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Res. 08755-2000 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/10/2000

Constitutionality of the Tax Law on Liquor and CigarettesConstitucionalidad de la Ley de Cargas Tributarias sobre licores y cigarrillos

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OutcomeResultado

Dismissed on the meritsRechazo de fondo

The Constitutional Chamber dismissed the unconstitutionality claim against Law 7972 on the merits, holding that the taxes on liquor, beer and cigarettes do not violate the principles of equality, reasonableness or proportionality.La Sala Constitucional rechazó por el fondo la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 7972, declarando que los impuestos sobre licores, cervezas y cigarrillos no violan los principios de igualdad, razonabilidad ni proporcionalidad.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber dismissed on the merits an unconstitutionality claim against Law 7972, which imposes taxes on liquor, beer and cigarettes. The claimant argued violation of the principles of equality, reasonableness and proportionality, alleging discrimination by taxing only those goods and benefiting a narrow sector. The Chamber found that the claim failed to meet standing requirements and that the challenge was unfounded. It reaffirmed the State's power to levy differentiated taxes, particularly on health-harming products, as a measure for the common good. Equality does not require uniformity but equal treatment for similar situations, and the law uniformly taxes the entire category of alcoholic beverages and cigarettes. The allocation of revenues to the elderly, at-risk children, persons with disabilities and depressed geographic areas is reasonable and complies with constitutional mandates for special protection.La Sala Constitucional rechazó por el fondo una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 7972, que crea cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos. La accionante alegó violación a los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, argumentando que la ley discriminaba al gravar solo esos bienes y beneficiar a un sector reducido. La Sala determinó que la acción incumplía requisitos de legitimación y que la impugnación era improcedente e infundada. Reiteró que la potestad tributaria del Estado permite impuestos diferenciados, especialmente sobre productos dañinos para la salud, como medida de bien común. El principio de igualdad no exige uniformidad, sino trato igual a situaciones análogas, y la ley grava de manera general toda la categoría de licores, cervezas y cigarrillos. La distribución de lo recaudado a favor de adultos mayores, niños en riesgo, personas con discapacidad y zonas geográficas deprimidas es razonable y cumple mandatos constitucionales de protección especial.

Key excerptExtracto clave

Based on the principles noted in the preceding recital, the challenge against the Law Creating Tax Charges on Liquor, Beer and Cigarettes, number 7972, is absolutely unfounded and inadmissible. [...] it is constitutionally permissible to establish differentiated taxes on different goods and services, and in this specific case, it must be borne in mind that these are goods whose abusive consumption is harmful to health, hence increasing taxes on their manufacture and importation ultimately aims at reducing their consumption, as a precautionary measure for the common good, which is not only legitimate but constitutionally permissible. [...] The content of the principle of equality implies exactly the opposite of what the proponent seeks [...] the taxes established in the challenged Law cannot be unconstitutional solely for taxing only one class of goods, namely liquor, beer and cigarettes. It should be noted that the law complies with the aforementioned tax principles of generality and equality, since it taxes the entire corresponding category [...] Finally, regarding the subjects and sectors benefited by these taxes, the distribution made by the legislator can in no way be considered "whimsical, arbitrary or capricious" [...] by allocating the funds to sectors of the citizenry that have special protection under the Constitution [...]Es con fundamento en los principios anotados en el considerando anterior que es absolutamente improcedente e infundada la impugnación que se hace de la Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, número 7972. [...] resulta constitucionalmente posible el establecimiento de impuestos diferenciados bienes y servicios diferentes, y en el caso en concreto, debe tenerse en cuenta que se trata de bienes cuyo consumo abusivo resulta dañino para la salud, de ahí que el aumentar los impuestos a su fabricación e importación pretende, eventualmente, una disminución en su consumo, como medida precautiva para el bien común, lo cual es, no sólo legítimo, sino constitucionalmente posible. [...] El contenido del principio de igualdad implica todo lo contrario de lo pretendido por la promovente [...] no pueden ser inconstitucionales los tributos establecidos en la Ley impugnada en esta vía, por gravar únicamente una clase de bienes, esto es, los licores, la cerveza y los cigarrillos. Debe tenerse en cuenta que la ley cumple con los principios tributarios señalados anteriormente de generalidad e igualdad, toda vez que grava a la totalidad de la categoría correspondiente [...] Por último, en lo que respecta a los sujetos y sectores beneficiados con estos impuestos, bajo ningún concepto puede estimarse de "caprichosa, arbitraria ni antojadiza" la distribución que hace el legislador [...] al destinarse a sectores de la ciudadanía que por disposición constitucional tienen una protección especial [...]

Pull quotesCitas destacadas

  • "La potestad de imposición de tributos no constituye en sí misma, un desincentivo a la producción; su legítimo ejercicio es más bien manifestación concreta de la obligación constitucional de contribuir con los gastos públicos"

    "The power to impose taxes does not, in itself, constitute a disincentive to production; its legitimate exercise is rather a concrete manifestation of the constitutional obligation to contribute to public expenditures"

    Considerando IV

  • "La potestad de imposición de tributos no constituye en sí misma, un desincentivo a la producción; su legítimo ejercicio es más bien manifestación concreta de la obligación constitucional de contribuir con los gastos públicos"

    Considerando IV

  • "no pueden ser inconstitucionales los tributos establecidos en la Ley impugnada en esta vía, por gravar únicamente una clase de bienes, esto es, los licores, la cerveza y los cigarrillos. Debe tenerse en cuenta que la ley cumple con los principios tributarios señalados anteriormente de generalidad e igualdad, toda vez que grava a la totalidad de la categoría correspondiente"

    "the taxes established in the challenged Law cannot be unconstitutional solely for taxing only one class of goods, namely liquor, beer and cigarettes. It should be noted that the law complies with the aforementioned tax principles of generality and equality, since it taxes the entire corresponding category"

    Considerando V

  • "no pueden ser inconstitucionales los tributos establecidos en la Ley impugnada en esta vía, por gravar únicamente una clase de bienes, esto es, los licores, la cerveza y los cigarrillos. Debe tenerse en cuenta que la ley cumple con los principios tributarios señalados anteriormente de generalidad e igualdad, toda vez que grava a la totalidad de la categoría correspondiente"

    Considerando V

  • "resulta constitucionalmente posible el establecimiento de impuestos diferenciados bienes y servicios diferentes, y en el caso en concreto, debe tenerse en cuenta que se trata de bienes cuyo consumo abusivo resulta dañino para la salud, de ahí que el aumentar los impuestos a su fabricación e importación pretende, eventualmente, una disminución en su consumo, como medida precautiva para el bien común"

    "it is constitutionally permissible to establish differentiated taxes on different goods and services, and in this specific case, it must be borne in mind that these are goods whose abusive consumption is harmful to health, hence increasing taxes on their manufacture and importation ultimately aims at reducing their consumption, as a precautionary measure for the common good"

    Considerando V

  • "resulta constitucionalmente posible el establecimiento de impuestos diferenciados bienes y servicios diferentes, y en el caso en concreto, debe tenerse en cuenta que se trata de bienes cuyo consumo abusivo resulta dañino para la salud, de ahí que el aumentar los impuestos a su fabricación e importación pretende, eventualmente, una disminución en su consumo, como medida precautiva para el bien común"

    Considerando V

Full documentDocumento completo

Res: 2000-08755 **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at fourteen hours and fifty-eight minutes on October fourth, two thousand.- Action of unconstitutionality brought by ALEJANDRA GRANDOSO LEMOINE, of legal age, widow, attorney, residence identification number CED30299, resident of los Alpes de Coronado, in her personal capacity as a consumer and as special judicial attorney-in-fact for GUSTAVO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, CARLOS MARÍN CARRANZA, ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, JULIO ANTONIO ROJAS AGUILAR, WING HOU NG FONG, GERARDO ARTAVIA MUÑOZ, FERNANDO CHAVERRI SOLANO, SALVADOR ANTONIO ARAGÓN SEGURA, MANUEL MATA MATA, "LICORA, SOCIEDAD ANÓNIMA", "AGROPECUARIA MILMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA" and "LICORERÍA EL CARMEN, SOCIEDAD ANÓNIMA"; against the Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, number 7972 in its entirety, and subsidiarily articles 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14 and 15 of the law.

**Resultando:** **1.-** By written submission received in the Secretariat of the Chamber at ten hours fifty-nine minutes on July nineteenth, two thousand, the plaintiff -in her personal capacity and as special judicial attorney-in-fact for several subjects- requests that the unconstitutionality of the Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, number 7972 be declared in its entirety, considering that it violates the principles of equality before tax burdens, constitutional reasonableness, and proportionality in a double sense: first, it taxes a small group of goods -only liquors, beers, and cigarettes-, thereby creating a discriminatory and illegitimate situation to the detriment of said goods, given that taxes must be general and equitable; and second, it seeks to obtain a benefit for a very reduced sector: the elderly, children at social risk, disabled persons, abandoned persons, rehabilitation of alcoholics and drug-dependent persons, thereby excluding the generality of the citizenry, the distribution made being whimsical, capricious, and arbitrary, by also benefiting certain geographic zones (Limón, Puntarenas, Guanacaste) and specific persons or institutions, such as the Asociación Misionera Club de Paz and the Ejército de Salvación. Finally, it adds that the challenged taxes cause irreparable harm to those who market the taxed products. Subsidiarily, it challenges articles 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14 and 15 of the law, considering them violative of the following constitutional principles: tax equality, reservation of law, legality, reasonableness and proportionality, double taxation, confiscatory nature, and freedom of commerce.

**2.-** It alleges that the existence of a matter pending resolution (asunto pendiente de resolver) -under the terms of the first paragraph of article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional- is not necessary to support its standing to bring this action, given that by the nature of the matter, it involves the defense of diffuse interests (intereses difusos) that concern the community as a whole, as provided for in the second paragraph of the cited article 75.

**3.-** The second paragraph of article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers this Chamber to reject on the merits at any procedural stage, even from its filing, any petition brought before it when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a previous, equal or similar rejected petition.a Chamber to reject outright at any procedural stage, even from its filing, any action brought before it, when it deems it to be manifestly improper and unfounded.

Drafted by Judge **Piza Escalante**; and, **Considerando:** **I.- OF THE FORMALITIES FOR BRINGING ACTIONS OF UNCONSTITUTIONALITY.** The action of unconstitutionality is a procedure with specific formalities, which, if not met, prevent the Chamber from hearing the challenge made.

This Chamber has previously considered in this regard that </span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-left:60pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">\"</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">[...]</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\"> </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold; font-style:italic\">it is a proceeding of an incidental nature</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">, and not a direct or popular action, meaning that </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold; font-style:italic\">there must be a pending matter</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\"> —whether before the courts of law or in the procedure to exhaust administrative remedies— </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold; font-style:italic\">to be able to access the constitutional jurisdiction, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right claimed to be injured in the main matter, so that what is resolved by the Constitutional Court has a positive or negative impact on that pending proceeding, by ruling on the constitutionality of the norms to be applied in that matter; and only exceptionally does the law allow direct access to this jurisdiction —the cases provided for in the second and third paragraphs of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">\" (judgment number 4190-95, at eleven hours and thirty-three minutes on July twenty-eighth, nineteen ninety-five).</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the admissibility requirements for unconstitutionality actions, regulating three distinct situations. The first paragraph requires the existence of a pending matter, whether in a judicial forum —which includes habeas corpus or amparo appeals— or in the administrative forum, exclusively in the procedure for exhausting administrative remedies, in which the unconstitutionality of the challenged norm is invoked, </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold\">as a reasonable means of protecting the right considered injured in the main matter:</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-left:60pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">\"To file an unconstitutionality action it is necessary that there be a pending matter before the courts, including habeas corpus or amparo, or in the procedure to exhaust administrative remedies, in which that unconstitutionality is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered injured</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">\" (first paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">The requirement of the existence of this pending matter has been interpreted by this Chamber in such a way that the mere existence of that matter is not sufficient; rather, its invocation in the main matter is required, such that it constitutes </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">\"</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold; font-style:italic\">a reasonable means of protecting the right or interest considered injured</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">\", as provided in the norm under discussion, meaning that the mere invocation of unconstitutionality of the challenged norm is not sufficient; rather, </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold\">the norm must be applicable —directly or indirectly— in the matter that supports the action</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">; as this Chamber has repeatedly stated, among others, see judgments 01668-90, 04085-93, 00798-94, 03615-94, 00409-I-95, 00851-95, 04190-95, 00791-96. In turn, the second and third paragraphs regulate the direct action, meaning situations in which the underlying matter is not required, in the following cases: a) when, by its nature, the matter does not involve individual and direct injury, or involves the defense of diffuse interests, or those that concern the community as a whole; and b) when the action is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, and the Defensor de los Habitantes. It also requires certain important formalities, such as the explicit determination of the regulations challenged, duly substantiated, with specific citation of the constitutional norms and principles considered infringed, authentication by an attorney of the written submission of the proceeding, the necessary copies for the magistrates composing the Chamber, the Procuraduría, and the parties intervening in the main matter, the accreditation of standing conditions (powers of attorney and certifications), and a literal certification of the challenging brief, which, if not provided by the claimants, must be requested for compliance by the President of the Chamber.</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold\">II.- OF THE CLAIMANTS' FAILURE TO COMPLY WITH REQUIREMENTS.</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\"> The standing of the claimants is one of the fundamental elements that must be analyzed in order to assess the admissibility that is carried out in the constitutional jurisdiction. The Chamber notes that the claimant does not prove the condition she claims to hold as special judicial attorney-in-fact for several natural and legal persons, since the power of attorney provided on pages 23 to 25 of the case file is ineffective because the required legal stamps have not been provided and canceled, nor does she demonstrate the representation of the claimant companies, nor the status of producers or importers of liquors, beers, or cigarettes of her alleged represented parties; all conditions that could be rectified by a preventive resolution of the Presidency of the Chamber, in accordance with the provisions of the first paragraph of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. However, on this occasion it is not pertinent, given the inadmissible and unfounded nature of the allegations made in relation to the Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, number 7972, as will be seen below.</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold\">III.- OF THE OBJECT OF THE CLAIM. </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">Licenciada Alejandra Grandoso Lemoine challenges the Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, number 7972, in its entirety, as unconstitutional, considering that it violates the principles of equality before tax burdens, constitutional reasonableness, and proportionality in a dual sense: first, it levies taxes on a small group of goods —only liquors, beers, and cigarettes—, thereby creating a discriminatory and illegitimate situation to the detriment of these goods, given that taxes must be general and equitable; and second, it seeks to obtain a benefit for a very limited sector: older adults, children at social risk, persons with disabilities, the abandoned, and those in rehabilitation for alcoholism and substance abuse (farmacodependientes), thereby excluding the general public, making the distribution arbitrary, capricious, and whimsical, by also benefiting specific geographic zones (Limón, Puntarenas, Guanacaste) and specific persons or institutions, such as the Asociación Misionera Club de Paz and the Ejército de Salvación. Finally, she adds that the challenged taxes cause irreparable harm to those who market the taxed products.</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold\">IV.- OF THE STATE'S TAXING POWER. </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">The petitioner must be warned that the State has sovereign power to demand contributions from persons or goods found within its jurisdiction, or, as the case may be, to grant exemptions, such that this power to tax can be conceptualized as the power to enact legal norms from which the obligation of a tax or the obligation to respect a tax limit can be or could be derived; a power that is limited by the principles and values established by the Political Constitution itself:</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-left:60pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">\"</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">[...]</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\"> among the constitutional principles of Taxation are immersed the Principle of Legality or Law Reservation, of Equality or Isonomy, of Generality, and of Non-Confiscation. Taxes must emanate from a law of the Republic, must not create discrimination to the detriment of taxpayers, must comprehensively cover all persons or goods foreseen in the law and not just a part of them, and care must be taken that they are not of such an amount as to violate private property (articles 33, 40, 45, 121 subsection 13) of the Political Constitution.-\"</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\"> (Voto 6455-94)</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">The taxing power is recognized at the constitutional level in Article 121 subsection 13), which grants the Legislative Assembly the exclusive competence to establish national taxes and contributions, and it is in Article 18 —also constitutional— that the obligation for Costa Ricans is established to pay the public charges established by the State in order to contribute to public expenses, an obligation from which, by virtue of the principle of equality, no exceptions can be made nor situations of privilege established, such that the same treatment must be ensured to those in analogous situations; with the Executive Branch being responsible for the disposition of its collection.</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">full power to incentivize or disincentivize a particular lucrative activity, provided this is done by law and is consistent with the constitutional principles of reasonableness and proportionality. Thus, in exercising this power, the Costa Rican State may well create special geographic zones of fiscal incentive, such as the Depósito Libre de Golfito, created by Law number 7012 of November fourth, nineteen eighty-five —whose fiscal regime has been considered constitutional on several occasions by this Chamber (in this regard, see judgments number 0319-95, at fourteen hours forty-two minutes, and number 0321-95, at fourteen hours forty-eight minutes, both of January seventeenth, nineteen ninety-five, and number 4063-93, at twelve hours nine minutes on August ninth, nineteen ninety-six)—; incentivize or disincentivize certain goods and services through the establishment of tax burdens, without this violating the principle of equality before public charges, nor the freedom of commerce (articles 33 and 46 of the Political Constitution), since, as this Chamber correctly indicated in judgment number 2631-95,</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-left:60pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">\"</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold; font-style:italic\">The power of imposing taxes does not constitute, in itself, a disincentive to production; its legitimate exercise is rather a concrete manifestation of the constitutional obligation to contribute to public expenses,</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\"> </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">[...]</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold; font-style:italic\">\"</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold\">V.- OF THE CONSTITUTIONALITY OF THE CHALLENGED LAW. </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">It is on the basis of the principles noted in the preceding recital that the challenge made against the Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, number 7972, is absolutely inadmissible and unfounded. Firstly, because it is constitutionally permissible to establish differentiated taxes for different goods and services, and in the specific case, it must be kept in mind that these are goods whose abusive consumption is harmful to health, hence increasing taxes on their manufacture and importation aims, eventually, at a decrease in their consumption, as a precautionary measure for the common good, which is not only legitimate but constitutionally permissible. Likewise, the claimant must remember that the principle of equality of tax burdens does not imply equality in absolute terms, since seeking uniform taxation in that sense (all goods taxed with a single, identical tax) would instead violate that principle, besides being absurd. The content of the principle of equality implies the exact opposite of what is sought by the petitioner, as this Chamber has previously expressed on repeated occasions:</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-left:60pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">\"</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">The principle of equality, as understood by Constitutional Law, means that all persons must be treated equally by the State regarding that which is essentially equal in all of them, that is, in the so-called fundamental rights contemplated in our Constitution, which are a corollary of human dignity. Conversely, they must be treated unequally in everything that is substantially affected by the differences that naturally exist among citizens</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">\" (judgment number 7182-94, and in the same sense numbers 6097-94, 5972-94, 3910-94, and 1474-93);</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">a principle that has been translated into the prohibition of </span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-left:60pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">\"[...] </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">making differences between two or more persons who are in the same legal situation or in identical conditions, without being able to claim equal treatment when the conditions or circumstances are unequal; in principle, equal treatment is accorded to equal situations and different treatment is possible for different situations and personal categories </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">[...] </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">The requirement of equality does not legitimize just any inequality to authorize differentiated treatment; to determine whether a discrimination is truly justified, one must analyze whether the reason producing it is reasonable, that is, whether, considering the particular circumstances of the case, a different treatment is justified\" </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">(judgment number 5061-94, and in the same sense, see numbers 4451-94, 1732-91, 1432-91, 0337-91, and 0196-91).</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">Specifically, regarding equality in tax matters, it has stated that:</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-left:60pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">\"[...] </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">it implies that everyone must contribute to the State's expenses in proportion to their economic capacity, such that, under </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold; font-style:italic\">identical conditions</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">, the same levies must be imposed, </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold; font-style:italic\">which does not deprive the legislator of the ability to create special categories provided they are not arbitrary and are supported by a reasonable basis.</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\"> </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold; font-style:italic\">Thus, contrary to equality, </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline\">uniformity</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\"> and impartiality, is the establishment of a tax that does not affect all persons in the same situation, but rather impacts a single class of persons, since it infringes the constitutional obligation to extend it to all those who are in equal circumstances. The constitutional principle of equality generates the administrative principle of equality before public charges, i.e., giving the same treatment to those in analogous situations, excluding any arbitrary or unjust distinction against certain persons or categories of persons; consequently, persons or goods that are singularly determined must not be affected, for if that were possible, taxes would have a persecutory or discriminatory character. Generality is an essential condition of the tax; it is not admissible to levy a tax on one part of the subjects and exempt another</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">\" (judgment number 0580-95; and in a similar sense, numbers 2197-92, 5749-93, and 0633-94).</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">A corollary of the foregoing is that the taxes established in the Law challenged through this action cannot be unconstitutional because they levy taxes solely on one class of goods, namely, liquors, beer, and cigarettes. It must be kept in mind that the law complies with the previously mentioned tax principles of generality and equality, since it levies taxes on the totality of the corresponding category, does not exclude any specific type of liquor, beer, or cigarette, nor does it even exclude domestic products from foreign ones; the tax is fixed equally for this category.</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold\">VI.- OF THE CONSTITUTIONAL REASONABLENESS IN THE SELECTION OF THE SECTOR BENEFITED BY THE CHALLENGED TAXES. </span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">Finally, regarding the subjects and sectors benefited by these taxes, in no way can the distribution made by the legislator of the funds collected by the State from these taxes be considered \"</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">capricious, arbitrary, or whimsical</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">\"; quite the contrary, by allocating them to sectors of the citizenry that by constitutional mandate have special protection, specifically regarding children, the elderly, and the helpless sick —Article 51 of the Constitution—, the law effectively complies with that norm by seeking that these funds be allocated to that special sector of the Costa Rican population comprised of \"</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-style:italic\">older adults, children at social risk, persons with disabilities, the abandoned, and those in rehabilitation for alcoholism and substance abuse</span><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">\". Likewise, it is also appropriate to give priority to certain geographic zones (Limón, Puntarenas, and Guanacaste) because it is well known that in these provinces the situation of alcoholism and poverty is much greater than in the other provinces, which have greater economic resources and infrastructure to address problems of this nature. And it cannot be considered arbitrary to attempt to allocate funds to social action associations and groups, whose primary objective is to help the population sector benefited by the challenged taxes, as in the case of the Asociación Misionera Club de Paz or the Ejército de Salvación.</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-align:center; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'; font-weight:bold\">Por tanto:</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">The action is rejected on the merits.</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">&#xa0;</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">&#xa0;</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-align:center; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">R. E. Piza E.</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-align:center; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">Presidente</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-align:center; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">&#xa0;</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">Luis Paulino Mora M. Eduardo Sancho G.</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">&#xa0;</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">&#xa0;</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">Carlos M. Arguedas R. Adrián Vargas B.</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">&#xa0;</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">&#xa0;</span></p><p style=\"margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt\"><span style=\"font-family:'Roman 12cpi'\">José Luis Molina Q. Susana Castro A.</span></p></div></body></html> **ESTABLISHMENT OF A TAX ON THE SALE OF CIGARETTES AND LIQUOR.** Law for the Creation of Tax Burdens on Liquor, Beer and Cigarettes, number 7972 in its entirety, and subsidiarily articles 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14 and 15 of the law.

Nor can it be considered arbitrary to attempt to allocate funds to social-action associations and groups whose primary objective is to assist the sector of the population benefited by the challenged taxes, such as the Asociación Misionera Club de Paz or the Ejército de Salvación.

**Por tanto:** The action is dismissed on the merits.

R. E. Piza E.

Luis Paulino Mora M. Eduardo Sancho G.

Carlos M. Arguedas R. Adrián Vargas B.

José Luis Molina Q. Susana Castro A.

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5943-00.rp Res: 2000-08755 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del cuatro de octubre del dos mil.- Acción de inconstitucionalidad promovida por ALEJANDRA GRANDOSO LEMOINE, mayor, viuda, abogada, cédula de residencia número CED30299, vecina de los Alpes de Coronado, en su condición personal de consumidora y como apoderada especial judicial de GUSTAVO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, CARLOS MARÍN CARRANZA, ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, JULIO ANTONIO ROJAS AGUILAR, WING HOU NG FONG, GERARDO ARTAVIA MUÑOZ, FERNANDO CHAVERRI SOLANO, SALVADOR ANTONIO ARAGÓN SEGURA, MANUEL MATA MATA, "LICORA, SOCIEDAD ANÓNIMA", "AGROPECUARIA MILMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA" y "LICORERÍA EL CARMEN, SOCIEDAD ANÓNIMA"; contra la Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, número 7972 en su totalidad, y subsidiariamente los artículos 1º, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14 y 15 de la ley.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas cincuenta y nueve minutos del diecinueve de julio del dos mil, la accionante -en su condición personal y como apoderada especial judicial de varios sujetos- solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, número 7972 en su totalidad, por considerar que es violatoria de los principios de igualdad ante las cargas tributarias, razonabilidad constitucional y proporcionalidad en un doble sentido, primero, grava un pequeño grupo de bienes -únicamente los licores, cervezas y cigarrillos-, con lo que crea una situación discriminatoria e ilegítima en perjuicio de dichos bienes, dado que los impuestos deben ser generales y equitativos; y segundo, pretende obtener un beneficio para un sector muy reducido: los adultos mayores, niños y niñas en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, con lo que se excluye a la generalidad de la ciudadanía, resultando antojadiza, caprichosa y arbitraria la distribución que se hace, al beneficiar -además- a determinadas zonas geográficas (Limón, Puntarenas, Guanacaste) y a personas o instituciones determinadas, como la Asociación Misionera Club de Paz y el Ejército de Salvación. Por último, añade, que los tributos cuestionados causan un perjuicio irreparable a quienes comercializan los productos gravados. Subsidiariamente impugna los artículos 1º, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14 y 15 de la ley, por estimarlos violatorios de los siguientes principios constitucionales, igualdad tributaria, reserva de ley, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, doble imposición tributaria, confiscatoriedad y libertad de comercio.

2.- Alega que no resulta necesaria la existencia de un asunto pendient de resolver -en los términos del párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- para fundamentar su legitimación para accionar en esta vía, dado que por la naturaleza del asunto, se trata de la defensa de intereses difusos que atañen a la colectividad en su conjunto, como lo prevé el párrafo segundo del citado artículo 75.

3.- El párrafo segundo del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a esta Sala para rechazar por el fondo en cualquier momento procesal, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.a Sala a rechazar de plano en cualquier momento procesal, incluso desde su presentación, cualquier gestión promovida ante ella, cuando considere resulta manifiestamente improcedente e infundada.

Redacta el Magistrado Piza Escalante; y,

Considerando:

I.- DE LAS FORMALIDADES PARA PROMOVER LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento con determinadas formalidades, que si no se reúnen, imposibilitan a la Sala conocer de la impugnación que se hace. Ya con anterioridad esta Sala ha considerado al respecto que "[...] se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-" (sentencia número 4190-95, de las once horas treinta y tres minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco).

En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad, y se regulan tres situaciones distintas. En el párrafo primero, se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial -en el que se incluyen los recursos de hábeas corpus o de amparo-, o en la administrativa, únicamente en el procedimiento de agotamiento de esta vía, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal:

"Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado" (párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

El requisito de la existencia de este asunto pendiente de resolver, ha sido interpretado por esta Sala de manera tal que, no basta la mera existencia de ese asunto, sino que se requiere de su invocación en el asunto principal, de manera que constituya "medio razonable para amparar el derecho o interés considerado lesionado", tal y como lo dispone la norma en comentario, es decir, no basta la mera invocación de inconstitucionalidad de la norma cuestionada, sino que la misma debe ser de aplicación -directa o indirecta- en el asunto que le da sustento a la acción; tal y como lo ha manifestado en forma reiterada esta Sala, entre otras, ver las sentencias 01668-90, 04085-93, 00798-94, 03615-94, 00409-I-95, 00851-95, 04190-95, 00791-96. A su vez, en los párrafos segundo y tercero, se regula la acción directa, es decir, las situaciones en las que no se requiere del asunto base, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto; y b) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. Asimismo, requiere de ciertas formalidades importantes, como la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, autenticación por abogado del escrito de interposición de la gestión, las copias necesarias para los magistrados integrantes de la Sala, la Procuraduría y las partes que intervienen en el asunto principal, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), y certificación literal del libelo de impugnación, los cuales, en caso de no ser aportadas por los accionantes, deben ser prevenidos para su cumplimiento por el Presidente de la Sala.

II.- DEL INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LOS ACCIONANTES. La legitimación de los accionantes es uno de los elementos fundamentales que deben analizarse a fin de poder evaluar la admisibilidad que se hace en la vía de constitucionalidad. La Sala observa que la accionante no acredita la condición que dice tener de apoderada especial judicial de varias personas físicas y jurídicas, toda vez que es ineficaz el poder que se aporta a folios 23 a 25 del expediente al no haber aportado y cancelado los timbres de ley, así como tampoco demuestra la representación de las sociedades accionantes, ni tampoco la condición de productores o importadores de licores, cervezas o cigarrillos de sus supuestos representados; condiciones todas que podrían ser subsanadas mediante resolución preventiva de la Presidencia de la Sala, al tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo en esta ocasión no resulta pertinente, dado lo improcedente e infundado de los alegatos que se hacen en relación con la Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, número 7972, como se verá a continuación.

III.- DEL OBJETO DEL RECLAMO. La Licenciada Alejandra Grandoso Lemoine cuestiona de inconstitucional la Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, número 7972 en su totalidad, por considerar que es violatoria de los principios de igualdad ante las cargas tributarias, razonabilidad constitucional y proporcionalidad en un doble sentido, primero, grava un pequeño grupo de bienes -únicamente los licores, cervezas y cigarrillos-, con lo que crea una situación discriminatoria e ilegítima en perjuicio de dichos bienes, dado que los impuestos deben ser generales y equitativos; y segundo, pretende obtener un beneficio para un sector muy reducido: los adultos mayores, niños y niñas en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, con lo que se excluye a la generalidad de la ciudadanía, resultando antojadiza, caprichosa y arbitraria la distribución que se hace, al beneficiar -además- a determinadas zonas geográficas (Limón, Puntarenas, Guanacaste) y a personas o instituciones determinadas, como la Asociación Misionera Club de Paz y el Ejército de Salvación. Por último, añade, que los tributos cuestionados causan un perjuicio irreparable a quienes comercializan los productos gravados.

IV.- DE LA POTESTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO. Debe hacérsele la advertencia a la promovente de que el Estado tiene potestad soberana de exigir contribuciones a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción, o bien, de conceder excepciones, de manera tal que bien se puede conceptualizar que esa potestad de gravar es el poder de sancionar normas jurídicas de las ue se derive o pueda derivar la obligación de un tributo o de respetar un límite tributario; poder que se encuentra limitado en los los principios y valores que la propia Constitución Política establece:

"[...] entre los principios constitucionales de la Tributación, se encuentran inmersos el Principio de Legalidad o bien de Reserva de Ley, el de Igualdad o Isonomía, de Generalidad y de No Confiscación. Los tributos deben emanar de una ley de la República, no crear discriminaciones en perjuicio de sujetos pasivos, deben abarcar integralmente a todas las personas o bienes previstas en la ley y no sólo una parte de ellas y debe cuidarse de no ser de tal identidad, que viole la propiedad privada (artículos 33, 40, 45, 121 inciso 13) de la Constitución Política.-" (Voto 6455-94) La potestad tributaria está reconocida a nivel constitucional en el artículo 121 inciso 13), que confiere a la Asamblea Legislativa la competencia exclusiva para establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y es en el artículo 18 -también constitucional-, que se establece la obligación para los costarricenses de pagar las cargas públicas establecidas por el Estado a fin de contribuir con los gastos públicos, obligación que en virtud del principio de igualdad, no cabe hacer excepciones ni establecer situaciones de privilegio, de manera que debe asegurarse el mismo tratamiento a quienes se encuentren en situaciones análogas; correspondiéndole al Poder Ejecutivo disponer de su recaudación.

plena facultad de incentivar o desinsentivar una determinada actividad lucrativa, siempre y cuando ésta se establezca mediante ley y la misma sea acorde con los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Es así como en ejercicio de esta potestad el Estado costarricense bien puede crear zonas geográficas especiales de incentivo fiscal, como lo es el Depósito Libre de Golfito, creado mediante Ley número 7012 de cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco -cuyo régimen fiscal ha sido considerado que es constitucional en varias ocasiones por esta Sala (en este sentido, ver sentencias número 0319-95, de las catorce horas cuarenta y dos horas y número 0321-95, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos, ambas del del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco y la número 4063-93, de las doce horas nueve minutos del nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis)-; incentivar o desincentivar determinados bienes y servicios con el establecimiento de cargas tributarias, sin que ello sea violatorio del principio de igualdad ante las cargas públicas, ni tampoco de la libertad de comercio (artículos 33 y 46 de la Constitución Política), dado que como bien lo indicó esta Sala en sentencia número 2631-95, "La potestad de imposición de tributos no constituye en sí misma, un desincentivo a la producción; su legítimo ejercicio es más bien manifestación concreta de la obligación constitucional de contribuir con los gastos públicos, [...]" V.- DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA. Es con fundamento en los principios anotados en el considerando anterior que es absolutamente improcedente e infundada la impugnación que se hace de la Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, número 7972. En primer lugar porque resulta constitucionalmente posible el establecimiento de impuestos diferenciados bienes y servicios diferentes, y en el caso en concreto, debe tenerse en cuenta que se trata de bienes cuyo consumo abusivo resulta dañino para la salud, de ahí que el aumentar los impuestos a su fabricación e importación pretende, eventualmente, una disminución en su consumo, como medida precautiva para el bien común, lo cual es, no sólo legítimo, sino constitucionalmente posible. Asimismo, la accionante debe recordar que el principio de igualdad de las cargas tributarias no implica una igualdad en términos absolutos, dado que el pretender una gravación tributaria en ese sentido (todos los bienes gravados con un único y mismo impuesto) más bien sería violatorio de ese principio, además de absurdo. El contenido del principio de igualdad implica todo lo contrario de lo pretendido por la promovente, tal y como lo ha expresado con anterioridad esta Sala y en repetidas oportunidades:

"El principio de igualdad tal y como lo ha sido entendido por el Derecho Constitucional, hace que todos los hombres deban ser tratados igualmente por el Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los llamados derechos fundamentales que están contemplados en nuestra Constitución, que son corolario de la dignidad humana. En cambio, deben ser tratados desigualmente en todo aquello que se vea substancialmente afectado por las diferencias que naturalmente median entre los ciudadanos" (sentencia número 7182-94, y en igual sentido las número 6097-94, 5972-94, 3910-94 y 1474-93); principio que se ha traducido en la prohibición de "[...] hacer diferencias entre dos o más personas que se encuentran en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales, se acuerda, en principio, un trato igual a situaciones iguales y se posibilita un trato diferente a situaciones y categorías personales diferentes [...] La exigencia de igualdad no legitima cualquier desigualdad para autorizar un trato diferenciado, para determinar si realmente se justifica una discriminación, hay que analizar si el motivo que la produce es razonable, es decir, si atendiendo a las circunstancias particulares del caso se justifica un tratamiento diverso" (sentencia número 5061-94, y en igual sentido, ver las número 4451-94, 1732-91, 1432-91, 0337-91 y 0196-91).

Específicamente, en lo que se refiere a la igualdad en materia tributaria ha dicho que:

"[...] implica que todos deben contribuir a los gastos del Estado en proporción a su capacidad económica, de manera tal que en condiciones idénticas deben imponerse los mismos gravámenes, lo cual no priva al legislador de crear categorías especiales a condición de que no sean arbitrarias y se apoyen en una base razonable. De manera que resulta contraria a la igualdad, la uniformidad y la imparcialidad, el establecimiento de un impuesto que no afecta a todas las personas que se encuentran en la misma situación, sino que incide en una sola clase de personas, ya que está infringiendo la obligación constitucional, de extenderlo a todos los que están en igualdad de supuestos. El principio de igualdad constitucional genera el principio administrativo de igualdad ante las cargas públicas, sea dar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones análogas, excluyendo todo distingo arbitrario o injusto contra determinadas personas categorías de personas, en consecuencia no deben resultar afectadas personas o bienes que fueren determinados singularmente, pues si eso fuera posible, los tributos tendrían carácter persecutorio o discriminatorio. La generalidad es una condición esencial del tributo; no es admisible que se grave a una parte de sujetos y se exima otra" (sentencia número 0580-95; y en sentido similar, las número 2197-92, 5749-93 y 0633-94).

Corolario de lo anterior, es que no pueden ser inconstitucionales los tributos establecidos en la Ley impugnada en esta vía, por gravar únicamente una clase de bienes, esto es, los licores, la cerveza y los cigarrillos. Debe tenerse en cuenta que la ley cumple con los principios tributarios señalados anteriormente de generalidad e igualdad, toda vez que grava a la totalidad de la categoría correspondiente, no excluye determinado tipo de licor, cerveza o cigarrillo, ni siquiera excluye al que es nacional del extranjero, el tributo es fijado por igual a esta categoría.

VI.- DE LA RAZONABILIDAD CONSTITUCIONAL EN LA SELECCIÓN DEL SECTOR BENEFICIADO CON LOS IMPUESTOS IMPUGNADOS. Por último, en lo que respecta a los sujetos y sectores beneficiados con estos impuestos, bajo ningún concepto puede estimarse de "caprichosa, arbitraria ni antojadiza" la distribución que hace el legislador de lo recaudado por el Estado por estos impuestos, todo lo contrario, al destinarse a sectores de la ciudadanía que por disposición constitucional tienen una protección especial, concretamente respecto de los niños, el anciano y el enfermo desvalido -artículo 51 constitucional-, la ley da cumplimiento efectivo a esa norma al pretender que esos fondos se destinen a ese sector especial de la población costarricense conformada por los "adultos mayores, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, en rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes". Asimismo, resulta también procedente que se dé prioridad a determinadas zonas geográficas (Limón, Puntarenas y Guanacaste) por cuanto de todos es sabido que en esas provincias la situación del alcoholismo y de pobreza es mucho mayor que la de las otras provincias, que tienen mayores recuros económicos e infraestructura para hacerle frente a los problemas de esta índole. Y no puede considerarse arbitrario que se intenten destinar fondos a asociaciones y agrupaciones de acción social, cuyo objetivo primordial sea el de ayudar al sector de la población beneficiado con los impuestos impugnados, caso de la Asociación Misionera Club de Paz o el del Ejército de Salvación.

Por tanto:

Se rechaza por el fondo la acción.

R. E. Piza E.

Luis Paulino Mora M. Eduardo Sancho G.

Carlos M. Arguedas R. Adrián Vargas B.

José Luis Molina Q. Susana Castro A.

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      This document cites

      • Ley 7972 Taxes on Liquor, Beer and Cigarettes for Social Protection Plan

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      • Ley 7972 Impuestos sobre Cigarrillos y Licores para Plan de Protección Social

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