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Res. 09530-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/03/2025
OutcomeResultado
The amparo action is denied as no harmful conduct by ICE or omission by the Ministry of Health was proven, and because other causes of flooding and ongoing administrative measures exist.Se declara sin lugar el recurso de amparo al no comprobarse conducta dañina del ICE ni omisión del Ministerio de Salud, y por existir otras causas de las inundaciones y medidas administrativas en curso.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denies an amparo action filed by a resident against ICE and the Ministry of Health, alleging that stormwater discharges from ICE's Barranca facility in Puntarenas and lack of maintenance of Chagüite Creek cause flooding and health impacts on nearby communities. A RECOPE diesel spill is also reported. The Chamber finds insufficient evidence of harmful conduct by ICE, since it was shown that the stormwater management is partial, periodic maintenance is carried out, and flooding is due to a deficient sewer system, the closure of a culvert for the Monseñor Sanabria Hospital construction, and accumulation of waste by private individuals. Regarding the spill, the Ministry of Health has already taken appropriate measures: a sanitary order and a complaint to the Environmental Administrative Tribunal. The Chamber reaffirms the right to a healthy environment under Article 50 of the Constitution and the precautionary principle, but emphasizes that constitutional jurisdiction requires proven state inaction or imminent danger, which is not established here.La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo interpuesto por un vecino contra el ICE y el Ministerio de Salud, alegando que las descargas pluviales del plantel del ICE en Barranca, Puntarenas, y la falta de mantenimiento de la Quebrada Chagüite provocan inundaciones y afectaciones a la salud en comunidades aledañas. También se denuncia un derrame de diésel de RECOPE. La Sala concluye que no existen elementos de convicción suficientes para acreditar una conducta dañina por parte del ICE, pues se comprobó que el manejo de aguas pluviales es parcial y cuenta con mantenimiento periódico, mientras que las inundaciones obedecen a un sistema de alcantarillado deficiente, el cierre de una alcantarilla por la construcción del Hospital Monseñor Sanabria y la acumulación de desechos por parte de particulares. En cuanto al derrame, el Ministerio de Salud ya adoptó las medidas correspondientes: orden sanitaria y denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. La Sala reafirma el derecho a un ambiente sano del artículo 50 constitucional y el principio precautorio, pero subraya que la injerencia de la jurisdicción constitucional exige inacción estatal comprobada o peligro inminente, que aquí no se acredita.
Key excerptExtracto clave
IV.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are guaranteed both at the constitutional level and through international instruments. (...) The objective obligation of the State in environmental protection does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but they do have the right to demand that appropriate measures be adopted to protect that right, in the face of openly negligent conduct by public authorities, or by individuals and legal entities. (...) Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo proceeding, a specific type of performance by the State in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger to those rights. It follows that constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven state inaction, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in exercise of their rights. IV.- ON THE MERITS. In the present case, the Chamber considers that there is insufficient evidence to uphold this amparo action. (...) Given this scenario, the Chamber finds that ICE has not engaged in any irresponsible conduct that caused the water problem reported by the petitioner. (...) Furthermore, as explained, much responsibility lies with the residents and private parties bordering Chagüite Creek, as they constantly dump non-traditional waste into this public watercourse. However, the petitioner does not identify in his amparo the individuals responsible for such actions, so that this Chamber could intervene, nor has a formal complaint been filed with the Ministry of Health regarding this contamination of the creek. A claim phrased in such generic terms cannot be addressed in this constitutional venue; the petitioner should, if he sees fit, as well as the competent administrative bodies, seek the reporting and prompt resolution of this illegal dumping in the creek. V.- Finally, regarding the diesel spill reported by the petitioner, it was indeed shown that on February 17, 2025, a fuel leak was reported from a pipeline belonging to the Costa Rican Petroleum Refinery (RECOPE), near Chagüite Creek. The Ministry of Health issued a sanitary order for the proper handling of the spill by the responsible party, filed a complaint with the Environmental Administrative Tribunal, and instructed the AyA to take preventive measures for water supply until it was confirmed that the quality of the water in the supply system was not affected. Therefore, in line with the Chamber's reasoning in the preceding paragraph, the amparo must be dismissed, since the Ministry of Health took the appropriate actions within its jurisdiction to remedy this situation. The respective liabilities regarding these facts must be determined in ordinary proceedings.IV.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. (...) La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. (...) En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la Sala estima que no existen suficientes elementos de convicción para acoger el presente recurso de amparo. (...) Ante este panorama, estima la Sala que el ICE no ha incurrido en alguna conducta irresponsable que haya generado el problema de aguas que denuncia el recurrente. (...) Además, según lo explicado, existe mucha responsabilidad de los vecinos y particulares que colindan con la quebrada Chagüite, pues depositan constantemente basura no tradicional en dicho cauce público. Sin embargo, el promovente no señala en su recurso de amparo, quiénes son los responsables de estas actuaciones, para que esta Sala pudiese intervenir, o bien, tampoco se ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio de Salud por esta situación de contaminación al cauce de la quebrada. Un reclamo en términos tan genéricos no es posible ventilarlo en esta sede constitucional y deberá el recurrente, si a bien lo tiene, así como las demás instancias administrativas competentes, procurar la denuncia y pronta resolución de esta situación de depósito ilegal de basura en la quebrada. V.- Finalmente, en cuanto al derrame de diésel denunciado por el tutelado, ciertamente se demostró que el día 17 de febrero de 2025 se reportó una fuga de combustible de un oleoducto que pertenece a la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), cerca de la quebrada Chagüite. El Ministerio de Salud remitió la orden sanitaria para su debida atención al responsable del derrame, se levantó la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, y a su vez se instruyó al AYA que tomara las medidas preventivas de dotación de agua hasta comprobar que la calidad del agua del sistema de abastecimiento no estuviera afectada. Ergo, en concordancia con lo indicado por la Sala en el considerando anterior, procede la desestimatoria del amparo, ya que el Ministerio de Salud emitió las actuaciones correspondientes, dentro del ámbito de su competencia, para corregir esta situación. Será en la vía de la legalidad donde se determinen las responsabilidades respectivas en relación con estos hechos.
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"La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas."
"The State's objective obligation in environmental protection does not necessarily entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but they do have the right to demand that appropriate measures be adopted to protect that right, in the face of openly negligent conduct by public authorities, or by individuals and legal entities."
Considerando IV
"La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas."
Considerando IV
"La posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas."
"The possibility of judicially demanding, through the amparo proceeding, a specific type of performance by the State in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger to those rights."
Considerando IV
"La posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas."
Considerando IV
"Un reclamo en términos tan genéricos no es posible ventilarlo en esta sede constitucional y deberá el recurrente, si a bien lo tiene, así como las demás instancias administrativas competentes, procurar la denuncia y pronta resolución de esta situación de depósito ilegal de basura en la quebrada."
"A claim phrased in such generic terms cannot be addressed in this constitutional venue; the petitioner should, if he sees fit, as well as the competent administrative bodies, seek the reporting and prompt resolution of this illegal dumping in the creek."
Considerando IV
"Un reclamo en términos tan genéricos no es posible ventilarlo en esta sede constitucional y deberá el recurrente, si a bien lo tiene, así como las demás instancias administrativas competentes, procurar la denuncia y pronta resolución de esta situación de depósito ilegal de basura en la quebrada."
Considerando IV
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Docket (Expediente): 25-004853-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal (Recurso de amparo) SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-eighth of March, two thousand twenty-five.
Amparo appeal processed in docket (expediente) number 25-004853-0007-CO, filed by Nombre56487, identification card (cédula de identidad) CED28583, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) AND THE MINISTRY OF HEALTH (MINISTERIO DE SALUD).
WHEREAS (RESULTANDO):
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and, WHEREAS (CONSIDERANDO):
The petitioner (parte recurrente) alleges that the stormwater drains (desagües pluviales) of the ICE Yard (Plantel del ICE), located in Barranca Puntarenas, are directed to the Chagüite Creek (Quebrada Chagüite), and that no maintenance has been provided, causing an environmental impact in several downstream communities, due to the floods caused by the excess water in said creek. In addition, they accuse that recently there was a diesel leak in the oil pipeline pipes of Recope, which drained into that Chagüite Creek (Quebrada Chagüite), reaching its final point at the Estuary Mangrove of Puntarenas, causing the death of several species such as turtles, fish, and endangering livestock and other animals.
Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed duly proven:
Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed duly proven:
IV.Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. On reiterated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both constitutionally and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of that right requires that resources be used in a rational manner, and that the State is responsible for environmental protection, according to the precautionary principle (principio precautorio) that governs environmental matters. This principle obliges the State to arrange everything necessary, within the scope permitted by law, to prevent irreversible environmental damage, for which purpose it is responsible for achieving the appropriate social conditions so that each person can enjoy their health, this right being understood as a state of physical, mental (or psychological), and social well-being (see Judgment No. 1998-180 at 16:24 hours on January 13, 1998).
The objective obligation of the State in environmental protection matters does not entail, inevitably, a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that appropriate measures be adopted to protect that right, in the face of clearly negligent attitudes by public authorities, or by natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that harm the environment, which it may do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through an amparo appeal (recurso de amparo), a specific type of welfare activity from the State in fulfillment of its duty to protect the life, health, or right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals.
From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of the proven inertia of the State, through its competent bodies, in attending to the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights.
In the case at hand (sub lite), the Chamber considers that there are not enough elements of conviction to grant this amparo appeal (recurso de amparo). As can be seen from the list of proven facts, regarding the actions of ICE, the Chamber considers it accredited that at the Barranca Yard, ICE does not discharge 100% of its stormwater (aguas pluviales) into the Chagüite Creek (Quebrada Chagüite) line. The management of these waters has been resolved through a distribution among all available conveyance and discharge elements, as well as through the use of natural runoff channels (cauces naturales de escorrentía) in accordance with the topographical configuration of the area. ICE periodically carries out maintenance and cleaning work on the channel of the Chagüite Creek (Quebrada Chagüite), which has ensured an adequate runoff flow. The causes and impacts observed in the Chagüite Creek (Quebrada Chagüite) during the rainy season are not only a consequence of the stormwater management on the ICE property, Barranca Yard (Plantel Barranca), since, being a public domain watercourse (cauce de dominio público), it has been subject to irregular uses and discharges by third parties, without any control.
Residents of the area use the stream (quebrada) to deposit non-traditional waste, such as household appliances, garbage, rubble, and scrap metal, which has altered its drainage capacity. This accumulation of waste has reduced the capacity of the channel, causing overflows due to the lack of proper water flow management. A channel lined with cobblestones was built, designed to regulate the velocity of the flow. Waters coming from the La Guaria sector and from the AyA Plant are conveyed through a culvert located at Dirección2602 toward the stream in question, without entering the ICE facilities. The problem in the area is mainly due to a deficient sewer system and the elimination of a stormwater culvert as a consequence of the construction of the Monseñor Sanabria Hospital. Given this situation, the Chamber considers that the ICE has not engaged in any irresponsible conduct that has generated the water problem alleged by the petitioner.
Indeed, it was verified that there is a partial diversion of stormwater from the ICE property toward the stream in question; however, according to the site visit conducted by the Ministry of Health in February 2025, the problems caused by flooding in the community of Libertad 81 and surrounding areas are due to a deficient stormwater sewer system in the sector and the discharge of wastewater by some neighbors, a situation that was aggravated by the closure of a stormwater culvert in the northern sector on Dirección10339. That is, the problem is not caused by actions of the ICE, but rather is due to other causes beyond its purview. As explained under oath by the Ministry of Health, the Municipality of Puntarenas awarded to the construction company Van der Laat y Jiménez the construction of a stormwater channel located on the main road of the Libertad 81 community, which runs between the new hospital and the Kennedy School, for the drainage of these waters that are subsequently discharged on land adjacent to the hospital.
The ICE partially conveys its stormwater toward the El Chagüite stream, following the natural runoff of the land, since the premises are located above the level of the stream. On February 26, 2025, as recorded in Ocular Inspection Report No. 064-GEMD-2025, the Ministry of Health conducted an inspection of the ICE facility located in Barranca, where it is verified that within the installations there is a channel that directs stormwater that is subsequently discharged into the El Chagüite stream, and which is observed to be dry and in good condition. In addition, the Chamber considers that this summer season in which we currently find ourselves is definitely not the most optimal for evaluating the flooding problems that are generated due to the apparent oversaturation of the Chagüite Stream. During the visit on February 26, 2025, made by officials of the Ministry of Health to the ICE facilities, no accumulation of solid waste or weeds that would impede the natural flow of the water body’s channel was observed.
Thus, this Court lacks sufficient elements of conviction to consider that the ICE, or the Ministry of Health, has engaged in actions or omissions that threaten the right to a healthy environment, to the detriment of the protected party and other neighbors. Moreover, according to what was explained, there is significant responsibility on the part of the neighbors and private individuals whose properties border the Chagüite stream, as they constantly deposit non-traditional garbage in said public channel. However, the petitioner does not indicate in his amparo complaint who is responsible for these actions, so that this Chamber could intervene, nor has a formal complaint been filed with the Ministry of Health regarding this situation of pollution of the stream channel. A claim in such generic terms cannot be ventilated in this constitutional venue and the petitioner must, if he so chooses, as well as the other competent administrative bodies, seek to report and promptly resolve this situation of illegal garbage dumping in the stream.
V.Finally, regarding the diesel spill reported by the protected party, it was indeed demonstrated that on February 17, 2025, a fuel leak was reported from an oil pipeline belonging to the Costa Rican Oil Refinery (Refinería Costarricense de Petróleo, RECOPE), near the Chagüite stream. The Ministry of Health issued the sanitary order for its due attention to the party responsible for the spill, a complaint was filed before the Administrative Environmental Tribunal, and in turn AyA was instructed to take preventive measures for water supply until it was verified that the water quality of the supply system was not affected. Ergo, in accordance with what was indicated by the Chamber in the preceding considerando, the dismissal of the amparo is appropriate, since the Ministry of Health issued the corresponding actions, within the scope of its competence, to correct this situation. The respective responsibilities in relation to these facts shall be determined in the legality jurisdiction.
In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. However, I do examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the petitioner accuses that the stormwater drains of the ICE Facility, located in Barranca Puntarenas, are directed to the Chagüite Stream, and that it has not been maintained, causing an environmental impact in several downstream communities, due to the flooding caused by the excess water in said stream. He also accuses that recently there was a diesel leak in the pipes of the Recope oil pipeline, which drained into that Chagüite stream, reaching its final point at the mangrove swamp of the Estero de Puntarenas, causing the death of several species such as turtles, fish, and endangering cattle and other animals, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
This Chamber must warn the parties that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all such items shall be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 03, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is declared without merit. Magistrate Salazar Alvarado leaves a note.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-004853-0007-CO, interpuesto por Nombre56487, cédula de identidad CED28583, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) Y EL MINISTERIO DE SALUD.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
La parte recurrente alega que los desagües pluviales del Plantel del ICE, ubicado en Barranca Puntarenas, son dirigidos a la Quebrada Chagüite, siendo que no se le ha dado mantenimiento, causando un impacto ambiental en varias comunidades río abajo, debido a las inundaciones que se provocan con el exceso de agua en dicha quebrada. Además, acusa que hace poco hubo una fuga de diésel en las tuberías del oleoducto de Recope el cual fue a desaguarse a esa quebrada Chagüite, llegando a su punto final al manglar del Estero de Puntarenas, ocasionando la muerte de varias especies como tortugas, peces y poniendo en peligro al ganado y demás animales.
De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
IV.Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia Nº 1998-180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998).
La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas.
De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país.
En el sub lite, la Sala estima que no existen suficientes elementos de convicción para acoger el presente recurso de amparo. Como puede apreciarse del elenco de hechos probados, en cuanto a las actuaciones del ICE, la Sala tiene por acreditado que en el Plantel Barranca, el ICE no realiza el 100% de las descargas de aguas pluviales sobre la línea de la Quebrada Chagüite. El manejo de estas aguas se ha resuelto mediante una distribución en todos los elementos de conducción y descarga disponibles, así como a través del aprovechamiento de los cauces naturales de escorrentía conforme a la configuración topográfica del área. El ICE lleva a cabo de manera periódica labores de mantenimiento y limpieza del cauce de la Quebrada Chagüite, lo que ha permitido garantizar un adecuado flujo de la escorrentía. Las causas e impactos observados en la Quebrada Chagüite durante la época de invierno no son solo consecuencia del manejo de aguas pluviales en la propiedad del ICE, Plantel Barranca, pues al tratarse de un cauce de dominio público, ha sido objeto de usos y descargas irregulares por parte de terceros, sin control alguno.
Los habitantes del área utilizan la quebrada para depositar desechos no tradicionales, como electrodomésticos, basura, escombros y chatarra, lo que ha alterado su capacidad de drenaje. Esta acumulación de residuos ha reducido la capacidad del cauce, provocando desbordamientos debido a la falta de un manejo adecuado del flujo de aguas. Se realizó la construcción de un canal revestido con cantos rodados, diseñado para regular la velocidad del caudal. Las aguas provenientes del sector de La Guaria y de la Planta del AyA son conducidas a través de una alcantarilla ubicada en la Dirección2602 hacia la quebrada en cuestión, sin ingresar a las instalaciones del ICE. La problemática en el área se debe principalmente a un sistema de alcantarillado deficiente y a la eliminación de una alcantarilla pluvial como consecuencia de la construcción del Hospital Monseñor Sanabria. Ante este panorama, estima la Sala que el ICE no ha incurrido en alguna conducta irresponsable que haya generado el problema de aguas que denuncia el recurrente.
En efecto, se comprobó que sí existe un desvío parcial de las aguas pluviales del terreno del ICE hacia la quebrada en cuestión; empero, según la visita realizada por el Ministerio de Salud en el mes de febrero de 2025, la problemática causada por inundaciones en la comunidad de Libertad 81 y alrededores, obedece a un deficiente sistema de alcantarillado pluvial en el sector y vertido de aguas residuales de parte de algunos vecinos, situación que se agravó por el cierre de una alcantarilla pluvial en el sector norte sobre Dirección10339. Es decir, el problema no se genera por actuaciones del ICE, sino que se debe a otras causas ajenas a su competencia. Según lo explicado bajo juramento por el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Puntarenas adjudicó a la compañía constructora Van der Laat y Jiménez la construcción de un canal pluvial localizado sobre la carretera principal de la comunidad Libertad 81, que pasa entre el nuevo hospital y la Escuela Kennedy, para el desfogue de estas aguas que posteriormente se evacúan en un terreno colindante al hospital.
El ICE conduce parcialmente sus aguas pluviales hacia la quebrada El Chagüite, obedeciendo a la escorrentía natural de los terreros, pues estos se ubican superior al nivel de la quebrada. El 26 de febrero del 2025, así consta en el Acta de Inspección Ocular N° 064-GEMD-2025, el Ministerio de Salud realizó una inspección al plantel del ICE ubicado en Barranca, donde se constata que dentro de las instalaciones se cuenta con un canal que encausa las aguas pluviales que posteriormente son descargadas en la quebrada El Chagüite, que además se observan se encuentran secos y en buenas condiciones. Aunado a ello, estima la Sala que definitivamente esta época de verano en la que nos encontramos actualmente, no es la más óptima para evaluar los problemas de inundaciones que se generan debido a la aparente sobresaturación de la Quebrada Chagüite. En la visita del día 26 de febrero de 2025, que hicieron funcionarios del Ministerio de Salud en las instalaciones del ICE, no se observa que se acumulen residuos sólidos, ni maleza que no permita el paso natural del cauce del cuerpo de agua.
Así las cosas, este Tribunal no cuenta con elementos de convicción suficientes para estimar que el ICE, o el Ministerio de Salud, han incurrido en actuaciones u omisiones que atenten contra el derecho al ambiente sano, en perjuicio del amparado y demás vecinos. Además, según lo explicado, existe mucha responsabilidad de los vecinos y particulares que colindan con la quebrada Chagüite, pues depositan constantemente basura no tradicional en dicho cauce público. Sin embargo, el promovente no señala en su recurso de amparo, quiénes son los responsables de estas actuaciones, para que esta Sala pudiese intervenir, o bien, tampoco se ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio de Salud por esta situación de contaminación al cauce de la quebrada. Un reclamo en términos tan genéricos no es posible ventilarlo en esta sede constitucional y deberá el recurrente, si a bien lo tiene, así como las demás instancias administrativas competentes, procurar la denuncia y pronta resolución de esta situación de depósito ilegal de basura en la quebrada.
V.Finalmente, en cuanto al derrame de diésel denunciado por el tutelado, ciertamente se demostró que el día 17 de febrero de 2025 se reportó una fuga de combustible de un oleoducto que pertenece a la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), cerca de la quebrada Chagüite. El Ministerio de Salud remitió la orden sanitaria para su debida atención al responsable del derrame, se levantó la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, y a su vez se instruyó al AYA que tomara las medidas preventivas de dotación de agua hasta comprobar que la calidad del agua del sistema de abastecimiento no estuviera afectada. Ergo, en concordancia con lo indicado por la Sala en el considerando anterior, procede la desestimatoria del amparo, ya que el Ministerio de Salud emitió las actuaciones correspondientes, dentro del ámbito de su competencia, para corregir esta situación. Será en la vía de la legalidad donde se determinen las responsabilidades respectivas en relación con estos hechos.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que los desagües pluviales del Plantel del ICE, ubicado en Barranca Puntarenas, son dirigidos a la Quebrada Chagüite, siendo que no se le ha dado mantenimiento, causando un impacto ambiental en varias comunidades río abajo, debido a las inundaciones que se provocan con el exceso de agua en dicha quebrada. Además, acusa que hace poco hubo una fuga de diésel en las tuberías del oleoducto de Recope el cual fue a desaguarse a esa quebrada Chagüite, llegando a su punto final al manglar del Estero de Puntarenas, ocasionando la muerte de varias especies como tortugas, peces y poniendo en peligro al ganado y demás animales, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consiga nota.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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