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Res. 31073-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/09/2025
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber partially grants the amparo against the Ministry of Health for inaction in handling the complaint of March 3, 2022, ordering its resolution and notification to the complainant within one month, considering that a disproportionate and unreasonable time elapsed without a final decision.La Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el amparo por inacción del Ministerio de Salud en la atención de la denuncia del 3 de marzo de 2022, ordenando resolverla y notificar al denunciante en el plazo de un mes, al considerar que transcurrió un plazo desproporcionado e irracional sin una resolución definitiva.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by neighbors against the Ministry of Health and SENASA for pollution from the Juan Rodríguez Poultry Farm in Santa Bárbara de Heredia. The petitioners claim that since 2010 they have filed multiple complaints about nauseating odors, fly infestations, and poor wastewater management, without effective follow-up from the authorities on the sanitary orders issued. The Chamber finds that although the authorities have conducted inspections and issued sanitary orders, there was a disproportionate and unreasonable delay in handling the complaint of March 3, 2022, as more than three years elapsed without a final resolution. Consequently, it partially grants the amparo and orders the Ministry of Health to resolve that complaint and notify the complainant within one month.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por vecinos contra el Ministerio de Salud y SENASA por la contaminación generada por la Granja Avícola Juan Rodríguez en Santa Bárbara de Heredia. Los recurrentes alegan que desde 2010 han presentado múltiples denuncias por olores nauseabundos, plagas de moscas y mal manejo de aguas residuales, sin que las autoridades hayan dado un seguimiento efectivo a las órdenes sanitarias emitidas. La Sala determina que, si bien las autoridades han realizado inspecciones y emitido órdenes sanitarias, respecto a la denuncia del 3 de marzo de 2022 se incurrió en un retraso desproporcionado e irracional en su atención, ya que transcurrieron más de tres años sin una resolución definitiva. En consecuencia, declara parcialmente con lugar el amparo y ordena al Ministerio de Salud resolver dicha denuncia y notificar al denunciante en el plazo de un mes.
Key excerptExtracto clave
Thus, the violation of the petitioners' fundamental rights is established only with respect to the complaint of March 3, 2022, as it remains pending with an active sanitary order — at the time this appeal was filed — which, according to the health authority, was issued for findings different from those reported, since the technical reports concluded that the odors perceived are typical of poultry and cattle activities. In this regard, although the respondent authority has been processing the complaint, conducting inspections, and issuing sanitary orders as a result of on-site visits, it is clear that timely follow-up has not been provided, given that the follow-up to sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSSB-0951-2022 issued on October 3, 2022, was only carried out on January 16, 2024, i.e., approximately 1 year and 3 months later, at which time it was also determined that it could not be considered fully complied with. On the same note, and with knowledge that the sanitary order had not been complied with, the next follow-up was only conducted on February 28, 2025, that is, approximately 1 year and 1 month later. Subsequently, another follow-up visit was made on May 6, 2025, and through technical report No. CARTA-MS- DRRSCN-DARSSB-712-2025, it was decided to issue sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025, with an expiration date of September 2, 2025. Under this reasoning, this Tribunal considers that a disproportionate and unreasonable period — 3 years and 6 months — has elapsed in handling the complaint, because although it is reported that compliance with sanitary order MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025 has already been verified (it expired on September 2, 2025) and the case was recommended for closure, the fact is that there is no record of the issuance of the administrative act ordering the definitive resolution of the matter, nor of proper notification to the complainant. For the foregoing, the appeal is granted in the terms set forth in the operative part.Así las cosas, se acredita la lesión a los derechos fundamentales de los amparados, únicamente respecto a la denuncia de fecha 03 de marzo de 2022, por cuanto es la que se mantiene en trámite y con orden sanitaria vigente -al momento de interposición del presente recurso-, la cual, según se explica por parte de la autoridad de salud fue emitida por hallazgos distintos a los denunciados, toda vez que, los informes técnicos concluyeron que los olores percibidos son propios de la actividad avícola y bovina. En ese sentido, si bien se observa que la autoridad recurrida ha venido tramitando la denuncia de cita, realizado inspecciones y girando órdenes sanitarias como resultado de las visitas in situ; lo cierto es que, no se ha dado un seguimiento oportuno de la misma, pues véase que el seguimiento de la orden sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSSB-0951-2022 emitida el 03 de octubre de 2022, se efectuó hasta el 16 de enero de 2024, es decir, aproximadamente 1 año y 3 meses después, fecha en la cual además se determinó que no podía darse por cumplida en su totalidad. En esa misma línea y teniendo conocimiento de que la orden sanitaria no había sido cumplida, se dio el próximo seguimiento hasta el 28 de febrero de 2025, a decir, aproximadamente 1 año y 1 mes después. Posteriormente, se efectuó otra visita de seguimiento el 06 de mayo de 2025 y mediante informe técnico N°CARTA-MS- DRRSCN-DARSSB-712-2025 se dispuso a girar la orden sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025, cuya fecha de vencimiento es el 02 de setiembre de 2025. Bajo tal tesitura, estima este Tribunal que ha transcurrido un plazo desproporcionado e irracional -3 años y 6 meses- en la atención de la denuncia, pues si bien se informa que ya se verificó el cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025 (venció el 02 de setiembre de 2025) y, además se recomendó el archivo del caso, lo cierto es que, no consta la emisión del acto administrativo que dispone la resolución definitiva del asunto, así como la debida notificación al denunciante. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva.
Pull quotesCitas destacadas
"Bajo tal tesitura, estima este Tribunal que ha transcurrido un plazo desproporcionado e irracional -3 años y 6 meses- en la atención de la denuncia, pues si bien se informa que ya se verificó el cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025 (venció el 02 de setiembre de 2025) y, además se recomendó el archivo del caso, lo cierto es que, no consta la emisión del acto administrativo que dispone la resolución definitiva del asunto, así como la debida notificación al denunciante."
"Under this reasoning, this Tribunal considers that a disproportionate and unreasonable period — 3 years and 6 months — has elapsed in handling the complaint, because although it is reported that compliance with sanitary order MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025 has already been verified (it expired on September 2, 2025) and the case was recommended for closure, the fact is that there is no record of the issuance of the administrative act ordering the definitive resolution of the matter, nor of proper notification to the complainant."
Considerando IV
"Bajo tal tesitura, estima este Tribunal que ha transcurrido un plazo desproporcionado e irracional -3 años y 6 meses- en la atención de la denuncia, pues si bien se informa que ya se verificó el cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025 (venció el 02 de setiembre de 2025) y, además se recomendó el archivo del caso, lo cierto es que, no consta la emisión del acto administrativo que dispone la resolución definitiva del asunto, así como la debida notificación al denunciante."
Considerando IV
"En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
"In environmental matters, it is also my criterion that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits when other rights of the persons affected by the pollution source are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"Si bien se observa que la autoridad recurrida ha venido tramitando la denuncia de cita, realizado inspecciones y girando órdenes sanitarias como resultado de las visitas in situ; lo cierto es que, no se ha dado un seguimiento oportuno de la misma."
"Although it is observed that the respondent authority has been processing the complaint, conducting inspections, and issuing sanitary orders as a result of on-site visits, the fact remains that timely follow-up has not been provided."
Considerando IV
"Si bien se observa que la autoridad recurrida ha venido tramitando la denuncia de cita, realizado inspecciones y girando órdenes sanitarias como resultado de las visitas in situ; lo cierto es que, no se ha dado un seguimiento oportuno de la misma."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: September 26, 2025 at 9:25 a.m.
Type of matter: Amparo action Ruling with protected data, in accordance with current regulations CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty-five minutes on the twenty-sixth of September of two thousand twenty-five.
Amparo action processed in expediente No. 25-025026-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], identity card [Value 002], [Name 003], identity card [Value 003], [Name 004], identity card [Value 004], [Name 005], identity card [Value 005], [Name 006], identity card [Value 006], [Name 007], identity card [Value 007], [Name 008], identity card [Value 008], [Name 009], identity card [Value 009], [Name 010], identity card [Value 010], [Name 011], identity card [Value 011], [Name 012], identity card [Value 012], [Name 013], identity card [Value 013], and [Name 014], identity card [Value 014], against the MINISTRY OF HEALTH, NATIONAL ANIMAL HEALTH SERVICE.
Whereas:
Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,
Considering:
Before analyzing the merits of the matter—regarding the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure—it must be clarified that, as of ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised because this involves a complaint filed before the Ministry of Health due to an environmental situation. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
- The appellants state that several complaints have been filed before the respondent authority regarding pollution generated by the establishment called Granja avícola Juan Rodríguez. They claim that there has not been adequate follow-up on these complaints, since despite sanitary orders being issued, the reported problem persists. They add that the intervention of another Health Area was even required, whose report recorded inconsistencies detected in the review of the Granja Avícola's file. They indicate that, in 2020, the respondent authority filed a complaint for disobedience to authority before the judicial authorities; however, it subsequently withdrew from it. They consider that the inaction of the respondent authorities violates their fundamental rights.
Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial resolution:
- The appellants state that several complaints have been filed before the respondent authority regarding pollution generated by the establishment called Granja avícola Juan Rodríguez. They claim that there has not been adequate follow-up on these complaints, since despite sanitary orders being issued, the reported problem persists. They add that the intervention of another Health Area was even required, whose report recorded inconsistencies detected in the review of the Granja Avícola's file. They indicate that, in 2020, the respondent authority filed a complaint for disobedience to authority before the judicial authorities; however, it subsequently withdrew from it. They consider that the inaction of the respondent authorities violates their fundamental rights.
After analyzing the evidentiary elements provided and the report rendered by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it has been duly proven that the respondent authority has received multiple complaints against the Juan Rodríguez poultry farm, which have been filed and addressed as follows:
Likewise, on November 26, 2018, the Health Governing Area conducted a follow-up inspection on sanitary order No. CN-ARS-SB-LHC-30-2018, and by means of technical report No. CN-ARS-SB-1042-2018, it was determined that it had not been complied with; therefore, it was recommended to file the complaint with the Prosecutor's Office for disobedience to authority. Equally, it is recorded that on May 2, 2019, the Health Governing Area conducted a follow-up visit, and by means of record No. CN-ARS-SB-LHC-062-2019, it was indicated that no odors were perceived inside or outside the farm; furthermore, it was indicated that there were no birds at that time and that the sheds were clean and with the chicken manure (gallinaza) bagged, thus recommending the closure of the case, which was carried out by means of Resolution No. MS-DRRSCN-DARSSB-481-2019, issued on May 20, 2019.
Now, regarding this complaint, on July 26, 2019, the Central North Health Governance Regional Directorate conducted an on-site inspection, and by means of technical report No. MS-DRRSCN-URS-IT-1045-2019, it was recommended to notify the complaining parties that in the inspection conducted, it was not possible to verify the alleged facts, in addition, to provide a response to Mr. Rodríguez Rojas on the placement of the quarter-inch stone and to request the creation and submission of a new chicken litter (pollinaza) waste management plan. Likewise, sanitary order No. MS- DRRSCN-ARSSB-1162-2019 was issued for other findings, which was notified on October 10, 2019, and that same day, a complaint was filed before the Contraventional Court of Flores for non-compliance with Sanitary Order No. CN-ARS-SB-LHC-30-2018. Furthermore, on October 16, 2019, by means of Report No. SENASA-PSA DRCOC ALAJUELA # 15, it was concluded that—for the purposes of SENASA—the Juan Rodríguez poultry farm presents infrastructure and management within what is expected for the activity of raising broiler chickens. Finally, it is recorded that on February 4, 2020, a hearing was held at the Contraventional Court, in which a conciliation act was carried out due to compliance with the points ordered to the administered party.
On March 17, 2022, an on-site inspection was conducted, concluding that no foul odors were perceived at the time of the visit. However, on October 3, 2022, sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSSB-0951-2022 was issued. In follow-up to said order, it is noted that, on January 16, 2024, the Health Governing Area conducted a follow-up visit and, through technical report No. MS-DRRSCN-DARSSB-0951-2022, indicated that odors typical of poultry and bovine activity are perceived, and that Sanitary Order No. MS-DRRSCN-DARSSB-0951-2022 could not be considered fully complied with. Subsequently, on February 28, 2025, and May 6, 2025, the respondent authorities conducted a joint follow-up inspection and, through technical report No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSSB-712-2025, resolved to issue sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025, which ordered the necessary works to channel wastewater from livestock activity into an authorized system, to adapt the waste management program together with the livestock activity, and to manage the procedures to become an Authorized Manager for the management of pineapple residues; this last sanitary order was notified on June 27, 2025, and its expiration date is September 2, 2025.
Along the same lines, it is noted that, on August 27, 2025, the respondent authorities conducted a joint follow-up inspection and, through technical inspection report No. CARTA-MS-DDRRSCN-DARS-SB-1298-2025, indicated the following relevant points: “(…) CONCLUSIONS
This being the case, harm to the fundamental rights of the petitioners (amparados) is established, solely with respect to the complaint dated March 3, 2022, insofar as it remains in process and with a sanitary order in force—at the time this appeal (recurso) was filed—which, as explained by the health authority, was issued for findings other than those denounced, given that the technical reports concluded that the perceived odors are typical of the poultry and bovine activity. In this regard, while it is observed that the respondent authority has been processing the cited complaint, conducting inspections and issuing sanitary orders as a result of the in situ visits, the truth is that it has not been provided with timely follow-up, noting that the follow-up on sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSSB-0951-2022, issued on October 3, 2022, was not carried out until January 16, 2024, that is, approximately 1 year and 3 months later, a date on which it was also determined that it could not be considered fully complied with.
Along the same lines, and knowing that the sanitary order had not been complied with, the next follow-up did not occur until February 28, 2025, that is, approximately 1 year and 1 month later. Subsequently, another follow-up visit was conducted on May 6, 2025, and through technical report No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSSB-712-2025, it was resolved to issue sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025, whose expiration date is September 2, 2025. Under this line of reasoning, this Court considers that a disproportionate and unreasonable period—3 years and 6 months—has elapsed in addressing the complaint, because although it is reported that compliance with sanitary order MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025 has now been verified (it expired on September 2, 2025) and, additionally, archiving of the case was recommended, the truth is that there is no record of the issuance of the administrative act that provides the final resolution of the matter, nor of due notification to the complainant. For the foregoing reasons, the appeal (recurso) is declared partially granted (con lugar) under the terms set forth in the operative part.
I have supported this Court's thesis that when an individual subject to the law (justiciable) alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Administrative Contentious Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, given that, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in all other cases, and for the reasons this Court has provided (sentence No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
In environmental matters, it is also this undersigned’s criterion that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its hearing and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. However, I do reach the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, given that we are dealing with a complaint filed before the Ministry of Health for an environmental situation that has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
This Chamber must warn the appellant party (parte recurrente) that if any document has been provided, whether on paper, as well as objects or evidence supported through any additional device, or through electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 working days after receiving notification of this sentence; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal (recurso) is declared partially granted (parcialmente con lugar), solely against the Ministry of Health and with respect to the complaint dated March 3, 2022. Dr. Militzen Karina Garita Montoya, Director of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, and Dr. David Alfredo Cortés Sánchez, Director of the Área Rectora de Salud de Santa Bárbara, or whomever holds those positions in their stead, are ordered to issue the necessary orders within the scope of their competences, so that the complaint filed on March 3, 2022, is resolved as appropriate and the complainant is notified of the outcome thereof, all within the period of ONE MONTH counted from the notification of this sentence. The respondent (recurrido) is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whomever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished.
The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as grounds for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence by the administrative contentious court. In all other respects, the appeal is declared without merit (sin lugar). Justice Castillo Víquez records a note. Justice Salazar Alvarado records a note. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ileana Sánchez N.
Fernando Enrique Lara G.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintiseis de setiembre de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 25-025026- 0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004], [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 005], [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 006], [Nombre 007], cédula de identidad [Valor 007], [Nombre 008], cédula de identidad [Valor 008], [Nombre 009], cédula de identidad [Valor 009], [Nombre 010], cédula de identidad [Valor 010], [Nombre 011], cédula de identidad [Valor 011], [Nombre 012], cédula de identidad [Valor 012], [Nombre 013], cédula de identidad [Valor 013] y [Nombre 014], cédula de identidad [Valor 014], contra el MINISTERIO DE SALUD, SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante el Ministerio de Salud por una situación ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
- Manifiestan los recurrentes que se han presentado denuncias varias ante la autoridad recurrida por la contaminación generada por el establecimiento denominado Granja avícola Juan Rodríguez. Acusan que, no ha existido un seguimiento adecuado de las mismas, pues pese a que se giran órdenes sanitarias se mantiene la problemática denunciada. Agregan que, incluso se requirió la intervención de otra Área de Salud, cuyo informe consignó las inconsistencias detectadas en la revisión del expediente de la Granja Avícola. Señala que, en el año 2020 la autoridad recurrida presentó ante las instancias judiciales una denuncia por desobediencia a la autoridad; sin embargo, posteriormente desistió de la misma. Estiman que la inacción de las autoridades recurridas resulta violatoria de sus derechos fundamentales.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
- Manifiestan los recurrentes que se han presentado denuncias varias ante la autoridad recurrida por la contaminación generada por el establecimiento denominado Granja avícola Juan Rodríguez. Acusan que, no ha existido un seguimiento adecuado de las mismas, pues pese a que se giran órdenes sanitarias se mantiene la problemática denunciada. Agregan que, incluso se requirió la intervención de otra Área de Salud, cuyo informe consignó las inconsistencias detectadas en la revisión del expediente de la Granja Avícola. Señala que, en el año 2020 la autoridad recurrida presentó ante las instancias judiciales una denuncia por desobediencia a la autoridad; sin embargo, posteriormente desistió de la misma. Estiman que la inacción de las autoridades recurridas resulta violatoria de sus derechos fundamentales.
Después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ha quedado debidamente demostrado que la autoridad recurrida ha recibido múltiples denuncias en contra de la granja avícola Juan Rodríguez, las cuales se han presentado y atendido de la siguiente forma:
Asimismo, el 26 de noviembre de 2018 el Área Rectora de Salud realizó inspección de seguimiento a la orden sanitaria N°CN-ARS-SB-LHC-30-2018 y mediante informe técnico N° CN-ARS-SB-1042-2018 se determinó que la misma no fue cumplida, por lo que, se recomendó presentar la denuncia ante la Fiscalía por desobediencia a la autoridad. Igualmente, se tiene que, el 02 de mayo de 2019 el Área Rectora de Salud realizó visita de seguimiento y mediante acta N°CN-ARS-SB-LHC-062-2019 se señaló no percibir olores ni dentro ni fuera de la granja, además se indicó no haber aves en ese momento y que las galeras se encontraban limpias y con gallinaza empacada, recomendando así, el cierre del caso, lo cual se realizó mediante la Resolución N°MS-DRRSCN-DARSSB-481-2019, emitida el 20 de mayo de 2019.
Ahora bien, respecto a esta denuncia, en fecha 26 de julio de 2019 la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte realizó inspección in situ y mediante informe técnico N°MS-DRRSCN-URS-IT-1045-2019, se recomendó notificar a las partes denunciantes, que en la inspección realizada no fue posible comprobar los hechos alegados, además, brindar respuesta al señor Rodríguez Rojas, sobre la colocación de la piedra de cuarta y solicitarle la confección y presentación de un nuevo plan de gestión de residuos de la pollinaza. Asimismo, se emitió la orden sanitaria N°MS- DRRSCN-ARSSB-1162-2019 por otros hallazgos, misma que fue notificada el 10 de octubre de 2019 y ese mismo día, se presentó denuncia ante el Juzgado Contravencional de Flores, por incumplimiento a la Orden Sanitaria N°CN-ARS-SB-LHC-30-2018. Por otra parte, el 16 de octubre de 2019 mediante Informe N°SENASA-PSA DRCOC ALAJUELA # 15, se concluyó que -para efectos de SENASA-, la granja avícola Juan Rodríguez, presenta infraestructura y manejo dentro de lo esperado para la actividad de crianza de pollos de engorde. Finalmente, se tiene que, 04 de febrero de 2020, se realizó audiencia en el Juzgado Contravencional, en la cual, se realiza acto de conciliación debido al cumplimiento de los puntos ordenados al administrado.
Así las cosas, se acredita la lesión a los derechos fundamentales de los amparados, únicamente respecto a la denuncia de fecha 03 de marzo de 2022, por cuanto es la que se mantiene en trámite y con orden sanitaria vigente -al momento de interposición del presente recurso-, la cual, según se explica por parte de la autoridad de salud fue emitida por hallazgos distintos a los denunciados, toda vez que, los informes técnicos concluyeron que los olores percibidos son propios de la actividad avícola y bovina. En ese sentido, si bien se observa que la autoridad recurrida ha venido tramitando la denuncia de cita, realizado inspecciones y girando órdenes sanitarias como resultado de las visitas in situ; lo cierto es que, no se ha dado un seguimiento oportuno de la misma, pues véase que el seguimiento de la orden sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSSB-0951-2022 emitida el 03 de octubre de 2022, se efectuó hasta el 16 de enero de 2024, es decir, aproximadamente 1 año y 3 meses después, fecha en la cual además se determinó que no podía darse por cumplida en su totalidad.
En esa misma línea y teniendo conocimiento de que la orden sanitaria no había sido cumplida, se dio el próximo seguimiento hasta el 28 de febrero de 2025, a decir, aproximadamente 1 año y 1 mes después. Posteriormente, se efectuó otra visita de seguimiento el 06 de mayo de 2025 y mediante informe técnico N°CARTA-MS- DRRSCN-DARSSB-712-2025 se dispuso a girar la orden sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025, cuya fecha de vencimiento es el 02 de setiembre de 2025. Bajo tal tesitura, estima este Tribunal que ha transcurrido un plazo desproporcionado e irracional -3 años y 6 meses- en la atención de la denuncia, pues si bien se informa que ya se verificó el cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSB-984-2025 (venció el 02 de setiembre de 2025) y, además se recomendó el archivo del caso, lo cierto es que, no consta la emisión del acto administrativo que dispone la resolución definitiva del asunto, así como la debida notificación al denunciante. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, pues se está ante una denuncia interpuesta ante el Ministerio de Salud por una situación ambiental que no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra del Ministerio de Salud y respecto a la denuncia de fecha 03 de marzo de 2022. Se le ordena a la Dra. Militzen Karina Garita Montoya, Directora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte y al Dr. David Alfredo Cortés Sánchez, Director del Área Rectora de Salud de Santa Bárbara, o quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, girar las órdenes necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que se resuelva como corresponda la denuncia planteada en fecha 03 de marzo de 2022 y se notifique al denunciante el resultado de la misma, todo dentro del plazo de UN MES contados a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Ingrid Hess H.
Ileana Sánchez N.
Fernando Enrique Lara G.
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