Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 29985-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/09/2025

Mandatory Tribal Consultation for the Cahuita Coastal PlanConsulta tribal obligatoria para el Plan Costero de Cahuita

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber ordered the Municipality of Talamanca to consult the Afro-descendant tribal people within three months about the Cahuita Coastal Regulatory Plan and answer the information request within three days, while denying all remaining claims and those against the ICT and INVU.La Sala ordenó a la Municipalidad de Talamanca consultar en tres meses al pueblo tribal afrodescendiente sobre el Plan Regulador Costero de Cahuita y responder en tres días la solicitud de información, pero rechazó los demás reclamos y los dirigidos contra el ICT y el INVU.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber partially granted the consolidated amparo petitions filed on behalf of Cahuita’s Afro-descendant tribal population against the Municipality of Talamanca, the Costa Rican Tourism Institute, and the National Housing and Urban Planning Institute. It held that the ordinary public hearing and informational activities conducted while preparing the Coastal Regulatory Plan did not replace the specific consultation required by Article 6 of ILO Convention 169. The Chamber therefore ordered the Municipality to schedule, within three months, a consultation with the Afro-descendant tribal people concerning the plan. It also found a violation of the rights of petition and access to information because referring a request about the existence of an official ancestral-territory map to a municipal committee was not a formal answer; a response was ordered within three days. The remaining claims were denied, including those against the tourism and planning institutes and the general environmental allegations concerning Gandoca-Manzanillo, which had already been addressed in other constitutional proceedings.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar los recursos de amparo promovidos en favor de la población tribal afrodescendiente de Cahuita contra la Municipalidad de Talamanca, el ICT y el INVU. Determinó que la audiencia pública ordinaria y las actividades informativas efectuadas durante la elaboración del Plan Regulador Costero no sustituyeron la consulta específica exigida por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Por ello, ordenó a la Municipalidad programar, dentro de tres meses, una consulta al pueblo tribal afrodescendiente relacionada con el plan regulador. También comprobó que la Municipalidad lesionó los derechos de petición e información, pues trasladar a una comisión una solicitud sobre la existencia de un mapa oficial del territorio ancestral no constituyó una respuesta formal, y ordenó contestarla en tres días. Rechazó los restantes reclamos, incluidos los dirigidos contra el ICT y el INVU y las alegaciones ambientales generales sobre Gandoca-Manzanillo, por haber sido abordadas en otros procesos constitucionales.

Key excerptExtracto clave

Accordingly, a violation of Articles 27 and 30 of the Political Constitution is established. The Court determines that the request submitted by the protected party on March 18, 2024, has not been addressed by the respondent. Although the municipal corporation states in its report to this Chamber that it answered the petitioner within the legally required period by informing him that the request was being handled by the corresponding body, this does not constitute a formal response to what he requested, and the respondent authority is obligated to answer him in the requested terms. Therefore, the petition must be granted with respect to this claim. The consolidated petitions are partially granted. Rugeli Morales Rodríguez and Julio Molina Masís, respectively mayor and president of the Council of the Municipality of Talamanca, or whoever holds those offices, are ordered to issue the directives within their authority and coordinate what is necessary so that: (i) within no more than THREE MONTHS from notice of this judgment, a consultation is scheduled for the Afro-descendant tribal people concerning the Coastal Regulatory Plan for the District of Cahuita, Canton of Talamanca, under Article 6 of ILO Convention 169; and (ii) within no more than THREE DAYS from notice of this judgment, a legally appropriate response is provided to the request submitted by the protected party on March 18, 2024, through letter No. AEL-0058-2024. They are warned that, under Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Act, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that must be complied with or enforced and fails to do so shall be punished by imprisonment from three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, unless the offense carries a more severe penalty. The Municipality of Talamanca is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, to be assessed during enforcement proceedings before the administrative courts. The remaining claims, including those concerning the Costa Rican Tourism Institute (ICT) and the National Housing and Urban Planning Institute (INVU), are denied.Así las cosas, se verifica la lesión a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Se determina que el requerimiento formulado por el amparado en fecha 18 de marzo de 2024, no ha sido atendido por la accionada. En ese sentido, véase que, si bien la corporación municipal manifiesta en el informe rendido a esta Cámara que sí le dio una respuesta al recurrente en el plazo exigido por ley, indicándole que la solicitud se encontraba siendo atendida por la instancia correspondiente, lo cierto es que ello no constituye una respuesta formal a lo peticionado por éste y la autoridad recurrida está en la obligación de contestarle en los términos solicitados. Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso en lo que concierne a este reclamo. Se declaran parcialmente con lugar los recursos acumulados. Se ordena a Rugeli Morales Rodríguez y a Julio Molina Masís, por su orden alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que i) dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se programe una consulta para el pueblo tribal afrodescendiente relacionado con el Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca, en los términos del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT; y ii) dentro del plazo máximo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, brinde respuesta a la gestión presentada por el amparado en fecha 18 de marzo de 2024 mediante oficio No. AEL-0058-2024, como en Derecho corresponda. Lo anterior, bajo la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, lo que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En los demás reclamos, así como en lo concerniente al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), se declaran sin lugar los recursos.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El que la decisión administrativa no satisfaga los intereses de un grupo de personas, no implica que la decisión haya vulnerado derechos constitucionales."

    "The fact that an administrative decision does not satisfy the interests of a group of people does not mean that the decision violated constitutional rights."

    Informe del Instituto Costarricense de Turismo

  • "El que la decisión administrativa no satisfaga los intereses de un grupo de personas, no implica que la decisión haya vulnerado derechos constitucionales."

    Informe del Instituto Costarricense de Turismo

  • "Por ello, partiendo de que se declaró con lugar una acción contra normativa infra constitucional con motivo de que la misma vulneraba principios ambientales del Derecho de la Constitución, esto conlleva que se van a llevar a cabo correcciones en la misma con el fin de proteger los ecosistemas del refugio, buscando menoscabar el retroceso significativo en la protección ambiental del litoral caribeño costarricense por el cual se interpuso dicha acción."

    "Therefore, because an action against subconstitutional regulations was granted on the ground that they violated environmental principles of constitutional law, corrections must be made to protect the refuge’s ecosystems and curb the significant regression in environmental protection along Costa Rica’s Caribbean coast that prompted that action."

    Considerando VIII

  • "Por ello, partiendo de que se declaró con lugar una acción contra normativa infra constitucional con motivo de que la misma vulneraba principios ambientales del Derecho de la Constitución, esto conlleva que se van a llevar a cabo correcciones en la misma con el fin de proteger los ecosistemas del refugio, buscando menoscabar el retroceso significativo en la protección ambiental del litoral caribeño costarricense por el cual se interpuso dicha acción."

    Considerando VIII

  • "Esto significa que, a pesar de que los reclamos formulados por el amparado [Nombre 015] revisten el carácter de genéricos y abstractos, este Tribunal hace de conocimiento del tutelado que, en las ocasiones anteriores recién indicadas, esta Sala ya se encargó de conocer lo relativo a los daños ambientales acontecidos en el del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo."

    "This means that, although the claims made by the protected party [Name 015] are generic and abstract, the Court informs him that, in the prior proceedings just identified, this Chamber already addressed the environmental damage occurring in the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge."

    Considerando VIII

  • "Esto significa que, a pesar de que los reclamos formulados por el amparado [Nombre 015] revisten el carácter de genéricos y abstractos, este Tribunal hace de conocimiento del tutelado que, en las ocasiones anteriores recién indicadas, esta Sala ya se encargó de conocer lo relativo a los daños ambientales acontecidos en el del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo."

    Considerando VIII

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty on diecinueve de setiembre de dos mil veinticinco.

Consolidated amparo proceedings (recursos de amparo) No. 23-027898-0007-CO filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], [Nombre 002], identity card [Valor 002], [Nombre 003], identity card [Valor 003], [Nombre 004], identity card [Valor 009], [Nombre 005], identity card [Valor 008], [Nombre 006], identity card [Valor 007], [Nombre 007], identity card [Valor 010], [Nombre 008], identity card [Valor 011], [Nombre 009], identity card [Valor 012], [Nombre 010], identity card [Valor 013], [Nombre 011], identity card [Valor 014], [Nombre 012], [Nombre 013], identity card [Valor 015], [Nombre 014], identity card [Valor 016], and No. 24-013786-0007-CO, filed by [Nombre 015], identity card [Valor 017], on behalf of the AFRO-DESCENDANT POPULATION, against the MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO.

Findings of Fact (Resultando):

  1. 1By a filing submitted to the Chamber’s Clerk’s Office on 9 de noviembre de 2023, the petitioners filed an amparo proceeding and stated as follows: they allege a violation of the right to the private, collective, and ancestral property of the tribal people located in Cahuita, Limón. They explain that, as an Afro-descendant culture, they have historically been located in the Caribbean region of Limón, having arrived in Costa Rica with the conquistadors, approximately between the XVII and XVIII centuries; later, during the 1870s, their descendants were displaced to work on the construction of the railroad and on banana plantations in the Limón area. At present, however, their rights as a tribal population are not receiving due institutional recognition. They add that it was only 2 years ago that, through Decreto Ejecutivo N° 43191-MP-MCJ del 31 de agosto de 2021, a declaration of public interest was issued regarding the Afro-Costa Rican population, its cultural identity, language, historical tradition, and worldview.In addition, a working group was created for the process of recognizing Afro-Costa Rican tribal peoples; subsequently, on 5 de mayo de 2022, through Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, verification of the Afro-Costa Rican population’s self-identification as a tribal people was issued (see Article 2), recognizing their historical characteristics, language, traditions, culture, worldview, and the self-identification that distinguishes them from the rest of the Costa Rican population. They note that, although they have historically been located along the coast due to their culture, economy, development, and subsistence, Ley N° 35 del 5 de julio de 1915 ordered the forced relocation of their people from what is now Parque Nacional Cahuita, placing them along the seashore in what is now known as central Cahuita, and it is for this reason that they have been in that area (Cahuita) for more than 100 years (see Articles 1, 5, and 9 of Ley N° 35).Thus, the titles, possession, sense of belonging, life plans, and economic, social, and cultural development in this area are the result of State actions. They further state that Convenio 107 de la OIT was subsequently ratified through Ley No. 2330 del 9 de abril de 1959 and incorporated into the legal system (see Convenio 107, Article 11). They indicate that Ley N° 6043 was enacted on 2 de marzo de 1977, establishing the area they inhabited as part of the State’s patrimony and granting its administration to the municipality (see Article 1º). They state that Ley N° 7316 del 3 de noviembre de 1992 was subsequently enacted, ratifying Convenio 169 de la OIT concerning indigenous and Tribal peoples, which broadened the terms of tribal identity and established the mechanisms through which the State must guarantee the rights to culture, worldview, tradition, identity, consent, natural resources, and lands traditionally occupied by Tribal peoples (See Convenio N° 169, Article 14 1).They emphasize that the lands traditionally occupied by their people were those located along the coast, both before and after the people’s relocation. They state that Ley N° 9221 del 27 de marzo de 2014 amended Article 6 of Ley N° 6043 by establishing that cities, urban areas, and registered properties could not form part of the State’s public-domain assets (bienes demaniales) (see Ley N° 6043. Article 6). They indicate that, beginning in 1915, the State granted deeds to those who had been relocated and declared Cahuita a city, thereby establishing the settlement that is now the community of Cahuita; and that, according to the amendment to the aforementioned article, this area does not form part of the State’s public-domain assets and therefore should not be administered by the Municipalidad de Talamanca either. In other words, Ley 6043 de 1977 respected private property, establishing in Article 8 the procedure for recovering areas as part of the State’s patrimony.They allege that no public policies capable of safeguarding their rights as a tribal population have been implemented to date; on the contrary, this occurred before the expiration of the moratorium under Ley N° 9577 de 2018 concerning Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, extended through Ley de moratoria 10000 del 1 de julio de 2021, which expires in julio del 2024. They state that on jueves 5 de octubre de 2023, the ICT, Municipalidad de Talamanca, and INVU published the Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita in La Gaceta N° 193, which violates Ley N° 6043. This is because they determined that a tourism-suitability regulatory plan (Plan Regulador de aptitud turística) had to be implemented, with the Administration imposing which areas were to correspond to each zone (see box) for their appropriate use. They allege that this affects what had been declared the city or settlement of Cahuita, the place to which the displaced Afro-descendant population was relocated, because most of it was declared part of the Mixed Area for Tourism and the Community (Área Mixta para el Turismo y la Comunidad); that is, they must submit to that regulatory plan (plan regulador), which entails paying a fee or facing eviction and demolition, as established in Article 14.(See point 6, subsections 1, 2, 3, 4, and 5 of the Annex to the Regulatory Plan). They state that, as residents of Cahuita, their buildings and their use of their properties reflect their needs and financial means, and most do not conform to the newly established requirements of the Plan Regulador Costero; they lack sufficient financial resources to meet the established requirements, such as adapting their buildings, complying with wastewater-management requirements, conducting hydrological studies, and obtaining an environmental assessment (evaluación ambiental) from SETENA. They emphasize that the annex to the Regulatory Plan shows that the municipality, INVU, and ICT recognize the existence of a tribal people settled in this area before Ley N° 6043 (see Anexo 9 and 12). Accordingly, the municipality, INVU, and ICT were fully aware that Article 2 of Ley 9221 had to be applied and that an urban regulatory plan (Plan Regulador urbano) therefore had to be implemented, since Cahuita had been established as a settlement before Ley N° 6043 and its declaration as a city resulted from circumstances created by the State through the relocation ordered by Ley N° 35 in 1915.Nevertheless, they disregarded this and implemented a coastal regulatory plan based on tourism feasibility, even though they could have chosen the urban-feasibility plan, which was better suited to the area; in doing so, they ignored the community’s historical reality and violated the tribal people’s rights to private property, private and collective possession, and ancestral lands, pursuant to Convenio N° 169 de la OIT. They allege that the respondent municipality intends to charge them a fee for the use of their lands, restricts their use, and imposes conditions on how they may build and live, even violating Ley N° 6043 by forcing them to live on land belonging to others or face eviction and loss of their patrimony, and threatening to uproot them from their lands; this situation would expose them to the loss of their culture, life plans, customs, traditions, way of life, development, and survival.They note that none of the respondent authorities considered their ancestral, collective, and private rights or their right of possession over the lands as a tribal people; instead, those authorities simply made their own decisions. They argue that Pueblo Samaraka Vs. Surinam, decided by the Corte IDH, applies to the situation alleged because the tribal people’s rights to recognition, consultation, consent, and respect for private property are being violated. Likewise applicable are the aspects concerning the right to land, fair and prior compensation, and the tribal people’s participation in the benefits arising from implementation of the Regulatory Plan. They note that the tribal people’s consent was not considered in preparing the Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, nor was there free, prior, and informed consultation (consulta previa libre e informada); the only procedure conducted was that established in Article 43 of the Código Municipal, but they were never asked whether they agreed with the implementation of a regulatory plan or whether they preferred a coastal tourism-feasibility regulatory plan or an urban plan.They therefore consider that Articles 6 and 15 of Convenio N° 169 were violated during the procedure for approving the cited regulatory plan. The same is true of the requirement for consultation that is prior, free, informed, conducted in good faith, and culturally appropriate; what the respondents seek to characterize as consultation is insufficient, because only selected groups were invited to the meetings, and the meetings were not held to solicit opinions or receive contributions, but were informational sessions used to present decisions that had already been made and were intended to be embodied in the Regulatory Plan. They maintain that these sessions were not adapted to the consultation process referred to in Article 6 of Convenio N° 169, nor were they tailored to the community’s distinct circumstances, and space was limited for those invited. They allege that, at the improperly named public hearing (audiencia pública), only the respondents’ decisions were presented, some participants were allowed to speak, and it was concluded that the Regulatory Plan was ready for approval by the Council.Subsequently, through its publication in La Gaceta, they learned that an annex had been added to the regulatory plan even though no opportunity had ever been provided to discuss it and, consequently, they had been completely unaware of it. They argue that they were required to be involved in the decisions of INVU and ICT, in their manuals for preparing the Coastal Plan, and in all other administrative decisions aimed at directly affecting them; nevertheless, the authorities used their presence at a public meeting called a public consultation to later claim that consultation had already occurred, when it was plainly a presentation of measures imposed upon their people in violation of their rights. In view of the foregoing, they petition the Chamber for protection of their fundamental rights and request that the proceeding be granted.
  2. 2By decision issued at 6:22 on 5 de diciembre de 2023, the Chamber admitted this amparo proceeding for consideration.
  3. 3By means of document No. DM-600-2022 dated 7 de diciembre de 2023, William Rodríguez López, executive president of the Instituto Costarricense de Turismo, states under oath as follows: “The amparo petition (recurso de amparo) at issue is based on two arguments, namely: 1. Violation of the private, collective, and ancestral property rights of the tribal people located in Cahuita, Limón. 2. Violation of the right to consent and to free, prior, and informed consultation. This report will demonstrate that the petitioners’ claims are unfounded, and I therefore hereby request that the amparo petition be dismissed. I. Regarding the alleged violation of the private, collective, and ancestral property rights of the tribal people located in Cahuita. Rather than setting forth a violation of a constitutional right, the first argument merely presents historical background that has no legal significance whatsoever in this matter.In their first argument, the petitioners cite various international provisions concerning the recognition of indigenous and tribal peoples that have been ratified by our country; however, they fail to demonstrate how the challenged regulatory plan (plan regulador) violates the rights established in the various legal instruments protecting the human rights of indigenous and tribal peoples. It is the undersigned’s opinion that, because no violations of fundamental rights are alleged, the matters raised by the claimants (accionantes) are not issues of constitutionality but of expediency, and this is not the legally established proceeding for hearing the present matter. The following excerpt from the petitioners’ first argument illustrates the foregoing: ¨The foregoing establishes that the Municipality, ICT, AND INVU were fully aware that they were required to apply the provisions of the following article of law 9221, and therefore what should have been implemented was an Urban Regulatory Plan, since Cahuita was established as a town before Law N. 6043 and its designation as a city.¨ Law 9221 is entitled ¨Framework Law for the Designation of Coastal Urban Zones and Their Land-Use and Development Regime¨, and Article 1 thereof provides as follows: ¨ ARTICLE 1.- This law establishes the regulatory framework for the designation of coastal urban zones and the regime governing the use and development of the areas located within them.This law does not remove from the public domain any publicly owned areas incorporated into coastal urban zones.¨ It is clear that the argument raised does not concern a violation of constitutional rights, which is what this proceeding protects, but rather an issue of legality and expediency, which necessarily entails dismissal of the amparo petition at issue. Furthermore, by means of official letter DPD-P-129-2023, the ICT Planning Department states that: ¨ To date, the Instituto Geográfico Nacional has not identified any geographical delimitation of a “tribal people” that would be exempt from the application of the Maritime-Terrestrial Zone Law.¨ In view of the foregoing, it is not legally tenable to argue that the regulatory plan at issue infringes the rights of private ownership and private and collective possession of the tribal people. Accordingly, it is the undersigned’s opinion that the first argument in the amparo petition under consideration must be rejected.II. Regarding the alleged violation of the right to consent and to free, prior, and informed consultation. The claimants’ second argument is that, in preparing the Talamanca Coastal Regulatory Plan–Cahuita District, neither the consent of the tribal people nor prior and informed consultation was taken into account. They state that they were not consulted as to whether they agreed with the implementation of the regulatory plan. They allege that, at a minimum, they should have been asked whether they considered a coastal regulatory plan oriented toward tourism development or an urban regulatory plan appropriate. Unlike the first, the second argument intrinsically involves a constitutional legal interest and an issue of legality, as discussed below. The second argument is said to implicitly involve a constitutionally protected legal interest because the right of indigenous peoples to consultation is recognized; however, as shown by report DPD-P-129-2023 of the ICT Planning Department, the challenged regulatory plan was indeed submitted for public consultation.In this regard, the cited report states as follows: ¨ 2. The Regulatory Plan was prepared for the maritime-terrestrial zone through a process carried out by INVU and the Municipalidad de Talamanca. As required, the municipality undertook consultation workshops before the proposed regulatory plan was available. 3. The Municipalidad de Talamanca submitted the documentation for a proposed ZMT regulatory plan to ICT for review and approval and, in accordance with the institutional procedure then in force, that review was conducted, including both a desk review and a field inspection. As a result of this review process, ICT informed the Municipality of the observations and matters requiring correction in order to continue the approval process. 4. The municipality resubmitted the proposed plan to ICT for a second review, during which it was verified that the observations and identified matters had indeed been addressed.On this basis, the proposed regulatory plan submitted by the municipality was presented to the ICT Board of Directors for initial approval, so that the municipality could proceed with the Public Hearing, in accordance with Article 17 of the Urban Planning Law, and continue advancing through the final approval process. (…) 5. Following the initial approvals by ICT and INVU, the Municipality convened and held a Public Hearing, which is the democratic forum established by law for presenting the proposed regulatory plan to the public, at which objections and comments concerning the proposal were heard and submitted. 6. After the Public Hearing, the Municipalidad de Talamanca, together with INVU and ICT, reviewed each and every comment and objection submitted and addressed them as appropriate in order to make adjustments to both the plan regulations and the zoning map itself. It is important to mention that all comments submitted to the municipality were duly answered in writing. 7.Once the zoning and regulatory-plan documents had been adjusted as a result of the comments made at the public hearing, the Municipalidad de Talamanca again submitted the proposed regulatory plan to the ICT Board of Directors for final approval.¨ It follows expressly from the foregoing that the Administration’s actions protected the right of indigenous and tribal peoples to consultation. The fact that the administrative decision does not satisfy the interests of a group of persons does not mean that the decision infringed constitutional rights; this leads to the other part of the petitioners’ argument, namely, the issues of legality. The petitioners state, ¨at a minimum, we should have been asked whether we considered a coastal regulatory plan oriented toward tourism development or an urban regulatory plan appropriate¨. It is clear that this matter does not involve a question of constitutionality, but rather particular interests, which must yield to the public interest.In addition, the amparo petitioners’ (amparantes) claim more closely resembles a proceeding in which the constitutionality of a regulatory plan would be analyzed than an amparo petition; therefore, if the Honorable Sala Constitucional maintains its decision to proceed with this matter, the aforementioned Court is requested to convert it into an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad). (…)”. He requests that the petition be dismissed.
  4. 4By means of a written submission dated 8 de diciembre de 2023, [Nombre 015] Hidalgo Zúñiga, in his capacity as general manager of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, reports as follows: “(…) In this regard, it should be noted that Ley 6043 concerning the maritime-terrestrial zone (Zona Marítimo Terrestre) provides that all prior laws are repealed, subject to the exceptions specified in artículo 82; it is understood that, pursuant to the Transitional Provisions (Disposiciones transitorias) and artículo 6, any acquired rights (derechos adquiridos) registered within the time limits established by law are exempt from the effects of Ley 6043. As a reference, Legal Opinion (Opinión Jurídica) OJ-004-2005 concerning the Bill (Proyecto de Ley) bearing expediente 15.320 is presented, which sought to declare the area occupied by the communities of Cahuita and Puerto Viejo de Talamanca an Urban Area (Área Urbana); the opinion states as follows: “In Opinión Jurídica O. J.-004-2005, Dr. José J. Barahona Vargas, Procurador Director del Area de Derecho Agrario y Ambiental, and Licda. Lydiana Rodríguez Paniagua, Abogada de la Procuraduría Ambiental, after analyzing the subjects indicated in the descriptors, respond to the request and conclude: By way of a nonbinding legal opinion, because the request concerns members of another Branch of the Republic exercising parliamentary powers that cannot be substituted by the Procuraduría, the following observations are made:1) Laws numbers 35 of 5 de julio de 1915 and 166 of 22 de agosto de 1935, at least upon the entry into force of Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, N° 6043 of 2 de marzo de 1977, ceased to have effect, as they are incompatible with the property regime established by the latter. The latter is a matter of public policy (orden público), repeals all other laws that conflict with it (art. 82), and did not include them among those remaining in force after its enactment.2) The privately owned property titles obtained at the time by beneficiaries who complied with the legal requirements and administrative procedures, which became part of their estates and were recorded in the Registro Público, may be recognized as acquired rights based on both Laws (35 and 166). (Código Civil, artículos 267, 455 y 459. Ley 6043, artículo 6°. Dictamen de la Procuraduría C-321-2003). The heirs (statutory or testamentary) of those titleholders could acquire only the property that had entered the decedent’s estate at the time of death, not mere expectations that never became subjective rights (derechos subjetivos). Resident status (calidad de poblador) is personal and nontransferable and had to be recognized by an administrative act (acto administrativo).3) The coastal cities excluded from the application of Ley 6043 (artículo 6°) are those in which the seat of the local administrative government (the Municipality) is located. In our country, following the guidelines of Código Municipal (artículo 3° of Ley 4574, in force when the former was enacted; 3° of Ley 7794) and the administrative territorial legislation, there is one city per canton and Municipality. Under those terms, the communities of Cahuita and Puerto Viejo do not constitute cities. (The adjacency of those communities to Parque Nacional Cahuita and Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, as well as their proximity to Reserva Indígena Keköldi, does not create conflicts among their legal regimes, regulations, or administration.)4) For the purposes of Ley 6043, it is incorrect to equate the concept of a coastal city (ciudad litoral) with that of an urban area, or the area within which a population center develops. Every city is an urban area, but the converse is not always true.5) Several objections are raised concerning the Bill. These include the following: 5.1) Ley 6043 does not affect acquired rights because it respects rights over “properties registered, in accordance with the law, in the names of private parties” (artículo 6°). 5.2) Citing constitutional and administrative case law (jurisprudencia constitucional y administrativa), constitutional and administrative precedents are set forth, and an opinion is issued opposing the removal from the public domain (desafectación) of the coastal public-domain property (demanio costero), an environmental asset belonging to the national patrimony, for the benefit of certain social groups to the detriment of the collective public interest. In light of the social functions performed by the maritime-terrestrial strip, it is recommended that the public-domain mechanism grounded in the conservationist approach be strengthened, that its integrity be protected, and that it be preserved as the patrimony of all for the use and enjoyment of present and future generations. 5.3) Reliance on Laws 35 of 1915 and 166 of 1935 is improper because they have been repealed; and 5.4) The concept of an urban area differs from that of a coastal city, as referred to in Ley 6043 (artículo 6°). 5.5) Private possession as owner of public-domain real property, such as the maritime-terrestrial zone, and its acquisition through adverse possession (usucapión), titling, and private conveyances are contrary to the principles of inalienability (inalienabilidad) and immunity from prescription (imprescriptibilidad) (Ley 6043, arts. 1°, 7° y 9). 5.6) When the maritime-terrestrial zone was designated as public domain (Ley 6043 and prior regulations), the possibility of exercising private possessory rights over it ceased. Por tanto, it is incorrect to claim that Ley 6043 deprived private parties of that attribute. 5.7) Without the prior removal of the coastal sector from the public domain, the ten-year period of possession, subject to the conditions required for acquisition by adverse possession and titling, could not be completed in the future. The one-year period provided for that purpose is insufficient. 5.8) Ley de Informaciones Posesorias applies to the titling of privately owned land whose possessor lacks a title recorded or eligible for recording in the Registro Público; it does not apply to recording public-domain real property in favor of private parties.6) The following are identified as potential constitutional conflicts posed by the Bill: the removal of protection from environmental assets that are part of the national public patrimony and intended for collective use and enjoyment, without support from a public interest superior to the one that justified their designation, and the fact that it contravenes the constitutional principles of equality, reasonableness, and proportionality, which are discussed. Restoring the validity of the preconstitutional Laws numbers 35 and 166 would create the possibility that Sala Constitucional might declare them unconstitutional if they were given application and effect under the current Constitution.7) Because it entails the disposal or indirect removal of property from the State’s public domain, the Law removing a coastal sector from the public domain, as would occur with Cahuita and Puerto Viejo, and allowing its titling must be approved by the plenary session of Asamblea Legislativa, rather than by a Commission. (Artículo 124, párrafo 3°, of the Constitution, in relation to 121, inciso 14 ibid., and the constitutional doctrine underlying them).” It is our position that the area covered by the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) for Distrito de Cahuita is part of the maritime-terrestrial zone and, therefore, is subject to Ley 6043. If the persons currently occupying this coastal strip have properly established registered ownership, the measures and parameters established by Reglamento del Plan Regulador Costero do not apply to them, as provided in artículo 6 of Ley 6043, and persons who do not wish the regulations to apply to them must submit evidence of the private ownership they claim to possess. This does not apply “broadly” to an occupied area, but rather on a case-by-case basis; as indicated in the legal opinion, not all urban areas are to be understood as coastal cities. This leads to the application of artículo 2 of Ley 9221 (Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial), which states: “ARTÍCULO 2.- For the purposes of this law, a coastal urban zone (zona urbana litoral) shall mean the territorial district located on a coast and corresponding to the concept of an urban area, under the terms of Ley N.º 4240, Ley de Planificación Urbana, of 15 de noviembre de 1968, and its amendments, following a declaration by the competent authority. Only de facto established urban areas that had a high concentration of urban development along the coast before this law entered into force may be declared coastal urban zones. A coastal urban zone may include the public-domain areas within the two hundred meters adjacent to ordinary high tide, as well as the adjoining lands, irrespective of whether they are privately owned property. Areas subject to the Natural Heritage Regime (Régimen de Patrimonio Natural) that are located within coastal urban zones shall be governed by the environmental regulations applicable to them.” This declaration must be issued by a competent authority, and artículo 3 of the same law authorizes Poder Ejecutivo to do so through Ministerio de Gobernación y Policía, which is to issue the declarations by executive decree. “ARTÍCULO 3.- Poder Ejecutivo, through Ministerio de Gobernación y Policía, is authorized to issue declarations of coastal urban zones by executive decree, in accordance with the provisions of this law.” Por tanto, a declaration of a coastal urban zone must first be issued before that area may be removed from the regulations of Ley 6043. No such declaration existed when the Coastal Regulatory Plan for Distrito de Cahuita was prepared. None of the three respondent institutions may establish a coastal urban zone during this planning process and implement an urban regulatory plan (plan regulador urbano) for it without following the required process. It should be noted that, within the framework of Ley 9221, it is possible to declare a coastal urban zone in Cahuita, provided that the procedure complies with the law and its regulations; once it has been legally established, the published Regulatory Plan would cease to have effect in that zone, and Ley de Planificación Urbana N° 4240 and all supplementary regulations would become applicable. With respect to the following fact: (…) As previously established, to date no declaration of a Coastal Urban Zone has been issued for any portion of the coastal sector of Distrito de Cahuita. Por tanto, it has not been necessary to consult whether the communities agreed with the implementation of a regulatory plan, whether coastal—which is the applicable type—or urban—which is inapplicable, as already explained. Pursuant to Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros (Alcance N° 139 a la Gaceta N° 135 del 14 julio 2021), the applicable requirements are those set forth in section 13, Information Meetings and Public Hearing (Reuniones de Información y Audiencia pública), as follows: “13. INFORMATION MEETINGS AND PUBLIC HEARING 13.1 During the preparation of the proposed regulatory plan, and to encourage public participation, the Municipality shall hold at least one informational meeting for the purpose of providing information about the objectives and characteristics of the work being carried out. 13.2 Before convening a public hearing, the Municipality must ensure that the following requirements have already been met: i. Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) issued by SETENA (for the environmental documentation accompanying the Proposed Regulatory Plan), in accordance with the regulations currently governing this matter. ii. Initial approval of the proposal by ICT and INVU. iii. In cases involving an adjustment or correction, environmental feasibility granted by SETENA is not required for the public hearing. Nevertheless, such changes must be documented before that Institution in advance. 13.3 Once these requirements have been met, the Municipality shall convene a public-hearing process to receive comments on the planning proposal. This activity shall be conducted in accordance with the methodology prescribed by the Municipality for that purpose, consistently with the provisions of Art. 17 of Ley de Planificación Urbana.

13.4 Following the holding of the public hearing (audiencia), a maximum period of 15 business days (días hábiles) shall be opened for receiving comments on the proposal presented, which must be submitted to the municipality in writing or digitally.” It should be noted that all the points listed above were fully complied with; in addition to the informational meetings referred to by the appellants—thereby complying with point 13.1 of the Manual—citizen-participation processes (procesos de participación ciudadana) were conducted in 2018, open to anyone wishing to participate, and held before any proposal had been developed. Furthermore, in compliance with Article 17 of the Ley de Planificación Urbana, a public hearing (audiencia pública) was held at which the proposals were presented, and a subsequent period of 15 days was opened for receiving objections, comments, or proposals. These were analyzed by the Tripartite Commission (Comisión Tripartita), composed of the Municipalidad, the ICT, and the INVU, and were resolved and communicated to the interested parties in full compliance with the procedure established for that purpose.

Regarding the following fact: (…) The Public Hearing met all the requirements necessary for it to be held: i. Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) issued by SETENA (for the environmental documentation accompanying the Regulatory Plan Proposal (Propuesta del Plan Regulador)), in accordance with the regulations currently in force on this matter. Resolution No. 025- 2023-SETENA of 11 de enero del 2023. ii. Initial approval of the proposal by the ICT and the INVU. ICT Board of Directors Resolution SJD-047-2023 and partial approval by the INVU Urban Planning Department, official letter N°DU- 063-02-2023. In addition, a municipal resolution was adopted during ordinary session #160 of 14 de junio de 2023, at which the Concejo Municipal de Talamanca adopted Resolution Nº 2. By way of further support, reference is made to PGR opinion N° C-501-2006, which states: “With the approval of the Procuradora General de la República, I hereby respond to your official letter number PU-C-D-1204-2005, dated 8 de noviembre de 2005, in which you inquire about the ‘...legal possibility of approving, adopting, and implementing a Regulatory Plan (Plan Regulador) when, after the project-development stage has concluded and the project has been presented to interested residents, proposals arise during the objections and clarifications stage granted at a public hearing that modify substantive aspects thereof and that could be approved through the resolution of the objections or clarifications concerning the project presented, although they are in fact modifications that have not been submitted for consideration by all interested residents.’ In this regard, I would point out that the call for the public hearing required by the urban planning law (ley de planificación urbana, LPU)1 for municipalities seeking to enact, amend, suspend, or repeal—in whole or in part—a regulatory plan and/or its respective regulations is intended to inform the community about the respective project and enable interested residents to submit any oral or written comments they deem appropriate.

Specifically, the requirement established in subsection 1) of Article 17 thereof has been analyzed in constitutional case law (jurisprudencia constitucional) from the perspective of the right to democratic participation in matters of public interest: ‘The purpose of a public hearing conducted by municipal entities in cases such as this one is to permit the exercise of the community’s right to participate in a matter that directly affects it and that, consequently, must be held before the administrative decision is made, thereby constituting a manifestation of the democratic principle. Consequently, hearings of this kind do not merely constitute part of a procedure that must be scheduled as a formality, such that they may be arranged in a manner that renders the exercise of the right they are intended to protect ineffective by being held under conditions that reduce them to a mere formality incapable of achieving the objectives they are intended to fulfill in protecting the right to information and citizen participation, although they certainly must not become an obstacle to the timely resolution of the matter.

(Judgment number 2000-6653, of 28 de julio de 2000. Cf. decisions 2004-12242, of 29 de octubre de 2004, 2005-13491, of 30 de setiembre de 2005, and 2006-7994 of 2 de junio de 2006. Emphasis not in the original).’ Now then, as concerns your inquiry, the first point that must be made is that the ‘proposals’ submitted by residents regarding the content of a draft regulatory plan are not binding on the municipality. Indeed, the Constitutional Court (Tribunal Constitucional) has established that the requirement prescribed by the LPU must be understood to mean that the objections and proposals of the canton’s residents must be taken into account by the municipality before the planning instrument (instrumento de planificación) is approved (judgment number 2000-06653, of 28 de julio de 2000). In other words, before approving the regulatory plan, municipalities must consider and issue a decision on the merits (resolver por el fondo) regarding the objections submitted by the canton’s residents.

This gives concrete effect to the fundamental right to democratic participation. That said, the foregoing does not prevent a municipality from calling a new hearing to submit a project for residents’ consideration if it deems this necessary because, although the project had previously been presented, it underwent modifications that altered its content. Rather, this is a decision that falls to the local government and forms part of the exercise of its authority to organize land use (ordenar el territorio), insofar as this is a public function.” Based on the opinion set forth above, it is considered that the public hearing for the Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita was conducted in accordance with the necessary parameters, it being understood that its purpose is to inform the community about the respective project. Because an orderly opportunity was provided for individuals to participate, it also fulfilled the objective of “… enabling interested residents to submit any oral or written comments they deem appropriate.” As may be seen in the minutes of the Tripartite Commission, 221 documents were addressed; therefore, a significant number of comments and objections were submitted and addressed and were subsequently forwarded to the Concejo Municipal so that it could communicate the responses to the citizens who had submitted comments, it being understood that such comments are not binding, as established in opinion N° C-501-2006. (…)” For the reasons set forth in the preceding paragraphs, it requests that the appeal (recurso) be denied.

  1. 5In a written submission incorporated into the digital case file (expediente digital) on 28 de diciembre de 2023, Rugeli Morales Rodríguez, in his capacity as mayor of the Municipal de Talamanca, states under oath as follows: “(…) 1-Regarding facts A, B, and C (Violation of the right to private, collective, and ancestral property of the tribal people located in Cahuita, Limón, whose rights as a tribal population are currently not duly recognized by the institutions. Ley N° 35 of 5 de julio de 1915 ordered the forced relocation of their people from what is now Parque Nacional Cahuita, placing them along the seashore in what is now known as downtown Cahuita). It is important to inform this honorable Chamber that the Municipalidad de Talamanca is the only local government that, in the exercise of its constitutional autonomy and its role as administrator of its territory, has recognized the contribution of Afro-Costa Rican culture to the development of the canton of Talamanca, as well as the fact that Afro-Costa Ricans are the second-largest ethnic group by number of inhabitants in our canton and the country’s largest ethnic minority according to the latest national census data.These reasons led this Municipal Administration for the 2020-2024 term, at Ordinary Session 21 of 25 de setiembre del 2020, through Agreement N° 1, to create the office and the Comisión Municipal de Asuntos Afrodescendientes del cantón de Talamanca, based on the provisions of Convention 169 and as an affirmative action arising from the declaration of the International Decade for People of African Descent, which focuses on protecting the rights of people of African descent, recognizing their contributions, and preserving their rich cultural heritage. As proclaimed by the General Assembly, the theme of the International Decade is ‘People of African descent: recognition, justice, and development.’ By proclaiming this Decade, the international community recognizes that people of African descent constitute a specific group whose human rights must be promoted and protected. Accordingly, by order of the Municipal President in the exercise of the powers conferred by article (sic) 34, subsection g), of the Código Municipal, a permanent special committee known as the Comisión Municipal de asuntos Afrodescendientes del Cantón de Talamanca, or COMMAAT, was established to work together with the previously created Office in furtherance of its objectives.It consists of three members of this Concejo Municipal, district trustees, or district council members, appointed for a term of two years and eligible for reappointment at the President’s discretion (See Anexo 1 Certification of Agreement N°1 2020). Along the same lines, through Ordinary Session #166 of 26 de julio de 2023, the Concejo Municipal de Talamanca adopted Agreement Nº 06, which states as follows: Motion submitted by Council Member Freddy Soto Álvarez, Municipal Vice President, and seconded by Council Member Jorge Molina Polanco, stating: Subject: Amendment of Agreement N° 3 from Session N° 63 of 06 de agosto del 2021, concerning the increase in the number of members of the Comisión Municipal para asuntos de la Población Afrodescendiente. Establishing direct coordination between this Municipal Committee and the representatives before public institutions and national and international organizations on matters related to the Afro-descendant population of Talamanca, appointed by this Concejo Municipal on 3 de agosto del 2022, and the mayor of the Municipalidad de Talamanca, Licenciado Rugeli Morales Rodríguez, to whom they shall submit reports on their activities.Whereas recital 4° of that motion states that, during the second stage of the process of preparing the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) for the District of Cahuita, the Comisión municipal para asuntos de la población afrodescendiente assumed representation of the Afro-descendant population of the coastal communities of the District of Cahuita, maintaining a presence in various forums and actively participating both with the Regulatory Plan Committee and by supporting the Municipal Mayor’s actions in defense of the coastal peoples; that committee was composed of Afro-descendant residents of the coastal communities of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo. The Comisión Municipal para asuntos de la Población Afrodescendiente shall consist of the following members: Steicy Obando Cunningham, Héctor Mc Donald Herrera, Heykel Douglas Graham, Isione Wrigth Benneth, Enrique Joseph Jackson, Edwin Patterson Bent, and Wanda Patterson Morales, who have been members since 2021, with the following members being added: María Teresa Williams Cole (asociación pescadores de Cahuita), Valerie Rose Mitchore (Cámara de Comercio de Cahuita), Sherany Brown Brown (Asociación Mujeres emprendedoras de Cahuita), Layli Brown Stageland, Wayne Bayles Jonhson, and Dennise Patterson Ramírez, who shall become members of that committee upon adoption of the corresponding agreement by the Concejo Municipal.This brings the total to 13 members. The committee shall coordinate its activities and report directly to Lic. Rugeli Morales Rodríguez, mayor of this Municipalidad; the same shall apply to the Municipal representatives before public institutions and national and international organizations appointed by this Concejo in matters concerning people of African descent. This agreement renders ineffective any prior agreements that conflict with it. PUT TO A VOTE BY SHOW OF HANDS. THE WAIVER OF COMMITTEE REVIEW IS APPROVED. AGREEMENT FINALLY APPROVED UNANIMOUSLY. (See Anexo 2 Agreement expanding the Afro-descendant committee.) For purposes of the claims raised by the appellants (recurrentes), the names in bold identify persons from the community of Cahuita. It is also necessary and important to point out to this honorable Chamber that the Coastal Regulatory Plan for the District of Cahuita is a single regulatory plan under which the conditions are the same for the three coastal communities it encompasses.It is not a regulatory plan addressing the specific needs of only one community; on the contrary, it respects the development model of each community and its Afro-descendant culture and customs. It is therefore erroneous for the appellants to state that a regulatory plan was prepared for the community of Cahuita, and their attempt to claim exclusive decision-making authority is improper when there are two other coastal communities with the same historical context and the same cultural and historical roots. Like Cahuita, those communities were given informational talks about the Regulatory Plan before the Public Hearing (Audiencia Pública) so that they could express their observations, as will be demonstrated (sic) below. Regarding Ley N° 35 of 5 de julio de 1915, concerning which the appellants state that the forced relocation of their people was ordered from what is now Parque Nacional Cahuita, placing them along the seashore in what is now known as downtown Cahuita, it is necessary to consider Resolution Nº 03113 – 2009 of 25 de Febrero del 2009 at fourteen hours and fifty-nine minutes, in Case File (Expediente) 05-016470-0007-CO, drafted by Justice Fernando Cruz Castro, concerning the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) brought by Luis ángel Ramírez Ramírez and quirico Jiménez Madrigal seeking a declaration that “Ley No. 8464, concerning the Declaration of City Status for the communities of Cahuita and Puerto Viejo in the canton of Talamanca, province of Limón,” of 25 de octubre del 2005, published in La Gaceta No. 218 of 11 de noviembre de 2005, is unconstitutional because it is allegedly contrary to articles 121, subsection 14), 50, 33, 34, and 45 of the Constitución Política, as well as article 24 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos.The representative of the Procuraduría General de la República also participated in the proceedings. In that Resolution, the Sala Constitucional further stated: “Regarding the rejection of the allegation of violation of the right to private property. Finally, with respect to the petitioners’ allegation that article 45 of the Constitution was violated by the social function of property (función social de la propiedad), this Court finds no grounds for accepting that argument because, as stated by the Procuraduría, the concept of the social function of private property is linked to non-compensable restrictions imposed on that right for reasons of general interest (article 45, paragraph 2°, of the Constitution). The public domain (dominio público), although primarily intended to satisfy the public interest to which it is dedicated under the special legal regime governing it, constitutes a different form of property.Whereas private property is governed by article 45 of the Constitution and the relevant provisions of the Código Civil, public-domain property (propiedad demanial) is founded on subsection 14 of article 121 of the Constitution, such that its nature is fundamentally different. In conclusion, article 45 of the Constitution cannot be deemed to have been violated because Ley 8464 does not impose restrictions on private property; quite the contrary, it authorizes the titling of private property in the terrestrial zone (zona terrestre) of Cahuita and Puerto Viejo.” (See Anexo 3 Resolution Nº 03113 – 2009.) It is important to note here that, when that resolution was issued, the country had already ratified ILO Convention 169, which establishes the rights of Indigenous and tribal peoples. II-Regarding points D and E. This Municipalidad is responsible for applying the legal framework currently in force, as well as the case law (jurisprudencia) issued pursuant to the various rulings of this honorable Court and the Procuraduría General de la República.Consequently, the actions of this Municipal corporation cannot go beyond what is legally permitted. The background section and recitals (considerandos) of Anexo 1 to the Regulatory Plan mention matters such as the decrees recognizing tribal peoples as an acknowledgment at the local level of their cultural and economic contributions to the development of the canton, without contravening the law. It is clear that, at the national and constitutional level, the rights arising from Convention 169 have been granted to Indigenous people (pueblos Indígenas), but not to tribal peoples (pueblos Tribales), which is the matter at issue here. We could refer to the residents of the coastal communities of Cahuita, Puerto viejo, and Manzanillo; it is therefore for the Sala Constitucional to establish otherwise through its case law. III-Regarding points F, G, and H. It is necessary to clarify for your authority that the Municipalidad de Talamanca, as your authority very properly held recently in Voto N° 2023-31756, failed to contact the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Kekoldi to conduct the prior, free, and informed consultation process (consulta previa, libre e informada) concerning the proposed Coastal Regulatory Plan for Cahuita, whose public hearing had ultimately been scheduled for 4 de agosto del 2023.Accordingly, judgment N° 2023-31756, issued at 09:30 hours on 7 de diciembre de 2023, expressly ordered that the appeal be granted in part, releasing INVU and SETENA from the appellant’s claims, because the Municipalidad is directly responsible for holding the public hearing and therefore for publishing the Regulatory Plan (see Anexo 4. Agreement on publication of the Regulatory Plan). The appellant is therefore incorrect in seeking to hold INVU responsible for publishing the Regulatory Plan.

The Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans (Manual de elaboración de Planes Reguladores Costeros), published in Supplement 139 to La Gaceta 135 of 14 de Julio 2021, establishes in Article 13.5 that: “Once the consultation process has concluded, the Municipality, together with the representatives of ICT and INVU, shall analyze the documents submitted and, where appropriate, request from the responsible party such changes and adjustments as are deemed necessary in light of the observations received. Finally, a technical report resolving the observations shall be prepared and submitted to the Municipal Council for its consideration and approval.” The observations submitted during the aforementioned consultation process are the documents that, when duly substantiated, ultimately give rise to the technical report, which is accompanied by a document annexed to the Regulatory Plan (Plan Regulador) published by the Municipality.

(See Anexo 5 Manual de Elaboración Planes reguladores.) As the appellants correctly point out, this demonstrates recognition by the Municipality, INVU, and ICT of a tribal people (pueblo tribal) settled in this area prior to Ley N° 6043, to which the regulations currently in force and the relevant case law apply for purposes of preserving the cultural characteristics of the area and protecting its development model based on Afro-Costa Rican culture, its cuisine, its toponymy, and the region’s own vernacular features. Accordingly, recital (considerando) b) of the agreement approving the Regulatory Plan establishes the following: “b-) That at ordinary session 172 of 6 de setiembre del 2023, the Municipal Council adopted Agreement N° 10, accepting the results of the work carried out by the tripartite commission appointed by this Council to analyze the proposals, observations, and support concerning the Coastal Regulatory Plan for the district of Cahuita, canton of Talamanca; said work included adjustments to the zoning (zonificación), regulations of” (See Anexo 4 and Anexo 6, agreement approving the PRC; see anexo 7, minutes of the Tripartite Commission.) As we have stated, the Regulatory Plan was formulated (sic) on the basis of the enabling provisions; in this case, the community of Cahuita has had a declaration of Tourism Suitability (Aptitud Turística) since 1970, as published in La Gaceta 258 of 17 de noviembre de 1970.

Therefore, pursuant to the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans (ANEXO 5), Article 4 provides: “SCOPE AND CONDITIONS OF APPLICATION. 4.1 Regulatory plans may be prepared for all coastal sectors subject to Ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre, both for sectors declared suitable for tourism and for those declared not suitable for tourism. 4.2 Excluded from the foregoing are all exceptions expressly set forth in Ley 6043, including areas defined as cities or registered properties subject to the Law (Article 6), National Parks and equivalent Reserves (Article 73), and forest areas identified and designated by the Ministry of Environment and Energy (MINAE), pursuant to Ley Forestal N° 7575, Articles 13 et seq. 4.3 Even where coastal sectors have been declared ‘suitable for tourism’ or ‘not suitable for tourism,’ a regulatory plan shall be prepared and approved only when it has been determined that the area is not subject to any of the exceptions indicated in the preceding paragraph. 4.4 To proceed with the preparation of a coastal regulatory plan within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT), whether at the initiative of the Municipality or of INVU and ICT, prior interinstitutional coordination may be undertaken to assess the scope of the planning, provided that the following conditions already exist: i. Existence of the General Land-Use and Tourism Development Plan (Plan General de Uso del Suelo y Desarrollo Turístico) for the Planning Unit in which the coastal sector to be planned is located (Article 26 Ley 6043). ii.

A declaration of tourism or non-tourism suitability for the sector to be planned, published in La Gaceta (Article 27 Ley 6043). iii. The existence of a physical or digital demarcation of the maritime-terrestrial zone carried out by IGN.” That being the case, we clarify for this Court that the Coastal Regulatory Plan is not an arbitrary matter, because it is grounded in a provision that so requires. The coastal communities of Talamanca, including the community of Cahuita, satisfy all the requirements for the preparation of a coastal regulatory plan based on Ley 6043. IV- With reference to points I and J. The Municipalidad de Talamanca has not violated the rights of coastal residents in the community of Cahuita; on the contrary, the Municipality created a forum for direct dialogue with Afro-descendant populations through the establishment of the Oficina Municipal y Comisión municipal para asuntos de Afrodescendientes (See ANEXOS 1 and 2).

In addition, the Municipalidad de Talamanca, through the Comisión Municipal para Asuntos de la Población afrodescendiente, issued invitations to the tribal ethnic group of the community of Cahuita so that the Municipality could provide informational talks concerning the proposed zoning and regulations for the Coastal Regulatory Plan of the district of Cahuita. These talks were delivered in Limonese Creole and Spanish, the predominant languages of the tribal population. Other Afro-descendant organizations also joined in supporting and promoting the talks so that the tribal population would receive firsthand information and thus have the opportunity to attend the public hearing (audiencia pública) with sufficient information to formulate its observations, as in fact occurred. It should be noted that the attendance list contains the handwritten names and signatures of some of the appellants, including Mr. [Nombre 002], who gave a presentation on the conditions established by the Ley de Zona Marítima terrestre and his concern regarding the harmful consequences of implementing a regulatory plan that would in fact adversely affect the least affluent population.

The tribal population of Cahuita was therefore consulted before the public hearing, since the informational talk was held on 25 de Julio del 2023 (See Anexo 8, minutes of the informational talk for the Afro-descendant population). That being the case, the Municipalidad de Talamanca has implemented a locally based process of openness, respect, and recognition toward the Afro-descendant population that no other authority or local government has afforded this population. Consequently, the case of Pueblo Samaraka Vs. Surinam heard by the Inter-American Court of Human Rights does not apply to this Municipality. V- With respect to points K and L. At the public hearing, the scope of the Regulatory Plan is presented, after which a period of 15 days is opened so that residents may submit substantiated observations for analysis of their technical and legal feasibility, thereby allowing adjustments to the Regulatory Plan through transitional provisions (Transitorios) and the Annex referenced by the appellants.

The Annex did not arise in a vacuum; it is the product of the observations submitted by residents and the various organizations that participated in the informational talks before the public hearing, all in accordance with the Manual for the Preparation of Regulatory Plans (See Anexo 5). The Municipality reiterates that these clearly substantiated observations were incorporated through transitional provisions or an annex to the Regulatory Plan, which could be described as adapting the Regulatory Plan to local conditions and to the reality of the coastal communities, in this case those of the canton of Talamanca. As I have maintained before this Court, the feasible observations submitted before, during, and after the public hearing provided the inputs used to prepare both the transitional provisions and the document annexed to the Regulatory Plan. Clearly, this was not a matter requiring consultation with the communities, because their feasible observations, opinions, criteria, and positions were being incorporated, after having been analyzed by the tripartite commission (See anexo 7), which responded to more than 200 documents submitted, providing a response to each through the Secretariat of the Municipal Council, as may be seen in (anexo 9, samples of responses to various consultations concerning the PRC, including the issue of Convention 169).

Having demonstrated before this Court that the process concerning the Regulatory Plan for the district of Cahuita was not a concealed process, as the appellants seek to portray it, but rather a broadly participatory process culminating in a public hearing attended by more than 400 residents (…)”. It requests that the appeal be dismissed.

  1. 6By a decision issued at 13:20 hours on 28 de agosto de 2024, this Chamber requested, as evidence to assist in its determination, that the petitioners and respondent authorities clarify whether any actions or decisions related to the facts and claims raised in this proceeding had been issued in recent months. The mayor of Talamanca was also asked to report on the current status of the Talamanca–Distrito Cahuita Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero).
  2. 7In written submission No. DM-518-2024 of 6 de setiembre de 2024, William Rodríguez López, executive president of the Instituto Costarricense de Turismo, reports under oath that, after the Municipalidad de Talamanca held the second public hearing on 8 de marzo de 2024, no actions concerning the Regulatory Plan have been taken and that, as of that date, no new documentation concerning the Regulatory Plan in question had been received from the Municipalidad de Talamanca.
  3. 8By means of a document dated 9 de setiembre de 2024, Rugeli Morales Rodríguez, mayor of the Municipalidad de Talamanca, reports under oath that, after the Municipalidad de Talamanca held the second public hearing on 8 de marzo de 2024, no actions concerning the Regulatory Plan have been taken.
  4. 9In a written submission dated 13 de setiembre de 2024, [Nombre 015] Hidalgo Zúñiga, in his capacity as general manager of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, reports under oath as follows: “1. After the Municipalidad de Talamanca held the second public hearing on 8 de marzo de 2024, the comments resulting from that activity were reviewed together with the Municipality and with the approval of the ICT, through the Comisión Tripartita. 2. A response matrix addressing the comments was prepared and forwarded to the municipality, together with the draft minutes of the Commission, by email on 9 de mayo del 2024 (a copy of the cited email is attached). 3. On 11 de mayo del 2024, the municipality reported that the minutes document did not open properly, so it was sent to them again on 12 de mayo, and acknowledgment of receipt was obtained on 14 de mayo. 4. To date, the actions concerning the regulatory plan for Distrito Cahuita, cantón de Talamanca, relate to the adjustments that both the Municipality and INVU must make to the proposed Coastal Regulatory Plan to incorporate the new polygons of the Patrimonio Natural del Estado, which SINAC certified on 16 de agosto del 2024.”
  5. 10By decision No. 2024026402 issued at 9:35 hours on 13 de setiembre de 2024, this Chamber ruled: “(…) In the present case, constitutional case files 23-027898-0007-CO and 24-013786-0007-CO exhibit an evident connection in terms of both their subject matter and their cause. As to the connection of subject matter, both proceedings seek to protect the ancestral property rights (derechos de propiedad ancestral) of Afro-descendant communities, as well as to ensure respect for the right to prior consultation (derecho de consulta previa) in the implementation of coastal regulatory plans affecting those territories. In essence, the purpose of both proceedings is to defend the fundamental rights of Afro-descendant communities against administrative actions that, according to the claimants, endanger their cultural, territorial, and social heritage. As to the connection of cause, it is clear that both case files arise from administrative acts carried out by the same municipal entity and are intrinsically related because they involve the approval and implementation of coastal regulatory plans in territories that have allegedly been traditionally occupied by the Afro-descendant communities of Cahuita and Talamanca.Consolidation (acumulación) of these proceedings is not only appropriate but also essential to avoid fragmentation of effective judicial protection (tutela judicial efectiva) and to ensure that the disputes are resolved comprehensively and consistently. In view of the foregoing, it is concluded that it is entirely appropriate for this matter to be consolidated with case file 23-027898-0007-CO. (…)”.
  6. 11In a written submission added at 11:46 hours on 23 de mayo de 2024 to case file No. 24-013786-0007-CO, the petitioner filed an amparo proceeding (recurso de amparo) against the Municipalidad de Talamanca. The petitioner states that he is an older Afro-descendant person. He argues that the Afro-descendant population has historically been rendered invisible and discriminated against by various State entities, including the Municipalidad de Talamanca. This discrimination is reflected in the failure to recognize and protect the Afro-descendant community’s ancestral property rights and right to self-determination (autodeterminación), as established in ILO Conventions 107 and 169 and other international human rights instruments. He alleges that the Costa Rican State has failed to fulfill the commitments undertaken at the III Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 and has not adopted effective measures to eradicate racism and racial discrimination.Furthermore, it has enacted legislation benefiting the Indigenous population while excluding Afro-descendants from protection of their rights. He argues that ILO Convention 169, ratified in 1992, protects the ancestral property rights and right to prior consultation of tribal communities, including Afro-descendants. Nevertheless, the failure to recognize and delimit Afro-descendant territories has permitted the issuance of tree-felling permits and the promotion of coastal regulatory plans in those territories. The petitioner emphasizes that the Costa Rican State has disregarded the recommendations of the Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, which stress the need for prior consultations and protection of the Afro-descendant community’s ancestral property rights. The Municipalidad de Talamanca is developing a Coastal Regulatory Plan without respecting these territories and without having a map delimiting Afro-descendant ancestral territories, thereby placing the rights of this community at risk.Accordingly, by official letter AEL-0058-2024 of 18 de marzo de 2024, he submitted a request (gestión) to the Concejo de Talamanca in which he set out his arguments and requested: “(...) information as to whether the Municipality has at its disposal any official map delimiting the ancestral territory of Afro-descendants, given that such areas are protected internationally and belong to the Afro-descendant tribal population. (...)” (see evidence submitted). He added that, for the foregoing reason, the lands at issue cannot be included in or affected by any regulatory plan. He further requested that, if no descriptive map showing the location and boundaries of the Afro-descendant ancestral territory existed, the processing of the Coastal Regulatory Plan be suspended and proceedings be initiated before the Poder Ejecutivo to delimit those areas. By official letter No. SCMT-021-2024 of 21 de marzo en curso, he was informed that his request had been considered by the Concejo de Talamanca at session 200 of 20 de marzo anterior and had been referred for review and an opinion to the Comisión de Asuntos Jurídicos of the respondent local government, and that he would be notified once a response was available (see evidence submitted).He complains that, as of the date on which the proceeding was filed, he had neither received a response nor been granted access to the requested information. He considers his fundamental rights to have been violated. He requests that the Sala Constitucional grant the amparo proceeding, recognizing that the State has violated the human rights of the Afro-descendant population by failing to recognize, delimit, and protect their ancestral property rights. He asks that the Afro-descendant community’s rights to prior consultation and self-determination be recognized and that the State be ordered to enact a law delimiting and recognizing these territories. He also requests suspension of the Coastal Regulatory Plan until it is ensured that it will not affect Afro-descendant ancestral territories, and that the respondents be ordered to pay costs.
  7. 12In a written submission added at 9:54 hours on 28 de mayo de 2024 to digital case file No. 24-013786-0007-CO, the petitioner states as follows:

“I, the undersigned, [Nombre 015], identity card [Valor 017], of legal age, an Afro-descendant citizen and resident of Limón, in my capacity as a citizen and as an Afro-descendant person belonging to the Tribal population of Limón, attach as supplementary evidence received after the filing of this matter a report dated 10 de mayo de 2024, number PR-DP-0415-2024, addressed to Ms. Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes, by Gabriel Aguilar Vargas, Director de Despacho del Presidente de la República Dr, Rodrigo Chaves Robles. In that report, the Presidential Office responds to OFFICIAL COMMUNICATION N° 04578-2024-DHR sent by the Defensoría, in which the President was asked the following: ‘Considering that the Costa Rican social rule-of-law state (Estado Social de Derecho) is founded upon the guiding principles of transparency, publicity, and accountability inherent in the exercise of any public office, whether elected or otherwise, protected under Articles 11, second paragraph, 27, and 30 of the Constitución Política as means of guaranteeing the full exercise of the fundamental rights of access to public information and administrative departments, petition, and response, you are respectfully requested, pursuant to Article 20 of the Ley de la Defensoría de los Habitantes, to submit to this institution, within FIVE BUSINESS DAYS counted from the day following receipt of this communication, a REPORT stating the following:  Detail the actions undertaken by the Government for the purpose of defining the term “Afro-descendant ancestral property (propiedad ancestral afrodescendiente),” strictly in connection with and as follow-up to Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP issued on 05 de mayo del 2022, which governs verification of the Afro-Costa Rican population’s self-identification (auto reconocimiento) as a tribal people; as well as the bill currently under discussion in the legislature, whose purpose is the “Recognition of the Afro-Costa Rican population as a tribal people,” through bill 23903.  Indicate whether there is interinstitutional coordination for the purpose of conducting a cultural expert assessment (peritaje cultural) to define the term “Afro-descendant ancestral property.”  State the actions to be undertaken by the Government of the Republic to address the issue.

In addition to addressing the foregoing requests, the corresponding evidence must be attached. Likewise, you are requested to inform the Defensoría de los Habitantes of any proceeding, action, or additional information related to this matter.’ The response provided by the Government in official communication PR-DP-0415-2024 to this inquiry may be summarized as follows: ‘…In general, indigenous property (propiedad indígena) in Costa Rica is a special community-property regime (régimen de propiedad comunitaria) to which, in principle, the rules of our Positive Law (Derecho Positivo) do not apply, in favor of applying the Customary Law (Derecho Consuetudinario) of the indigenous society settled in the specific territories. Because this is community property, the property right is not individualized; rather, the legal representative of the community (a role performed in our country by the Asociación de Desarrollo de la Comunidad and, in this specific case, the ADI de Cahuita) exercises the rights normally reserved for the civil owner, subject to the limitations established by the aforementioned Ley Indígena.

The analysis conducted allows us to conclude that, at least in our country, the legal instruments that could govern ancestral property are directed toward protecting community property for both indigenous and tribal peoples. It should be noted that the request made by the citizen raising the inquiry seeks a territorial designation (afectación territorial) in Caribbean cantons and districts currently inhabited by all types of populations; however, we must remember that the powers of the Executive Branch regarding private property are severely limited by the statutory reservation principle (principio de reserva de ley) established in Article 45 of the Constitution. Furthermore, the issue of ancestral property rights is absent from the bill being processed under legislative expediente N* 23.903, because its content is limited almost entirely to an exact repetition of the scope of Decreto 43532-MPMINAE-MCJ-MEP.

Accordingly, it appears necessary to promote statutory reforms before the Legislative Assembly to implement a legal instrument permitting the recognition, delimitation, and granting of possession of ancestral property in the case of tribal populations. In addition, a law is required to establish mechanisms for recognizing who is Afro-descendant and who is not, for purposes of applying both the decree at issue and implementing Ley 10.120 on Affirmative Actions (Acciones Afirmativas). For the foregoing reasons, I attach the aforementioned report, which demonstrates what is claimed in this amparo proceeding (recurso de amparo) and the Government’s lack of interest in protecting the rights of our Afro-descendant population. I respectfully request that the Sala Constitucional take note that the Office of the President of the Republic states that our arguments are correct and that legislation must be enacted for the benefit of our Tribal population, but provides no evidence thereof, provides no decisions or official communications from the Presidential Office demonstrating this, and provides no legislative expediente number.’”

  1. 13By decision issued at 20:06 on 31 de mayo de 2024, the Sala admitted expediente No. 24-013786-0007-CO for processing and requested a report from the mayor and the president of the Concejo Municipal, both of the Municipalidad de Talamanca, concerning the facts alleged by the petitioner.
  2. 14In a written submission added at 20:19 on 4 de junio de 2024 to digital expediente No. 24-013786-0007-CO, the petitioner states as follows:

“I, the undersigned, [Nombre 015], identity card [Valor 017], clarify to the Honorable Sala Constitucional that this amparo proceeding is directed against the Municipalidad de Talamanca and against the Government of the Republic, through the President of the Republic, for structural discrimination and racism against the AFRO-DESCENDANT POPULATION and for failure to comply with ILO Conventions 107 and 169 and other Human Rights Treaties protecting the Afro-descendant population. Due to an error, the address for service of notice upon the State was not provided, but the identifying information in the proceeding did state that the State was also being sued. I therefore request that the amparo proceeding be served upon the President of the Republic and that he be notified at the Casa Presidencial in Zapote.”

  1. 15In a written submission added at 12:11 on 19 de junio de 2024 to digital expediente No. 24-013786-0007-CO, Rugeli Morales Rodríguez and Julio Molina Masis, under oath and in their respective capacities as mayor and president of the Concejo Municipal, both of the Municipalidad de Talamanca, report as follows:

“REGARDING THE CHALLENGED FACTS Regarding the constitutional protection action (recurso de amparo) filed by [Nombre 015], identity card number [Valor 017], who argues as follows: 1- That the Afro-descendant population has historically been rendered invisible and discriminated against by various state entities, including the Municipalidad de Talamanca. 2- That this discrimination is reflected in the failure to recognize and protect the Afro-descendant community’s ancestral property rights and right to self-determination, established in ILO Conventions 107 and 169. 3- He alleges that the Costa Rican State has failed to comply with the commitments undertaken at the III Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 and has not adopted effective measures to eradicate racism and racial discrimination. 4- That it has also legislated in favor of the Indigenous population, excluding Afro-descendants from the protection of their rights. 5- He argues that ILO Convention 169, ratified in 1992, protects tribal communities’ ancestral property rights and right to prior consultation (consulta previa), including those of Afro-descendants. 6- However, the failure to recognize and demarcate Afro-descendant lands has allowed tree-felling permits to be issued and coastal regulatory plans (planes reguladores costeros) to be promoted on those lands. 7- The petitioner emphasizes that the Costa Rican State has ignored the recommendations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, which stress the need for prior consultations and the protection of the Afro-descendant community’s ancestral property rights. 8- That the Municipalidad de Talamanca is developing a Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) without respecting these territories and without having a map demarcating the ancestral Afro-descendant territories, thereby jeopardizing the rights of this community. 9- That, by means of official letter AEL-0058-2024 of 18 de marzo de 2024, he submitted a petition (gestión) to the Concejo Municipal de Talamanca in which he set out his arguments and requested information as to whether the Municipality had at its disposal any official map demarcating the Afro-descendant ancestral territory, since those areas are protected internationally and belong to the Afro-descendant tribal population. 10- He added that, for the foregoing reason, the lands concerned cannot be included in or affected by any regulatory plan.

He further requested that, if no descriptive map showing the location and boundaries of the Afro-descendant ancestral territory was available, the processing of the Coastal Regulatory Plan be suspended and proceedings be initiated before the Poder Ejecutivo so that it would demarcate those areas. 11- That, by official letter N° scmt-021-2024 of 21 de marzo en curso, he was informed that his petition had been considered by the Concejo Municipal at session 200 of 20 de marzo anterior and had been referred for review and an opinion to the Comisión de Asuntos Jurídicos of the respondent local government and that he would be notified once a response was available. 12- He complains that, as of the date on which the action was filed, he had received no response or access to the requested information and therefore considers that his rights were violated. On the basis of his arguments, the petitioner requests the following from the Sala Constitucional: A-) That the constitutional protection action be granted, recognizing that the State has violated the human rights of the Afro-descendant population by failing to recognize, demarcate, and protect their ancestral property rights.

B-) He requests recognition of the Afro-descendant community’s rights to prior consultation and self-determination. C-) That the State be ordered to enact a Law demarcating and recognizing these territories. D-) He also requests the suspension of the Coastal Regulatory Plan until it is ensured that it will not affect Afro-descendant ancestral territories, and that the respondents be ordered to pay costs. Regarding facts 1, 2, and 3, in which the petitioner argues and alleges: “That the Afro-descendant population has historically been rendered invisible and discriminated against by various state entities, including the Municipalidad de Talamanca. That this discrimination is reflected in the failure to recognize and protect the Afro-descendant community’s ancestral property rights and right to self-determination, established in ILO Conventions 107 and 169. He alleges that the Costa Rican State has failed to comply with the commitments undertaken at the III Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 and has not adopted effective measures to eradicate racism and racial discrimination.” In reporting to this Honorable Chamber, it is important to state that the Municipalidad de Talamanca, exercising its Constitutional Autonomy and the Legislation in Force on the Matter as administrator of its territory, has taken affirmative action to recognize and protect the rights of the Afro-descendant population.

Specifically, at ordinary session 21 of 25 de setiembre del 2020, through resolution N° 1, it created the Oficina y la Comisión Municipal de Asuntos Afrodescendientes del cantón de Talamanca (See Anexo 1), based on the provisions of Convention 169 and as an action arising from the declaration of the Decenio Internacional para Afrodescendientes, which focuses on protecting the rights of people of African descent, recognizing their contributions, and preserving their rich cultural heritage. As proclaimed by the Asamblea General de las Naciones Unidas, the theme of the international decade is “Afrodescendientes Reconocimiento, Justicia y Desarrollo.” By proclaiming this decade, the international community recognizes that Afro-descendants constitute a specific group of people whose human rights must be promoted and protected. Accordingly, by order of the Presidente Municipal serving during the 2020-2024 term, in the exercise of the powers conferred upon him by Article 34, subsection g), of the Código Municipal, a Permanent Special Committee called the Comisión Municipal de la Población Afrodescendientes del Cantón de Talamanca was established.

This was done at ordinary session Nº 63, held on 6 de Agosto del 2021, at which Resolution Nº 3 was adopted, creating the Comisión Municipal de la Población Afrodescendiente so that, together with the Oficina Municipal de Población Afrodescendiente, it would assist in achieving its objectives. (See Anexo 1 Certificación de acuerdo N°1 2020.) Along the same lines, at Ordinary Session #166 of 26 de julio de 2023, the Concejo Municipal adopted Resolution Nº 06, which states as follows: Motion introduced by Councilmember Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, and seconded by Councilmember Jorge Molina Polanco, which reads: Subject: Amendment of resolution N° 3 from session N° 63 of 06 de agosto del 2021, concerning an increase in the number of members of the Comisión Municipal para asuntos de la Población Afrodescendiente. It establishes direct coordination between this Comisión Municipal and the representatives before public bodies and national and international organizations on matters relating to the Afro-descendant population of Talamanca, on the one hand, and the Mayor of the Municipalidad de Talamanca, Licenciado Rugeli Morales Rodríguez, on the other, to whom they must submit reports on their actions.

Whereas clause 4° of that motion states that, during the second stage of the process of Formulating the Coastal Regulatory Plan for Distrito Cahuita, the Comisión municipal para asuntos de la población afrodescendiente assumed representation of the Afro-descendant population of the coastal communities of Distrito Cahuita, maintaining a presence in various forums and actively participating both with the regulatory plan committee and by supporting the actions of the Municipal Mayor in defending coastal communities. That committee was composed of Afro-descendant residents of the coastal communities of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo. The Comisión Municipal para asuntos de la Población Afrodescendiente has a total of 13 members; that committee shall coordinate its actions with and report directly to Lic. Rugeli Morales Rodríguez, Mayor of this Municipality, as shall the Municipal representatives appointed by this Council to public bodies and national and international organizations on matters concerning Afro-descendants.

(See Anexo 2 Acuerdo de ampliación comisión afro.) Turning to another matter, we wish to recall only two actions taken toward recognizing the rights of the various ethnic groups in our country, including the Afro-Costa Rican population, and to that end I quote the following: “Ley N° 7426 del Día de las Culturas. Article 1° of that legislation, regarding Commemoration, provides that every year, 12 de octubre shall be commemorated as the ‘Día de las Culturas,’ in order to honor the pluricultural and multiethnic character of the Costa Rican people. The historic event of the arrival of Cristóbal Colón on the American continent shall likewise be remembered. The Indigenous, European, African, and Asian values present in the composition of Costa Rican identity shall be celebrated during the commemorative events of the Día de las Culturas. On that day, the historical and cultural ties linking the nations of Hispanoamérica shall be remembered.

Furthermore, the recovery of those values shall be encouraged. Article 2, Respect for cultures at official events. On that date, during official commemorative events, the country’s different cultures shall be respected, always within the national legal system.” That legislation continues in Article 3, concerning Inclusion in educational programs: “The curricula for the first and second cycles shall include all cultural and ethnic components consistent with the pluricultural and multiethnic character of the Costa Rican people.” Another action that has been decisive in recognizing the various ethnic groups of our country is the amendment to our Constitution. In its Unanimous Affirmative Report on expediente No. 13.825 of 27 de junio del año 2000, the Comisión Especial appointed to study the Constitutional amendment to Article One in order to establish Costa Rica’s multiethnic and pluricultural character cited, among its supporting arguments, the progress made by other countries in América Latina that had recognized their multiethnic and pluricultural status, and stated that “The Constitución Política de Costa Rica does not contain a chapter concerning the population or the composition of the members of this society.

Furthermore, Article One defines the form that we Costa Ricans want our State to take. A nation must be defined by its manner of government, the extent of its territory, and the population comprising it”; it further stated that “In these times, when cultural identity is becoming a cornerstone for citizens of a globalized world, when the historical roots of peoples manifest themselves through their inexorable projection into the future, and ethnic differences emerge to expose oppressive and unjust regimes to the judgment of public opinion, it is necessary to make the multiethnic character of our nations constitutionally explicit,” because “It is necessary to incorporate into the definition of our homeland these two characteristics that enrich and ennoble it, so that the ethnic and cultural diversity with which we must chart our course toward the twenty-first century is explicitly recognized,” thereby paving the way and leaving before the Legislative branch the approval of the amendment to Article 1 of the Constitución Política so that it would read: “Article 1.- Costa Rica is a democratic, free, independent, multiethnic, and pluricultural Republic.” Thus amended by the sole article of Ley Nº 9305 of 24 de agosto del 2015.” Regarding facts 4 and 5: “That it has also legislated in favor of the Indigenous population, excluding Afro-descendants from the protection of their rights.

It argues that ILO Convention 169, ratified in 1992, protects the ancestral property right (derecho de propiedad ancestral) and right to prior consultation (consulta previa) of tribal communities, including Afro-descendants.” In this regard, it is important to inform this honorable Sala Constitucional that the Municipalidad de Talamanca has undertaken actions directed at both the Indigenous Population and the Afro-descendant Population, as reflected in the resolutions of the Concejo Municipal adopted at ordinary session 21 of 25 de setiembre del 2020, which, through Resolution N° 1, created the Oficina and the Comisión Municipal de Asuntos Afrodescendientes del cantón de Talamanca, based on the provisions of Convention 169. At ordinary session Nº 63, held on 6 de Agosto del 2021, it adopted Resolution Nº 3, creating the Comisión Municipal de la Población Afrodescendiente, so that, together with the Oficina Municipal de Población Afrodescendiente, they may contribute to achieving its objectives; and at Ordinary Session #166 of 26 de julio de 2023, it adopted Resolution Nº 06, which states as follows: Motion submitted by Councilmember Freddy Soto Álvarez, Municipal Vice President, seconded by Councilmember Jorge Molina Polanco, stating: Subject: Amendment of Resolution N° 3 from session N° 63 of 06 de agosto del 2021, concerning an increase in the number of members of the Comisión Municipal para asuntos de la Población Afrodescendiente.

Establishing direct coordination between this Comisión Municipal and representatives before public bodies and national and international organizations on matters related to the Afro-descendant population of Talamanca. Whereas recital 4° of said motion states that, during the second stage of the process of drafting the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) for Distrito Cahuita, the Comisión Municipal para Asuntos de la Población Afrodescendiente assumed representation of the Afro-descendant population of the coastal communities of Distrito Cahuita, understood to include Cahuita, Puerto viejo, Manzanillo, and neighboring communities, participating in various forums and taking an active role both with the Comisión de Plan Regulador and in supporting the actions of the Municipal Mayor in defense of the coastal communities; and whereas said commission consists of members of the Afro-descendant population, all residents of the coastal communities of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo, for a total number of members.

Continuing in this manner, this local government, recognizing the rights of the Afro-descendant population and adopting the recommendations of the Comisión Municipal de Población Afrodescendiente, included Anexo 1 as part of the approval of the Plan Regulador Costero del distrito Cahuita; it forms an integral part of the Reglamento de Zonificación y Canon del Plan Regulador Costero published in La Gaceta XX of 5 de octubre del 2023, after all procedures required to implement this planning instrument had been completed, thereby establishing a legal framework applicable to this Municipalidad. I cite the following recitals supporting Anexo 1 to the Reglamento de Zonificación y Canon del Plan Regulador Costero: “2—It is the responsibility of the State, municipalities, and other public entities to define and implement national land-use planning policies (políticas nacionales de ordenamiento territorial) intended to regulate and promote human settlements, economic and social activities, and general development, in order to achieve greater well-being for the population, as well as the use of natural resources and environmental conservation. 4—Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples of 1989 is an international treaty adopted by the International Labour Conference in 1989.

The Convention reflects the consensus reached by the ILO’s tripartite constituents regarding the rights of Indigenous and tribal peoples within the nation-states in which they live and the responsibilities of governments to protect those rights. This Convention is founded on respect for the cultures and ways of life of Indigenous peoples and recognizes their rights over lands and natural resources, as well as their right to determine their own priorities concerning the development process. 5—The objective of Convention 169 is to overcome discriminatory practices affecting these peoples and enable them to participate in decisions that affect their lives. The fundamental principles of consultation and participation constitute the cornerstone of the Convention. Furthermore, the Convention covers a wide range of issues concerning the right to employment and vocational training, education, social security and health, customary law (derecho consuetudinario), traditional institutions, languages, religious beliefs, and cross-border cooperation. 6—Decreto Ejecutivo N° 43191-MP-MCJ declares the Afrocostarricense population, its cultural identity, language, historical tradition, culture, and worldview, as matters of public interest, and establishes the roundtable for the process of recognizing Afrocostarricense tribal peoples.

Likewise, Article 5º—Public Sector agencies are authorized, and Autonomous Institutions and other Branches of the Republic are urged, within their respective legal frameworks, to cooperate, insofar as they are able and without prejudice to the fulfillment of their purposes and powers, in achieving the objectives of this Decreto Ejecutivo. 7—Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, concerning the Verification of the Afrocostarricense Population’s Self-Recognition as a Tribal People, provides in Article 1º—The self-recognition of the Afrocostarricense population as the Afrocostarricense tribal people is hereby verified in accordance with its cultural identity, language, historical tradition, culture, and worldview.” It should therefore be noted that Decreto Ejecutivo 43191-MP-MCJ, published in Supplement N° 200 to La Gaceta N° 191 of 5 de octubre de 2021, and Decreto Ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, concerning verification of the Afrocostarricense population’s self-recognition as the Afrocostarricense Tribal People, published on 5 de mayo del 2022, are the most recent regulations concerning recognition of the rights of Afrocostarricense Tribal Peoples.

Accordingly, in exercising its powers, the Municipalidad de Talamanca has adopted measures to enforce the rights of these peoples: through the zoning under the Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, the urban grids (cuadrantes urbanos) of the communities of Cahuita and Puerto viejo were expanded, and the urban grid of Manzanillo was created. These are all communities in our country’s southern Caribbean region where Afrocostarricense residents recognized as Tribal Peoples have historically lived. (See Anexo 3-a) With reference to facts 6, 7, and 8: “However, the failure to recognize and delimit Afro-descendant lands has permitted the issuance of tree-felling permits and the promotion of coastal regulatory plans on those lands. The appellant emphasizes that the Costa Rican State has ignored the recommendations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, which stress the need for prior consultations and protection of the Afro-descendant community’s ancestral property rights.

The Municipalidad de Talamanca is developing a Plan Regulador Costero without respecting these territories and without a map delimiting ancestral Afro-descendant territories, thereby jeopardizing this community’s rights.” It is necessary to inform your authority that the Municipalidad de Talamanca, through an agreement with INVU, prepared the Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita, which the appellant and others have attempted to have this honorable Sala suspend or declare unconstitutional by relying on various arguments. They have failed to achieve their objective because the Plan Regulador completed every stage, including the second public hearing held on 8 de marzo del 2024, to which the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Kekoldi and the Foro Tribal Afrocostarricense were invited (See Anexo 4-a), following proper publication of the notice in the official gazette La Gaceta N° 17 of 30 de enero del 2024.

The appellant and others had the opportunity to attend that public hearing, which was the forum for submitting comments on the Plan Regulador Costero; however, the appellant chose to file this application for protection of constitutional rights (recurso de amparo) several weeks after that hearing, seeking to have this Sala Constitucional suspend the effects of the Plan Regulador on the alleged basis that the territories of the Tribal Peoples had not been delimited. This allegation is entirely untrue, notwithstanding what the Sala stated in the “Decision of this Court, Decision Nº 03113 – 2009 of 25 de Febrero del 2009 at fourteen hours and fifty-nine minutes, in Case File: 05-016470-0007-CO, authored by Justice Fernando Cruz Castro, concerning the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) brought by Luis ángel Ramírez Ramírez and quirico Jiménez Madrigal seeking a declaration that ‘Ley No. 8464 concerning the Declaration as Cities of the communities of Cahuita and Puerto Viejo, cantón de Talamanca, provincia de Limón,’ of 25 de octubre del 2005, published in La Gaceta No. 218 of 11 de noviembre de 2005, was unconstitutional because it allegedly contravened Articles 121 subsection 14), 50, 33, 34, and 45 of the Constitución Política, as well as Article 24 of the American Convention on Human Rights.

The representative of the Procuraduría General de la República also participated in the proceedings. In that Decision, the Sala Constitucional further stated: ‘Regarding the rejection of the allegation of infringement of the right to private property. Finally, with respect to the applicants’ allegation that Article 45 of the Constitution was infringed on account of the social function of property, this Court finds no grounds for accepting that argument because, as the Procuraduría states, the concept of the social function of private property is linked to non-compensable restrictions imposed on that right for reasons of general interest (Article 45, paragraph 2°, of the Constitution). Public domain property (dominio público), although primarily intended to serve the public interest to which it is dedicated under the special legal regime characterizing it, constitutes a different form of property.

While private property is governed by Article 45 of the Constitution and the relevant provisions of the Código Civil, public-domain property (propiedad demanial) is based on subsection 14 of Article 121 of the Constitution, and its nature is therefore substantially different. In conclusion, Article 45 of the Constitution cannot be deemed to have been infringed because Ley 8464 does not impose restrictions on private property; quite the contrary, it authorizes the granting of private-property title (titulación de propiedad privada) within the land zone (zona terrestre) of Cahuita and Puerto Viejo.’” (See Anexo 5-a, Decision Nº 03113-2009). The Municipalidad de Talamanca and INVU delimited the urban grids of the communities of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo as coastal communities inhabited by the Afrocostarricense population, which, as of 2021, self-identifies as Tribal Peoples. The coastal communities of Cahuita and Puerto Viejo were expanded in accordance with the repealed Laws numbers 35 of 5 de julio de 1915, in the case of Cahuita, and 166 of 22 de agosto de 1935, in the case of Puerto Viejo, at least as of the entry into force of the Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, N° 6043 of 2 de marzo de 1977 (See zoning map, Anexo 6-a), as a clear and decisive means by which this Municipalidad recognizes the rights of the Afro-descendant population in those coastal communities and specifically identifies them.

With reference to alleged facts 10, 11 and 12: “I add that, in view of the foregoing, the lands at issue cannot be included in or affected by any zoning plan (plan regulador). And he requested that, if no descriptive map showing the location and boundaries of the ancestral Afro-descendant territory is available, the processing of the coastal zoning plan (plan regulador costero) be suspended and proceedings be initiated before the Executive Branch so that it may delimit those areas. By official letter N° SCMT-021-2024 of 21 de marzo of this year, he was informed that his submission had been considered by the Municipal Council at session 200 of 20 de marzo and had been referred to the Legal Affairs Committee of the respondent local government for review and an opinion, and that he would be notified once a response was available. He alleges that, as of the date the appeal was filed, he had neither received a response nor been given access to the requested information.

He considers his rights to have been violated.” With respect to the foregoing points, it is mportant (sic) that this Honorable Chamber consider the following: through Case File No. 23-027898-0007-CO, an amparo appeal (recurso de Amparo) was filed by the Appellants: [Nombre 001] and others, who stated, among their arguments, “That through Ley N° 35 del 5 de julio de 1915, the forced relocation of their people was ordered from what is now Parque Nacional Cahuita, placing them along the seashore, in what is now known as Cahuita centro.” This concerns the particular case of Cahuita, and therefore we may interpret that the ancestral lands of the Tribal population of Cahuita are located within what is now Parque Nacional Cahuita, a Strictly Protected Wildlife Area (Área Silvestre de Protegida de Protección Absoluta), rather than at the community’s current location, which resulted from a forced relocation.

Accordingly, in the case of Cahuita, the ancestral lands of the tribal population, based on the arguments of several residents contained in the aforementioned case file, are located within Parque Nacional Cahuita, an area that was not regulated under the Plan Regulador Costero de Cahuita because it is subject to its own environmental regulations. There is therefore what could reasonably be considered uncertainty regarding the spatial location of what the appellant claims as ancestral lands. The appellant has not been denied access to the information, because the Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Talamanca has yet to issue its response, as he was duly informed through official letter SCMT-021-2024 of 21 de marzo of this year, which advised him that his submission had been considered by the Concejo Municipal at session 200 of 20 de marzo and had been referred for review and an opinion to the Comisión de Asuntos Jurídicos del Gobierno local, which has not yet considered the appellant’s request due to the wide variety of matters handled by that committee.

Furthermore, in one of his requests for relief, the appellant asks that “The State be ordered to enact a Law to delimit and recognize these territories.” The appellant thus acknowledges that the information requested from the Municipalidad through official letter AEL-0058 2024 del 18 de marzo del 2024 does not exist, except for the statements made by this Municipalidad, which recognizes the communities of Cahuita, Puerto Viejo and Manzanillo as Tribal Peoples and identifies their boundaries within the Zoning established by the Reglamento de Zonificación y Canon del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, which was published in the official gazette la Gaceta 183 in Alcance 193 del 5 de Octubre del 2023 (See anexo 7-a). Regarding the right to consultation (derecho de consulta), it is important to inform this Honorable Chamber that, during the process of providing information on the scope of the Propuesta de Plan regulador Costero del Distrito Cahuita before the public hearing (audiencia publica) of agosto del 2023, 12 informational talks were held, 3 of which were conducted exclusively with the Afro-descendant population in the communities of Cahuita, Puerto Viejo and Manzanillo (See Anexo 8-a), during which the concerns of the population were addressed.

Likewise, in connection with the public hearing of 8 de marzo del 2024, the Foro Tribal Afrocostarricense was formally convened, as demonstrated in anexo 4-a, and, as can be seen in that annex, its representatives were given speaking time to present the Foro’s position regarding the Plan regulador Costero del distrito Cahuita. With reference to the requests for relief made by the appellant, he asks that the amparo appeal be granted, recognizing that the State has violated the human rights of the Afro-descendant population by failing to recognize, delimit and protect their ancestral property rights (derechos de propiedad ancestral). He requests recognition of the Afro-descendant community’s right to prior consultation (derecho de consulta previa) and self-determination (autodeterminación). He asks that the State be ordered to enact a Law to delimit and recognize these territories. He further requests the suspension of the Plan Regulador Costero until it is ensured that it will not affect ancestral Afro-descendant territories, and that the respondents be ordered to pay costs.

This Municipalidad takes the following position: It is the responsibility of this Municipalidad to apply the current legal framework, as well as the case law issued pursuant to the various decisions of this Honorable Court and the Procuraduría General de la República. Consequently, the actions of this Municipal corporation cannot exceed what is legally permitted. The inclusion in the background and recitals (considerandos) of Anexo 1 of the Plan Regulador Costero distrito Cahuita of matters such as the decrees recognizing Tribal Peoples constitutes acknowledgment at the local level of their cultural and economic contributions to the development of the canton, without contravening the law. It is clear that, at the national and constitutional levels, the rights arising from Convenio 169 have been granted to Indigenous peoples, but not to Tribal Peoples, which is the situation at issue here when referring to the residents of the coastal communities of Cahuita, Puerto Viejo and Manzanillo.

It is therefore for the Sala Constitucional to establish otherwise through its case law or, alternatively, for the Poder Ejecutivo to formulate and issue a Public Policy (Política Publica) that takes a different approach regarding the Población Afrocostarricense. As we have indicated, the Plan Regulador was formulated on the basis of the enabling rules (normas habilitantes). In this case, regarding ancestral peoples, uncertainty arises because, on the one hand, several residents argue that the site where the community of Cahuita is currently located is not the ancestral site, since they assert that, following the enactment of Ley 35 in 1915, they were forcibly relocated to the current site, leaving their ancestral lands within what is now Parque Nacional Cahuita de Cahuita. Therefore, before preparing any map identifying Tribal territories, an investigation should be conducted to collect information concerning the historical location of those peoples, so as to give effect to the historical, cultural and ancestral relationship with the territories.

It is therefore clear that the Municipalidad de Talamanca has not violated the rights of Tribal Peoples. On the contrary, the Municipalidad created a forum for direct dialogue with Afro-descendant populations through the establishment of the Oficina Municipal and Comisión municipal para asuntos de Afrodescendientes. In addition, through the Comisión Municipal para Asuntos de la Población afrodescendiente, the Municipalidad de Talamanca issued invitations to the Tribal Ethnic group so that the Municipalidad could provide informational talks on the proposed Zoning and Reglamento del Plan Regulador Costero distrito de Cahuita. These talks were delivered in Limonese Creole and Spanish, the predominant languages of the tribal population. Other Afro-descendant organizations also joined in supporting and promoting the talks so that the tribal population would receive the information firsthand and thus have the opportunity to attend the public hearing with sufficient information to formulate their comments, as indeed occurred.”

  1. 16By means of a written submission (escrito) added at 14:44 on 21 de junio de 2024 to digital case file No. 24-013786-0007-CO, the appellant (parte recurrente) states as follows:

“The undersigned, [Nombre 015], identity card number [Valor 017], of legal age, an Afro-descendant citizen residing in Limón, in response to the answer to the amparo appeal (Recurso de Amparo) submitted by the Municipalidad de Talamanca, states as follows: My access to justice, as an Afro-descendant citizen, imposes upon the Honorable Justices the obligation to focus their attention on the human rights that have historically been violated by the respondent authorities. Accordingly, Costa Rica’s Afro-descendant tribal population is and must be the principal stakeholder in the adjudication of this appeal, since it is a population that has historically faced adverse circumstances and encountered greater obstacles to the effective protection of its rights against public authorities, such as the Municipalidad de Talamanca in this case. It is therefore appropriate for the Justices to focus their attention on the Afro-descendant tribal population as a people that has historically and socially been in a condition of vulnerability, given that the respondent authorities have issued no administrative act (acto administrativo), law, decree, or regulation recognizing its ancestral property rights (derecho de propiedad ancestral), power of self-determination (poder de autodeterminación), or right to prior consultation (derecho de consulta previa).

The answer to the amparo appeal submitted by the Municipalidad de Talamanca faithfully reflects SYSTEMIC OR STRUCTURAL RACISM, which has historically affected the Afro-descendant population, particularly that of the Caribe Sur, keeping it invisible, because that municipal entity has assumed that there is no legal restriction whatsoever preventing it from imposing a coastal zoning plan (plan regulador costero) upon Afro-descendant ancestral territories protected under ILO Convention 169. This racism is understood as the body of municipal policies and practices that marginalize the Afro-descendant population by disregarding its rights to self-determination and prior consultation and its ancestral territories, while at the same time respecting other territories that it considers Indigenous, as in the case of the Kekoldi indigena (sic) territory. The Municipality unlawfully insists that it may forcibly impose a coastal zoning plan in the Caribe Sur upon Afro-descendant ancestral territories, which it itself recognizes as protected under ILO Convention 169, yet takes the opposite position regarding land that it considers Indigenous in Cocles, stating that such land cannot be affected by the zoning plan because it is protected under ILO Convention 169.

The Municipality engages in this discrimination to the detriment of Afro-descendant tribal groups, thereby violating Constitutional ARTICLE 33, because both Indigenous and Afro-descendant peoples are protected under the same ILO Convention 169, and that instrument makes no distinction in granting rights to the two populations; nevertheless, the Municipality respects supposedly Indigenous territories but does not respect Afro-descendant ancestral territories. In this regard, the Sala Constitucional states: “In addressing this type of issue, authors frequently speak of institutionalized racism to refer to cultural and institutional practices (that is, institutional policies, customs, and the structures of governments, businesses, courts, schools, trade unions, churches, and other organizations, etc.) that perpetuate racial inequality because they structure available benefits in such a way as to give hegemonic groups an advantage at the expense of others.

It does not properly reside in individuals and may be direct or indirect. Thus, direct institutionalized racism occurs when policies are intentionally designed to have discriminatory effects and are enforced through the legal system or deliberate institutional practices. The resulting discrimination is therefore the product of actions undertaken by individuals who carry out the prejudice-laden directives of specific persons or of society as a whole, including informal groups guided by patterns of conduct that support racist thinking and foster active racism. Indirect institutionalized racism, by contrast, concerns practices that have disparate impacts or outcomes among different racial groups, without any conscious and deliberate intent to discriminate against anyone. When Sir William MacPherson published his report in February 1999 on the murder of Stephen Lawrence, a Briton of Jamaican descent—in which he concluded that the Metropolitan Police Service Investigation had been incompetent and that its officers had committed fundamental errors during the respective investigation—he defined institutionalized racism as an organization’s collective failure to provide an appropriate and professional service to people because of their color, culture, and ethnic origin, and indicated that this failure could be detected in processes, attitudes, and behavior amounting to discrimination through unwitting prejudice, ignorance, thoughtlessness, and the presence of racial stereotypes that disadvantaged ethnic minorities (see ‘The Stephen Lawrence Inquiry, Report of An Inquiry By Sir William Macpherson Of Cluny,’ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upload s/attachment_data/file/277111/4262.pdf, p. 49).

The consequences of institutionalized racism are therefore evident in disparities in access to wealth, income, employment, housing, criminal justice, education, and political power, among other areas. Exp: 17-019057-0007-CO, Res. Nº 2018-12095, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. “Accordingly, some sources speak of structural racism to refer to the manner in which the combined activity of institutions, without intentionally doing so, creates inequalities in treatment that harm members of racial minorities. These differences in treatment are rooted in the very structure of society, its history, its culture, and its policies, and prevent such groups from participating equally in its social institutions. Thus, although the causes of structural racism may be difficult to identify individually, inequalities of power, differences in access to opportunities, and policies whose outcomes differ according to the racial group concerned are strong indicators of its presence (on these topics, see the webpages ‘Forms of Racism’ on the University of Calgary’s Calgary Anti-Racism Education (CARED) website, http://www.ucalgary.ca/cared/formsofracism; ‘Race and Racism’ on the Intergroup Resources website, http://www.intergroupresources.com/race-and-racism/; and ‘Structural or Institutional Racism’ on the SOCIOLOGY website, http://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-race/structural-or institutional-racism/).” Exp: 17-019057-0007-CO, Res. Nº 2018-12095, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

San José, a las doce horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. The racism suffered by the Afro-descendant population, as evidenced by the Municipality’s answer to the amparo appeal, tends to perpetuate the Municipality’s and the State’s dominance and hierarchy of power over Afro-descendant ancestral territories, in which the groups perceived as possessing superior attributes (MUNICIPALITY AND STATE) occupy the top of the social pyramid, while Afro-descendants and their ancestral territories remain at its base. Although the Municipality states in its answer to the amparo appeal that it prepared the coastal zoning plan in a manner that respected the rights of the Afro-descendant population and held meetings with certain groups within the Afro-descendant community, the fact remains that those meetings cannot replace the General Consultation Mechanism for the Afro-descendant Tribal Population (Mecanismo General de Consulta para la Población Tribal Afrodescendiente), which has not been developed or approved by the Executive Branch through either a decree or a law.

As further evidence of discrimination against the Afro-descendant population, it should be noted that the Executive Branch did establish, through Decreto Ejecutivo: 40932 del 06/03/2018, the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples (Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas), and provided in CHAPTER I, GENERAL, Article 1.- Purpose. The purpose of the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples is to regulate the Executive Branch’s obligation to consult Indigenous peoples freely, in advance, and on an informed basis, through appropriate procedures and their representative institutions, whenever administrative measures, bills promoted by the Executive Branch, or private projects that may affect them are contemplated. For the specific case of municipal projects, Article 5 stated: - Application to Local Governments. Local Governments may voluntarily request activation of the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples when public policies or administrative measures in general are promoted that affect the rights of Indigenous peoples present in their cantons.

The Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) shall process such requests in the same manner as requests submitted by public institutions of the Executive Branch. As can be seen, despite the Municipality’s efforts to describe a series of meetings with the Afro-descendant population, those meetings cannot be construed as compliance with the prior consultation process (proceso de consulta previa), because no such mechanism exists for application to the Afro-descendant tribal population. It should also be noted that the Municipality does not state whether the population present at those meetings agreed with the Zoning Plan.” Another aspect evidencing a lack of knowledge of and a violation of the human rights of the Afro-descendant population is the fact that the Municipality, in an effort to justify the lack of demarcation (delimitación) of Afro-descendant ancestral territories (territorios ancestrales afrodescendientes), alleges, stating: “It is necessary to inform your authority that the Municipalidad de Talamanca, through an Agreement with the INVU, prepared the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) for Distrito Cahuita, which the petitioner and others have attempted, through various arguments, to have this honorable Chamber suspend or declare unconstitutional, without achieving their objective, since the Regulatory Plan has completed all its stages, including the holding of the second public hearing on 8 de marzo del 2024, to which the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Kekoldi and the Foro Tribal Afrocostarricense were invited (See anexo 4-a), with due publication of the notice in the official gazette La Gaceta N° 17 del 30 de enero del 2024, at which the petitioner and others had the opportunity to attend that public hearing, as the forum for submitting comments on the Coastal Regulatory Plan; however, he chose to file this amparo proceeding (recurso de amparo) weeks after that hearing was held, with the intention that this Constitutional Chamber suspend the effects of the Regulatory Plan, alleging the lack of demarcation of the Tribal Peoples, an assertion that is entirely contrary to the truth,” since it states: “The Municipalidad de Talamanca and the INVU demarcated the urban quadrants (cuadrantes urbanos) of the communities of Cahuita, Puerto Viejo and Manzanillo as coastal towns, which have been inhabited by the Afrocostarricense population that, as of 2021, self-identifies as Tribal Peoples; the coastal towns of Cahuita and Puerto Viejo were expanded in accordance with the now-repealed Laws numbers 35 del 5 de julio de 1915, in the case of Cahuita, and 166 de 22 de agosto de 1935, in the case of Puerto Viejo, at least upon the entry into force of the Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, N° 6043 de 2 de marzo de 1977 (See zoning map, anexo 6-a), as a clear and unequivocal way for this Municipality to recognize the rights of the Afro-descendant population in those coastal towns and to identify them individually.” The violation of Convenio 169 de la OIT occurs at the precise moment when the municipal corporation states that it demarcated the urban quadrants of the communities of Cahuita, Puerto Viejo and Manzanillo as coastal towns inhabited by the Afrocostarricense population, as a clear and unequivocal way for this Municipality to recognize the rights of the Afro-descendant population in those coastal towns and to identify them individually.

This is because the demarcation of urban quadrants within Afro-descendant ancestral territories does not replace the State’s obligation to demarcate those territories by Law or Decree. Notwithstanding the foregoing, the demarcation of urban quadrants also does not grant the Municipality the authority to impose a Coastal Regulatory Plan on Afro-descendant ancestral territories, because the power of self-determination (autodeterminación) grants the Afro-descendant community the authority to make its own decisions concerning its ancestral lands and limits or eliminates the Municipality’s ability to issue administrative acts (actos administrativos) affecting that tribal territory. Your authority should note that the RECITALS (CONSIDERANDOS) of the Coastal Regulatory Plan for the southern Caribbean stated: 4-That Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales del año 1989 is an international treaty adopted by the International Labour Conference in 1989.

The Convention reflects the consensus reached by the ILO’s tripartite constituents regarding the rights of indigenous and tribal peoples within the nation-states in which they live and the responsibilities of governments to protect those rights. This Convention is founded on respect for the cultures and ways of life of indigenous peoples and recognizes their rights to lands and natural resources, as well as their right to determine their own priorities regarding the development process. 5-That the objective of Convenio 169 is to overcome the discriminatory practices affecting these peoples and enable them to participate in the adoption of decisions affecting their lives. The fundamental principles of consultation and participation constitute the cornerstone of the Convention. Furthermore, the Convention covers a broad range of matters concerning the right to employment and vocational training, education, social security and health, customary law (derecho consuetudinario), traditional institutions, languages, religious beliefs, and cross-border cooperation. 6-That Decreto Ejecutivo N° 43191-MP-MCJ declares the Afrocostarricense population, its cultural identity, language, historical tradition, culture and worldview, and the creation of the working group for the process of recognizing Afrocostarricenses as tribal peoples, to be matters of public interest.

Likewise, Article 5º—Public Sector agencies are authorized, and Autonomous Institutions and other Branches of the Republic are urged, within their respective legal frameworks, to cooperate, to the extent possible and without prejudice to the fulfillment of their purposes and powers, with the objectives of this Executive Decree. 7-That Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP sobre la Constatación del Autorreconocimiento de la población Afrocostarricense como pueblo tribal, in its Article 1º—Acknowledges the Afrocostarricense population’s self-identification as an Afrocostarricense tribal people, in accordance with its cultural identity, language, historical tradition, culture and worldview. 9-That the Municipality recognizes the ancestral presence of the Afro-descendant population in the communities of Cahuita, Puerto Viejo and Manzanillo, declaring those communities to be Afro-descendant communities.

The foregoing was accomplished through resolution 04 of ordinary session N° 114 de agosto del 2012. The foregoing demonstrates the Municipality’s bad faith, since in the same Coastal Regulatory Plan it recognizes the existence of ancestral territories and the legal protection afforded to those ancestral territories by Convenio 169, yet it nevertheless seeks to forcibly impose that development model despite the tribal population’s opposition, thereby infringing the right to self-determination and prior consultation (consulta previa). In this regard, and contrary to the Municipality’s response, the Costa Rican State has already recognized the need to enact a Law that demarcates, recognizes and protects Afro-descendant ancestral territories and also grants them the rights of prior consultation and freedom of self-determination. This was established in the official letter dated 10 de mayo de 2024, addressed to Señora Angie Cruickshank Lambert Defensora de los Habitantes.

Subject: Oficio N*04578-2024 -DHR. Recognition of Afro-descendant ancestral property on the basis of Decreto Ejecutivo 43532 -MP-MINAE-MCJ-MEP, by Gabriel Aguilar Vargas, Director de Despacho del señor Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, who stated: “In general, indigenous property (propiedad indígena) in Costa Rica constitutes a special community-based property regime to which, in principle, the rules of our positive law (Derecho Positivo) do not apply, in favor of applying the customary law of the indigenous society settled in the specific territories. Because this is community property (propiedad comunitaria), the right of ownership is not individualized; rather, the community’s legal representative body—exercised in our country by the Asociación de Desarrollo de la Comunidad and, in this specific case, by the ADI de Cahuita—exercises the rights normally reserved to the owner under civil law, subject to the limitations set forth in the cited Ley Indígena.

The analysis performed allows us to conclude that, at least in the case of our country, the legal instruments that could regulate ancestral property are oriented toward protecting community property for both indigenous and tribal peoples. It should be noted that the consulting citizen’s request seeks a territorial designation (afectación territorial) in cantons and districts of the Caribbean that are now inhabited by all types of people; however, we must remember that the Executive Branch’s powers regarding private property are severely limited by the principle of statutory reservation (principio de reserva de ley) established in constitutional article 45. Moreover, the issue of ancestral property rights is absent from the bill being processed under legislative expediente N* 23.903, since its content is limited almost entirely to an exact repetition of the scope of Decreto 43532-MPMINAE-MCJ-MEP.

In this regard, it appears necessary to promote legal reforms before the Legislative Branch to implement a legal instrument that makes it possible to recognize, demarcate and grant possession of ancestral property in the case of tribal populations. In addition, a law is required to establish mechanisms for determining who is Afro-descendant and who is not, for purposes of applying both the decree at issue and implementing Ley 10.120, sobre Acciones Afirmativas.” For the reasons stated, the amparo proceeding against the Municipality must be granted.”

  1. 17By a filing (escrito) incorporated at 10:35 hours on 26 de junio de 2024 into case file No. 24-013786-0007-CO, the petitioner (parte recurrente) states as follows:

“Honorable Reporting Justice, In light of the recent statements by the Municipalidad de Talamanca concerning the consultation mechanisms established in Articles 2 and 6 of ILO Convention 169, I hereby attach a copy of official letter PR-DP-0556-2024 dated 18 de junio of the current month, signed by Mr. Gabriel Aguilar Vargas, in his capacity as Chief of Staff to the President of the Republic (sic), addressed to Attorney Angie Cruishank Lambert, which constitutes reliable and irrefutable evidence that, as of today, no such mechanism exists. I most respectfully request that your authorities take note that Articles 2 and 6 of ILO Convention 169 clearly establish the obligation to ‘consult the peoples concerned, through appropriate procedures and particularly through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures that may affect them directly,’ since protection of the rights of these peoples depends on coordinated and systematic action by Governments with the participation of the peoples concerned.

As may be seen from the amparo petition (recurso de amparo) being processed under case file 24 013786-0007-CO, there is abundant documentary evidence regarding the exclusion of Tribal peoples from the Zoning process for the Plan Regulador Costero de Talamanca published in La Gaceta No. 183 on 5 de octubre del 2023. Note that official letter PR-DP-0556-2024 dated 18 de junio of the current month, signed by Mr. Gabriel Aguilar Vargas, in his capacity as Chief of Staff to the President of the Republic (sic), addressed to Attorney Angie Cruishank Lambert, is extremely rigorous throughout its 4 pages regarding the scope of Articles 2 and 6 of ILO Convention 169. Honorable Justice, I ask you to take note that the respondent Municipalidad de Talamanca, through the report submitted to the Sala Constitucional by the Mayor of Talamanca in response to our allegations, makes a series of tangential statements that do not make it possible to understand the factual and legal grounds that led it to refuse to conduct a consultation with the Tribal peoples of the Southern Caribbean pursuant to Articles 2 and 6 of ILO Convention 169, which clearly establish the obligation to ‘consult the peoples concerned, through appropriate procedures and particularly through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures that may affect them directly,’ since protection of the rights of these peoples depends on coordinated and systematic action by Governments with the participation of the peoples concerned.

Relief requested (Petitoria): In view of the approval and publication in the Official Gazette La Gaceta of the Plan Regulador Costero de Talamanca, a protective precautionary measure (medida cautelar) in favor of the Afro-descendant tribal peoples located in Limón’s Southern Caribbean is urgently needed. To summarize: Both the Municipalidad de Talamanca and the State, through its institutions, have violated Articles 2 and 6 of ILO Convention 169, which clearly establish the obligation to ‘consult the peoples concerned, through appropriate procedures and particularly through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures that may affect them directly,’ since protection of the rights of these peoples depends on coordinated and systematic action by Governments with the participation of the peoples concerned. I reiterate the urgent need to halt the effects of the coastal regulatory plan on the ancestral territories of the Tribal population of the Southern Caribbean.”

  1. 18By a filing incorporated into digital case file No. 24-013786-0007-CO at 17:30 hours on 8 de julio de 2024, the petitioner submits evidence.
  2. 19By a filing incorporated into digital case file No. 24-013786-0007-CO at 15:22 hours on 10 de julio de 2024, the petitioner submits evidence.
  3. 20On 22 de enero del 2025, Bentlin Daniel Villalobos Grant, in his capacity as an Afro-descendant citizen and president of the Asociación de Desarrollo de Cahuita, enters an appearance as an active supporting intervenor (coadyuvante activo) and requests that the petition be granted.
  4. 21By a filing incorporated into the case file on 2 de junio de 2025, the petitioner submits additional arguments and evidence.
  5. 22By a filing incorporated into the case file on 30 de junio de 2025, the petitioner submits additional arguments.
  6. 23By a filing submitted on 1 de setiembre of the current year, petitioner [Nombre 015] enters an appearance and requests a decision on the merits of the case file at issue.
  7. 24The statutory requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Hess Herrera writes the opinion; and,

Considering:

I. REGARDING ACTIVE SUPPORTING INTERVENTION (COADYUVANCIA ACTIVA)

By a filing added to the electronic case file on 22 de enero de 2025, Bentlin Daniel Villalobos Grant, in his capacity as an Afro-descendant citizen and president of the Asociación de Desarrollo de Cahuita, entered an appearance and requested recognition as an active supporting intervenor. Pursuant to Article 34 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, Mr. Villalobos Grant is admitted because he has an interest in the amparo proceeding brought. In this regard, it should be recalled that supporting intervention (coadyuvancia) is a form of intervention in support of a party that occurs when a person participates in a proceeding by joining the claims of one of the principal parties. Accordingly, a person with a direct interest in the outcome of the petition has standing to act as a supporting intervenor; however, because the supporting intervenor is not the principal claimant, the judgment will not directly affect that person—that is, its effects cannot extend to the supporting intervenor directly and immediately, nor is the intervenor affected by the judgment’s status as res judicata (cosa juzgada).

II. SUBJECT MATTER OF THE PETITION

The petitioners file an amparo petition before this Chamber and raise the following claims:

  • 1)That the Afro-descendant population in Costa Rica has not been duly recognized as a tribal population; public policies have not been implemented to protect its rights; a legislative agenda against racial discrimination and promoting the rights of this population has not been advanced; and affirmative action measures (acciones afirmativas) have not been adopted to end the structural discrimination affecting it.
  • 2)That the property rights of the Afro-descendant community in Cahuita, Puerto Viejo and Manzanillo are being infringed because the Plan regulador costero del Caribe sur will be imposed upon ancestral Afro-descendant territories protected by ILO Convention 169, since that document designates this area as part of the Mixed Tourism and Community Area, meaning that residents will be required to pay a fee (canon) and could face eviction and demolition of their properties if they fail to do so.
  • 3)That the Afro-descendant population’s right to consent and to free, prior and informed consultation (consulta libre, previa e informada) is being infringed through the approval of the Plan regulador costero del Caribe sur, because the population’s views regarding its implementation were not taken into account, as required by ILO Convention 169.
  • 4)That the Afro-descendant population in the Southern Caribbean has not been recognized as possessing, as a tribal people, the right to ownership, use, conservation, and protection of ancestral lands, thereby violating ILO Convention 107, which binds States to protect the rights of Indigenous and tribal populations, as well as ILO Convention 169, which establishes the right to protection of environmental rights and natural resources on Afro-descendant tribal lands.
  • 5)That the rights of the Afro-descendant population are being violated by permitting trees to be felled on a property located within ancestral territories in the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, which constitutes a violation of ILO Convention 169 because States are obligated to delimit and recognize Afro-descendant ancestral territory.
  • 6)In the case of petitioner [Nombre 015], he claims that he requested information of interest to him from the Municipalidad de Talamanca on 18 de marzo de 2024, but to date has received no response.
  • 7)That the fundamental rights of the Afro-descendant population are being violated by the failure to recognize its right to self-determination over its ancestral territory.
  • 8)That the Afro-descendant tribal population has historically suffered harm, structural discrimination, and racism because the rights of this group have not been guaranteed through legislation, and they request that the State be ordered to enact a law delimiting and recognizing Afro-descendant territories and granting ancestral property rights over them, clearly specifying this population’s rights to prior consultation, self-determination, organization, and representation.
  • 9)That the respondents be ordered to suspend the procedures relating to the Plan regulador costero del Caribe sur until the Costa Rican State, together with the tribal community, determines which ancestral territories may not be affected by it.

III. PROVEN FACTS (HECHOS PROBADOS)

The following facts are deemed duly established and material to the resolution of this matter:

Regarding the absence of public policies, laws, and affirmative action measures (claims 1 and 8).

  • A)On 16 de abril de 2014, Costa Rica received from the Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial the document entitled “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 9 of the Convention,” No. CERD/C/CRI/19-22, paragraphs 21 and 22 of which state as follows: “21. In general, although it cannot be said that State institutions have comprehensive institutional policies with differentiated approaches for these populations, it is possible to observe that there are extensive and diverse efforts, certain specialized bodies, and specific programs that primarily serve some Indigenous communities and sectors of migrants and refugees. However, there is a lack of institutional action focused on the Afro-descendant population; therefore, even though the Committee’s recommendations make scant reference to this population, the country recognizes that it must undertake greater State action on behalf of this population.

Costa Rica has committed itself, not only under the Convention at issue here but also under other international conventions and instruments such as the Durban Declaration and Programme of Action, to implementing affirmative action (acciones afirmativas) in favor of Afro-descendants. 22. Accordingly, one of the matters that the State wishes to establish ab initio is that, in addition to the recommendations addressed in this Report, institutions are working beyond these specific observations. Through the Política Nacional referred to above, efforts are specifically being made to achieve a better approach toward the three populations through integrated initiatives developed with the beneficiaries, which transcend individual administrations and isolated actions and become a State Policy. Furthermore, the goal is to make all three populations visible and, particularly with regard to Indigenous peoples and Afro-descendants, to demonstrate that, in contrast to the past, when they were not included in long-term institutional policies, now is the time to develop targeted institutional actions that understand their particular circumstances and effectively serve them, with the State adhering to its international human-rights obligations.” (see evidence submitted by the petitioner (recurrente)).

  • B)On 27 de marzo de 2019, Costa Rica received from the Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial the document entitled “Addendum. Information Received from Costa Rica on Follow-up to the Concluding Observations,” No. CERD/C/CRI/CO/19-22/Add.1*, paragraphs 5, 6, and 7 of which state as follows: “5. Costa Rica notes that the CIDDHH, through the evaluation process for the Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, has conducted an awareness-raising process within public institutions regarding the need for institutional policies and actions with approaches tailored to Indigenous peoples and Afro-descendants. 6. In general, although it cannot be said that State institutions have comprehensive institutional policies with differentiated approaches for these populations, there are extensive and diverse efforts, certain specialized bodies, and specific programs that primarily serve Indigenous communities and the Afro-descendant population. 7. The State wishes to establish ab initio that institutions are working beyond the recommendations that will be addressed in this Follow-up Report.” (see evidence submitted by the petitioner).
  • C)On 25 de setiembre de 2020, through Resolution No. 1 adopted at special session No. 21 of the Concejo Municipal de Talamanca, i) the Oficina Municipal de Asuntos Afrodescendientes del Cantón de Talamanca (OMAAT) was created under the authority of the Vicealcaldía Primera de la Municipalidad de Talamanca; and ii) the Comisión Municipal de Asuntos Afrodescendientes del Cantón de Talamanca (COMAAT) was created as a permanent special committee to assist OMAAT in achieving its objectives and consisting of three members of the Concejo Municipal, Síndicos, or Concejales de Distrito (see evidence submitted).
  • D)On 18 de mayo de 2022, upon publication in the Diario Oficial La Gaceta No. 91, Decreto Ejecutivo No. 43532-MP-MINAEMCJ-MEP, entitled “Recognition of the Self-Identification of the Afro-Costa Rican Population as a Tribal People,” entered into force; Article 1 thereof provides: “The self-identification of the Afro-Costa Rican population as the Afro-Costa Rican tribal people is hereby recognized in accordance with its cultural identity, language, historical tradition, culture, and worldview.” (see evidence submitted by the petitioner).
  • E)On 26 de noviembre de 2022, during special session No. 122 of the board of directors of the Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Cahuita, the Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense was established in accordance with Article 3 of Decreto Ejecutivo No. 43532-MPMINAE-MCJ-MEP (see evidence submitted by the petitioner).
  • F)On 26 de julio de 2023, during special session No. 166 of the Concejo Municipal de Talamanca, it was resolved to amend Resolution No. 3 of session No. 63 of 06 de agosto del 2021 with respect to increasing the number of COMAAT members and establishing this Commission’s coordination with public authorities and national and international organizations on matters related to the Afro-descendant population of Talamanca (see evidence submitted).
  • G)On 13 de marzo de 2024, by official letter No. AEL-0054-2024, the petitioner [Nombre 015] submitted a document containing a series of questions to Rodrigo Chaves Robles, President of the Republic, and Ricardo Sossa Ortiz, Commissioner for Social Inclusion, requesting the following information: i) what territory has been ancestrally occupied by the Afro-descendant tribal community of the Costa Rican Caribbean; ii) why the Ley Indígena does not protect the rights of citizens who are members of Afro-descendant tribal peoples, even though the State adopted international rules under which it committed to enact domestic legislation protecting Afro-descendants’ property rights; iii) which rules issued by the Executive Branch guarantee the Afro-descendant population’s right to effective participation; iv) what measures the State has taken to prevent violence and the forced displacement (desplazamiento forzoso) of the Afro-descendant population in Cocles, Puerto Viejo, Limón, and neighboring areas; v) what measures have been taken in Puerto Viejo and Cocles to recognize Afro-descendants’ rights over their lands and prevent violence; vi) what measures the Costa Rican State has taken to ensure that the Afro-descendant population has a law protecting its rights as a tribal population, including its property, territory, boundaries, customs, organization, among other matters; vii) what measures the Costa Rican State has adopted to ensure the Afro-descendant population’s right to prior consultation and consent (consulta y consentimiento previo), which entails obtaining that community’s approval before adopting any legal decision that could affect rights over its territory; and viii) what affirmative actions the Costa Rican State has undertaken to guarantee the rights of the Afro-descendant population (see evidence submitted by the petitioner).
  • H)On 19 de abril de 2024, by an unnumbered official letter, Ricardo Sossa Ortiz, Commissioner for Social Inclusion, responded to the petitioner’s request for information cited supra, stating, in summary, that i) pursuant to Article 4 of Decreto Ejecutivo No. 43532-MP-MINAEMCJ-MEP of 5 de mayo del 2022, the tribal forum is the sole body recognized to conduct the consultation process, and it is currently working to develop that procedure; ii) regarding security and inclusion issues, that Commission is working with the tribal forum, the bishops of Limón, and the Ministerio de Seguridad Pública to address these problems; and iii) the tribal forum was recently established and is currently working to develop public policies and affirmative actions in accordance with the requirements of ILO Convention 169 (Convenio 169 de la OIT) (see evidence submitted by the petitioner).
  • I)On 10 de mayo de 2024, by official letter No. PR-DP-0415-2024, Gabriel Aguilar Vargas, Director of the Despacho de la Presidencia de la República, wrote to Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes, in response to the request made in official letter No. 04578-2024-DHR. In summary, he informed her as follows: “…In general, Indigenous property (propiedad indígena) in Costa Rica is a special, community-based property regime to which, in principle, the rules of our positive law (Derecho Positivo) do not apply, in favor of applying the customary law (Derecho Consuetudinario) of the Indigenous society settled in the specific territories. Because this is community-owned property, the property right is not individualized; instead, the community’s legal representative (a role performed in our country by the Asociación de Desarrollo de la Comunidad and, in this specific case, by the ADI de Cahuita) exercises the rights normally reserved to an owner under civil law, subject to the limitations set forth in the aforementioned Ley Indígena.

The analysis conducted allows us to conclude that, at least in our country, the legal instruments that could regulate ancestral property (propiedad ancestral) are directed toward protecting community property for both Indigenous and tribal peoples. It should be noted that the citizen’s request seeks a territorial designation affecting cantons and districts of the Caribbean that are now inhabited by all types of populations; however, it must be recalled that the Executive Branch’s powers regarding private property are severely restricted by the principle that such matters are reserved to statute (principio de reserva de ley), established in Article 45 of the Constitution. Moreover, the issue of ancestral property rights is absent from the bill being processed under legislative expediente N° 23.903, because its content is limited almost entirely to an exact repetition of the scope of Decreto 43532-MPMINAE-MCJ-MEP.

In this regard, it appears necessary to promote statutory reforms before the Legislative Assembly to implement a legal instrument enabling the recognition, demarcation, and conferral of possession of ancestral property in the case of tribal populations. A law is also needed to establish mechanisms for determining who is and is not Afro-descendant, for purposes of applying both the decree at issue and Ley 10.120, concerning Acciones Afirmativas.” Likewise, that report emphasizes that Decreto No. 43532-MPMINAE-MCJ-MEP does not provide for a procedure aimed at recognizing Afro-descendant ancestral property (see evidence submitted by the petitioner).

  • J)On 18 de junio de 2024, through official letter No. PR-DP-0556-2024, Gabriel Aguilar Vargas, Director of the Office of the Presidency of the Republic, addressed Angie Cruickshank Lambert, Ombudswoman for the Inhabitants, in response to her request for additional information made through official letter No. 06328-2024-DHR-(PE). In summary, he informed her as follows: i) that Articles 2 and 6 of ILO Convention 169 establish an obligation to consult the peoples concerned, through appropriate procedures and their representative institutions, whenever legislative or administrative measures may directly affect them, and therefore it is not legally feasible to create a government institution responsible for proposing public policies for the Afro-descendant community; and ii) that on 30 de mayo de 2024, the government provided the Foro Tribal Afrocostarricense with a draft request to initiate the free, prior, and informed consultation procedure (procedimiento de consulta libre, previa e informada) to be carried out with respect to the Afro-descendant population (see evidence submitted by the petitioner).

Regarding the infringement of the Afro-descendant population’s right to property, the failure to recognize ancestral lands, and the zoning plan (plan regulador) (claims 2, 4, and 9).

  • A)On 25 de febrero de 2009, through judgment No. 3113-2009 issued at 14:59 hours by this Chamber, Law No. 8464, “Declaratoria de Ciudad para las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo del cantón de Talamanca, provincia de Limón,” dated 25 de octubre del 2005, was declared unconstitutional and therefore annulled. The judgment held: i) that the challenged law sought to allow possessors of parcels in the area who had not previously initiated proceedings to obtain title to do so within one year, and also to allow persons who had possessed land for more than 40 years to assert possessory rights (derechos de posesión) over the area and thereby vindicate the historical rights of the population inhabiting those locations within the public area (zona pública) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre); ii) that the annulled legislation violated the principle of inalienability (principio de intangibilidad) of the maritime-terrestrial zone by enabling private ownership of the public area, since it allowed persons in possession for more than 40 years to assert rights, privately occupy land, and register private property, which also constituted differential treatment in violation of Article 33 of the Constitution by allowing—in detriment to the public domain (dominio público)—the residents of the communities of Cahuita and Puerto Viejo to appropriate part of the public area, while the rest of the population was prohibited from doing so; iii) that the possibility of obtaining title to properties in the maritime-terrestrial zone in Cahuita and Puerto Viejo was available from 1935 to 1977 for Puerto Viejo and from 1915 until 1977 for Cahuita, and therefore the area’s original inhabitants had that period in which to acquire their ancestral lands; and iv) that the law declared unconstitutional did not violate either the principle of non-retroactivity (principio de irretroactividad) or the principle of private property (principio de propiedad privada) contained in Article 45 of the Constitution (see evidence submitted).
  • B)On 29 de febrero de 2024, through Resolution No. 07 adopted at special session No. 99 of the Concejo Municipal de Talamanca, it was resolved to carry out the so-called “Recovery of Public Spaces in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca,” for which: i) the municipal mayor was instructed to undertake the necessary coordination with the competent authorities to remove any obstacle present in the area that prevented free access to and enjoyment of the public area; and ii) a period of 48 hours was granted for persons located in that area to remove their property, failing which it could be forcibly removed (see evidence submitted by the petitioner).
  • C)On 10 de mayo de 2024, through official letter No. PR-DP-0415-2024, Gabriel Aguilar Vargas, Director of the Office of the Presidency of the Republic, addressed Angie Cruickshank Lambert, Ombudswoman for the Inhabitants, in response to the request made through official letter No. 04578-2024-DHR. In summary, he informed her as follows: “…In general, Indigenous property (propiedad indígena) in Costa Rica is a special community-based property regime to which, in principle, the rules of our Positive Law do not apply, in favor of applying the Customary Law (Derecho Consuetudinario) of the Indigenous society settled in the specific territories. Because this is community property (propiedad comunitaria), the right to property is not held individually; instead, the community’s legal representative body (which in our country is the Asociación de Desarrollo de la Comunidad and, in this specific case, the ADI de Cahuita) exercises the rights normally reserved to an owner under Civil Law, subject, however, to the limitations established by the aforementioned Ley Indígena.

The analysis conducted allows us to conclude that, at least in our country, the legal instruments that could regulate ancestral property (propiedad ancestral) are oriented toward protecting community property for both Indigenous and tribal peoples. It should be noted that the consulting citizen’s request seeks a territorial designation affecting cantons and districts of the Caribbean that are now inhabited by all kinds of people; however, it must be recalled that the Executive Branch’s powers regarding private property are severely limited by the principle of statutory reservation (principio de reserva de ley) established in Article 45 of the Constitution. Furthermore, the issue of ancestral property rights is absent from the bill being processed under legislative expediente N° 23.903, because its content is limited almost entirely to an exact repetition of the scope of Decreto 43532-MPMINAE-MCJ-MEP.

In this regard, it appears necessary to promote legislative reforms before the Legislative Assembly to implement a legal instrument that would allow the recognition, delimitation, and granting of possession of ancestral property in the case of tribal populations. In addition, a law is required to establish mechanisms for determining who is Afro-descendant and who is not, for purposes of applying both the decree at issue and Ley 10.120 on Affirmative Actions.” Likewise, that report emphasizes that decree No. 43532-MPMINAE-MCJ-MEP does not provide for a procedure aimed at recognizing Afro-descendant ancestral property (see evidence submitted by the petitioner).

  • D)Recital 9 (considerando 9) of the document annexed to the Reglamento de Zonificación del Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita states as follows: “9- The Municipalidad recognizes the ancestral presence of the Afro-descendant population in the communities of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo and declares those communities to be Afro-descendant communities. The foregoing was established through resolution 04 adopted at ordinary session N° 114 of agosto del 2012.” (see evidence submitted).

Regarding the infringement of the right to consultation and self-determination (derecho de consulta y autodeterminación) over their ancestral territory (claims 3 and 7).

  • A)Pursuant to section 13 of the Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, published in Supplement No. 139 of Diario Oficial La Gaceta No. 135 dated 14 de julio de 2021, the process of informational meetings and a public hearing (audiencia pública) for the approval of Coastal Zoning Plans (Planes Reguladores Costeros) consists of the following steps: i) while the proposed document is being prepared, the municipality shall hold at least one informational meeting regarding the work being performed; ii) before convening a public hearing, the municipality must ensure that the Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) issued by SETENA and the initial approval of the proposal by the ICT and INVU have first been obtained; iii) the municipality shall convene the public-hearing process to receive comments on the planning proposal; iv) a maximum period of 15 business days shall be opened for the receipt of comments on the proposal submitted in writing or digitally; v) the comments submitted shall be analyzed by representatives of the municipality, ICT, and INVU, and a technical report resolving the comments shall be drafted and submitted to the Concejo Municipal for approval; vi) once the consultation process has concluded and the report has been approved by the Concejo, the proposed zoning plan shall be submitted to the Board of Directors of the ICT and the Dirección de Urbanismo del INVU for final ratification, thereby granting final approval of the Zoning Plan (see evidence submitted).
  • B)On 18 de mayo de 2022, upon its publication in Diario Oficial La Gaceta No. 91, Decreto Ejecutivo No. 43532-MP-MINAEMCJ-MEP, entitled “Constatación del Autoreconocimiento de la Población Afrocostarricense como Pueblo Tribal,” entered into force. Article 3 thereof states: “As a result of the dialogues held with Afro-Costa Rican leaders, the Afro-Costa Rican tribal people establishes the Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense as a body for consultation, dialogue, and coordination between the Afro-Costa Rican tribal people and government institutions, for the purpose of following up on this decree and the actions arising from it in order to safeguard their rights. The organization of the Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense is currently overseen by the Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.” (see evidence submitted by the petitioner).
  • C)On 14 de febrero de 2023, through official letter No. SJD-047-2023, the Board of Directors of the ICT informed the Director of Planning and Development of that same institution that initial approval had been granted for the Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita, which includes the coastal sectors of Cahuita, Puerto Viejo, and Manzanillo in the canton of Talamanca (see evidence submitted).
  • D)On 16 de febrero de 2023, through official letter No. DPD-P-014-2023, the Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT informed the authorities of the Municipalidad de Talamanca that initial approval had been granted for the Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita (see evidence submitted).
  • E)On 17 de febrero de 2023, through official letter No. DU-063-02-2023, the Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo informed the authorities of the Municipalidad de Talamanca that initial approval had been granted for the Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita (see evidence submitted).
  • F)On 14 de junio de 2023, through Resolution No. 2 adopted at ordinary session No. 160 of the Concejo Municipal de Talamanca, the public hearing for the Plan Regulador del Distrito de Cahuita del cantón de Talamanca was convened and scheduled for 7 de julio de 2024 (see evidence submitted).
  • G)On 10 de julio de 2023, the Comisión Municipal de Asuntos de la Población Afrodescendiente del Cantón de Talamanca (COMAAT) of the Municipalidad de Talamanca and the organization ATTACS held an informational presentation in the community of Manzanillo regarding the proposed Plan Regulador del Distrito de Cahuita del cantón de Talamanca (see evidence submitted).
  • H)On 19 de julio de 2023, the Comisión Municipal de Asuntos de la Población Afrodescendiente del Cantón de Talamanca (COMAAT) of the Municipalidad de Talamanca and the organization ATTACS held an informational presentation in the community of Puerto Viejo regarding the proposed Plan Regulador del Distrito de Cahuita del cantón de Talamanca (see evidence submitted).
  • I)On 25 de julio de 2023, the Comisión Municipal de Asuntos de la Población Afrodescendiente del Cantón de Talamanca (COMAAT) of the Municipalidad de Talamanca and the organization ATTACS held an informational presentation in the community of Cahuita regarding the proposed Plan Regulador del Distrito de Cahuita del cantón de Talamanca (see evidence submitted).
  • J)On 4 de agosto de 2023, the Municipalidad de Talamanca conducted the public hearing (Audiencia Pública) process established in Article 17 of the Ley de Planificación Urbana (see evidence submitted).
  • K)On 30 de agosto de 2023, the respondent authorities signed the Minutes of the Tripartite Commission (Acta de Comisión Tripartita), which they formed to respond to the observations made following the Public Hearing on the Regulatory Plan (Plan Regulador) for the Distrito de Cahuita (see evidence submitted).
  • L)On 11 de setiembre de 2023, through official letter No. SJD-309-2023, the board of directors of the ICT reported that the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) for the distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, had received final approval (see evidence submitted).
  • M)On 26 de setiembre de 2023, through Agreement No. 2 adopted at extraordinary session No. 89 of the Concejo Municipal de Talamanca, the Regulatory Plan for the Distrito de Cahuita received final approval (see evidence submitted).
  • N)On 5 de octubre de 2023, through Supplement No. 193 of the Diario Oficial La Gaceta No. 183, the Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita was published (see evidence submitted by the appellant).
  • O)On 7 de diciembre de 2023, through resolution No. 31756-2023 issued at 9:30 hours on 7 de diciembre de 2023, this Chamber ruled as follows regarding the public hearing held by the respondent authorities: “The petition (recurso) is partially granted. The public hearing held on 04 de agosto de 2023 is annulled. Rugeli Morales Rodríguez and Yahaira Mora Blanco, respectively mayor and president of the Concejo, both of the Municipalidad de Talamanca, or whoever may hold those offices in their stead, are ordered to issue such directives as fall within the scope of their authority and to coordinate whatever is necessary so that, within a maximum period of THREE MONTHS from notice of this judgment, a new public hearing is scheduled for the Coastal Regulatory Plan project for the Distrito de Cahuita, Cantón de Talamanca, and the members of the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi ‘ADI Keköldi’ are given due advance notice…” (see expediente No. 23-016445-0007-CO heard by this Court).
  • P)On 7 de diciembre de 2023, through official letter No. DPD-P-129-2023, OFC, the ICT authorities placed the following information on record: “… 9. It is important to clarify that Article 6 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre provides: ‘The provisions of this law shall not apply to areas of cities located along the coasts, to properties lawfully registered in the names of private parties, or to those whose legitimacy is recognized by law.’ Through official letters N° 43 of 14 de febrero de 1980 and N° 222 dated 2 de setiembre de 1980, the Instituto Geográfico Nacional established the coordinates of coastal cities for purposes of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre; those official letters make no reference whatsoever to the Cahuita, Talamanca, sector. Therefore, for purposes of the Regulatory Plan for the distrito Cahuita, cantón Talamanca, no coastal area has been defined under the conditions set forth in Article 6 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre. 10.

To date, the Instituto Geográfico Nacional is not known to have established a geographical delimitation (delimitación geográfica) of a ‘tribal people’ that would be exempt from application of the Ley de la Zona Maritimo (sic) Terrestre. 11. The question of whether the concept of a ‘tribal people,’ under ILO Convention N° 169, constitutes grounds for removing from the public domain (desafectación) a coastal area that has been in the public domain since 1828, under Ley N° 162 del 28 de junio de 1828, falls outside the remit of this Directorate; accordingly, we express no opinion on this particular matter…” (see evidence submitted).

  • Q)On 30 de enero de 2024, in the Diario Oficial La Gaceta No. 17, notice was published convening the second public hearing on the Coastal Regulatory Plan for 8 de marzo de 2024 (see evidence submitted by the appellant).
  • R)On 6 de marzo de 2024, at ordinary session No. 198 of the Concejo Municipal de Talamanca, the notice convening an extraordinary session for 8 de marzo de 2024 was ratified; at that session, the public hearing on the Coastal Regulatory Plan was held (see evidence submitted by the appellant).
  • S)On 18 de junio de 2024, through official letter No. PR-DP-0556-2024, Gabriel Aguilar Vargas, director of the Despacho de la Presidencia de la República, addressed Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes, in response to her request for additional information made through official letter No. 06328-2024-DHR-(PE). In summary, he informed her as follows: i) Articles 2 and 6 of ILO Convention 169 provide that there is an obligation to consult the peoples concerned, through appropriate procedures and their representative institutions, whenever legislative or administrative measures may directly affect them, and therefore it is not legally feasible to create a government institution responsible for proposing public policies for the Afro-descendant community; and ii) on 30 de mayo de 2024, the government provided the Foro Tribal Afrocostarricense with a draft request to initiate the free, prior, and informed consultation (consulta libre, previa e informada) procedure concerning the Afro-descendant population (see evidence submitted by the appellant).
  • T)On 12 de setiembre del 2024, through official letter No. DU-UCTOT-203-2024, the ICT authorities placed the following on record: “1. After the Municipalidad de Talamanca held the second public hearing on 8 de marzo de 2024, the observations arising from that activity were reviewed through the Tripartite Commission, together with the Municipality and with the approval of the ICT. 2. A response matrix addressing the observations was prepared and sent to the Municipality, together with the draft Minutes of the Commission, by email on 9 de mayo del 2024 (a copy of the referenced email is attached). 3. On 11 de mayo del 2024, the Municipality reported that the Minutes document did not open properly, so it was sent again on 12 de mayo, and acknowledgment of receipt was received on 14 de mayo. 4. To date, the actions relating to the Regulatory Plan for the Distrito Cahuita, cantón de Talamanca, concern the adjustments that both the Municipalidad and INVU must make to the proposed Coastal Regulatory Plan to incorporate the new State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) polygons certified by SINAC on 16 de agosto del 2024.” (see evidence obtained to better adjudicate the matter).

Regarding the felling of trees (tala de árboles) in ancestral territories within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

  • A)On 16 de febrero de 2024, through resolution No. 3959-2024 issued at 9:30 hours, this Chamber ruled as follows: “The petition is granted. The following are ordered: i) Maylin Mora Arias, in her capacity as acting regional director of the Área de Conservación La Amistad Caribe of the Sistema Nacional del Áreas de Conservación, or whoever may hold that office in her stead, shall complete, within THREE MONTHS from notice of this judgment, the proceeding to supplement the State Natural Heritage certification for the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the Cantón de Talamanca with the ‘Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone along the coast of the cantón de Talamanca’ of junio de 2021; ii) Delio Antonio Robles Loaiza, in his capacity as acting head of the Departamento de Urbanismo, and Daniel Brenes Arroyo, head of the Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, both of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, as well as Rugeli Morales Rodríguez, mayor, and Yahaira Mora Blanco, president of the Concejo, both of the Municipalidad de Talamanca, shall take the measures necessary to incorporate the aforementioned update into the Coastal Regulatory Plan for the Cantón de Talamanca.

The respondent authorities are warned that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that the person must comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and the Municipalidad de Talamanca are ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in proceedings to enforce the judgment before the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa). Magistrate Salazar Alvarado dissents and would deny the petition because it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct substantively comply with the provisions of legislation concerning the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Let notice be given.-” (see expediente No. 23-014549-0007-CO heard by this Court).

  • B)On 26 de abril de 2024, through resolution No. 10951-2024 issued at 09:20 hours, this Chamber ruled: “The petition is partially granted. Maylin Mora Arias, in her capacity as acting regional director of the Área de Conservación La Amistad Caribe of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, or whoever may hold that office, is ordered to issue the pertinent directives, carry out all actions falling within the scope of her authority, and coordinate whatever is necessary so that, within the THREE MONTHS following compliance with the order issued to her in judgment nro. 2024003959 of 9:16 hours on 16 de febrero de 2024, rendered in expediente 23-014549-0007-CO at 9:30 hours on 16 de febrero de 2024, namely: ‘complete, within THREE MONTHS from notice of this judgment, the proceeding to supplement the State Natural Heritage certification for the Maritime-Terrestrial Zone of the Cantón de Talamanca with the “Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone along the coast of the cantón de Talamanca” of junio de 2021,’ the delimitation and scope of the State Natural Heritage set forth in certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 shall be reviewed and, based on current and accurate information and proper technical support, an updated certification shall be issued encompassing and delimiting all State Natural Heritage strips within the Maritime-Terrestrial Zone of the cantón de Talamanca.

The respondent authority is warned that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any persons who receive an order issued in an amparo proceeding that they must comply with or enforce, and who fail to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in proceedings to enforce the judgment before the contentious-administrative courts. In all other respects, the petition is denied. Magistrate Salazar Alvarado dissents and would deny the petition because it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct substantively comply with the provisions of legislation concerning the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Let notice be given.” (see expediente No. 24-005929-0007-CO heard by this Court).

  • C)On 16 de julio de 2025, by judgment No. 22181-2025 issued at 9:15 hours, this Chamber ruled as follows: “This constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) is decided as follows: a) With respect to the Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023, an executive summary of which was published in Alcance N° 42 to La Gaceta N° 39 of 28 de febrero de 2022, by majority vote, the challenge is granted and, consequently, the Plan is annulled as unconstitutional. This judgment has declaratory and retroactive effect as of the effective date of the annulled regulations. However, pursuant to article 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, its effects are tailored to avoid serious disruption to public order and safety, as well as serious and irreparable environmental damage, and the Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023 shall remain in force for up to one year following the full publication of this judgment in the official gazette La Gaceta, within which period the Sistema Nacional de Áreas de Conservación must remedy the constitutional defects identified in this ruling.

If this is not done within that period, the Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023 shall be deemed definitively removed from the legal system. Justice Salazar Alvarado dissents and would deny the challenge. Justice Garro Vargas provides different grounds for declaring it unconstitutional. b) With respect to the Plan Regulador Costero Talamanca Distrito Cahuita, adopted by the Concejo de la Municipalidad de Talamanca at Extraordinary Session N° 89 of 26 de setiembre de 2023, Resolution N° 2, and published on 5 de octubre de 2023 in Alcance N°193 to La Gaceta 183, the challenge is unanimously denied on admissibility grounds. c) With respect to Directive No.09-2023 of the Minister of Environment and Energy, dated 17 de agosto de 2023, by majority vote, the challenge is granted and, consequently, the Directive is annulled as unconstitutional. Justices Castillo Víquez and Salazar Alvarado and Justice Garro Vargas dissent and would deny the challenge.

Justice Garro Vargas files a separate opinion and dissents with respect to the enforcement of this judgment. A summary of this ruling shall be published in the Official Gazette La Gaceta, and the full text shall be published in the Boletín Judicial. Notice shall be given.” (see expediente No. 24-001899-0007-CO processed by this Court).

Regarding the request for information submitted by petitioner [Nombre 015].

  • A)On 18 de marzo de 2024, through official letter No. AEL-0058-2024, the petitioner requested the following information from the respondent authority: “…I request that the honorable Council report whether the Municipalidad has any official map delineating the ancestral territory of Afro-descendants, since those areas are protected internationally and belong to the Afro-descendant tribal population. They therefore cannot be included in or affected by any regulatory plan (plan regulador).” (see evidence submitted by the petitioner).
  • B)On 21 de marzo de 2024, through official letter No. SCMT-021-2024, the secretary of the respondent’s Concejo Municipal replied to the protected party’s request for information as follows: “In response to your official letter AEL-0058-2024, I hereby inform you that it was considered by the Concejo Municipal de Talamanca during ordinary session 200 of 20 de marzo de 2024, at which it was referred to the municipal legal affairs committee for review and an opinion.” (see the report submitted and the evidence provided by the petitioner).

IV. REGARDING THE CLAIMED ABSENCE OF PUBLIC POLICIES, LAWS, AND AFFIRMATIVE ACTION IN FAVOR OF THE AFRO-DESCENDANT POPULATION

After analyzing the evidence submitted, as also reflected in the reports rendered under oath, this Chamber finds no violation of the protected parties’ fundamental rights with respect to this aspect of the application. The claim raised in the application for protection (amparo) filed by [Nombre 001] and others may be summarized as alleging that, to date, the Afro-descendant population has not been duly recognized as a tribal population and that no public policies have been implemented to protect its rights. Petitioner [Nombre 015] contends: i) that the Costa Rican State has failed to comply with the recommendations of the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination concerning the prioritization of a legislative agenda containing initiatives against racial discrimination, the promotion of the rights of the Afro-descendant population, and the urgent adoption of affirmative action to end the structural discrimination affecting Afro-descendants in the Costa Rican State; and ii) that the Costa Rican State has historically subjected the Afro-descendant tribal population to harm, structural discrimination, and racism by failing to guarantee this group’s rights through legislation, unlike what it did for the Indigenous population.

He therefore requests that the State be ordered to enact a law delineating and recognizing Afro-descendant territories and granting ancestral property rights over them, with a clear statement of this population’s rights to prior consultation, self-determination, organization, and representation.

First, with respect to the allegations concerning the failure to implement public policies to protect the rights of the Afro-descendant population and the failure to comply with the recommendations of the United Nations (UN) Committee on the Elimination of Racial Discrimination, the evidence submitted by petitioner [Nombre 015] shows that Costa Rica did receive two documents from the Committee. Through the document entitled “Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention,” No. CERD/C/CRI/19-22 of 16 de abril de 2014, that body advised the Costa Rican State that it was failing to take sufficient affirmative action in favor of the Afro-descendant population; at the same time, however, it acknowledged that Costa Rica had accepted this circumstance and that the governmental authorities had undertaken to focus their work and direct their efforts toward guaranteeing the rights of this vulnerable population. The Committee also highlighted that, in the past, the Afro-Costa Rican population had never been included in long-term institutional policies, giving rise to the need to promote structural change.

Subsequently, however, through the document entitled “Addendum. Information received from Costa Rica on follow-up to the concluding observations,” No. CERD/C/CRI/CO/19-22/Add.1* of 27 de marzo de 2019, the Committee followed up on the observations it had made in 2014 in the aforementioned document and, on that occasion, noted that the “Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia” had generated an awareness-raising process within public institutions to undertake actions using approaches specifically tailored to Indigenous and Afro-descendant peoples, while recognizing the efforts made by certain specific bodies and the concrete programs that had been implemented.

Under these circumstances, it is clear that, contrary to the petitioners’ allegations, the competent institutions have indeed developed public policies aimed at guaranteeing rights to the Afro-descendant population. Although the Committee indicated in 2019 that such affirmative action should be diversified, it recognized the efforts made to date by the Costa Rican authorities. Accordingly, this Chamber cannot accept the allegation of a purported failure to comply with the recommendations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Moreover, allegations that are so general and entail a comprehensive response by public authorities, as well as follow-up on recommendations from committees responsible for monitoring compliance with an international treaty, fall outside the jurisdiction of this constitutional court in summary proceedings such as an amparo.

Along the same lines, but now with respect to public policies adopted by the Executive Branch, it must be emphasized that Decreto Ejecutivo No. 43532-MP-MINAEMCJ-MEP of 18 de mayo de 2022, entitled “Constatación del Autorreconocimiento de la Población Afrocostarricense como Pueblo Tribal,” does establish that the Afro-descendant population in Costa Rica is a tribal people, recognizing that this group has its own cultural identity, language, historical tradition, and worldview. For the purpose of implementing article 3 of the Decreto and in accordance with the principle of progressive realization of human rights (principio de progresividad en materia de derechos humanos), the established facts also show that the Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense was created within the board of directors of the Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Cahuita through extraordinary session No. 122 of 26 de noviembre de 2022.

Likewise, communications from Executive Branch officials addressed to the petitioner or to the Defensoría de los Habitantes also establish that the governmental authorities are assisting the Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense in formulating the relevant public policies concerning the rights of this population. First, as detailed in the established facts, Ricardo Sossa Ortiz, who is in charge of the Comisión de Inclusión Social, informed petitioner [Nombre 015] on 19 de abril de 2024 that, because the aforementioned Foro is the only body recognized to conduct the consultation process, they are currently working to develop that procedure and formulate affirmative action in accordance with the requirements of Convenio 169 de la OIT. Second, Gabriel Aguilar Vargas, director of the Despacho de la Presidencia de la República, through official letter No. PR-DP-0556-2024 of 18 de junio de 2024, also confirmed that, on 30 de mayo de 2024, the government sent the Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense a draft request to initiate the free, prior, and informed consultation procedure to be conducted with the Afro-descendant population. In this regard, there is likewise no indication that public authorities have failed in recent years to take into account the Afro-Costa Rican population’s status as a tribal population.

Now, given the clear progress made by the Costa Rican authorities in adopting public policies and issuing sub-legislative regulations (normativa infra legislativa) to guarantee the rights of the Afro-descendant population, it should be noted that, if the protected parties disagree with how those policies have been designed or implemented, this is not a matter that this Chamber may examine on the merits, since, as framed here by the petitioner, it falls outside its jurisdiction. This Court’s case law has explained the following:

“At the same time, it must be recognized that the exercise of this authority falls within the scope of powers to identify and establish public policies, an area unquestionably involving the initiative, attention, and implementation of the Executive Branch, since deciding which actions benefit the population—in general or specific terms—and whether their application is appropriate at a particular time or in a particular context is, by definition, a power inherent to that Branch. To that end, appropriate coordination among administrative bodies must be encouraged at all times—regarding these relationships, see judgment of this Chamber number 2007-13583, de las quince horas diez minutos del 19 de setiembre de 2007—. In this regard, because the establishment of public policies falls within the authority of the Executive Branch on the basis of technical and objective considerations in a given context, debating whether such policies are appropriate or viable falls outside the jurisdiction of the constitutional courts (jurisdicción constitucional)—judgment of this Chamber number 2009-5270, de las doce horas veintiocho minutos del 27 de marzo de 2009—…” (see resolution No. 6922-2010 de las 14:35 horas del 16 de abril del 2010) Furthermore, with regard to appellant [Nombre 015]’s request that an order be issued to the Legislative Assembly directing it to enact a law delimiting, recognizing, and granting ancestral property rights over Afro-descendant territories, it is also appropriate to clarify that this course of action does not fall within the powers of this Chamber.

The reason is that, as established in relevant precedents, doing so would constitute interference with the functions assigned by the Political Constitution itself to the Legislative Branch (see resolution No. 10382-2005 de las 14:51 horas del 10 de agosto de 2005) Accordingly, in the case before us, this Court, by virtue of respect for legislative discretion (libertad de configuración o conformación del legislador) (articles 105 and 121, subsection 1°, of the Fundamental Law), lacks the authority to examine—through this proceeding—the entirety of the Legislative Assembly’s conduct throughout history concerning the enactment of laws of the Republic relating to the Afro-descendant population, because an amparo proceeding (amparo) is not a mechanism through which the entire regulatory gap in this area alleged by the appellant may be filled for these purposes.

Thus, the matter of what content should be included in a law governing the potential delimitation of the Afro-descendant population’s ancestral lands, as well as a specific procedure providing for that population’s rights to prior consultation, self-determination, organization, and representation, falls within the scope of the legislature’s authority. As the designer of the legislative policy that is to govern the country in order to promote the inclusion of this vulnerable population and prevent discrimination against minorities, in accordance with the principle of equality before the law set forth in article 33 of the Fundamental Law, the legislature has a range of options from which to select the basis for such a provision, and that specific course must be debated before the legislative body. Accordingly, as previously reiterated, this is not the proper avenue for determining how the rights of the Afro-descendant population are to be protected through legislation, much less for issuing a mandate to create a provision with specifically prescribed content, because doing so would violate the provisions of numeral 9 of the Constitution, which constitutes a fundamental pillar of the Constitutional Rule-of-Law State (Estado Constitucional de Derecho).

For the foregoing reasons, the appropriate course is to deny the appeal with respect to this claim.

V. RELEVANT BACKGROUND

Before ruling on the merits of the allegations concerning i) the violation of the Afro-descendant population’s property rights, the failure to recognize ancestral lands, and the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) for the District of Cahuita, and ii) the violation of the rights to consultation and self-determination regarding Afro-descendant ancestral territory, it is necessary to cite a series of precedents related to the matter before us.

First, pursuant to judgment No. 31756-2023, de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023, this Court annulled the public hearing held by the Municipalidad de Talamanca on 4 de agosto de 2023 to inform the communities about the Regulatory Plan for the Maritime-Terrestrial Zone of Cahuita (Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Cahuita), ordering the Mayor and the president of the Concejo Municipal, both of the Municipalidad de Talamanca, “to issue such orders as fall within the scope of their powers and coordinate whatever is necessary so that, within a maximum period of TRES MESES from notification of this judgment, a new public hearing is scheduled for the Coastal Regulatory Plan project for the District of Cahuita in the Cantón de Talamanca, and the members of the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi ‘ADI Keköldi’ are given due advance notice…”.

That order was based on the fact that the failure to summon them to the public hearing “is contrary to Constitutional Law (Derecho de la Constitución), namely, Convention 169 of the International Labour Organization, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the American Convention on Human Rights, because the rights of Indigenous peoples over their broader territory do not have the same scope as those they possess and exercise within the geographical territory. Consequently, the future effects of implementing the Coastal Regulatory Plan (IVA-PRC) for the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT) of the Distrito de Cahuita, Talamanca, could have a potentially positive or negative impact on the social, economic, environmental, or cultural conditions that form the basis of the social cohesion of the Territorio Indígena de Keköldi; hence the need for public consultation pursuant to article 7.3 of ILO Convention 169, under which ‘governments shall ensure that, whenever appropriate, studies are carried out, in cooperation with the peoples concerned, to assess the social, spiritual, cultural, and environmental impact that planned development activities may have upon them.

The results of these studies shall be regarded as fundamental criteria for the implementation of the activities mentioned’…”. In view of the foregoing, and because Urban Planning Law No. 4240 (Ley de Planificación Urbana No. 4240) establishes a procedure for adopting or amending a Regulatory Plan (Plan Regulador), in which the stages of the procedure for approving or amending the Regulatory Plan are logically interconnected and condition the subsequent stages, a substantial omission or defect in any one of them gives rise to an invalidity defect (vicio de invalidez) in the later stages. Therefore, when this Chamber annulled the public hearing held on 4 de agosto de 2023, the Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita ceased to have legal effect.

In this regard, this Court, through vote No. 324-2024, de las 9:15 horas del 10 de enero de 2024, issued in an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) brought against numerals 1 to 19 of the Plan Regulador Costero de Talamanca Distrito Cahuita, stated that judgment No. 2023-31756, cited above, “deemed it proven that the regulatory plan at issue had not been duly submitted for consultation with the Indigenous peoples, for which reason the public hearing held on 04 de agosto de 2023 was annulled; and the mayor and president of the Concejo Municipal, both of the municipalidad de Talamanca, were ordered to issue such orders as fall within the scope of their powers and coordinate whatever was necessary so that, within a maximum period of three months from notification of that judgment, a new public hearing would be scheduled for the Coastal Regulatory Plan project for the District of Cahuita in the Cantón de Talamanca, and the members of the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi ‘ADI Keköldi’ would be given due advance notice.

Accordingly, the challenged instrument has not been duly approved and currently lacks any validity, and therefore a review of its admissibility is itself inadmissible as premature. Consequently, this action of unconstitutionality must be summarily dismissed.” Subsequently, through resolution No. 35187-2024 de las 9:35 horas del 26 de noviembre de 2024, this Constitutional Chamber granted a noncompliance application (gestión de desobediencia) filed by the Presidency of the Asociación de Desarrollo Integral Keköldi in connection with judgment No. 31756-2023 de las 09:30 horas del 07 de diciembre de 2023—which ordered that a new public hearing be scheduled for the Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca project and that the members of ADI Keköldi be given due advance notice—because it was not established that the hearing held on 08 de marzo de 2024, for the purpose of remedying the defects committed at the hearing of 04 de agosto de 2023, complied with the procedure and principles applicable to an Indigenous Consultation (Consulta Indígena).

The Coastal Regulatory Plan therefore remained unapproved and continued to lack the validity whose absence had been cited as the ground for finding an action of unconstitutionality brought against it inadmissible.

Lastly, in the operative part of vote No. 22181-2025 de las 9:15 horas del 16 de julio de 2025, in connection with an action of unconstitutionality filed against the Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, among other regulations, this Chamber ordered as follows: “b) With respect to the Plan Regulador Costero Talamanca Distrito Cahuita, adopted by the Concejo de la Municipalidad de Talamanca in Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, Acuerdo N° 2, and published el 5 de octubre de 2023 in Alcance N°193 to La Gaceta 183, the action is unanimously denied on admissibility grounds.”.

VI.REGARDING THE VIOLATION OF THE PROPERTY RIGHTS OF THE AFRO-DESCENDANT POPULATION, THE FAILURE TO RECOGNIZE ANCESTRAL LANDS, AND THE REGULATORY PLAN. After analyzing the evidence submitted and in accordance with the precedents cited in Considerando V of this judgment, this Court finds no violation of the fundamental rights of the protected parties with respect to this aspect of the appeal. In the appeal filed by [Nombre 001] and others, they claim that the property rights of the Afro-descendant community in Cahuita, Puerto Viejo and Manzanillo are being violated because the Southern Caribbean Coastal Regulatory Plan (Plan regulador costero del Caribe sur) will be imposed on Afro-descendant ancestral territories protected by ILO Convention 169, since that document declares this area to be part of the Mixed Area for Tourism and the Community, which means that residents will have to pay a fee (canon) and could face eviction and demolition of their properties if they fail to do so.

As for appellant [Nombre 015], he states: i) that the rights of ownership, use, conservation, and protection over ancestral lands held by the Afro-descendant population in the Southern Caribbean as a tribal people have not been recognized, in violation of ILO Convention 107, since that convention binds States to protect the rights of indigenous and tribal populations, as well as ILO Convention 169, which establishes the right to protection of environmental rights and natural resources in Afro-descendant tribal lands; and ii) he requests that the respondents be ordered to suspend the processing of the Southern Caribbean Coastal Regulatory Plan until the Costa Rican State, together with the tribal community, delimits the ancestral territories that may not be affected by it.

First, with regard to the claims specifically concerning the implementation of the Regulatory Plan and the violation it causes to the ancestral property rights of Afro-descendant peoples in the Southern Caribbean, consideration must be given to the rulings in judgments No. 31756-2023 at 9:30 hours on December 7, 2023, No. 324-2024 at 9:15 hours on January 10, 2024, No. 35187-2024 at 9:35 hours on November 26, 2024, and No. 22181-2025 at 9:15 hours on July 16, 2025. This is because, since the Talamanca Coastal Regulatory Plan–Cahuita District is not currently in force, given that the public hearing has not yet been held under the parameters required by this Court of the Municipalidad de Talamanca, there is no actual violation of the property rights of the Afro-descendant community in Cahuita, Puerto Viejo and Manzanillo. It must also be taken into consideration that, as already indicated, the consultation mechanism arising from ILO Convention 169 is being developed for the Afro-descendant population.

Nor can this Chamber grant the request to order the respondents to suspend the processing of the Regulatory Plan until the Costa Rican State delimits the ancestral territories that may not be affected by it, because i) as already indicated, the Regulatory Plan is suspended because the public hearing ordered by the Chamber has not yet been held; and ii) as explained in Considerando IV, delimiting ancestral territories, or ordering the competent authority to carry out that delimitation in a particular manner, is not a function of constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional).

Lastly, regarding the claim by appellant [Nombre 015] that the rights of ownership, use, conservation, and protection over ancestral lands held by the Afro-descendant population in the Southern Caribbean as a tribal people have not been recognized, nor have the environmental rights and rights over natural resources in Afro-descendant tribal lands, it is important to review the precedent established by resolution No. 3113-2009 at 14:59 hours on February 25, 2009, of this Constitutional Chamber.

As detailed in the proven facts, this judgment declared unconstitutional Ley No. 8464 “Declaration as a City for the Communities of Cahuita and Puerto Viejo of the Canton of Talamanca, Province of Limón” of October 25, 2005. That decision contains a significant precedent concerning the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and ancestral territories in the Southern Caribbean, because it determined that the challenged provision violated the principle of inviolability (intangibilidad) of the maritime-terrestrial zone by allowing persons who had possessed land for more than 40 years to assert rights, privately occupy land, and register private ownership within the maritime-terrestrial area. It also held that this measure entailed differential treatment in violation of Article 33 of the Constitution by allowing residents of the communities of Cahuita and Puerto Viejo—to the detriment of the public domain—to appropriate part of the public zone, while the rest of the population is prohibited from doing so. Specifically, the decision states:

“This Chamber is not unaware of the original intent of the bill that gave rise to the challenged law; however, it should be noted that the opportunity to obtain deeds to properties in the maritime-terrestrial zone in the areas of Cahuita and Puerto Viejo remained open from 1935 to 1977 for Puerto Viejo and from 1915 to 1977 for Cahuita, so the original residents of the area had that period of time in which to acquire their ancestral lands.” (see resolution No. 03113 – 2009 at 14:59 hours on February 25, 2009) In accordance with that judgment, this Chamber held that, following the enactment of Ley sobre Zona Marítimo Terrestre No. 6043 of March 2, 1977, the inviolability of the maritime-terrestrial area as public-domain property takes precedence over the possibility of acquiring or privatizing ownership of lands within it, even where those lands are ancestral. Therefore, because the public authorities have not, to date, delimited ancestral properties in the case of the Afro-Costa Rican population and because there is no sufficiently developed regulatory framework in this regard that would allow this Court to examine whether this does or does not constitute an exception to the inviolability of the maritime-terrestrial zone, the appropriate disposition is to deny this aspect of the appeal.

VII. REGARDING THE VIOLATION OF THE RIGHT TO CONSULTATION AND SELF-DETERMINATION OVER THEIR ANCESTRAL TERRITORY

Regarding the claims in the amparo appeal (recurso de amparo) filed by [Nombre 001] and others, they allege that the right of the Afro-Costa Rican community of Cahuita to consent and to free, prior, and informed consultation is being violated through the approval of the Regulatory Plan, because the views of the population concerning its implementation were not taken into consideration, in violation of Article 6.1 of ILO Convention 169. With regard to the allegations of the protected party [Nombre 015], in addition to reiterating the claims made in the amparo appeal filed by [Nombre 001] and others, he stated i) that the Costa Rican State has failed to comply with the recommendations of the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination concerning the application of the right to prior consultation (consulta previa) in relation to the Afro-descendant population, in accordance with ILO Convention 169; and ii) that the State violated the fundamental rights of the Afro-descendant population by failing to recognize the right to self-determination (autodeterminación) over its ancestral territory.

First, it is important to review two of the precedents cited in Considerando V of this judgment.

First, through resolution No. 31756-2023 at 9:30 hours on December 7, 2023, this Chamber ruled as follows: “The appeal is partially granted. The public hearing held on August 04, 2023, is annulled. Rugeli Morales Rodríguez and Yahaira Mora Blanco, mayor and president of the Council, respectively, both of the Municipalidad de Talamanca, or whoever holds those offices in their stead, are ordered to issue such directives as fall within the scope of their authority and to undertake the necessary coordination so that, within a maximum period of THREE MONTHS from notification of this judgment, a new public hearing is scheduled for the Cahuita District Coastal Regulatory Plan project in the Canton of Talamanca and the members of the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi “ADI Keköldi” are given adequate advance notice thereof…”.

Subsequently, through resolution No. 35187-2024 at 9:35 hours on November 26, 2024, in which a motion concerning noncompliance (gestión de desobediencia) with the order issued in the preceding decision was filed, this Court analyzed the holding of a second public hearing as follows: “Now, although the respondent authorities state that, by calling meetings, they sought to engage with the Board of Directors of ADI-KEKOLDI to address the Coastal Regulatory Plan, with the aim of sharing information about it in order to resolve questions and submit proposals, among other actions, and that those efforts were unsuccessful, the fact remains that this Chamber is unable to establish that the hearing held on March 08, 2024, complied with the procedure and principles governing the conduct of an Indigenous Consultation (Consulta Indígena) under the terms previously explained…” Accordingly, the operative portion (parte dispositiva) stated: “The motion concerning noncompliance is granted.

Rugeli Morales Rodríguez and Julio Molina Masís, mayor and president of the Municipal Council, respectively, both of the Municipalidad de Talamanca, or whoever holds those offices in their stead, are again directed to comply with the order issued by this Chamber in judgment No. 2023031756 at 09:30 hours on December 07, 2023, under the terms established therein. The foregoing is subject to the warning that, if noncompliance is established, an administrative proceeding may be ordered against the official who refuses to comply with this Chamber’s ruling and, in addition, certified records may be forwarded to the Ministerio Público regarding the possible commission of the offense of disobedience (Articles 53 and 71 of the law governing constitutional jurisdiction)…”.

The foregoing rulings resulted from the violation of the fundamental rights of indigenous peoples arising from the intention to approve the Regulatory Plan without properly conducting the public-hearing process, because their views concerning its implementation were not taken into consideration. This is supported by extensive case law of the Court and by the mechanisms defined by law and regulation for conducting that specific type of consultation. On that point, the following has been established:

“IV.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO PRIOR CONSULTATION. The fundamental right to prior consultation is grounded in the protection of indigenous and tribal peoples and in the elimination of the historical exclusions they have endured. It establishes a model of governance in which participation is an indispensable prerequisite for guaranteeing the other rights and interests of communities, such as cultural integrity, self-determination, territory, and the use of natural resources, etc.; it is therefore an inalienable right and entails obligations for both the State and private parties. This right requires that indigenous and tribal communities be consulted regarding any decision that directly affects them, so that they may express their views on the manner and reasons upon which a given measure is or was based, since it clearly affects or will affect their lives. Likewise, the right to prior consultation is incorporated through the body of constitutional law by means of several international human rights instruments, most notably International Labour Organization Convention 169—hereinafter ILO Convention 169—the International Covenant on Civil and Political Rights—hereinafter ICCPR—the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights—hereinafter ICESCR—and the American Convention on Human Rights—hereinafter ACHR.

These instruments are binding for the resolution of disputes and also constitute a framework for action to guarantee consultation by States with indigenous peoples, as a principle of public international law. In addition, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by Resolution 61/295, and the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, together with General Recommendation No. 23 of 1997 concerning the rights of indigenous peoples, help define the scope of the fundamental right to prior consultation. Specifically, ILO Convention 169 provides that the principles of participation and consultation are fundamental. Article 6 thereof establishes the State’s general duty to consult indigenous and tribal peoples likely to be directly affected by the issuance of administrative or legislative measures. It provides that prior consultation must be conducted using pertinent and appropriate mechanisms and procedures to reach an agreement with the community’s representative authorities, and Article 7.3 provides that States shall ensure that studies are carried out, in cooperation with the peoples concerned, to assess the social, spiritual, cultural, and environmental impact that activities undertaken may have.

The ICCPR and the ICESCR, for their part, contain a common article concerning the right of peoples to self-determination, which entails their determining their economic, social, and cultural development and freely disposing of their natural wealth and resources. This right has been consistently interpreted in international case law, particularly through the work of the Human Rights Committee and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which are the authoritative interpreters of these treaties, as provisions applicable to indigenous peoples, without this implying the possibility of those peoples’ political independence from the States of which they form part (external self-determination), but rather a right to make decisions concerning their economic, social, and cultural development and to dispose of the wealth and natural resources in their territories, in accordance with their customs and practices, within constitutional limits and with respect for the territorial integrity of States (internal self-determination).

This entails, among other things, the duty of States to properly demarcate and protect the territories of these peoples and to consult them regarding measures that directly affect them. The ACHR contains no express article on prior consultation; however, based on the requirements of the indivisibility and interdependence of human rights, the Inter-American Court of Human Rights—hereinafter I/A Court H.R.—in Sarayaku v. Ecuador, stated that the obligation of States to consult indigenous or tribal peoples is a principle of public international law. The I/A Court H.R. has indicated that these consultations with indigenous and tribal communities are directly related to Article 1.1, which establishes the general obligation to guarantee the free and full exercise of the rights recognized in the Convention. It has also noted that consultation and community participation guarantee other rights, such as territory, the environment, and cultural integrity, and this has enabled it to link consultation with Article 23 of the ACHR.” (see resolution No. 31756-2023 at 9:30 hours on 7 de diciembre de 2023) That being so, as the appellants stated, this fundamental right to prior consultation derives from Article 6 of ILO Convention 169, which is a mandatory provision directing States to consult the peoples concerned, through appropriate procedures and their representative institutions, regarding measures likely to affect them directly.

On this same matter, the case law of this Court has explained that the active participation contemplated in this provision does not consist merely of notifying the peoples concerned or sending them information regarding the holding of informational meetings. What this concept actually seeks is to ensure that the peoples have an influence on the decision adopted by the authorities, thereby constituting a process of dialogue.

Next, for purposes of understanding what a consultation process through the representative institutions of the Afro-Costa Rican community would entail, it is relevant to recall that Article 3 of Executive Decree No. 43532-MP-MINAEMCJ-MEP of 18 de mayo de 2022 establishes the Afro-Costa Rican Tribal People’s Forum as a body for consultation, dialogue, and coordination between the Afro-Costa Rican tribal people and government institutions, and also provides that the Forum is administered by the Cahuita Comprehensive Development Association. In addition, as follows from the established facts, that entity was constituted on 26 de noviembre de 2022, through extraordinary session No. 122 of the board of directors of the Cahuita ADI itself.

Thereafter, as was also explained in Recital IV of this judgment, through official letter No. PR-DP-0556-2024 of 18 de junio de 2024, Gabriel Aguilar Vargas, Director of the Office of the Presidency of the Republic, confirmed that on 30 de mayo de 2024 the government submitted to the Afro-Costa Rican Tribal Forum a draft request to initiate the free, prior, and informed consultation procedure to be carried out with respect to the Afro-descendant population.

In accordance with the foregoing considerations, it may therefore be stated that the Afro-Costa Rican Tribal People’s Forum constitutes a representative institution of the Afro-descendant tribal people. This means that, in direct application of ILO Convention 169, government bodies are required to maintain an intercultural dialogue with this organization. According to the evidence submitted by the appellant, Presidential Office officials have demonstrated that they are working hand in hand with the Forum to develop a free, prior, and informed consultation procedure to be carried out with respect to the Afro-descendant population. Nevertheless, the question arises whether the fact that this instrument has not been completed prevents the parameters of Convention 169 from applying to the specific consultation sought here. Article 6 of the Convention provides as follows:

“1. In applying the provisions of this Convention, governments shall:

(a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and particularly through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures that may affect them directly; (b) establish means by which the peoples concerned may participate freely, at least to the same extent as other sectors of the population, and at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programs which concern them; (c) establish means for the full development of these peoples’ own institutions and initiatives and, where appropriate, provide the resources necessary for this purpose.

2. The consultations carried out pursuant to this Convention shall be undertaken in good faith and in a manner appropriate to the circumstances, with the objective of reaching agreement or obtaining consent regarding the proposed measures.” Having reviewed the text of the provision and the evidence added to the record, the Chamber finds that sufficient conditions exist to go beyond holding a merely informational session and instead conduct a consultation under the terms established in Article 6 of Convention 169. Those conditions would consist of the formal legal recognition of an interlocutory body, as well as a municipal commission on Afro-descendant affairs, which would make it possible to define the terms of such consultation in harmony with Convention 169. In that regard, the municipal authorities are responsible for ensuring that this intercultural dialogue between equals is effectively carried out.

The foregoing is consistent with the terms in which this Chamber’s resolution No. 31756-2023 at 9:30 hours on 7 de diciembre de 2023 addressed the deficiency in the consultation with the indigenous people associated with the Kekoldi territory:

“In the opinion of this Constitutional Court, certain criteria exist for identifying the direct impact of administrative measures concerning communities. Accordingly, a direct impact may be understood as any measure that alters the status of an individual or community, either because it imposes restrictions or burdens upon them or, conversely, grants them benefits. In this regard, a direct impact occurs regardless of whether it is positive or negative, since that is precisely the matter that must be resolved by consulting the affected indigenous peoples. To reiterate, prior consultation is required if a general measure affects ethnic peoples with particular intensity or in a differentiated manner; for this purpose, it must be understood that the territory of the Keköldi Indigenous Reserve is linked to the concept of direct impact and, consequently, to the application of prior consultation.

There is no doubt or dispute regarding the stated rule. The difficulty in applying it arises solely from the concept of ethnic territory, since this extends beyond a formally demarcated physical space, such as a reservation, and is linked to other cultural, ancestral, and spiritual elements (Article 14 ILO Convention 169).” (see resolution No. 31756-2023 at 9:30 hours on 7 de diciembre de 2023) Taking into account the foregoing precedent, as well as the analysis conducted by this Court on that occasion regarding the implementation of the regulatory plan (Plan regulador) in that territory, the evidence submitted by the respondents likewise establishes that, cartographically, the territory forms a single unit with the coastline sought to be regulated and that, at present, several of the activities that would be subject to the regulatory plan are carried out adjacent to the locations of the coastal towns of Cahuita, Puerto Viejo and Manzanillo.

Therefore, because the Mixed Area for Tourism and the Community (Área Mixta para el Turismo y la Comunidad) is an area adjacent and contiguous to the places inhabited by Afro-descendant communities, there is, at a minimum, a need for them to be taken into consideration through an active dialogue process regarding the effects that implementation of that regulatory plan would have.

Accordingly, since the Convention cited supra may be applied directly, the appropriate course is to grant this claim in the amparo action (recurso de amparo) under the terms set forth in the operative part of this decision.

VIII. REGARDING THE FELLING OF TREES IN ANCESTRAL TERRITORIES IN GANDOCA MANZANILLO

After analyzing the evidence submitted, this Chamber finds no violation of the protected parties’ fundamental rights with respect to this claim in the amparo action. As may be gathered from the initial filing, the protected party [Nombre 015] alleges that the rights of the Afro-descendant population are being violated by allowing trees to be felled on a property located in ancestral territories within Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, as well as by granting permits for hotel developments in the area, which constitutes a violation of ILO Convention 169 because of the obligation of States to delimit and recognize Afro-descendant ancestral territory. In addition, he expresses his disagreement with statements made by the President of the Republic on this matter.

First, in the sub lite proceeding, the claimant merely sets forth a series of allegations, framed in the abstract, against actions carried out by public institutions concerning matters that he believes should not be permitted—without mentioning any specific and current case. This claim is clearly inadmissible and must therefore be rejected.

In addition, it must be clarified that, as established in the findings of fact pertaining specifically to this claim, this Constitutional Court has already addressed this issue on several occasions. First, through judgment No. 12745-2019 of 12:10 hours on July 10, 2019, this Chamber, by majority vote, granted the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed against Law No. 9223, “Recognition of the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean,” because it found that the law reduced part of a protected area within Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Consequently, this Chamber ordered the SINAC authorities to delimit the affected area and, together with the Procuraduría General de la República, to pursue the corresponding legal actions in defense of public property.

Subsequently, through decision No. 3959-2024 of 9:30 hours on February 16, 2024, this Chamber ordered the SINAC authorities, within a period of three months, to supplement the certification of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE) in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the canton of Talamanca, based on the June 2021 “Characterization and Delimitation of Wetlands,” and ordered the authorities of INVU and Municipalidad de Talamanca to take the necessary steps to incorporate that update into the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero).

Likewise, the respondent authorities’ failure to comply in that case was reiterated in decision No. 10951-2024 of 9:20 hours on April 26, 2024, which, although emphasizing the mandate established by this Court in the aforementioned judgment No. 3959-2024, also ruled against the respondents because there was no updated technical assessment concerning the 2017 PNE certification, even though inconsistencies in that certification had been identified on multiple occasions, and instructed that a certification be issued delimiting all State Natural Heritage strips within the Maritime-Terrestrial Zone of the canton of Talamanca, with proper technical support.

In addition, through decision No. 26300-2024 of 13:10 hours on September 10, 2024, the Chamber granted a motion alleging disobedience (gestión de desobediencia) against the authorities of SINAC, MINAE and Procuraduría General de la República for failing to comply with the aforementioned decision No. 12745-2019 of 12:10 hours on July 10, 2019. On that occasion, the representatives of those institutions were again directed to take the appropriate measures within the scope of their respective powers to ensure compliance with that decision and, once SINAC had completed the delimitation of the relevant area, for the Procuraduría, acting jointly, to pursue the appropriate legal actions in defense of public property.

In the same vein, through the decision of 12:56 hours on March 7, 2025, this Court, in accordance with the rulings in judgments No. 12745-2019 of 12:10 hours on July 10, 2019 and No. 26300-2024 of 13:10 hours on September 10, 2024, and in view of the public authorities’ persistent failure to comply with the orders in the cited decisions, imposed the following interim measures (medidas cautelares): i) suspension by Municipalidad de Talamanca of the granting of new concessions and the implementation of concessions already granted within the forested area located in the refuge’s Maritime-Terrestrial Zone; ii) suspension of MINAE Directive No. 09-2023; and iii) declaration of a total moratorium on the granting by MINAE and SINAC of permits for tree felling and forest harvesting (aprovechamiento forestal) in the forested areas that must be returned to the refuge.

Lastly, through judgment No. 22181-2025 of 9:15 hours on July 16, 2025, this Chamber declared unconstitutional and therefore annulled the 2017-2023 General Management Plan of Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, an executive summary of which was published in Supplement N° 42 to La Gaceta N° 39 of February 28, 2022. This measure requires the SINAC authorities to correct the constitutional defects identified by the Chamber within a period of one year. Accordingly, because a challenge against subconstitutional regulations (normativa infra constitucional) was granted on the ground that those regulations violated environmental principles under Constitutional Law (Derecho de la Constitución), corrections will have to be made to protect the refuge’s ecosystems and to counteract the significant regression in environmental protection along Costa Rica’s Caribbean coast that prompted the filing of that challenge.

This means that, although the claims made by the protected party [Nombre 015] are general and abstract in nature, this Court informs him that, on the recent prior occasions described above, this Chamber already addressed the environmental damage that occurred within Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. In light of the foregoing, the appropriate course is to deny the amparo action with respect to this claim.

IX. REGARDING THE REQUEST FOR INFORMATION SUBMITTED BY THE PETITIONER [Nombre 015]

After analyzing the evidence submitted, this Court finds a violation of the protected party’s fundamental rights with respect to this claim in the amparo action. The report submitted by the representative of the respondent authority—which is deemed to have been given under oath, subject to the consequences, including criminal penalties, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidentiary record establish that, on March 18, 2024, through official letter No. AEL-0058-2024, the petitioner requested the following information from the respondent authority: “…I request that the honorable Council report whether the Municipality has at its disposal any official map delimiting the ancestral territory of Afro-descendants, since those areas are protected internationally and belong to the Afro-descendant tribal population. They therefore cannot be included in or affected by any regulatory plan.” It is also established that, on March 21, 2024, through official letter No. SCMT-021-2024, the secretariat of the respondent’s Municipal Council replied to the protected party’s request for information as follows: “In response to your official letter AEL-0058-2024, I hereby inform you that it was considered by the Concejo Municipal de Talamanca at ordinary session 200 of March 20, 2024, where it was referred to the municipal legal affairs committee for review and an opinion.” Under these circumstances, a violation of Articles 27 and 30 of the Political Constitution is established.

It is determined that the request submitted by the protected party on March 18, 2024 has not been addressed by the respondent. In this regard, although the municipal government states in the report submitted to this Chamber that it did provide the petitioner with a response within the period required by law, informing him that the request was being handled by the appropriate body, the fact remains that this does not constitute a formal response to what he requested, and the respondent authority is required to answer him in the terms requested. In light of the foregoing, the appropriate course is to grant the amparo action with respect to this claim.

X. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

This Chamber must notify the petitioner that, if any documents were submitted, whether on paper, as well as any objects or evidence stored on any additional device or by electronic, computer, magnetic, optical or telematic means, or produced using new technologies, they must be collected from the court office within 30 business days after receipt of notice of this judgment; otherwise, all such materials will be destroyed in accordance with the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The consolidated actions are partially granted. Rugeli Morales Rodríguez and Julio Molina Masís, respectively Mayor and President of the Council, both of the Municipalidad de Talamanca, or whoever may hold those offices in their stead, are ordered to issue such directives as fall within the scope of their authority and to coordinate whatever is necessary so that: i) within a maximum period of THREE MONTHS from service of this judgment, a consultation with the Afro-descendant tribal people concerning the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) for the Distrito de Cahuita of the Cantón de Talamanca is scheduled, in accordance with Article 6 of ILO Convention 169; and ii) within a maximum period of THREE DAYS from service of this judgment, a response is provided, as required by law, to the petition filed by the protected petitioner (amparado) on 18 de marzo de 2024 through official letter No. AEL-0058-2024.

The foregoing is ordered with the warning that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that they must comply with or enforce, and fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to three months to two years’ imprisonment or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipalidad de Talamanca is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, the amount of which shall be determined in judgment-enforcement proceedings (ejecución de sentencia) before the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa). As to all other claims, as well as those concerning the Instituto Costarricense de Turismo (ICT) and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), the actions are denied.

Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Jorge Isaac Solano A.

Alexandra Alvarado P.

1

Secciones

Marcadores

Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil veinticinco .

Recursos de amparo acumulados No. 23-027898-0007-CO interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 009], [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 008], [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 007], [Nombre 007], cédula de identidad [Valor 010], [Nombre 008], cédula de identidad [Valor 011], [Nombre 009], cédula de identidad [Valor 012], [Nombre 010], cédula de identidad [Valor 013], [Nombre 011], cédula de identidad [Valor 014], [Nombre 012], [Nombre 013], cédula de identidad [Valor 015], [Nombre 014], cédula de identidad [Valor 016] y No. 24-013786-0007-CO, interpuesto por [Nombre 015], cédula de identidad [Valor 017], a favor de la POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE, contra la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO.

Resultando:

  1. 1Por escrito aportado en la Secretaría de la Sala el 9 de noviembre de 2023, los recurrentes interponen recurso de amparo y manifiestan: alegan violación al derecho de propiedad privada, colectiva y ancestral del pueblo tribal ubicado en Cahuita, Limón. Explican que, como cultura afrodescendiente, están ubicados históricamente en el Caribe de Limón, llegando a Costa Rica con los conquistadores, aproximadamente entre los siglos XVII y XVIII; posteriormente en los años de 1870, sus descendientes fueron desplazados como trabajadores para la construcción del ferrocarril y las plantaciones bananeras, en la zona de Limón. Sin embargo, actualmente no les dan el debido reconocimiento institucional de sus derechos como población tribal. Agregan que fue hasta hace 2 años que mediante Decreto Ejecutivo N° 43191-MP-MCJ del 31 de agosto de 2021, se emitió la declaratoria de interés público a la población afrocostarricense, identidad cultural, idioma, tradición histórica y cosmovisión.Además, se estableció la creación de la mesa para el proceso de reconocimiento de pueblos tribales afrocostarricenses; luego, el 5 de mayo de 2022, mediante el Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, se emitió la constatación del auto reconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal (véase el artículo 2), mediante el cual se reconocen sus características históricas, idioma, tradiciones, cultura, cosmovisión y el autoreconocimiento que les diferencia del resto de la población costarricense. Apuntan que, si bien históricamente, se ubican a lo largo de la costa, dependiendo de su cultura, economía, desarrollo y subsistencia, con la Ley N° 35 del 5 de julio de 1915, se ordenó la reubicación forzosa de su pueblo, de lo que actualmente es el Parque Nacional Cahuita, ubicándolos al margen del mar, que es lo que se conoce hoy como Cahuita centro y es por esta razón que actualmente se encuentran en esa área (Cahuita), desde hace más de 100 años (véase artículos 1, 5 y 9 de la Ley N° 35).De forma que los títulos, posesión, sentido de pertenencia, proyectos de vida, desarrollo económico, social y cultural en esta zona, corresponde a acciones del Estado. Acotan que posteriormente, mediante Ley No. 2330 del 9 de abril de 1959, se ratificó el Convenio 107 de la OIT, incorporándolo al ordenamiento jurídico (véase el Convenio 107, Artículo 11). Señalan que el 2 de marzo de 1977 se aprobó la Ley N° 6043 en la que se establece la zona que habitaban como parte del patrimonio del Estado y se le concedió en administración a la municipalidad (véase el artículo 1º). Refiere que posteriormente se aprobó la Ley N° 7316 del 3 de noviembre de 1992, con la que se ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y Tribales, con el cual se amplían los términos de identidad tribal y se establecen los mecanismos mediante los cuales el Estado debe garantizarle el derecho a la cultura, cosmovisión, tradición, identidad, consentimiento, recursos naturales y a las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos Tribales (Véase Convenio N° 169, Artículo 14 1).Destacan que las tierras tradicionalmente ocupadas por su pueblo, eran las ubicadas a lo largo de la costa, antes y después de la reubicación del pueblo. Señalan que con la ley N° 9221 del 27 de marzo de 2014, se modificó el artículo 6 de la ley N° 6043, estableciendo que las ciudades, zonas urbanas y propiedades inscritas no podían formaban parte de los bienes demaniales del Estado (véase la Ley N° 6043. Artículo 6). Indican que, a partir de 1915, el Estado otorgó escrituras a los reubicados, declaró Cahuita cuidad, estableciendo un poblado que actualmente es la comunidad de Cahuita; y que, según la modificación del artículo anteriormente citado, esta área no forma parte de los bienes demaniales del Estado, por lo que tampoco deben ser administrados por la Municipalidad de Talamanca. Sea que la ley 6043 de 1977, fue respetuosa de la propiedad privada, generando en el artículo 8 el procedimiento para rescatar áreas como parte del patrimonio del Estado.Alegan que actualmente no se han implementado políticas públicas capaces de resguardar sus derechos como población tribal; por el contrario, antes del vencimiento de la moratoria de la Ley N° 9577 de 2018 sobre Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, ampliada mediante Ley de moratoria 10000 del 1 de julio de 2021, misma que vence en julio del 2024. Señalan que el ICT, la Municipalidad de Talamanca y el INVU, en fecha jueves 5 de octubre de 2023, publicaron en la Gaceta N° 193 el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, el cual vulnera la Ley N° 6043. Pues, dispusieron que se debía implementar un Plan Regulador de aptitud turística, determinando mediante imposición de la Administración qué áreas debían corresponder a cada zona (véase recuadro), para su uso conveniente. Acusan que, con ello, se afecta lo que se había declarado como ciudad o poblado de Cahuita, que fue el lugar en el que se reubicó a la población afrodescendiente desplazada, pues en su mayoría fue declarada parte del Área Mixta para el Turismo y la Comunidad; sea que deben someterse a dicho plan regulador, lo cual implica cancelar canon o sufrir el desalojo y demolición, según lo establece el artículo 14.(Véase punto 6 inciso 1, 2, 3, 4 y 5 del Anexo del Plan Regulador). Refieren que, como habitantes de Cahuita, tienen sus construcciones y uso de sus propiedades de acuerdo a sus necesidades, posibilidades económicas, las cuales en su mayoría no se adaptan a lo recién establecido en el Plan Regulador Costero; no cuentan con recursos económicos suficientes para realizar las exigencias establecidas, como por ejemplo adaptar sus construcciones, cumplir con las exigencias para el manejo de las aguas residuales, estudios hidrológicos, evaluación ambiental de SETENA. Destaca que en el anexo del Plan Regulador se evidencia el reconocimiento por parte de la municipalidad, el INVU y el ICT, de un pueblo tribal, asentado en esta zona con anterioridad a la ley N° 6043 (véase Anexo 9 y 12). De manera que, la municipalidad, el INVU y el ICT, tenían pleno conocimiento que debía aplicar lo establecido en el artículo 2 de la ley 9221 y, por ende, debía implementarse un Plan Regulador urbano, puesto que Cahuita se formó como poblado antes de la Ley N° 6043 y su declaratoria como ciudad fue por las circunstancias generadas por el Estado, con la reubicación mediante la Ley N° 35 en 1915.No obstante, lo obviaron e implementaron un plan regulador costero de viabilidad turística, cuando podían optar por el plan de viabilidad urbana, que era el que más se adaptaba a la zona; y con lo cual omitieron su realidad histórica, violando el derecho a la propiedad privada, la posesión privada y colectiva del pueblo tribal, el derecho a las tierras ancestrales como pueblo tribal, de acuerdo al Convenio N° 169 de la OIT. Acusan que la municipalidad accionada pretende cobrarles un canon sobre el uso de sus tierras, les limitan el uso, les condicionan la forma de construir, de vivir, vulnerando incluso la ley N° 6043, obligándolos a vivir en tierras ajenas o ser desalojados, a perder el patrimonio, amenazándolos con el desarraigo de sus tierras; situación que les expondría a la pérdida de su cultura, planes de vida, costumbre, tradición, forma de vida, desarrollo y supervivencia. Apuntan que ninguna de las autoridades recurridas tomó en consideración el derecho ancestral, colectivo, privado, y de posesión sobre las tierras como pueblo tribal, simplemente tomaron sus propias decisiones.Argumenta que el caso del Pueblo Samaraka Vs. Surinam que conoció la Corte IDH, es aplicable con la situación denunciada, pues se vulneran los derechos de reconocimiento, consulta, consentimiento y respeto a la propiedad privada del pueblo tribal. Asimismo, le es aplicable el aspecto del derecho a la tierra, lo referente a la indemnización justa y previa, la participación en los beneficios para el pueblo tribal derivados de la implementación del Plan Regulador. Apuntan que para la elaboración del Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, no se tomó en consideración el consentimiento del pueblo tribal, como tampoco la consulta previa libre e informada; el único procedimiento realizado fue el establecido en el artículo 43 del Código Municipal, pero nunca se les consultó si estaban o no de acuerdo con la implementación de un plan regulador, o si les parecía un plan regulador costero de viabilidad turística o un plan urbano.Por lo cual, estiman que en la elaboración del procedimiento para la aprobación del plan regulador citado se han violado los artículos 6 y 15 del Convenio N° 169. Así como la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada; pues no es suficiente lo que pretenden los recurridos, que es justificar como consulta, dado que a las reuniones invitaron solo a grupos elegidos, y no para tomar opinión, tampoco para recibir aportes, fueron espacios informativos para exponer las decisiones ya tomadas y que se pretendía plasmar en el Plan Regulador. Sostienen que estos espacios no fueron adaptados a lo que refiere la consulta del artículo 6 del Convenio N° 169, tampoco se adaptaron de forma diferenciada y los espacios fueron reducidos para los invitados. Acusan que, en la mal llamada audiencia pública, únicamente se expusieron las decisiones de los recurridos, se les dio la palabra a algunos participantes y se concluyó que el Plan regulador estaba listo para la aprobación del Concejo.Luego, con la publicación en la Gaceta se enteraron que habían agregado un anexo al plan regulador, para el que nunca se dio un espacio y, por ende, se desconocía por completo. Arguyen que era obligación involucrarlos en las decisiones del INVU y el ICT, en sus manuales de elaboración del Plan Costero y demás decisiones administrativas que estaban enfocadas a afectarles de forma directa; empero, utilizaron su presencia en una reunión pública llamada consulta pública, para posteriormente difundir que ya se había consultado, cuando claramente fue una exposición de imposiciones contra su pueblo y sus derechos. Por lo expuesto, acuden a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicitan que se declare con lugar el recurso.
  2. 2Por resolución de las 6:22 horas del 5 de diciembre de 2023, la Sala le dio curso al presente recurso de amparo.
  3. 3Por medio del documento No. DM-600-2022 del 7 de diciembre de 2023, William Rodríguez López, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, informa bajo juramento lo siguiente: “El recurso de amparo en cuestión, se estructura en dos argumentos, a saber: 1. Violación de propiedad privada, colectiva y ancestral del pueblo tribal ubicado en Cahuita, Limón. 2. Violación al derecho al consentimiento, consulta libre, previa e informada. En el presente informe, se evidenciará que los recurrentes no llevan razón y por lo tanto, desde ya solicito que el Recurso de Amparo sea declarado sin lugar. I. Sobre la pretendida violación de propiedad privada, colectiva y ancestral del pueblo tribal ubicado en Cahuita. En la redacción del primer argumento, en lugar de exponer una violación a un derecho constitucional, lo que se hace es exponer antecedentes históricos que tienen nula trascendencia jurídica en este asunto.El recurrente cita en su primer argumento, distinta normativa internacional referente al reconocimiento de pueblos indígenas y tribales que ha sido ratificada por nuestro país, sin embargo, en ningún momento demuestra cómo, el plan regulador objetado, violenta los derechos establecidos en los distintos instrumentos jurídicos de tutela de derechos humanos de pueblos indígenas y tribales. Es criterio del suscrito que, no alegándose violaciones a derechos fundamentales, lo expuesto por los accionantes, no es un tema de constitucionalidad, sino de oportunidad y ésta no es la vía establecida legalmente para conocer el presente asunto. Ejemplo de lo anterior, el siguiente extracto del primer argumento presentado por los recurrentes: ¨Con lo citado anteriormente se logra determinar que la Municipalidad, ICT E INVU, tenían pleno conocimiento que debía aplicar lo establecido en el siguiente artículo de la ley 9221, por lo se debía implementar era un Plan Regulador Urbano siendo que Cahuita se formó como poblado antes de la Ley N. 6043 y su declaratoria como ciudad.¨ La Ley 9221 se denomina ¨ Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial¨ y su artículo 1 establece lo siguiente: ¨ ARTÍCULO 1.- La presente ley establece el marco regulatorio para la declaratoria de zonas urbanas litorales y el régimen de uso y aprovechamiento de las áreas comprendidas en ellas.Esta ley no desafecta las áreas de naturaleza demanial incorporadas a las zonas urbanas litorales.¨ Se desprende claramente que lo argumentado no es un tema de violación de derechos constitucionales que es lo que se ampara en esta vía, sino, un tema de legalidad y oportunidad, lo que implica el necesario rechazo del recurso de amparo en cuestión. Ahora bien, aunado a lo anterior, mediante oficio DPD-P-129-2023, el Departamento de Planeamiento del ICT manifiesta que: ¨ A la fecha, no se conoce por parte del Instituto Geográfico Nacional, una delimitación geográfica de un “pueblo Tribal”, que quede exento de la aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.¨ Expuesto lo anterior, no es jurídicamente viable argüir que, el Plan Regulador en cuestión, vulnera el derecho de propiedad privada, posesión privada y colectiva del pueblo Tribal. Por lo anterior, es criterio del suscrito que, debe de rechazarse el primer argumento del recurso de amparo de marras.II. Sobre la pretendida violación al derecho al consentimiento, consulta libre, previa e informada. El segundo argumento de los accionantes es que, para la elaboración del Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, no se tomó en consideración, el consentimiento del pueblo tribal, así como tampoco la consulta previa e informada. Indican que no se consultó si estaban o no de acuerdo con la implementación del plan regulador. Alegan que, al menos se les hubiera consultado si les parecía un plan regulador costero de viabilidad turística o urbano. El segundo argumento, a diferencia del primero, tiene intrínseco un bien jurídico constitucional y uno, de legalidad, se ahonda a continuación. Se dice que el segundo argumento sí tiene tácitamente un bien constitucionalmente tutelable por cuanto, es reconocido el derecho a consulta de los pueblos indígenas, sin embargo, tal y como se obtiene del informe DPD-P-129-2023 del Departamento de Planeamiento del ICT, el Plan Regulador objetado sí fue sometido a consulta pública.Al respecto, el citado informe expresa lo siguiente: ¨ 2. El Plan Regulador se elabora para la zona marítimo terrestre en un proceso llevado a cabo por el INVU y la Municipalidad de Talamanca. Como corresponde, la municipalidad asumió la realización de talleres de consulta previos a contar con la propuesta de plan regulador. 3. La Municipalidad de Talamanca, remitió a ICT la documentación de una propuesta de plan regulador de la ZMT para su revisión y aprobación y de conformidad con el procedimiento institucional vigente, se realiza dicha revisión incluyendo tanto la revisión de gabinete como la inspección de campo. Como resultado de este proceso de revisión el ICT comunicó a la Municipalidad las observaciones y aspectos a subsanar para continuar con el trámite de aprobación. 4. La municipalidad reingresó la propuesta del plan de nuevo al ICT para una segunda revisión en la que se verifica que fueron efectivamente subsanados las observaciones y aspectos señalados.Sobre esta base, la propuesta de plan regulador remitida por la municipalidad es sometida a conocimiento de Junta Directiva del ICT para la aprobación inicial a efectos de que la municipalidad proceda con la realización de la Audiencia Pública, de conformidad con el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, para seguir avanzando con el trámite de aprobación final. (…) 5. Con las aprobaciones iniciales de ICT e INVU, la Municipalidad convocó y llevó a cabo una Audiencia Pública, que es el espacio democrático establecido por Ley para presentar la propuesta de plan regulador a la ciudadanía, en la que se escucharon y presentaron objeciones y observaciones sobre la propuesta presentada. 6. Luego de la Audiencia Pública, la Municipalidad de Talamanca, conjuntamente con INVU e ICT, revisaron todas y cada una de las observaciones y objeciones presentadas, atendiendo lo que correspondía para generar ajustes en la propuesta de plan presentada tanto en el reglamento del plan como en la lámina misma de zonificación.Es importante mencionar que todas las observaciones presentadas ante el municipio fueron debidamente respondidas de manera forma. 7. Ajustada la zonificación y documentos del plan regulador, producto de las observaciones de la audiencia pública, la Municipalidad de Talamanca nuevamente somete a conocimiento de la Junta Directiva de ICT la propuesta de plan regulador para su aprobación definitiva.¨ De lo anterior, se desprende expresamente que, el actuar de la Administración tuteló el derecho a consulta de los pueblos indígenas y tribales. El que la decisión administrativa no satisfaga los intereses de un grupo de personas, no implica que la decisión haya vulnerado derechos constitucionales y ello, permite conectar con la otra parte del argumento de los recurrentes y son, precisamente, los aspectos de legalidad. Los recurrentes indican ¨al menos se nos hubiera consultado si nos parecía un plan regulador costero de viabilidad turística o urbano¨.Es claro que, no hay una cuestión de constitucionalidad en este asunto, sino, un tema de intereses particulares, mismo que ceden ante el interés público. En adición, el planteamiento de los amparantes se acerca más a un proceso donde se analice el tema de constitucionalidad de un plan regulador que a un recurso de amparo, por lo que, si la Honorable Sala Constitucional mantiene la decisión de proseguir con el presente proceso, se solicita al citado Tribunal que se realice la conversión a una acción de inconstitucionalidad. (…)”. Solicita que se desestime el recurso.
  4. 4A través de escrito con fecha 8 de diciembre de 2023, [Nombre 015] Hidalgo Zúñiga, en su condición de gerente general del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, informa lo siguiente: “(…) Al respecto se debe indicar que la ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre, determina que todas las leyes anteriores quedan derogadas con las excepciones que indica el artículo 82, se entiende que, de acuerdo a las Disposiciones transitorias y al artículo 6, aquellos derechos adquiridos que hayan sido registrados en los plazos establecidos por la ley están exentos de las implicaciones de la Ley 6043. Como referencia se presenta la Opinión Jurídica OJ-004-2005 respecto al Proyecto de Ley con expediente 15.320, para que se declare Área Urbana la ocupada por las poblaciones de Cahuita y Puerto Viejo de Talamanca, en la opinión se expresa lo siguiente: “En la Opinión Jurídica O. J.-004-2005, el Dr. José J. Barahona Vargas, Procurador Director del Area de Derecho Agrario y Ambiental, y la Licda. Lydiana Rodríguez Paniagua, Abogada de la Procuraduría Ambiental, con análisis de los temas que se indican en los descriptores, dan respuesta a la solicitud, en la cual concluyen: Con carácter de opinión jurídica no vinculante, por tratarse de miembros de otro Poder de la República que ejercen atribuciones parlamentarias insustituibles por la Procuraduría, se hacen las siguientes consideraciones:1) Las Leyes números 35 del 5 de julio de 1915 y 166 de 22 de agosto de 1935, al menos ante la entrada en vigencia de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, N° 6043 de 2 de marzo de 1977, quedaron insubsistentes, con la que resultan incompatible en el régimen de propiedad que establece. Esta última es de orden público, deroga todas las demás que se le opongan (art. 82), y no las incluyó entre las que sobreviven a su promulgación.2) Como derechos adquiridos con fundamento en ambas Leyes (35 y 166) cabe reconocer los títulos de propiedad particular obtenidos en su momento por los beneficiarios que cumplieron los requisitos legales y trámites administrativos, se hallen incorporados a su patrimonio e inscritos en el Registro Público. (Código Civil, artículos 267, 455 y 459. Ley 6043, artículo 6°. Dictamen de la Procuraduría C-321-2003). Los herederos (legítimos o testamentarios) de esos titulares sólo podían adquirir los bienes que habían ingresado al patrimonio del causante al fallecer; no las simples expectativas que nunca se convirtieron en derechos subjetivos. La calidad de poblador es personal e intransferible y debía reconocerse mediante acto administrativo.3) Las ciudades costeras excluidas de la aplicación de la Ley 6043 (artículo 6°) son las que concentran la sede del gobierno administrativo local (el Municipio). En nuestro país, siguiendo los lineamientos del Código Municipal (artículo 3° de la Ley 4574, vigente al promulgarse aquella; 3° de la Ley 7794) y la legislación territorial administrativa, hay una ciudad por cantón y Municipio. En esos términos, los poblados de Cahuita y Puerto Viejo no constituyen ciudades. (La colindancia de esas comunidades con el Parque Nacional Cahuita y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, así como su cercanía con la Reserva Indígena Keköldi, no crea interferencias de régimen jurídico, normativa y administración).4) A los efectos de la Ley 6043, es erróneo equiparar el concepto de ciudad litoral con el de área urbana, o ámbito de desenvolvimiento de un centro de población. Toda ciudad es área urbana, pero a la inversa no siempre es así.5) Se hacen varias objeciones al Proyecto de Ley. Entre otras, que: 5.1) La Ley 6043 no incide en los derechos adquiridos, porque respeta los derechos sobre “las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares” (artículo 6°). 5.2) Con cita de jurisprudencia constitucional y administrativa, se emite antecedentes constitucionales y administrativa, se emite un criterio contrario a la desafectación del demanio costero, bien medioambiental de patrimonio nacional, para favorecer a determinados grupos sociales, en perjuicio del interés público colectivo. Por las funciones sociales que cumple la franja marítimo terrestre, se recomienda potenciar la técnica demanial ligada a la concepción conservacionista, proteger su integridad y conservarla como patrimonio de todos, para uso y disfrute de las generaciones actuales y venideras. 5.3) No procede su fundamentación en las Leyes 35 de 1915 y 166 de 1935, por estar derogadas; y, 5.4) El concepto de área urbana es distinto al de ciudad litoral, a que se refiere la Ley 6043 (artículo 6°). 5.5) La posesión privada, a título de dueño, de inmuebles de dominio público, como la zona marítimo terrestre, su adquisición por medio de usucapión, titulación y transmisiones privadas, son contrarias a los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad (Ley 6043, arts. 1°, 7° y 9) 5.6) Con la afectación de la zona marítimo terrestre a dominio público (Ley 6043 y normativa anterior) cesó la posibilidad de ejercer derechos de posesión privada sobre la misma. Por tanto, es incorrecto afirmar que la Ley 6043 despojó a los particulares de ese atributo. 5.7) Sin previa desafectación del sector costero no podría consolidarse, hacia futuro, el plazo de posesión decenal con las condiciones exigidas para usucapir y titular. Es insuficiente el plazo de un año previsto a ese efecto. 5.8) La Ley de Informaciones Posesorias es aplicable a las titulaciones de terrenos de dominio privado, cuyo poseedor carece de título inscrito o inscribible en el Registro Público; no para inscribir a favor de particulares inmuebles afectos a dominio público. 6) Como posibles roces de constitucionalidad del Proyecto se anotan: la desprotección de bienes medioambientales, de patrimonio público nacional, de uso y disfrute colectivo, sin respaldo en un interés público superior al que justificó su afectación, y el hecho de contradecir los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, los cuales se comentan. Con la restauración de la vigencia de las Leyes números 35 y 166, preconstitucionales, surgiría la posibilidad de declarar su presunta inconstitucionalidad por la Sala Constitucional, al dárseles aplicación y eficacia bajo la Constitución actual. 7) Por implicar una enajenación o salida indirecta de bienes del dominio público del Estado, la Ley que desafecte un sector costero, como ocurriría con Cahuita y Puerto Viejo, y permita su titulación, debe aprobarse por el plenario de la Asamblea Legislativa, y no por Comisión. (Artículo 124, párrafo 3°, de la Constitución, en relación con el 121, inciso 14 ibid., y doctrina constitucional que los informa)”. Es nuestra posición que el área donde se desarrolla el Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, es Zona Marítimo Terrestre y por tanto, aplica la Ley 6043, si las personas que ocupan hoy esta franja costera tienen registro de propiedad adecuadamente establecido, no le aplican las medidas y parámetros establecidos por el Reglamento del Plan Regulador Costero, como le establece el artículo 6 de la Ley 6043, y deberán las personas que no deseen que se les aplique las normas, presentar las evidencias de la propiedad privada que dicen poseer. No se aplica de forma “amplia” a una zona ocupada, si no caso a caso, como se indica en la opinión jurídica no todas las áreas urbanas se deben entender como ciudad litoral; lo que lleva a la aplicación del artículo 2 de la Ley 9221 (Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial), el cual indica: “ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por zona urbana litoral la circunscripción territorial que se ubique en un litoral y que corresponda al concepto de área urbana, en los términos de la Ley N.º 4240, Ley de Planificación Urbana, de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas, previa declaratoria de la autoridad competente. Solamente podrán ser declaradas zonas urbanas litorales aquellas áreas urbanas conformadas de hecho, que cuenten con una alta concentración urbana en el litoral, antes de la entrada en vigencia de esta ley. La zona urbana litoral podrá incluir las áreas de naturaleza demanial comprendidas en los doscientos metros contiguos a la pleamar ordinaria y los terrenos aledaños a estas, indistintamente de que se trate de bienes de naturaleza privada. Las áreas afectas al Régimen de Patrimonio Natural, que estén comprendidas en las zonas urbanas litorales, se regirán por la normativa ambiental que les sea aplicable.” Esta declaratoria debe hacerla una autoridad competente, y en el artículo 3 de la misma ley se da autorización al Poder Ejecutivo para hacerlo mediante el Ministerio de Gobernación y Policía que mediante decreto ejecutivo haga las declaraciones. “ARTÍCULO 3.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación y Policía, para que mediante decreto ejecutivo realice las declaratorias de zonas urbanas litorales, de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley.” Por tanto, primero debe haber una declaratoria de zona urbana litoral para que esa área sea desafectada de las regulaciones de la Ley 6043, la misma no existía en el momento de la elaboración del plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, no puede ninguna de las tres instituciones recurridas establecer durante este proceso de planificación una zona urbana litoral y ejecutar sobre ella un plan regulador urbano sin seguir con el proceso requerido; si se debe indicar que es posible dentro del marco de la Ley 9221, declarar una zona urbana litoral en Cahuita, siempre que se proceda con forme a la ley y su reglamento, y una vez establecida legalmente, el Plan Regulador publicado perdería su efecto en esa zona y entraría aplicar la Ley de Planificación Urbana N° 4240 y toda la normativa supletoria. En cuanto al siguiente hecho: (…) Como se estableció anteriormente no se ha establecido a la fecha una declaratoria de Zona Urbana Litoral en ninguna sección del sector costero del Distrito de Cahuita, por tanto, no se ha requerido consultar si las comunidades estaban de acuerdo o no con la implementación de un plan regulador, ya sea costero – que es el que aplica – o urbano – que no corresponde como ya se ha explicado – lo que corresponde de acuerdo con el Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros (Alcance N° 139 a la Gaceta N° 135 del 14 julio 2021), es lo indicado en el apartado 13 Reuniones de Información y Audiencia pública, a saber: “13. REUNIONES DE INFORMACIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA 13.1 Durante el período de elaboración de la propuesta de plan regulador, para propiciar la participación ciudadana, la Municipalidad llevará a cabo, al menos una reunión de información, que tendrá por objetivo informar sobre los propósitos y características del trabajo que se está realizando. 13.2 Para convocar a una audiencia pública, la municipalidad deberá asegurar que se han cumplido de previo los siguientes requisitos: i. Viabilidad Ambiental emitida por SETENA (a la documentación ambiental que acompaña la Propuesta del Plan Regulador) según normativa vigente en esta materia. ii. Aprobación inicial de la propuesta por parte del ICT y del INVU. iii. En los casos de ajuste o rectificación, no se requiere contar con viabilidad ambiental otorgada por SETENA para la audiencia pública. No obstante, dichos cambios deben ser documentados ante esta Institución previamente. 13.3 Cumplidos estos requisitos la Municipalidad convocará un proceso de audiencia pública para recibir observaciones sobre la propuesta de planificación. Esta actividad se desarrollará de acuerdo con la metodología que la misma Municipalidad dicte para tal propósito en concordancia con lo dispuesto por el Art. 17 de la Ley de Planificación Urbana. 13.4 A partir de la realización de la audiencia se abrirá un periodo máximo de 15 días hábiles para recibir las observaciones a la propuesta presentada, mismas que deberán ser presentadas a la municipalidad por la vía escrita o digital.” Se debe indicar que todos los puntos antes enlistados se cumplieron a cabalidad; además de las reuniones informativas a las que hacen referencia los recurrentes – cumpliéndose con estas el punto 13.1 del Manual – se hicieron procesos de participación ciudadana en el año 2018, abiertos a quien quisiera participar, y desarrollados antes de que se desarrollara alguna propuesta. Además, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, se realizó una audiencia pública, en la que se plantearon las propuestas y se abrió un espacio de 15 días posteriores para recibir oposiciones, observaciones o propuestas, las cuales fueron analizadas por la Comisión Tripartita, conformada por la Municipalidad, el ICT y el INVU, y las mismas fueron resueltas y comunicadas a las partes interesadas cumpliendo a cabalidad con el procedimiento establecido para este fin. En cuanto al siguiente hecho: (…) La Audiencia Pública contó con todos los requisitos necesarios para ser llevada a cabo: i. Viabilidad Ambiental emitida por SETENA (a la documentación ambiental que acompaña la Propuesta del Plan Regulador) según normativa vigente en esta materia. Resolución No. 025- 2023-SETENA del 11 de enero del 2023. ii. Aprobación inicial de la propuesta por parte del ICT y del INVU. Acuerdo de Junta Directiva ICT SJD-047-2023 y aprobación parcial Departamento de Urbanismo INVU oficio N°DU- 063-02-2023 Además, se tomó acuerdo municipal mediante sesión ordinaria #160 del 14 de junio de 2023, el Concejo Municipal de Talamanca, adoptó el Acuerdo Nº 2. Para complementar se hace referencia al criterio de la PGR N° C-501-2006, que indica: “Con la aprobación de la Procuradora General de la República, doy respuesta a su oficio número PU-C-D-1204-2005, de fecha 8 de noviembre de 2005, en el que nos consulta acerca de la “...posibilidad legal de aprobar, adoptar e implementar un Plan Regulador cuándo una vez finalizada la etapa de elaboración del proyecto y expuesto a los vecinos interesados, surgen en la etapa de oposiciones y aclaraciones otorgada en audiencia pública propuestas que modifican aspectos de fondo del mismo, las que puedan quedar aprobadas con la resolución a las oposiciones o aclaraciones al proyecto presentado; siendo en realidad modificaciones que no han sido sometidas al conocimiento de todos los vecinos interesados”. Al respecto, me permito indicarle que la convocatoria a la audiencia pública que exige la ley de planificación urbana (LPU)1 a las municipalidades que pretendan dictar, modificar, suspender o derogar -parcial o totalmente- un plan regulador y/o sus respectivos reglamentos, tiene como propósito dar a conocer el respetivo proyecto a la comunidad, y posibilitar que los vecinos interesados hagan las observaciones verbales o escritas que estimen oportunas. Precisamente, el requisito previsto en el inciso 1) del artículo 17 ibíd ha sido analizado por la jurisprudencia constitucional, desde la perspectiva del derecho a la participación democrática en asuntos de interés público: “La audiencia pública que en casos como el presente se realiza por parte de los entes municipales, tiene por objeto permitir el ejercicio del derecho a la participación de la comunidad en un asunto que le afecta directamente y que, en consecuencia, debe efectuarse con anterioridad a la toma de la decisión administrativa, constituyéndose así en una manifestación del principio democrático. Como consecuencia, este tipo de audiencias no se constituyen simplemente en parte de un procedimiento que por formalidad deba programarse, de manera que se pueda fijar de forma que haga nugatorio el ejercicio del derecho que pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que se convierta en una mera formalidad, incapaz de alcanzar los objetivos que está llamada a obtener en protección del derecho a la información y participación ciudadana, aunque ciertamente tampoco debe llegar a constituirse en un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de la gestión. (Sentencia número 2000-6653, del 28 de julio de 2000. Cfr. con los votos 2004-12242, del 29 de octubre de 2004, 2005-13491, del 30 de setiembre de 2005 y 2006-7994 del 2 de junio de 2006. Lo resaltado no es del original). Pues bien, en lo que tiene que ver con su consulta, lo primero que hay que decir es que las “propuestas” formuladas por los vecinos respecto al contenido de un proyecto de plan regulador, no son vinculantes para la municipalidad. En efecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que la exigencia que preceptúa la LPU se entiende en el sentido de que las objeciones y propuestas de los habitantes del cantón deber ser tomadas en cuenta por la municipalidad antes de la aprobación del instrumento de planificación (sentencia número 2000-06653, del 28 de julio de 2000). Es decir, que las municipalidades deben conocer y resolver por el fondo, las objeciones presentadas por los habitantes del cantón, de previo a aprobar el plan regulador. Así se concretiza el derecho fundamental a la participación democrática. Ahora bien, lo anteriormente dicho no impide que, si una municipalidad estima que es necesario convocar a una nueva audiencia para someter a consideración de los vecinos un proyecto, que, aunque ya había sido expuesto con anterioridad, fue objeto de modificaciones que variaron su contenido, lo haga. Antes bien, esta es una decisión que compete adoptar a la administración local, y que forma parte del ejercicio de la potestad para ordenar el territorio, en tanto función pública.” Del criterio antes expuesto, considera se puede concluir que la audiencia pública del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, se desarrolló bajo los parámetros necesarios, entendiéndose que el objetivo de esta es dar a conocer el respectivo proyecto a la comunidad, y siendo que se abrió el espacio de forma ordenada para la participación de las personas, se cumple también con el objetivo de “… posibilitar que los vecinos interesados hagan las observaciones verbales o escritas que estimen oportunas”. Como se puede apreciar en el acta de la Comisión Tripartita se atendieron 221 documentos, por lo que si se presentaron un número importante de observaciones y oposiciones que se atendieron y que luego fueron remitidas al Concejo Municipal, para que este comunicara a los ciudadanos que presentaron observaciones, las respuestas a las mismas, entendiendo que las mismas no son vinculantes tal y como lo establece el criterio N° C-501-2006. (…)” Por lo expuesto en los párrafos anteriores, solicita que se declare sin lugar el recurso.
  5. 5Por escrito incorporado al expediente digital el 28 de diciembre de 2023, Rugeli Morales Rodríguez, en su condición de alcalde de la Municipal de Talamanca, informa bajo juramento lo siguiente: “(…) 1-Sobre el hecho A, B y C (Violación al derecho de propiedad privada, colectiva y ancestral del pueblo tribal ubicado en Cahuita, Limón y que actualmente no les dan el debido reconocimiento institucional de sus derechos como población tribal. Con la Ley N° 35 del 5 de julio de 1915, se ordenó la reubicación forzosa de su pueblo, de lo que actualmente es el Parque Nacional Cahuita, ubicándolos al margen del mar, que es lo que se conoce hoy como Cahuita centro). Es importante informar a esta honorable sala, que la Municipalidad de Talamanca es el único Gobierno Local que haciendo uso de su autonomía constitucional y administrador de su territorio el que ha reconocido el aporte de la cultura Afrocostarricense al desarrollo del cantón de Talamanca, además de ser la segunda etnia en cantidad de pobladores en nuestro cantón y la mayoría étnica más grande del país según los últimos datos del censo nacional.Razones que llevaron a esta administración Municipal periodo 2020-2024, siendo que en la sesión ordinaria 21 del 25 de setiembre del 2020, mediante el acuerdo N° 1 se crea la oficina y la Comisión Municipal de Asuntos Afrodescendientes del cantón de Talamanca, sustentados en lo establecido en el convenio 169 y como acción afirmativa producto de la declaración del decenio internacional para afrodescendientes, el cual se centra en la protección de los derechos de las personas de ascendencia africana reconocimiento sus aportes y la preservación de su rico patrimonio cultural. Según proclama la Asamblea general, el tema del decenio internacional es “Afrodescendientes reconocimiento, justicia y desarrollo” al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan en grupo especifico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. Siendo entonces que por disposición del presidente Municipal en ejercicio de sus facultades conferidas por el articulo (sic) 34 Inciso g) del Código Municipal, se integre una Comisión especial permanente denominada Comisión Municipal de asuntos Afrodescendientes del Cantón de Talamanca, denominada COMMAAT, que conjuntamente con la Oficina antes creada, coadyuve al desarrollo de sus objetivos, conformada por tres miembros parte de este Concejo Municipal, Síndicos o Concejales de distrito por un plazo de dos años, los cuales a criterio del presidente podrán ser reelectos (Ver Anexo 1 Certificación de acuerdo N°1 2020) Bajo este mismo orden de ideas el Concejo Municipal mediante Que mediante Sesión Ordinaria #166 del 26 de julio de 2023, el Concejo Municipal de Talamanca, adoptó el Acuerdo Nº 06, que indica lo siguiente: Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, secundada por el Regidor Jorge Molina Polanco, que dice: Asunto: Modificación del acuerdo N° 3 de la sesión N° 63 del 06 de agosto del 2021, en lo referente a la ampliación del número de miembros de la Comisión Municipal para asuntos de la Población Afrodescendiente.Estableciendo la coordinación directa de esta Comisión Municipal y la de los representes ante instancias públicas, organismos nacionales e internacionales en temas relacionados a la población afrodescendiente de Talamanca, nombrados por este Concejo Municipal el pasado 3 de agosto del 2022, con el alcalde de la Municipalidad de Talamanca Licenciado Rugeli Morales Rodríguez, ante quien deberán presentar informes de sus acciones. Siendo que el considerando 4° de dicha moción menciona Que, durante la segunda etapa del proceso de Formulación del Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita, La Comisión municipal para asuntos de la población afrodescendiente, asumió la representación de la población afrodescendiente de las comunidades costeras del distrito Cahuita, teniendo presencia en diferentes espacios y participando de forma activa tanto con la comisión de Plan regulador como dar acompañamiento a las acciones del alcalde Municipal en la defensa de los pueblos costeros, quedando dicha comisión conformada por población afrodescendiente vecinos de las comunidades costeras de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo La Comisión Municipal para asuntos de la Población Afrodescendiente: Estará conformada por los siguientes Miembros Steicy Obando Cunningham, Héctor Mc Donald Herrera, Heykel Douglas Graham, Isione Wrigth Benneth, Enrique Joseph Jackson, Edwin Patterson Bent y Wanda Patterson Morales, quienes ya son miembros desde el año 2021, agregándose los siguientes miembros: María Teresa Williams Cole (asociación pescadores de Cahuita), Valerie Rose Mitchore (Cámara de Comercio de Cahuita), Sherany Brown Brown (Asociación Mujeres emprendedoras de Cahuita), Layli Brown Stageland, Wayne Bayles Jonhson, Dennise Patterson Ramírez, quienes formarán parte de dicha comisión al momento de tomado el respectivo acuerdo por el Concejo Municipal.Para un total de 13 miembros, dicha comisión coordinará sus acciones y rendirá informes de manera directa con el Lic. Rugeli Morales Rodríguez alcalde de esta Municipalidad; de igual forma los representantes Municipales ante las instancias públicas, organismos nacionales e internacionales nombrados por este Concejo en temas de la afrodescendencia. Dicho acuerda deja sin efecto los acuerdos anteriores que se antepongan a este acuerdo. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. (Ver anexo 2 Acuerdo de ampliación comisión afro) Para los efectos de lo planteado por los recurrentes, la negrita señala las personas de la comunidad de Cahuita. Toda vez que es necesario e importante señalar a esta honorable Sala que el Plan regulador Costero del distrito de Cahuita es un solo plan regulador, donde las condiciones son las mismas para los tres pueblos costeros que la componen, no es un Plan regulador atendiendo las necesidades específicas de una sola comunidad, sino todo lo contrario es respetando el modelo de desarrollo de cada una de las comunidades su cultura y costumbres afrodescendientes, por lo que es erróneo decir por parte de los recurrentes que se formuló un plan regulador para la comunidad de Cahuita, por lo que pretender la exclusividad en las decisiones es incorrecto, cuando hay dos comunidades más costeras con el mismo contexto histórico y el mismo arraigo cultural e histórico, con quienes al igual que Cahuita se dio charlas informativas sobre el Plan regulador antes de la Audiencia Pública a efectos de que pudieran externar sus observaciones, tal y como se demostrara (sic) más adelante.En relación a la Ley N° 35 del 5 de julio de 1915, donde los recurrentes manifiestan que se ordenó la reubicación forzosa de su pueblo, de lo que actualmente es el Parque Nacional Cahuita, ubicándolos al margen del mar, que es lo que se conoce hoy como Cahuita centro, es necesario ver la Resolución Nº 03113 – 2009 del 25 de Febrero del 2009 a las catorce horas con cincuenta nueve minutos del Expediente: 05-016470-0007-CO, Redactado por el Magistrado Fernando Cruz Castro, sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por Luis ángel Ramírez Ramírez, y quirico Jiménez Madrigal, para que se declare inconstitucional la “Ley No. 8464 que se refiere a la Declaratoria de ciudad para las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo del cantón de Talamanca, provincia de Limón", del 25 de octubre del 2005, publicada en La Gaceta No. 218 del 11 de noviembre de 2005, por estimarla contraria los artículos 121 inciso 14), 50, 33, 34 y 45 de la Constitución Política, además del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República. La Sala Constitucional manifestó en dicha Resolución además que “Sobre la desestimatoria del alegato de violación al derecho de propiedad privada. Finalmente, sobre el alegato de los accionantes de violación al artículo 45 constitucional por la función social de la propiedad, no encuentra este Tribunal mérito para acoger tal argumento, pues tal como lo expresa la Procuraduría el concepto de función social de la propiedad privada se liga a las limitaciones no indemnizables impuestas a ese derecho por razones de interés general (artículo 45, párrafo 2°, de la Constitución). Mientras que el dominio público, si bien tiene como fin prioritario la satisfacción del interés público, a que está afectado bajo el régimen jurídico especial que lo caracteriza, configura una modalidad diversa de propiedad.En tanto la propiedad privada se rige por el artículo 45 de la Constitución y la normativa pertinente del Código Civil, la propiedad demanial se fundamenta en el inciso 14 del artículo 121 Constitucional, de modo que su naturaleza es virtualmente diferente. En Conclusión, no es posible tener por transgredido el artículo 45 constitucional, por cuanto la Ley 8464 no impone limitaciones a la propiedad privada, sino todo lo contrario, lo que hace es autorizar la titulación de propiedad privada en la zona terrestre de Cahuita y Puerto Viejo”. (Ver anexo 3 Resolución Nº 03113 – 2009), Aquí es importante señalar que al momento de emitir dicha resolución, el país ya había ratificado el convenio 169 de la OIT, mismo que establece los derechos de los pueblos indígenas y tribales. II-En referencia a los puntos D y E. A esta Municipalidad lo que le corresponde es la aplicación del marco jurídico vigente, así como la jurisprudencia emitida al amparo de las diferentes resoluciones de este honorable tribunal, y la Procuraduría General de la República, por lo que, las acciones de esta corporación Municipal no pueden ir más allá de lo que legalmente es permitido, el mencionar en los antecedentes y los considerandos del anexo 1 del Plan Regulador aspectos como lo decretos de reconocimiento de los pueblos tribales, como un reconocimiento a nivel local por sus aportes culturales y económicos al desarrollo del cantón, sin entrar a transgredir la norma, siendo claro que a nivel país y constitucional se le ha otorgado los derechos emanados del Convenio 169 a los pueblo (sic) Indígenas mas no a los pueblos Tribales que es el caso que nos ocupa, podríamos referirnos a las (sic) pobladores de las comunidades costeras de Cahuita, Puerto viejo y Manzanillo, siendo entonces menester de la Sala Constitucional jurisprudencialmente establecer algo diferente.III- En referencia a los puntos F, G y H Es necesario aclarar a su autoridad que la Municipalidad de Talamanca, como muy bien lo dispuesto recientemente su autoridad en el Voto N° 2023-31756 donde por omisión de la Municipalidad de Talamanca de no contactar a los de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Kekoldi para llevar a cabo el proceso de consulta previa, libre e informada de la propuesta de Plan regulador costero de Cahuita, cuya audiencia pública finalmente había sido acordada para llevarse a cabo el 4 de agosto del 2023. Por lo que la sentencia N° 2023-31756 de las 09:30 horas del 7 de diciembre de 2023 dispuso expresamente declarar el recurso presentado con lugar parcialmente dejando al INVU y a la SETENA exonerados de las pretensiones del recurrente, siendo que la Municipalidad es la responsable directa de la realización de la Audiencia pública y por ende de la Publicación del Plan Regulador (ver anexo 4.Acuerdo de publicación del Plan regulador) por lo que el recurrente no lleva la razón al pretender responsabilizar el INVU en la publicación del Plan Regulador. El Manual de elaboración de Planes Reguladores Costeros Publicado en el Alcance 139 a la Gaceta 135 del 14 de Julio 2021, establece en su artículo 13.5 Que, “Transcurrido el proceso de consulta, la Municipalidad conjuntamente con los representantes de ICT e INVU, analizarán los documentos presentados y solicitarán al responsable, cuando corresponda, cambios y ajustes que se estimen necesarios a la luz de las observaciones recibidas. Finalmente se generará un informe técnico de resolución de observaciones que será elevado a conocimiento y aprobación del Concejo Municipal para la su aprobación”. Las observaciones presentadas durante el proceso de consulta citado, son los documentos que justificados generan finalmente el informe técnico que se acompaña de un documento anexo al Plan Regulador que fue publicado por la Municipalidad.(Ver Anexo 5 Manual de Elaboración Planes reguladores) Como muy bien lo señalan los recurrentes, se evidencia el reconocimiento por parte de la municipalidad, el INVU y el ICT, de un pueblo tribal, asentado en esta zona con anterioridad a la ley N° 6043, aplicable bajo la normativa vigente y la jurisprudencia del caso a efectos de mantener los rasgos culturales de la Zona y proteger su modelo de desarrollo basado en la cultura Afrocostarricense, su gastronomía, su toponimia y los aspectos vernáculos propios de la región, por lo que el considerando b) del acuerdo de aprobación del Plan regulador establece lo siguiente b-) Que en la sesión ordinaria 172 del 6 de setiembre del 2023, el Concejo Municipal tomo el acuerdo N° 10 Acoger el resultado del trabajo realizado por la comisión tripartita nombrada por este concejo para el análisis de las propuestas, observaciones y apoyo al Plan Regulador costero del distrito Cahuita cantón de Talamanca, dicho trabajo comprendió los ajustes a la zonificación, reglamento de (Ver Anexo 4 y Anexo 6 acuerdo aprobación PRC . ver anexo 7 acta Comisión Tripartita) Como hemos indicado el Plan regulador se formulo (sic) en base a las normas habilitantes, en este caso la comunidad de Cahuita cuenta con declaratoria de Aptitud Turística desde le año 1970, así publicado en la gaceta 258 del 17 de noviembre de 1970, por lo que de acuerdo al Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros (ANEXO 5), en su artículo 4.“ÁMBITOS Y CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN 4.1 Los planes reguladores se podrán elaborar para todos aquellos sectores de los litorales que estén afectados por la Ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre, tanto para sectores declarados de aptitud turística como de aptitud no turística. 4.2 Se excluyen de lo anterior todas las excepciones señaladas explícitamente en la Ley 6043, entre ellas las zonas definidas como ciudades o propiedades inscritas con sujeción a la Ley (Artículo 6), a los Parques Nacionales y Reservas equivalentes (Artículo 73) y las áreas de bosque que identifique y establezca el Ministerio de Ambiente Energía (MINAE), según Ley Forestal N° 7575, Artículos 13 y siguientes. 4.3 Aun cuando los sectores costeros tengan una declaratoria de aptitud “turística” o “no turística”, la elaboración y aprobación de un plan regulador solo ocurrirá cuando se determine que la zona no está afectada por ninguna de las excepciones señaladas en el párrafo anterior. 4.4 Para proceder a la elaboración de un plan regulador costero en la ZMT, sea por iniciativa Municipal o de las Instituciones INVU e ICT, podrá realizarse una coordinación previa interinstitucional, para valorar los alcances de la planificación, partiendo de que previamente existan las siguientes condiciones: i. Existencia del Plan General de Uso del Suelo y Desarrollo Turístico para la Unidad de Planeamiento, donde se encuentre el sector costero a planificar (Artículo 26 Ley 6043). ii.Declaratoria de aptitud turística o no turística del sector a planificar publicada en La Gaceta (Artículo 27 Ley 6043). iii. Que existe demarcatoria física o digital de la zona marítimo terrestre realizada por el IGN.” Siendo así las cosas aclaramos a su autoridad que el Plan regulador Costero no es un tema antojadizo, ya que el mismo esta (sic) sustentado en una norma que así lo dicta, resultando que las comunidades costeras de Talamanca incluyendo la comunidad de Cahuita cumple con todo lo indicado para la realización de un plan regulador costero basado en la Ley 6043. IV- en referencia a puntos I y J. La Municipalidad de Talamanca no a (sic) vulnerado los derechos de los pobladores costeros en la comunidad de Cahuita, todo lo contrario la Municipalidad genero un espacio de dialogo (sic) directo con las poblaciones afrodescendientes desde la creación de la Oficina Municipal y Comisión municipal para asuntos de Afrodescendientes (Ver ANEXOS 1 y 2), sumado a lo anterior la Municipalidad de Talamanca por medio de la Comisión Municipal para Asuntos de la Población afrodescendiente, realizo (sic) convocatorias para el grupo étnico Tribal de la comunidad de Cahuita a efectos de que la Municipalidad brindara charla (sic) informativas sobre la propuesta de Zonificación y reglamento del Plan regulador Costero distrito de Cahuita, siendo que dichas charlas fueron dados en creole limonenses y en español, lenguas dominantes de la población tribal, además se unieron otras organización (sic) de afrodescendientes en apoyo e impulso a las charlas a efectos de que la población tribal tuviera la información de primera mano, y así la oportunidad de llegar a la audiencia publica (sic) con información suficiente para formular sus observaciones, como efectivamente sucedió.Nótese que en la lista de asistencia, encontramos los nombre y firmas de puño y letra de alguno de los recurrentes, entre ellos el señor [Nombre 002] quien realizo (sic) una exposición sobre las condiciones que establece la Ley de Zona Marítima terrestre y su preocupación de las consecuencias nefastas de la implementación de un plan regulador que en realidad afectara a la población que menos tiene. Por lo que se dio la consulta a la población tribal de Cahuita, antes de la audiencia pública, ya que la charla informativa fue en la fecha 25 de Julio del 2023 (Ver Anexo 8 Minuta charla informativa a población afrodescendiente) Siendo así las cosas, la Municipalidad de Talamanca a implementado un proceso de apertura, respeto y reconocimiento a la Población Afrodescendiente, desde lo local que ninguna otra autoridad o gobierno local le dado a esta población, por lo consiguiente el caso del Pueblo Samaraka Vs. Surinam que conoció la Corte Interamericana de derechos Humanos, no aplica para esta Municipalidad.V- En relación a los puntos K y L. En la audiencia publica (sic) lo que se expone son los alcances del Plan regulador, abriendo posterior a dicha audiencia un espacio de 15 días para que los habitantes puedan presentar sus observaciones fundamentadas a efectos de que puedan ser analizadas y ver su viabilidad técnica y legal para hacer los ajustes al plan regulador mediante Transitorios y el Anexo del cual se refieren los recurrentes, por cuanto el anexo no nace a la deriva, estos son producto de las observaciones de los habitantes y de las diferentes organizaciones que participaron tanto en las charlas informativas antes de la audiencia pública, todo apegado al Manual de elaboración de Planes Reguladores (Ver Anexo 5), reiterando la municipalidad que dichas observaciones claramente fundamentadas, son incluidas mediante transitorios o anexo al plan regulador, las cuales podríamos decir que son una tropicalización del plan regulador ajustándolo a la realidad de las comunidades costeras en este caso del cantón de Talamanca.Como he venido sosteniendo ante su autoridad, las observaciones con viabilidad presentas antes, durante y después de la audiencia publica (sic) fueron los insumos que generaron tanto los transitorios como el documento anexo al plan regulador, donde claramente no era un tema de consulta con la comunidades (sic) ya que se estaban incorporando sus observaciones opiniones, criterios y posiciones que fueran viables, y que fueron analizadas por la comisión tripartita (Ver anexo 7) quienes dieron respuesta a mas (sic) de 200 documentos presentados, dándole respuesta a cada una ellas por medio de la secretaria del concejo Municipal tal y como se aprecia en (el anexo 9, muestras de respuestas a las consultas diversas sobre el PRC incluyendo el tema del convenio 169). Habiendo demostrado ante su autoridad que el proceso del plan regulador del distrito Cahuita, no fue un proceso escondido, como lo pretende hacer ver los recurrentes, todo lo contrario, fue un proceso ampliamente participativo, culminando con una audiencia publica (sic) donde asistieron mas (sic) 400 pobladores (…)”. Solicita que se desestime el recurso.
  6. 6Por resolución de las 13:20 horas del 28 de agosto de 2024, esta Sala solicitó como prueba para mejor resolver, a los recurrentes y a las autoridades accionadas, que aclararen si en los últimos meses se han emitido actuaciones o decisiones relacionadas con los hechos y pretensiones de este recurso. Asimismo, se le pidió al alcalde de Talamanca referirse al estado actual del Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita.
  7. 7Por escrito No. DM-518-2024 del 6 de setiembre de 2024, informa bajo juramento William Rodríguez López, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, que, luego de que la Municipalidad de Talamanca realizara la segunda audiencia pública el 8 de marzo de 2024, no se han realizado actuaciones relativas al Plan regulador, así como que, a la fecha, no han recibido nueva documentación por parte de la Municipalidad de Talamanca referente al Plan Regulador de referencia.
  8. 8Mediante documento de fecha 9 de setiembre de 2024, informa bajo juramento Rugeli Morales Rodríguez, alcalde de la Municipalidad de Talamanca, que, luego de que la Municipalidad de Talamanca realizara la segunda audiencia pública el 8 de marzo de 2024, no se han realizado actuaciones relativas al Plan regulador.
  9. 9A través de escrito fechado 13 de setiembre de 2024, informa bajo juramento [Nombre 015] Hidalgo Zúñiga, en su condición de gerente general del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, lo siguiente: “1. Luego de que la Municipalidad de Talamanca realizara la segunda audiencia pública el 8 de marzo de 2024, se revisaron junto con la Municipalidad y con visto bueno del ICT las observaciones producto de esta actividad, a través de la Comisión Tripartita. 2. Se elaboró matriz de respuestas a las observaciones y se le trasladó a la municipalidad, junto con el borrador del Acta de la Comisión, a través de correo electrónico del día 9 de mayo del 2024 (se adjunta copia del correo electrónico citado) 3. El día 11 de mayo del 2024, la municipalidad informa que el documento del Acta no abre correctamente, por lo que se les envía nuevamente el 12 de mayo, obteniendo respuesta de recibido el día 14 de mayo. 4. A la fecha las actuaciones relativas al tema del plan regulador del Distrito Cahuita, cantón de Talamanca. se refieren al ajuste que tanto la Municipalidad como el INVU deben hacer a la propuesta del Plan Regulador Costero, con los nuevos polígonos del Patrimonio Natural del Estado, que el SINAC ha certificado el día 16 de agosto del 2024.”
  10. 10Por medio de la resolución No. 2024026402 de las 9:35 horas del 13 de setiembre de 2024, esta Sala dispuso: “(…) En el presente caso, los expedientes constitucionales 23-027898-0007-CO y 24-013786-0007-CO exhiben una evidente conexidad tanto en su objeto como en su causa. En cuanto a la conexidad de objeto, ambos procesos tienen como finalidad la protección de los derechos de propiedad ancestral de las comunidades afrodescendientes, así como el respeto al derecho de consulta previa en la implementación de planes reguladores costeros que afectan dichos territorios. El propósito de ambos procesos es, en esencia, la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades afrodescendientes frente a acciones administrativas que, según los accionantes, ponen en peligro su patrimonio cultural, territorial y social. En relación con la conexidad de causa, resulta claro que ambos expedientes tienen su origen en actos administrativos ejecutados por la misma entidad municipal, los cuales están intrínsecamente relacionados debido a que implican la aprobación y ejecución de planes reguladores costeros en territorios que, presuntamente, han sido ocupados tradicionalmente por las comunidades afrodescendientes de Cahuita y Talamanca.La acumulación de estos procesos no solo es procedente, sino también fundamental para evitar la fragmentación de la tutela judicial efectiva y garantizar que la resolución de las controversias se realice de manera integral y coherente. Por lo expuesto, se concluye que es plenamente procedente que se acumule este asunto al expediente 23-027898-0007-CO. (…)”.
  11. 11Por escrito incorporado a las 11:46 horas del 23 de mayo de 2024 en el expediente No. 24-013786-0007-CO, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Talamanca. Manifiesta que es una persona adulta mayor y afrodescendiente. Argumenta que la población afrodescendiente ha sido históricamente invisibilizada y discriminada por diversas entidades estatales, incluyendo la Municipalidad de Talamanca. Esta discriminación se refleja en la falta de reconocimiento y protección de los derechos de propiedad ancestral y autodeterminación de la comunidad afrodescendiente, establecidos en los Convenios 107 y 169 de la OIT, así como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Aduce que el Estado Costarricense ha incumplido con los compromisos asumidos en la III Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 y no ha adoptado medidas efectivas para erradicar el racismo y la discriminación racial.Además, ha legislado a favor de la población indígena, excluyendo a los afrodescendientes de la protección de sus derechos. Argumenta que el Convenio 169 de la OIT, ratificado en 1992, protege el derecho de propiedad ancestral y consulta previa de las comunidades tribales, incluyendo a los afrodescendientes. Sin embargo, la falta de reconocimiento y delimitación de los territorios afrodescendientes ha permitido la emisión de permisos de tala de árboles y la promoción de planes reguladores costeros en estos territorios. El recurrente destaca que el Estado Costarricense ha ignorado las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que enfatizan la necesidad de consultas previas y la protección de los derechos de propiedad ancestral de la comunidad afrodescendiente. La Municipalidad de Talamanca está desarrollando un Plan Regulador Costero sin respetar estos territorios, sin contar con un mapa que delimite los territorios ancestrales afrodescendientes, poniendo en riesgo los derechos de esta comunidad.Por ello, por oficio AEL-0058-2024 de 18 de marzo de 2024, dirigió una gestión al Concejo de Talamanca, en la que expuso sus argumentos y solicitó: " (...) informar si la Municipalidad tiene a su disposición algún mapa oficial que delimite el territorio ancestral de los afrodescendientes, toda vez que dichas áreas están protegidas a nivel internacional y pertenecen a la población tribal afro. (...)" (véase prueba aportada). Agregó que, por lo anterior, las tierras de interés no pueden ser incluidas o ser afectadas por ningún plan regulador. Y pidió que, en caso de no contar con el mapa descriptivo de ubicación y límites del territorio ancestral afrodescendiente, se suspenda el trámite del plan regulador costero e iniciar las gestiones ante el Poder Ejecutivo para que delimite tales áreas. Por oficio No. SCMT-021-2024 de 21 de marzo en curso, se le comunicó que su gestión fue conocida por el Concejo de Talamanca en sesión 200 de 20 de marzo anterior y fue trasladada a estudio y dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del gobierno local recurrido y, una vez que se contara con la respuesta, se le comunicaría (véase prueba aportada).Acusa que, a la fecha de la interposición del recurso no se le había contestado, ni dado acceso a la información requerida. Estima violados sus derechos fundamentales. Solicita a la Sala Constitucional que declare con lugar el recurso de amparo, reconociendo que el Estado ha violado los derechos humanos de la población afrodescendiente al no reconocer, delimitar y proteger sus derechos de propiedad ancestral. Pide que se reconozca el derecho de consulta previa y autodeterminación de la comunidad afrodescendiente y se ordene al Estado crear una ley para delimitar y reconocer estos territorios. Además, solicita la suspensión del Plan Regulador Costero hasta que se asegure que no afectará los territorios ancestrales afrodescendientes y que se condene a los demandados al pago de costas.
  12. 12Mediante escrito incorporado a las 9:54 horas del 28 de mayo de 2024 al expediente digital No. 24-013786-0007-CO, la parte recurrente manifiesta lo siguiente:

“Quien suscribe [Nombre 015], cédula de identidad [Valor 017], mayor de edad, ciudadano afrodescendiente vecino de Limón, en mi condición de ciudadano y como persona afrodescendiente perteneciente a la población Tribal de limón, adjunto como prueba complementaria que fue recibida con posterioridad a la presentación del presente asunto, consistente en un informe de fecha 10 de mayo de 2024, número PR-DP-0415-2024 dirigido a la Señora Angie Cruickshank Lambert Defensora de los Habitantes, por parte de Gabriel Aguilar Vargas, Director de Despacho del Presidente de la República Dr, Rodrigo Chaves Robles. En dicho informe se da repuesta por parte de la oficina Presidencial al OFICIO N° 04578-2024-DHR remitido por la Defensoría y en el cual se le consultaba al señor Presidente lo siguiente: “Considerando que el Estado Social de Derecho costarricense está cimentado en los principios rectores de transparencia, publicidad y rendición de cuentas, inherentes al ejercicio de cualquier cargo público, sea o no de elección popular, tutelados en los artículos 11 párrafo segundo, 27 y 30 de la Constitución Política para fungir como medios de garantía del ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y a los departamentos administrativos, petición y respuesta, atentamente se le solicita que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, remita a esta institución dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de recibida esta comunicación, un INFORME que indique lo siguiente:  Detallar las acciones emprendidas por parte del Gobierno con la finalidad de definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente”, ello en estricta relación y seguimiento del decreto ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP emitido 05 de mayo del 2022, el cual regula la constatación del auto reconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal; así como el proyecto de ley que actualmente se está discutiendo en la sede legislativa que tiene como objeto el “Reconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal”, mediante el proyecto de ley 23903.  Indicar si existen coordinaciones interinstitucionales a efecto de poder efectuar un peritaje cultural con la finalidad de definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente”.  Señalar las acciones a emprender por parte del Gobierno de la República para atender el tema.

Además de referirse a lo solicitado anteriormente, deberá adjuntar las pruebas que correspondan. De igual forma se le solicita comunicar a la Defensoría de los Habitantes sobre cualquier trámite, gestión o información adicional que se relacione con el presente asunto”. La respuesta dada por el Gobierno en oficio PR-DP-0415-2024 a esta interrogante se resume en lo siguiente: “…En general, la propiedad indígena en Costa Rica, es un régimen de propiedad especial, de carácter comunitario, al cual no le son aplicables en principio las normas de nuestro Derecho Positivo en beneficio de la aplicación del Derecho Consuetudinario de la sociedad indígena asentada en los territorios específicos. Al estar en presencia de una propiedad de carácter comunitario, no existe una individualización del derecho de propiedad, sino que la representación jurídica de la comunidad (ejercida en nuestro país por la Asociación de Desarrollo de la Comunidad y en este caso específico la ADI de Cahuita), ejerce los derechos normalmente reservados al propietario Civil, pero con las limitaciones señaladas por la Ley Indígena citada.

El análisis realizado nos permite concluir que, al menos en el caso de nuestro país, los instrumentos jurídicos que podrían regular la propiedad ancestral están orientados hacia la protección de la propiedad comunitaria tanto para pueblos indígenas como tribales. Nótese que la solicitud del ciudadano consultante, pretende una afectación territorial en cantones y distritos del Caribe hoy habitados por toda clase de población; pero recordemos que las facultades del Poder Ejecutivo en materia de propiedad privada están limitadas severamente por el principio de reserva de ley establecido en el artículo 45 constitucional. Por otra parte, el tema de los derechos de propiedad ancestral se encuentra ausente en el proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente legislativo N* 23.903, ya que su contenido se limita casi a una repetición exacta de los alcances del Decreto 43532-MPMINAE-MCJ-MEP. En este sentido, parece necesario promover reformas legales ante el Poder Legislativo, para la implementación de un instrumento jurídico que permita establecer el reconocimiento, delimitación y puesta en posesión de la propiedad ancestral en el caso de las poblaciones tribales.

Además, se requiere de una ley que establezca los mecanismos para reconocer quién es afrodescendiente y quien no, esto para la aplicación tanto del decreto que nos ocupa, así como la implementación de la Ley 10.120, sobre Acciones Afirmativas. Por lo anterior adjunto el citado informe en el que se demuestra lo reclamando en el presente recurso de amparo y la falta de interés que ha tenido el gobierno de tutelarnos derechos a nuestra población afrodescendiente. Respetuosamente solicito a la Sala Constitucional, que se tome nota que el Despacho del señor Presidente de la Republica indica que la argumentación realizada por nosotros es correcta, que indica que es necesario crear legislación en favor de nuestra población Tribal, pero no aporta prueba de ello, no aporta resoluciones y oficios del Despacho Presidencial que así lo demuestren, no aporta un número de expediente legislativo.”

  1. 13Por resolución de las 20:06 horas del 31 de mayo de 2024, la Sala dio curso al expediente No. 24-013786-0007-CO y se le solicitó informe al alcalde y al presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Talamanca, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
  2. 14Mediante escrito incorporado a las 20:19 horas del 4 de junio de 2024 al expediente digital No. 24-013786-0007-CO, la parte recurrente manifiesta lo siguiente:

“Quien suscribe [Nombre 015], cédula de identidad [Valor 017], aclaro a la Honorable Sala Constitucional que el presente recurso de Amparo va dirigido en contra de la Municipalidad de Talamanca y en Contra del Gobierno de la República a través del Presidente de la República, por discriminación estructural y racismo en contra de la POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE, por incumplir los Convenios 107 y 169 de la OIT y demás Tratados de Derechos Humanos que protegen a la población afrodescendiente. Por error no se consignó el lugar para notificaciones para entregar la notificación al Estado, pero en los datos de identificación del recurso si se con signó que se demandaba al Estado también. Por ello solicito se le de traslado del amparo al señor Presidente de la República y se le notifique en la Casa Presidencial en Zapote.”

  1. 15Mediante escrito incorporado a las 12:11 horas del 19 de junio de 2024 al expediente digital No. 24-013786-0007-CO, informan bajo juramento Rugeli Morales Rodríguez y Julio Molina Masis, en sus respectivas condiciones de alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Talamanca, lo siguiente:

“SOBRE LOS HECHOS RECURRIDOS Sobre el recurso interpuesto por [Nombre 015], cedula de identidad [Valor 017], quien argumenta lo siguiente; 1- Que la Población afrodescendiente ha sido históricamente invisibilizada y discriminada por diversas entidades estatales, incluyendo la Municipalidad de Talamanca. 2- Que esta discriminación se refleja en la falta de reconocimiento y protección de los derechos de propiedad ancestral y autodeterminación de la comunidad afrodescendiente, establecidos en los Convenios 107 y 169 de la OIT. 3- Aduce que el Estado Costarricense ha incumplido con los compromisos asumidos en la III Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 y no ha adoptado medidas efectivas para erradicar el racismo y la discriminación racial. 4- Que además ha Legislado a favor de la población indígena, excluyendo a los afrodescendientes de la protección de sus derechos. 5- Argumenta que el Convenio 169 de la OIT, ratificado en 1992, protege el derecho de propiedad ancestral y consulta previa de las comunidades tribales, incluyendo a los afrodescendientes. 6- Sin embargo, la falta de reconocimiento y delimitación de los terrenos afrodescendientes ha permitido la emisión de permisos de tala de árboles y la promoción de planes reguladores costeros en estos terrenos. 7- El recurrente destaca que el estado costarricense ha ignorado las recomendaciones del Comité para la eliminación de la Discriminación Racial, que enfatizan la necesidad de consultas previas y la protección d ellos derechos de propiedad ancestral de la comunidad afrodescendiente. 8- Que la Municipalidad de Talamanca está desarrollando un Plan Regulador Costero sin respetar estos territorios, sin contar con un mapa que delimite los territorios ancestrales afrodescendientes, poniendo en riesgo los derechos de esta comunidad. 9- que mediante el oficio AEL-0058-2024 de 18 de marzo de 2024 dirigió una gestión al Concejo Municipal de Talamanca, en la que expuso sus argumentos y solicito informar si la Municipalidad tiene a su disposición algún mapa oficial que delimite el territorio ancestral de los afrodescendientes, toda vez que dichas áreas están protegidas a nivel internacional y pertenecen a la población tribal afro. 10- Agrego que, por lo anterior, las tierras de interés no pueden ser incluidas o ser afectadas por ningún plan regulador.

Y pidió que, en caso de no contar con el mapa descriptivo de ubicación y límites del territorio ancestral afrodescendiente, se suspenda el trámite del plan regulador costero e iniciar las gestiones ante el Poder Ejecutivo para que delimite tales áreas. 11- Que por oficio N° scmt-021-2024 de 21 de marzo en curso, se le comunico que su gestión fue conocida por el Concejo Municipal en sesión 200 de 20 de marzo anterior y fue trasladada a estudio y dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del gobierno local recurrido y, una vez que se contara con la respuesta, se le comunicaría. 12- Acusa que a la fecha de la interposición del recurso no se le había contestado, ni dado acceso a la información requerida por lo que estima violados sus derechos. Producto de sus argumentaciones el recurrente solicita a la Sala Constitucional lo siguiente: A-) Que se declare con lugar el recurso de amparo, reconociendo que el Estado ha violado los derechos humanos de la población afrodescendiente al no reconocer, delimitar y proteger sus derechos de propiedad ancestral.

B-) Pide que se reconozca el derecho de consulta previa y autodeterminación de la comunidad afrodescendiente. C-) Se ordene al Estado crear una Ley para delimitar y reconocer estos territorios. D-) Además solicita la suspensión del Plan regulador Costero hasta que se asegure que no afectara los territorios ancestrales afrodescendientes y que se condene a los demandados al pago de costas. Sobre los hechos 1, 2 y 3. Donde el recurrente argumenta y aduce “Que la Población afrodescendiente ha sido históricamente invisibilizada y discriminada por diversas entidades estatales, incluyendo la Municipalidad de Talamanca. Que esta discriminación se refleja en la falta de reconocimiento y protección de los derechos de propiedad ancestral y autodeterminación de la comunidad afrodescendiente, establecidos en los Convenios 107 y 169 de la OIT. Aduce que el Estado Costarricense ha incumplido con los compromisos asumidos en la III Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 y no ha adoptado medidas efectivas para erradicar el racismo y la discriminación racial” Como informe ante esta honorable Sala, es importante informar que la Municipalidad de Talamanca haciendo uso de su Autonomía Constitucional y Legislación Vigente en la Materia como administrador de su territorio, ha realizado acciones afirmativas en materia de reconocimiento y protección de los derechos de la Población Afrodescendiente, por cuanto en la sesión ordinaria 21 del 25 de setiembre del 2020, mediante el acuerdo N° 1 se crea la Oficina y la Comisión Municipal de Asuntos Afrodescendientes del cantón de Talamanca (Ver Anexo 1) sustentados en lo establecido en el convenio 169 y como acción producto de la declaración del Decenio Internacional para Afrodescendientes, el cual se centra en la protección de los derechos de las personas de ascendencia africana, el reconocimiento de sus aportes y la preservación de su rico patrimonio cultural.

Según proclama la Asamblea General de las Naciones Unidas, el tema del decenio internacional es “Afrodescendientes Reconocimiento, Justicia y Desarrollo” al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un grupo específico de personas cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. Siendo entonces que por disposición del Presidente Municipal en ejercicio del periodo 2020-2024, en el uso de sus facultades así conferidas por el artículo 34 Inciso g) del Código Municipal, integra una Comisión Especial Permanente denominada Comisión Municipal de la Población Afrodescendientes del Cantón de Talamanca, lo anterior mediante la sesión ordinaria Nº 63, celebrada el día 6 de Agosto del 2021, adoptó Acuerdo Nº 3 creando la Comisión Municipal de la Población Afrodescendiente, que conjuntamente con la Oficina Municipal de Población Afrodescendiente, coadyuven al desarrollo de sus objetivos.

(Ver Anexo 1 Certificación de acuerdo N°1 2020) Bajo este mismo orden de ideas el Concejo Municipal mediante Sesión Ordinaria #166 del 26 de julio de 2023 adoptó el Acuerdo Nº 06, que indica lo siguiente: Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, secundada por el Regidor Jorge Molina Polanco, que dice: Asunto: Modificación del acuerdo N° 3 de la sesión N° 63 del 06 de agosto del 2021, en lo referente a la ampliación del número de miembros de la Comisión Municipal para asuntos de la Población Afrodescendiente. Estableciendo la coordinación directa de esta Comisión Municipal y la de los representes ante instancias públicas, organismos nacionales e internacionales en temas relacionados a la población afrodescendiente de Talamanca, con el alcalde de la Municipalidad de Talamanca Licenciado Rugeli Morales Rodríguez, ante quien deberán presentar informes de sus acciones.

Siendo que el considerando 4° de dicha moción menciona Que, durante la segunda etapa del proceso de Formulación del Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita, La Comisión municipal para asuntos de la población afrodescendiente, asumió la representación de la población afrodescendiente de las comunidades costeras del distrito Cahuita, teniendo presencia en diferentes espacios y participando de forma activa tanto con la comisión de Plan regulador como dar acompañamiento a las acciones del alcalde Municipal en la defensa de los pueblos costeros, quedando dicha comisión conformada por población afrodescendiente vecinos de las comunidades costeras de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo La Comisión Municipal para asuntos de la Población Afrodescendiente, un total de 13 miembros, dicha comisión coordinará sus acciones y rinde informe de manera directa con el Lic. Rugeli Morales Rodríguez Alcalde de esta Municipalidad; de igual forma los representantes Municipales ante las instancias públicas, organismos nacionales e internacionales nombrados por este Concejo en temas de la afrodescendencia.

(Ver anexo 2 Acuerdo de ampliación comisión afro). En otro orden de cosas queremos recordar únicamente dos acciones que se han tomado en la línea del reconocimiento de los derechos de los diferentes grupos étnicos de nuestro país, incluyendo a la población Afrocostarricense y para ello sito lo siguiente “Ley N° 7426 del Día de las Culturas, dicho cuerpo normativo en su artículo 1° Sobre la Conmemoración. establece que Todos los años, se conmemorará el 12 de octubre como "Día de las Culturas", para enaltecer el carácter pluricultural y multiétnico del pueblo costarricense. Se recordará, asimismo, el hecho histórico del arribo de Cristóbal Colón al continente americano. Los valores indígenas, europeos, africanos y asiáticos presentes en la composición de la idiosincrasia costarricense se exaltarán en los actos conmemorativos del Día de las Culturas. Se recordarán, en ese día, los lazos históricos y culturales que vinculan a las naciones de Hispanoamérica.

Además, se estimulará la recuperación de los citados valores. El articulo 2 Respeto por las culturas en actos oficiales. En esa fecha, durante los actos oficiales de conmemoración, se respetarán las diferentes culturas del país; siempre dentro del ordenamiento jurídico nacional. Continúa diciendo dicho cuerpo normativo en articulo 3 sobre la Inclusión en programas educativos. Los programas de estudio de primer y segundo ciclos deberán incluir todos los componentes culturales y étnicos, acordes con el carácter pluricultural y multiétnico del pueblo costarricense. Otra de las acciones que han sido determinantes en el reconocimiento de las diferentes etnias de nuestro es la modificación a nuestra carta magna, donde la Comisión Especial nombrada para estudiar la reforma Constitucional del artículo primero, para establecer el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica, en su dictamen Unánime Afirmativo sobre el expediente No. 13.825 el 27 de junio del año 2000, entre los argumentos de sustento mencionaron los avances de otros países en América Latina que reconocieron su condición multiétnica y pluricultural y que “La Constitución Política de Costa Rica no cuenta con un capítulo destinado a la población o la composición de los integrantes de esta sociedad.

Además, el artículo primero define la manera como queremos los costarricenses que sea nuestro Estado. Una nación debe definirse por su manera de gobernarse, la extensión del territorio y población que la conforma” además que “En estos tiempos en que la identidad cultural se convierte en una piedra angular del ciudadano de un mundo globalizado, cuando las raíces históricas de los pueblos se manifiestan por su inexorable proyección hacia el futuro y las diferencias étnicas afloran para exponer al juicio de la opinión pública los regímenes de opresión y de injusticia, es necesario hacer patente de forma constitucional el carácter multiétnico de nuestras naciones” por cuanto “Es necesario incorporar a la definición de nuestra patria, esas dos características que la enriquecen y la ennoblecen, para que explícitamente se reconozca la variedad étnica y cultural con que debemos enrumbar nuestros pasos hacia el siglo XXI” abriendo el camino y dejando en la corriente Legislativa la aprobación de la reforma del artículo 1 de la Constitución Política para que se lea: “Artículo 1.- Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural.” Así reformado por el artículo único de la Ley Nº 9305 del 24 de agosto del 2015” Sobre los hechos 4 y 5 “Que además ha Legislado a favor de la población indígena, excluyendo a los afrodescendientes de la protección de sus derechos.

Argumenta que el Convenio 169 de la OIT, ratificado en 1992, protege el derecho de propiedad ancestral y consulta previa de las comunidades tribales, incluyendo a los afrodescendientes” Sobre este particular es importante mencionar a esta honorable Sala Constitucional que la Municipalidad de Talamanca a dirigido acciones tanto a la Población Indígena como a la Población Afrodescendiente, así visto en los acuerdos del Concejo Municipal en la sesión ordinaria 21 del 25 de setiembre del 2020, que mediante el acuerdo N° 1 crea la oficina y la Comisión Municipal de Asuntos Afrodescendientes del cantón de Talamanca, sustentados en lo establecido en el convenio 169. Sesión ordinaria Nº 63, celebrada el día 6 de Agosto del 2021, adoptó Acuerdo Nº 3 creando la Comisión Municipal de la Población Afrodescendiente, que conjuntamente con la Oficina Municipal de Población afrodescendiente, coadyuven al desarrollo de sus objetivos y en la Sesión Ordinaria #166 del 26 de julio de 2023 adoptó el Acuerdo Nº 06, que indica lo siguiente: Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, secundada por el Regidor Jorge Molina Polanco, que dice: Asunto: Modificación del acuerdo N° 3 de la sesión N° 63 del 06 de agosto del 2021, en lo referente a la ampliación del número de miembros de la Comisión Municipal para asuntos de la Población Afrodescendiente.

Estableciendo la coordinación directa de esta Comisión Municipal y la de los representes ante instancias públicas, Organismos Nacionales e Internacionales en temas relacionados a la población Afrodescendiente de Talamanca. Siendo que el considerando 4° de dicha moción menciona Que, durante la segunda etapa del proceso de Formulación del Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita, La Comisión Municipal para Asuntos de la Población Afrodescendiente, asumió la representación de la población afrodescendiente de las comunidades costeras del distrito Cahuita entiéndase Cahuita, Puerto viejo, Manzanillo y barrios colindantes, teniendo presencia en diferentes espacios y participando de forma activa tanto con la Comisión de Plan Regulador como dar acompañamiento a las acciones del alcalde Municipal en la defensa de los pueblos costeros, siendo que dicha comisión es conformada por población afrodescendiente, todos vecinos de las comunidades costeras de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, para un total de miembros.

Siguiendo este Gobierno local, reconociendo los derechos de la población afrodescendiente y adoptando las recomendaciones de la Comisión Municipal de población afrodescendiente, en el marco de la aprobación del Plan Regulador Costero del distrito Cahuita, incluye el Anexo 1, el cual es parte integral del Reglamento de Zonificación y Canon del Plan Regulador Costero publicado en la Gaceta XX del 5 de octubre del 2023 una vez cumplido con todos la tramitología para la implementación de esta herramienta de planificación, por lo que se constituye en un marco jurídico de aplicación para esta Municipalidad, donde menciono los siguientes considerandos que justifican el anexo 1 al Reglamento de Zonificación y Canon del Plan regulador Costero: “2-Que es función del Estado, las municipalidades y demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos, las actividades económicas y sociales, el desarrollo general, con el fin de lograr mayor bienestar de la población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales, y la conservación del ambiente. 4-Que El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales del año 1989 es un tratado internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989.

El Convenio refleja el consenso logrado por los mandantes tripartitos de la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos. Este convenio está fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. 5 Que el objetivo del Convenio 169 es Superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Este convenio cuenta con los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio. Además, el Convenio cubre una amplia gama de cuestiones relativas a al derecho al empleo y la formación profesional, la educación, la seguridad social y la salud, el derecho consuetudinario, las instituciones tradicionales, las lenguas, las creencias religiosas y la cooperación a través de las fronteras. 6-Que el Decreto Ejecutivo N° 43191-MP-MCJ declara de interés público a la población Afrocostarricense, su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura y cosmovisión y creación de la mesa para el proceso de reconocimiento de pueblos tribales Afrocostarricenses.

De igual forma el Artículo 5º- Se faculta a las dependencias del Sector Público y se insta a las Instituciones Autónomas y otros Poderes de la República, para que, dentro del marco legal respectivo, colaboren en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus fines y competencias, con los objetivos del presente Decreto Ejecutivo. 7-Que el Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP sobre la Constatación del Autorreconocimiento de la población Afrocostarricense como pueblo tribal, en su Artículo 1º- Se constata el autorreconocimiento de la población Afrocostarricense como pueblo tribal Afrocostarricense de acuerdo a su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura y cosmovisión” Nótese entonces que los decretos ejecutivos 43191-MP-MCJ publicado en el Alcance N° 200 a la Gaceta N° 191 del 5 de octubre de 2021 y decreto ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, sobre la constatación del autorreconocimiento de la población Afrocostarricense como Pueblo Tribal Afrocostarricense publicado el 5 de mayo del 2022, son las normativas más recientes en materia del reconocimiento de los derechos de los pueblos Afrocostarricenses Tribales, por lo que la Municipalidad de Talamanca en el uso de sus facultades a adoptado para hacer valer el derecho de estos pueblos, mediante la Zonificación del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, los cuadrantes urbanos de las comunidades de Cahuita y Puerto viejo fueron ampliadas y fue creado el cuadrante urbano de Manzanillo, todos esta comunidades del caribe sur de nuestro país, donde históricamente han vivido pobladores Afrocostarricense reconocidos como Pueblos Tribales.

(Ver Anexo 3-a) En referencia a los hechos 6, 7 y 8: “Sin embargo, la falta de reconocimiento y delimitación de los terrenos afrodescendientes ha permitido la emisión de permisos de tala de árboles y la promoción de planes reguladores costeros en estos terrenos. El recurrente destaca que el estado costarricense ha ignorado las recomendaciones del Comité para la eliminación de la Discriminación Racial, que enfatizan la necesidad de consultas previas y la protección d ellos derechos de propiedad ancestral de la comunidad afrodescendiente. Que la Municipalidad de Talamanca está desarrollando un Plan Regulador Costero sin respetar estos territorios, sin contar con un mapa que delimite los territorios ancestrales afrodescendientes, poniendo en riesgo los derechos de esta comunidad” Es necesario informar a su autoridad que la Municipalidad de Talamanca mediante Convenio con el INVU, elaboro el Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita, el cual el recurrente y otros han intentado hacer que esta honorable Sala lo suspenda o lo declare inconstitucional, utilizando diferentes argumentos, mismos que no han logrado su objetivo por cuanto el Plan Regulador cumplido con todas sus etapas incluyendo la realización de la segunda audiencia pública el pasado 8 de marzo del 2024 donde se invitó a la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Kekoldi y al Foro Tribal Afrocostarricense, (Ver anexo 4-a) con la debida publicación de convocatoria en el diario Oficial la Gaceta N° 17 del 30 de enero del 2024, donde el recurrente y otros tuvieron la oportunidad de asistir a dicha audiencia pública, como el espacio de presentación de observaciones al Plan Regulador Costero sin embargo opta por presentar este recurso de amparo semanas después de realizada dicha audiencia con la intención de que esta Sala Constitucional suspenda los efectos del Plan Regulador aduciendo la falta de delimitación de los Pueblos Tribales, situación que es totalmente contraria a la verdad, lo anterior por cuanto a pesar de lo dicho por la Sala en la “Resolución de este Tribunal Resolución Nº 03113 – 2009 del 25 de Febrero del 2009 a las catorce horas con cincuenta nueve minutos del Expediente: 05-016470-0007-CO, Redactado por el Magistrado Fernando Cruz Castro, sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por Luis ángel Ramírez Ramírez, y quirico Jiménez Madrigal, para que se declare inconstitucional la “Ley No. 8464 que se refiere a la Declaratoria de ciudad para las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo del cantón de Talamanca, provincia de Limón", del 25 de octubre del 2005, publicada en La Gaceta No. 218 del 11 de noviembre de 2005, por estimarla contraria los artículos 121 inciso 14), 50, 33, 34 y 45 de la Constitución Política, además del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República. La Sala Constitucional manifestó en dicha Resolución además que “Sobre la desestimatoria del alegato de violación al derecho de propiedad privada. Finalmente, sobre el alegato de los accionantes de violación al artículo 45 constitucional por la función social de la propiedad, no encuentra este Tribunal mérito para acoger tal argumento, pues tal como lo expresa la Procuraduría el concepto de función social de la propiedad privada se liga a las limitaciones no indemnizables impuestas a ese derecho por razones de interés general (artículo 45, párrafo 2°, de la Constitución). Mientras que el dominio público, si bien tiene como fin prioritario la satisfacción del interés público, a que está afectado bajo el régimen jurídico especial que lo caracteriza, configura una modalidad diversa de propiedad.

En tanto la propiedad privada se rige por el artículo 45 de la Constitución y la normativa pertinente del Código Civil, la propiedad demanial se fundamenta en el inciso 14 del artículo 121 Constitucional, de modo que su naturaleza es virtualmente diferente. En Conclusión, no es posible tener por transgredido el artículo 45 constitucional, por cuanto la Ley 8464 no impone limitaciones a la propiedad privada, sino todo lo contrario, lo que hace es autorizar la titulación de propiedad privada en la zona terrestre de Cahuita y Puerto Viejo”. (Ver anexo 5-a Resolución Nº 03113-2009), La Municipalidad de Talamanca y el INVU delimitamos los cuadrantes urbanos de las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, como pueblos costeros, mismos que han sido habitados por la población Afrocostarricense que hasta el año 2021 se autoreconoce como Pueblos Tribales, los pueblos costeros de Cahuita y Puerto Viejo, fueron ampliados de acuerdo a lo que se indicó en las extintas Leyes números 35 del 5 de julio de 1915 en el caso de Cahuita y 166 de 22 de agosto de 1935 en el caso de Puerto Viejo, al menos ante la entrada en vigencia de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, N° 6043 de 2 de marzo de 1977,(Ver mapa de zonificación anexo 6-a) como una forma clara y contundente de esta Municipalidad de reconocer los derechos de la población afrodescendiente en dichos pueblos costeros y tenerlos individualizados.

En referencia a los hechos alegados 10, 11 y 12 “Agrego que, por lo anterior, las tierras de interés no pueden ser incluidas o ser afectadas por ningún plan regulador. Y pidió que, en caso de no contar con el mapa descriptivo de ubicación y límites del territorio ancestral afrodescendiente, se suspenda el trámite del plan regulador costero e iniciar las gestiones ante el Poder Ejecutivo para que delimite tales áreas. Que por oficio N° SCMT-021-2024 de 21 de marzo en curso, se le comunico que su gestión fue conocida por el Concejo Municipal en sesión 200 de 20 de marzo anterior y fue trasladada a estudio y dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del gobierno local recurrido y, una vez que se contara con la respuesta, se le comunicaría. Acusa que a la fecha de la interposición del recurso no se le había contestado, ni dado acceso a la información requerida. Estima violados sus derechos” En relación a los puntos anteriores, es mportante (sic) que esta honorable Sala considere lo siguiente; mediante el Expediente No. 23-027898-0007-CO se presentó recurso de Amparo por los Recurrentes: [Nombre 001] y otros, quienes entre sus argumentos manifestaron “Que con la Ley N° 35 del 5 de julio de 1915, se ordenó la reubicación forzosa de su pueblo, de lo que actualmente es el Parque Nacional Cahuita, ubicándolos al margen del mar, que es lo que se conoce hoy como Cahuita centro” esto en el caso particular de Cahuita, por lo que podemos interpretar que las tierras ancestrales de la población Tribal de Cahuita se encuentra dentro de lo que hoy es el Parque Nacional Cahuita, un Área Silvestre de Protegida de Protección Absoluta, y no en el sitio actual donde se ubica la comunidad producto de una reubicación forzosa.

Siendo entonces que en el caso de Cahuita las tierras ancestrales de la población tribal, según la argumentación de varios vecinos y que consta en el expediente mencionado, están dentro del Parque Nacional Cahuita, zona que no fue regulada en el Plan Regulador Costero de Cahuita al tener su propia regulación en materia ambiental, por lo que existe una duda que se podría considerar razonable sobre la ubicación espacial de lo que el recurrente reclama como tierras ancestrales. Al recurrente no se le ha negado el acceso a la información, lo anterior por cuanto la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Talamanca tiene la respuesta pendiente, tal y como se le informo en tiempo y forma mediante el oficio SCMT-021-2024 de 21 de marzo en curso, donde se le comunico que su gestión fue conocida por el Concejo Municipal en sesión 200 de 20 de marzo anterior y fue trasladada a estudio y dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Gobierno local misma que no a conocido lo solicitado por el recurrente, producto de la diversidad de temas que atiende dicha comisión; además que el recurrente en una de sus petitorias solicita que “Se ordene al Estado crear una Ley para delimitar y reconocer estos territorios” Siendo entonces que el mismo recurrente reconoce que la información solicitada a la Municipalidad por medio del oficio AEL-0058 2024 del 18 de marzo del 2024, no existe, salvo lo dicho por esta Municipalidad, la cual reconoce a los poblados de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, como Pueblos Tribales, y están delimitados dentro de la Zonificación del Reglamento de Zonificación y Canon del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, el cual fue publicado en el diario Oficial la Gaceta 183 en el Alcance 193 del 5 de Octubre del 2023 (Ver anexo 7-a).

Sobre el derecho de consulta es importante hacer referencia a esta honorable Sala que durante el proceso de información sobre los alcances de la Propuesta de Plan regulador Costero del Distrito Cahuita antes de la audiencia publica (sic) de agosto del 2023, se realizaron 12 charlas informativas, de las cuales 3 de ellas fueron de forma exclusiva con población afrodescendiente en las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo (Ver Anexo 8-a), donde se atendieron las inquietudes de la población, de igual forma en la realización de la audiencia publica (sic) del 8 de marzo del 2024, se convoco (sic) formalmente al Foro Tribal Afrocostarricense tal y como se demuestra en el anexo 4-a, y como se puede ver en el anexo y se les dio un espacio en el uso de la palabra para que expusieran la posición del Foro en relación al Plan regulador Costero del distrito Cahuita. En referencia a las Petitorias hechos por el recurrente, Que se declare con lugar el recurso de amparo, reconociendo que el Estado ha violado los derechos humanos de la población afrodescendiente al no reconocer, delimitar y proteger sus derechos de propiedad ancestral.

Pide que se reconozca el derecho de consulta previa y autodeterminación de la comunidad afrodescendiente. Se ordene al Estado crear una Ley para delimitar y reconocer estos territorios. Además, solicita la suspensión del Plan Regulador Costero hasta que se asegure que no afectara los territorios ancestrales afrodescendientes y que se condene a los demandados al pago de costas. Esta Municipalidad estima lo siguiente: A esta Municipalidad lo que le corresponde es la aplicación del marco jurídico vigente, así como la jurisprudencia emitida al amparo de las diferentes resoluciones de este Honorable Tribunal, y la Procuraduría General de la República, por lo que, las acciones de esta corporación Municipal no pueden ir más allá de lo que legalmente es permitido, el mencionar en los antecedentes y los considerandos del anexo 1 del Plan Regulador Costero distrito Cahuita, aspectos como lo decretos de reconocimiento de los Pueblos Tribales, como un reconocimiento a nivel local por sus aportes culturales y económicos al desarrollo del cantón, sin entrar a transgredir la norma, siendo claro que a nivel país y constitucional se le ha otorgado los derechos emanados del Convenio 169 a los pueblo Indígenas mas no a los pueblos Tribales que es el caso que nos ocupa, podríamos referirnos a los pobladores de las comunidades costeras de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, siendo entonces es menester de la Sala Constitucional jurisprudencialmente establecer algo diferente, o en defecto el Poder Ejecutivo formular y emitir una Política Publica que encause las cosas de manera diferente en relación a la Población Afrocostarricense.

Como hemos indicado el Plan Regulador se formuló en base a las normas habilitantes, en este caso sobre pueblos ancestrales, nos deja en duda el hecho de que por un lado varios pobladores argumentan que el sitio donde está el poblado de Cahuita actualmente no es el sitio ancestral ya que afirman que con la promulgación de la Ley 35 en el año 1915, fueron trasladados de manera forzosa al sitio actual, dejando sus tierras ancestrales dentro de lo que hoy es el Parque Nacional Cahuita de Cahuita, por lo que antes de realizar cualquier mapa de identificación de territorios Tribales, se debería realizar una investigación que pueda realzar la recopilación de la información de ubicación histórica de dichos pueblos, a efectos de hacer valer esa relación histórico cultural y ancestral de los territorios. Por lo anterior es claro que la Municipalidad de Talamanca no ha vulnerado los derechos de los pueblos Tribales, todo lo contrario la Municipalidad genero un espacio de diálogo directo con las poblaciones afrodescendientes desde la creación de la Oficina Municipal y Comisión municipal para asuntos de Afrodescendientes, sumado a lo anterior la Municipalidad de Talamanca por medio de la Comisión Municipal para Asuntos de la Población afrodescendiente, realizo convocatorias para el grupo Étnico Tribal a efectos de que la Municipalidad brindara charla informativas sobre la propuesta de Zonificación y Reglamento del Plan Regulador Costero distrito de Cahuita, siendo que dichas charlas fueron dadas en creole limonenses y en español, lenguas dominantes de la población tribal, además se unieron otras organización de afrodescendientes en apoyo e impulso a las charlas a efectos de que la población tribal tuviera la información de primera mano, y así la oportunidad de llegar a la audiencia pública con información suficiente para formular sus observaciones, como efectivamente sucedió.”

  1. 16Mediante escrito incorporado a las 14:44 horas del 21 de junio de 2024 al expediente digital No. 24-013786-0007-CO, la parte recurrente manifiesta lo siguiente:

“Quien suscribe [Nombre 015], cédula de identidad [Valor 017], mayor de edad, ciudadano afrodescendiente vecino de Limón, en atención a la contestación del Recurso de Amparo realizada por la corporación municipal de Talamanca, me refiero en los siguientes términos: El acceso a la justicia del suscrito en mi calidad de ciudadano afrodescendiente impone la obligación a los honorables Magistrados de centrar la atención en los derechos humanos que han sido históricamente violentados por los recurridos. Por ello la población tribal afrodescendiente de Costa Rica es y debe ser la protagonista en la resolución del presente recurso, pues es una población que históricamente ha afrontado situaciones desfavorables, al encontrar mayores obstáculos para la tutela efectiva de sus derechos frente a los poderes públicos como lo es en este caso la Municipalidad de Talamanca. Por ello es pertinente que los Magistrados concentren su atención en la población tribal afrodescendiente como un pueblo que histórica y socialmente ha estado en condición de vulnerabilidad al no haberse emitido por parte de los recurridos ningún acto administrativo, ley, decreto o reglamento que les reconozca el derecho de propiedad ancestral, el poder de autodeterminación, y el derecho de consulta previa.

La contestación del Recurso de Amparo por parte de la Municipalidad de Talamanca es fiel reflejo del RACISMO SISTEMICO O ESTRUCTURAL, que ha afectado históricamente a la población afrodescendiente y en especial a la del Caribe Sur, manteniéndola invisibilizada, pues ese ente Municipal ha asumido que no existe ningún tipo de restricción legal para imponer un plan regulador costero sobre territorios ancestrales afrodescendientes protegidos por el Convenio 169 de la OIT. Ese racismo se entiende como el conjunto de políticas y prácticas Municipales que marginan a la Población Afrodescendiente irrespetando sus derechos de autodeterminación, consulta previa y los territorios ancestrales, y al mismo tiempo sí respeta otros territorios que considera indígenas como en el caso del territorio indigena (sic) Kekoldi. De manera ilegal la Municipalidad insiste en que sí puede imponer a la fuerza un plan regulador costero en el Caribe Sur sobre territorios ancestrales afrodescendientes, a los que ellos mismos reconocen como protegidos por el Convenio 169 de la OIT, pero opinan lo contrario sobre terrenos que consideran indígenas en Cocles al señalar que no los pueden afectar con el plan regulador por estar protegidos por el Convenio 169 de la OIT.

Esa discriminación se hace por parte de la Municipalidad en perjuicio de los grupos tribales afrodescendientes y generando una violación al ARTÍCULO 33 Constitucional, pues tanto los indígenas como los afrodescendientes están protegidas por el mismo Convenio 169 de la OIT y ese instrumento no hace discriminación en cuanto al otorgamiento de derechos a ambas poblaciones, sin embargo la Municipalidad respeta territorios supuestamente indígenas, pero no respeta los territorios ancestrales afrodescendientes. Al respecto señala la Sala Constitucional: “Al abordar este tipo de problemática, los autores frecuentemente hablan del racismo institucionalizado, para referirse a las prácticas culturales e institucionales (es decir, a las políticas institucionales, las costumbres, y las estructuras de los gobiernos, negocios, tribunales, escuelas, sindicatos, iglesias y otras organizaciones, etc.) que perpetúan la desigualdad racial porque estructuran los beneficios disponibles de forma tal que le dan una ventaja a los grupos hegemónicos a expensas de los demás.

Éste no reside propiamente en los individuos y puede ser directo o indirecto. Así, se habla de racismo institucionalizado directo, cuando las políticas son diseñadas a propósito para que tengan efectos discriminatorios, y se las hace valer por medio del sistema jurídico o prácticas institucionales deliberadas. Así, la discriminación resultante es producto de las acciones emprendidas por aquellos individuos que ejecutan los dictados cargados de prejuicios de personas concretas, o de la sociedad tomada en su conjunto, incluyendo las de grupos informales guiados por patrones de conducta que apoyan el pensamiento racista y fomentan el racismo activo. El racismo institucionalizado indirecto, en cambio, atañe a las prácticas que tienen impactos o resultados dispares en los distintos grupos raciales, sin que exista una intención consciente y deliberada de discriminar a alguien. Cuando Sir William MacPherson hizo público, en febrero de 1999, su informe sobre el homicidio del británico de ascendencia jamaiquina Stephen Lawrence —en el cual concluyó que el Metropolitan Police Service Investigation había sido incompetente y sus oficiales cometieron errores fundamentales en el transcurso de la respectiva investigación—, definió al racismo institucionalizado como la incapacidad colectiva de una organización de proveer un servicio apropiado y profesional a las personas por causa de su color, cultura y origen étnico, e indicó que este fracaso podía ser detectado en procesos, actitudes y comportamientos que constituían discriminación por causa de prejuicios involuntarios, ignorancia, desconsideración y la presencia de estereotipos raciales que dejaban en desventaja a las minorías étnicas (véase “The Stephen Lawrence Inquiry, Report of An Inquiry By Sir William Macpherson Of Cluny”, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upload s/attachment_data/file/277111/4262.pdf, p. 49).

Las consecuencias del racismo institucionalizado se evidencian, entonces, en las disparidades en el acceso a la riqueza, el ingreso, el empleo, la vivienda, la justicia penal, la educación y el poder político, entre otros. Exp: 17-019057-0007-CO, Res. Nº 2018-12095, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. “Por ello, algunas fuentes hablan de racismo estructural para referirse a la forma en que la actividad conjunta de las instituciones, sin hacerlo a propósito, crea desigualdades de trato que perjudican a los miembros de las minorías raciales. Estas diferencias de tratamiento están enraizadas en la estructura misma de la sociedad, su historia, su cultura y sus políticas, e impiden la participación igualitaria de tales grupos en sus instituciones sociales. De esta forma, aunque las causas del racismo estructural sean difíciles de individualizar, lo cierto es que las desigualdades de poder, las diferencias de acceso a las oportunidades y las políticas que tienen resultados distintos según el grupo racial del que se trate, son fuertes indicadores de su presencia (véanse sobre estos temas las páginas web “ Forms of Racism” del sitio web Calgary Anti-Racism Education (CARED) de la Universidad de Calgary, http://www.ucalgary.ca/cared/formsofracism; “Race and Racism” del sitio web Intergroup Resources, http://www.intergroupresources.com/race-and-racism/, y “Structural or Institutional Racism” del sitio web SOCIOLOGY, http://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-race/structural-or institutional-racism/).” Exp: 17-019057-0007-CO, Res. Nº 2018-12095, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

San José, a las doce horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. El racismo del que es víctima la población afrodescendiente y que se evidencia en la contestación del Recursos de Amparo por parte de la Municipalidad, lo que tiende es a mantener el dominio y la jerarquía de poder de la Municipalidad y del Estado sobre los territorios ancestrales afrodescendientes, en las que los grupos percibidos con mejores atributos (MUNICIPALIDAD Y ESTADO) se encuentran en la cúspide de la pirámide social y los afrodescendientes y sus territorios ancestrales en la base. A pesar de la contestación del Amparo que hace la Municipalidad, en el que describe haber elaborado el plan regulador costero respetando los derechos de la población afrodescendiente y que ha realizado reuniones con ciertos grupos de la comunidad afrodescendiente, es lo cierto que esas reuniones no pueden sustituir el mecanismo general de Consulta para la Población Tribal Afrodescendiente, el cual no ha sido elaborado ni aprobado mediante Decreto ni Ley por el Poder Ejecutivo.

Nótese como parte de la Discriminación en perjuicio de la Población Afrodescendiente, el Poder Ejecutivo sí estableció mediante Decreto Ejecutivo: 40932 del 06/03/2018 el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas y señaló en su CAPÍTULO I, GENERAL, Artículo 1.- Objeto. El objeto del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas es, reglamentar la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo o proyectos privados, susceptibles de afectarles. Y para el caso concreto de proyectos municipales en el artículo 5 señaló; - Aplicación a Gobiernos Locales. Los Gobiernos Locales podrán solicitar de forma voluntaria la activación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, en caso de que se promuevan políticas públicas o medidas administrativas en general, que afecten los derechos de los pueblos indígenas presentes en sus cantones.

La Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) tramitará dichas solicitudes de igual forma que las solicitudes interpuestas por las instituciones públicas del Poder Ejecutivo. Como se puede apreciar, a pesar de los esfuerzos que realiza la Municipalidad por describir una serie de reuniones con la población afrodescendiente, esas reuniones no pueden ser interpretadas como el cumplimiento del proceso de consulta previa, pues no existe ese mecanismo para ser aplicado a la población tribal afrodescendiente, Nótese, un aspecto importante que la Municipalidad no describe si la población presente en esas reuniones estuvo de acuerdo o no con el Plan Regulador. Otro aspecto que evidencia desconocimiento y violación de los Derechos Humanos de la población afrodescendiente, lo es el hecho de que la Municipalidad, con tal de justificar la falta de delimitación de los territorios ancestrales afrodescendientes, alega señala: “Es necesario informar a su autoridad que la Municipalidad de Talamanca mediante Convenio con el INVU, elaboro el Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita, el cual el recurrente y otros han intentado hacer que esta honorable Sala lo suspenda o lo declare inconstitucional, utilizando diferentes argumentos, mismos que no han logrado su objetivo por cuanto el Plan Regulador ha cumplido con todas sus etapas incluyendo la realización de la segunda audiencia pública el pasado 8 de marzo del 2024 donde se invitó a la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Kekoldi y al Foro Tribal Afrocostarricense, (Ver anexo 4-a) con la debida publicación de convocatoria en el diario Oficial la Gaceta N° 17 del 30 de enero del 2024, donde el recurrente y otros tuvieron la oportunidad de asistir a dicha audiencia pública, como el espacio de presentación de observaciones al Plan Regulador Costero sin embargo opta por presentar este recurso de amparo semanas después de realizada dicha audiencia con la intención de que esta Sala Constitucional suspenda los efectos del Plan Regulador aduciendo la falta de delimitación de los Pueblos Tribales, situación que es totalmente contraria a la verdad”, pues señala: “La Municipalidad de Talamanca y el INVU delimitamos los cuadrantes urbanos de las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, como pueblos costeros, mismos que han sido habitados por la población Afrocostarricense que hasta el año 2021 se autoreconoce como Pueblos Tribales, los pueblos costeros de Cahuita y Puerto Viejo, fueron ampliados de acuerdo a lo que se indicó en las extintas Leyes números 35 del 5 de julio de 1915 en el caso de Cahuita y 166 de 22 de agosto de 1935 en el caso de Puerto Viejo, al menos ante la entrada en vigencia de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, N° 6043 de 2 de marzo de 1977,(Ver mapa de zonificación anexo 6-a) como una forma clara y contundente de esta Municipalidad de reconocer los derechos de la población afrodescendiente en dichos pueblos costeros y tenerlos individualizados”.

La violación al Convenio 169 de la OIT se da en el preciso momento en que la corporación municipal señala que delimitó los cuadrantes urbanos de las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, como pueblos costeros, mismos que han sido habitados por la población Afrocostarricense, como una forma clara y contundente de esta Municipalidad de reconocer los derechos de la población afrodescendiente en dichos pueblos costeros y tenerlos individualizados. Lo anterior pues la delimitación de cuadrantes urbanos en los territorios ancestrales afrodescendientes no sustituye la obligación del Estado de delimitar mediante Ley o Decreto los territorios ancestrales afrodescendientes. No obstante lo anterior la delimitación de cuadrantes urbanos tampoco le otorga la facultad a la Municipalidad de imponer un plan regulador costero sobre los territorios ancestrales afrodescendientes, pues el poder de autodeterminación le otorga a la comunidad afro el poder de tomar sus propias decisiones sobre sus terrenos ancestrales y limita o elimina la posibilidad a la Municipalidad de emitir actos administrativos que afecten ese territorio tribal.

Debe notar su autoridad que en los CONSIDERANDOS del Plan Regulador costero del caribe sur se señaló: 4-Que El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales del año 1989 es un tratado internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989. El Convenio refleja el consenso logrado por los mandantes tripartitos de la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos. Este convenio está fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. 5-Que el objetivo del Convenio 169 es Superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas.

Este convenio cuenta con los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio. Además, el Convenio cubre una amplia gama de cuestiones relativas al derecho al empleo y la formación profesional, la educación, la seguridad social y la salud, el derecho consuetudinario, las instituciones tradicionales, las lenguas, las creencias religiosas y la cooperación a través de las fronteras. 6-Que el Decreto Ejecutivo N° 43191-MP-MCJ declara de interés público a la población Afrocostarricense, su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura y cosmovisión y creación de la mesa para el proceso de reconocimiento de pueblos tribales Afrocostarricenses. De igual forma el Artículo 5º- Se faculta a las dependencias del Sector Público y se insta a las Instituciones Autónomas y otros Poderes de la República, para que, dentro del marco legal respectivo, colaboren en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus fines y competencias, con los objetivos del presente Decreto Ejecutivo. 7-Que el Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP sobre la Constatación del Autorreconocimiento de la población Afrocostarricense como pueblo tribal, en su Artículo 1º— Se constata el autorreconocimiento de la población Afrocostarricense como pueblo tribal Afrocostarricense de acuerdo a su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura y cosmovisión. 9-Que La Municipalidad reconoce la presencia ancestral de la población afrodescendiente en los poblados de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, declarando a dichas comunidades, como comunidades afrodescendientes.

Lo anterior mediante el acuerdo 04 de la sesión ordinaria N° 114 de agosto del 2012. Con lo anterior se demuestra la mala fe de la Municipalidad que en el mismo plan regulador costero reconoce la existencia de territorios ancestrales, reconoce la protección jurídica del Convenio 169 sobre esos territorios ancestrales, pero aún asi pretende imponer a la fuerza dicho modelo de desarrollo sin importar la negativa de la población tribal, lesionando el derecho de autodeterminación y de la consulta previa. En este sentido y contrario a la contestación de la Municipalidad, el Estado Costarricense ya reconoció que es necesaria la creación de una Ley que delimite, reconozca y proteja los territorios ancestrales afrodescendientes y que además les otorgue los derechos de consulta previa y la libertad de autodeterminación. Así se estableció en el oficio de fecha 10 de mayo de 2024, dirigido a la Señora Angie Cruickshank Lambert Defensora de los Habitantes.

Asunto: Oficio N*04578-2024 -DHR. Reconocimiento de la propiedad ancestral afrodescendiente con base en el Decreto Ejecutivo 43532 -MP-MINAE-MCJ-MEP, por parte de Gabriel Aguilar Vargas, Director de Despacho del señor Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, en el cual señaló: “En general, la propiedad indígena en Costa Rica, es un régimen de propiedad especial, de carácter comunitario, al cual no le son aplicables en principio las normas de nuestro Derecho Positivo en beneficio de la aplicación del Derecho Consuetudinario de la sociedad indígena asentada en los territorios específicos. Al estar en presencia de una propiedad de carácter comunitario, no existe una individualización del derecho de propiedad, sino que la representación jurídica de la comunidad (ejercida en nuestro país por la Asociación de Desarrollo de la Comunidad y en este caso específico la ADI de Cahuita), ejerce los derechos normalmente reservados al propietario Civil, pero con las limitaciones señaladas por la Ley Indígena citada.

El análisis realizado nos permite concluir que, al menos en el caso de nuestro país, los instrumentos jurídicos que podrían regular la propiedad ancestral están orientados hacia la protección de la propiedad comunitaria tanto para pueblos indígenas como tribales. Nótese que la solicitud del ciudadano consultante, pretende una afectación territorial en cantones y distritos del Caribe hoy habitados por toda clase de población; pero recordemos que las facultades del Poder Ejecutivo en materia de propiedad privada están limitadas severamente por el principio de reserva de ley establecido en el artículo 45 constitucional. Por otra parte, el tema de los derechos de propiedad ancestral se encuentra ausente en el proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente legislativo N* 23.903, ya que su contenido se limita casi a una repetición exacta de los alcances del Decreto 43532-MPMINAE-MCJ-MEP. En este sentido, parece necesario promover reformas legales ante el Poder Legislativo, para la implementación de un instrumento jurídico que permita establecer el reconocimiento, delimitación y puesta en posesión de la propiedad ancestral en el caso de las poblaciones tribales.

Además, se requiere de una ley que establezca los mecanismos para reconocer quién es afrodescendiente y quien no, esto para la aplicación tanto del decreto que nos ocupa, así como la implementación de la Ley 10.120, sobre Acciones Afirmativas.” Por las razones expuestas debe declararse con lugar el recurso de amparo en contra de la Municipalidad.”

  1. 17Mediante escrito incorporado a las 10:35 horas del 26 de junio de 2024 al expediente No. 24-013786-0007-CO, la parte recurrente manifiesta lo siguiente:

“Honorable señora Magistrada Instructora, Ante las recientes manifestaciones de la Municipalidad de Talamanca en torno a los mecanismos de consulta que establecen los artículos 2 y 6 del convenio 169 de la OIT , adjunto remito copia del oficio PR-DP-0556-2024 de fecha 18 de junio en curso, suscito por el señor Gabriel Aguilar Vargas, en su condición de Jefe del Despacho del señor Presidente de la Republica (sic), dirigido a la Licencia Angie Cruishank Lambert el cual es prueba fehaciente he irrefutable de que al dia (sic) de hoy nos existe un mecanismo. Ruego muy respetuosamente a sus autoridades tomar nota de que los artículos 2 y 6 del Convenio 169 de la OIT son claros en señalar la obligación de “ consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” ya que la protección de los derechos de estos pueblos depende de una acción coordinada y sistemática de los Gobiernos con la participación de los pueblos interesados.

Cómo podrá apreciarse en el recurso de amparo que se tramita bajo expediente 24 013786-0007-CO, existe abundante prueba documental sobre la exclusión de los pueblos Tribales en el proceso de la Zonificación del Plan Regulador Costero de Talamanca publicado en la Gaceta No. 183 del pasado 5 de octubre del 2023. Véase que el oficio PR-DP-0556-2024 de fecha 18 de junio en curso, suscito por el señor Gabriel Aguilar Vargas, en su condición de Jefe del Despacho del señor Presidente de la Republica (sic), dirigido a la Licencia Angie Cruishank Lambert es sumamente riguroso a lo largo de sus 4 páginas, sobre los alcances de los artículos 2 y 6 del Convenio 169 de la OIT. Honorable señora Magistrada, le ruego tomar nota de que la recurrida Municipalidad de Talamanca Secretaria en el informe remitido a la Sala Constitucional por parte del señor Alcalde Municipal de Talamanca en respuesta a nuestros alegatos, hace una serie de manifestaciones tangenciales que no permiten entender cuáles fueron los fundamentos fácticos y legales que los llevaron a negarse a realizar una consulta a los pueblos Tribales del Caribe Sur según los artículos 2 y 6 del Convenio 169 de la OIT que son claros en señalar la obligación de “ consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” ya que la protección de los derechos de estos pueblos depende de una acción coordinada y sistemática de los Gobiernos con la participación de los pueblos interesados.

Petitoria: Ante la aprobación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta del Plan Regulador Costero de Talamanca, urge una medida cautelar de protección a favor de los pueblos tribales afrodescendientes ubicados en el Caribe Sur de Limón. Recapitulando: Tenemos que tanto la Municipalidad de Talamanca como el Estado a través de sus instituciones han violentado los artículos 2 y 6 del Convenio 169 de la OIT que son claros en señalar la obligación de “ consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” ya que la protección de los derechos de estos pueblos depende de una acción coordinada y sistemática de los Gobiernos con la participación de los pueblos interesados. Reiterando la urgencia de paralizar los efectos del plan regulador costero sobre los territorios ancestrales de la población Tribal del Caribe Sur”.

  1. 18Mediante escrito incorporado al expediente digital No. 24-013786-0007-CO a las 17:30 horas del 8 de julio de 2024, la parte recurrente aporta prueba.
  2. 19Mediante escrito incorporado al expediente digital No. 24-013786-0007-CO a las 15:22 horas del 10 de julio de 2024, la parte recurrente aporta prueba.
  3. 20El 22 de enero del 2025, Bentlin Daniel Villalobos Grant, en su condición de ciudadano afrodescendiente y presidente de la Asociación de Desarrollo de Cahuita, se apersona como coadyuvante activo y solicita que se declare con lugar el recurso.
  4. 21Mediante escrito incorporado al expediente en fecha 2 de junio de 2025, la parte recurrente emite consideraciones adicionales y aporta prueba.
  5. 22Mediante escrito incorporado al expediente en fecha 30 de junio de 2025, la parte recurrente manifiesta consideraciones adicionales.
  6. 23Mediante escrito presentado el 1 de setiembre del año en curso, el recurrente [Nombre 015], se apersona y solicita la resolución de fondo del expediente que nos ocupa.
  7. 24En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I. SOBRE LA COADYUVANCIA ACTIVA

Por escrito agregado al expediente electrónico el 22 de enero de 2025, Bentlin Daniel Villalobos Grant, en su condición de ciudadano afrodescendiente y presidente de la Asociación de Desarrollo de Cahuita se apersonó y solicitó que se le tenga como coadyuvante activo. De conformidad con el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se admite al señor Villalobos Grant por tener interés en el proceso de amparo interpuesto. Al respecto, cabe recordar que la coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado a actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser el actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento.

II. OBJETO DEL RECURSO

Los recurrentes presentan recurso de amparo ante esta Sala y manifiestan los siguientes reclamos:

  • 1)Que a la población afrodescendiente en Costa Rica no se le ha dado el debido reconocimiento como población tribal, no se han implementado políticas públicas para proteger sus derechos, no se ha promovido una agenda legislativa contra la discriminación racial y promoción de los derechos de esta población, ni se han adoptado acciones afirmativas para poner fin a la discriminación estructural que les afecta.
  • 2)Que se está lesionando el derecho a la propiedad de la comunidad afrodescendiente en Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, ya que el Plan regulador costero del Caribe sur se va a imponer sobre territorios ancestrales afrodescendientes protegidos por el Convenio 169 de la OIT, puesto que dicho documento declara esta zona como parte del área Mixta para el Turismo y la Comunidad, lo que implica que los pobladores tendrán que cancelar un canon, pudiendo sufrir el desalojo y demolición de sus propiedades en caso de no hacerlo.
  • 3)Que se está lesionando el derecho al consentimiento, consulta libre, previa e informada de la población afrodescendiente a través de la aprobación del Plan regulador costero del Caribe sur, ya que no se tomó en consideración el criterio de la población sobre la implementación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT.
  • 4)Que no se ha reconocido el derecho de propiedad, uso, conservación y protección de tierras ancestrales que tiene la población afrodescendiente en el Caribe sur como un pueblo tribal, lo cual vulnera el Convenio 107 de la OIT, el cual vincula a los Estados a proteger los derechos de las poblaciones indígenas y tribales; así como lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, el cual determina el derecho a la protección de los derechos ambientales y recursos naturales sobre las tierras tribales afrodescendientes.
  • 5)Que se están violando los derechos de la población afrodescendiente al permitir la tala de árboles en una finca ubicada en territorios ancestrales dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, lo cual constituye una violación al Convenio 169 de la OIT por la obligación de los Estados de delimitar y reconocer el territorio ancestral afrodescendiente.
  • 6)En el caso del recurrente [Nombre 015], reclama que solicitó a la Municipalidad de Talamanca información de su interés el 18 de marzo de 2024, pero a la fecha no ha obtenido respuesta.
  • 7)Que se están violando los derechos fundamentales de la población afrodescendiente por no reconocer el derecho de autodeterminación sobre su territorio ancestral.
  • 8)Que se ha incurrido históricamente en perjuicio de la población tribal afrodescendiente, discriminación estructural y racismo, al no garantizar los derechos de este grupo mediante vía legislativa, solicitando que se ordene al Estado a crear una ley que delimite, reconozca y otorgue el derecho de propiedad ancestral sobre los territorios afrodescendientes, con indicación clara de los derechos de consulta previa, autodeterminación, organización y representación para esta población.
  • 9)Que se ordene a los recurridos suspender los trámites del Plan regulador costero del Caribe sur hasta que el Estado costarricense delimite, junto con la comunidad tribal, cuáles son los territorios ancestrales que no pueden ser afectados por el mismo.

III. HECHOS PROBADOS

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

En cuanto a la ausencia de políticas públicas, leyes y acciones afirmativas (reclamos 1 y 8).

  • A)El 16 de abril de 2014, Costa Rica recibió el documento denominado “Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención” No. CERD/C/CRI/19-22 por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, cuyos puntos 21 y 22 dicen lo siguiente: “21. En general, si bien no se puede afirmar que las instituciones del Estado cuentan con políticas institucionales amplias con enfoques diferenciados para estas poblaciones, es posible observar que hay grandes y diversos esfuerzos, algunos órganos específicos y programas concretos que velan principalmente por algunas comunidades indígenas y por sectores de migrantes y refugiados. Sin embargo, se echan de menos acciones institucionales enfocadas hacia la población afro descendiente, por lo que, aún y cuando las recomendaciones del Comité escasamente hacen referencia a esta población, el país reconoce que debe generar un mayor trabajo estatal hacia a esta población.

Costa Rica se ha comprometido no solamente a partir de la Convención que aquí convoca, sino de otras convenciones internacionales y de instrumentos como la Declaración y Programa de Acción de Durban, a generar acciones afirmativas en favor de las personas afro descendientes. 22. Por ello, uno de los aspectos que el Estado quisiera dejar planteados ab initio es que además de las recomendaciones a las cuales en este Informe responde, las instituciones están trabajando más allá de estas puntuales observaciones. Precisamente con la Política Nacional, sobre la cual se ha hecho referencia, se está procurando avanzar en un mejor abordaje a las tres poblaciones, con esfuerzos integrados, construidos con las personas beneficiarias, que trasciendan los gobiernos y las acciones aisladas y sean una Política de Estado. Aún más, por lo que se propugna es por visibilizar a las tres poblaciones y especialmente en lo que atañe a pueblos indígenas y afro descendientes evidenciar que frente al pasado, donde no han sido incluidos en las políticas institucionales de largo plazo, ahora es el tiempo de generar acciones institucionales dirigidas, con comprensión de las particularidades y atendiendo eficazmente a las personas, apegado el Estado a las obligaciones internacionales de derechos humanos.” (ver prueba aportada por el recurrente).

  • B)El 27 de marzo de 2019, Costa Rica recibió el documento denominado “Adición. Información recibida de Costa Rica sobre el seguimiento de las observaciones finales” No. CERD/C/CRI/CO/19-22/Add.1* por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, cuyos puntos 5, 6 y 7 indican lo siguiente: “5. Costa Rica, hace notar que desde la CIDDHH y con el proceso de evaluación de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, se ha generado un proceso de sensibilización en las instituciones públicas, sobre la necesidad de políticas institucionales y acciones con enfoques particularizados hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes. 6. En general, si bien no se puede afirmar que las instituciones del Estado cuentan con políticas institucionales amplias con enfoques diferenciados para estas poblaciones, hay grandes y diversos esfuerzos, algunos órganos específicos y programas concretos que velan principalmente por comunidades indígenas y población afro descendiente. 7. El Estado desea dejar planteado ab initio que las instituciones están trabajando más allá de las recomendaciones a las cuales se hará referencia en el presente Informe de Seguimiento.” (ver prueba aportada por el recurrente).
  • C)El 25 de setiembre de 2020, mediante el Acuerdo No. 1 de la sesión extraordinaria No. 21 del Concejo Municipal de Talamanca i) se creó la Oficina Municipal de Asuntos Afrodescendientes del Cantón de Talamanca (OMAAT), la cual está adscrita a la Vicealcaldía Primera de la Municipalidad de Talamanca; y ii) se creó la Comisión Municipal de Asuntos Afrodescendientes del Cantón de Talamanca (COMAAT) como comisión especial permanente que coadyuve a la OMAAT en el desarrollo de sus objetivos y que está conformada por tres miembros del Concejo Municipal, Síndicos o Concejales de Distrito (ver prueba aportada).
  • D)El 18 de mayo de 2022, mediante la publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 91, comenzó a regir el Decreto Ejecutivo No. 43532-MP-MINAEMCJ-MEP, denominado “Constatación del Autoreconocimiento de la Población Afrocostarricense como Pueblo Tribal” y del cual el artículo 1 indica: “Se constata el autoreconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal afrocostarricense de acuerdo a su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura y cosmovisión.” (ver prueba aportada por el recurrente).
  • E)El 26 de noviembre de 2022, a través de la sesión extraordinaria No. 122 de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Cahuita, se instauró el Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, de conformidad con lo indicado en el artículo 3 del decreto ejecutivo No. 43532-MPMINAE-MCJ-MEP (ver prueba aportada por el recurrente).
  • F)El 26 de julio de 2023, mediante la sesión extraordinaria No. 166 del Concejo Municipal de Talamanca se dispuso la modificación del acuerdo No. 3 de la sesión No. 63 del 06 de agosto del 2021, en lo referente a la ampliación del número de miembros de la COMAAT y el establecimiento de la coordinación de esta Comisión ante instancias públicas, organismos nacionales e internacionales en temas relacionados a la población afrodescendiente de Talamanca (ver prueba aportada).
  • G)El 13 de marzo de 2024, mediante el oficio No. AEL-0054-2024, el recurrente [Nombre 015] presentó un documento con una serie de consultas ante Rodrigo Chaves Robles, el presidente de la República, y Ricardo Sossa Ortiz, comisionado de Inclusión Social, solicitando que se indique lo siguiente: i) cuál es el territorio que ha ocupado de manera ancestral la comunidad tribal afrodescendiente del Caribe costarricense, ii) por qué razón la Ley Indígena no tutela los derechos de los ciudadanos miembros de los pueblos tribales afrodescendientes si el Estado adoptó normativa internacional donde se compromete a emitir normativa interna que proteja el derecho a la propiedad de los afrodescendientes, iii) cuáles normas emitidas por el Poder Ejecutivo garantizan a la población afrodescendiente su derecho de participación efectiva, iv) cuáles medidas ha tomado el Estado para impedir la violencia y el desplazamiento forzoso de la población afrodescendiente en Cocles, Puerto Viejo, Limón y sectores vecinos, v) cuáles medidas se han tomado en Puerto Viejo y Cocles para reconocer el derecho de los afrodescendientes sobre sus tierras y evitar la violencia, vi) cuáles medidas se han tomado por el Estado costarricense para garantizar que la población afrodescendiente cuente con una ley donde se protejan sus derechos como población tribal, lo que contempla su propiedad, territorio, límites, costumbres, organización, entre otros, vii) cuáles medidas se han adoptado por el Estado costarricense para asegurar el derecho de la población afrodescendiente a la consulta y consentimiento previo, lo que implica tener la aprobación de esta comunidad previo a adoptar cualquier decisión jurídica que pueda afectar los derechos sobre su territorio, viii) cuáles son acciones afirmativas llevadas a cabo por el Estado costarricense para garantizar los derechos de la población afrodescendiente (ver prueba aportada por el recurrente).
  • H)El 19 de abril de 2024, mediante oficio sin número, Ricardo Sossa Ortiz, comisionado de Inclusión Social, respondió la solicitud de información del recurrente citada supra, indicando, en síntesis, que i) de conformidad con el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 43532-MP-MINAEMCJ-MEP del 5 de mayo del 2022, el foro tribal es el único órgano reconocido para llevar a cabo el proceso de consultas y, en este momento, están trabajando en elaborar dicho procedimiento, ii) al respecto de los problemas en seguridad e inclusión, dicha Comisión se encuentra trabajando junto con el foro tribal, los obispos de Limón y el Ministerio de Seguridad Pública para enfrentar esta problemática, iii) el foro tribal fue constituido recientemente y, actualmente, se encuentran trabajando en construir políticas públicas y acciones afirmativas de conformidad con lo exigido por el Convenio 169 de la OIT (ver prueba aportada por el recurrente).
  • I)El 10 de mayo de 2024, mediante el oficio No. PR-DP-0415-2024, Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho de la Presidencia de la República, se dirigió a Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes, para contestarle lo solicitado por medio del oficio No. 04578-2024-DHR. En síntesis, le comunicó lo siguiente: “…En general, la propiedad indígena en Costa Rica, es un régimen de propiedad especial, de carácter comunitario, al cual no le son aplicables en principio las normas de nuestro Derecho Positivo en beneficio de la aplicación del Derecho Consuetudinario de la sociedad indígena asentada en los territorios específicos. Al estar en presencia de una propiedad de carácter comunitario, no existe una individualización del derecho de propiedad, sino que la representación jurídica de la comunidad (ejercida en nuestro país por la Asociación de Desarrollo de la Comunidad y en este caso específico la ADI de Cahuita), ejerce los derechos normalmente reservados al propietario Civil, pero con las limitaciones señaladas por la Ley Indígena citada.

El análisis realizado nos permite concluir que, al menos en el caso de nuestro país, los instrumentos jurídicos que podrían regular la propiedad ancestral están orientados hacia la protección de la propiedad comunitaria tanto para pueblos indígenas como tribales. Nótese que la solicitud del ciudadano consultante, pretende una afectación territorial en cantones y distritos del Caribe hoy habitados por toda clase de población; pero recordemos que las facultades del Poder Ejecutivo en materia de propiedad privada están limitadas severamente por el principio de reserva de ley establecido en el artículo 45 constitucional. Por otra parte, el tema de los derechos de propiedad ancestral se encuentra ausente en el proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente legislativo N° 23.903, ya que su contenido se limita casi a una repetición exacta de los alcances del Decreto 43532-MPMINAE-MCJ-MEP. En este sentido, parece necesario promover reformas legales ante el Poder Legislativo, para la implementación de un instrumento jurídico que permita establecer el reconocimiento, delimitación y puesta en posesión de la propiedad ancestral en el caso de las poblaciones tribales.

Además, se requiere de una ley que establezca los mecanismos para reconocer quién es afrodescendiente y quien no, esto para la aplicación tanto del decreto que nos ocupa, así como la implementación de la Ley 10.120, sobre Acciones Afirmativas.”. Asimismo, dicho informe enfatiza que el decreto No. 43532-MPMINAE-MCJ-MEP no contempla un procedimiento orientado a reconocer la propiedad ancestral afrodescendiente (ver prueba aportada por el recurrente).

  • J)El 18 de junio de 2024, mediante el oficio No. PR-DP-0556-2024, Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho de la Presidencia de la República, se dirigió a Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes, para contestarle su solicitud de ampliación de información realizada por el oficio No. 06328-2024-DHR-(PE). En síntesis, le comunicó lo siguiente: i) que los artículos 2 y 6 del Convenio 169 de la OIT indican que hay una obligación de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y sus instituciones representativas, cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, por lo que no es viable jurídicamente crear una institución gubernamental encargada de proponer políticas públicas para la comunidad afrodescendiente; y ii) que el 30 de mayo de 2024, el gobierno le comunicó al Foro Tribal Afrocostarricense un borrador de la solicitud de inicio del procedimiento de consulta libre, previa e informada para ejecutar con respecto a la población afrodescendiente (ver prueba aportada por el recurrente).

En cuanto a la lesión del derecho de propiedad de la población afrodescendiente, la falta de reconocimiento de tierras ancestrales y el plan regulador (reclamos 2, 4 y 9).

  • A)El 25 de febrero de 2009, mediante la resolución No. 3113-2009 de las 14:59 horas de esta Sala, se declaró como inconstitucional y, por ende, se anuló la Ley No. 8464 “Declaratoria de Ciudad para las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo del cantón de Talamanca, provincia de Limón” del 25 de octubre del 2005, la cual definió i) que mediante la ley impugnada se pretendió que, dentro del plazo de un año, los poseedores de parcelas en la zona que no hubieren iniciado gestiones para escriturar antes lo pudieran hacer, así como también que quienes fueren poseedores por más de 40 años pudieran alegar derechos de posesión sobre la zona y, de esta manera, reivindicar los derechos históricos de la población que habitaba dichos lugares de la zona pública de la zona marítimo terrestre ii) que dicha normativa anulada violó el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre, al posibilitar el dominio privado de la zona pública por permitirle a poseedores de más de 40 años alegar derechos, ocupar privadamente e inscribir propiedad privada, lo cual también implica un trato diferenciado que viola el artículo 33 constitucional, al permitir -en detrimento del dominio público- a los pobladores de las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo poder apropiarse de parte de la zona pública, cuando el resto de la población está vedada, iii) que la posibilidad de escriturar propiedades en la zona marítimo terrestre de las zonas de Cahuita y Puerto Viejo estuvo abierta desde 1935 a 1977 para Puerto Viejo y desde 1915 hasta 1977 para Cahuita, por lo que los pobladores originarios de la zona tuvieron dicho lapso de tiempo para adquirir sus tierras ancestrales; y iv) que la ley declarada como inconstitucional no violentaba el principio de irretroactividad ni el principio de propiedad privada contenido en el artículo 45 constitucional (ver prueba aportada).
  • B)El 29 de febrero de 2024, mediante el Acuerdo No. 07 de la sesión extraordinaria No. 99 del Concejo Municipal de Talamanca, se acordó llevar a cabo la denominada “Recuperación de espacios públicos de la Zona Marítima Terrestre del cantón de Talamanca”, para lo cual i) se comisionó al alcalde municipal para que realizara las coordinaciones necesarias con las autoridades competentes para que se eliminara cualquier obstáculo presente en la zona impidiendo el libre acceso y el disfrute de la zona pública; y ii) se otorgó un plazo de 48 horas para que quienes se encuentran en dicha zona retiren sus bienes, de lo contrario pudiendo proceder con la remoción forzosa de los mismos (ver prueba aportada por el recurrente).
  • C)El 10 de mayo de 2024, mediante el oficio No. PR-DP-0415-2024, Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho de la Presidencia de la República, se dirigió a Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes, para contestarle lo solicitado por medio del oficio No. 04578-2024-DHR. En síntesis, le comunicó lo siguiente: “…En general, la propiedad indígena en Costa Rica, es un régimen de propiedad especial, de carácter comunitario, al cual no le son aplicables en principio las normas de nuestro Derecho Positivo en beneficio de la aplicación del Derecho Consuetudinario de la sociedad indígena asentada en los territorios específicos. Al estar en presencia de una propiedad de carácter comunitario, no existe una individualización del derecho de propiedad, sino que la representación jurídica de la comunidad (ejercida en nuestro país por la Asociación de Desarrollo de la Comunidad y en este caso específico la ADI de Cahuita), ejerce los derechos normalmente reservados al propietario Civil, pero con las limitaciones señaladas por la Ley Indígena citada.

El análisis realizado nos permite concluir que, al menos en el caso de nuestro país, los instrumentos jurídicos que podrían regular la propiedad ancestral están orientados hacia la protección de la propiedad comunitaria tanto para pueblos indígenas como tribales. Nótese que la solicitud del ciudadano consultante, pretende una afectación territorial en cantones y distritos del Caribe hoy habitados por toda clase de población; pero recordemos que las facultades del Poder Ejecutivo en materia de propiedad privada están limitadas severamente por el principio de reserva de ley establecido en el artículo 45 constitucional. Por otra parte, el tema de los derechos de propiedad ancestral se encuentra ausente en el proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente legislativo N° 23.903, ya que su contenido se limita casi a una repetición exacta de los alcances del Decreto 43532-MPMINAE-MCJ-MEP. En este sentido, parece necesario promover reformas legales ante el Poder Legislativo, para la implementación de un instrumento jurídico que permita establecer el reconocimiento, delimitación y puesta en posesión de la propiedad ancestral en el caso de las poblaciones tribales.

Además, se requiere de una ley que establezca los mecanismos para reconocer quién es afrodescendiente y quien no, esto para la aplicación tanto del decreto que nos ocupa, así como la implementación de la Ley 10.120, sobre Acciones Afirmativas.”. Asimismo, dicho informe enfatiza que el decreto No. 43532-MPMINAE-MCJ-MEP no contempla un procedimiento orientado a reconocer la propiedad ancestral afrodescendiente (ver prueba aportada por el recurrente).

  • D)El considerando 9 del documento anexo al Reglamento de Zonificación del Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita dice lo siguiente: “9- Que La Municipalidad reconoce la presencia ancestral de la población afrodescendiente en los poblados de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, declarando a dichas comunidades, como comunidades afrodescendientes. Lo anterior mediante el acuerdo 04 de la sesión ordinaria N° 114 de agosto del 2012.” (ver prueba aportada).

En cuanto a la lesión del derecho de consulta y autodeterminación sobre su territorio ancestral (reclamos 3 y 7).

  • A)De conformidad con el apartado 13 del Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, publicado en el Alcance No. 139 del Diario Oficial La Gaceta No. 135 del 14 de julio de 2021, el proceso de reuniones de información y audiencia pública para aprobar los Planes Reguladores Costeros consiste en los siguientes pasos: i) durante la elaboración de la propuesta del documento, la municipalidad realizará, al menos, una reunión de información sobre el trabajo que se está realizando, ii) previo a convocar a una audiencia pública, la municipalidad deberá asegurar que se han cumplido de previo la Viabilidad Ambiental emitida por SETENA y la aprobación inicial de la propuesta por el ICT y el INVU, iii) convocatoria del proceso de audiencia pública por parte de la municipalidad, para recibir observaciones sobre la propuesta de planificación, iv) apertura del periodo máximo de 15 días hábiles para recibir las observaciones a la propuesta presentada por vía escrita o digital, v) análisis de las observaciones presentadas por los representantes municipales, del ICT y el INVU y redacción de un informe técnico de resolución de observaciones que se eleva al Concejo Municipal para su aprobación, vi) terminado el proceso de consulta y aprobado el informe por el Concejo, la propuesta de plan regulador se eleva a conocimiento de la Junta Directiva del ICT y a la Dirección de Urbanismo del INVU para su ratificación definitiva, dando la aprobación final del Plan Regulador (ver prueba aportada).
  • B)El 18 de mayo de 2022, mediante la publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 91, comenzó a regir el Decreto Ejecutivo No. 43532-MP-MINAEMCJ-MEP, denominado “Constatación del Autoreconocimiento de la Población Afrocostarricense como Pueblo Tribal” y del cual el artículo 3 indica: “Que producto de los diálogos realizados con líderes afrocostarricenses, el pueblo tribal afrocostarricense establece el Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense como una instancia de consulta, diálogo y articulación entre el pueblo tribal afrocostarricense e instituciones gubernamentales a fin de dar seguimiento al presente decreto y a las acciones que de este emanen en garantía de sus derechos. La organización del Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense actualmente se encuentra a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.” (ver prueba aportada por el recurrente).
  • C)El 14 de febrero de 2023, mediante el oficio No. SJD-047-2023, la junta directiva del ICT le comunica al director de Planeamiento y Desarrollo de la misma institución que se otorgó la aprobación inicial del Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita, que incluye los sectores costeros de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo en el cantón de Talamanca (ver prueba aportada).
  • D)El 16 de febrero de 2023, mediante el oficio No. DPD-P-014-2023, la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT comunica a las autoridades de la Municipalidad de Talamanca que se otorgó la aprobación inicial del Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita (ver prueba aportada).
  • E)El 17 de febrero de 2023, mediante el oficio No. DU-063-02-2023, el Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo comunica a las autoridades de la Municipalidad de Talamanca que se otorgó la aprobación inicial del Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita (ver prueba aportada).
  • F)El 14 de junio de 2023, mediante el Acuerdo No. 2 de la sesión ordinaria No. 160 del Concejo Municipal de Talamanca, se realiza la convocatoria a Audiencia Pública del Plan Regulador del Distrito de Cahuita del cantón de Talamanca y se fija la fecha para el 7 de julio de 2024 (ver prueba aportada).
  • G)El 10 de julio de 2023, la Comisión Municipal de Asuntos de la Población Afrodescendiente del Cantón de Talamanca (COMAAT) de la Municipalidad de Talamanca y la organización ATTACS, realizaron una charla informativa en la comunidad de Manzanillo al respecto de la propuesta del Plan Regulador del Distrito de Cahuita del cantón de Talamanca (ver prueba aportada).
  • H)El 19 de julio de 2023, la Comisión Municipal de Asuntos de la Población Afrodescendiente del Cantón de Talamanca (COMAAT) de la Municipalidad de Talamanca y la organización ATTACS, realizaron una charla informativa en la comunidad de Puerto Viejo al respecto de la propuesta del Plan Regulador del Distrito de Cahuita del cantón de Talamanca (ver prueba aportada).
  • I)El 25 de julio de 2023, la Comisión Municipal de Asuntos de la Población Afrodescendiente del Cantón de Talamanca (COMAAT) de la Municipalidad de Talamanca y la organización ATTACS, realizaron una charla informativa en la comunidad de Cahuita al respecto de la propuesta del Plan Regulador del Distrito de Cahuita del cantón de Talamanca (ver prueba aportada).
  • J)El 4 de agosto de 2023, la Municipalidad de Talamanca realizó el proceso de Audiencia Pública establecido en el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana (ver prueba aportada).
  • K)El 30 de agosto de 2023, las autoridades recurridas firmaron el Acta de Comisión Tripartita que integraron con el fin de dar respuesta a las observaciones realizadas posterior a la Audiencia Pública del Plan Regulador del Distrito de Cahuita (ver prueba aportada).
  • L)El 11 de setiembre de 2023, mediante el oficio No. SJD-309-2023, la junta directiva del ICT comunica que se aprobó de manera definitiva el Plan Regulador Costero del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca (ver prueba aportada).
  • M)El 26 de setiembre de 2023, mediante el Acuerdo No. 2 de la sesión extraordinaria No. 89 del Concejo Municipal de Talamanca, se realizó la aprobación definitiva del Plan Regulador del Distrito de Cahuita (ver prueba aportada).
  • N)El 5 de octubre de 2023, mediante el Alcance No. 193 del Diario Oficial La Gaceta No. 183, se publicó el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita (ver prueba aportada por el recurrente).
  • O)El 7 de diciembre de 2023, mediante resolución No. 31756-2023 de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023, esta Sala dispuso lo siguiente al respecto de la audiencia pública celebrada por las autoridades recurridas: “Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023. Se ordena a Rugeli Morales Rodríguez y Yahaira Mora Blanco, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi “ADI Keköldi”…” (ver expediente No. 23-016445-0007-CO tramitado por este Tribunal).
  • P)El 7 de diciembre de 2023, mediante el oficio No. DPD-P-129-2023, OFC, las autoridades del ICT hacen constar la siguiente información: “… 9. Es importante aclarar, que el Artículo 6 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre que indica: “Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes”. El Instituto Geográfico Nacional mediante oficio N° 43 del 14 de febrero de 1980 y N° 222 de fecha 2 de setiembre de 1980, establece las coordenadas de las ciudades costeras, para efectos de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, en dicho oficio no se hace referencia alguna al sector de Cahuita, Talamanca, de manera que para los efectos de Plan Regulador del distrito Cahuita, cantón Talamanca, no hay definición alguna de un espacio costero bajo las condiciones que define el Artículo 6 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. 10.

A la fecha, no se conoce por parte del Instituto Geográfico Nacional, una delimitación geográfica de un “pueblo Tribal”, que quede exento de la aplicación de la Ley de la Zona Maritimo (sic) Terrestre. 11. El tema de que el concepto de un “pueblo tribal” de acuerdo al Convenio N° 169 de la OIT, sea motivo para que el espacio costero de dominio público a partir de 1828, Ley N° 162 del 28 de junio de 1828 sea motivo de una desafectación, se escapa de los alcances de esta Dirección, por lo que no emitimos criterio a respecto sobre el particular…” (ver prueba aportada).

  • Q)El 30 de enero de 2024, mediante el Diario Oficial La Gaceta No. 17, se publicó la convocatoria a la segunda audiencia pública del Plan Regulador Costero para el 8 de marzo de 2024 (ver prueba aportada por el recurrente).
  • R)El 6 de marzo de 2024, mediante la sesión ordinaria No. 198 del Concejo Municipal de Talamanca, se ratificó la convocatoria a sesión extraordinaria para el 8 de marzo de 2024, donde se llevó a cabo la audiencia pública del Plan Regulador Costero (ver prueba aportada por el recurrente).
  • S)El 18 de junio de 2024, mediante el oficio No. PR-DP-0556-2024, Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho de la Presidencia de la República, se dirigió a Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes, para contestarle su solicitud de ampliación de información realizada por el oficio No. 06328-2024-DHR-(PE). En síntesis, le comunicó lo siguiente: i) que los artículos 2 y 6 del Convenio 169 de la OIT indican que hay una obligación de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y sus instituciones representativas, cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, por lo que no es viable jurídicamente crear una institución gubernamental encargada de proponer políticas públicas para la comunidad afrodescendiente; y ii) que el 30 de mayo de 2024, el gobierno le comunicó al Foro Tribal Afrocostarricense un borrador de la solicitud de inicio del procedimiento de consulta libre, previa e informada para ejecutar con respecto a la población afrodescendiente (ver prueba aportada por el recurrente).
  • T)El 12 de setiembre del 2024, mediante el oficio No. DU-UCTOT-203-2024, las autoridades del ICT dejaron constancia de lo siguiente: “1. Luego de que la Municipalidad de Talamanca realizara la segunda audiencia pública el 8 de marzo de 2024, se revisaron junto con la Municipalidad y con visto bueno del ICT las observaciones producto de esta actividad, a través de la Comisión Tripartita. 2. Se elaboró matriz de respuestas a las observaciones y se le trasladó a la municipalidad, junto con el borrador del Acta de la Comisión, a través de correo electrónico del día 9 de mayo del 2024 (se adjunta copia del correo electrónico citado) 3. El día 11 de mayo del 2024, la municipalidad informa que el documento del Acta no abre correctamente, por lo que se les envía nuevamente el 12 de mayo, obteniendo respuesta de recibido el día 14 de mayo. 4. A la fecha las actuaciones relativas al tema del plan regulador del Distrito Cahuita, cantón de Talamanca. se refieren al ajuste que tanto la Municipalidad como el INVU deben hacer a la propuesta del Plan Regulador Costero, con los nuevos polígonos del Patrimonio Natural del Estado, que el SINAC ha certificado el día 16 de agosto del 2024.” (ver prueba para mejor resolver).

En cuanto a la tala de árboles en territorios ancestrales dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

  • A)El 16 de febrero de 2024, mediante la resolución No. 3959-2024 de las 9:30 horas, esta Sala determinó lo siguiente: “Se declara con lugar el recurso. Se ordena: i) a Maylin Mora Arias, en su condición de directora regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, concluir, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021; ii) a Delio Antonio Robles Loaiza, en su condición de jefe a. i. del Departamento de Urbanismo, y a Daniel Brenes Arroyo, encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como a Rugeli Morales Rodríguez, alcalde, y a Yahaira Mora Blanco, presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca.

Se advierte a las autoridades recurridas que según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.-” (ver expediente No. 23-014549-0007-CO tramitado por este Tribunal).

  • B)El 26 de abril de 2024, mediante la resolución No. 10951-2024 de las 09:20 horas, esta Sala dispuso: “Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Maylin Mora Arias, en su condición de directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes, lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario, para que, dentro de los TRES MESES siguientes al cumplimiento de la orden que se le dio en la sentencia nro. 2024003959 de las 9:16 horas de 16 de febrero de 2024 dictada en el expediente 23-014549-0007-CO de las 9:30 horas de 16 de febrero de 2024, a saber: “concluir, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021”, se revise la delimitación y los alcances del Patrimonio Natural del Estado contemplado en la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 y, con elementos actuales y precisos, así como el debido sustento técnico, se expida una certificación actualizada, que abarque y delimite la totalidad de las franjas de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca.

Se advierte a la autoridad recurrida que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.” (ver expediente No. 24-005929-0007-CO tramitado por este Tribunal).

  • C)El 16 de julio de 2025, por medio del voto No. 22181-2025 de las 9:15 horas, esta Sala determinó lo que se indica a continuación: “Se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad en los siguientes términos: a) En cuanto al Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023, del que se publicó un resumen ejecutivo en el Alcance N° 42 a La Gaceta N° 39 del 28 de febrero de 2022, por mayoría, se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula por inconstitucional. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la normativa anulada. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan sus efectos para evitar serias dislocaciones al orden, la seguridad, así como daños graves e irreparables en el ambiente y se mantiene la vigencia del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023 hasta por el plazo de un año a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el diario oficial La Gaceta, dentro del cual el Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberá corregir los vicios de inconstitucionalidad señalados en este pronunciamiento.

De no producirse lo anterior, en ese plazo, se tendrá por expulsado -definitivamente- del ordenamiento jurídico el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar la acción. La magistrada Garro Vargas da razones diferentes para declarar la inconstitucionalidad. b) Respecto al Plan Regulador Costero Talamanca Distrito Cahuita, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Talamanca en Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, Acuerdo N° 2, y publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance N°193 a La Gaceta 183, por unanimidad se declara sin lugar la acción, por razones de admisibilidad. c) En cuanto a la directriz No.09-2023 del ministro de Ambiente y Energía, de 17 de agosto de 2023 por mayoría se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula por inconstitucional.

Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar la acción. La magistrada Garro Vargas consigna nota y salva el voto en lo relativo a la ejecución de esta sentencia. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.” (ver expediente No. 24-001899-0007-CO tramitado por este Tribunal).

En cuanto a la solicitud de información del recurrente [Nombre 015].

  • A)El 18 de marzo de 2024, mediante oficio No. AEL-0058-2024, el recurrente solicitó la siguiente información ante la autoridad accionada: “… solicito al honorable Consejo informar si la Municipalidad tiene a su disposición algún mapa oficial que delimite el territorio ancestral de los afrodescendientes, toda vez que dichas áreas están protegidas a nivel internacional y pertenecen a la población tribal afro. Por ello no pueden ser incluidas o afectadas por ningún plan regulador.” (ver prueba aportada por el recurrente).
  • B)El 21 de marzo de 2024, por medio del oficio No. SCMT-021-2024, la secretaría del Concejo Municipal de la recurrida le respondió al amparado su solicitud de información en los siguientes términos: “En atención a su oficio AEL-0058-2024, me permito comunicarle que fue conocido por el Concejo Municipal de Talamanca mediante sesión ordinaria 200 del 20 de marzo de 2024, donde se trasladó a estudio y dictamen de la comisión municipal de asuntos jurídicos.” (ver informe rendido y prueba aportada por el recurrente).

IV.EN CUANTO SE RECLAMA LA AUSENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, LEYES Y ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE. Después de analizar los elementos probatorios aportados, así como también se extrae de los informes rendidos bajo fe de juramento, esta Sala descarta la lesión a los derechos fundamentales de los tutelados en cuanto a este extremo del recurso. En cuanto al amparo interpuesto por [Nombre 001] y otros, se puede sintetizar su reclamo en que, al día de hoy, a la población afrodescendiente no se le ha dado el debido reconocimiento como población tribal, ni se han implementado políticas públicas para proteger sus derechos. Por parte del recurrente [Nombre 015], manifiesta i) que el Estado costarricense ha incumplido con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, al respecto de la priorización de una agenda legislativa de iniciativas contra la discriminación racial y promoción de los derechos de la población afrodescendiente y la adopción urgente de acciones afirmativas para poner fin a la discriminación estructural que afecta a los afrodescendientes en el Estado costarricense; y ii) que el Estado costarricense ha incurrido históricamente en perjuicio de la población tribal afrodescendiente, discriminación estructural y racismo, al no garantizar los derechos de este grupo mediante vía legislativa, a diferencia de como sí lo hizo con la población indígena, por lo que solicita que se ordene al Estado a crear una ley que delimite, reconozca y otorgue el derecho de propiedad ancestral sobre los territorios afrodescendientes, con indicación clara de los derecho de consulta previa, autodeterminación, organización y representación para esta población.

En primera instancia, en lo que corresponde a los alegatos acerca de la falta de implementación de políticas públicas para proteger los derechos de la población afrodescendiente y el desacato de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la prueba aportada por el recurrente [Nombre 015] se extrae que es verdad que Costa Rica recibió dos documentos por parte del Comité. Por medio del escrito “Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención” No. CERD/C/CRI/19-22 del 16 de abril de 2014, el órgano mencionado le señaló al Estado costarricense que se encontraba incurriendo en omisión al no ejercer suficientes acciones afirmativas en favor la población afrodescendiente, pero, a su vez, reconoció que dicha circunstancia fue aceptada por Costa Rica y que las autoridades gubernamentales se comprometieron a enfocar su trabajo y dirigir esfuerzos en garantizar los derechos de esta población vulnerable. Asimismo, el Comité visibilizó que la población afrocostarricense, en el pasado, nunca fue incluida en políticas institucionales de largo plazo, derivando de aquí la necesidad de fomentar un cambio a nivel estructural.

Sin embargo, posteriormente a través de la documentación llamada “Adición. Información recibida de Costa Rica sobre el seguimiento de las observaciones finales” No. CERD/C/CRI/CO/19-22/Add.1* del 27 de marzo de 2019, el Comité dio seguimiento a los señalamientos que hizo en el 2014 en el documento ya mencionado y, para esta ocasión, hizo notar que, mediante la “Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia”, se generó un proceso de sensibilización en las instituciones públicas para llevar a cabo acciones con enfoques particularizados hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes, reconociendo los esfuerzos en algunos órganos específicos y programas concretos que se han ejecutado.

Estando así las cosas, resulta evidente que, a diferencia de lo alegado por los recurrentes, las instituciones competentes sí han elaborado políticas públicas en procura de garantizar derechos a la población afrodescendiente. Si bien el Comité indicó en el 2019 que dichas acciones afirmativas deben ser diversificadas, reconocieron el esfuerzo realizado hasta el momento por las autoridades costarricenses. Entonces, para esta Sala no es de recibo el alegato sobre un supuesto incumplimiento de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Por otra parte, afirmaciones tan genéricas y que implican un abordaje integral del poder público, así como el seguimiento de recomendaciones de comités responsables del cumplimiento de un tratado internacional, escapan a la competencia de este órgano de justicia constitucional a través de un proceso sumario como es el amparo.

En la misma línea, pero ahora respecto a políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo, hay que visibilizar que el Decreto Ejecutivo No. 43532-MP-MINAEMCJ-MEP del 18 de mayo de 2022, denominado “Constatación del Autorreconocimiento de la Población Afrocostarricense como Pueblo Tribal”, sí estatuye que la población afrodescendiente en Costa Rica es un pueblo tribal, visibilizando que este grupo tiene una identidad cultural, idioma, tradición histórica y cosmovisión propios. Con la finalidad de ejecutar lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto, y apegándose al principio de progresividad en materia de derechos humanos, como se indicó en los hechos probados, también queda plasmado que en el seno de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Cahuita se instauró el Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, por medio de la sesión extraordinaria No. 122 del 26 de noviembre de 2022.

De igual manera, también se acredita que, por medio de comunicaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo dirigidos al recurrente o a la Defensoría de los Habitantes, quedó en evidencia que las autoridades gubernamentales se encuentran coadyuvando al Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense a formular las políticas públicas pertinentes en materia de derechos de esta población. En primer lugar, como se detalló en los hechos probados, Ricardo Sossa Ortiz, quien está a cargo de la Comisión de Inclusión Social, le informó al recurrente [Nombre 015] el 19 de abril de 2024 que, como el mencionado Foro es el único órgano reconocido para llevar a cabo el proceso de consultas, en este momento están trabajando en elaborar dicho procedimiento y en formular acciones afirmativas de conformidad con lo exigido por el Convenio 169 de la OIT. En segundo lugar, Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho de la Presidencia de la República, mediante el oficio No. PR-DP-0556-2024 del 18 de junio de 2024, también constató que el 30 de mayo de 2024, el gobierno le comunicó al Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense un borrador de la solicitud de inicio del procedimiento de consulta libre, previa e informada para ejecutar con respecto a la población afrodescendiente. En ese sentido, tampoco se observa que en años recientes se haya omitido, por parte de las autoridades públicas, contemplar la característica de la población afrocostarricense como población tribal.

Ahora bien, estando claro el avance que han llevado a cabo las autoridades costarricenses en cuanto a políticas públicas y emisión de normativa infra legislativa en materia de garantizar derechos a la población afrodescendiente, nótese que, en caso de que los amparados no se encuentren de acuerdo con la manera en que se han planteado o ejecutado dichas políticas, esto no corresponde a un asunto que pueda ser examinado por el fondo por esta Sala, ya que es algo ajeno a sus competencias, en la forma en que aquí lo ha planteado el recurrente. La jurisprudencia de este Tribunal ha explicado lo siguiente:

“Al mismo tiempo, debe reconocerse que el ejercicio de esta potestad se encuentra dentro del ámbito de competencias de identificación y fijación de políticas públicas, aspecto de indudable iniciativa, atención e implementación del Poder Ejecutivo, pues decidir qué acciones benefician a la población –en términos generales o particulares- y la procedencia de su aplicación en un momento o contexto determinado resulta ser por definición una competencia propia de ese Poder, para lo cual deberá instarse en todo momento las adecuadas relaciones de coordinación de la administración –sobre estas relaciones, ver sentencia de esta Sala número 2007-13583, de las quince horas diez minutos del 19 de setiembre de 2007-. En este sentido, siendo que la fijación de políticas públicas es competencia del Poder Ejecutivo de acuerdo a razones técnicas y objetivas en un contexto determinado, discutir si las mismas son procedentes o viables son aspectos que se encuentra fuera del ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional –sentencia de esta Sala número 2009-5270, de las doce horas veintiocho minutos del 27 de marzo de 2009-…” (ver resolución No. 6922-2010 de las 14:35 horas del 16 de abril del 2010) Por otra parte, en lo que concierne a la solicitud del recurrente [Nombre 015] de impartirle una orden a la Asamblea Legislativa para que dicte una ley que delimite, reconozca y otorgue el derecho de propiedad ancestral sobre los territorios afrodescendientes, también es pertinente aclarar que esta es una línea de acción que no está dentro de las competencias de esta Sala.

La razón de ser de esto es que, como se ha establecido en antecedentes de relevancia, esto significaría una intromisión en las funciones asignadas por la propia Constitución Política al Poder Legislativo (ver resolución No. 10382-2005 de las 14:51 horas del 10 de agosto de 2005) Por ello, en el caso que nos ocupa, este Tribunal, en virtud del respeto a la libertad de configuración o conformación del legislador (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Ley Fundamental) no tiene potestad para examinar -a través de este proceso-, todo el actuar de la Asamblea Legislativa a lo largo de la historia en cuanto a la promulgación de leyes de la república en materia de población afrodescendiente, ya que el amparo no es un mecanismo por el cual se puede llenar todo ese vacío normativo en la materia que es alegado por el recurrente por estos efectos.

Entonces, este aspecto relacionado con qué contenido debe llevar una ley que regule una eventual delimitación de tierras ancestrales de la población afrodescendiente, así como un procedimiento específico que contemple el derecho de consulta previa, autodeterminación, organización y representación para esta población, se encuentra dentro de los límites de competencia del legislador, quien -como diseñador de esa política legislativa que ha de regir en el país con el fin de procurar la inclusión de esta población vulnerable y evitar la discriminación de las minorías, de acuerdo con el principio de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 33 de la Ley Fundamental- tiene una gama de posibilidades para elegir el sustento que lleve dicha norma, siendo ante el órgano parlamentario donde tiene que discutirse ese camino en específico. Por ello, como se reiteró previamente, no es esta la vía para determinar de qué forma se van a tutelar en vía legislativa los derechos de la población afrodescendiente, mucho menos dar un mandato de crear una norma con un determinado contenido en específico, ya que esto sería una violación a lo dispuesto en el numeral 9 de la Carta Magna, el cual constituye un pilar fundamental del Estado Constitucional de Derecho.

Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en lo que concierne a este reclamo.

V. ANTECEDENTES DE INTERÉS

Previo a resolver por el fondo los alegatos que respectan a i) la lesión del derecho de propiedad de la población afrodescendiente, la falta de reconocimiento de tierras ancestrales y el Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita y ii) la lesión del derecho de consulta y autodeterminación sobre el territorio ancestral afrodescendiente, es menester citar una serie de antecedentes que guardan relación con el asunto que nos ocupa.

En primer lugar, conforme lo dispuesto en la sentencia No. 31756-2023, de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023, este Tribunal anuló la audiencia pública que la Municipalidad de Talamanca llevó a cabo el 4 de agosto de 2023 para informar a las comunidades del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Cahuita, ordenando al Alcalde y a la presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Talamanca, “girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi “ADI Keköldi”…”. La anterior orden tuvo como fundamento que la omisión de citar a estos a la audiencia pública, “es contrario al Derecho de la Constitución, sea al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, toda vez que los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio amplio no tienen el mismo alcance que aquellos que poseen y ejercen en el territorio geográfico.

Por consiguiente, los efectos futuros de la aplicación del Plan Regulador Costero (IVA-PRC) de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del Distrito de Cahuita, Talamanca, podría generar un potencial impacto positivo o negativo sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social del Territorio Indígena de Keköldi; de ahí, lo necesario de la consulta pública a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los “gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”…”.

En virtud de lo anterior y como la Ley de Planificación Urbana No. 4240 establece un procedimiento para la adopción o modificación de un Plan Regulador, en el cual las etapas del procedimiento de aprobación o modificación del Plan Regulador tienen una concatenación lógica y condicionan las siguientes, la omisión o imperfección sustancial en una de ellas da lugar a un vicio de invalidez en las etapas posteriores. De allí que, al anular esta Sala la audiencia pública realizada el 4 de agosto de 2023, el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, quedó insubsistente.

En ese sentido, este Tribunal, por medio del voto No. 324-2024, de las 9:15 horas del 10 de enero de 2024, dictado en una acción de inconstitucionalidad que se planteó contra los numerales 1 a 19 del Plan Regulador Costero de Talamanca Distrito Cahuita, indicó que en la sentencia No. 2023-31756 ya citada, “se tuvo por demostrado que el plan regulador en cuestión no fue debidamente consultado a los pueblos indígenas, motivo por el cual se anuló la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023; y se ordenó al alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de la municipalidad de Talamanca, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de tres meses, contado a partir de la notificación de esa sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi “ADI Keköldi”. De manera que, el objeto de impugnación no ha sido debidamente aprobado y carece de toda validez actualmente, por lo que no resulta admisible el control de admisibilidad del mismo por prematuro. En consecuencia, lo procedente es el rechazo de plano de esta acción de inconstitucionalidad”.

Posteriormente, a través de la resolución No. 35187-2024 de las 9:35 horas del 26 de noviembre de 2024, esta Cámara Constitucional acogió una gestión de desobediencia presentada por la Presidencia de la Asociación de Desarrollo Integral Keköldi, en relación con la sentencia No. 31756-2023 de las 09:30 horas del 07 de diciembre de 2023 -la cual ordenó programar una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y que se convocara con la debida antelación a los miembros de la ADI Keköldi-, en razón de que no se acreditó que la audiencia realizada el 08 de marzo de 2024 con el fin de subsanar los vicios cometidos en la audiencia del 04 de agosto de 2023, cumpliera con el procedimiento y los principios que conlleva la realización de una Consulta Indígena, manteniéndose la falta de aprobación del Plan Regulador Costero y la falta de validez señalada como motivo de inadmisibilidad de una acción de inconstitucionalidad formulada en su contra.

Por último, mediante la parte dispositiva del voto No. 22181-2025 de las 9:15 horas del 16 de julio de 2025, en razón de una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, entre otra normativa, esta Sala dispuso lo siguiente: “b) Respecto al Plan Regulador Costero Talamanca Distrito Cahuita, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Talamanca en Sesión Extraordinaria N° 89 del 26 de setiembre de 2023, Acuerdo N° 2, y publicado el 5 de octubre de 2023 en el Alcance N°193 a La Gaceta 183, por unanimidad se declara sin lugar la acción, por razones de admisibilidad.”.

VI.EN CUANTO A LA LESIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE, LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE TIERRAS ANCESTRALES Y EL PLAN REGULADOR. Después de analizar los elementos probatorios aportados y en concordancia con los antecedentes citados en el Considerando V de esta sentencia, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de los amparados en cuanto a este extremo del recurso. En el recurso interpuesto por [Nombre 001] y otros, reclaman que se está lesionando el derecho a la propiedad de la comunidad afrodescendiente en Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, ya que el Plan regulador costero del Caribe sur se va a imponer sobre territorios ancestrales afrodescendientes protegidos por el Convenio 169 de la OIT, puesto que dicho documento declara esta zona como parte del área Mixta para el Turismo y la Comunidad, lo que implica que los pobladores tendrán que cancelar un canon, pudiendo sufrir el desalojo y demolición de sus propiedades en caso de no hacerlo.

En cuanto al recurrente [Nombre 015], manifiesta: i) que no se ha reconocido el derecho de propiedad, uso, conservación y protección de tierras ancestrales que tiene la población afrodescendiente en el Caribe sur como un pueblo tribal, lo que vulnera el Convenio 107 de la OIT, ya que este vincula a los Estados a proteger los derechos de las poblaciones indígenas y tribales; así como lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, el cual determina el derecho a la protección de los derechos ambientales y recursos naturales sobre las tierras tribales afrodescendientes; y ii) solicita que se ordene a los recurridos suspender los trámites del Plan regulador costero del Caribe sur hasta que el Estado costarricense delimite, junto con la comunidad tribal, cuáles son los territorios ancestrales que no pueden ser afectados por el mismo.

En primer lugar, en lo que corresponde a los reclamos que versan específicamente sobre la implementación del Plan regulador y la lesión que este genera sobre el derecho a la propiedad ancestral de los pueblos afrodescendientes en el Caribe sur, téngase en consideración lo resuelto en las sentencias No. 31756-2023 de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023, No. 324-2024 de las 9:15 horas del 10 de enero de 2024, No. 35187-2024 de las 9:35 horas del 26 de noviembre de 2024 y No. 22181-2025 de las 9:15 horas del 16 de julio de 2025. Esto es en virtud de que, al no encontrarse vigente dicho Plan regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, puesto que la audiencia pública no se ha celebrado aún bajo los parámetros exigidos por este Tribunal a la Municipalidad de Talamanca, no existe propiamente una lesión sobre el derecho a la propiedad de la comunidad afrodescendiente en Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo. Asimismo, debe tomarse en consideración que ya se indicó que está en elaboración el mecanismo de consulta que deriva del Convenio 169 de la OIT, para el caso de la población afrodescendiente.

Tampoco es de recibo para esta Sala la solicitud de dar una orden a los recurridos de suspender los trámites del Plan regulador hasta que el Estado costarricense delimite los territorios ancestrales que no pueden ser afectados por el mismo, ya que i) como ya se indicó, el Plan regulador se encuentra suspendido por el motivo de que no se ha celebrado aún la audiencia pública ordenada por la Sala; y ii) como se explicó en el Considerando IV, delimitar los territorios ancestrales, o bien, ordenarle a la autoridad competente que realice dicha delimitación de una determinada manera en específico, es una función que no corresponde a la jurisdicción constitucional.

Por último, en cuanto al reclamo del recurrente [Nombre 015] donde manifiesta que no se ha reconocido el derecho de propiedad, uso, conservación y protección de tierras ancestrales que tiene la población afrodescendiente en el Caribe sur como un pueblo tribal, así como de los derechos ambientales y recursos naturales sobre las tierras tribales afrodescendientes, es importante revisar el antecedente que se estableció mediante la resolución No. 3113-2009 de las 14:59 horas del 25 de febrero de 2009 de esta Sala Constitucional.

Como se detalló en los hechos probados, por medio de esta sentencia se declaró inconstitucional la Ley No. 8464 “Declaratoria de Ciudad para las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo del cantón de Talamanca, provincia de Limón” del 25 de octubre del 2005. Dicha resolución contiene un precedente de relevancia en materia de zona marítimo terrestre y territorios ancestrales para los sectores del Caribe sur, ya que determinó que la norma impugnada violó el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre por permitirle a poseedores de más de 40 años alegar derechos, ocupar privadamente e inscribir propiedad privada en área marítimo terrestre. Asimismo, dictaminó que esta medida también implicaba un trato diferenciado que viola el artículo 33 constitucional, al permitir a los pobladores de las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo -en detrimento del dominio público- apropiarse de parte de la zona pública, cuando el resto de la población está vedada. Específicamente, el voto dice lo siguiente:

“Esta Sala no desconoce la intención original del proyecto de ley que dio origen a la ley impugnada; sin embargo, nótese que la posibilidad de escriturar propiedades en la zona marítimo terrestre de las zonas de Cahuita y Puerto Viejo estuvo abierta desde 1935 a 1977 para Puerto Viejo y desde 1915 hasta 1977 para Cahuita, así que los pobladores originarios de la zona tuvieron dicho lapso de tiempo para adquirir sus tierras ancestrales.” (ver resolución No. 03113 – 2009 de las 14:59 horas del 25 de febrero de 2009) De conformidad con lo establecido en dicha sentencia, esta Sala consideró que, a partir de la promulgación de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre No. 6043 del 2 de marzo de 1977, prima la intangibilidad del área marítimo terrestre como bien de dominio público por sobre la posibilidad de adquirir o particularizar el dominio de tierras en la misma, aún y siendo estas tierras ancestrales. Por ello, en razón de que, a la fecha, las autoridades públicas no han delimitado propiedades ancestrales en el caso de la población afrocostarricense y, como no hay un marco normativo al respecto lo suficientemente desarrollado que permita a este Tribunal examinar si ello configura o no una excepción a la intangibilidad de la zona marítimo terrestre, lo procedente es declarar sin lugar este extremo del recurso.

VII. EN CUANTO A LA LESIÓN DEL DERECHO DE CONSULTA Y AUTODETERMINACIÓN SOBRE SU TERRITORIO ANCESTRAL

En cuanto a los reclamos del amparo interpuesto por [Nombre 001] y otros, alegan que se está lesionando el derecho al consentimiento, consulta libre, previa e informada de la comunidad afrocostarricense de Cahuita a través de la aprobación del Plan Regulador, ya que no se tomó en consideración el criterio de la población sobre la implementación del mismo, lo cual violenta lo dispuesto en el artículo 6.1 del Convenio 169 de la OIT. En lo que concierne a los alegatos del amparado [Nombre 015], además de reiterar lo dispuesto en el amparo de [Nombre 001] y otros, manifestó i) que el Estado costarricense ha incumplido con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, al respecto de la aplicación del derecho de consulta previa en relación a la población afrodescendiente, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT; y ii) que el Estado violó los derechos fundamentales de la población afrodescendiente por no reconocer el derecho de autodeterminación sobre su territorio ancestral.

En primer lugar, resulta importante revisar dos de los antecedentes citados en el Considerando V de esta sentencia.

Primero, mediante la resolución No. 31756-2023 de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023, esta Sala dispuso lo siguiente: “Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la audiencia pública llevada a cabo el pasado 04 de agosto de 2023. Se ordena a Rugeli Morales Rodríguez y Yahaira Mora Blanco, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se programe una nueva audiencia pública para el proyecto del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca y se convoque con la debida antelación, a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi “ADI Keköldi”…”.

Luego, se tiene que, a través de la resolución No. 35187-2024 de las 9:35 horas del 26 de noviembre de 2024, mediante la cual se presentó una gestión de desobediencia por la orden exhortada en el voto anterior, este Tribunal analizó la realización de una segunda audiencia pública de la siguiente manera: “Ahora bien, a pesar que las autoridades recurridas señalan que mediante convocatoria a reuniones buscaron un acercamiento con la Junta Directiva de la ADI-KEKOLDI, para abordar el tema del Plan Regulador Costero, con el fin de compartir información del mismo a efectos de evacuar dudas y realizar planteamientos, entre otras acciones y que dichos esfuerzos fueron en vano; lo cierto, es que esta Sala no logra acreditar que la audiencia realizada el 08 de marzo de 2024, cumpliera con el procedimiento y los principios que conlleva la realización de una Consulta Indígena en los términos que se han explicado previamente…” Por ello, se indicó lo siguiente en la parte dispositiva: “Se acoge la gestión de desobediencia.

Se le reitera a Rugeli Morales Rodríguez y a Julio Molina Masís, por su orden alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que cumplan con lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2023031756 de las 09:30 horas del 07 de diciembre de 2023, en los términos ahí establecidos. Lo anterior, bajo la advertencia que, de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia (artículos 53 y 71 de la ley de la jurisdicción constitucional)…”.

Ahora bien, lo resuelto obedece a la violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en razón de las intenciones de aprobar el Plan Regulador sin la correcta realización del proceso de audiencia pública, ya que no se tomó en consideración su criterio para la implementación del mismo. Esto se sustenta en amplia jurisprudencia del tribunal y a los mecanismos que legal y reglamentariamente se han definido para efectuar ese tipo de consulta en concreto. Sobre ese particular, se ha estipulado lo siguiente:

“IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA. El derecho fundamental a la consulta previa se funda en la defensa de los pueblos indígenas y tribales y en la eliminación de las exclusiones históricas que han padecido. Establece un modelo de gobernanza, en el que la participación es un presupuesto indispensable para garantizar los demás derechos e intereses de las comunidades, como ocurre con la integridad cultural, la libre determinación, el territorio y el uso de los recursos naturales etc., por lo cual tiene un carácter irrenunciable e implica obligaciones tanto al Estado como a los particulares. Este derecho implica que las comunidades indígenas y tribales deban ser consultadas sobre cualquier decisión que las afecte directamente, de manera que puedan manifestar su opinión sobre la forma y las razones en las que se cimienta o en las que se fundó una determinada medida, pues esta incide o incidirá claramente en sus vidas.

Asimismo, el derecho a la consulta previa se incorpora vía bloque de constitucionalidad, a través de varios instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, dentro de los cuales se destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –en adelante Convenio 169 OIT–, el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos –en adelante PIDCP–, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales –en adelante PIDESC-, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos –en adelante CADH–. Dichos instrumentos son vinculantes para la definición de las controversias y además marco de acción para garantizar la consulta de los Estados con los pueblos indígenas, como un principio de derecho internacional público. Adicionalmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Resolución 61/295 y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial junto con la Recomendación General Nº 23 de 1997 relativa a los derechos de los pueblos indígenas, permiten darle alcance al contenido del derecho fundamental a la consulta previa.

Específicamente, el Convenio 169 OIT prescribe que los principios de participación y consulta son fundamentales. En su artículo 6º, se establece el deber general del Estado de consultar a los pueblos indígenas y tribales que sean susceptibles de verse afectados directamente por la expedición de medidas administrativas o legislativas. Dispone que la consulta previa debe adelantarse con herramientas y procedimientos pertinentes y adecuados para llegar a un acuerdo con las autoridades representativas de la comunidad y el artículo 7.3 prevé que los Estados posibiliten la realización de estudios en cooperación con los pueblos interesados para evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente, que puedan recaer ante las actividades que se desarrollen. Por su parte, el PIDCP y el PIDESC tienen un artículo común que se refiere al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que implica que estos determinan su desarrollo económico, social y cultural, y pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.

Este derecho ha sido interpretado en forma pacífica por la jurisprudencia internacional, en especial gracias a la labor del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que son los intérpretes autorizados de estos tratados, como normas aplicables a los pueblos indígenas, sin que esto implique la posibilidad de independencia política de estos pueblos frente a los Estados de los cuales hacen parte (autodeterminación externa) pero si un derecho a tomar decisiones relativas a su desarrollo económico, social y cultural y a disponer de sus riquezas y recursos naturales en sus territorios, conforme a sus usos y costumbres, dentro de los límites constitucionales y el respeto a la integridad territorial de los Estados (autodeterminación interna). Esto apareja, entre otros, el deber de los Estados de demarcar y proteger adecuadamente los territorios de estos pueblos y consultarlos en relación con las medidas que los impactan directamente.

En la CADH no hay un artículo expreso de la consulta previa; sin embargo, con sustento en los mandatos de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante Corte IDH-, en el caso Sarayaku vs Ecuador, advirtió que la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas o tribales es un principio de derecho internacional público. La Corte IDH ha indicado que estas consultas con las comunidades indígenas y tribales tiene una relación directa con el artículo 1.1, que establece la obligación general de garantizar el libre pleno ejercicio de los derechos conocidos en la Convención. También ha advertido que la consulta y participación de las comunidades garantizan los demás derechos, por ejemplo, territorio, ambiente e integridad cultural, y esto le ha permitido ligar la consulta con el artículo 23 de la CADH.” (ver resolución No. 31756-2023 de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023) Estando así las cosas, como lo indicaron los recurrentes, dicho derecho fundamental a la consulta previa proviene del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, el cual se trata de una norma preceptiva que le ordena a los Estados consultar a los pueblos interesados, mediante los procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, las medidas susceptibles de afectarles directamente.

Sobre este mismo tema, la jurisprudencia de este Tribunal ha explicado que la participación activa contemplada en esta norma no constituye una simple notificación a los pueblos interesados, o bien, el envío de la información acerca de la celebración de reuniones informativas. Realmente, lo que procura esta noción es que los pueblos tengan incidencia en la decisión que adopten las autoridades, constituyéndose en un proceso de diálogo.

Acto seguido, para efectos de entender lo que sería un proceso de consulta a través de las instituciones representativas de la comunidad afrocostarricense, es relevante recordar que, a través del artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 43532-MP-MINAEMCJ-MEP del 18 de mayo de 2022, se establece el Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense como una instancia de consulta, diálogo y articulación entre el pueblo tribal afrocostarricense e instituciones gubernamentales, disponiendo también que dicho Foro se encuentra a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita. Adicionalmente, como se extrae del elenco de hechos probados, el 26 de noviembre de 2022, a través de la sesión extraordinaria No. 122 de la junta directiva de la propia ADI de Cahuita, se constituyó dicha entidad.

Luego de esto, como se explicó también en el Considerando IV de esta sentencia, mediante el oficio No. PR-DP-0556-2024 del 18 de junio de 2024, Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho de la Presidencia de la República, constató que el 30 de mayo de 2024 el gobierno le comunicó al Foro Tribal Afrocostarricense un borrador de la solicitud de inicio del procedimiento de consulta libre, previa e informada para ejecutar con respecto a la población afrodescendiente.

De conformidad con las anteriores consideraciones, puede afirmarse, entonces, que el Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense constituye una institución representativa del pueblo tribal afrodescendiente. Esto significa que, en aplicación directa del Convenio 169 de la OIT, las instancias gubernamentales se encuentran en la obligación de mantener un diálogo intercultural con esta organización. Conforme a la prueba aportada por el recurrente, los funcionarios de Casa Presidencial dejan en evidencia que se encuentran trabajando de la mano con el Foro en articular un procedimiento de consulta libre, previa e informada para ejecutar con respecto a la población afrodescendiente. Ahora bien, cabe preguntarse si el hecho de no haber concluido ese instrumento impide que los parámetros del Convenio 169 se apliquen a la consulta concreta que aquí se reclama. El artículo 6 del Convenio estipula lo siguiente:

“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

  • a)Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.” Visto el texto de la norma y los elementos de convicción agregados al expediente, la Sala estima que hay condiciones suficientes para trascender la realización de una mera sesión informativa, para, en su lugar, ejecutar una consulta en los términos establecidos en el artículo 6 del Convenio 169. Dichas condiciones estarían conformadas por el reconocimiento normativo de una instancia interlocutora, así como de una comisión municipal de asuntos afrodescendientes que permitirían definir los términos de tal consulta, en armonía con el Convenio 169. En ese sentido, existe una responsabilidad de las autoridades municipales de garantizar que, efectivamente, opere ese diálogo intercultural entre iguales.

Lo anterior, en los mismos términos en que la resolución No. 31756-2023 de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023 de esta Sala se refirió a la deficiencia de la consulta al pueblo indígena vinculado al territorio Kekoldi:

“A criterio de este Tribunal Constitucional, existen ciertos criterios para identificar la afectación directa sobre las comunidades respecto de medidas administrativas que les conciernan. Así las cosas, se puede entender por afectación directa toda medida que altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios. En tal sentido, la afectación directa se da sin importar que sea positiva a negativa, pues es precisamente dicho aspecto el que deberá resolverse al consultar a los pueblos indígenas afectados. Se reitera, la consulta previa procede, si la medida general afecta con especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicos, y para ello se debe entender que el territorio de la Reserva Indígena de Keköldi se encuentra vinculado al concepto de afectación directa y en consecuencia a la aplicación de la consulta previa.

No existe duda, ni disputa sobre la regla precisada. La dificultad de aplicación es solamente por la noción de territorio étnico, pues este va más allá de un espacio físico formalmente demarcado, como un resguardo, y se vincula a otros elementos culturales, ancestrales así como espirituales (artículo 14 Convenio 169 OIT).” (ver resolución No. 31756-2023 de las 9:30 horas del 7 de diciembre de 2023) Tomando en cuenta el precedente anterior, así como el análisis efectuado por este Tribunal en esa ocasión sobre la implementación del Plan regulador en dicho territorio, de igual manera, de la prueba aportada por los accionados se constata que, cartográficamente, el territorio forma una unidad con la línea costera que se busca regular y que, actualmente, varias de las actividades que estarían sujetas al Plan regulador se desarrollan de manera contigua a donde se ubican los pueblos costeros de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo.

Entonces, al ser el Área Mixta para el Turismo y la Comunidad una zona adyacente y continua a los lugares donde habitan las comunidades de las personas afrodescendientes, cuando menos existe una necesidad de ser tomados en consideración para un proceso de diálogo activo al respecto de los efectos que tendría la implementación de dicho Plan regulador.

Por ello, siendo posible aplicar de forma directa el Convenio citado supra, lo procedente es declarar con lugar este extremo del recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.

VIII. EN CUANTO A LA TALA DE ÁRBOLES EN TERRITORIOS ANCESTRALES EN GANDOCA MANZANILLO

Después de analizar los elementos probatorios aportados, esta Sala descarta la lesión a los derechos fundamentales de los amparados en cuanto a este extremo del recurso. Según se extrae del escrito de interposición, el tutelado [Nombre 015] reclama que se están violando los derechos de la población afrodescendiente al permitir la tala de árboles en una finca ubicada en territorios ancestrales dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, así como la entrega de permisos a desarrollos hoteleros en la zona, lo cual constituye una violación al Convenio 169 de la OIT por la obligación de los Estados de delimitar reconocer y el territorio ancestral afrodescendiente. Añadido a ello, expresa su disconformidad al respecto de declaraciones brindadas por el presidente de la República sobre la materia.

En primer lugar, en el sub lite el reclamante solamente expone una serie de alegatos, formulados en abstracto, contra las actuaciones llevadas a cabo por las instituciones públicas en lo que él considera que no debería permitirse —sin hacer mención de algún caso específico y actual—. Es evidente que este reclamo es inadmisible, por lo que debe ser rechazado.

Añadido a lo anterior, es menester aclarar que, como se estableció en el elenco de hechos probados de este extremo en particular, este Tribunal Constitucional ya se ha referido en varias ocasiones a esta cuestión. En primera instancia, por medio de la sentencia No. 12745-2019 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019, esta Cámara declaró con lugar, por mayoría, la acción de inconstitucionalidad que se interpuso contra la Ley No. 9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, por considerar que la misma redujo una parte de una zona protegida del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Lo anterior tuvo como consecuencia que esta Sala ordenara a las autoridades del SINAC que delimitaran el área que estaba siendo afectada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, que ejercieran las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.

Posteriormente, mediante la resolución No. 3959-2024 de las 9:30 horas del 16 de febrero de 2024, esta Sala le dio la orden a las autoridades del SINAC de complementar, en un plazo de tres meses, la certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca, con base en la “Caracterización y delimitación de humedales” de junio de 2021, así como a las autoridades del INVU y de la Municipalidad de Talamanca, disponer lo necesario para incorporar dicha actualización en el Plan Regulador Costero.

De la misma forma, el incumplimiento de las autoridades recurridas en dicho expediente fue reiterado en el voto No. 10951-2024 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2024, el cual, si bien enfatizó el mandato establecido por este Tribunal en la sentencia No. 3959-2024 ya citada, también condenó a las accionadas porque no existe un criterio técnico actualizado en relación con la certificación de PNE de 2017, aún cuando se advirtieron inconsistencias con respecto a la misma en múltiples ocasiones, instruyendo a que se emita una certificación que delimite la totalidad de las franjas de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca con el debido sustento técnico.

Añadido a lo anterior, por medio de la resolución No. 26300-2024 de las 13:10 horas del 10 de setiembre de 2024, la Sala acogió una gestión de desobediencia contra las autoridades del SINAC, del MINAE y la de Procuraduría General de la República, por no acatar lo dispuesto por medio del ya mencionado voto No. 12745-2019 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019. En esta ocasión, se reiteró a los representantes de dichas instituciones que tomaran las medidas correspondientes dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para que tal resolución fuese acatada y que, una vez que el SINAC completara la delimitación del área correspondiente, en conjunto la Procuraduría ejerciera las acciones legales pertinentes en defensa del patrimonio público.

En la misma línea, mediante el voto de las 12:56 horas del 7 de marzo de 2025, este Tribunal, en concordancia con lo fallado en las sentencias No. 12745-2019 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019 y No. 26300-2024 de las 13:10 horas del 10 de setiembre de 2024, con motivo del persistente incumplimiento de las autoridades públicas en cuanto a lo ordenado en las resoluciones citadas, dispuso las siguientes medidas cautelares: i) suspensión de otorgamiento de concesiones nuevas y de ejecución de las ya otorgadas, por parte de la Municipalidad de Talamanca, sobre la zona boscosa que se ubica dentro de la zona marítimo terrestre del refugio, ii) suspensión de la directriz No. 09-2023 del MINAE; y iii) declaración de la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala y aprovechamiento forestal por el MINAE y el SINAC en las áreas boscosas que deben ser retornadas al refugio.

Por último, a través de la sentencia No. 22181-2025 de las 9:15 horas del 16 de julio de 2025, esta Cámara declaró como inconstitucional y, por ende, anuló el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo 2017-2023, del que se publicó un resumen ejecutivo en el Alcance N° 42 a La Gaceta N° 39 del 28 de febrero de 2022. Esta medida implica una obligación de las autoridades del SINAC de corregir los vicios de constitucionalidad señalados por la Sala, contando con el plazo de un año. Por ello, partiendo de que se declaró con lugar una acción contra normativa infra constitucional con motivo de que la misma vulneraba principios ambientales del Derecho de la Constitución, esto conlleva que se van a llevar a cabo correcciones en la misma con el fin de proteger los ecosistemas del refugio, buscando menoscabar el retroceso significativo en la protección ambiental del litoral caribeño costarricense por el cual se interpuso dicha acción.

Esto significa que, a pesar de que los reclamos formulados por el amparado [Nombre 015] revisten el carácter de genéricos y abstractos, este Tribunal hace de conocimiento del tutelado que, en las ocasiones anteriores recién indicadas, esta Sala ya se encargó de conocer lo relativo a los daños ambientales acontecidos en el del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en lo que concierne a este reclamo.

IX. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL RECURRENTE [Nombre 015]

Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal comprueba la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada en cuanto a este extremo del recurso. Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por demostrado que el 18 de marzo de 2024, mediante oficio No. AEL-0058-2024, el recurrente solicitó la siguiente información ante la autoridad accionada: “… solicito al honorable Consejo informar si la Municipalidad tiene a su disposición algún mapa oficial que delimite el territorio ancestral de los afrodescendientes, toda vez que dichas áreas están protegidas a nivel internacional y pertenecen a la población tribal afro. Por ello no pueden ser incluidas o afectadas por ningún plan regulador.” Asimismo, se constata que el 21 de marzo de 2024, por medio del oficio No. SCMT-021-2024, la secretaría del Concejo Municipal de la recurrida le respondió al amparado su solicitud de información en los siguientes términos: “En atención a su oficio AEL-0058-2024, me permito comunicarle que fue conocido por el Concejo Municipal de Talamanca mediante sesión ordinaria 200 del 20 de marzo de 2024, donde se trasladó a estudio y dictamen de la comisión municipal de asuntos jurídicos.” Así las cosas, se verifica la lesión a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política.

Se determina que el requerimiento formulado por el amparado en fecha 18 de marzo de 2024, no ha sido atendido por la accionada. En ese sentido, véase que, si bien la corporación municipal manifiesta en el informe rendido a esta Cámara que sí le dio una respuesta al recurrente en el plazo exigido por ley, indicándole que la solicitud se encontraba siendo atendida por la instancia correspondiente, lo cierto es que ello no constituye una respuesta formal a lo peticionado por éste y la autoridad recurrida está en la obligación de contestarle en los términos solicitados. Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso en lo que concierne a este reclamo.

X. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declaran parcialmente con lugar los recursos acumulados. Se ordena a Rugeli Morales Rodríguez y a Julio Molina Masís, por su orden alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que i) dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se programe una consulta para el pueblo tribal afrodescendiente relacionado con el Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca, en los términos del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT; y ii) dentro del plazo máximo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, brinde respuesta a la gestión presentada por el amparado en fecha 18 de marzo de 2024 mediante oficio No. AEL-0058-2024, como en Derecho corresponda.

Lo anterior, bajo la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, lo que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En los demás reclamos, así como en lo concerniente al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), se declaran sin lugar los recursos.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Jorge Isaac Solano A.

Alexandra Alvarado P.

1

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Indigenous Law 6172 — Inalienable Territories and ILO 169Ley Indígena 6172 — Territorios Inalienables y Convenio OIT 169
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7316-1 Indigenous and Tribal Peoples Convention, No. 169

      Este documento cita

      • Ley 7316-1 Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

      News & Updates Noticias y Actualizaciones

      All articles → Todos los artículos →

      Weekly Dispatch Boletín Semanal

      Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

      ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

      One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

      Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
      Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

      Stay Informed Mantente Informado

      Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

      Email Updates Actualizaciones por Correo

      Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

      Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

      WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

      Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

      Join Channel Unirse al Canal
      Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
      🙏