← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 05768-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/02/2026
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo as to damage to the historic doors and stones and the commencement of work without validated protocols, ordering suspension and technical safeguards, but denied the remaining claims, including the challenge to the paint colors.La Sala acogió el amparo por los daños a las puertas y piedras históricas y por iniciar las obras sin protocolos validados, ordenó suspenderlas y establecer criterios técnicos, pero rechazó los reclamos restantes, incluido el relativo a los colores de la pintura.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted the amparo because of damage to the National Theatre’s historic doors and perimeter-wall stones and because restoration began before the competent technical body validated the intervention protocols. It found deficient institutional coordination and culpa in vigilando: work started on October 15, 2025, but the protocols were not submitted to the Cultural Heritage Directorate until December 8. The Chamber ordered the affected work to remain suspended and required the authorities, within one month, to establish the technical guidelines, protocols, and criteria needed to protect the components’ material, historical, and aesthetic integrity and to assess feasible measures for minimizing existing damage. It also ordered completion within two months of the administrative proceeding concerning possible disciplinary responsibility. The claim challenging the colors used on the railings and roof was denied because the paint had received technical approval and any disagreement with the selected colors required fuller proceedings before the competent administrative or ordinary judicial authorities.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo por los daños causados a las puertas históricas y a las piedras de los muros perimetrales del Teatro Nacional, así como por haber comenzado las obras de restauración antes de que el órgano técnico competente validara los protocolos de intervención. Determinó que existieron falta de coordinación institucional y culpa in vigilando, pues los trabajos comenzaron el 15 de octubre de 2025 y los protocolos no fueron remitidos a la Dirección de Patrimonio Cultural hasta el 8 de diciembre. Ordenó mantener suspendidas las intervenciones afectadas, definir en un mes los lineamientos, protocolos y criterios técnicos necesarios para garantizar la integridad material, histórica y estética de los componentes, y valorar medidas para minimizar los daños. También ordenó concluir en dos meses el procedimiento administrativo sobre eventuales responsabilidades. Rechazó el reclamo relativo al color de las verjas y del techo porque las pinturas habían sido técnicamente aprobadas y la controversia exigía conocimiento ordinario.
Key excerptExtracto clave
Accordingly, this Chamber observes that work on the National Theatre was initially carried out without validation of appropriate technical criteria and without the corresponding supervision by the respondent authorities. In this regard, it bears emphasizing what the Cultural Heritage Directorate stated in its December 20, 2025 report, cited above: that office did not receive the intervention protocols until December 8, 2025—more than one month after the work began, since the submitted log indicates that work started on October 15, 2025. Thus, the work began without validation of the protocols by the competent technical body. This situation demonstrates a lack of coordination among the respondent agencies, as well as culpa in vigilando, which led to the identified irregularities. Indeed, it was not until December 20, 2025—when the theatre’s structures already presented irreversible damage from the improper intervention to which they had been subjected—that representatives of the National Theatre, the Cultural Heritage Directorate, and the company responsible for the work met to define specific guidelines and criteria governing how the work should be performed. Moreover, it was not until January 7, 2026, after notice of this amparo proceeding, that the Ministry of Culture and Youth provisionally suspended “the restoration and finishing work on the doors, as well as interventions related to plasterwork and associated elements” until “the adopted technical agreements” were satisfied. Nevertheless, this Court does not find that the guidelines or protocols required to continue the work were ultimately issued so as to guarantee the material, historical, and aesthetic integrity of the building components subject to conservation or restoration. Based on the foregoing, the respondents’ omissions are especially serious because the irreversible damage caused to the National Theatre’s historic structures constitutes an extremely serious injury, given the immense artistic and cultural value that this venue represents for the country.Así las cosas, esta Sala observa que los trabajos en el Teatro Nacional se ejecutaron inicialmente sin la validación de criterios técnicos adecuados, y sin la supervisión correspondiente de las autoridades recurridas. En ese tanto, cabe resaltar lo señalado por la Dirección de Patrimonio Cultural en el informe de 20 de diciembre de 2025, citado ut supra, según el cual los protocolos de intervención no fueron recibidos por esa oficina sino hasta el 8 de diciembre de 2025 -sea, más de un mes después de iniciadas las obras, pues según la bitácora aportada los trabajos comenzaron el 15 de octubre de 2025-; de manera que los trabajos iniciaron sin la validación de los protocolos por parte del órgano técnico competente. Tal situación evidencia la falta de coordinación entre las dependencias recurridas, así como una culpa in vigilando, que desencadenó las irregularidades apuntadas. Justamente, véase que no fue sino hasta el 20 de diciembre de 2025 (cuando las estructuras del teatro ya presentaban daños irreversibles por la incorrecta intervención a la que fueron sometidas), que las autoridades del Teatro Nacional, de la Dirección de Patrimonio Cultural y de la empresa a cargo de las obras se reunieron para definir lineamientos específicos y criterios relativos a la forma en que debían realizarse los trabajos. Además, no fue sino hasta el 7 de enero de 2026 (con posterioridad a la notificación de este proceso de amparo), que las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud decidieron suspender provisionalmente “los trabajos de restauración y acabado de las puertas, así como las intervenciones relacionadas con repellos y elementos asociados” hasta que no se cumplan “los acuerdos técnicos adoptados”. Sin embargo, no observa este Tribunal que finalmente se hayan emitido los lineamientos ni protocolos para continuar con las obras en cuestión, de forma tal que se garantice la integridad material, histórica y estética de los componentes del inmueble sujetos a conservación o restauración. Con base en lo expuesto, las omisiones de los recurridos resultan especialmente graves, pues los daños irreversibles causados a las estructuras históricas del Teatro Nacional constituyen un agravio de suma gravedad, atendiendo al inmenso valor artístico y cultural que este recinto representa para el país.
Pull quotesCitas destacadas
"En consecuencia, se declara con lugar estos extremos del recurso, con las consecuencias que se consignan en la parte dispositiva de este pronunciamiento."
"Consequently, these aspects of the amparo are granted, with the consequences set forth in the operative portion of this ruling."
Considerando VI
"En consecuencia, se declara con lugar estos extremos del recurso, con las consecuencias que se consignan en la parte dispositiva de este pronunciamiento."
Considerando VI
"A partir de lo anterior, concerniente a este punto en particular se descarta alguna irregularidad evidente y manifiesta susceptible de ser declarada en este proceso."
"Based on the foregoing, with respect to this particular issue, the Court finds no evident and manifest irregularity capable of being declared in this proceeding."
Considerando VII
"A partir de lo anterior, concerniente a este punto en particular se descarta alguna irregularidad evidente y manifiesta susceptible de ser declarada en este proceso."
Considerando VII
"Ergo, se desestima el recurso en relación con este extremo."
"Accordingly, the amparo is denied as to this issue."
Considerando VII
"Ergo, se desestima el recurso en relación con este extremo."
Considerando VII
"Se declara parcialmente con lugar el recurso solo respecto de los daños ocasionados a las puertas y las piedras que conforman los muros perimetrales del Teatro Nacional de Costa Rica, así como que se iniciaran los trabajos de restauración sin que los protocolos correspondientes hubieran sido validados por el órgano técnico competente."
"The amparo is partially granted solely with respect to the damage caused to the doors and stones forming the perimeter walls of the National Theatre of Costa Rica, as well as the commencement of restoration work before the corresponding protocols had been validated by the competent technical body."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso solo respecto de los daños ocasionados a las puertas y las piedras que conforman los muros perimetrales del Teatro Nacional de Costa Rica, así como que se iniciaran los trabajos de restauración sin que los protocolos correspondientes hubieran sido validados por el órgano técnico competente."
Por tanto
Full documentDocumento completo
<span data-mce-type="bookmark" id="mce_1_start" data-mce-style="overflow:hidden;line-height:0px" style="overflow: hidden; line-height: 0px;"></span>Document Review Decision No. 2026005768 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nueve horas treinta y cinco minutos on diecisiete de febrero de dos mil veintiseis.
Petition for amparo (recurso de amparo) being processed under case no. 25-038490-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MINISTRY OF CULTURE AND YOUTH.
Whereas:
“Explains that beneath the railings there are capstones (piedras de remate) on the perimeter walls (muros perimetrales), which are original stones from the theater and are 128 years old.” Technical response: The capstones are among the heritage elements (elementos patrimoniales) covered by the authorized scope of work for the perimeter wall, subject to conservation and compatibility criteria. In this regard, it must be understood that each of the four sides of the Teatro Nacional has a different history, since there is certainty regarding the exterior perimeter walls at the front of the building, alterations on the south and east sides, and new construction on the north side, which bordered the former theater annex, the original ticket office at the northwest corner, and other properties that were acquired over time to make way for the construction of the Plaza del Cultura in the 80’s. Accordingly, the perimeter wall on the north side, and even part of the wall on the east side and the wall on the south side, are historical reconstructions (falsos históricos); therefore, not all the stones are original (…) Related documentation (attached): • DPC form (entry 069) • Lighting plan (entry 070). • Façade restoration plan (entry 071). • Southeast wall restoration plan (entry 072). • Perimeter wall restoration plan (entry 073). • Decision MCJ-DPC-PHA-1244-2025 (entry 114) TWELFTH: Alleged fact 12.
“States that the respondent authorities subjected them to destructive intervention by using an angle grinder to widen the mortar joints (sisas).” Technical response: At the technical meeting of 20 de diciembre del 2025, the contractor stated that the grinder was used to weaken and remove deteriorated mortar. TNCR did not expressly approve its use. At the same meeting, the contractor was asked to submit a technical report documenting the joints that had been worked on and the areas of greatest wear; that report was formally submitted through official letter REYCO-022- 2025. Related documentation (attached): • Minutes TN-CO-MI-045-2025 (entry 600). • REYCO-022-2025-LIC-TN – Mortar Joint Report (entry 612). • Construction logs (bitácoras de obra) (scanned copies from 15 de octubre to 22 de diciembre del 2025) (entry 643). • Construction logs (scanned copies from 26 de diciembre to 30 de diciembre del 2025) (entry 719).
THIRTEENTH: Alleged fact 13. “Mentions that the joints were originally five millimeters wide, now measure up to three centimeters, and, in some cases, have become six times wider.” Technical response: The joints do not have a fixed or uniform dimension. On-site observations show variations in their width and spacing throughout the different sections, with areas where the joints are narrower and closer together and others where they have wider openings, which is consistent with historical construction techniques and successive aging and maintenance processes (…) Related documentation (attached): • Minutes TN-CO-MI-045-2025 (entry 600). • REYCO-022-2025-LIC-TN (entry 612). FOURTEENTH: Alleged fact 14. “Adds that the material they cut dated from 1897 and no longer exists.” Technical response: The historical nature of the original materials is acknowledged. Accordingly, the intervention materials (materiales de intervención) were selected for compatibility and performance, so as to avoid compromising the original substrate (sustrato original).
Related documentation (attached): • REYCO-022-2025-LIC-TN (entry 612). FIFTEENTH: Alleged fact 15. “Considers the most serious issue to be that the widened joints were filled with concrete.” Technical response: The specifications for the mortar used to fill the joints underwent technical review during execution, in accordance with the recommendations issued by the Dirección de Patrimonio Cultural. As a result of that review, a compatible mortar was used, formulated primarily with lime, with aggregate gradation (granulometría) appropriate to the original substrate and with cement added in a controlled manner only when technically required (…) Related documentation (attached): • Minutes TN-CO-MI-045-2025 (entry 600) • REYCO-022-2025-LIC-TN (entry 612). • Tender specifications (pliego de condiciones) (entry 112). SIXTEENTH: Alleged fact 16. “Explains that concrete is incompatible with the original stone because of their different coefficients of thermal expansion, which will cause future fractures in the stone substrate (sustrato pétreo).” Technical response: Material compatibility was considered in the technical adjustment implemented, giving priority to a mortar formulated primarily with lime whose behavior is more compatible with the stone substrate, as documented.
Related documentation (attached): • REYCO-022-2025-LIC-TN (entry 612). • Tender specifications (entry 112). SEVENTEENTH: Alleged fact 17. “Asserts that the actions of the respondent authorities not only caused irreversible damage but also ensured future damage.” Technical response: To date, there is no documented technical determination confirming irreversible or future damage. The intervention remains under institutional monitoring, with records of observations, requests for information, and technical reports, and adjustments are incorporated when appropriate. Related documentation (attached): • Construction logs (scanned copies from 15 de octubre to 22 de diciembre del 2025) (entry 643). • Construction logs (scanned copies from 26 de diciembre to 30 de diciembre del 2025) (entry 719). • Minutes TN-CO-MI-045-2025 (entry 600). • REYCO-022-2025-LIC-TN (entry 612). • Official letter TN-CO-183-2025 (26/12/2025) (entry 672).
EIGHTEENTH: Alleged fact 18. “States that the company responsible for this work is called Constructora Reyco, which builds buildings, performs remodeling work and structural shell construction (obra gris), but lacks proven experience in restoring historic heritage.” Technical response: The company was evaluated in accordance with the eligibility requirements (admisibilidad) established in the tender specifications. The work is being carried out under institutional oversight and documented technical control (logs, minutes, submittals, and reports). Related documentation (attached): • Tender specifications (entry 112). • Minutes TN-CO-MI-045-2025 (entry 600. • Construction logs (scanned copies from 15 de octubre to 22 de diciembre del 2025) (entry 643). • Construction logs (scanned copies from 26 de diciembre to 30 de diciembre del 2025) (entry 719). • Related submittals and reports (including, among others, entries 497, 498, 502, 612).
NINETEENTH: Alleged fact 19. “States that the problem with the procurement does not concern only which company was hired, but that the contract was, in his view, poorly structured.” Technical response: With respect to that assertion, the structuring and processing of the procurement procedure were conducted in accordance with the applicable regulatory framework and administrative due process. This report is limited to setting out the technical, verifiable, and documented aspects associated with the execution of the project. Related documentation (attached): • TN-CO-SI-008-2025 – technical justification and specifications (entry 083). • Tender specifications (entry 112). TWENTIETH: Alleged fact 20. “Explains that any intervention requires an initial assessment (diagnóstico inicial) identifying which elements must be preserved intact and which require restoration.” Technical response: The assessment took the form of a set of criteria, surveys, and distributed specifications, incorporated into the permit application form and the component-specific plans submitted to the Dirección de patrimonio cultural before the decision was issued.
Related documentation (attached): • DPC form (entry 069) • Plans (entries 070–073). • Decision MCJ-DPC-PHA-1244-2025 (entry 114). • Tender specifications (entry 112) • TN-CO-SI-008-2025 (entry 083). TWENTY-FIRST: Alleged fact 21. “In addition, it must be stated how the restoration will be carried out.” Technical response: The procedures are set out in the tender specifications and in specific procedures submitted by the contractor, subject to review and oversight. Related documentation (attached): • Tender document (pliego) (entry 112). • REYCO-010-2025-LIC (entry 502). • REYCO-022-2025-LIC-TN (entry 612). TWENTY-SECOND: Alleged fact 22. “Explains that said assessment had to be submitted to the Dirección de Patrimonio for approval and that the entire process for each intervention had to be documented.” Technical response: The assessment/technical scope was submitted to Dirección de Patrimonio Cultural through the permit process, which culminated in a decision.
The execution process has been documented through logs, minutes, submittals, and reports; additionally, control over scheduling and daily reports was strengthened through a formal official letter. Related documentation (attached): • DPC form (entry 069) • Plans (entries 070–073) • Decision MCJ-DPC-PHA-1244-2025 (entry 114). • Construction logs (scanned copies from 15 de octubre to 22 de diciembre del 2025) (entry 643). • Construction logs (scanned copies from 26 de diciembre to 30 de diciembre del 2025) (entry 719). • Minutes TN-CO-MI-045-2025 (entry 600). • Official letter TN-CO-183-2025 (entry 672). • Submittals and reports (including, among others, entries 497, 498, 502, 612). TWENTY-THIRD: Alleged fact 23. “States that, once the assessment had been approved, the restoration work could be put out to tender to a restoration company with proven experience.” Technical response: The tender process was conducted in accordance with the applicable framework and the approved tender specifications, with a valid heritage authorization (autorización patrimonial).
Execution remains subject to institutional oversight and technical control. Related documentation (attached): • Tender specifications (entry 112). • Decision MCJ-DPC-PHA-1244-2025 (entry 114). • Evidence of technical control: logs/minutes/official letters (including entries 600 and 672). TWENTY-FOURTH: Alleged fact 24. “Maintains that the respondent authorities complied with none of the foregoing, since there is no assessment, approval, documentation, or specialized company.” Technical response: The record contains a distributed assessment (form + plans + specifications), approval (DPC decision), and documentation of execution (logs, minutes, submittal controls, reports, and official letters establishing strengthened controls). Related documentation (attached): • DPC form (entry 069) • Plans (entries 070–073). • Decision MCJ-DPC-PHA-1244-2025 (entry 114). • Tender document (entry 112) • TN-CO-SI-008-2025 (entry 083). • Minutes TN-CO-MI-045-2025 (entry 600). • REYCO-010-2025-LIC (entry 502). • Official letter TN-CO-178-2025 (entry 539). • REYCO-022-2025-LIC-TN (entry 612). • Official letter TN-CO-183-2025 (entry 672). • Report REYCO-027-2025-LIC-TN (29/12/2025) (entry 676). • Report REYCO-029-2025-LIC-TN (30/12/2025) (entry 680). • Report REYCO-032-2025-LIC-TN (31/12/2025) (entry 697). • Report REYCO-034-2025-LIC-TN (05/01/2026) (entry 727). • Report REYCO-037-2025-LIC-TN (06/01/2026) (entry 737) TWENTY-FIFTH: Alleged fact 25.
“Requests that the respondent authorities be ordered to suspend the intervention at the Teatro Nacional immediately…” Technical response: The request made by the petitioner constitutes a claim brought in constitutional proceedings (sede constitucional). From a technical and documentary standpoint, the project activities fall within the scope of a valid heritage authorization, with continuous institutional monitoring and strengthened control and traceability mechanisms during execution. With specific regard to the doors, the intervention is covered by a procedure previously approved by the Dirección de Patrimonio Cultural.
Nevertheless, as a preventive technical measure and in coordination with said Directorate, a temporary suspension of the restoration and reinstallation work was ordered while an additional review of the procedure is conducted, in order to ensure an optimal finish fully consistent with heritage criteria, with the doors remaining duly safeguarded and untouched until the corresponding determination is made. Related documentation (attached): • Resolution MCJ-DPC-PHA-1244-2025 (record entry (asiento) 114). • Scanned logs (includes record entries 643 and 719). • Minutes TN-CO-MI-045-2025 (20/12/2025) (record entry 600). • Minutes TN-CO-MI-050-2025 (23/12/2025) (record entry 707) • Official Letter TN-CO-178-2025 (record entry 539). • Official Letter TN-CO-183-2025 (record entry 672). • REYCO-010-2025-LIC-TN (record entry 502) • REYCO-022-2025-LIC-TN (record entry 612). • REYCO-023-2025-LIC-TN (record entry 636). • REYCO-033-2025-LIC-TN (record entry 729) • Report REYCO-027-2025-LIC-TN (29/12/2025) (record entry 676). • Report REYCO-029-2025-LIC-TN (30/12/2025) (record entry 680). • Report REYCO-032-2025-LIC-TN (31/12/2025) (record entry 697). • Report REYCO-034-2025-LIC-TN (05/01/2026) (record entry 727). • Report REYCO-037-2025-LIC-TN (06/01/2026) (record entry 737) TWENTY-SIXTH: It is evident that the actions of the Teatro Nacional comply with the Principle of Legality (Principio de Legalidad) applicable to the Public Administration (Administración Pública), pursuant to Article 11 of our Constitución Política; as well as sections 11, 16, and 59 of the Ley General de la Administración Pública; Article 01 of Decreto XXXIII “Declárese Obra Nacional el Teatro de la Capital de la República”; Article 01 of Ley Nº3632 “Declara Monumento al Teatro Nacional e Impuesto Espectáculos Públicos”; Ley Nº5780 “Distribuye Impuesto a Favor del Teatro Nacional”; Article 01 of Ley Nº9521 “Declaratoria del Teatro Nacional de Costa Rica como Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico - Arquitectónico y de la Libertad Cultural”; Article 89 of the Constitución Política; Articles 2, 3, and 9 of Ley Nº7555 “Ley de Patrimonio Histórico y Arquitectónico”; its corresponding Regulation, Decreto Ejecutivo Nº32749- C; Article 08 of Decreto Ejecutivo N°37915-C Reorganización administrativa integral del Teatro Nacional de Costa Rica; Article 1 and subsections h) and k) of Article 4 of the Ley del Teatro Nacional, Ley N°8290; subsections h) and k) of Article 10 and Article 49 of the Reglamento a la Ley del Teatro Nacional, Decreto Ejecutivo Nº31235-C; Decreto Ejecutivo Nº38120-C; Ley General de Contratación Púbica N°9986 and its Regulation DE N°43808-H.
TWENTY-SEVENTH: By way of summary, it is important that the Justices of the Sala Constitucional and, through this amparo proceeding (Recurso de Amparo), the petitioner himself, be informed of and have a specific reference to the series of institutional actions that have been carried out at the TNCR in connection with the subject of the request made in this case. TWENTY-EIGHTH: We hereby submit the report requested by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reiterating our full willingness to provide the petitioner with any other additional information he may require concerning this matter.”.
Magistrate Rueda Leal drafted the decision; and,
Considerations:
Intervention as a supporting party (coadyuvancia) is a form of ancillary intervention that occurs when a person participates in a proceeding by aligning with the claims of one of the principal parties. Consequently, a person with a direct interest in the outcome of the proceeding has standing to participate as a supporting party; however, because that person is not a principal party, the supporting party will not be directly affected by the judgment—that is, its effect cannot apply to that person directly and immediately, nor will the ruling’s res judicata (cosa juzgada) status affect that person (see, among others, judgments no. 2010-000254, issued at 11:28 hours on 08 de enero de 2010, and no. 2018019952, issued at 9:30 hours on 30 de noviembre de 2018, among others). In this case, the Chamber admits the request to intervene as a supporting party submitted on 30 de diciembre de 2025 by Emiliano Céspedes Pol, as well as the request filed on 6 de febrero de 2026 by Paquita Cruz Villalobos.
In the written submission added to the case file on 14 de enero de 2026, the director of Patrimonio Cultural of the respondent ministry challenges the certification dated 12 de enero de 2026 and maintains that he did submit the report requested in the sub lite, specifically through official letter no. MCJ-DI-0012-2026 dated 07 de enero de 2026; however, that document is not addressed to this Chamber, but to Jorge Rodríguez Vives in his capacity as ministro de Cultura y Juventud. Consequently, the report of the director of Patrimonio Cultural del Ministerio de Justicia y Paz is deemed not to have been submitted.
Having clarified the foregoing, the Chamber proceeds to rule on the amparo proceeding in accordance with article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, taking into consideration the other reports submitted and the evidence contained in the record.
The applicant alleges that, in October and November 2025, the respondent authorities carried out restoration work (obras de restauración) at the Teatro Nacional without following appropriate guidelines or technical criteria for the proper conservation of the property, thereby causing significant damage. He specifies that the respondents changed the color of the theater’s exterior railings, which were originally chocolate brown, and painted them glossy black. He alleges that this color change was neither technically approved nor based on consultation of the historical record. He further states that the theater has carved wooden doors with original glass that are more than 130 years old and particularly fragile; nevertheless, without any care or protection whatsoever, four pairs of those doors were loaded onto a pick-up truck to be transported to an unknown location. He asserts that the risk posed by this transportation is incalculable and that those structures should not have been removed from the theater.
He further states that beneath the railings are capstones on the perimeter walls, which are original to the theater and approximately 128 years old; however, the respondents have destructively altered those structures by using an angle grinder to widen the joints (sisas). In that regard, he explains that the joints were originally five millimeters wide but have now been widened to three centimeters, resulting in the destruction of the original material. In addition, he emphasizes that the widened joints were filled with concrete, a material incompatible with the original stone. He claims that the conduct of the respondent authorities has not only caused irreversible damage but has also created the potential for future damage. He argues that the company responsible for the work has no proven experience in the restoration of historic heritage. He explains that any intervention (intervención) requires an initial assessment (diagnóstico) identifying which elements must be preserved intact and which require restoration.
It must also specify how the restoration is to be performed. He explains that this assessment had to be submitted to the Dirección de Patrimonio for approval and that the entire intervention process was also required to be documented. In this regard, he emphasizes that there is no assessment, approval, documentation, or specialized company. He requests that the respondent authorities be ordered to immediately suspend the intervention at the Teatro Nacional until a technical assessment is issued; disclose the whereabouts of the wooden doors; reverse any work that can be reversed; and repair the capstones with compatible materials, all under proper supervision.
The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter, either because they have been substantiated or because the respondent authority failed to address them, as required in the initial order:
Restoration of the roof covering’s paint, specifically: a. Roof covering: the paint on the roof covering must be restored to extend its useful life, protect the anchoring elements, and improve its appearance and thermal efficiency. The covering also includes a skylight section consisting of polycarbonate sheets that have deteriorated significantly because of environmental factors and must therefore be replaced while maintaining their current characteristics, in order to prevent future water seepage into the main auditorium and damage to the ceiling canvases. b. Specific repairs to the façades: Due to environmental and biological factors, the façades of the Teatro Nacional exhibit deterioration of the plasterwork; consequently, specific sections of the walls, cornices, and frames will be repaired. c. Restoration of the frames and doors on the north, south, and east sides: Due to environmental and biological factors, the doors of the Teatro Nacional exhibit deterioration of their finish, and some wooden components show signs of rot and must be treated to extend their useful life. d. General repairs to the perimeter wall.
The perimeter wall will undergo a restoration process that preserves the existing finish on both the interior and exterior, including repair of the joints between the stone caps protecting the top of the wall. e. General repair of the perimeter railings: the paint on the perimeter railings will undergo a restoration process; 8 posts that were constructed of concrete and exhibit significant deterioration will be replaced while preserving the existing finish. The work also includes restoration of the paint on the canopies and garden lamps while preserving the existing finish. f. Repair of the southeast corner: this corner was struck by a vehicle; a foundation slab must be constructed to provide support and stability to the column, and the damaged wall in the south and east sectors and the railings must be restored and aligned. g. Floors: 5 ventilation shafts are located on the north side and, according to confirmation provided by the BCCR, are not required; it is therefore proposed that they be demolished and replaced with a floor slab covered with paver-type tiles matching the existing ones.
Second. a. That the requested work is necessary to provide preventive maintenance to the Teatro. b. That the damage caused when a vehicle struck the perimeter wall will be repaired. IT IS HEREBY DECIDED. Sole provision. TO APPROVE the work on the roof covering, the façade repairs, the restoration of door and window frames, the repairs to the perimeter wall, the general repair of the perimeter railings, the repair of the southeast corner of the perimeter wall, and the removal of the ventilation shafts in the northern sector of the theater. The foregoing is based on the arguments set forth in this document and the applicable regulations, in accordance with (sic) the criteria established in Article 9 of Ley 7555 and Articles 3, 38, and 39 of the regulations implementing Ley Nº7555. This resolution is consistent with the designation of the building known as Teatro Nacional as Patrimonio Histórico-Arquitectónico (Ley N°3632); accordingly, compliance with safety measures, the relevant regulations governing the handling of highly hazardous equipment, and the environmental regulations currently in force shall be the applicant’s responsibility.
Pursuant to Article 43 of the Reglamento a la ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico, motions for reconsideration and appeals may be filed against this decision and must be submitted to the Dirección de Patrimonio Cultural within three business days following service thereof; the Dirección shall decide the motion for reconsideration and forward the appeal to the ministerial office for decision. Lastly, the interested party is reminded of the obligation to notify the Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) in writing of the commencement of the work for supervisory purposes. Regarding the validity of this resolution, pursuant to (sic) the Reglamento de trámites de la DPC, Article 1, Section 1.2. UNIDAD DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO, subsection 1.3. Permiso Especial para Intervención a Edificios Declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico, the license, authorization, or permit shall remain valid for twelve (12) months from the date on which it is granted.” (Documentary evidence).
Subsequently, the Heritage Directorate became aware that the company had mishandled heritage components of the Teatro Nacional, in this case a set of doors that were being transported to a workshop, following a complaint from the public. Therefore, on (sic) Monday, 17 de noviembre, first thing in the morning, a meeting was requested with the Director of the Teatro Nacional and Engineer Oscar Flores, head of conservation, to determine what had occurred. They indicated that the matter had been discussed with the Office that same weekend and that the Office had been informed of what had happened, but the Heritage Directorate was not notified at the time or beforehand so that it could validate the work or transport protocols for those doors. As a result, it was requested that every action be reported and that the intervention work protocols be submitted. These were not received until 8 de diciembre del 2025, one month after work began.
The Directorate has reviewed the protocol and it is compliant; however, it should be clearly stated that the colors had been selected by the Teatro without consultation with the Heritage Directorate, since the permits submitted in junio del 2025 do not specify colors or protocol actions, but only general aspects of the intervention. On 28 de noviembre, the Heritage Directorate again inspected the work and identified damage to the stones forming the decorative perimeter walls. This was also reported by members of the public through posts on social media. Cuts had been made in the stones using tools incorrectly; specifically, a grinder was observed being used to cut the joints between the stones, damaging the symbolic fabric and widening the gaps between the stones. They were therefore instructed to change the protocol, but several pieces had already been damaged. UNESCO establishes that restoration methods must not be aggressive and must be reversible; in this case, the damage is no longer reversible and has caused harm to the heritage asset.
In addition, they were asked to review the components used for the joints, and it was determined that, under the permit issued on 12 de agosto following an alleged appeal TN-DG-OF-258-2025_Revocatoria_apelación_resolución_Permiso_MCJ-DPC-PHA-1141-2025, they are cementitious (sic) rather than lime-based. This is a basic component of restoration involving organic materials such as stone, because lime allows stones to breathe better and prevents chemical reactions that could damage the elements. As part of the oversight process, the Head of the Unit was instructed to arrange inspections and reports on the work and to obtain the locations of the door workshops in order to ascertain the condition of the doors (sic). Accordingly, the workshops were visited on 18 de diciembre. The visit was conducted jointly with the Teatro Nacional, and the participants were Eng. Meycell Loaiza, Marcia Fallas, and Adrían (sic) Vindas, head of the Historical-Architectural Unit of the Heritage Directorate.
The first report resulted from that visit and showed that all three workshops could not be inspected because one of them had already delivered its work. The report allegedly states that the strategy of using several workshops to restore doors of the same style and finish and with similar damage is neither appropriate nor advisable unless there is a clearly defined intervention procedure covering paint stripping, repair of damaged elements, filling of minor damage, sanding, polishing, and the application in every case of identical products compatible with the substrate, in accordance with restoration procedures. It allegedly appears that the work protocols submitted to the Heritage Directorate are not being followed, with the alleged use of ‘merula’-type materials or automotive finishes that conflict with good conservation and restoration practices. The report describes alleged improper excessive sanding that deformed the door moldings and, along with this, an alleged (sic) lack of regular inspections by those responsible for the project.
The paint-stripping techniques observed in one of the workshops show alleged additional wear and deformation of elements such as the glazing beads that hold the glass in place. Following the workshop visit, the installed doors were inspected on 19 de diciembre 2025, and errors were identified in their final finishes and treatment, revealing a finish that does not respect the historical language when the doors are examined physically and through photographic details. This analysis yielded a diagnosis of high-gloss paints with alleged synthetic-enamel or polyurethane-type finishes. The surfaces appear excessively smooth and vitrified, with visible runs, accumulations, and drips at molding joints, ornamental reliefs, plinths, and lower edges. Sealing the texture of the substrate obscures the appearance of the original material. This points to the alleged use of modern application finishes, such as a spray gun without proper pressure and dilution settings.
With respect to the treatment of the ornamentation, there is a loss of volumetric definition, artificially rounded edges due to paint buildup, and partial filling of deep cavities (leaves, ribs, scrollwork). In terms of heritage risk from a restoration perspective, the high gloss is incompatible with the historical finishes of the Teatro Nacional; the breathability of the substrate may be reduced, thereby accelerating deterioration of the wood through trapped moisture, and the application is not reversible. It should be understood that removing it would require a sanding process, among other measures, which could cause further wear to the ornamental elements. The foregoing can be identified by analyzing the (sic) doors that have not undergone intervention, which exhibit a satin-matte, nonreflective finish that allows the volumes, edges, and depths of the relief to be read clearly. These are presumed to be consistent with traditional oil-based paints and glazes (a type of varnish based on linseed (sic) oil or a similar substance).
It is important to note that the Teatro Nacional is an architectural and sculptural construction and, as such, is an asset of high artistic value. Its finishes must therefore be treated accordingly, since the paint complements the relief rather than dominating it and respects the high, middle, and low planes from the standpoint of creating architecture as a work of art. Based on the foregoing, there appears to have been alleged noncompliance from a conservation and restoration standpoint during different stages of the project’s execution, as can be seen in the following images (…) On 5 de noviembre 2025, the Teatro Nacional administration informed the Heritage Directorate that work had begun pursuant to permit 10392_MCJ-DPC-PHA-1244-2025. I was informed in my capacity as Director on 6 de noviembre and instructed Adrián Vindas to arrange a meeting with the Teatro Nacional and obtain detailed information about the work plan, but no such meeting was held (…) On 17 de noviembre 2025, an emergency inspection was conducted because, over the weekend, members of the public, specifically (sic) restorer Paquita Cruz, had posted on social media that the Teatro’s side doors had been transported irregularly.
A preliminary meeting was therefore held with Guillermo Madriz, Oscar Flores, Adrian (sic) Vindas, and myself in my capacity as Director of Heritage. Regarding the doors, it was stated that a warning had already been issued and that the Office had been informed that same weekend by the Office (…) On 25 de noviembre and 26 de noviembre del 2025, the approved submittals specifying the materials to be used were received from the Teatro Nacional. Those submittals had been approved in octubre, before the Heritage Directorate was notified that work would begin (…) On 5 de diciembre del 2025, information concerning the paint codes and finish for the roofs was sent to the Teatro Nacional. The Heritage Directorate indicated (sic) that it must be submitted and that, to ensure traceability of the process, it is essential that the entire procedure be documented as part of the report submitted to us (…) On 8 de diciembre del 2025, the Heritage Directorate received from the Teatro Nacional the work and finishing protocols being used for the restoration of the doors, plasterwork, and pulverization problems, as well as the request for the (sic) addresses of the workshops (…) The reports bear delivery dates earlier than the dates communicated to the Heritage Directorate, except for the report on pulverization of the stones.
These procedures specify the colors and finishes to be used, for example: oxide-red satin CLI-9836. Wednesday, 10 de diciembre 2025, the Teatro Nacional forwarded the report dated 8 de diciembre del 2025 concerning the restoration processes for the railings (…) Thursday, 11 de diciembre, another email was sent to the Teatro Nacional at my instruction, focusing on process traceability in order to identify possible issues in the activities. A response was received that same day from the Director, instructing Meycell and Marcia, conservation officials, to respond (…) Friday, 12 de diciembre 2025, the Teatro Nacional provided the addresses of the three workshops, as well as the roof report, and reaffirmed that meetings were held every Tuesday at 9:00 am between the Teatro Nacional and the contractor, REYCO. The documentation initially stated that there were two workshops (…) Thursday, 18 de diciembre, the Teatro Nacional sent the Heritage Directorate reports on the progress of the doors and the procedures.
Those reports are dated 3 de noviembre and 5 de diciembre (…) On that same Thursday, 18 de diciembre del 2025, the findings from the inspection visit conducted by the Head of the Historical-Architectural Heritage Unit on behalf of the Directorate were forwarded to the Office of the Minister and the Directorate of the Teatro Nacional. This visit was conducted jointly with the Teatro Nacional and its conservation staff, Marcia Fallas and Meycell Loaiza. The findings describe deficiencies in the restoration process, indicating that the protocols are not being followed and that there is a difference between the workshops in Santo Domingo and Taras. It is clarified (sic) that the third workshop could not be inspected because the doors had already been delivered to the Teatro Nacional on Tuesday, 16 de diciembre. The inspection report describes improper sanding, the use of automotive plastic filler, and damage to the moldings.
Following the observations and details concerning the actions, the Director of the Theater indicated that he would hold a meeting on December 19 to seek standardization and address the matter of treating the hardware. On December 18, 2025, I, in my capacity as Director of Heritage, informed the Director of the Teatro Nacional that, based on the evidence presented, the Santo Domingo protocol should likewise be used. I also requested an explanation as to why 3 workshops had been used and whether he had not been advised of the risks that this action could pose to the doors. I further stated that what I could see in the photographs was damage to the ornamental elements. Following this email, a response was received from the Director of the Teatro Nacional indicating that he would comply with the instructions of the Dirección de Patrimonio and explaining that, with regard to the different workshops, this was information he had not previously known and that there had been no visibility regarding their final finishes (…) On December 19, upon my instructions as Director, I indicated that the installed doors, which had not been approved by the Dirección de Patrimonio, had to be inspected.
These doors had not previously been inspected or assessed together with the Dirección de Patrimonio; accordingly, Adrián Vindas, Head of the Unidad Histórico-Arquitectónico, was asked to verify the condition in which they had been installed. This request resulted in Report 2, which stated that neither the work protocols nor the protocols for restoration (restauro) of the doors had been followed, erasing their historical memory by replacing their finishes with modern finishes that differ completely from the original historic fabric (tejido histórico). Report 2 shows that the final-finishing procedure resulted in a glossy rather than a satin-matte finish; the moldings lost their shape, allegedly because of excessive use of putty, excessive sanding, or excessive lacquer; the doors do not close properly; the perforations in the wood of the doors for the grilles protecting the glass were enlarged; and a vitrified effect appeared on the moldings, making them smooth and causing the organic and sculptural language of the elements to be lost.
It is presumed that this type of finish resulted from the use of modern application methods, such as an uncontrolled combination of roller and brush, or a spray gun without proper regulation of pressure and dilution. It is additionally stated that the observational method revealed visible runs, accumulations (…) Following the email sent by the Head of the Unit, I, as Director, sent an email that same December 19 to the Director of the Teatro Nacional describing the damage to the heritage property (daño al patrimonio) caused by this work, based on the photographic analysis and its comparison with the original finishes of the doors that had not been modified. I indicated that there may have been a lack of on-site inspection and alleged malpractice in the treatment and final result of the restoration of the doors. In response to the email I sent as Director, the Director of the Teatro Nacional stated that the doors had been rejected and were being returned so that they could be brought into compliance with the requirements.
The present situation is that the damage has already been done and, as indicated, it is irreversible damage, in the sense that all the doors must be sanded again and the excess material removed, which could damage the doors’ historic fabric (…) Based on the emails of December 19, 2025, a response was received from Engineer Oscar Flores, in which he set out 5 points: The first point states, and I quote verbatim: “…The intervention (intervención) of the doors forms part of the work authorized through Resolution MCJ-DPC-PHA-1244-2025, issued by that Directorate, which expressly approves the restoration of doors on the north, south, and east sides of the building, in accordance with the technical documentation submitted by the Teatro Nacional during the corresponding permit proceeding.” The documents attached to the permit were reviewed, revealing a possible lack of clear definitions of the finishes and of the protocols to be followed for the doors.
It is clear that the submission of those permits for approval was processed on June 30, 2025, incorporating the form itself, signed by Engineer Meysell Loaiza and the Director of the Teatro Nacional, Don Guillermo Madriz (…) Furthermore, upon reviewing the materials included in that same email for approval, it can be seen that, from the outset, there may have been an error or omission in properly selecting and describing the materials for the rehabilitation (rehabilitación), since it states that the wall must be repaired using a finish made with a material called Monotop Sika 412 and that a sample must be submitted to the conservation department. However, the permit document itself provides no explanation of the intervention procedure or protocol, and the material to be used consists of cementitious rather than lime-based materials (materiales calinos). The foregoing is explained because the restoration of organic materials (sic), such as stones, requires their joints to be restored or rehabilitated with lime-based materials to achieve better chemical compatibility, allowing the stones to breathe.
In point two, the Engineer states that the proper inspection procedures were followed; however, what the report states is that the workshops did not properly implement the guidelines and that there were execution errors in the heritage-conservation work (trabajos patrimoniales). Although the doors were rejected, the alleged damage to the heritage property has already occurred, and reversing it is the issue in question. In point 3, I quote the Engineer’s words verbatim: “…To provide clarity regarding the technical criteria applied, attached is the email through which this Department timely forwarded to Mr. Adrián Vindas Chaves, Head of Architecture of the Dirección de Patrimonio Cultural, the door-intervention protocol applied by the contracting company, a document that defines the stages, procedures, and technical criteria established for this type of intervention.” It is important to clarify that the protocol was incorporated on December 8, 2025, when the doors had already been transferred to the workshops, and 10 days later, that is, on December 18, 2025, they had been installed.
It is clarified that the email does not concern the protocol itself, but rather a possible omission during its various stages, resulting in a final finish inconsistent with the artistic heritage value (valor artístico patrimonial) of the Teatro.”. (Report of the respondent authority and documentary evidence (prueba documental)).
You are reminded that the property on which the work was performed has been designated as being of historical and architectural interest; therefore, every action must comply with Ley N.° 7555 and its Reglamento, preserving the integrity of the property and its cultural value.” (Report of the respondent authority and documentary evidence).
David Araya stated that the finish applied was based on greater-durability considerations; nevertheless, he indicated his willingness to follow the technical instructions issued by the Dirección de Patrimonio Cultural. Accordingly, he requested a clear and detailed protocol setting out, step by step, the appropriate procedure for restoring the doors. José Fernando Madrigal indicated that during the current week (del 22 al 26 de diciembre) he would send REYCO the technical protocol to be followed for the proper restoration of the doors, in accordance with the standards accepted by the Dirección de Patrimonio Cultural. He also requested that the company select a single workshop to perform this work, prioritizing one that would ensure an appropriate artisanal approach. It was agreed that, upon receipt of the protocol, REYCO would prepare an implementation manual to be sent to both the Teatro Nacional and the Dirección de Patrimonio Cultural as a technical reference for similar future interventions.
Finally, it was agreed that the additional time required to apply the finishing techniques established by the Dirección de Patrimonio Cultural would be granted to the company through an extension of the contractual term (prórroga del plazo contractual), given that proper heritage-sensitive execution of the door restoration takes precedence. 2. Work on the joints in the perimeter wall With respect to the joints (sisas), José Fernando Madrigal asked the company representative to explain how this work had been performed. David Araya indicated that a grinder had been used to remove the joints that had to be replaced and that, during this process, operation of the tool by on-site personnel caused greater wear to some adjacent stones. Given that the joint work had already been completed and that it was not possible to clearly identify by visual inspection which stones exhibited this condition, José Fernando Madrigal requested that REYCO submit a technical report detailing the joints on which work was performed and identifying the specific areas associated with this situation, in order to provide technical information for subsequent assessment by the Teatro Nacional and the Dirección de Patrimonio Cultural.
Agreements: 1. The Dirección de Patrimonio Cultural shall send REYCO the technical protocol for restoring the doors, with an estimated delivery date of 26 de diciembre de 2025. 2. REYCO shall select a single specialized workshop to perform the artisanal finishing of the doors. 3. Upon receipt of the protocol, REYCO shall prepare an implementation manual to be sent to the Teatro Nacional and the Dirección de Patrimonio Cultural. 4. The contractual term shall be adjusted by means of an extension to account for the additional time required to apply the finishing techniques defined by the Dirección de Patrimonio Cultural. 5. REYCO shall submit a technical report on the work performed on the joints, documenting the joints on which work was performed and the areas where greater wear to the stone occurred, for subsequent assessment.” (Documentary evidence).
In this regard, it is relevant to cite the analysis undertaken by this Chamber in judgment no. 2023027541 at 9:20 hours on 27 de octubre de 2023:
“REGARDING CULTURAL HERITAGE. Before ruling as required by law, it should first be noted that Article 89 of the Political Constitution provides:
“ARTICLE 89.- The cultural purposes of the Republic include: protecting natural beauty, preserving and developing the Nation’s historical and artistic heritage, and supporting private initiative for scientific and artistic advancement.” Second, it is emphasized that the ‘Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,’ approved by Law no. 5980 of 16 de noviembre de 1976, provides:
“Article 1º-For the purposes of this Convention, the following shall be considered ‘Cultural Heritage’:
Monuments: architectural works, works of monumental sculpture or painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, caves, and groups of elements that are of outstanding universal value from the standpoint of the history of art or science.
Groups of buildings: groups of separate or connected buildings whose architecture, unity, or integration into the landscape gives them outstanding universal value from the standpoint of history, art, or science.
Sites: works of man or the combined works of man and nature, as well as areas, including archaeological sites, that are of outstanding universal value from a historical, aesthetic, ethnological, or anthropological standpoint.
(…)
Article 4º.-Each State Party to this Convention recognizes that the duty of identifying, protecting, conserving, rehabilitating, and transmitting to future generations the cultural and natural heritage (patrimonio cultural natural) situated within its territory belongs primarily to that State. It shall endeavor to act for this purpose through its own efforts and to the fullest extent of its available resources and, where appropriate, through any international assistance and cooperation from which it may benefit, particularly in financial, artistic, scientific, and technical matters.
Article 5º.- To ensure effective protection and conservation and the most active possible enhancement of the cultural and natural heritage situated within its territory, under conditions appropriate to each country, each State Party to this Convention shall endeavor, insofar as possible:
Article 6º.- 1.-While fully respecting the sovereignty of the States within whose territories the cultural and natural heritage referred to in Articles 1º and 2º is situated, and without prejudice to the property rights (derechos reales) provided for by national legislation concerning that heritage, the States Parties to this Convention recognize that it constitutes a world heritage for whose protection the international community as a whole has a duty to cooperate.
Article 7º.- For the purposes of this Convention, international protection of the world cultural and natural heritage shall mean the establishment of a system of international cooperation and assistance intended to support the States Parties to the Convention in their efforts to conserve and identify this heritage” (emphasis added).
This means that the Costa Rican State undertook to protect cultural and natural heritage; to that end, it must, among other things, carry out the actions necessary to “identify, protect, conserve, rehabilitate, and transmit to future generations the cultural and natural heritage,” including “developing scientific and technical studies and research and refining methods of intervention that enable a State to address the dangers threatening its cultural and natural heritage.” In other words, the State must take actions aimed at ensuring the protection and conservation of cultural and natural heritage, as well as its rehabilitation, all for the purpose of securing its preservation.
Moreover, through Law no. 6360 of 5 de setiembre de 1979, the ‘Convention on the Protection of the Archaeological, Historical, and Artistic Heritage of the American Nations’ was approved, which provides:
“ARTICLE 1 The purpose of this Convention is to identify, register, protect, and safeguard the property comprising the cultural heritage of the American nations in order to: a) prevent the illicit export or import of cultural property, and b) promote cooperation among the American States for mutual knowledge and appreciation of their cultural property.
ARTICLE 2 The cultural property referred to in the preceding article consists of property included in the following categories:
ARTICLE 7 The ownership regime (régimen de propiedad) governing cultural property and its possession and disposal within the territory of each State shall be regulated by its domestic legislation. To prevent illicit trade in such property, the following measures shall be promoted:
ARTICLE 8 Each State is responsible for identifying, registering, protecting, conserving, and safeguarding its cultural heritage. To fulfill this function, it undertakes to promote:
The foregoing reflects that, through the ‘Convention on the Protection of the Archaeological, Historical, and Artistic Heritage of the American Nations,’ the Costa Rican State undertook to adopt measures intended to ensure the identification, registration, protection, and safeguarding of the property comprising cultural heritage.
In the case of Law no. 4711 of 6 de enero de 1971, entitled ‘Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works,’ the ‘Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works, signed in Paris on 22 de noviembre de 1968’ was approved, and it was established that:
“1. For the purposes of this Recommendation, the term ‘cultural property’ shall apply to:
a. Immovable property (bienes inmuebles), such as archaeological, historical, or scientific sites; buildings or other structures of historical, scientific, artistic, or architectural value, whether religious or secular, including groups of traditional buildings, historic districts in urban and urbanized rural areas, and vestiges of past cultures having ethnological value. It shall apply both to immovable property of the same character constituting ruins above ground level and to archaeological or historical remains situated below the surface of the earth. The term ‘cultural property’ also includes the surroundings of such property.
b. Movable property (bienes muebles) of cultural importance, including property located within or recovered from immovable property, as well as buried property that may be found at sites of archaeological or historical interest or elsewhere. (…)
2. General Principles 3. Measures for the preservation of cultural property should extend not only to particular monuments or sites, but to the entire territory of the State.
4. Inventories should be maintained for the protection of important cultural property (bienes culturales), whether or not officially registered as such. Where such inventories do not exist, priority should be given, when compiling them, to a detailed and comprehensive examination of cultural property in areas where such property is endangered as a result of the execution of public or private works.
5. Due account should be taken of the relative importance of the cultural property concerned when determining the measures necessary:
a. To preserve an archaeological site (lugar arqueológico), monument, or other type of immovable cultural property (bienes culturales inmuebles) as a whole against the consequences of public or private works; b. To salvage cultural property when the area in which it is situated is to be transformed for the execution of public or private works and when such property, or part thereof, is to be preserved and relocated.
6. The measures to be taken shall vary according to the nature, dimensions, and location of the cultural property and according to the nature of the dangers threatening it.
7. Measures aimed at preserving or salvaging cultural property should be preventive and corrective.
8. Preventive and corrective measures should be intended to protect or salvage cultural property endangered by public or private works that may damage or destroy it, for example:
a. Urban expansion and renewal works in which, although registered monuments are respected, less important structures are modified, thereby destroying the connections and historical setting surrounding monuments in historic districts; b. Similar works in areas where traditional ensembles of cultural value may be at risk of destruction because no registered monument exists there; c. Inappropriate alterations or repairs to historic buildings; d. The construction or modification of roads that pose a serious danger to sites, monuments, or groups of monuments of historical importance; e. The construction of reservoirs for irrigation, electricity generation, and flood prevention; f. The construction of oil pipelines and electric power transmission lines; g. Agricultural work such as deep plowing, drainage and irrigation work, land clearing and leveling, and reforestation; h. Work required by industrial development and the technical advancement of industrialized societies, such as the construction of airfields, the exploitation of mines and quarries, and the dredging and improvement of canals and ports, etc.
9. Member States should give priority to the measures necessary for the in situ preservation (conservación in situ) of cultural property endangered as a result of public or private works, thereby maintaining the continuity and historical connections of such property. When economic or social circumstances require the relocation, abandonment, or destruction of cultural property, work aimed at salvaging it should always include a thorough study of the cultural property concerned and a complete record of relevant data.
10. The results of studies of scientific or historical interest conducted in connection with work intended to salvage cultural property, particularly when all or a substantial part of the immovable cultural property has been abandoned or destroyed, should be published or otherwise made available to future researchers. (…)
13. In order to preserve or salvage cultural property that may be endangered by the execution of public or private works, recourse should be had to means corresponding to the following specific measures, in accordance with the legal and organizational system of each State:
(…)
21. When preliminary studies are conducted concerning construction projects in a locality of recognized cultural interest, or in which objects of archaeological or historical value are likely to be found, various alternatives for such projects should be prepared on a regional or urban scale before a decision is made. The choice among those alternatives should be based on a comparative analysis of all factors in order to select the most advantageous solution, both economically and with respect to the preservation or salvage of cultural property.
Methods for preserving and salvaging cultural property:
22. Well in advance of the execution of public or private works that may endanger cultural property, thorough studies should be conducted to determine:
a. The measures to be taken to preserve important cultural property in situ; b. The scope of the necessary salvage work, such as the selection of archaeological sites (yacimentos [sic] arqueológicos) where excavations are to be carried out, the buildings to be relocated, the movable cultural property (bienes culturales muebles) to be salvaged (salvarce [sic]), etc.
23. Measures aimed at preserving or salvaging cultural property should be taken well in advance of public or private works. In areas of archaeological or cultural importance containing significant monuments, such as cities, towns, sites, or districts of historical value, which should be protected by the legislation of every country, all new construction should be subject to mandatory preliminary archaeological excavations. Where necessary, construction should be postponed (apazarse [sic]) to allow time for measures intended to preserve or salvage the cultural property concerned to be taken (…)” (emphasis added).
In turn, through law no. 8560 of 16 de noviembre de 2006, entitled ‘Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,’ the scope of cultural heritage protection (protección del patrimonio cultural) was expanded to take intangible cultural heritage (patrimonio cultural inmaterial) into consideration. In this regard, it provided:
“Article 2º—Definitions. For the purposes of this Convention, 1. "Intangible cultural heritage" means the practices, representations, expressions, knowledge, and skills—together with the instruments, objects, artifacts, and cultural spaces associated therewith—that communities, groups, and, in some cases, individuals recognize as an integral part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature, and their history, providing them with a sense of identity and continuity and thus helping to promote respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration shall be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments and with the requirements of mutual respect among communities, groups, and individuals, and of sustainable development.
2. "Intangible cultural heritage," as defined in paragraph 1 above, is manifested in particular in the following domains:
“SECOND: ARCHAEOLOGICAL HERITAGE (PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO) OR CULTURAL HERITAGE (PATRIMONIO CULTURAL). Cultural property (bienes culturales) is the product and testimony of the various traditions and spiritual achievements of the past and constitutes a fundamental element of the identity of peoples; its preservation is therefore indispensable and is a fundamental duty of the State. Accordingly, historical and artistic heritage (patrimonio histórico y artístico) differs from assets of an economic nature because it does not consist of productive assets, but rather archaeological heritage whose legal framework (régimen jurídico) reflects a different set of ideas and purposes and a different category of values, which therefore cannot be examined according to economic-policy criteria, since no doctrine of that kind applies to it. The concept of “estate” (patrimonio) certainly (sic) includes any assets having monetary value.
As stated in the Código Civil, an estate is the entire body of a person’s assets and rights; likewise, all assets constituting a person’s estate are liable for payment of that person’s debts. Archaeological or cultural property clearly also has an ascertainable monetary value, whether because of the material from which it is made, its fine craftsmanship or beauty, or the historical testimony it embodies, regardless of whether it is made of clay, stone, or metal. Some of these objects may have little physical value or limited significance (sic) as works of art, but they are nevertheless valuable because of their origin and as subjects of study for investigating the culture of peoples from other eras, their beliefs and customs, or the nature of the environment in which they lived, depending on the traces or representations that may be found (sic) therein. But these assets, both then and now, constitute a common heritage (patrimonio común) bequeathed by past generations to the present ones, which in turn have a duty to pass it on to future generations as evidence of knowledge concerning the human events that identify or characterize our past.
For all these reasons, archaeological objects originating from the Indigenous peoples who inhabited the continent during the pre-Columbian (sic) era, before or contemporaneously with the establishment (sic) of Hispanic culture, are valuable, and it is because of that value that many people seek and acquire such artifacts. For that same reason, any individual interest that a person may have in possessing or owning such objects does not take precedence over the public interest (interés público), both because of their historical value and because the culture of peoples includes the study of what was done by the human groups that inhabited the same territory. Such study is facilitated by enabling the greatest possible number of people to access these sources of knowledge, and nothing is more consistent with that public interest than for archaeological property to remain within the national territory, in the custody of museums, and under the ownership of the State or its institutions.
It must therefore be emphasized (sic) that the most important consideration is not the material value of those objects, but their historical, scientific, and cultural value. That interest is nothing more than the will of the majority directed toward obtaining the values sought; that is, the majority of coinciding (sic) individual interests. It is an interest because it is directed toward securing a value, benefit, or utility arising from that upon which the majority agrees. It is public because it is attributed to the entire community as the result of that majority consensus, because it belongs or pertains to the people, to the community at large. It is therefore a public interest because it is not exclusive or peculiar to a few persons, but rather because so many members of a particular community participate in or share that interest that it may be identified as belonging to the entire group, including those who, individually, may or may not share it.
In other words, historical and cultural values, as bearers of a message, help identify a particular historical moment and constitute real and tangible testimony to the evolution and transformation experienced by society and its natural environment over time. In the past, today, and for the future, they constitute common heritage as an expression of the majority of coinciding (sic) individual interests—that is, of a public interest.
THIRD: THE CONSTITUTIONAL LEGAL FRAMEWORK (RÉGIMEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL) OF THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL HERITAGE (PATRIMONIO NACIONAL ARQUEOLÓGICO). Among the essential purposes of the State, the Constituent Assembly of 1949 established, with a view to transmitting that material legacy constituting the link between the present and the future, those principles in Article 89 of the Constitución Política. This makes it necessary to mention the provision’s legislative history, during the approval of which reference was made to historical (sic) or artistic heritage—in other words, cultural heritage in general. Indeed, in the Asamblea Constituyente de 1949, the text of Article 89 of the Constitución Política that was approved originated in a motion submitted by Licenciado Fernando Baudrit Solera and other Deputies, in the following terms:
“Among the cultural purposes of the Republic are the preservation, development, and nationalization of its historical and artistic wealth, and support for private initiative aimed at the country’s scientific and artistic progress.” The expression “nationalization” was nevertheless removed from the proposed text after an objection was raised, and the debate made clear that private ownership of collections would be respected as an individual interest deserving protection, because there was no intention to dispossess anyone of their legitimate (sic) property. It was understood, however, that if expropriation (expropiación) were necessary or advisable, the State could undertake it in accordance with the Constitution and the laws. The corresponding minutes include, among other statements, the following (sic):
“Lic. Baudrit Solera explained that the idea behind including the possibility of nationalizing artistic or historical wealth was precisely to ensure its preservation within the country by preventing its exportation. Even now, a series of laws must be enacted to prevent private persons (sic) from disposing of their artistic and historical wealth by selling it to foreign countries. That is why nationalizing such wealth was discussed, with the understanding that if expropriation were necessary, it would be carried out in accordance with the Constitution and the laws. There was no intention to dispossess anyone. Nevertheless, because he has no particular interest in retaining the term ‘nationalization,’ he accepts the suggestion of his colleague Chacón (Licenciado Alvaro (sic) Chacón Jinesta), provided that the other signatories to the motion agree to its deletion, especially since, if the State has a duty to ‘preserve,’ that duty will provide the basis for legally expropriating historical and artistic wealth whenever it considers such action advisable.” For that reason, the proposed text was amended, and Article 89 of the Constitución Política was approved as follows:
“Among the cultural purposes of the Republic are: protecting natural beauty, preserving and developing the Nation’s historical (sic) and artistic heritage, and supporting private initiative aimed at scientific and artistic progress.” That constitutional provision derives from the original constituent authority, which considered that archaeological or cultural property—historical heritage—should belong to the State as a product of its archaeological heritage. With respect to this article, the developed constitutional case law (jurisprudencia constitucional) states:
“In its consistent case law, this Chamber has emphasized the importance to human development of living in a healthy and ecologically balanced environment, as well as the State’s protection (sic) of the country’s landscape, natural environment, and historical heritage. These matters are addressed in what are now Articles 50 and 89 of the Constitución Política. ... The case before us concerns (sic) specifically the provisions of Article 89, which reads as follows:
‘Among the cultural purposes of the Republic are: protecting natural beauty, preserving and developing the Nation’s historical (sic) and artistic heritage, and supporting private initiative aimed at scientific and artistic (sic) progress.’ Archaeology and History are two closely connected sciences, one of whose objectives is to clarify and reconstruct past events. Historical reconstruction is based primarily on the interpretation of written documents, whereas Archaeology bases its studies on data obtained from material objects left by human activity in societies that no longer exist, through the relationships among those objects, the manner in which they were discovered, and their connection with the environment. Every preserved object and every remnant of human life and activity from past societies constitutes evidence that makes possible, either fully or partially as the case may be, knowledge (sic) of those societies and, consequently, of ways of life that no longer exist and are unknown today.
Knowledge of them is nevertheless of singular importance because they form part of the cultural identity (identidad cultural) of the society in which one lives, insofar, of course, as they constitute important evidence for reconstructing (sic) and understanding past events. The National Archaeological Heritage (Patrimonio Arqueológico Nacional) consists primarily of immovable and movable property (inmuebles y muebles) produced by Indigenous cultures predating or contemporaneous with the establishment of pre-Hispanic culture in the national territory, as well as human remains and related flora and fauna. From the foregoing arises the interest in protecting and preserving such finds.” (See judgments N.°2706, 10:42 horas del 26 de marzo, 1995 and N.° 0729 de 09:15 horas del 9 de febrero, 1996).
FOURTH: THE LEGAL REGIME (régimen jurídico) OF THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL HERITAGE (Patrimonio Nacional Arqueológico). At the national level, essentially two regimes have been adopted to make possible, as has been done internationally (sic), the protection, defense, and recovery of cultural property (bienes culturales), as the product and testimony of the different traditions and spiritual achievements of the past, which thus constitute (sic) the essential element of the identity of peoples and make their preservation indispensable. In furtherance of that interest—which at the international level is recognized in instruments such as Convention 107 of the International Labour Conference (sic), concerning the protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations in independent countries, approved by Law No. 2330 of 8 de abril, 1959, which, in Articles 4(a) and 18(2), requires that the cultural values and heritage of those populations be taken into consideration; the Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property (sic) Endangered by Public or Private Works, signed in Paris on 22 de noviembre, 1968, approved by Law No. 4711 of 6 de enero, 1971; the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, signed in Paris on 23 de noviembre, 1972, approved by Law No. 5980 of 16 de noviembre, 1976; and the Convention (sic) on the Protection of the Archaeological, Historical, and Artistic Heritage (sic) of the American Nations, also known (sic) as the Convention of San Salvador, approved on 16 de junio, 1976, at the sixth regular session of the General Assembly of the Organization of American States (O.A.S.), in Santiago de Chile, and ratified by Law No. 6360 of 5 de setiembre, 1979, Article 2 of which includes within cultural heritage or cultural property monuments, buildings, fragments of buildings, objects, and archaeological material belonging (sic) to American cultures predating contact with European culture, as well as those from the colonial and post-colonial periods, which property, pursuant to Article 3, must receive the highest level of international protection, and whose export and import are deemed unlawful unless the State to which they belong authorizes their export for the purpose of promoting knowledge of national cultures—many of our laws were inspired.
On the one hand, Law No. 7 of 6 de octubre, 1938, although it did not properly (sic) refer to “archaeological heritage” or historical (and artistic) heritage, as the current Constitution does, established the following legal regime (sic):
1. It vested in the State ownership of all archaeological objects existing in Costa Rican soil that predated the Spanish conquest (sic), that is, objects from the pre-Columbian period (sic), which had not yet entered private ownership (patrimonio particular).
2. It did not recognize State ownership of archaeological objects (sic) from the colonial period; and 3. It denied legal effect to the transfer of any archaeological property, whether from the pre-Columbian period (sic) or the colonial period, unless such property was registered and inventoried in the Registry and authorization was obtained from the Museum.
Two fundamental principles arose from these premises:
1. All archaeological objects existing in Costa Rican soil that predate the Spanish conquest, as well as monuments of the same kind that might be found, are the property of the State; and 2. Archaeological objects held in private ownership when that Law was enacted are private property, thereby establishing the ownership regime for future discoveries while respecting previously acquired rights (derechos adquiridos). On the other hand, Law No. 6703 of 28 de diciembre, 1981, which is challenged in this action, was enacted and substantially modified the situation that had existed under the previous Law, which it repealed insofar as inconsistent with it; like the former Law, it recognizes private ownership of archaeological objects that had entered private ownership before that Law was enacted. It established the following legal regime:
1. Archaeological objects from the pre-Columbian period (sic) that were found and transferred before the Law of 1938 are private property (sic).
2. Property from the same period that was found before but transferred after the Law of 1938 became subject to authorization by the Museum.
3. Objects from the same pre-Columbian period (sic) that were found after the Law of 1938 are State property; and 4. Objects from the colonial period, with respect to which the Law of 1938 did not establish any ownership right in favor of the State, became subject to controls and restrictions.
In other words, the foregoing means that ownership was vested in the State over objects from the pre-Columbian period (sic) found after that Law—the Law of 1938. As to those found before but transferred afterward, the acquirer has no valid title (título legítimo de adquisición), because their transfer was made conditional upon authorization by the Museo Nacional, and the State has a preferential right to acquire them. Those found afterward belong to the State, regardless of whether, while in the possession of private parties, they were registered with the Museum. As to objects from the colonial period, any transfer made previously constitutes valid title (sic), because they were property that was, and continued to be, privately owned while that Law was in force; and insofar as the Law requires authorization to transfer archaeological objects, it refers only to transfers made from that point forward. However, as to property transferred afterward, its acquirers cannot claim valid title, much less if it was discovered subsequently. All these considerations confirm the status of heritage property (bienes patrimoniales) held by private parties, as recognized by that first Law (…)
EIGHTH: CONCLUSIONS. In the case at bar (sub-judice), the essential basis for seeking a declaration that Articles 3, 8, 17, 20, 26, and 29 of the “Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico,” No. 6703 of 28 de diciembre, 1981, are unconstitutional is that, because they impose limitations—or deprivations (sic) or restrictions (sic)—on property that also adversely affect (sic) freedom of commerce, their approval required the affirmative qualified vote (votación calificada) of thirty-eight deputies, as mandated by the second paragraph of Article 45 of the Constitución Política. This did not occur because, according to the attendance record, the vote—which was taken by roll call—received thirty-one (31) votes in favor and eight (8) against. From the analysis of the considerations set forth concerning the underlying grounds (sic) for treating “archaeological heritage” as State property, it must be concluded that, although such property, like anything else, may once have been susceptible to appropriation, the fact is that, at present and since 1949, by constitutional mandate, it differs from patrimonial assets of an economic nature because it constitutes heritage property that the State must protect, preserve, and develop pursuant to Article 89 of the Constitución Política, which also recognizes, as noted, private initiative for scientific and artistic advancement.
Thus, as also stated above, the limitations referred to in the second paragraph of constitutional Article 45 are those arising from the “…principle of social solidarity, with which our (sic) constitution is imbued, and which permits a burden borne by all for the benefit of all, or even by a few for the benefit of many, provided that the natural use of the real property is not impaired to the extent of its value as a means of production or its market value. That is, the incidents of ownership (atributos de la propiedad) may be limited insofar as the owner retains the possibility (sic) of making normal use of the property, excluding, of course, the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside those parameters, if social welfare requires sacrifices (sic) by only one or several persons, compensation must be paid (sic).” (…) “A limitation on property will withstand constitutional review depending on its effect on the essential incidents of ownership, which are those that allow the natural use of the property within the current socioeconomic reality (sic).” (…) “The harm may be general, rendering a large portion of the parcel unusable, or it may affect the best part of the property.
It may also involve a limitation that makes use of the property impossible because the State imposes authorization or approval requirements (sic) so complex that they effectively make it impossible to enjoy the property. In cases of such particular severity, the limitation produces three identifiable effects: a—it causes special harm because it affects a specific number of parcels; b—it is abnormal insofar as the impairment is so serious in relation to the full enjoyment of the right and operates unequally compared with other owners outside the affected area; and c—the harm is economically quantifiable. Consequently, if the limitation is so extensive that it deprives the property of its economic value and removes it from the real-estate market, the State must compensate for the harm caused.” (See Judgment No. 7418, 09:57, 16 de diciembre, 1994).
Consequently, cultural property, more than property of social interest intended to satisfy demands and requirements inherent in public needs, that is, to attain the general welfare, constitutes the “national archaeological heritage” (patrimonio nacional arqueológico), whose ownership by the State, as representative of the entire community, is beyond dispute. It follows that no one can be deprived of that which belongs to the State; therefore, the Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico, N.° 6703 de 28 de diciembre, 1981, by declaring archaeological heritage property (bienes patrimoniales arqueológicos) to be the property of the State (artícuLo 3), prohibiting its trade and export (artículo 8), and requiring its possessors to submit it to the Registro Público Nacional Arqueológico for registration (artículo 17), does not create limitations—deprivations or restrictions—on private property requiring a qualified vote, as alleged.
However, the foregoing does not entail any impairment of vested property rights (derechos patrimoniales adquiridos) or settled legal situations (situaciones jurídicas consolidadas), as recognized both by the previous law and by the current legal framework referred to herein, and as ratified by the cited ruling of the Corte Plena acting as the Tribunal Constitucional. For that very reason, the authorization referred to in the second paragraph of artículo 45 of the Constitution is not an authorization to impose every kind of limitation on property, but only those based on “social interest”; it is clear, however, that cultural property or archaeological heritage property cannot be included among them, because they have a different origin and serve a different purpose. Finally, this is stated without prejudice to our understanding—although that is not the situation at issue in this action—that even cultural property (belonging to the historical heritage) lawfully held by private persons may be expropriated if the statutory provisions governing the matter are duly complied with.
As a consequence of the foregoing, artículos 3, 8 y 17 de la Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico, as interpreted by the Corte Plena at its sesión extraordinaria N.° 19 de las nueve horas del veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y tres, the minutes of which were approved at the sesión del cuatro de abril siguiente, are not incompatible with the Constitución Política or with the other constitutional rules and principles invoked. Nor are artículos 20, 26 y 29 unconstitutional because, as indicated, they elaborate upon and are premised on the validity of those other challenged provisions. Accordingly, none of those provisions is unlawful on the asserted ground of unconstitutionality arising from their approval without the qualified vote required by the cited artículo 45 of the Constitution. Consequently, the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) must be dismissed with respect to those claims” (boldface added).
Subsequently, judgment nro. 2002005245 de las 15:20 horas del 29 de mayo de 2002 clarified:
“VI.- Archaeological property within the constitutional system. Artículo 89 de la Constitución Política establishes that the cultural purposes of the Republic include:
“... protecting natural beauty, preserving and developing the Nation’s historical and artistic heritage, and supporting private initiative for scientific and artistic progress.” The protection of historical heritage thus falls within the broader scope of the State’s duty to preserve the shared culture that makes its people a Nation. The Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, insofar as relevant, defines culture as:
“... the body of ways of life and customs, knowledge, and degree of artistic, scientific, or industrial development in a particular period or social group” (Vigésima Segunda Edición. Tomo I. 2001) Archaeological heritage is a subset of the broader category of cultural heritage, a distinction with important practical implications insofar as the State’s role in promoting and safeguarding archaeological property must always form part of a comprehensive policy for protecting and fostering indigenous cultural production. For the rights arising from the constitutional provision at issue to be effectively realized, public authorities must not only create the necessary regulatory framework but also take concrete action through suitable protective mechanisms, based on the inescapable premise that a Nation that scorns its historical legacy—by destroying it or by failing to use every lawful means to prevent its loss or deterioration—is destined to fail as a society, because it is precisely a view of the past that makes it possible to understand the present and plan for the future.
In Costa Rica, archaeological heritage has commonly been defined as the collection of immovable and movable property produced by indigenous cultures predating or contemporaneous with the establishment of Hispanic culture in the national territory, as well as the human remains, flora, and fauna associated with those cultures. It constitutes one of the principal means of acquiring accurate knowledge of the historical origins of our societies, insofar as it enables us to understand the origins of our current forms of thought and cultural expression, while also providing highly useful data for other fields of knowledge, such as ecology, pharmacotherapy, zoology, and others. Regarding the intrinsic importance of archaeological heritage within the social system, this Chamber ruled as follows:
“Archaeology and History are two closely connected sciences, one of whose objectives is to clarify and reconstruct past events. Historical reconstruction is based primarily on the interpretation of written documents, whereas Archaeology bases its studies on data obtained from material objects left by human activity in societies that have disappeared, through the relationships among those objects, the circumstances of their discovery, and their connection with the environment. Every preserved object and every vestige of the life and activity of human beings in past societies represents evidence that makes possible complete or partial knowledge, as the case may be, of those remains and, consequently, of ways of life that no longer exist and are unknown today, but whose understanding is of singular importance because they form part of the cultural identity of the society in which one lives—provided, of course, that they constitute important evidence for reconstructing and understanding past events.” (Sentencia número 729-96 de las nueve horas quince minutos del nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis) Knowledge of the past is not of particular interest merely as a matter of historiographical curiosity; rather, its study makes it possible to approach a comprehensive understanding of current social and cultural phenomena.
The protection of archaeological property must therefore be understood as a means of safeguarding culture in general, as a value that transcends ownership by any individual and constitutes a matter of national importance, whose recognition and effective defense form part of the interests guaranteed by artículos 50 y 74 de la Constitución Política.
VII.Archaeological heritage under International Law. Costa Rica, as a subject of International Law, has signed and ratified various instruments intended to protect archaeological heritage. The following may be cited: A) The Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (Hague Convention), de catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, and its Regulations, which recognize the importance of archaeological heritage and require States involved in armed conflict to respect the heritage of the territories they occupy, placing their cultural property in safekeeping away from the conflict zone. B) The Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations, de cinco de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, requires States Parties to subject archaeological excavations conducted within their territories to strict supervision and prior authorization by the competent authority (principio 5).
It bears clarification that all the instruments cited in the preceding paragraph constitute sources of law (fuentes de Derecho) in Costa Rica and may be applied directly by this Sala Constitucional in deciding the present matter, as prescribed by Article 48 of the Constitution. In the case of those approved by the Asamblea Legislativa, this follows from the express provision of Article 7 of the Constitución Política. As for those that do not enjoy that status, they constitute, at a minimum, sources for interpreting the approved instruments. Nor does this Sala recognize the existence of mere recommendations in the field of human rights, since States, by deciding to limit themselves, recognize the existence of certain human rights even when the relevant instruments are described as “recommendations.” The foregoing leads to the conclusion that the Recommendation Defining International Principles to Be Applied in the Case of Archaeological Excavations, the International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, and the Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works are—in the terms stated above—acts having full normative force within the Costa Rican constitutional legal order and cannot be regarded as mere lists of objectives and goals to be achieved.
VIII.Legal regulation of archaeological heritage (patrimonio arqueológico). In addition to the constitutional provisions protecting archaeological heritage and the commitments undertaken by Costa Rica toward the international community to the same effect, various domestic provisions have been enacted concerning the subject matter of this action. A) Law number 7 of seis de octubre de mil novecientos treinta y ocho grants archaeological property (bienes arqueológicos) the status of public-domain property (bienes dominiales) (Article 1) and further requires that the discovery of objects be reported immediately to the public authorities, which must take the measures necessary for their protection (Article 17). B) Ley 6793, of veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico, which, in addition to reiterating the provisions of Law number 7, creates the Comisión Arqueológica Nacional, a body vested with the authority to authorize and supervise excavations by previously registered scientists (Articles 12 and 15); it confers upon the Museo Nacional the authority to determine how property will be recovered when discovered by a third party (Article 13).
IX.The importance of archaeological property. Archaeological property, understood as objects that allow researchers to access historical knowledge, possesses intrinsic importance because it constitutes a suitable and scarcely replaceable means of acquiring that knowledge, in which the surrounding environment also assumes particular relevance. To provide effective protection (tutela) for archaeological property, the State must participate actively in all procedures aimed at its detection, recovery (where appropriate), study, registration, and preservation. Only in this way can full compliance be achieved with the duties arising from the constitutional mandate, as well as with those undertaken through the execution of the cited international instruments and the enactment of the aforementioned laws. Despite this marked importance, the protection of archaeological property has been adversely affected by the convergence of various factors, such as collecting, the trade in objects, and their indiscriminate destruction, due in part to construction in areas containing archaeological sites.
Given the State’s constitutional obligation to safeguard archaeological heritage, this convergence of interests makes it necessary to establish legislative and administrative mechanisms aimed at ensuring protection of the archaeological legacy in the face of the need for economic development. This precedence was previously recognized by the Corte Plena when, in exercising constitutional-review functions, it held:
“It is obvious that archaeological property also has an appreciable monetary value, whether because of the material from which it is made (gold, for example), or because of its fine craftsmanship and beauty, even when made of clay or stone. Some of these objects may have little physical value or limited artistic significance; nevertheless, they are valuable because of their origin and as subjects of study for investigating the culture of peoples from other eras, their beliefs and customs, or the nature of the environment in which they lived, depending on the traces or representations that may be found therein. For all these reasons, archaeological objects originating from the Indigenous peoples who inhabited the continent during the pre-Columbian period, or before or contemporaneously with the establishment of Hispanic culture, are valuable; and it is because of this value that many people acquire such objects, some for spiritual enjoyment or scientific interest and others perhaps to profit from them.
But above any individual interest a person may have in the possession or ownership of such objects, the public interest prevails, both because of their historical value and because the culture of peoples encompasses the study of what was done by the human groups that inhabited the same territory—a study facilitated by enabling the greatest possible number of people here to access those sources of knowledge. Nothing is more consistent with that public interest than for archaeological property to remain within the national territory, in the custody of museums and under the ownership of the State or its institutions, as part of the historical heritage that the Carta Política designates as belonging ‘to the Nation’ in Article 89. It must therefore be emphasized that the most important consideration is not the material value of the objects in question, but their historical and cultural value, and that the economic doctrine concerning productive assets and freedom of enterprise could in no way apply to those objects.” (Decision of trece horas del doce de mayo de mil novecientos ochenta y nueve) It is therefore clear that the significance of archaeological property is not exhausted by its commercial aspects.
Quite the contrary, its greatest importance lies in the information it can provide for a proper understanding of the origins of national identity, as well as the vast amount of information it offers for other equally important fields of scientific knowledge. Thus, even objects with few aesthetic qualities, objects used in everyday life, or objects in a poor state of preservation may be of great importance to archaeological knowledge. Moreover, the protection of archaeological heritage is also a matter of worldwide importance. The Preliminary Report on Legal Means for the Protection and Preservation of the Historical and Artistic Heritage of the American States, issued by the Organización de Estados Americanos, stated in this regard:
“States do not have an exclusively local interest in protecting and preserving the tangible evidence of the art and culture of past eras found within their respective territories; that interest is shared by the entire international community, which justifiably considers such evidence to constitute a cultural heritage belonging to all humanity and, therefore, deserving of its concern and protection.
Thus, the protection and preservation of cultural heritage now transcends the sphere of national jurisdictions and is supplemented legally through international instruments and materially through the concerted cooperation of the countries comprising the international community, so as to fulfill that duty of protection and preservation.” The preservation of a people’s archaeological heritage is therefore viewed not as a matter of merely local interest, but as a significant contribution to the preservation of world culture.
X.Archaeological heritage as public-domain property. It is evident that, pursuant to the terms of the cited provisions, archaeological property forms part of the public estate and consists of what are known as public-domain assets (bienes demaniales), title to which is vested in the Nation insofar as they are dedicated to serving a purpose of general interest. The use and possession of public-domain property is always governed by a special legal regime (régimen especial), characterized by the fact that such objects may be used only in a manner that does not conflict with their purpose—in some (sic) cases solely by the Administración, and in others also by private parties, but strictly subject to the limitations inherent in their public character. This Sala has defined public-domain property (bienes de dominio público) in the following terms:
“…The public domain consists of property that, by the legislature’s express will, has the special purpose of serving the community and the public interest.- These are known as public-domain assets, demanial assets, public property or things, which do not belong individually to private parties, are intended for public use, and are subject to a special regime outside private commerce.- That is, they are dedicated by their very nature and purpose.- Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept; they are dedicated to the service they provide, which is invariably essential by virtue of an express provision.- Characteristic features of these assets are that they are inalienable (inalienables), not subject to acquisitive prescription (imprescriptibles), immune from attachment (inembargables), incapable of being mortgaged or encumbered under the terms of Civil Law, and administrative action replaces possessory proceedings (interdictos) for recovering ownership.- Because they are outside private commerce, these assets cannot be possessed, although a right of use may be acquired, but not an ownership right.- A use permit (permiso de uso) is a unilateral legal act issued by the Administración in the exercise of its functions, under which beneficial dominion (dominio útil) over the property is placed in private hands, while the State always retains direct dominion (dominio directo) over the thing…” (Judgment number 2306-91 of catorce horas con cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno) Previously, the Corte Plena, in exercising constitutional review, determined:
“Indeed, although archaeological heritage (patrimonio arqueológico) was not properly regulated before the 1938 Law, it was entirely reasonable for the legislature to address it in that Law and in the 1981 Law, in order to prevent what had occurred under the previous legal regime. XIX.- Those two laws recognize individual ownership of archaeological property (bienes arqueológicos) held in private hands; but they also provided that, henceforth, any property that was discovered would belong to the State. No vested right (derecho adquirido) was impaired, since the private ownership existing up to that time was maintained… No special constitutional provision is necessary in order for specific prohibitions to be established in ordinary legislation, provided they are supported by Article 28, such as those that exclude discovery as a lawful title (título legítimo) for acquiring private ownership (dominio privado) of archaeological property…
XX.- Article 89 reflects the public interest (interés público) protected by Article 28, second paragraph, since it states that ‘The cultural purposes of the Republic include:...preserving and developing the Nation’s historical and artistic heritage.’ This recognized the existence of a form of heritage distinct from property of an economic nature and, at the same time, established the duty to ensure its preservation. Cultural and historical public policy (orden público cultural e histórico) permits that rule to be interpreted broadly and relied upon to reaffirm State ownership of archaeological property discovered in the future, as provided by the 1938 Law. Such property, both then and now, constitutes ‘a common heritage bequeathed by past generations to subsequent ones’… XXI.- The following conclusions arise from all the foregoing: a) The ownership regime (régimen de propiedad) established in Article 1 of the 1938 Law is lawful, since it is supported by Articles 28 and 89 and does not conflict with Article 45 of the Constitution itself; and b) Consequently, Articles 3, 5, 7, 9, and 17 of Law No. 6703 of 1981 cannot be contrary to the Constitution either, insofar as they apply to archaeological objects discovered after Law No. 7 of 1938, because such property belongs to the State pursuant to Article 1 of that 1938 Law, which is not unconstitutional.” (Decision issued at thirteen hours on doce de mayo de mil novecientos ochenta y nueve)
XI.The preventive principle (principio preventivo) in archaeological matters. The importance of archaeological property and its status as public-domain property (bienes demaniales) impose upon the State a series of obligations aimed at its effective protection, a common element of so-called third-generation rights (derechos de la llamada tercera generación). In matters of such importance and requiring such careful protection, it is inconceivable that administrative authorities should intervene only after the damage has been caused, since the damage may be irreversible and extremely extensive. In the case of archaeological property, there is only one possibility: its effective protection or its irretrievable loss. To determine the proper timing and scope of the actions that the State must undertake to protect archaeological heritage, several important considerations outlined in the preceding recitals must be addressed.
Although archaeological property, considered individually, may indeed constitute key elements for understanding the country’s historical and cultural past, its significance may be diminished if it is not considered comprehensively in relation to the context in which it was found. Archaeological research cannot therefore be limited to studying objects that have been wholly or partially destroyed, or property removed from its context without first conducting exhaustive field analyses intended to facilitate an understanding of it within the environment where it was found, since in such cases work that, by constitutional mandate (Articles 50, 74, and 89), should be conceived as scientifically rigorous could become little more than the mere collection and artistic contemplation of objects, in contravention of the fundamental legal order (orden fundamental)” (emphasis added).
The foregoing precedent demonstrates the importance of the preventive principle in archaeological matters, which entails protecting objects or places considered culturally significant and requires the conduct of appropriate scientific studies in order to guarantee their protection and preservation.
Likewise, in judgment No. 2003003656 issued at 14:43 hours on 7 de mayo de 2003, this Constitutional Chamber addressed cultural heritage (patrimonio cultural) in the following terms:
“C.- CONSTITUTIONAL PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE. ARTICLES 50 AND 89 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.
The importance of protecting cultural heritage at the national, regional, and international levels is beyond dispute, precisely because of the significance that this cultural legacy (acervo) has for the necessary maintenance and strengthening of the identity of peoples—whether understood as a population and/or nation—in the historical, social, geographical, and cultural spheres. It is widely understood that comprehending the past—a connection with one’s roots—entails comprehending the present and establishes the possibilities for the future material and psychosocial development of individuals and human groups. This involves recognizing a value, understood as the incorporation of economic potential, or a value realized in pursuit of a transcendent purpose—whether spiritual, cultural, or artistic. For this reason, the concept of historical-architectural heritage (patrimonio histórico-arquitectónico) has evolved, as have the criteria governing its protection, so that such protection is no longer justified by a ‘romantic’ ideal, but rather by its role as a condition of the identity of peoples and an integral part of their history and culture, based on considerations of socioeconomic development and urban-environmental or urban-ecological development, and having a more human foundation.
Protection by States is therefore necessary to permit effective and efficient action based on a scientific framework consistent with reality, both in the field of territorial and architectural theories and in the legal field, since it interacts with other disciplines and bodies of knowledge, including History, Anthropology, Architecture, Restoration Theory, and Law; and it must take into account the country’s particular circumstances, such as its degree of underdevelopment and economic dependency. The protection of this heritage must therefore be actively integrated into the country’s social and economic resources so that it does not constitute a burden on the State or on the population—owners, possessors, or holders of any real right (derecho real) over property incorporated into this special protective regime (régimen especial de tutela)—but instead becomes an additional resource that generates social well-being.
XVII.The protection of cultural heritage falls within Urban Planning Law (Derecho Urbanístico), which has recently come to be understood within the broader framework of Environmental Law (Derecho Ambiental), whose legal-constitutional basis is found in Articles 50 and 89 of the Political Constitution, insofar as they expressly provide:
‘The State shall seek the greatest welfare of all the country’s inhabitants by organizing and encouraging production and the most appropriate distribution of wealth.
Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing to report acts that infringe that right and to claim compensation for the damage caused.
The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall establish the corresponding liabilities and penalties’ (Article 50); and ‘The cultural purposes of the Republic include protecting natural beauty, preserving and developing the Nation’s historical and artistic heritage, and supporting private initiative for scientific and artistic progress’ (Article 89).
This latter provision establishes guidelines requiring public authorities to promote environmental protection, understood comprehensively—that is, not in the traditional sense, which has been limited to natural resources and is commonly known as ‘green’ matters, insofar as it has been understood to encompass natural resources such as forests, water, air, minerals, flora and fauna, and so forth—but also with regard to the surroundings in which people live. These encompass not only nature’s scenic beauty, such as the landscape, but also everything relating to cities and urban and rural settlements; in other words, the concept of the urban environment. These may properly be described as two complementary aspects of a single reality, like two sides of the same coin: the natural environment and the urban environment. The objective is therefore a more human environment; that is, an environment that is not only healthy and ecologically balanced, but also serves as a symbolic reference and a source of national, regional, or local identity.
Thus, the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment—which has been extensively developed in constitutional case law—encompasses both its natural and artificial components, the latter being understood as the human habitat, that which has been built by human beings—that is, the urban environment—so that they remain free from all pollution, both because of the effects and repercussions it may have on the health of people and other living beings and because of the environment’s intrinsic value. A pollutant (elemento contaminante) must be understood as ‘[...] any element, compound, or substance, its association or composition, chemical or biological derivative, as well as any type of energy, radiation, vibration, or noise which, when introduced into the environment in a certain quantity for a more or less prolonged period, may adversely affect or be harmful to the life, health, or well-being of human beings or flora and fauna, or cause deterioration in the quality of the air, water, soil, “natural beauty,” or resources in general, which together constitute quality of life’ (judgment No. 3705-93, issued at fifteen hours on treinta de julio de mil novecientos noventa y tres).
Thus, the protection of cultural heritage, and specifically historical-architectural heritage, constitutes a necessary precept when seeking a better quality of life—a determining element in the conception of the environment—and its effective protection; accordingly, its regulation falls within Environmental Law.
XVIII.Articles 50 and 89 of the Constitution impose an obligation upon the State to protect the surroundings in which the life of the nation’s population unfolds, encompassing two spheres: the natural and the urban. Accordingly, the protection of cultural heritage, and more specifically historical-architectural heritage, falls within urban-planning regulations (regulaciones de orden urbanístico). In light of the foregoing considerations, it may properly be stated that preserving cultural heritage helps maintain the environmental balance necessary for urban development because its effective protection requires respect for urban scale, structure, and dimensions; regulates physical carrying capacity (capacidad de cargas físicas); and calls urban functions and services into question, resulting in better environmental quality. It also helps maintain the city’s distinctive image or perceptual coherence, thereby giving it identity or formal cohesion.
Both facets of the environment—that is, the natural environment (medio ambiente natural) and the urban environment (medio ambiente urbano)—are subject to protection and oversight by the State, as a consequence of the obligations imposed by the constitutional provisions transcribed above and developed through regulations of various categories, including international treaties, among which the following may be cited: the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, ratified by Law number 3763; the Convention for the Conservation of Biodiversity and the Protection of Priority Wilderness Areas in Central America, ratified by Law number 7433; the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, ratified by Law number 7724; the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, ratified by Law number 5605; the Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region, ratified by Law number 7227; the Protocol Concerning Cooperation in Combating Oil Spills in the Wider Caribbean Region; the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, ratified by Law number 5566; the Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, ratified by Law number 5032; the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, ratified by Law number 5031; and the Constitutive Agreement of the Central American Commission for Environment and Development, ratified by Law number 7226, in the field of the natural environment; the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, its Regulations and Protocol, adopted at the International Conference of States convened by UNESCO in 1954 and signed by Costa Rica on March 3, 1996; the Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations, adopted at the UNESCO General Conference in 1956; the Recommendation Concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscapes and Sites, adopted at the UNESCO General Conference in 1962; the International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, adopted by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) in 1965; the Norms of Quito, adopted at the Meeting of Latin American Presidents in 1967; the Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage, adopted at the UNESCO General Conference in 1968; the Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works, adopted at the UNESCO General Conference in 1968 and ratified by Law number 4711; the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, adopted at the UNESCO General Conference in 1970 and ratified by Law number 7526; the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted at the UNESCO General Conference in 1972 and ratified by Law number 5980; the Convention on the Protection of the Archaeological, Historical, and Artistic Heritage of the American Nations, adopted by the General Assembly of the Organization of American States (OAS) in 1976 and ratified by Law number 6360; the Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, adopted at the UNESCO General Conference in 1976; the Recommendation Concerning the International Exchange of Cultural Property, adopted at the UNESCO General Conference in 1976; the Recommendation for the Protection of Movable Cultural Property, adopted at the UNESCO General Conference in 1978; the ICOMOS International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas, adopted in 1987; and the Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, adopted at the UNESCO General Conference in 1989.
Various laws concerning environmental matters have been enacted in our country, such as the Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, number 7152; the Ley Orgánica del Ambiente, number 7554; the Ley de Biodiversidad; the Ley Forestal, number 7575, and its Regulations; the Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, number 2790, and its Regulations, Decreto Ejecutivo number 26.133-MINAE; the Ley de Aguas, number 276; the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, number 6043; and the Ley General de Salud, number 5395; and, with respect to the protection of cultural heritage (patrimonio cultural), the following: the Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico, number 6730, and the Ley del Patrimonio Histórico-Arquitectónico, number 7555. Among the body of regulatory provisions concerning environmental matters, the following may be cited: the Reglamento Especial que regula la extradición de los materiales en los cauces de dominio público, Decreto-Ejecutivo number 21.910-MIRENEM; Decreto Ejecutivo number 30.480-MINAE, which establishes the principles governing national water-management policy; the Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA, Decreto Ejecutivo number 25.705-MINAE; Los principios, criterios e indicadores para el manejo forestal y la certificación en Costa Rica, Decreto Ejecutivo number 27.388-MINAE; De las funciones regenciales, Decreto Ejecutivo number 26.870-MINAE, in addition to the executive decrees declaring or creating protected areas; as well as the Reglamento de la Comisión Arqueológica Nacional, Decreto Ejecutivo number 19.016-C, in the case of cultural heritage, and all decrees incorporating real property and the buildings thereon into the historical-architectural heritage (patrimonio histórico-arquitectónico).
Society’s process of cultural development and the exchange of cultural goods and expressions give rise to a framework of rights and obligations connected with social, political, and economic conditions in the world, such as the population’s growing sociocultural needs, the increasing importance of culture as an essential element of nationality (national identity), the challenges facing the survival of traditional, artisanal, and folkloric cultures, and the importance of the values and expressions of cultural heritage as a fundamental factor in national integration, all of which demonstrates the need for adequate regulation that encompasses the interests at stake. Within this context arises the State’s duty to safeguard or protect (tutela) cultural heritage, since it falls within the framework of the Social State under the Rule of Law (Estado Social de Derecho), with all its implications; accordingly, it is conceptualized as a genuine fundamental right deriving from the right to culture and is therefore enforceable against the public authorities responsible for such protection, which translates into the right to demand effective and concrete actions by the Administration to safeguard cultural heritage.
This right is founded on the essential dignity of the human person and on the need to integrate this element into the development of the community; thus, it encompasses not only an individual’s right to personal self-fulfillment, but also the right of the community—the population—to shape its cultural identity, since cultural heritage constitutes an essential element contributing to this important task. It therefore also has implications for the cultural sovereignty of States, specifically regarding the preservation of the country’s cultural identity and the requirement of such international cooperation as may and should be provided in this regard. It is a third-generation right founded on the principle of solidarity; it is therefore classified within the category of social rights and is clearly significant insofar as it affects life in society, because, by virtue of this right, every individual has the right—as required by that individual’s essential dignity—to participate in the heritage and cultural activity of the community to which he or she belongs; and it imposes a duty—and responsibility—on public authorities to provide appropriate means for effective participation so as to guarantee access to and exercise of this right, insofar as their available resources permit.
Culture thus constitutes the most significant element of awareness for safeguarding the essential heritage that defines national identity at various levels, encompassing the protection of folklore, the encouragement of intellectual and artistic endeavors, the promotion of international exchange, the protection of cultural heritage, the promotion of the development of the arts, arts education, and the promotion of books. Accordingly, every person has a right to culture, just as every person has a right to education, work, and freedom of expression—fundamental rights to which it is directly related. In this regard, countless international resolutions and declarations formally recognize the right to culture. Thus, in Resolution IX adopted by the Inter-American Conference on Problems of War and Peace (held in Mexico from the twenty-first of February to the eighth of March of nineteen forty-five), the States of the Americas expressly recognize in paragraph 13:
“Among the rights of man, foremost is equality of opportunity to enjoy all the spiritual and material benefits offered by our civilization through the lawful exercise of his activity, industry, and ingenuity.” The American Declaration of the Rights and Duties of Man (adopted at the Ninth International Conference of American States on the fifth of May of nineteen forty-eight, in Bogotá, Colombia) recognizes the right to the benefits of culture:
“Every person has the right to take part in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to participate in the benefits that result from intellectual progress, especially scientific discoveries.
He likewise has the right to the protection of his moral and material interests arising from any inventions or literary, scientific, or artistic works of which he is the author.” The recitals in the Preamble to this Declaration are noteworthy insofar as they contain certain statements related to culture and allow for a better interpretation of that provision:
“All men are born free and equal, in dignity and in rights, and, being endowed by nature with reason and conscience, they should conduct themselves as brothers to one another” (first paragraph); “It is the duty of man to serve the spirit with all his powers and resources because the spirit is the supreme goal of human existence and its highest expression” (fourth paragraph); “It is the duty of man to practice, preserve, and foster culture by every means within his power, because culture is the highest social and historical expression of the spirit” (fifth paragraph).
Freedom of culture, as an essential condition for its development, was also enshrined in Article 4 of this American Declaration:
“Every person has the right to freedom of investigation, opinion, and the expression and dissemination of ideas by any medium whatsoever.” In connection with this right is the recognized right, set forth in Article 15, to rest and to enjoy such rest. For its part, the Universal Declaration of Human Rights (adopted on diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho) recognizes the right to culture in Article 27.1, which has the same content as Article 13 of the American Declaration—transcribed above. This right must be understood within the complex framework of human rights recognized in this international Declaration. It is important to emphasize that the right to education is an indispensable prerequisite for guaranteeing the right to culture. Cultural rights prompted the United Nations to adopt the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in mil novecientos sesenta y seis—ratified by Ley número 4229, de once de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. In addition to recognizing the right to education—in Article 13—it recognizes the individual right to culture in Article 15:
“1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone:
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, development, and dissemination of science and culture.
3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.
4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits derived from encouraging and developing international contacts and cooperation in scientific and cultural matters.” The Charter of the Organization of American States (OAS)—of mil novecientos sesenta y siete—reaffirms the foregoing principles in Article 48:
“The Member States [...] shall ensure the enjoyment of cultural benefits by the entire population and shall promote the use of all means of dissemination for the fulfillment of these purposes.” This provision is referenced by Article 26 of the American Convention on Human Rights, ratified by Ley número 4543, de veintitrés de febrero de mil novecientos setenta, which provides:
“Progressive Development The States Parties undertake to adopt measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical cooperation, with a view to progressively achieving the full realization of the rights derived from the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States, as amended by the Protocol of Buenos Aires, to the extent permitted by available resources, through legislation and other appropriate means.” These international instruments have focused their efforts on three fundamental aspects: the development and promotion of culture, international cultural cooperation, and the right to culture, all of which acquire full binding force because they derive from human-rights treaties duly ratified by our country.
THE “CULTURAL PROPERTY” (“BIEN CULTURAL”) AS A PROTECTED LEGAL INTEREST (BIEN JURÍDICO PROTEGIDO). The terminology and conception of the objects protected as historical heritage (patrimonio histórico) have evolved in legal scholarship, such that protection now extends to various categories of property, namely: immovable property of cultural interest—including monuments, natural wonders, and sites; movable property that has neither been incorporated into nor designated by executive decree as part of the Nation’s cultural heritage (patrimonio cultural), but that is of particular significance, especially in light of the international regulations analyzed below; archaeological property—which is in the public domain (dominio público); and ethnographic, scientific, technical, industrial-anthropological, and bibliographic heritage. Protection therefore also encompasses customs, folklore, rites, beliefs, festivities, and cuisine.
All such property has been grouped under the term “cultural property.” This new conception, which is far broader in its understanding of the reality protected by the legal system, originated in Italy and is grounded in the ultimate reason for protecting and safeguarding the property: the cultural value inherent in it, that is, the extent to which it brings us closer to the history of civilization and to the various ways (sic) in which people have lived, thought, and felt across time and space. Cultural value may take many forms, such as the historical, artistic, scientific, archaeological, paleontological, ethnographic, or technical significance embodied in different kinds of property. There must be an interest worthy of preservation, either individually or in connection with other property, as occurs with the protection of urban ensembles, large-scale ensembles, or itinerant ensembles. The essence of such protection lies in the property’s intrinsic interest or value, insofar as it represents the history, art, science, or industry of a people and thereby contributes to the nation’s identity.
With regard to the development of cultural-property protection as a consequence of the right to culture, it is important to mention the extensive body of international standards adopted by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the Organization of American States (OAS) for the purpose of securing, among the States Parties, the effective safeguarding and protection of world and national cultural heritage, which, as noted above, encompasses historical and architectural heritage, movable property, natural heritage, archaeology, and folklore. These comprise a series of Conventions and Recommendations on the subject that constitute legal rules and sources of law in Costa Rica and may be applied directly by this Constitutional Chamber in deciding this matter. Where they have been ratified by our country, they are bodies of law incorporated into our legal system, with authority superior to that of statutes, pursuant to the express provision of Article 7 of the Political Constitution.
Where they have not undergone the procedure prescribed for their proper incorporation, they are sources of law under the terms of Article 48 of the Constitution. In this regard, it must be borne in mind that most of these Conventions and Recommendations were adopted by a specialized agency of the United Nations, namely the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), whose work is coordinated by the United Nations Economic and Social Council and of which Costa Rica is a Party. As such, they fall within the framework of the rules of the Charter of the United Nations, bearing in mind that one of the purposes for which that organization was created is precisely to “achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion” (Article 1.3 of the Charter of the United Nations); to that end, the General Assembly is empowered to initiate studies and make recommendations for the achievement of this purpose (Article 13.1.b of the Charter). Articles 55, 57.1, 57.2, and 58, in conjunction with Article 63, recognize the relationship between the specialized agencies and the Organization, particularly Article 64.1, which provides verbatim:
“1. The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialized agencies. It may also make arrangements with the Members of the United Nations and with the specialized agencies to obtain reports on the measures taken to give effect to its own recommendations and to recommendations made by the Assembly on matters falling within the Council’s competence.” It must likewise be borne in mind that Articles 5 and 7.2.c of the Vienna Convention on the Law of Treaties (ratified by Ley número 7615, de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis) recognize the normative force of instruments adopted within international organizations. Regarding the Conventions, Charters, or Recommendations adopted by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), it must be borne in mind that it is an entity under UNESCO; accordingly, the binding effect and enforceability of its provisions derive from the international organization to which it is subordinate.
Finally, with respect to the Normas de Quito, it should be noted that their binding effect derives from subsections 10) and 12) of Article 140 of the Political Constitution and Article 7.2.a of the Vienna Convention on the Law of Treaties, because they were agreed upon at the meeting of Latin American Presidents in mil novecientos sesenta y siete, where the President of the Republic exercised the role of co-director of international policy (sentencia número 6624-94, de las nueve horas del once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro). Thus, for this Chamber, these are not merely recommendations concerning human rights: if States voluntarily decide to limit themselves or to assume a series of obligations and commitments to give effect to a fundamental right, those obligations and commitments constitute a normative source of constitutional law, because they are acts possessing full normative force within the Costa Rican constitutional legal system and cannot be regarded as mere lists of aspirations and goals to be achieved.
XXIII.In light of the foregoing considerations, the following binding and interpretive principles may be derived from the international regulations on the subject in order to ensure the effective safeguarding of the nation’s cultural heritage:
a.- From the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, its Regulations, and its Protocol, adopted at the International Conference of States convened by UNESCO on catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro and signed by Costa Rica on tres de marzo de mil novecientos noventa y seis: respect for cultural heritage—comprising movable and immovable property, monuments of architecture, art, or history, whether religious or secular, archaeological sites, historic ensembles, and collections of scientific materials, books, archives, or reproductions—is established as an international obligation, regardless of its origin or legal ownership in wartime (enemy countries); in peacetime, each country must promote the proper protection of such property; theft, pillage, unlawful appropriation, and vandalism are prohibited, and the implementation of preventive measures to avert such situations is encouraged; the States Parties undertake to submit reports to UNESCO every 4 years on the measures implemented; and the importance of archaeological heritage is recognized; b.- the Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations: approved by the UNESCO General Conference in New Delhi, el seis de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis: requires States Parties to subject archaeological excavations (excavaciones arqueológicas) conducted within their territories to strict supervision and prior authorization by the competent authorities, and to require compliance with technical principles in carrying out the excavations; c.- the International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites: approved by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) in Venice in mil novecientos sesenta y cinco; it is the text of greatest international influence and significance, currently in force and internationally recognized, whose definition of monument encompasses both an individual architectural work and an urban or rural site that bears witness to a particular civilization, a representative stage of development or process, or a historical event, as well as both major and modest works that have acquired cultural significance over time; it recognizes that a monument is inseparable from the history to which it bears witness; it establishes that the protection and conservation of a monument also entails protecting an appropriately scaled setting—that is, protecting its surroundings (entorno); it prohibits new construction, demolition, or alterations that could change the relationships among the volumes, colors, and styles of buildings incorporated into the cultural heritage (patrimonio cultural); it establishes the principle that restoration (restauración) is exceptional in nature and is intended to preserve and reveal the aesthetic and historical values of the monument, while respecting ancient elements and authentic parts, and, to that end, distinguishes between conservation (conservación) and restoration; it establishes the obligation to protect urban sites and groups of buildings, and the need to preserve the identity of the monument by avoiding any essential alteration of its appearance or nature; it establishes the need to prepare inventories and catalogs; the need to retain buildings on their sites, rooted in the ground; and the need to preserve the original furnishings of the property; d.- the Recommendation Concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscapes and Sites: approved by the UNESCO General Conference at its 12a. session, in Paris, el doce de diciembre de mil novecientos sesenta y dos: seeks to ensure the preservation of original natural and rural sites, urban landscapes, and other locations, whether or not created by human beings, and their restoration; it establishes the scientific and aesthetic importance of natural sites and urban landscapes insofar as they form part of a heritage that is a fundamental factor in the general living conditions of peoples; the need to implement preventive controls on activities and operations that may affect them, such as special provisions in urban and regional development plans and zoning schemes; the need to establish and maintain nature reserves and parks, as well as to acquire land for the community; the need for specialized services vested with broad powers and made responsible for preservation measures; and it emphasizes educational activities intended to raise public awareness of the importance of this protection; e.- the Normas de Quito: approved at the Meeting of Latin American Presidents in mil novecientos sesenta y siete: develops the principle of “enhancement” (“puesta en valor”), which consists of the economic and social recovery of the monument in accordance with the needs of Latin American society; recognizes the importance of protecting historic centers and their social function through the promotion of tourism; concludes that State protection must extend to the monument’s urban context, its surrounding natural environment, and the cultural property (bienes culturales) it contains—that is, everything relating to the protection of its surroundings; establishes the importance of protecting movable property (bienes muebles) and other valuable heritage objects; and recognizes the urgency of the issue, which requires international cooperation because of the significant importance of recovering cultural heritage, insofar as it represents an economic asset capable of serving as an instrument of progress (the principle of “enhancement” (“puesta en valor”)); f.- the Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage: approved by the UNESCO General Conference at its 17a. session, in Paris, el dieciséis de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho: seeks to encourage States to protect all components of the cultural and natural heritage; it includes identification, study, conservation, restoration, physical appearance, and integration into contemporary society, for which purpose the respective inventories must be kept up to date and appropriate maps and documentation must be prepared; it establishes the obligation of States Parties to design programs for the conservation and preservation of the national cultural heritage, in order to preserve its traditional appearance, and to restore areas of cultural heritage damaged by human activity, through specialized services assisted by advisory bodies; g.- the Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works: approved by the UNESCO General Conference at its 15a. session, in Paris, el veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho: establishes the guideline that the preservation of cultural heritage must be harmonized with socioeconomic and technological progress; reiterates the need to prepare inventories of cultural property, giving priority to property endangered by public or private works, for use in research and study; emphasizes the importance of implementing precautionary measures (medidas cautelares) so as to facilitate and permit specialized assistance to prevent the adverse effects that such works may have on protected property; advocates the conservation of cultural property “in situ,” that is, in its original location; however, if socioeconomic conditions require its transfer—such as in cases of abandonment or possible destruction—it must be relocated on the basis of appropriate scientific studies; establishes the principle that the preservation of the property must be funded through special budgets or by the public or private works causing the damage (a principle of Environmental Law (Derecho Ambiental): “the polluter pays” (“el que contamina, paga”)); h.- the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property: approved at the tenth UNESCO General Conference, at its 16a. session, in Paris, el catorce de noviembre mil novecientos setenta; ratified by Costa Rica through Ley número 7526, de cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco: includes within the concept of cultural heritage all property of ethnological, archaeological, natural, artistic, and technical value; recognizes that the illicit export of cultural property is one of the principal causes of the impoverishment of cultural heritage and therefore commits States Parties to combat such practices by promoting international cooperation and establishing the necessary protective services, such as enacting the relevant regulations, establishing and maintaining inventories and catalogs, promoting and developing specialized scientific and technical institutions—such as museums, libraries, archives, workshops, and laboratories—necessary to ensure the conservation and enhancement of cultural property, controlling archaeological excavations, conserving cultural property “in situ,” reserving certain areas for research, promoting educational action, appropriately publicizing cases involving the disappearance of cultural heritage, establishing barriers both to the removal of property lacking the appropriate certificate and to the importation of stolen cultural property, and taking the necessary measures for its seizure (decomiso) and restitution (restitución); i.- the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage: approved within the framework of the UNESCO General Conference, at its 17a. session, in Paris, el 23 de noviembre de mil novecientos setenta y dos; ratified by Ley número 5980, de veintiséis de octubre de mil novecientos setenta y seis: whose object of protection is cultural heritage, comprising monuments—architectural works, works of monumental sculpture or painting, elements or structures of an archaeological nature, cave inscriptions, and combinations of features—as well as groups of buildings—whether separate or connected—and sites possessing outstanding universal value from the standpoint of science, art, or history; and natural heritage (patrimonio natural); it recognizes the duty of the international community to cooperate in protecting cultural property and therefore establishes the legal framework and institutionalizes practices relating to international cooperation for the protection of the cultural heritage of humankind, which encompasses natural heritage, to be carried out through a trust fund with several sources of funding (mandatory and voluntary contributions from States Parties, contributions from UNESCO, and contributions from international organizations and from public and private institutions, upon a substantiated request from States); all States Parties recognize that responsibility for conserving heritage of universal value located within their jurisdiction (territory) rests primarily with each of them, and they undertake to adopt the necessary measures for that purpose; it reiterates the requirement to prepare inventories of properties within their territory; provides that assistance from States may also take the form of studies, specialized personnel services, professional training, equipment, favorable loans, and non-repayable grants; and establishes educational and informational programs concerning the value of the heritage, the threats it faces, and activities undertaken to implement the Convention; j.- the Convention on the Protection of the Archaeological, Historical, and Artistic Heritage of the American Nations (Convention of San Salvador), approved at the sixth regular session of the General Assembly of the Organization of American States (OAS), in Santiago de Chile, on the sixteenth of June of one thousand nine hundred seventy-six; ratified by Law number 6360, of the twentieth of August of one thousand nine hundred seventy-nine: its subject matter is cultural heritage (patrimonio cultural) in its various categories, namely monuments, objects, fragments of dismembered buildings, archaeological material, buildings, artistic, utilitarian, and ethnological objects, libraries, archives, books, maps, and documents).
The purposes of this Convention are the identification, registration, protection, and monitoring of the assets comprising the cultural heritage of the American nations; the prevention of the illicit import and export of cultural property (bienes culturales); and the promotion of international cooperation for mutual knowledge and appreciation of their cultural property. Accordingly, each State Party is encouraged to establish the relevant domestic regulations, which must promote, at a minimum, the following measures: the registration of public and private collections and of transfers of protected cultural property; the recording of transactions by establishments engaged in buying and selling this type of property; and the prohibition on importing cultural property from other States without the corresponding certification and authorization. The creation and implementation of national cultural-property registries, oversight of archaeological excavations, and international cooperation for the recovery and restitution of stolen property and for fostering mutual knowledge and appreciation of cultural values—through the exchange and exhibition of cultural property and information—are encouraged; k.- the Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas: approved within the framework of the UNESCO General Conference, at its 19th session in Nairobi, on the twenty-sixth of November of one thousand nine hundred seventy-six: it invites countries to adopt a general safeguarding policy for the preservation of archaeological, paleontological, urban, and rural structures of historical, archaeological, architectural, aesthetic, or sociocultural value within their territories, for which purpose they must establish: a specific system for protecting cultural heritage—historic areas and groups of buildings—at the legal, technical, economic, and social levels, which must influence national, regional, and local planning, guide urban planning, and be embodied in the formulation of objectives and programs; the designation of a specialized body or institution responsible for carrying out this work; the preparation of inventories of the property to be protected—such as public or private buildings, open spaces, and their vegetation—with supplementary analytical summaries for each, insofar as they constitute irreplaceable universal heritage; an obligation for governments and their citizens to safeguard historic areas and integrate them into community life or promote their economic and social revitalization, that is, to foster commerce, crafts, cultural activities, residential use, and tourism in them—the principle of “enhancement” (“puesta en valor”); comprehensive protection of cultural heritage, particularly historic areas, thereby extending protection to all their constituent elements, including buildings, spatial structure, surrounding areas, and human activities, however modest they may be—the setting (entorno); effective protection of cultural heritage, which entails preventing every type of physical deterioration, especially that resulting from inappropriate use, the addition of parasitic structures, and abusive or insensitive alterations that damage its authenticity, as well as deterioration caused by any form of pollution; reaffirmation of the principle that restoration is exceptional in nature and, when undertaken, must be based on scientific principles; State assistance for the conservation of this heritage, consisting of planning, specialized technical assistance, and the granting of donations, tax benefits, subsidies, or appropriate soft loans for these purposes to private owners and users, which are subject to compliance with certain conditions imposed in the public interest, such as ensuring the integrity of buildings, permitting visits to properties and access to parks, gardens, or sites, allowing photographs to be taken, and permitting inspections, among others; encouragement of the creation of nonprofit foundations and associations as advisory bodies in this field; promotion of systematic research and study to train specialists and craftspeople in urban and land-use planning, the deterioration of materials, the application of modern techniques to conservation work, and the craft techniques essential to safeguarding this heritage, as well as education—at the school, post-school, and university levels—to raise public awareness of the importance of such protection; and a commitment to international cooperation in this field, both with other States and with international, intergovernmental, and private organizations, particularly the UNESCO Documentation Centre (ICOMOS and ICOM); l.- the Recommendation Concerning the International Exchange of Cultural Property: approved within the framework of the UNESCO General Conference at its 19th session, in Nairobi, on the twenty-sixth of November of one thousand nine hundred seventy-six: it proceeds from the consideration that all cultural property forms part of the common cultural heritage of Humanity and that each State bears responsibility in that regard, not only for the benefit of its nationals but also for the international community, and therefore promotes the circulation of such property among cultural institutions in different countries in order to enrich international cultural heritage and foster its better use; for this purpose, States undertake to implement legal measures to eliminate tariff and customs barriers so as to facilitate the disinterested bilateral or multilateral exchange of cultural property; the creation or implementation of registries of requests and offers available for exchange; it establishes the operational principles governing this type of exchange—insurance, financial assistance, determination of the legal status of such property, and assistance from specialized bodies; the need for international cooperation to carry out this task; and the mechanisms necessary to combat illicit trafficking in cultural property; m.- the Recommendation for the Protection of Movable Cultural Property: approved at the UNESCO General Conference, at its 20th meeting, in Paris, on the twenty-eighth of November of one thousand nine hundred seventy-eight: it requires States to intensify measures for preventing and managing the risks to which movable cultural property (bienes culturales muebles) of archaeological, artistic, scientific or technical, craft, anthropological, or ethnological value may be exposed—such as manuscripts, handicrafts, books, documents of special interest, maps, furniture, tapestries, rugs, costumes, musical instruments, and zoological, botanical, or geological specimens—in order to ensure effective protection of such property and reduce the cost of covering the corresponding risks; it establishes the principle that protection and risk prevention are far more important than compensation in the event of deterioration or loss of the property, because the essential purpose is to preserve cultural heritage rather than replace irreplaceable objects with sums of money; the need for the systematic establishment of inventories and registers relating to movable cultural property, recording its identifying characteristics and specifications with the greatest possible precision and using current methods; encouragement for public and private museums and similar institutions to strengthen risk prevention by adopting practical security systems and devices—securing the property and ensuring appropriate conditions for storage, exhibition, and transportation; the granting of credit and financial facilities, as well as tax incentives and/or benefits, for these purposes; the necessary training and specialization of the staff of these institutions; the establishment of an official body responsible for advising and organizing museums; promotion of public education and information in this regard, to raise awareness of the importance and value of cultural property and the need for its protection; the adoption of criminal, civil, and administrative penalties; and the promotion of international cooperation and coordination to combat damage, theft, abduction, and other unlawful acts that endanger cultural property; n.- the ICOMOS International Charter for the Protection of Historic Towns: approved in Washington, in one thousand nine hundred eighty-seven: it defines the principles and objectives, methods, and instruments of appropriate action to maintain the quality of life in historic towns, so as to harmonize individual and social life with the objective of perpetuating the body of property constituting the memory of humanity; it encourages the protection of large and small towns and neighborhoods together with their surroundings, which, in addition to their historical value, embody values characteristic of traditional urban civilizations or are threatened by degradation, destruction, or disintegration; it establishes the principle of careful planning as part of a coherent economic-development policy, carried out by a multidisciplinary team of professionals to ensure the effective rehabilitation of towns and neighborhoods; the values to be preserved are the historic character of the town and the body of material and spiritual elements that express its image; the primary objective of protective action is the improvement of the habitat, understood as the urban environment; the plan for the permanent maintenance of infrastructure begins with the implementation of preventive or precautionary measures (medidas preventivas o cautelares), followed by the establishment of a special protection plan; preservation permits contemporary elements provided that they do not impair the harmony of the whole and contribute to its enrichment; it establishes the principle of regulating traffic within historic towns and neighborhoods and the absolute prohibition on building roads within them; and, lastly, the need to implement preventive measures against natural disasters and potential hazards, such as noise, pollution, contamination, waste, and traffic, among others; o.- Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore: adopted at the UNESCO General Conference, at its 25a. session, in París, on quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve: it is based on the principle that traditional culture and folklore form part of the universal heritage of humanity, constitute a powerful means of bringing existing peoples and social groups closer together and affirming cultural identity, and are an expression of living culture, and that States must play a decisive role in safeguarding and disseminating traditional culture and folklore, particularly by taking action to foster and promote them; for this reason, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, crafts, architecture, and other arts, among others, are protected. It establishes the need to promote a general system for the classification, identification, and registration of both institutions and traditional culture and folklore.
In light of the foregoing considerations, historic-architectural heritage falls within the classification of cultural property (bien cultural) and therefore constitutes a special type of property characterized by a specific regime of State intervention aimed at preserving the property. This status arises from the very nature and objective circumstances of the property. It encompasses the body of cultural properties (bienes culturales) of an architectural nature, whether standalone buildings or groups of buildings, natural sites or infrastructure works, urban or rural, privately or State-owned, that come from the past or are the product of innovative techniques and therefore represent the collective experience of a particular society, community, or ethnic group; as such, they confer a group, popular, or national identity. Their designation is associated with relevant historical or cultural circumstances or with sociocultural patterns of importance to the community, region, or country.
They also contribute to technical, construction, and/or functional development in architecture and therefore possess architectural, historical, or artistic value of significance. They may also exhibit formal typological, stylistic, and urban-planning characteristics that contribute to the distinctive traditional character of their immediate surroundings. Accordingly, the determination of historic-architectural heritage—as such—is an indeterminate legal concept (concepto indeterminado) for legal science and entails reconciling the various interests at stake; that is, it requires an evaluative judgment based on contributions from nonlegal disciplines of a technical nature, such as archaeology, architecture, science, technology, history, or art, in order to determine the cultural value (artistic, scientific, etc., inherent in that property). Thus, the Administration does not act at its discretion; rather, this entails an objective evaluative process.
It is important to emphasize that the determination of historic-architectural property includes both the delimitation of the property and that of the surroundings necessary for its proper protection and enhancement (puesta en valor), which are precisely what justify its protection; it also includes the geographic area to which it belongs, namely, the natural site constituting its surroundings (an integrated conception of the environment).
XXV.For purposes of this analysis, the following quotation from the French writer Víctor Hugo is significant, apart from any legal technicalities:
"There are two things in a building: its use and its beauty. Its use belongs to the owner; its beauty belongs to everyone. Therefore, the owner has no right to destroy it." Thus, the enjoyment of the collective interest is implicated in these properties and constitutes the highest expression of the social function of property (función social de la propiedad), we legal scholars would add. It is in this sense that the definition of architectural heritage (patrimonio arquitectónico) is framed, insofar as it is a physical construction and therefore has an evident current or potential material value attributable to the parcel and the structures built upon it; it is also assigned an additional value or price of an intangible nature, namely, the building’s cultural value, derived from its historical and artistic attributes and from the symbolic force of the social imagination and collective memory, which is difficult or impossible to determine in monetary terms.
In view of the foregoing, the Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico, número 7555 expressly declares "[...] the research, conservation, restoration, rehabilitation, and maintenance of historic-architectural heritage" to be in the public interest (párrafo segundo del artículo 2 de la Ley); this demonstrates the importance and significance that the legislature assigns to cultural heritage, thereby recognizing the duties arising from the constitutional provisions cited above, namely, artículos 50 y 89.
Also significant in this regard are elements that may be considered integral to buildings and form part of them or of their ornamentation and that, if separated, would constitute a complete whole readily applicable to other structures or uses different from the original, even if their removal would not visibly impair the historical-artistic merit of the immovable property (inmueble) to which they are attached. Likewise, protection—in most legal systems—extends to the surroundings, the latest necessary achievement in the regulatory evolution of this field, which are defined as the space that, while not possessing cultural value in itself, directly influences the preservation and enjoyment of the areas that do possess such value; that is, protection progresses from the monument to the ensemble and from there to the surroundings, which consist of the broader space in which they are situated.
It is a preventive or buffer area intended to defend and preserve the setting specific to monuments and historic ensembles and is known in French legislation as the "setting of the monument." Thus, the legal protection and administrative action applied to these areas are founded on the proper preservation of the cultural spaces they serve. The cultural value of the surroundings is so important that failure to protect them undermines the monument’s cultural value. For this reason, urban-planning regulations (ordenaciones urbanísticas) adopted to safeguard cultural property—such as those concerning uniform façade colors, the architectural style that may be used, building heights, and others—are not only valid and legitimate but, above all, necessary; these fall within the jurisdiction of the municipalities—exclusive urban jurisdiction, pursuant to constitutional case law (in this regard, see, among others, judgments números 2153-93; de las nueve horas veintiún minutos del veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y tres; 5305-93, de las diez horas, seis minutos del veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres; 6706-93, de las quince horas veintiún minutos del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres; 3494-94, del doce de julio de mil novecientos noventa y cuatro; 4205-96, cited above, and número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve)—which must coordinate their actions in this area with the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Thus, the techniques employed in land-use planning (ordenación del territorio) and urban planning (planeamiento urbanístico) have a duty, within their respective spheres, to adopt all measures necessary to preserve the space in which monuments, sites, ensembles, or historic centers are located. One example of this protection is artículo 7 de la Ley 5160, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y dos, which establishes protection of the surroundings in relation to the Teatro Nacional:
"The façades of buildings constructed on the block where the Teatro Nacional is located must receive approval from the Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and the Junta Directiva del Teatro Nacional." (The public bodies or institutions responsible for protecting this right will be identified subsequently, as it involves both powers of an urban nature—which constitutional case law has indicated are local, primarily and exclusively, and therefore belong to the municipalities—and powers arising from the subject matter at issue, insofar as the law assigns the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes responsibility for developing and promoting the country’s culture, thereby establishing it as the national advisory body in this field).
XXVII.With regard to this point, reference to French legislation (French Historical Monuments Act—Loi sur les monuments historiques, du 31 décembre de 1913—) and Spanish legislation (Ley de 16, de 25 de junio de 1985) is illustrative, as they establish regulations for structures located near buildings of a historical, artistic, or archaeological nature, requiring such structures to harmonize with them. Specifically, under French regulations, general protection is afforded to buildings aligned with or situated within the visible field of a listed building (edificio clasificado), within a perimeter not exceeding quinientos metros, which may, if necessary, be expanded by executive decree (inciso c) del artículo 1°). The foregoing makes clear the need to integrate cultural heritage into the broader space surrounding it, as reflected in the UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscapes and Sites—de 1962—; the ICOMOS International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites—de 1964—; the conclusions of the meeting of Latin American Presidents known as the Normas de Quito—de 1967—; the UNESCO Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage—de 1972—; the ICOMOS International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas—de 1987—; and the UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore—de 1989—.
All of these international instruments defined the surroundings as including both immediately adjoining properties and adjoining or more distant properties, provided that an alteration to them could affect the intrinsic values of the property in question or its viewing, appreciation, or study; they also encompass the subsoil and the developed or undeveloped space that provides an environmental setting for the property. The surroundings are so closely linked to the monument that its preservation is inseparable from the treatment afforded to them, which is what justifies such treatment.
It is extremely important to clarify that even (sic) though inclusion in the Nation’s historical-architectural heritage (patrimonio histórico-arquitectónico), and consequently its dedication to a public purpose (afectación) or assignment of a public function—in this case, its designation for the contemplation and enrichment of the Nation’s cultural heritage—is generally effected by an executive decree issued by the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, since nothing prevents it from being effected by a Law of the Republic, its removal from such status (desafectación) cannot arise from a regulation; therefore, as an integral part of the environment, as explained above, it must be effected by a law enacted for that purpose, following a technical and objective study establishing that the building in question has lost the cultural value that justified its dedication, whether historical, artistic, scientific, or archaeological, under the terms established in Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente. This clarification is made so that the authorities and officials of the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes may take due note thereof, as applicable.
In this regard, it is important to emphasize that—as with the environmental regime, a subject with which it closely parallels, as previously noted—it encompasses both State-owned property, which, solely by virtue of the declaration of inclusion, acquires the characteristics of public-domain assets (bienes demaniales), insofar as such property is assigned to a specific public service or function, in this case the contemplation of the building, because the purpose of protecting, conserving, and preserving this type of property is to ensure the broadest possible public access to its contemplation and enjoyment, as it is the legacy of a people’s collective capacity (culture), and, by reason of its special public-domain status, is not subject to acquisitive prescription (imprescriptible), is inalienable (inalienable), and is immune from attachment (inembargable); as well as privately owned property, for which a declaration of inclusion in the national heritage in no way entails the transfer of ownership to the State (as did occur under the repealed legislation, namely Ley número 5397), but instead establishes, while ownership remains vested in a private party, that the particular building possesses a historical-architectural interest justifying its maintenance and conservation for the benefit of the national community.
Thus, with respect to this type of property, the essential content of the right of ownership is respected under the terms established in Article 45 of the Constitución Política, so that it may be mortgaged, transferred, acquired through adverse possession (usucapión), alienated, or otherwise conveyed, with the sole proviso that, in every case, the property remains subject to the cultural-heritage regime, which gives rise to an obligation on the possessor or owner to maintain and conserve the building or structure located on the property. Such property is subject to a “sui generis” legal regime, ordinarily dual in nature, because its physical embodiment may be held publicly or privately, as provided in the Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, número 7555, de veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, Article 2, first paragraph of which states verbatim:
“Historical-architectural heritage Any publicly or privately owned immovable property of cultural or historical significance that has been so declared by the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes in accordance with this law forms part of the country’s historical-architectural heritage.” The foregoing means that the focal point of this protection lies not in the ownership regime but in the property’s status as possessing a significant intangible value and being intended for collective enjoyment, which those holding it must make possible, without prejudice to other uses and benefits compatible with the property. It is also important to recognize that it is absolutely and materially impossible, even for developed countries, to expropriate the entirety of the cultural heritage so that the State may assume responsibility for maintaining and conserving this type of property: first, because of the lack of public financial resources to carry out such a project; and second, because doing so would produce the phenomenon known as the “museumification” (museificación) of cultural heritage, which violates one of the basic principles governing the protection of such property, namely the “enhancement of the property” (puesta en valor del bien), meaning the incorporation of historical-architectural property into economic and social activity, as will be explained in subsequent recitals (Considerandos).
XXX.THE REGIME FOR THE PROTECTION OF HISTORICAL-ARCHITECTURAL HERITAGE (RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO). As previously noted, State-owned property incorporated into the Nation’s cultural heritage acquires the characteristics of public-domain assets, also known as dominical assets (bienes dominicales); that is, it is dedicated to a public function, in this case the contemplation of the particular building, since the purpose of protecting, conserving, and preserving this type of property is to ensure the broadest possible public access to its contemplation and enjoyment, as it is the legacy of a people’s collective capacity (culture), and, by reason of its special public-domain status, is not subject to acquisitive prescription, is inalienable, and is immune from attachment, under the terms established in Articles 261 through 263 of the Código Civil. The legal nature of such property was previously summarized by this Tribunal in judgment número 2306-91, de las catorce horas cuarenta minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno:
“The public domain (dominio público) consists of property that, by the legislature’s express will, has a special purpose of serving the community and the public interest. Such property is known as dominical assets, public-domain assets, or public property or things; it does not belong individually to private parties, is intended for public use, and is subject to a special regime outside private commerce. In other words, it is dedicated by its nature and purpose. Consequently, such property belongs to the State in the broadest sense of the term, is dedicated to the service it provides, and that service is invariably essential by virtue of an express rule. The characteristic features of such property are that it is inalienable, not subject to acquisitive prescription, immune from attachment, incapable of being mortgaged or encumbered under the terms of Civil Law, and subject to administrative action in lieu of possessory remedies (interdictos) for recovery of possession.
Because it is outside private commerce, such property cannot be possessed, although a right of use may be acquired, but not a right of ownership. A use permit (permiso de uso) is a unilateral legal act issued by the Administration in the exercise of its functions, through which the beneficial interest (dominio útil) in the property is placed in private hands, while the State always retains direct ownership (dominio directo) over the thing. The precarious nature of every right or permit of use is inherent in the institution and refers to the Administration’s ability to revoke it at any time, whether because the State needs to occupy the property fully, because of the construction of a public work, or for reasons of safety, hygiene, or aesthetics; all of this insofar as, whenever a conflict arises between the property’s purpose and the permit granted, the natural use of the public property must prevail.
Consequently, the national regime governing public-domain property, [...] places it outside private commerce, and therefore any permits granted shall always be precarious and may be revoked unilaterally by the Administration whenever necessity or the general interest so requires.” For its part, with respect to privately owned property incorporated into the cultural heritage, this special protective regime translates into a series of restrictions in the social interest (limitaciones de interés social) on that property, permitted under Article 45 of the Constitución Política; that is, the essential content of the right of ownership is preserved, so that the property may be mortgaged, transferred, acquired through adverse possession, alienated, or otherwise conveyed, and its economic and social utility may be exploited, with the sole proviso that, in every case, the property remains subject to the cultural-heritage regime, because this status must be recorded in the Registro Público de la Propiedad and gives rise to a series of obligations incumbent upon the possessor or owner to guarantee the maintenance and conservation of such property.
This entails, first, an absolute prohibition against the partial—and still more so the total—demolition of the structure, as well as the obligation to conserve and maintain it and, where necessary, to restore it, in order to facilitate the best possible display or contemplation of the building by the general public, which constitutes the principal purpose of this legal protection, as previously noted. Of course, such maintenance entails a prohibition against performing internal or external work that directly affects the building’s structure, style, or visibility, or its surroundings, without prior authorization from the competent body, namely the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, as well as a prohibition against placing signs or commercial or advertising notices, signals, or symbols on the façades of buildings incorporated into the protective regime when these obstruct their contemplation, without prior authorization from those authorities.
The owner or possessor is also required to permit or facilitate inspection of the property by the competent authorities—specialized personnel from the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Lastly, it must be noted that the use of such property is subordinate to the requirement that the values warranting its conservation not be endangered. Article 9 of Ley 7555 establishes the obligations arising for owners, possessors, or holders of rights in rem (derechos reales) over property from its incorporation into the cultural heritage, as follows:
Second, the limitations imposed must be general, that is, they must affect a broad class of persons, which concerns not only those to whom they are addressed but also the factual circumstances under which they apply. Third, they must respect the natural use of the real property, so that it retains its productive identity or economic value and the owner may exercise the essential attributes of ownership; that is, they must allow the owner to exploit the property normally, excluding, of course, the part or function affected by the limitation imposed by the State (judgments numbers 979-91, 5893-95, 2345-96, and 4605-96, all cited supra). Therefore, in addition to being useful, the burden must be necessary, reasonable, or appropriate, and must be supported by the existence of an overriding social need and, consequently, be exceptional in nature; thus, it must serve a compelling public interest.
The reasonableness of the limitation is reflected in its suitability for the purpose and interest (value) that justify it. As a corollary of the foregoing, burdens or duties imposed to protect cultural heritage (patrimonio cultural) that affect the essential attributes of ownership will be unconstitutional and therefore compensable. Those attributes are the ones that permit the natural use of the property within current socioeconomic conditions; burdens that eliminate the nature of the property or make its use impossible by preventing the “commercial use of the property” or its “economic and social value” would constitute true de facto expropriations (expropiaciones de hecho) and would therefore violate the constitutional provision of Article 45. Likewise, burdens of an individual or specific nature will be unconstitutional because they are equivalent to true expropriations. In all cases, the regulations protecting cultural heritage must be interpreted in the manner most favorable to facilitating and effectively achieving the conservation of cultural property (bienes culturales); nevertheless, this does not alter the requirement that the burdens borne by owners due to a property’s historical status must always be proportionate and appropriate to the significance of the public purpose at stake and to respect for the fundamental rights involved.
In all cases, it must be borne in mind that the limitations imposed on property of historic-architectural interest (interés histórico-arquitectónico) are intended to ensure its conservation in order to advance and promote the purposes of art, history, and national culture; these limitations arise from the need to establish a fair social balance between individual and collective interests.
THE ADMINISTRATION’S OBLIGATION TO PARTICIPATE, PROMOTE, AND COOPERATE IN THE PROTECTIVE FUNCTION REGARDING CULTURAL HERITAGE (COMPENSATION AND INCENTIVE SYSTEM). Within this special protection system (régimen especial de tutela), the role played by State authorities, as guarantors of the conservation and enrichment of cultural heritage, is of fundamental importance in facilitating access by all citizens to the property it encompasses. State action is thus justified by the fact that historic-architectural heritage (patrimonio histórico-arquitectónico), like every form of cultural heritage, is by its very nature dual—that is, both individual and social. Accordingly, this third-generation fundamental right (derecho fundamental de tercera generación), which takes shape within the framework of a Social State under the rule of law (Estado Social de Derecho), means that respect for it by the State is not limited to the obligation not to infringe the right or interfere in the individual’s private sphere—the conception typical of the liberal approach—but instead entails the adoption of concrete measures and the provision of specific services by public authorities.
Faced with this reality, the State’s position cannot be—and has not been—one of indifference, since public authorities must respond to new needs through institutional and administrative measures, among which cultural legislation must obviously be included. Public authorities are therefore required to protect cultural heritage against illicit export and plunder, facilitate its recovery when it has been illegally exported, promote its dissemination so that this type of property may become known, promote and encourage international cooperation and the exchange of cultural, technical, and scientific information and property, and foster financial assistance and advisory services so that private parties can comply with the obligations imposed by the inclusion of their real property in the cultural heritage system. The State must likewise prevent any act or omission that endangers the values embodied in the property comprising that heritage or disrupts fulfillment of the social function (función social) recognized in this type of property.
This is reflected, for example, in regulations governing the placement of commercial and advertising signs; the adoption of security systems in institutions where cultural property is exhibited (insurance policies); the training of personnel both in museums and in the public administrative entities charged with protecting this right; and the granting of financial assistance, such as low-interest loans and tax exemptions. In this context, it is important to mention the system of incentives (or compensation) established in the Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, number 7555, of veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, which expressly establishes a series of incentives for owners or possessors of property included in the cultural heritage (Chapter III., Articles 13 through 17). These include exemption from payment of the real property tax and the tax on luxury constructions, as well as from the stamps required for construction permits (Article 14); authorization for public institutions to make donations and investments intended for works and acquisitions by the State (Article 15); and the obligation of the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes to arrange low-interest credit facilities for private parties or public or private entities in order to finance conservation, restoration, maintenance, and rehabilitation work on property declared to be of historic-architectural interest (Article 17).
In this regard, it must be borne in mind that subsection k) of Article 22 of the Ley de Simplificación Tributaria, number 8114, of cuatro de abril del dos mil uno, repealed Articles 13 and 22 of Ley 7555, which recognized an income-tax exemption for “[...] expenses deductible for income-tax purposes, donations and investments devoted to the purposes of this law, as well as improvements made by the owner, possessor, or holder of rights in rem (derechos reales) to real property declared to be of historic-architectural interest, provided that they have been previously authorized by the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes”; and “u) improvements made by the owner, possessor, or holder of rights in rem to real property declared to be of historic-architectural interest, as well as the amounts of donations or investments devoted to the purposes of this law, subject to a favorable prior report from the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.” The Chamber notes that, although minimal in scope, this compensation system falls within the requirements established in the international conventions and recommendations on the subject—described above; nevertheless, it considers that these measures are neither sufficient nor adequate to provide effective protection and safeguarding of the Nation’s cultural heritage.
Under other legislation (such as that of France or Spain), tax exemptions are comprehensive, recognizing not only an exemption from property tax but also exemptions relating to municipal services and, of course, income tax. State assistance also takes the form of allocating substantial resources for the proper conservation and maintenance of this property, including specialist advice and the actual granting of favorable loans to carry out the relevant work. It will be incumbent upon lawmakers to provide the necessary mechanisms and instruments so that this compensation and incentive system is sufficiently adequate to achieve a genuine balance in relation to the burdens and limitations imposed on owners and possessors of property included in the historic-architectural heritage. They are required to make privately owned property available for the benefit of the Nation as a whole, and it is therefore not only fair but necessary for society (the State) to grant them a series of benefits as compensation for the “sacrifice” imposed upon them.
This would also reverse the lack of protection affecting our country’s cultural heritage, which results in the virtually immediate demolition of constructions and buildings that are (sic) sought to be incorporated into the historic-architectural heritage, as architect Roberto Villalobos Ardón stated at the Seminario Propiedad, Ambiente y Urbanismo, held in mil novecientos noventa y cinco:
“A colleague once told me that there was no easier, more effective, more direct, faster, more expeditious, or less complicated way to dispose of an old building—meaning a heritage building—than to declare it heritage. The State’s inability to compensate the owner leads to its almost immediate deterioration, and I have encountered cases in which, within two years, something that was more or less standing ended up demolished—a house in Curridabat, Escazú, Santo Domingo, etc. ...”
XXXII.Likewise, the State is required to undertake proper planning in this area, that is, to establish appropriate protection policies in the Plan Nacional de Desarrollo Urbano, defining specific objectives and tasks, as well as the allocation and provision of the resources necessary to carry them out. In this regard, the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes is the body responsible for this subject matter and, in the first instance, the advisory body responsible for the conservation and maintenance of the country’s historic-architectural heritage, under the terms set forth in Article 3 of Law number 7555. As “the highest authority in this field,” it is required to “[...] provide the necessary advice to the owners, possessors, or holders of rights in rem over the property comprising that heritage so that the purposes of this law are fulfilled.”
In any event, the authority vested in local governments with respect to urban planning (planificación urbana) must not be overlooked; this obviously includes the protection and safeguarding of cultural heritage (patrimonio cultural), although no longer as the responsible institution, but rather as a collaborator of the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. In this regard, the statements made in judgments number 55445-99, at fourteen hours thirty minutes on catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, and number 2001-05737, at fourteen hours forty-one minutes on veintisiete de junio del dos mil uno, concerning the duty of municipalities to coordinate with institutions vested with authority at the national level, are particularly relevant—in this case, coordination between local governments and the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, which has been assigned a special role in protecting and preserving cultural heritage.
The obligation of coordination among the various public agencies arises in order to avoid a purported conflict over the precedence of the national interest versus the local interest, so that the paramount interest of the Nation may prevail. The foregoing means that local governments must implement in their regulatory plans (planes reguladores) the measures necessary to assist in protecting such property, as occurs in European countries—such as Spain and France—so that they effectively enforce the relevant regulations governing the placement of signs and commercial advertisements, as well as traffic management, or the maintenance of beautification and sanitation in their respective cantons, in order to preserve an ecologically balanced, healthier, and more participatory urban environment. This translates into tasks such as garbage collection, traffic control, the beautification and maintenance of parks, and the promotion of cultural and educational programs, all of which must, of course, be carried out with the guidance of the responsible personnel of the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
XXXIII.THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF THE “VALORIZATION” (“LA PUESTA EN VALOR”) OF MONUMENTS, WHICH FRAMES THE PROTECTION OF HISTORICAL-ARCHITECTURAL HERITAGE (PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO). This principle is essential and specific to the safeguarding of historical-architectural heritage. It began to take shape in the UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscapes and Sites (1962) and the ICOMOS International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (1965), but its development as such began with the Quito Norms (in 1967), precisely in response to the particular conditions of the Latin American continent, characterized by an underdeveloped economy and culture. Consequently, it was—and remains—necessary and mandatory to frame any action for the conservation of cultural heritage within that reality so that it is consistent with it.
This principle was subsequently included in the UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas (1976) and the ICOMOS International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (1987). It is the response to the phenomenon known as the “museification” (“museificación”) of cultural heritage, under which such property is intended to pass into the exclusive ownership of the State for its preservation and maintenance, thereby removing it from society’s daily life. By contrast, applying this principle means that safeguarding cultural heritage must promote its proper economic and social utility, but in such a way as not to jeopardize its cultural value; that is, it seeks to promote the usefulness of these buildings so that they may participate and remain within society’s economic and social activity, while at the same time maintaining and preserving the spiritual value—artistic, architectural, historical, technical, archaeological, etc.—that prompted and justifies the special protective regime (régimen tutela especial).
Thus arises the principle that monuments are intended to fulfill a social function, namely, to contribute to national culture and identity; in other words, the aim is to revalue monumental heritage in accordance with the public interest and for the benefit of the nation, without thereby impairing the rights of the private parties involved—such as property rights or freedom of commerce—since the goal is to establish these buildings as instruments of progress and development, first for their owners and, second, as a multiplier of the country’s economic development. The purpose is thereby to give present value to an economic resource and make unexploited wealth productive through the revaluation process (proceso de revalorización), which, far from diminishing its purely historical or artistic significance, enhances it by bringing it from the exclusive domain of learned minorities into the knowledge and enjoyment of the popular majorities.
This is based on the premise that monuments form part of nations’ economic resources and, of course, those of their owners or holders of a property right (derecho real); efforts must therefore be mobilized to secure their best use as an indirect means of fostering the country’s development, whether by facilitating tourism and commerce or even for residential use. In many countries, affordable housing programs have been established through the application of this principle. In any event, the use made of this type of building must encompass activities that maintain the property’s cultural value, that is, activities that do not endanger the property as such. Valorization means inhabiting the building under harmonious objective and environmental conditions that, without distorting its nature, highlight its features and enable its optimal use; it therefore entails a systematic and eminently technical action aimed at using each and every one of these properties in accordance with its nature, emphasizing and exalting its features and merits until it is fully capable of performing the new function for which it is intended, namely, the social function it fulfills at the objective urban-planning level and at the meta-functional level.
Accordingly, conservation and development are not contradictory but closely interconnected, and the latter presupposes the former, insofar as heritage provides major benefits for tourism or serves as an excellent option for housing programs, allowing significant construction savings—of up to 35% of the total value of a new project—and producing a better distribution of labor and capital, thereby contributing to the social and economic regeneration of that sector. Likewise, valorization has a beneficial indirect effect on the urban perimeter, since the diversity of monuments and buildings of marked cultural, historical, artistic, and architectural interest located in cities forms part of the urban landscape, that is, the environment—according to the comprehensive meaning explained above—and therefore has a multiplier effect on the rest of the area, which is revalued as a whole as a consequence of the urban valorization and rehabilitation plan (urban planning).
It should be clarified that this principle is not exclusive to historic districts (conjuntos históricos), but applies to all historical-architectural heritage; nevertheless, its application is more readily apparent in the former, such as the city of Habana Colonial, San Juan Viejo in Puerto Rico, or Antigua Guatemala, places where the everyday economic and social activity of an urban center has been encouraged, including commercial, artisanal, tourism, and residential activities. The sole difference is that the buildings comprising these centers are subject to a special regime under which their demolition or total or partial destruction is prohibited, their owners are required to preserve and maintain them, and they are subject to traffic-management regulations—which are much stricter and more closely controlled—and beautification regulations, including those governing the placement of signs and advertisements” (emphasis not in the original).
More recently, in resolution no. 2017016787 at 9:20 hours on 20 de octubre de 2017, this Court held:
“VII.- On the safeguarding of cultural heritage. As this Court has stated, cultural property (bienes culturales) constitutes the product and testimony of the different traditions and spiritual achievements of the past and is a fundamental element of the identity of peoples; its preservation is therefore indispensable. This is a fundamental duty of the State arising from Articles 50 and 89 of the Political Constitution and other international instruments. Initially, such safeguarding was confined to a concept of heritage embodied in some item of property. In judgment No. 1997-4350 at 14:54 hours on 24 de julio de 1997, the Chamber stated as follows:
“The notion of ‘estate’ (‘patrimonio’) certainly (sic) encompasses any property having monetary value. As stated in the Civil Code, an estate is the totality of a person’s property and rights; it also means that all property constituting a person’s estate is liable for payment of that person’s debts. Archaeological or cultural objects obviously also have an appreciable monetary value, whether because of the material from which they are made, their fine craftsmanship or beauty, or the historical testimony they embody, whether they are made of clay, stone, or metal. Some of these objects may have little physical value or limited significance (sic) as works of art, but they are nevertheless valuable because of their origin and as objects of study for investigating the culture of peoples from other eras, their beliefs and customs, or the nature of the environment in which they lived, according to the traces or representations found therein.
Yet these objects, both formerly and now, constitute a common heritage bequeathed by past generations to present ones, which in turn are responsible for passing it on to future generations as evidence of knowledge concerning the human events that identify or characterize our past. For all these reasons, archaeological objects originating from the Indigenous peoples who inhabited the continent during the pre-Columbian (sic) era, before or contemporaneously with the establishment of Hispanic culture, are valuable, and it is because of that value that many people seek and acquire such pieces.” However, even then, another important element requiring protection was recognized: the knowledge and techniques used to construct or produce that tangible heritage (patrimonio material):
“For that very reason, any individual interest that a person may have in the possession or ownership of those objects does not take precedence over the public interest, both because of their historical value and because the culture of peoples includes the study of what was done by the human groups that inhabited the same territory. That study is facilitated by enabling the greatest possible number of people to access those sources of knowledge, and nothing is more consistent with that public interest than for archaeological objects to remain within the national territory, in the custody of museums and under the ownership of the State or its institutions. It must therefore be emphasized that the most important consideration is not the material value of those objects, but rather their historical, scientific, and cultural value.” (judgment No. 1997-4350) Thus, in emphasizing the historical importance of such representations, reference was made, for example, to the testimonies forming part of that cultural legacy as a component of society’s cultural identity:
“Archaeology and History are two closely linked sciences, one of whose objectives is to clarify and reconstruct past events. Historical reconstruction is based primarily on the interpretation of written documents, whereas Archaeology bases its studies on the data it obtains through material objects left by human activity in societies that have disappeared, by examining the relationships among them, the manner in which they were found, and their connection with the environment. Every preserved object, every vestige of human life and activity in past societies, constitutes evidence that makes possible full or partial knowledge, as the case may be, of those vestiges and, consequently, of ways of life that no longer exist and are unknown today, but whose understanding is of singular importance because they form part of the cultural identity of the society in which one lives—provided, of course, that they constitute important evidence for reconstructing and understanding past events.
The National Archaeological Heritage (Patrimonio Arqueológico Nacional) consists essentially of immovable and movable property produced by Indigenous cultures predating or contemporaneous with the establishment of pre-Hispanic culture in the national territory, as well as human remains and flora and fauna associated with those cultures. Hence the interest in protecting and preserving such finds.” (judgments No. 1995-2706 and 1996- 0729).
The Chamber emphasized that the interest in safeguarding this heritage arose from a majority will directed toward attaining the desired values; that is, from the majority of coinciding individual interests (sic). It was described as an interest because it is directed toward attaining a value, benefit, or utility derived from that upon which such majority agreement rests. Moreover, it has the connotation of a public interest (interés público), since it is attributed to the entire community as the result of that coinciding majority, because it belongs to the people, to the community at large. It is therefore not exclusive or particular to a few persons; rather, so many members of a given community participate or concur in it that they may come to be identified as representative of the entire group, including those who, individually, may or may not share it. From that time onward, heritage was regarded as comprising values of a historical and cultural nature that convey a message and help identify (sic) a particular historical moment, constituting real and tangible evidence of the evolution and transformation experienced by society and its natural environment over time and forming, in the past, today, and for the future, a common heritage as the expression of the majority of coinciding individual interests (sic)—that is, of a public interest.
Its conception, however, remained tied to a material concept. Traditionally, “cultural heritage” was considered to encompass monuments, architectural works, monumental sculptures or paintings; inscriptions, caves, and groups of elements of an archaeological nature having outstanding universal value from the standpoint of history, art, or science, as well as places created by nature. This traditional conception also came from the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, which defined it as follows:
“Article 1 For the purposes of this Convention, the following shall be considered ‘cultural heritage’:
- monuments: architectural works, works of monumental sculpture or painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, caves, and groups of elements having outstanding universal value from the standpoint of history, art, or science; - groups of buildings: groups of separate or connected buildings whose architecture, unity, and integration into the landscape give them outstanding universal value from the standpoint of history, art, or science; - sites: works of humankind or the combined works of humankind and nature, as well as areas, including archaeological sites, having outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological, or anthropological standpoint.” The concept of cultural heritage has now been expanded by the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of 2003:
“Article 2: Definitions For the purposes of this Convention, 1. ‘Intangible cultural heritage’ (patrimonio cultural inmaterial) means the practices, representations, expressions, knowledge, and skills—together with the instruments, objects, artifacts, and cultural spaces associated with them—that communities, groups, and, in some cases, individuals recognize as an integral part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature, and their history, providing them with a sense of identity and continuity and thereby helping to promote respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration shall be given solely to intangible cultural heritage that is compatible with existing international human-rights instruments and with the requirements of mutual respect among communities, groups, and individuals and of sustainable development.
2. The ‘intangible cultural heritage,’ as defined in paragraph 1 above, is manifested in particular in the following domains:
“IV.- Regarding the bill submitted for consultation. According to the statement of reasons in the legislative expediente under review, the purpose of this bill is not only to strengthen the existing cultural ties between the Contracting Parties, but also to address the problems faced by both country (sic) concerning the theft and illicit export of objects belonging to the cultural heritage. This initiative is inspired by the multilateral legal principles adopted in this regard by both States in the 1970 UNESCO Convention on the Measures to Be Adopted to Prohibit and Prevent the Illicit Import, Export and Transfer of Cultural Property, the 1972 UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, and the 1976 Convention of San Salvador on the Protection of the Archaeological, Historical, and Artistic Heritage of the American Nations. By virtue of the foregoing, the Agreement establishes rules prohibiting the entry into their respective territories of cultural property originating from the other Party that has been unlawfully appropriated or exported (Article 1).
To that end, Article 2 of the Agreement defines what both States are to understand as cultural property (bienes culturales). It also provides for the exchange of information to issue alerts concerning and identify such property when its unlawful removal is suspected (Article 4); authorizes measures permitting the recovery of such property (Article 3), in order to secure its protection and preservation; and, finally, facilitates its return by exempting it from customs duties and other applicable taxes. These objectives are consistent with the international commitments previously undertaken by our country and with the provisions of Article 89 of the Constitución Política, regarding which this Court has ruled as follows:
“SECOND: ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OR CULTURAL HERITAGE. Cultural property (bienes culturales) is the product and testimony of the various traditions and spiritual achievements of the past and constitutes a fundamental element of the identity of peoples; its preservation is therefore indispensable and is a fundamental duty of the State. Consequently, historical and artistic heritage differs from property assets of an economic nature because it does not consist of means of production, but rather of archaeological heritage (patrimonio arqueológico), whose legal regime (régimen jurídico) follows a different set of ideas and purposes and a different category of values, which therefore cannot be examined according to an economic-policy criterion, because no doctrine of that kind applies to it. The notion of ‘estate’ (patrimonio) cer¬tainly (sic) encompasses any property having monetary value. As stated in the Código Civil, an estate is the totality of a person’s property and rights; likewise, all property constituting a person’s estate is liable for the payment of that person’s debts.
It is obvious that archaeological or cultural property also has appreciable monetary value, whether because of the material from which it is made, its fine craftsmanship or beauty, or the historical testimony it provides, whether made of clay, stone, or metal. Some of these objects may have little physical value or limited signifi¬cance (sic) as works of art, but even so, they are valuable because of their origin and as objects of study for investigating the culture of peoples from other eras, their beliefs and customs, or the nature of the environment in which they lived, depending on the traces or representations that may be found (sic) therein. However, both then and now, such property constitutes a common heri-tage (sic) bequeathed by past generations to the present ones, which are responsible for passing it on to future generations as evidence of knowledge about the human events that identify or characterize our past.
For all these reasons, archaeological objects originating from the Indigenous peoples who inhabited the continent during the pre-Columbian (sic) era, whether before or contemporaneous with the establish¬ment (sic) of Hispanic culture, are valuable, and it is because of that value that many people seek out and acquire such artifacts. For that same reason, whatever individual interest a person may have in possessing or owning these objects does not take precedence over the public interest, both because of their historical value and because the culture of peoples includes the study of what was done by the human groups that inhabited the same territory. Such study is facilitated by enabling the greatest possible number of people to access these sources of knowledge, and nothing is more consistent with that public interest than for archaeological property to remain within the national territory, in the custody of museums and under the owner¬ship (sic) of the State or its institutions.
It must therefore be empha¬sized (sic) that the most important consideration is not the material value of the aforementioned objects, but rather their historical, scientific, and cultural value. That interest is nothing more than a majority desire directed toward attaining the intended values; that is, the majority of coinciding (sic) individual interests. It is an interest because it is directed toward attaining a value, benefit, or utility resulting from that upon which this majority agreement rests. It is public because it is attributed to the entire community as the result of that coinciding majority, because it is or be¬longs (sic) to the people, to the community at large. It is therefore a public interest because it is not exclusive or peculiar to a few persons, but rather because such a number of persons comprising a given community participate or concur in it that it may be identified as belonging to the entire group, including those who, individually, may or may not share it.
In other words, historical and cultural values, as bearers of a message, help to iden¬tify (sic) a particular historical moment and constitute real and tangible testimony to the evolution and transformation experienced by society and its natural environment over time. In the past, today, and for the future, they constitute common heritage as the expression of the majority of coinciding (sic) individual interests—that is, of a public interest.” (Judgment No. 1997-4350) Consequently, far from the approval of this Convention consti¬tuting (sic) a violation of the Law of the Constitution, it strengthens our constitutional guarantee for the protection of cultural heritage and promotes the corresponding international cooperation between both States Parties for that purpose…
V.In conclusion, and under the terms stated, the Chamber finds no substantive or procedural objections of a constitutional nature to the bill processed under legislative file 18.138.”
That precedent concerns positive legal provisions very similar to the convention under review.” Consistent with constitutional case law, the protection of cultural heritage is imposed as a constitutional obligation under Articles 50 and 89 of the Carta Magna, without prejudice to the national and international legal framework governing the matter. In this regard, Law No. 7555 of October 4, 1995, ‘Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica,’ provides:
“ARTICLE 2.- Historical-architectural heritage (patrimonio histórico-arquitectónico). Historical-architectural heritage of the country includes any publicly or privately owned immovable property (inmueble) of cultural or historical significance that has been so designated by the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes in accordance with this law.
The research, conservation, restoration, rehabilitation, and maintenance of historical-architectural heritage are hereby declared to be in the public interest.
ARTICLE 3.- Advisory assistance. The State has a duty to conserve the country’s historical-architectural heritage. The Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes is the highest authority in this field and shall provide the necessary advisory assistance to the owners, possessors, or holders of rights in rem (derechos reales) over the property comprising that heritage, so that the purposes of this law may be fulfilled (…)
ARTICLE 5.- Comisión nacional de patrimonio histórico-arquitectónico. The Comisión nacional de patrimonio histórico-arquitectónico is hereby created to advise the Ministry in the implementation of this law. It shall be composed as follows:
The duty of the final two representatives shall be to safeguard the interests of private individuals affected by the application of this law. The members of the Commission referred to in subsections a), b), d), and e) shall serve for as long as they hold the office by virtue of which they became members; those referred to in subsections c), f), and g) shall be appointed for four years. In the event of resignation or death, the replacement shall be appointed for a full term (…)
ARTICLE 7.- Designation procedure The designation of property as part of the historical-architectural heritage shall be effected by Executive Decree (Decreto Ejecutivo), following the processing of a case file (expediente) opened by the Ministry at the initiative of the advisory Commission provided for in Article 5 above, which shall act ex officio (de oficio) or at the request of a private individual or public entity.
The owner and the holders of rights in rem over the immovable property shall be notified that the case file has been opened so that they may appear in the proceeding, state whatever they deem relevant, and submit the appropriate evidence within the period established for them. The same notice shall be given to the municipality within whose jurisdiction the immovable property is located.
The opening of the case file entails a prohibition against demolishing or altering the structure of the immovable property and the immediate and provisional application of the regime established for property designated as part of the historical-architectural heritage, except for the provisions of subsections b), d), and g) of Article 9.
The designation shall not be made unless the favorable opinion of the Commission created under Article 5 appears in the case file. That opinion shall be requested once the evidentiary proceedings (instrucción) initiated upon the opening of the case file have concluded, unless the case file was opened at the Commission’s initiative. In all cases, the Commission shall issue its report within fifteen days. The Commission’s silence shall be deemed assent.
The case file must be concluded within a maximum period of two months, which may be extended by up to two additional months in exceptional cases by means of a reasoned decision (resolución motivada) signed by the Minister. Once the period has elapsed, if no decision has been issued, the case file shall lapse (caducidad), and another proceeding concerning the same immovable property may be initiated only after three years have elapsed since the lapse, unless a written request is submitted by the owner or holder of a right over the immovable property.
If the matter concerns a center, complex, or site, once the foregoing procedures have been completed, the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes shall issue the designation if it deems it appropriate and, where applicable, forward the case file to the Asamblea Legislativa for ratification.
* (By decision of the Sala Constitucional N° 7158 at 08:42 hrs on June 08, 2005, the entire seventh paragraph of this article, which provided as follows, was annulled: ‘The designation referred to in this law, except for that governed by the preceding paragraph, may be revoked by Executive Decree at the initiative of the Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, following the reopening of the case file and a favorable report from the Commission. Circumstances arising from failure to comply with the obligations imposed by this law upon owners or the Ministry may not be invoked as grounds for revoking the designation’).
ARTICLE 8.- Executive Decree. The Executive Decree designating a particular property as part of the historical-architectural heritage shall include the following:
In sum, this Constitutional Court has repeatedly recognized in its case law the importance of protecting cultural heritage, which derives from the right to culture and entails the implementation of effective and concrete measures aimed at safeguarding and securing it.”
In the case under examination (sub examine), the appellant alleges that, in October and November 2025, the respondent authorities carried out restoration work at the Teatro Nacional without following appropriate guidelines or technical criteria for the proper conservation of the building, thereby causing significant damage. Specifically, the respondents changed the color of the theater’s exterior railings, which were originally chocolate brown, and painted them glossy black. He alleges that this color change was neither technically approved nor made after consulting the historical record. He further states that the theater has carved wooden doors with their original glass, which are more than 130 years old and particularly fragile; nevertheless, without any care or protection whatsoever, four pairs of those doors were loaded onto a pickup truck to be transported to an unknown location. He asserts that the risk involved in transporting them is incalculable and that those structures should not have been removed from the theater.
He further states that beneath the railings are capstones (piedras de remate) on the perimeter walls, which are original to the theater and approximately 128 years old; however, the respondents have destructively altered those structures by using an angle grinder to widen the joints (sisas). In that regard, he explains that the joints were originally five millimeters wide but have now been widened to three centimeters, resulting in the destruction of the original material. In addition, he emphasizes that the widened joints were filled with concrete, a material incompatible with the original stone. He claims that the conduct of the respondent authorities has not only caused irreversible damage but has also created the potential for future damage. He argues that the company responsible for the work has no proven experience in restoring historic heritage (patrimonio histórico). He explains that any intervention requires an initial assessment (diagnóstico inicial) identifying which elements must be preserved intact and which require restoration.
It must also specify how the restoration is to be performed. He explains that this assessment had to be submitted to the Dirección de Patrimonio for approval; moreover, there was an obligation to document the entire intervention process. In this regard, he emphasizes that there is no assessment, approval, or documentation, nor is there a specialized company. He requests that the respondent authorities be ordered to immediately suspend the intervention at the Teatro Nacional until a technical assessment (diagnóstico técnico) is conducted; to disclose the whereabouts of the wooden doors; to reverse the work that can be reversed; and to repair the capstones using compatible materials, all under proper supervision.
The case record establishes that the Teatro Nacional de Costa Rica initiated public tender (licitación) no. 2025LD-000012-0009900001, entitled “Procurement of Maintenance, Repair, and Restoration Services at the Teatro Nacional de Costa Rica,” for which the submission of bids opened on 26 February 2025. By decision (resolución) MCJ-DPC-PHA-1244-2025 of 12 August 2025, the Dirección de Patrimonio Cultural of the Ministerio de Cultura y Juventud ordered: “WHEREAS. First. The work to be performed according to the request consists of restoring the southeast wall, which was struck by a vehicle, and includes constructing a foundation slab in the affected area to provide support and stability to the column, plumbing the column, and aligning the east and south walls. Restoration of interior and exterior plasterwork. Repair of the iron column. Alignment and restoration of the railings. Repair of joints and plasterwork on the perimeter wall.
Repair and finishing of the perimeter railings and other metal elements. Removal and construction of a slab and covers for former vents. Restoration of doors on the north, south, and east sides. Specific repairs to the façades. Restoration of the roof covering paint, specifically: a. Roof covering: the paint on the roof covering must be restored to extend its useful life, protect the anchoring elements, and improve its appearance and thermal efficiency. The roof covering also includes a skylight section made of polycarbonate sheets that has deteriorated significantly due to environmental factors and therefore must be replaced while maintaining its current characteristics, in order to prevent future water leaks into the main auditorium and damage to the ceiling canvases. b. Specific repairs to the façades: Due to environmental and biological factors, the façades of the Teatro Nacional exhibit deterioration of the plasterwork; therefore, specific sections of the walls, cornices, and frames will be repaired. c. Restoration of the frames and doors on the north, south, and east sides: Due to environmental and biological factors, the doors of the Teatro Nacional exhibit deterioration of their finish, and some wooden pieces show signs of rot and require intervention to extend their useful life. d. General repairs to the perimeter wall.
The perimeter wall will undergo a restoration process that preserves the existing finish on both its interior and exterior surfaces, including repair of the joints in the stone caps protecting the top of the wall. e. General repair of the perimeter railings: the paint on the perimeter railings will undergo a restoration process; 8 posts that were constructed of concrete and exhibit significant deterioration will be replaced while preserving the existing finish. This also includes restoration of the paint on the canopies and garden lamps while preserving the existing finish. f. Repair of the southeast corner: because it was struck by a vehicle, a foundation slab must be constructed to provide support and stability to the column, the affected wall in the south and east sections must be restored and aligned, and the railings must be restored and aligned. g. Floors: on the north side there are 5 vents that, according to confirmation provided by BCCR, are not required; it is therefore proposed that they be demolished and replaced with a floor slab topped with paving-stone tiles like the existing ones.
Second. a. The requested work is necessary to provide preventive maintenance to the Theater. b. The damage caused by a vehicle striking the perimeter wall will be repaired. IT IS HEREBY ORDERED. Sole provision. TO APPROVE the work on the roof covering, the façade repairs, the restoration of door and window frames, the repairs to the perimeter wall, the general repair of the perimeter railings, the repair of the southeast corner of the perimeter wall, and the removal of the vents in the northern section of the Theater. The foregoing is based on the arguments set forth in this document and the applicable regulations, in accordance with (sic) the criteria of Article 9 of Ley 7555 and Articles 3, 38, and 39 of the regulations implementing Ley Nº7555. This decision is consistent with the designation of the building known as Teatro Nacional as Historical-Architectural Heritage (Ley N°3632); consequently, responsibility for safety measures, the relevant regulations governing the handling of highly hazardous equipment, and the environmental regulations in force shall rest with the applicant.
Pursuant to Article 43 of the Reglamento a la ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico, motions for reconsideration and appeals (recursos de revocatoria y apelación) may be filed against this act and must be submitted to the Dirección de Patrimonio Cultural within three business days following service thereof; that office shall rule on the motion for reconsideration and forward the appeal to the Minister’s Office for resolution. Lastly, the interested party is reminded of the duty to notify the Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) in writing of the commencement of the work for supervision purposes. Regarding the validity of this decision, pursuant to (sic) the Reglamento de trámites de la DPC, Article 1, Section 1.2. UNIDAD DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO, subsection 1.3. Permiso Especial para Intervención a Edificios Declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico, the license, authorization, or permit shall remain valid for twelve (12) months from the date on which it is granted.” On 15 October 2025, work began at the Teatro Nacional de Costa Rica.
On 4 November 2025, the doors subject to intervention were removed and transported to cabinetmaking workshops. On 5 November 2025, the Theater authorities sent an email to the Dirección de Patrimonio Cultural reporting that work had commenced on the premises. Through official letter (oficio) no. REYCO-009-2025 of 25 November 2025, the company responsible for the work at the Teatro Nacional stated: “This letter reports on the evaluation conducted conducted (sic) of the proposed paint options for application to the project’s railings. Two alternatives were analyzed: 1. Ferroso Negro Paint (SUR) • Alkyd-based paint with a standard finish. • Provides moderate resistance to weathering. • Requires more (sic) frequent maintenance on exposed metal surfaces. • Lower performance in humid environments or under prolonged exposure to sunlight. 2. Monocapa Poliuretano Bi-componente Automotriz Paint (SUR) • Highly durable paint with excellent adhesion to metal surfaces. • Greater resistance to UV rays, moisture, and corrosion. • Higher-quality finish and extended useful life. • Meets higher protection standards for railings exposed to environmental factors.
After reviewing the technical data sheets and comparing the quality, resistance, and performance of both options, it was determined (sic) that Monocapa Poliuretano Bi-componente Automotriz paint in matte graphite black, code: 31700, thinner: 476, and catalyst: 778 is the most (sic) suitable alternative for the railings because it provides superior protection and ensures greater durability over time. Accordingly, the use of the latter is approved for performance of the corresponding work.” Through an email dated 25 November 2025 and addressed to Meyshell Loaiza Brenes, an official of the Teatro Nacional, Adrián Vindas Chaves, in his capacity as head of the Unidad de Patrimonio Histórico Arquitectónico of the Dirección de Patrimonio Cultural of the Ministerio de Cultura y Juventud, stated: “The information regarding the paints to be applied to the stage-house roof and the railings has been received.
It was agreed that LANCO ultra-durex would be used for the roof and Pintura Monocapa Poliuretano Bi-componente Automotriz (SUR) for the railings (…)”. Regarding the paint used for the railings, the Teatro Nacional authorities report that “the finish applied in the project, in matte graphite black, was technically specified and validated by the Departamento de Conservación del Teatro Nacional in coordination with the Dirección de Patrimonio Cultural. The decision was supported by historical records from the restoration department, as well as extensive photographic documentation in the TNCR institutional archive.” By official letter dated 20 December 2025 and addressed to the Ministro de Cultura y Juventud, José Fernando Madrigal Fallas, Director de Patrimonio Cultural of that Ministry, stated: “REPORT ON RESTORATION WORK AT THE TEATRO NACIONAL. On this 5 November 2025, an email was received reporting the commencement of work for the specific restoration of the perimeter walls, the south side of the façade, as well as joints and exterior doors, pursuant to decision MCJ-DPC-PHA-1244-2025, requested on 30 June 2025 from the former Director de Patrimonio, Eng.
Lynder Fallas, and approved jointly with the Unidad Histórico-Arquitectónico. As a result, on 7 November, I, as the current Director de Patrimonio, issued a series of instructions to the head of the Unidad Histórico-Arquitectónico, indicating that we must request a coordination meeting and obtain a schedule of the activities involved in the process. Subsequently, the Dirección de Patrimonio became aware that the company had mishandled heritage components of the Teatro Nacional, specifically a set of doors being transported to a workshop, following a complaint from the public. Therefore, (sic) at the beginning of the day on Monday, 17 November, a meeting was requested with the Director del Teatro Nacional and Engineer Oscar Flores, head of conservation, to determine what had occurred. They stated that this matter had been addressed with the Minister’s Office that same weekend and that the Office had been informed of what had occurred; however, the Dirección de Patrimonio was not notified at the time or beforehand so that the protocols for working on or transporting those doors could be validated.
As a result, they were instructed that every action must be reported and that they must submit the intervention work protocols, which were not received until 8 December 2025, one month after the commencement of work. The Dirección is aware of the protocol, and it is compliant; it should be clearly stated that the colors had been selected by the Theater without consulting the Dirección de Patrimonio, since the permits submitted in June 2025 do not specify colors or protocol-related actions, but only general aspects of the intervention. On 28 November, the Dirección de Patrimonio conducted another inspection of the work and identified damage to the stones forming the decorative perimeter walls, which had also been reported by the public through posts on social media. Cuts had been made in the stones using tools incorrectly; specifically, an angle grinder was observed being used to cut the joints between the stones, damaging the symbolic fabric and widening the gaps between the stones.
They were therefore instructed to change the protocol, but several pieces had already been damaged. UNESCO establishes that restoration methods must not be aggressive and must be reversible; in this case, the damage is no longer reversible, resulting in damage to the heritage property. In addition, they were asked to review the components used for the joints, and it was determined that under the permit issued on 12 August following a purported appeal TN-DG-OF-258-2025_Revocatoria_apelación_resolución_Permiso_MCJ-DPC-PHA-1141-2025, they are cement-based (sic) rather than lime-based. This is a basic component of restoration involving organic materials such as stone, because lime allows the stones to breathe better and prevents chemical reactions that could damage the elements.
As part of the oversight, the Head of the Unit is instructed to arrange the inspections, as well as the reports on the work, and to obtain the locations of the workshops where the doors are being worked on in order to ascertain their condition (sic). Accordingly, on 18 de diciembre, the workshops are visited; in this case, the visit is conducted jointly with the Teatro Nacional, and the participants were Eng. Meycell Loaiza, Marcia Fallas, and Adrían (sic) Vindas, Head of the Historic-Architectural Unit of the Dirección Patrimonio. The first report arose from that visit, and it shows that the three workshops could not be inspected because one of them had already arranged delivery. The report purportedly states that the strategy of using several workshops to restore doors of the same style, finish, and with similar damage is neither appropriate nor advisable unless there is a clearly defined intervention procedure regarding paint stripping (decapado), repair of damaged components, filling of minor damage, sanding, polishing, and application in all cases of the same products that are compatible with the base material, in accordance with restoration procedures (procedimientos de restauro).
It purportedly shows that the work protocols submitted to the Dirección de Patrimonio are not being followed, noting the alleged use of “merula”-type materials or automotive finishes that run counter to good conservation and restoration practices. It also notes the alleged improper use of excessive sanding, which deforms the door moldings, and, along with this, a presuntia (sic) lack of regular inspections by those responsible for the project. The paint-stripping techniques observed in one of the workshops reveal alleged additional wear and deformation of components such as the glazing bars used to secure the glass. Following the visit to the workshops, on 19 de diciembre 2025 the installed doors were inspected, and errors were identified in their final finishes and treatment, revealing a finish that does not respect the historic language when the doors are analyzed physically and through photographic details.
This analysis yielded a diagnosis of high-gloss paints with alleged synthetic-enamel or polyurethane-type finishes; the surfaces appear excessively smooth and vitrified, with visible runs, accumulations, and drips at molding joints, ornamental reliefs, baseboards, and lower edges. Sealing the texture of the substrate obscures the appearance of the original material. This leads to the identification of the alleged use of modern application methods, such as a spray gun without proper pressure and dilution settings. Regarding the effect on the ornamentation, there is a loss of volumetric definition, artificially rounded edges due to paint buildup, and partial filling of deep recesses (leaves, ribs, scrollwork). In terms of heritage risk (riesgo patrimonial) from a restoration standpoint, the high gloss is incompatible with the historic finishes of the Teatro Nacional; the breathability of the substrate may be reduced, thereby accelerating deterioration of the wood through trapped moisture, and the application is not reversible.
It should be understood that removing it would require a sanding process, among other measures, which could cause further wear to the ornamental components. The foregoing can be identified through an analysis of the (sic) doors that have not been treated, which display a satin-matte, nonreflective finish that allows the volumes, edges, and depths of the relief to be read clearly; these are presumed to be consistent with traditional oil-based paints and glazes (veladuras) (a type of varnish based on linazza (sic) or a similar substance). It is important to note that the Teatro Nacional is an architectural and sculptural construction and, as such, is an asset of high artistic value; accordingly, the treatment of its finishes must follow that same approach, since the paint complements the relief rather than dominating it and respects the high, middle, and low planes from the standpoint of creating architecture as a work of art. Based on the foregoing, it is stated that there is alleged noncompliance, from a conservation and restoration perspective, at different stages in the execution of the project itself, as may be seen in the following images (…) On 5 de noviembre 2025, the administration of the Teatro Nacional notified the Dirección de Patrimonio of the commencement of the work corresponding to permit10392_MCJ-DPC-PHA-1244-2025.
Upon being informed in my capacity as Director on 6 de noviembre, I instructed Adrián Vindas to arrange a meeting with the Teatro Nacional in order to learn the work plan in detail, but that meeting did not take place (…) On 17 de noviembre 2025, an emergency inspection was conducted because, over the weekend, citizens—specifically (sic) the restorer Paquita Cruz—had reported on social media that the Teatro’s side doors had been removed irregularly. For this purpose, a preliminary meeting was held with Guillermo Madriz, Oscar Flores, Adrian (sic) Vindas, and myself in my capacity as Director de Patrimonio. Regarding the doors, it was stated that a warning had already been issued and that the office had been informed that same weekend by the Despacho (…) On 25 de noviembre and 26 de noviembre del 2025, the approved submittals specifying the materials to be used were received from the Teatro Nacional; those submittals had been approved in octubre, before notice of the commencement of work was given to the Dirección de Patrimonio (…) On 5 de diciembre del 2025, the information concerning the paint codes for the roofs and the finish was sent to the Teatro Nacional.
The Dirección de Patrimonio indicated (sic) that all procedures must be submitted and documented as part of the report presented to us, as this is essential to the traceability of the process (…) On 8 de diciembre del 2025, the Dirección de Patrimonio received from the Teatro Nacional the work and finishing protocols being applied to the restoration of the doors, plasterwork, and pulverization problems, as well as the request for the (sic) addresses of the workshops (…) The reports bear delivery dates earlier than the dates communicated to the Dirección de Patrimonio, except for the report on pulverization of the stones. These processes specify the colors and finishes to be used, for example: satin oxide red CLI-9836 Miércoles 10 de diciembre 2025, the Teatro Nacional forwarded the report dated 8 de diciembre del 2025 concerning the restoration processes for the grilles (…) Jueves 11 de diciembre, another email was sent to the Teatro Nacional at my instruction, focusing on process traceability in order to identify potential issues in the activities.
A response was received that same day from the Director, instructing Meycell and Marcia, conservation officials, to reply (…) Viernes 12 de diciembre 2025, the Teatro Nacional forwarded the information containing the 3 workshop addresses, as well as the roof report, and confirmed that meetings were held every martes at 9:00 am between the Teatro Nacional and the contractor, the company REYCO; the documentation had initially stated that there were 2 workshops (…) Jueves 18 de diciembre, the Teatro Nacional sent the reports on the progress of the doors and the procedures to the Dirección de Patrimonio; those reports are dated del 3 de noviembre and 5 de diciembre (…) That same jueves 18 de diciembre del 2025, the findings from the inspection visit conducted by the Head of the Historic-Architectural Heritage Unit on behalf of the Dirección were forwarded to the Office of the Minister and the Dirección del Teatro Nacional.
This visit was conducted jointly with the Teatro Nacional and its conservation staff, Marcia Fallas and Meycell Loaiza. The findings describe shortcomings in the restoration process, stating that the protocols were not being followed and that there was a difference between the Santo Domingo and Taras workshops, clarifying (sic) that the 3rd workshop could not be inspected because the doors had already been delivered to the Teatro Nacional on Martes 16 de diciembre. The inspection noted the improper use of sanding, as well as the use of automotive plastic filler, and reported damage to the moldings. Following the observations and details concerning these actions, the Director del Teatro stated that he would hold a meeting on 19 de diciembre to seek standardization and address the treatment of the hardware. Also on 18 de diciembre del 2025, I, in my capacity as Director de Patrimonio, told the Director del Teatro Nacional that, based on the evidence presented, the Santo Domingo protocol should likewise be used.
I also requested an explanation as to why 3 workshops had been used and whether he had not been advised of the risks that this action could pose to the doors. I likewise explained that what I saw in the photographs was damage to the ornamental components. After this email, a response was received from the Director del Teatro Nacional stating that he would comply with the instructions of the Dirección de Patrimonio and explaining that, with respect to the different workshops, this was information he had not previously possessed and that there had been no visibility regarding their final finishes (…) On 19 de diciembre, at my instruction in my capacity as Director, I stated that the installed doors, which had not been approved by the Dirección de Patrimonio, had to be inspected. These doors had neither been inspected nor assessed beforehand with the Dirección de Patrimonio; accordingly, Adrián Vindas, Head of the Historic-Architectural Unit, was asked to verify the condition in which they had been installed.
This request resulted in report 2, which states that neither the work protocols nor the protocols for restoration of the doors had been followed, erasing their historical memory by replacing their finishes with modern finishes entirely at odds with the original historic fabric (tejido histórico). Report 2 shows that the final finishing procedure produced a glossy rather than satin-matte finish; the moldings lost their shape due to the alleged use of excessive filler, excessive sanding, or abundant lacquer; the doors do not close properly; the holes in the wood of the doors for the grilles protecting the glass were enlarged; and a vitrified effect was produced on the moldings, making them smooth and causing them to lose the organic and sculptural language of the components. It is presumed that this type of finish resulted from the use of modern application methods, such as a roller plus a brush without proper control, or a spray gun without proper pressure and dilution settings.
Additionally, the observational method revealed visible runs and accumulations (…) After the Head of the Unit sent the email, I, in my capacity as Director, stated in an email addressed that same 19 de diciembre to the Director del Teatro Nacional that this work had caused damage to the heritage, based on the photographic analysis and comparison with the original finishes of the doors that had not been altered. I indicated that there may have been a lack of on-site inspection and alleged malpractice in the treatment and final outcome of the restoration of the doors. In response to the email that I sent in my capacity as Director, the Director del Teatro Nacional stated that the doors had been rejected and were being returned so that they would comply with the requirements. The current situation is that the damage has already been done and, as indicated, it is irreversible damage in the sense that all the doors must once again be sanded and the excess material removed, potentially damaging the historic fabric of the doors (…) Based on the emails of 19 de diciembre 2025, a response was received from Eng.
Oscar Flores, in which he sets forth 5 points: The first point states, and I quote verbatim: “…The work on the doors is part of the work authorized by Resolution MCJ-DPC-PHA-1244-2025, issued by that Directorate, which expressly approves the restoration of the doors on the north, south, and east sides of the building, in accordance with the technical documentation submitted by the Teatro Nacional during the corresponding permit process.” The documents attached to the permit were reviewed, revealing a possible absence of clear definitions of finishes and of protocols to be followed regarding the doors, while making clear that the request for approval of those permits was submitted on 30 de junio del 2025, together with the form itself signed by Eng. Meysell Loaiza and the Director of the Teatro Nacional, Mr. Guillermo Madriz (…) Furthermore, upon reviewing the materials included in this same email for approval, it can be seen that from the outset there may have been an error or omission in the proper selection and description of the materials for the rehabilitation, since it states that the wall must be repaired using a finish made with a material called Monotop Sika 412 and that a sample must be submitted to the Conservation Department; however, the permit document itself provides no explanation of the intervention procedure or protocol, and the material to be used is composed of cementitious rather than lime-based materials.
This is explained because the restoration of organic materials (sic), such as stone, requires their joints to be restored or rehabilitated with lime-based materials to achieve better chemical compatibility, allowing the stone to breathe. In point two, the Engineer states that the proper inspection processes have been followed, but what the report explains is that the workshops did not properly follow the guidelines and that there were execution errors in the heritage conservation work (trabajos patrimoniales). Even if the doors are rejected, the alleged damage to the cultural heritage has already occurred, and reversing it is the issue in question. In point 3, I quote the Engineer’s words verbatim: “…For the purpose of clarifying the technical criteria applied, attached is the email by which this Department timely sent Mr. Adrián Vindas Chaves, Head of Architecture at the Dirección de Patrimonio Cultural, the door-intervention protocol applied by the contractor, a document defining the stages, procedures, and technical criteria established for this type of intervention.” It is important to clarify that the protocol was added on 8 de diciembre del 2025, when the doors had already been transferred to the workshops, and 10 days later they had been installed, that is, on 18 de diciembre 2025.
It is clarified that the email does not concern the protocol itself, but rather that there may have been an omission during its various stages, resulting in a final finish inconsistent with the artistic and cultural heritage value of the Teatro.”. By official letter no. MCJ-DM-1027-2025 of 20 de diciembre de 2025, addressed to the Legal Advisory Unit of the respondent Ministry, the Minister of Culture and Youth requested that a preliminary investigation be opened concerning the work performed at the Teatro Nacional. That document stated: “The investigation shall include, without being limited to, the following matters: • Procurement and electronic case file: verification that the tender specifications, award, formalization, guarantees, commencement orders, and contract stages are compliant, all within SICOP, including the documentary traceability required by the Regulations for the Use of the Integrated Public Procurement System (Decreto 41438‑H). • Acceptance of the subject matter of the contract: review of the acceptance, approval, or rejection actions under Articles 108 (works) and 109 (goods and services) of the General Public Procurement Law, which authorize nonacceptance, correction of defects, replacement, and, if necessary, enforcement of the performance bond and termination of the contract. • Technical quality and cultural heritage conservation: analysis of the observations recorded by the Dirección de Patrimonio Cultural in the TNCR site-visit report (19 de diciembre de 2025) concerning the restored and installed doors (north and south sectors), in view of the building’s designation as being of historical and architectural interest and that Directorate’s technical authority over conservation matters. • Potential breaches of contract: determination of whether the differences in finish, shades, installation, use of materials, and procedures contravene the tender specifications and/or technical specifications, and whether corrective measures, penalties, or compensatory actions are warranted under the LGCP and the previously applicable principles of the Administrative Procurement Law (7494). • Liability of officials and the contractor: assessment of the potential administrative liability of the persons involved in supervision, administration, and oversight under the General Public Administration Law.”.
By official letter no. MCJ-DM-1028-2025 of 20 de diciembre de 2025, addressed to the Vice Minister of the respondent Ministry, the Minister of Culture and Youth stated: “In your capacity as the Minister’s representative before the Comisión Nacional de Patrimonio Histórico‑Arquitectónico, you are instructed to arrange for the case concerning the work on the doors of the Teatro Nacional de Costa Rica (north and south sectors) to be considered at the next session of that collegiate body, in accordance with the technical observations made on 19 de diciembre de 2025 by the Dirección de Patrimonio Cultural. The Comisión Nacional is the Ministry’s advisory body for the proper application of Law No. 7555, and its composition and functions are established in Article 5 of that law and its Regulations (Decree No. 32749). You are requested to: • Place the case file, including the technical reports and procurement background, on the agenda and request an opinion on the technical and administrative measures to be recommended to the highest authority, including—where appropriate—precautionary measures, standardization of procedures for restoring fine-finished wood, and nonacceptance of pieces that fail to meet the required cultural heritage quality. • Coordinate with the Dirección de Patrimonio Cultural so that it may provide a specialized technical assessment and the conservation guidelines applicable to the designated property. • Submit the Comisión’s formal recommendations to the Minister so that the corresponding decisions may be issued within the framework of Law No. 7555 and related regulations.”.
Through official letter no. MCJ-DM-1029-2025 of 20 de diciembre de 2025, addressed to the Director of Patrimonio Cultural of the respondent Ministry, the Minister of Culture and Youth stated: “In response to the technical observations recorded on site on 19 de diciembre de 2025, take the following actions: • Immediate technical oversight on site, including an inspection record, photographic documentation, and demands that the contractor correct defects, adjust the installation, and standardize the finishes. If appropriate, recommend that the Administration not accept the pieces and apply the LGCP mechanisms (Art. 109) governing rejection upon acceptance inspection, corrections or replacements, and possible enforcement of guarantees. • Issuance of mandatory technical guidelines for restoring fine-finished wood (stripping, repairing, filling, sanding, polishing, and applying compatible products), preventing inconsistent criteria among multiple workshops and ensuring material compatibility and minimal impact on the cultural heritage property. • Coordination with the contract administrator and contract inspector to ensure that every action is documented in the SICOP electronic case file, with the appropriate technical support and decisions concerning acceptance, correction, or rejection. • A consolidated technical report to this Office, including precautionary measures and a remediation plan, within five (5) business days.
You are reminded that the property on which the work was performed has been designated as being of historical and architectural interest; therefore, all actions must comply with Law No. 7555 and its Regulations, preserving the building’s integrity and cultural value.”. In official letter no. MCJ-DM-1030-2025 of 20 de diciembre de 2025, addressed to the Director of the Teatro Nacional, the Minister of Culture and Youth specified: “(…) you are instructed to: • Coordinate and supervise procurement related to the maintenance, repair, and restoration of the Teatro, ensuring consistency with the authorized technical criteria and the specifications of the tender documents. • Verify that accepted work complies with cultural heritage quality and compatibility standards and proceed in accordance with the General Public Procurement Law (Articles 108 and 109), including acceptance, correction, or rejection. • Ensure the proper documentation and traceability of all actions in the SICOP electronic case file.
You are reminded that the administration of the Teatro Nacional requires special attention to its historical and architectural heritage; therefore, all maintenance or restoration work must be performed in strict compliance with the applicable regulations.”. On 20 de diciembre de 2025, a meeting was held with the following participants: “• David Araya, REYCO company • Guillermo Madriz, Director General of the Teatro Nacional de Costa Rica • José Fernando Madrigal, Director of the Dirección de Patrimonio Cultural • Meysell Loaiza, engineer with the Conservation Department of the Teatro Nacional • Oscar Luis Flores Villalobos, Coordinator of the Conservation Department of the Teatro Nacional”. The minutes of that meeting stated: “Topics: 1. Finish of the façade doors During the meeting, the finish applied to the doors on the façades of the Teatro Nacional was discussed. In this regard, Mr. José Fernando Madrigal explained to the representative of REYCO the technical and cultural heritage reasons why the finish applied was unacceptable to the Dirección de Patrimonio Cultural, noting that intervention techniques must be adapted to the specific characteristics of each cultural heritage building and to traditional finishing criteria.
Mr. David Araya stated that the finish applied was based on greater-durability criteria; nevertheless, he expressed his willingness to comply with the technical instructions issued by the Dirección de Patrimonio Cultural. Accordingly, he requested a clear and detailed protocol establishing, step by step, the proper procedure for restoring the doors. Mr. José Fernando Madrigal stated that during the current week (del 22 al 26 de diciembre), he would send REYCO the technical protocol to be followed for the proper restoration of the doors, in accordance with the criteria acceptable to the Dirección de Patrimonio Cultural. He also requested that the company select a single workshop to perform this work, giving priority to the one that guarantees an appropriate artisanal approach. It was agreed that, once the protocol was received, REYCO would prepare an application manual to be sent to both the Teatro Nacional and the Dirección de Patrimonio Cultural as a technical reference for similar work in the future.
Finally, it was agreed that the additional time required to apply the finishing techniques established by the Dirección de Patrimonio Cultural would be granted to the company through an extension of the contractual term, given that the proper conservation treatment of the doors takes precedence. 2.
Intervention in the mortar joints (sisas) of the perimeter wall Regarding the mortar joints, Mr. José Fernando Madrigal asked the company’s representative to explain how this intervention was carried out. In response, Mr. David Araya stated that an angle grinder was used to remove the mortar joints that had to be replaced and that, during this process, operation of the tool by on-site personnel caused greater wear to some adjacent stones. Given that the repointing work (trabajos de sisado) has already been completed and that it is not possible to clearly identify by visual inspection which stones are in this condition, Mr. José Fernando Madrigal requested that REYCO submit a technical report detailing the mortar joints on which work was performed and identifying the specific areas associated with this situation, in order to provide technical information for subsequent evaluation by the Teatro Nacional and the Dirección de Patrimonio Cultural.
Agreements: 1. The Dirección de Patrimonio Cultural shall provide REYCO with the technical protocol for restoration of the doors, with an estimated delivery date of 26 de diciembre de 2025. 2. REYCO shall select a single specialized workshop to handcraft the finish on the doors. 3. Upon receipt of the protocol, REYCO shall prepare an application manual, which shall be submitted to the Teatro Nacional and the Dirección de Patrimonio Cultural. 4. The contractual term shall be adjusted through an extension to account for the additional time required to apply the finishing techniques defined by the Dirección de Patrimonio Cultural. 5. REYCO shall submit a technical report on the intervention in the mortar joints, documenting the mortar joints on which work was performed and the areas where greater wear to the stone occurred, for subsequent evaluation.”. The Minister of Cultura y Juventud and the Director of Patrimonio Cultural of that ministry were notified of the order initiating these proceedings on 24 de diciembre de 2025; the Director of the Teatro Nacional, in turn, was notified on 5 de enero de 2026.
By means of ruling No. MCJ-DPC-DI-0011-2025 of 7 de enero de 2026, the Dirección de Patrimonio Cultural of the Ministerio de Justicia y Paz ordered: “The provisional suspension implemented from 20 de diciembre de 2025 to the present is hereby formalized, specifically with respect to the restoration work, as a technical and preventive measure intended to safeguard the material, historical, and aesthetic integrity of the Teatro Nacional de Costa Rica. This notice does not constitute a definitive cancellation of the work, but rather a provisional suspension, and the work shall resume upon strict compliance with the technical protocol that this Directorate will provide.”.
Based on the foregoing, the Chamber finds grounds to grant the case under review (sub iudice), based on the following reasoning.
First, it should be emphasized that the Teatro Nacional de Costa Rica was declared a national monument through Law No. 3632; subsequently, through Law No. 9521, it was declared a “national symbol of the historical and architectural heritage and cultural freedom of Costa Ricans” (Article 1 of the cited statute). This went beyond the technical approach focused merely on protecting and preserving the property itself, incorporating it into the catalogue of national symbols, thereby conferring upon the theater an emblematic value in the country’s identity and civic education, to the extent that Article 2 thereof provides that the Ministerio de Educación Pública must include this national symbol in the corresponding curricula.
Accordingly, consistent with the explanation in the preceding recital (considerando) and pursuant to Articles 50 and 89 of the Constitución Política, the State must undertake all effective and concrete actions aimed at safeguarding and securing this valuable symbol of the country’s cultural heritage. However, the information provided by the respondent authorities and the evidence in the record reveal numerous actions and omissions that caused serious harm to the historic structures of this artistic venue.
In this regard, it is established that the Teatro Nacional began a “maintenance, repair, and restoration” process through tender No. 2025LD-000012-0009900001, the work for which was approved by Resolution No. MCJ-DPC-PHA-1244-2025 of 12 de agosto de 2025, issued by the Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Specifically, approval was granted for “work on the roof, façade repairs, restoration of door and window frames, repairs to the perimeter wall, general repair of the perimeter railings, repair of the southeastern corner of the perimeter wall, and removal of the vents in the northern sector of the theater,” which began in noviembre de 2025.
The petitioner specifically alleges damage caused by the work performed on the property’s original doors, as well as damage to the capstones located on the perimeter walls.
In this regard, it is established that, on 20 de diciembre de 2025, the director of Patrimonio Cultural of the respondent ministry sent the ministro de Cultura y Juventud a report concerning the work in progress, in which he stated:
“(…) On this 5 de noviembre del 2025, an email was received announcing the commencement of work for the specific restoration of the perimeter walls, the southern side of the façade, as well as the joints and exterior doors, pursuant to Resolution MCJ-DPC-PHA-1244-2025, requested on 30 de junio del 2025 from the former Director de Patrimonio, Eng. Lynder Fallas, and approved jointly with the Unidad Histórico-Arquitectónico. As a result, on 7 de noviembre, I, as the current Director de Patrimonio, issued a series of instructions to the head of the Unidad Histórico-Arquitectónico, indicating that we had to request a coordination meeting and obtain a schedule of the activities involved in the process. Subsequently, the Dirección de Patrimonio learned that the company had mishandled heritage components of the Teatro Nacional, in this case a set of doors being taken to a workshop, following a complaint from the public.
Therefore, (sic) first thing on lunes 17 de noviembre, a meeting was requested with the Director del Teatro Nacional and Engineer Oscar Flores, head of conservation, to ascertain what had occurred. They stated that this matter had been addressed with the Office that same weekend, informing it of what had happened, but the Dirección de Patrimonio was not notified at the time or beforehand so that the protocols for working on or transporting those doors could be validated. Consequently, it was required that every action be reported and that the intervention work protocols be submitted. These were not received until 8 de diciembre del 2025, one month after work began. The protocol has been reviewed by the Dirección and is compliant; however, it must be clearly stated that the colors had been selected by the theater without consulting the Dirección de Patrimonio, because the permits submitted in junio del 2025 specified neither colors nor protocol actions, but only general aspects of the intervention.
On 28 de noviembre, the Dirección de Patrimonio again inspected the work and identified damage to the stones forming the decorative perimeter walls, which had also been reported by the public through social-media announcements. Cuts had been made in the stones using tools incorrectly; specifically, an angle grinder was observed being used to cut the stone joints, damaging the symbolic fabric and widening the spaces between the stones. They were therefore instructed to change the protocol, but several pieces had already been damaged. UNESCO provides that restoration methods must not be aggressive and must be reversible; in this case, the damage is no longer reversible, thereby causing damage to the heritage property. In addition, they were asked to review the materials used for the joints, and it was determined that, under the permit granted on 12 de agosto following an alleged appeal TN-DG-OF-258-2025_Revocatoria_apelación_resolución_Permiso_MCJ-DPC-PHA-1141-2025, these were cement-based (sic), rather than lime-based.
This is a basic component of restoration involving organic materials such as stone, because lime allows the stones to breathe better and prevents chemical reactions that may damage the elements. As part of the supervision, the Head of the Unidad was instructed to arrange inspections and reports on the work and to obtain the locations of the door workshops in order to determine the condition of the doors (sic). Accordingly, the workshops were visited on 18 de diciembre, in this case jointly with the Teatro Nacional, and the participants were Eng. Meycell Loaiza, Marcia Fallas, and Adrían (sic) Vindas, head of the Unidad de Histórico Arquitectónico of the Dirección Patrimonio. The first report arose from that visit, showing that it was not possible to inspect all three workshops because one of them had already arranged delivery. The report allegedly indicates that the strategy of using several workshops to restore doors of the same style and finish and with similar damage is neither appropriate nor advisable unless there is a clearly defined intervention procedure governing stripping, repair of damaged elements, filling of minor damage, sanding, polishing, and the application in every case of identical products compatible with the underlying material, in accordance with restoration procedures.
It allegedly appears that the work protocols submitted to the Dirección de Patrimonio are not being followed, including the alleged use of ‘merula’-type materials or automotive finishes that conflict with good conservation and restoration practices. The report describes alleged improper excessive sanding that distorted the door moldings and, with it, an alleged (sic) lack of regular inspections by those responsible for the project. The stripping techniques observed in one of the workshops reveal alleged greater wear and deformation of elements such as the glazing beads that hold the glass in place. Following the workshop visits, the installed doors were inspected on 19 de diciembre 2025, and errors were identified in their final finishes and treatment, revealing a finish that does not respect their historical language, based on both a physical examination of the doors and photographic details.
This analysis yielded a diagnosis of high-gloss paints with alleged synthetic-enamel- or polyurethane-type finishes. The surfaces appear excessively smooth and vitrified, with visible runs, accumulations, and drips at molding joints, ornamental reliefs, baseboards, and lower edges. The sealing of the substrate’s texture prevents the original material from being discerned. This indicates the alleged use of modern application methods, such as a spray gun without proper pressure and dilution settings. With respect to the treatment of the ornamentation, there is a loss of three-dimensional definition, artificially rounded edges caused by accumulated paint, and partial filling of deep cavities (leaves, ribs, scrollwork). In terms of risks to the heritage property from a restoration perspective, the high gloss is incompatible with the historic finishes of the Teatro Nacional; it may reduce the breathability of the substrate and thereby accelerate deterioration of the wood by trapping moisture.
Moreover, the application is not reversible, meaning that its removal would require a sanding process, among other measures, that could cause further wear to the ornamental elements. The foregoing can be identified through an analysis of the doors (sic) that have not been altered, which display a satin-matte, nonreflective finish that allows the volumes, edges, and depth of the relief to be clearly discerned. These are presumed to be consistent with traditional oil-based paints and glazes (a type of linseed-oil-based varnish (sic) or similar product). It is important to state that the Teatro Nacional is an architectural and sculptural construction and thus a property of high artistic value. For that reason, the treatment of its finishes must follow the same principle, because the paint complements the relief rather than dominating it and respects the high, middle, and low planes from the perspective of creating architecture as a work of art. Based on the foregoing, there is an alleged failure to comply with conservation and restoration requirements at different stages of the project’s implementation, as can be seen in the following images (…) It is important to clarify that the protocol was incorporated on 8 de diciembre del 2025, when the doors had already been transferred to the workshops, and 10 days later, that is, on 18 de diciembre 2025, they had been installed.
It is clarified that the email does not concern the protocol, but rather that there was a possible omission at its various stages, resulting in a final finish inconsistent with the artistic and heritage value of the Teatro.” (Emphasis not in the original).
Thus, the Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud itself established that various irregularities had occurred in the execution of the work at issue, causing irreversible damage to the theater’s structures, specifically to some of the doors and stones forming the decorative perimeter walls.
Thus, in light of the aforementioned report by the Dirección de Patrimonio Cultural, the respondent minister ordered, on that same 20 de diciembre, the commencement of a preliminary investigation (administrative proceeding (procedimiento administrativo)) aimed at determining “the liability of officials and the contractor: assessment of the potential administrative liability of the persons involved in supervision, administration, and oversight, pursuant to the Ley General de la Administración Pública,” which was ongoing when the reports were submitted in the sub lite proceeding (8 de enero de 2026). He also instructed the vice minister of Culture to bring the situation involving the theater doors to the attention of the Comisión Nacional de Patrimonio Histórico‑Arquitectónico (an advisory body to the respondent ministry under law no. 7555), for the purpose of requesting an “opinion on technical and administrative measures to be recommended to the head of the institution, including—where appropriate—precautionary measures (medidas cautelares), standardization of restoration procedures for finely finished wood, and rejection of pieces that do not meet the required heritage-quality standard. • Coordinate with the Dirección de Patrimonio Cultural so that it may provide the specialized technical assessment and the conservation guidelines applicable to the declared property.” In addition, through official letters nos.
MCJ-DM-1029-2025 and MCJ-DM-1030-2025 (both dated 20 de diciembre de 2025), the minister of Culture and Youth ordered the director of Patrimonio Cultural and the director of the Teatro Nacional to inspect and supervise the work being performed, in order to ensure “quality and heritage-compatibility standards.” Accordingly, this Chamber observes that the work at the Teatro Nacional was initially carried out without validation under appropriate technical criteria and without the corresponding supervision by the respondent authorities. In this regard, it bears emphasizing what was stated by the Dirección de Patrimonio Cultural in its report of 20 de diciembre de 2025, cited ut supra, according to which the intervention protocols (protocolos de intervención) were not received by that office until 8 de diciembre de 2025—that is, more than one month after the work began, since the submitted logbook indicates that work commenced on 15 de octubre de 2025.
Consequently, the work began without validation of the protocols by the competent technical body. This situation demonstrates a lack of coordination among the respondent departments, as well as failure-to-supervise liability (culpa in vigilando), which led to the irregularities identified.
Indeed, it should be noted that it was not until 20 de diciembre de 2025 (when the theater’s structures had already sustained irreversible damage due to the improper intervention to which they had been subjected) that the authorities of the Teatro Nacional, the Dirección de Patrimonio Cultural, and the company responsible for the work met to establish specific guidelines and criteria regarding how the work was to be performed. Moreover, it was not until 7 de enero de 2026 (after notice of this amparo proceeding (proceso de amparo) had been served) that the authorities of the Ministerio de Cultura y Juventud decided to provisionally suspend “the restoration and finishing work on the doors, as well as interventions involving plasterwork and associated elements” until “the adopted technical agreements” were complied with. However, this Court does not find that the guidelines or protocols for continuing the work at issue were ultimately issued in a manner ensuring the material, historical, and aesthetic integrity of the building components subject to conservation or restoration.
Based on the foregoing, the respondents’ omissions are especially serious, because the irreversible damage caused to the historic structures of the Teatro Nacional constitutes an extremely grave injury, given the immense artistic and cultural value that this venue represents for the country.
Consequently, these claims in the action are granted, with the consequences set forth in the operative portion of this decision.
VII.Separately, the petitioner also challenges the color used to paint the theater’s exterior railings, because glossy black was used even though the original color was chocolate brown, and the color change was neither technically approved nor checked against the historical record. Likewise, in subsequent submissions, he also disputes the color used to paint the roof covering.
In this regard, it is established that the work approved by resolution no. MCJ-DPC-PHA-1244-2025 of 12 de agosto de 2025 also included “Restoration of the paint on the roof covering, specifically: a. Roof covering: the paint on the covering requires restoration to extend its useful life, protect the anchoring elements, and improve its appearance and thermal efficiency (…) General repair of the perimeter railings: a process will be carried out to restore the paint on the perimeter railings (…)”.
Thus, through official letter no. REYCO-009-2025 of 25 de noviembre de 2025, the company responsible for the work detailed the paint options for the corresponding approval. That same day, the head of the Unidad de Patrimonio Histórico-Arquitectónico of the respondent ministry’s Dirección de Patrimonio Cultural informed the theater director as follows: “The information regarding the paints to be applied to the stage-house roof and railings has been received. It was agreed that LANCO ultra-durex would be used for the roof and Automotive Two-Component Polyurethane Single-Coat Paint (SUR) for the railings (…)”. Thus, it is apparent that the paints were indeed approved in advance by the Dirección de Patrimonio Cultural, and that the aforementioned report of 20 de diciembre de 2025 identified no irregularity or damage specifically relating to that work; nor was such work suspended through the interim measure adopted by the respondent ministry, as indicated in the preceding recital.
In addition, in the sub examine proceeding, the theater authorities reported under oath that “the finish applied in the project, in matte graphite black, was technically defined and validated by the Departamento de Conservación del Teatro Nacional in coordination with the Dirección de Patrimonio Cultural. The decision was supported by historical records from the restoration department, as well as extensive photographic documentation in the TNCR’s institutional archive.” (Emphasis not in the original).
Based on the foregoing, no clear and manifest irregularity capable of being declared in this proceeding is established with respect to this particular issue. Accordingly, if the petitioner believes that a color other than the one approved by the respondent authorities should have been selected under the criteria applied, he must submit the relevant arguments before the competent ordinary administrative or judicial bodies, because resolving such matters requires full adversarial proceedings, which exceed the summary nature of this amparo proceeding.
Ergo, the action is denied with respect to this claim.
The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, object, or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, such materials must be retrieved within a maximum period of 30 business days from notice of this judgment. The parties are warned that any material not retrieved within that period will be destroyed pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 of 22 de agosto de 2011 and published in Boletín Judicial no. 19 of 26 de enero de 2012) and article LXXXI of session no. 43-12 of the Consejo Superior del Poder Judicial of 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
The action is partially granted solely with respect to the damage caused to the doors and the stones comprising the perimeter walls of the Teatro Nacional de Costa Rica, as well as the fact that the restoration work was commenced without the corresponding protocols having been validated by the competent technical body. Jorge Rodríguez Vives, José Fernando Madrigal Fallas, and Guillermo Madriz Salas, in their respective capacities as minister, director of Patrimonio Cultural, and director of the Teatro Nacional, all of the Ministerio de Cultura y Juventud, or whoever may hold those positions, are ordered to issue the appropriate directives, undertake the necessary coordination, and perform all actions within the scope of their respective authority so that: 1) IMMEDIATELY, they extend the suspension of work involving the aforementioned structures until the technical criteria, protocols, and guidelines provided for in the following paragraph have been established; 2) within a maximum period of ONE MONTH from notice of this judgment, the corresponding technical guidelines, protocols, and criteria are established for continuing the conservation and restoration work on the doors and stones of the perimeter walls of the Teatro Nacional de Costa Rica, so as to guarantee their material, historical, and aesthetic integrity; furthermore, if feasible under conservation and restoration techniques, the appropriate measures and actions must be established for intervention on the damaged structures in order to minimize the adverse effects on those historic components of the venue at issue.
Jorge Rodríguez Vives, in his capacity as head of the Ministerio de Cultura y Juventud, is also ordered, within a maximum period of TWO MONTHS from notice of this decision, to conclude the administrative proceeding initiated by the preliminary investigation ordered on 20 de diciembre de 2025 and, where appropriate, determine the corresponding disciplinary liabilities. The respondent authorities are warned that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an amparo action (recurso de amparo) that he or she must comply with or enforce, and fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State and the Teatro Nacional de Costa Rica are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the administrative-litigation courts. The remainder of the action is denied. Notice shall be given.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).
<span data-mce-type="bookmark" id="mce_1_start" data-mce-style="overflow:hidden;line-height:0px" style="overflow: hidden; line-height: 0px;"></span>Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-038490-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD.
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da, cuando una persona actúa en un proceso, adhiriéndose a las pretensiones de algunas de las partes principales. En consecuencia, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso; sin embargo, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de esta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento (véanse, entre otras, las sentencias nro. 2010-000254, de las 11:28 horas el 08 de enero de 2010, la nro. 2018019952 de las 9:30 horas de 30 de noviembre de 2018, entre otras). En este caso, la Sala procede a admitir la coadyuvancia presentada el 30 de diciembre de 2025 por Emiliano Céspedes Pol, así como la incoada el 6 de febrero de 2026 por Paquita Cruz Villalobos.
En el escrito incorporado al expediente el 14 de enero de 2026, el director de Patrimonio Cultural del ministerio accionado cuestiona la constancia de 12 de enero de 2026 y sostiene que sí rindió el informe solicitado en el sub lite, concretamente a través del oficio nro. MCJ-DI-0012-2026 de fecha 07 de enero de 2026; sin embargo, dicho memorial no está dirigido a esta Sala, sino al señor Jorge Rodríguez Vives, en su condición de ministro de Cultura y Juventud. Por consiguiente, el informe del director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Justicia y Paz no se tiene como rendido.
Aclarado lo anterior, se procede a resolver el recurso de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y tomando en consideración los otros informes rendidos y los elementos probatorios que constan en los autos.
El recurrente acusa que, en octubre y noviembre de 2025, las autoridades recurridas ejecutaron obras de restauración en el Teatro Nacional sin seguir lineamientos adecuados ni criterios técnicos para la correcta conservación del inmueble, lo que ocasionó daños importantes. Precisa que los recurridos cambiaron el color de las rejas externas del teatro, que originalmente eran color café chocolate, y las pintaron de color negro brillante. Alega que ese cambio de color no fue aprobado técnicamente ni se consultó el registro histórico para hacerlo. Además, señala que el teatro tiene puertas de madera talladas con vidrio original, que tienen más de 130 años y que son particularmente frágiles; sin embargo, sin ningún tipo de cuidado o protección, cuatro pares de esas puertas fueron montadas en un vehículo pick-up para ser trasladadas a un sitio desconocido. Asevera que el riesgo de ese traslado es incalculable y que tales estructuras no debían salir del teatro.
Por otro lado, refiere que debajo de las rejas hay piedras de remate en los muros perimetrales, que son originales del teatro y que tienen aproximadamente 128 años; empero, los recurridos han intervenido tales estructuras de manera destructiva mediante el uso de una esmeriladora para ampliar las sisas. En ese tanto, explica que las sisas originalmente medían cinco milímetros de ancho, pero ahora se han ampliado a tres centímetros, lo que ha implicado la destrucción del material original. Aunado a ello, resalta que las sisas ampliadas fueron rellenadas con concreto, que es un material incompatible con la piedra original. Afirma que la actuación de las autoridades recurridas no solo ha producido daños irreversibles, sino que a la vez ha ocasionado daños futuros. Esgrime que la empresa encargada de las obras no tiene experiencia comprobada en restauración de patrimonio histórico. Detalla que cualquier intervención requiere un diagnóstico inicial que señale cuáles son elementos que se deben conservar intactos y cuáles necesitan restauración.
Además, se tiene que indicar cómo se va a realizar la restauración. Explica que tal diagnóstico debía someterse a la Dirección de Patrimonio para su aprobación; además, existía la obligación de documentar todo el proceso de intervención. En este sentido, resalta que no existe diagnóstico, aprobación, documentación ni una empresa especializada. Solicita que se les ordene a las autoridades recurridas suspender de manera inmediata la intervención del Teatro Nacional hasta que se dé un diagnóstico técnico, que indiquen el paradero de las puertas de madera, revertir las obras que sean reversibles y reparar las piedras de remate con materiales compatibles, todo debidamente supervisado.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
Restauración de pintura de la cubierta de techo, específicamente: a. Cubierta de techo: la pintura de la cubierta requiere ser restaurada para prolongar su vida útil, proteger los elementos de anclaje, mejorar su apariencia y eficiencia térmica. Asimismo, la cubierta cuenta con un sector de tragaluz conformado por láminas de policarbonato con un deterioro significativo por los factores ambientales por lo que se requiere cambiarla, mantenimiento las características actuales, con el objetivo de prevenir futuras filtraciones de agua a la sala principal y daños en los lienzos de los cielorrasos. b. Reparaciones puntuales en las fachadas: Por factores ambientales, biológicos las fachadas de Teatro Nacional presentan un tipo de deterioro en los repellos, por esta razón se procederá a reparar secciones puntuales en las paredes, cornisas y marcos. c. Restauración de los marcos y las puertas en los costados norte, sur y este: Por factores ambientales, biológicos las puertas de Teatro Nacional presentan deterioro en su acabado y algunas piezas de madera presentan problemas de putrefacción, las cuales requieren ser intervenidas para ampliar su vida útil. d. Reparaciones generales en el muro perimetral.
Se realizará un proceso de restauración del muro perimetral conservando el acabado existente, tanto en la parte interna como externa, la reparación de las sisas de los remates de piedra que protegen la parte superior del muro. e. Reparación general de las verjas perimetrales: se realizar un proceso de restauración de la pintura de las verjas perimetrales, se realizará el remplazo de 8 postes que fueron construidos en concreto y presentan un deterioro significativo conservando el acabado existente. Además, se incluye la restauración de pintura de las marquesinas y las lámparas de jardín conservando el acabado existente. f. Reparación de la esquina sureste: la cual fue impactada por un vehículo, se requiere construir una placa de cimientos que le dará soporte y estabilidad a la columna, restaurar y alinear el muro impactado en el sector sur y este, restaurar y alinear las verjas. g. Pisos: en el costado norte se ubican 5 respiraderos que no se requieren según confirmación brindada por el BCCR, por lo que se propone demolerlos y colocar una losa de piso y sobre ella losetas tipo adoquín como las existentes.
Segundo a. Que los trabajos solicitados son necesarios para dar mantenimiento preventivo al Teatro. b. Que se reparará el impacto provocado por un vehículo en el muro perimetral. SE RESUELVE Único. APROBAR los trabajos en la cubierta, las reparaciones en fachada, la restauración de marcos de puertas y ventanas, las reparaciones del muro perimetral, la reparación general de las verjas perimetrales, la reparación de la esquina sureste del muro perimetral y la remoción de los respiraderos en el sector norte del teatro Lo anterior con base en los argumentos expuestos en este documento y normativa aplicable, de acuerdo a (sic) los criterios del artículo 9 de la Ley 7555 y artículos: 3, 38 y 39 del reglamento a la Ley Nº7555. Esta resolución es acorde con la afectación del Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la edificación denominada Teatro Nacional (Ley N°3632) de tal forma que las medidas de seguridad, reglamentación pertinente al manejo de equipo de alta peligrosidad y reglamentos ambientales vigentes, será responsabilidad del solicitante.
Conforme al artículo 43 del Reglamento a la ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico, contra el presente acto proceden los recursos de revocatoria y apelación, que deberán interponerse ante la Dirección de Patrimonio Cultural, en término de tres días hábiles a partir de su notificación; que resolverá la revocatoria y trasladará la apelación al despacho ministerial, para su resolución. Por último, se le recuerda al interesado el deber de comunicar por escrito a la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) el inicio de las obras, para efectos de supervisión. Sobre la vigencia de la presente resolución, de acuerdo al (sic) Reglamento de trámites de la DPC, artículo 1, sección 1.2. UNIDAD DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO, inciso 1.3. Permiso Especial para Intervención a Edificios Declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico, la vigencia de la licencia, autorización o permiso es de doce (12) meses a partir del respectivo otorgamiento.”. (Prueba documental).
Después de revisar las fichas técnicas y comparar la calidad, resistencia y desempeño de ambas opciones, se determino (sic) que la pintura Monocapa Poliuretano Bi-componente Automotriz en negro grafito mate, código: 31700, diluyente: 476 y catalizador: 778 es la alternativa mas (sic) adecuada para las verjas, por ofrecer una protección superior y garantizar una mayor durabilidad en el tiempo. Por lo anterior, se aprueba el uso de esta última para la ejecución del trabajo correspondiente.”. (Prueba documental).
Posterior a ello la Dirección de Patrimonio se da cuenta de un mal manejo por parte de la empresa de componentes patrimoniales del Teatro Nacional, en este caso un juego de puertas que se dirigían a un taller, esto por denuncia de la ciudadanía, por ello (sic) lunes 17 de noviembre a primera hora se solicita una reunión con el Director del Teatro Nacional y el Ingeniero Oscar Flores, jefe de conservación, para conocer lo sucedido, lo cual indican que este tema se había abordado el mismo fin de semana con el Despacho informando de lo sucedido, pero no se notificó a la Dirección de Patrimonio en el momento, ni previamente para validar los protocolos de trabajo o traslado de dichas puertas. A raíz de esto se solicita que toda acción se debe informar y que deben presentar los protocolos de trabajo de intervención, los cuales fueron recibidos hasta el 8 de diciembre del 2025, un mes después del inicio de obras, el protocolo es de conocimiento de la Dirección y cumple, si es claro indicar que los colores habían sido definidos por el teatro sin consulta a la Dirección de Patrimonio, dado que lo permisos presentados en junio del 2025 no indican colores, ni acciones de protocolo, solo generalidades de la intervención.
El 28 de noviembre se vuelve hacer inspección por parte de la Dirección de Patrimonio de los trabajos, identificando que existía un daño en las piedras que conforman los muros decorativos perimetrales, lo cual también fue expuesto por la ciudadanía mediante comunicados en RRSS, se generaron cortes de la piedras con uso incorrecto de herramientas, en este caso se observó el uso del esmeril como herramienta para cortar las juntas de las piedras dañando el tejido simbólico, ampliando las separaciones de la piedras, para ello se le indica que deben cambiar el protocolo pero el daño de varias piezas estaba dado, la UNESCO establece que los métodos de restauración no deben ser agresivos y deben ser reversibles, en este caso el daño ya no es reversibles, gestionando un daño al patrimonio, adicional a ello se le solicita revisar los componentes que se usaron para las sisas y se identifica que en el permiso dado el 12 de agosto posterior a una presunta apelación TN-DG-OF-258-2025_Revocatoria_apelación_resolución_Permiso_MCJ-DPC-PHA-1141-2025, son a base de cementisios (sic) y no calizos, esto es un componente básico de la restauración en materiales orgánicos como las piedras, dado que la cal permite que las piedras tenga una mejor respiración y químicamente no hayan reacciones que dañen los elementos.
Como parte de la supervisión se instruye al Jefe de la Unidad que gestione las inspecciones, así como los reportes sobre los trabajos, y que se debe tener las ubicaciones de los talleres de las puertas para conocer el estado de éstas (sic), es así como el 18 de diciembre se procede a la visita de los talleres, en este caso la visita se realiza en conjunto con el Teatro Nacional y los participantes fueron la Ing. Meycell Loaiza, Marcia Fallas y Adrían (sic) Vindas jefe de la Unidad de Histórico Arquitectónico de la Dirección Patrimonio, de ahí se desprende el primer reporte y se evidencia que no se pudo inspeccionar los tres talleres porque ya uno de ellos había gestionado la entrega. El informe expone presuntamente que la estrategia de tener varios talleres para restaurar puertas de igual estilo, acabado y daños similares, no es adecuada, ni conveniente, salvo que, se tenga un procedimiento de intervención claramente definido en cuanto a decapado, reparación de elementos dañados, empastado de daños menores, lijado, pulido y aplicación de productos iguales en todos los casos y que sean compatibles con el material base, siguiendo los procedimientos de restauro, lo que presuntamente se evidencia que no se está siguiendo los protocolos de trabajo presentados a la Dirección de Patrimonio exponiendo el presunto uso de materiales tipo “merula” o acabados automotriz que se contraponen a las buenas prácticas de conservación y restauración, se expone un presunto uso inadecuado del lijado excesivo desfigurando molduras de las puertas y con ellos un presuntia (sic) ausencia de inspecciones regulares por parte de los encargados del proyecto.
Las técnicas de decapado expuestas en uno de los talleres exponen un presunto desgaste y deformación mayor de elemento como las batientes para sujetar los vidrios. Posterior a la visita a los talleres el 19 de diciembre 2025 se inspecciona las puertas instaladas y se identifican errores en acabados finales y tratamiento de las puertas exponiendo un acabado que no respeta el lenguaje histórico al analizar las puertas físicamente, así como el detalle a nivel fotográfico, este análisis da como un diagnóstico de pinturas de alto brillo con presuntos acabados tipo esmalte sintético o poliuretano, las superficies se observan excesivamente lisas y vitrificadas, escurrimientos visibles, acumulaciones y chorreados en encuentros de molduras, relieves ornamentales, zócalos y aristas inferiores, el sellado de la textura del soporte anula la lectura del material original, esto lleva a identificar un presunto uso de acabados de aplicación moderna como por ejemplo pistola sin regulación adecuada de presión y dilución.
En referencias al comportamiento sobre la ornamentación se presenta una pérdida de definición volumétrica, bordes redondeados artificialmente, por acumulación de pintura, relleno parcial de cavidades profundas (hojas, nervaduras, roleos). En temas de riesgo patrimonial desde el punto de vista restaurativo el brillo alto no es compatible con acabados históricos del Teatro Nacional, puede existir la reducción de transpirabilidad del soporte, y con ello acelerar el deterioro de la madera por atrapamiento de humedad y la aplicación no es reversibles compréndase que para eliminarla se debe gestionar un proceso de lijados entre otros que puede gestionar un desgaste mayor de los elementos ornamentales. Lo anterior se logra identificar dado al análisis de la (sic) puertas que no han sido intervenidas donde se expone un acabado satinado- mate sin reflejos que permite una lectura clara de volúmenes, aristas y profundidades de relieve, lo cual se presume que son coherentes con pinturas de tipo aceite tradicionales, veladuras (tipo de barniz a base de linazza (sic) o similar).
Es importante indicar que el Teatro Nacional presenta una construcción arquitectónica escultórica y con ello es un bien de un alto valor artístico es por ello que el tratamiento de los acabados van en esa misma línea, dado que la pintura acompaña el relieve, no lo domina, respeta los planos altos, medios y bajos desde un punto de creación de la arquitectura como una obra de arte. Con lo mencionado anteriormente, se expone que existe un presunto incumplimiento desde el punto de la conservación y restauración en diferentes etapas de ejecución del proyecto como tal como se puede observar en las siguientes imágenes (…) El 5 de noviembre 2025 se informa a la Dirección de Patrimonio por parte de la administración del Teatro Nacional el inicio de obras, que responde al permiso10392_MCJ-DPC-PHA-1244-2025. Informándose como Director el 6 de noviembre y dando instrucciones a Adrián Vindas de gestionar una sesión con el Teatro Nacional y para conocer el plan de trabajo a detalle la cual no se generó (…) El 17 de noviembre 2025 se realiza una inspección de emergencia dado que el fin de semana, a nivel de RRSS se expuso por parte de ciudadanos en espécifico (sic) Paquita Cruz restauradora indicando que las puertas laterales del Teatro habían sido trasladas de manera irregular, para ello se mantuvo una sesión previa con Guillermo Madriz, Oscar Flores y Adrian (sic) Vindas y mi persona como Director de Patrimonio, con base al tema de las puertas se indica que ya se hizo la llamada de atención y se había informado el mismo fin de semana al despacho por parte del Despacho (…) El 25 de noviembre y 26 de noviembre del 2025 se recibe por parte del Teatro Nacional los submittals aprobados con los materiales a utilizar dichos submittals fueron aprobados en octubre previo al comunicado de inicio de obras a la Dirección de Patrimonio (…) El 5 de diciembre del 2025 se envía por parte al Teatro Nacional los insumos de los códigos de pintura de las cubiertas y el acabado, por parte del La Dirección de Patrimonio se da la indica (sic) que se debe presentar y es fundamental para una trazabilidad del proceso que, quede documentado, como parte del informe que se nos presenta, todo el procedimiento (…) El 8 de diciembre del 2025 la Dirección de Patrimonio por parte del Teatro Nacional los protocolos de trabajo y acabados que se le están gestionando a la restauración de las puertas, repellos, problemas de pulverización así como la solicitud de la (sic) direcciones de los talleres (…) Los reportes poseen fechas de entrega previas a las fechas comunicadas a la Dirección de Patrimonio salvo el de pulverización de las piedras, en estos procesos se indica los colores y acabados a utilizar ejemplo de ello: satinado rojo óxido CLI-9836 Miércoles 10 de diciembre 2025 se remite por parte del Teatro Nacional el informe con fechas del 8 de diciembre del 2025 el informe de procesos de restauración de verjas (…) Jueves 11 de diciembre nuevamente se envía un correo al Teatro Nacional instruido por mi persona enfocado a la trazabilidad de los procesos para identificar posibles situaciones en las actividades, se recibe respuesta el mismo por parte del Director instruyendo a Meycell y Marcia funcionarias de conservación que den respuesta (…) Viernes 12 de diciembre 2025 el Teatro Nacional remite los insumos de las 3 direcciones de los talleres así como el documento de informe de techo y se reafirma que hay reuniones todos los martes a las 9:00 am entre la Teatro Nacional y el Contratista que es la empresa REYCO, en la documentación inicialmente expone que eran 2 talleres (…) Jueves 18 de diciembre se envía por parte del Teatro Nacional los informes del avance de las puertas y los procedimientos a la Dirección de Patrimonio, dicho informes tienen fecha del del 3 de noviembre y 5 de diciembre (…) El mismo jueves 18 de diciembre del 2025 se remite al Despacho del Sr Ministro y a la Dirección del Teatro Nacional, los hallazgos de la visita de inspección realizada por el Jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico Arquitectónico en representación de la Dirección esta visita se realizó en conjunto con el Teatro Nacional y su área de conservación Marcia Fallas y Meycell Loaiza en este se expone las falencias en el proceso de restauro, en el cual se indica que no se están siguiendo los protocolos y hay una diferencia entre los Talleres de Santo Domingo y de Taras, acalrando (sic) que no se puede revisar el 3er taller dado que ya las puertas habían sido entregadas al Teatro Nacional el día Martes 16 de diciembre.
En dicha inspección se expone el uso incorrecto del lijado, así como el uso de masilla plástica automotriz, se expone el daño en molduras. Posterior a las observaciones y detalles de las acciones el Director del Teatro indica que generara el día 19 de diciembre una reunión a fin de buscar una estandarización así como ver el asunto de tratamiento de los herrajes. El mismo 18 de diciembre del 2025 mi persona como Director de Patrimonio le indico al Director del Teatro Nacional que basado en la evidencia presentada se debe usar el protocolo de Santo Domingo de igual manera, le solicito una explicación del porque se usaron 3 talleres y si no le habían indicado los riesgos que esta acción podía generar en las puertas, de igual manera le expongo que lo que visualizo en las fotografías es un daño en los elementos ornamentales. Posterior a este correo se recibe la respuesta por parte del Director del Teatro Nacional indicando que hará lo indicado por la Dirección de Patrimonio, y explica que con relación a los distintos talleres fue información que no tenía de previo y no hubo visibilidad con respecto a los acabados finales de la mismas (…) El 19 de diciembre por instrucción del mi persona como Director indico que se debe revisar las puertas que están instaladas, que no se habían aprobado por la Dirección de Patrimonio, estas puertas no fueron inspeccionadas ni valoradas previamente con la Dirección de Patrimonio, es por ello que se solicita que Adrián Vindas jefe de la Unidad Histórico- Arquitectónico verifique el estado en que fueron instaladas, de esta solicitud se genera el informe 2, exponiendo que no se cumplieron los protocolos de trabajo, ni de restauro de las puertas borrando la memoria histórica al cambiar sus acabado por acabados modernos que distan completamente del tejidos histórico original, en el reporte 2 se evidencia que de procedimiento del acabado final fue en brillante no mate satinado, las molduras perdieron su conformación por presunto uso de exceso de masilla, lija excesiva o laca abundante, las puertas no cierran bien, se ampliaron las perforaciones en la madera de las puertas de la verjas que protegen los vidrios, se da un efecto de vitrificado en las molduras, volviéndolas lisas y perdiendo el lenguaje orgánico y escultórico de los elementos, se presume que este tipo de acabado se da por usos de aplicación moderna como rodillo más brocha sin control o pistola sin regulación adecuada de presión y dilución, adicionalmente se expone que a nivel de método de observación se exponen escurrimientos visibles, acumulaciones (…) Posterior al envío del correo del Jefe de la Unidad, mi persona como Director expongo mediante un correo el mismo 19 de diciembre dirigido al Director del Teatro Nacional el daño al patrimonio que se realizó con este trabajo partiendo del análisis fotográfico y su comparación con los acabados originales de las puertas que no han sido modificadas, indicando que existe una posible eventual ausencia de inspección en sitio y presunta mala práctica en el tratamiento y resultado final de la restauración de las puertas En respuesta al correo enviado por mi persona como Director, el Director del Teatro Nacional indica que las puertas fueron rechazadas se están devolviendo para que cumplan con lo solicitado, la situación presente es que el daño esta hecho y como se indica es un daño irreversible en el sentido que se debe nuevamente lijar todas las puertas y quitar los excedentes pudiendo dañar el tejido histórico de la puertas (…) Con base a los correo del 19 de diciembre 2025 se recibe la respuesta por parte del Ing. Oscar Flores en el cual expone 5 puntos: El primer punto indica que cito textual: “…La intervención de las puertas forma parte de los trabajos autorizados mediante la Resolución MCJ-DPC-PHA-1244-2025, emitida por esa Dirección, la cual aprueba expresamente la restauración de puertas en los costados norte, sur y este del inmueble, conforme a la documentación técnica presentada por el Teatro Nacional durante el trámite de permiso correspondiente.” Se revisa los documentos adjuntos del permiso y se evidencia una eventual ausencia de la definición claras de acabados, ni protocolos a gestionar para el tema de las puertas dejando claro que el envío para aprobación de dichos permisos se gestionó el 30 de junio del 2025 incorporando el formulario como tal firmado por Ing. Meysell Loaiza y el Director del Teatro Nacional Don Guillermo Madriz (…) Por otro lado revisando los insumos en este mismo correo para aprobación se observa que desde el inicio existen un eventual error u omisión de una correcta escogencia y descripción de los materiales para la rehabilitación, dado que se expone que el muro debe repararse con un acabado con un material denominado Monotop Sika 412 y se indica que deben presentar una muestra al departamento de conservación, pero en el documento como tal del permiso no se explica nada del procedimiento o protocolo de intervención y el material a utilizar está compuesto por materiales cementicios y no calinos, se explica lo anterior dado que la restauración de materiales orgánicos (sic) como las piedras deben ser restauradas o rehabilitadas sus juntas con materiales calinos para una mejor adaptación química, permitiendo dejar respirar a las piedras En el punto dos el Ingeniero expone que se han dado los procesos correctos de inspección pero lo que se está exponiendo en el reporte es que los talleres no gestionaron correctamente las directrices y hay errores de ejecución a nivel de trabajos patrimoniales aunque las puertas sean rechazadas el presunto daño patrimonial ya está hecho y revertirlo es el tema en cuestión.
En el punto 3 cito textualmente las palabras del Ingeniero: “… Con el fin de aportar claridad sobre los criterios técnicos aplicados, se adjunta el correo electrónico mediante el cual este Departamento remitió oportunamente al señor Adrián Vindas Chaves, Jefe de Arquitectura de la Dirección de Patrimonio Cultural, el protocolo de intervención de puertas aplicado por la empresa contratista, documento que define las etapas, procedimientos y criterios técnicos previstos para este tipo de intervención.” Es importante aclarar que el protocolo se incorpora el 8 de diciembre del 2025 cuando ya las puertas habían sido trasladas a los talleres y 10 días después estaban instaladas es decir el 18 de diciembre 2025, se aclara que el correo no va en función al protocolo si no que existe una eventual omisión es sus diferentes etapas llegando a un acabado final incongruente con el valor artístico patrimonial del Teatro.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
Se recuerda que el bien intervenido cuenta con declaratoria de interés histórico‑arquitectónico, por lo que toda actuación deberá apegarse a la Ley N.° 7555 y su Reglamento, preservando la integridad del inmueble y su valor cultural.”. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).
El señor David Araya manifestó que el acabado aplicado responde a criterios de mayor durabilidad; no obstante, indicó su disposición a acatar las instrucciones técnicas que emita la Dirección de Patrimonio Cultural. En ese sentido, solicitó contar con un protocolo claro y detallado que establezca, paso a paso, el procedimiento adecuado para la restauración de las puertas. El señor José Fernando Madrigal indicó que durante la presente semana (del 22 al 26 de diciembre) remitirá a la empresa REYCO el protocolo técnico que deberá seguirse para la correcta restauración de las puertas, conforme a los criterios aceptables para la Dirección de Patrimonio Cultural. Asimismo, solicitó que la empresa seleccione un único taller para la ejecución de estos trabajos, priorizando aquel que garantice un abordaje artesanal adecuado. Se acordó que, una vez recibido el protocolo, la empresa REYCO elaborará un manual de aplicación que será remitido tanto al Teatro Nacional como a la Dirección de Patrimonio Cultural, como un insumo técnico de referencia para futuras intervenciones similares.
Finalmente, se acordó que el tiempo adicional requerido para aplicar las técnicas de acabado que establezca la Dirección de Patrimonio Cultural será reconocido a la empresa mediante una prórroga del plazo contractual, en atención a que prevalece la correcta ejecución patrimonial de las puertas. 2. Intervención de sisas en el muro perimetral En cuanto al tema de las sisas, el señor José Fernando Madrigal solicitó al representante de la empresa explicar la forma en que se ejecutó esta intervención. Al respecto, el señor David Araya indicó que para el retiro de las sisas que debían ser reemplazadas se utilizó esmeril y que, durante este proceso, la operación de herramienta por parte de personal en obra generó un mayor desgaste en algunas piedras adyacentes. Dado que los trabajos de sisado ya se encuentran concluidos y que a simple vista no resulta posible identificar con claridad cuáles piedras presentan dicha condición, el señor José Fernando Madrigal solicitó que la empresa REYCO presente un informe técnico en el que se detallen las sisas intervenidas y se identifiquen aquellas áreas específicas asociadas a esta situación, con el fin de contar con información técnica que permita su valoración posterior por parte del Teatro Nacional y la Dirección de Patrimonio Cultural.
Acuerdos: 1. La Dirección de Patrimonio Cultural remitirá a la empresa REYCO el protocolo técnico para la restauración de las puertas, con fecha estimada de entrega el 26 de diciembre de 2025. 2. La empresa REYCO seleccionará un único taller especializado para la ejecución artesanal del acabado de las puertas. 3. Una vez recibido el protocolo, la empresa REYCO elaborará un manual de aplicación que será remitido al Teatro Nacional y a la Dirección de Patrimonio Cultural. 4. El plazo contractual será ajustado mediante prórroga para reconocer el tiempo adicional requerido para aplicar las técnicas de acabado definidas por la Dirección de Patrimonio Cultural. 5. La empresa REYCO presentará un informe técnico sobre la intervención de las sisas, que permita documentar las sisas intervenidas y las áreas en las que se generó un mayor desgaste en la piedra, para su valoración posterior.”. (Prueba documental).
Sobre el particular, interesa traer a colación el desarrollo efectuado por esta Sala en la sentencia nro. 2023027541 de las 9:20 horas de 27 de octubre de 2023:
“SOBRE EL PATRIMINIO CULTURAL. De previo a resolver lo que en derecho corresponde, primeramente, cabe señalar que en el ordinal 89 de la Constitución Política se prevé que:
“ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”.
De segundo, se subraya que la ‘Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural’, aprobada mediante ley nro. 5980 del 16 de noviembre de 1976, establece:
“Artículo 1º-A los efectos de la presente Convención se considerará "Patrimonio Cultural":
Los Monumentos: Obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia del arte o de la ciencia.
Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad o integración en el paisaje les de (sic) un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
Los lugares: las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
(…)
Artículo 4º.-Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financieros, artístico, científico y técnico.
Artículo 5º.- Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible:
Artículo 6º.- 1.-Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los artículos 1º y 2º y sin perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación nacional sobre ese patrimonio, los Estados Partes en la presente Convención reconocen que constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar.
Artículo 7º.- Para los fines de la presente Convención, se entenderá por protección internacional del patrimonio mundial cultural y natural el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a secundar a los Estados Partes en la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar este patrimonio” (el resaltado fue incorporado).
Ello implica que el Estado costarricense se comprometió con la protección al patrimonio cultural y natural; con tal finalidad, debe, entre otras cosas, llevar a cabo las acciones necesarias para “identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural”, lo que incluye el “Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permita a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural”. En otras palabras, el Estado debe ejecutar acciones tendentes a garantizar la protección y conservación del patrimonio cultural y natural, así como su rehabilitación, todo con el propósito de concretar su preservación.
Por su parte, por medio de la ley nro. 6360 del 5 de setiembre de 1979 se aprobó la ‘Convención Defensa Patrimonio Arqueológico Artístico Naciones Americanas’, que regula:
“ARTÍCULO 1 La presente Convención tiene como objeto la identificación, registro, protección y vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, para: a) impedir la exportación o importación ilícita de bienes culturales, y b) promover la cooperación entre los Estados Americanos par el mutuo conocimiento y apreciación de sus bienes culturales.
ARTÍCULO 2 Los bienes culturales a que se refiere el artículo precedente son aquellos que se incluyen en las siguientes categorías:
ARTÍCULO 7 El régimen de propiedad de los bienes culturales y su posesión y enajenación dentro del territorio de cada Estado serán regulados por su legislación interna. Con el objeto de impedir el comercio ilícito de tales bienes se promoverán las siguientes medidas:
ARTÍCULO 8 Cada Estado es responsable de la identificación, registro, protección, conservación y vigilancia de su patrimonio cultural, para cumplir tal función se compromete a promover:
Lo anterior refleja que, con la ‘Convención Defensa Patrimonio Arqueológico Artístico Naciones Americanas’, el Estado costarricense se comprometió a adoptar medidas con el propósito de garantizar la identificación, registro, protección y vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural.
En el caso de la ley nro. 4711 del 6 de enero de 1971, denominada ‘Conservación Bienes Culturales por Ejecución Obras Públicas o Privadas’, se aprobó la ‘Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, suscrita en París el 22 de noviembre de 1968’ y se estableció que:
“1. Para los efectos de la presente recomendación, la expresión "bienes culturales" se aplicará a:
a. Inmuebles, como los sitios arqueológicos, históricos o científicos, los edificios u otras construcciones de valor histórico, científico, artístico o artquitectónico (sic), religiosos o seculares, incluso los conjuntos de edificios tradicionales, los barrios históricos de zonas urbanas y rurales urbanizadas y los vestigios de culturas pretéritas que tengan valor etnológico. Se aplicará tanto a los inmuebles del mismo carácter que constituyan ruinas sobre el nivel del suelo como a los vestigios arqueológicos o históricos que se encuentren bajo la superficie de la tierra. El término "bienes culturales" también incluye el marco circundante de dichos bienes.
b. Los bienes muebles de importancia cultural, incluso los que se encuentran dentro de bienes inmuebles o se hayan recobrado de ellos, y los que están enterrados y que puedan hallarse en lugares de interés, arqueológico o histórico o en otras partes. (…)
2. Principios Generales 3. Las medidas de conservación de los bienes culturales deberán extenderse no solamente a determinados monumentos o lugares, sino a todo el territorio del Estado.
4. Deberían llevarse inventarios para la protección de los bienes culturales importantes, registrados o no como tales. Cuando no existan esos inventarios, deberá darse prioridad, al establecerlas, al examen detallado y completo de los bienes culturales en las zonas en que tales bienes están en peligro como consecuencia de la ejecución de obras públicas o privadas.
5. Debería tenerse debidamente en cuenta la importancia relativa de los bienes culturales de que se trate al determinar las medidas necesarias:
a. Para conservar el conjunto de un lugar arqueológico, de un monumento o de otros tipos de bienes culturales inmuebles contra las consecuencias de obras públicas o privadas:
b. Para salvar los bienes culturales cuando la zona en que están situados haya de ser transformada para la ejecución de obras públicas o privadas y cuando tales bienes o parte de ellas hayan de ser conservados y trasladados.
6. Las disposiciones que han de tomarse variarán según el carácter, las dimensiones y la situación de los bienes culturales, y según, la índole de los peligros que les amenace.
7. Las disposiciones encaminadas a conservar o salvar los bienes culturales deberían ser preventivas y correctivas.
8. Las disposiciones preventivas y correctivas deberían tener por finalidad proteger o salvar los bienes culturales puestos en peligro por obras públicas o privadas que puedan deteriorarlos o destruirlos, por ejemplo:
a. Obras de expansión y renovación urbanísticas, en las cuales aunque se respeten monumentos registrados se modifiquen estructuras menos importantes, destruyendo con ello las vinculaciones y el marco histórico que rodea a los monumentos en los barrios históricos; b. Obras similares en zonas en las que conjuntos tradicionales de valor cultural puedan correr peligro de destrucción por no existir en ellas un monumento registrado:
c. Modificaciones o reparaciones inoportunas de edificios históricos; d. La construcción o modificación de carreteras que constituyan un grave peligro para lugares, monumentos o conjuntos de monumentos de importancia histórica; e. La construcción de embalses con fines de riego, producción de energía eléctrica y prevención de las inundaciones; f. La construcción de oleoductos y de líneas de transmisión de energía eléctrica; g. Los trabajos agrícolas como el arado profundo de la tierra, los de avenamiento y riegos, la roturación y nivelación del terreno y de repoblación forestal; h. Los trabajos que exige el desarrollo de la industria y el progreso técnico de las sociedades industrializadas, como la construcción de aeródromos, la explotación de minas y canteras y el dragado y mejoramiento de canales y puertos, etc.
9. Los Estados Miembros deberían dar prioridad a las medidas necesarias para la conservación in situ de los bienes culturales que corran peligro como consecuencia de obras públicas o privadas, para mantener así la continuidad y las vinculaciones históricas de tales bienes. Cuando las circunstancias económicas o sociales impongan el traslado, el abandono o la destrucción de los bienes culturales, los trabajos encaminados a salvarlos deberían siempre comprender un estudio detenido de los bienes culturales de que se trate y el registro completo de los datos de interés.
10. Los resultados de los estudios de interés científico o histórico que se hayan realizado en relación con trabajos destinados a salvar bienes culturales, en especial cuando todos o gran parte de los bienes culturales inmuebles hayan sido abandonados o destruidos, deberían publicarse o ponerse de algún otro modo a disposición de los investigadores futuros. (…)
13. Para conservar o salvar bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro debería recurrirse a medios que correspondan a las siguientes medidas precisas, de conformidad con el sistema jurídico y de organización de casa Estado:
(…)
21. Cuando se realicen estudios preliminares sobre proyectos de construcción en una localidad de interés cultural reconocido, o en la cual es probable que se encuentren objetos de valor arqueológico o histórico, convendría que antes de tomarse una decisión se elaboraran diversas variantes de tales proyectos, a escala regional o urbana. La elección entre esas variantes debería basarse en un análisis comparativo de todos los elementos, a fin de escoger la solución más ventajosa, tanto desde el punto de vista económico como en lo que atañe a la conservación o salvación de los bienes culturales.
Métodos de conservación y salvación de los bienes culturales:
22. Con la suficiente anticipación a la realización de obras públicas o privadas que puedan poner en peligro bienes culturales, deberían realizarse detenidos estudios para determinar:
a. Las medidas que hayan de tomarse para conservar los bienes culturales importantes in situ; b. La magnitud de los trabajos de salvación necesarios, como la selección de los yacimentos (sic) arqueológicos en que hayan de practicarse excavaciones, los edificios que hayan de trasladarse a los bienes culturales muebles que deban salvarce (sic), etc.
23. Las medidas encaminadas a conservar o salvar los bienes culturales deberían tomarse con la suficiente anticipación a las obras públicas o privadas. En las zonas importantes desde el punto de vista arqueológico o cultural en las cuales haya monumentos importantes, tales como ciudades, pueblos, lugares o barrios de valor histórico, que deberían estar protegidos por la legislación de todos los países, toda nueva construcción debería estar sujeta a excavaciones preliminares obligatorias de carácter arqueológico. En caso necesario, debería apazarse (sic) la construcción para dar tiempo a que se tomen las medidas destinadas a conservar o salvar los bienes culturales de que se trate (…)” (el destacado fue agregado).
A su vez, mediante la ley nro. 8560 del 16 de noviembre de 2006 denominada ‘Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial’ se amplió el ámbito de protección del patrimonio cultural al tomarse en consideración el patrimonio cultural inmaterial. Al respecto, se consignó:
“Artículo 2º-Definiciones. A los efectos de la presente Convención, 1. Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
2. El "patrimonio cultural inmaterial", según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
A nivel jurisprudencial, este Tribunal indicó en la sentencia nro. 4350-97 de las 14:54 horas del 24 de junio de 1997:
“SEGUNDO: DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO (sic) O PATRIMONIO CULTURAL. Los bienes culturales, son producto y testimonio de las diferentes tradiciones y realizaciones espirituales de lo pasado y constituye el elemento fundamental de la personalidad de los pueblos, por lo que es indispensable conservarlos y esta es una tarea fundamental del Estado. Lo anterior hace que el patrimonio histórico y artístico sea diferente al de los bienes patrimoniales de carácter económico, porque no se trata de bienes de producción, sino, del patrimonio arqueológico cuyo régimen jurídico obedece a otro orden de ideas y propósitos y a una diferente categoría de valores que, por lo tanto, no pueden examinarse con un criterio de política económica, porque no le es aplicable ninguna doctrina de ese género. La noción de "patrimonio", ciertamente (sic), comprende cualesquiera bienes que tengan un valor en dinero, como lo señala el Código Civil, patrimonio es el total conjunto de los bienes y derechos de una persona o, también, que todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona, responden al pago de sus deudas.
Es obvio, que los bienes arqueológicos o culturales también tienen valor apreciable en dinero, ya sea por el material de que están hechos, por su fina artesanía o belleza o por el testimonio histórico que evidencian, ya sean de barro, piedra o metal. Algunos de esos objetos pueden ser de escaso valor físico o de poca significación (sic) como obra artística, pero aun así son valiosos por su origen y como elementos de estudio para investigar la cultura de los pueblos de otras épocas, de sus creencias y costumbres o de la naturaleza del medio en que vivieron, según sean las huellas o representaciones que allí logren encontrarse (sic). Pero, esos bienes, antes y ahora, constituyen un patrimonio (sic) común que las generaciones pasadas legaron a las presentes y a éstas corresponde hacerlo para las futuras como muestra de conocimiento de los hechos humanos que identifican o caracterizan un pasado nuestro.
Por todo eso, valen los objetos arqueológicos provenientes de las razas aborígenes que poblaron el continente en la época pre-colombina (sic), anterior o contemporánea al establecimiento (sic) de la cultura hispánica y por ese valor es que muchas personas buscan y adquieren esas piezas. Por eso mismo, el interés individual que cada uno pueda tener en la posesión o propiedad de esos objetos, no está sobre el interés público, tanto por su valor histórico, como porque, dentro de la cultura de los pueblos, está el estudio de lo que hicieron los grupos humanos que habitaron el mismo territorio, estudio que se facilita haciendo posible que el mayor número de personas tenga acceso a esas fuentes de conocimiento y nada más consecuente con ese interés público, que los bienes arqueológicos permanezcan en territorio nacional, en poder de los museos y bajo la pertenencia del Estado o de sus instituciones.
Debe entonces subrayarse (sic), que lo más importante no es el valor material de los referidos objetos, sino, su valor histórico, científico y cultural. Ese interés, no es más que un querer mayoritario orientado a la obtención de los valores pretendidos; esto es, de la mayoría de los intereses individuales coincidentes (sic). Es interés, porque se orienta al logro de un valor, provecho o utilidad resultante de aquello sobre lo que recae tal coincidencia mayoritaria. Es público, porque se asigna a toda la comunidad, como resultado de esa mayoría coincidente, porque es o pertenece al pueblo, a la comunidad en general. De modo que, es interés público, porque no es exclusivo o propio de unas pocas personas, sino en cuanto participan o coinciden en el mismo un número tal de personas, componentes de una comunidad determinada, que puede llegar a identificársela como de todo el grupo, inclusive, respecto de aquellos que, individualmente, puedan o no compartirlo.
Es decir, los valores de carácter histórico y cultural, como portadores de un mensaje, contribuyen a identificar (sic) un momento histórico determinado, testimonio real y tangible de la evolución y transformación experimentada por la sociedad y su medio natural a través del tiempo, que constituyen antes, hoy y para el futuro, patrimonio común como expresión de la mayoría de los intereses individuales coincidentes (sic), es decir, de un interés público.
TERCERO: DEL REGIMEN (sic) JURIDICO (sic) CONSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO (sic) NACIONAL ARQUEOLOGUICO (sic). Dentro de los fines esenciales del Estado, el Constituyente de 1949 estableció, a propósito de trasmitir aquel legado material, que constituye el vínculo que enlaza el presente con el futuro, esos presupuestos en el artículo 89 de la Constitución Política. Esto hace necesario hacer mención de sus antecedentes, en el que en su aprobación se habló del patrimonio histórico (sic) o artístico; en otras palabras, del patrimonio cultural en general. En efecto, en la Asamblea Constituyente de 1949, el texto del artículo 89 de la constitución Política que se aprobó se originó en una moción del licenciado Fernando Baudrit Solera y de otros Diputados, en los siguientes términos:
"Entre los fines culturales de la República están el de conservar, desarrollar y nacionalizar la riqueza histórica y artística, y el de apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico del país.".
Del texto propuesto, sin embargo, por haber sido objetada, se suprimió la expresión "nacionalizar", y en su discusión quedó claro el respeto a la propiedad de las colecciones particulares, como intereses individuales que debían ser amparados, porque no se pretendía despojar a nadie de sus legítimas (sic) pertenencias, pero considerando que si era necesario o conveniente expropiar, el Estado podía hacerlo de acuerdo con la Constitución y las leyes. En el acta respectiva, entre otras intervenciones, aparece la siguiente (sic):
"El Lic. Baudrit Solera explicó que la idea de consignar la posibilidad de nacionalizar la riqueza artística o histórica, fue precisamente para su conservación en el país, evitando que pudiera ser exportada. Ahora mismo es necesario dictar una serie de leyes que impidan a los particulares (sic) deshacerse de su riqueza artística e histórica para venderla a países extranjeros. Por eso se habló de nacionalizar la riqueza, en el entendido de que si era necesario expropiar, hacerlo de acuerdo con la Constitución y las leyes. No se pensó en despojar a nadie. Sin embargo, como no tiene interés en que el término "nacionalizar" se mantenga, acepta la sugerencia del compañero Chacón (Licenciado Alvaro (sic) Chacón Jinesta) siempre y cuando estén de acuerdo en la supresión los otros firmantes de la moción, tanto más cuanto que si es obligación del Estado "conservar", por allí tendrá la base para expropiar, en forma legal, la riqueza histórica y artística, cuando lo estime conveniente.".
Por esta causa, el texto propuesto se modificó y el artículo 89 de la Constitución Política, se aprobó así:
"Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórica (sic) y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.".
Tal disposición constitucional, deriva del constituyente originario, quien estimó que los bienes arqueológicos o culturales -patrimonio histórico- pertenecieran al Estado como producto de su patrimonio arqueológico. Y, respecto de este artículo, la jurisprudencia constitucional desarrollada señala:
"Esta Sala en reiterada jurisprudencia ha manifestado la importancia (sic) que para el desarrollo del ser humano, tiene el vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la protección (sic) por parte del Estado, del paisaje, de la naturaleza y del patrimonio histórico del país. Aspectos contemplados en los artículos hoy 50 y 89 de la Constitución Política. ... El caso que nos ocupa se refiere (sic) específicamente a lo dispuesto por el artículo 89 que a su tenor dispone:
"Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio (sic) histórico (sic) y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico (sic)".
Arqueología e Historia son dos ciencias vinculadas íntimamente, teniendo como uno de sus objetivos aclarar y reconstruir los acontecimientos del pasado. La reconstrucción histórica se basa, fundamentalmente en la interpretación de documentos escritos, mientras que la Arqueología basa sus estudios en los datos que obtiene a través de los objetos materiales dejados por la acción del hombre en las sociedades ya desaparecidas, por medio de su relación entre ellos, de la forma del hallazgo y de su conexión con el ambiente. Todo objeto conservado, todo vestigio de vida y actividad del hombre de las sociedades del pasado, representa un testimonio que hace posible el conocimiento (sic) total o parcial, según sea el caso, de esos testimonios, y, por ende, de formas de vida ya inexistentes y desconocidas en el presente, pero cuyo conocimiento es de singular importancia, pues forman parte de la identidad cultural de la sociedad en que se vive; desde luego, en la medida en que sean un testimonio importante para la reconstrucción (sic) y conocimiento de los hechos del pasado.
El Patrimonio Arqueológico Nacional consiste básicamente en los inmuebles y muebles, producto de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura prehispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas. De lo anterior resulta el interés en la protección y conservación de esos hallazgos.". (Vid sentencias N.°2706, 10:42 horas del 26 de marzo, 1995 y N.° 0729 de 09:15 horas del 9 de febrero, 1996).
CUARTO: DEL REGIMEN (sic) JURIDICO (sic) LEGAL DEL PATRIMONIO NACIONAL ARQUEOLÓGICO. En el ámbito nacional se han adoptado fundamentalmente dos regímenes para hacer posible, como lo hace el internacional (sic), la protección, defensa y recuperación de los bienes culturales, como producto y testimonio de las diferentes tradiciones y realizaciones espirituales del pasado, que constituyen (sic), así, el elemento sustancial de la personalidad de los pueblos que hace indispensable conservarlos. En ese interés -que en el ámbito internacional está reconocido en textos como el Convenio 107 de la Conferencia Internacional (sic) de Trabajo, relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes, aprobado por Ley N.° 2330 de 8 de abril, 1959, que en sus artículos 4 inciso a) y 18 inciso 2, obliga a tomar en consideración los valores y patrimonio culturales de dichas poblaciones; la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales (sic) que la Ejecución de Obras Públicas y Privadas pueda poner en peligro, suscrita en París el 22 de noviembre, 1968, aprobada por Ley N.° 4711 de 6 de enero, 1971; la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, suscrita en París el 23 de noviembre, 1972, aprobada por Ley N.° 5980 de 16 de noviembre, 1976 y la Convención (sic) sobre la Defensa del Patrimonio (sic) Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, denominada (sic) también Convención de San Salvador, aprobada el 16 de junio, 1976, en el sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), en Santiago de Chile y que fue ratificada por Ley N.° 6360 de 5 de setiembre, 1979, que en su artículo 2 incluye en el patrimonio cultural o bienes culturales, los monumentos edificios, fragmentos de edificios, objetos y material arqueológico pertenecientes (sic) a las culturas americanas anteriores a los contactos con la cultura europea; los de la época colonial y posterior a ella, bienes que conforme el artículo 3 deben ser objeto de máxima protección a nivel internacional y se consideran ilícitas su exportación e importación, salvo que el Estado a que pertenecen autorice su exportación para los bienes de promover el conocimiento de las culturas nacionales-, se inspiraron muchas de nuestras leyes.
Por una parte, la N.° 7 de 6 de octubre, 1938, que aunque no se refiere apropiadamente (sic) a "patrimonio arqueológico" o patrimonio histórico (y artístico), como lo hace la actual Constitución, estableció el siguiente régimen jurídico (sic):
1.° Atribuyó al Estado la propiedad de todos los objetos arqueológicos existentes en el suelo de Costa Rica, anteriores a la conquista española (sic), es decir, correspondientes a la época pre-colombina (sic), no comprendidos aun en el patrimonio particular.
2.° No reconoció en favor del Estado la propiedad de los objetos arqueológicos (sic) del período colonial; y 3. Negó eficacia al traspaso de cualesquiera bienes arqueológicos, correspondientes a la era pre-colombina (sic) o al período colonial, si no se inscribían e inventariaban esos bienes en el Registro y no se obtenía la autorización del Museo.
De estos presupuestos, se derivaron dos principios fundamentales:
1.° Son propiedad del Estado, todos los objetos arqueológicos existentes (sic) en el suelo de Costa Rica anteriores a la conquista española, así como los monumentos del mismo género que pudieran encontrarse; y 2.° Son propiedad privada, los objetos arqueológicos comprendidos en el patrimonio particular al ser promulgada esa Ley, con lo cual se establece el régimen de dominio para los futuros hallazgos y respeta los derechos adquiridos con anterioridad. Por otra parte, se aprobó la N.° 6703 de 28 de diciembre, 1981, objeto de esta acción, la cual modificó sustancialmente la situación existente hasta la anterior Ley, a la que derogó (en todo lo que se le oponga), que reconoce, como aquella, la propiedad particular sobre los objetos arqueológicos comprendidos en el patrimonio particular con anterioridad al ser promulgada aquella Ley. Esta, estableció el siguiente régimen jurídico:
1.° Los objetos arqueológicos de la época pre-colombina (sic), hallados y traspasados antes de la Ley de 1938, son propiedad particulares (sic).
2.° Los bienes de la misma época, hallados antes pero traspasados después de la Ley de 1938, quedaron sometidos a la autorización del Museo.
3.° Los objetos de la misma época pre-colombina (sic), hallados después de la Ley de 1938, son de propiedad del Estado; y 4.° Los objetos de la época colonial respecto de los cuales la Ley de 1938 no estableció ningún derecho de propiedad en favor del Estado, quedaron sometidos a control y restricciones.
Lo anterior, en otras palabras, significa que se atribuyó al Estado la propiedad de los objetos de la época pre-colombina (sic) que se hallaran después de esa Ley -la de 1938; de los hallados antes pero traspasados después, el adquirente no tiene ningún título legítimo de adquisición, pues el traspaso quedó condicionado a la autorización del Museo Nacional y sobre estos el Estado tiene derecho preferente para adquirirlos; los hallados después, pertenecen al Estado, independientemente de que, al estar bajo posesión de particulares, se registraran o no en el Museo y los de la época colonial, cualquier traslado efectuado antes, constituye título legítimo de adquisición (sic), pues se trata de bienes que eran y continuaron siendo de propiedad particular bajo la vigencia de esa Ley y en cuanto exige autorización para traspasar objetos arqueológicos, se refiere solo a los traspasos que se hagan de allí en adelante; pero, en cuanto a los bienes que se traspasaron después, los adquirente de esos bienes no pueden alegar título legítimo de adquisición, menos aun si el hallazgo se produjo con posterioridad. Todos estos aspectos ratifican la condición de los bienes patrimoniales que se encuentran en poder de los particulares como lo reconoció aquella primera Ley (…)
OCTAVO: CONCLUSIONES. En el sub-judice, el fundamento esencial con que se solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 3, 8, 17, 20, 26 y 29 de la "Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico", N.° 6703 de 28 de diciembre, 1981, es por el hecho de que al imponer limitaciones (o privaciones (sic) o restricciones (sic) a la propiedad que redundan, también, en detrimento (sic) de la libertad de comercio, su aprobación debió ser por votación calificada afirmativa de treinta y ocho diputados, conforme lo manda el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución Política, lo cual no ocurrió, pues de acuerdo con el acta de asistencia, la votación -que lo fue nominal- contó con la aprobación de treinta y un (31) votos afirmativos y ocho (8) negativos. Del análisis de las consideraciones señaladas, respecto de los fundamentos (sic) que subyacen en torno al "patrimonio arqueológico" como propiedad del Estado, es menester concluir que tales bienes, si bien como cualquier cosa en algún momento fueron susceptibles de apropiación, lo cierto es que en la actualidad, a partir de 1949, por mandato constitucional, son diferentes a los bienes patrimoniales de carácter económico, porque constituyen bienes patrimoniales que el Estado debe proteger, conservar y desarrollar en términos del artículo 89 de la Constitución Política, que reconoce, como también se dice, la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.
De modo que, como queda dicho también, las limitaciones a que se refiere el párrafo segundo del artículo 45 constitucional, son las que derivan del "... principio de solidaridad social, del que está imbuida nuestra (sic) constitución, (que) permite el gravamen soportado por todos en favor de todos, o inclusive de unos pocos en favor de muchos, pero con el requisito de que el uso natural del bien inmueble no se afectado al límite de su valor como medio de producción, o de su valor en el mercado. Es decir pueden limitarse los atributos de la propiedad en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad (sic) de explotar normalmente el bien, excluido claro está la parte o función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de esos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios (sic) de alguno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado (sic) ". (...) "La limitación a la propiedad resistirá el análisis constitucional dependiendo de la afectación de los atributos esenciales de la propiedad, que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa, dentro de la realidad socioeconómica actual (sic) ".
(...) "El daño puede ser general, inutilizando gran parte de la finca o que afecte la mejor parte del bien. También podría tratarse de una limitación que haga imposible el uso de la cosa, porque el estado imponga requisitos de autorización o de aprobación (sic) tan complejos que impliquen de hecho la imposibilidad de usufructuar del bien. En estos casos de especial severidad la limitación produce tres efectos identificables: a-produce un daño especial porque afecta a un número determinado de fincas. b-Es anormal, en tanto la afectación es tan grave en relación con el goce pleno del derecho y opera desigualmente frente a otros propietarios fuera de la zona afectada y c- el daño es evaluable económicamente. En consecuencia si la limitación es de tal grado que detrae el bien de su valor económico y lo detrae del comercio de bienes inmuebles, el estado debe indemnizar el perjuicio causado." (Vid sentencia N.° 7418, 09:57 horas, 16 de diciembre, 1994).
Por consiguiente, los bienes culturales, más que bienes de interés social que tiendan a satisfacer exigencias y requerimientos propios de necesidades públicas, es decir, para la obtención del bienestar general, son bienes que conforman el "patrimonio nacional arqueológico", cuya propiedad del Estado, como representante de la comunidad entera, resulta inobjetable. De esto resulta que no es posible privar a nadie de lo que es del Estado, por lo que, en consecuencia, la Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico, N.° 6703 de 28 de diciembre, 1981, al disponer como propiedad del Estado los bienes patrimoniales (sic) arqueológicos (artícuLo (sic) 3), prohibir su comercio y exportación (artículo 8) y que sus poseedores están obligados a prestarlos al Registro Público Nacional Arqueológico para su inscripción (artículo 17), no crea limitaciones -privaciones o restricciones- a la propiedad privada que requieran de una votación califica como se reclama.
Eso sí, lo anterior no significa un detrimento de los derechos patrimoniales adquiridos o situaciones (sic) jurídicas consolidadas, como se reconoció, tanto por la ley anterior, como por el actual régimen legal a que se ha hecho referencia y que ratificara el citado pronunciamiento de la Corte Plena en funciones de Tribunal Constitucional. Por eso mismo, la autorización a que se refiere el párrafo segundo del artículo 45 constitucional, no lo es para imponer toda clase de limitaciones a la propiedad, sino, únicamente a las de "interés social", pero está claro que dentro de ellas no podemos incluir los bienes culturales o bienes patrimoniales arqueológicos, que tienen otro origen y cumplen otra misión. Esto se dice, finalmente, sin perjuicio de que entendamos, aunque no sea esa la hipótesis que se discute en esta acción, que aun los bienes culturales (pertenecientes al patrimonio histórico) legítimamente en poder de las personas privadas, puedan ser expropiadas si se cumplen debidamente las disposiciones legales que rigen la materia.
Como consecuencia de lo que se lleva dicho, no existe incompatibilidad de los artículos 3, 8 y 17 de la Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico, en los términos que los interpretó la Corte Plena en su sesión extraordinaria N.° 19 de las nueve horas del veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y tres, cuya acta fue aprobada en la sesión del cuatro de abril siguiente, con la Constitución Política y las demás normas y principios constitucionales que se invocan. Tampoco resultan inconstitucionales los artículos 20, 26 y 29, pues, como se indicó, son desarrollo y parten de la validez de aquellas otras normas impugnadas. De tal modo, tampoco resultan ilegítimas en cuanto argüidas de inconstitucionales todas esas normas, porque su aprobación se hizo sin la votación calificada que manda el citado artículo 45 constitucional. En consecuencia, procede declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad en esos extremos” (la negrita fue añadida).
Ulteriormente, en la sentencia nro. 2002005245 de las 15:20 horas del 29 de mayo de 2002 se precisó:
“VI.- Los bienes arqueológicos en el sistema constitucional. El artículo 89 de la Constitución Política establece que entre los fines culturales de la República están:
"… proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico." La protección del patrimonio histórico se enmarca entonces dentro del rango más amplio del deber que tiene el Estado de preservar la cultura común que convierte a su pueblo en una Nación. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en lo conducente, define a la cultura como:
"… el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico o industrial, en una época o grupo social" (Vigésima Segunda Edición. Tomo I. 2001) El patrimonio arqueológico es una especie del género más amplio constituido por el patrimonio cultural, precisión que tiene importantes implicaciones prácticas en el tanto el papel del Estado en la promoción y garantía de los bienes arqueológicos debe ser siempre parte de una política integral de protección y fomento de la producción cultural autóctona. Para que los derechos derivados de la norma constitucional en cuestión sean efectivamente verificados, se requiere de parte de las autoridades públicas no solo crear el marco normativo necesario, sino además actuar de manera concreta, mediante mecanismos idóneos de tutela que partan de la premisa ineludible de que una Nación que desprecia su herencia histórica, destruyéndola o evitando por todos los medios lícitos su pérdida o deterioro, se encuentra destinada a fracasar como sociedad, pues es precisamente la visión del pasado la que permite entender el presente y programar el futuro.
El patrimonio arqueológico –en el caso costarricense- ha sido definido comúnmente como el conjunto de bienes inmuebles y muebles, producto de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas, constituyendo uno de los principales medios para hacer efectivo el conocimiento exacto de los orígenes históricos de nuestras sociedades, en el tanto permite comprender el germen de nuestras actuales formas de pensamiento y expresión cultural, además de aportar datos de gran utilidad para otros campos del conocimiento, tales como la ecología, la farmacoterapia, la zoología, etc. Sobre la importancia intrínseca del patrimonio arqueológico dentro del sistema social, esta Sala se pronunció en los términos siguientes:
"Arqueología e Historia son dos ciencias vinculadas íntimamente, teniendo como uno de sus objetivos aclarar y reconstruir los acontecimientos del pasado. La reconstrucción histórica se basa, fundamentalmente en la interpretación de documentos escritos, mientras que la Arqueología basa sus estudios en los datos que obtiene a través de los objetos materiales dejados por la acción del hombre en las sociedades ya desaparecidas, por medio de su relación entre ellos, de la forma del hallazgo y de su conexión con el ambiente. Todo objeto conservado, todo vestigio de vida y actividad del hombre de las sociedades del pasado, representa un testimonio que hace posible el conocimiento total o parcial, según sea el caso, de esos testimonios, y, por ende, de formas de vida ya inexistentes y desconocidas en el presente, pero cuyo conocimiento es de singular importancia, pues forman parte de la identidad cultural de la sociedad en que se vive; desde luego, en la medida en que sean un testimonio importante para la reconstrucción y conocimiento de los hechos del pasado".
(Sentencia número 729-96 de las nueve horas quince minutos del nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis) No es que el conocimiento del pasado revista un particular interés por razones de mera curiosidad historiográfica, sino que su estudio permite aproximarse a una comprensión global de los fenómenos sociales y culturales actuales. La tutela de los bienes arqueológicos debe entonces ser comprendida como una forma de amparo de la cultura en general, como bien que trasciende la titularidad de cualquier individuo, constituyéndose en un valor de importancia nacional, cuyo reconocimiento y efectiva defensa forma parte del conjunto de intereses garantizados en los artículos 50 y 74 de la Constitución Política.
VII.El patrimonio arqueológico en el Derecho Internacional. Costa Rica, como sujeto de Derecho Internacional, ha suscrito y ratificado diversos instrumentos destinados a proteger el patrimonio arqueológico. Así, podemos citar los siguientes: A) La Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (Convención de La Haya), de catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, y su Reglamento, los cuales reconocen la importancia del patrimonio arqueológico, obligando a los Estados envueltos en un conflicto bélico a respetar el de aquellos que ocupen, poniendo sus bienes culturales a buen resguardo, lejos de la zona de conflicto. B) La Recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas, de cinco de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, obliga a los Estados Partes a someter la excavaciones arqueológicas (sic) que en sus territorios sean llevadas a cabo a una estricta vigilancia y previa autorización de autoridad competente (principio 5).
Huelga aclarar que todos los instrumentos citados en el párrafo anterior constituyen fuente de Derecho en Costa Rica, susceptibles de ser aplicados directamente por esta Sala Constitucional para la resolución del presente asunto, según dicta el artículo 48 constitucional. En el caso de los aprobados por la Asamblea Legislativa, por disposición expresa del artículo 7 de la Constitución Política. En cuanto a los que no gozan de dicha condición, porque constituyen al menos fuentes de interpretación de los instrumentos aprobados. Tampoco reconoce esta Sala la existencia de simples recomendaciones en materia de derechos humanos, pues si los Estados deciden autolimitarse, reconociendo la existencia de determinados derechos humanos, aun cuando aparezcan denominadas con el nombre de “recomendaciones”. Lo anterior lleva a entender que la Recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas, la Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de los monumentos y de los sitios y la Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pone en peligro, son –en los términos antes dichos- actos provistos de plena normatividad en el ordenamiento constitucional costarricense, sin que se les pueda considerar simples enumeraciones de objetivos y metas a alcanzar.
VIII.La regulación legal del patrimonio arqueológico. Además de las normas constitucionales que protegen el patrimonio arqueológico y de los compromisos asumidos en ese mismo sentido por Costa Rica ante la comunidad internacional, han sido emitidas diversas normas internas referentes a la materia objeto de esta acción. A) La Ley número 7 de seis de octubre de mil novecientos treinta y ocho da a los bienes arqueológicos la condición de dominiales (artículo 1), además de ordenar la inmediata comunicación del hallazgo de objetos a las autoridades públicas, las cuales deberán tomar las medidas necesarias para su protección (artículo 17). B) La Ley 6793, de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico, que además de reiterar las disposiciones de la Ley número 7, crean la Comisión Arqueológica Nacional, órgano al cual le dan potestad de autorizar excavaciones por parte de científicos previamente registrados y supervisarlas (artículos 12 y 15); confiere al Museo Nacional la competencia para definir la forma en que se rescatarán los bienes en caso de hallazgo por parte de tercero (artículo 13).
IX.La importancia de los bienes arqueológicos. Los bienes arqueológicos, entendidos como aquellos objetos que permiten al investigador acceder al conocimiento histórico, poseen una importancia intrínseca, por constituir un instrumento idóneo y difícilmente reemplazable para adquirir ese conocimiento, en el que el medio que los circunda adquiere también especial relevancia. Para la efectiva tutela de los bienes arqueológicos, el Estado debe participar activamente en todos los procedimientos tendientes a su detección, rescate (cuando proceda), estudio, registro y conservación. Solo de esa forma será dado cabal cumplimiento a los deberes provenientes del mandato constitucional, así como de los asumidos mediante la suscripción de los instrumentos internacionales citados y de la promulgación de las leyes mencionadas. No obstante esa marcada importancia, la tutela de los bienes arqueológicos se ha visto afectada por la confluencia de diversos factores, tales como el coleccionismo, el comercio de objetos y su destrucción indiscriminada debido en parte a la realización de edificaciones en zonas donde existen sitios arqueológicos.
Esta confluencia de intereses, en razón de la obligación constitucional del Estado de velar por la protección del patrimonio arqueológico, hace necesario el establecimiento de mecanismos legislativos y administrativos tendientes garantizar la protección del legado arqueológico, ante la necesidad del desarrollo económico. Esta prevalencia ya fue reconocida por la Corte Plena cuando, ejerciendo funciones de contralor de constitucionalidad, sostuvo:
“Es obvio que los bienes arqueológicos también tienen valor apreciable en dinero, ya sea por el material de que están hechos (el oro, por ejemplo), o por su fina artesanía y su belleza, aunque sean de barro o de piedra. Algunos de esos objetos pueden ser de escaso valor físico o de poca significación artística; pero aun así son valiosos por su origen y como elementos de estudio para investigar la cultura de los pueblos de otras épocas, de sus creencias y costumbres, o de la naturaleza del medio en que vivieron, según sean las huellas o representaciones que allí logren encontrarse. Por todo eso valen los objetos arqueológicos provenientes de las razas aborígenes que poblaron el continente en la época precolombina o anterior o contemporánea al establecimiento de la cultura hispánica; y por ese valor es que muchos adquieren esas piezas, algunos para goce espiritual o interés científico y otros acaso para lucrar con ellos.
Pero sobre el interés individual que cada uno pueda tener en la posesión o propiedad de esos objetos, predomina el interés público, tanto por el valor histórico de tales bienes, como porque, dentro de la cultura de los pueblos, está el estudio de lo que hicieron los grupos humanos que habitaron el mismo territorio, estudio que se facilita haciendo posible que, aquí mismo, el mayor número de personas tenga acceso a esas fuentes de conocimiento; y nada más consecuente con ese interés público, que los bienes arqueológicos permanezcan en territorio nacional, en poder de museos y bajo la pertenencia del Estado o de sus instituciones, como parte del patrimonio histórico que la Carta Política denomina “de la Nación”, en el artículo 89. Debe entonces subrayarse que lo más importante no es el valor material de los referidos objetos, sino el valor histórico y cultural, y que de ningún modo podría ser aplicable a esos objetos la doctrina económica sobre los bienes productivos y la libertad de empresa”.
(Resolución de las trece horas del doce de mayo de mil novecientos ochenta y nueve) Queda entonces claro que la relevancia de los bienes arqueológicos no se agota en aspectos venales. Muy por el contrario, su mayor importancia está en los datos que pueden ofrecer para conocer adecuadamente los orígenes de la identidad nacional, además de la basta información que ofrecen para otros no menos importantes campos del conocimiento científico. Es así como incluso bienes de pocas cualidades estéticas, de uso cotidiano, o aún en mal estado de conservación pueden ser de gran importancia para el conocimiento arqueológico. Por otra parte, la protección del patrimonio arqueológico es también un asunto de relevancia mundial. El Informe Preliminar Sobre los Medios Jurídicos para la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico y Artístico de los Países Americanos de la Organización de Estados Americanos estableció en este sentido:
"No existe un interés exclusivamente local en los estados de proteger y conservar los testimonios objetivados del arte y la cultura de épocas pretéritas que se encuentran en sus respectivos territorios; ese interés es compartido por toda la comunidad internacional, que justificadamente considera que aquellos constituyen un patrimonio cultural que pertenece a la humanidad entera y, por ende, merecen ser objeto de su preocupación y su protección.
De esta manera, la protección y conservación del patrimonio cultural trasciende actualmente del ámbito de las jurisdicciones nacionales para complementarse, jurídicamente por medio de instrumentos internacionales, y materialmente a través de la cooperación solidaria de los países que forman la comunidad internacional para hacer efectivo tal deber de protección y conservación" La preservación del patrimonio arqueológico de un pueblo no es visto, entonces, como un asunto de mero interés local, mas como un aporte significativo a la preservación de la cultura mundial.
X.El patrimonio arqueológico como bien de dominio público. Es evidente que los bienes arqueológicos, de conformidad con los términos de las normas citadas, forman parte del patrimonio público, de los llamados bienes demaniales, cuya titularidad es la Nación, en el tanto se encuentran afectos a cumplir una finalidad de interés general. El uso y tenencia de los bienes dominicales forma parte siempre de un régimen especial, caracterizado por el hecho de que tales objetos deben ser empleados tan solo en forma tal que no contradigan su finalidad, en algunas (sic) casos solamente por parte de la Administración; en otros también por parte de particulares, pero ciñéndose estrictamente a las limitaciones que su carácter público implica. Esta Sala ha definido los bienes de dominio público en los siguientes términos:
"…El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.- El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa…" (Sentencia número 2306-91 de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno) Con anterioridad, la Corte Plena, ejerciendo control de constitucionalidad, determinó:
“Pues bien, si antes de la Ley de 1938 no se legisló debidamente sobre el patrimonio arqueológico, muy puesto en razón está que el legislador se ocupara de ello en esa Ley y en la de 1981, para evitar lo que había ocurrido bajo el régimen anterior. XIX.- Esas dos leyes reconocen la propiedad individual de los bienes arqueológicos que estuvieran en mano privada; pero a la vez dispusieron que, en lo sucesivo, los bienes que fueran objeto de hallazgo pertenecerían al Estado. No se lesionó ningún derecho adquirido, pues se mantuvo la propiedad particular hasta entonces existente… No hace falta norma especial en la Constitución, para que puedan establecerse prohibiciones concretas en las leyes ordinarias, si tuvieren apoyo en el artículo 28, como son las que excluyen el hallazgo como título legítimo para adquirir el dominio privado de los bienes arqueológicos… XX.- En el artículo 89 se refleja el interés público que la Constitución protege en el número 28 párrafo segundo, pues allí se dice que “Entre los fines culturales de la República están:...conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación”.
Con ello se reconoció la existencia de un patrimonio diferente al de los bienes de carácter económico, y a la vez quedó establecido el deber de procurar su conservación. El orden público cultural e histórico permite interpretar esa regla con amplitud, y basarse en ella para reafirmar la propiedad estatal de los bienes arqueológicos que se descubrieran en lo futuro, como lo dispuso la Ley de 1938. Esos bienes, antes y ahora, constituyen “un patrimonio común que las generaciones pasadas legaron a las posteriores”… XXI.- De todo lo anterior se desprende: a) Que es legítimo el régimen de propiedad instituido en el artículo 1º de la Ley de 1938, pues tiene respaldo en los artículos 28 y 89 y no se contrapone el artículo 45 de la propia Carta Política; y b) Que, en consecuencia, tampoco pueden ser contrarios a la Constitución los artículos 3º, 5º, 7º, 9º y 17 de la Ley Nº 6703 de 1981, en cuanto son aplicables a los objetos arqueológicos hallados con posterioridad a la Ley Nº 7 de 1938, pues esos bienes pertenecen al Estado, de acuerdo con el artículo 1º de esa Ley de 1938, que no es inconstitucional.” (Resolución de las trece horas de doce de mayo de mil novecientos ochenta y nueve)
XI.El principio preventivo en materia arqueológica. La importancia de los bienes arqueológicos y su carácter de bienes demaniales crea a cargo del Estado una serie de obligaciones dirigidas a su efectiva tutela, elemento común de los derechos de la llamada tercera generación. En temas de tanta relevancia y delicada protección, no puede concebirse que las autoridades administrativas intervengan una vez que el daño ha sido causado, por cuanto los daños pueden resultar irreversibles y de muy grandes proporciones. En el caso de los bienes arqueológicos existe una única posibilidad, su protección efectiva o su pérdida irremediable. A efecto de dimensionar el momento y las acciones que el Estado debe emprender para la protección del patrimonio arqueológico, deben realizarse algunas consideraciones de importancia que quedaron dibujadas en las consideraciones anteriores. Los bienes arqueológicos, individualmente considerados, si bien es cierto pueden constituir elementos claves para la comprensión del pasado histórico–cultural del país, su relevancia puede resultar disminuida si no son considerados integralmente respecto del contexto en el cual fueron encontrados.
La investigación arqueológica no puede limitarse entonces al estudio de objetos que han sido destruidos total o parcialmente, o bien a bienes sacados de su contexto sin la previa realización de exhaustivos análisis de campo que visen su comprensión dentro del ambiente donde fueron hallados, ya que en tales casos una labor que por imperativo constitucional (artículos 50, 74 y 89) debería ser concebida como de rigurosidad científica, se podría convertir en poco más que una simple labor de coleccionismo y contemplación artística, en contravención del orden fundamental” (el énfasis fue incorporado).
Del precedente transcrito se desprende la importancia del principio preventivo en materia arqueológica, que implica la protección de los objetos o lugares considerados de relevancia cultural, lo que demanda la realización de estudios científicos pertinentes, a fin de garantizar su protección y preservación.
A su vez, en la sentencia nro. 2003003656 de las 14:43 horas del 7 de mayo de 2003, esta Cámara Constitucional se refirió al patrimonio cultural en estos términos:
“C.- DE LA TUTELA CONSTITUCIONAL AL PATRIMONIO CULTURAL. ARTÍCULOS 50 Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
La importancia de la protección del patrimonio cultural, a nivel nacional, regional e internacional no tiene discusión, precisamente por la trascendencia que este acervo representa para el necesario mantenimiento y fortalecimiento de la identidad de los pueblos (población y/o nación), sea, en los ámbitos histórico, social, geográfico y cultural. De todos es sabido que la comprensión del pasado -vinculación con las raíces- implica la del tiempo presente y establece las posibilidades del futuro desarrollo material y psico-social de los individuos y grupos humanos. Se trata del reconocimiento de un valor, entendido como la incorporación de un potencial económico, o valor que se realiza en función a un fin trascendente (valor espiritual, cultural o artístico). Es por lo anterior que el concepto de patrimonio histórico-arquitectónico ha evolucionado y con él los criterios para su protección, de manera que ya no se justifica en un ideal "romántico", sino como una condición de identidad de los pueblos, como parte integrante de su historia y su cultura, atendiendo a razones de desarrollo social-económico y urbanístico-ambiental o urbanístico-ecológico, y que tiene un sustento más humano.
Es así como se hace necesaria la protección por los Estados, que permita una acción eficaz y eficiente, sobre la base de una construcción científica coherente con la realidad, tanto en el ámbito de las teorías territoriales y arquitectónicas, como en el legal, en tanto interactúa con otras disciplinas y saberes, como la Historia, la Antropología, la Arquitectura, y la Teoría de la Restauración, y el Derecho, entre otras; y que tome en consideración las circunstancias propias del país, como lo son el grado de subdesarrollo y la dependencia económica. Es así como la protección de este patrimonio debe integrarse de manera activa a los recursos sociales y económicos del país, para que no constituya una carga para el Estado, ni tampoco para la población (propietarios, poseedores o titulares de algún derecho real sobre los bienes incorporados a este régimen especial de tutela), de manera tal que se configure como otro recurso más que genere bienestar social.
XVII.La protección del patrimonio cultural se enmarca dentro del Derecho Urbanístico, que últimamente ha venido a ser comprendido dentro del marco más amplio del Derecho Ambiental, el cual encuentra su sustento jurídico-constitucional en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, en tanto disponen textualmente:
"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes" (artículo 50); y "Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico" (artículo 89).
Esta última norma da directrices para que las autoridades públicas impulsen la protección del medio ambiente, entendido esto de una manera integral, sea, no entendido en su sentido tradicional que se ha limitado al ámbito del recurso natural, lo que comúnmente se conoce como "lo verde", en tanto se ha entendido que comprende los recursos naturales (bosques, agua, aire, minerales, flora y fauna, etc.), sino también en lo relativo al entorno en que se vive, que comprende, no sólo a las bellezas escénicas de la naturaleza, como el paisaje, sino también todo lo relativo a las ciudades y conglomerados urbanos y rurales, es decir, al concepto de lo urbano. Bien puede afirmarse que se trata de dos aspectos complementarios de una realidad, como las dos caras de una misma moneda: el ambiente natural y el ambiente urbano. Es así como se pretende un ambiente más humano, es decir, un ambiente que no sólo sea sano y ecológicamente equilibrado, sino también como un referente simbólico y dador de identidad nacional, regional o local.
Así, el derecho fundamental a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado -desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional- comprenderá, tanto sus partes naturales, como sus partes artificiales, entendiéndose por tales, el hábitat humano, lo construido por el hombre, sea, lo urbano, de manera que se mantengan libres de toda contaminación, tanto por los efectos y repercusiones que puede tener en la salud de las personas y demás seres vivientes, como por el valor intrínseco del ambiente. Por elemento contaminante se debe entender "[...] todo elemento, compuesto o sustancia, su asociación o composición, derivado químico o biológico, así como cualquier tipo de energía, radiación, vibración o ruido que, incorporados en cierta cantidad al ambiente por un lapso más o menos prolongado, puedan afectar negativamente o ser dañinos a la vida, la salud o al bienestar del hombre o de la flora y fauna, o causar un deterioro en la calidad del aire, agua, suelo, "bellezas naturales" o recursos en general, que hacen en síntesis, la calidad de vida" (sentencia número 3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres).
Es así, como la protección del patrimonio cultural, y en específico, el histórico-arquitectónico, se constituye en un precepto necesario cuando se pretende una mejor calidad de vida -elemento determinante en la concepción del medio ambiente-, y su tutela efectiva; de donde, su regulación se circunscribe dentro del Derecho Ambiental.
XVIII.Es a partir de los artículos 50 y 89 constitucionales que se genera una obligación para el Estado de proteger el entorno en el que se desarrolla la vida de la población de la nación, y que abarca estos dos ámbitos: lo natural y lo urbano; de manera que la tutela del patrimonio cultural, y más específico, del patrimonio histórico-arquitectónico, se ubica dentro de las regulaciones de orden urbanístico. Es en atención a las anteriores consideraciones que bien puede afirmarse que la conservación del patrimonio cultural contribuye a mantener el equilibrio ambiental necesario en el desarrollo urbano, al requerir, para su efectiva tutela, el respeto de la escala, la estructura y el dimensionamiento urbanos, regula la capacidad de cargas físicas, cuestiona las funciones y servicios urbanos, lo cual da como resultado, una mejor calidad ambiental; además de que contribuye a mantener la imagen propia o concurrencia perceptiva de la ciudad, lo que le da identidad o cohesión formal.
Ambas facetas del ambiente, sea el medio ambiente natural y lo urbano, son objeto de protección y tutela por parte del Estado, como derivado de las obligaciones impuestas en las normas constitucionales transcritas, y que se desarrolla en normativa de diversas categorías, como en los tratados internacionales, entre los que se pueden citar los siguientes: el Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna, y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, ratificado por Ley número 3763; el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, ratificado por Ley número 7433; la Convención de Ramsar, relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, ratificada por Ley número 7724; la Convención sobre el Comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, ratificada por Ley número 5605, el Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la Región del Gran Caribe, ratificado por la Ley número 7227; el Protocolo relativo a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la Región del Gran Caribe; el Convenio para la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, ratificado por Ley número 5566; el Convenio sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar, ratificado por Ley número 5032; la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua, ratificada por Ley número 5031; y el Convenio constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, ratificado por Ley número 7226; en el campo ambiental natural; la Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, su Reglamento y Protocolo, aprobados en la Conferencia Internacional de Estados convocada por la UNESCO en 1954, y suscritos por Costa Rica el 3 de marzo de 1996; la Recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1956; la Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1962; la Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y de conjuntos históricos-artísticos, aprobada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en 1965; las Normas de Quito, aprobadas en la Reunión de Presidentes Latinoamericanos en 1967; la Recomendación sobre la protección en el ámbito nacional del patrimonio cultural y natural, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1968; la Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas y privadas pueda poner en peligro, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1968, ratificada por Ley número 4711; la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1970, ratificada por Ley número 7526; la Convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1972, ratificada por Ley número 5980; la Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1976, ratificada por Ley número 6360; la Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1976; la Recomendación sobre el intercambio internacional de bienes culturales, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1976; la Recomendación sobre la protección de los bienes culturales muebles, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1978; la Carta Internacional de ICOMOS para la protección de las ciudades históricas, aprobada en 1987; y la Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1989.
En nuestro país se han promulgado diversas leyes en la materia ambiental, tales como la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, número 7152; la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554; la Ley de Biodiversidad; la Ley Forestal, número 7575, y su Reglamento; la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, número 2790, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 26.133-MINAE; la Ley de Aguas, número 276; la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, número 6043; y la Ley General de Salud, número 5395; y en la materia de protección del patrimonio cultural las siguientes: la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico, número 6730 y la Ley del Patrimonio Histórico-Arquitectónico, número 7555. Dentro del conjunto de normas reglamentarias, en la materia ambiental se pueden citar el Reglamento Especial que regula la extradición de los materiales en los cauces de dominio público, Decreto-Ejecutivo número 21.910-MIRENEM; el Decreto Ejecutivo número 30.480-MINAE, que establece los principios que rigen la política nacional en materia de gestión hídrica; el Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA, Decreto Ejecutivo número 25.705-MINAE; Los principios, criterios e indicadores para el manejo forestal y la certificación en Costa Rica, Decreto Ejecutivo número 27.388-MINAE; De las funciones regenciales, Decreto Ejecutivo número 26.870-MINAE, además de los decretos ejecutivos que declaran o crean zonas protegidas; así como el Reglamento de la Comisión Arqueológica Nacional, Decreto Ejecutivo número 19.016-C, en el caso del patrimonio cultural, y todos aquellos decretos por los que se incorporan inmuebles y sus edificaciones al patrimonio histórico-arquitectónico.
El proceso de desarrollo cultural de la sociedad y el intercambio de bienes y expresiones culturales, motivan el surgimiento de un contexto de derechos y obligaciones ligados a situaciones sociales, políticas y económicas del mundo, tales como las crecientes necesidades socioculturales de la población, la importancia cada vez mayor de la cultura como elemento esencial de la nacionalidad (identidad nacional), los problemas de la supervivencia de las culturas tradicionales, artesanales y folklóricas, y la importancia de los valores y expresiones del patrimonio cultural como factor fundamental de integración nacional, lo cual evidencia la necesidad de una adecuada regulación que involucre los intereses en juego. Bajo este contexto surge la tutela o protección del patrimonio cultural a cargo del Estado, toda vez que se enmarca dentro de la configuración del Estado Social de Derecho, con todas sus implicaciones, en virtud de lo cual se le conceptualiza como un verdadero derecho fundamental, que deriva del derecho a la cultura; y por lo tanto es exigible frente a las autoridades públicas responsables de esta tutela, lo cual se traduce en la exigibilidad de actuaciones efectivas y concretas de la Administración que tutelen el patrimonio cultural.
Este derecho tiene su sustento en la dignidad esencial de la persona humana, y en la necesidad de integrar este elemento con el desarrollo de la comunidad; de manera que comprende, no sólo el derecho de la persona a su autorealización personal, sino también el derecho de la colectividad -población- a conformar su identidad cultural, toda vez que se constituye en un elemento esencial que coadyuva en esta importante tarea, por lo que también tiene implicaciones en la soberanía cultural de los Estados, concretamente en lo que respecta al resguardo de la personalidad cultural del país y a la exigencia de la cooperación internacional que al respecto pueda y deba darse. Es un derecho de la tercera generación, que se sustenta en el principio de solidaridad), por lo que se clasifica en la categoría de los derechos sociales, el cual tiene evidente trascendencia en tanto repercute en la vida en sociedad, por cuanto en virtud de éste se configura un derecho de todo individuo -como exigencia de su dignidad esencial-, a participar en el patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad a que pertenece; y genera el deber -responsabilidad- para las autoridades públicas de propiciar los medios adecuados de participación efectiva para garantizar el acceso y ejercicio de este derecho, en la medida en que los recursos de que disponga lo permitan.
De este modo, la cultura se constituye en el elemento de conciencia más significativo para la salvaguardia del patrimonio esencial que define la identidad nacional en diversos niveles, y que comprende la protección del folklore, el estímulo de intelectuales y artísticas, el fomento del intercambio internacional, la protección del patrimonio cultural, el fomento del desarrollo de las artes, la educación artística y el fomento del libro. Es así como todo hombre tiene derecho a la cultura, del mismo modo que a la educación, al trabajo y la libertad de expresión, derechos fundamentales con los que guarda directa relación. En este sentido, son innumerables las resoluciones y declaraciones de orden internacional que reconocen formalmente el derecho a la cultura. Así en la resolución IX aprobada por la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz (realizada en México del veintiuno de febrero al ocho de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco), en cuyo apartado 13 los Estados de América reconocen expresamente:
"Entre los derechos del hombre figura, en primer término, la igualdad de oportunidades para disfrutar de todos los bienes espirituales y materiales que ofrece nuestra civilización, mediante el ejercicio lícito de su actividad, industria y su ingenio." La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, el cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, en Bogotá, Colombia) reconoce el derecho a los beneficios de la cultura:
"Toda persona tiene derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.
Tiene, asimismo, derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor." Resultan interesantes las consideraciones del Preámbulo de esta Declaración, en tanto contiene ciertos enunciados vinculados a la cultura, y que permite una mejor interpretación de esa disposición:
"Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros" (párrafo primero); "Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría" (cuarto párrafo); "Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu" (párrafo quinto).
La libertad de la cultura, como condición esencial para su desarrollo, fue también consagrada en el artículo 4 de esta Declaración Americana:
"Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio".
En conexión con este derecho, se relaciona el reconocido que en el artículo 15, se hace del derecho al descanso y a su aprovechamiento. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho) reconoce el derecho a la cultura en su artículo 27.1, que tiene el mismo contenido del 13 de la Declaración Americana -antes transcrito-. Este derecho debe ser comprendido dentro del complejo marco de derechos humanos que se reconocen en esta Declaración internacional. Es importante resaltar que como presupuesto indispensable para garantizar el derecho a la cultura, se ubica el derecho a la educación. Los derechos culturales motivaron la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por Naciones Unidas en mil novecientos sesenta y seis -ratificado por Ley número 4229, de once de diciembre de mil novecientos sesenta y seis-. Además del reconocimiento del derecho a la educación -en el artículo 13-, reconoce el derecho individual a la cultura en el artículo 15:
"1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales." La Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -de mil novecientos sesenta y siete-, en su artículo 48 ratifica los anteriores principios:
"Los Estados miembros [...] asegurarán el goce de los bienes de la cultura a la totalidad de la población, y promoverán el empleo de todos los medios de difusión para el cumplimiento de estos propósitos." A esta norma hace referencia el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Ley número 4543, de veintitrés de febrero de mil novecientos setenta, en cuanto dispone:
"Desarrollo Progresivo Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados." Estos instrumentos internacionales han centrado sus esfuerzos en tres aspectos fundamentales: el desarrollo e incentivo a la cultura, la cooperación cultural internacional y el derecho a la cultura, los cuales adquieren plena coercitividad al derivar de tratados de derechos humanos debidamente ratificados por nuestro país.
EL "BIEN CULTURAL" COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. La denominación y concepción de los objetos que tutela el patrimonio histórico ha evolucionado en la ciencia jurídica, de manera que ahora se hace extensiva a diversas categorías de bienes, sea: los inmuebles de interés cultural -entre los que se incluyen, los monumentos, las bellezas naturales, los sitios-; los muebles no incorporados ni afectados por decreto ejecutivo al patrimonio cultural de la Nación, pero que tienen una singular relevancia, sobre todo a partir de las regulaciones internacionales que se analizarán a continuación, los arqueológicos -que son de dominio público-; el patrimonio etnográfico, el científico, el técnico, el industrial antropológico, y el bibliográfico; con lo cual, la protección abarca también las costumbres, el folklore, los ritos, las creencias, fiestas y la gastronomía. Todos estos bienes han sido agrupados en la denominación de "bien cultural".
Esta nueva concepción, mucho más amplia de la realidad protegida por el ordenamiento jurídico, nace en Italia, y se sustenta en la razón última que motiva la protección y tutela del bien, sea el valor cultural inmanente en estos bienes, es decir, en la medida en que nos aproxima a la histórica de la civilización, a los diversos modo (sic) de vivir, al pensamiento y sentir de los hombres en el tiempo y en el espacio. El valor cultural puede tener muchas manifestaciones, tales como la referencia histórica, artística, científica, arqueológica, paleontológica, etnográfica o técnica que se hacen presentes en bienes de diversa clase. Se requiere de un interés digno de conservación en su individualidad o en conexión con otros bienes, que es el caso de la protección de los conjuntos urbanos, macro conjuntos o conjuntos itinerantes. La esencia de la protección lo constituye el interés o valor intrínseco del bien, en tanto es representativo de la historia, el arte, la ciencia o la industria de un pueblo, y que por ello coadyuva a la identidad de la nación.
En cuanto al desarrollo de la protección de los bienes culturales, como derivado del derecho a la cultura, resulta importante hacer mención a la gran producción de normas de orden internacional que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han aprobado con la finalidad de procurar entre los Estados Parte, la efectiva tutela y protección del patrimonio cultural mundial y nacional, que comprende, según lo anotado anteriormente, el patrimonio histórico-arquitectónico, los bienes muebles, el patrimonio natural, la arqueología y el folclore. Se trata de una serie de Convenciones y Recomendaciones sobre la materia que constituyen normativa y fuente de derecho en Costa Rica, susceptibles de ser aplicados directamente por esta Sala Constitucional para la resolución de este asunto. En los casos en que han sido ratificadas por nuestro país, se trata de cuerpos normativos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, con valor superior al de la ley, por disposición expresa del artículo 7 de la Constitución Política.
Y en los casos en que no han sufrido el procedimiento previsto para su debida incorporación, son fuente de derecho, en los términos previstos en el artículo 48 constitucional. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la mayoría de estas Convenciones y Recomendaciones fueron aprobadas por un organismo especializado de las Naciones Unidas, sea, la Organización de las Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuya labor la coordina el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y de la cual Costa Rica es Parte, y como tal, se enmarcan dentro de las normas de la Carta de las Naciones Unidas, teniéndose en cuenta que uno de los objetivos de la creación de esta organización, es precisamente el "Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión;" (artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas); para lo cual, se faculta a la Asamblea General para promover estudios y recomendaciones para la consecución de este fin (artículo 13.1.b de la Carta). En los artículos 55, 57.1, 57.2 y 58 en relación con el 63, se reconoce la vinculación de los organismos especializados con la Organización, y en especial, el 64.1, en tanto dispone textualmente:
"1. El Consejo Económico Social podría tomar las medidas apropiadas para obtener informes periódicos de los organismos especializados. También podrá hacer arreglos con los Miembros de las Naciones Unidas y con los organismos especializados para obtener informes con respecto a las medias tomadas para hacer efectivas sus propias recomendaciones y las que haga la Asamblea acerca de materias de la competencia del Consejo." Asimismo, debe tenerse en cuenta que en los artículos 5 y 7.2.c de la Convención de Viena sobre los Tratados (ratificada mediante Ley número 7615, de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis) se reconoce el valor normativo de los instrumentos adoptados en el ámbito de las organizaciones internacionales. Respecto de las Convenciones, Cartas o Recomendaciones aprobadas por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), debe tenerse en cuenta que se trata de una dependencia de la UNESCO, por lo que la vinculación y coercitividad de sus disposiciones deriva del organismo internacional a la que está supeditada.
Por último, en relación con las Normas de Quito, debe señalarse que su vinculación deriva de lo dispuesto en los incisos 10) y 12) del artículo 140 de la Constitución Política y el artículo 7.2.a de la Convención de Viena sobre los Tratados, por cuanto fueron acordadas en la reunión de Presidentes Latinoamericanos en mil novecientos sesenta y siete, en tanto el Presidente de la República ejerce su papel de co-conductor de la política internacional (sentencia número 6624-94, de las nueve horas del once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro). De tal suerte, que para esta Sala no se trata de simples recomendaciones en materia de derechos humanos, pues si los Estados deciden voluntariamente autolimitarse o asumir una serie de obligaciones y compromisos para hacer efectivo un derecho fundamental, éstas constituyen fuente normativa del derecho de la Constitución, pues son actos provistos de plena normatividad en el ordenamiento constitucional costarricense, sin que se les pueda considerar simples enumeraciones y metas a alcanzar.
XXIII.Al tenor de las anteriores consideraciones, de las regulaciones internacionales sobre la materia pueden derivarse los siguientes principios vinculantes y de interpretación a fin de garantizar una efectiva tutela del patrimonio cultural de la nación:
a.- de la Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, su Reglamento y Protocolo, aprobados en la Conferencia Internacional de Estados convocada por la UNESCO, el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, y suscritos por Costa Rica el tres de marzo de mil novecientos noventa y seis: se constituye en obligación internacional el respeto del patrimonio cultural -conformado por los bienes muebles, inmuebles, monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosa o secular, los campos arqueológicos, los conjuntos históricos, así como las colecciones científicas, de libros, archivos o reproducciones-, cualquiera que sea su origen o pertenencia legal en tiempos de guerra (países enemigos); en tiempos de paz, cada país debe fomentar la debida protección de estos bienes; se prohíbe el robo, pillaje, apropiación ilícita o vandalismo, y se procura la implementación de medidas de prevención para evitar estas situaciones; el compromiso de los Estados Partes de enviar a la UNESCO informes cada 4 años sobre las medidas implementadas; reconoce la importancia del patrimonio arqueológico; b.- de la Recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas: aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, en Nueva Delhi, el seis de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis: obliga a los Estados partes a someter las excavaciones arqueológicas que sean llevadas en sus territorios, a una estricta vigilancia y previa autorización de las autoridades competentes, y el sometimiento a principios a principios técnicos para llevar a cabo las excavaciones; c.- de la Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y de conjuntos históricos-artísticos: aprobada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), en Venecia en mil novecientos sesenta y cinco; es el texto de mayor resonancia y significación internacional, vigente y reconocido a nivel internacional, cuya definición de monumento, comprende tanto la creación artística aislada y como el sitio urbano o rural que ofrece el testimonio de una civilización particular, de una fase representativa de la evolución o proceso, o de un suceso histórico, así como también las grandes y las modestas obras que han adquirido con el tiempo significación cultural; reconoce la inseparabilidad del monumento con la historia que atestigua; establece que la protección y conservación del monumento implica también la de un marco a escala, es decir, la protección del entorno; prohíbe las nuevas construcciones, demoliciones o reformas que puedan alterar las relaciones de volúmenes, colores, estilos de las edificaciones incorporadas al patrimonio cultural; establece el principio de que la restauración es de carácter excepcional, con el fin de conservar y revelar los valores estéticos e históricos del momento, y su respeto a los elementos antiguos y las partes auténticas, y a tal efecto, se diferencia entre la conservación y la restauración; establece la obligación de proteger los sitios y conjuntos urbanos, y la necesidad de preservar la identidad del monumento, evitando alterar esencialmente su apariencia o naturaleza; establece la necesidad de hacer inventarios y catálogos; la necesidad de mantener edificios en su sitio, arraigados del suelo; y la de conservar los muebles originales del inmueble; d.- de la Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes: aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en la 12a. sesión, en París, el doce de diciembre de mil novecientos sesenta y dos: intenta asegurar la preservación de los lugares naturales y rurales originales, el paisaje urbano y otros emplazamientos creados o no por el hombre y su restauración; establece la importancia científica y estética de los lugares naturales y paisajes urbanos, en tanto forman parte de un patrimonio, que es factor primordial en las condiciones generales de la vida de los pueblos; la necesidad de implementar medidas preventivas de control sobre las actividades y operaciones que puedan afectarlos, como lo son, las previsiones especiales en los planes de desarrollo urbano y regional y las programaciones por zonas; la necesidad de establecer y mantener reservas y parques naturales, así como la adquisición de terrenos para la comunidad; la necesidad de servicios especializados, con amplios poderes que se hagan responsables de las medidas de preservación; y pone énfasis en las actividades educativas a fin de concientizar a la población en relación a la importancia de esta protección; e.- de las Normas de Quito: aprobada en la Reunión de Presidentes Latinoamericanos en mil novecientos sesenta y siete: desarrolla el principio de "puesta en valor", que consiste en la recuperación económica y social del monumento, acorde con las necesidades de la sociedad latinoamericana; reconoce la importancia de proteger los centros históricos y su función social, bajo la fórmula del fomento del turismo; concluye que la tutela del Estado debe extenderse al contexto urbano del monumento, al ámbito natural que lo rodea y a los bienes culturales que encierra; es decir, todo lo relativo a la protección del entorno; establece la importancia de la protección de los bienes muebles y otros objetos valiosos del patrimonio; y la urgencia de la problemática, que requiere de la cooperación internacional por la significativa importancia de la recuperación del patrimonio cultural, en tanto representa un valor económico susceptible de ser instrumento de progreso (principio de "puesta en valor"); f.- de la Recomendación sobre la protección en el ámbito nacional del patrimonio cultural y natural: Aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en la 17a. sesión, en París, el dieciséis de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho: intenta inducir a los Estados a proteger todos los componentes de los patrimonios culturales y naturales; incluye la identificación, estudio, conservación, restauración, apariencia física e integración dentro de la sociedad contemporánea, para lo cual se exige el mantenimiento al día de los respectivos inventarios, y el levantamiento de mapas y documentación apropiada; establece la obligación de los Estados partes de diseñar programas de conservación y preservación del patrimonio cultural nacional, para conservar su apariencia tradicional, y de restaurar áreas de patrimonio cultural dañadas por el hombre, a cargo de servicios especializados, asistidos por organismos consultivos; g.- de la Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas y privadas pueda poner en peligro: aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en la 15a. sesión, en París, el veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho: establece la pauta de que la preservación del patrimonio cultural debe armonizar con el avance de la tecnología socio-económica; reitera la necesidad de levantar inventarios de los bienes culturales, en los que debe darse prioridad a los que están en peligro por causa de obras públicas o privadas, para su utilización en la investigación y estudio; importancia de la implementación de medidas cautelares, de manera que se facilite y permita la ayuda especializada a fin de prevenir las repercusiones negativas en las obras que puedan ocasionar a los bienes protegidos; aboga por la conservación "in situ", es decir, en su lugar original de los bienes culturales; sin embargo, si las condiciones socio-económicas requieren la transferencia -como el abandono o la posible destrucción-, se debe realizar su traslado, mediante estudios científicos adecuados; sienta el principio de que la preservación del bien debe provenir de presupuestos especiales, o de las obras públicas o privadas que causan el daño (principio propia del Derecho Ambiental: "el que contamina, paga"); h.- de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales: aprobada en la décima Conferencia General de la UNESCO, en la 16a. sesión, en París, el catorce de noviembre mil novecientos setenta; ratificada por Costa Rica por la Ley número 7526, de cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco: incluye dentro del concepto de patrimonio cultural todos aquellos bienes de valor etnológico, arqueológico, natural, artístico y técnico; reconoce que la exportación de la propiedad ilícita de los bienes culturales constituye una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural, por lo que compromete a los Estados Partes de combatir estas prácticas, mediante el fomento de la cooperación internacional y la creación de los servicios de protección necesarios: tales como la promulgación de la normativa respectiva, la instauración y manutención de inventarios y catálogos, el fomento y desarrollo de instituciones científicas y técnicas especializadas -como los museos, bibliotecas, archivos, talleres, laboratorios-, necesarias para garantizar la conservación y valorización de los bienes culturales, el control de las excavaciones arqueológicas, la conservación "in situ" de los bienes culturales, la reserva de ciertas zonas para la investigación, el fomento de la acción educativa, la publicidad apropiada a los casos de desaparición de patrimonio cultural, el establecimiento de impedimentos, tanto para la salida de los bienes que no cuenten con el certificado adecuado, como para la importación de bienes culturales robados, y la tomar de las medidas necesarias para su decomiso y restitución; i.- de la Convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural: aprobada en el marco de la Conferencia General de la UNESCO, en la 17a. sesión, en París, el 23 de noviembre de mil novecientos setenta y dos; ratificada por Ley número 5980, de veintiséis de octubre de mil novecientos setenta y seis: cuyo objeto de protección es el patrimonio cultural, que comprende los monumentos -obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones de cavernas y grupos de elementos, así como los conjuntos -grupos de construcciones, aisladas o reunidas- y los lugares, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, el arte o la historia; el patrimonio natural; reconoce el deber de la comunidad internacional de cooperar en la protección del bien cultural, por lo cual establece el marco legal e institucionaliza las prácticas en cuanto a la cooperación internacional para la protección del patrimonio cultural de la Humanidad, el cual comprende el patrimonio natural, la cual se realizará a través de un fondo fiduciario con varias fuentes de captación (las contribuciones de obligaciones y voluntarias de los Estados Partes, contribución de la UNESCO, aportaciones de los organismos internacionales, así como de las instituciones públicas y particulares, según petición justificada de los Estados); todos los Estados partes reconocen que la responsabilidad de la conservación del patrimonio de valor universal ubicado en su jurisdicción (territorio) corresponde en primer término a cada uno de ellos, para lo cual se comprometen a tomar las medidas necesarias; reitera la exigencia de elaborar inventarios de las propiedades en su territorio; y que la asistencia de los Estados también se manifiesta en forma de estudios, servicios de personal especializado, formación de profesionales, equipo, préstamos favorables, y subvenciones no reintegrables; e instaura programas educativos e informáticos sobre el valor del patrimonio, las amenazas que sufre y de las actividades de aplicación de la Convención; j.- de la Convención sobre la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las Naciones Americanas (Convención de San Salvador), aprobada en el sexto período ordinario de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Santiago de Chile, el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y seis; ratificada por Ley número 6360, de veinte de agosto de mil novecientos setenta y nueve: cuyo objeto es el patrimonio cultural en sus diversas categorías: sea los monumentos, objetos, fragmentos de edificios desmembrados, material arqueológico, edificios, objetos artísticos, utilitarios, etnológicos, bibliotecas, archivos, libros, mapas y documentos).
Los propósitos de esta convención son la identificación, registro, protección y vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, el impedir la importación y exportación ilícita de bienes culturales y la promoción de la cooperación internacional para el mutuo conocimiento y apreciación de sus bienes culturales. Es así como se promueve que cada Estado Parte establezca la regulación interna pertinente, la cual deberá promover como mínimo las siguientes medidas: el registro de las colecciones públicas y privadas y del traspaso de los bienes culturales sujetos a protección, el registro de transacciones de los establecimientos que se dediquen a la compraventa de este tipo de bienes, y la prohibición de importar bienes culturales provenientes de otros Estados sin la certificación y autorización correspondientes. Se promueve la creación e implementación de registros de los bienes culturales de la nación, el control de las excavaciones arqueológicas, así como la cooperación internacional para la recuperación y restitución de los bienes robados, y para el fomento del mutuo conocimiento y apreciación de los valores culturales -intercambio y exhibición de bienes culturales e informaciones-; k.- de la Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea: aprobada en el marco de la Conferencia General de la UNESCO, en la 19a. sesión en Nairobi, el veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y seis: invita a los países a adoptar una política general de salvaguardia para la preservación de construcciones arqueológicas, paleontológicas, urbanas, rurales de valor histórico, arqueológico, arquitectónico, histórico, estético o sociocultural dentro de sus territorios, para lo cual deberán establecer: un sistema específico de protección del patrimonio cultural (áreas históricas, conjuntos) a nivel jurídico, técnico, económico y social, que debe influir en el planeamiento nacional, regional y local, orientar la planificación urbana, que se concrete en la formulación de objetivos y programas; la designación de un organismo o institución especializada encargada de llevar a cabo esta labor; la implementación de inventarios de los bienes que deben protegerse (tales como las edificaciones -públicas o privadas-, espacios abiertos, así como su vegetación), con resúmenes analíticos complementos de cada uno, en tanto constituyen un patrimonio universal irremplazable; la obligación de la salvaguardia e integración en la vida colectiva o revitalización económica-social de las áreas históricas, tanto para los gobiernos, como para sus ciudadanos: esto es, que se fomente en ellas el comercio, la artesanía, el desarrollo de actividades culturales, el uso habitacional, y el turismo (principio de "puesta en valor"); la protección integral del patrimonio cultural, y en especial de los conjuntos históricos, con lo cual se extiende a todos los elementos que lo componen, que comprende tanto los edificios, la estructura espacial y las zonas circundantes, como las actividades humanas, por modestas que sean (entorno); la tutela efectiva del patrimonio cultural se traduce en la prevención de todo tipo de deterioro físico, en especial los resultantes de un uso inapropiado, aditamento de parásitos y transformaciones abusivas o desprovistas de sensibilidad que dañan su autenticidad, así como los provocados por cualquier forma de contaminación; se reitera el principio de que la restauración es de carácter excepcional, la cual, en caso de efectuarse, debe basarse en principios científicos; la ayuda estatal en la conservación de este patrimonio, la cual se traduce en la planificación y planeamiento, asistencia técnica especializada, el otorgamiento de donaciones, ventajas fiscales, subsidios o préstamos blandos y adecuados para estos fines a los propietarios privados y sus usuarios, las cuales quedan subordinadas al respeto de ciertas condiciones impuestas en razón del interés público, como el garantizar la integridad de los edificios, la posibilidad de visitar los inmuebles, el tener acceso a los parques, jardines o lugares, tomar fotografías, la realización de inspecciones, etc.; el fomento de la creación de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro como órganos consultivos en la materia; la promoción de la investigación y estudio sistemático a fin de capacitar a los especialistas y artesanos, en los aspectos urbanísticos y de planificación del territorio, a la alteración de los materiales, la aplicación de las técnicas modernas al trabajo de conservación, y a las técnicas artesanales indispensables para la salvaguardia de este patrimonio, así como la educación (escolar, post-escolar y universitaria) para concientizar a la ciudadanía en general de la importancia de esta tutela; y el compromiso de la cooperación internacional en esta materia, tanto respecto de otros Estados, como de las organizaciones internacionales, intergubernamentales, de carácter privado, y en particular con el Centro de Documentación de la UNESCO (ICOMOS e ICOM); l.- de la Recomendación sobre el intercambio internacional de bienes culturales: aprobada en el marco de la Conferencia General de la UNESCO en la 19a. sesión, en Nairobi, el veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y seis: parte de la consideración de que todos los bienes culturales forman parte del patrimonio cultural común de la Humanidad, y que cada Estado tiene una responsabilidad a ese respecto, no sólo para beneficio de sus nacionales, sino también para la comunidad internacional, por lo que se promueve la circulación de estos bienes entre instituciones culturales de los diferentes países, a fin de enriquecer el patrimonio cultural internacional y promover su mejor utilización; para lo cual los Estados se comprometen a implementar las medidas jurídicas para eliminar las trabas arancelarias y de aduanas, a fin de facilitar el intercambio bilateral o multilateral desinteresado de los bienes culturales; la creación o implementación de registros de las demandas y ofertas de intercambio disponibles para el intercambio; establece los principios operativos de este tipo de intercambio (seguros, ayudas económicas, determinación de la situación jurídica de estos bienes, la asistencia de organismos especializados); la necesidad de la cooperación internacional para llevar a cabo esta tarea; y los mecanismos necesarios para combatir el tráfico ilícito de los bienes culturales; m.- de la Recomendación sobre la protección de los bienes culturales muebles: aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, en su 20a- reunión, en París, el veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y ocho: obliga a los Estados a intensificar las medidas de prevención y de gestión de los riesgos a que se puedan ver sometidos los bienes culturales muebles, de valor arqueológico, artístico, científico o técnico, artesanal, de interés antropológico y etnológico -tales como los manuscritos, artesanía, libros, documentos de interés especial, mapas, mobiliario, tapices, alfombras, trajes, instrumentos musicales, especímenes de zoología, botánico o geología-, con objeto de garantizar una protección eficaz de estos bienes y disminuir el costo de cobertura de los riesgos correspondientes; se sienta el principio de que la protección y prevención de los riesgos son mucho más importantes que la indemnización en el caso de deterioro o de pérdida del bien, por cuanto la finalidad esencial consiste en preservar el patrimonio cultural y no en sustituir unos objetos irremplazables por sumas de dinero; la necesidad del establecimiento sistemático de inventarios y repertorios relativos a los bienes culturales muebles, en el que se registren -con la mayor precisión y métodos actuales- sus características y especificaciones identificadoras; estimular a los museos e instituciones similares, públicas y privadas, a reforzar la prevención de los riesgos mediante la adopción de sistemas y dispositivos prácticos de seguridad (aseguramiento de los bienes, condiciones de almacenamiento, de exposición, y de transporte); el otorgamiento de créditos y facilidades económicas, así como incentivos y/o beneficios fiscales, para estos efectos; la necesaria capacitación y especialización del personal de estas instituciones; el establecimiento de un organismo oficial responsable del asesoramiento y organización de los museos; fomentar la educación e información de la población al respecto, para concientizar acerca de la importancia y valor de los bienes culturales y de la necesidad de su protección; la adopción de sanciones (penales, civiles, administrativas); así como el fomento de la cooperación internacional (coordinación) para combatir los daños, robos, secuestros y demás hechos ilícitos que pongan peligro los bienes culturales; n.- de la Carta Internacional de ICOMOS para la protección de las ciudades históricas: aprobada en Washington, en mil novecientos ochenta y siete: define los principios y objetivos, métodos e instrumentos de la acción propia para mantener la calidad de vida de las ciudades históricas, de manera que se armonice la vida individual y social con el objetivo de perpetuar el conjunto de bienes que constituyen la memoria de la humanidad; se fomenta la protección de las grandes y pequeñas ciudades, los barrios con su entorno, que además de su valor histórico, manifiesta valores propios de las civilizaciones urbanas tradicionales, o amenazadas de degradación, destrucción o desestructuración; sienta el principio de la cuidadosa planificación, que forme parte de una política coherente de desarrollo económico, realizada por un equipo de profesionales pluridisciplinario a fin de que el rescate de las ciudades y barrios sea eficaz; los valores a preservar son el carácter histórico de la ciudad y el conjunto de elementos materiales y espirituales que expresan su imagen; el principal objetivo de la acción protectora es el mejoramiento del hábitat, entendiendo por tal, el medio ambiente urbano; el plan de mantenimiento permanente de la infraestructura comienza con la implementación de medidas preventivas o cautelares, para posteriormente, establecer el plan de protección especial; la preservación admite elementos contemporáneos siempre que no dañen la armonía del conjunto y que contribuya a su enriquecimiento; se establece el principio de la regulación del tránsito dentro de las ciudades y barrios históricos, y la prohibición absoluta de construir carreteras dentro de ellos; y por último la necesidad de implementar medidas preventivas contra las catástrofes naturales y peligros potenciales, tales como el ruido, la polución, la contaminación, la basura, el tránsito, etc.; o.- de la Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular: aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, en la 25a. sesión, en París, el quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve: parte del principio de que la cultura tradicional y popular forma parte del patrimonio universal de la humanidad, como un poderoso medio de acercamiento entre los pueblos y grupos sociales existentes y de la identidad cultural, y como expresión de la cultura viviente, y que los Estados deben desempeñar un papel decisivo en la salvaguardia y difusión de la cultura tradicional y popular, en lo que respecta a la toma de acciones para su fomento y promoción; motivo por el que se protegen, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes. Establece la necesidad de fomentar un esquema general de clasificación, identificación y registro, tanto de las instituciones como de la cultura tradicional y popular.
Al tenor de las anteriores consideraciones, el patrimonio histórico-arquitectónico se enmarca dentro de la clasificación de bien cultural, y por ello se configura como un tipo especial de propiedad, caracterizado por un régimen específico de intervención estatal dirigido a la conservación del objeto. Ese carácter viene dado por la propia naturaleza y circunstancias objetivas del bien. Comprende el conjunto de bienes culturales de carácter arquitectónico, sean edificaciones aisladas o conjuntos de ellas, parajes naturales u obras de infraestructura, urbanas o rurales, de propiedad privada o estatal, que vienen del pasado, o son producto de técnicas novedosas, por lo cual son el resultado de la experiencia colectiva de una determinada sociedad, comunidad o etnia; y por ello, dadores de identidad grupal, popular o nacional. Su determinación está asociada a coyunturas históricas o culturales relevantes, o con patrones socio-culturales de importancia de la comunidad, región o el país.
Asimismo, presentan un aporte en el desarrollo técnico, constructivo y/o funcional en la arquitectura, y por ello, poseen un valor arquitectónico, histórico o artístico de significación. También pueden presentar características formales de carácter tipológico, estilístico y urbanístico que contribuyen al carácter tradicional distintivo del ambiente inmediato. Por ello, la determinación del patrimonio histórico-arquitectónico -como tal- es un concepto indeterminado para la ciencia jurídica, e implica la conjunción de los diversos intereses en juego, sea, la necesidad de un juicio valorativo basado en la aportación de disciplinas no jurídicas y que son de índole técnico, tales como la arqueología, la arquitectura, la ciencia, la tecnología, la historia o el arte-, a fin de determinar el valor cultural (artístico, científico, etc. propio de ese bien). De esta suerte, la Administración no actúa en forma discrecional, sino que implica un proceso valorativo-objetivo.
Es importante resaltar que la determinación del bien histórico-arquitectónico comprende, tanto la delimitación del bien, como la del entorno que resulte necesario para su debida protección y puesta en valor de aquél, y que justifican, precisamente su protección; así como también comprende la del área geográfica a que pertenece, sea, la del paraje natural que conforma su entorno (concepción integral del ambiente).
XXV.A efectos del estudio, resulta significativa la cita del escritor francés Víctor Hugo, al margen de todo tecnicismo jurídico:
"Hay dos cosas en un edificio, su uso y su belleza. Su uso pertenece al propietario; su belleza pertenece a todo el mundo. Por eso, aquél no tiene derecho a su destrucción." De tal suerte que en estos bienes está comprometido el goce del interés colectivo, y que es expresión máxima de la función social de la propiedad, agregamos los estudiosos del Derecho. En este sentido, es que se enmarca la definición del patrimonio arquitectónico, en tanto es una construcción material, y por lo tanto, con un evidente valor material, actual o potencial, del predio y de lo construido; al que se le otorga un valor o precio adicional y de orden inmaterial, que es el valor cultural de la edificación, derivado de sus atributos históricos y artísticos, y de la fuerza simbólica del imaginario social y la memoria colectiva; de difícil o imposible determinación pecuniaria. En razón de lo anterior, la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico, número 7555 expresamente declara de interés público "[...] la investigación, la conservación, la restauración, la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio histórico-arquitectónico" (párrafo segundo del artículo 2 de la Ley); lo cual denota la importancia y significación que el legislador da al patrimonio cultural, lo cual es un reconocimiento de los deberes derivados de las normas constitucionales supra citadas, sea, en los artículos 50 y 89.
A este aspecto, resultan también de significación los elementos que pueden considerarse consustanciales a los edificios, y forman parte de los mismos o de su adorno, y que en caso de ser separados, constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos diferentes del original, aunque su separación no perjudique visiblemente el mérito histórico-artístico del inmueble al que están adheridos. Asimismo, la protección -en la mayoría de las legislaciones- se extiende al entorno, último logro necesario en la evolución normativa de este sector, el cual se define como el espacio que sin ser portador de un valor cultural en sí mismo, ejerce una influencia directa sobre la conservación y disfrute de las áreas que sí lo poseen; es decir, del monumento se pasa al conjunto, y de ahí al entorno, que consiste en un espacio más amplio en el que se insertan. Es un espacio de prevención o reserva, en orden a la defensa y conservación del ambiente propio de los monumentos y de los conjuntos históricos, y que en la legislación francesa se ha denominado como "ambiente del monumento".
Así, la protección legal y la acción administrativa que sobre estas áreas se despliega, se fundamenta en la adecuada conservación de los espacios culturales a los que sirve. La importancia del valor cultural del entorno es tal, que su no protección quiebra el valor cultural del monumento. Es por ello, es que resultan, no sólo válidas y legítimas, sino sobre todo necesarias, las ordenaciones urbanísticas que se dicten para resguardar el bien cultural, como lo son las relativas a la unificación de los colores de las fachadas, del estilo arquitectónico que se pueda usar, de la altura de las construcciones, y otras; y que son competencia, de las municipalidades -competencia urbana exclusiva, a partir de la jurisprudencia constitucional (en este sentido, entre otras ver sentencias números 2153-93; de las nueve horas veintiún minutos del veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y tres; 5305-93, de las diez horas, seis minutos del veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres; 6706-93, de las quince horas veintiún minutos del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres; 3494-94, del doce de julio de mil novecientos noventa y cuatro; 4205-96, supra citada y la número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve)- las cuales deben actuar en forma coordinada con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en esta materia.
Es así como las técnicas al servicio de la ordenación del territorio y planeamiento urbanístico tienen el deber de proceder desde su propio ámbito, a la adopción de cuantas medidas fueren necesarias para preservar el espacio en que se ubican los monumentos, sitios, conjuntos o centros históricos. Un ejemplo de esta protección lo constituye el artículo 7 de la Ley 5160, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y dos, que establece una protección del entorno en relación con el Teatro Nacional:
"Las fachadas de los edificios que se construyan en la manzana de donde se encuentra ubicado el Teatro Nacional, deberán contar con el visto bueno del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y de la Junta Directiva del Teatro Nacional." (Posteriormente se determinarán cuales (sic) son los órganos o instituciones públicas responsables de la tutela de este derecho, por implicar, tanto competencias de orden urbano, y que la jurisprudencia constitucional ha indicado que es de orden local -prioritaria y exclusivamente-, por lo que corresponde a las municipalidades; como en razón de la materia de que se trata, en tanto por disposición legal se le atribuye al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes el desarrollo y promoción de la cultura del país, con lo cual, se instituye en el órgano nacional asesor de esta materia).
XXVII.En relación a (sic) este punto, resulta ilustrativa la mención de las legislaciones francesa (Ley de los monumentos históricos francesa -Loi sur les monuments historiques, du 31 décembre de 1913-) y la española (Ley de 16, de 25 de junio de 1985), en que se establecen regulaciones para las construcciones que se ubican cerca de edificios de carácter histórico, artístico o arqueológicas en las que se exige la obligación de armonizar con los mismos. Específicamente, en el caso de la normativa francesa, se protegen, de manera general los edificios alineados o situados en el campo visible de un edificio clasificado, situado en un perímetro que no exceda los quinientos metros, cuya extensión puede extenderse -de ser necesario- mediante decreto ejecutivo (inciso c) del artículo 1°). De lo anterior, queda claro la necesaria integración del patrimonio cultural en el espacio más amplio que les circunda, lo cual quedó plasmado en la Recomendación de la UNESCO relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes -de 1962-, en la Carta internacional de ICOMOS sobre la conservación y la restauración de monumentos y de conjuntos histórico-artísticos -de 1964-, en las conclusiones de la reunión de Presidentes Latinoamericanos, conocida como las Normas de Quito -de 1967-, en la Recomendación de la UNESCO sobre la protección, en el ámbito nacional, del patrimonio cultural y natural -de 1972-, en la Carta Internacional de ICOMOS para la protección de las ciudades históricas -de 1987-, y en la Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular -de 1989-, todas ellas regulaciones internacionales en las que se definió al entorno, tanto por los inmuebles colindantes inmediatos, como los colindantes o alejados, siempre que una alteración a éstos pudiese afectar los valores propios del bien que se trata, su contemplación, apreciación o estudio; y abarca el subsuelo, el espacio edificado o no que da apoyo ambiental al bien. Se vincula de manera tal al monumento, tal que su preservación es indisoluble al tratamiento que aquellos se dispense, que es lo que justifica su tratamiento.
Es de suma importancia aclarar que aún (sic) cuando la incorporación al patrimonio histórico-arquitectónico de la Nación, y por consiguiente, su afectación o dotación de una función pública, en este caso, su destino para la contemplación y enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación, se realiza -generalmente- mediante decreto ejecutivo del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, por cuanto nada impide que se realice mediante Ley de la República; su desafectación, no puede provenir de una normativa de rango reglamentario; de modo que, como parte integrante del medio ambiente, según se explicó anteriormente, requiere hacerse mediante una ley al efecto, previo estudio técnico y objetivo al respecto, en el que se constate que la edificación en cuestión perdió el valor cultural que justificó su afectación, sea, el histórico, el artístico, el científico o el arqueológico, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. La anterior aclaración, se hace para que tomen nota de ello, en lo que corresponda, las autoridades y funcionarios del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
A este respecto, es importante resaltar que -al igual que el régimen ambiental, tema con el que tiene gran paralelismo, según se había anotado anteriormente, comprende tanto bienes de propiedad del Estado, los cuáles, por la sola declaratoria de incorporación (afectación) adquieren las características propias de los bienes demaniales, en tanto están destinados a un servicio o función pública específico, en este caso la contemplación de la edificación, por cuanto el objetivo de la protección, conservación y preservación de este tipo de bienes es asegurar el mayor acceso de personas a la contemplación y disfrute de este tipo de bienes, que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo (cultura), y que por su especial naturaleza demanial, son imprescriptibles, inalienables e inembargables; como los de propiedad de particulares, donde la declaratoria de incorporación al patrimonio nacional en modo alguno implica el traslado de su titularidad al Estado (lo que sí sucedía al tenor de la normativa derogada, se la Ley número 5397), sino que, manteniéndose la titularidad en un particular, constata que la edificación en particular tiene un interés histórico-arquitectónico que justifica su mantenimiento y conservación en provecho de la colectividad nacional.
Es así como en este tipo de bienes se respeta el contenido esencial del derecho de propiedad, en los términos previstos en el artículo 45 de la Constitución Política, de manera tal que pueden hipotecarse, traspasarse, adquirirse por usucapión, así como también enajenarse o trasladarse su dominio, con la única advertencia de que en todos los casos, se traslada la afectación al régimen de patrimonio cultural, la cual se traduce en la obligación para el poseedor o propietario, del mantenimiento y conservación de la edificación o construcción que se ubique en el inmueble. Se trata de bienes con un régimen jurídico "sui géneris", normalmente dual, por cuanto su soporte material es susceptible de detentación pública o privada, tal y como está previsto en la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, número 7555, de veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, que en el artículo 2, párrafo primero, dispone textualmente:
"Patrimonio histórico-arquitectónico Forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico del país, el inmueble de propiedad pública o privada con significación cultural o histórica, declarado así por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de conformidad con la presente ley." Lo anterior implica que el centro de gravedad de esta protección no se sitúa en el régimen de titulación, sino en la condición de ser bienes con un valor espiritual de significación, destinados al disfrute colectivo, que sus detentadores deben hacer posible, sin perjuicio de los demás usos y utilidades compatibles con el bien. Resulta además importante la consideración, de que es absoluta y materialmente imposible, aún para los países desarrollados, la expropiación de la totalidad del patrimonio cultural, para que el Estado asuma las responsabilidad de mantener y conservar este tipo de bienes, primero, por la falta de recursos económicos públicos para que este proyecto se lleve a cabo, y en segundo, porque ello generaría el fenómeno denominado como la "museificación" del patrimonio cultural, que infringe uno de los principios básicos de la tutela de estos bienes, que es precisamente la "puesta en valor del bien", y que se traduce en la incorporación del bien histórico-arquitectónico en la actividad económico y social, como se explicará en Considerandos siguientes.
Según se había anotado anteriormente, en los bienes que se incorporan al patrimonio cultural de la nación de propiedad estatal, adquieren las características propias de los bienes demaniales o también denominados, dominicales, esto es, están afectos a una función pública, en este caso, la contemplación de la edificación en particular, toda vez que el objetivo de la protección, conservación y preservación de este tipo de bienes es asegurar el mayor acceso de personas a la contemplación y disfrute de este tipo de bienes, toda vez que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo (cultura)-, y que por su especial naturaleza demanial, son imprescriptibles, inalienables e inembargables, en los términos previstos en los artículos 261 a 263 del Código Civil, cuya naturaleza jurídica fue sintetizada con anterioridad por este Tribunal, en sentencia número 2306-91, de las catorce horas cuarenta minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno:
"El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.
Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad. El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por la construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.
En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, [...] los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo señalan." Por su parte, en los bienes de propiedad particular que se incorporan al patrimonio cultural, este régimen especial de tutela se traduce en una serie de limitaciones de interés social a esa propiedad, permitida en los términos del artículo 45 de la Constitución Política, sea, que se mantiene el contenido esencial del derecho de propiedad, de manera tal que pueden hipotecarse, traspasarse, adquirirse por usucapión, así como también enajenarse o trasladarse su dominio, aprovecharse su utilidad económica y social, con la única advertencia de que en todos los casos, se traslada la afectación al régimen de patrimonio cultural, por cuanto este régimen debe ser consignado en el Registro Público de la Propiedad, y que se traduce en una serie de obligaciones para el poseedor o propietario tendentes a garantizar el mantenimiento y conservación de estos bienes.
Ello implica, en primer lugar la prohibición absoluta de la demolición parcial, y mucho menos, total de la construcción, así como también la obligación de su conservación y mantenimiento, y de ser necesario, de su restauración, a fin de facilitar la mejor exhibición o contemplación de la edificación a la población en general, lo cual se constituye en el principal objetivo de esta tutela jurídica, según se ha anotado anteriormente. Por su puesto, que este mantenimiento conlleva la prohibición de realizar obras, internas o externas, que afecten directamente la estructura, estilo o contemplación de la edificación, o de su entorno, sin previa autorización del órgano competente, sea del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, así como la prohibición de colocar rótulos o anuncios comerciales o publicitarios, señales o símbolos en las fachadas de las edificaciones incorporadas al régimen de tutela que obstaculicen su contemplación, sin previa autorización de esas autoridades.
El titular o poseedor también está obligado a permitir o facilitar la inspección del inmueble por las autoridades competentes -personal especializado del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes-. Por último, debe hacerse notar, que la utilización de estos bienes, queda subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación. Es el artículo 9 de la Ley 7555 el que establece las obligaciones que conlleva para los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes la incorporación como patrimonio cultural, a saber:
En segundo lugar, las limitaciones que se impongan deben ser generales, es decir, afectar a una generalidad de personas, lo cual implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la misma. En tercer lugar, tienen que respetar el uso natural del bien inmueble, de manera que se mantenga como identidad productible o valor económico, de modo que el propietario pueda ejercer los atributos esenciales de la propiedad; es decir, que le permitan al propietario explotar normalmente el bien, excluida, claro está, la parte o función afectada por la limitación impuesta por el Estado (sentencias número 979-91, 5893-95, 2345-96, y 4605-96, todas supra citadas). Por ello, es que además de útil, la carga debe ser necesaria, razonable u oportuna, y debe implicar la existencia de una necesidad social imperiosa que la sustente, y por ende, ser de naturaleza excepcional; por lo cual, deben estar llamadas a satisfacer un interés público imperativo.
La razonabilidad de la limitación se traduce en su adecuación al fin y al interés (valor) que la justifica. Corolario de lo anterior, serán inconstitucionales, y por lo tanto indemnizables las cargas o deberes que se imponen para la tutela del patrimonio cultural que afecten los atributos esenciales de la propiedad, y que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, y hacen desaparecer la naturaleza del bien o hacen imposible el uso de la cosa, al impedir el "uso comercial de la propiedad" o su "valor económico y social", porque se constituirían en verdaderas expropiaciones de hecho, violatorias, en consecuencia, del precepto constitucional del artículo 45. Asimismo, serán inconstitucionales las cargas que se impongan que sean de naturaleza singular o concreta, por equipararse a verdaderas expropiaciones. En todo caso, la normativa que tutela el patrimonio cultural debe interpretarse en el sentido más favorable para facilitar y hacer efectiva la conservación de los bienes culturales; sin embargo, ello no obsta a que las cargas sufridas por los titulares por la condición de bien histórica tienen que ser siempre ajustables e idóneas a la relevancia de ese fin público en juego y el respeto de los derechos fundamentales involucrados.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que las limitaciones que pesan sobre la propiedad de interés histórico-arquitectónico tienen como misión asegurar la conservación de las mismas, para acrecentar y promover los fines del arte, la historia y cultura nacional; cuyo origen nace de la necesidad de establecer un justo equilibrio social entre los intereses individuales y de la colectividad.
OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARTICIPAR, FOMENTAR Y COOPERAR EN LA FUNCIÓN TUTELAR DEL PATRIMONIO CULTURAL (RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN E INCENTIVOS). Dentro de este régimen especial de tutela, resulta de fundamental importancia el papel que desempeñan las autoridades del Estado, en su condición de garantes de la conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural, a fin de facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes por él comprendidos. Es así como la acción estatal se justifica en el hecho de que el patrimonio histórico-arquitectónico, al igual que todo tipo de patrimonio cultural, es por su propia naturaleza, dual, es decir, individual y social a la vez. Es así como este derecho fundamental de tercera generación que es, y que se conforma dentro del esquema de un Estado Social de Derecho, implica que su respeto por parte del Estado no se limita a la obligación de no afectar el derecho o de no interferir en la esfera privada del individuo -concepción típica de la orientación liberal-, sino que se traduce en la adopción de acciones y prestaciones concretas por parte de las autoridades públicas.
Frente a esta realidad, la posición del Estado no puede ser -ni ha sido- la indiferencia, toda vez que los poderes públicos deben dar respuesta a las nuevas necesidades mediante expresiones institucionales y administrativas, entre las que obviamente, debe citarse la legislación cultural. Por ello, se constituyen en gestiones obligadas para los poderes públicos el proteger el patrimonio cultural frente a la exportación ilícita y expoliación, así como el facilitar su recuperación cuando hubiesen sido ilegalmente exportados, el promover la difusión para el conocimiento de este tipo de bienes, así como la promoción y fomento de la cooperación e intercambio internacional de la información y de los bienes culturales, técnicos y científicos; y el fomentar la ayuda económica y asesoría para que el particular pueda cumplir con las obligaciones impuestas por la incorporación de su inmueble al régimen de patrimonio cultural.
Asimismo debe impedir toda acción u omisión que ponga en peligro los valores de los bienes que integran el patrimonio, o perturben el cumplimiento de la función social reconocida en este tipo de bienes, lo cual se traduce, en la regulación relativa a la colocación de rótulos comerciales y publicitarios, la adopción de sistemas de seguridad en las instituciones donde se exhiban los bienes culturales (pólizas de seguros), la capacitación del personal, tanto de los museos como de las entidades públicas administrativas encargadas de la tutela de este derecho, el otorgamiento de facilidades económicas, como créditos blandos y exenciones fiscales, por ejemplo. En este orden de ideas, es que resulta importante hacer mención del sistema de incentivos (o compensaciones) dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, número 7555, de veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, en que expresamente se establecen una serie de incentivos para los propietarios o poseedores de bienes incorporados al patrimonio cultural (Capítulo III., artículos 13 a 17); como lo son la exención del pago del impuesto sobre los bienes inmuebles y del pago de las construcciones suntuarias, así como de los timbres requeridos para los permisos de construcción (artículo 14); la autorización a las instituciones públicas para efectuar donaciones e inversiones destinadas a obras, adquisiciones por parte del Estado (artículo 15); y establece la obligación para el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de gestionar líneas de créditos blandas para los particulares o entidades públicas o privadas, con el fin de financiar obras de conservación, restauración, mantenimiento y rehabilitación en bienes declarados de interés histórico arquitectónico (artículo 17).
Al respecto, debe tenerse presente que mediante el inciso k) del artículo 22 de la Ley de Simplificación Tributaria, número 8114, de cuatro de abril del dos mil uno, se derogaron los artículos 13 y 22 de la Ley 7555, que reconocían una exención del impuesto de la renta respecto de "[...] los gastos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, las donaciones y las inversiones destinadas a los fines de esta ley, así como las mejoras que el propietario, poseedor o titular de derechos reales realice en un inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico, siempre que hayan sido autorizadas previamente por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes"; y "u) las mejoras que realice el propietario, poseedor o titular de derechos reales de un inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico, así como los montos de las donaciones o inversiones destinados a los fines de la presente ley, previo informe favorable del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes".
La Sala advierte que aunque con un contenido mínimo, éste régimen de compensación se enmarca en las exigencias establecidas en los Convenios y Recomendaciones internacionales de la materia -reseñadas anteriormente-; sin embargo estima que no son suficientes ni adecuadas para dar una efectiva tutela y protección del patrimonio cultural de la Nación. En otras legislaciones (caso de la francesa o española), las exenciones tributarias son totales, al reconocerse no sólo la del impuesto territorial, sino la relativa a los servicios municipales, y por supuesto, la del impuesto de la renta. La ayuda del Estado también se traduce en la asignación de una serie de recursos importantes para la debida conservación y mantenimiento de estos bienes, tales como lo que respecta al asesoramiento de especialistas, o el efectivo otorgamiento de créditos favorables para llevar a cabo las obras pertinentes. Corresponderá a los legisladores, dotar de los mecanismos e instrumentos necesarios para que éste régimen de compensación e incentivos sea lo suficientemente adecuado para lograr un verdadero equilibrio en relación con las cargas y limitaciones impuestas a los propietarios y poseedores de bienes incorporados al patrimonio histórico-arquitectónico, a quienes se les obliga a disponer de un bien de su propiedad para el provecho de la Nación en su conjunto, de manera que resulta no sólo justo sino necesario que la sociedad (el Estado) les reconozca una serie de beneficios a su favor, en compensación por el "sacrificio" que se les impone; y con ello, se revierta la desprotección en que se mantiene el patrimonio cultural de nuestro país, que produce la demolición, prácticamente instantánea, de las construcciones y edificaciones con (sic) se intentan incorporar al patrimonio histórico-arquitectónico, tal y como lo señaló el arquitecto Roberto Villalobos Ardón, en el Seminario Propiedad, Ambiente y Urbanismo, realizado en mil novecientos noventa y cinco:
"Algún colega me decía en algún momento, que no había forma más fácil, más efectiva, más directa, más rápida, más expedita, menos complicada de deshacerse de un edificio viejo, léase patrimonial, que declararlo patrimonio. La imposibilidad del Estado de indemnizar al propietario, lo lleva a un deterioro prácticamente de inmediato, y me he topado con casos en que en término de dos años, algo que más o menos se sostenía, acaba derribado, casa en Curridabat, Escazú, Santo Domingo, etc. ..."
XXXII.Asimismo, resulta obligado para el Estado, la debida planificación en esta materia, sea, el establecimiento de políticas adecuadas de protección, en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en el que se definan los objetivos y tareas específicas, así como lo relativo a la dotación y previsión de los recursos necesarios para llevar a cabo los mismos. En este sentido, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes se constituye en el órgano encargado de esta materia, como órgano asesor y responsable, en primer término, de la conservación y del mantenimiento del patrimonio histórico-arquitectónico del país, en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley número 7555, y como "la máxima autoridad en la materia" que es, se encuentra obligada a "[...] brindar la asesoría necesaria a los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes que forman ese patrimonio, para que se cumplan los fines de la presente ley."
En todo caso, no debe olvidarse la competencia que tienen los gobiernos locales en lo respecta a la planificación urbana, lo cual, obviamente incluye la protección y tutela del patrimonio cultural, pero ya no como institución responsable, sino como colaborador del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. En este sentido, cobra sentido lo indicado en sentencias número 55445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, y en la número 2001-05737, de las catorce horas cuarenta y un minutos del veintisiete de junio del dos mil uno, del deber de coordinación que se impone de las municipalidades con las instituciones con competencia asignada a nivel nacional, en este caso, de los gobiernos locales con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el cual tiene asignado un cometido especial en la protección y preservación del patrimonio cultural, a fin de evitar el supuesto conflicto de la prevalencia entre el interés nacional versus el local, es que nace la obligación de coordinación entre las diversas dependencias públicas, a fin de que prevalezca el interés superior de la Nación.
Lo anterior, implica que los gobiernos locales deben de implementar en los planes reguladores las medidas necesarias para coadyuvar en la protección de estos bienes, tal y como sucede en los países europeos -como en el caso de España y Francia-, de modo que hagan efectiva la regulación pertinente en lo que respecta a la colocación de los rótulos y anuncios comerciales, así como lo relativo a la ordenación del tránsito, o al mantenimiento del ornato e higiene en los cantones respectivos, a fin de preservar un medio urbano ecológicamente equilibrado y más sano y participativo, que se traduce en tareas tales como la recolección de basura, el control del tránsito, el ornato y mantenimiento de parques, o el fomento de programas culturales y educativos; todo lo cual, claro están con el asesoramiento del personal responsable del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
XXXIII.DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE "LA PUESTA EN VALOR" DEL MONUMENTO, QUE ENMARCA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO. Este principio es esencial y propio de la tutela del patrimonio histórico-arquitectónico, que comienza a gestar en la Recomendación de la UNESCO relativa a la protección de las bellezas y del carácter de los lugares y paisajes (1962) y en la Carta Internacional de ICOMOS sobre la conservación y la restauración de monumentos y conjuntos históricos-artísticos (1965), pero cuyo desarrollo como tal se da a partir de las Normas de Quito (en 1967), al atender, precisamente, a las condiciones particulares del continente Latinoamericano, caracterizado por una economía y una cultura subdesarrollada, en virtud de lo cual, se hacía -y hace- necesario y obligatorio enmarcar dentro de esta realidad, cualquier acción de conservación del patrimonio cultural, a fin de que sea consecuente con ella.
Posteriormente se incluye este principio en la Convención de la UNESCO relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos en la vida contemporánea (1976) y en la Carta Internacional de ICOMOS para la protección de las ciudades históricas (1987). Es la respuesta al fenómeno conocido como la "museificación" del patrimonio cultural, por el que se pretende que estos bienes pasen al dominio exclusivo del Estado para su conservación y mantenimiento, lo que generaría su extracción del quehacer diario de la sociedad. Por el contrario, la aplicación de este principio se traduce en que la tutela del patrimonio cultural debe fomentar su debida utilidad económica y social, pero de manera tal que no ponga en riesgo su valor cultural; es decir, se intenta fomentar la utilidad de estas edificaciones, de manera tal que se permita su participación y permanencia en la actividad económica y social de la sociedad, pero al mismo tiempo, manteniéndose y conservándose su valor espiritual (artístico, arquitectónico, histórico, técnico, arqueológico, etc.) que motivó y justifica el régimen tutela especial.
Es así como se sienta el principio de que los monumentos están destinados a cumplir con una función social, sea, la de contribuir a la cultura e identidad nacional; es decir, que se intenta revalorar el patrimonio monumental en función del interés público y para benéfico de la nación, sin que por ello se afecten los derechos de los particulares en ellos involucrados (derecho de propiedad o libertad de comercio, por ejemplo), toda vez que se intenta erigir estas edificaciones como instrumentos del progreso y el desarrollo, en primer lugar, de su titular, y en segundo lugar, como efecto multiplicador del desarrollo económico del país. Con ello, se intenta incorporar a un potencial económico, un valor actual, de poner en productividad una riqueza inexplotada mediante el proceso de revalorización, que lejos de mermar su significación puramente histórica o artística, la acrecienta, pasándola del dominio exclusivo de las minorías eruditas al conocimiento y disfrute de la las (sic) mayorías populares.
Se parte de la base de que los monumentos son parte de los recursos económicos de las naciones, y por supuesto, de sus propietarios o titulares de algún derecho real, motivo por el que se deben movilizar los esfuerzos en el sentido de procurar su mejor aprovechamiento, como medio indirecto para fomentar el desarrollo del país; sea, como elemento facilitador del turismo, del comercio, o inclusive, o para uso habitacional. En muchos países, a través de la aplicación de este principio se han establecido programas de vivienda popular. En todo caso, la utilización que se dé este tipo de edificaciones debe comprender actividades que mantengan el valor cultural del bien, es decir, que no pongan en peligro el bien como tal. La puesta en valor equivale a habitar la edificación en condiciones objetivas y ambientales armónicas que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento; por lo que implica una acción sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar todos y cada uno de esos bienes conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus características y méritos, hasta colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud, la nueva función a que están destinados; sea, la función social que cumplen, a nivel objetivo urbanístico y a nivel meta-funcional.
De esta suerte, la conservación y el desarrollo no son contradictorios, sino que están íntimamente ligados, y el segundo presupone el primero, en tanto el patrimonio trae grandes beneficios turísticos, o como excelente opción de los programas de vivienda, que permite una significante economía constructiva (de hasta un 35% del valor total de una obra nueva), y produce una mejor distribución del trabajo y del capital, con lo cual, contribuye a la regeneración social y económica de ese sector. Asimismo, la puesta en valor ejerce una beneficiosa acción refleja sobre el perímetro urbano, toda vez que la diversidad de los monumentos y edificaciones de marcado interés cultural, histórico, artístico y arquitectónico ubicados en las ciudades forman parte del paisaje urbano, es decir, del ambiente -según la acepción integral explicada anteriormente-, de manera que ejercen un efecto multiplicador sobre el resto del área que se revaloriza en su conjunto y como consecuencia del plan de valorización y saneamiento urbano (planificación urbana).
Se aclara, que este principio no es exclusivo de los conjuntos históricos, sino de todo el patrimonio histórico-arquitectónico; sin embargo, como ejemplo de su aplicación, es más claro en el éstos (sic), como por ejemplo la ciudad de la Habana Colonial, o San Juan Viejo, en Puerto Rico, o Antigua Guatemala, lugares donde se ha fomentado la actividad económica y social cotidiana de un centro urbano, donde se realizan actividades comerciales, artesanales, turísticas, también habitacionales; con la única diferencia de que edificaciones que conforman estos centros están sujetas a un régimen especial, por el que se impide su demolición, destrucción total o parcial, y se obliga a sus titulares a su conservación y mantenimiento, así como el sometimiento a las regulaciones de ordenación del tránsito -que son mucho más estrictas y controladas y del ornato, entre las que se incluye las relativas a la colocación de rótulos y anuncios publicitarios” (el destacado no es del original).
De manera más reciente, en la resolución nro. 2017016787 de las 9:20 horas del 20 de octubre de 2017, este Tribunal resolvió:
“VII.- Sobre la tutela del patrimonio cultural. Según ha señalado este Tribunal, los bienes culturales son producto y testimonio de las diferentes tradiciones y realizaciones espirituales de lo pasado, y constituyen un elemento fundamental de la personalidad de los pueblos, por lo que es indispensable conservarlos. Esa es una tarea fundamental del Estado, que deviene de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política y de otros instrumentos internacionales. En un inicio, dicha tutela se circunscribía a un concepto de patrimonio materializado en algún bien. La Sala, en la sentencia No. 1997-4350 de las 14:54 horas del 24 de julio de 1997, señaló lo siguiente:
“La noción de "patrimonio", ciertamente (sic), comprende cualesquiera bienes que tengan un valor en dinero, como lo señala el Código Civil, patrimonio es el total conjunto de los bienes y derechos de una persona o, también, que todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona, responden al pago de sus deudas. Es obvio, que los bienes arqueológicos o culturales también tienen valor apreciable en dinero, ya sea por el material de que están hechos, por su fina artesanía o belleza o por el testimonio histórico que evidencian, ya sean de barro, piedra o metal. Algunos de esos objetos pueden ser de escaso valor físico o de poca significación (sic) como obra artística, pero aun así son valiosos por su origen y como elementos de estudio para investigar la cultura de los pueblos de otras épocas, de sus creencias y costumbres o de la naturaleza del medio en que vivieron, según sean las huellas o representaciones que allí logren encontrarse.
Pero, esos bienes, antes y ahora, constituyen un patrimonio común que las generaciones pasadas legaron a las presentes y a éstas corresponde hacerlo para las futuras como muestra de conocimiento de los hechos humanos que identifican o caracterizan un pasado nuestro. Por todo eso, valen los objetos arqueológicos provenientes de las razas aborígenes que poblaron el continente en la época pre-colombina (sic), anterior o contemporánea al establecimiento de la cultura hispánica y por ese valor es que muchas personas buscan y adquieren esas piezas.” Sin embargo, desde ese momento se apreciaba otro elemento importante de tutelar proveniente: los conocimientos y las técnicas utilizados para construir o elaborar dicho patrimonio material:
“Por eso mismo, el interés individual que cada uno pueda tener en la posesión o propiedad de esos objetos, no está sobre el interés público, tanto por su valor histórico, como porque, dentro de la cultura de los pueblos, está el estudio de lo que hicieron los grupos humanos que habitaron el mismo territorio, estudio que se facilita haciendo posible que el mayor número de personas tenga acceso a esas fuentes de conocimiento y nada más consecuente con ese interés público, que los bienes arqueológicos permanezcan en territorio nacional, en poder de los museos y bajo la pertenencia del Estado o de sus instituciones. Debe entonces subrayarse, que lo más importante no es el valor material de los referidos objetos, sino, su valor histórico, científico y cultural.” (sentencia No. 1997-4350) Así, al resaltar la importancia histórica que revisten tales representaciones, se hizo alusión, por ejemplo, a los testimonios que formaban parte de ese legado cultural como integrante de la identidad cultural de la sociedad:
“Arqueología e Historia son dos ciencias vinculadas íntimamente, teniendo como uno de sus objetivos aclarar y reconstruir los acontecimientos del pasado. La reconstrucción histórica se basa, fundamentalmente en la interpretación de documentos escritos, mientras que la Arqueología basa sus estudios en los datos que obtiene a través de los objetos materiales dejados por la acción del hombre en las sociedades ya desaparecidas, por medio de su relación entre ellos, de la forma del hallazgo y de su conexión con el ambiente. Todo objeto conservado, todo vestigio de vida y actividad del hombre de las sociedades del pasado, representa un testimonio que hace posible el conocimiento total o parcial, según sea el caso, de esos testimonios, y, por ende, de formas de vida ya inexistentes y desconocidas en el presente, pero cuyo conocimiento es de singular importancia, pues forman parte de la identidad cultural de la sociedad en que se vive; desde luego, en la medida en que sean un testimonio importante para la reconstrucción y conocimiento de los hechos del pasado.
El Patrimonio Arqueológico Nacional consiste básicamente en los inmuebles y muebles, producto de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura prehispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas. De lo anterior resulta el interés en la protección y conservación de esos hallazgos." (sentencias No. 1995-2706 y 1996- 0729).
Enfatizó la Sala, que el interés de resguardar este patrimonio, obedecía a un querer mayoritario orientado a la obtención de los valores pretendidos; esto es, de la mayoría de los intereses individuales coincidentes (sic). Se describió como un interés, porque se orienta al logro de un valor, provecho o utilidad resultante de aquello sobre lo que recae tal coincidencia mayoritaria. Además, tiene una connotación de interés público, toda vez que se asigna a toda la comunidad, como resultado de esa mayoría coincidente, porque es o pertenece al pueblo, a una comunidad en general. De manera que no es exclusivo o propio de unas pocas personas, sino en cuanto participan o coinciden en el mismo un número tal de personas, componentes de una comunidad determinada, que puede llegar a identificársela como referentes de todo el grupo, inclusive, respecto de aquellos que, individualmente, puedan o no compartirlo.
Se consideró el patrimonio, desde entonces, como compuesto por valores de carácter histórico y cultural, portadores de un mensaje, que contribuyen a identificar (sic) un momento histórico determinado, testimonio real y tangible de la evolución y transformación experimentada por la sociedad y su medio natural a través del tiempo, que constituyen antes, hoy y para el futuro, patrimonio común como expresión de la mayoría de los intereses individuales coincidentes (sic), es decir, de un interés público. Sin embargo, su concepción siguió atada a un concepto material. Tradicionalmente se consideraban “patrimonio cultural”: los monumentos, obras arquitectónicas, esculturas o pinturas monumentales; inscripciones, cavernas y grupos de elementos de carácter arqueológico, que tuviesen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, así como los lugares construidos por la naturaleza. Esta concepción tradicional provenía también de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que lo definía así:
“Articulo 1 A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":
- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, - los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, - los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.” Actualmente, el concepto de patrimonio cultural ha sido ampliado por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial en el año 2003:
“Artículo 2: Definiciones A los efectos de la presente Convención, 1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
“IV.- Sobre el Proyecto de ley sometido a consulta. Según la exposición de motivos del expediente legislativo en estudio, este proyecto de ley tiene como fin, no solo estrechar los lazos culturales existentes con las Partes Contratantes, sino también, abordar la problemática que se presenta en ambos país (sic) con relación al robo y exportación ilícita de objetos propios del patrimonio cultural. Esta iniciativa se inspira en los principios jurídicos multilaterales que al respecto han adoptado ambos Estados en la Convención de la UNESCO de 1970, sobre las medidas a Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y Transferencias Ilícitas de Bienes Culturales, la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, y la Convención de San Salvador sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas de 1976.
En virtud de lo anterior, el Convenio establece normas que prohíben el ingreso en sus respectivos territorios de bienes culturales provenientes de la otra Parte que hayan sido objeto de apropiación o exportación ilícita (artículo 1). Para ello, se define en el numeral 2 del Convenio lo que deberá comprenderse por ambos Estados como bienes culturales. Asimismo, se dispone el intercambio de información para dar aviso e identificar estos bienes cuando se tenga sospecha de su sustracción ilegítima (artículo 4), se facultan medidas que permiten la recuperación de dichos bienes (artículo 3), a efectos de lograr su protección y conservación; y finalmente, facilita la devolución de estos bienes, liberándolos del pago de derechos aduaneros y demás impuestos correspondientes. Tales objetivos son consecuentes con los compromisos internacionales adquiridos previamente por nuestro país y por lo dispuesto en el numeral 89 de la Constitución Política, respecto al cual este Tribunal se ha pronunciado en el siguiente sentido:
“SEGUNDO: DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO O PATRIMONIO CULTURAL. Los bienes culturales, son producto y testimonio de las diferentes tradiciones y realizaciones espirituales de lo pasado y constituye el elemento fundamental de la personalidad de los pueblos, por lo que es indispensable conservarlos y esta es una tarea fundamental del Estado. Lo anterior hace que el patrimonio histórico y artístico sea diferente al de los bienes patrimoniales de carácter económico, porque no se trata de bienes de producción, sino, del patrimonio arqueológico cuyo régimen jurídico obedece a otro orden de ideas y propósitos y a una diferente categoría de valores que, por lo tanto, no pueden examinarse con un criterio de política económica, porque no le es aplicable ninguna doctrina de ese género. La noción de "patrimonio", cierta¬mente (sic), comprende cualesquiera bienes que tengan un valor en dinero, como lo señala el Código Civil, patrimonio es el total conjunto de los bienes y derechos de una persona o, también, que todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona, responden al pago de sus deudas.
Es obvio, que los bienes arqueológicos o culturales también tienen valor apreciable en dinero, ya sea por el material de que están hechos, por su fina artesanía o belleza o por el testimonio histórico que evidencian, ya sean de barro, piedra o metal. Algunos de esos objetos pueden ser de escaso valor físico o de poca signifi¬cación (sic) como obra artística, pero aun así son valiosos por su origen y como elementos de estudio para investigar la cultura de los pueblos de otras épocas, de sus creencias y costumbres o de la naturaleza del medio en que vivieron, según sean las huellas o representaciones que allí logren encon¬trarse (sic). Pero, esos bienes, antes y ahora, constituyen un patrimo-nio (sic) común que las generaciones pasadas legaron a las presentes y a éstas corresponde hacerlo para las futuras como muestra de conocimiento de los hechos humanos que identifican o caracterizan un pasado nuestro.
Por todo eso, valen los objetos arqueológicos provenientes de las razas aborígenes que poblaron el continente en la época pre-colombina (sic), anterior o contemporánea al estableci¬miento (sic) de la cultura hispánica y por ese valor es que muchas personas buscan y adquieren esas piezas. Por eso mismo, el interés individual que cada uno pueda tener en la posesión o propiedad de esos objetos, no está sobre el interés público, tanto por su valor histórico, como porque, dentro de la cultura de los pueblos, está el estudio de lo que hicieron los grupos humanos que habitaron el mismo territorio, estudio que se facilita haciendo posible que el mayor número de personas tenga acceso a esas fuentes de conocimiento y nada más consecuente con ese interés público, que los bienes arqueológicos permanezcan en territorio nacional, en poder de los museos y bajo la perte¬nencia (sic) del Estado o de sus instituciones.
Debe entonces subra¬yarse (sic), que lo más importante no es el valor material de los referidos objetos, sino, su valor histórico, científico y cultural. Ese interés, no es más que un querer mayoritario orientado a la obtención de los valores pretendidos; esto es, de la mayoría de los intereses individuales coinciden¬tes (sic). Es interés, porque se orienta al logro de un valor, provecho o utilidad resultante de aquello sobre lo que recae tal coincidencia mayoritaria. Es público, porque se asigna a toda la comunidad, como resultado de esa mayoría coincidente, porque es o pertene¬ce (sic) al pueblo, a la comunidad en general. De modo que, es interés público, porque no es exclusivo o propio de unas pocas personas, sino en cuanto participan o coinciden en el mismo un número tal de personas, componentes de una comunidad determinada, que puede llegar a identificársela como de todo el grupo, inclusive, respecto de aquellos que, individualmente, puedan o no compartirlo.
Es decir, los valores de carácter histórico y cultural, como portadores de un mensaje, contribuyen a identifi¬car (sic) un momento histórico determinado, testimonio real y tangible de la evolución y transformación experimentada por la sociedad y su medio natural a través del tiempo, que constituyen antes, hoy y para el futuro, patrimonio común como expresión de la mayoría de los intereses individuales coinciden¬tes (sic), es decir, de un interés público.” (sentencia No. 1997-4350) En consecuencia, lejos de constitutir (sic) la aprobación de este Convenio una lesión al Derecho de la Constitución, fortalece nuestra garantía constitucional de protección del patrimonio cultural, y promueve la respectiva cooperación internacional para ambos Estados Parte en tal propósito…
V.En conclusión y bajo los términos señalados, la Sala no encuentra objeciones de índole constitucional, de fondo o forma, al proyecto de ley tramitado en el expediente legislativo 18.138.”
Dicho precedente se refiere a un articulado jurídico positivo muy similar al convenio objeto de estudio”.
En consonancia con la jurisprudencia constitucional, la protección del patrimonio cultural se impone como obligación constitucional a partir de los ordinales 50 y 89 de la Carta Magna, sin perjuicio del ordenamiento jurídico nacional e internacional que rige la materia. En ese sentido, en la ley nro. 7555 del 4 de octubre de 1995 ‘Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica’ se dispone:
“ARTÍCULO 2.- Patrimonio histórico-arquitectónico Forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico del país, el inmueble de propiedad pública o privada con significación cultural o histórica, declarado así por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de conformidad con la presente ley.
Se declaran de interés público la investigación, la conservación, la restauración, la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio histórico-arquitectónico.
ARTÍCULO 3.- Asesoría El Estado tiene el deber de conservar el patrimonio histórico-arquitectónico del país. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es la máxima autoridad en la materia y brindará la asesoría necesaria a los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes que forman ese patrimonio, para que se cumplan los fines de la presente ley (…)
ARTÍCULO 5.- Comisión nacional de patrimonio histórico-arquitectónico Créase la Comisión nacional de patrimonio histórico-arquitectónico que asesorará al Ministerio en el cumplimiento de esta ley. Estará integrada de la siguiente manera:
La obligación de los dos últimos será velar por los intereses de los particulares afectados por la aplicación de la presente ley. Los miembros de la Comisión citados en los incisos a), b), d) y e) ejercerán sus funciones mientras desempeñen el cargo que los llevó a ella; los citados en los incisos c), f) y g) serán nombrados por cuatro años. En caso de renuncia o muerte, el sustituto será nombrado por período completo (…)
ARTÍCULO 7.- Procedimiento de incorporación La incorporación de un bien al patrimonio histórico-arquitectónico se efectuará mediante Decreto Ejecutivo, previa tramitación de un expediente que abrirá el Ministerio a instancia de la Comisión asesora prevista en el artículo 5 anterior, la cual procederá de oficio o por solicitud de un particular o un ente público.
El propietario y los titulares de derechos reales sobre el inmueble serán notificados de la apertura del expediente para que se apersonen, expongan lo que les interese y ofrezcan la prueba del caso, dentro del plazo que se les fije. Igual notificación se hará a la municipalidad en cuya jurisdicción esté localizado el inmueble.
La apertura del expediente implica la prohibición de demoler o cambiar la estructura del inmueble y la aplicación, inmediata y provisional, del régimen previsto para los bienes incorporados al patrimonio histórico-arquitectónico, excepto lo dispuesto en los incisos b), d) y g), del artículo 9.
La declaración no procederá si no consta en el expediente la opinión favorable de la Comisión, creada en el artículo 5, la cual se le solicitará una vez concluida la instrucción en que se declare abierto el expediente; salvo que este obedezca a una iniciativa de la Comisión. En todo caso, rendirá su informe en un plazo de quince días. El silencio de la Comisión se entenderá como asentimiento.
El expediente deberá concluirse en un plazo máximo de dos meses que podrán prorrogarse hasta por dos meses más en casos calificados y previa resolución motivada suscrita por el Ministro. Transcurrido el plazo, si no hay resolución se producirá la caducidad del expediente y sólo se podrá iniciar otro sobre el mismo inmueble cuando hayan transcurrido tres años desde la caducidad, salvo que medie gestión escrita del propietario o titular del derecho sobre el inmueble.
Si se trata de un centro, conjunto o sitio, una vez cumplidos los trámites anteriores, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes hará la declaratoria si lo considera oportuno y cuando proceda remitir el expediente a la Asamblea Legislativa para su ratificación.
* (Por resolución de la Sala Constitucional N° 7158 de las 08:42 hrs del 08 de junio del año 2005, se anula del presente artículo todo el párrafo sétimo que disponía: "La declaratoria a que se refiere la presente ley, excepto la regulada en el párrafo anterior, podrá dejarse sin efecto vía Decreto Ejecutivo por iniciativa del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, previa reapertura del expediente e informe favorable de la Comisión. No se podrán invocar, como causas determinantes para dejar sin efecto la declaración, las que se deriven del incumplimiento de las obligaciones que a los propietarios o al Ministerio les impone la presente ley").
ARTÍCULO 8.- Decreto Ejecutivo El Decreto Ejecutivo que incorpore al patrimonio histórico-arquitectónico un bien determinado, comprenderá los siguientes extremos:
En suma, este Tribunal Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia la importancia de la protección del patrimonio cultural, el cual deriva del derecho a la cultura, lo que implica que se deben llevar a cabo acciones efectivas y concretas tendientes a su resguardo y aseguramiento.”.
En el sub examine, el recurrente acusa que, en octubre y noviembre de 2025, las autoridades recurridas ejecutaron obras de restauración en el Teatro Nacional sin seguir lineamientos adecuados ni criterios técnicos para la correcta conservación del inmueble, lo que ocasionó daños importantes. Precisa que los recurridos cambiaron el color de las rejas externas del teatro, que originalmente eran color café chocolate, y las pintaron de color negro brillante. Alega que ese cambio de color no fue aprobado técnicamente ni se consultó el registro histórico para hacerlo. Además, señala que el teatro tiene puertas de madera talladas con vidrio original, que tienen más de 130 años y que son particularmente frágiles; sin embargo, sin ningún tipo de cuidado o protección, cuatro pares de esas puertas fueron montadas en un vehículo pick-up para ser trasladadas a un sitio desconocido. Asevera que el riesgo de ese traslado es incalculable y que tales estructuras no debían salir del teatro.
Por otro lado, refiere que debajo de las rejas hay piedras de remate en los muros perimetrales, que son originales del teatro y que tienen aproximadamente 128 años; empero, los recurridos han intervenido tales estructuras de manera destructiva mediante el uso de una esmeriladora para ampliar las sisas. En ese tanto, explica que las sisas originalmente medían cinco milímetros de ancho, pero ahora se han ampliado a tres centímetros, lo que ha implicado la destrucción del material original. Aunado a ello, resalta que las sisas ampliadas fueron rellenadas con concreto, que es un material incompatible con la piedra original. Afirma que la actuación de las autoridades recurridas no solo ha producido daños irreversibles, sino que a la vez ha ocasionado daños futuros. Esgrime que la empresa encargada de las obras no tiene experiencia comprobada en restauración de patrimonio histórico. Detalla que cualquier intervención requiere un diagnóstico inicial que señale cuáles son elementos que se deben conservar intactos y cuáles necesitan restauración.
Además, se tiene que indicar cómo se va a realizar la restauración. Explica que tal diagnóstico debía someterse a la Dirección de Patrimonio para su aprobación; además, existía la obligación de documentar todo el proceso de intervención. En este sentido, resalta que no existe diagnóstico, aprobación, documentación ni una empresa especializada. Solicita que se les ordene a las autoridades recurridas suspender de manera inmediata la intervención del Teatro Nacional hasta que se dé un diagnóstico técnico, que indiquen el paradero de las puertas de madera, revertir las obras que sean reversibles y reparar las piedras de remate con materiales compatibles, todo debidamente supervisado.
Del estudio de los autos se tiene por demostrado que el Teatro Nacional de Costa Rica inició la licitación nro. 2025LD-000012-0009900001, denominada “Contratación Servicios de mantenimiento, reparación y restauración en el Teatro Nacional de Costa Rica”, cuya recepción de ofertas se habilitó el 26 de febrero de 2025. Mediante resolución MCJ-DPC-PHA-1244-2025 de 12 de agosto de 2025, la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud dispuso: “CONSIDERANDO. Primero. Que los trabajos a realizar según la solicitud corresponden a la restauración del muro sureste, impactado por un vehículo, el cual contempla la construcción de una placa de cimientos en el área afectada que le dará soporte y estabilidad a la columna, aplomado de la columna y alineamiento del muro este y muro sur. Restauración de repellos internos y externos. Reparación de columna en hierro. Alineamiento y restauración de las verjas.
Reparación de sisas y repellos de muro perimetral. Reparación y acabado de verjas perimetrales y otros elementos de metal. remoción y confección de losa y tapas de antiguos respiraderos. Restauración de puertas en los costados norte, sur y este. Reparaciones puntuales en las fachadas. Restauración de pintura de la cubierta de techo, específicamente: a. Cubierta de techo: la pintura de la cubierta requiere ser restaurada para prolongar su vida útil, proteger los elementos de anclaje, mejorar su apariencia y eficiencia térmica. Asimismo, la cubierta cuenta con un sector de tragaluz conformado por láminas de policarbonato con un deterioro significativo por los factores ambientales por lo que se requiere cambiarla, mantenimiento las características actuales, con el objetivo de prevenir futuras filtraciones de agua a la sala principal y daños en los lienzos de los cielorrasos. b. Reparaciones puntuales en las fachadas: Por factores ambientales, biológicos las fachadas de Teatro Nacional presentan un tipo de deterioro en los repellos, por esta razón se procederá a reparar secciones puntuales en las paredes, cornisas y marcos. c. Restauración de los marcos y las puertas en los costados norte, sur y este: Por factores ambientales, biológicos las puertas de Teatro Nacional presentan deterioro en su acabado y algunas piezas de madera presentan problemas de putrefacción, las cuales requieren ser intervenidas para ampliar su vida útil. d. Reparaciones generales en el muro perimetral.
Se realizará un proceso de restauración del muro perimetral conservando el acabado existente, tanto en la parte interna como externa, la reparación de las sisas de los remates de piedra que protegen la parte superior del muro. e. Reparación general de las verjas perimetrales: se realizar un proceso de restauración de la pintura de las verjas perimetrales, se realizará el remplazo de 8 postes que fueron construidos en concreto y presentan un deterioro significativo conservando el acabado existente. Además, se incluye la restauración de pintura de las marquesinas y las lámparas de jardín conservando el acabado existente. f. Reparación de la esquina sureste: la cual fue impactada por un vehículo, se requiere construir una placa de cimientos que le dará soporte y estabilidad a la columna, restaurar y alinear el muro impactado en el sector sur y este, restaurar y alinear las verjas. g. Pisos: en el costado norte se ubican 5 respiraderos que no se requieren según confirmación brindada por el BCCR, por lo que se propone demolerlos y colocar una losa de piso y sobre ella losetas tipo adoquín como las existentes.
Segundo a. Que los trabajos solicitados son necesarios para dar mantenimiento preventivo al Teatro. b. Que se reparará el impacto provocado por un vehículo en el muro perimetral. SE RESUELVE Único. APROBAR los trabajos en la cubierta, las reparaciones en fachada, la restauración de marcos de puertas y ventanas, las reparaciones del muro perimetral, la reparación general de las verjas perimetrales, la reparación de la esquina sureste del muro perimetral y la remoción de los respiraderos en el sector norte del teatro Lo anterior con base en los argumentos expuestos en este documento y normativa aplicable, de acuerdo a (sic) los criterios del artículo 9 de la Ley 7555 y artículos: 3, 38 y 39 del reglamento a la Ley Nº7555. Esta resolución es acorde con la afectación del Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la edificación denominada Teatro Nacional (Ley N°3632) de tal forma que las medidas de seguridad, reglamentación pertinente al manejo de equipo de alta peligrosidad y reglamentos ambientales vigentes, será responsabilidad del solicitante.
Conforme al artículo 43 del Reglamento a la ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico, contra el presente acto proceden los recursos de revocatoria y apelación, que deberán interponerse ante la Dirección de Patrimonio Cultural, en término de tres días hábiles a partir de su notificación; que resolverá la revocatoria y trasladará la apelación al despacho ministerial, para su resolución. Por último, se le recuerda al interesado el deber de comunicar por escrito a la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) el inicio de las obras, para efectos de supervisión. Sobre la vigencia de la presente resolución, de acuerdo al (sic) Reglamento de trámites de la DPC, artículo 1, sección 1.2. UNIDAD DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO, inciso 1.3. Permiso Especial para Intervención a Edificios Declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico, la vigencia de la licencia, autorización o permiso es de doce (12) meses a partir del respectivo otorgamiento.”.
El 15 de octubre de 2025 se iniciaron las obras en el Teatro Nacional de Costa Rica. El 4 de noviembre de 2025 se realizó la desinstalación de las puertas objeto de intervención y se procedió con su traslado a talleres de ebanistería. El 5 de noviembre de 2025, las autoridades del teatro remitieron un correo electrónico a la Dirección de Patrimonio Cultural, informando el inicio de los trabajos en el recinto. A través del oficio nro. REYCO-009-2025 de 25 de noviembre de 2025, la empresa a cargo de las obras en el Teatro Nacional detalló: “Por medio del presente, se informa sobre la evaluación realizada realizada (sic) a las opciones de pintura propuestas para la aplicación en las verjas del proyecto. Se analizaron dos alternativas: 1. Pintura Ferroso Negro (SUR) • Pintura base alquídica con acabado estándar. • Presenta resistencia moderada a la intemperie. • Requiere mantenimiento mas (sic) frecuente en superficies metálicas expuestas. • Menor desempeño ante ambientes húmedos o exposición prolongada al sol. 2.
Pintura Monocapa Poliuretano Bi-componente Automotriz (SUR) • Pintura de alta durabilidad y excelente adherencia sobre superficies metálicas. • Mayor resistencia a rayos UV, humedad y corrosión. • Acabado de mayor calidad y vida útil prolongada. • Cumple con mejores estándares de protección para verjas sometidas a factores ambientales. Después de revisar las fichas técnicas y comparar la calidad, resistencia y desempeño de ambas opciones, se determino (sic) que la pintura Monocapa Poliuretano Bi-componente Automotriz en negro grafito mate, código: 31700, diluyente: 476 y catalizador: 778 es la alternativa mas (sic) adecuada para las verjas, por ofrecer una protección superior y garantizar una mayor durabilidad en el tiempo. Por lo anterior, se aprueba el uso de esta última para la ejecución del trabajo correspondiente.”. A través del correo electrónico de 25 de noviembre de 2025, dirigido a la funcionaria Meyshell Loaiza Brenes del Teatro Nacional, el señor Adrián Vindas Chaves, en su condición de jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, indicó: “Recibida la información sobre las pinturas a aplicar en cubierta de la tramoya y verjas.
Se acordó el uso del LANCO ultra-durex para la cubierta y Pintura Monocapa Poliuretano Bi-componente Automotriz (SUR) para las verjas (…)”. En cuanto la pintura utilizada para las verjas, las autoridades del Teatro Nacional informan que “el acabado aplicado en el proyecto, en color negro grafito mate, fue definido y validado técnicamente por el Departamento de Conservación del Teatro Nacional en coordinación con la Dirección de Patrimonio Cultural. Se ha apoyado la decisión en archivos históricos del área de restauración, así como documentos fotográficos extensos en el Archivo institucional del TNCR.”. Mediante el oficio de 20 de diciembre de 2025, dirigido al ministro de Cultura y Juventud, el señor José Fernando Madrigal Fallas, director de Patrimonio Cultural de ese ministerio, afirmó: “INFORME TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL TEATRO NACIONAL. El presente 5 de noviembre del 2025 se recibe el correo de inicio de obras para restauración específica de muros perimetrales, costado sur de la fachada así como sisas y puertas exteriores mediante la resolución MCJ-DPC-PHA-1244-2025 solicitada el 30 de junio del 2025 al anterior Director de Patrimonio el Ing. Lynder Fallas y aprobado en conjunto con la Unidad Histórico-Arquitectónico, a raíz de esto se giran una serie de instrucciones por parte de mi persona como actual Director de Patrimonio el 7 de noviembre al jefe de la Unidad Histórico-Arquitectónico, en el cual se indica que debemos solicitar una reunión de coordinación, así como conocer una planificación de las actividades del proceso.
Posterior a ello la Dirección de Patrimonio se da cuenta de un mal manejo por parte de la empresa de componentes patrimoniales del Teatro Nacional, en este caso un juego de puertas que se dirigían a un taller, esto por denuncia de la ciudadanía, por ello (sic) lunes 17 de noviembre a primera hora se solicita una reunión con el Director del Teatro Nacional y el Ingeniero Oscar Flores, jefe de conservación, para conocer lo sucedido, lo cual indican que este tema se había abordado el mismo fin de semana con el Despacho informando de lo sucedido, pero no se notificó a la Dirección de Patrimonio en el momento, ni previamente para validar los protocolos de trabajo o traslado de dichas puertas. A raíz de esto se solicita que toda acción se debe informar y que deben presentar los protocolos de trabajo de intervención, los cuales fueron recibidos hasta el 8 de diciembre del 2025, un mes después del inicio de obras, el protocolo es de conocimiento de la Dirección y cumple, si es claro indicar que los colores habían sido definidos por el teatro sin consulta a la Dirección de Patrimonio, dado que lo permisos presentados en junio del 2025 no indican colores, ni acciones de protocolo, solo generalidades de la intervención.
El 28 de noviembre se vuelve hacer inspección por parte de la Dirección de Patrimonio de los trabajos, identificando que existía un daño en las piedras que conforman los muros decorativos perimetrales, lo cual también fue expuesto por la ciudadanía mediante comunicados en RRSS, se generaron cortes de la piedras con uso incorrecto de herramientas, en este caso se observó el uso del esmeril como herramienta para cortar las juntas de las piedras dañando el tejido simbólico, ampliando las separaciones de la piedras, para ello se le indica que deben cambiar el protocolo pero el daño de varias piezas estaba dado, la UNESCO establece que los métodos de restauración no deben ser agresivos y deben ser reversibles, en este caso el daño ya no es reversibles, gestionando un daño al patrimonio, adicional a ello se le solicita revisar los componentes que se usaron para las sisas y se identifica que en el permiso dado el 12 de agosto posterior a una presunta apelación TN-DG-OF-258-2025_Revocatoria_apelación_resolución_Permiso_MCJ-DPC-PHA-1141-2025, son a base de cementisios (sic) y no calizos, esto es un componente básico de la restauración en materiales orgánicos como las piedras, dado que la cal permite que las piedras tenga una mejor respiración y químicamente no hayan reacciones que dañen los elementos.
Como parte de la supervisión se instruye al Jefe de la Unidad que gestione las inspecciones, así como los reportes sobre los trabajos, y que se debe tener las ubicaciones de los talleres de las puertas para conocer el estado de éstas (sic), es así como el 18 de diciembre se procede a la visita de los talleres, en este caso la visita se realiza en conjunto con el Teatro Nacional y los participantes fueron la Ing. Meycell Loaiza, Marcia Fallas y Adrían (sic) Vindas jefe de la Unidad de Histórico Arquitectónico de la Dirección Patrimonio, de ahí se desprende el primer reporte y se evidencia que no se pudo inspeccionar los tres talleres porque ya uno de ellos había gestionado la entrega. El informe expone presuntamente que la estrategia de tener varios talleres para restaurar puertas de igual estilo, acabado y daños similares, no es adecuada, ni conveniente, salvo que, se tenga un procedimiento de intervención claramente definido en cuanto a decapado, reparación de elementos dañados, empastado de daños menores, lijado, pulido y aplicación de productos iguales en todos los casos y que sean compatibles con el material base, siguiendo los procedimientos de restauro, lo que presuntamente se evidencia que no se está siguiendo los protocolos de trabajo presentados a la Dirección de Patrimonio exponiendo el presunto uso de materiales tipo “merula” o acabados automotriz que se contraponen a las buenas prácticas de conservación y restauración, se expone un presunto uso inadecuado del lijado excesivo desfigurando molduras de las puertas y con ellos un presuntia (sic) ausencia de inspecciones regulares por parte de los encargados del proyecto.
Las técnicas de decapado expuestas en uno de los talleres exponen un presunto desgaste y deformación mayor de elemento como las batientes para sujetar los vidrios. Posterior a la visita a los talleres el 19 de diciembre 2025 se inspecciona las puertas instaladas y se identifican errores en acabados finales y tratamiento de las puertas exponiendo un acabado que no respeta el lenguaje histórico al analizar las puertas físicamente, así como el detalle a nivel fotográfico, este análisis da como un diagnóstico de pinturas de alto brillo con presuntos acabados tipo esmalte sintético o poliuretano, las superficies se observan excesivamente lisas y vitrificadas, escurrimientos visibles, acumulaciones y chorreados en encuentros de molduras, relieves ornamentales, zócalos y aristas inferiores, el sellado de la textura del soporte anula la lectura del material original, esto lleva a identificar un presunto uso de acabados de aplicación moderna como por ejemplo pistola sin regulación adecuada de presión y dilución.
En referencias al comportamiento sobre la ornamentación se presenta una pérdida de definición volumétrica, bordes redondeados artificialmente, por acumulación de pintura, relleno parcial de cavidades profundas (hojas, nervaduras, roleos). En temas de riesgo patrimonial desde el punto de vista restaurativo el brillo alto no es compatible con acabados históricos del Teatro Nacional, puede existir la reducción de transpirabilidad del soporte, y con ello acelerar el deterioro de la madera por atrapamiento de humedad y la aplicación no es reversibles compréndase que para eliminarla se debe gestionar un proceso de lijados entre otros que puede gestionar un desgaste mayor de los elementos ornamentales. Lo anterior se logra identificar dado al análisis de la (sic) puertas que no han sido intervenidas donde se expone un acabado satinado- mate sin reflejos que permite una lectura clara de volúmenes, aristas y profundidades de relieve, lo cual se presume que son coherentes con pinturas de tipo aceite tradicionales, veladuras (tipo de barniz a base de linazza (sic) o similar).
Es importante indicar que el Teatro Nacional presenta una construcción arquitectónica escultórica y con ello es un bien de un alto valor artístico es por ello que el tratamiento de los acabados van en esa misma línea, dado que la pintura acompaña el relieve, no lo domina, respeta los planos altos, medios y bajos desde un punto de creación de la arquitectura como una obra de arte. Con lo mencionado anteriormente, se expone que existe un presunto incumplimiento desde el punto de la conservación y restauración en diferentes etapas de ejecución del proyecto como tal como se puede observar en las siguientes imágenes (…) El 5 de noviembre 2025 se informa a la Dirección de Patrimonio por parte de la administración del Teatro Nacional el inicio de obras, que responde al permiso10392_MCJ-DPC-PHA-1244-2025. Informándose como Director el 6 de noviembre y dando instrucciones a Adrián Vindas de gestionar una sesión con el Teatro Nacional y para conocer el plan de trabajo a detalle la cual no se generó (…) El 17 de noviembre 2025 se realiza una inspección de emergencia dado que el fin de semana, a nivel de RRSS se expuso por parte de ciudadanos en espécifico (sic) Paquita Cruz restauradora indicando que las puertas laterales del Teatro habían sido trasladas de manera irregular, para ello se mantuvo una sesión previa con Guillermo Madriz, Oscar Flores y Adrian (sic) Vindas y mi persona como Director de Patrimonio, con base al tema de las puertas se indica que ya se hizo la llamada de atención y se había informado el mismo fin de semana al despacho por parte del Despacho (…) El 25 de noviembre y 26 de noviembre del 2025 se recibe por parte del Teatro Nacional los submittals aprobados con los materiales a utilizar dichos submittals fueron aprobados en octubre previo al comunicado de inicio de obras a la Dirección de Patrimonio (…) El 5 de diciembre del 2025 se envía por parte al Teatro Nacional los insumos de los códigos de pintura de las cubiertas y el acabado, por parte del La Dirección de Patrimonio se da la indica (sic) que se debe presentar y es fundamental para una trazabilidad del proceso que, quede documentado, como parte del informe que se nos presenta, todo el procedimiento (…) El 8 de diciembre del 2025 la Dirección de Patrimonio por parte del Teatro Nacional los protocolos de trabajo y acabados que se le están gestionando a la restauración de las puertas, repellos, problemas de pulverización así como la solicitud de la (sic) direcciones de los talleres (…) Los reportes poseen fechas de entrega previas a las fechas comunicadas a la Dirección de Patrimonio salvo el de pulverización de las piedras, en estos procesos se indica los colores y acabados a utilizar ejemplo de ello: satinado rojo óxido CLI-9836 Miércoles 10 de diciembre 2025 se remite por parte del Teatro Nacional el informe con fechas del 8 de diciembre del 2025 el informe de procesos de restauración de verjas (…) Jueves 11 de diciembre nuevamente se envía un correo al Teatro Nacional instruido por mi persona enfocado a la trazabilidad de los procesos para identificar posibles situaciones en las actividades, se recibe respuesta el mismo por parte del Director instruyendo a Meycell y Marcia funcionarias de conservación que den respuesta (…) Viernes 12 de diciembre 2025 el Teatro Nacional remite los insumos de las 3 direcciones de los talleres así como el documento de informe de techo y se reafirma que hay reuniones todos los martes a las 9:00 am entre la Teatro Nacional y el Contratista que es la empresa REYCO, en la documentación inicialmente expone que eran 2 talleres (…) Jueves 18 de diciembre se envía por parte del Teatro Nacional los informes del avance de las puertas y los procedimientos a la Dirección de Patrimonio, dicho informes tienen fecha del del 3 de noviembre y 5 de diciembre (…) El mismo jueves 18 de diciembre del 2025 se remite al Despacho del Sr Ministro y a la Dirección del Teatro Nacional, los hallazgos de la visita de inspección realizada por el Jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico Arquitectónico en representación de la Dirección esta visita se realizó en conjunto con el Teatro Nacional y su área de conservación Marcia Fallas y Meycell Loaiza en este se expone las falencias en el proceso de restauro, en el cual se indica que no se están siguiendo los protocolos y hay una diferencia entre los Talleres de Santo Domingo y de Taras, acalrando (sic) que no se puede revisar el 3er taller dado que ya las puertas habían sido entregadas al Teatro Nacional el día Martes 16 de diciembre.
En dicha inspección se expone el uso incorrecto del lijado, así como el uso de masilla plástica automotriz, se expone el daño en molduras. Posterior a las observaciones y detalles de las acciones el Director del Teatro indica que generara el día 19 de diciembre una reunión a fin de buscar una estandarización así como ver el asunto de tratamiento de los herrajes. El mismo 18 de diciembre del 2025 mi persona como Director de Patrimonio le indico al Director del Teatro Nacional que basado en la evidencia presentada se debe usar el protocolo de Santo Domingo de igual manera, le solicito una explicación del porque se usaron 3 talleres y si no le habían indicado los riesgos que esta acción podía generar en las puertas, de igual manera le expongo que lo que visualizo en las fotografías es un daño en los elementos ornamentales. Posterior a este correo se recibe la respuesta por parte del Director del Teatro Nacional indicando que hará lo indicado por la Dirección de Patrimonio, y explica que con relación a los distintos talleres fue información que no tenía de previo y no hubo visibilidad con respecto a los acabados finales de la mismas (…) El 19 de diciembre por instrucción del mi persona como Director indico que se debe revisar las puertas que están instaladas, que no se habían aprobado por la Dirección de Patrimonio, estas puertas no fueron inspeccionadas ni valoradas previamente con la Dirección de Patrimonio, es por ello que se solicita que Adrián Vindas jefe de la Unidad Histórico- Arquitectónico verifique el estado en que fueron instaladas, de esta solicitud se genera el informe 2, exponiendo que no se cumplieron los protocolos de trabajo, ni de restauro de las puertas borrando la memoria histórica al cambiar sus acabado por acabados modernos que distan completamente del tejidos histórico original, en el reporte 2 se evidencia que de procedimiento del acabado final fue en brillante no mate satinado, las molduras perdieron su conformación por presunto uso de exceso de masilla, lija excesiva o laca abundante, las puertas no cierran bien, se ampliaron las perforaciones en la madera de las puertas de la verjas que protegen los vidrios, se da un efecto de vitrificado en las molduras, volviéndolas lisas y perdiendo el lenguaje orgánico y escultórico de los elementos, se presume que este tipo de acabado se da por usos de aplicación moderna como rodillo más brocha sin control o pistola sin regulación adecuada de presión y dilución, adicionalmente se expone que a nivel de método de observación se exponen escurrimientos visibles, acumulaciones (…) Posterior al envío del correo del Jefe de la Unidad, mi persona como Director expongo mediante un correo el mismo 19 de diciembre dirigido al Director del Teatro Nacional el daño al patrimonio que se realizó con este trabajo partiendo del análisis fotográfico y su comparación con los acabados originales de las puertas que no han sido modificadas, indicando que existe una posible eventual ausencia de inspección en sitio y presunta mala práctica en el tratamiento y resultado final de la restauración de las puertas En respuesta al correo enviado por mi persona como Director, el Director del Teatro Nacional indica que las puertas fueron rechazadas se están devolviendo para que cumplan con lo solicitado, la situación presente es que el daño esta hecho y como se indica es un daño irreversible en el sentido que se debe nuevamente lijar todas las puertas y quitar los excedentes pudiendo dañar el tejido histórico de la puertas (…) Con base a los correo del 19 de diciembre 2025 se recibe la respuesta por parte del Ing. Oscar Flores en el cual expone 5 puntos: El primer punto indica que cito textual: “…La intervención de las puertas forma parte de los trabajos autorizados mediante la Resolución MCJ-DPC-PHA-1244-2025, emitida por esa Dirección, la cual aprueba expresamente la restauración de puertas en los costados norte, sur y este del inmueble, conforme a la documentación técnica presentada por el Teatro Nacional durante el trámite de permiso correspondiente.” Se revisa los documentos adjuntos del permiso y se evidencia una eventual ausencia de la definición claras de acabados, ni protocolos a gestionar para el tema de las puertas dejando claro que el envío para aprobación de dichos permisos se gestionó el 30 de junio del 2025 incorporando el formulario como tal firmado por Ing. Meysell Loaiza y el Director del Teatro Nacional Don Guillermo Madriz (…) Por otro lado revisando los insumos en este mismo correo para aprobación se observa que desde el inicio existen un eventual error u omisión de una correcta escogencia y descripción de los materiales para la rehabilitación, dado que se expone que el muro debe repararse con un acabado con un material denominado Monotop Sika 412 y se indica que deben presentar una muestra al departamento de conservación, pero en el documento como tal del permiso no se explica nada del procedimiento o protocolo de intervención y el material a utilizar está compuesto por materiales cementicios y no calinos, se explica lo anterior dado que la restauración de materiales orgánicos (sic) como las piedras deben ser restauradas o rehabilitadas sus juntas con materiales calinos para una mejor adaptación química, permitiendo dejar respirar a las piedras En el punto dos el Ingeniero expone que se han dado los procesos correctos de inspección pero lo que se está exponiendo en el reporte es que los talleres no gestionaron correctamente las directrices y hay errores de ejecución a nivel de trabajos patrimoniales aunque las puertas sean rechazadas el presunto daño patrimonial ya está hecho y revertirlo es el tema en cuestión.
En el punto 3 cito textualmente las palabras del Ingeniero: “… Con el fin de aportar claridad sobre los criterios técnicos aplicados, se adjunta el correo electrónico mediante el cual este Departamento remitió oportunamente al señor Adrián Vindas Chaves, Jefe de Arquitectura de la Dirección de Patrimonio Cultural, el protocolo de intervención de puertas aplicado por la empresa contratista, documento que define las etapas, procedimientos y criterios técnicos previstos para este tipo de intervención.” Es importante aclarar que el protocolo se incorpora el 8 de diciembre del 2025 cuando ya las puertas habían sido trasladas a los talleres y 10 días después estaban instaladas es decir el 18 de diciembre 2025, se aclara que el correo no va en función al protocolo si no que existe una eventual omisión es sus diferentes etapas llegando a un acabado final incongruente con el valor artístico patrimonial del Teatro.”.
Mediante el oficio nro. MCJ-DM-1027-2025 de 20 de diciembre de 2025, dirigido a la Unidad de Asesoría Jurídica del ministerio accionado, el ministro de Cultura y Juventud requirió la apertura de una investigación preliminar por la situación de las obras realizadas en el Teatro Nacional. En dicho memorial se indicó: “La investigación deberá contemplar, sin limitarse a ello, los siguientes extremos: • Contratación y expediente electrónico: verificación de la conformidad del cartel, adjudicación, formalización, garantías, órdenes de inicio y etapas del contrato, todo ello en SICOP, incluyendo la trazabilidad documental requerida por el Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (Decreto 41438‑H). • Recepción del objeto contractual: revisión de las actuaciones de recepción, conformidad o rechazo, conforme a los artículos 108 (obras) y 109 (bienes y servicios) de la Ley General de Contratación Pública, que habilitan la no aceptación, corrección de defectos, sustitución y, de ser necesario, ejecución de la garantía de cumplimiento y resolución contractual. • Calidad técnica y conservación patrimonial: análisis de las observaciones consignadas por la Dirección de Patrimonio Cultural en el Informe de visita al TNCR (19 de diciembre de 2025) respecto a las puertas restauradas e instaladas (sectores norte y sur), en atención a la declaratoria de interés histórico‑arquitectónico del inmueble y las competencias técnicas de dicha Dirección en materia de conservación. • Eventuales incumplimientos contractuales: determinación de si las diferencias de acabado, tonalidades, instalación, uso de materiales y procedimientos contravienen el pliego de condiciones y/o las especificaciones técnicas, y si proceden medidas correctivas, penalidades o acciones resarcitorias, de acuerdo con la LGCP y principios previamente aplicables de la Ley de Contratación Administrativa (7494). • Responsabilidades de funcionarios y de la contratista: valoración de la eventual responsabilidad administrativa de las personas intervinientes en la supervisión, administración y fiscalización, al amparo de la Ley General de la Administración Pública.”.
Por medio del oficio nro. MCJ-DM-1028-2025 de 20 de diciembre de 2025, dirigido a la viceministra del ministerio recurrido, el ministro de Cultura y Juventud señaló: “En su condición de representante del Ministro ante la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico‑Arquitectónico, se le instruye tramitar, en la próxima sesión de dicho órgano colegiado, el conocimiento del caso relativo a la intervención de puertas del Teatro Nacional de Costa Rica (sectores norte y sur), conforme a las observaciones técnicas realizadas el 19 de diciembre de 2025 por la Dirección de Patrimonio Cultural. La Comisión Nacional es el órgano asesor del Ministerio para la correcta aplicación de la Ley N.° 7555, y su integración y funciones están establecidas en el artículo 5 de dicha ley y su Reglamento (Decreto N.° 32749). Se solicita: • Incorporar en agenda el expediente con los informes técnicos y antecedentes contractuales, y solicitar criterio sobre medidas técnicas y administrativas a recomendar al jerarca, incluyendo —si corresponde— medidas cautelares, estandarización de procedimientos de restauración en madera de acabado fino y no recepción de piezas que no cumplan con la calidad patrimonial requerida. • Coordinar con la Dirección de Patrimonio Cultural para que aporte la valoración técnica especializada y los lineamientos de conservación aplicables al bien declarado. • Elevar al Ministro las recomendaciones formales de la Comisión, a efectos de dictar las resoluciones correspondientes dentro del marco de la Ley N.° 7555 y normativa conexa.”.
A través del oficio nro. MCJ-DM-1029-2025 de 20 de diciembre de 2025, dirigido al director de Patrimonio Cultural del ministerio recurrido, el ministro de Cultura y Juventud consignó: “En atención a las observaciones técnicas levantadas en sitio el 19 de diciembre de 2025, adopte las siguientes acciones: • Fiscalización técnica inmediata en sitio, con acta de inspección, registro fotográfico y requerimientos a la contratista para corrección de defectos, ajuste de instalación y homogeneización de acabados. De ser procedente, recomiende a la Administración la no aceptación de las piezas y la aplicación de los mecanismos de la LGCP (art. 109) sobre rechazo de recepción, correcciones o sustituciones, y la eventual ejecución de garantías. • Emisión de lineamientos técnicos obligatorios para restauración de madera de acabado fino (decapado, reparación, empaste, lijado, pulido y aplicación de productos compatibles), evitando la dispersión de criterios por múltiples talleres y garantizando compatibilidad material y mínima afectación del bien patrimonial. • Coordinación con el administrador y la fiscalizadora del contrato para asegurar que toda actuación quede documentada en el expediente electrónico SICOP, con el debido soporte técnico y decisiones de recepción, corrección o rechazo. • Informe técnico consolidado a este Despacho, con medidas cautelares y plan de remediación, dentro de cinco (5) días hábiles.
Se recuerda que el bien intervenido cuenta con declaratoria de interés histórico‑arquitectónico, por lo que toda actuación deberá apegarse a la Ley N.° 7555 y su Reglamento, preservando la integridad del inmueble y su valor cultural.”. En el oficio nro. MCJ-DM-1030-2025 de 20 de diciembre de 2025, dirigido al director del Teatro Nacional, el ministro de Cultura y Juventud detalló: “(…) se le instruye: • Coordinar y supervisar las contrataciones vinculadas con el mantenimiento, reparación y restauración del Teatro, asegurando su correspondencia con los criterios técnicos autorizados, así como con las especificaciones del cartel licitatorio. • Verificar que los trabajos recibidos cumplan con los estándares de calidad y compatibilidad patrimonial, y proceder conforme a la Ley General de Contratación Pública (artículos 108 y 109), incluyendo recepción, corrección o rechazo. • Garantizar la correcta documentación y trazabilidad de todos los actos en el expediente electrónico del SICOP.
Se recuerda que la administración del Teatro Nacional exige una atención especial al patrimonio histórico-arquitectónico, por lo que toda acción de mantenimiento o restauración debe realizarse estrictamente conforme a la normativa correspondiente.”. El 20 de diciembre de 2025, se llevó a cabo una reunión en la que participaron las siguientes personas: “• David Araya, empresa REYCO • Guillermo Madriz, Director General del Teatro Nacional de Costa Rica • José Fernando Madrigal, Director de la Dirección de Patrimonio Cultural • Meysell Loaiza, ingeniera del Departamento de Conservación del Teatro Nacional • Oscar Luis Flores Villalobos, Coordinador del Departamento de Conservación del Teatro Nacional”. En la minuta de dicha reunión se consignó: “Temas: 1. Acabado de las puertas de las fachadas Durante la reunión se abordó el tema del acabado aplicado a las puertas de las fachadas del Teatro Nacional.
Al respecto, el señor José Fernando Madrigal explicó al representante de la empresa REYCO las razones técnicas y patrimoniales por las cuales el acabado ejecutado no resulta aceptable para la Dirección de Patrimonio Cultural, señalando que las técnicas de intervención deben adecuarse a las características específicas de cada inmueble patrimonial y a los criterios tradicionales de acabado. El señor David Araya manifestó que el acabado aplicado responde a criterios de mayor durabilidad; no obstante, indicó su disposición a acatar las instrucciones técnicas que emita la Dirección de Patrimonio Cultural. En ese sentido, solicitó contar con un protocolo claro y detallado que establezca, paso a paso, el procedimiento adecuado para la restauración de las puertas. El señor José Fernando Madrigal indicó que durante la presente semana (del 22 al 26 de diciembre) remitirá a la empresa REYCO el protocolo técnico que deberá seguirse para la correcta restauración de las puertas, conforme a los criterios aceptables para la Dirección de Patrimonio Cultural.
Asimismo, solicitó que la empresa seleccione un único taller para la ejecución de estos trabajos, priorizando aquel que garantice un abordaje artesanal adecuado. Se acordó que, una vez recibido el protocolo, la empresa REYCO elaborará un manual de aplicación que será remitido tanto al Teatro Nacional como a la Dirección de Patrimonio Cultural, como un insumo técnico de referencia para futuras intervenciones similares. Finalmente, se acordó que el tiempo adicional requerido para aplicar las técnicas de acabado que establezca la Dirección de Patrimonio Cultural será reconocido a la empresa mediante una prórroga del plazo contractual, en atención a que prevalece la correcta ejecución patrimonial de las puertas. 2. Intervención de sisas en el muro perimetral En cuanto al tema de las sisas, el señor José Fernando Madrigal solicitó al representante de la empresa explicar la forma en que se ejecutó esta intervención.
Al respecto, el señor David Araya indicó que para el retiro de las sisas que debían ser reemplazadas se utilizó esmeril y que, durante este proceso, la operación de herramienta por parte de personal en obra generó un mayor desgaste en algunas piedras adyacentes. Dado que los trabajos de sisado ya se encuentran concluidos y que a simple vista no resulta posible identificar con claridad cuáles piedras presentan dicha condición, el señor José Fernando Madrigal solicitó que la empresa REYCO presente un informe técnico en el que se detallen las sisas intervenidas y se identifiquen aquellas áreas específicas asociadas a esta situación, con el fin de contar con información técnica que permita su valoración posterior por parte del Teatro Nacional y la Dirección de Patrimonio Cultural. Acuerdos: 1. La Dirección de Patrimonio Cultural remitirá a la empresa REYCO el protocolo técnico para la restauración de las puertas, con fecha estimada de entrega el 26 de diciembre de 2025. 2.
La empresa REYCO seleccionará un único taller especializado para la ejecución artesanal del acabado de las puertas. 3. Una vez recibido el protocolo, la empresa REYCO elaborará un manual de aplicación que será remitido al Teatro Nacional y a la Dirección de Patrimonio Cultural. 4. El plazo contractual será ajustado mediante prórroga para reconocer el tiempo adicional requerido para aplicar las técnicas de acabado definidas por la Dirección de Patrimonio Cultural. 5. La empresa REYCO presentará un informe técnico sobre la intervención de las sisas, que permita documentar las sisas intervenidas y las áreas en las que se generó un mayor desgaste en la piedra, para su valoración posterior.”. El ministro de Cultura y Juventud y el director de Patrimonio Cultural de ese ministerio fueron notificados de la resolución de curso de este proceso el 24 de diciembre de 2025; por su parte, el director del Teatro Nacional fue notificado el 5 de enero de 2026.
Mediante el pronunciamiento nro. MCJ-DPC-DI-0011-2025 de 7 de enero de 2026, la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Justicia y Paz dispuso: “Se formaliza la suspensión provisional llevada a cabo a partir del 20 de diciembre de 2025 a la fecha, específicamente de las obras de restauración, como una medida técnica y preventiva orientada a salvaguardar la integridad material, histórica y estética del Teatro Nacional de Costa Rica. El presente comunicado no constituye una cancelación definitiva de las obras, sino una suspensión provisional misma que será reanudada al estricto cumplimiento del protocolo técnico, que esta Dirección remitirá.”.
A partir de lo anterior, la Sala encuentra mérito para declarar con lugar el sub iudice con base en el siguiente razonamiento.
En primer lugar, cabe resaltar que el Teatro Nacional de Costa Rica fue declarado monumento nacional a través de la ley nro. 3632, posteriormente, mediante la ley nro. 9521 fue declarado “símbolo nacional del patrimonio histórico arquitectónico y libertad cultural de los costarricenses” (artículo 1º de la citada norma). Con ello, se trascendió el enfoque técnico concentrado en la mera protección y conservación del inmueble como tal, para incorporarlo al catálogo de símbolos nacionales, lo que le atribuye al teatro un valor emblemático en la identidad y educación cívica del país, al punto que el ordinal 2 eiusdem estatuye que el Ministerio de Educación Pública debe incluir este símbolo nacional en los temarios de estudio correspondientes.
En ese tanto, en consonancia con lo explicado en el considerando anterior y en apego a los ordinales 50 y 89 de la Constitución Política, el Estado debe llevar a cabo todas aquellas acciones efectivas y concretas tendentes al resguardo y aseguramiento de este valioso símbolo del patrimonio cultural del país. Sin embargo, de lo informado por las autoridades recurridas y de los elementos que constan en los autos, se desprenden cantidad de acciones y omisiones que implicaron afectaciones graves a las estructuras históricas de este recinto artístico.
Sobre el particular, se constata que el Teatro Nacional inició un proceso de “mantenimiento, reparación y restauración” a través de la licitación nro. 2025LD-000012-0009900001, cuyos trabajos fueron aprobados mediante la resolución nro. MCJ-DPC-PHA-1244-2025 de 12 de agosto de 2025, dictada por la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Concretamente, se aprobaron “trabajos en la cubierta, las reparaciones en fachada, la restauración de marcos de puertas y ventanas, las reparaciones del muro perimetral, la reparación general de las verjas perimetrales, la reparación de la esquina sureste del muro perimetral y la remoción de los respiraderos en el sector norte del teatro”, los que comenzaron en noviembre de 2025.
Ahora bien, el accionante acusa específicamente afectaciones por los trabajos realizados a las puertas originales del inmueble, así como daños en las piedras de remate que se encuentran en los muros perimetrales.
Al respecto, se acredita que, el 20 de diciembre de 2025, el director de Patrimonio Cultural del ministerio accionado remitió al ministro de Cultura y Juventud un informe relativo a los trabajos en curso, en el que detalló:
“(…) El presente 5 de noviembre del 2025 se recibe el correo de inicio de obras para restauración específica de muros perimetrales, costado sur de la fachada así como sisas y puertas exteriores mediante la resolución MCJ-DPC-PHA-1244-2025 solicitada el 30 de junio del 2025 al anterior Director de Patrimonio el Ing. Lynder Fallas y aprobado en conjunto con la Unidad Histórico-Arquitectónico, a raíz de esto se giran una serie de instrucciones por parte de mi persona como actual Director de Patrimonio el 7 de noviembre al jefe de la Unidad Histórico-Arquitectónico, en el cual se indica que debemos solicitar una reunión de coordinación, así como conocer una planificación de las actividades del proceso. Posterior a ello la Dirección de Patrimonio se da cuenta de un mal manejo por parte de la empresa de componentes patrimoniales del Teatro Nacional, en este caso un juego de puertas que se dirigían a un taller, esto por denuncia de la ciudadanía, por ello (sic) lunes 17 de noviembre a primera hora se solicita una reunión con el Director del Teatro Nacional y el Ingeniero Oscar Flores, jefe de conservación, para conocer lo sucedido, lo cual indican que este tema se había abordado el mismo fin de semana con el Despacho informando de lo sucedido, pero no se notificó a la Dirección de Patrimonio en el momento, ni previamente para validar los protocolos de trabajo o traslado de dichas puertas.
A raíz de esto se solicita que toda acción se debe informar y que deben presentar los protocolos de trabajo de intervención, los cuales fueron recibidos hasta el 8 de diciembre del 2025, un mes después del inicio de obras, el protocolo es de conocimiento de la Dirección y cumple, si es claro indicar que los colores habían sido definidos por el teatro sin consulta a la Dirección de Patrimonio, dado que lo permisos presentados en junio del 2025 no indican colores, ni acciones de protocolo, solo generalidades de la intervención. El 28 de noviembre se vuelve hacer inspección por parte de la Dirección de Patrimonio de los trabajos, identificando que existía un daño en las piedras que conforman los muros decorativos perimetrales, lo cual también fue expuesto por la ciudadanía mediante comunicados en RRSS, se generaron cortes de la piedras con uso incorrecto de herramientas, en este caso se observó el uso del esmeril como herramienta para cortar las juntas de las piedras dañando el tejido simbólico, ampliando las separaciones de la piedras, para ello se le indica que deben cambiar el protocolo pero el daño de varias piezas estaba dado, la UNESCO establece que los métodos de restauración no deben ser agresivos y deben ser reversibles, en este caso el daño ya no es reversibles, gestionando un daño al patrimonio, adicional a ello se le solicita revisar los componentes que se usaron para las sisas y se identifica que en el permiso dado el 12 de agosto posterior a una presunta apelación TN-DG-OF-258-2025_Revocatoria_apelación_resolución_Permiso_MCJ-DPC-PHA-1141-2025, son a base de cementisios (sic) y no calizos, esto es un componente básico de la restauración en materiales orgánicos como las piedras, dado que la cal permite que las piedras tenga una mejor respiración y químicamente no hayan reacciones que dañen los elementos.
Como parte de la supervisión se instruye al Jefe de la Unidad que gestione las inspecciones, así como los reportes sobre los trabajos, y que se debe tener las ubicaciones de los talleres de las puertas para conocer el estado de éstas (sic), es así como el 18 de diciembre se procede a la visita de los talleres, en este caso la visita se realiza en conjunto con el Teatro Nacional y los participantes fueron la Ing. Meycell Loaiza, Marcia Fallas y Adrían (sic) Vindas jefe de la Unidad de Histórico Arquitectónico de la Dirección Patrimonio, de ahí se desprende el primer reporte y se evidencia que no se pudo inspeccionar los tres talleres porque ya uno de ellos había gestionado la entrega. El informe expone presuntamente que la estrategia de tener varios talleres para restaurar puertas de igual estilo, acabado y daños similares, no es adecuada, ni conveniente, salvo que, se tenga un procedimiento de intervención claramente definido en cuanto a decapado, reparación de elementos dañados, empastado de daños menores, lijado, pulido y aplicación de productos iguales en todos los casos y que sean compatibles con el material base, siguiendo los procedimientos de restauro, lo que presuntamente se evidencia que no se está siguiendo los protocolos de trabajo presentados a la Dirección de Patrimonio exponiendo el presunto uso de materiales tipo “merula” o acabados automotriz que se contraponen a las buenas prácticas de conservación y restauración, se expone un presunto uso inadecuado del lijado excesivo desfigurando molduras de las puertas y con ellos un presuntia (sic) ausencia de inspecciones regulares por parte de los encargados del proyecto.
Las técnicas de decapado expuestas en uno de los talleres exponen un presunto desgaste y deformación mayor de elemento como las batientes para sujetar los vidrios. Posterior a la visita a los talleres el 19 de diciembre 2025 se inspecciona las puertas instaladas y se identifican errores en acabados finales y tratamiento de las puertas exponiendo un acabado que no respeta el lenguaje histórico al analizar las puertas físicamente, así como el detalle a nivel fotográfico, este análisis da como un diagnóstico de pinturas de alto brillo con presuntos acabados tipo esmalte sintético o poliuretano, las superficies se observan excesivamente lisas y vitrificadas, escurrimientos visibles, acumulaciones y chorreados en encuentros de molduras, relieves ornamentales, zócalos y aristas inferiores, el sellado de la textura del soporte anula la lectura del material original, esto lleva a identificar un presunto uso de acabados de aplicación moderna como por ejemplo pistola sin regulación adecuada de presión y dilución.
En referencias al comportamiento sobre la ornamentación se presenta una pérdida de definición volumétrica, bordes redondeados artificialmente, por acumulación de pintura, relleno parcial de cavidades profundas (hojas, nervaduras, roleos). En temas de riesgo patrimonial desde el punto de vista restaurativo el brillo alto no es compatible con acabados históricos del Teatro Nacional, puede existir la reducción de transpirabilidad del soporte, y con ello acelerar el deterioro de la madera por atrapamiento de humedad y la aplicación no es reversibles compréndase que para eliminarla se debe gestionar un proceso de lijados entre otros que puede gestionar un desgaste mayor de los elementos ornamentales. Lo anterior se logra identificar dado al análisis de la (sic) puertas que no han sido intervenidas donde se expone un acabado satinado- mate sin reflejos que permite una lectura clara de volúmenes, aristas y profundidades de relieve, lo cual se presume que son coherentes con pinturas de tipo aceite tradicionales, veladuras (tipo de barniz a base de linazza (sic) o similar).
Es importante indicar que el Teatro Nacional presenta una construcción arquitectónica escultórica y con ello es un bien de un alto valor artístico es por ello que el tratamiento de los acabados van en esa misma línea, dado que la pintura acompaña el relieve, no lo domina, respeta los planos altos, medios y bajos desde un punto de creación de la arquitectura como una obra de arte. Con lo mencionado anteriormente, se expone que existe un presunto incumplimiento desde el punto de la conservación y restauración en diferentes etapas de ejecución del proyecto como tal como se puede observar en las siguientes imágenes (…) Es importante aclarar que el protocolo se incorpora el 8 de diciembre del 2025 cuando ya las puertas habían sido trasladas a los talleres y 10 días después estaban instaladas es decir el 18 de diciembre 2025, se aclara que el correo no va en función al protocolo si no que existe una eventual omisión es sus diferentes etapas llegando a un acabado final incongruente con el valor artístico patrimonial del Teatro.”. (El resaltado no corresponde al original).
De esta forma, la propia Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud constató distintas irregularidades en la ejecución de las obras de marras, que provocaron daños irreversibles a las estructuras del teatro; concretamente a algunas de las puertas y piedras que conforman los muros decorativos perimetrales.
Así, con ocasión del citado informe de la Dirección de Patrimonio Cultural, el ministro accionado dispuso iniciar el mismo 20 de diciembre una investigación preliminar (procedimiento administrativo), con miras a establecer “responsabilidades de funcionarios y de la contratista: valoración de la eventual responsabilidad administrativa de las personas intervinientes en la supervisión, administración y fiscalización, al amparo de la Ley General de la Administración Pública”, la cual se encontraba en curso al momento en que se rindieron los informes en el sub lite (8 de enero de 2026). Asimismo, instruyó a la viceministra de Cultura que la situación de las puertas del teatro fuera puesta en conocimiento de la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico‑Arquitectónico (órgano asesor del ministerio accionado según la ley nro. 7555) con el propósito de solicitar “criterio sobre medidas técnicas y administrativas a recomendar al jerarca, incluyendo —si corresponde— medidas cautelares, estandarización de procedimientos de restauración en madera de acabado fino y no recepción de piezas que no cumplan con la calidad patrimonial requerida. • Coordinar con la Dirección de Patrimonio Cultural para que aporte la valoración técnica especializada y los lineamientos de conservación aplicables al bien declarado.”.
Además, a través de los oficios nros. MCJ-DM-1029-2025 y MCJ-DM-1030-2025 (ambos de 20 de diciembre de 2025), el ministro de Cultura y Juventud ordenó al director de Patrimonio Cultural y al director del Teatro Nacional que debían fiscalizar y supervisar las obras que se estaban realizando, para asegurar “estándares de calidad y compatibilidad patrimonial”.
Así las cosas, esta Sala observa que los trabajos en el Teatro Nacional se ejecutaron inicialmente sin la validación de criterios técnicos adecuados, y sin la supervisión correspondiente de las autoridades recurridas. En ese tanto, cabe resaltar lo señalado por la Dirección de Patrimonio Cultural en el informe de 20 de diciembre de 2025, citado ut supra, según el cual los protocolos de intervención no fueron recibidos por esa oficina sino hasta el 8 de diciembre de 2025 -sea, más de un mes después de iniciadas las obras, pues según la bitácora aportada los trabajos comenzaron el 15 de octubre de 2025-; de manera que los trabajos iniciaron sin la validación de los protocolos por parte del órgano técnico competente. Tal situación evidencia la falta de coordinación entre las dependencias recurridas, así como una culpa in vigilando, que desencadenó las irregularidades apuntadas.
Justamente, véase que no fue sino hasta el 20 de diciembre de 2025 (cuando las estructuras del teatro ya presentaban daños irreversibles por la incorrecta intervención a la que fueron sometidas), que las autoridades del Teatro Nacional, de la Dirección de Patrimonio Cultural y de la empresa a cargo de las obras se reunieron para definir lineamientos específicos y criterios relativos a la forma en que debían realizarse los trabajos. Además, no fue sino hasta el 7 de enero de 2026 (con posterioridad a la notificación de este proceso de amparo), que las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud decidieron suspender provisionalmente “los trabajos de restauración y acabado de las puertas, así como las intervenciones relacionadas con repellos y elementos asociados” hasta que no se cumplan “los acuerdos técnicos adoptados”. Sin embargo, no observa este Tribunal que finalmente se hayan emitido los lineamientos ni protocolos para continuar con las obras en cuestión, de forma tal que se garantice la integridad material, histórica y estética de los componentes del inmueble sujetos a conservación o restauración.
Con base en lo expuesto, las omisiones de los recurridos resultan especialmente graves, pues los daños irreversibles causados a las estructuras históricas del Teatro Nacional constituyen un agravio de suma gravedad, atendiendo al inmenso valor artístico y cultural que este recinto representa para el país.
En consecuencia, se declara con lugar estos extremos del recurso, con las consecuencias que se consignan en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
VII.Por otra parte, el accionante también cuestiona el color usado para pintar las rejas externas del teatro, dado que se utilizó un negro brillante, cuando el original era café chocolate, y el cambio de color no fue aprobado técnicamente ni se consultó el registro histórico. Asimismo, en manifestaciones posteriores, también disputa el color utilizado para pintar la cubierta del techo.
Al respecto, se constata que los trabajos aprobados mediante la resolución nro. MCJ-DPC-PHA-1244-2025 de 12 de agosto de 2025 también incluían “Restauración de pintura de la cubierta de techo, específicamente: a. Cubierta de techo: la pintura de la cubierta requiere ser restaurada para prolongar su vida útil, proteger los elementos de anclaje, mejorar su apariencia y eficiencia térmica (…) Reparación general de las verjas perimetrales: se realizar un proceso de restauración de la pintura de las verjas perimetrales (…)”.
Así, mediante el oficio nro. REYCO-009-2025 de 25 de noviembre de 2025, la empresa a cargo de las obras detalló las opciones de pintura para la correspondiente aprobación. Ese mismo día, el jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Dirección de Patrimonio Cultural del ministerio accionado comunicó al director del teatro lo siguiente: “Recibida la información sobre las pinturas a aplicar en cubierta de la tramoya y verjas. Se acordó el uso del LANCO ultra-durex para la cubierta y Pintura Monocapa Poliuretano Bi-componente Automotriz (SUR) para las verjas (…)”. De este modo, se observa que las pinturas sí fueron previamente aprobadas por la Dirección de Patrimonio Cultural, y que no fue advertida alguna irregularidad o daño atinente a tales obras en particular en el informe citado de 20 de diciembre de 2025; tampoco tales trabajos fueron suspendidos mediante la medida cautelar adoptada por el ministerio recurrido que se indicó en el considerando anterior.
Aunado a ello, en el sub examine, las autoridades del teatro informaron bajo juramento que “el acabado aplicado en el proyecto, en color negro grafito mate, fue definido y validado técnicamente por el Departamento de Conservación del Teatro Nacional en coordinación con la Dirección de Patrimonio Cultural. Se ha apoyado la decisión en archivos históricos del área de restauración, así como documentos fotográficos extensos en el Archivo institucional del TNCR.” (El resaltado no corresponde al original).
A partir de lo anterior, concerniente a este punto en particular se descarta alguna irregularidad evidente y manifiesta susceptible de ser declarada en este proceso. En ese tanto, si el recurrente considera que debió escogerse un color distinto al aprobado por las autoridades recurridas según los criterios utilizados, deberá formular los alegatos pertinentes ante las instancias administrativas o jurisdiccionales ordinarias competentes, pues dilucidar tales aspectos requiere un contradictorio amplio, que excede la naturaleza sumaria de este proceso de amparo.
Ergo, se desestima el recurso en relación con este extremo.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso solo respecto de los daños ocasionados a las puertas y las piedras que conforman los muros perimetrales del Teatro Nacional de Costa Rica, así como que se iniciaran los trabajos de restauración sin que los protocolos correspondientes hubieran sido validados por el órgano técnico competente. Se les ordena a Jorge Rodríguez Vives, José Fernando Madrigal Fallas y Guillermo Madriz Salas, cada uno en su condición de ministro, director de Patrimonio Cultural y director del Teatro Nacional, todos del Ministerio de Cultura y Juventud, o a quienes ocupen tales cargos, que giren las órdenes pertinentes, coordinen lo correspondiente y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias respectivas para que: 1) DE INMEDIATO extiendan la suspensión de las obras concernientes a las estructuras referidas, hasta tanto no se definan los criterios, protocolos y lineamientos técnicos dispuestos en el punto siguiente; 2) dentro del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se establezcan los lineamientos, protocolos y criterios técnicos correspondientes para continuar con la ejecución de las obras de conservación y restauración de las puertas y piedras de los muros perimetrales del Teatro Nacional de Costa Rica, de modo que se garantice su integridad material, histórica y estética; además, de ser factible desde las técnicas de conservación y restauración, se definan las medidas y acciones pertinentes para intervenir las estructuras que sufrieron daños, a fin de minimizar la afectación de tales componentes históricos del recinto de marras.
Asimismo, se le ordena a Jorge Rodríguez Vives, en su condición de jerarca del Ministerio de Cultura y Juventud, que dentro del plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, finalice el procedimiento administrativo que inició con la investigación preliminar ordenada el 20 de diciembre de 2025 y, de ser procedente, determine las responsabilidades disciplinarias que correspondan. Se advierte a las autoridades recurridas, que de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y al Teatro Nacional de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de la vía contencioso‑administrativa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Document not found. Documento no encontrado.