← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 17035-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/05/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered MINAE's Dirección de Agua to execute the demolition of the illegal streambed structure within three months—using substituted administrative execution if the obligor fails to comply—and ordered the Municipality of Atenas to provide institutional cooperation for the measure's execution.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó a la Dirección de Agua del MINAE materializar la demolición de la obra ilegal en la quebrada El Rastro dentro de tres meses, activando la ejecución sustitutiva si el obligado incumple, y a la Municipalidad de Atenas colaborar interinstitucionalmente con dicha ejecución.
SummaryResumen
A property owner neighboring Quebrada El Rastro in Atenas filed an amparo against the Municipality of Atenas and MINAE for institutional failure to act against illegal works built by a third party within a public-domain streambed. MINAE's Dirección de Agua had issued a permit for placement of medium rocks, but the permittee instead built a mesh-and-cement wall approximately 15 meters long that throttled the channel and diverted water toward the complainant's property. After an inspection on March 25, 2026, the Dirección de Agua confirmed illegality and ordered demolition within 8 business days but did not enforce its own order. The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered MINAE's water directorate to execute the demolition within three months—using substituted administrative execution if necessary—and the Municipality to provide institutional cooperation. The ruling develops the precautionary, prevention, in dubio pro natura, and non-regression principles, and incorporates IACHR OC-32/25 on the climate emergency.Un vecino colindante con la quebrada El Rastro en Atenas interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Atenas y el MINAE alegando omisión institucional frente a obras ilegales realizadas por un tercero dentro del cauce de dominio público. La Dirección de Agua había otorgado permiso para colocación de rocas medianas, pero el particular construyó un muro de malla y cemento de aproximadamente 15 metros que estrangulaba el cauce y desviaba el flujo hacia la propiedad del recurrente. Tras inspección del 25 de marzo de 2026, la Dirección de Agua confirmó la ilegalidad y ordenó demolición en 8 días hábiles, pero no ejecutó la medida. La Sala Constitucional declaró el amparo con lugar y ordenó que la Dirección de Agua materialice la demolición en 3 meses —incluida la ejecución sustitutiva si el obligado incumple— y que la Municipalidad preste colaboración interinstitucional. La sentencia desarrolla los principios precautorio, preventivo, in dubio pro natura y no regresión ambiental, e incorpora la OC-32/25 de la Corte IDH sobre cambio climático.
Key excerptExtracto clave
In that regard, the Court finds that when there is a material intervention within a public-domain streambed, the legally required state action cannot be exhausted by merely receiving complaints, issuing official communications, or referring the matter to the Public Prosecutor. Such actions may be necessary, but they are insufficient when the competent technical authority has already confirmed that the work performed does not correspond to what was authorized, that it was carried out without the corresponding permit as constructed, and that it negatively affects the hydraulic dynamics of the streambed. From this perspective, it is not constitutionally admissible for the Dirección de Agua to simply assert that it filed a criminal complaint or informed other authorities. The criminal process may establish personal liability for possible environmental crimes, but it does not substitute the immediate administrative duty to restore the streambed, prevent further damage, and halt a material situation that the Dirección de Agua itself qualified as illegal and harmful to flow dynamics. An environmental amparo demands a useful, prompt, and effective response, not merely formal action. For all the foregoing, the amparo is hereby granted. The Dirección de Agua of the Ministry of Environment and Energy is ordered to verify compliance with the demolition order issued against Inversiones C y C del Oeste S.A., and in the event of non-compliance, to immediately activate the administrative enforcement mechanisms provided for in the Ley General de la Administración Pública, including substituted execution at the obligor's expense, subject to the corresponding prior notices being served or, where technically warranted, motivating urgency.En ese sentido, la Sala estima que tratándose de una intervención material dentro de un cauce de dominio público, la actuación estatal exigible no puede agotarse en la recepción de denuncias, la emisión de oficios o el traslado de los hechos al Ministerio Público. Tales actuaciones pueden ser necesarias, pero no son suficientes cuando la propia autoridad técnica competente ya ha constatado que la obra ejecutada no corresponde a lo autorizado, que fue realizada sin el permiso correspondiente en los términos construidos, y que incide negativamente sobre la dinámica hidráulica del cauce. Desde esta perspectiva, no resulta constitucionalmente admisible que la Dirección de Agua se limite a afirmar que presentó una denuncia penal o que puso los hechos en conocimiento de otras autoridades. La vía penal puede determinar responsabilidades personales por la eventual comisión de delitos ambientales, pero no sustituye el deber administrativo inmediato de restablecer el cauce, prevenir daños mayores y hacer cesar una situación material que la propia Dirección de Agua calificó como ilegal y perjudicial para la dinámica de flujo. El amparo ambiental exige una respuesta útil, pronta y efectiva, no una actuación meramente formal. Por todo lo anterior, procede declarar con lugar el recurso. Se ordena a la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía que verifique el cumplimiento de la orden de demolición dictada contra Inversiones C y C del Oeste S.A y en caso de incumplimiento, active de inmediato los mecanismos de ejecución administrativa previstos en la Ley General de la Administración Pública, incluida la ejecución sustitutiva, con cargo al obligado, previo cumplimiento de las intimaciones correspondientes o motivando la urgencia si técnicamente procediere.
Pull quotesCitas destacadas
"El amparo ambiental exige una respuesta útil, pronta y efectiva, no una actuación meramente formal. La protección del artículo 50 constitucional tiene una dimensión preventiva, correctiva y restauradora, especialmente cuando se trata de bienes de dominio público y de riesgos vinculados al recurso hídrico."
"An environmental amparo demands a useful, prompt, and effective response, not merely formal action. The protection afforded by Article 50 of the Constitution has a preventive, corrective, and restorative dimension, especially when public-domain assets and risks to water resources are involved."
Considerando VII
"El amparo ambiental exige una respuesta útil, pronta y efectiva, no una actuación meramente formal. La protección del artículo 50 constitucional tiene una dimensión preventiva, correctiva y restauradora, especialmente cuando se trata de bienes de dominio público y de riesgos vinculados al recurso hídrico."
Considerando VII
"Desde esta perspectiva, no resulta constitucionalmente admisible que la Dirección de Agua se limite a afirmar que presentó una denuncia penal o que puso los hechos en conocimiento de otras autoridades. La vía penal puede determinar responsabilidades personales por la eventual comisión de delitos ambientales, pero no sustituye el deber administrativo inmediato de restablecer el cauce, prevenir daños mayores y hacer cesar una situación material que la propia Dirección de Agua calificó como ilegal y perjudicial para la dinámica de flujo."
"From this perspective, it is not constitutionally admissible for the Dirección de Agua to simply assert that it filed a criminal complaint or informed other authorities. The criminal process may establish personal liability for possible environmental crimes, but it does not substitute the immediate administrative duty to restore the streambed, prevent further damage, and halt a material situation that the Dirección de Agua itself qualified as illegal and harmful to flow dynamics."
Considerando VII
"Desde esta perspectiva, no resulta constitucionalmente admisible que la Dirección de Agua se limite a afirmar que presentó una denuncia penal o que puso los hechos en conocimiento de otras autoridades. La vía penal puede determinar responsabilidades personales por la eventual comisión de delitos ambientales, pero no sustituye el deber administrativo inmediato de restablecer el cauce, prevenir daños mayores y hacer cesar una situación material que la propia Dirección de Agua calificó como ilegal y perjudicial para la dinámica de flujo."
Considerando VII
"cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando."
"When confronted with a situation that requires application of the precautionary principle, public entities and agencies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request that reasonably entails a serious risk; they are even obligated to suspend ongoing activities."
Considerando IV
"cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando."
Considerando IV
"La omisión de activar oportunamente esos mecanismos perpetuaría la afectación del ambiente y dejaría sin tutela efectiva el derecho reconocido en el artículo 50 constitucional."
"Failure to timely activate those mechanisms would perpetuate the environmental harm and leave the right recognized in Article 50 of the Constitution without effective protection."
Considerando VII
"La omisión de activar oportunamente esos mecanismos perpetuaría la afectación del ambiente y dejaría sin tutela efectiva el derecho reconocido en el artículo 50 constitucional."
Considerando VII
Full documentDocumento completo
Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the fifteenth of May, two thousand and twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) processed under expediente N° 26-010510-0007-CO, filed by [Nombre 001], national identity card (cédula de identidad) [Valor 001], against the MUNICIPALIDAD DE ATENAS AND THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.
Recitals:
Furthermore, that section of the wall on this gentleman's property is covered at its base and beyond by stones, mesh, and cement poured from above down into the riverbed — work that does not comply with any technical standard, where the cement mixture does not adhere properly due to lack of compaction, and where, because the base is covered over, regular inspection to verify the condition of its foundations (cimientos) is rendered impossible, making a collapse of the wall possible; that wall, according to the aforementioned municipal requirement, stands 2.5 meters in height. Mr. Wilber Castro, having committed a manifest abuse of the permit granted, created a situation of imminent risk at the site. Faced with the exhaustion and toll generated by this uncertainty — not a legal uncertainty, because the laws exist and are there to regulate and protect, but rather the uncertainty of their non-enforcement — I could have chosen to do nothing and let things run their course; however, I do not wish to be one more person who carries a burden on their conscience." On the basis of the arguments set forth, the petitioner considers that fundamental rights have been violated. The petitioner requests that the appeal be granted.
Drafted by Justice Hess Herrera; and,
Considering:
Before examining the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with certain exceptions—those matters in which the question is whether the public administration has or has not complied with the reasonably established deadlines for resolving petitions submitted by individuals (administrados) in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution (Constitución Política). Precisely, in the present case (sub lite), one of the recognized exceptions applies, since this involves a complaint regarding works within the channel of the quebrada El Rastro—consisting of the placement of rocks, wire mesh, and cement—which allegedly obstructed and diverted the channel toward the appellant's property and has allegedly not been resolved within a reasonable period, placing his physical integrity at risk and potentially affecting the flow dynamics of the public-domain waterway. Given the nature of the subject matter at issue in the petition, this Chamber will assess any potential delays in the resolution of the complaint filed. With this clarification made, the Court proceeds to resolve the specific situation raised in this amparo proceeding.
The appellant reports that a neighbor carried out works within the channel of the quebrada El Rastro, placing rocks, wire mesh, and cement, which allegedly obstructed and diverted the channel toward his property. He points to a lack of effective action and coordination between the Municipality of Atenas and MINAE, despite multiple complaints and inspections. He asserts that the situation creates a risk of flooding, foul odors, stagnant water, and danger to public health.
The following facts are considered duly established as relevant to the decision in this matter:
REGARDING THE MUNICIPALITY OF ATENAS:
In light of the foregoing, and given that your Directorate holds exclusive competence for the authorization, oversight, and control of interventions in public-domain waterways, it is respectfully requested that a technical inspection of the indicated site be considered, for the purpose of verifying the nature, scope, and current condition of the works carried out. This action is taken pursuant to the principle of inter-institutional coordination (coordinación interinstitucional) and in the protection of the public interest, with the aim of clarifying the facts in accordance with specialized technical criteria and within the applicable legal framework. We remain available for any additional requirements and for the results of the actions you deem appropriate to undertake (see sworn report and attached evidence).
This is a petition I am presenting, concerning a situation that is currently occurring at the stream (quebrada) known as the quebrada El Rastro, at the entrance to ruta 27, next to a ceramics shop. Several residents are concerned because, since 2021, work has been carried out extracting stones from the riverbed and placing them at the base of the wall of the aforementioned property, using pry bars (macanas). It is indicated that the relevant report was filed with the municipality, the case was inspected, and the activity was halted. Again in 2023, the stream was encroached upon once more by dumping large-sized rocks, along with cement, on weekends; again, municipal officers made a visit and confirmed that there was indeed encroachment upon the channel (cauce) of the quebrada El Rastro without a permit. This year, again on weekends, work on this wall has continued with the aim of diverting the stream's channel, and it has been confirmed that there is a permit only for medium-sized rocks, but it appears this permit was abused, since in addition to large rocks, cement and wire mesh were used to complete a wall that apparently benefits only the interested party.
This stream runs approximately three kilometers through the center of Atenas, where several houses are located nearby; now part of this water is stagnant with strong odors, and what worries the residents most is the little space remaining for the water to flow freely as it should, especially since the rainy season is now approaching. An inspection is requested from the relevant department to visit the site and produce an objective report on this situation. The municipality has the obligation to oversee the protection and conservation of water resources such as rivers and streams for the well-being of the community. Well, you can see it in the photographs—I am not sure how well they show it—but truly the channel of the stream is now just a trickle of what passes through there, because that entire wall has taken up a large portion of where the water used to flow; the whole wall was built there as protection, so I do see considerable encroachment of the stream, and that is exactly why I say it would be advisable to carry out the appropriate inspection.
Good evening and thank you very much. The Council President mentions that, before giving the floor to colleague Isaac Ortiz, he would like to note that, due to a conflict of interest, he will be substituted by colleague Lucrecia Arguello and colleague Sebastián Víquez. Ms. Lucrecia Arguello, Acting President (Presidenta a.i.), mentions: Don Isaac, before we adopt the resolution. Mr. Isaac Ortiz, Proprietary Councilmember (Regidor Propietario), mentions: No, just to say that when we adopt these resolutions for the ward representatives, we should set 10 business days (días hábiles) for a prompt response, since, say, in Doña Mayela's case the rains are about to arrive as she said, and in this case, Doña Marcela's, if it rains right now—being a stream—it also brings its own complications; so, 10 business days from when the resolution is adopted. Resolution No. 107: IT IS RESOLVED TO ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THE CONCERNS RAISED BY WARD REPRESENTATIVE MARCELA VILLARREAL, AND TO REFER THEM TO THE ADMINISTRATION SO THAT, WITH THE APPROPRIATE DEPARTMENTS, IT MAY PROCEED TO INSPECT AND ANALYZE THE SITUATION AND THEREBY PROVIDE A RESPONSE TO THE COMPLAINT FILED REGARDING THE ENVIRONMENTAL DAMAGE TO THE QUEBRADA EL RASTRO.
THE ADMINISTRATION IS GIVEN 10 DAYS TO CARRY OUT THIS INSPECTION AND PROVIDE THE CORRESPONDING RESPONSES. DEFINITIVELY APPROVED WITH 5 VOTES IN FAVOR. IN FULL FORCE. WITH WAIVER OF COMMITTEE REFERRAL." (see sworn report and attached evidence).
SECOND: The statements made before the Council point to alleged interventions in the channel, including the placement of materials, an apparent reduction of the hydraulic clearance (espacio hidráulico), and possible interference with the free flow (escurrimiento) of water. THIRD: The administrative file of the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE contains resolution DA-0833-2024, through which a permit for works in a public-domain watercourse (cauce de dominio público) was granted to Inversiones C y C del Oeste S.A., for the repair of a retaining wall (muro de contención) in the quebrada El Rastro and the placement of medium-sized rocks at the base of the wall, with a validity period of two years. FOURTH: This Unit, through official communication MAT-GA-014-2026, formally responded to the citizen petition related to this case, establishing that the authority to authorize, supervise, and determine any potential non-compliance with works carried out in public-domain watercourses rests with the Water Directorate of MINAE.
FIFTH: Additionally, through official communication MAT-GA-015-2026, this Municipality formally brought to the attention of the Water Directorate, Tárcoles Hydrographic Unit (Unidad Hidrográfica Tárcoles), the citizen complaint and requested the conduct of a specialized technical verification regarding the nature, scope, and current status of the works carried out, particularly in light of indications of possible excesses beyond the permit granted.
CONSIDERANDO I: That pursuant to Articles 3, 69, and 70 of the Ley de Aguas N.° 276, public-domain watercourses are state property, and their authorization, regulation, oversight, and control falls within the purview of the Ministry of Environment and Energy, through the Water Directorate. This delineation of jurisdictional competence was already recorded by this Unit in official communication MAT-GA-014-2026. II: That resolution DA-0833-2024 constitutes a valid and effective administrative act (acto administrativo) that delimited the technical and legal scope of the authorized intervention—specifically for the repair of the retaining wall and the placement of medium-sized rocks—and therefore any eventual excess, deviation, or non-compliance must be determined by the issuing authority itself, and not by this Municipality. III: That the municipal actions taken in this case have consisted of receiving the complaint, conducting a preliminary administrative review, issuing an institutional analysis, and formally referring the case to the competent sectoral authority, in observance of the principle of legality (principio de legalidad) and the duty of inter-institutional coordination (deber de coordinación interinstitucional).
IV: That, consequently, it is neither technically nor legally appropriate for this Unit to issue a definitive declaration regarding the existence of environmental damage, channel encroachment, non-compliance with the permit, or administrative liability on the part of the permit holder, in the absence of a formal verification and pronouncement by the Water Directorate.
Por tanto, based on Resolution MAT-CM-270-2026, Official Communication MAT-DA-0245-2026, Articles 3, 69, and 70 of the Ley de Aguas N.° 276, and the principle of legality in administrative matters: FIRST: It is reported that the situation complained of with respect to the quebrada El Rastro was addressed by this Unit through a technical-administrative analysis and formal institutional management, in accordance with the municipal scope of competence. SECOND: It is recorded that, at the site in question, permit DA-0833-2024 exists, issued by the Water Directorate of MINAE, which authorizes a specific intervention on the retaining wall and the placement of medium-sized rocks in the channel. THIRD: It is specified that the determination of whether the works carried out conform to the permit granted, as well as the possible existence of channel impairment or environmental damage, falls exclusively within the jurisdiction of the Water Directorate, the competent authority for technical verification, oversight, and the adoption of measures in accordance with the law.
FOURTH: It is hereby recorded that this Municipality, in safeguarding the public interest (interés público) and in response to the complaint filed, has already formally referred the facts to the competent authority through official communication MAT-GA-015-2026, requesting a specialized technical inspection and an assessment of the actual scope of the works carried out. FIFTH: Any attribution of direct responsibility to this Administration regarding the authorization, design, technical direction, or material oversight of the works carried out in the channel is expressly rejected, as these are matters legally reserved to the competent sectoral authority. SIXTH: The municipal resolution is deemed addressed insofar as it falls within the competence of this Unit, without prejudice to the institutional follow-up that may be warranted once the Water Directorate issues the results of the requested verification …" (see sworn report and attached evidence).
THIRD: It is clarified that the determination of whether the works carried out conform to the permit granted, as well as the possible existence of damage to the watercourse or environmental harm, falls exclusively under the jurisdiction of the Dirección de Agua, the competent authority for technical verification, oversight, and the adoption of measures in accordance with the law. FOURTH: It is placed on record that this Municipality, in safeguarding the public interest and in response to the complaint filed, has already formally forwarded the facts to the competent authority through official communication MAT-GA-015-2026, requesting a specialized technical inspection and an assessment of the actual scope of the works carried out. FIFTH: Any attribution of direct responsibility to this Administration is expressly rejected with respect to the authorization, design, technical management, or material oversight of the works carried out in the watercourse, as these are matters legally reserved to the competent sectoral authority.
SIXTH: The municipal agreement is considered addressed insofar as it falls within the purview of this Unit, without prejudice to the institutional follow-up that may be required once the Dirección de Agua issues the results of the requested verification. Mr. President comments that, as on previous occasions, he must recuse himself from participation, and therefore yields the floor to council member Lucrecia Argüello so that she may substitute for him in her capacity as Vice President to address this item. Ms. Lucrecia Argüello, in her capacity as Vice President, states: good evening, mayors, council members, district representatives — I will now read the agreement relating to this item 14, and proceeds to read the proposed agreement in accordance with what was set forth by the Secretary. The proposed agreement: to acknowledge receipt of the document submitted for the information of this Council and the general public, and to forward it to Ms.
Marcela Villareal, district representative (síndica) for Atenas, and to those concerned, for appropriate action. To note, Mr. Mayor, council members, district representatives, that regarding this case, on Friday, April 17, a writ of amparo (recurso de amparo) was filed with the Secretary of the Council against this municipal body, admitted by the Sala Constitucional of the Supreme Court of Justice, granting a period of three business days for its response. Are you in agreement, colleagues — five votes in favor. Final and definitively approved. Without referral to committee. Agreement #56 37 IT IS AGREED TO ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THE DOCUMENT SUBMITTED FOR THE INFORMATION OF THIS COUNCIL AND THE GENERAL PUBLIC, AND TO FORWARD IT TO MS. MARCELA VILLAREAL, DISTRICT REPRESENTATIVE FOR ATENAS, AND TO THOSE CONCERNED, FOR APPROPRIATE ACTION. DEFINITIVELY APPROVED WITH 5 VOTES IN FAVOR. FINAL. WITHOUT REFERRAL TO COMMITTEE.
To note, Mr. Mayor, council members, district representatives, that regarding this case, on Friday, April 17, a writ of amparo was filed with the Secretary of the Council against this municipal body, admitted by the Sala Constitucional of the Supreme Court of Justice, granting a period of three business days for its response. Mr. President thanks everyone for their cooperation and notes that they continue with the correspondence. With nothing further at this time, Mr. President closes the session at twenty hours and thirty-three minutes on April 20, 2026." (see sworn report and attached evidence).
REGARDING THE DIRECCIÓN DE AGUA OF THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA:
Furthermore, in the second-to-last paragraph of page 4 of official communication DA-UHTPCOSR-0195-2026, Messrs. INVERSIONES CYC DEL OESTE S.A., corporate identification number 3-101-539756, are ordered to: "Carry out the complete demolition of the in-channel works consisting of a mesh-and-cement wall constructed at the site on the left bank of the quebrada El Rastro, this because a permit was held for these in-channel works since it was not what was authorized under file 1445-O." The correct statement is that no permit was held for the works constructed. Clarification of official communication DA-UHTPCOSR-0195-2026 File 1445-O shows that what was requested and authorized was: The repair of a retaining wall 17.4 meters long located on the bank of the watercourse of the quebrada El Rastro. A permit was granted to carry out artisanal maintenance work in order to preserve and maintain the existing infrastructure, given the level of deterioration the wall currently presents due to its already-expired service life.
In addition, a permit was granted for the placement of medium-sized rocks at the base of the infrastructure wall, so that the hydraulic force of the watercourse of the quebrada El Rastro would not continue to strike or effectively scour (socavar) the concrete infrastructure directly, by means of official communication MAT-CCONST-0017-2024. Works constructed according to the site visit of March 25, 2026. What was found at the site according to the March 25 inspection was the placement of mesh on the left bank of the quebrada El Rastro at the base of the existing wall, rocks, and the application of cement on top for an approximate length of 15 meters at the base of the wall, which constitutes an impediment to the free flow of waters (libre discurrir de las aguas) because it constricts the watercourse, negatively affecting the flow dynamics of the public-domain watercourse, as it changes the direction of flow by extending from the bank to cover part of the streambed (lecho).
The in-channel works constructed have lower roughness (rugosidad) and in fact promote erosive velocities that could affect downstream areas or the opposite bank. Furthermore, their dimensions and characteristics reduce the hydraulic cross-section (área hidráulica) of the watercourse, limiting the free flow of waters. Conversely, had the in-channel works initially requested in file 1445-O been authorized, a protection using medium-sized rocks would have served to increase roughness and reduce flow velocity, resulting in less erosion. Conclusion Because the in-channel works constructed at the site are not those authorized under file 1445-O, and because they reduce the hydraulic cross-section of the watercourse of the quebrada El Rastro, thereby limiting the free flow of waters and potentially generating velocities that could affect the lands of third parties, these are the reasons for which the complete demolition of the in-channel mesh-and-cement wall works on the left bank of this watercourse is ordered." (see sworn report and attached evidence).
Regarding the precautionary and preventive principles, in judgment No. 2021024807 of 9:20 hours on November 5, 2021, this Chamber specified:
In this vein, specialized legal doctrine has indicated that the preventive principle (principio preventivo) demands that, when there is certainty of possible environmental damage (daño ambiental), the activity causing harm must be prohibited, limited, or made conditional upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when risks are clearly defined and identified as at least probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, yet there are sufficient elements to foresee possible negative impacts. On the other hand, the precautionary principle (principio precautorio) holds that, where there is a threat of serious or irreversible harm, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.
From the foregoing, it is apparent that this principle rests on reasonable scientific uncertainty combined with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant distinction between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty regarding the risks that an activity or project may cause. While in the former such certainty exists, in the latter what is present is a state of doubt arising from scientific information or technical studies (…)" (emphasis added).
Precisely, the precautionary principle must be understood as set forth in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." That is to say, the requirement is not to have scientific studies in order to arrive at 'absolute certainty' of an activity's harmlessness toward the environment (as a matter of principle, total certainty is rarely achievable); rather, even if the threat of serious or irreversible environmental damage has not been fully established, such uncertainty will never justify or excuse the postponement of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, note, on the one hand, that this does not apply to just any type of threat — it must plausibly involve a serious risk — and, on the other, that the measure demands an effective and efficient use of the resources employed.
As stated above, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not mean it may be applied without restriction on the argument that any activity could cause environmental damage — which would undermine its very purpose — but rather that there must be some degree of identification of the risks of serious or irreversible harm that could be generated, the determination of which varies depending on the particular circumstances of the specific case. Thus, when faced with a situation that calls for the application of the precautionary principle, public bodies and agencies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request that reasonably entails a serious risk; they are even obligated to suspend ongoing activities. At the same time, they must efficiently and effectively adopt all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.
The aforementioned principle is likewise found in a hard law legal source, inasmuch as Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change — ratified by Costa Rica through ley nro. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states — provides:
"3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To this end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties" (emphasis added).
The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which has been ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica — see ley nro. 8538 of August 23, 2006 — which reads:
"ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)." Likewise, this principle is addressed in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through ley nro. 7416 of June 30, 1994, whose preamble states: "(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)." In line with the aforementioned legislation in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights (Corte IDH) also addressed the precautionary principle in OC 23/17 of November 15, 2017:
"180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle, for the purpose of protecting the right to life and personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible environmental damage, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent the possible harm. Indeed, in the context of the protection of the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, and therefore, even in the absence of scientific certainty, must adopt measures that are 'effective' to prevent serious or irreversible harm" (emphasis added).
Following that advisory opinion (opinión consultiva) and by way of a judgment, in Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, the Corte IDH ruled on February 6, 2020, as follows: "the right to a healthy environment (derecho a un medio ambiente sano) 'should be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the Convención Americana,' given the obligation of States to achieve the 'integral development' of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Carta." Of great significance, it should be underscored that, in this ruling, the Corte IDH refers to OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of this right, as a result of which the legal considerations of the latter have logically come to acquire the binding legal force of a judgment. In this regard, the international judicial body reiterates "that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity,' and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence of risk to individual persons.
The aim is to protect nature,' not only for its 'utility' or 'effects' with respect to human beings, 'but for its importance to other living organisms with whom we share the planet.' This does not preclude, of course, other human rights from being violated as a consequence of environmental damage." Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Corte IDH clearly details the State obligations in the face of possible environmental damage, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.
In sum, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible environmental damage, the lack of absolute certainty or scientific evidence in that regard does not exempt from the obligation to adopt all efficient and effective measures to prevent harm to the environment.
Regarding the preventive principle, in the first United Nations report on the state of international environmental law (derecho ambiental internacional), document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by the Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative standard of customary international law (derecho internacional consuetudinario) "confirmed by relevant practice in many environment-related treaties and major codification projects." Now, while the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm (daño transfronterizo), this general principle of law, as is duly recorded in the document '95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable' (approved at the XIX Edition of the Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 and by Corte Plena in artículo XIX of sesión nro. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, inasmuch as, as a hermeneutic guide, it leads to the conclusion that "the causes and sources of environmental problems shall be addressed as a priority and in an integrated manner, seeking to prevent the negative effects that may be produced on the environment.
The criterion of prevention shall then prevail over any other criterion in the public and private management of the environment and natural resources (recursos naturales)." This is entirely consistent, as it accords with the duty to prevent the occurrence of environmental damage, rather than merely deciding on the remediation of already-confirmed harmful consequences — including by ordering the cessation of harmful effects.
This principle is reflected, among other provisions, in Articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through ley nro. 7291) and 5 and Anexo II of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through ley nro. 8059), as well as in constitutional jurisprudence (jurisprudencia constitucional) (see judgments Nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional jurisprudence — for example, advisory opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242, and the judgment of November 24, 2022 in Baraona Bray vs. Chile. Precisely, in the latter, the Corte IDH expressly states:
208. Without prejudice to the foregoing, in the specific field of environmental law, it must be highlighted that the principle of prevention of environmental damage (principio de prevención de daños ambientales) forms part of customary international law and entails an obligation on States to carry out the measures necessary ex ante the occurrence of environmental damage, bearing in mind that, due to the particular characteristics of such damage, it will frequently be impossible, once that damage has occurred, to restore the previously existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has noted that "States are obligated to use all means at their disposal in order to avoid activities carried out under their jurisdiction causing significant damage to [...] the environment"²⁰⁰. This obligation must be fulfilled to a standard of due diligence (debida diligencia), which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage²⁰¹.
On the other hand, while it is not possible to provide a detailed enumeration of all the measures that States could take in order to fulfill this duty, some may be identified in relation to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental); iv) establish contingency plans; and v) mitigate in cases where environmental damage occurs²⁰².
For its part, the principle of in dubio pro natura means, according to the "World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (UICN) on the Rule of Law in Environmental Matters," that "when in doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them" (see principle V).
In this regard, according to the document "95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable" (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit (Cumbre Judicial Iberoamericana)‑2018 and by the Corte Plena in article XIX of session no. 28-2020 of 25 May 2020), "Every operator of environmental rules must always bear in mind the pro natura principle, pursuant to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over individual ones, the preservation of the environment shall be favored, and in cases of doubt the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred." The principle of in dubio pro natura, then, does not depend on there being a risk of serious or irreversible harm—as is the case with the precautionary principle (principio precautorio)—but rather implies a "general rule of conduct for the relationship of the State—and society at large—with the environment, applicable to all spheres of decision-making in which there exists a risk of harm to the environment, and which obliges us to avoid choosing courses of action that could cause damage to the environment when other options exist" (Olivares y Lucero, 2018).
On the other hand, in judgment no. 2012013367 of 11:33 hours of 21 September 2012, this Constitutional Tribunal addressed the principles of progressiveness (principio de progresividad) and non-regression (principio de no regresión) in environmental matters as follows:
"V. On the principles of progressiveness and non-regression of environmental protection. The principle of progressiveness of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos), and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these provisions, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with particular consideration for those that, like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights-holders.
From the principle of progressiveness of human rights and from the principle of non-retroactivity of legal norms to the detriment of acquired rights (derechos adquiridos) and vested legal situations (situaciones jurídicas consolidadas), enshrined in article 34 of the Carta Magna, there derives the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved. This principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case of the right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, or approve legal rules that worsen, without reasonable and proportionate justification, the level of protection of rights already achieved. This principle does not entail absolute irreversibility, since all States experience national situations—economic, political, social, or caused by natural events—that negatively impact the achievements attained up to that point and make it necessary to reconsider downward the new level of protection.
In such cases, constitutional law and the principles under examination require justification, in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality, for any reduction in levels of protection. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has expressed in its case law, with respect to the right to health: '...pursuant to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, measures that diminish the protection of fundamental rights are prohibited. Thus, if the Costa Rican State, in the interest of protecting the right to health and the right to life, has a policy of open access to medicines, it cannot—and certainly not through an International Treaty—restrict such access and make it more limited, under the pretext of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). With regard to the right to the environment, it stated: "The foregoing constitutes an evolutive interpretation of environmental protection in accordance with constitutional law, which does not admit regression to its detriment." (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10)'.
(Emphasis not in the original). (In the same vein, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745, and 2019-017397)." Thus, in accordance with the principle of progressiveness, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists in a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or rules that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and, when that situation arises, the corresponding compensatory measures must be weighed.
Finally, this Tribunal explained the principle of objectivation of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) in the following terms:
"As regards the environment, the object of the fundamental right set forth above, our Carta Magna also requires that it be 'healthy.' The requirement of 'healthy' leads us to 'regenerative capacity' (capacidad regenerativa) and 'successional capacity' (capacidad de sucesión) in order to guarantee life. From both requirements—'healthy' and 'ecologically balanced'—there follows the necessity of sustainable and self-sustaining development; quality of life and environmental quality depend upon it. Moreover, with the concepts of 'environment,' 'healthy,' and 'ecologically balanced,' the constitutional provision introduced science and technical knowledge into environmental decisions, whether legislative or administrative, in such a way that, pursuant to the terms of articles 16 of the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública) and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, State actions in environmental matters must be grounded in—and may not contradict—the unambiguous rules of science and technical knowledge, in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, 'the greatest well-being for all inhabitants of the country.' As regards the subjection of legislative and administrative decisions to the unambiguous rules of science and technical knowledge, the Chamber has referred to this as the principle of objectivation of environmental protection: 'On the objectivation of environmental protection (...) this is a principle that must in no way be confused with the foregoing [precautionary principle or "principle of prudent avoidance"], since, as a derivation of the provisions of articles 16 and 160 of the General Public Administration Act, it translates into the need to substantiate decision-making in this area with technical studies, both with respect to individual acts and to provisions of a general nature—whether legal or regulatory—from which there derives the requirement of adherence to science and technical knowledge, thereby conditioning the Administration's discretion in this area.
Consequently, in light of the results derived from such technical studies—such as environmental impact assessments—if an objective technical criterion is shown that indicates the probability of evident harm to the environment, natural resources, or public health, it is mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in cases of "reasonable doubt" it is mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.' (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)" (emphasis added). (Resolution no. 2012-13367 of 11:33 hours of 21 September 2012).
V.ON THE ADVISORY OPINION OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS REGARDING CLIMATE CHANGE AND ITS LEGAL-ENVIRONMENTAL IMPACT IN COSTA RICA. The Inter-American Court of Human Rights (Corte Interamericana de Derechos Humanos), in its recent Advisory Opinion OC-32/25 of 29 May 2025, entitled "Emergencia Climática y Derechos Humanos" on climate change and human rights, consolidated an evolutive interpretation of the American Convention on Human Rights, pursuant to which the climate crisis constitutes a real, present, and growing threat to the effective exercise of multiple fundamental rights, among them the right to life, health, personal integrity, access to water, food, adequate housing, and the right to a healthy environment.
It is reaffirmed that extreme climate events, ecosystem degradation, loss of biodiversity, and the increase of socio-environmental risks cannot be analyzed solely as technical matters or public policy issues, but rather as matters subject to constitutional and conventional legal review, insofar as they implicate State obligations of respect, guarantee, and prevention with regard to the human rights recognized by the inter-American system.
The Court established that States party have reinforced positive duties of mitigation, adaptation, prevention of significant environmental damage, regulation of polluting activities, corporate oversight, and protection of vulnerable populations, in accordance with the principles of precaution, prevention, progressiveness, intergenerational equity (equidad intergeneracional), and environmental non-regression.
Additionally, the Advisory Opinion (Opinión Consultiva) develops the pro natura principle, especially beginning at paragraphs 216 and 279 through 286, under which, when several legally possible interpretations exist, preference must be given to the one that affords greater protection to nature, ecosystems, and the human rights linked to environmental balance. This hermeneutical criterion imposes on public authorities and judicial bodies a reinforced duty to interpret and apply domestic and international rules in a manner favorable to the conservation, restoration, and functional continuity of ecosystems, particularly in contexts of scientific uncertainty, risk of serious or irreversible harm, and decision-making with significant climate effects.
Whereas it was equally recognized that the State's response to climate change requires transparent, technically grounded institutional processes oriented toward effective citizen participation, so that public decisions with environmental impact carry sufficient democratic legitimacy and legal oversight.
The Advisory Opinion emphasizes that States must guarantee timely access to relevant information on climate risks, pollutant emissions, cumulative impacts, territorial vulnerability, environmental planning, and adaptation measures, as an indispensable prerequisite for the effective protection of the rights at stake.
Likewise, the Court underscored the need for effective administrative and judicial remedies against acts or omissions by the State that favor environmental degradation, regulatory insufficiency, or failure to fulfill climate-related duties, thereby strengthening access to justice in environmental matters.
For the Republic of Costa Rica this Advisory Opinion is of particular relevance, as it is a State Party to the American Convention (Convención Americana) and has a recognized constitutional tradition in ecological matters, particularly under Article 50 of the Constitución Política, which recognizes every person's right to a healthy and ecologically balanced environment.
In the national context, this means that every decision relating to energy projects, urban expansion, public infrastructure, use of natural resources, land-use planning (ordenamiento territorial), water resource management (gestión hídrica), coastal development, or activities with climate impact must also be assessed in light of the State's duty to prevent environmental and climate damage.
Whereas this obligation encompasses the need to adopt public decisions based on scientific evidence, adequate technical studies, assessment of cumulative impacts, and consideration of present and future effects on human communities and strategic ecosystems.
The Advisory Opinion likewise reinforces the historical case law of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, which has recognized the environment as a justiciable fundamental right. Accordingly, constitutional review may be projected with greater intensity toward climate justice (justicia climática), making it possible to examine State omissions, normative insufficiency, or actions incompatible with reasonable standards of environmental protection.
Particular attention is deserved by the inter-American emphasis on groups in a situation of vulnerability, such as indigenous peoples, coastal communities, children, older adults, and populations exposed to floods, droughts, or territorial erosion, with respect to whom the State's duty of adaptation and protection acquires a reinforced dimension.
This is of special relevance to Costa Rica, given its geographical characteristics, its ecological richness, the importance of its coastal zones, the protection of its forests and watersheds (cuencas hidrográficas), as well as the differentiated exposure of various territories to extreme climate events.
This Advisory Opinion represents a normative benchmark of high relevance that strengthens environmental protection, broadens the judicial enforceability of State climate action, and reaffirms that the defense of ecological balance constitutes an inseparable dimension of the social, democratic, and ecological Rule of Law.
Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal order and is binding on all public entities. It may be inter-organic—among the various bodies that make up a public entity and that are not subject to a hierarchical relationship—or inter-subjective, that is, among public entities, each possessing its own legal personality, budget, autonomy, and specific competencies. The administrative or other degree of autonomy enjoyed by public entities obliges them to coordinate their actions, since they cannot be mutually subject to hierarchical relationships by virtue of their inter-organic nature. Administrative coordination aims to prevent duplication and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity—that is, to ensure those functions are performed in a rational and orderly manner—and is achieved through the establishment of fluid and permanent levels or channels of information among public entities, all of which may be accomplished through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies. In environmental matters, this principle takes on a differentiated nuance, and what this Court stated in Ruling No. 2012-008892 of 16:03 hours on June 27, 2012, is of relevance:
"(…) "III.- Coordination among public agencies must guarantee environmental protection. On various occasions, constitutional case law has indicated that environmental protection is a task that falls equally to all—that is, there exists an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid levels of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or inappropriate use of natural resources that endanger the health of members of the public. In this task, the term 'public institution' must be understood to encompass both the Central Administration—Ministries such as the Ministry of the Environment and Energy (MINAE) and the Ministry of Health, which, by reason of their subject matter, bear broad participation and responsibility with respect to the conservation and preservation of the environment, and which act, in most cases, through their specialized units in this area, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Instituto Costarricense de Turismo, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a task in which, of course, the municipalities bear great responsibility with respect to their territorial jurisdiction.
One might therefore think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, but this is not so, since, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and nature, the duplication of national and local efforts, and the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, so as to be able to carry out the functions entrusted to them. This Court previously—and quite clearly—addressed the principle of coordination between public agencies and municipalities in the pursuit of common goals—which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized institutions perform in this important function—and for that purpose refers to what was stated on that occasion (ruling number 5445-99, of 14:30 hours on July 14, 1999):
'Thus, coordination is the ordering of relationships among these various independent activities, which takes account of their concurrence in the same object or entity, so as to make it useful to a global public plan, without eliminating the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, it is not possible to impose specific conduct on them, which gives rise to the indispensable inter-institutional "concert"—in the strict sense—whereby the autonomous and independent centers of action reach agreement on that preventive and global framework, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities may only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, to the exclusion of any imperative form that would detract from their autonomy, which would make it possible to subject corporate entities to a coordination scheme without their consent or against their will; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the State's "administrative supervision," and specifically, through the function of legality control that falls to the State, with general oversight powers over the entire sector).' On the other hand, omissions of the duty to protect the environment and to comply with environmental regulations are of constitutional relevance, since, as a result of the Administration's inaction in this area, harm to the environment and natural resources may occur that is sometimes similar to or greater in consequence than that arising from acts of the Administration itself; such as the authorization of master plans (planes reguladores) or construction without the approval of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) by SETENA, or the lack of oversight and enforcement in the implementation of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of MINAE, or allowing companies to operate without health permits with respect to the treatment of wastewater or effluents (Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health), or failure to verify noise controls in bars, karaokes, and nightclubs (municipalities and the Ministry of Health), among others (see in this regard ruling number 2006-005159 of 13:04 hours on April 7, 2006)." In other words, what matters is the technical cooperation that the various entities can provide to one another, the technical elements they can contribute, and respect for each entity's respective competencies; all in order to guarantee beyond doubt that the impact of evaluated projects will not be negative, and thereby ensure the sustainable management (gestión sostenible) of water resources (recurso hídrico) and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional norm.
Thus, the precautionary principle (principio precautorio) — which seeks to prevent or suspend any activity that could negatively affect such management — first obligates the Administration to notify those affected and interested parties, as well as the institutions that may be involved. This is so that they may present their corresponding arguments and technical criteria, and so as to ensure effective participation by the competent bodies in the matter, for the purpose of protecting and preserving the environment and the water resource. And second, it obligates the Administration to take into account the warnings issued by an institution legally empowered to protect the water resource regarding the risk of contamination (…)."
In the specific case at hand, the facts established as proven reveal that the controversy is not limited to a simple administrative disagreement over the scope of a construction permit within a channel (cauce), but rather involves the possible direct harm to a public-domain asset (bien de dominio público) — quebrada El Rastro — as well as the potential threat to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution (Constitución Política). That provision not only guarantees every person's right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also imposes on the State the positive duty to guarantee, defend, and preserve it. Furthermore, it grants standing to any person to report acts that infringe that right and to claim reparation for the harm caused.
In that regard, the Court finds that, when dealing with a material intervention within a public-domain channel, the required state action cannot be exhausted by merely receiving complaints, issuing memoranda, or referring the facts to the Public Prosecutor's Office. Such actions may be necessary, but they are not sufficient when the competent technical authority itself has already found that the work carried out does not correspond to what was authorized, that it was performed without the corresponding permit in the terms as built, and that it negatively affects the hydraulic dynamics (dinámica hidráulica) of the channel. According to the proven facts, the Dirección de Agua was informed of the complaint, conducted an inspection on 25 March 2026, concluded on 20 April 2026 that the constructed work did not correspond to what was authorized in resolution DA-0833-2024, classified it as illegal, and ordered the complete demolition of the wire-mesh and concrete wall within a non-extendable period of eight business days.
It must be recalled that waters in the public domain (dominio público), as well as the channels of public-domain watercourses, belong to the Nation. The Ley de Aguas provides that the channels of public-domain watercourses, among other assets, are national property. Likewise, Reglamento Ejecutivo N.º 44410-MINAE recognizes that the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) is the sovereign and governing body for water at the national level, and that this function is exercised through its technical body, the Dirección de Agua, particularly with respect to applications and permits for works within channels. Therefore, once the existence of an unauthorized work within the channel has been technically determined, the Dirección de Agua is not only empowered but obligated to adopt real, effective, and timely measures to restore environmental legality and protect the affected public-domain property (bien demanial).
The record also shows that the work originally authorized did not consist of constructing a wire-mesh and concrete wall, but rather of artisanal maintenance works on an existing wall and the placement of medium-sized rocks at the foot of the infrastructure. In contrast, the Dirección de Agua's inspection determined that a wire mesh had been placed on the left bank of quebrada El Rastro, with rocks and concrete on top for approximately fifteen meters, which constricts the channel, prevents the free flow of waters, reduces the hydraulic cross-section (área hidráulica), and may generate erosive velocities causing harm to third parties' property. This technical finding is of particular constitutional significance, as it transforms the matter into a concrete and present threat to the environment, the public channel, and potentially to the safety of those who live or travel through the area.
From this perspective, it is constitutionally impermissible for the Dirección de Agua to limit itself to stating that it filed a criminal complaint or referred the facts to other authorities. The criminal avenue may determine personal liability for the possible commission of environmental crimes, but it does not substitute for the immediate administrative duty to restore the channel, prevent further damage, and bring to an end a material situation that the Dirección de Agua itself classified as illegal and harmful to the flow dynamics. The environmental amparo (amparo ambiental) demands a useful, prompt, and effective response, not merely a formal course of action. The protection afforded by Article 50 of the Constitution has a preventive, corrective, and restorative dimension, particularly when public-domain assets and risks linked to the water resource are involved.
The General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública) provides the necessary legal instruments to give effect to that order. Article 146 provides that the Administration has the power to enforce, on its own authority and without recourse to the courts, effective, valid, or voidable administrative acts, even against the will or resistance of the party bound thereby. Similarly, Article 149 establishes substitutive enforcement (ejecución sustitutiva) as a means of administrative enforcement (ejecución administrativa), applicable when the obligation can be fulfilled by a third party in lieu of the party bound, with costs charged to the latter. The demolition of an illegal work of wire mesh, concrete, and rocks within a public channel is precisely an obligation that can be fulfilled by a third party — technical personnel, a contractor, an institutional work crew, or municipal support — and therefore it is legally appropriate to resort to that mechanism if the party bound does not comply voluntarily.
That said, administrative enforcement must be carried out in accordance with the principles of legality, reasonableness, and proportionality. Article 150 of the General Public Administration Act requires that enforcement not take place prior to proper notification of the principal act, and that, except in cases of urgency, it be preceded by two consecutive formal notices (intimaciones), with clear indication of the compliance requirement, the applicable coercive measure, and a reasonable deadline to carry out what was ordered. This means that the Dirección de Agua is not authorized to act in an improvised or arbitrary manner; but it is legally empowered and constitutionally obligated to move beyond the formal demolition order to the effective execution of the measure, should the private party fail to comply.
In the case under examination, that material enforcement must include, at a minimum: verification that the deadline granted to the party bound has expired; issuance of the corresponding formal notices — unless urgency is technically justified on grounds of environmental or safety risk —; preparation of a technical removal plan; determination of the demolition method; proper handling of debris; adoption of measures to prevent further harm to the channel; and documentation of the enforcement through official records, photographs, georeferencing (georreferenciación), and technical reports. If there is opposition from the party bound or from third parties, the Administration may request the assistance of the Fuerza Pública, within strictly necessary limits, since the General Public Administration Act provides for police assistance to enforce compulsory compliance and prohibits violent resistance to the execution of an administrative act.
Nor can the duty of inter-institutional coordination be overlooked. The Municipalidad de Atenas is not the primary technical authority for authorizing, overseeing, or determining non-compliance with works within a channel, as that competence belongs to the Dirección de Agua. However, this does not mean that the Municipalidad may disregard the situation when it involves a channel located within its canton (cantón), with possible effects on local interests, area residents, community safety, and the environment. Article 169 of the Political Constitution assigns to the Municipal Government (Gobierno Municipal) the administration of local interests and services within the canton. Furthermore, administrative regulations recognize the principle of institutional and inter-institutional coordination, under which public entities and bodies must act in a coordinated manner with one another, exchanging information and providing cooperation for the resolution of matters submitted to their attention.
Thus, the Court considers that the Municipalidad de Atenas must cooperate with the Dirección de Agua, within the framework of its competencies, material capabilities, and institutional capacity, so that the demolition order does not remain a mere formal declaration. Such cooperation may include logistical support, municipal environmental management assistance, road or community coordination, assistance with the removal of materials, facilitation of municipal machinery if technically necessary and legally viable, and any other reasonable action that allows the measure to be carried out without worsening the environmental harm or endangering persons. This cooperation does not displace the governing competence of the Dirección de Agua, but does give effect to the constitutional duty of cooperation among public administrations in the face of an environmental threat located within the canton.
Consequently, when the Dirección de Agua has already found that the work constricts the channel, reduces the hydraulic cross-section, restricts the free flow of waters, and may cause harm to third parties, the constitutionally adequate response cannot be institutional passivity or indefinitely awaiting the outcome of a criminal complaint. The Administration has sufficient powers to enforce its own acts, use substitutive enforcement, coordinate with other institutions, recover costs from the infringer, and adopt the technical measures necessary to restore the public-domain channel. Failure to timely activate those mechanisms would perpetuate the environmental harm and leave without effective protection the right recognized in Article 50 of the Constitution.
For all of the foregoing reasons, the appeal is declared well-founded. The Dirección de Agua of the Ministry of Environment and Energy is ordered to verify compliance with the demolition order issued against Inversiones C y C del Oeste S.A., and, in the event of non-compliance, to immediately activate the administrative enforcement mechanisms provided in the General Public Administration Act, including substitutive enforcement at the expense of the party bound, subject to prior fulfillment of the corresponding formal notices or upon technical justification of urgency where appropriate. Furthermore, it must coordinate with the Municipalidad de Atenas, the Fuerza Pública, and the other competent institutions for the material execution of the demolition, the removal of debris, and the adoption of restoration or stabilization measures necessary to guarantee the free flow of waters and prevent additional harm to the channel of quebrada El Rastro.
Likewise, the Municipalidad de Atenas is ordered to—without assuming the technical competencies belonging to the Dirección de Agua—provide the inter-institutional collaboration (colaboración interinstitucional) necessary for the effective execution of the measure, including, where necessary and technically feasible, support through municipal machinery, personnel, logistics, or local environmental management, all under the technical direction of the competent authority in matters of watercourses (cauces). This ensures an effective, coordinated, and proportionate response to the reported harm, protects the public hydraulic domain (dominio público hidráulico), and restores the enjoyment of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment.
I have supported this Tribunal's position that when a party (justiciable) before the court alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the legal dispute must be heard by the Administrative-Contentious Tribunals (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not by this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo writ (recurso de amparo) provided for in article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, pursuant to numeral 7 of its Law, is responsible for defining its own jurisdiction exclusively.
Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases—which are indeed to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo process—in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), jurisdiction lies with the judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is consistent with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
In principle, I consider that cases related to activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as such omission constitutes a matter of legality whose discussion belongs to the ordinary courts, before which the interested party may more broadly debate their grievances. However, when such administrative conduct—whether by omission or otherwise—gives rise to a violation of other fundamental rights protected under this constitutional jurisdiction, or when vulnerable groups are affected, I do proceed to rule on the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on such matters, as occurs in the present case, in which the appellant alleges having reported to the Municipalidad de Atenas and the Ministerio de Ambiente y Energía the alteration and obstruction of the Quebrada El Rastro; however, those efforts have not been addressed, placing the integrity of community residents at risk.
The parties are warned that if any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, have been submitted, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is granted. DANNY OLIVARES RIVERA is ordered, in his capacity as ACTING DIRECTOR OF WATER (DIRECTOR A.I. DE AGUA) OF THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, or whoever holds said position in his place, to—within THREE MONTHS counted from the notification of this judgment—carry out the demolition ordered by official notice (oficio) No. DA-UHTPCOSR-0195-2026, ensure the proper removal of the rubble (escombros), and adopt the necessary technical measures for the restoration of the watercourse, ensuring the free flow of water and the prevention of additional damage, all of which must be reported to this Tribunal within the same period. Likewise, MÁXIMO CHAVES OVARES AND ROY ARIAS ROJAS, respectively mayor and president of the Municipal Council of the MUNICIPALIDAD DE ATENAS, or whoever holds said positions in their place, are ordered to IMMEDIATELY arrange with the officials of the Dirección de Agua of MINAE—within their competencies and capacities—the inter-institutional collaboration necessary for the effective execution of said demolition.
The respondent authorities are warned that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or cause to be complied with, issued in an amparo appeal, and fails to comply with or cause compliance with it, provided the offense is not more severely penalized under other law. The State and the Municipalidad de Atenas are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that form the basis of this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment before the administrative-contentious courts. Magistrate Castillo Víquez appends a note. Magistrate Salazar Alvarado appends a note. Notify. - Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de mayo de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 26-010510-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE ATENAS Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por obras dentro del cauce de la Quebrada El Rastro, colocando piedras, mallas y cemento, lo que habría obstruido y desviado el cauce hacia la propiedad del recurrente, que presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable, poniendo en riesgo su integridad y la potencial afectación a la dinámica de flujo del cauce de dominio público. Atendiendo a la naturaleza de la temática que trata la gestión, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de la denuncia planteada. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
El recurrente denuncia que un vecino realizó obras dentro del cauce de la Quebrada El Rastro, colocando piedras, mallas y cemento, lo que habría obstruido y desviado el cauce hacia su propiedad. Señala falta de actuación efectiva y coordinación entre la Municipalidad de Atenas y el MINAE, pese a múltiples denuncias e inspecciones. Afirma que la situación genera riesgo de inundaciones, malos olores, aguas estancadas y peligro para la salud pública.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
EN CUANTO A LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS:
En virtud de lo anterior, y considerando que esa Dirección ostenta la competencia exclusiva para la autorización, fiscalización y control de intervenciones en cauces de dominio público, respetuosamente se solicita, que se considere realizar una inspección técnica en el sitio indicado, con el fin de verificar la naturaleza, alcance y estado actual de las obras ejecutadas. La presente gestión se formula en atención al principio de coordinación interinstitucional y en resguardo del interés público, con el propósito de que se esclarezcan los hechos conforme a criterio técnico especializado y dentro del marco de legalidad vigente. Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional y a los resultados de las actuaciones que se sirvan realizar (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
Esta es una petición que presento, que actualmente se presenta en la quebrada del río Rastro, eso es en la entrada a la ruta 27, eso está a la par de una venta de cerámica varios vecinos están preocupados ya que desde el año 2021 se inició con un trabajo sacando piedras del piso del río y colocándolas al pie del muro de la propiedad antes mencionada, con macanas, se indica que se hizo el reporte respectivo ante la municipalidad, se inspeccionó el caso y se paralizó la actividad. Nuevamente en el año 2023 se vuelve a invadir el río tirando rocas de gran tamaño, junto con ellas cemento, en horarios de fin de semana nuevamente los funcionarios municipales hacen una visita e indican que si hay invasión al cauce del río el Rastro sin permiso. Este año nuevamente elaborando fines de semana se continúa con los trabajos de este muro para desviar el cauce del río y se confirma que hay un permiso solo para rocas medianas, pero al parecer se abusó de este permiso ya que aparte de rocas grandes se usó cemento y mallas para finalizar un muro que al parecer solo le conviene al interesado, este río recorre unos tres kilómetros en el centro de Atenas, donde existen varias casas cerca, ahora parte de esta agua está estancada con fuertes olores y lo que más preocupa a los vecinos es el poco espacio que quedó para que el agua corra libremente como debe ser y más que se avecina ya el invierno.
Se solicita la inspección por parte del departamento correspondiente para que visite y se haga el reporte objetivo de esta situación la municipalidad tiene la obligación de velar por la protección y conservación de que, por agua como ríos y quebradas para el bienestar de la comunidad, bueno ahí se ven en las fotos, tal vez no sé si se ve muy bien, pero de verdad el cauce del río ahora es como una hebrita lo que pasa ahí, porque todo ese muro ya abarcó una gran parte de donde corría el agua, todo ese muro se hizo ahí para proteger, entonces yo sí veo invasión del río bastante, hasta que, por eso le digo, entonces sería bueno que se haga la debida inspección. Buenas noches y muchas gracias. El Sr. Presidente menciona, antes de darle la palabra al compañero Isaac Ortiz, quisiera externarles que yo por un asunto de conflicto de intereses me va a sustituir la compañera Lucrecia, Lucrecia Arguello y el compañero Sebastián Víquez.
La Sra. Lucrecia Arguello, Presidenta a.i. menciona, don Isaac antes de tomar el acuerdo. El Sr. Isaac Ortiz, Regidor Propietario menciona, no, nada más para decirles que si tomemos en estos acuerdos de los síndicos ponerles 10 días hábiles para tener pronta respuesta, ya que digamos en el caso doña Mayela pues ya van a entrar las lluvias como dijo y en este caso doña Marcela pues ahorita si llueve por ser una quebrada pues también, también trae su complejidad ahí, entonces 10 días hábiles, cuando se tome el acuerdo. Acuerdo#107 SE ACUERDA, DAR POR RECIBIDA LAS INQUIETUDES DE LA SÍNDICA MARCELA VILLARREAL, Y SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE, CON LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES, SE SIRVAN INSPECCIONAR Y ANALIZAR, LA SITUACIÓN Y ASÍ DAR UNA RESPUESTA A LA DENUNCIA PRESENTADA, POR EL DAÑO AMBIENTAL EN LA QUEBRADA EL RASTRO, SE LE DAN 10 DÍAS A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE HAGAN ESTA INSPECCIÓN Y BRINDEN LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES. DEFINITIVAMENTE APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. EN FIRME. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
SEGUNDO. Que las manifestaciones expuestas ante el Concejo señalan presuntas intervenciones en el cauce, incluyendo colocación de materiales, aparente reducción del espacio hidráulico y posible afectación al libre escurrimiento del agua. TERCERO. Que consta en el expediente administrativo de la Dirección de Agua del MINAE la resolución DA-0833-2024, mediante la cual se otorgó permiso de obra en cauce de dominio público a Inversiones C y C del Oeste S.A., para la reparación de un muro de contención en la quebrada El Rastro y la colocación de rocas medianas al pie del muro, con una vigencia de dos años. CUARTO. Que esta Unidad, mediante oficio MAT-GA-014-2026, atendió formalmente la gestión ciudadana relacionada con este caso, dejando establecido que la competencia para autorizar, fiscalizar y determinar eventuales incumplimientos en obras sobre cauces de dominio público corresponde a la Dirección de Agua del MINAE.
QUINTO. Que, adicionalmente, mediante oficio MAT-GA-015-2026, esta Municipalidad puso en conocimiento formal de la Dirección de Agua, Unidad Hidrográfica Tárcoles, la denuncia ciudadana y solicitó la realización de una verificación técnica especializada respecto de la naturaleza, alcance y estado actual de las obras ejecutadas, particularmente ante el señalamiento de posibles excesos sobre el permiso otorgado. CONSIDERANDO I. Que de conformidad con los artículos 3, 69 y 70 de la Ley de Aguas N.° 276, los cauces de dominio público son bienes del Estado, y su autorización, regulación, fiscalización y control corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de la Dirección de Agua. Tal delimitación competencial ya fue consignada por esta Unidad en el oficio MAT-GA-014-2026. II. Que la resolución DA-0833-2024 constituye un acto administrativo válido y eficaz, que delimitó el alcance técnico y jurídico de la intervención autorizada, concretamente para la reparación del muro de contención y la colocación de rocas medianas, razón por la cual cualquier eventual exceso, desviación o incumplimiento debe ser determinado por la propia autoridad otorgante, y no por esta Municipalidad.
III. Que las actuaciones municipales realizadas en este caso han consistido en la atención de la denuncia, la verificación preliminar administrativa, la emisión de criterio institucional y la remisión formal del caso a la autoridad sectorial competente, en observancia del principio de legalidad y del deber de coordinación interinstitucional. IV. Que, en consecuencia, no resulta técnica ni jurídicamente procedente que esta Unidad emita una declaración definitiva sobre la existencia de daño ambiental, invasión de cauce, incumplimiento del permiso o responsabilidad administrativa del titular de la obra, mientras no medie la verificación y el pronunciamiento formal de la Dirección de Agua. POR TANTO Con fundamento en el Acuerdo MAT-CM-270-2026, el Oficio MAT-DA-0245-2026, los artículos 3, 69 y 70 de la Ley de Aguas N.° 276, y el principio de legalidad administrativa: PRIMERO: Se informa que la situación denunciada sobre la quebrada El Rastro fue atendida por esta Unidad mediante análisis técnico-administrativo y gestión institucional formal, conforme al ámbito competencial municipal.
SEGUNDO: Se deja constancia de que sobre el sitio en cuestión existe el permiso DA-0833-2024, emitido por la Dirección de Agua del MINAE, el cual autoriza una intervención específica sobre el muro de contención y la colocación de rocas medianas en el cauce. TERCERO: Se precisa que la determinación de si las obras ejecutadas se ajustan o no al permiso otorgado, así como la eventual existencia de afectación al cauce o daño ambiental, corresponde exclusivamente a la Dirección de Agua, autoridad competente para la verificación técnica, fiscalización y adopción de medidas conforme a derecho. CUARTO: Se hace constar que esta Municipalidad, en resguardo del interés público y en atención a la denuncia presentada, ya remitió formalmente los hechos a la autoridad competente mediante el oficio MAT-GA-015-2026, solicitando inspección técnica especializada y la valoración del alcance real de las obras ejecutadas.
QUINTO: Se rechaza expresamente cualquier atribución de responsabilidad directa a esta Administración en cuanto a la autorización, diseño, dirección técnica o fiscalización material de las obras ejecutadas en el cauce, por tratarse de materias reservadas legalmente a la autoridad sectorial competente. SEXTO: Se tiene por atendido el acuerdo municipal en lo que compete a esta Unidad, sin perjuicio del seguimiento institucional que corresponda una vez que la Dirección de Agua emita el resultado de la verificación solicitada …” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
CUARTO: Se hace constar que esta Municipalidad, en resguardo del interés público y en atención a la denuncia presentada, ya remitió formalmente los hechos a la autoridad competente mediante el oficio MAT-GA-015-2026, solicitando inspección técnica especializada y la valoración del alcance real de las obras ejecutadas. QUINTO: Se rechaza expresamente cualquier atribución de responsabilidad directa a esta Ad-ministración en cuanto a la autorización, diseño, dirección técnica o fiscalización material de las obras ejecutadas en el cauce, por tratarse de materias reservadas legalmente a la autoridad sectorial competente. SEXTO: Se tiene por atendido el acuerdo municipal en lo que compete a esta Unidad, sin perjuicio del seguimiento institucional que corresponda una vez que la Dirección de Agua emita el resultado de la verificación solicitada. El Sr. presidente comenta que como en las ocasiones anteriores este debe inhibirse de participación por lo que estaría dando lugar a la Compañera Lucrecia Argüello, para que esta le sustituya en su Calidad de vicepresidente para abordar este inciso.
La Sra. Lucrecia Argüello, en calidad de Vicepresidenta, buenas noches señores alcaldes, señores regidores, señores síndicos, entonces voy a leer el acuerdo con relación a este punto 14, procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo con forme a la argumentado por la Sra. Secretaria. La propuesta de acuerdo: dar por recibido el documento enviado para conocimiento de este concejo y ciudadanía en general, y se traslada a la Sra. Marcela Villareal, síndica de Atenas he interesados para su debida atención. Mencionar señor Alcalde, señores Regidores, señores Síndicos que sobre este caso el viernes 17 de abril se presentó ante la Secretaria del Concejo un Recurso de Amparo contra este ente municipal avalado por la sala constitucional de la corte suprema de justicia otorgando un plazo de tres días hábiles para su respuesta. Están de acuerdo compañeros, cinco votos a favor. En firme y definitivamente aprobado.
Con dispensa de trámite de comisión. Acuerdo#56 37 SE ACUERDA DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO ENVIADO PARA CONOCIMIENTO DE ESTE CONCEJO Y CIUDADANÍA EN GENERAL, Y SE TRASLADA A LA SRA.MARCELA VILLAREAL, SINDICA DE ATENAS HE INTERESADOS PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. DEFINITIVAMENTE APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. EN FIRME. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. Mencionar señor Alcalde, señores Regidores, señores síndicos que sobre este caso el viernes 17 de abril se presentó ante la secretaria del concejo un recurso de amparo contra este ente municipal avalado por la sala constitucional de la corte suprema de justicia otorgando un plazo de tres días hábiles para su respuesta. El Sr. Presidente agradece la colaboración y señala que continúan con la correspondencia. Sin más por el momento, el Sr. Presidente, cierra la sesión a las veinte horas, con treinta y tres minutos del 20 de abril del 2026”. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
EN CUANTO A LA DIRECCIÓN DE AGUA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA:
Además, en el penúltimo párrafo de la página 4 del oficio DA-UHTPCOSR-0195-2026 se les ordena los señores INVERSIONES CYC DEL OESTE S.A con cédula jurídica 3-101-539756: “Realizar la demolición completa de la obra en cauce de muro de malla y cemento realizado en el sitio en la margen izquierda de la quebrada El Rastro, esto debido a que se contó permiso para esta obra en cauce ya que no fue lo autorizado en el expediente 1445-O”. Siendo lo correcto que no se contó con permiso para la obra construida. Aclaración del oficio DA-UHTPCOSR-0195-2026 En el expediente 1445-O consta que lo solicitado y lo autorizado fue: La reparación de un muro de contención de 17.4 metros de largo que está en la margen del cauce de la quebrada El Rastro. Se otorgó permiso para efectuar labores de mantenimiento de forma artesanal, a fin de conservar y preservar la infraestructura existente, dado el nivel de deterioro que tiene el muro actualmente por su ciclo de vida ya vencido.
Además, se otorgó permiso para la colocación de rocas medianas al pie del muro infraestructura, para que la fuerza hidráulica del cauce de la quebrada El Rastro no continúe golpeando o en su efecto socavando directamente la infraestructura de concreto, mediante el Oficio MAT-CCONST-0017-2024. Obra construida según visita del 25 de marzo de 2026. Lo realizado en el sitio según la inspección del 25 de marzo fue la colocación de una maya en la margen izquierda de la quebrada El Rastro en la base del muro existente, rocas y se puso cemento encima por un largo aproximado a 15 metros en la base del muro, lo que representa un impedimento al libre discurrir de las aguas debido a que estrangula el cauce afectando negativamente la dinámica de flujo del cauce de dominio público, ya que cambia la dirección de flujo por extenderse desde el margen, hasta cubrir parte del lecho. La obra en cauce que se construyó posee una rugosidad menor y más bien favorece velocidades erosivas que podrían afectar aguas abajo o el margen contrario.
Además, sus dimensiones y características disminuyen el área hidráulica del cauce limitando el libre discurrir de las aguas. Por el contrario, si se autorizaba en el expediente 1445-O la obra en cauce solicitada inicialmente debido a que una protección con rocas medinas sirven para aumentan rugosidad y disminuyen velocidad de flujo y esto se traduce en menor erosión. Conclusión Debido a que la obra en cauce construida en el sitio no es la autorizada en el expediente 1445-O y que además disminuye el área hidráulica del cauce de la quebrada El Rastro y esto limita el libre discurrir de las aguas y puede generar velocidades que afecten a terrenos de terceras personas, son las razones por las que se le ordena la demolición completa de la obra en cauce de muro de malla y cemento en la margen izquierda de este cauce” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:
“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).
Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza ‑plausiblemente debe involucrar un peligro serio‑, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados.
En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente ‑lo que desnaturalizaría su razón de ser‑, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ‑ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:
“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).
El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica ‑véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006‑, en la que se lee:
“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.
Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.
En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:
“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).
Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.
Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.
En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.
Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.
Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.
Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Baraona Bray vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:
“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.
Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).
En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.
El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).
Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:
“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.
Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.
En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.
De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.
Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:
“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.
En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).
V.SOBRE LA OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RELATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO JURÍDICO-AMBIENTAL EN COSTA RICA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su reciente Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, titulada “Emergencia Climática y Derechos Humanos” sobre cambio climático y derechos humanos, consolidó una interpretación evolutiva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a la cual la crisis climática constituye una amenaza real, actual y creciente para el ejercicio efectivo de múltiples derechos fundamentales, entre ellos la vida, la salud, la integridad personal, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda digna y el derecho a un ambiente sano.
Se reafirma que los fenómenos climáticos extremos, la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y el aumento de riesgos socioambientales no pueden analizarse únicamente como cuestiones técnicas o de política pública, sino como materias sujetas a control jurídico constitucional y convencional, en tanto comprometen obligaciones estatales de respeto, garantía y prevención frente a los derechos humanos reconocidos por el sistema interamericano.
Que la Corte estableció que los Estados parte tienen deberes positivos reforzados de mitigación, adaptación, prevención del daño ambiental significativo, regulación de actividades contaminantes, supervisión empresarial y protección de poblaciones vulnerables, de conformidad con los principios de precaución, prevención, progresividad, equidad intergeneracional y no regresión ambiental.
Adicionalmente, la Opinión Consultiva desarrolla el principio pro natura, especialmente a partir de los párrafos 216 y 279 a 286, conforme al cual, ante varias interpretaciones jurídicamente posibles, debe preferirse aquella que otorgue mayor protección a la naturaleza, a los ecosistemas y a los derechos humanos vinculados al equilibrio ambiental. Dicho criterio hermenéutico impone a las autoridades públicas y órganos jurisdiccionales un deber reforzado de interpretar y aplicar las normas internas e internacionales en sentido favorable a la conservación, restauración y continuidad funcional de los ecosistemas, particularmente en contextos de incertidumbre científica, riesgo de daño grave o irreversible y toma de decisiones con efectos climáticos relevantes.
Que igualmente se reconoció que la respuesta estatal frente al cambio climático requiere procesos institucionales transparentes, técnicamente fundamentados y orientados a la participación efectiva de la ciudadanía, de modo que las decisiones públicas con incidencia ambiental cuenten con legitimidad democrática y control jurídico suficiente.
La Opinión Consultiva enfatiza que los Estados deben garantizar acceso oportuno a información relevante sobre riesgos climáticos, emisiones contaminantes, impactos acumulativos, vulnerabilidad territorial, planificación ambiental y medidas de adaptación, como presupuesto indispensable para la tutela efectiva de los derechos comprometidos.
Asimismo, la Corte destacó la necesidad de contar con recursos administrativos y jurisdiccionales eficaces frente a actos u omisiones estatales que favorezcan deterioro ambiental, insuficiencia regulatoria o incumplimiento de deberes climáticos, fortaleciendo así el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Para la República de Costa Rica esta Opinión Consultiva reviste especial relevancia, al tratarse de un Estado Parte de la Convención Americana y con una reconocida tradición constitucional en materia ecológica, particularmente a partir del artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En el contexto nacional, ello implica que toda decisión relacionada con proyectos energéticos, expansión urbana, infraestructura pública, aprovechamiento de recursos naturales, ordenamiento territorial, gestión hídrica, desarrollo costero o actividades con incidencia climática debe valorarse también a la luz del deber estatal de prevención de daños ambientales y climáticos.
Que dicha obligación comprende la necesidad de adoptar decisiones públicas basadas en evidencia científica, estudios técnicos suficientes, evaluación de impactos acumulativos y consideración de efectos presentes y futuros sobre comunidades humanas y ecosistemas estratégicos.
La Opinión Consultiva refuerza igualmente la jurisprudencia histórica de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la cual ha reconocido el ambiente como derecho fundamental justiciable. En consecuencia, el control constitucional puede proyectarse con mayor intensidad hacia una justicia climática, permitiendo examinar omisiones estatales, insuficiencia normativa o actuaciones incompatibles con estándares razonables de protección ambiental.
Merece particular atención el énfasis interamericano en grupos en condición de vulnerabilidad, tales como pueblos indígenas, comunidades costeras, niñez, personas adultas mayores y poblaciones expuestas a inundaciones, sequías o erosión territorial, respecto de las cuales el deber estatal de adaptación y protección adquiere una dimensión reforzada.
Ello posee especial incidencia para Costa Rica, dadas sus características geográficas, su riqueza ecológica, la relevancia de sus zonas costeras, la protección de sus bosques y cuencas hidrográficas, así como la exposición diferenciada de diversos territorios a eventos climáticos extremos.
Dicha Opinión Consultiva representa un parámetro normativo de alta relevancia que fortalece la tutela del ambiente, amplía la exigibilidad judicial de la acción climática estatal y reafirma que la defensa del equilibrio ecológico constituye una dimensión inseparable del Estado social, democrático y ecológico de Derecho.
La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. Esta puede ser interorgánica –entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía– o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La autonomía administrativa o de otro grado de cuya titularidad gozan los entes públicos los obliga a coordinar sus acciones, puesto que, no pueden estar sometidos recíprocamente a relaciones de jerarquía por su naturaleza interorgánica. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada; y se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación. En materia ambiental, este principio toma un matiz diferenciado, siendo que resulta de relevancia lo dicho por este Tribunal en Sentencia No. 2012-008892 de las 16:03 horas de 27 de junio de 2012:
“(…) “III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial.
Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):
"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).” En otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a duda que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional.
Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de contaminación (…)”.
En el caso concreto, de los hechos tenidos por demostrados se desprende que la controversia no se limita a una simple diferencia administrativa sobre el alcance de un permiso de obra en cauce, sino que involucra la posible afectación directa de un bien de dominio público —la quebrada El Rastro— así como la eventual amenaza al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política. Dicha norma no solo prevé el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que impone al Estado el deber positivo de garantizarlo, defenderlo y preservarlo. Además, legitima a toda persona para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y reclamar la reparación del daño causado.
En ese sentido, la Sala estima que tratándose de una intervención material dentro de un cauce de dominio público, la actuación estatal exigible no puede agotarse en la recepción de denuncias, la emisión de oficios o el traslado de los hechos al Ministerio Público. Tales actuaciones pueden ser necesarias, pero no son suficientes cuando la propia autoridad técnica competente ya ha constatado que la obra ejecutada no corresponde a lo autorizado, que fue realizada sin el permiso correspondiente en los términos construidos, y que incide negativamente sobre la dinámica hidráulica del cauce. Según los hechos probados, la Dirección de Agua tuvo conocimiento de la denuncia, realizó inspección el 25 de marzo de 2026, concluyó el 20 de abril de 2026 que la obra construida no correspondía a lo autorizado en la resolución DA-0833-2024, la calificó como ilegal y ordenó demoler completamente el muro de malla y cemento en un plazo improrrogable de ocho días hábiles.
Debe recordarse que las aguas de dominio público, así como los cauces de las corrientes de dominio público, pertenecen a la Nación. La Ley de Aguas establece que son de propiedad nacional, entre otros bienes, los cauces de las corrientes de dominio público. Asimismo, el Reglamento Ejecutivo N.º 44410-MINAE reconoce que el Ministerio de Ambiente y Energía es el ente titular y rector del agua a nivel nacional, y que esa función se ejerce por medio de su órgano técnico, la Dirección de Agua, particularmente respecto de las solicitudes y permisos de obra en cauce. De ahí que, una vez determinada técnicamente la existencia de una obra no autorizada dentro del cauce, la Dirección de Agua no solo se encuentra facultada, sino obligada a adoptar medidas reales, eficaces y oportunas para restituir la legalidad ambiental y proteger el bien demanial afectado.
En el expediente consta además, que la obra originalmente autorizada no consistía en la construcción de un muro de malla y cemento, sino en labores de mantenimiento artesanal de un muro existente y colocación de rocas medianas al pie de la infraestructura. Por el contrario, la inspección de la Dirección de Agua determinó que se colocó una malla en la margen izquierda de la quebrada El Rastro, con rocas y cemento encima por aproximadamente quince metros, lo cual estrangula el cauce, impide el libre discurrir de las aguas, disminuye el área hidráulica y puede generar velocidades erosivas con afectación a terrenos de terceras personas. Ese hallazgo técnico es de especial relevancia constitucional, pues convierte el asunto en una amenaza concreta y actual al ambiente, al cauce público y eventualmente a la seguridad de quienes habitan o transitan en el sector.
Desde esta perspectiva, no resulta constitucionalmente admisible que la Dirección de Agua se limite a afirmar que presentó una denuncia penal o que puso los hechos en conocimiento de otras autoridades. La vía penal puede determinar responsabilidades personales por la eventual comisión de delitos ambientales, pero no sustituye el deber administrativo inmediato de restablecer el cauce, prevenir daños mayores y hacer cesar una situación material que la propia Dirección de Agua calificó como ilegal y perjudicial para la dinámica de flujo. El amparo ambiental exige una respuesta útil, pronta y efectiva, no una actuación meramente formal. La protección del artículo 50 constitucional tiene una dimensión preventiva, correctiva y restauradora, especialmente cuando se trata de bienes de dominio público y de riesgos vinculados al recurso hídrico.
La Ley General de la Administración Pública proporciona los instrumentos jurídicos necesarios para materializar esa orden. El artículo 146 dispone que la Administración tiene potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aun contra la voluntad o resistencia del obligado. De igual forma, el artículo 149 establece como medio de ejecución administrativa la ejecución sustitutiva, aplicable cuando la obligación puede ser cumplida por un tercero en lugar del obligado, quedando las costas a cargo de este último. La demolición de una obra ilegal de malla, cemento y rocas dentro de un cauce público es precisamente, una obligación que puede ser cumplida por un tercero —personal técnico, contratista, cuadrilla institucional o apoyo municipal— por lo que resulta jurídicamente procedente acudir a ese mecanismo si el obligado no cumple voluntariamente.
Ahora bien, la ejecución administrativa debe realizarse conforme al principio de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. El artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública exige que la ejecución no sea anterior a la debida comunicación del acto principal y que, salvo caso de urgencia, sea precedida de dos intimaciones consecutivas, con indicación clara del requerimiento de cumplimiento, el medio coercitivo aplicable y un plazo prudencial para ejecutar lo ordenado. Lo anterior significa que la Dirección de Agua no está autorizada a actuar de manera improvisada o arbitraria; pero sí está legalmente habilitada y constitucionalmente obligada a pasar de la orden formal de demolición a la ejecución efectiva de la medida, si el particular incumple.
En el caso bajo examen, esa ejecución material debe comprender, al menos, la verificación del vencimiento del plazo conferido al administrado, la emisión de las intimaciones que correspondan —salvo que se motive técnicamente una urgencia por riesgo ambiental o de seguridad— la elaboración de un plan técnico de remoción, la definición del método de demolición, el manejo adecuado de escombros, la adopción de medidas para evitar mayor afectación al cauce y la documentación de la ejecución mediante actas, fotografías, georreferenciación e informes técnicos. Si existe oposición del obligado o de terceros, la Administración puede solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, dentro de los límites estrictamente necesarios, pues la Ley General de la Administración Pública contempla el concurso policial para hacer efectivo el cumplimiento forzoso y prohíbe la resistencia violenta a la ejecución del acto administrativo.
Tampoco puede perderse de vista el deber de coordinación interinstitucional. La Municipalidad de Atenas no es la autoridad técnica primaria para autorizar, fiscalizar o determinar el incumplimiento de obras en cauce, pues esa competencia corresponde a la Dirección de Agua. Sin embargo, ello no significa que la Municipalidad pueda desentenderse de la situación cuando se trata de un cauce ubicado dentro de su cantón, con posible afectación a intereses locales, vecinos del sector, seguridad comunal y ambiente. El artículo 169 de la Constitución Política atribuye al Gobierno Municipal la administración de los intereses y servicios locales del cantón. Además, la normativa administrativa reconoce el principio de coordinación institucional e interinstitucional, conforme al cual los entes y órganos públicos deben actuar entre sí de manera coordinada, intercambiando información y prestando cooperación para la resolución de las gestiones sometidas a su conocimiento.
Así, la Sala considera que la Municipalidad de Atenas debe coadyuvar con la Dirección de Agua, dentro del marco de sus competencias, capacidades materiales y disponibilidad institucional, para que la orden de demolición no quede reducida a una declaración formal. Dicha colaboración puede incluir apoyo logístico, acompañamiento de gestión ambiental municipal, coordinación vial o comunal, asistencia en el retiro de materiales, facilitación de maquinaria municipal si técnicamente resulta necesaria y jurídicamente viable, así como cualquier otra actuación razonable que permita ejecutar la medida sin agravar el daño ambiental ni poner en riesgo a las personas. Esta colaboración no desplaza la competencia rectora de la Dirección de Agua, pero sí materializa el deber constitucional de cooperación entre administraciones públicas ante una amenaza ambiental localizada en el cantón.
En consecuencia, cuando la Dirección de Agua ya constató que la obra estrangula el cauce, disminuye el área hidráulica, limita el libre discurrir de las aguas y puede generar afectaciones a terceros, la respuesta constitucionalmente adecuada no puede ser la pasividad institucional ni la espera indefinida del resultado de una denuncia penal. La Administración cuenta con potestades suficientes para ejecutar sus propios actos, utilizar la ejecución sustitutiva, coordinar con otras instituciones, recuperar los costos frente al infractor y adoptar las medidas técnicas necesarias para restituir el cauce de dominio público. La omisión de activar oportunamente esos mecanismos perpetuaría la afectación del ambiente y dejaría sin tutela efectiva el derecho reconocido en el artículo 50 constitucional.
Por todo lo anterior, procede declarar con lugar el recurso. Se ordena a la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía que verifique el cumplimiento de la orden de demolición dictada contra Inversiones C y C del Oeste S.A y en caso de incumplimiento, active de inmediato los mecanismos de ejecución administrativa previstos en la Ley General de la Administración Pública, incluida la ejecución sustitutiva, con cargo al obligado, previo cumplimiento de las intimaciones correspondientes o motivando la urgencia si técnicamente procediere. Asimismo, deberá coordinar con la Municipalidad de Atenas, la Fuerza Pública y las demás instituciones competentes la ejecución material de la demolición, el retiro de los escombros y la adopción de medidas de restauración o estabilización necesarias para garantizar el libre discurrir de las aguas y evitar daños adicionales al cauce de la quebrada El Rastro.
Igualmente, se ordena a la Municipalidad de Atenas que, sin asumir competencias técnicas que corresponden a la Dirección de Agua, preste la colaboración interinstitucional necesaria para la ejecución efectiva de la medida, incluyendo, si resulta necesario y técnicamente viable, el apoyo con maquinaria, personal, logística municipal o gestión ambiental local, todo bajo la dirección técnica de la autoridad competente en materia de cauces. Con ello se garantiza una respuesta efectiva, coordinada y proporcional frente a la afectación denunciada, se protege el dominio público hidráulico y se restablece el goce del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que ha denunciado, ante la Municipalidad de Atenas y el Ministerio de Ambiente y Energía, la alteración y obstrucción de la Quebrada El Rastro; sin embargo, sus gestiones no han sido atendidas, colocando en peligro la integridad de los habitantes de la comunidad.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a DANNY OLIVARES RIVERA, en su condición de DIRECTOR A.I. DE AGUA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que dentro del plazo de TRES MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, se materialice la demolición ordenada mediante oficio No. DA-UHTPCOSR-0195-2026 y se garantice el retiro adecuado de los escombros y se adopten las medidas técnicas necesarias para la restauración del cauce, asegurando el libre discurrir de las aguas y la prevención de daños adicionales, todo lo cual deberá ser informado a este Tribunal dentro del mismo plazo. Asimismo, se ordena a MÁXIMO CHAVES OVARES Y ROY ARIAS ROJAS, por su orden alcalde y presidente del Concejo, ambos de la MUNICIPALIDAD DE ATENAS, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que de INMEDIATO, dispongan con los personeros de la Dirección de Agua del MINAE -dentro de sus competencias y posibilidades- la colaboración interinstitucional necesaria para la ejecución efectiva de dicha demolición.
Se advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Atenas al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese. - Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Document not found. Documento no encontrado.