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Res. 05689-2008 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/04/2008
OutcomeResultado
The amparo is partially granted. The Ministry of Health is ordered to inspect the Babilonia farm; the MAG to eradicate the Stomoxys fly plague and improper pineapple waste disposal; and MINAE/SETENA to determine if Piña Frut, SEBASTOPOL, and the Babilonia farm require an environmental impact study and demand it if so. The rest of the claims are denied due to lack of evidence or proven compliance.Se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo. Se ordena al Ministerio de Salud fiscalizar la finca Babilonia; al MAG erradicar la plaga de mosca Stomoxys y la inadecuada disposición de desechos de piña; y al MINAE/SETENA determinar si Piña Frut, SEBASTOPOL y finca Babilonia requieren estudio de impacto ambiental, exigiéndolo en su caso. En lo demás se declara sin lugar por falta de prueba o cumplimiento demostrado.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by the Association Justicia para la Naturaleza against several pineapple companies and public authorities for alleged violations of the right to health and a healthy environment. The claimants argue that pesticide use affects workers' and neighbors' health, contaminates water sources, and that improper waste disposal causes proliferation of the Stomoxys calcitrans fly, harming livestock. The Chamber analyzes the evidence and partially grants the appeal: it orders the Ministry of Health to inspect the Babilonia farm; the MAG to eradicate the fly plague and improper pineapple waste disposal; and MINAE and SETENA to determine whether Piña Frut, SEBASTOPOL, and the Babilonia farm require an environmental impact study, and if so, to demand it. The rest of the claims are rejected due to lack of evidence or proven compliance by Piña Frut, Piñas del Bosque, and SEBASTOPOL.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Justicia para la Naturaleza contra varias empresas piñeras y autoridades públicas por presunta violación del derecho a la salud y a un ambiente sano. Los recurrentes alegan que el uso de plaguicidas en las plantaciones afecta la salud de trabajadores y vecinos, contamina fuentes de agua y que la mala disposición de desechos genera proliferación de la mosca Stomoxys calcitrans, perjudicando al ganado. La Sala analiza la prueba y declara parcialmente con lugar el recurso: ordena al Ministerio de Salud fiscalizar la finca Babilonia; al MAG erradicar la plaga de moscas y la inadecuada disposición de desechos de piña; y al MINAE y SETENA determinar si las empresas Piña Frut, SEBASTOPOL y finca Babilonia requieren estudio de impacto ambiental, y en su caso, exigirlo. En lo demás, rechaza los alegatos por falta de prueba o por demostrarse cumplimiento de las empresas Piña Frut, Piñas del Bosque y SEBASTOPOL.
Key excerptExtracto clave
THEREFORE: The appeal is partially granted. Consequently, María Luisa Ávila Agüero, or whoever replaces her as Minister, and Gilberth Alexánder Salas López, or whoever replaces him as Director of the Health Governing Area of Siquirres, both from the Ministry of Health, are ordered to immediately verify the operation of the Babilonia pineapple farm of the FRUTEX S.A. Group, conduct periodic inspections and oversight of the activities carried out by that company, and determine whether there are reports of contamination in the waters near it. Likewise, Javier Flores Galarza, or whoever replaces him as Minister, and Elizabeth Ramírez Sandí, or whoever replaces her as Manager of Pest Surveillance and Control of the State Phytosanitary Service, both from the Ministry of Agriculture and Livestock, are ordered to immediately issue the necessary orders and take the pertinent measures within their competence to eradicate the problem of inadequate disposal of pineapple waste, the proliferation of the fly called Stomoxys calcitrans, and the consequent harm it causes to livestock in areas adjacent to the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group. Finally, Roberto Dobles Mora, or whoever replaces him as Minister of Environment and Energy, and Sonia Espinoza Valverde, or whoever replaces her as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, are ordered to immediately determine, clearly and precisely, whether the companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group require an environmental impact study for their operation; and if so, they are ordered to warn the representatives of these companies to comply with the necessary requirements for that purpose.POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a María Luisa Ávila Agüero, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministra y a Gilberth Alexánder Salas López, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Director del Área Rectora de Salud de Siquirres, ambos del Ministerio de Salud que, de manera inmediata, procedan a verificar el funcionamiento de la finca piñera Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., efectuar inspecciones y fiscalizaciones periódicas sobre la actividad desplegada por esa empresa y determinar si existen reportes de contaminación en las aguas cercanas a ésta. Asimismo, se le ordena a Javier Flores Galarza, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro y a Elizabeth Ramírez Sandí, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que, de manera inmediata, giren las órdenes necesarias y tomen las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de su competencia para erradicar el problema de la inadecuada disposición de desechos de piña, proliferación de la mosca denominada stomoxys calcitrans y los consecuentes perjuicios que ésta última genera en el ganado de las zonas aledañas a las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A.. Finalmente, se le ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro del Ambiente y Energía y a Sonia Espinoza Valverde, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que procedan, de manera inmediata, a determinar, de forma clara y precisa, si las empresas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., requieren de un estudio de impacto ambiental para su funcionamiento; siendo que, en caso de así requerirlo, se les ordena prevenir a los representantes de éstas últimas cumplir con los requisitos necesarios para tal efecto.
Pull quotesCitas destacadas
"La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras..."
"Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations..."
Considerando V — Sobre el derecho a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
"La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras..."
Considerando V — Sobre el derecho a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
"Este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios material y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos."
"This Court, as guarantor of fundamental rights, stands as a controller of the fulfillment of the obligations derived from the provisions of constitutional articles 21 and 50, which constrain the State not only to recognize the mentioned rights, but also to use the material and legally legitimate means to guarantee them."
Considerando V — Sobre el derecho a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
"Este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios material y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos."
Considerando V — Sobre el derecho a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
"Ha quedado plenamente demostrado la relación de causalidad entre el inapropiado manejo del rastrojo de piña y la proliferación del insecto en las zonas de cultivo de dicho producto..."
"It has been fully demonstrated the causal relationship between the inappropriate management of pineapple stubble and the proliferation of the insect in the cultivation areas of said product..."
Considerando VII — Sobre la proliferación de la mosca Stomoxys calcitrans (citando informe de la Defensoría de los Habitantes)
"Ha quedado plenamente demostrado la relación de causalidad entre el inapropiado manejo del rastrojo de piña y la proliferación del insecto en las zonas de cultivo de dicho producto..."
Considerando VII — Sobre la proliferación de la mosca Stomoxys calcitrans (citando informe de la Defensoría de los Habitantes)
"Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir..."
"The respondents are warned that in accordance with article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or to enforce it..."
Por tanto — Parte dispositiva de la sentencia
"Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir..."
Por tanto — Parte dispositiva de la sentencia
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By means of a filing appearing at folios 1261-1264, Marco Machore Levy requested to be admitted as an active coadjuvant in this proceeding. On this matter, Article 34, paragraph 3, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that whoever possesses a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. In the instant case, according to what the applicant has indicated, the pineapple activity carried out by the respondent companies in the cantons of Guácimo, Pococí, and Siquirres de Limón flagrantly violates the provisions of Article 50 of the Constitución Política. Consequently, his application for active joinder is admissible.
The petitioners allege violation of the right to health and the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined, respectively, in Articles 21 and 50 of the Constitución Política, given that, in their view, the respondent companies and public authorities are specifically committing the following infractions: a) the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A., use chemical substances that affect not only the health of the workers and residents of Pococí, Guácimo, and Siquirres, but also the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers, as well as the rest of the water sources (fuentes de agua) located there; b) the Ministry of Agriculture and Livestock has not taken the necessary measures to combat the plague of the fly known as stomoxys calcitrans, despite the fact that the Defensoría de los Habitantes, through report No. 00701-2004-DHR, pointed out the causal link between pineapple waste, the proliferation of this insect, and the impact on livestock in the area; c) the respondent authorities, in general, have not supervised the pineapple activity carried out by the respondent companies, given that, for example, none of the latter currently has environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) for its operation; and d) despite the large number of springs (nacientes de agua) located in the canton of Guácimo, there are plans to expand pineapple production in that area.
Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Carta Magna), as well as through international regulations. In this regard, this Constitutional Court, in Voto No. 3705-93 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, stated the following:
"(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this area of the principle of 'injury,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)".
Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment that is expressly contemplated in the second paragraph of Article 50 of the Constitución Política, which states, as relevant:
"(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, he is entitled to report acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused (...)".
In relation to the foregoing, this Chamber, by means of Judgment No. 180-98 of 4:24 p.m. on January 13, 1998, ordered the following:
"(...) the State not only has the ineludible responsibility of ensuring that the health of each of the individuals who make up the national community does not suffer harm from third parties in relation to these rights, but must also assume the responsibility of achieving the appropriate social conditions so that each person can enjoy his health, said right being understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (...)".
Furthermore, sub-constitutional regulations develop this right and, in this sense, the Ley General de Salud empowers the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions for the purpose of protecting the environment and people's right to health. Likewise, it should be noted that this Court, as guarantor of fundamental rights, stands as a controller of compliance with the obligations deriving from the provisions of Articles 21 and 50 of the Constitution, which constrain the State not only to recognize the aforementioned rights, but also to use the materially and legally legitimate means to guarantee them.
VI.CONCERNING THE USE OF CHEMICAL SUBSTANCES BY THE RESPONDENT COMPANIES AND THE IMPACT ON PEOPLE'S HEALTH AND ON THE WATER SOURCES (FUENTES DE AGUA) OF THE CANTONS OF POCOCÍ, GUÁCIMO, AND SIQUIRRES. First, the petitioners accuse that the chemical substances (pesticides) used by the respondent companies for pineapple monoculture cause serious impacts on the health of the workers and of the people living near such plantations. Likewise, they allege that said substances contaminate the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers, as well as the rest of the water sources located in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres. Notwithstanding the foregoing, and with respect to the operation of the companies Piña Frut S.A., located in Pococí, and Piñas del Bosque S.A. and SEBASTOPOL S.A., both located in Guácimo de Limón, this Constitutional Court does not find that the petitioners are correct. This is, in the first instance, because the interested parties did not provide the case file with technical-scientific evidence to substantiate such allegations.
Likewise, and according to the reports rendered by the technical administrative bodies for health and the environment, it was not proven that the chemical substances (pesticides) used by the aforementioned companies in pineapple activity, as of the date this amparo was filed, caused the problems referred to. Quite the contrary, and as asserted by the Minister of Health, the three companies indicated above have the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento), which was granted by virtue of having complied with the legal and regulatory provisions established for that purpose. Likewise, that authority asserted that, as of the date the report requested by this Chamber was rendered, there was no complaint that had been filed by residents of the cantons of Guácimo and Pococí regarding health impacts occasioned by the use of pesticides in those pineapple plantations. In that same vein, it should be noted that the authorities of the Área Rectora de Salud of Pococí and Guácimo, by official communications dated November 24, 2005, specifically stated that medical and cholinesterase examinations are constantly performed on the workers of the cited companies who are responsible for handling pesticides; that during the visits made to the pineapple plantations under study, the personal protective equipment provided to workers in all processes is supervised; and that in the cited companies, the application of pesticides and fertilizers is carried out with automated equipment (spray boom), needing only the presence of the tractor driver, thus minimizing the exposure of individuals to said substances, given that applications are made when there is no personnel in the field.
Additionally, and as stated in official communications Nos. ARSP-PAH-124-05 and ARG-PAH-20-05 of February 18 and 21, 2005, respectively, the packing plants of such companies are characterized by being modern, as they have high process technology and possess adequate standards of innocuity, asepsis, and worker protection. In the same manner, and according to what was reported by the health authorities, as well as the evidence provided to the case file, it is proven that the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. hold, among others, the international certifications Eurep Good Agricultural Practices (EUREP-GAP) and ISO 14001, as well as having plans for liquid and solid waste management, occupational health plans, and emergency response plans. Furthermore, and again contrary to what was alleged by the interested parties, this Court did not find verified the alleged contamination caused by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. to the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers and, in general, to the water sources located in the cantons of Pococí and Guácimo due to the pesticides used in the pineapple plantations.
Likewise, it should be highlighted that, according to what was indicated by the Directors of the Áreas Rectoras of Guácimo and Pococí, as of the date the reports were rendered to the Chamber, there were no reports or complaints whatsoever about that particular fact. In addition, said Directors asserted that their respective Áreas Rectoras were responsible for supervising compliance with the provisions of the Ley Forestal regarding the distances that must exist between pineapple crops and the banks of rivers and streams. Also, according to what was stated by the Minister of the Environment and Energy, as of the date this matter was filed, there were no specific reports of practices that endangered the water resources of the cited areas. Notwithstanding the foregoing, and with regard to the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A., it was not proven that, in this case, the use of pesticides did not effectively affect the health of the workers and residents, as well as the water sources located in the canton of Siquirres, which is why, as far as this last point is concerned, this Court deems that the appeal filed must be granted due to the violation of Articles 21 and 50 of the Constitution.
Additionally, the interested parties allege that even though report No. 00701-2004-DHR of January 26, 2004, prepared by the Defensoría de los Habitantes exists, through which the respondent authorities, specifically the Ministry of Agriculture and Livestock, were recommended to solve the problem posed by the proliferation—arising from pineapple waste—of the stomoxys calcitrans fly, which, in turn, affects livestock in the area, said authority has omitted executing the pertinent measures to achieve that purpose, and that, to date, the aforementioned situation has worsened. On this matter, it should first be noted that, indeed, and as the petitioners allege, it is absolutely clear from the cited report prepared by the Defensoría de los Habitantes, as well as from the report rendered by the authorities of the Ministry of Agriculture and Livestock, that the fly called stomoxys calcitrans, or biting fly or stable fly, reproduces in pineapple waste, which likewise harms livestock and people's health.
Thus, expressly, report No. 00701-2004-DHR stated the following: “(…) 1- (…) the stubble or waste resulting from the pineapple harvest left in the cultivated field constitutes the breeding grounds for the fly whose scientific name is Stomoxys Calcitrans, an insect that causes health problems for the human and livestock population. 2- That outbreaks have been recorded periodically in numerous population centers in the Northern, Southern Pacific, and Atlantic regions of the country without the pest having been eradicated (...)”. Likewise, the aforementioned document noted that: “(…) The problem generated by the so-called stable fly or biting fly has been consistently reported to this Defensoría since 1996, which demonstrates that the actions or efforts of the competent bodies have been insufficient to eradicate the pest and solve the problem affecting livestock production and human health.
According to the information contained in files numbers 1091-23-96, 2768-23-27, and the documentation provided to this investigation, the causal relationship between the inappropriate handling of pineapple stubble and the proliferation of the insect in the cultivation areas of said product, such as San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aires, Guácimo, and Pococí, has been fully demonstrated (…)”. (Emphasis is not part of the original.) By virtue of the foregoing, the Defensoría de los Habitantes, on that occasion, issued a series of recommendations to the Ministry of Agriculture and Livestock, consisting of specifically carrying out the following: “(…) 1.- Declare a state of combat against the Stomoxis Calcitrans fly pest in the critical areas that have already been identified or that are justified according to new outbreaks, and carry out the emergency measures stipulated by the Ley de Protección Fitosanitaria, which includes collection and appropriate treatment outside the cultivated fields. 2.- Substitute the recommendations of burning and applying agrotoxins in the cultivated fields with biological control techniques or another environmentally more convenient alternative.
Should these prove insufficient, it should consider the need to compel producers to install collection, storage, and specialized treatment centers to prevent stubble from remaining and burning in the fields (…)”. Furthermore, it is proven that, in response to such recommendations and in full exercise of their duties, the authorities of the aforementioned Ministry carried out inspections at several of the companies located in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres, among them, the pineapple producing and packing companies that are respondents in this case. Thus, it is verified that during 2004, the Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas of the Servicio Fitosanitario del Estado of said Ministry conducted a series of inspections to determine the main causes generating the stomoxys calcitrans fly problem in the cantons of Siquirres, Pococí, and Guácimo. In this way, and during that year, 31 inspections were carried out at the Piñas del Bosque company, 8 at the Acón Group company, and 7 inspections each at SEBASTOPOL S.A. and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. group.
Likewise, in 2005, said Gerencia conducted new inspections, namely, the following: 44 at the Acón Group company, 41 at Piñas del Bosque S.A., 17 at the Babilonia farm, and, finally, 13 at SEBASTOPOL S.A. Furthermore, it was specifically demonstrated that at the Piña Frut company of the Acón Group, the Departamento de Vigilancia y Control de Plagas of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock, in the month of October 2005, conducted inspections and issued the pertinent recommendations to eradicate the problem caused by the biting fly or stable fly. This practice was repeated, in turn, at the company Piñas del Bosque S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. group during the years 2002, 2003, 2004, and 2005. Notwithstanding the foregoing, this Chamber, in accordance with the report rendered by the Minister and the Gerente de Vigilancia y Control de Plagas of the Servicio Sanitario del Estado, both from the Ministry of Agriculture and Livestock, and the rest of the evidence provided to the case file, did not find it proven that, as of the date this amparo proceeding was filed, the problem generated by pineapple crop waste and the consequent proliferation of the stomoxys calcitrans fly was under control.
So much so that, on the contrary, it is manifestly clear that the plague of these insects and the damage they cause, not only to livestock but also to the residents of the communities of Guácimo, Pococí, and Siquirres, persists, given that they have not been totally eradicated. In that sense, note that, in the words of the representatives of the aforementioned Ministry “(…) a great amount of economic and human resources has been invested both in the permanent monitoring of the pest and in control measures, which in most cases have had the desired effect; except during periods when it has been physically impossible to apply the recommended measures (…) From 1987 to the present, populations of the fly had NOT increased significantly (…) However, the current area of 26,500 hectares of pineapple greatly exceeds that of 2003, when there were approximately some 8,000 hectares. Moreover (…) during this year, rainfall has exceeded all forecasts (…) Under conditions of excessive moisture, as much as one might wish otherwise, the timely treatment and incorporation of organic waste, which is the most important measure for controlling this pest, is impossible (…) which has influenced the proliferation of the pest (…)”.
Likewise, from the charts provided to the case file by such authorities to verify the inspections carried out in 2005 at the respondent companies for the purpose of controlling the stomosyx calcitrans fly pest, it is clearly evident that of a total of 40% of the area affected by said insect in the zones of Guácimo, Pococí, and Siquirres, only 33% of it was controlled. Hence, it is noticeable that, despite the inspection and supervision efforts, as well as the issuance of recommendations by the aforementioned Ministry, the problem of the fly plague affecting livestock, their owners, and, in general, the residents of the communities near the respondent companies, has not been effectively controlled. In other words, it is verified that the inspection and supervision efforts indicated, both by the representatives of the aforementioned Ministry and by the representatives of the companies Piñas del Bosque S.A., Piña Frut S.A., and FRUTEX S.A., have not been sufficient to eradicate or control the plague in question to reasonable levels, and, therefore, said problem continues to be generated in the zones of Pococí, Guácimo, and Siquirres. Under this understanding, this Constitutional Court finds that, in this case, the right to health and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment have been flagrantly violated.
On this point, the petitioners allege that the respondent authorities have omitted to supervise, as the law requires, the proper functioning of the companies under study. Thus, firstly, and with respect to the role played by the Municipalities, this Court does not find that the petitioners are correct. The foregoing is because the authorities of the Municipalities of Guácimo and Siquirres, as of the date this amparo was filed, had granted to the companies SEBASTOPOL S.A., Piñas del Bosque S.A., and the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A. the respective permit or license to operate in the corresponding canton, which, as reported by the respondents, was done after verifying compliance with those requirements demanded by the legal system for that purpose. In the specific case of the Municipality of Pococí, and as reported under oath by the respective Mayor, as of the date the case under study was filed, there were no regulations whatsoever in that canton to govern the operation of the company Piña Frut S.A. However, this latter authority affirmed knowing the activity carried out on that pineapple plantation, given that even the case file includes an authorization granted for the purpose of using the municipal landfill to deposit pineapple waste.
Now, regarding the Ministry of Health, it should be pointed out that, as was stated in Considerando VI of this Judgment, it is not observed that the authorities of the Áreas Rectoras de Salud of Guácimo and Pococí omitted to timely supervise the agricultural activity carried out by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. Thus, it is pertinent to add, regarding the inspection and oversight activities conducted on the specific operation of the company Piña Frut S.A., that the Área Rectora de Salud of Pococí, by official communication dated November 24, 2005, expressly stated the following: “(…) 4.- LACK OF SUPERVISION AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (…) the company, through the Ministry of Health, has established waste management plans, and in visits made, it has been verified that these are being implemented and are subject to continuous improvement.
It should be noted that the company Piña Frut does not submit operational reports since it does not discharge into water sources. Additionally, the farm uses closed systems, that is, with no outlet to the outside, that collect residual waters to later use them for the application of pesticides in the field (…) 6.- LACK OF CONTROL AND MONITORING OF WATERS FROM WELLS AT PINEAPPLE FARMS (…) is not true, since there are reports of the quality of the water for human consumption and processes conducted by nationally prestigious laboratories, which indicates that such waters are controlled and monitored. Furthermore, inspections are carried out in which the location and operation of wells and water tanks are assessed (…)”. In that same line of considerations, and with respect to the companies Piñas del Bosque S.A. and SEBASTOPOL S.A., the Área Rectora de Salud of Guácimo, by official communication, also dated November 24, 2005, stated the following: “(…) 4.- LACK OF SUPERVISION AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE.
(…) the pineapple companies, through the Ministry of Health, have established waste management plans, and in visits made to the farms, it has been verified that they are given adequate management (…) such as use in bokacheras (organic fertilizer), and for animal feed such as livestock, they are also used by other companies for food production. Regarding liquid waste, the Reglamento de Aguas de Vertido applies for the operational report that they must submit to the Ministry of Health, which evaluates whether their system for discharging water into other sources is within legal parameters. Some farms use closed systems, that is, with no outlet to the outside, that collect residual waters to later use them for the application of pesticides in the field (…)”. Notwithstanding the foregoing, and as was also indicated in Considerando VI of this Judgment, this Constitutional Court did not find it proven that the Health authorities had, in effect, carried out those same supervision and control tasks over the pineapple activity conducted at the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A. located in Siquirres, which is why, in this case, the violation of the right to health and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment is considered proven.
Finally, regarding the authorities of the Ministry of Environment and Energy, this Chamber observes that the interested parties are correct, given that, from the evidence provided to the case file, it is only proven that the company Piñas del Bosque S.A. has the respective environmental viability (viabilidad ambiental) granted to operate in the canton of Guácimo. Likewise, from the report rendered under oath by the Minister of Environment and Energy, a clear and unequivocal total lack of knowledge is evident regarding the pineapple cultivation activity carried out in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres in the province of Limón, particularly, whether the respondent companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. group require or not, for their operation, an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) carried out, in turn, by the authorities of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
In that sense, note that the aforementioned official expressly stated the following to this Chamber: “(…) By virtue of the fact that the investigation required here must be carried out with the rigor this case merits, which includes effective knowledge of the dates on which the pineapple planting and marketing activities began in the areas of Guácimo, Siquirres, and Pococí, since depending on those dates, a different trajectory for environmental impact assessment (evaluación de impactos ambientales) will be applicable, I have issued the necessary instructions to verify those details that will allow this Honorable Chamber to be adequately informed of the situation of each of the companies involved and the actions that will be taken regarding each one, according to their degree of compliance with the current regulations. As indicated by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, only one of those companies has a file for environmental impact assessment, and according to the regulations in force as of 1995, every project, work, or activity requires such assessment, as established by the respective regulation.
Since there are two regulations for Environmental Impact Assessment procedures, one from 1997 and another from 2004, it is necessary for the Ministry of Health to certify the date on which these companies began to operate (…)”. Likewise, it should be highlighted that the aforementioned Minister also did not provide this Court with the investigation he was allegedly going to carry out on the occasion of the filing of this amparo. Furthermore, and along that same line of argument, the then Secretario General of SETENA pointed out the following: “(…) Regarding the petitioners' statement that sanitary operating permits have been granted without Environmental Impact Studies (Estudios de Impacto Ambiental, EsIA) having been approved, the following must be answered: What this Secretaria is aware of is this: By official communication SG-1563-2005-SETENA, dated July 7, 2005, it was reported that, up to the moment of issuing that act, only one file specifically dedicated to pineapple planting in the cantons of Guácimo and Pococí appeared in this department (…)”.
Under this reasoning, this Chamber observes that both the Ministry of Environment and Energy and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental have played a completely passive role concerning the pineapple activity carried out by the companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A., given that, as noted above, their reports demonstrated an almost total lack of knowledge thereof. From that perspective, it is necessary to remind the health and environmental authorities that there is an obligation on the part of the State to take all necessary measures to protect the environment, in order, in turn, to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and the excessive or inappropriate use of natural resources that endanger the health of the governed. Consequently, this Court deems that the provisions of Articles 21 and 50 of the Constitución Política have been violated.
Finally, the petitioners allege that in the southern part of the canton of Guácimo de Limón, there are plans to expand pineapple production, despite the large number of springs (nacientes de agua) found there.
Likewise, and regarding this same grievance, they subsequently alleged that, specifically, at the Hacienda Las Delicias located in the aforementioned canton, earthworks (movimientos de tierra) were being carried out for said purpose. In this regard, it should be noted that although it was proven in the case file that various members of the community of Guácimo expressed their disagreement with said activity to various public authorities, the truth of the matter is that, on the other hand, it was not fully and suitably accredited that, effectively, said expansion of pineapple cultivation was being carried out in said location and that, consequently, the springs (nacientes) of water located there were being affected. Likewise, note that, in accordance with the report rendered under oath by the Mayor of the Municipality of Guácimo and, contrary to what was stated by the appellant Solano Vásquez, at the cited Hacienda Las Delicias, no earthworks (movimientos de tierra) aimed at pineapple cultivation were carried out.
Moreover, it must be taken into consideration that, according to what was expressed by the Minister of Environment and Energy, at the date this amparo was filed, no reports were recorded, specifically, of practices that would put the water resource of the area at risk. Under this order of considerations, this Court does not consider that, in this case, the fundamental rights of the amparo petitioners have been violated.
By virtue of the foregoing, the filed appeal must be partially granted, with the consequences that will be detailed in the operative part of this Judgment. Justice Armijo files a note. ” ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments * 050142350007CO * Res. No. 2008-005689 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at one hour and five minutes in the afternoon of April eleventh, two thousand eight.
Amparo appeal filed by RUTH SOLANO VÁSQUEZ, bearer of identity card No. 1-446-869 and OTHERS, on behalf of LA ASOCIACIÓN JUSTICIA PARA LA NATURALEZA, against EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL MINISTERIO DE SALUD, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, LAS MUNICIPALIDADES DE GUÁCIMO, POCOCÍ Y SIQUIRRES, THE LEGAL REPRESENTATIVES OF THE COMPANIES PIÑA FRUT DEL GRUPO ACÓN S.A., PIÑAS DEL BOSQUE S.A., SEBASTOPOL S.A. and LA FINCA BABILONIA DEL GRUPO FRUTEX S.A.. MARCO MACHORE LEVY also intervenes, as ACTIVE COADJUVANT.
WHEREAS:
Regarding the granting of Sanitary Operating Permits (Permisos Sanitarios de Funcionamiento), they indicated that the companies located in the canton of Guácimo have said permit. Prior to granting it, this Area Directorate has verified compliance with the requirements, such as the submission to SETENA of the application for the project's viability (viabilidad), in addition to the authorization granted by the INVU through Architect Francisco Mora Protti, Acting Director of Urbanism, who authorized, via Official Letter No. PU-C-AT-2488-2005, the requested conforming use for the installation of a shed for the processing and packing of pineapple on the property with cadastre No. L-163842-94, located in the district of Guácimo, canton of Guácimo, the foregoing in relation to the company Agroindustrial Ticoverde S.A., located in La Perla de Guácimo. They added that the companies Agrícola Gilacu S.A., Agroindustrial Piña del Bosque S.A., Piñales del Caribe S.A., and Técnicas Agrícolas Sebastopol S.A. have a current Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento), because they have complied with the requirements established by the General Health Law (Ley General de Salud) and other related laws.
Consequently, they stated that it has been demonstrated that this office has been extremely careful and respectful of the guidelines and requirements established for the prior installation and operation of the questioned pineapple companies. In these latter companies, the use of safety equipment for pineapple workers is evident, as well as automated agrochemical application equipment, which minimizes personnel exposure to the presence of chemical substances. Likewise, areas of reforestation and protection of water sources, solid and liquid waste treatment systems, and the physical-sanitary conditions of the facilities that the pineapple companies have are observed, as well as the protection of wells and water storage tanks for human consumption. In the same manner, they indicated that upon learning of two cases of poisoning reported in the Epidemiological Surveillance system, that Health Area (Área de Salud) proceeded with the required speed to carry out the corresponding investigation.
On another note, they affirmed that control of discharges into tributaries has been maintained, through the operational reporting of wastewater, complying with the parameters established in the regulation on the Discharge, Use, and Reuse of Wastewater (Vertido, Uso y Rehúso de Aguas Residuales). They stated that it is not true that the generation of contamination of water for human consumption has been permitted. They indicated that, in any case, there is no record of any complaints whatsoever in that Area. They requested that the filed appeal be dismissed.
Likewise, the SETENA report records that your project has environmental license (viability) for pineapple planting and that, pursuant to the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), it has an environmental guarantee (garantía ambiental) and an environmental manager (responsable ambiental). Regarding the latest oversight report (informe de regencia), SETENA adds that your company "(...) holds ISO 14001, Eurep Good Agricultural Practices (EUREP-GAP), ISO 9001, SA 8000 (social responsibility), and PRIMOS LAP (company audit certification) certifications. Records exist of each of the tasks performed, taking into account various environmental indicators, including: agrochemical spills, laboratory analyses, solid waste collection and disposal, occupational health, plant cover (coberturas vegetales), etc. Significant efforts have been made to prevent surface erosion.
Additionally, the river protection area has been cared for and a biological inventory has been conducted. The inspection carried out found no turbidity in the rivers caused by sediments or other pollution-producing agents, nor diversion thereof. No flies, mosquitoes, or other pests were found, due to integrated pest management. A record exists that evidences control of pest proliferation and helps improve the quality of the plantation (...)". Furthermore, the Minister of Health affirmed that no cases of poisoning have been reported, nor reports of problems caused by the pineapple activity, and that she constantly monitors the medical and cholinesterase examinations performed on workers. She added that the companies in general, including the one you represent, "(...) hold EUREPGAP certifications and Occupational Health, Emergency Response, and Waste Management Plans (Planes de Salud Ocupacional, Atención de Emergencias y Manejo de desechos), which are requested in accordance with the procedure: Guide for the Submission of the Occupational Health and Emergency Response Plan (Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias), published in Gazette (sic) 234 of December 4, 2003 (...)".
As for the report provided by the Minister of Agriculture and Livestock, he indicated that it is clear that said body has exercised due control and issued recommendations for fly control, which, in turn, have been fully complied with by your client.
He indicated that in that year the respondent Corporation, for the issuance of the aforementioned land-use certificates (certificados de usos de suelo), began applying the hydrogeological and soil classification studies prepared for the Cantonal Regulatory Plan (Plan Regulador del Cantón). He further stated that an inventory was ordered of the authorized and unauthorized pineapple activities by the Municipal Corporation, in order to take appropriate measures and maintain constant surveillance and control over them. Similarly, he noted that he issued an order to the person in charge of Environmental Sanitation of that Corporation to inspect and report on the collection, treatment, and final disposal process, both of waste or stubble (desechos o rastrojos) and of the agrochemical substances being used by the pineapple-producing companies. He requested that the petition filed be declared without merit.
Drafted by Judge Jinesta Lobo; and,
CONSIDERANDO:
Through the document visible on folios 1261-1264, Marco Machore Levy requested to be considered an active coadjuvant (coadyuvante activo) in this proceeding. On this matter, Article 34, paragraph 3, of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) stipulates that anyone with a legitimate interest in the proceeding may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant (coadyuvante). In this specific case, according to what the petitioner indicated, the pineapple activity carried out by the respondent companies in the cantons of Guácimo, Pococí, and Siquirres of Limón flagrantly affects the provisions of Article 50 of the Political Constitution. Consequently, his request for active coadjuvancy is admissible.
The petitioners allege violation of the right to health and the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined, respectively, in Articles 21 and 50 of the Political Constitution, in that, in their view, the respondent companies and public authorities incur, specifically, in the following infractions: a) the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group use chemical substances that affect not only the health of workers and residents of Pococí, Guácimo, and Siquirres, but also the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers, as well as the rest of the water sources located there; b) the Ministry of Agriculture and Livestock has not taken the necessary measures to combat the plague of the fly called stomoxys calcitrans, despite the fact that the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), through report No. 00701-2004-DHR, pointed out the causal link between pineapple waste (desechos de la piña), the proliferation of this insect, and the impact on livestock in the area; c) the respondent authorities, in general, have not supervised the pineapple activity carried out by the respondent companies, given that, for example, none of the latter currently has environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) for their operation; and d) despite the large number of springs (nacientes de agua) located in the canton of Guácimo, the intention is to expand pineapple production in that area.
Of relevance for resolving this amparo petition (recurso de amparo), the following are taken as proven:
1. On November 30, 2001, the Ministry of Health granted a Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) to the company Piñas del Bosque S.A. for the cultivation and commercialization of pineapple, for a period of five years (visible on folio 644).
2. On June 28, 2002, the authorities of the Directorate of Phytosanitary Protection Services of the Ministry of Agriculture and Livestock formally opened an inspection logbook at the Babilonia farm of the company Frutas de Exportación FRUTEX S.A. Thereafter, said authorities inspected and issued corresponding recommendations to said company on the following dates: September 11, 2002; June 5, July 23, September 24, and October 24, all of 2003; January 14 and September 8, 2004; May 4, July 29, and November 17, all of 2005 (visible on folios 72-81 of file No. 2 / evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).
3. As of September 2002, the Department of Pest Surveillance and Control of the Huetar Atlántica Region of the Ministry of Agriculture and Livestock formally opened a record book, duly sealed and signed, to note recommendations and agreements related to the company Piñas del Bosque S.A., as well as to diligently monitor the proliferation of the fly called stomoxis calcitrans (visible on folio 950).
4. On March 6, 2003, the Ministry of Health granted a Sanitary Operating Permit to the company Frutas de Exportación FRUTEX S.A. (Babilonia farm) for the cultivation and commercialization of pineapple, for a period of five years (visible on folio 48 of file No. 2 / evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).
5. On June 18, 2003, the then Deputy María Elena Núñez Chavez filed a complaint before the Minister of Health regarding the alleged outbreak of stomoxys calcitrans flies in the cantons of Siquirres, Guácimo, and Pococí (visible on folios 208-209).
6. On November 3, 2003, the Cattle Ranchers of Guácimo and Pococí denounced before the Ombudsman's Office that since 2001 they had been affected by an outbreak of stomoxys calcitrans flies (visible on folio 235).
7. On November 25, 2003, the Ministry of Health granted a Sanitary Operating Permit to the company SEBASTOPOL S.A. for a period of five years (visible on folios 649 and 1109).
8. In the Final Recommendations Report of the Ombudsman's Office No. 00701-2004-DHR dated January 26, 2004, prepared on the occasion of a complaint filed by then Deputy María Elena Núñez Chavez regarding the proliferation of the stomoxys calcitrans fly in the areas of Pococí, Guácimo, and Siquirres, the following was expressly established: "(...) NEGATIVE EFFECTS ON LIVESTOCK REPRODUCTION: The Stomoxys calcitrans fly does not coexist with livestock; it feeds on the animals' blood and retreats to shaded areas. It seeks to feed on blood at least 3 times a day to mature its eggs. A stable fly attack is notable in pastures, as the animals isolate themselves, huddle together, there is constant tail-switching (movimientos de rabo o cola), paths are formed in the pastures as a result of the insect's attack, they alter their nervous system (aggressiveness), break wire fences, prevent milking, do not feed calmly, lose weight, and consequently reduce meat and milk production (...) Having concluded the investigation, the following facts have been verified: 1- That the stubble or waste resulting from the pineapple harvest left in the cultivation field constitutes the breeding sources for the fly whose scientific name is Stomoxys Calcitrans, an insect that causes health problems for the human population and livestock. 2- That outbreaks have been periodically recorded in numerous population centers in the North, South Pacific, and Atlantic regions of the country without the pest having been eradicated. 3- That as part of the technical measures recommended by the Ministry of Agriculture and Livestock for the elimination or control of the insect, the practice of burning in the cultivation fields and the use of burning herbicides such as Paraquat have been considered.
Based on the foregoing, the Ombudsman's Office makes the following considerations: SOLE: The problem generated by the so-called stable fly, biting fly, or stable fly has been consistently reported to this Ombudsman's Office since 1996, which demonstrates that the actions or efforts of the competent authorities have been insufficient to eradicate the pest and solve the problem affecting livestock production and human health. According to the information recorded in files numbers 1091-23-96, 2768-23-27, and the documentation provided to this investigation, the causal relationship between the inappropriate management of pineapple stubble (rastrojo de piña) and the proliferation of the insect in the cultivation areas of said product, such as San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aires, Guácimo, and Pococí, has been fully demonstrated, without the dimensions of the problem and the area it covers having led to the declaration of a pest combat state as was previously recommended by this Ombudsman's Office to the Ministry of Agriculture and Livestock (...) THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC RECOMMENDS.
TO THE MINISTER OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK. 1.- Declare the combat state for the Stomoxis Calcitrans fly pest in the critical areas that have already been identified or that are justified according to new outbreaks and carry out the emergency actions stipulated by the Phytosanitary Protection Law (Ley de Protección Fitosanitaria), which includes collection and appropriate treatment outside the cultivation fields. 2.- Replace the recommendations for burning and application of agrotoxins in the cultivation fields with biological control techniques or another environmentally more convenient alternative. If these prove insufficient, the need to compel producers to install collection, storage, and specialized treatment centers to prevent stubble from remaining and being burned in the fields must be considered (...)". (visible on folios 210-220).
9. On June 8, 2004, the Pro-Improvements Development Association of Parismina de Guácimo denounced before the Ministry of Health the expansion of pineapple planting projects in that area (visible on folios 239-240).
10. On August 27, 2004, the Ministry of Health granted a Sanitary Operating Permit to the company Piña Frut S.A. for the cultivation and commercialization of pineapple, for a term of five years (visible on folio 436).
11. By brief of October 13, 2004, the Environmental Commission in Defense of the Natural Resources of the canton of Guácimo expressed to the Ministers of Agriculture and Livestock, Health, and Environment and Energy, as well as to the Ombudsman, its concern about the expansion of pineapple activity in that canton (visible on folios 254-256).
12. During 2004, the Pest Surveillance and Control Management of the State Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture and Livestock conducted a series of inspections to determine the main sources generating stomoxys calcitrans fly problems in the cantons of Siquirres, Pococí, and Guácimo. Thus, 31 inspections were carried out at the company Piñas del Bosque, 8 inspections at the company of the Acón Group, and 7 inspections at SEBASTOPOL S.A. and the Babilonia farm. Likewise, on that occasion, the existence of 25.56% of area affected by the aforementioned fly and 37.93% of controlled area was determined (visible on folios 697-701).
13. Through the official communication of the Unit for the Protection of the Human Environment of the Pococí Health Area No. ARSP-PAH-124-05 of February 18, 2005, the Director of that Governing Health Area was informed that in said canton, only the Piña Frut farm dedicated to pineapple planting and export is located, specifically, in San Antonio de Roxana, which, in turn, had a sanitary operating permit and the location, construction, and operation permits for the activity. Likewise, said communication stated, expressly, the following: "(...) the physical and sanitary conditions of the company Piña Frut, such as (sic) the packing plant is one of the most modern in the country, it also has high-technology processes, possesses adequate standards of safety, asepsis, and worker protection. Regarding the other facilities, they meet the physical and sanitary conditions stipulated in the legislation; in relation to pesticide application equipment used in the activity, these are by automatic means, where the equipment operator 'pesticide application tractors' has automated systems (sic) and the tractor cabin has air conditioning, so they have no contact with the outside; furthermore, it does not require other workers for the application of agrochemicals; the products used on this farm are duly registered for use on pineapple and have their due registrations from the MAG. Additionally, the mentioned Farm is certified by international quality standards such as EUREP GAP, since its product is exported to demanding markets in quality, safety, and environmental standards such as Europe and the United States.
The Piña Frut farm has an occupational health program and emergency plans, as well as liquid and solid waste plans (...) The company's workers have their due personal protective equipment for the different activities carried out (sic) on the farm such as product mixing, seed preparation, product storage in warehouses, pesticide application, fruit handling in the packing plant, harvesting, among others. The farm has trenches where solid waste is deposited; regarding liquid waste, they have water reuse systems in the process. These systems to date have not presented anomalies in this Ministry, either by inspection (sic) carried out or by complaints. This Governing Health Area has not received complaints to date from neighbors or other governmental entities (...)". (visible on folios 185-186).
14. By official communication of the Unit for the Protection of the Human Environment of the Guácimo Governing Health Area No. ARG-PAH-20-05 of February 21, 2005, the Director of that unit was informed that, as of that date, the companies Piñas del Bosque, Piñera Gildell, Piñales del Caribe, and Piñas Finca Cartagena had current sanitary operating permits. Also, that those companies had provided the land-use permits (permisos de uso de suelo), construction plans, and the requirements for the physical and sanitary conditions for their operation. Furthermore, the following was stated expressly: "(...) Among the assessed facilities are the packing plants, which encompass the most advanced construction technologies in the area, they also have high-technology processes, possess adequate standards of safety, asepsis, and worker protection. Regarding natural resource management, cultivation, and purely agricultural practices, it is worth mentioning that these aspects, according to Law 8220, are in the hands of the other competent institutions (...)". (visible on folios 187-188).
15. On April 25, 2005, the Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock formally opened a record book, duly sealed and signed, to note recommendations and agreements related to the Babilonia farm of the company Frutas de Exportación FRUTEX S.A., as well as to diligently monitor the proliferation of the fly called stomoxis calcitrans (visible on folio 1 of file No. 2 and on folio 39 of file No. 4 / evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).
16. Through the official communication of the Pococí Governing Health Area No. RHA-DARSP-265-05 of November 24, 2005, it was certified that, in accordance with the Epidemiological Surveillance data of the Ministry of Health, as of that date, there was no record whatsoever of intoxications from agrochemicals at the company Piña Frut S.A. (visible on folio 454).
17. Through resolution No. 1905-2005-SETENA at 15:25 hrs. on August 4, 2005, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), in relation to the pineapple activity carried out by the company Piñas del Bosque S.A., stated the following: "(...) On July 14, 2005, a follow-up visit was made to the project area, during which the following conditions were verified: 1. The project in question has been in its operational stage since 1999. It currently has 850 Ha of cultivated pineapple (...) 3.- The company has ISO 14001, Eurep Good Agricultural Practices (EUREP-GAP), ISO 9001, SA 8000 (Social Responsibility), and PRIMOS LAP (Company Audit Certification) certifications. 4.- The certifications granted to the El Bosque farm require the existence of an environmental policy, an established mission and vision, requiring for their compliance internal and external audits of the project.
In September 2004, the Environmental Management Department conducted an internal environmental audit of the farm, where it was asserted that the farm complies with the requirements of the ISO 14001 Standard (...) 6.- There are records of each of the tasks carried out, taking into account various environmental indicators, among which are: agrochemical spills, laboratory analysis, solid waste collection and disposal, occupational health, plant cover (coberturas vegetales), among others. 7.- Significant efforts have been made regarding the prevention of surface erosion, using good agricultural practices such as minimum tillage, use of the mucuna crop (mucura sp), serving as mulch prior to pineapple planting, larger seed size accelerating plant growth preventing an increase in exposed soil area, use of vetiver and grass in the canals. These help prevent sedimentation in the rivers that cross the project (Santa Clara, Jiménez, and Cristina). 8.- The protection area of the rivers located within the project area has been safeguarded, preventing the cutting of existing plant species in them, as well as incorporating new plant resources (...) 9.- As part of the EUREPGAP regulations, biological inventories of flora and fauna are carried out (...) 10.- According to the inspection, no turbidity was determined in the rivers, caused by sediments or other pollutants, nor any diversion of them. 11.- As part of the plantation management, the use of a series of agrochemicals is required, among which we have fungicides, herbicides, insecticides, nematicides, growth regulators, fertilizers and amendments, coadjutants.
Within the file, there are no results of soil or surface or groundwater analyses determining their non-affectation. 12.- The presence of flies, mosquitoes, and others was not determined, due to integrated pest management. There is a record evidencing the control of pest proliferation and helping to improve the quality of the plantation (...)". Likewise, on that occasion, the respondent authority ordered the following: "(...) POR TANTO. LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE (...) PRIMERO: To request from the developing company: 1.- To submit, within a maximum period of 10 days, a consolidated Environmental Compliance Report (Informe Regencial) specifying the environmental measures regarding soil preparation, plantation management, integrated pest management, waste management, solid and liquid, results of the monitoring of wells and rivers within the project area, through physicochemical and bacteriological analyses, a copy of the environmental certifications that the project holds (...)". (visible on folios 197-200).
18. On August 23, 2005, the representatives of the company Piñas del Bosque S.A. sent the SETENA authorities the environmental compliance report required by resolution No. 1905-2005-SETENA (report visible on folio 728).
19. Through official communication No. SG-(DAP)-587-2005, dated September 1, 2005, the authorities of the National Environmental Technical Secretariat, regarding the operation of the company Piñas del Bosque S.A., ordered the following: "(...) The Project Administration Department (DAP)-SETENA has conducted an analysis of the Environmental Compliance Report (...) determining that it does comply with the requirements established by this Secretariat: Therefore, I am pleased to inform you of the following: (...) To continue with the environmental monitoring and control task, in accordance with the provisions of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) (...)". (visible on folio 755).
20. By official communication of the Urban Development and Control Department of the Municipality of Pococí No. DCU-119k-2005 of October 19, 2005, the Administrative Head of the company Piña Frut S.A. was informed that, given the impossibility of providing its represented company with solid waste collection and treatment services, there was no inconvenience whatsoever in their using the site where that Corporation disposes of and treats them, provided they were traditional waste (visible on folio 492).
21. On October 20, 2005, the Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock formally opened a record book, duly sealed and signed, to note recommendations and agreements related to the company Piña Frut S.A., as well as to diligently monitor the proliferation of the fly called stomoxis calcitrans (visible on folios 514).
22. During the visit made by officials of the Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock to the company Piña Frut S.A. on October 21, 2005, the following was determined: "(...) In said inspection tour, we found larvae on the perimeter of lot 11, in lot 8 shredding must be done in the remainder of this week, furthermore, they are preparing in the same lot, closing furrows (sic) to begin shredding, traps are being set since there is a large amount of adult flies. Recommendations: Lot 11: burn what remains, plow, harrow and apply insecticide, in addition to replacing the very loaded traps. Lot 8: burn, shred, and harrow; if necessary, apply insecticides and change traps. In lots where 3 weeks have passed since applying herbicides to dry out the plants, trapping should be done; if these traps catch adult flies, an insecticide should be applied to prevent the increase of flies (...)". (visible on folio 515).
23. In the inspection carried out at the company Piña Frut S.A. by officials of the Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock on October 27, 2005, it was confirmed that the recommendations given on the occasion of the visit made on the 21st of that same month were being followed (visible on folio 516).
24. Through a report dated November 24, 2005, the authorities of the Pococí Governing Health Area, regarding the operation of the company Piña Frut S.A., stated the following: "(...) 1.- HEALTH PROBLEMS AND INTOXICATIONS OF WORKERS AND RESIDENT POPULATION NEAR THE PINEAPPLE FARMS DUE TO THE USE OF CHEMICAL SUBSTANCES USED IN THE PLANTATIONS. (...) in the epidemiological surveillance system of the Pococí Governing Health Area (...) to date, no case of pesticide intoxication has been reported (sic) at the pineapple farm called Piña Frut (...) it has not received complaints from neighbors, workers regarding problems caused by the pineapple activity. Given the above, it can be said that there is no report of intoxications and damage to the health of the workers and neighbors of the pineapple farms. Additionally, this Ministry constantly monitors the performance of medical and cholinesterase exams carried out on workers who handle pesticides, especially organophosphates and carbamates.
During the visits to the pineapple farms, the personal protective equipment provided to the workers in all processes is also supervised. It should be noted that the pineapple farms have EUREPGAP certifications and Occupational Health, Emergency Response, and Waste Management Plans, which are requested according to the procedure: Guide for the Presentation of the Occupational Health and Emergency Response Plan, published in Gazette 234 of December 4, 2003 (...) in the aforementioned company, pesticide and fertilizer applications are carried out with automated equipment (spray boom) in which only the presence of the tractor driver is required, minimizing the presence of people exposed to said substances, and applications are made when there is no personnel in the field. Furthermore, because they are equipment that can be placed a few centimeters from the pineapple plant foliage, the drift produced is almost zero, which does not affect the transfer of chemical substances to other sites by wind action (...) 2.- CONTAMINATION OF WATER SOURCES (...) there are no reports or complaints regarding this aspect, and likewise, there are no epidemiological reports confirming that people living near the 'Piña Frut' pineapple farm who use water from the rivers and streams were contaminated and/or intoxicated by using water from the rivers in the area (Río Santa Clara).
Additionally, this Ministry regulates and controls that the aforementioned company complies with the provisions of the Forestry Law (Ley Forestal) regarding the distances that must exist between the facilities and cultivation and the banks of rivers and streams; the company is reforesting (sic) all non-productive areas. The aforementioned company carries out the collection of residual water from the agrochemical treatment system, which is applied in land preparation areas for planting. (...) 3.- DAMAGE TO LIVESTOCK DUE TO THE PROLIFERATION OF THE STOMOXYS CALCITRANS FLY. (...) this vector affects local livestock; controls are carried out by the Ministry of Agriculture and Livestock, the entity in charge of animal health in the country. However, this Ministry attests that the MAG and the company Piña Frut make efforts and maintain physical and chemical controls to minimize the appearance of the Calcitrans fly.
(...) 4.- LACK OF SUPERVISION AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (...) the company, through the Ministry of Health, has established waste management plans, and during visits, it has been verified that they are being implemented and are of continuous improvement. It should be noted that the company Piña Frut does not submit operational reports since it does not discharge into water sources. Furthermore, the farms use (sic) closed systems, that is, without an outlet to the outside, which collect residual water for later use in field pesticide applications (...) 5.- GRANTING OF OPERATING PERMITS WITHOUT COMPLYING WITH PROCEDURES (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS). (...) the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) was published in Gazette 125 of June 28, 2004; however, prior to that date, there are farms that made a land-use change (cambio de actividad), since they went from being banana farms to being pineapple farms, maintaining the facilities in the sites that were approved for the banana farms, and the company Piña Frut is one of them, since it started (sic) activity in 2001 and began location procedures before this Ministry in 2002; therefore, it was established and put into operation before the publication of said regulation, so the Law is not retroactive, and as that legal framework establishes, it only applies to new projects to be installed, not to those already installed and operating, as in the mentioned case.
Therefore, it is clear that the (sic) farm was granted the Sanitary Operating Permit in full compliance with the Legislation in Force at the time the companies requested it, it being clear that they had to comply with the legislation related to the General Health Law, such as location procedures, construction of their facilities, pesticide warehouses, showers, changing rooms, and laundries, wastewater treatment systems, etc., in a sanitary manner that does not represent danger and/or risk to the health of the workers or the public visiting said facilities (...) 6.- LACK OF CONTROL AND MONITORING OF WELL WATER AT THE PINEAPPLE FARMS (...) this is not true, as there are reports on the quality of water for human consumption and process (sic) carried out by nationally prestigious laboratories, which indicates that said waters are controlled and monitored. In addition, inspections are carried out evaluating the location and operation of the wells and water tanks (...)". (visible on folios 577-584).
25. Through a report dated November 24, 2005, the authorities of the Unit for the Protection of the Human Environment of the Guácimo Governing Area, regarding the operation of the companies Piñas del Bosque S.A. and SEBASTOPOL S.A., stated to the Director of that same Area, the following: "(...) 1.- IMPACT ON HEALTH AND INTOXICATIONS OF WORKERS AND RESIDENT POPULATION NEAR THE PINEAPPLE FARMS DUE TO THE USE OF CHEMICAL SUBSTANCES USED IN THE PLANTATIONS. It must be stated that in the epidemiological surveillance system of the Guácimo Governing Health Area (...) to date, only 2 cases of mild intoxication in workers at pineapple farms have been reported by the emergency services of the Guácimo Clinic (...) Given the above, it can be said that there is no report of intoxications and damage to the health of the workers and neighbors of the pineapple farms.
Furthermore, this Ministry constantly monitors the medical and cholinesterase examinations performed on workers who handle pesticides, especially organophosphates and carbamates. During visits to pineapple farms, the personal protection equipment provided to workers in all processes is also supervised. It should be noted that pineapple farms have EUREPGAP certifications and Occupational Health, Emergency Response, and Waste Management Plans, which are requested in accordance with the procedure: Guide for the Submission of the Occupational Health and Emergency Response Plan (Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencia), published in Gazette 234 of December 4, 2003 (...) on pineapple farms, pesticide and fertilizer applications are carried out with automated equipment (spray boom) requiring only the presence of the tractor driver and, in some cases, an operator for the equipment's "arms," minimizing the presence of people exposed to these substances, and applications are made when no personnel are in the field.
Furthermore, because the equipment can be placed just a few centimeters from the foliage of the pineapple plant, the drift produced is almost zero, which prevents the movement of chemical substances to other sites by wind action (...) 2. CONTAMINATION OF WATER SOURCES (...) it has no reports or complaints regarding this matter, and there are also no epidemiological reports confirming that people living near the pineapple farms who use water from rivers and streams were contaminated and/or poisoned by using water from the local rivers. However, pineapple companies are required to comply with the provisions of the Forestry Law (Ley Forestal) regarding the distances that must exist between the facilities and the cultivation and the banks of rivers and streams; in addition, they are in the process of reforesting all non-productive areas. (...) 3.- DAMAGE TO LIVESTOCK DUE TO THE PROLIFERATION OF THE STOMOXYS CALCITRANS FLY.
(...) Regarding damage to livestock, the Ministry of Agriculture and Livestock is the entity in charge of animal health in the Country. However, joint field visits have been conducted to assess disposal sites for pineapple and other crop waste, as well as sites where "bokache" (organic fertilizer) is produced, in order to reduce the proliferation of the stable fly that seasonally affects livestock. However, the stomoxys calcitrans fly control program is managed by the Ministry of Agriculture and Livestock. 4.- LACK OF INSPECTION AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (...) the pineapple farms, through the Ministry of Health, have established waste management plans, and during visits to the farms, it has been verified that adequate management is provided, such as use in bokachera (organic fertilizer) processes and for animal feed, such as for livestock; they are also used by other companies for food production.
Regarding liquid waste, the Wastewater Discharge Regulation (Reglamento de Aguas de Vertido) is applied for the operational report that must be submitted to the Ministry of Health, which assesses whether their wastewater discharge systems to other sources are within legal parameters. Some farms use closed systems, meaning with no external outlet, which collect wastewater for later use in pesticide applications in the field (...) 5.- GRANTING OF OPERATING PERMITS WITHOUT COMPLYING WITH PROCEDURES (Environmental Impact Studies). (...) the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) was published in Gazette 125 of June 28, 2004; however, there are farms such as Piñas del Bosque that changed their activity, switching from banana to pineapple production while maintaining the facilities in the locations approved for bananas, Piñales del Caribe (Grupo Acón), Piñas Gildell, and others that were established and put into operation before the publication of said regulation, therefore the Law is not retroactive, and as established by said legal framework, it only applies to new projects to be installed, not to those already installed and operating as in the case mentioned.
Therefore, it is clear that said farms were granted the Sanitary Operating Permit in full compliance with the Legislation in Force at the time the companies requested it, it being clear that they had to comply with the legislation related to the General Health Law (Ley General de Salud) such as procedures for location, construction of their facilities, pesticide warehouses, showers, changing rooms, and laundries, wastewater treatment systems, etc., in a sanitary manner that does not represent danger and/or risk to the health of the workers or the public visiting said facilities (...)". (visible at folios 627-631).
26. Through official letter No. ARG-DA-0200-2005 dated November 25, 2005, the Director of the Guácimo Governing Health Area, concerning the pineapple activity carried out in that canton, stated the following to the Legal Affairs Directorate of the Ministry of Health: "(...) the development of this activity has been carried out in compliance with the requirements demanded both in the General Health Law and in other laws. Periodically, Human Environment Protection officials conduct inspection and control visits of this activity. Regarding the granting of Sanitary Operating Permits, I must indicate that the companies located in the canton of Guácimo have said permit. Prior to granting it, this Area Directorate has verified compliance with the requirements, such as the submission to SETENA of the application for project feasibility, in addition to the authorization granted by INVU through Architect Francisco Mora Protti, Acting Director of Urbanism, who authorizes via Official Letter PU-C-AT-2488-2005, the compliant use requested for the installation of a shed for the processing and packing of pineapple on the property with cadastre No. L-163842-94, located in the district of Guácimo, canton of Guácimo, the foregoing in relation to the company Agroindustrial Ticoverde S.A., located in La Perla de Guácimo.
The company (...) Agroindustrial Piña del Bosque S.A. (...) Técnicas Agrícolas Sebastopol S.A. have a current Sanitary Operating Permit, as they have complied with the requirements established by the General Health Law and other related Laws (...) the use of safety equipment for pineapple workers, automated agrochemical application equipment minimizing personnel exposure to the presence of chemical substances, reforestation areas and protection of water sources (fuentes de agua), solid and liquid waste treatment systems, and the physical-sanitary conditions of the facilities that the pineapple farms have, as well as the protection of wells and water storage tanks for human consumption, is evident. In the same manner, upon learning of two cases of poisoning reported in the Epidemiological Surveillance system, this Health Area proceeded with the required speed to investigate them. Control of discharges into tributaries has been maintained through the operational wastewater report, complying with the parameters established in the regulation on the Discharge, Use, and Reuse of Wastewater (Reglamento sobre Vertido, Uso y Rehúso de Aguas Residuales).
It is not true that contamination of water for human consumption has been known about and permitted. Therefore, upon reviewing the complaint record files kept in this Area, there is no record of any complaint filed in this regard (...)". (visible at folios 626-627).
27. During 2005, the Pest Surveillance and Control Management of the State Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture and Livestock conducted a series of inspections to determine the main sources generating stomoxys calcitrans fly problems in the cantons of Siquirres, Pococí, and Guácimo. Thus, 44 inspections were carried out at the Grupo Acón company, 41 inspections at the company Piñas del Bosque S.A., 17 inspections at the Babilonia farm, and 13 inspections at SEBASTOPOL S.A. Likewise, on that occasion, it was determined that 40% of the area was affected by the aforementioned fly and 33.49% of the area was controlled (visible at folios 703-707).
28. On July 16, 2007, the representatives of the company Frutas de Exportación Frutex S.A. (Babilonia farm) submitted to the National Environmental Technical Secretariat the form called D1 Environmental Assessment, the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental), the Sworn Declaration of Environmental Commitments, and all complementary technical documents, in order to obtain the environmental feasibility for the Project called "Change of activity from livestock to pineapple agriculture under the Agro-conservationist System" (visible at folios 1363-1372).
29. The company Piña Frut S.A. holds the following international certifications: TESCO, EUREP-GAP, and ISO 14001. Likewise, it has a Liquid Waste Management Plan, a Solid Waste Plan, an Instruction for the Management of Pineapple Cultivation Stubble, a Procedure for the Management of Soil Use in Pineapple Cultivation, and a Procedure for Fertilization and Phytosanitary Control in Pineapple Cultivation (visible at folios 471-490, 494-512, and 522-539).
30. The company SEBASTOPOL S.A. holds EUREP-GAP certificates and the Phytosanitary Operation Certificate issued by the Ministry of Agriculture and Livestock (visible at folios 1105-1106).
31. The company Frutas de Exportación FRUTEX S.A. (Babilonia farm) holds the certificate called EUREP-GAP, an Environmental Management Plan for Pineapple Cultivation, Plans to Reduce Soil Erosion, a Program to Reduce Environmental Impact, a Procedure for Compliance with the Re-entry Period to Areas Treated with Phytosanitary Products, an Insecticide and Nematicide Application Program for the Soil, an Integrated Pest Management Program, a Plan for Scheduling, Executing, and Studying Phytosanitary Residue Analyses in Fresh Pineapple, a Plan for the Management of Agrochemicals, for Seed Treatment, for the Preparation of the Chemical Compound Mixture, for the Application of Herbicides, for the Application for Pest and Soil Control, for the Application for Disease Control (Fumigation), for the Application of Fertilizers, for the Preparation of Mixtures for Post-Harvest Applications, for the Management of Waste from Post-Harvest Applications of Packed Pineapple, for the Application of Reinforcement by Fungicide Aspersion on the Peduncle and Crown Cut, for the Application by Insecticide Aspersion on the Crown, and for Soil Preparation.
Likewise, said company has a Procedure for Personnel Hiring, for the Delivery of Personal Protection Equipment, for Triple Washing, Storage, and Return of Empty Pesticide and Chemical Product Containers Used on the Farm and Packing Plant, for Selection of Personal Protection Equipment, for Receipt and Storage of Materials, for Transport of Hazardous Materials and Supplies, for Integrated Waste Management, for Environmental Conservation and Buffer Areas (Áreas de Amortiguamiento), for Soil Preparation, for Measures to Minimize Contamination Risks during Agrochemical Applications, to perform Medical Examinations on Workers, and to take Blood Samples and Cholinesterase Enzyme Analyses (visible at folios 1-55 of file No. 1, folios 49, 52-59, 85-88 of file No. 2, folio 111 of file No. 3, folios 37-38, 85-118, 145-157 of file No. 4, and at folios 3-6, 21-33, 65, 68-86, 95-99 of file No. 5 /evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).
32. The company Piñas del Bosque S.A. holds the EUREP-GAP, ISO 14001, ISO 9001, SA 8000, and PRIMOS LAP certificates. Likewise, it possesses an Environmental Management Program, an Integrated Pest Management Plan in Pineapple Cultivation, a Procedure to Regulate Re-entry Periods and Harvest Intervals, a Soil Preparation Plan, Procedures for the Preparation of Mixtures of Agrochemical Products, for the Manual Application of Agrochemicals, for the Selection and Treatment of Seeds, for the Application of Agrochemicals with Spray Boom, for the Application of Nematicides with Harrow, for the Application of Agrochemicals with Backpack Sprayer, for the Application of Agrochemicals with Stroller, for the Preparation of the Fungicide and Wax Mixture, a Procedure for the Solid and Liquid Waste Management Plan, and, finally, a Water Management Procedure (visible at folios 197-200, 762-790, 797-885, and file No. 104-1999-SETENA).
33. The company Piñas del Bosque S.A. has environmental feasibility granted by the National Environmental Technical Secretariat (report visible at folios 727-728 and file No. 104-1999-SETENA).
34. The companies Piñas del Bosque S.A. and SEBASTOPOL S.A. have the respective license to operate granted by the Municipality of Guácimo (report visible at folios 544-545).
35. The Babilonia farm of the company Frutas de Exportación FRUTEX S.A. has the respective license and land-use permits granted by the Municipality of Siquirres (report visible at folios 723-724, 1140, folios 51 and 61 of file No. 2, folio 49 of file No. 4 /evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).
36. The Municipality of Pococí has not granted any permit or authorization for the exploitation of pineapple in that canton, given that this activity, on the date this amparo was filed, was not regulated in the Patent Law (Ley de Patentes) of that canton (report visible at folio 547).
37. The Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock inspected the operations and issued the respective recommendations to the company Piñas del Bosque S.A. on the following dates: October 30, 2002, March 12, 2003, May 20 and 29, 2003, June 5 and 17, 2003, August 5, 2003, October 7 and 11, 2003, November 13 and 18, 2003, February 3 and 25, 2004, March 5, 10, 17, 18, 22, 23, 24, and 25, 2004, April 20, 2004, May 10, 19, and 24, 2004, July 20 and 29, 2004, September 28, 2004, November 5, 2004, March 28, 2005, April 4, 7, 14, and 28, 2005, May 23, 26, 27, 30, and 31, 2005, June 1, 8, 9, 10, 13, 17, 25, and 27, 2005, July 8 and 11, 2005, August 11 and 29, 2005, September 7, 20, and 29, 2005, and November 4, 2005 (visible at folios 951-1024).
38. The Department of Pest Surveillance and Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock inspected the operations and issued the respective recommendations to the Babilonia farm of the company Frutas de Exportación FRUTEX S.A. on the following dates: April 29, 2005, May 31, 2005, January 10, 2006, March 17 and 24, 2006, April 25, 2006, July 13, 2006, July 20 and 25, 2006, November 13, 2006, February 7, 2007, March 15, 2007, April 13, 17, and 24, 2007, May 8, 2007, June 8, 2007, July 20, 2007 (visible at folios 2-18 of file No. 2 /evidence provided by the representatives of the company FRUTEX S.A.).
39. In the Water Department of the Ministry of Environment and Energy, there is no complaint filed against the respondent companies for practices that endanger the water resources of the area where they are located (report visible at folio 669).
Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are considered unproven:
1. That the chemical substances used in the cultivation of pineapple at the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A. do not cause harm to the health of the workers and residents of the canton of Siquirres, nor contamination to the water sources (fuentes de agua) of that area (the court records).
2. That the chemical substances (pesticides) used in the cultivation of pineapple by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. seriously affect the health of the workers and residents of the communities of Pococí and Guácimo (the court records).
3. That the pineapple activity carried out by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. contaminates the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers, as well as the rest of the water sources that supply the cantons of Pococí and Guácimo in the province of Limón (the court records).
4. That the authorities of the Ministry of Agriculture and Livestock have controlled and eradicated the stomoxys calcitrans fly pest that reproduces in pineapple cultivation waste in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres (report visible at folios 673-678 and folios 703-707).
5. That the authorities of the Ministry of Health have supervised the operation of the Babilonia pineapple farm of Grupo FRUTEX S.A. located in the canton of Siquirres de Limón (the court records).
6. That the authorities of the Ministry of Environment and Energy and the National Environmental Technical Secretariat have supervised the operation of the companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A. and, in that sense, have determined whether or not they required an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) to operate (reports visible at folios 668-669 and 726-728).
7. That in the southern part of the canton of Guácimo, and specifically in the so-called Hacienda Las Delicias, the expansion of pineapple production was intended, and that, as a result of such activity, the water resources of that area would have been affected (reports visible at folios 668-670, 1307-1310, 1312-1316).
Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Magna Carta), as well as through international regulations. In this regard, this Constitutional Court, in Vote No. 3705-93 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, stated the following:
"(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of 'injury,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)".
Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment that is expressly contemplated in the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution, which provides as relevant:
"(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused (...)".
In relation to the foregoing, this Chamber, through Judgment No. 180-98 of 4:24 p.m. on January 13, 1998, stipulated the following:
"(...) the State not only has the unavoidable responsibility to ensure that the health of each of the individuals composing the national community does not suffer harm from third parties in relation to these rights, but it must also assume the responsibility of achieving the social conditions conducive so that each person can enjoy their health, understanding such right as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (...)".
On the other hand, infra-constitutional regulations develop this right, and in this sense, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions in order to protect the environment and the right to health of individuals. Likewise, it should be noted that this Court, as guarantor of fundamental rights, stands as a comptroller of compliance with the obligations derived from the provisions of Articles 21 and 50 constitutional, which oblige the State not only to recognize the indicated rights but also to use the materially and juridically legitimate means to guarantee them.
VI.REGARDING THE USE OF CHEMICAL SUBSTANCES BY THE RESPONDENT COMPANIES AND THE IMPACT ON PEOPLE'S HEALTH AND THE WATER SOURCES (FUENTES DE AGUA) OF THE CANTONS OF POCOCÍ, GUÁCIMO, AND SIQUIRRES. In the first place, the plaintiffs claim that the chemical substances (pesticides) used by the respondent companies for the pineapple monoculture produce serious harm to the health of the workers and the people living near such plantations. Likewise, they argue that said substances contaminate the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers, as well as the rest of the water sources located in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres. Notwithstanding the foregoing, and regarding the operation of the companies Piña Frut S.A., located in Pococí, and Piñas del Bosque S.A. and SEBASTOPOL S.A., both situated in Guácimo de Limón, this Constitutional Court does not consider that the plaintiffs are correct. This is, in the first instance, because the interested parties did not provide technical-scientific evidence to the court records that accredited such allegations.
Likewise, and in accordance with the reports rendered by the technical administrative health and environmental bodies, it was not proven that the chemical substances (pesticides) used by the aforementioned companies in the pineapple activity, on the date this amparo was filed, have produced the referred problems. On the contrary, and as maintained by the Minister of Health, the three companies indicated above have the sanitary operating permit, which was granted by virtue of having complied with the legal and regulatory provisions established for that purpose. Likewise, said authority asserted that, on the date the report required by this Chamber was rendered, there was no complaint filed by residents of the cantons of Guácimo and Pococí for health damages due to the use of pesticides in said pineapple farms. In that same sense, note that the authorities of the Governing Health Area of Pococí and Guácimo, in accordance with official letters dated November 24, 2005, specifically stated that medical and cholinesterase examinations are constantly performed on the workers of the cited companies who are responsible for handling pesticides; that during the visits made to the pineapple farms under study, the personal protection equipment provided to workers in all processes is supervised; and that in the cited companies, pesticide and fertilizer applications are carried out with automated equipment (spray boom), requiring only the presence of the tractor driver, minimizing the intervention of people exposed to these substances, and that applications are made when no personnel are in the field.
Additionally, and as recorded in official letters Nos. ARSP-PAH-124-05 and ARG-PAH-20-05 of February 18 and 21, 2005, respectively, the packing plants of these companies are characterized by being modern, as they have high-tech processes and possess adequate standards of safety, asepsis, and worker protection. Similarly, and according to what was reported by the health authorities, as well as the evidence submitted to the court records, it is proven that the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. have, among others, the international certifications Eurep Good Agricultural Practices (EUREP-GAP) and ISO 14001, as well as liquid and solid waste management plans, occupational health plans, and emergency response plans. Furthermore, and again contrary to what was alleged by the interested parties, this Court did not find accredited the alleged contamination caused by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. to the Santa Clara and Cinco Estrellas Rivers and, in general, to the water sources located in the cantons of Pococí and Guácimo due to the pesticides used in the pineapple plantations.
Likewise, it should be highlighted that, in accordance with what was indicated by the Directors of the Governing Areas of Guácimo and Pococí, on the date the reports were rendered to the Chamber, there were no reports or complaints whatsoever about that particular fact. In addition, said Directors asserted that the respective Governing Areas were responsible for supervising compliance with the provisions of the Forestry Law regarding the distances that must exist between the pineapple crops and the banks of rivers and streams. Likewise, and according to what was expressed by the Minister of Environment and Energy, on the date this matter was filed, no reports were recorded, specifically, of practices that endangered the water resources of the cited areas. Notwithstanding the foregoing, and with regard to the Babilonia farm of Grupo FRUTEX S.A., it was not proven that the use of pesticides there did not effectively affect the health of the workers and residents, as well as the water sources located in the canton of Siquirres. For this reason, with respect to this last point, this Court considers that the appeal must be granted due to the violation of constitutional numerals 21 and 50.
On the other hand, the interested parties claim that even though report No. 00701-2004-DHR dated January 26, 2004, prepared by the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) exists, through which the respondent authorities were recommended—specifically, the Ministry of Agriculture and Livestock—to solve the problem represented by the proliferation, from pineapple waste, of the stomoxys calcitrans fly, which, in turn, affects the area's livestock, such authority has failed to execute the pertinent measures to achieve that purpose, and the mentioned situation has worsened to date. On this point, it should be noted, first of all, that indeed, and as argued by the plaintiffs, from the cited report prepared by the Ombudsman's Office, as well as from the report rendered by the authorities of the Ministry of Agriculture and Livestock, it can be deduced with absolute clarity that the fly called stomoxys calcitrans, or stable fly or biting fly, reproduces in pineapple waste, which likewise harms livestock and human health.
Thus, expressly, report No. 00701-2004-DHR stated the following: "(...) 1- (...) the stubble or waste resulting from the pineapple harvest left in the cultivation field constitutes the breeding sources for the fly whose scientific name is Stomoxys Calcitrans, an insect that causes health problems for the human population and livestock. 2- That outbreaks have been periodically recorded in numerous population centers in the Northern, Southern Pacific, and Atlantic regions of the country without the pest having been eradicated (...)". Likewise, the mentioned document pointed out that: "(...) The problem generated by the so-called stable fly, biting fly, or stable fly has been consistently reported to this Ombudsman's Office since 1996, which demonstrates that the actions or efforts of the competent entities have been insufficient to eradicate the pest and solve the problem that affects livestock production and human health.
According to the information recorded in files numbers 1091-23-96, 2768-23-27, and the documentation provided to this investigation, the causal relationship between the inappropriate management of pineapple stubble and the proliferation of the insect in the cultivation areas of said product, such as San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aires, Guácimo, and Pococí, has been fully demonstrated (...)". (The highlighting is not part of the original). By virtue of the foregoing, the Ombudsman's Office, at that time, issued a series of recommendations to the Ministry of Agriculture and Livestock, consisting specifically of carrying out the following: "(...) 1.- Declare a state of combat against the Stomoxys Calcitrans fly pest in the critical zones that have already been identified or that are justified by new outbreaks, and carry out the emergency measures stipulated by the Phytosanitary Protection Law (Ley de Protección Fitosanitaria), which includes the collection and appropriate treatment outside the cultivation fields. 2.- Substitute the recommendations for burning and application of agrotoxics in the cultivation fields with biological control techniques or another environmentally more convenient alternative.
If these prove insufficient, it must consider the need to oblige producers to install collection, storage, and specialized treatment centers to prevent stubble from remaining and burning in the fields (...)".
Furthermore, it has been proven that, in response to such recommendations and in full performance of their duties, the authorities of the aforementioned Ministry conducted inspections at several companies located in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres, among them, the pineapple producers and packers that are the respondents in this case. Thus, it has been shown that during 2004, the Plant Pest Surveillance and Control Management (Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas) of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) of said Ministry conducted a series of inspections to determine the main causes of the stable fly (mosca stomoxys calcitrans) problem in the cantons of Siquirres, Pococí, and Guácimo. In this way, during that year, 31 inspections were carried out at the company Piñas del Bosque, 8 at the company of Grupo Acón, and 7 at SEBASTOPOL S.A. and at the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. group.
Likewise, in 2005, said Management conducted new inspections, specifically the following: 44 at the company of Grupo Acón, 41 at Piñas del Bosque S.A., 17 at the Babilonia farm, and finally, 13 at SEBASTOPOL S.A. Moreover, it was specifically demonstrated that at the company Piña Frut of Grupo Acón, the Department of Surveillance and Pest Control of the Atlantic Region of the Ministry of Agriculture and Livestock, in October 2005, conducted inspections and issued pertinent recommendations to eradicate the problem caused by the stable fly (mosca picadora o de establo). This practice was also repeated at the company Piñas del Bosque S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group during the years 2002, 2003, 2004, and 2005. Notwithstanding the above, this Chamber, in accordance with the report provided by the Minister and the Manager of Plant Pest Surveillance and Control (Gerente de Vigilancia y Control de Plagas) of the State Sanitary Service (Servicio Sanitario del Estado), both of the Ministry of Agriculture and Livestock, and the rest of the evidence provided to the case file, did not find it proven that, as of the date this amparo proceeding was filed, the problem caused by pineapple cultivation waste and the consequent proliferation of the stable fly (mosca stomoxys calcitrans) was under control.
Consequently, it is, on the contrary, clearly evident that the plague of these insects and the damages they cause, not only to livestock but also to the residents of the communities of Guácimo, Pococí, and Siquirres, persist, given that they have not been completely eradicated. In this regard, note that, in the words of the representatives of the indicated Ministry, "(…) a great amount of economic and human resources has been invested both in the permanent surveillance of the pest and in control measures, which in most cases have had the desired effect; except during periods when it has been physically impossible to apply the recommended measures (…) From 1987 to the present, stable fly populations had NOT increased significantly (…) However, the current area of 26,500 hectares of pineapple greatly exceeds that of 2003, where there were approximately 8,000 hectares. Also (…) during the current year, rainfall has exceeded all forecasts (…) Under conditions of excessive humidity, however much one might wish, timely treatment and incorporation of organic waste is impossible, which is the most (sic) important measure for controlling this pest (…) which has influenced the proliferation of the pest (…)." Furthermore, from the graphs provided to the case file by these authorities to prove the inspections conducted in 2005 at the respondent companies to control the plague of the stomoxys calcitrans fly, it clearly emerges that out of a total of 40% of the area affected by this insect in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres, only 33% of it was controlled.
Hence, it is evident that, despite the inspection and oversight work, as well as the issuance of recommendations by the mentioned Ministry, the problem of the fly plague affecting livestock, their owners, and, in general, the residents of the communities near the respondent companies, has not been effectively controlled. In other words, it is proven that the inspection and oversight work mentioned by both the representatives of the mentioned Ministry and the representatives of the companies Piñas del Bosque S.A., Piña Frut S.A., and FRUTEX S.A., have not been sufficient to eradicate or control the plague in question at reasonable levels, and therefore, said problem continues to be generated in the areas of Pococí, Guácimo, and Siquirres. Under this understanding, this Constitutional Court (Tribunal Constitucional) finds that, in this case, the right to health and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment have been flagrantly violated.
On this point, the petitioners argue that the respondent authorities have failed to oversee, as legally required, the adequate operation of the companies under study. First, and regarding the role played by the Municipalities, this Court does not find that the petitioners are correct. This is because the authorities of the Corporations of Guácimo and Siquirres, as of the date this amparo was filed, had granted the companies SEBASTOPOL S.A., Piñas del Bosque S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group, the respective permit or license to operate in the corresponding canton, which, according to the respondents, was carried out after verifying compliance with the requirements demanded by the legal system for that purpose. In the particular case of the Municipality of Pococí, and as reported under oath by the respective Mayor, as of the date the matter under study was filed, there was no regulation whatsoever in that canton to regulate the operation of the company Piña Frut S.A. However, this latter authority affirmed being aware of the activity deployed in said pineapple plantation, since there is even an authorization in the case file provided for the purpose of using the municipal dump to deposit pineapple waste.
Now, regarding the Ministry of Health, it should be noted that, as stated in Considerando VI of this Judgment, it is not observed that the authorities of the Health Governing Areas (Áreas Rectoras de Salud) of Guácimo and Pococí failed to timely oversee the agricultural activity developed by the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., and SEBASTOPOL S.A. Thus, it is appropriate to add, regarding the inspection and surveillance work that occurred over the specific operation of the company Piña Frut S.A., that the Health Governing Area of Pococí, by official letter dated November 24, 2005, expressly stated the following: “(…) 4.- LACK OF OVERSIGHT AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (…) the company, through the Ministry of Health, has established waste management plans, and in visits made, it has been verified that they are being implemented and are of continuous improvement. It should be noted that the company Piña Frut does not submit operational reports (sic) since it does not have discharges to water sources.
Also, the farm uses (sic) closed systems, meaning without an external outlet, which collect wastewater for later use in pesticide applications in the field (…) 6.- LACK OF CONTROL AND MONITORING OF THE WATER FROM THE WELLS OF THE PINEAPPLE FARMS (…) it is not true since there are reports on the quality of water for human consumption and processes carried out by nationally prestigious laboratories, which indicates that there is control and said waters are monitored. Additionally, inspections are carried out assessing the location and operation of wells and water tanks (…).” Along the same lines of consideration, and with respect to the companies Piñas del Bosque S.A. and SEBSTOPOL S.A., the Health Governing Area of Guácimo, also by official letter dated November 24, 2005, indicated the following: “(…) 4.- LACK OF OVERSIGHT AND CONTROL OF SOLID AND LIQUID WASTE. (…) the pineapple companies, through the Ministry of Health, have established waste management plans, and during visits to the farms, it has been verified that they are given adequate management (…) such as use in bokacheras (organic fertilizer), and for animal feed like cattle, they are also used by other companies for food production.
Regarding liquid waste, the Regulation of Discharge Waters (Reglamento de Aguas de Vertido) is applied for the Operational Report that must be delivered to the Ministry of Health, which assesses whether their water discharge systems to other sources are within legal parameters. Some farms use closed systems, meaning without an external outlet, which collect wastewater for later use in pesticide applications in the field (…).” Notwithstanding the above, and as also indicated in Considerando VI of this Judgment, this Constitutional Court did not find it proven that the Health authorities have, effectively, carried out these same oversight and control tasks over the pineapple activity developed at the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group located in Siquirres, for which reason, in this case, a violation of the right to health and the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment is considered proven.
Finally, regarding the authorities of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), this Chamber observes that the interested parties are correct, since, from the evidence submitted to the case file, it is only proven that the company Piñas del Bosque S.A. has the respective environmental feasibility approval (viabilidad ambiental) granted to operate in the canton of Guácimo. Likewise, from the report rendered under oath by the Minister of Environment and Energy, a total lack of knowledge about the pineapple cultivation activity carried out in the areas of Guácimo, Pococí, and Siquirres of the province of Limón is clearly and unequivocally evident, particularly regarding whether the respondent companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. group require an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) conducted, in turn, by the authorities of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) for their operation.
In this sense, note that the aforementioned official expressly stated to this Chamber the following: “(…) By virtue of the fact that the investigation required here must be conducted with the rigor this case merits, which includes effective knowledge of the dates on which pineapple planting and marketing activities began in the areas of Guácimo, Siquirres, and Pococí, since depending on those dates, a different trajectory of environmental impact assessment will be applicable to them, I have issued the necessary instructions to verify those details to allow adequately informing the Honorable Chamber of the situation of each of the companies involved and the actions to be taken for each of them, according to their degree of compliance with the applicable regulations. According to what was indicated by the National Environmental Technical Secretariat, only one of these companies has an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) file, and according to the regulations in force as of 1995, every project, work, or activity requires such an assessment, as established by the respective regulation.
Given that there are two regulations for Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) procedures, one from 1997 and another from 2004, it becomes necessary for the Ministry of Health to certify the date these companies began operating (…).” Furthermore, it should be highlighted that the mentioned Minister likewise did not provide this Court with the investigation he was allegedly going to conduct on the occasion of the filing of this amparo. Moreover, along the same line of argument, the then General Secretary of SETENA stated the following: “(…) Regarding the claimants' statement that sanitary operating permits have been granted without Environmental Impact Studies (EsIA) having been approved, the following must be answered: What this Secretariat can attest to is this: By official letter SG-1563-2005-SETENA, of July 7, 2005, it is reported that up to the moment of issuing that act, only one file appeared in this office dedicated specifically to the planting of pineapple in the cantons of Guácimo and Pococí (…).” Under this reasoning, this Chamber observes that both the Ministry of Environment and Energy and the National Environmental Technical Secretariat have played a completely passive role regarding the pineapple activity developed by the companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group, since, as noted above, their reports demonstrated an almost total lack of knowledge about it.
From this perspective, it must be reminded to the health and environmental authorities that the State has an obligation to take all necessary measures to protect the environment, with the aim, in turn, of avoiding levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of the citizens. Consequently, this Court finds a violation of the provisions set forth in articles 21 and 50 of the Political Constitution.
Finally, the petitioners argue that in the southern part of the canton of Guácimo in Limón, there are plans to expand pineapple production, despite the large number of springs (nacientes de agua) located there. Likewise, and regarding this same grievance, they later accused that, specifically, in Hacienda Las Delicias, located in the mentioned canton, earthworks (movimientos de tierra) were being carried out for this purpose. On this particular matter, it should be noted that even though it was proven in the case file that various members of the community of Guácimo expressed to various public authorities their disagreement with said activity, the fact of the case is that, on the other hand, it was not fully and properly proven that said expansion of pineapple cultivation was actually taking place in that location and that, consequently, the springs (nacientes) of water located there were being affected.
Furthermore, note that, in accordance with the report rendered under oath by the Mayor of the Municipality of Guácimo and, contrary to what was stated by the petitioner Solano Vásquez, no earthworks aimed at pineapple cultivation were carried out at the cited Hacienda Las Delicias. Moreover, it must be taken into consideration that, according to what was expressed by the Minister of Environment and Energy, as of the date this amparo was filed, no reports were recorded specifically regarding practices that put the water resources of the area at risk. Under this line of considerations, this Court does not find that, in this case, the fundamental rights of the petitioners have been violated.
In virtue of the foregoing, it is necessary to grant the appeal partially, with the consequences that will be detailed in the operative part of this Judgment. Magistrate Armijo appends a note.
THEREFORE:
The appeal is partially granted. Consequently, María Luisa Ávila Agüero, or whoever occupies the position of Minister in her place, and Gilberth Alexánder Salas López, or whoever occupies the position of Director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Siquirres in his place, both of the Ministry of Health, are ordered to immediately proceed to verify the operation of the Babilonia pineapple farm of the FRUTEX S.A. Group, carry out periodic inspections and oversight of the activity deployed by that company, and determine if there are reports of contamination in the waters near it. Likewise, Javier Flores Galarza, or whoever occupies the position of Minister in his place, and Elizabeth Ramírez Sandí, or whoever occupies the position of Manager of Plant Pest Surveillance and Control (Gerente de Vigilancia y Control de Plagas) of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) in her place, both of the Ministry of Agriculture and Livestock, are ordered to immediately issue the necessary orders and take the pertinent measures within the scope of their competence to eradicate the problem of the inadequate disposal of pineapple waste, the proliferation of the fly called stomoxys calcitrans, and the consequent harm that the latter generates to livestock in the areas near the companies Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group.
Finally, Roberto Dobles Mora, or whoever occupies the position of Minister of Environment and Energy in his place, and Sonia Espinoza Valverde, or whoever occupies the position of General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) in her place, are ordered to immediately proceed to determine, in a clear and precise manner, whether the companies Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A., and the Babilonia farm of the FRUTEX S.A. Group require an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for their operation; and in the event that it is required, they are ordered to warn the representatives of the latter to comply with the necessary requirements for that purpose. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished.
In all other respects, the appeal is denied. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify this resolution personally to María Luisa Ávila Agüero, or whoever occupies the position of Minister in her place, and to Gilberth Alexánder Salas López, or whoever occupies the position of Director of the Health Governing Area of Siquirres in his place, both of the Ministry of Health; to Javier Flores Galarza, or whoever occupies the position of Minister in his place, and to Elizabeth Ramírez Sandí, or whoever occupies the position of Manager of Plant Pest Surveillance and Control of the State Phytosanitary Service in her place, both of the Ministry of Agriculture and Livestock; to Roberto Dobles Mora, or whoever occupies the position of Minister of Environment and Energy in his place, and to Sonia Espinoza Valverde, or whoever occupies the position of General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat in her place. Let it be communicated.- Magistrate Armijo appends a note.
Ana Virginia Calzada M.
Acting President Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Federico Sosto L.
Horacio González Q. Jorge Araya G.
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Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: TEMAS ANTERIORES Tema: Ministerio de Ambiente y Energía Subtemas:
Secretaría Técnica Ambiental SETENA.
Tema: Ministerio de Salud Subtemas:
Disconformidad de los amparados por cuanto las sustancias químicas que se utilizan para el monocultivo de piña producen graves afectaciones a la salud de los trabajadores y contaminan los ríos Santa Clara y Cinco Estrellas.
Tema: Ministerio de Agricultura y Ganadería Tema: Derecho a la salud Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas:
Violación de los derechos alegados por cuanto se deben tomar medidas que sean necesarias para proteger el medio ambiente para evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna y uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales.
Tema: Condena en costas, daños y perjuicios al Estado “I.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA. Mediante escrito visible a folios 1261-1264, Marco Machore Levy solicitó que se le tuviera como coadyuvante activo en el presente proceso. Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En el caso concreto, según lo indicado por el gestionante, la actividad piñera desarrollada por las empresas recurridas en los cantones de Guácimo, Pococí y Siquirres de Limón, afecta, flagrantemente, lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política. En consecuencia, resulta admisible su solicitud de coadyuvancia activa.
Los recurrentes aducen vulnerado el derecho a la salud y el derecho a obtener un ambiente sano y, ecológicamente, equilibrado consagrados, respectivamente, en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política, toda vez que, en su criterio, las empresas y autoridades públicas recurridas incurren, concretamente, en las siguientes infracciones: a) las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., utilizan sustancias químicas que afectan no sólo la salud de los trabajadores y vecinos de Pococí, Guácimo y Siquirres, sino, también, los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, así como el resto de fuentes de agua ahí ubicadas; b) el Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha tomado las medidas necesarias a fin de combatir la plaga de la mosca denominada stomoxys calcitrans, a pesar que la Defensoría de los Habitantes, a través del informe No. 00701-2004-DHR, señaló el nexo de causalidad que existe entre los desechos de la piña, la proliferación de ese insecto y la afectación al ganado de la zona; c) las autoridades recurridas, en general, no han fiscalizado la actividad piñera desarrollada por las empresas recurridas, dado que, por ejemplo, ninguna de éstas últimas, actualmente, cuenta con estudios de impacto ambiental para su funcionamiento y d) a pesar de la gran cantidad de nacientes de agua que se ubican en el cantón de Guácimo, se pretende extender la producción piñera en dicha zona.
La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), así como a través de la normativa internacional. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en el Voto No. 3705-93 de las 15:00 hrs. del 30 de julio de 1993, indicó lo siguiente:
“(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)".
Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:
"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)".
En relación con lo expuesto, esta Sala, mediante la Sentencia No. 180-98 de las 16:24 hrs. del 13 de enero de 1998, dispuso lo siguiente:
"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social (…)".
De otra parte, la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, en este sentido, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas. Asimismo, cabe señalar que este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios material y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos.
VI.ACERCA DEL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS POR LAS EMPRESAS RECURRIDAS Y LA AFECTACIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y A LAS FUENTES DE AGUA DE LOS CANTONES DE POCOCÍ, GUÁCIMO Y SIQUIRRES. En primer término, los recurrentes acusan que las sustancias químicas (plaguicidas) que utilizan las empresas recurridas para el monocultivo de piña, producen graves afectaciones a la salud de los trabajadores y de las personas que viven cerca de tales plantaciones. De igual forma, aducen que dichas sustancias contaminan los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, así como el resto de las fuentes de agua ubicadas en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres. No obstante lo anterior y, en lo que respecta al funcionamiento de las empresas Piña Frut S.A., ubicada en Pococí y Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A., situadas ambas en Guácimo de Limón, este Tribunal Constitucional no estima que lleven razón los recurrentes.
Esto, en primera instancia, dado que, los interesados no aportaron a los autos prueba técnica-científica que acreditara tales alegaciones. Asimismo y, de conformidad con los informes rendidos por los órganos administrativos técnicos de la salud y del ambiente, no se tuvo por demostrado que las sustancias químicas (plaguicidas) utilizadas por las empresas mencionadas en la actividad piñera, a la fecha de interpuesto el presente amparo, hayan producido los problemas referidos. Por en el contrario y, según sostiene la Ministra de Salud, las tres empresas arriba indicadas cuentan con el permiso sanitario de funcionamiento, el cual fue otorgado en virtud de haberse cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas al efecto. Asimismo, dicha autoridad aseveró que, a la fecha de rendido el informe requerido por esta Sala, no existía denuncia alguna que se hubiera presentado de parte de los vecinos de los cantones de Guácimo y Pococí por afectaciones a la salud con ocasión del uso de plaguicidas en dichas piñeras.
En ese mismo sentido, nótese que, las autoridades del Área Rectora de Salud de Pococí y Guácimo, de conformidad oficios de fecha 24 de noviembre del 2005, manifestaron, puntualmente, que se realizan, constantemente, exámenes médicos y de colinesterasa a los trabajadores de las citadas empresas, a quienes les corresponde manipular plaguicidas; que en las visitas que se realizan a las piñeras bajo estudio se supervisan los equipos de protección personal que se les brinda a los trabajadores de todos los procesos y que en las citadas empresas, las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes se llevan a cabo con equipos automatizados (spray boom), en los que solo se requiere la presencia del conductor del tractor, minimizando la intervención de personas a la exposición de dichas sustancias, siendo que las aplicaciones se realizan cuando no existe personal en el campo. Adicionalmente y, según consta en los oficios Nos.
ARSP-PAH-124-05 y ARG- PAH-20-05 de los días 18 y 21 de febrero del 2005, respectivamente, las plantas empacadoras de tales empresas se caracterizan por ser modernas, pues cuentan con alta tecnología de procesos y poseen adecuados estándares de inocuidad, asepsia y protección a los trabajadores. De igual forma y, de acuerdo con lo informado por las autoridades de salud, así como la prueba allegada a los autos, se tiene por demostrado que las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBATOPOL S.A. cuentan, entre otras, con las certificaciones internacionales Eurep Good Agricultura Practices (EUREP-GAP), e ISO 14001, así como con planes de manejo de desechos líquidos y sólidos, planes de salud ocupacional y de atención de emergencias. A mayor abundamiento y, nuevamente, contrario a lo aducido por los interesados, este Tribunal no tuvo por acreditada la presunta contaminación producida por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBATOPOL S.A. a los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas y, en general, a las fuentes de agua ubicadas en los cantones de Pococí y Guácimo a causa de los plaguicidas utilizados en las plantaciones piñeras.
Asimismo, cabe resaltar que, de conformidad con lo señalado por los Directores de las Áreas Rectoras de Guácimo y Pococí, a la fecha de rendidos los informes a la Sala, no existían reportes o denuncias algunas sobre ese hecho en particular. Además, dichos Directores aseveraron que en las respectivas Áreas Rectoras se encargaban de fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Forestal en cuanto a las distancias que deben de existir entre los cultivos de piña y las orillas de los ríos y quebradas. Asimismo y, según lo externado por el Ministro del Ambiente y Energía, a la fecha de interpuesto el presente asunto, no se registraban reportes, en concreto, por prácticas que pusieran en riego el recurso hídrico de las citadas zonas. No obstante lo anterior y, en lo tocante a la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., no se tuvo por acreditado que en ésta el uso de plaguicidas no afectaran, efectivamente, la salud de los trabajadores y vecinos, así como las fuentes de agua ubicadas en el cantón de Siquirres, motivo por el cual, en cuanto a este último extremo se refiere, este Tribunal estima que se debe de declarar con lugar el recurso planteado por la vulneración a los numerales 21 y 50 constitucionales.
De otra parte, los interesados alegan que aun cuando existe el informe No. 00701-2004-DHR de fecha 26 de enero del 2004 elaborado por la Defensoría de los Habitantes, mediante el cual se le recomendó a las autoridades recurridas, concretamente, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, solucionar el problema que representa la proliferación -a partir de los desechos de la piña-, de la mosca stomoxys calcitrans, la cual, a su vez, afecta al ganado de la zona, tal autoridad ha omitido ejecutar las medidas pertinentes a fin de cumplir dicho propósito, siendo que, a la fecha, la mencionada situación se ha agravado. Sobre el particular, cabe indicar, en primer término que, efectivamente y, tal y como lo aducen los recurrentes, del citado informe elaborado por la Defensoría de los Habitantes, así como del informe rendido por las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se desprende con absoluta claridad que en los desechos de la piña se reproduce la mosca denominada stomoxys calcitrans o mosca picadora o de establo, la cual, de igual forma, perjudica a la ganadería y salud de las personas.
Así, de modo expreso, el informe No. 00701-2004-DHR señaló lo siguiente: “(…) 1- (…) el rastrojo o desechos resultantes de la cosecha de piña dejados en el campo de cultivo constituyen las fuentes de reproducción de la mosca cuyo nombre científico es Stomoxys Calcitrans, insecto que ocasiona problemas en la salud a la población humana y animal pecuaria. 2- Que los brotes se han registrado periódicamente en numerosos centros de población de las regiones Norte, Pacífico Sur y Atlántica del país sin que la plaga se hubiera podido erradicar (...)". Asimismo, el mencionado documento apuntó que: “(…) El problema generado por la denominada mosca estabulada, picadora o de establo ha sido consistentemente denunciado ante esta Defensoría desde el año de 1996, lo cual demuestra que las acciones o gestiones de las instancias competentes han sido insuficientes para erradicar la plaga y solucionar el problema que afecta la producción pecuaria y la salud humana.
De acuerdo con la información consignada en los expedientes números 1091-23-96, 2768-23-27 y de la documentación aportada a la presente investigación, ha quedado plenamente demostrado la relación de causalidad entre el inapropiado manejo del rastrojo de piña y la proliferación del insecto en las zonas de cultivo de dicho producto tales como San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aries, Guácimo y Pococí (…)”. (El destacado no forma parte del original). En virtud de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes, en dicha oportunidad, le giró una serie de recomendaciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, consistentes en llevar a cabo, específicamente, lo siguiente: “(…) 1.- Declarar el estado de combate de la plaga de las mosca Stomoxis Calcitrans en las zonas críticas que ya han sido identificadas o que se justifique según los nuevos brotes y llevar a cabo las gestiones de emergencia que estipula la Ley de Protección Fitosanitaria, lo cual incluye la recolección y el tratamiento apropiado fuera de los campos de cultivo. 2.- Sustituir las recomendaciones de quemas y aplicación de agrotóxicos en los campos de cultivo por las técnicas de control biológico u otra alternativa ambientalmente más conveniente.
En caso de que estas no resulten suficientes deberá considerar la necesidad de obligar a los productores a la instalación de centros de acopio, almacenamiento y tratamiento especializado para evitar que los rastrojos se mantengan y quemen los campos (…)”. A mayor abundamiento, se tiene por demostrado que, en atención a tales recomendaciones y, en pleno cumplimiento de sus funciones, las autoridades del Ministerio supra citado realizaron inspecciones en varias de las empresas ubicadas en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres, entre éstas, las productoras y empacadoras de piña recurridas en el presente asunto. De este modo, se tiene acreditado que durante el año 2004, la Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado del citado Ministerio realizó una serie de inspecciones con el fin de determinar las principales causas que generan el problema de la mosca stomoxys calcitrans en los cantones de Siquirres, Pococí y Guácimo.
De este modo y, durante ese año, en la empresa Piñas del Bosque se llevaron a cabo 31 inspecciones, en la empresa del Grupo Acón, 8, y en SEBASTOPOL S.A. y en la finca Babilonia del grupo FRUTEX S.A., 7 inspecciones. Asimismo, en el año 2005, dicha Gerencia realizó nuevas inspecciones, a saber, las siguientes: 44 en la empresa del grupo Acón, 41 en Piñas del Bosque S.A., 17 en la finca Babilonia y, finalmente, 13 en SEBASTOPOL S.A. Además, de manera concreta, se demostró que en la empresa Piña Frut del Grupo Acón, el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el mes de octubre del año 2005, realizó inspecciones y emitió las recomendaciones pertinentes a fin de erradicar el problema generado por la mosca picadora o de establo. Dicha práctica, se repitió, a su vez, en la empresa Piñas del Bosque S.A., y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005.
No obstante lo anterior, esta Sala, de conformidad con el informe rendido por el Ministro y el Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Sanitario del Estado, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el resto de las pruebas aportadas a los autos, no tuvo por demostrado que, a la fecha de interpuesto el presente proceso de amparo, el problema generado por los desechos del cultivo de la piña y, la consecuente proliferación de la mosca stomoxys calcitrans, se encontrara controlado. De manera tal que, por el contrario, se hace manifiesto, a todas luces, que la plaga de dichos insectos y los daños que éstos provocan, no sólo al ganado, sino, también, a los vecinos de las comunidades de Guácimo, Pococí y Siquirres, persisten, toda vez que, no se han logrado erradicar totalmente. En ese sentido, obsérvese que, en términos de los representantes del Ministerio señalado “(…) se ha invertido una gran cantidad de recursos económicos y humanos tanto en la vigilancia permanente de la plaga como en las medidas de control, las cuales en la mayoría de los casos han surtido el efecto deseado; salvo en las épocas donde ha sido físicamente imposible la aplicación de las medidas recomendadas (…) Desde 1987 hasta el presente, las poblaciones de la mosca NO se habían incrementado significativamente (…) Sin embargo, el área actual de 26,500 hectáreas de piña, sobrepasa en mucho la del año 2003 donde eran aproximadamente unas 8,000 hectáreas.
Además (…) durante el presente año las precipitaciones han sobrepasado todos los pronósticos (…) Bajo condiciones de excesiva humedad, por mucho que se quiera, es imposible el tratamiento e incorporación oportuna de los desechos orgánicos, que es la medida mas (sic) importante para el control de esta plaga (…) lo cual ha incidido en la proliferación de la plaga (…)”. Asimismo, de los gráficos aportados a los autos por tales autoridades a fin de acreditar las inspecciones realizadas en el año 2005 a las empresas recurridas con el propósito de controlar la plaga de la mosca stomosyx calcitrans, se desprende con claridad que de un total del 40% del área afectada por dicho insecto en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres, únicamente, un 33% de ésta se encontraba controlada. De ahí que, se denote que, pese a las labores de inspección y fiscalización, así como de emisión de recomendaciones por el Ministerio mencionado, el problema de la plaga de moscas que afecta al ganado, propietarios de éste último y, en general, a los vecinos de las comunidades aledañas a las empresas recurridas, no ha sido, efectivamente, controlado.
En otros términos, se tiene por acreditado que las labores de inspección y fiscalización señaladas, tanto por los representantes del Ministerio mencionado, como por los representantes de las empresas Piñas del Bosque S.A., Piña Frut S.A. y FRUTEX S.A., no han sido suficientes para erradicar o controlar a niveles razonables la plaga en cuestión y, por ende, dicho problema continúa generándose en las zonas de Pococí, Guácimo y Siquirres. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional estima que, en la especie, se ha quebrantado flagrantemente el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Sobre este extremo, los amparados aducen que las autoridades recurridas han omitido fiscalizar, como en derecho corresponde, el funcionamiento adecuado de las empresas bajo estudio. Así, en primer término y, en lo que respecta al papel desempeñado por las Municipalidades, este Tribunal no estima que lleven razón los amparados. Lo anterior, toda vez que, las autoridades de las Corporaciones de Guácimo y Siquirres, para la fecha de interpuesto el presente amparo, habían otorgado a las empresas SEBASTOPOL S.A., Piñas del Bosque S.A. y a la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., el respectivo permiso o licencia para operar en el correspondiente cantón, lo cual, según informan los recurridos, se llevó a cabo previa verificación del cumplimiento de aquellos requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico al efecto. En el caso particular de la Municipalidad de Pococí y, según lo informa bajo juramento el respectivo Alcalde, a la fecha de presentado el asunto bajo estudio, no existía normativa alguna en dicho cantón a fin de regular el funcionamiento de la empresa Piña Frut S.A..
Sin embargo, ésta última autoridad afirmó conocer la actividad desplegada en dicha piñera, pues, incluso, consta en autos una autorización brindada a efectos de utilizar el basurero municipal para depositar los desechos de la piña. Ahora bien, en lo que se refiere al Ministerio de Salud, cabe apuntar que, tal y como se consignó en el considerando VI de la presente Sentencia, no se observa que las autoridades de las Áreas Rectoras de Salud de Guácimo y Pococí hayan omitido fiscalizar, oportunamente, la actividad agrícola desarrollada por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A. De este modo, resulta oportuno agregar, en lo que corresponde a las labores de inspección y vigilancia que se dieron sobre el funcionamiento en concreto de la empresa Piña Frut S.A., que el Área Rectora de Salud de Pococí, mediante el oficio de fecha 24 de noviembre del 2005, señaló, de modo expreso, lo siguiente: “(…) 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS.
(…) la empresa, a través del Ministerio de Salud ha establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas se ha constatado que los mismos están siendo implementados y que son de mejora continua. Cabe indicar que la empresa Piña Frut, no realiza presentación de reportes operaciones (sic) ya que la misma no tiene vertido a fuentes de agua. Además la finca utilizan (sic) sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…) 6.- FALTA DE CONTROL Y MONITOREO DE LAS AGUAS DE LOS POZOS DE LAS FINCAS PIÑERAS (…) no es cierto ya que se tiene los reportes de la calidad de las aguas para consumo humano y procesos realizados por laboratorios de prestigio nacional, lo cual indica que se tiene control y se monitorean dichas aguas. Además se realizan inspecciones en las que se valora la ubicación y la operación de los pozos y tanques para agua (…)”.
Bajo ese mismo orden de consideraciones y, con respecto a las empresas Piñas del Bosque S.A. y SEBSTOPOL S.A., el Área Rectora de Salud de Guácimo, mediante oficio, también, del día 24 de noviembre del 2005, indicó lo siguiente: “(…) 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS. (…) las piñeras, a través del Ministerio de Salud han establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas a las fincas se ha constatado que se les brinda un adecuado manejo (…) tales como uso en bokacheras (abono orgánico), y para alimento de animales como el ganado, también son utilizados por otras empresas para elaboración de alimentos. En cuanto a desechos líquidos se aplica el Reglamento de Aguas de Vertido para el Reporte operacional que deben entregar al Ministerio de Salud y el que se valora si su sistema de vertidos de aguas a otras fuentes están dentro de los parámetros legales.
Algunas fincas utilizan sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…)”. No obstante lo anterior y, tal y como se indicó, a su vez, en el considerando VI de esta Sentencia, este Tribunal Constitucional no tuvo por acreditado que las autoridades de Salud hayan, efectivamente, llevado a cabo esas mismas labores de fiscalización y control sobre la actividad piñera desarrollada en la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. ubicada en Siquirres, motivo por el cual, en la especie, se tenga por acreditado el quebranto al derecho a la salud y al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Finalmente, en lo tocante a las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía, esta Sala observa que llevan razón los interesados, por cuanto, de la prueba allegada a los autos, únicamente, se tiene por demostrado que la empresa Piñas del Bosque S.A., cuenta con la respectiva viabilidad ambiental otorgada para operar en el cantón de Guácimo.
Asimismo, del informe rendido bajo juramento por el Ministro del Ambiente y Energía, se denota, de manera clara e inequívoca, un total desconocimiento sobre la actividad del cultivo de piña que se lleva a cabo en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres de la provincia Limón, en particular, si las empresas recurridas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del grupo FRUTEX S.A. requieren o no para su funcionamiento de un estudio de impacto ambiental realizado, a su vez, por las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En ese sentido, nótese que el citado funcionario, manifestó, de modo expreso, a esta Sala, lo siguiente: “(…) En virtud de que la investigación aquí requerida, debe realizarse con el rigor que este caso amerita, lo cual incluye el conocimiento efectivo de las fechas en que han dado inicio las labores de siembra y comercialización de piña, en las zonas de Guácimo, Siquirres y Pococí, ya que dependiendo de esas fechas, les será aplicable una trayectoria diferente de evaluación de impactos ambientales, he girado las instrucciones necesarias para verificar esos detalles que permitan informar adecuadamente a la Honorable Sala la situación de cada una de las empresas involucradas y las acciones que se tomarán en cada una de ellas, según su grado de cumplimiento con las normas vigentes.
Según lo indicado Por (sic) la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solamente una de esas empresas cuenta con expediente de evaluación de impacto ambiental y conforme la normativa vigente a partir del año 1995, todo proyecto, obra o actividad requiere de dicha evaluación, según lo que establezca la reglamentación respectiva. Siendo que existen dos reglamentos de procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, uno del año 1997 y otro del año 2004, se hace necesario que el Ministerio de Salud certifique la fecha en que inician a funcionar estas empresas (…)”. Asimismo, cabe resaltar que el Ministro mencionado, de igual forma, no aportó a este Tribunal la investigación que, presuntamente, iba a llevar a cabo con ocasión de la interposición del presente amparo. A mayor abundamiento y, bajo esa misma línea de argumentación, el entonces Secretario General de la SETENA apuntó lo siguiente: “(…) En cuanto a la declaración de los recurrentes de que se han otorgado permisos sanitarios de funcionamiento sin que se hayan aprobado Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), cabe responder lo siguiente: Lo que le consta a esta Secretaria es esto: Mediante oficio SG-1563-2005-SETENA, del 7 de julio del 2005, se informa que hasta el momento de la emisión de dicho acto, únicamente figuraba en esa dependencia un expediente dedicado específicamente a la plantación de piña en los cantones de Guácimo y Pococí (…)”.
Bajo esa tesitura, esta Sala observa que, tanto el Ministerio del Ambiente y Energía como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, han tenido un papel, completamente, pasivo frente a la actividad piñera desarrollada por las empresas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., por cuanto, tal y como se apuntó líneas atrás, en sus informes demostraron un desconocimiento casi total de ésta. Desde esa perspectiva, cabe recordarle a las autoridades de salud y del ambiente, que existe la obligación para el Estado de tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para proteger el medio ambiente, con el fin, a su vez, de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna y uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En consecuencia, este Tribunal estima violentado lo dispuesto en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política.
Finalmente, los recurrentes aducen que en la parte sur del cantón de Guácimo de Limón se pretende extender la producción piñera, a pesar de la gran cantidad de nacientes de agua que ahí se encuentran. Asimismo y, sobre ese mismo agravio, acusaron, posteriormente, que, específicamente, en la Hacienda Las Delicias situada en el cantón mencionado, se estaban realizando movimientos de tierra con dicho propósito. Sobre el particular, cabe indicar que aun cuando en autos se tuvo por demostrado que diversos miembros de la comunidad de Guácimo manifestaron a diversas autoridades públicas su disconformidad con dicha actividad, lo cierto del caso es que, de otra parte, no se tuvo plena e idóneamente acreditado que, efectivamente, dicha expansión del cultivo de piña se estuviera llevando a cabo en dicho lugar y que, consecuentemente, se estuvieran afectando las nacientes de agua ahí ubicadas. Asimismo, nótese que, de conformidad con el informe rendido bajo juramento por el Alcalde de la Municipalidad de Guácimo y, contrario a lo señalado por la recurrente Solano Vásquez, en la citada Hacienda Las Delicias no se efectuaron movimientos de tierra tendentes al cultivo de la piña.
A mayor abundamiento, debe de tomarse en consideración que, según lo externado por el Ministro del Ambiente y Energía, a la fecha de interpuesto el presente amparo, no se registraban reportes, en concreto, por prácticas que pusieran en riego el recurso hídrico de la zona. Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal no estima que, en la especie, se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los amparados.
En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente Sentencia. El Magistrado Armijo pone nota. ” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas * 050142350007CO * Res. Nº 2008-005689 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y cinco minutos del once de abril del dos mil ocho.
Recurso de amparo interpuesto por RUTH SOLANO VÁSQUEZ, portadora de la cédula de identidad No. 1-446-869 y OTROS, a favor de LA ASOCIACIÓN JUSTICIA PARA LA NATURALEZA, contra EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL MINISTERIO DE SALUD, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, LAS MUNICIPALIDADES DE GUÁCIMO, POCOCÍ Y SIQUIRRES, LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS EMPRESAS PIÑA FRUT DEL GRUPO ACÓN S.A., PIÑAS DEL BOSQUE S.A., SEBASTOPOL S.A. y LA FINCA BABILONIA DEL GRUPO FRUTEX S.A.. Asimismo interviene MARCO MACHORE LEVY, como COADYUVANTE ACTIVO.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,
CONSIDERANDO:
Mediante escrito visible a folios 1261-1264, Marco Machore Levy solicitó que se le tuviera como coadyuvante activo en el presente proceso. Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En el caso concreto, según lo indicado por el gestionante, la actividad piñera desarrollada por las empresas recurridas en los cantones de Guácimo, Pococí y Siquirres de Limón, afecta, flagrantemente, lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política. En consecuencia, resulta admisible su solicitud de coadyuvancia activa.
Los recurrentes aducen vulnerado el derecho a la salud y el derecho a obtener un ambiente sano y, ecológicamente, equilibrado consagrados, respectivamente, en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política, toda vez que, en su criterio, las empresas y autoridades públicas recurridas incurren, concretamente, en las siguientes infracciones: a) las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., utilizan sustancias químicas que afectan no sólo la salud de los trabajadores y vecinos de Pococí, Guácimo y Siquirres, sino, también, los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, así como el resto de fuentes de agua ahí ubicadas; b) el Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha tomado las medidas necesarias a fin de combatir la plaga de la mosca denominada stomoxys calcitrans, a pesar que la Defensoría de los Habitantes, a través del informe No. 00701-2004-DHR, señaló el nexo de causalidad que existe entre los desechos de la piña, la proliferación de ese insecto y la afectación al ganado de la zona; c) las autoridades recurridas, en general, no han fiscalizado la actividad piñera desarrollada por las empresas recurridas, dado que, por ejemplo, ninguna de éstas últimas, actualmente, cuenta con estudios de impacto ambiental para su funcionamiento y d) a pesar de la gran cantidad de nacientes de agua que se ubican en el cantón de Guácimo, se pretende extender la producción piñera en dicha zona.
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
1. El 30 de noviembre del 2001, el Ministerio de Salud otorgó Permiso Sanitario de Funcionamiento a la empresa Piñas del Bosque S.A. para el cultivo y comercialización de piña, por un período de cinco años (visible a folio 644).
2. El 28 de junio del 2002, las autoridades de la Dirección de Servicios de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería hicieron formal apertura de un libro de inspección en la finca Babilonia de la empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A.. En adelante, dichas autoridades inspeccionaron y emitieron las correspondientes recomendaciones a dicha empresa en las siguientes fechas: 11 de septiembre del 2002, 5 de junio, 23 de julio, 24 de septiembre y 24 de octubre, todas del 2003, 14 de enero y 8 de septiembre del 2004, 4 de mayo, 29 de julio y 17 de noviembre, todas del 2005 (visible a folios 72-81 del expediente No. 2/ prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.).
3. Desde el mes de septiembre del 2002, el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Huetar Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo formal apertura de un libro de actas, debidamente, sellado y firmado para anotar las recomendaciones y acuerdos relacionados con la empresa Piñas del Bosque S.A., así como para dar fiel seguimiento a la proliferación de la mosca denominada stomoxis calcitrans (visible a folio 950).
4. El 6 de marzo del 2003, el Ministerio de Salud otorgó Permiso Sanitario de Funcionamiento a la empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A. (finca Babilonia) para el cultivo y comercialización de piña, por un período de cinco años (visible a folio 48, del expediente No. 2/ prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.).
5. El 18 de junio del 2003, la entonces Diputada María Elena Núñez Chavez presentó una denuncia ante la Ministra de Salud por el presunto brote de moscas stomoxys calcitrans en los cantones de Siquirres, Guácimo y Pococí (visible a folios 208- 209).
6. El 3 de noviembre del 2003, los Ganaderos de Guácimo y Pococí denunciaron ante la Defensoría de los Habitantes que desde el 2001 se veían afectados por un brote de mosca stomoxys calcitrans (visible a folio 235).
7. El 25 de noviembre del 2003, el Ministerio de Salud otorgó Permiso Sanitario de Funcionamiento a la empresa SEBASTOPOL S.A. por un período de cinco años (visible a folios 649 y 1109).
8. En el Informe Final de Recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes No. 00701-2004-DHR de fecha 26 de enero del 2004, elaborado con ocasión de una denuncia formulada por la entonces Diputada María Elena Núñez Chavez con respecto a la proliferación de la mosca stomoxys calcitrans en las zonas de Pococí, Guácimo y Siquirres, se dispuso, de modo expreso, lo siguiente: “(…) EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA REPRODUCCIÓN GANADERA: La mosca Stomoxys caslcitrans no convive con el ganado, ella se alimenta de la sangre de los animales y se retira a lugares sombreados. Busca alimentarse por lo menos 3 veces al día de la sangre para madurar sus huevos. Un ataque de mosca del establo es notable en los potreros, ya que los animales se aislan, se amontonan, hay un rabeo constante (movimientos de rabo o cola), se forman paseaderos en los potreros productos del ataque del insecto, alteran su sistema nervioso (agresividad), rompen cercas de alambre, no permite el ordeño, no se alimentan con tranquilidad, pierden peso y por ende la reducción en la producción de carne y leche (…) Concluida la investigación, se ha constatado los siguientes hechos: 1- Que el rastrojo o desechos resultantes de la cosecha de piña dejados en el campo de cultivo constituyen las fuentes de reproducción de la mosca cuyo nombre científico es Stomoxys Calcitrans, insecto que ocasiona problemas en la salud a la población humana y animal pecuaria. 2- Que los brotes se han registrado periódicamente en numerosos centros de población de las regiones Norte, Pacífico Sur y Atlántica del país sin que la plaga se hubiera podido erradicar. 3- Que como parte de las medidas técnicas recomendadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la eliminación o control del insecto, se ha considerado la práctica de quemas en los campos de cultivos y el uso de herbicidas quemantes como el Paraquat.
Con fundamento en lo expuesto la Defensoría de los Habitantes realiza las siguientes consideraciones: UNICO: El problema generado por la denominada mosca estabulada, picadora o de establo ha sido consistentemente denunciado ante esta Defensoría desde el año de 1996, lo cual demuestra que las acciones o gestiones de las instancias competentes han sido insuficientes para erradicar la plaga y solucionar el problema que afecta la producción pecuaria y la salud humana. De acuerdo con la información consignada en los expedientes números 1091-23-96, 2768-23-27 y de la documentación aportada a la presente investigación, ha quedado plenamente demostrado la relación de causalidad entre el inapropiado manejo del rastrojo de piña y la proliferación del insecto en las zonas de cultivo de dicho producto tales como San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aries, Guácimo y Pococí, sin que por las dimensiones del problema y la extensión que cubre se hubiera declarado el combate de la plaga como en su ocasión fuera recomendado por esta Defensoría al Ministerio de Agricultura y Ganadería (…) EL DEFENSOR DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA RECOMIENDA.
AL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 1.- Declarar el estado de combate de la plaga de las mosca Stomoxis Calcitrans en las zonas críticas que ya han sido identificadas o que se justifique según los nuevos brotes y llevar a cabo las gestiones de emergencia que estipula la Ley de Protección Fitosanitaria, lo cual incluye la recolección y el tratamiento apropiado fuera de los campos de cultivo. 2.- Sustituir las recomendaciones de quemas y aplicación de agrotóxicos en los campos de cultivo por las técnicas de control biológico u otra alternativa ambientalmente más conveniente. En caso de que estas no resulten suficientes deberá considerar la necesidad de obligar a los productores a la instalación de centros de acopio, almacenamiento y tratamiento especializado para evitar que los rastrojos se mantengan y quemen los campos (…)”. (visible a folios 210-220).
9. El 8 de junio del 2004, la Asociación de Desarrollo Pro Mejoras de Parismina de Guácimo denunció ante el Ministerio de Salud la expansión de proyectos de siembra de piña en dicha zona (visible a folios 239-240).
10. El 27 de agosto del 2004, el Ministerio de Salud le otorgó Permiso Sanitario de Funcionamiento a la empresa Piña Frut S.A. para el cultivo y comercialización de piña, por un plazo de cinco años (visible a folio 436).
11. Por memorial de 13 de octubre del 2004, la Comisión Ambiental en Defensa de los Recursos Naturales del cantón de Guácimo le manifestó a los Ministros de Agricultura y Ganadería, Salud y Ambiente y Energía, así como al Defensor de los Habitantes, su preocupación por la expansión de la actividad piñera en ese cantón (visible a folios 254- 256).
12. Durante el año 2004, la Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizó una serie de inspecciones con el fin de determinar las principales fuentes que generan problemas de mosca stomoxys calcitrans en los cantones de Siquirres, Pococí y Guácimo. De este modo, en la empresa Piñas del Bosque se llevaron a cabo 31 inspecciones, en la empresa del Grupo Acón, 8 inspecciones y en SEBASTOPOL S.A., y la finca Babilonia, 7 inspecciones. Asimismo, en dicha oportunidad, se determinó la existencia de un 25.56% de área afectada por la citada mosca y un 37.93% de área controlada (visible a folios 697-701).
13. Mediante el oficio de la Unidad de Protección al Ambiente Humano del Área de Salud de Pococí No. ARSP-PAH-124-05 de 18 de febrero del 2005, se le informó a la Directora de esa Área Rectora de Salud que en dicho cantón, únicamente, se encuentra ubicada la finca Piña Frut dedicada a la siembra y exportación de piña, concretamente, en San Antonio de Roxana, la cual, a su vez, contaba con permiso sanitario de funcionamiento y los permisos de ubicación, construcción y funcionamiento para la actividad. Asimismo, dicho oficio señaló, de modo expreso, lo siguiente. “(…) las condiciones físicas y sanitarias de la empresa piña Frut, tales como (sic) planta empacadora es una de las más modernas del país, además cuenta con alta tecnología de procesos, posee adecuados estándares de inocuidad, asepsia y de protección a los trabajadores. Con respecto a las demás instalaciones las mismas reúnen las condiciones físicas y sanitarias estipuladas en la legislación, en relación a equipos de aplicación de plaguicidas utilizados en la actividad los mismos son por medios automáticos, los cuales el operador de equipo “tractores de aplicaciones de plaguicidas” posee sistemas automatizados (sic) y la cabina del tractor cuenta con aire acondicionado por lo que no tiene contacto con el exterior, además no requiere de otros trabajadores para la aplicación de los agroquímicos, los productos utilizados en esta finca se encuentran debidamente registrados para ser usados en piña y con sus debidos registros del MAG. Además la Finca en mención está certificada por normas internacionales de calidad tales como EUREP GAP, ya que su producto es exportado hacia mercados exigentes en normas de calidad, seguridad y ambiente como lo es Europa y Estados Unidos.
La finca Piña Frut, cuenta con programa de salud ocupacional y planes de emergencia, así como planes de desechos líquidos y sólidos (…) Los trabajadores de la empresa cuentan con sus debidos equipos de protección personal para las diferentes actividades que se llevan (sic) en la finca tales como mezcla de productos, preparación de semillas, almacenamiento de productos en bodegas, aplicación de plaguicidas, manipulación de la fruta en planta empacadora, cosecha entre otras. La finca cuenta con trincheras donde realizan el deposito de los desechos sólidos, respecto a los desechos líquidos cuentan con sistemas de reuso de aguas en el proceso. Estos sistemas a la fecha no han presentado anomalías en este Ministerio ya sea por inspección (sic) realizadas o por denuncias. Esta Área Rectora de Salud a la fecha no ha recibido denuncias por parte de vecinos u otros entes gubernamentales (…)”. (visible a folios 185-186).
14. Por oficio de la Unidad de Protección al Ambiente Humano del Área Rectora de Salud de Guácimo No. ARG-PAH-20-05 del 21 de febrero del 2005, se le informó al Director de esa dependencia que, a esa fecha, las empresas Piñas del Bosque, Piñera Gildell, Piñales del Caribe y Piñas Finca Cartagena contaban con permisos sanitarios de funcionamiento vigentes. Asimismo, que esas empresas habían aportado los permisos de uso de suelo, planos constructivos y los requisitos de las condiciones físicas y sanitarias para su funcionamiento. De otra parte, se indicó, expresamente, lo siguiente: “(…) Entre las instalaciones valoradas se encuentran las plantas empacadoras que abarcan las tecnologías de construcción más avanzadas de la zona, además cuenta con alta tecnología de procesos, posee adecuados estándares de inocuidad, asepsia y protección a los trabajadores. Con respecto a manejo de recursos naturales, cultivos y prácticas meramente agrícolas cabe mencionar que estos aspectos de acuerdo a la Ley 8220 están en manos del resto de las instituciones competentes (…)”. (visible a folios 187- 188).
15. El 25 de abril del 2005, el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo formal apertura de un libro de actas, debidamente, sellado y firmado para anotar las recomendaciones y acuerdos relacionados con la finca Babilonia de la empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A., así como para dar fiel seguimiento a la proliferación de la mosca denominada stomoxis calcitrans (visible a folio 1 del expediente No. 2 y a folio 39 del expediente No. 4/ prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.).
16. Mediante el oficio del Área Rectora de Salud de Pococí No. RHA-DARSP-265- 05 del 24 de noviembre del 2005, se certificó que, de conformidad con los datos de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, a esa fecha, no existía registro alguno de intoxicaciones por agroquímicos en la empresa Piña Frut S.A. (visible a folio 454).
17. Mediante resolución No. 1905-2005-SETENA de las 15:25 hrs. del 4 de agosto del 2005, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en relación con la actividad piñera desarrollada por la empresa Piñas del Bosque S.A., señaló lo siguiente: “(…) El 14 de julio del 2005, se realizó visita de seguimiento al área del proyecto, en el cual se pudieron constatar las siguientes condiciones: 1. El proyecto en mención se encuentra en su etapa operativa desde el año 1999. Actualmente posee 850 Ha de piña cultivadas (…) 3.- La empresa cuenta con certificaciones ISO 14001, Eurep Good Agricultura Practices (EUREP-GAP), ISO 9001, SA 8000 (Responsabilidad Social) y PRIMOS LAP (Certificación de auditoría de Empresas). 4.- Las certificaciones dadas a la finca El Bosque, exigen la presencia de una política ambiental, una misión y visión establecidas, exigiendo para su cumplimiento de auditorías internas y externas al proyecto.
En el mes de setiembre del 2004 el Departamento de Manejo Ambiental realizó una auditoría ambiental interna a la finca, donde se aduce que la finca está conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001 (…) 6.- Existen registros de cada una de las labores realizadas, tomando en cuenta diversos indicadores ambientales, entre los cuales se encuentran: derrames de agroquímicos, análisis de laboratorio, recolección y disposición de desechos sólidos, salud ocupacional, coberturas vegetales, entre otros. 7.- Se han realizado esfuerzos importantes en relación a la prevención de la erosión superficial, utilizando buenas prácticas agrícolas como lo son la labranza mínima, utilización del cultivo de mucura (Mucura sp), sirviendo de mulch de previo a la siembra de piña, mayor tamaño en la semilla acelerando el crecimiento de las plantas evitando que aumente el área expuesta de suelo, uso de vetiver y pata en los canales.
Las mismas ayudan a prevenir la sedimentación de los ríos que atraviesan el proyecto (Santa Clara, Jiménez y Cristina). 8.- El área de protección de los ríos ubicados dentro del área del proyecto se ha salvaguardado, evitando la corta de especies vegetales existentes en las mismas, así como incorporando nuevos recursos vegetales (…) 9.- Como parte de la normativa EUREPGAP se realizan inventarios biológicos de flora y fauna (…) 10.- De acuerdo a la inspección no se determinó turbidez en los ríos, causado por sedimentos u otros que produjeran contaminación, ni desvío de los mismos. 11.- Como parte del manejo de la plantación se requiere la utilización de una serie de agroquímicos, entre los cuales tenemos fungicidas, herbicidas, insecticida, nematicida, reguladores de crecimiento, fertilizantes y enmiendas, coadyuvantes. Dentro del expediente no existen los resultados de los análisis de suelo u agua superficial o subterránea, determinando la no afectación de los mismos. 12.- No se determinó la presencia de moscas, zancudos y otros, debido al manejo integrado de plagas.
Existe un registro evidenciando el control de la proliferación de plagas y ayudando a mejorar la calidad de la plantación (…)”. Asimismo, en dicha oportunidad, la autoridad recurrida dispuso lo siguiente: “(…) POR TANTO. LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE (…) PRIMERO: Solicitar a la empresa desarrolladora: 1.- Remitir en un plazo máximo de 10 días un Informe Regencial consolidado donde se especifiquen las medidas ambientales en cuanto a la preparación de suelos, manejo de la plantación, manejo integrado de plagas, manejo de desechos, sólidos y líquidos, resultados del monitoreo de los pozos y ríos, dentro del área del proyecto, mediante análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, copia de las certificaciones ambientales que posee el proyecto (…)”. (visible a folios 197-200).
18. El 23 de agosto del 2005, los representantes de la empresa Piñas del Bosque S.A., le remitieron a las autoridades de la SETENA el informe regencial requerido mediante resolución No. 1905-2005-SETENA (informe visible a folio 728).
19. Mediante oficio No. SG-(DAP)-587-2005, de fecha 1° de septiembre del 2005, las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional ambiental, con respecto al funcionamiento de la empresa Piñas del Bosque S.A., dispusieron lo siguiente: “(…) El Departamento de Administración de Proyectos (DAP)-SETENA, ha realizado un análisis del Informe de Regencia Ambiental (…) determinado que el mismo sí cumple con los requisitos establecidos por esta Secretaría: Por lo anterior, me permito comunicarle lo siguiente: (…) Proseguir con la labor de seguimiento y control ambiental, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente (…)”. (visible a folio 755).
20. Por oficio del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Pococí No. DCU-119k-2005 del 19 de octubre del 2005, se le informó al Jefe Administrativo de la empresa Piña Frut S.A. que en virtud que existía imposibilidad de brindarle a su representada el servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos, no había inconveniente alguno en que utilizaran el sitio donde esa Corporación los dispone y trata, siempre que fueran desechos tradicionales (visible a folio 492).
21. El 20 de octubre del 2005, el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo formal apertura de un libro de actas, debidamente, sellado y firmado para anotar las recomendaciones y acuerdos relacionados con la empresa Piña Frut S.A., así como para dar fiel seguimiento a la proliferación de la mosca denominada stomoxis calcitrans (visible a folios 514).
22. En la visita realizada por funcionarios del Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería a la empresa Piña Frut S.A. el día 21 de octubre del 2005, se determinó lo siguiente: “(…) En dicho recorrido al hacer la inspección encontramos larvas en la perimetral del lote 11, en el lote 8 se debe triturar en el transcurso de lo queda esta semana, además se están preparando en el mismo lote, cerrando gabetas (sic) por empezar la trituración, se están poniendo trampas ya que se encuentra gran cantidad de mosca adulta. Recomendaciones: Lote 11: requemar lo que les falta, arar, rastrear y aplicar insecticida, además de reemplazar las trampas muy cargadas. Lote 8: requemar, triturar y rastrear si es necesario aplicar insecticidas y cambiar trampas. En los lotes que tienen 3 semanas de haberse aplicado herbicidas para disecar las plantas se debe trampear, si esas trampas atrapan mosca adulta se debe aplicar un insecticida para prevenir el aumento de moscas (…)”. (visible a folio 515).
23. En la inspección realizada a la empresa Piña Frut S.A. por funcionarios del Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería el 27 de octubre del 2005, se corroboró que se estaban cumpliendo las recomendaciones dadas con ocasión de la visita realizada el día 21 de ese mismo mes (visible a folio 516).
24. Mediante informe de fecha 24 de noviembre del 2005, las autoridades del Área Rectora de Salud de Pococí, con respecto al funcionamiento de la empresa Piña Frut S.A., señalaron lo siguiente: “(…) 1.- PROBLEMAS DE LA SALUD E INTOXICACIONES DE TRABAJADORES (AS) Y POBLACIÓN VECINA DE LAS PIÑERAS POR USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS EN LAS PLANTACIONES. (…) en el sistema de vigilancia epidemiológica del Área Rectora de Salud de Pococí (…) a la fecha no se han reportado caso (sic) de intoxicaciones por plaguicidas en la finca de piña denominada Piña Frut (…) no ha recibido denuncias de vecinos, trabajadoras (es) por problemas que les ocasione la actividad piñera. Por lo anterior se puede decir que no se tiene reporte de intoxicaciones y daños a la salud de los trabajadores y vecinos de las piñeras. Además este Ministerio vigila constantemente la realización de los exámenes médicos y de colinesterasa que se realizan a los trabajadores (as) que manipulan plaguicidas en especial los organofosforados y carbamatos.
En las visitas que se realizan a las fincas piñeras, igualmente se supervisa los equipos de protección personal que se les brinda a los trabajadores y trabajadoras de todos los procesos. Cabe indicar que las fincas piñeras cuentan con certificaciones EUREPGAP y Planes de salud Ocupacional, Atención de Emergencias y Manejo de desechos, mismos que son solicitados de acuerdo al procedimiento: Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencia, publicado en la gaceta 234 del 4 de diciembre del 2003 (…) en la empresa en mención, las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes se realizan con equipos automatizados (spray boom) en los que solo se requiere la presencia del conductor del tractor, minimizando la presencia de personas a la exposición de dichas sustancias y las aplicaciones se realizan cuando no existe personal en el campo. Además, por ser equipos que pueden colocarse a escasos centímetros del follaje de la planta de piña, la deriva producida es casi cero, lo que no afecta el traslado de sustancias químicas hacia otros sitios por acción del viento (…) 2.
CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA (…) no hay reportes ni denuncias por este aspecto e igualmente no se tiene reportes epidemiológicos que confirmen que las personas vecinas a la piñera “Piña Frut” que utilizan aguas de los ríos y quebradas se contaminaron y/o intoxicaron por utilizar aguas de los ríos de la zona (Río Santa Clara). Además este Ministerio regula y controla que la empresa en mención cumpla con lo que establece la Ley Forestal en cuanto a las distancias que deben de existir de las instalaciones y el cultivo a las orillas de ríos y quebradas, la empresa está reforestando de (sic) todas las áreas no productivas. La empresa en mención realiza actividad de recolección de aguas residuales del sistema de tratamiento de agroquímicos, mismas que son aplicadas en las áreas de preparación del terreno para siembra. (…) 3.- DAÑOS A LA GANADERÍA POR PROLIFERACIÓN DE MOSCA STOMOXYS CALCITRANS.
(…) este vector afecta la ganadería local, los controles los realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ente encargado de la salud animal en el país. Sin embargo, este Ministerio da fe que el MAG y la empresa Piña Frut realizan esfuerzos y mantienen controles físicos y químicos para minimizar la aparición de la mosca Calcitrans. (…) 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS. (…) la empresa, a través del Ministerio de Salud ha establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas se ha constatado que los mismos están siendo implementados y que son de mejora continua. Cabe indicar que la empresa Piña Frut, no realiza presentación de reportes operaciones ya que la misma no tiene vertido a fuentes de agua. Además la finca utilizan (sic) sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…) 5.- OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO SIN CUMPLIR TRAMITES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL).
(…) el Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental se publicó en la Gaceta 125 del 28 de junio del 2004, sin embargo anterior a esa fecha existen fincas que realizaron un cambio de actividad, ya que pasaron de ser bananeras a ser piñeras manteniendo las instalaciones en los sitios que estaban aprobadas para las bananeras, y la empresa Piña Frut es una de ellas ya que esta (sic) inicio (sic) actividad en el año 2001 e inició trámites de ubicación antes este Ministerio en el año 2002, por tanto fue establecida y puesta en operación antes de la publicación de dicho reglamento, por lo que la Ley no es retroactiva y tal y como lo establece dicho marco legal, solo aplica a proyectos nuevos que se van a instalar no a los ya instalados y operando como el caso en mención. Por lo tanto queda claro que ha (sic) finca se le otorgó el Permiso Sanitario de Funcionamiento en total apego a la Legislación Vigente al momento que las empresas lo solicitaron, quedando claro que debieron cumplir con la legislación conexa a la Ley General de Salud como fue trámites de ubicación, construcción de sus instalaciones, bodegas de plaguicidas, duchas vestidores y lavanderías, sistemas de tratamiento para aguas residuales, etc., de forma sanitaria que no representen peligro y/o riesgo a la salud de los trabajadores y trabajadoras ni al público que visita dichas instalaciones (…) 6.- FALTA DE CONTROL Y MONITOREO DE LAS AGUAS DE LOS POZOS DE LAS FINCAS PIÑERAS (…) no es cierto ya que se tiene los reportes de la calidad de las aguas para consumo humano y proceso (sic) realizados por laboratorios de prestigio nacional, lo cual indica que se tiene control y se monitorean dichas aguas. Además se realizan inspecciones en las que se valora la ubicación y la operación de los pozos y tanques para agua (…)”. (visible a folios 577-584).
25. Mediante informe de fecha 24 de noviembre del 2005, las autoridades de la Unidad de Protección al Ambiente Humano del Área Rectora de Guácimo, en lo tocante al funcionamiento de las empresas Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A., le señalaron al Director de esa misma Área, lo siguiente: “(…) 1.- AFECTACIÓN DE LA SALUD E INTOXICACIONES DE TRABAJADORES (AS) Y POBLACIÓN VECINA DE LAS PIÑERAS POR USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS EN LAS PLANTACIONES. No se omite manifestar que en el sistema de vigilancia epidemiológica del Área Rectora de Salud de Guácimo (…) al día de hoy solo se han presentado 2 casos de intoxicación leve en trabajadores de fincas piñeras reportados por los servicios de urgencia de la Clínica de Guácimo (…) Por lo anterior se puede decir que no se tiene reporte de intoxicaciones y daños a la salud de los trabajadores y vecinos de las piñeras. Además este Ministerio vigila constantemente la realización de los exámenes médicos y de colinesterasa que se realizan a los trabajadores (as) que manipulan plaguicidas en especial los organofosforados y carbamatos.
En las visitas que se realizan a las fincas piñeras, igualmente se supervisa los equipos de protección personal que se les brinda a los trabajadores y trabajadoras de todos los procesos. Cabe indicar que las fincas piñeras cuentan con certificaciones EUREPGAP y Planes de salud Ocupacional, Atención de Emergencias y Manejo de desechos, mismos que son solicitados de acuerdo al procedimiento: Guía para la presentación del Plan de Salud Ocupacional y Atención de Emergencia, publicado en la gaceta 234 del 4 de diciembre del 2003 (…) en las piñeras, las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes se realizan con equipos automatizados (spray boom) en los que solo se requiere la presencia del conductor del tractor y en algunos casos un operador para los “brazos” del equipo, minimizando la presencia de personas a la exposición de dichas sustancias y las aplicaciones se realizan cuando no existe personal en el campo.
Además, por ser equipos que pueden colocarse a escasos centímetros del follaje de la planta de piña, la deriva producida es casi cero, lo que no afecta el traslado de sustancias químicas hacia otros sitios por acción del viento (…) 2. CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA (…) no tiene reportes ni denuncias por este concepto e igualmente no se tiene reportes epidemiológicos que confirmen que las personas vecinas a las piñeras que utilizan aguas de los ríos y quebradas se contaminaron y/o intoxicaron por utilizar aguas de los ríos de la zona. No obstante se obliga a las empresas piñeras a cumplir con lo que establece la Ley Forestal en cuanto a las distancias que deben de existir de las instalaciones y el cultivo a las orillas de ríos y quebradas, además están en procesos de reforestación de todas las áreas no productivas. (…) 3.- DAÑOS A LA GANADERÍA POR PROLIFERACIÓN DE MOSCA STOMOXYS CALCITRANS.
(…) En cuanto a daños en la ganadería se refiere el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el el (sic) País es el encargado de la salud animal. No obstante se han realizado giras conjuntamente a valorar sitios de deposito de desechos de piña y de otros cultivos, así como los sitios donde se produce “bokache” (abono orgánico) con el fin de disminuir la proliferación de la mosca paletera que por épocas afecta el ganado. Sin embargo el programa de control de la mosca calcitrans lo tiene el Miniterio de Agricultura y Ganadería 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS. (…) las piñeras, a través del Ministerio de Salud han establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas a las fincas se ha constatado que se les brinda un adecuado manejo de los mismos tales como uso en bokacheras (abono orgánico), y para alimento de animales como el ganado, también son utilizados por otras empresas para elaboración de alimentos.
En cuanto a desechos líquidos se aplica el Reglamento de Aguas de Vertido para el Reporte operacional que deben entregar al Ministerio de Salud y el que se valora si su sistema de vertidos de aguas a otras fuentes están dentro de los parámetros legales. Algunas fincas utilizan sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…) 5.- OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO SIN CUMPLIR TRAMITES (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL). (…) el Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental se publicó en la Gaceta 125 del 28 de junio del 2004, sin embargo existen fincas como Piñas del Bosque que hicieron cambio de actividad, pasaron de ser bananeras a ser piñeras manteniendo las instalaciones en los sitios que estaban aprobadas para las bananeras, Piñales del Caribe (Grupo Acón), Piñas Gildell y otras que fueron establecidas y puestas en operación antes de la publicación de dicho reglamento por lo que la Ley no es retroactiva y tal y como lo establece dicho marco legal, solo aplica a proyectos nuevos que se van a instalar no a los ya instalados y operando como el caso en mención.
Por lo tanto queda claro que ha (sic) dichas fincas se les dio el Permiso Sanitario de Funcionamiento en total apego a la Legislación Vigente al momento que las empresas lo solicitaron, quedando claro que debieron cumplir con la legislación conexa a la Ley General de Salud como fue trámites de ubicación, construcción de sus instalaciones, bodegas de plaguicidas, duchas vestidores y lavanderías, sistemas de tratamiento para aguas residuales, etc., de forma sanitaria que no representen peligro y/o riesgo a la salud de los trabajadores y trabajadoras ni al público que visita dichas instalaciones (…)”. (visible a folios 627-631).
26. Mediante oficio No. ARG-DA-0200-2005 de fecha 25 de noviembre del 2005, el Director del Área Rectora de Salud de Guácimo, en lo tocante a la actividad piñera desarrollada en dicho cantón, le indicó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud lo siguiente: “(…) el desarrollo de esta actividad se ha venido realizando cumpliendo con los requisitos exigidos tanto en la Ley General de Salud como en otras leyes. En forma periódicas (sic) los funcionarios de protección al Ambiente Humano realizan visitas de inspección y control de esta actividad. En lo referente al otorgamiento de Permisos Sanitario (sic) de Funcionamiento debo indicar que las empresas ubicadas en el cantón de Guácimo cuentan con dicho permiso. De previo a otorgar el mismo esta Dirección de Área ha verificado el cumplimiento de los requisitos como son la presentación ante SETENA de la solicitud de la viabilidad del Proyecto, además de la autorización otorgada por el INVU a través del Arquitecto Francisco Mora Protti, Director a.i. de Urbanismo, el cual autoriza mediante el Oficio PU-C-AT-2488-2005, el uso conforme solicitado para la instalación de un galerón para el proceso y empaque de piña en la propiedad con catastro N° L- 163842-94, ubicada en el distrito de Guácimo, cantón de Guácimo, lo anterior con relación a la empresa Agroindustrial Ticoverde S.A., ubicada en la perla de Guácimo.
La empresa (…) Agroindustrial Piña (sic) del Bosque S.A. (…) Técnicas Agrícolas Sebastopol S.A. cuentan con Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente, por cuanto han cumplido con los requisitos que establece la Ley General de Salud y otras Leyes conexas (…) se evidencia el uso de equipos de seguridad para los trabajadores piñeros, equipos de aplicación de agroquímicos automatizados, minorizando la exposición del personal a la presencia de las sustancias químicas, áreas de reforestación y protección de fuentes de agua, sistemas de tratamiento de desechos sólidos y líquidos, y las condiciones físicosanitarias de las instalaciones con que cuentan las piñeras, así como la protección de pozos y tanques de almacenamiento de agua para consumo humano. De la misma manera ante el conocimiento de dos casos de intoxicación reportados en el sistema de Vigilancia Epidemiológica, esta Área de Salud procedió con la celeridad requerida a realizar la investigación de los mismos.
Se ha mantenido mediante el reporte operacional de aguas residuales el control de las descargas a los afluentes, cumpliendo con los parámetros establecidos en el reglamento sobre Vertido, Uso y Rehúso de Aguas Residuales. No es cierto que se haya conocido y permitido que se genere contaminación de aguas para consumo humano. Por lo anterior, revisados los expedientes de registros de denuncias llevadas en esta Área no consta la interposición de denuncia en este sentido (…)”. (visible a folios 626-627).
27. Durante el año 2005, la Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizó una serie de inspecciones con el fin de determinar las principales fuentes que generan problemas de mosca stomoxys calcitrans en los cantones de Siquirres, Pococí y Guácimo. De este modo, en la empresa del Grupo Acón se llevaron a cabo 44 inspecciones, en la empresa Piñas del Bosque S.A., 41 inspecciones, en la finca Babilonia 17 inspecciones y en SEBASTOPOL S.A., 13 inspecciones. Asimismo, en dicha oportunidad, se determinó la existencia de un 40% de área afectada por la citada mosca y un 33.49% de área controlada (visible a folios 703-707).
28. El 16 de julio del 2007, los representantes de la empresa Frutas de Exportación Frutex S.A. (finca Babilonia), presentaron ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el formulario denominado Evaluación Ambiental D1, el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y todos aquellos documentos técnicos complementarios, en aras de lograr el otorgamiento de la viabilidad ambiental del Proyecto denominado “Cambio de actividad ganadera a agrícola de piña bajo el Sistema Agroconservacionista” (visible a folios 1363-1372).
29. La empresa Piña Frut S.A. cuenta con las siguientes certificaciones internacionales: TESCO, EUREP-GAP e ISO 14001. Asimismo, cuenta con un Plan de Manejo de Desechos Líquidos, un Plan de Desechos Sólidos, un Instructivo para el Manejo de Rastrojo en el Cultivo de la Piña, un Procedimiento para la Gestión del Uso de los Suelos en Piña y un Procedimiento para la Fertilización y el control Fitosanitario en el Cultivo de la Piña (visible a folios 471-490, 494-512 y 522-539).
30. La empresa SEBASTOPOL S.A. cuenta con los certificados EUREP-GAP y el Fitosanitario de Operación extendido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (visible a folios 1105-1106).
31. La empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A. (finca Babilonia), cuenta con el certificado denominado EUREP-GAP, con un Plan de Gestión Ambiental para el Cultivo de Piña, con Planes para Reducir la Erosión del Suelo, un Programa para Reducir el Impacto Ambiental, un Procedimiento de Cumplimiento de Período de Reingreso a Áreas Tratadas con Productos Fitosanitarios, un Programa de Aplicación de Insecticidas y Nematicidas al Suelo, un Programa de Manejo Integrado de Plagas, un Plan de Programación, Ejecución y Estudio de los Análisis de Residuos Fitosanitarios en Piña Fresca, un Plan de Manejo de Agroquímicos, de Tratamiento de Semillas, de Preparación de la Mezcla de Compuestos Químicos, de Aplicación de Herbicidas, de Aplicación para el Control de Plagas y Suelos, de Aplicación para el Control de Enfermedades (Fumigación), de Aplicación de Fertilizantes, de Preparación de las Mezclas para las Aplicaciones Post Cosecha, de Manejo de los Desechos Provenientes de las Aplicaciones Post Cosecha del Empacado de Piña, de Aplicación de Refuerzo por Aspersión de Fungicida en Pedúnculo y Corte de Corona, de Aplicación por Aspersión de Insecticida sobre la Corona y de Preparación de Suelos.
Asimismo, dicha empresa cuenta con un Procedimiento para la Contratación de Personal, para la Entrega de Equipo de Protección Personal, de Triple Lavado, Almacenamiento y Devolución de los Envases Vacíos de Plaguicidas y Productos Químicos Usados en Finca y Planta Empacadora, de Selección de Equipo de Protección Personal, de Recibo y Almacenamiento de Materiales, de Transporte de Materiales Peligros y Suministros, de Manejo Integrado de Desechos, de Conservación Ambiental y Áreas de Amortiguamiento, de Preparación de Suelos, de Medidas para Minimizar Riesgos de Contaminación durante las Aplicaciones de Agroquímicos, para realizar Exámenes Médicos a los Trabajadores y para Tomar Muestras de Sangre y Análisis de Enzimas Colinesterasas (visible a folios 1-55 del expediente No. 1, folios 49, 52-59, 85-88 del expediente No. 2, folio 111 del expediente No. 3, folios 37-38, 85-118, 145-157 del expediente No. 4 y a folios 3-6, 21-33, 65, 68- 86, 95-99 del expediente No. 5 /prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.)
32. La empresa Piñas del Bosque S.A. cuenta con el certificado EUREP-GAP, ISO 14001, ISO 9001, SA 8000 y PRIMOS LAP. Asimismo, posee un Programa de Gestión Ambiental, un Plan de Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo de Piña, un Procedimiento para Regular los Períodos de Reingreso y los Intervalos de Cosecha, un Plan de Preparación de Suelos, Procedimientos para la Preparación de Mezclas de Productos Agroquímicos, para la Aplicación Manual de Agroquímicos, para la Selección y Tratamiento de Semillas, para la Aplicación de Agroquímicos con Spray Boom, para la Aplicación de Nematicidas con Rastra, para la Aplicación de Agroquímicos con Bomba de Espalda, para la Aplicación de Agroquímicos con Stroller, para la Preparación de Mezcla de Fungicida y Cera, un Procedimiento para el Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos y, finalmente, un Procedimiento de Gestión del Agua (visible a folios 197-200, 762-790, 797-885 y expediente No. 104-1999- SETENA).
33. La empresa Piñas del Bosque S.A. cuenta con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (informe visible a folios 727-728 y expediente No. 104-1999-SETENA).
34. Las empresas Piñas del Bosque S. A. y SEBASTOPOL S.A. cuentan con la respectiva licencia para operar otorgada por la Municipalidad de Guácimo (informe visible a folios 544-545).
35. La finca Babilonia de la empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A., cuenta con la respectiva licencia y permisos de uso de suelo otorgados por la Municipalidad de Siquirres (informe visible a folios 723-724, 1140, folios 51 y 61 del expediente No. 2, folio 49 del expediente No. 4/ prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.).
36. La Municipalidad de Pococí no ha otorgado permiso o autorización alguna para la explotación de piña en ese cantón, en virtud que esa actividad, a la fecha de interpuesto el presente amparo, no se encontraba regulada en la Ley de Patentes de ese cantón (informe visible a folio 547).
37. El Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería inspeccionó el funcionamiento y giró las recomendaciones respectivas a la empresa Piñas del Bosque S.A. en las siguientes fechas: 30 de octubre del 2002, 12 de marzo del 2003, 20 y 29 de mayo del 2003, 5 y 17 de junio del 2003, 5 de agosto del 2003, 7 y 11 de octubre del 2003, 13 y 18 de noviembre del 2003, 3 y 25 de febrero del 2004, 5, 10, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de marzo del 2004, 20 de abril del 2004, 10, 19 y 24 de mayo del 2004, 20 y 29 de julio del 2004, 28 de septiembre del 2004, 5 de noviembre del 2004, 28 de marzo del 2005, 4, 7, 14 y 28 de abril del 2005, 23, 26, 27, 30 y 31 de mayo del 2005, 1°, 8, 9, 10, 13, 17, 25, 27 de junio del 2005, 8 y 11 de julio del 2005, 11 y 29 de agosto del 2005, 7, 20 y 29 de septiembre del 2005 y 4 de noviembre del 2005 (visible a folios 951-1024).
38. El Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería inspeccionó el funcionamiento y giró las recomendaciones respectivas a la finca Babilonia de la empresa Frutas de Exportación FRUTEX S.A., en las siguientes fechas: 29 de abril del 2005, 31 de mayo del 2005, 10 de enero del 2006, 17 y 24 de marzo del 2006, 25 de abril del 2006, 13 de julio del 2006, 20 y 25 de julio del 2006, 13 de noviembre del 2006, 7 de febrero del 2007, 15 de marzo del 2007, 13, 17 y 24 de abril del 2007, 8 de mayo del 2007, 8 de junio del 2007, 20 de julio del 2007 (visible a folio 2-18 del expediente No. 2/ prueba aportada por los representantes de la empresa FRUTEX S.A.).
39. En el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía no existe denuncia alguna contra las empresas recurridas por prácticas que pongan en riesgo el recurso hídrico de la zona en que se ubican (informe visible a folio 669).
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por indemostrados los siguientes:
1. Que las sustancias químicas utilizadas en el cultivo de la piña en la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. no produzcan daños a la salud de los trabajadores y vecinos del cantón de Siquirres, así como contaminación a las fuentes de agua de esa zona (los autos).
2. Que las sustancias químicas (plaguicidas) utilizadas en el cultivo de la piña por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., y SEBASTOPOL S.A. afecten gravemente la salud de los trabajadores y vecinos de las comunidades de Pococí y Guácimo (los autos).
3. Que la actividad piñera desarrollada por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A. contamine los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, así como el resto de las fuentes de agua que abastecen los cantes de Pococí y Guácimo de la provincia de Limón (los autos).
4. Que las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería hayan controlado y erradicado la plaga de la mosca stomosyx calcitrans que se reproduce en los desechos del cultivo de la piña en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres (informe visible a folios 673-678 y a folios 703-707).
5. Que las autoridades del Ministerio de Salud hayan fiscalizado el funcionamiento de la finca piñera Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. ubicada en el cantón de Siquirres de Limón (los autos).
6. Que las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental hayan supervisado el funcionamiento de las empresas Piña Frut. S.A., SEBASTOPOL S.A. y de la finca Babilonia del grupo FRUTEX S.A. y, en ese sentido, hayan determinado si éstas requerían o no para operar la realización de un estudio de impacto ambiental (informes visibles a folios 668-669 y 726-728).
7. Que en la parte sur del cantón de Guácimo y, en concreto, en la denominada Hacienda Las Delicias, se hubiera pretendido expandir la producción de piña y que, a causa de tal actividad, se hubiera, a su vez, afectado el recurso hídrico de dicha zona (informes visibles a folios 668-670, 1307-1310, 1312-1316).
La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), así como a través de la normativa internacional. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en el Voto No. 3705-93 de las 15:00 hrs. del 30 de julio de 1993, indicó lo siguiente:
“(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)".
Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:
"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)".
En relación con lo expuesto, esta Sala, mediante la Sentencia No. 180-98 de las 16:24 hrs. del 13 de enero de 1998, dispuso lo siguiente:
"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico(o mental) y social (…)".
De otra parte, la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, en este sentido, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas. Asimismo, cabe señalar que este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino, además, a utilizar los medios material y, jurídicamente, legítimos para garantizarlos.
VI.ACERCA DEL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS POR LAS EMPRESAS RECURRIDAS Y LA AFECTACIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y A LAS FUENTES DE AGUA DE LOS CANTONES DE POCOCÍ, GUÁCIMO Y SIQUIRRES. En primer término, los recurrentes acusan que las sustancias químicas (plaguicidas) que utilizan las empresas recurridas para el monocultivo de piña, producen graves afectaciones a la salud de los trabajadores y de las personas que viven cerca de tales plantaciones. De igual forma, aducen que dichas sustancias contaminan los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas, así como el resto de las fuentes de agua ubicadas en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres. No obstante lo anterior y, en lo que respecta al funcionamiento de las empresas Piña Frut S.A., ubicada en Pococí y Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A., situadas ambas en Guácimo de Limón, este Tribunal Constitucional no estima que lleven razón los recurrentes.
Esto, en primera instancia, dado que, los interesados no aportaron a los autos prueba técnica-científica que acreditara tales alegaciones. Asimismo y, de conformidad con los informes rendidos por los órganos administrativos técnicos de la salud y del ambiente, no se tuvo por demostrado que las sustancias químicas (plaguicidas) utilizadas por las empresas mencionadas en la actividad piñera, a la fecha de interpuesto el presente amparo, hayan producido los problemas referidos. Por en el contrario y, según sostiene la Ministra de Salud, las tres empresas arriba indicadas cuentan con el permiso sanitario de funcionamiento, el cual fue otorgado en virtud de haberse cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas al efecto. Asimismo, dicha autoridad aseveró que, a la fecha de rendido el informe requerido por esta Sala, no existía denuncia alguna que se hubiera presentado de parte de los vecinos de los cantones de Guácimo y Pococí por afectaciones a la salud con ocasión del uso de plaguicidas en dichas piñeras.
En ese mismo sentido, nótese que, las autoridades del Área Rectora de Salud de Pococí y Guácimo, de conformidad oficios de fecha 24 de noviembre del 2005, manifestaron, puntualmente, que se realizan, constantemente, exámenes médicos y de colinesterasa a los trabajadores de las citadas empresas, a quienes les corresponde manipular plaguicidas; que en las visitas que se realizan a las piñeras bajo estudio se supervisan los equipos de protección personal que se les brinda a los trabajadores de todos los procesos y que en las citadas empresas, las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes se llevan a cabo con equipos automatizados (spray boom), en los que solo se requiere la presencia del conductor del tractor, minimizando la intervención de personas a la exposición de dichas sustancias, siendo que las aplicaciones se realizan cuando no existe personal en el campo. Adicionalmente y, según consta en los oficios Nos.
ARSP-PAH-124-05 y ARG- PAH-20-05 de los días 18 y 21 de febrero del 2005, respectivamente, las plantas empacadoras de tales empresas se caracterizan por ser modernas, pues cuentan con alta tecnología de procesos y poseen adecuados estándares de inocuidad, asepsia y protección a los trabajadores. De igual forma y, de acuerdo con lo informado por las autoridades de salud, así como la prueba allegada a los autos, se tiene por demostrado que las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBATOPOL S.A. cuentan, entre otras, con las certificaciones internacionales Eurep Good Agricultura Practices (EUREP-GAP), e ISO 14001, así como con planes de manejo de desechos líquidos y sólidos, planes de salud ocupacional y de atención de emergencias. A mayor abundamiento y, nuevamente, contrario a lo aducido por los interesados, este Tribunal no tuvo por acreditada la presunta contaminación producida por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBATOPOL S.A. a los Ríos Santa Clara y Cinco Estrellas y, en general, a las fuentes de agua ubicadas en los cantones de Pococí y Guácimo a causa de los plaguicidas utilizados en las plantaciones piñeras.
Asimismo, cabe resaltar que, de conformidad con lo señalado por los Directores de las Áreas Rectoras de Guácimo y Pococí, a la fecha de rendidos los informes a la Sala, no existían reportes o denuncias algunas sobre ese hecho en particular. Además, dichos Directores aseveraron que en las respectivas Áreas Rectoras se encargaban de fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Forestal en cuanto a las distancias que deben de existir entre los cultivos de piña y las orillas de los ríos y quebradas. Asimismo y, según lo externado por el Ministro del Ambiente y Energía, a la fecha de interpuesto el presente asunto, no se registraban reportes, en concreto, por prácticas que pusieran en riego el recurso hídrico de las citadas zonas. No obstante lo anterior y, en lo tocante a la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., no se tuvo por acreditado que en ésta el uso de plaguicidas no afectaran, efectivamente, la salud de los trabajadores y vecinos, así como las fuentes de agua ubicadas en el cantón de Siquirres, motivo por el cual, en cuanto a este último extremo se refiere, este Tribunal estima que se debe de declarar con lugar el recurso planteado por la vulneración a los numerales 21 y 50 constitucionales.
De otra parte, los interesados alegan que aun cuando existe el informe No. 00701-2004-DHR de fecha 26 de enero del 2004 elaborado por la Defensoría de los Habitantes, mediante el cual se le recomendó a las autoridades recurridas, concretamente, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, solucionar el problema que representa la proliferación -a partir de los desechos de la piña-, de la mosca stomoxys calcitrans, la cual, a su vez, afecta al ganado de la zona, tal autoridad ha omitido ejecutar las medidas pertinentes a fin de cumplir dicho propósito, siendo que, a la fecha, la mencionada situación se ha agravado. Sobre el particular, cabe indicar, en primer término que, efectivamente y, tal y como lo aducen los recurrentes, del citado informe elaborado por la Defensoría de los Habitantes, así como del informe rendido por las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se desprende con absoluta claridad que en los desechos de la piña se reproduce la mosca denominada stomoxys calcitrans o mosca picadora o de establo, la cual, de igual forma, perjudica a la ganadería y salud de las personas.
Así, de modo expreso, el informe No. 00701-2004-DHR señaló lo siguiente: “(…) 1- (…) el rastrojo o desechos resultantes de la cosecha de piña dejados en el campo de cultivo constituyen las fuentes de reproducción de la mosca cuyo nombre científico es Stomoxys Calcitrans, insecto que ocasiona problemas en la salud a la población humana y animal pecuaria. 2- Que los brotes se han registrado periódicamente en numerosos centros de población de las regiones Norte, Pacífico Sur y Atlántica del país sin que la plaga se hubiera podido erradicar (...)". Asimismo, el mencionado documento apuntó que: “(…) El problema generado por la denominada mosca estabulada, picadora o de establo ha sido consistentemente denunciado ante esta Defensoría desde el año de 1996, lo cual demuestra que las acciones o gestiones de las instancias competentes han sido insuficientes para erradicar la plaga y solucionar el problema que afecta la producción pecuaria y la salud humana.
De acuerdo con la información consignada en los expedientes números 1091-23-96, 2768-23-27 y de la documentación aportada a la presente investigación, ha quedado plenamente demostrado la relación de causalidad entre el inapropiado manejo del rastrojo de piña y la proliferación del insecto en las zonas de cultivo de dicho producto tales como San Carlos, Grecia, Corredores, Buenos Aries, Guácimo y Pococí (…)”. (El destacado no forma parte del original). En virtud de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes, en dicha oportunidad, le giró una serie de recomendaciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, consistentes en llevar a cabo, específicamente, lo siguiente: “(…) 1.- Declarar el estado de combate de la plaga de las mosca Stomoxis Calcitrans en las zonas críticas que ya han sido identificadas o que se justifique según los nuevos brotes y llevar a cabo las gestiones de emergencia que estipula la Ley de Protección Fitosanitaria, lo cual incluye la recolección y el tratamiento apropiado fuera de los campos de cultivo. 2.- Sustituir las recomendaciones de quemas y aplicación de agrotóxicos en los campos de cultivo por las técnicas de control biológico u otra alternativa ambientalmente más conveniente.
En caso de que estas no resulten suficientes deberá considerar la necesidad de obligar a los productores a la instalación de centros de acopio, almacenamiento y tratamiento especializado para evitar que los rastrojos se mantengan y quemen los campos (…)”. A mayor abundamiento, se tiene por demostrado que, en atención a tales recomendaciones y, en pleno cumplimiento de sus funciones, las autoridades del Ministerio supra citado realizaron inspecciones en varias de las empresas ubicadas en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres, entre éstas, las productoras y empacadoras de piña recurridas en el presente asunto. De este modo, se tiene acreditado que durante el año 2004, la Gerencia de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado del citado Ministerio realizó una serie de inspecciones con el fin de determinar las principales causas que generan el problema de la mosca stomoxys calcitrans en los cantones de Siquirres, Pococí y Guácimo.
De este modo y, durante ese año, en la empresa Piñas del Bosque se llevaron a cabo 31 inspecciones, en la empresa del Grupo Acón, 8, y en SEBASTOPOL S.A. y en la finca Babilonia del grupo FRUTEX S.A., 7 inspecciones. Asimismo, en el año 2005, dicha Gerencia realizó nuevas inspecciones, a saber, las siguientes: 44 en la empresa del grupo Acón, 41 en Piñas del Bosque S.A., 17 en la finca Babilonia y, finalmente, 13 en SEBASTOPOL S.A. Además, de manera concreta, se demostró que en la empresa Piña Frut del Grupo Acón, el Departamento de Vigilancia y Control de Plagas de la Región Atlántica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el mes de octubre del año 2005, realizó inspecciones y emitió las recomendaciones pertinentes a fin de erradicar el problema generado por la mosca picadora o de establo. Dicha práctica, se repitió, a su vez, en la empresa Piñas del Bosque S.A., y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005.
No obstante lo anterior, esta Sala, de conformidad con el informe rendido por el Ministro y el Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Sanitario del Estado, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el resto de las pruebas aportadas a los autos, no tuvo por demostrado que, a la fecha de interpuesto el presente proceso de amparo, el problema generado por los desechos del cultivo de la piña y, la consecuente proliferación de la mosca stomoxys calcitrans, se encontrara controlado. De manera tal que, por el contrario, se hace manifiesto, a todas luces, que la plaga de dichos insectos y los daños que éstos provocan, no sólo al ganado, sino, también, a los vecinos de las comunidades de Guácimo, Pococí y Siquirres, persisten, toda vez que, no se han logrado erradicar totalmente. En ese sentido, obsérvese que, en términos de los representantes del Ministerio señalado “(…) se ha invertido una gran cantidad de recursos económicos y humanos tanto en la vigilancia permanente de la plaga como en las medidas de control, las cuales en la mayoría de los casos han surtido el efecto deseado; salvo en las épocas donde ha sido físicamente imposible la aplicación de las medidas recomendadas (…) Desde 1987 hasta el presente, las poblaciones de la mosca NO se habían incrementado significativamente (…) Sin embargo, el área actual de 26,500 hectáreas de piña, sobrepasa en mucho la del año 2003 donde eran aproximadamente unas 8,000 hectáreas.
Además (…) durante el presente año las precipitaciones han sobrepasado todos los pronósticos (…) Bajo condiciones de excesiva humedad, por mucho que se quiera, es imposible el tratamiento e incorporación oportuna de los desechos orgánicos, que es la medida mas (sic) importante para el control de esta plaga (…) lo cual ha incidido en la proliferación de la plaga (…)”. Asimismo, de los gráficos aportados a los autos por tales autoridades a fin de acreditar las inspecciones realizadas en el año 2005 a las empresas recurridas con el propósito de controlar la plaga de la mosca stomosyx calcitrans, se desprende con claridad que de un total del 40% del área afectada por dicho insecto en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres, únicamente, un 33% de ésta se encontraba controlada. De ahí que, se denote que, pese a las labores de inspección y fiscalización, así como de emisión de recomendaciones por el Ministerio mencionado, el problema de la plaga de moscas que afecta al ganado, propietarios de éste último y, en general, a los vecinos de las comunidades aledañas a las empresas recurridas, no ha sido, efectivamente, controlado.
En otros términos, se tiene por acreditado que las labores de inspección y fiscalización señaladas, tanto por los representantes del Ministerio mencionado, como por los representantes de las empresas Piñas del Bosque S.A., Piña Frut S.A. y FRUTEX S.A., no han sido suficientes para erradicar o controlar a niveles razonables la plaga en cuestión y, por ende, dicho problema continúa generándose en las zonas de Pococí, Guácimo y Siquirres. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional estima que, en la especie, se ha quebrantado flagrantemente el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Sobre este extremo, los amparados aducen que las autoridades recurridas han omitido fiscalizar, como en derecho corresponde, el funcionamiento adecuado de las empresas bajo estudio. Así, en primer término y, en lo que respecta al papel desempeñado por las Municipalidades, este Tribunal no estima que lleven razón los amparados. Lo anterior, toda vez que, las autoridades de las Corporaciones de Guácimo y Siquirres, para la fecha de interpuesto el presente amparo, habían otorgado a las empresas SEBASTOPOL S.A., Piñas del Bosque S.A. y a la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., el respectivo permiso o licencia para operar en el correspondiente cantón, lo cual, según informan los recurridos, se llevó a cabo previa verificación del cumplimiento de aquellos requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico al efecto. En el caso particular de la Municipalidad de Pococí y, según lo informa bajo juramento el respectivo Alcalde, a la fecha de presentado el asunto bajo estudio, no existía normativa alguna en dicho cantón a fin de regular el funcionamiento de la empresa Piña Frut S.A..
Sin embargo, ésta última autoridad afirmó conocer la actividad desplegada en dicha piñera, pues, incluso, consta en autos una autorización brindada a efectos de utilizar el basurero municipal para depositar los desechos de la piña. Ahora bien, en lo que se refiere al Ministerio de Salud, cabe apuntar que, tal y como se consignó en el considerando VI de la presente Sentencia, no se observa que las autoridades de las Áreas Rectoras de Salud de Guácimo y Pococí hayan omitido fiscalizar, oportunamente, la actividad agrícola desarrollada por las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A. y SEBASTOPOL S.A. De este modo, resulta oportuno agregar, en lo que corresponde a las labores de inspección y vigilancia que se dieron sobre el funcionamiento en concreto de la empresa Piña Frut S.A., que el Área Rectora de Salud de Pococí, mediante el oficio de fecha 24 de noviembre del 2005, señaló, de modo expreso, lo siguiente: “(…) 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS.
(…) la empresa, a través del Ministerio de Salud ha establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas se ha constatado que los mismos están siendo implementados y que son de mejora continua. Cabe indicar que la empresa Piña Frut, no realiza presentación de reportes operaciones (sic) ya que la misma no tiene vertido a fuentes de agua. Además la finca utilizan (sic) sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…) 6.- FALTA DE CONTROL Y MONITOREO DE LAS AGUAS DE LOS POZOS DE LAS FINCAS PIÑERAS (…) no es cierto ya que se tiene los reportes de la calidad de las aguas para consumo humano y procesos realizados por laboratorios de prestigio nacional, lo cual indica que se tiene control y se monitorean dichas aguas. Además se realizan inspecciones en las que se valora la ubicación y la operación de los pozos y tanques para agua (…)”.
Bajo ese mismo orden de consideraciones y, con respecto a las empresas Piñas del Bosque S.A. y SEBSTOPOL S.A., el Área Rectora de Salud de Guácimo, mediante oficio, también, del día 24 de noviembre del 2005, indicó lo siguiente: “(…) 4.- FALTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS. (…) las piñeras, a través del Ministerio de Salud han establecido los planes de manejo de desechos y en visitas realizadas a las fincas se ha constatado que se les brinda un adecuado manejo (…) tales como uso en bokacheras (abono orgánico), y para alimento de animales como el ganado, también son utilizados por otras empresas para elaboración de alimentos. En cuanto a desechos líquidos se aplica el Reglamento de Aguas de Vertido para el Reporte operacional que deben entregar al Ministerio de Salud y el que se valora si su sistema de vertidos de aguas a otras fuentes están dentro de los parámetros legales.
Algunas fincas utilizan sistemas cerrados o sea sin salida al exterior y que recolectan las aguas residuales para luego utilizarlas en las aplicaciones de plaguicidas en el campo (…)”. No obstante lo anterior y, tal y como se indicó, a su vez, en el considerando VI de esta Sentencia, este Tribunal Constitucional no tuvo por acreditado que las autoridades de Salud hayan, efectivamente, llevado a cabo esas mismas labores de fiscalización y control sobre la actividad piñera desarrollada en la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A. ubicada en Siquirres, motivo por el cual, en la especie, se tenga por acreditado el quebranto al derecho a la salud y al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Finalmente, en lo tocante a las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía, esta Sala observa que llevan razón los interesados, por cuanto, de la prueba allegada a los autos, únicamente, se tiene por demostrado que la empresa Piñas del Bosque S.A., cuenta con la respectiva viabilidad ambiental otorgada para operar en el cantón de Guácimo.
Asimismo, del informe rendido bajo juramento por el Ministro del Ambiente y Energía, se denota, de manera clara e inequívoca, un total desconocimiento sobre la actividad del cultivo de piña que se lleva a cabo en las zonas de Guácimo, Pococí y Siquirres de la provincia Limón, en particular, si las empresas recurridas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del grupo FRUTEX S.A. requieren o no para su funcionamiento de un estudio de impacto ambiental realizado, a su vez, por las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En ese sentido, nótese que el citado funcionario, manifestó, de modo expreso, a esta Sala, lo siguiente: “(…) En virtud de que la investigación aquí requerida, debe realizarse con el rigor que este caso amerita, lo cual incluye el conocimiento efectivo de las fechas en que han dado inicio las labores de siembra y comercialización de piña, en las zonas de Guácimo, Siquirres y Pococí, ya que dependiendo de esas fechas, les será aplicable una trayectoria diferente de evaluación de impactos ambientales, he girado las instrucciones necesarias para verificar esos detalles que permitan informar adecuadamente a la Honorable Sala la situación de cada una de las empresas involucradas y las acciones que se tomarán en cada una de ellas, según su grado de cumplimiento con las normas vigentes.
Según lo indicado Por (sic) la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solamente una de esas empresas cuenta con expediente de evaluación de impacto ambiental y conforme la normativa vigente a partir del año 1995, todo proyecto, obra o actividad requiere de dicha evaluación, según lo que establezca la reglamentación respectiva. Siendo que existen dos reglamentos de procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, uno del año 1997 y otro del año 2004, se hace necesario que el Ministerio de Salud certifique la fecha en que inician a funcionar estas empresas (…)”. Asimismo, cabe resaltar que el Ministro mencionado, de igual forma, no aportó a este Tribunal la investigación que, presuntamente, iba a llevar a cabo con ocasión de la interposición del presente amparo. A mayor abundamiento y, bajo esa misma línea de argumentación, el entonces Secretario General de la SETENA apuntó lo siguiente: “(…) En cuanto a la declaración de los recurrentes de que se han otorgado permisos sanitarios de funcionamiento sin que se hayan aprobado Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), cabe responder lo siguiente: Lo que le consta a esta Secretaria es esto: Mediante oficio SG-1563-2005-SETENA, del 7 de julio del 2005, se informa que hasta el momento de la emisión de dicho acto, únicamente figuraba en esa dependencia un expediente dedicado específicamente a la plantación de piña en los cantones de Guácimo y Pococí (…)”.
Bajo esa tesitura, esta Sala observa que, tanto el Ministerio del Ambiente y Energía como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, han tenido un papel, completamente, pasivo frente a la actividad piñera desarrollada por las empresas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., por cuanto, tal y como se apuntó líneas atrás, en sus informes demostraron un desconocimiento casi total de ésta. Desde esa perspectiva, cabe recordarle a las autoridades de salud y del ambiente, que existe la obligación para el Estado de tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para proteger el medio ambiente, con el fin, a su vez, de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna y uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En consecuencia, este Tribunal estima violentado lo dispuesto en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política.
Finalmente, los recurrentes aducen que en la parte sur del cantón de Guácimo de Limón se pretende extender la producción piñera, a pesar de la gran cantidad de nacientes de agua que ahí se encuentran. Asimismo y, sobre ese mismo agravio, acusaron, posteriormente, que, específicamente, en la Hacienda Las Delicias situada en el cantón mencionado, se estaban realizando movimientos de tierra con dicho propósito. Sobre el particular, cabe indicar que aun cuando en autos se tuvo por demostrado que diversos miembros de la comunidad de Guácimo manifestaron a diversas autoridades públicas su disconformidad con dicha actividad, lo cierto del caso es que, de otra parte, no se tuvo plena e idóneamente acreditado que, efectivamente, dicha expansión del cultivo de piña se estuviera llevando a cabo en dicho lugar y que, consecuentemente, se estuvieran afectando las nacientes de agua ahí ubicadas. Asimismo, nótese que, de conformidad con el informe rendido bajo juramento por el Alcalde de la Municipalidad de Guácimo y, contrario a lo señalado por la recurrente Solano Vásquez, en la citada Hacienda Las Delicias no se efectuaron movimientos de tierra tendentes al cultivo de la piña.
A mayor abundamiento, debe de tomarse en consideración que, según lo externado por el Ministro del Ambiente y Energía, a la fecha de interpuesto el presente amparo, no se registraban reportes, en concreto, por prácticas que pusieran en riego el recurso hídrico de la zona. Bajo tal orden de consideraciones, este Tribunal no estima que, en la especie, se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los amparados.
En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente Sentencia. El Magistrado Armijo pone nota.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a María Luisa Ávila Agüero, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministra y a Gilberth Alexánder Salas López, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Director del Área Rectora de Salud de Siquirres, ambos del Ministerio de Salud que, de manera inmediata, procedan a verificar el funcionamiento de la finca piñera Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., efectuar inspecciones y fiscalizaciones periódicas sobre la actividad desplegada por esa empresa y determinar si existen reportes de contaminación en las aguas cercanas a ésta. Asimismo, se le ordena a Javier Flores Galarza, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro y a Elizabeth Ramírez Sandí, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que, de manera inmediata, giren las órdenes necesarias y tomen las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de su competencia para erradicar el problema de la inadecuada disposición de desechos de piña, proliferación de la mosca denominada stomoxys calcitrans y los consecuentes perjuicios que ésta última genera en el ganado de las zonas aledañas a las empresas Piña Frut S.A., Piñas del Bosque S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A..
Finalmente, se le ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro del Ambiente y Energía y a Sonia Espinoza Valverde, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que procedan, de manera inmediata, a determinar, de forma clara y precisa, si las empresas Piña Frut S.A., SEBASTOPOL S.A. y la finca Babilonia del Grupo FRUTEX S.A., requieren de un estudio de impacto ambiental para su funcionamiento; siendo que, en caso de así requerirlo, se les ordena prevenir a los representantes de éstas últimas cumplir con los requisitos necesarios para tal efecto. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a María Luisa Ávila Agüero, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministra y a Gilberth Alexánder Salas López, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Director del Área Rectora de Salud de Siquirres, ambos del Ministerio de Salud; a Javier Flores Galarza, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro y a Elizabeth Ramírez Sandí, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Gerente de Vigilancia y Control de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado, ambos del Ministerio de Agricultura y Ganadería; a Roberto Dobles Mora, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro del Ambiente y Energía y a Sonia Espinoza Valverde, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en forma personal. Comuníquese.- El Magistrado Armijo pone nota.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta a.i.
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Federico Sosto L.
Horacio González Q. Jorge Araya G.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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