sala en la resolución de las 20:32 horas del 9 de marzo de 2005, recaída en el curso del expediente número 05-002756-0007-CO, y acuerda suspender procedimientos de evaluación de impacto ambiental hasta que la Sala no disponga otra cosa. En cuanto al recurso de apelación interpuesto contra la resolución, una vez revisados los archivos del Departamento Legal se pudo comprobar que aun no ha ingresado a ese Despacho. En cuanto a la afirmación que hace el recurrente en cuanto a que no se ha realizado ningún intento de pago de la indemnización, no lleva razón, ya que mediante el acuerdo A-249-2004-MINAE de las 9:00 horas del 6 de diciembre de 2004, se promueve la expropiación de dicho inmueble, ordenándosele al Departamento Financiero Contable de ese Misterio el depósito del monto del avalúo a la cuenta del Banco de Costa Rica n°2993-9 a nombre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, monto que fue depositado, mediante boleta para el pago de bienes y servicio con cargo a reserva de recursos n°1900001286 de 20 de diciembre de 2004; es decir, desde esa fecha se encuentra depositado el monto del avalúo, pero por las razones indicadas, no se ha podido hacer efectivo dicho pago.En razón de lo anteriormente expuesto, en el Ministerio existe proceso de expropiación de parte del inmueble inscrito a nombre de la señora Marion Edith Unglaube, pero con el propósito de cumplir con el procedimiento señalado por la Ley de se iniciaron nuevamente todas las gestiones tendientes a realizar la logró determinar que además el plano del inmueble a expropiar no se encontraba catastrado, siendo este un requisito esencial dentro del procedimiento. Por esa razón el Ministerio por medio de la Oficina de Atención al Usuario inició los trámites necesarios para catastrar el plano respectivo, pero ante la pregunta sobre el avance de dicha gestión, en oficio SINAC-DS-OFAU-031-2006 de 24 de marzo de 2006, el señor Luis Ureña Villalobos informa que no se ha podido inscribir ante el Catastro Nacional debido a que existen una serie de presentaciones correspondientes a posibles segregaciones de la finca que se sobreponen con el documento presentado para la inscripción, y que mientras no sean canceladas no es posible inscribir el plano.Que las presentaciones dichas son todas de planos pertenecientes a la señora Marion Edith Unglaube, con lo que queda demostrado, que ese Ministerio se encuentra haciendo todas las gestiones necesarias para continuar con el proceso de caso en particular no ha sido posible continuar, ya que en esos momentos existe ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por la Procuraduría General de la República tres diligencias de expropiación de propiedades ubicadas dentro de los límites del Parque Nacional Marino las Baulas de Guanacaste, encontrándose actualmente ocho propiedades cuyos procedimientos están prontos de ser enviados a la Procuraduría par su respectivo trámite. Solicita que se desestime el recurso planteado.
  3. 3Informa bajo juramento Patricia Campos Mesén, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 116), que la recurrente es propietaria de la finca número de plano catastrado 867037-89. Que por ley 7524 de 10 de julio de 1995, se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, declarando de interés público las medidas de protección de esa especie animal que se encuentra en peligro crítico de extinción. Que la extensión del Parque fue aclarada por el dictamen de la Procuraduría General de la República OJ-015-2004 de 10 de febrero de 2004, consignando que el Parque abarca hasta los 125 metros de aguas adentro desde la pleamar ordinaria. En cuanto a la resolución R 421, de 8 de noviembre de 2004, corresponde pronunciarse al Sr. Ministro. Acerca de la alegación de que en realidad no existe un procedimiento expropiatorio, se ha de aclarar que el Sr. Ministro ejercitó la potestad que le confiere el artículo 4 de la Ley de DM-394-2005 de 10 de marzo siguiente, el Sr. Ministro de Ambiente y Energía ejercita la potestad que le confiere el artículo 4 de la ley de Expropiaciones, y dicta una medida precautoria respecto al terreno en cuestión, prohibiendo alterar las condiciones ambientales del bien citado, en vista del interés público manifestado en el proceso expropiatorio en orden a proteger una especie el peligro crítico de extinción.Que por oficio ACT-106-05 PNMB, de 13 de julio de 2005 se opone al otorgamiento de viabilidades dentro de la franja de terrenos comprendidos dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. Que la SETENA emitió la resolución número 2238-2005-SETENA de 30 de agosto de 2005; en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala en resolución de las 20:32 horas del 9 de marzo de 2005, recaída en la resolución de curso dictada en el expediente número 05-002756-0007-CO. Que se suspenden los procedimientos evaluación de impacto ambiental hasta que la Sala Constitucional resuelve el recurso 05-002756-0007-CO. Que la resolución número 2238-2005- SETENA, fue recurrida por una serie de desarrolladores titulares de diversos expedientes que se encuentran en esa Secretaría y dado que todos los recursos presentaron argumentos convergentes, se tramitan conjuntamente con el fin de brindarles una respuesta coherente Que por oficios número SG-2464-2005-setena de 3 de octubre de 2005 Y SG-2474-2005-SETENA de la misma fecha, se requiere a los titulares de dos expedientes la presentación de determinada documentación necesaria para tramitar los recursos. Esta fue aportada y parte de la documentación está siendo analizada por el Departamento Técnico. Los recursos fueron resueltos por resolución número 680-2006–SETENA, de 5 de abril de 2006.
  4. 4Por escrito presentado a las 14:00 horas del 26 de abril de 2006 (folio 131), el recurrente se refiere al informe brindado por el Ministerio y Secretaria de SETENA y dice que si bien es cierto la anotación no se ha realizado, también es cierto que las viabilidades y los permisos de construcción deben otorgarse garantizado al mismo tiempo que los proyectos no afectaran a la especie en cuestión. Pues cualquier proceder la Administración que implique hacer nugatorio el derecho de propiedad, de hecho o de derecho, si que se proceda a un procedimiento expropiatorio conforme a la legislación aplicable será expropiación ilegal, encubierta y violatoria del derecho de la propiedad. Que se ha ordenado la desestimación de las solicitudes de cualquier tipo de desarrollo, suspendido e incluso los estudios de impacto ambiental que podrían eventualmente demostrar que los proyectos propuestos no afectarían la especie de la tortuga baula, pero que por el simple afán de congelar las propiedades ya sea de hecho o de derecho, no podrán ser realizados por las órdenes confesas.Que no es aceptable que el MINAE indique que existe un proceso de expropiación pero que el mismo se ha retrasado por factores “ajenos” a ellos, cuando lo cierto es que los defectos que se pudieron encontrar por la Procuraduría General de la República no son subsanables, pues sobre esa expropiación no puede aplicar la Ley General de Expropiaciones, sino que en el presente caso debe aplicarse el Tratado entre Alemania y Costa Rica sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones y su Protocolo.
  5. 5Por nota de 18 de julio de 2006 (folio 135) el Magistrado Instructor hace referencia a la solicitud de audiencia de 11 de mayo de 2006 del recurrente.
  6. 6Por resolución de las 9:18 horas del 19 de abril de 2007 (folio 360) el Magistrado Instructor solicita a la Procuraduría General de la República y como prueba para mejor resolver se refiera al recurso de amparo interpuesto así como indique en qué fase se encuentra el trámite expropiatorio del inmueble en cuestión.
  7. 7Por escrito de 27 de abril de 2007 (folio 361), y como prueba para mejor resolver, Ana Lorena Brenes Esquivel, en su condición de Procuradora General de la República, que por oficio N°DM-069-2005 de 13 de enero de 2005 el entonces Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, solicitó a la Procuraduría General iniciar el proceso especial de expropiación de una parte de la finca inscrita a nombre de la amparada Marion Edith Unglaube, ubicada en el Parque Marino Las Baulas. Añade que por oficio ADPb-116-2005 de 21 de enero de 2005, dirigido al Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, la Procuraduría General dio respuesta al oficio citado en el hecho primero, en el sentido de que, de la revisión del especial, tal y como les solicita, por encontrar una serie de vicios en el procedimiento administrativo que detalla. Añade que por oficio N°DM-171-2005 de 3 de enero de 2005 (sic) se presenta nueva solicitud ante la Procuraduría General de interponer las diligencias judiciales expropiatorias relacionadas con el inmueble propiedad de la Sra. Marion Edith Unglaube.Que por oficio ADPb-476-2005 de 28 de febrero de 2005 dirigido al Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi la Procuraduría indica al MINAE que luego de un estudio de expediente administrativo que fuera remitido junto con el oficio referido, se concluye que existe imposibilidad jurídica para acceder a lo solicitado por vicios de procedimiento administrativo que presenta el expediente. Dice que actualmente el asunto se encuentra en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda bajo expediente número 05-000060-130-CA, Proceso Ordinario Contencioso Administrativo de la Sra. Marion Edith Unglaube contra el Estado y está en la fase procesal de conclusiones sucintas. Comenta que consultado el sistema informático en el que se registran las peticiones para tramitar procesos de expropiación, se constató que no se ha tramitado ninguna nueva solicitud del MINAE en relación con la interposición de diligencias judiciales de expropiación contra la señora Marion Edith Unglaube.
  8. 8En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. La recurrente reclama la violación de sus derechos fundamentales, por la omisión de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de expropiar el inmueble propiedad de la amparada el primero y de resolver los recursos interpuestos contra la resolución número 2238-2005-SETENA de 30 de agosto de 2005; que suspende el procedimiento de evaluación de impacto ambiental hasta que la Sala Constitucional resuelve el recurso 05-002756-0007-CO.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)Que la recurrente es propietaria de la finca número de plano catastrado 867037-89 (informe autoridad recurrida, folio 116).
  • b)Que por ley 7524 de 10 de julio de 1995, se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, declarando de interés público las medidas de protección de esa especie animal que se encuentra en peligro crítico de extinción (informe autoridad recurrida, folio 116).
  • c)Que por resolución R-421-MINAE de las 10:30 horas del 8 de noviembre de 2004, publicada en La Gaceta N°237 de 3 de diciembre de 2004, se declara de interés público la adquisición de parte del inmueble inscrito en el Registro Nacional al Folio Real matrícula 5066513-000 propiedad de las señora Marion Edith Unglaube (informe autoridad recurrida, folio 74).
  • d)Que por oficio DM-069-2005 de 13 de enero de 2005, se solicitó a la Procuraduría General de la República iniciar proceso especial de expropiación, ante lo cual dicha institución manifestó por oficio ADPb-116-2005 de 21 de enero de 2005, que de conformidad con la normativa que rige las expropiaciones no es posible plantear dicho proceso, por una serie de errores en el procedimiento (informe autoridad recurrida, folio 74).
  • e)Que por oficio ADPb-476-2005 de 28 de febrero de 2005 dirigido al Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echando, la Procuraduría General de la República indica al MINAE que luego de un estudio de expediente administrativo se concluye que existe imposibilidad jurídica para acceder a proceso especial de expropiación solicitado por vicios de procedimiento administrativo que presenta el f) Que por oficio DM-305-2005 de 28 de febrero de 2005 y DM-394-2005 de 10 de marzo siguiente, el Ministro de Ambiente y Energía dicta una medida precautoria respecto al terreno en cuestión, prohibiendo alterar las condiciones ambientales del bien citado, en vista del interés público manifestado en el proceso expropiatorio en orden a proteger una especie el peligro crítico de extinción (informe autoridad recurrida, folio 116).
  • g)Que por oficio ACT-106-05 PNMB, de 13 de julio de 2005 se opone al otorgamiento de viabilidades dentro de la franja de terrenos comprendidos dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste (informe autoridad recurrida, folio 116).
  • h)Que por la resolución N.° 2238-2005-SETENA 30 de agosto del 2005 la SETENA acuerda suspender los trámites para otorgar viabilidades ambientales solicitadas por la recurrente (resolución SG-1044-2006-SETENA, folio 116).
  • i)Que el 7 de setiembre del 2005 se presenta recurso de reconsideración o revocatoria con apelación contra dicha resolución del SETENA (hecho no controvertido).
  • j)Que los recursos interpuestos por la amparada fueron resueltos por resolución número 680- 2006–SETENA, de 5 de abril de 2006 (folio 121).

III.Sobre el fondo.- En este asunto se reclama por un lado la omisión del Ministerio recurrido de Nacional Las Baulas, pese a que la Ley de creación de ese Parque Nacional, Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995, estipula esa obligación para salvaguardar la anidación de la tortuga baula y de que por resolución R-421-MINAE de las 10:30 horas del 8 de noviembre de 2004, publicada en La Gaceta N°237 de 3 de diciembre de 2004, se declara de interés público la adquisición de parte del inmueble inscrito en el Registro Nacional al Folio Real matrícula 5066513-000 propiedad de las señora Marion Edith Unglaube. Al respecto, el artículo 2º de la Ley Nº7524, estipula:

“ARTICULO 2.- Expropiaciones. Para cumplir con la presente Ley, la institución competente gestionará las expropiaciones de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada en el artículo anterior.

Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o los atributos del dominio.” En cuanto a la tramitación de la expropiación de la propiedad de la amparada, el Ministro accionado informa que por resolución NºR–421–MINAE de las 10:30 hrs. de 8 de noviembre de 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº237 de 3 de diciembre de 2004, se declaró de interés público la adquisición de parte del inmueble de la señora Marion Edith Unglaube. No obstante, llama la atención de este Tribunal Constitucional que la Ley Nº7524 entró en vigencia desde el 16 de agosto de 1995; de modo que el plazo transcurrido para que el Poder Ejecutivo comenzara la expropiación de esos inmuebles, es de casi diez años, lo que es excesivo e injustificado.

Véase que a pesar de que se declaró de interés público la adquisición de parte del inmueble inscrito en el Registro Nacional al Folio Real matrícula 5066513-000 propiedad de la amparada, la llevado a cabo; sino que apunta la Procuraduría General de la República en el informe rendido a la Sala (folio 361) que la solicitud planteada por el MINAE recurrido ante la Procuraduría General en el 2005, afín de entablar diligencias judiciales expropiatorias relacionadas con el inmueble propiedad de la Sra. Marion Edith Unglaube no fue gestionada debido a que existe imposibilidad jurídica para acceder a lo solicitado por vicios de procedimiento administrativo que presenta el expediente (así señalado en el oficio ADPb-476-2005 de 28 de febrero de 2005 dirigido al Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi; Ministros de Ambiente y Energía). A lo anterior se agrega lo expuesto por la Procuradora General de la República en su informe según el cual: "...consultado el sistema informático en el que se registran las peticiones para tramitar procesos de expropiación, se constató que no se ha tramitado ninguna nueva solicitud del MINAE en relación con la interposición de diligencias judiciales de expropiación contra la Sra. Marion Edith Unglaube." El cuadro fáctico anterior revela tardanza excesiva de la Administración de iniciar el procedimiento expropiatorio, que se ordenó por resolución NºR–421–MINAE de las 10:30 hrs. de 8 de noviembre de 2004 y resulta lesivo del principio constitucional que contiene el artículo 41 de la Constitución Política, de justicia pronta y cumplida, pues ha trascurrido un plazo de casi de 18 meses entre la emisión de la resolución que declaró de interés público la adquisición de parte del inmueble de la señora Marion Edith Unglaube y la fecha de interposición del recurso, sin que se haya iniciado el trámite la autoridad recurrida-, en errores atribuibles a la Administración, tales como que el avalúo AA-46-2004, en que se le otorgó un plazo de ocho días para presentar recurso de apelación contra el avalúo ante el Tribunal Fiscal Administrativo, recurso que no existe por haberse derogado el artículo 26 de la Ley de Expropiaciones que otorgaba dicha posibilidad, mediante el artículo 1 de la Ley n°7757 de 10 de marzo de 1998 o que en todo ese tiempo no se hayan catastrado los planos como corresponde.

Por el contrario, de los hechos que se tienen por debidamente demostrados en este asunto en relación con la prueba para mejor resolver que es el informe rendido por la Procuraduría General de la República (folio 361) se tiene que el MINAE recurrido, ha instado en varias ocasiones a la Procuraduría General para que inicie el proceso expropiatorio que reclama la amparada, siendo que la Procuraduría se ha visto imposibilitada de tramitar lo que corresponde, debido a errores en el procedimiento que ha señalado puntualmente al MINAE sin que éste, en casi dos años, haya hecho lo propio por corregir los vicios señalados por la Procuraduría. En virtud de lo contra el Ministerio de Ambiente y Energía –por su omisión de iniciar y tramitar, con la celeridad debida, el procedimiento de expropiación de la amparada afectado por la Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995.

IV.De la violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución Política por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Acusa además la recurrente que a pesar de que presentó desde setiembre de 2005, recurso de reconsideración o de revocatoria y apelación contra la resolución N.° 2238-2005-SETENA 30 de agosto del 2005 la SETENA que acuerda suspender los trámites para otorgar viabilidades ambientales a la fecha de presentación de este recurso, la autoridad recurrida no ha resuelto ni comunicado los recursos interpuestos. Tal y como lo ha sostenido este Tribunal a través de su jurisprudencia, el derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta; pero esto último no necesariamente significa una contestación favorable.

En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, lo que se garantiza, aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la Administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. De manera que, la vía de petición permite plantear a la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada. Sin embargo, como lo ha señalado repetidamente la Sala, no es el artículo 27 constitucional el aplicable sino el 41 cuando se trata de reclamos o recursos: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes".

Lo anterior por cuanto los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes. En cuanto al plazo otorgado a la administración para contestar tenemos que el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece lo siguiente: "Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto".

En este asunto, de la prueba documental allegada a los autos, como del informe rendido por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tiene por acreditado que los recursos interpuestos por la amparada en setiembre de 2005 fueron resueltos por resolución número 680- 2006–SETENA, de 5 de abril de 2006 (folio 121). Han trascurrido casi de 7 meses, de la impugnación planteada por la recurrente a la fecha de resolución de los recursos presentados, lo que indudablemente resulta excesivo, y es violatorio del principio de justicia pronta y cumplida, por lo que procede acoger el recurso en cuanto a este extremo.

V.Conclusión. Como consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el amparo, en cuanto se dirige contra el Ministerio de Ambiente y Energía por el retraso en la iniciación y tramitación del procedimiento de expropiación del fundo privado de la amparada afectado por lo dispuesto en la Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995 y contra la SETENA, en la resolución de los recursos presentados por la amparada contra la resolución número 680-2006–SETENA, de 5 de abril de 2006. En este punto se advierte a la recurrente que no compete a este Tribunal indicar a la administración recurrida cuál es la normativa que debe aplicarse en el procedimiento de expropiación, por tratarse de un tema de legalidad que debe discutir ante la propia administración o en su caso, ante el juez ordinario correspondiente.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. En cuanto se dirige contra el Ministerio de Ambiente y Energía por haber demorado más de 10 años en gestionar los procedimientos de expropiación de los fundos privados situados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, en los términos de la Ley Nº7524 de 10 de julio de 1995. Se ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quien ocupe el cargo, proceder si lo estima conveniente, a la expropiación del fundo privado propiedad del amparado efectuado por la Ley 7524 del 10 de junio de 1995, en cuyo caso se deberá continuar con las acciones correspondientes en un plazo razonable. En caso de no contar con los recursos presupuestarios suficientes para expropiar, concederle a los propietarios privados los permisos y autorizaciones para que puedan ejercer efectivamente su derecho de propiedad en el tanto cuenten con el estudio de impacto ambiental necesario y las licencias ambientales que descarten la posibilidad de poner en riesgo la conservación de especies en peligro de extinción.

En cuanto a SETENA, se declara con lugar el recurso por violación al principio de justicia pronta y cumplida, por la tardanza en la resolución de los recursos de revocatoria con apelación formulados contra la resolución N.° 2238-2005-SETENA 30 de agosto del 2005. Se le advierte a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quien ocupe el cargo, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios por el congelamiento al que se sometió el fundo del amparado, sin que se definiera en un plazo razonable el trámite de la expropiación. Notífiquese esta resolución a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quien ocupe el cargo, de forma personal. COMUNÍQUESE.

Ana Virginia Calzada M.

Presidenta a.i.

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Federico Sosto L. Jorge Araya G.

FCC/68/car.-

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    • Land Tenure and TitlingTenencia y Titulación de Tierras

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      • Ley 7524 Creation of Las Baulas de Guanacaste Marine National Park

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      • Ley 7524 Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste

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